Quiebra mink

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15/06/2011.-

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La Quiebra

Nuestro ordenamiento jurídico en general se preocupa permanentemente de establecer una
serie de mecanismos de protección tendientes a reaccionar frente al incumplimiento de una obligación.
En este sentido, existen 2 mecanismos fundamentales:
1.- Las tutelas individuales: Que son los medios de que dispone el acreedor, considerado
individualmente, para tratar de obtener el cumplimiento por parte de su deudor. Por ejemplo el juicio
ejecutivo (siempre que haya un juicio ejecutivo) y algunas acciones como la oblicua, reivindicatoria,
medidas conservativas, etc.
2.- Las tutelas colectivas: (En paralelo con las individuales) Consideran, por un lado, los créditos
contra el deudor en su totalidad y en conjunto, y por otro lado consideran a los acreedores como un
conjunto, siendo en este sentido la institución de tutela colectiva más importante la quiebra y la cesión
de bienes.
Solo se recurrirá a la tutela colectiva cuando las tutelas individuales sean insuficientes para
solucionar el conflicto que se ha suscitado, pues en realidad sirven para atacar un estado patrimonial
crítico y no un incumplimiento, que es para lo que se establecen las tutelas individuales. En las tutelas
colectivas se toman en cuenta diversos intereses, no solo los del deudor y de un acreedor, sino que
todos los acreedores e incluso de toda la sociedad. Por ello contiene elementos distintos a las tutelas
individuales.
Por lo anterior el hecho que se ejerza una tutela colectiva obedece a diversos factores, la verdad
es que son muchos, incluso obedece a un factor tan importante como lo es la sociedad en general.
Las diferencias que se producen entre el incumplimiento y la quiebra, son bastantes elocuentes
ya que el incumplimiento es un hecho antijurídico, es decir que el deudor no realizó la prestación a que
estaba obligado. En cambio en la quiebra puede que no se trate de un hecho antijurídico, ya que
simplemente corresponde a un estado patrimonial crítico, que le impide o impedirá hacer frente
normalmente a sus obligaciones.
La quiebra, además, es una institución que tiene por objeto proteger a la sociedad, ya que
generalmente esta situación afecta no solo al acreedor, sino a la economía y en un número amplio de
personas, como por ejemplo los trabajares de la empresa fallida, afectando también al crédito. Como
consecuencia de la importancia que presenta la quiebra la ley la reglamenta cuidadosamente,
intentando proteger a todos estos estamentos, estableciendo que un funcionario privado, llamado
“síndico de quiebra”, pasa a administrar los bienes del fallido.
Evolución de la quiebra
En la primera etapa para la ejecución de los deudores que no podían cumplir con sus
compromisos, generalmente eran ejercidas las acciones contra su patrimonio o contra su persona. Así la
gente podía convertir a su deudor en esclavo, venderlo e incluso matarlo.
Posteriormente, la quiebra, se fue aplicando más sobre los bienes del deudor y el acreedor tenia
ciertos derechos y podía apropiarse de dichos bienes y hacerse dueño de los bienes, pudiendo venderlos
o gozar de ellos en cuanto a los frutos, etc. Pero primeramente, no los podía vender sino que solo se
apropiaba de ellos (primero es la posesión y después la venta).
En la última etapa del derecho romano, se dispuso la existencia de un funcionario llamado
"cuidador" que se hacía cargo de los bienes y procedía a venderlos para repartir el producto de dicha
venta entre los distintos acreedores y se pagaran los créditos. Este cuidador es el antecesor del síndico.
En la edad media, se pasa de una idea privatista de la quiebra a una idea publicista, y se realiza
un procedimiento de ejecución colectiva, tutelado por la autoridad judicial y en que participa la
autoridad pública.
En Italia, desde tiempos inmemoriales, no se habla de quiebra sino que se habla de insolvencia, y
el sujeto de la quiebra es el empresario.
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En Francia eran los tribunales de comercio los que se preocupaban de la administración y
realización de los bienes.
En todas las legislaciones han existido delitos relacionados con la quiebra, los cuales pueden
derivar de una quiebra culpable o de una quiebra fraudulenta (delito de quiebra culpable o delito de
quiebra fraudulenta).
Definiciones de quiebra
Podemos decir que la quiebra es un estado de crisis en la actividad económica de una persona
que le impide dar cumplimiento a sus obligaciones (este concepto esta directamente relacionado con el
derecho italiano ya que se asemeja a la insolvencia).
El tratadista Rocco nos dice simplemente que la quiebra es un desequilibrio entre los valores
realizables y las prestaciones exigibles.
En Francia se dice que la quiebra es el estado patrimonial crítico de un comerciante que ha
cesado en el pago de sus obligaciones y que además es declarado judicialmente.
En España don Joaquín Garrilés sostiene que es un estado excepcional en el orden jurídico,
producido por la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas con un comerciante.
En Chile, en la legislación nacional no encontramos una definición de quiebra, ya que el Art. 1°
del libro IV solo se refiere al juicio de quiebras, lo que es una muestra de que en el derecho chileno lo
fundamental es el aspecto procesal de la quiebra. De hecho el profesor Puga señala que la quiebra es un
juicio no una institución.
16/06/2011.Antes de la dictación de la ley actual (libro IV ley de quiebra), regía esta materia la ley 4.558 del
año 1929 dictada bajo el gobierno de Ibáñez. Esta tampoco contenía una definición de quiebra, pues se
remitía al aspecto procesal. Antes, la quiebra estaba reglamentada en el código de comercio, cuyo
artículo 1325 definía la quiebra y decía que era el estado del comerciante que cesa en el pago de sus
obligaciones mercantiles. Esta definición estaba inspirada en el código de comercio francés que era la
fuente del código chileno.
Esta definición, si bien es cierto no concuerda con la tendencia moderna, todavía en algunos
casos puede ser aplicada en Chile. Una de las soluciones más importantes que da nuestra legislación es
que habla de "estado", lo que implica que es una situación permanente, no es un mero incumplimiento.
Es decir, para que podamos estar en situación de declarar la quiebra se debe analizar profundamente el
estado del deudor, analizando su activo y su pasivo, no bastando con acreditar que tiene alguna deuda
pendiente sino que, si puede o no hacer frente a sus compromisos con el patrimonio que tiene.
Debemos hacer presente que en la legislación nacional puede ser declarado en quiebra el
comerciante, es decir, aquel que ejerce una actividad agrícola, industrial, minera o comercial. Pero
también puede ser declarado en quiebra aquel que no es comerciante, así se deduce del art. 41 de la ley
de quiebras, que distingue entre el deudor calificado que es el que ejerce una actividad comercial,
industrial, minera o agrícola, y el deudor civil, existiendo diferencias en algunos aspectos entre uno u
otro. También es importante hacer esta distinción ya que para calificar la quiebra, será distinta
tratándose de uno u otro sujeto.
Artículo 41: “El deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, deberá
solicitar la declaración de su quiebra antes de que transcurran quince días contados desde la fecha en
que haya cesado en el pago de una obligación mercantil”(memoria).
Don Ricardo Sandoval dice que la quiebra “es el estado de una persona natural o jurídica,
comerciante o no, que ha cesado en el pago de sus obligaciones civiles o mercantiles judicialmente
declarado”.
Naturaleza jurídica de la quiebra
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Existen cuatro teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica de la quiebra.
1. La teoría substancialista: Actualmente esta se encuentra prácticamente abandonada. Domino en el
siglo XIX. Hoy sabemos que la quiebra no es un instrumento meramente mercantil.
El autor francés Rippert señalaba que la quiebra era una institución mercantil, y que solo podía ser
declarado en quiebra el comerciante. Esta teoría se fundamenta, principalmente en la:
- Prelación de créditos.
Desasimiento: Los bienes de la persona declarada en quiebra, pasan al síndico quien los administra.
2. La teoría administrativista: Sostiene que el estado por razones de instrumento público interviene en
toda insolvencia declarada, actuando a través de una herramienta denominada “juicio de quiebra”.
De esto se concluye que el estado es un protagonista principal y no secundario. En Chile esto queda
claro en la insolvencia de bancos, compañías de seguro, etc.
3. La teoría bifrontal: Sostiene que la quiebra es tanto sustantiva como adjetiva.
4. La teoría procesalista: Esta es la teoría moderna que hace una clara distinción entre lo que es
“acción” y lo que es “pretensión”.
El artículo 1º de la ley de quiebra le da la razón a esta teoría, ya que señala que es una acción de
quiebra.
Artículo 1: “La presente ley trata de los siguientes concursos: la quiebra; los convenios
regulados en el Título XII; y las cesiones de bienes del Título XV.
El juicio de quiebra tiene por objeto realizar en un solo procedimiento los bienes de una
persona natural o jurídica, a fin de proveer al pago de sus deudas, en los casos y en la forma
determinados por la ley" (memoria).
Los autores suelen referirse a las tutelas, por ejemplo: Messineo en Italia, Zalaquett en Chile.
Son normas de derecho objetivo que protegen los derechos subjetivos.
Ejemplo tutela individual preventiva: Hipoteca, prenda.
Ejemplo tutela individual reparativa: Juicio ejecutivo.
Ejemplo tutela colectiva preventiva: Convenios.
Ejemplo tutela colectiva reparativa: Quiebra, cesión de bienes.
Presupuestos de la quiebra
Son presupuestos de la quiebra aquellos elementos que siempre deben estar presentes en un
juicio de quiebra (son esenciales). Usualmente se dice que son los siguientes:
1.- La causa de la quiebra.
2.- El sujeto pasivo de la quiebra.
3.- El sujeto activo de la quiebra.
4.- La resolución judicial que la declara.
5.- El sindico a juicio de algunos autores.
1º Presupuesto: “La causa de la quiebra”: Se puede definir como “la situación que atraviesa el deudor
y que motiva la necesidad de que sea declarado en quiebra”.
En doctrina existen 3 tendencias que tratan de explicar la causa de la quiebra:
1.- Teoría francesa, llamada de la cesación de pagos que se dice por la generalidad de los
autores que es la que se sigue en Chile.

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2.- Teoría Italiana, llamada de la insolvencia que en realidad es la misma anterior pero sometida
a una depuración y perfeccionamiento. Algunos autores dicen que ciertos artículos de la ley de quiebras
y del código civil toman en consideración la doctrina italiana.
3.- Teoría anglosajona o británica.
1.- Teoría francesa o de la cesación de pagos:
Para esta teoría la causa de la quiebra es la cesación de pagos, sin embargo, para explicar que se
entiende por cesación de pagos existen a su vez tres tendencias:
1.1.-Teoría restringida, materialista o del incumplimiento.
1.2.-Teoría intermedia o ecléctica.
1.3.-Teoría amplia o del estado patrimonial crítico.
1.1.-Teoría restringida o materialista: Esta teoría nos dice que cesación de pagos es sinónimo de
incumplimiento, es decir, para estar en cesación de pagos basta con que exista un solo incumplimiento,
por lo cual se podría declarar la quiebra.
Sostienen estos autores que desde el punto de vista legal la legislación nacional siempre ha
interpretado el término cesación de pagos como incumplimiento. Así en la ley de quiebras francesa se
habla de quiebra para referirse a incumplimiento.
En nuestro país el art. 43 N° 1 de la ley de quiebras, haba de "cesar en el pago de una
obligación".
Artículo 43 “Cualquiera de los acreedores podrá solicitar la declaración de quiebra, aun cuando
su crédito no sea exigible, en los siguientes casos:
Nº1.- Cuando el deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, cese en el
pago de una obligación mercantil con el solicitante, cuyo título sea ejecutivo”
También el Art. 62, relativo a la fecha de cesación de pagos, dice que "será aquella en que
primero surgió la exigibilidad sobre algún título del deudor".
Artículo 62 “En caso de quiebra de un deudor no comprendido en el artículo 41°, la fecha de la
cesación de pagos será aquella en que primero se produjo la exigibilidad de algunos de los títulos
ejecutivos que existan en su contra.”
Desde el punto de vista económico y mercantil, nos señala que cuando alguien asume un
compromiso, tiene la obligación de cumplirlo de la misma manera y en los plazos en que se ha obligado,
y de no ser así causa perjuicios a los acreedores y estos pueden exigir que se cumpla la obligación
utilizando los medios de que los provee la ley.
Otro argumento que dan los autores es que solo de esta manera se protege el crédito, porque
para contar con él hay que cumplir fielmente con los compromisos que se contraen.
Otro argumento lo encontramos en que desde el punto de vista mediático, es muy difícil poder
pesquisar de oficio si una persona realmente está en un estado patrimonial crítico, por lo que el único
hecho revelador de esta situación es que caiga en incumplimiento.
En todo caso, debemos tomar en cuenta que este incumplimiento debe ser ya definitivo, por lo
que si alguien es demandado ejecutivamente para el pago de una obligación, solo se entiende que ha
incumplido cuando no ha opuesto dentro de plazo las excepciones correspondientes, o bien cuando
habiéndolas interpuestos estas fueron rechazadas por sentencia firme y ejecutoriada.
Sin embargo esta doctrina ha sido ampliamente criticada, porque se ha dicho que no es efectivo
que históricamente el incumplimiento sea sinónimo de cesación de pagos, pues el incumplimiento en
realidad es el fundamento para que se puedan ejercer las tutelas individuales, pero no, las colectivas.
21/06/2011.1.2.- Teoría intermedia o ecléctica: Es muy similar a la anterior, nos dice que cesación de pagos entraña
la existencia de un estado patrimonial de imposibilidad de pagar, pero también añade que este estado
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debe manifestarse, y solamente se manifiesta a través del incumplimiento. En todo caso, de acuerdo a
esta teoría, no cualquier incumplimiento configura la cesación de pagos, sino que este debe tener su
origen en la imposibilidad de pagar, y será el juez quien lo debe apreciar.
En resumen cesación de pagos sería un incumplimiento, pero originado en el estado de
imposibilidad de pagar.
Esta doctrina concuerda con la anterior en que cesación de pagos es sinónimo de
incumplimiento, pero le agrega, para diferenciar ambos términos, que este debe deberse a la
imposibilidad de pagar. Los demás fundamentos son los mismos que la teoría anterior, y las críticas
también son las mismas.
1.3.- Teoría amplia o del estado patrimonial crítico: Esta teoría ha sido elaborada por el tratadista
italiano Bonelli y por un autor argentino llamado Raimundo Fernández.
Esta teoría señala que la causa de la quiebra es el patrimonio que esta imposibilitado de hacer
frente a los compromisos, y este estado de imposibilidad debe ser permanente. Incluso aquí no es
necesario una detención en los pagos, sino que basta con el estado.
Para poder determinar si estamos o no frente a la cesación de pagos, el juez deberá analizar la
situación financiera del posible fallido para apreciar si existen hechos reveladores de este estado y que
hagan necesaria la aplicación de la quiebra y las tutelas colectivas.
Se dice que de esta manera se protege el crédito, la situación de los acreedores e incluso la
permanencia laboral de los dependientes del posible fallido, y finalmente la propia sociedad. Por lo cual
bajo el punto de esta teoría se sostiene que es la que de mejor manera protege los intereses que están
involucrados en la quiebra.
Recordemos que ella es una tutela colectiva que afecta a la totalidad de los acreedores de un
deudor, y también produce consecuencias para la generalidad o una gran parte de la población,
entonces se dice que para que exista una consecuencia, es necesario que su causa sea un estado
patrimonial crítico, y no un simple incumplimiento. De esta manera además se protege de mejor
manera el crédito y la economía de la sociedad.
Pese a lo anterior, esta teoría no es muy acogida por la legislación nacional. Sin embargo, hay
algunas normas que nos podrían dar a entender que el legislador la tuvo en cuenta, por ejemplo el art.
61 que se refiere a la precisión de la fecha de cesación de pagos del deudor calificado, ya que se
establece un procedimiento para que el juez fije o establezca la fecha señalada a proposición del sindico
y luego se notifica por avisos la proposición y se establece un plazo de 10 días contados desde el aviso,
para que el fallido o los acreedores discutan u objeten esta proposición, y estas oposiciones se tramitan
como incidente.
Artículo 61 “El síndico, dentro del plazo de sesenta días corridos desde que hubiere asumido el
cargo, propondrá al tribunal la fecha de cesación de pagos del fallido. El juzgado ordenará notificar por
avisos esta proposición.
El fallido, los acreedores o los terceros interesados tendrán, para objetar dicha proposición, el
plazo de diez días contado desde la notificación a que se refiere el inciso anterior.
Terminado el plazo de diez días sin que se hubieren formulado objeciones o tramitadas las que
se hubieren presentado, el tribunal fijará la fecha de la cesación de pagos y su resolución será notificada
por el estado diario.
Esta resolución sólo será susceptible del recurso de apelación.”
Otros autores dicen que en el Art. 43 N° 3 también se contendrían, ya que la causal es la fuga y
este es un hecho revelador de un estado patrimonial crítico.
Artículo 43”Cualquiera de los acreedores podrá solicitar la declaración de quiebra, aun cuando
Nº 3.- Cuando el deudor se fugue del territorio de la República o se oculte dejando cerradas sus oficinas
o establecimientos, sin haber nombrado persona que administre sus bienes con facultades para dar
cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas.”
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Por lo anterior señalado no basta un solo incumplimiento, sino que debe haber una sucesión de
ellos, que además tenga el carácter de permanente.
2.- Teoría italiana o de la insolvencia:
Es muy similar a la anterior. Pero por ser más moderna e inspirarse en el código Italiano en
materia de quiebra que data de 1942, es mucho más depurada. En efecto aquí el sujeto pasivo es el
empresario, no el comerciante.
En nuestra legislación, hay muchos textos legales en los cuales no se habla de “cesación de
pagos”, sino que de insolvencia.

3.- Teoría anglosajona o británica:
Es casuística y por lo tanto enumera taxativamente los actos o hechos que la hacen procedente,
no distinguiendo entre comerciante y no comerciante. Nuestra ley es más drástica frente a la quiebra de
un comerciante.
Causas de la quiebra en Chile
1.- La contenida en el artículo 43 Nº1, que se refiere al deudor del artículo 41, llamado deudor
calificado.
(Ojo artículos muy importantes).
2.- Artículo 41 y 42, esta constituida por la propia petición de quiebra del mismo deudor.
Artículo 41= “Deberá” significa que es obligatorio.
3.- Artículo 43 Nº2, (opuesto al juicio ejecutivo ya que señala “aún cuando su crédito no sea
exigible”, y en el juicio ejecutivo la obligación debe ser liquida y actualmente exigible).
4.- Artículo 43 Nº3.
5.- Artículo 209.
6.- Artículo 214.
7.- Artículo 251.
8.- Artículo 51.
9.- Artículo 177 Bis.
1º Causal artículo 43 Nº 1
Artículo 43 “Cualquiera de los acreedores podrá solicitar la declaración de quiebra, aun cuando
Nº1.- Cuando el deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, cese en
el pago de una obligación mercantil con el solicitante, cuyo título sea ejecutivo.”

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Esta causal se diferencia de todo el resto de las demás causales, porque en todas las otras no es
necesario que el crédito que alega el que pide la quiebra sea exigible, en cambio aquí si se requiere que
ello ocurra.
Requisitos de esta causal:
1. Debe tratarse de un deudor calificado.
Es decir los que señala el artículo 41 (comerciante).
Artículo 41 “El deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, deberá
que haya cesado en el pago de una obligación mercantil.”
La ley 18.575 que modificó en su oportunidad la ley de quiebras y en particular el artículo 41,
porque en tal ley se hablaba del deudor comerciante que era definido en el art. 7º del código de
comercio y debía dedicarse alguna de las actividades del Art. 3º.
La distinción es importante pues la quiebra del deudor comerciante, hoy denominado calificado,
es mucho más severa y más gravosa. Sin embargo durante el transcurso del tiempo se pudo apreciar
que habían muchos sectores de la economía que quedaban afuera del vocablo “comerciante”, los cuales
frecuentemente quebraban y que su quiebra traía grandes repercusiones, pero como no eran
comerciantes no había severidad por lo que se modificó además el Art. 3º agregándole el N° 20.
Artículo 3 Cód. De Comercio: “Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de
parte de uno de ellos:
Nº20. Las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia, como edificios,
caminos, puentes, canales, desagües, instalaciones industriales y de otros similares de la misma
naturaleza.”
22/06/2011.Siempre se dijo por los autores que lo ideal hubiere sido referirse al deudor empresario, pero
esto no tendría concordancia con el código. Lo fundamental del Art. 43 es que el deudor ejerza la
actividad, no que se trate simplemente de que sea un comerciante, es decir, él habitualmente debe
ejercer tal actividad. Es importante saber en qué momento debe estar ejerciendo dicha actividad. La
respuesta es que debe ejercerla al momento en que contrajo la obligación que sirve de fundamento a
la quiebra, aun cuando al momento en que ésta se declare ya no esté ejerciendo dicha actividad.
Cuando el fallido es una persona jurídica, no basta con demostrar el giro de éste, sino que debe
probarse que dicho giro se ejerce. El giro se demuestra con un informe del SII con las facturas emitidas.
Podría también acreditarse mediante la información sumaria de testigos.
Recordemos además que el art. 52 al establecer los requisitos, señala en su número 1 el
determinar si estaría o no comprendido en el art. 41.
Artículo 52: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, la
sentencia definitiva que declare la quiebra contendrá, además:
Nº1.- La determinación de si el deudor está o no comprendido en el artículo 41. En este caso se
estará a la actividad que el deudor ejercía a la fecha en que contrajo la obligación”.
2. Debe cesar en el pago de una obligación con el solicitante.
Aquí vuelve a surgir la duda sobre qué se entiende por cese en el pago de una obligación. Sin
embargo la mayor parte de la doctrina entiende que lo que se requiere es incumplir una obligación. De
todas formas algunos autores sostienen que al referirse a cesar en un pago, estamos hablando del
incumplimiento de una obligación, pero motivado por un estado patrimonial crítico. Fuera de ello se
señala que este incumplimiento debe ser indubitado, es decir, que ya no existan dudas que se ha
vulnerado una obligación, lo que solo ocurre cuando en juicio ejecutivo ha pasado el plazo para oponer
excepciones al requerimiento de pago, o cuando una vez que estas se hayan opuesto fueron rechazadas
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por el juez a través de una sentencia firme y ejecutoriada. Solo en ese momento se entendería que se ha
cesado en el pago de la obligación.
3. Esta obligación debe ser mercantil.
Quiere decir que provenga de un acto de comercio.
4. Dicha obligación debe constar en un título ejecutivo.
Recordemos que solo la ley le atribuye la calidad de titulo ejecutivo a un instrumento.
Art. 434 Cód. De Procedimiento Civil: “El juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar
cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos:
1. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria;
2. Copia autorizada de escritura pública;
3. Acta de avenimiento pasada ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos
testigos de actuación;
4. Instrumento privado, reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. Sin embargo, no
será necesario este reconocimiento respecto del aceptante de una letra de cambio o suscriptor de un
pagaré que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma al tiempo de protestarse el documento por
falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal, ni respecto de cualquiera de los obligados al
pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando, puesto el protesto en su conocimiento por
notificación judicial, no alegue tampoco en ese mismo acto o dentro de tercero día tacha de falsedad.
Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, pagaré o cheque,
respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del Registro Civil en
las comunas donde no tenga su asiento un notario;
5. Confesión judicial;
6. Cualesquiera títulos al portador, o nominativos, legítimamente emitidos, que representen
obligaciones vencidas, y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones
confronten con los títulos, y éstos, en todo caso, con los libros talonarios.
Resultando conforme la confrontación, no será obstáculo a que se despache la ejecución la protesta de
falsedad del título que en el acto haga el director o la persona que tenga la representación del deudor,
quien podrá alegar en forma la falsedad como una de las excepciones del juicio; y
7. Cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva.”

2º Causal artículo 43 Nº 2
Artículo 43: “Cualquiera de los acreedores podrá solicitar la declaración de quiebra, aun cuando
Nº2.- Cuando el deudor contra el cual existieren tres o más títulos ejecutivos y vencidos,
provenientes de obligaciones diversas, y estuvieren iniciadas, a lo menos, dos ejecuciones, no hubiere
presentado en todas éstas, dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes
bastantes para responder a la prestación que adeude y las costas”
Esta causal es común a todo deudor.

