En 2010, Ecuador lanzó la iniciativa Yasuni ITT, un acuerdo para no explotar yacimientos petroleros en el biodiverso Parque Nacional Yasuni a cambio de $3,600 millones de la comunidad internacional. Sin embargo, en 2013, el gobierno canceló el acuerdo y autorizó la extracción de petróleo, lo que generó protestas de activistas medioambientales y desató un conflicto con sectores indígenas y ecologistas. La situación refleja la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en el contexto de la política ecuatoriana.