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Requisitos de esta causal:
1. Que existan contra el deudor tres o más títulos ejecutivos vencidos.
Los títulos ejecutivos, solo los señala la ley.
2. Que provengan de obligaciones diversas.
Esto quiere decir que los títulos sean independientes entre sí, y no pueden tener su origen en
una misma convención. Por ejemplo, si en un contrato de compraventa queda un saldo de precio a
pagar el que se estipula en cuotas y se acepta una letra de cambio para cada cuota, tales letras no
podrían servir de base para esta causal.
No es necesario que el titular de los títulos ejecutivos sea el que pida la quiebra, perfectamente
una tercera persona puede utilizarlos para invocar la causal. Esto es una consagración del principio de la
"par conditio creditorum" (igual condición de crédito) ya que se protege al acreedor cuyo crédito aun no
vence, facultándolo para que pida la quiebra.
3. Que de esos 3 títulos se hubieren iniciado a lo menos 2 ejecuciones.
Quiere decir que ya hubiere sido requerido de pago, pues en este momento la ejecución se
tiende trabada.
4. Que en dichas ejecuciones no presentaren bienes suficientes para su pago, incluidas las costas.
Lo que la ley quiere decir es que para que se configure la causal no se deben haber embargado
bienes en cantidad suficiente para el embargo, es decir, se desvirtúa la causal si al momento del
embargo se embargan bienes suficientes para la satisfacción del crédito. Los bienes deben ser distintos
entre una ejecución y otra.
Se discute si es necesario que el deudor sea quien señala los bienes para el embargo, o bien si
basta con que sea el ministro de fe quien los señale, y se ha dicho que basta con que los señale el
ministro de fe, aunque por el mérito del artículo, debiera ser el ejecutado, pero la doctrina ha dicho lo
contrario.
También se discute en cuanto al plazo, que es de cuatro días y coincide con el plazo que el CPC
establece para oponer excepciones en el juicio ejecutivo, sin embargo hay casos en que dicho plazo es
mayor, lo que ocurre cuando el ejecutado es requerido de pago en una comuna distinta al territorio
jurisdiccional del tribunal; al respecto existen 2 posturas:
1.- Algunos autores han dicho que de todas maneras el plazo es de cuatro días,
2.-pero otros han indicado que en dichas situaciones el término será el mismo que el de
emplazamiento en el juicio ejecutivo, aplicando las reglas de éste.
23/06/2011.3º Causal artículo 43 Nº3 “La fuga u ocultamiento”
Nº3.- Cuando el deudor se fugue del territorio de la República o se oculte dejando cerradas sus
oficinas o establecimientos, sin haber nombrado persona que administre sus bienes con facultades para
dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas demandas.”

Hay que tener presente que esta causal reúne dos situaciones distintas:
1.- La fuga
2.- El ocultamiento
La diferencia entre la fuga y el ocultamiento es que la primera implica la salida del territorio de la
república, lo que se acredita a través de los registros de la policía de investigación de Chile. El
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ocultamiento en cambio, implica el desconocimiento de su actual paradero, pero sin que se pueda
acreditar que se ha salido del territorio de la república.
Requisitos de esta causal (son para ambos casos):
1. Que haya fuga u ocultamiento.
2. Que teniendo oficinas u establecimientos el deudor los deje cerrados.
Para que se de este requisito es necesario que el deudor tenga oficinas u establecimientos
registrados como su domicilio comercial ante el servicio de impuestos internos o, en general, ante
cualquier organismo público o privado. Y que esté cerrado quiere decir que ya no se realiza el giro del
deudor en tal lugar, y algunos agregan, que se impida el ingreso regular al público. No es necesario que
se haya realizado los trámites del término de giro.
Esta causal se acredita por cualquier medio de prueba propia del derecho comercial, declaración
de testigos, por carabineros, etc.
3. Que no haya nombrado ninguna persona que administre sus bienes con facultades para cumplir
sus obligaciones y contestar demandas.
No existe una manera exacta para acreditar este elemento, sin embargo los tribunales han
aceptado que se tenga por acreditado este elemento, a través de informes de las notarías del domicilio
del deudor, y también del procurador del número, indicando si en dichas notarías se ha otorgado un
poder correspondiente, y al procurador del número si se le ha conferido algún poder para contestar
demandas.
Ligado con esta causal, podemos señalar que la solicitud de declaración de quiebra puede
notificarse de acuerdo a las normas del art. 44 del CPC, aun cuando este no se encuentre en el lugar del
juicio (notificación personal subsidiaria).
En el año 2005, hubo dos modificaciones a la ley de quiebras:
1.- Ley 20.073
2.- Ley 20.004
Que modificaron materias de síndicos y de convenios judiciales, se modifico el artículo 43Nº4.
Causal propia del deudor civil
Esta causal la encontramos en el título XV de la ley, art. 251 y siguientes y consiste en que si se
rechaza el pago por cesión de bienes, el juez procede a declarar en quiebra.
Además de esta tutela colectiva existe la “Cesión de bienes”.
Casos de quiebra refleja
Se entiende por quiebra refleja aquella en que la declaración de quiebra de una persona,
acarrea de pleno derecho la de otra. Esta situación la encontramos en el artículo 51 del libro IV que nos
dice que declarada la quiebra de una sociedad colectiva o en comandita, deberá también el tribunal
declarar la quiebra de los socios que deban responder solidariamente de las obligaciones sociales. En el
caso de la sociedad colectiva son todos los socios y en la en comandita es el socio gestor. En cuanto al
socio comanditario, solo será declarado en quiebra cuando haya tolerado la inserción de su nombre en
la razón social. Cabe hacer presente que la quiebra del socio no implica la quiebra de la sociedad, y el
tribunal, cuando se declara la quiebra del socio, deberá tramitar paralelamente ambas quiebras, los
acreedores de la sociedad podrán comparecer en ambas quiebras y los acreedores de los socios solo en
la del socio.

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El fundamento de esta norma lo encontramos en que como estos socios responden solidaria y
subsidiariamente y con todo su patrimonio de las deudas de la sociedad, si la sociedad ha sido declarada
en quiebra, se presume que los socios al no haber pagado ellos las deudas sociales, también se
encuentran en un estado patrimonial crítico.
El sujeto pasivo de la Quiebra
Es sujeto pasivo aquel cuya situación patrimonial motiva una reacción de la sociedad y, por
tanto, es declarado en quiebra. Se le denomina "fallido". De acuerdo al art. 1 de la ley, puede ser
declarado en quiebra toda persona natural o jurídica, es decir, basta con ser persona. Pero el mismo
Código se encarga de establecer en el artículo 50, que puede ser incluso sujeto pasivo “la sucesión del
deudor” pudiendo ser declarada en quiebra, aun cuando esta carece de personalidad jurídica.
Artículo 50: “La sucesión del deudor podrá ser declarada en quiebra a petición de los herederos
o de cualquier acreedor, siempre que la causa que la determine se hubiere producido antes de la
muerte del deudor y que la solicitud se presente dentro del año siguiente al fallecimiento.
La declaración de quiebra producirá de derecho el beneficio de separación a favor de los
acreedores del difunto.
Las disposiciones de la quiebra se aplicarán sólo al patrimonio del causante.”
Cabe hacer presente que en la ley nacional puede ser declarado en quiebra tanto el deudor
comerciante, es decir, que ejerce algunas de las actividades enumeradas en el Art. 3º, como el deudor
civil, aquel que no realiza actividad relacionada con el comercio. La misma ley establece a propósito de
los artículos 43 y 41 que la quiebra tiene una sanción distinta si se trata de un deudor calificado.
Artículo 41: “El deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, deberá
que haya cesado en el pago de una obligación mercantil”
(artículo de memoria).
1.- Cuando el deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, cese en el
pago de una obligación mercantil con el solicitante,
cuyo título sea ejecutivo;
2.- Cuando el deudor contra el cual existieren tres o más títulos ejecutivos y vencidos,
provenientes de obligaciones diversas, y estuvieren iniciadas, a lo
menos, dos ejecuciones, no hubiere presentado en todas éstas, dentro de los cuatro días siguientes a los
respectivos requerimientos, bienes bastantes para responder a la prestación que adeude y las costas y
3.- Cuando el deudor se fugue del territorio de la República o se oculte dejando cerradas sus
oficinas o establecimientos, sin haber nombrado persona que administre sus bienes con facultades para
dar cumplimiento a sus obligaciones y contestar nuevas
demandas.
4.- Derogado” (artículo de memoria).
No obstante que para ser declarado en quiebra basta con ser persona, la ley contempla algunas
situaciones especiales:
1.- Mujer casada: (Art.48) Hay que distinguir:
1.1.- La mujer separada totalmente de bienes: Puede ser declara en quiebra según las reglas generales.
1.2.- La mujer separada parcialmente de bienes: También puede ser declara en quiebra y entrarán en
ella todos sus bienes propios sea que los administre ella misma o su marido.

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1.3.- La mujer casada en sociedad conyugal que tiene patrimonio reservado: También puede ser
declara en quiebra e ingresan a ella los bienes reservados.
1.4.- La mujer casada en régimen de participación en los gananciales: La ley no ha señalado una regla
especial por lo que debemos entender que ingresan a la quiebra, los bienes propios de ella.
1.5.- La mujer casada en sociedad conyugal sin patrimonio reservado: La quiebra recae sobre el
marido, no sobre la mujer.
Artículo 48 inciso 1º: “La quiebra de la mujer casada y separada total o parcialmente de bienes
sólo comprenderá sus bienes propios, sin perjuicio de las responsabilidades del marido y de la sociedad
conyugal, en su caso.”
2.- Menor Adulto: Este también puede ser declarado en quiebra, e ingresaran a la masa los bienes que
administra y que provengan del peculio profesional.
Artículo 48 inciso 2º: “La quiebra del menor adulto que administre su peculio profesional o
industrial comprenderá únicamente los bienes de este peculio.”
3.- Otros incapaces: Solo se puede declarar la quiebra respecto de las obligaciones válidamente
contraídas, ya sea a través de sus representantes o autorizados por la justicia.
4.- La Sucesión del deudor: El Art. 50 (ya escrito anteriormente) regula esta situación, y nos dice que se
puede pedir la declaración de quiebra de la sucesión del deudor, cumpliendo con los requisitos que esta
misma norma establece. De todas formas la quiebra solo afecta a los bienes que comprende la sucesión
y jamás la integrarán los bienes propios de los herederos. Se dice que éste es el único caso en que puede
ser declarada la quiebra una institución que no es persona.
5.- Las sociedades: El artículo 51 ya trata esta materia, y ya sabemos que la quiebra individual de los
socios no acarrea la quiebra de la sociedad en general y la quiebra de la sociedad en comandita no
acarrea la quiebra de los socios salvo que su nombre se encuentre en la razón social. En las sociedades
de hecho hay que distinguir si poseen o no personalidad jurídica, porque solo podrán ser declaradas en
quiebra las que poseen personalidad jurídica. Las sociedades disueltas también pueden ser declaradas
en quiebra, porque aún está pendiente la liquidación. Respecto de la empresa de responsabilidad
limitada y la individual de responsabilidad limitada, la quiebra de estas no arrastra nunca la quiebra de
los socios. Las sociedades anónimas NO arrastran a los accionistas. No obstante en la empresa individual
de responsabilidad limitada aun así se mezclan los patrimonios, por lo que el socio también podría verse
afectado en virtud de su propio patrimonio.
28/06/2011.
Declaratoria de quiebra
Como la quiebra es una situación de derecho, requiere de una declaración judicial, que se
denomina “sentencia declaratoria de quiebra”. Para que el tribunal pueda dictar esta sentencia la regla
general es que sea a solicitud de parte ya sea del propio fallido (deudor) o de un acreedor. Hay algunas
situaciones en que el tribunal de oficio puede declarar la quiebra, pero son situaciones excepcionales,
ejemplo en el caso de la cesión de bienes. Entonces antes de analizar la sentencia, debemos estudiar la
solicitud que pide la quiebra, la cual está reglamentada en la ley en el Art. 44. Esta solicitud es en
realidad una demanda, por lo que debe reunir los requisitos que el Art. 254 del CPC exige.
Artículo 44: “En la solicitud de declaración de quiebra presentada por un acreedor se señalará
la causal que la justifica y los hechos constitutivos de dicha causal y se acompañarán documentos para
acreditar los fundamentos de la petición o se ofrecerán las pruebas que correspondan. Además, se
señalará el nombre del síndico titular y el del síndico suplente, y sólo a ellos el tribunal deberá
designar en la sentencia que declare la quiebra.
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Junto con solicitar la quiebra, el acreedor peticionario deberá acompañar vale vista o boleta
bancaria a la orden del tribunal por una suma equivalente a cien unidades de fomento, para subvenir
a los gastos iniciales de la quiebra.
Dicha suma será considerada como un crédito del solicitante en contra del fallido, que gozará
de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.".
Requisitos de esta solicitud:
1.- Requisitos del Art. 254 del CPC (comunes a toda demanda).
2.- Debe indicar cuál es la causa invocada y que justifica la solicitud.
3.- Debe acompañar los documentos que justifiquen la causal que está invocando, y si no los tiene
puede ofrecer las pruebas que corresponde.
4.- La ley antigua exigía que se propusiera el nombre de tres personas de entre la nomina de síndicos
para que el tribunal entre ellos designara un titular y un suplente. Esto de modificó en marzo de 2005,
hoy se proponen directamente y el juez debe designarlos obligatoriamente, pero esta designación es
provisional pues el síndico definitivo lo designa la junta de acreedores.
5.- Acompañar un vale vista o boleta bancaria a nombre del tribunal por 100 UF para los gastos de la
quiebra. Este requisito solo rige cuando la quiebra la pide un acreedor, no cuando la pide el propio
deudor, y este valor se toma como un crédito contra el fallido y contra la masa y se paga con
preferencia. Se ha criticado este requisito porque se dice que va contra la gratuidad de la justicia y
contra la igualdad ante la ley, pues no todos tienen 100 UF, sin embargo se dice que es una exigencia
que da seriedad al ejercicio de la tutela colectiva.
Actitud que puede tomar el tribunal frente a la solicitud
Es el Art. 45 el que da la respuesta no exenta de discusión.
Artículo 45: “El juzgado se pronunciará sobre la solicitud de quiebra a la brevedad posible, con
audiencia del deudor, y deberá cerciorarse, por todos los medios a su alcance, de la efectividad de las
causales invocadas.
La audiencia del deudor sólo tendrá carácter informativo, no dará lugar a incidente, y en ella éste
podrá consignar fondos suficientes para el pago de los créditos que hubieren servido de base a la
solicitud de quiebra y las costas correspondientes, en cuyo caso no procederá la declaración de quiebra.
Si la solicitud fuere desechada en definitiva, el deudor podrá demandar indemnización de
perjuicios al acreedor, si probare que éste ha procedido culpable o
dolosamente.
Para los efectos indicados en el inciso primero de este artículo se notificará al deudor
personalmente o en la forma prevista en el artículo 44° del Código de Procedimiento Civil, aun cuando
no se encuentre en el lugar del juicio.”
Debe pronunciarse a la “brevedad posible”, con audiencia del deudor, y deberá cerciorarse de la
efectividad de las causales invocadas. Surge duda en la doctrina acerca de que se entiende por
audiencia:
1º Postura: Es casi unánime dice la doctrina, que el hecho que se confiere traslado, no es que se
le cite a un comparendo, sino que se le confiere traslado por 3 días al deudor para que manifieste sus
descargos a la solicitud de quiebra, pudiendo incluso paga el crédito que sirve de fundamento a la
solicitud.
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2º Postura: Sostiene que se cita al deudor, a fin de que en audiencia verbal manifieste o preste
una declaración en relación a la solicitud. En la actualidad esta posición ha adoptado más relevancia.
3º Postura: De Álvaro Puelma, que no ha tenido gran aceptación, dice que el deudor tiene el
plazo de emplazamiento del juicio ordinario, para oponerse a la solicitud de quiebra.
Hay que tener presente que en caso del pago, debe pagar antes de declarada la quiebra, no
después, pues se produce el desasimiento.
Ojo: No es lo mismo pedir la quiebra de una fábrica de helados a una de fierros. En el petitorio,
se hace referencia al tipo de empresa.
Notificación de la resolución
Esta resolución se notifica personalmente o de la manera establecida en el Art. 44 del CPC. Pero
no es necesario que el fallido se encuentre en el lugar del juicio, lo que es lógico, pues una de las
causales es la fuga (artículo 43 ya escrito anteriormente).
Actitud que puede asumir el deudor luego de la notificación
1.- Puede no hacer nada.
2.- Puede pagar la obligación que sirve de fundamento a la causal. Así no hay quiebra.
3.- Puede también contestar el traslado y agregar antecedentes que desvirtúen la solicitud. En este
caso puede incluso demandar al acreedor que pidió la quiebra para que se le indemnice, si probare que
ha procedido culpable o dolosamente.
Sentencia que declara la quiebra
El Art. 52 es el que se refiere a la sentencia que declara la quiebra y esta sentencia es bastante
especial, en primer lugar debemos señalar que es una sentencia definitiva, aun cuando no coloca fin a la
instancia ni resuelve la materia asunto del juicio, ya que precisamente da inicio al juicio. Pese a ello se le
considera sentencia definitiva.
1.- La determinación de si el deudor está o no comprendido en el artículo 41°. En este caso se
estará a la actividad que el deudor ejercía a la fecha en que contrajo la obligación;
2.- La designación de un síndico provisional titular y de uno suplente y la orden de que el síndico
se incaute de todos los bienes del fallido, sus libros y documentos, bajo inventario y de que se le preste,
para este objeto, el auxilio de la fuerza pública por el jefe más inmediato, con la exhibición de la copia
autorizada de la declaratoria de quiebra;
3.- La orden de que las oficinas de correos y telégrafos entreguen al síndico la correspondencia y
despachos telegráficos cuyo destinario sea el fallido, para los efectos de lo preceptuado en el número 5
del artículo 27°;
4.- La orden de acumular al juicio de quiebra todos los juicios contra el fallido que estuvieren
pendientes ante otros tribunales de cualquier jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, salvo las
excepciones legales;
5.- La advertencia al público de que no debe pagar ni entregar mercaderías al fallido, so pena de
nulidad de los pagos y entregas; y la orden a las personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al
fallido, para que los pongan, dentro de tercero día, a disposición del síndico, bajo pena de ser tenidos
por encubridores o cómplices de la quiebra;

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6.- La orden de hacer saber a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que
tienen el plazo de treinta días contado desde la fecha de la publicación de la sentencia, para que se
presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán
los resultados del juicio sin nueva citación;
7.- La orden de notificar, por carta aérea certificada, la quiebra a los acreedores que se hallen
fuera de la República y mandarles que dentro del plazo establecido en el número anterior, aumentado
con el de emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta, comparezcan al juicio con los
documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento indicado en el número precedente;
8.- La orden de inscribir la declaración de quiebra en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones
de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces del departamento en que se hubiere declarado la quiebra
y también en el de los Conservadores correspondientes a
cada uno de los inmuebles pertenecientes al fallido, y
9.- La indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera junta de acreedores.”
Por lo tanto los requisitos de la sentencia definitiva que declara la quiebra son:
1.- Los comunes a toda resolución judicial.
2.- Requisitos especiales del Art. 52:
2.1.- Determinar si el deudor es un deudor simple o calificado, lo determinante es la fecha en que se
contrajo la obligación.
2.2.- La designación de un síndico titular y un sindico suplente, ordenándosele que incaute los bienes del
fallido, sus libros de documentos y confeccione el inventario. Incluso el síndico puede pedir el auxilio de
la fuerza pública, lo que hará exhibiendo la copia de la sentencia al jefe más inmediato de la policía.
2.3.- Debe ordenar a la oficina de correos y telégrafos para que entreguen al síndico la correspondencia
y los despachos telegráficos del fallido. Hagamos presente que solamente la correspondencia
relacionada a la quiebra.
2.4.- La orden de acumular al juicio de quiebra, todos los demás juicios pendientes y que afectaren sus
bienes, salvo las excepciones legales.
2.5.- La advertencia al público de no efectuar pagos ni entregar mercaderías al fallido, y la orden a
aquellas personas que tengan bienes que sean del fallido para entregarlos al síndico.
2.6.- La orden de hacer saber a los acreedores residentes en la república de chile, que tienen el plazo de
30 días para verificar sus créditos y alegar sus preferencias. Este plazo se cuenta desde la notificación
por aviso en el diario oficial, que es uno de los pocos casos en que se requiere que la sentencia se
notifique porque esta sentencia en general produce efectos desde que se dicta.
2.7.- La orden de notificar a los acreedores residentes en el extranjero, enviándoles una carta aérea
certificada. Esta carta la envía el síndico.
2.8.- La orden de inscribir la sentencia en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar del
conservador de bienes raíces del territorio jurisdiccional del tribunal que dicto la sentencia, y si tuviere
bienes raíces en otros, también se inscribe en ese lugar.
2.9.- Debe indicar el día hora y lugar en que se llevará a efecto la primera junta de acreedores.
Características de la sentencia declaratoria de quiebra
1.- Produce efectos absolutos (es una excepción al efecto relativo de las sentencias).
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2.- Produce efectos desde que se dicta, es decir, es una excepción a la regla general que está en el Art.
38 del CPC, que les brinda efecto desde su notificación. Este efecto especial lo que se quiere evitar es
que en el lapso que media entre el pronunciamiento y la notificación se produzcan actos jurídicos
tendientes a burlar a los acreedores (artículo 64).
3.- Tiene requisitos especiales (los del artículo 52).
4.- Produce efectos retroactivos. Esto es así porque los artículos 74 y siguientes de la ley, establecen las
llamadas acciones revocatorias que la doctrina ha dicho que son acciones de inoponibilidad. Estas
acciones permiten dejar sin efectos actos y contratos realizados por el fallido antes de la declaratoria de
quiebra, en el llamado "periodo sospechoso", que va, por regla general, desde la época de cesación de
pagos hasta la sentencia que declara la quiebra. Después de dictada la sentencia todos los actos que
realice el deudor, son inoponibles (Art. 72).
Artículo 72: “Son inoponibles los actos y contratos que el fallido ejecute o celebre después de
dictada la sentencia que declara la quiebra, con relación a los bienes de la masa, aun cuando no se
hayan practicado las inscripciones en los registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces.”
Notificación de la sentencia que declara la quiebra.
1.- Notificación al fallido, a los acreedores y a los terceros: Se les notifica por aviso en el diario oficial.
2.- Al Síndico: Se le notifica personalmente, pues debe aceptar el cargo y jurar su fiel desempeño.
3.- A los acreedores que residen fuera del territorio nacional: Se les notifica por carta aérea certificada.
Impugnación de la sentencia que declara la quiebra
Hay que distinguir entre la sentencia que da lugar a la quiebra, y la que niega lugar a ella.
1.- La sentencia que niega lugar a la quiebra: De acuerdo el art. 59 es apelable, y la apelación se
otorga en ambos efectos.
Artículo 59: “La resolución que niegue lugar a la declaración de quiebra no será susceptible del
recurso especial de reposición a que se refiere esta ley, pero será siempre apelable en ambos efectos.”
2.- Contra la sentencia que da lugar a la quiebra: El Art. 56 dice que solo puede entablarse un
recurso especial de reposición.
Artículo 56: “Contra la sentencia que declare la quiebra sólo podrá entablarse el recurso especial
de reposición a que se refieren los artículos siguientes.”
Se ha dicho por algunos que también procedería el recurso de casación por las reglas generales (sólo
es una sugerencia doctrinaria) y antes de la reforma del recurso de queja, también procedía. La Corte de
Concepción señaló que no procedía ningún recurso más que la reposición (1992).
Ojo: Es importante saber bien juicio ejecutivo, ya que se preguntará el paralelo.

Recurso especial de reposición
Suele confundirse con el recurso de reposición (181 CPC), sin embargo veremos que son
totalmente distintos, que la única característica común, es que ambos son recursos por vía de
retractación, es decir que se interponen ante el mismo tribunal que dictó la sentencia.

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Art. 181 del Cód. De Procedimiento Civil: “Los autos y decretos firmes se ejecutarán y
mantendrán desde que adquieran este carácter, sin perjuicio de la facultad del tribunal que los haya
pronunciado para modificarlos o dejarlos sin efecto, si se hacen valer nuevos antecedentes que así lo
exijan.
Aun sin estos antecedentes, podrá pedirse, ante el tribunal que dictó el auto o decreto, su reposición,
dentro de cinco días fatales después de notificado. El tribunal se pronunciará de plano y la resolución
que niegue lugar a esta solicitud será inapelable; sin perjuicio de la apelación del fallo reclamado, si es
procedente el recurso.”

Diferencias con el recurso de reposición ordinario (CPC)
1.- Son distintos en cuanto a las resoluciones contra las que proceden.
1.1.- Así el recurso especial de reposición procede contra sentencia definitiva que declara la quiebra.
1.2.- En cambio el recurso de reposición procede contra los autos y los decretos, según lo dice el Art.
181 del CPC.
2.- En cuanto a la tramitación.
2.1.- El recurso de reposición ordinario se debe resolver de plano por el tribunal, o bien, por vía
incidental.
2.2.- En cambio el recurso especial de reposición se tramita siempre por vía incidental.
3.- En cuanto a los plazos.
3.1.- El recurso de reposición ordinario, por regla general se interpone dentro de quinto día, salvo
algunos casos especiales, como la reposición del auto de prueba (3 días) y cuando se agregan nuevos
antecedentes (sin plazo).
3.2.- En cambio el recurso especial de reposición, se interpone dentro de los diez días hábiles siguientes
desde la notificación de la resolución que declaró la quiebra (Art. 57). Aquí no corre la excepción al
cómputo del plazo desde la notificación, pues también los terceros pueden interponer este recurso.
4.- En cuanto a los titulares del recurso.
4.1.- En el recurso de reposición ordinario, es titular toda parte agraviada con la resolución.
4.2.- En cambio en el recurso de reposición especial, de acuerdo al art. 57, lo puede interponer el fallido,
los acreedores e incluso los terceros interesados y el síndico en un caso especial.

29/06/2011.-

Titulares del recurso
1.- Los acreedores: Dentro de los acreedores encontramos al que solicitó la declaración de quiebra o
cualquier otro. Como el recurso solamente procede contra la sentencia que declara la quiebra, es obvio
que el acreedor que solicitó que esta se declarara, no le va a interesar interponerlo, salvo que en la
sentencia se hubiere calificado al deudor de una manera distinta a la que el estima, por ejemplo si el
solicitó la quiebra como deudor calificado y se concedió de una manera distinta, es decir como deudor
civil.
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Los demás acreedores podrán estar interesados en que la quiebra se deje sin efecto, lo que
sucederá especialmente en el caso de aquel acreedor a quien se le esta pagando su crédito, pues en
virtud de la declaración de quiebra no se podrá continuar con ese pago. También se dice que a los
acreedores cuyos créditos son hipotecarios, podría no convenirles que el fallido esté declarado en
quiebra, como también a los acreedores valistas, cuando existen muchos acreedores privilegiados. Y
finalmente a aquellos acreedores de obligaciones de hacer, pues con la declaración tampoco podrá
cumplir el fallido.
2.- El fallido: El fallido podrá solicitar este recurso cuando estime que no se configura la causal solicitada
para declararlo en quiebra, y también cuando estime que no fue bien calificado, fundamentalmente,
cuando ha sido considerado deudor calificado estimando ser deudor civil.
3.- Los terceros: Los terceros interesados son aquellos que sin ser acreedores la quiebra les puede
afectar, por ejemplo aquellos que han celebrado un acto o contrato con el fallido y en virtud de la
declaratoria de quiebra este acto corre el peligro de ser revocado. En el caso de que el fallido venda un
bien ya que quien compra podría perderlo, en virtud de la acción revocatoria.
4.- El síndico. Sin embargo el sindico tiene una limitación, solo puede interponer el recurso cuando se
refiere a la calificación del deudor, es decir, el en su recurso de reposición puede solicitar que sea
considerado calificado en vez de civil o viceversa.
Causales de este recurso
EL Art. 57 contempla dos causales:
1.- Quiebra mal declarada: Es decir cuando no está configurada la causal que se tuvo en cuenta
para declarar la quiebra, lo que se pide es que deje sin efecto la declaratoria.
2.- Calificación que se haya hecho del deudor (cuando se ha calificado de manera distinta al
deudor) es decir, se pide que se rectifique si el deudor ha sido considerado como calificado, si no lo es y
vice versa, el fundamento de esta última causal, la encontramos en que la quiebra es más severa con el
deudor calificado que con el deudor civil.

Tramitación de este recurso
Se tramitará como incidente.
Son partes de este incidente:
1.- El que interpuso el recurso,
2.- El que solicitó la quiebra,
3.- El fallido
4.- Y el síndico.
Los demás, es decir, los otros acreedores y los terceros interesados pueden ser coadyuvantes.
Hagamos presente además que todas las resoluciones que se dicten durante la tramitación del
recurso son inapelables, pero la sentencia que acoge el recurso es apelable en ambos efectos (Art. 58), y
la resolución que niega el recurso se apela en el solo efecto devolutivo.
ARTICULO 58: “Las resoluciones que se dicten durante la tramitación del incidente especial de
reposición serán inapelables.
La sentencia que acoja la reposición será apelable en ambos efectos.”
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Ahora, en cuanto a la naturaleza jurídica de la sentencia que resuelve el recurso especial de
reposición, hay discusiones. Algunos dicen que es una sentencia definitiva, porque resuelve una materia
tan importante como es una declaración de quiebra, además, expresan que si estimamos que la
sentencia que declaró la quiebra es definitiva, según lo dice el propio Art. 52 (artículo ya escrito
anteriormente), es lógico que aquella que modifica tal sentencia como es la que acoge el recurso de
reposición, tendría también que ser definitiva, por tanto el plazo para interponer el recurso de apelación
de la resolución que acogió la reposición sería de 10 días hábiles. Sin embargo si estimamos que es una
sentencia interlocutoria que resolvió un incidente, el plazo es de 5 días.
Suerte de la quiebra cuando se ha interpuesto este recurso
Continua tramitándose aun cuando se ha interpuesto el recurso especial de reposición, es decir,
no se suspende. Si se resuelve el recurso, habrá que distinguir cómo es la sentencia para saber como
continuará la quiebra, y también hay que distinguir cual es la causal. Si se acogió el recurso por una
quiebra mal declarada termina la quiebra y se estima que nunca la hubo, porque dar lugar a una
reposición implica reconocer que la quiebra nunca se debió haber declarado. Si se niega el recurso se
continúa con la quiebra y la apelación es en el solo efecto devolutivo.
Hagamos presente que cuando el deudor paga en la audiencia la obligación que sirvió para
configurar la causal invocada para pedir la quiebra, se entiende que no va existir la quiebra, nunca
alcanza a ser declarada, implica un reconocimiento por parte del fallido de la causal, pero la subsana
previo a su declaración.
Cuando la causal es la herrada calificación del deudor, hay que distinguir nuevamente si se da
lugar al recurso se continúa tramitando la quiebra, pero se aplicarán las normas del deudor que se
indicó en la sentencia que acogió el recurso. Si se rechaza el recurso se continúa la quiebra tal como se
había iniciado.

Sujeto activo de la quiebra
Entendemos por sujeto activo a aquel que solicita al tribunal que declare la quiebra del deudor.
Es equivalente al demandante en los juicios ordinarios. Puede ser sujeto activo de la quiebra cualquier
acreedor, incluso aquellos cuyas deudas no estén vencidas, salvo en la causal del Art. 43 N° 1, en que se
exige que el acreedor que solicita la quiebra sea precisamente el titular de la obligación que configura la
causal. En las demás causales no es necesario que esté vencido el crédito y el acreedor puede invocar
incluso obligaciones de otros para configurar la causal, así se deduce del Art. 43 inciso 1°. También
puede ser sujeto activo de la quiebra el mismo fallido como lo vimos en el artículo 41.
Pese a lo anterior, la ley ha establecido situaciones en que hay acreedores que no pueden
solicitar la quiebra de otro, así lo dicen los Art. 46 y 47. El primero de ellos dice que el marido no puede
solicitar la quiebra de su mujer y la mujer no puede solicitar la quiebra de su marido; ni el hijo acreedor
del padre ni viceversa. Se dice que tampoco el hijo puede pedir la quiebra de la madre ni viceversa,
aunque esto no lo dice la norma. Se dice también por la doctrina que tampoco se podría pedir la quiebra
de los demás ascendientes ni descendientes.
Artículo 46: “No podrán solicitar la declaración de quiebra, en sus respectivos casos, el marido
acreedor de su mujer, la mujer acreedora de su marido, el hijo acreedor de su padre y el padre acreedor
de su hijo.”
En el Art. 47 se establece una prohibición para el socio comanditario quien no puede demandar
la quiebra de la sociedad a la que pertenece, salvo que sea un acreedor particular. Lo que la ley quiere
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decir es que el socio comanditario no podrá invocar una obligación que la sociedad tenga con él en su
calidad de socio, como por ejemplo el pago de un dividendo o una devolución de capital, pero si, otro
tipo de obligaciones como un mutuo de acuerdo a las reglas generales.
Artículo 47: “El socio comanditario no puede demandar la declaración de quiebra de la sociedad
a que pertenece; pero, si es acreedor particular de la misma, puede provocarla en este carácter.”
Ojo= Los artículo 46 y 47 son excepciones a sujeto activo de la quiebra, pero lo anterior no
significa que no puedan participar de ella.
Fuera del acreedor, también el propio deudor puede solicitar su quiebra, a ello se refiere el Art.
42 que establece los requisitos que debe cumplir al momento de solicitar su quiebra.
Artículo 42: “El deudor, al solicitar la declaración de su quiebra, deberá presentar por duplicado:
1.- Un inventario o relación detallada de todos sus bienes, con expresión del lugar en que se
encuentren, de su valor estimativo y de los gravámenes que los afecten;
2.- Una relación de los bienes que, en conformidad a la ley, están excluidos de la quiebra,
3.- Una relación de los juicios que tuviere pendientes;
4.- Un estado de las deudas, con expresión del nombre y domicilio de los acreedores y de la
naturaleza de los respectivos títulos, y
5.- Una memoria de las causas directas o inmediatas del mal estado de sus negocios, debiendo
ella dar cuenta de la inversión del producto de las deudas contraídas y de los demás bienes adquiridos
en el año último. El deudor que llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance y
la cuenta de ganancias y pérdidas.
Si el deudor fuere una sociedad colectiva o en comandita, las piezas indicadas serán firmadas por
todos los socios colectivos que invistan esta calidad por el contrato social y se hallen presentes en el
domicilio de la sociedad.
Si el deudor fuere otra clase de persona jurídica, las piezas en referencia serán firmadas por sus
administradores.
Para los efectos de designar un síndico titular y uno suplente en la sentencia que declare la
quiebra, el juez citará previamente, en conformidad con lo dispuesto en los incisos siguientes, a los tres
acreedores que figuren con los mayores créditos en el estado de deudas presentado por el deudor, o a
los que hubiera si fueran menos, con el fin de que señalen los nombres de los síndicos respectivos, y
sólo a éstos el tribunal deberá
designar en la sentencia.
Los acreedores señalados serán citados mediante notificación efectuada por cédula, en la cual se
indicará el nombre del acreedor y su domicilio, además del objeto de la citación. El tribunal comisionará
al receptor de turno para efectuar esta notificación, tan pronto como se haya recibido la solicitud de
declaración de quiebra del deudor. La audiencia tendrá lugar dentro de tercer día de efectuada la última
notificación, la que el receptor deberá practicar a más tardar el tercero día después de dictada la
resolución que la disponga. La notificación extemporánea no invalidará la audiencia señalada. El
incumplimiento de esta obligación será sancionado según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
393 del Código Orgánico de Tribunales. Los derechos que correspondan al receptor gozarán de la
preferencia que establece el número 4 del artículo 2472 del Código Civil.
La audiencia se llevará a efecto con el o los acreedores que asistan, y en ella se nominará a los síndicos.
Si asistiere más de un acreedor, la elección se efectuará por la mayoría del total pasivo con derecho a
voto, conforme al importe que aparezca en el estado de
deudas. Si no compareciere ningún acreedor, el tribunal repetirá por una vez el procedimiento con los
tres acreedores siguientes, o con los que hubiera si fueran menos. En caso de que lo señalado resultare
imposible de aplicar, se designará al síndico mediante sorteo, en el cual deberán incluirse los nombres
de todos los síndicos habilitados para ejercer en el territorio jurisdiccional del tribunal. En estos
procedimientos no se dará lugar a incidentes, debiendo resolver el tribunal de plano
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cualquier asunto que se presente y su resolución no será susceptible de recurso alguno.”
(Artículo de memoria).
Fuera de lo anterior, el Art. 41 establece una obligación para el deudor calificado de pedir su
propia quiebra dentro de los quince días siguientes contados desde que ha cesado en el pago de una
obligación mercantil, plazo que como hemos dicho, no es fatal, por lo que solo se entenderá que se ha
incumplido si otra persona le solicita la quiebra y el tribunal la declara, pudiendo incluso este deudor
cumplir con este art. si actúa como coadyuvante de quien solicitó la quiebra.
02/08/2011.Efectos de la quiebra
Ya se señaló que la sentencia que declara la quiebra reconoce la existencia de un estado
patrimonial crítico, y a través de ella declara que el fallido se encuentra en estado de quiebra, por ello se
producen una serie de consecuencias que denominaremos los efectos de la quiebra, los que
encontramos en los Art. 60, 64 y siguientes. Existen diversas clasificaciones de estos efectos, por
ejemplo:
1.- Efectos sobre los bienes y sobre la persona del fallido (inhabilidades).
2.- La otra gran clasificación es en relación al tiempo (temporalidad) dentro de los que tenemos:
2.1.-Los efectos inmediatos, que se producen desde el momento en que se dicta la resolución en que se
declara la quiebra.
2.2.-Los efectos retroactivos, que son las llamadas acciones revocatorias, que afectan contratos
celebrados con anterioridad por el fallido.
2.1.-Efectos Inmediatos: Dentro de estos efectos se destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Derecho a pedir alimentos
Desasimiento
La fijación irrevocable de los derechos de los acreedores.
La exigibilidad anticipada de las deudas del fallido.
La acumulación de los juicios del fallido.
La suspensión del derecho de los acreedores a ejecutar individualmente al fallido.
Inhabilidades
Calificación de la quiebra.
La compensación.

2.2.-Efectos retroactivos:
Son aquellos que regulan relaciones jurídicas anteriores a la declaratoria de quiebra. La ley los
trata en los Art. 74 y siguientes del libro IV, la doctrina les llama “acciones revocatorias” o “acciones de
inoponibilidad”.
Ambos efectos tienen como fundamento dos principios fundamentales:
1.- La integridad del patrimonio del fallido: Que podemos explicar diciendo que todo pago se
debe realizar dentro del proceso de quiebras llamado proceso concursal, por lo que todo acreedor debe
concurrir a la quiebra. Por ello es que uno de los efectos de la quiebra es la prohibición de ejecutar
individualmente al fallido.
2.- La igualdad de todos los acreedores llamada "par conditio creditorum": Esto se manifiesta
en la exigibilidad anticipada de las obligaciones del deudor, pues la ley ha querido mantener en un plano
de igualdad a todos los acreedores y los ha protegido.

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Efectos inmediatos de la quiebra:
1. El derecho de alimentos:
Este derecho está consagrado en el Art. 60 del libro IV y nos dice que serán titulares de él el
deudor llamado civil, vale decir, el no calificado, y aquel que siendo calificado haya pedido su propia
quiebra, o sea, aquel que ha cumplido con la obligación que el Art. 41 establece, consistente en que el
que ha cesado en el pago de una obligación mercantil debe pedir su propia quiebra dentro de los 15 días
siguientes.
Fuera de eso, también pierde este derecho el deudor que hubiere sido condenado por quiebra
culpable o fraudulenta o por algunos de los delitos de estafa que establece el código penal en su Art.
466, o si es formalizado.
Artículo 60: “El deudor que no esté comprendido en el artículo 41° tendrá derecho a que la masa
le dé alimentos a él y su familia. También tendrá este derecho el deudor a que se refiere dicho artículo,
si hubiere solicitado su propia quiebra.
La obligación de dar alimentos se suspenderá si en contra del fallido se dicta auto de apertura del
juicio oral, y cesará si es condenado en definitiva por quiebra culpable o fraudulenta, o por alguno de los
delitos a que se refiere el artículo 466° del Código Penal.
La cuantía de los alimentos será determinada por el tribunal que conoce de la quiebra, con
audiencia del síndico y de los acreedores.
La solicitud del fallido se notificará al síndico personalmente o por cédula y a los acreedores, por
avisos.
Artículo 41: Ya fue escrito anteriormente.
Art. 466 del Cód. Penal: “El deudor no dedicado al comercio que se alzare con sus bienes en
perjuicio de sus acreedores o que se constituya en insolvencia por ocultación, dilapidación o
enajenación maliciosa de esos bienes, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados.
En la misma pena incurrirá si otorgare, en perjuicio de dichos acreedores, contratos simulados.”
¿Cómo se fija este derecho de alimentos?
Estos alimentos son “necesarios”, porque de ser congruos los debería haber señalado
expresamente la ley. Los debe fijar el tribunal a petición del fallido. Esta solicitud se le notifica al sindico
personalmente o por cédula y a los acreedores por avisos en el diario oficial. Dentro del plazo de tercero
día desde la notificación se puede reclamar, y el juez posteriormente falla y fija los alimentos. De esta
resolución, pueden los interesados reclamar dentro de tercero día y se generará un incidente.
Los alimentos se pagan con los bienes del fallido, y el juez debe tener en cuenta la disponibilidad
de bienes suficientes para el pago de los alimentos.
Este derecho de alimentos es incompatible con otro efecto que establece la misma ley en su Art.
64 que se refiere al desasimiento, y este consiste en que si dentro de los bienes de la quiebra algunos
producen frutos, el tribunal puede determinar que de esos frutos se entregue una parte al fallido para la
mantención de él y de su familia, pero estos son alimentos congruos no necesarios, pues dice la ley
"habida consideración a su rango social y a la cuantía de los bienes bajo su intervención"
El Art. 64, cuando se refiere a este derecho de alimentos, se está refiriendo a lo que produzcan
los bienes del fallido, fundamentalmente a aquellos que este administre por tener el usufructo legal
sobre los mismos, como por ejemplo el marido casado en régimen de sociedad conyugal que administra
los bienes de su mujer, ya que estos bienes no ingresan a la masa de la quiebra, pero si los frutos
líquidos que estos produzcan, pues esta administración que realiza el marido o padre, queda bajo la
supervisión del síndico.
2. El desasimiento:

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Este se dice que es el efecto más importante de la quiebra. Consiste en que una vez declarada la
quiebra el fallido pierde la administración de sus bienes y esta pasa de pleno derecho al síndico. Está
reglamentada en el Art. 64.
Cabe hacer presente que el fallido no pierde el dominio sobre sus bienes, sino solo la
administración, y se dice que el objetivo de este efecto está ligado a la finalidad de la quiebra que
consiste en que se puedan realizar los bienes del fallido para que se puedan pagar los acreedores, por lo
que es conveniente de que antes de realizarlos otra persona, que representa a la masa de acreedores y
al mismo fallido, los administre.
Inicio del desasimiento
Comienza desde el pronunciamiento de la resolución, vale decir, antes de la notificación. Se evita
así que distraiga sus bienes entre su dictación y su notificación.
Alcances de este efecto:
2.1. Alcance material
Consiste en que el fallido debe entregar sus bienes al síndico, se le desapodera. Esto procede a
través de una diligencia que realiza el síndico, llamada incautación, consistente en que el síndico toma
posesión de los bienes y realiza un inventario de los mismos y para efectos de la quiebra solo existen los
que están en inventario.
El fallido queda inhibido de administrar sus bienes, no pierde el dominio, solo la administración,
por lo que si se realizan los bienes y sobra dinero, este debería ser para el propio fallido. Según Raúl
Varela, señala que en realidad el desasimiento es una especie de embargo, pues sus consecuencias son
las propias del embargo.
Una vez declarado en quiebra, si el fallido ejecuta algún acto o contrato sobre dichos bienes que
están dentro de la masa, tales actos son inoponibles a la masa. Así lo dice expresamente el Art. 72,
incluso antes de que se inscriba.
Artículo 72: “Son inoponibles los actos y contratos que el fallido ejecute o celebre después de
dictada la sentencia que declara la quiebra, con relación a los bienes de la masa, aun cuando no se
hayan practicado las inscripciones en los registros respectivos del Conservador de Bienes Raíces.”
2.2. Alcance jurídico
El Art. 64 inciso 3º dice que el fallido no podrá comparecer en juicio ni como demandante ni
como demandado en todo lo relacionado con los bienes comprendidos en la quiebra. En todos estos
juicios deberá actuar representado por el síndico. Si se quiere demandar al fallido se debe demandar al
síndico en su calidad de representante legal. Con todo, el fallido puede actuar en estos juicios como
tercero coadyuvante y en general ejercer por sí mismo todas las acciones que se refieren a su persona y
a los derechos inherentes a ella- También podrá ejercer acciones conservativas de sus bienes en caso de
negligencia del síndico.
Naturaleza jurídica del desasimiento:
Para algunos es una incapacidad. Pero esto se critica pues se dice que las incapacidades solo las
establece la ley, además se dice que las incapacidades son en beneficio del incapaz, son para protegerlo.
Se dice también que el desasimiento no es absoluto pues el fallido puede actuar libremente sobre los
bienes que no estén comprendidos en la quiebra. Otra diferencia que demuestra que no es incapacidad,
es que los actos del incapaz son nulos, en cambio los actos del fallido son inoponibles.
Otros dicen como Raúl Varela, que es un embargo.
La última teoría minoritaria es de Ricardo Sandoval, que nos dice que es una inhibición que
afecta al fallido en razón de la quiebra y que durará mientras ella subsista.
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¿Qué bienes comprende el desasimiento?
Están comprendidos en el desasimiento los bienes presentes, que son aquellos que al momento
de la declaratoria de quiebra eran del dominio del fallido. En el caso de aquellos bienes que no son de
dominio del fallido pero sobre los cuales él tiene el usufructo legal, como por ejemplo sobre los bienes
de la mujer casada en sociedad conyugal o de sus hijos, el Art. 64 inciso 4º señala que estos bienes no
ingresan a la quiebra y en principio no les afecta el desasimiento, pero su administración queda en
manos del síndico y los frutos líquidos ingresan a la masa de la quiebra. En todo caso a dichos frutos se
les debe respetar las cargas legales y convencionales con que estén gravados. Ejemplo de cargas legales
son los impuestos y de cargas convencionales aquellas en que se incurre para producir los frutos o el
derecho de alimentos.
En cuanto a los bienes futuros, vale decir, aquellos adquiridos con posterioridad a la declaratoria
de quiebra, debemos distinguir entre los adquiridos a título gratuito y a título oneroso. Estos últimos no
ingresan a la masa de bienes de la quiebra, pero se puede pedir la intervención del síndico en su
administración. Los adquiridos a título gratuito si ingresan a la masa de la quiebra, pero los gravámenes
que traigan consigo se mantienen y deben ser cumplidos por el síndico.
¿Qué bienes no están comprendidos en el desasimiento?
En primer lugar quedan fuera de este efecto de la quiebra todos los bienes inembargables, en
este sentido hay que recordar que solo la ley puede declarar bienes que gozan de esta característica.
Tampoco quedan comprendidos los bienes que están en poder del fallido pero que no son de su
dominio o no tiene su usufructo legal. EL ejemplo típico de esta última clase de bienes son los trajes
que están dentro de una tintorería declarada en quiebra.
Artículo 64: “Pronunciada la declaración de quiebra, el fallido queda inhibido de pleno derecho
de la administración de todos sus bienes presentes, salvo aquellos que sean inembargables.
El desasimiento no transfiere la propiedad de los bienes del fallido a sus acreedores, sino sólo la
facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos.
La administración de que es privado el fallido pasa de derecho al síndico, quien la ejercerá con
arreglo a las disposiciones de esta ley. En consecuencia, no podrá el fallido comparecer en juicio como
demandante ni como demandado, en lo relacionado con los bienes comprendidos en la quiebra, sin
perjuicio de tenérsele como coadyuvante. Pero podrá ejercitar por sí mismo todas las acciones que
exclusivamente se refieran a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella, y ejecutar
todos los actos conservativos de sus bienes en caso de negligencia del síndico.
La administración que conserva el fallido de los bienes personales de la mujer e hijos, de los que
tenga el usufructo legal, quedará sujeta a la intervención del síndico mientras subsista el derecho del
marido, padre o madre en falencia. El síndico cuidará de que los frutos líquidos que produzcan estos
bienes ingresen a la masa, deducidas las cargas legales o convencionales que los graven. El tribunal, con
audiencia del síndico
y del fallido, determinará la cuota de los frutos que correspondan al fallido para sus necesidades y las de
su familia, habida consideración a su rango social y a la
cuantía de los bienes bajo intervención.
El síndico podrá figurar como parte coadyuvante en los juicios de separación de bienes y de
divorcio en que el fallido sea demandado o demandante.”
03/08/2011.3. Fijación irrevocable de los derechos de los acreedores:

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En principio se fijan tales derechos según el estado que tenían el día que se declaró la quiebra.
En virtud de este efecto los créditos de los acreedores no pueden variar en cuanto a su monto ni pueden
adquirir nuevas preferencias o privilegios.
Antes de la ley 18.175 de 1992 el efecto de la fijación irrevocable de los créditos de los
acreedores comprendía tres factores:
1.- Sobre los créditos ya no se devengaban más intereses: Ya no procedían las compensaciones
y no se podía adquirir privilegios o preferencias. En la actualidad en materia de compensaciones y
privilegios o preferencias se mantiene la misma situación, sin embargo en cuanto a los intereses y
reajustes ha variado la regla anterior, siendo la ley quién fija esta situación al momento de declararse la
quiebra y los reajustes e intereses podrán seguir corriendo una vez que ha sido declarada la quiebra.
Los créditos no vencidos al momento de declararse la quiebra quedarán de acuerdo a su capital
más reajustes e intereses hasta el día de esta declaración.
2.- Los créditos no vencidos reajustables y que no devenguen intereses: Quedarán en su capital
más los reajustes hasta el día de la declaratoria de quiebra.
3.- Los créditos no reajustables que devenguen intereses: Quedarán en su capital más intereses
hasta el día de la declaratoria.
4.- Los créditos no vencidos, que no sean reajustables ni devenguen intereses: Quedarán en su
capital, menos los intereses corrientes desde la fecha de la declaratoria de quiebra hasta su
vencimiento.
Los créditos vencidos quedarán en su valor actual más los reajustes e intereses que
correspondan y se hubieren pactado hasta la declaratoria de quiebra.
4. La Compensación:
En cuanto a las compensaciones, por regla general estas no proceden una vez declarada la
quiebra. De acuerdo al Art. 69 una vez declarada la quiebra ya no se puede compensar lo que no se
hubiere compensado antes por el solo ministerio de la ley. Pero esta misma norma señala una
excepción, que se trata de las obligaciones conexas, entendidas como las derivadas del mismo contrato
o negociación.
Artículo 69: “La declaración de quiebra impide toda compensación que no hubiere operado
antes por el ministerio de la ley, entre las obligaciones recíprocas del fallido y acreedores, salvo que se
trate de obligaciones conexas, derivadas de un mismo contrato o de una misma negociación y aunque
sean exigibles en diferentes plazos.
Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, se entenderá que revisten el carácter de
obligaciones conexas aquellas que, aun siendo en distinta moneda, emanen de operaciones de
derivados, tales como futuros, opciones, swaps, forwards u otros
instrumentos o contratos de derivados suscritos entre las mismas partes, en una o más oportunidades,
bajo ley chilena o extranjera, al amparo de un mismo convenio marco de contratación de los
reconocidos por el Banco Central de Chile y que incluyan un acuerdo de compensación en caso de
quiebra o de liquidación forzosa. El Banco Central de Chile podrá determinar los términos y condiciones
generales de los convenios marco de contratación referidos, en que sea parte una empresa bancaria o
cualquier otro inversionista institucional, considerando para ello los convenios de general aceptación en
los mercados internacionales.
Cada una de las obligaciones que emanen de operaciones de derivados efectuadas en la forma
antedicha, se entenderá de plazo vencido, líquida y actualmente exigible a la fecha de la declaración de
quiebra y su valor se calculará a dicha fecha de acuerdo a sus términos y condiciones. Luego, las
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compensaciones que operen por aplicación del inciso precedente, serán calculadas y ejecutadas
simultáneamente en dicha fecha.
En caso que una de las partes sea un banco establecido en Chile, sólo procederá dicha
compensación tratándose de operaciones con productos derivados cuyos términos y condiciones se
encuentren autorizados por el Banco Central de Chile.”
4. Exigibilidad anticipada de las deudas del fallido:
Este efecto está en el art. 67 de la ley, que nos dice que en virtud de la declaratoria de quiebra,
quedan exigibles respecto del fallido todas sus deudas para el solo efecto de que los acreedores puedan
intervenir en la quiebra y al mismo tiempo percibir los dividendos que les correspondan.
Este art. es una manifestación de que, no obstante de operar el efecto anterior consistente en la
fijación irrevocable de los créditos de los acreedores, continúan corriendo los reajustes e intereses.
Este efecto coincide con la caducidad del plazo que se establece en el art. 1496 en el CC, porque
una de las causales para que el plazo caduque es la insolvencia del deudor, y la quiebra es la insolvencia
judicialmente declarada.
Este efecto, al igual que el anterior, es una muestra de que en el Derecho nacional opera el
principio de la “par conditio creditorum”, que es la igualdad entre los acreedores, ya que se coloca en
un mismo plano a los acreedores de créditos vencidos con los que aun no son exigibles.
Artículo 67: “En virtud de la declaración de quiebra, quedan vencidas y exigibles, respecto del
fallido, todas sus deudas pasivas, para el solo efecto de que los acreedores puedan intervenir en la
quiebra y percibir los dividendos que correspondan al valor actual de sus respectivos créditos, con más
los reajustes e intereses que les correspondan, desde la fecha de la declaratoria.
El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la
declaración de quiebra y que devenguen intereses, será el capital más el reajuste convenido e intereses
devengados hasta el día de la declaratoria.
El valor actual de los créditos reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la
declaración de quiebra y que no devenguen intereses, será el capital más el reajuste convenido hasta la
fecha de la declaratoria.
El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la
declaración de quiebra y que devenguen intereses, será el capital más los intereses devengados hasta el
día de la declaratoria.
El valor actual de los créditos no reajustables en moneda nacional, no vencidos a la fecha de la
declaración de quiebra y que no devenguen intereses, se determinará descontando del capital los
intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no
reajustable desde el día de la declaratoria hasta el día de los respectivos vencimientos.
Si no fuere posible determinar el índice de reajustabilidad o si éste hubiere perdido su vigencia,
se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo.
No obstante que la exigibilidad de que trata este artículo se refiere sólo al fallido, si éste fuere
aceptante de una letra de cambio, librador de un letra no aceptada o suscriptor de un pagaré, los demás
obligados pagarán inmediatamente.”

Art. 1496 del Cód. Civil: “El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si
no es:
1. Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia;
2. Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido
considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo,
renovando o mejorando las cauciones.”
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5. Suspensión del derecho de los acreedores de ejecutar individualmente al fallido:
Este efecto nos dice que una vez declarada la quiebra no se puede iniciar ni continuar contra el
fallido ninguna acción ejecutiva tendiente a realizar alguno de los bienes que estén en la quiebra. (Ojo
importante)
El fundamento de este efecto lo encontramos en el carácter de universal y general del juicio de
quiebras y también en el principio de la igualdad de los acreedores, sin embargo este efecto tiene una
excepción, hay acreedores que pueden ejecutar individualmente al fallido. Estos son los acreedores
hipotecarios, los prendarios y los retencionarios. Los prendarios e hipotecarios están en el inciso 1º del
Art. 71 y los retencionarios en el inciso 4º de la misma norma.
Como son excepciones se deben aplicar restrictivamente, es decir, no podemos extenderlas a
otros tipos de garantías, solo a la hipoteca o la prenda.
Artículo 71: “La declaración de quiebra suspende el derecho de los acreedores para ejecutar
individualmente al fallido, pero los acreedores hipotecarios y prendarios podrán iniciar o llevar adelante
sus acciones en los bienes afectos a la seguridad de sus
respectivos créditos.
En las ejecuciones que promuevan dichos acreedores servirá de depositario el síndico.
La formación de concurso especial de hipotecarios, respecto de una finca gravada, suspende
también el derecho de cada uno de ellos para perseguirla
separadamente.
Cuando a algún acreedor corresponda el derecho de retención, en los casos señalados por las
leyes, no podrá privársele de la cosa retenida sin que previamente se le pague o se le asegure el pago de
su crédito. La procedencia del derecho legal de retención podrá ser declarada aun después de la
sentencia de quiebra.
Durante los treinta días siguientes a la declaración de quiebra, el arrendador no podrá perseguir,
por los arriendos vencidos, la realización de los muebles destinados a la explotación de los negocios del
fallido, sin perjuicio de su derecho para solicitar las providencias conservativas que le convengan. Si el
arrendamiento hubiere expirado por
alguna causa legal, el arrendador podrá exigir la entrega del inmueble arrendado y entablar las acciones
a que haya lugar en derecho.”
Realización de los bienes hipotecados o prendados
La realización debe hacerse de todas maneras dentro del juicio de quiebra, no pueden demandar
en un juicio aparte, sino que deben interponer su acción en el mismo juicio de quiebra. Esto porque:
1.- No obstante poder ejecutar dicho bien, y si dentro de la quiebra hubiera acreedores con créditos de
primera clase que no se alcanzaren a pagar con los demás bienes que hay en la quiebra, estos pueden
concurrir a pagarse preferentemente al acreedor hipotecario o prendario, con el producto del remate
del bien garantizado.
Ojo= Es importante repasar prelación de créditos.
2.- El Art. 71 nos dice que el síndico es el depositario de los bienes del fallido cuando se hubieren
iniciado las ejecuciones individuales.
3.- Si los acreedores hipotecarios o prendarios, una vez realizado el bien garantizado por hipoteca o
prenda, no alcanzan a pagar su crédito, deberán concurrir por el saldo en la misma quiebra
conjuntamente con los demás acreedores.

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4.- El mismo síndico puede pagar o caucionar la deuda sujeta a prenda o hipoteca, y con ello realizar el
bien en la misma quiebra, lo que solo le convendrá hacer cuando no haya acreedores de primera clase.
Los acreedores retencionarios: Son aquellos a quienes la ley les faculta cuando están en
posesión de un bien del deudor, a mantenerlo en su poder mientras no sea pagado su crédito.
En todo caso solo procede en los casos en que la ley lo establece y debe ser declarado por sentencia
judicial. El Art. 71 inciso 4º señala que en los casos en que proceda de acuerdo a la ley este derecho
puede perfectamente el acreedor, incluso después de declarada la quiebra, solicitar al tribunal que
declare su derecho de retención sobre algún bien del fallido que esté en su poder. Incluso el Art. 91
establece un derecho especial de retención, y señala que la persona que ha pagado o que se ha
obligado a pagar alguna deuda del fallido y que tenga en su poder mercaderías de aquel puede retener
dichos bienes, siempre y cuando estos se le hubieren entregado voluntariamente antes del pago que
haya realizado o de la obligación que asumió y sin un motivo o fin especial.
Artículo 91: “El comisionista que ha pagado o se ha obligado a pagar con sus propios fondos las
mercaderías compradas y remitidas por orden y cuenta del fallido,
puede ejercitar las mismas acciones concedidas al vendedor por el artículo 87°.” (Este artículo es
pregunta de prueba, en lo relativo al derecho especial de retención)
Artículo 87: “Mientras estén en camino las cosas muebles vendidas y remitidas al fallido, el
vendedor no pagado podrá dejar sin efecto la tradición, recuperar la posesión y pedir la resolución de la
compraventa.
El vendedor podrá también retener las cosas vendidas hasta el entero pago de su crédito.”
6. La acumulación de juicios. Art. 70:
Consiste en que todos los juicios pendientes del fallido que se estén tramitando ante tribunales
de cualquier jurisdicción que afecten sus bienes comprendidos en la quiebra se acumulan al juicio de
quiebra.
Artículo 70: “Todos los juicios pendientes contra el fallido ante otros tribunales de cualquiera
jurisdicción y que puedan afectar sus bienes, se acumularán al
juicio de la quiebra. Los nuevos juicios que se entablen contra la masa se sustanciarán también ante el
tribunal que conozca de la quiebra.
Sin embargo, los juicios posesorios, los de desahucio, los de terminación inmediata del
arrendamiento, los de que actualmente estuvieren conociendo jueces árbitros, y los que, según la ley,
deban someterse a compromiso, seguirán sustanciándose o se promoverán ante el tribunal que conoce
o deba conocer de ellos.
Los juicios ordinarios agregados a la quiebra seguirán tramitándose con arreglo al procedimiento
que corresponda según su naturaleza, hasta que quede ejecutoriada la sentencia definitiva. Condenado
el fallido, el síndico dará cumplimiento a lo resuelto en
la forma que corresponda.
Los juicios ejecutivos, cuando haya excepciones opuestas, se seguirán tramitando con el síndico
hasta que se dicte sentencia de término. Los demás se paralizarán en el estado en que se encuentren y
los acreedores usarán de su derecho en la forma que
establece esta ley. Cuando al tiempo de la declaración de quiebra hubiere pendiente algún juicio
ejecutivo por obligaciones de hacer y existieren ya depositados los fondos para el objeto, continuará la
tramitación establecida para esta clase de juicios, hasta la total inversión de dichos fondos o hasta la
conclusión de la obra que con ellos deba pagarse. En los demás casos, sólo podrá el acreedor continuar
o iniciar sus gestiones para que se considere su crédito por el valor de los perjuicios declarados o que se
declaren.

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Los embargos y medidas precautorias que estuvieren decretados en los juicios que se agreguen a
la quiebra quedarán sin valor desde que ella se declare, siempre que se refieran a bienes que, sin
aguardar el resultado de dichos juicios, deban realizarse en la quiebra o ingresar a ella.”
04/08/2011.Diferencias entre este efecto (acumulación de juicios) y el incidente que está en el código de
procedimiento civil (acumulación de autos).
1.- En la quiebra la acumulación de juicios es un efecto inmediato, en cambio en el CPC es un efecto
especial.
2.- En la quiebra opera por el solo ministerio de la ley, en cambio en el CPC debe ser pedido por alguna
de las partes y solamente operará si el tribunal así lo declara.
3.- En cuanto a la finalidad. En el que esta establecido en el Art. 70 ley de quiebra se tiene por objetivo
el que todos los bienes del fallido se deban realizar en un mismo juicio. Es una muestra del principio de
la "par conditio creditorum", de la unidad y la universalidad del juicio de quiebras. En cambio la
finalidad de la acumulación de autos en el CPC este responde a la economía procesal, su finalidad
consiste en que asuntos de la misma naturaleza sean resueltos en una misma sentencia, evitando fallos
contradictorios.
4.- El efecto de la quiebra procede incluso respecto en juicios entre distintas partes y cuya tramitación
sea diversa, lo único que interesa es que el fallido sea demandado y que el tribunal sea ordinario,
común, en cambio en la acumulación de autos (CPC) las causas que se acumulan deben ser entre las
mismas partes, deben tener la misma tramitación y un mismo tribunal debe ser competente para
conocer de ellas.
Requisitos para que proceda la acumulación de juicios:
1.- Debe tratarse de un juicio: es decir una controversia actual entre partes sometida al conocimiento
de un tribunal, por lo tanto no opera para los asuntos voluntarios.
2.- El fallido debe ser demandado: No demandante. Aclaremos, respecto al desasimiento, en los juicios
patrimoniales en que el fallido era demandante, su representación la asumirá el síndico, pero no se
acumulan.
3.- Que estos juicios afecten bienes del fallido que están dentro de la quiebra: Deben ser juicios
patrimoniales.
4.- Que estos juicios estén pendientes: Es decir, que no haya sentencia de término.
5.- Que se tramite ante tribunales comunes: Con esto quedan excluidos de este efecto los tribunales de
competencia especial, como los de familia, los del trabajo, los arbitrales, los de cobranza.
Excepciones:
Fuera de lo anterior el Art. 70 (ya escrito anteriormente) nos dice en su inciso tercero que hay
algunos juicios que no obstante poder reunir los requisitos para ser acumulables, no surten este efecto.
Estos son:
1.- Los posesorios,
2.- Los de desahucio,
3.- Los de terminación inmediata del contrato de arrendamiento,
4.- Los que estuvieren conociendo los jueces árbitros y
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5.- Los que según la ley se deban someter a compromiso. Ejemplo de estos últimos los de derecho
marítimo.
6.- La jurisprudencia ha agregado los juicios laborales, porque los conoce un tribunal especial.
Suerte de los juicios acumulados:
El inciso tercero del art. 70 de la ley de quiebra, habla de “juicios ordinarios”, sin embargo
debemos entender que se refiere a los juicios declarativos, porque los juicios ejecutivos a que hace
referencia la norma, también son ordinarios. Los juicios ordinarios continuarán de acuerdo al
procedimiento que corresponda hasta que se dicte sentencia definitiva firme y ejecutoriada.
En el caso del juicio ejecutivo hay que distinguir si la obligación es de dar de hacer o de no hacer:
1.-Si son obligaciones de dar: Hay que sub distinguir si se opusieron excepciones o si estas no se
han opuesto.
1.1. Se opusieron excepciones: Si transcurrido el plazo legal se opusieron excepciones, estas
deberán ser tramitadas por el juzgado de la quiebra y continuará el síndico representando al fallido.
1.2. Si no se han opuesto excepciones: El mandamiento de ejecución y embargo pasa a hacer las
veces de sentencia firme y ejecutoriada y el acreedor ejecutante podrá contar con un título ejecutivo
para hacerse valer en el juicio de quiebras.
2.- Si son obligaciones de hacer: Hay que distinguir:
2.1. Si hay fondos consignados para ejecutar la obra: Se continuará hasta que ella se termine o
se acaben los fondos.
2.2. Si no hay fondos consignados para su ejecución: El acreedor deberá convertir su crédito a
dinero, lo que hará a través de una demanda de indemnización de perjuicios, y en dicho juicio podrá
pedir al tribunal que decrete una medida precautoria para que se retengan dineros de los fondos a
repartir de la quiebra para cumplir con la sentencia que se dicta si gana el juicio.
Esto mismo se aplica a las obligaciones de no hacer.
Ojo: Revisar juicio ejecutivo.
Cumplimiento de la sentencia:
1.- Si obtiene el acreedor (gana). En los juicios declarativos se aplicarán las normas que el CPC
establezca para el cumplimiento. Si la sentencia ordena el pago de una suma de dinero el acreedor
deberá verificar su crédito en la quiebra y la sentencia le servirá de título, debiendo solicitar al tribunal
copia autorizada de la misma con certificación de estar firme y ejecutoriada. En las obligaciones de dar si
se opusieron excepciones y fueron rechazadas por el tribunal, el acreedor debe verificar en la quiebra,
sirviendo la sentencia como título (Juicio ejecutivo). En las obligaciones de hacer, se continuará
ocupando los dineros consignados, si los hay.
En cuanto a los embargos y medidas precautorias que existían al tiempo de declararse la quiebra,
estas quedan sin efecto, así lo dice el Art. 70. Sin embargo hay que recordar que por efecto de la quiebra
hay una especie de embargo general sobre todos los bienes del deudor afectados por el desasimiento.
2.- Si el fallido es ganancioso: Se condena al acreedor a pagar las costas, el síndico las cobrará en su
representación.
7. Las inhabilidades:

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El Art. 73 no priva al fallido de sus derechos civiles ni le impone inhabilidades, salvo que leyes
especiales así lo hagan, estos casos son:
1.- El Art. 497 N° 4 del Código Civil nos dice que el fallido no puede ser ni tutor ni curador.
2.- El Art. 1272 nos dice que no puede ser ejecutor testamentario ni albacea y si está ejerciendo estos
cargos cuando es declarado en quiebra cesa en ellos.
3.- El Art. 256 del COT en su número 7 señala que no puede ser juez de letras ni ministro de corte de
apelaciones, ni suprema. Y si el juez es declarado en quiebra cesa en su cargo.
Efectos Retroactivos de la Quiebra:
El Art. 72 establece la regla general en cuanto a los efectos de la quiebra, respecto a los actos y
contratos celebrados por el fallido. Y esta regla general es que de pleno derecho los actos y contratos
que ejecute el fallido una vez declarada la quiebra son inoponibles a la masa, incluso antes de
notificarse la sentencia y de efectuar sus inscripciones. Sin embargo, pese a que el Art. 72 es la regla
general, la ley también hace posible poder declarar inoponibles actos que hubiera celebrado el fallido
antes de la declaración de quiebra.
Estos son los llamados efectos retroactivos, cuya finalidad es dejar sin efecto respecto a la masa
de la quiebra actos y contratos que el fallido hubiere celebrado durante el "periodo sospechoso", que
por regla general se extiende entre la fecha de la cesación de pagos y la de la declaratoria de quiebra, y
con ello permitir que todos los bienes transferidos por el fallido vuelvan a su patrimonio y puedan servir
para pagar las deudas de la quiebra, haciendo exigible los acreedores sus crédito respecto de estos
bienes.
Como ya dijimos que el periodo en el cual se debieron haber realizado los contratos que la ley
declara inoponibles, es el llamado "periodo sospechoso", es necesario determinar cuándo fue la
llamada fecha de cesación de pagos, y para ello la ley establece un sistema que se verá a continuación.
Ojo = Saber bien artículos 61 a 63.
Artículo 61: “El síndico, dentro del plazo de sesenta días corridos desde que hubiere asumido el
cargo, propondrá al tribunal la fecha de cesación de pagos del fallido. El juzgado ordenará notificar por
avisos esta proposición.
El fallido, los acreedores o los terceros interesados tendrán, para objetar dicha proposición, el
plazo de diez días contado desde la notificación a que se refiere el inciso anterior.
Terminado el plazo de diez días sin que se hubieren formulado objeciones o tramitadas las que
se hubieren presentado, el tribunal fijará la fecha de la cesación de pagos y su resolución será notificada
por el estado diario.
Esta resolución sólo será susceptible del recurso de apelación.”
Artículo 62: “En caso de quiebra de un deudor no comprendido en el artículo 41°, la fecha de la
cesación de pagos será aquella en que primero se produjo la exigibilidad de algunos de los títulos
ejecutivos que existan en su contra.”
Artículo 63: “La cesación de pagos no podrá ser fijada en un día anterior en más de dos años a la
fecha de la resolución que declare la quiebra.”
Fijación de la fecha de cesación de pagos:
Para determinar esto debemos distinguir entre el deudor calificado y el no calificado:

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1.- Deudor calificado: Esto lo encontramos en el Art. 61 de la ley. Para este deudor la fecha es fijada por
el tribunal, previo procedimiento que es el siguiente:
1.1. El síndico dentro de los 60 días corridos desde que asumió su cargo, debe proponer al tribunal una
fecha. El síndico debe realizar un estudio de los antecedentes del fallido y proponer la fecha.
1.2. Una vez realizada la propuesta el tribunal, este dispone que se notifique por avisos en el diario
oficial. La ley no dice cuantos avisos son, solo habla de "avisos", por lo que al menos son dos.
1.3. Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el último aviso el fallido, los acreedores o los
terceros interesados pueden objetar esta proposición trabándose un incidente.
1.4. El juez, finalmente, una vez tramitado el incidente, determina la fecha, lo que se notifica por el
estado diario.
Por lo tanto el sindico propone el juez dispone “fija la fecha de la cesación de pagos”, respecto
de esto solo procede el recurso de apelación.
Se ha dicho que este procedimiento es una muestra de que en Chile se sigue la teoría amplia de
la cesación de pagos, porque se establece un procedimiento para ello y no se hace coincidir
simplemente con el primer incumplimiento, como sería si se siguiera la teoría restringida.
Por regla general, al fallido le interesará que la fecha sea lo más próxima posible a la declaratoria
de quiebra, pues así van a ser menos actos o contratos que podrán ser declarado inoponibles. A los
terceros interesados también les interesará que sea una fecha próxima, porque ellos también pueden
verse afectados por una declaración de inoponibilidad, pues serán terceros interesados los que hubieren
contratado con el fallido sin ser acreedores. Finalmente a los acreedores les interesará que la fecha sea
lo más anterior posible a la declaratoria, pues ellos preferirán que exista una amplia gama de contratos
que puedan ser declarados inoponibles.
2.- Deudor no calificado: En este caso el sistema es mucho más sencillo, y simplemente la fecha será
aquella en que primero se produjo la exigibilidad de alguno de los títulos ejecutivos. Art. 62.
09/08/2011.Las acciones revocatorias
Estos son los efectos retroactivos a la quiebra, y podemos decir que el efecto que producen es
declarar inoponibles actos o contratos respecto de la masa de acreedores y se llega a esta conclusión
por el tenor de los Art. 74, 75 y 76 que utilizan los términos "inoponibilidad" y no "nulidad".
Clasificación de estas acciones:
1.- Acciones comunes a todo deudor. (Art. 74 y 75)
2.- Acciones especiales del deudor calificado. (Art. 76, 77, 78 y 79)
1.- Acciones comunes a todo deudor:
Artículo 74: “Son inoponibles a la masa los actos o contratos a título gratuito que hubiere
ejecutado o celebrado el deudor desde los diez días anteriores a la fecha de la cesación de pagos y hasta
el día de la declaración de quiebra.
Si el acto o contrato fuere a favor de un descendiente, ascendiente o colateral dentro del cuarto
grado, aunque se proceda por interposición de un tercero, los diez días señalados en el inciso primero se
extenderán hasta los ciento veinte días anteriores
a la fecha de la cesación de pagos.”

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Artículo 75: “Con respecto a los demás actos o contratos ejecutados o celebrados por el deudor
en cualquier tiempo, con anterioridad a la fecha de la declaración de quiebra, se observará lo prevenido
en el artículo 2468° del Código Civil.
Se presume que el deudor conocía el mal estado de sus negocios desde los diez días anteriores a
la fecha de cesación de pagos.”
1.1.- Acción del Art. 74: Se refiere a los actos o contratos a título gratuito que hubiere celebrado entre
los 10 días anteriores a la cesación de pagos hasta la declaratoria de quiebra. Y si el acto hubiere sido
celebrado entre él con un ascendiente descendiente o colateral hasta el cuarto grado, el plazo se
extiende hasta 120 días.
Características de esta acción:
1.- Se refiere a actos a título gratuito.
2.- Se dice que son inoponibilidades de derecho, por lo que el tribunal, constando la existencia de la
causal está obligado a declararla.
3.- No se exige tener que acreditar la buena o mala fe de los contratantes, fundamentalmente porque al
ser un acto gratuito el tercero no vería afectado su patrimonio.
4.- No es necesario acreditar el perjuicio por parte de los acreedores.
5.- Se tramitan en conformidad al juicio ordinario

1.2.- Acción del Art. 75: Es una acción residual que contempla todos los demás actos anteriores a la
quiebra que no se incluyen en el Art. 74 y nos dice que se aplicaran las normas de la acción pauliana (1
año de plazo), el Cód. De Comercio lo amplia a 2 años.
Además aquí se presume que el deudor conocía el mal estado de sus negocios desde los diez días
anteriores a la cesación de pagos.

2.- Acciones especiales del deudor calificado:
Artículo 76: Son inoponibles a la masa los siguientes actos o contratos ejecutados o celebrados
por el deudor desde los diez días anteriores a la fecha de la cesación de pagos y hasta el día de la
declaración de la quiebra:
1.- Todo pago anticipado, sea de deuda civil o comercial, y sea cual fuere la manera en que se
verifique. Se entiende que el fallido anticipa también el pago cuando descuenta efectos de comercio o
facturas a su cargo, y cuando lo verifica renunciando al plazo estipulado a su favor;
2.- Todo pago de deuda vencida que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención.
La dación en pago de efectos de comercio equivale a pago en dinero, y
3.- Toda hipoteca, prenda o anticresis constituidas sobre bienes del fallido para asegurar
obligaciones anteriormente contraídas.”
Artículo 77: “Son inoponibles a la masa los pagos no comprendidos en el número 2 del artículo
anterior y los actos o contratos a título oneroso, ejecutados o celebrados por el deudor a contar de la
fecha de la cesación de pagos y hasta el día de la declaración de la quiebra, siempre que los acreedores
pagados y los que hubieren contratado con el fallido hubieren tenido conocimiento de la cesación de
pagos.
Las compensaciones que hubieren operado desde la fecha de la cesación de pagos hasta el día de
la declaración de quiebra, son inoponibles a la masa si se hubieren efectuado con créditos adquiridos
contra el fallido por cesión o endoso, con tal que el cesionario haya tenido conocimiento de la cesación
de pagos al tiempo de la cesión o endoso.”

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Artículo 78: “Si el fallido hubiere pagado letras de cambio o pagarés después de la fecha
asignada a la cesación de pagos y antes de la declaración de quiebra, no podrá exigirse la devolución de
la cantidad pagada sino de la persona por cuya cuenta se hubiere verificado el pago.
En los dos casos propuestos, será menester probar que la persona a quien se exija la devolución
tenía conocimiento de la cesación de pagos a la fecha en que fue girada la letra o transferido el pagaré.”
Artículo 79: “Los contratos hipotecarios válidamente celebrados podrán ser inscritos hasta el día
de la declaración de quiebra.
Con todo, las inscripciones hechas después de los diez días anteriores a la cesación de pagos son
inoponibles a la masa si hubieren transcurrido más de quince días entre la fecha del instrumento
constitutivo de la hipoteca y la fecha de la inscripción.
Este plazo se aumentará a razón de un día por cada cien kilómetros de distancia entre el lugar en
que se hubiere constituido la hipoteca y el lugar donde deba hacerse la inscripción.”
 Estas acciones podemos clasificarlas de la siguiente manera:
2.1 Acciones destinadas a dejar sin efecto actos "de mera liberalidad", que se asimilan a los
gratuitos (Art. 76);
2.2. Acciones destinadas a dejar sin efecto actos a título oneroso (Art. 77);
2.3. Acciones sobre ciertas compensaciones (Art. 77 inciso 2º);
2.4. Acciones relativas a los pagos con efectos de comercio (Art. 78);
2.5. Inscripciones hipotecarias (Art. 79).
2.1. Acciones destinadas a dejar sin efecto actos "de mera liberalidad" o gratuitos. Art. 76.
Estos actos están enumerados en el Art. 76 y se ha dicho que en general se refieren a pagos
anticipados. Podemos decir para todos estos actos que el plazo en que debieron haber ocurrido es de
diez días anteriores a la cesación de pagos y hasta la declaratoria de quiebra. Como segundo elemento
general debemos decir que no es necesario acreditar la mala fe de las partes, simplemente se debe
demostrar la existencia del acto en los términos del Art. 76. Finalmente estos son actos y contratos
taxativos. En este artículo se contemplan 3 situaciones, el profesor solo dijo que había q saber este
artículo.
Artículo 76: Son inoponibles a la masa los siguientes actos o contratos ejecutados o celebrados
por el deudor desde los diez días anteriores a la fecha de la cesación de pagos y hasta el día de la
declaración de la quiebra:
1.- Todo pago anticipado, sea de deuda civil o comercial, y sea cual fuere la manera en que se
verifique. Se entiende que el fallido anticipa también el pago cuando descuenta efectos de comercio o
facturas a su cargo, y cuando lo verifica renunciando al plazo estipulado a su favor;
2.- Todo pago de deuda vencida que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención.
La dación en pago de efectos de comercio equivale a pago en dinero, y
3.- Toda hipoteca, prenda o anticresis constituidas sobre bienes del fallido para asegurar
obligaciones anteriormente contraídas.”

2.2. Acciones destinadas a dejar sin efecto actos onerosos. Art. 77.
Esta norma es residual porque se refiere a los pagos que no estén comprendidos en el N° 2 del
Art. 76, vale decir que no sean daciones en pago, y los actos a título oneroso que van desde la fecha de
la cesación de pagos, hasta la declaratoria de quiebra.
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Estas acciones se dice que son facultativas, porque el Art. 77 dice "podrán", en cambio el Art. 76
dice "son". Por tanto se ha dicho que el juez podrá no declararla aun cuando se reunieran los requisitos.
Se señala que para este tipo de acciones es muy importante acreditar el perjuicio que el acto que se
quiere dejar sin efecto produjo a la masa.
Como requisito es importante que hayan tenido conocimiento los de la cesación de
pagos.
Artículo 77: “Son inoponibles a la masa los pagos no comprendidos en el número 2 del artículo
anterior y los actos o contratos a título oneroso, ejecutados o celebrados por el deudor a contar de la
fecha de la cesación de pagos y hasta el día de la declaración de la quiebra, siempre que los acreedores
pagados y los que hubieren contratado con el fallido hubieren tenido conocimiento de la cesación de
pagos.
Las compensaciones que hubieren operado desde la fecha de la cesación de pagos hasta el día de
la declaración de quiebra, son inoponibles a la masa si se hubieren efectuado con créditos adquiridos
contra el fallido por cesión o endoso, con tal que el cesionario haya tenido conocimiento de la cesación
de pagos al tiempo de la cesión o endoso.”
2.3. Acciones sobre ciertas compensaciones. Art. 77 inciso 2°.
Acá se establecen ciertos requisitos especiales para las compensaciones. Recordemos, en todo
caso, que en virtud del Art. 69 no pueden compensarse, lo que nos permiten concluir que las anteriores
a la declaratoria de quiebra tienen validez, con la excepción del Art. 77 inciso 2°. Recordemos que la
compensación es un modo de extinguir obligaciones que opera cuando ambas partes son a la vez
acreedores y deudores y en virtud de la compensación se extingue la deuda hasta el monto de la
inferior.
Artículo 77 inciso 2º: “Las compensaciones que hubieren operado desde la fecha de la cesación
de pagos hasta el día de la declaración de quiebra, son inoponibles a la masa si se hubieren efectuado
con créditos adquiridos contra el fallido por cesión o endoso, con tal que el cesionario haya tenido
conocimiento de la cesación de pagos al tiempo de la cesión o endoso.”

2.4. Acciones sobre pagos con efectos de comercio. Art. 78.
Para que esta acción opere se exige que el endosante o aceptante hubieren tenido
conocimiento de la cesación de pagos al momento del pago o de la transferencia del documento. (Letra
de cambio, pagare etc.)
Artículo 78: “Si el fallido hubiere pagado letras de cambio o pagarés después de la fecha
asignada a la cesación de pagos y antes de la declaración de quiebra, no podrá exigirse la devolución de
la cantidad pagada sino de la persona por cuya cuenta se hubiere verificado el pago.
En los dos casos propuestos, será menester probar que la persona a quien se exija la devolución
tenía conocimiento de la cesación de pagos a la fecha en que fue girada la letra o transferido el pagaré.”

2.5. Inscripción hipotecaria. Art. 79.
Se puede celebrar un contrato de hipoteca hasta el día de la declaración de quiebra.
El motivo de establecer esta acción es evitar que se retarde una inscripción hipotecaria para
aparentar que los bienes no se encuentran afectos a gravámenes.
Artículo 79: “Los contratos hipotecarios válidamente celebrados podrán ser inscritos hasta el día
de la declaración de quiebra.

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Con todo, las inscripciones hechas después de los diez días anteriores a la cesación de pagos son
inoponibles a la masa si hubieren transcurrido más de quince días entre la fecha del instrumento
constitutivo de la hipoteca y la fecha de la inscripción.
Este plazo se aumentará a razón de un día por cada cien kilómetros de distancia entre el lugar en
que se hubiere constituido la hipoteca y el lugar donde deba hacerse la inscripción.”
Características comunes de estas acciones:
1.- Todas estas acciones, prescriben en el plazo de 2 años, contado desde la fecha del acto o contrato.
2.- Se tramitan en virtud del juicio ordinario, en cuaderno separado.
3.- Son titulares de estas acciones el síndico representando a la masa de acreedores y cualquier
acreedor que actúe en interés de la masa.
4.- Son partes en este juicio:
4.1. El que dedujo la acción,
4.2. El síndico que la interpuso,
4.3. Como coadyuvante el propio fallido quien actuará personalmente,
4.4. El tercero que contrató con el fallido.
5.- Si un acreedor interpone la acción en beneficio de la masa y gana, tiene derecho a que se le
indemnice por los gastos efectuados y se le abonen honorarios por sus servicios. (Costas personales y
procesales). Si pierde, él soporta los gastos y no tiene derecho a reembolso.
Otras acciones:
Los Art. 82 y siguientes se refieren a otras acciones de la quiebra que se pueden intentar contra
el fallido estas son:
1.- La reivindicación
2.- La acción resolutoria
3.- La retención

1.- Acción reivindicatoria:
Art. 889 del Cód. Civil: “La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una
cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a
restituírsela.”
Es la acción que tiene el dueño de una cosa de la que no está en posesión para que se le restituya
la cosa. En general la acción reivindicatoria se puede ejercer aun cuando el demandado esté declarado
en quiebra, con la única salvedad que será representado en este juicio por el síndico. (Art. 85)
Artículo 85: “Fuera de los casos mencionados en los artículos precedentes, podrán también
entablarse las acciones reivindicatorias que procedan, en conformidad a
las reglas generales del derecho.
Las tercerías de dominio que estuvieren iniciadas al tiempo de la declaración de quiebra
continuarán tramitándose en conformidad al procedimiento que corresponda.”

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La ley tiene algunas normas especiales en materia de reivindicación. Primero tenemos el Art. 82
que se refiere a la reivindicación de los efectos de comercio. En este caso procede la reivindicación,
pero se deben cumplir algunos requisitos:
1.- Que el titulo de crédito no esté pagado.
2.- Que el título esté en poder del fallido, sea personalmente o por otra persona a su nombre.
3.- Que no se haya entregado el documento al fallido por un título traslaticio de dominio.
Artículo 82: “Podrán ser reivindicados los efectos de comercio y cualquier otro documento de
crédito no pagado y existente al tiempo de la declaración de quiebra en poder del fallido o de un tercero
que los conserve a nombre de aquel, siempre que el propietario los haya entregado o remitido al fallido
por un título no traslaticio de dominio.”
También contiene una norma de reivindicación de las mercaderías. Art. 83. Nos dice que
podrían ser reivindicadas mientras puedan ser identificadas y cuando se hayan entregado al fallido por
un título no traslaticio de dominio. Si se vendió la mercadería el propietario podrá reivindicar el precio o
la parte que no se haya pagado por el comprador, y en este caso, como aun no se ha pagado, podrá
exigir el precio del comprador. Dice también el Art. 83 inciso final que la dación en pago de títulos de
crédito no se entiende que es pago, y por tanto podría el dueño de la mercadería reivindicado, aunque
estén a nombre del fallido, siempre y cuando acredite que fueron entregados por esa mercadería.

Artículo 83: “Podrán ser también reivindicadas, en todo o en parte, mientras puedan ser
identificadas, las mercaderías consignadas al fallido a título de depósito, comisión de venta o a cualquier
otro que no transfiera dominio.
Vendidas las mercaderías, el propietario de ellas podrá reivindicar el precio o la parte de precio
que, al tiempo de la declaración de quiebra, no hubiere sido pagado o compensado entre el fallido y el
comprador.
No se entiende pagado el precio por la simple dación de documentos de crédito, firmados o
transferidos por el comprador a favor del fallido; y si existieren tales documentos en poder de éste, el
propietario podrá reivindicarlos, siempre que acredite su origen e identidad.”
2.- Acción resolutoria:

Art. 1489 del Cód. Civil: “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento
del contrato, con indemnización de perjuicios.”

Consiste en que se puede dejar sin efecto un contrato por incumplimiento de la otra parte,
siempre y cuando quien demanda haya cumplido o esté llano a cumplir.
En general podemos decir que se aplican todas las normas del Código Civil aun cuando un
contratante esté declarado en quiebra. El Art. 86 y siguientes contienen normas especiales para el
contrato de compraventa, y dice que la compraventa se puede resolver por incumplimiento del
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comprador fallido, salvo que se trate de cosas muebles que ya hayan llegado al poder del fallido. En
consecuencia procede en cosas inmuebles y en cosas muebles que aun no se hayan entregado al fallido.
La razón de esto es que esta norma es una consagración del principio de apariencia y buena fe,
pues en general la gente presume que alguien es dueño de las cosas que tiene en su poder, y en materia
de bienes muebles, no puede alguien acreditar que esto es así.
Puede ser que se declare la quiebra del comprador cuando las cosas van en camino, y en este
caso todavía se puede dejar sin efecto la compraventa mientras no lleguen a su poder. El Art. 87 dice
que se puede dejar sin efecto la tradición cuando van en viaje, lo que se relaciona con el Art. 148 del
Código de Comercio relativo a la compraventa mercantil, que dice que la tradición se entiende realizada
cuando las cosas son enviadas.
Pudiere pasar que en el camino las cosas se hayan vendido, en este caso no podrá hacer uso de
este derecho mientras el tercero comprador haya estado de buena fe, salvo que no se hubiere pagado el
precio antes de la declaratoria de quiebra, en este caso el podrá demandar la entrega de las
mercaderías hasta el monto insoluto.
Se entiende que las mercaderías van en camino desde el momento en que las reciben los
agentes encargados de la conducción, hasta que se entreguen al comprador fallido o a su representante.
Finalmente, si se declara la resolución el vendedor deberá devolver al síndico los abonos.

Artículos pertinentes:
Artículo 86: “El contrato de compraventa podrá resolverse por falta de cumplimiento de las
obligaciones del comprador fallido, salvo cuando se trate de cosas
muebles que hayan llegado a poder de éste.”
Artículo 87: “Mientras estén en camino las cosas muebles vendidas y remitidas al fallido, el
vendedor no pagado podrá dejar sin efecto la tradición, recuperar la posesión y pedir la resolución de la
compraventa.
El vendedor podrá también retener las cosas vendidas hasta el entero pago de su crédito.”
Artículo 88: “En caso de que las cosas a que se refiere el artículo anterior hayan sido vendidas
durante su tránsito a un tercero de buena fe, a quien se hubiere transferido la factura, conocimiento o
carta de porte, el vendedor no podrá usar de las acciones que le confiere dicho artículo.
Pero si el nuevo comprador no hubiere pagado el precio antes de la declaración de la quiebra, el
vendedor primitivo podrá demandar su entrega hasta la concurrencia de la cantidad que se le deba.”
Artículo 89: “Para los efectos de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, se entiende que
las cosas muebles están en camino desde el momento en que las reciben los agentes encargados de su
conducción, hasta que queden en poder del comprador fallido o de la persona que lo represente.”
Artículo 90: “En caso de resolución de la compraventa, del vendedor estará obligado a
reembolsar a la masa los abonos a cuenta que hubiere recibido.”
Artículo 91: “El comisionista que ha pagado o se ha obligado a pagar con sus propios fondos las
mercaderías compradas y remitidas por orden y cuenta del fallido,
puede ejercitar las mismas acciones concedidas al vendedor por el artículo 87°.”
Artículo 92: “Aparte de los casos expresamente señalados por las leyes, la retención tendrá lugar
siempre que la persona que ha pagado o se ha obligado a pagar por el fallido, tenga en su poder
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mercaderías o valores de crédito que pertenezcan a aquél, con tal que la tenencia nazca de un hecho
voluntario del fallido, anterior al pago o a la obligación, y que esos objetos no hayan sido remitidos con
un destino
determinado.”
Artículo 93: “En los casos a que se refieren los artículos precedentes, el síndico podrá oponerse
a la resolución o retención y exigir la entrega de las cosas vendidas o retenidas, pagando la deuda,
intereses, costas y perjuicios, o dando caución que asegure el pago.”
3.- Derecho de Retención:
Recordemos que el Art. 71 (ya escrito anteriormente) señala que aun cuando exista declaratoria
de quiebra se puede hacer uso del derecho legal de retención, y el Art. 92 establece un caso especial de
derecho legal de retención, referido al caso de aquel que ha pagado o se ha obligado a pagar una deuda
del fallido, que tenga mercaderías del fallido en su poder, que estas mercaderías se le hayan entregado
voluntariamente, que se le hayan entregado antes del pago o del compromiso que este asumió de pagar
una obligación del fallido, y que no se le hayan entregado por el fallido al retencionario con un destino
determinado.
El Art. 146, que se refiere a la enajenación como unidad económica, señala que cuando se
produce esta figura se suspenden los derechos del acreedor retencionario.
El Art. 93 faculta al síndico para oponerse a la retención, restitución o reivindicación, pagando los
créditos de los respectivos acreedores.
Artículo 71 inciso 4º: “Cuando a algún acreedor corresponda el derecho de retención, en los
casos señalados por las leyes, no podrá privársele de la cosa retenida sin que previamente se le pague o
se le asegure el pago de su crédito. La procedencia del derecho legal de retención podrá ser declarada
aun después de la sentencia de quiebra.”
Artículo 92: “Aparte de los casos expresamente señalados por las leyes, la retención tendrá lugar
siempre que la persona que ha pagado o se ha obligado a
pagar por el fallido, tenga en su poder mercaderías o valores de crédito que pertenezcan a aquél, con tal
que la tenencia nazca de un hecho voluntario del fallido, anterior al pago o a la obligación, y que esos
objetos no hayan sido remitidos con un destino determinado.” (Caso especial del derecho de retención).
10/08/2011.Liquidación del pasivo (Pregunta de prueba)
Esta es una etapa de las más importantes en el procedimiento de quiebras, a través de esta
etapa se puede determinar quienes son los verdaderos acreedores del fallido, cuanto es el monto de lo
que se adeuda y en definitiva las posibilidades y la manera en que se les va a pagar.
Esta etapa se subdivide a su vez en 4 etapas que son:
1.- La verificación de los créditos, que puede ser ordinaria o extraordinaria.
2.- La impugnación de los créditos.
3.- La formación de la nomina de créditos reconocidos.
4.- El pago (retener)
1.- La verificación de los créditos:
Verificar un crédito es el acto judicial en virtud del cual los acreedores concurren al juicio de
quiebras haciendo presente el crédito que se les adeuda por el fallido y alegando algún privilegio o
preferencia para el pago, si existiere.
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Podemos decir que a través de la verificación el acreedor pasa a ser parte en el juicio de
quiebras.
La verificación es una verdadera demanda ejecutiva, ya que su objetivo es obtener el pago de
una deuda.
La verificación puede ser ordinaria o extraordinaria y la diferencia fundamental entre una y otra
radica en que la ordinaria es la que se realiza dentro del llamado periodo de verificación ordinaria, que
es un plazo no fatal de 30 días hábiles que va desde la notificación de la declaración de quiebra en el
aviso del diario oficial, hasta el cierre, por resolución judicial, del mismo, (procedimiento de verificación
ordinaria), el cual también se notifica por aviso en el diario oficial. Por lo tanto lo que se tiene hay que
hacerlo valer en el plazo de estos 30 días.
La verificación extraordinaria, es la que va desde que termino el procedimiento de verificación
ordinaria, hasta que haya fondos por repartir.
La ley lo sanciona con incurrir en ciertos gastos como por ejemplo: notificar al síndico, publicar,
etc.
Antes de analizar cada una de estas verificaciones, debemos decir que hay dos tipos de
acreedores:
1.- Los acreedores de la masa
2.- Los acreedores en la masa.
1.- Son acreedores de la masa: Aquellos cuyos créditos son posteriores, es decir nacieron con
posterioridad a la sentencia que declaro la quiebra, generalmente son gastos de la quiebra, por ejemplo,
los honorarios del síndico o los gastos en que incurre el síndico, o habiendo una bodega en que se
guardan las cosas incautadas al fallido, o un préstamo que solicita el síndico para los gastos de la
quiebra. Estos no necesitan verificar, ellos se pagan administrativamente, antes que los demás.
2.- Los acreedores en la masa: Son aquellos cuyos créditos son anteriores a la sentencia que declaró la
quiebra, ellos deben verificar, están obligados a verificar.
Se ha concluido que los acreedores de la masa no verifican, existiendo 2 razones para llegar a
esta conclusión:
1.- La primera es una razón práctica, ya que si tuvieran que verificar nadie prestaría dinero para los
gastos de una quiebra;
2.- Desde el punto de vista jurídico, se ha dicho que, una vez declarada la quiebra se forma la masa
de acreedores que es una asociación virtual que representa el síndico, dentro de la cual, los acreedores
se relacionan en un plano de igualdad, por lo que será esta asociación virtual la que solicita los fondos
para los gastos de la quiebra, por ende será ella la deudora y no el fallido.

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La verificación propiamente tal:
El art. 131 de la ley de quiebras nos dice que todos los acreedores deben verificar sus créditos y
alegar sus preferencias ante el tribunal, esta es la manera de que hagan valer sus derechos. Como el
articulo no hace excepción, también quedarían incluidos aquí los acreedores hipotecarios, prendarios
y retencionarios, cuya situación siempre ha sido dudosa, porque recordemos que ellos son una
excepción al efecto de la imposibilidad de ejecutar individualmente al fallido, sin embargo, en la
actualidad ya no se discute que ellos deben verificar.
Artículo 131: “Todos los acreedores residentes en el territorio de la República, sin excepción
alguna, tendrán el plazo de treinta días, a contar de la notificación de la declaración de quiebra, para
verificar sus créditos y alegar sus preferencias ante el tribunal que conozca de ella.”
Plazos para verificar:
De acuerdo al art. 131 de la ley, los acreedores que residan en el territorio de la república, tienen
un plazo de 30 días hábiles para verificar sus créditos, a su vez, los que vivan fuera del territorio de la
república, de acuerdo al art. 52 Nº 7, tienen un plazo de 30 días más el que señale la tabla de
emplazamiento respecto al país en que se encuentren, el que se cuenta desde la respectiva notificación,
en todo caso en la misma carta se les debe indicar cuál es el plazo.
7.- La orden de notificar, por carta aérea certificada, la quiebra a los acreedores que se hallen
fuera de la República y mandarles que dentro del plazo establecido en el número anterior, aumentado
con el de emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta, comparezcan al juicio con los
documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento indicado en el número precedente;”
Aspectos procesales de la verificación:
La verificación se realiza a través de un escrito que, como se ha dicho, es una especie de
demanda, por lo que deberá reunir los requisitos del art. 254 del CPC y también los requisitos especiales
que el art. 133 que la ley de quiebras establece. Estos son:
1.- Indicar el monto del crédito que se verifica.
2.- Hay que indicar los intereses.
3.- Acompañar los documentos que justifican el crédito. No es necesario que sean títulos ejecutivos, sino
que simplemente deben justificar la existencia. Generalmente estos documentos son facturas, porque a
través de ellas se puede solicitar la devolución del IVA pagado por este crédito insoluto.
4.- Se debe acompañar una minuta explicativa del crédito.
5.- Si hay preferencia hay que acompñarlas y justificar su existencia.

Art. 254 del C.P.C: “La demanda debe contener:
1.- La designación del tribunal ante quien se entabla;
2.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la
naturaleza de la representación;
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3.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
4.- La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y
5.- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo
del tribunal.”

Artículo 133: “En la solicitud que se presente, los acreedores indicarán, para los efectos del
artículo 131°, lo que se les deba por concepto de capital e intereses y acompañarán los títulos
justificativos de sus créditos así como su subordinación, si ésta existiese, debiendo entregar en
secretaría dos copias simples de la solicitud y de sus anexos. Se aplicará, respecto de las copias de la
solicitud y de sus anexos, lo preceptuado en los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 31° del
Código de Procedimiento Civil.”
(Saber muy bien este artículo).
Art. 31 inciso 3º Y 4º del C.P.C: “Si no se entregan las copias o si resulta disconformidad
substancial entre aquéllas y el escrito original, no le correrá plazo a la parte contraria y deberá el
tribunal, de plano, imponer una multa de un cuarto a un sueldo vital.
El tribunal ordenará, además, que la parte acompañe las copias dentro de tercero día, bajo
apercibimiento de tener por no presentado el escrito.”
Ojo: Cuando de la ley del agua deben verificar los créditos, no pueden suspender los servicios,
salvo que el tribunal lo diga, artículo 132.
Artículo 132: “Lo preceptuado en el artículo precedente será aplicable incluso a los acreedores
que suministren servicios de utilidad pública, quienes deberán verificar los créditos correspondientes a
suministros anteriores a la declaración de quiebra y no podrán, con posterioridad a ella, suspender
éstos, salvo autorización del tribunal, previa audiencia del síndico.
Los créditos correspondientes a servicios de utilidad pública que se suministren con
posterioridad a la declaratoria de quiebra, se considerarán incluidos en el N° 4 del artículo 2.472° del
Código Civil.
La suspensión del servicio en contravención a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo,
será considerada como un acto que tiende a impedir la libre competencia y será sancionada con arreglo
al decreto ley 211, de 1973.” (Ojo artículo importante).
Tanto del escrito como de los documentos y la minuta se deben dejar dos copias en la secretaria
del tribunal (una copia es para el tribunal y otra para el sindico).
Fuera de los requisitos que estableces el art. 133 la ley tributaria señala que al momento de
verificar ordinariamente (no se aplica a la verificación extraordinaria), se puede pedir la devolución del
IVA pagado en virtud de ese crédito.

Si hay disparidad entre la minuta y el escrito, prima la minuta.
La verificación ordinaria se notifica por aviso en el diario oficial, a costa de la masa y en la
práctica será el síndico quien, una vez terminado el proceso de verificación ordinario, publique todas las
verificaciones indicando el monto del crédito, su origen, los datos de los acreedores y la preferencia
alegada si la hubiere, así lo dice el art. 134.
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Artículo 134: “El juzgado mandará anunciar por aviso, a costa de la masa, los créditos que se
presenten a la verificación, y deberá indicarse en el aviso el monto de ellos a título de capital e
intereses, su origen, las preferencias alegadas y la individualización precisa del acreedor.
Al mismo tiempo, el secretario del juzgado remitirá al síndico la copia del escrito de verificación y
de los títulos justificativos, previa certificación de estar conformes estas piezas con los originales
agregados a los autos.”
El periodo de verificación ordinaria termina, sabiendo que es no fatal por lo que solo se
considera terminado cuando se notifica por aviso en el diario oficial la resolución del tribunal que así lo
determine.
16/08/2011.Esta resolución la dicta el tribunal de oficio o a petición de parte, puede, el mismo síndico, el
fallido o cualquier acreedor, una vez terminado el plazo de 30 días, pedir al juez que dicte esta
resolución. Si ninguna de las partes solicita esta resolución el tribunal en el plazo no superior a 15 días la
dicta de oficio.
El art. 136 dice que se publica esta resolución por aviso en el diario oficial dentro de quinto día.
Artículo 136: “Una vez vencido el plazo establecido en el artículo 131°, el tribunal, de oficio o a
petición del síndico, del fallido o de cualquier acreedor, declarará cerrado el procedimiento de
verificación para los acreedores residentes en el territorio de la República. A falta de petición del
síndico, del fallido o de algún acreedor, el juez lo declarará cerrado de oficio, dentro de los quince días
corridos siguientes a la expiración del plazo a que se refiere el citado artículo.
La declaración se notificará por aviso dentro de quinto día.”
Efectos de la verificación ordinaria:
1.- Los acreedores tienen derecho a participar en los repartos que el síndico vaya haciendo.
2.- Con el hecho de verificar, los acreedores pasan a ser parte en el juicio de quiebras, lo que implica que
pueden ejercer peticiones en el juicio.
3.- Los acreedores pasan a formar parte de la nomina de créditos reconocidos.
Verificación extraordinaria:
De acuerdo al Art. 140 de la ley, todos aquellos que no hayan verificado ordinariamente, es decir,
que no lo hayan hecho durante el periodo de verificación ordinaria, pueden hacerlo con posterioridad
terminado los 30 días hasta que existan fondos por repartir.

Diferencias entre la verificación ordinaria y extraordinaria:

1.- En cuanto a la notificación de la verificación:
1.1. Verificación ordinaria: Se notifica a todos por aviso en el diario oficial.
1.2. Verificación extraordinaria: Se notifica al síndico por cédula o personalmente, y a los acreedores y
fallido se les notifica por aviso en el diario oficial.
2.- En cuanto al plazo para impugnar el crédito: Lo veremos más adelante.

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3.- En cuanto a los gastos:
3.1. En la verificación ordinaria: Los gastos son a cuenta de la masa.
3.2. En la verificación extraordinaria: Los gastos son de cuenta del propio acreedor que esta verificando.
4.- En cuanto al IVA:
4.1. Verificación ordinaria: Es con devolución del IVA.
4.2. Verificación extraordinaria: Es sin devolución del IVA.
La impugnación de los créditos:
Como la quiebra es un proceso colectivo, que protege a un sin número de acreedores el
legislador ha buscado las maneras de asegurar que los créditos y preferencias que se paguen sean los
que efectivamente se adeuden por el fallido, y que las preferencias que se alegan realmente existan. Por
ello a establecido un periodo en el cual el síndico, el fallido y los acreedores pueden objetar la existencia
de los créditos, su monto y su preferencia. Este es el llamado “periodo de impugnación”.
Titulares de la impugnación:
1.- El síndico:
No solo tiene el derecho a impugnar, sino que también tiene el deber de hacerlo, porque él
representa a la masa y al fallido, y debe velar por sus intereses. El art. 137 nos dice expresamente que el
síndico debe interponer esta demanda, e incluso más, el síndico puede pedir al tribunal que le otorgue
una reserva para impugnar el crédito, vale decir, solicita un aumento en el plazo para impugnar, porque
en el momento el síndico, no cuenta con los medios de prueba necesarios. Se aumenta hasta en 10 días.
Artículo 137: “El síndico, los acreedores y el fallido podrán interponer demanda de impugnación
contra los créditos, desde el momento en que se haya agregado a los autos la respectiva solicitud y
hasta quince días después de notificada la resolución que da por cerrado el procedimiento de
verificación.

El síndico y los acreedores podrán deducir demanda de impugnación, también dentro del mismo
plazo, en contra de las preferencias reclamadas. En el caso de los créditos subordinados, las demandas
de impugnación relacionadas con tal subordinación sólo podrán ser deducidas entre los acreedores a
quienes afecta la respectiva subordinación. Sin perjuicio de lo anterior, el síndico, los demás acreedores
y el fallido, pueden impugnar los créditos y preferencias en conformidad a las reglas generales vigentes.
La tramitación de la demanda de impugnación, referida a la subordinación, no impedirá el reparto a los
demás acreedores comunes no comprendidos en la subordinación respectiva.”
Artículo 138: “Los créditos que no hayan sido impugnados dentro del plazo a que se refiere el
artículo precedente se tendrán por reconocidos y no podrán ser objeto de impugnación o reclamación
posterior alguna.
El síndico podrá, sin embargo, hacer reservas con respecto a algunos de ellos y en este caso
tendrá un plazo adicional de diez días, contados desde el vencimiento del plazo señalado en el artículo
anterior, dentro del cual podrá impugnarlos.”
2.- El fallido:

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En doctrina se discutía si el fallido podía ser titular del derecho a impugnar un crédito, porque le
afectaría el desasimiento, entonces actuaría representado por el síndico. Sin embargo, el Art. 137
expresamente le otorga este derecho al síndico, y se dice que la ley le otorgó esta facultad porque es
obvio que si hay interés del fallido en pagar los créditos que realmente correspondan, toda vez que si
algo sobra después de los pagos será del fallido.
En todo caso, deberá actuar a través de un abogado o de aquellas personas que tengan ius
postulandi, y este fallido no puede alegar la preferencia.
3.- Los acreedores:
Tampoco los acreedores deberían impugnar, porque ellos también actúan a través del síndico,
sin embargo la ley les otorga expresamente este derecho tomando en consideración el interés obvio
que ellos tienen porque se pagan con el patrimonio del fallido, por lo que si existen más acreedores o
preferencias que sean falsas, sus derechos pueden quedar postergados. En todo caso, para impugnar
deben ser parte en el juicio, lo que implica que deben haber verificado con anterioridad.
Plazo de impugnación:
Para analizar el plazo se debe distinguir entre la verificación ordinaria y la verificación
extraordinaria:
1.- Verificación ordinaria: El plazo es complejo, que según el Art. 137 comienza desde que se han
agregado a los autos la respectiva solicitud de verificación y sus antecedentes, y hasta 15 días contados
desde el cierre del proceso de verificación ordinario (la impugnación se contará desde el día 45). Este
plazo se cuenta desde que se notifica por aviso en el diario oficial el cierre del periodo. El síndico en
todo caso, puede solicitar un plazo adicional según el Art. 138, podrá hacer reserva con respecto a la
impugnación del crédito de algunos acreedores, teniendo un plazo extra de 10 días que se cuentan
desde el vencimiento del plazo normal.
(Los artículos mencionados ya fueron escritos con anterioridad).

2.- Verificación extraordinaria: El Art. 140 inciso 2° nos dice que el plazo para impugnar es de 15
días contados desde la respectiva notificación de la verificación. Lo anterior significa que para cada
acreedor va a ser distinto el plazo de verificación extraordinaria.
Artículo 140: “Los acreedores que no hayan verificado oportunamente sus créditos o
preferencias, podrán hacerlo mientras haya fondos por repartir, en cualquier tiempo, para ser
considerados en los repartos futuros. La solicitud de verificación será notificada al síndico por cédula y al
fallido y acreedores por aviso, a costa del solicitante.
En este caso, las impugnaciones deberán deducirse dentro de quince días, contados desde la
notificación a que se refiere el inciso precedente.”
Aspectos procesales de la impugnación:
Los autores han dicho, fundándose en el Art. 141 inciso 2º, que la impugnación es una verdadera
demanda, porque el 141 habla de "la demanda de impugnación", por lo que debe reunir los requisitos
propios de un demanda (254 CPC). Y como es demanda se notifica personalmente, y si esto no es
posible de la manera establecida en el Art. 44 CPC.
Se discute si es suficiente representación la del abogado al momento de verificar para continuar
con la gestión de impugnación. La mayoría de la doctrina dice que basta un solo mandato para verificar
y para impugnar.

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Artículo 141: “Cada impugnación se tramitará en cuaderno separado, sin perjuicio de las
acumulaciones que procedan, según las reglas generales.
La demanda de impugnación se notificará al demandado personalmente o en la forma prescrita
en el artículo 44° del Código de Procedimiento Civil, el que dispondrá de seis días fatales para
responder. En lo demás, se aplicará el procedimiento a que se refiere el inciso primero del artículo 5° de
esta ley.”
Ojo= Es importante que el mandato del abogado diga: “confiero mandato incluso para verificar
errores esenciales”
En cuanto al procedimiento, se tramitan en cuaderno separado, hay un cuaderno por cada
impugnación.
Artículo 3: “El juicio de quiebra se tramitará en dos ramos principales: el de Quiebra y el de
Administración. En el primero se tramitará también la verificación de créditos.”
Ojo: Pueden haber tantos cuadernos como impugnaciones existan, pero por regla general se
tramitan en 2, pero esto dependerá de las impugnaciones.
Una vez notificada la demanda de impugnación, el acreedor impugnado tendrá un plazo de 6
días para contestar la demanda, y luego el procedimiento continúa como en los incidentes, vale decir se
recibirá el incidente a prueba por 8 días, ,lo que se notifica por el estado diario, lista de testigos 2 días.
En este procedimiento de impugnación son partes el que impugnó, que generalmente será el
síndico, y el acreedor impugnado.
Los antecedentes que debe contener la impugnación serán los necesarios para discutir si el
crédito existe y, si lo que se alega es la preferencia, serán los necesarios para acreditar su existencia o
inexistencia.
Finalmente será el tribunal el que decida sobre la suerte de la impugnación, y esta resolución es
apelable en el solo efecto devolutivo. Se ha dicho, que al tramitarse incidentalmente, la sentencia es
interlocutoria, por lo que se apela dentro de 5 días.
Ojo: Con los plazos.
17/08/2011.La confección de la nómina de créditos reconocidos:
El Art. 143 estatuye la manera de cómo se formará esta nómina y en definitiva el síndico la
formará con aquellos acreedores que verificaron sus créditos y que además no hayan sido impugnados o
habiendo sido impugnados, esta impugnación hubiere sido rechazada.
En esta nómina se indica el nombre del acreedor, el monto de su crédito y la preferencia que le
corresponde, si la hubiere.
Esta nómina se agrega al expediente y se notifica por aviso en el diario oficial. Si luego se agrega
otro crédito a la nómina, también se debe notificar por aviso en el diario oficial.
Si bien es cierto, el síndico es quien conformará esta nómina, es el juez el que ordenará que se
incluyan créditos en la nómina.
El efecto fundamental de esta nómina, es que solo los acreedores que figuren en ella tienen
derecho a participar en los repartos.
Artículo 143: “Expirado el plazo de quince días subsiguiente a la clausura del procedimiento de
verificación para los acreedores residentes en el territorio de la República, o el plazo adicional a que se
refiere el artículo 138°, en su caso, el síndico formará la nómina de los acreedores cuyos créditos no
hubieren sido impugnados, con anotación de las preferencias que les correspondan y de los que se les
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deba por capital e intereses. Dicha nómina se agregará a los autos y se notificará a los acreedores por
medio
de aviso, que la contendrá íntegramente.
Esta nómina deberá ser completada, con las mismas formalidades, con los créditos que se
reconozcan posteriormente y con los que se hubieren omitido por error.
Sólo los acreedores que figuren en las nóminas referidas podrán participar en las distribuciones
que haga el síndico.”
El pago:
Como regla general en esta materia el Art. 147 nos dice que los acreedores se pagan en la forma
y orden que establece la ley, y estas normas son las que establece el código civil, y las disposiciones de la
ley de quiebras.
El Art. 148 señala que el síndico primero pagará los créditos de primera clase, de acuerdo al art.
2472 CC, pero agrega que hay algunos que se pueden pagar aun cuando no se hubieren verificado, y
estas son los de los números 1º y 4º del Art. 2472, o sea, las costas judiciales en favor de la masa, que
son aquellos que hubieren servido para colocar algunos bienes del fallido a disposición de la masa, y
también se puede pagar sin necesidad de verificar las remuneraciones de los trabajadores y las
indemnizaciones laborales.

Los repartos se hacen cuando existan dineros para repartir. En definitiva el síndico hace un
proyecto de reparto, el que se publica en el diario oficial y se le envía por carta certificada a los
acreedores que corresponda. A su vez los dineros por repartir quedan a disposición de los acreedores
por tres meses contados desde la notificación de la resolución que ordena el reparto. Si estos
acreedores no comparecen en este plazo se debe depositar el dinero en arcas fiscales.
Ojo: Con los plazos.
Artículo 156: “Si algún acreedor comprendido en la nómina de distribución no compareciere a
recibir lo que le corresponda tres meses después de la notificación del reparto, el síndico depositará su
importe en arcas fiscales a la orden de dicho acreedor.”
Artículo 148: “El síndico hará el pago de los créditos privilegiados de la primera clase que no
hubieren sido objetados, en el orden de preferencia que les corresponda, tan pronto como haya fondos
para ello; reservará lo necesario para el pago de los créditos de la misma clase, cuyo monto o privilegio
esté en litigio, y para la atención de los gastos subsiguientes de la quiebra.
Los créditos a que se refieren los números 1 y 4 del artículo 2.472° del Código Civil no
necesitarán de verificación, salvo los señalados en el inciso siguiente.
Las costas personales del acreedor peticionario de la quiebra, gozarán de la preferencia del
número 1 del artículo 2472 del Código Civil, y los gastos de la petición de la quiebra por parte del deudor
gozarán de la preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil, hasta los
siguientes límites: el 2% del crédito invocado si éste no excede de 10.000 unidades de fomento y el 1%
en lo que exceda de dicho valor. Para estos efectos, si la quiebra es solicitada por el propio deudor, y
éste invocare más de un crédito, se estará a aquél en cuyo pago hubiere cesado en primer lugar. El
saldo, si lo hubiere, se considerará valista.
Los créditos mencionados en el N° 5 del mismo artículo serán pagados con cargo a los primeros
fondos del fallido de que se pueda disponer, administrativamente, siempre que existan antecedentes
documentarios que los justifiquen y aun antes de su verificación.
Igualmente, se pagarán sin necesidad de verificación previa y en los términos establecidos en el
inciso anterior, los créditos por las indemnizaciones convencionales de origen laboral hasta el límite de
un equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, y
por las indemnizaciones legales del mismo
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origen que sean consecuencia de la aplicación de las causales señaladas en el artículo 3° de la Ley
N°19.010.
Las restantes indemnizaciones de origen laboral así como la que sea consecuencia del reclamo
del trabajador de conformidad a la letra b) del artículo 11 de la Ley N°19.010, se pagarán con el solo
mérito de sentencia judicial ejecutoriada que así lo ordene.
Al efectuar los pagos preceptuados en los incisos tercero y cuarto, el síndico cuidará que el
monto del saldo del activo sea suficiente para asegurar el pago de
los créditos de mejor derecho.
En la forma establecida en el inciso primero de este artículo se hará, en seguida, el pago de los
créditos de la cuarta clase.
Los créditos privilegiados de la primera clase preferirán a todo otro crédito preferente o
privilegiado establecido por leyes especiales.

Los titulares de los créditos laborales que gocen de las preferencias de los números 5 y 8 del
artículo 2472 del Código Civil podrán verificar condicionalmente sus respectivos créditos con el solo
mérito de la presentación de la demanda interpuesta con anterioridad a la quiebra o con la notificación
al síndico de la demanda interpuesta con posterioridad a la declaración de quiebra ante el tribunal
competente, y el síndico deberá reservar fondos suficientes para el evento de que se acoja dicha
demanda, sin perjuicio de los pagos administrativos que procedan.
En caso de quiebra, hay objeto ilícito en la renuncia de cualquier monto de los créditos a que se
refieren los números 5, 6 y 8 del artículo 2472 del Código Civil, sin perjuicio de la transacción
convencional o judicial que se celebre con posterioridad a la notificación de la sentencia de primera
instancia del juicio laboral o previsional respectivo.” (Este artículo solo lo menciono el profesor)

Art. 2472 del Cód. Civil: “La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas
que en seguida se enumeran:
1. Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores;
2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;
3. Los gastos de enfermedad del deudor. Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el
juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;
4. Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los gastos de
administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el síndico para
los efectos mencionados;
5. Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;
6. Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su intermedio,
para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del fisco en contra de las entidades
administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de acuerdo con el
inciso tercero del artículo 42 del decreto ley N. 3.500, de 1980;
7. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos tres
meses;
8. Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los
trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de tres ingresos
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mínimos mensuales por cada año de servicio y fracción superior a seis meses por cada trabajador con un
límite de diez años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas;
9. Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo. “
Conservación y Realización de la quiebra:
Esta función que es verdaderamente de administración le corresponde al síndico, sin embargo
debe seguir las instrucciones que la junta de acreedores le dé al respecto.
El único caso excepcional en que el síndico es el que toma las decisiones relativas a la
conservación y realización, sin instrucciones de la junta de acreedores es cuando se realiza la llamada
"realización sumaria de la quiebra", que corresponde cuando el producto de los bienes sea inferior a
2000 UF.
De acuerdo al artículo 27, el síndico representa a los acreedores y al fallido, dentro de las
facultades el síndico va a recibir un inventario de los bienes de la quiebra y una vez recibido el inventario
los administrará.
Artículo27: “El síndico representa los intereses generales de los acreedores, en lo concerniente a
la quiebra, y representa también los derechos del fallido, en cuanto puedan interesar a la masa, sin
perjuicio de las facultades de aquéllos y de éste determinadas por la ley.
Le incumbe especialmente:
1.- Actuar en resguardo de dichos intereses y derechos, en juicio y fuera de él, con plena
representación del fallido y de los acreedores;
2.- Hacer las publicaciones e inscripciones de la declaración de quiebra, y remitir, a los
acreedores que residan en el extranjero, las cartas a que se refiere el N° 7 del artículo 52°;
3.- Exigir del fallido que le suministre la información que juzgue necesaria para el mejor
desempeño de su cargo, y le entregue sus libros, papeles y documentos;
4.- Cerrar los libros de comercio del fallido;
5.- Abrir la correspondencia del fallido con intervención del tribunal, y retener las cartas y
documentos que tengan relación con los negocios de la quiebra;
6.- Proponer la fecha de la cesación de pagos;
7.- Recibirse bajo inventario de los bienes de la quiebra y administrarlos en conformidad a la ley;
8.- Continuar provisionalmente el giro de los establecimientos del fallido, con conocimiento de
éste;
9.- Continuar efectivamente el giro del fallido con autorización del tribunal o con acuerdo de la
junta de acreedores, según corresponda;
10.- Cobrar los créditos del activo de la quiebra;
11.- Celebrar compromisos o transacciones previo acuerdo de la junta de acreedores;
12.- Contratar préstamos para subvenir a los gastos de la quiebra, debiendo informar de ello en
la próxima reunión de la junta de acreedores;
13.- Ceder a título oneroso los derechos que el fallido tenga en sociedades, comunidades o
asociaciones o pedir su disolución, liquidación o partición, a falta de interesados.
Al efecto, representará al fallido en los actos y contratos que deban realizarse u otorgarse, en el
nombramiento de árbitros o liquidadores y en los respectivos juicios de liquidación y partición;
14.- Exigir rendición de cuentas de cualquiera que haya administrado bienes del fallido;
15.- Impugnar los créditos en conformidad a lo dispuesto en el párrafo primero del Título X;
16.- Realizar los bienes de la quiebra;
17.- Depositar a interés en un banco o institución financiera, los fondos que perciba, en cuenta
separada para cada quiebra y a nombre de ésta, y abrir una cuenta corriente con los fondos
indispensables para solventar los gastos que aquélla demande;
18.- Hacer repartos de fondos, en la forma dispuesta en el párrafo segundo del Título X;
19.- Desempeñar las funciones de interventor o depositario en los casos que esta ley determina;
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20.- Servir de síndico en los concursos de hipotecarios que se abran dentro de la quiebra y llevar
cuenta separada de todo lo concerniente a cada uno de ellos;
21.- Comunicar, dentro de los diez días siguientes al de su asunción al cargo, la declaratoria de
quiebra al Servicio de Tesorerías del domicilio del fallido;
22.- Ejecutar los acuerdos legalmente adoptados por la junta de acreedores dentro del ámbito de
su competencia, y
23.- Ejercer las demás facultades y cumplir las demás obligaciones que la ley le asigna.”

¿Cuáles son las gestiones del síndico?

1.- La incautación (Art. 94):
Algunos autores han dicho que la incautación es una de las fases del desasimiento, sería la fase
material de este efecto. El síndico procede a la incautación "de inmediato" según la ley, por lo que el
plazo será el más breve.
Cuando la quiebra ha sido pedida por el propio fallido, debe acompañar un inventario de los
bienes indicando su ubicación, por lo que el síndico con tales datos los incauta y si toma conocimiento
de que hay más bienes, también los incauta.
Cuando la quiebra la pide un acreedor, el Art. 96 nos dice que el fallido tiene la obligación de
indicar al síndico donde están los bienes y colocarlos a su disposición.
Si falleció el fallido o si se fugó, el mismo Art. 96 dice que esta obligación incumbe a sus
herederos.
Si al momento de realizar la incautación el síndico estima que los bienes del fallido no son
suficientes para los gastos de la quiebra, él informa al tribunal y a la junta de acreedores y se procede a
la realización sumaria de dichos bienes. Si no hay ningún bien el síndico debe dejar constancia en el acta
de esta situación y se procede al sobreseimiento temporal. En todo caso el fallido y los acreedores
tienen un plazo de 15 días para objetar la resolución y una vez transcurrido ese plazo o rechazadas las
objeciones se procede a sobreseer.
También el síndico puede paralizar el giro de los negocios del fallido al hacer esta incautación, o
bien continuar provisoriamente con el giro, cuestión que debe ser aprobada por el tribunal.

Artículo 96: “El fallido está obligado a indicar y a poner a disposición del síndico todos sus libros,
documentos, bienes y antecedentes.
Si el deudor ha fallecido o se ha fugado, esta obligación incumbe a sus colaboradores más
próximos.”
Artículo 94: “Asumido oficialmente el cargo, el síndico deberá:
1.- Adoptar de inmediato, en presencia del secretario del tribunal o de un notario o de otro
ministro de fe designado por el juez, las providencias necesarias para recoger los libros, documentos y
bienes del fallido y para colocarlos en lugar seguro si se estima que peligran o corren riesgos donde se
encuentran;
2.- Formar, a más tardar al día siguiente hábil y en presencia del secretario del tribunal, de un
notario o de otro ministro de fe designado por el tribunal, inventario de todos los libros,
correspondencia, documentos y bienes del deudor, debiendo dejar
constancia del estado de las maquinarias, útiles y equipos, para lo cual podrá hacerse acompañar de una
persona especialmente técnica atendido el giro del fallido. Igualmente, deberá dejar constancia de todo
derecho o pretensión formulado por terceros en relación con los bienes inventariados, y

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3.- Agregar el inventario a los autos a más tardar al día siguiente hábil al de su facción. La
resolución que tenga por agregado el inventario a los autos se notificará por aviso.”
23/08/2011.2.- Confección de inventario:
Junto con la incautación el síndico debe hacer un inventario de los bienes del fallido. Debe estar
en presencia de un ministro de fe que puede ser el secretario del tribunal, un notario o un receptor
judicial. Generalmente será con este último.
En este inventario se incluirán todos los bienes del fallido, sus documentos, su correspondencia,
indicando el estado en que estos se encuentran. Si hay maquinarias deberá hacerse acompañar de una
persona entendida en dichos bienes (un experto) para dejar constancia de su estado.
Finalmente al día siguiente hábil a la confección del inventario este se agrega a los autos y el
tribunal dicta una resolución teniendo por agregado el inventario, la que se publica en el diario oficial, y
desde el momento de la notificación las partes tienen 15 días para formular alguna objeción, trabándose
en este caso un incidente. La mayoría de la doctrina ha sostenido que este plazo tiene por objeto que
los acreedores y el fallido puedan alegar derechos sobre alguno de los bienes que aparecen en el
inventario, lo que constituye una verdadera tercería.
Si alguno de los acreedores o el fallido formulan objeciones se traba un incidente el que debe
fallar el tribunal.
Si aparecieren nuevos bienes se deben incorporar al inventario a través del mismo sistema.
Administración de los bienes del fallido:
El síndico tiene como objetivos primordiales los siguientes:
1.- Continuar con el giro
2.- Ser depositario de los bienes del fallido

3.4.5.6.-

Puede contratar préstamos
Puede cobrar los créditos
Puede exigir rendiciones de cuentas. Ejemplo si hay algún arriendo.
A su vez el síndico debe rendir cuenta a la junta de acreedores
Realización de los bienes del fallido:

Por realización entendemos el “conjunto de actos que tienen por objeto convertir en dinero los
bienes del fallido para proceder al pago de los créditos.”
Existen tres tipos de realización en la ley de quiebras:
1.- Sumaria
2.- Ordinaria
3.- Enajenación como unidad económica.

1.- La realización sumaria:
Está reglamentada en el Art. 109 y siguientes. Es aquella que procede cuando en la cuenta que el
síndico da a la junta de acreedores, específicamente a la primera de ellas, apareciere que el producto
probable de la realización del activo no excede de 1000 UF (22 millones aprox.). En este caso el síndico
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pasa a tener el carácter de definitivo. Se procede a la realización sumaria de los bienes, en un plazo de 6
meses, debiendo liquidar el activo de la forma más conveniente para los intereses de la masa; es él
quien determina cuando es más conveniente. Ejemplo: Pública subasta, venta directa, licitación privada,
etc.
En todo caso el fallido o cualquier acreedor puede, en la misma junta, en caso de no estar de
acuerdo con la tasación objetar el valor señalado por el síndico, y el tribunal debe fallar esta objeción en
el plazo de 5 días.
Una vez terminada la realización, el síndico rinde cuenta y se sobresee temporalmente esta
quiebra. Si pasan 2 años desde la cuenta rendida por el síndico se puede pedir el sobreseimiento
definitivo de la quiebra.
2.- Realización ordinaria:
En ella en primer lugar se debe atender a los acuerdos de la junta de acreedores si los hubiere. Si
no hay acuerdo la realización se debe efectuar de acuerdo a las normas que establece la ley.
 Ideas generales:
1.- Las especies muebles: Se venden a través de un martillero.
2.- Los valores mobiliarios: Se venden a través de un remate en la bolsa de valores.
3.- Los créditos de morosa o difícil realización: Los puede vender el síndico al precio de alzada (al mejor
postor).

4.- Los demás bienes, corporales o incorporales, especialmente los inmuebles: Se venden en pública
subasta ante el juez que conoce de la quiebra.
5.- Los bienes sujetos a próximo deterioro o que cuya desvalorización sea inminente o que exijan una
dispendiosa mantención: El síndico los puede vender a través de una venta directa, privada, o pública
subasta como al martillero.
3.- Realización como unidad económica (Art. 124):
Artículo 124: “Los acreedores, que reúnan más de la mitad del total pasivo de la quiebra, podrán
acordar la enajenación de todo o parte del activo de la misma como un conjunto o unidad económica,
en subasta pública y al mejor postor. Esta deberá efectuarse ante el juez que conoce de la quiebra.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el síndico podrá formular oposición fundada a
dicho acuerdo, dentro de tercero día, debiendo resolver el juez, según lo dispuesto en el artículo 5° de
esta ley.”
Este procedimiento tiene por objeto enajenar de manera conjunta bienes que estaban en poder
del fallido y que eran utilizados con una finalidad común. Por ejemplo una fábrica o un establecimiento
de comercio, ya que de esta manera se puede continuar prestando el mismo giro, hay una continuidad
del establecimiento y se obtiene un mayor precio.
Para que opere este sistema es necesario que haya un acuerdo de la junta de acreedores y
contar con el voto de acreedores que reúnan más de la mitad del total pasivo de la quiebra. El síndico
puede oponerse dentro de tercero día contado desde el acuerdo, lo que resolverá finalmente el juez,
previa tramitación de un incidente, fallando a la brevedad.
Esta realización es buena, ya que el impacto económico, será menor que venderlo
individualmente, para proteger principalmente el derecho de los trabajadores.
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¿Cómo opera este procedimiento?
El Art. 126 dice que una vez acordada la enajenación por esta junta, como unidad económica, se
suspende el derecho de los acreedores hipotecarios, prendarios o retencionarios para perseguir
individualmente al fallido, es decir, se terminan las excepciones que la ley establece para ejecutar
individualmente al fallido.
Una vez acordada la enajenación como unidad económica el síndico debe confeccionar las bases
de la misma. Estas bases deben contener las menciones del Art. 125, estos son:
1.- Los bienes que integran la unidad económica, cualquiera sea su naturaleza, tanto corporales como
incorporales, es decir, también se incluyen los derechos, incluso aquellos que justifiquen la tenencia o
posesión del fallido de un inmueble.
2.- Se debe indicar cuáles son los gravámenes a que están afectos dichos bienes a fin de que los
acreedores respectivos concurran a la quiebra a hacer efectivos sus derechos.
3.- También debe indicar el precio mínimo, forma de pago, plazos, indicando las garantías, condiciones y
demás modalidades de la enajenación.
Si una vez realizada la subasta o bien, ofrecidos los bienes como unidad económica, no hay
interesados, se vuelve a ofrecer en subasta pública y se rebaja el precio dejándolo en los 2/3 partes del
valor original de la subasta.
Si a la segunda venta nuevamente no hay interesados se continúa con la enajenación ordinaria,
salvo que la junta de acreedores de nuevo (por tercera vez) acuerde enajenar como unidad económica.
(Esto constituye una diferencia con el juicio ejecutivo).
Una vez que se realiza la subasta y se adjudican los bienes, se debe extender la correspondiente
“escritura pública”, en la que se deben insertar todas las piezas o documentos en que consten las
actuaciones previas realizadas. Con esta escritura se puede requerir el alzamiento de todos los
gravámenes, prohibiciones o embargos que afecten los bienes comprendidos en la subasta.

Artículo 125: “En las bases de la enajenación como unidad económica se deberá señalar, a lo
menos, lo siguiente:
1.- Los bienes que integran la unidad económica, cualquiera sea su naturaleza.
Si se tratare de la enajenación de un conjunto de bienes ubicados en un bien raíz no perteneciente al
fallido, el síndico incluirá en las bases los derechos que el fallido tenga en el mismo, cualquiera que sea
el tenor de la convención o la naturaleza de los hechos en que se funda la posesión, uso o mera tenencia
del inmueble.
Cuando en la unidad económica hubiere bienes afectos a gravámenes constituidos en favor de
terceros, se indicará específicamente en las bases la proporción que en el precio total corresponda a
cada uno de dichos bienes, para el solo efecto que tales terceros puedan hacer valer los derechos que
procedan dentro del juicio de quiebra.
2.- Precio mínimo, forma de pago, plazos, garantías y demás modalidades y condiciones de la
enajenación.
3.- Derogado.”

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Artículo 126: “Acordada la enajenación como unidad económica, se suspende el derecho de los
acreedores hipotecarios, prendarios, retencionarios y otros acreedores para iniciar o proseguir en forma
separada las acciones dirigidas a obtener la realización de los bienes comprendidos dentro de la unidad
económica, afectos a la seguridad de sus respectivos créditos.”
24/08/2011.Plazos en que se debe realizar el activo:
El plazo general en esta materia lo da el Art. 130 y nos dice que es "en el menor tiempo posible.
En todo caso, desde los seis meses contados desde la primera junta de acreedores se deberá realizar la
totalidad de los bienes, salvo los inmuebles, para los cuales hay 9 meses". Ambos plazos se pueden
prorrogar por el tribunal hasta por 6 meses más, a solicitud del síndico.
Si se acordó la continuidad efectiva del giro, los plazos se cuentan desde que cesa el término
acordado para esta continuidad.
Finalmente agreguemos que la junta de acreedores, con el voto favorable de la mitad del pasivo
y del fallido, puede, en cualquier tiempo, acordar una forma distinta de realización, incluso si se acuerda
una subasta pública, ni siquiera requiere el voto del fallido.
Artículo 130: “Cualquiera sea la forma de realización del activo, ésta deberá efectuarse en el
menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del plazo de seis meses, contado desde la primera junta
de acreedores, deberá encontrarse realizado el total de los bienes de la masa, con la sola excepción de
los inmuebles, respecto de los cuales dicho plazo será de nueve meses. Ambos plazos podrán ser
prorrogados por el tribunal por una sola vez por un máximo de seis meses, siempre que el síndico lo
solicite con a lo menos quince días de anticipación a su vencimiento.
Lo dispuesto en el inciso precedente se entiende con exclusión de los bienes comprendidos en la
continuación efectiva del giro del fallido. En tal caso, los plazos establecidos en dicho inciso se contarán
desde el vencimiento del término acordado
para la continuación del giro.
Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación cuando el activo de la quiebra deba realizarse
conforme al artículo 109°.” (Este artículo es importante, saber ya que entrega el plazo general, aunque
en la práctica no es así lo de los plazos).
Órganos de la quiebra:
Históricamente ha sido “la junta de acreedores” el órgano más importante dentro de la quiebra.
Sin embargo, esto ha evolucionado y más importante es la “sindicatura nacional de quiebras” (los
síndicos).
1º Órgano administrativo “La junta de acreedores”:
La primera junta:
Los artículos 101 y siguientes se refieren a esto y en particular a la primera junta y el Art. 52,
relativo a la sentencia que declara la quiebra, nos señala en su número 9º que una de las menciones que
debe contener esta sentencia es precisamente el lugar, día y hora de esta primera junta de acreedores.
Esta primera junta es precedida por el juez y se realiza en el lugar señalado en la sentencia, el que
usualmente es el mismo tribunal.
En cuanto a la oportunidad, es también la que indica la sentencia, pero no puede ser antes de 30
ni después de 40 días contados desde la notificación de la sentencia que declara la quiebra, ósea, de la
publicación.
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En cuanto al quórum para sesionar será de 2 o más acreedores, pero que representen a los
menos los 2/3 del pasivo de la quiebra. Si no se reúne este quórum en la fecha señalada, se practica una
nueva citación, la que no puede ser antes de 5 ni después de 10 días hábiles contados desde la primera
fecha, y se debe notificar por aviso en el diario oficial celebrándose con los que asistan.
A esta junta concurrirán aquellos que hayan verificado ordinariamente, y que además sus
créditos estén reconocidos (cuando no hayan sido impugnados). Es el juez quien resuelve sobre este
derecho a concurrir y votar en la junta, previo informe del síndico que se lo debe entregar en una
audiencia verbal el día hábil anterior a la junta, siendo el juez quien resuelve sobre la procedencia en
definitiva.
Materias de la primera junta de acreedores (Art. 108):
1.- Oír la cuenta del síndico (recordemos que aun hablamos de un síndico provisional).
2.- Rectificar al síndico.
3.- Acordar las reuniones de la junta.
4.-Debe designar al presidente y al secretario tanto titulares como suplentes.
5.- Cualquier otro negocio que acuerden los acreedores.
Artículo 108: “En la primera junta se tratará especialmente sobre las siguientes materias:
1.- Oír la cuenta que debe presentar el síndico provisional sobre el estado preciso de los negocios
del fallido, de su activo y pasivo, y de la labor por él realizada;
2.- Ratificación del síndico provisional, titular y suplente, o designación de quienes habrán de
reemplazarlos, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo siguiente. El síndico titular y suplente
provisionales continuarán en sus funciones hasta que asuman sus reemplazantes;
3.- Acordar lugar, día y hora de las reuniones ordinarias, las que deberán celebrarse, a lo menos,
mensualmente; debiendo la primera reunión ordinaria llevarse a cabo entre los treinta y los cuarenta y
cinco días corridos, salvo que la junta y el síndico acuerden otra fecha;
4.- Designar de entre los acreedores con derecho a voto o sus representantes, un presidente y un
secretario, titular y suplente, para las futuras reuniones. Si concurrieren menos de cuatro personas, se
procederá solamente a la designación de presidente ysecretario titulares, y
5.- Cualquier otro acuerdo necesario para el más adecuado cumplimiento de las funciones que a
la junta y al síndico competen.”
Clases de juntas:
Hay juntas ordinarias y extraordinarias (Art. 110).
1.- Juntas ordinarias: Deberán realizarse en el lugar día y hora que se acordó en
la primera reunión. En cuanto a las materias de esta junta ordinaria, estas están en el Art. 111.
Artículo 110: “La junta se reunirá ordinariamente en el lugar, día y hora acordados en la primera
reunión.”
Artículo 111: “En la primera reunión ordinaria el síndico deberá presentar un informe completo,
un programa de realización del activo, un plan de pago del pasivo y una estimación de los gastos de
administración de la quiebra. En todo caso, los gastos de administración de la quiebra deberán ajustarse
a las instrucciones generales de la Superintendencia de Quiebras.

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Si lo estimare adecuado, propondrá la continuación efectiva del giro total o parcial de las
actividades del fallido o la enajenación de todo o parte del activo como un conjunto, o ambas.”
Materias de la junta ordinaria, de acuerdo al artículo 111:
1.- El síndico debe presentar un informe completo sobre las actividades que ha realizado.
2.- Debe presentar un programa de realización del activo, un plan de pago del pasivo y una estimación
de los gastos. En todo caso para estos gastos debe ajustarse a las instrucciones de la superintendencia.
Recordemos que en esta primera reunión podrá proponer la continuidad efectiva del giro, sea total o
parcial. También se podrá proponer la enajenación como unidad económica.
2.- Junta extraordinaria: Estas son a las que se refiere el Art. 117, las que se pueden llevar a
efecto cuando lo decrete el juez, ya sea de oficio o a petición del síndico o de la superintendencia de
quiebras. También la misma junta de acreedores puede acordar la celebración de una junta posterior
que será extraordinaria, y la materia a tratar será la que se indique en la convocatoria. Se convocan
mediante aviso en el diario oficial. Quien cita a la junta será el síndico quien lo hará por aviso y este se
debe publicar a lo menos 7 días corridos antes de la realización de la junta.
También pueden concurrir a esta primera junta aquellos cuyos créditos no han sido reconocidos
aún, y concurrirán solo con derecho a voz, no pudiendo votar.
Artículo 117: “La junta de acreedores se reunirá en sesión extraordinaria cuando así lo decretare
el juez, de oficio o a petición del síndico, del Superintendente o de acreedores que representen al
menos un cuarto del pasivo con derecho a voto. Además, se reunirá en sesión extraordinaria cuando así
lo acuerde la junta en una sesión anterior. En todo caso, deberá señalarse el objeto preciso de la
reunión y en ella sólo podrán tratarse aquellas materias que hubieren sido objeto de su convocatoria.
Sólo en reunión extraordinaria y por mayoría absoluta del pasivo con derecho a voto podrá
acordarse la revocación del síndico.
Para la designación de un nuevo síndico se procederá en la forma establecida en el artículo
106°.”
Normas generales a ambas juntas: (esto no lo dice el profe, sino que estaba incluido en el
apunte que me mando Víctor, lo encontré importante por eso lo agregue).
De acuerdo a los Art. 101 y siguientes, solo tienen derecho a concurrir a la junta los acreedores
cuyos créditos estén reconocidos y aquellos que sin tener créditos reconocidos hayan sido autorizados
por el juez, ambos tienen derecho a voz y voto. Aquellos cuyo crédito no ha sido reconocido y no han
sido autorizados por el juez a concurrir a la junta, pueden concurrir, pero no pueden votar y pueden
formular observaciones por escrito y este documento se agrega al acta. Se estima, en todo caso, que
también tienen derecho a voz.

Asistencia a la junta:
A estas juntas se puede ir personalmente o representado, e incluso se puede conferir mandato
solo por una parte del crédito (Art. 104).
Artículo 104: “Se prohíbe fraccionar los créditos después de declarada la quiebra y conferir
mandato por una parte o fracción de un crédito. El contraventor y los que representen las porciones del
crédito perderán el derecho a asistir a las reuniones de la junta.

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Todos los que hagan valer porciones de un crédito fraccionado dentro de los treinta días
anteriores a la declaración de quiebra, se contarán como una sola persona y emitirán un solo voto,
procediéndose en la forma establecida en el inciso final de este artículo.
Las disposiciones precedentes no serán aplicables al crédito dividido como consecuencia de la
liquidación de una sociedad, o de la partición de una comunidad que no esté exclusivamente formada
por dicho crédito.
El crédito perteneciente a una comunidad será representado por uno solo de los comuneros. Si
no se avinieren a la designación del representante, cualquiera de ellos podrá solicitar tal designación al
tribunal.” Ojo este artículo no es importante el profe no lo menciono.

La continuidad del giro:
La actual ley de quiebra libro IV distingue entre:
1.- La continuidad de giro provisional (y)
2.- La continuidad de giro efectiva
1.- La continuidad de giro provisional: Esta se reglamenta en el Art. 27 que le confiere al síndico en su
N° 8 la facultad de continuar con el giro provisionalmente. Y el Art. 99 dice que el síndico puede
continuar con el giro desde la incautación hasta la primera junta, porque aquí será la propia junta la que
decidirá.
Esta continuidad provisoria, según algunos autores, simplemente es una etapa de la liquidación y se
basan en el Art. 99 inciso 2°, pues dice que solo puede ejecutar el síndico los actos que tienden a facilitar
la liquidación de los bienes y preparar su realización.
Artículo 27: “El síndico representa los intereses generales de los acreedores, en lo concerniente a la
quiebra, y representa también los derechos del fallido, en cuanto puedan interesar a la masa, sin
perjuicio de las facultades de aquéllos y de éste determinadas por la ley.
Le incumbe especialmente:
Nº 8.- Continuar provisionalmente el giro de los establecimientos del fallido, con conocimiento de
éste.”
Artículo 99: “El síndico podrá, hasta la primera junta de acreedores y según lo estime
conveniente a los intereses de la masa, cerrar bajo sello y paralizar la actividad del todo o parte de los
locales, oficinas y establecimientos del fallido, o bien, continuar su giro, provisionalmente en forma total
o parcial.
En la continuación provisional del giro del fallido, el síndico sólo podrá ejecutar aquellos actos
que tiendan a facilitar la realización de los bienes y preparar una liquidación progresiva. No obstante y si
hubiere causas graves que lo justifiquen, podrá el síndico, con autorización del tribunal, iniciar de
inmediato la continuación efectiva del giro.”
30/08/2011.2.- La continuidad de giro efectiva: Es decretada por el juez y la puede proponer el síndico o dos o más
acreedores. Fuera de ello también la puede acordar la propia junta de acreedores, con acuerdo de los
2/3 del pasivo con derecho a voto.
En cuanto a la duración de la continuidad, esta es de un año, salvo que la junta acordare un plazo
menor. Este plazo de un año puede ser prorrogado hasta por un año más.
Extinción de la quiebra

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Existen solo dos causales de extinción de la quiebra que son:
1.- Los convenios.
2.- El sobreseimiento definitivo.
No consideramos como causal de extinción la situación en que el tribunal acoge un recurso
especial de reposición y en virtud de ello se deja la quiebra sin efecto, porque se entiende que en este
caso nunca hubo quiebra pues el tribunal se retractó de su decisión original de declararla.
El sobreseimiento temporal tampoco se considera causal porque solo suspende la quiebra. (Caso
cuando el síndico descubra que no había bienes suficientes “realización sumaria”).

1º Causal los convenios:
Podemos señalar que los convenios son acuerdos entre el fallido o deudor y sus acreedores,
que tienen por objeto prevenir un estado de quiebra, o bien, darla por terminada.
Clasificación de los convenios:
1.- De acuerdo a su finalidad:
1.1. Convenio preventivo: Que tiene por objeto evitar que se declare la quiebra.
1.2. Convenio solución: Que tiene por objeto dar por terminada una quiebra ya declarada.

2.- En conformidad a la participación que tenga el tribunal en el convenio:
2.1. Convenio judicial
2.2. Convenio extrajudicial, después de la ley 20.073 del año 2005 se llama "acuerdo extrajudicial".
Si combinamos ambas clasificaciones, podemos señalar que el convenio o acuerdo extrajudicial
será siempre preventivo, y el judicial podrá ser preventivo o solución.
Naturaleza jurídica de los convenios:
Se ha discutido mucho. Para algunos los convenios tienen una naturaleza contractual y otros
dicen que tiene una naturaleza procesal. La fuente de esta discusión la encontramos fundamentalmente
en el sentido que si se dice que es contractual, lo más importante para que exista el convenio es la
voluntad de las partes, es decir, el acuerdo entre ellas. En cambio en la doctrina procesalista, se dice que
el convenio existe porque hay una resolución judicial que lo aprueba.
En cuanto al convenio o acuerdo extrajudicial no hay duda de que su naturaleza es contractual.
Esto queda fundamentado por el texto actual del Art. 169 del libro IV que señala que los acuerdos
extrajudiciales entre deudor y acreedores solo obligan a quienes los suscriben.
En el convenio judicial, en cambio, es donde se plantea la discusión. Antes de la ley 20.073 del
año 2005 se daba como argumento para decir que los convenios eran contractuales, algunas
disposiciones que hablaban del convenio acordado, como el Art. 185, u otros como el 184 que decían
que si no votaba el fallido no había convenio. En la actualidad, también hay disposiciones que nos
llevarían a una confusión, como el Art. 190, que dice que el convenio se encuentra acordado con el
consentimiento del deudor y los 2/3 de los votos de los acreedores, o el Art. 177 bis que habla que el
convenio, si va apoyado por un cierto porcentaje de acreedores, impide que se ejecute individualmente
al fallido, es decir, es la voluntad de las partes lo más importante.

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Sin embargo la tesis procesalista también tiene sustento legal, tanto antes de la ley 20.073 como
después de esta ley. Antes teníamos el Art. 189, que decía que el convenio se entendía aprobado
cuando vencía el plazo para impugnarlo, y así fuera aprobado, entonces daba argumento para decir que
era válido por la aprobación del juez. El Art. 190 decía que el convenio entraba a regir, cuando el juez lo
tuviera por aprobado.
En la actualidad el Art. 199 reitera la misma idea, ya que en su inciso 1° nos dice que el convenio
entra a regir desde que haya vencido el plazo impugnarlo sin que se haya interpuesto impugnación y el
tribunal así lo haya declarado de oficio o a petición de parte. Por esto hay que distinguir entre el
convenio acordado y el convenio aprobado.
Estimamos que con la nueva ley y con las nuevas posibilidades en materia de convenios, como
por ejemplo la participación del experto facilitador y de los tribunales arbitrales, se ha fortalecido la
tesis procesalista.
El acuerdo extrajudicial:
Se refiere a este tipo de acuerdo los Art. 169 y 170 de la actual ley de quiebras. La ley 20.073
reemplazó los Art. que la ley contenía respecto al convenio extrajudicial, en que se establecían algunos
requisitos para su procedencia y celebración, y simplemente señaló en su Art. 169 que los acuerdos
extrajudiciales solo obligan al deudor y a aquellos acreedores con quien los celebre, eliminando
situaciones anteriores, como por ejemplo cuando se establecía la posibilidad de que otros acreedores
que no hubieren participado en el antiguo acuerdo extrajudicial, se adhirieran unilateralmente a las
disposiciones de este, que era lo que les daba una cierta particularidad respecto a cualquier otro
contrato. En la actualidad esta situación no se da solo obliga a quienes lo han suscrito.
El Art. 170 solamente dice que no se aplica el Art. anterior a los convenios celebrados por bancos
y por compañías de seguros.
Artículo 169: “Cualquier acuerdo extrajudicial celebrado entre el deudor, antes de su declaración
de quiebra, y uno o más de sus acreedores relativo al pago de sus obligaciones o a la administración de
sus bienes, sólo obliga a quienes lo suscriban, aun cuando se le denomine convenio.”
Artículo 170: “Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable a los convenios regulados por
la Ley General de Bancos y por el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, sobre Compañías de
Seguros y a otros convenios regulados por la ley.”
El convenio judicial preventivo:
El Art. 171 define el convenio judicial preventivo, diciendo simplemente “que es el que propone
el deudor con anterioridad a la declaración de quiebra”.
Este convenio comprende todas las obligaciones que tenga el deudor a la fecha en que se
propone, y son las mismas obligaciones que se incluirían si es declarado en quiebra o si se nombra un
experto facilitador que es una persona designada por la junta de acreedores para que estudie la
situación financiera del deudor y determine si deber ser declarado en quiebra o puede haber posibilidad
de algún convenio.
Artículo 171: “El convenio judicial preventivo es aquél que el deudor propone, con anterioridad
a la declaración de quiebra y en conformidad a las disposiciones de este Párrafo. Comprende todas sus
obligaciones existentes a la fecha de las resoluciones a
que se refieren las letras a) y b) del artículo 200, aun cuando no sean de plazo vencido, salvo las que la
ley expresamente exceptúe.”
Iniciativa en el convenio:
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El convenio puede ser propuesto por el deudor en cualquier momento, lo que será la regla
general, pero también en el Art. 172 establece una situación especial, y le otorga a un acreedor que esté
en los casos previstos en el Art. 43 N° 1 y 2, la facultad para solicitar al tribunal que ordene a un deudor
a proponer en el plazo de 30 días un convenio. Esta resolución del tribunal se notifica personalmente o
en virtud del Art. 44, es decir, es igual que el caso de la solicitud de quiebra. Y si dentro de este plazo el
deudor nada realiza, el juez de oficio lo declara en quiebra. Es un caso de quiebra de oficio.

Artículo 172: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el acreedor que se encuentre
en alguno de los casos previstos en los números 1 y 2 del artículo 43, podrá solicitar al tribunal
competente que ordene al deudor, o a la sucesión del deudor formular proposiciones de convenio
judicial preventivo dentro del plazo de 30 días contado desde la notificación efectuada en la forma
prevista en el inciso final del artículo 45. La no presentación del convenio dentro del plazo indicado,
acarreará, necesariamente, la quiebra del deudor y el tribunal la declarará de oficio.
En el caso del inciso anterior el deudor podrá, dentro de cinco días contados desde la
notificación de la solicitud, manifestar que se acoge irrevocablemente al artículo 177 ter, y el juez citará
a la junta de acreedores a que se refiere dicha disposición.
El derecho del acreedor no podrá ser ejercido por las personas a que se refiere el inciso tercero
del artículo 177 bis. Si se ejerciere respecto de la sucesión del deudor, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 50.
Una vez notificada su solicitud, el acreedor no podrá retirarla o desistirse de ella. Tampoco podrá
ser objeto de transacción de ninguna clase. El pago hecho al acreedor solicitante después de presentada
su petición será nulo de pleno derecho.
Contra la resolución que ordene al deudor presentar un convenio, sólo podrá entablarse recurso
de reposición; y contra la que resuelva la reposición no procederá recurso alguno. En este caso el plazo a
que se refiere el inciso primero será de 20 días, contado desde la resolución que falle la reposición.
Si el tribunal desecha la solicitud del acreedor, éste podrá pedir la quiebra en conformidad a la
presente ley; pero si la petición de quiebra se basa en la misma causal invocada y en idéntico
fundamento de hecho, deberá solicitarla ante el tribunal que desestimó la solicitud.”
1.- Cuando el deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, cese en el
pago de una obligación mercantil con el solicitante, cuyo título sea ejecutivo;
2.- Cuando el deudor contra el cual existieren tres o más títulos ejecutivos y vencidos,
provenientes de obligaciones diversas, y estuvieren iniciadas, a lo menos, dos ejecuciones, no hubiere
presentado en todas éstas, dentro de los cuatro días siguientes a los respectivos requerimientos, bienes
bastantes para responder a la prestación que adeude y las costas”
En todo caso también el deudor tiene algunos derechos frente a esta situación. Estos son:
1.- Puede interponer un recurso de reposición: La ley no señala plazo alguno por lo que debemos
entender que será en el plazo de 5 días que es la regla general en materia de reposición. El tribunal
resuelve en única instancia, y si se rechaza la reposición el plazo para formular las proposiciones será de
20 días corridos contados desde la notificación de la resolución que negó lugar a la reposición.
2.- Puede también, en el plazo de 5 días contados desde la notificación, manifestar por escrito al
tribunal que se acogerá al procedimiento establecido en el Art. 177 ter: Que consiste en que se debe
citar a una junta para que designe a un experto facilitador, y este estudiará la situación patrimonial del
deudor y propondrá un convenio o pedirá al tribunal que se declare la quiebra. Si el deudor es una
sociedad anónima abierta y se designa un experto facilitador, este tiene la obligación de comunicar a la
Superintendencia de valores y seguros el hecho que se le ha nombrado experto facilitador (Art. 177 ter).
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Además tiene que comunicar su designación, sea cual sea el deudor, a la superintendencia de quiebras
para que lo agregue a una nómina, si no figura.
Proposición del convenio dentro de plazo (Art. 173):
Lo hace el deudor ante el tribunal que le habría correspondido declarar o conocer de la quiebra,
que es el del domicilio del deudor, salvo excepcionalmente en el caso que esta sea una sociedad
anónima abierta, que no sea compañía de seguros, en cuyo caso conoce del convenio un tribunal
arbitral designado por el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva y lo designará de una nómina
de abogados que tengan a lo menos 20 años de profesión y que se encuentren en el territorio
jurisdiccional de la respectiva Corte de Apelaciones.
Debe acompañar a su propuesta los mismos antecedentes que el Art. 42 exige para el caso en
que el deudor pida su propia quiebra, y debe además acompañar una nómina indicando expresamente a
los tres mayores acreedores. El nombre de estos tres mayores acreedores es para proceder a la
designación del síndico, también se debe contener una propuesta de honorarios para él.
Frente a esta presentación del deudor, el tribunal primero designa un síndico titular y un síndico
suplente. Luego declara que el deudor quedará sujeto a la intervención por parte del síndico, y tiene las
mismas facultades que el CPC establece para el interventor en las medidas precautorias. Ordena que el
síndico informe al tribunal sobre las proposiciones del convenio, para lo cual tiene un plazo de 20 días
prorrogables por 10 más. Debiendo en este informe calificar la propuesta, señalando si es posible de
cumplir o no el convenio, debe informar su estimación sobre si el convenio es más favorable para los
acreedores que la quiebra, y también debe informar el monto probable que cada acreedor valista
recuperaría si se cumple el convenio.
Si el síndico no cumple, el propio deudor o cualquier acreedor que acredite ser tal, pedirá al
tribunal que se indique un nuevo plazo bajo apercibimiento al síndico para que informe, o simplemente
que designe al síndico suplente como titular.
El tribunal, frente al informe del síndico debe citar a una junta de acreedores para que discutan o
deliberen sobre las proposiciones de convenio, en un plazo no inferior a 30 días, contados desde la
notificación respectiva. Los acreedores deliberarán acerca del convenio que ha propuesto el síndico.
Notificación de esta resolución:
Hay que distinguir:
1.- Al síndico titular y al suplente: Se le notifica personalmente o por cédula.
2.- A los tres mayores acreedores: Se les notifica por cédula.
3.- A los demás acreedores: Se les notifica por aviso en el diario oficial.
Finalmente, al síndico titular y a los 3 mayores acreedores se les cita a una audiencia con el
deudor para que se pronuncien sobre los honorarios del síndico. Si no hay acuerdo los honorarios los fija
el juez.
Artículo 173: “Las proposiciones de convenio judicial preventivo que haga el deudor y las
solicitudes del artículo anterior, se presentarán ante el tribunal que sería competente para declarar la
quiebra de aquél, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180. Las proposiciones de convenio judicial
preventivo deberán estar acompañadas de todos los antecedentes que determina el artículo 42, con
expresa mención del domicilio en Chile de los tres mayores acreedores, excluidos aquéllos a que se
refieren las letras a), b) y c) del artículo 190 y deberán contener una propuesta de honorarios para el
síndico que se designare.
Presentadas las proposiciones de esta clase de convenio, el juez deberá designar al síndico titular
y al suplente que nomine el acreedor con domicilio en Chile que aparezca con el mayor crédito en el
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estado de deudas presentado por el deudor al tribunal. Para estos efectos, el secretario del tribunal
cuidará que se notifique a la brevedad al indicado acreedor, en forma fidedigna, para que éste formule
la nominación por escrito al tribunal dentro del plazo de cinco días de efectuada la notificación
señalada. Si dentro de dicho plazo el acreedor no hiciere la nominación respectiva o según certificación
del secretario ha resultado imposible notificar al acreedor en un breve plazo, el tribunal notificará al
acreedor residente en Chile que tenga el segundo mayor crédito, para que efectúe la nominación en la
forma expresada. En caso de que lo señalado resultare imposible de aplicar, se designará al síndico
mediante el sorteo establecido en el inciso final del artículo 42, de todo lo cual se dejará constancia
pormenorizada en el expediente.”
Derechos de los acreedores en los convenios:
La regla general es que, no obstante se proponga un convenio, los acreedores pueden continuar
con sus ejecuciones individuales e incluso pedir que se declare la quiebra del deudor (convenio
preventivo).
Los artículos 177 y 177 Bis hablan del pasivo, debemos mencionar que el mismo Art. 177 bis nos
explica qué debemos entender por pasivo. Nos dice que el pasivo se puede determinar de diversas
maneras:
1.- Se recurre al balance que el propio fallido acompaño al tribunal cuando pidió su propia
quiebra.
2.- También tal información se puede determinar por certificación de auditores externos que
hubieren tenido acceso a la contabilidad, elegidos entre los inscritos de una nomina visada por la
superintendencia de valores y seguros.
Artículo 177: “La tramitación de esta clase de convenio no embarazará el ejercicio de ninguna de
las acciones que procedan en contra del deudor, no suspenderá los juicios pendientes, ni obstará a la
realización de los bienes. Sin embargo, suspenderá el plazo de

prescripción de las acciones referidas en los Párrafos 2º y 3º del Título VI desde la fecha de la resolución
que lo tiene por presentado o de la resolución que ordena citar a Junta de Acreedores en el caso del
artículo 177 ter.
Se aplicarán a esta clase de convenios las disposiciones del Párrafo 5 del Título VI. La referencia
que el artículo 93 hace al síndico, debe entenderse, en este caso, hecha al deudor.
En relación a las compensaciones, se aplicará a estos convenios lo que para la quiebra dispone el
artículo 69, a contar de la resolución que recae en las proposiciones de convenio.”
Artículo 177 bis: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si la proposición de convenio
judicial preventivo se hubiere presentado con el apoyo de dos o más acreedores que representen más
del 50% del total del pasivo, no podrá solicitarse la quiebra del deudor ni iniciarse en su contra juicios
ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento, durante los
noventa días siguientes a la notificación por aviso de la resolución en que el tribunal cite a los
acreedores a junta para deliberar sobre dicha proposición. Durante este período, se suspenderán los
procedimientos judiciales señalados y no correrán los plazos de prescripción extintiva.
El pasivo se determinará sobre la base del estado a que se refiere el artículo 42 número 4,
certificado de acuerdo a la información disponible y a la cual hubieren tenido acceso de los registros del
deudor, por auditores externos, independientes, e inscritos en el registro que lleva la Superintendencia
de Valores y Seguros.
Para los efectos del cálculo del total del pasivo y de la mayoría antes indicada, sólo se excluirán:
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a) las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 100 de
la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores; y
b) el titular de la empresa individual de responsabilidad limitada proponente del convenio y esta
empresa individual si el proponente es su titular.
En el caso del inciso primero, los acreedores privilegiados e hipotecarios no perderán sus preferencias, y
podrán impetrar las medidas conservativas que procedan.
En el aviso que se publique se señalará en forma expresa si se ha reunido la mayoría señalada en
el inciso primero.
Lo dispuesto en el inciso primero no se aplicará a los juicios laborales sobre obligaciones que
gocen de privilegio de primera clase, excepto las que el deudor tuviere, en tal carácter, a favor de su
cónyuge o de sus parientes o de los gerentes, administradores, apoderados u otras personas que hayan
tenido o tengan injerencia en
la administración de sus negocios. Para estos efectos se entenderá por parientes a los ascendientes y
descendientes y a los colaterales hasta el cuarto grado, inclusive.
Durante el período de suspensión a que se refiere este artículo, el deudor no podrá gravar ni
enajenar sus bienes. Sólo podrá enajenar aquéllos expuestos a un próximo deterioro, o a una
desvalorización inminente, o los que exijan una conservación dispendiosa, y podrá gravar o enajenar
aquéllos cuyo gravamen o enajenación resulten estrictamente indispensables para el normal
desenvolvimiento de su actividad, siempre que cuente con la autorización previa del síndico para la
ejecución de dichos actos.
El plazo a que se refiere el inciso primero es fatal e improrrogable. Si dentro de él no se acordare
el convenio, el tribunal declarará de oficio la quiebra.
Los plazos señalados en el artículo 63 y en los Párrafos 2º y 3º del Título VI se ampliarán en
tantos días cuantos transcurrieren desde la fecha de la resolución recaída en las proposiciones de
convenio hasta la fecha de la declaración de quiebra.”
Contenido del convenio:
En general su contenido puede estar referido a cualquier objeto lícito que tenga por
finalidad evitar la declaración de quiebra. Lo único que no puede hacerse jamás es alterar la cuantía de
los créditos que se han fijado.
Por regla general, las proposiciones de convenio deben ser las mismas para todos los acreedores,
salvo que por unanimidad se acuerde lo contrario. En este caso pueden haber:
1.- Proposiciones principales (y)
2.- Proposiciones alternativas
Cada acreedor podrá elegir entre alguna de estas, en un plazo de 10 días desde la propuesta.
También se puede pactar, en el mismo convenio, la designación de un juez árbitro, para resolver
todas las cuestiones o diferencias que se produzcan entre el deudor y los acreedores, o entre estos
últimos. Este juez árbitro podrá conocer la interpretación, cumplimiento y nulidad del convenio. En ese
mismo acuerdo se podrá determinar la naturaleza del arbitraje, y este compromiso es obligatorio para
todos aquellos a quienes afecta el convenio.
Caso en que el fallido o proponente es una S.A. abierta:
Recordemos que las SA abiertas son aquellas que están sujetas a fiscalización de la SVS. A ella se
refiere los Art. 180 y 181, con la excepción de las compañías de seguros.
Para ellas el convenio tiene las mismas reglas con las excepciones siguientes:
1.- Al momento de presentar la proposición del convenio se debe proceder a la designación de
un tribunal arbitral para que conozca de ella. Este tribunal arbitral será designado por el presidente de la
Corte de Apelaciones dentro de una nómina que para este efecto llevará la SVS. Se elige un árbitro
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titular y podrán entrar en esta nómina abogados habilitados para el ejercicio de la profesión que tengan
más de 20 años de ejercicio. Se debe designar no solo al titular sino que también al suplente que debe
tener los mismos requisitos. Este es un tribunal unipersonal y es un árbitro de derecho, pero la junta de
acreedores podrá otorgarle la calidad de mixto.
2.- Finalmente si el 66% de los acreedores más el deudor así lo solicitan el convenio puede ser
sometido a arbitraje, sin importar la calidad del deudor (no necesariamente debe ser S.A. abierta), y
puede otorgarse la calidad de árbitro mixto por el 75% de los acreedores. Los costos del arbitraje son de
cargo del deudor proponente y es un crédito preferente.
Facultades del arbitro:
En cuanto a algunas facultades del árbitro, estas están indicadas en el Art. 185 que son
facultades especiales que le otorga la ley de quiebras.
Artículo 185: “Los tribunales arbitrales a que se refieren el inciso cuarto del artículo 178 y los
artículos 180 y 184 tendrán las siguientes facultades:
1° Podrán admitir, además de los medios probatorios establecidos en el Código de
Procedimiento Civil, cualquier otra clase de prueba; y decretar de oficio las diligencias probatorias que
estime conveniente, con citación de las partes. Tendrán, además, en todo momento, acceso a los libros,
documentos y medios de cualquier clase en los cuales estén contenidas las operaciones, actos y
contratos del proponente del convenio; y
2° Apreciarán la prueba de acuerdo con las normas de la sana crítica, y deberán consignar en la
respectiva resolución los fundamentos de dicha apreciación.”
Normas especiales para el convenio simplemente judicial:
Este convenio es el que tiene por objeto poner término al estado de quiebra por lo que se
propone dentro del juicio de quiebra, así lo dice el Art. 186.
Este convenio se puede proponer en cualquier momento. Para ello se publica un aviso en el
diario oficial y se cita a la junta para pronunciarse sobre ello. Si va apoyado por el 51% del pasivo se
paralizan automáticamente las enajenaciones, hasta que se resuelva la aprobación o no del convenio,
salvo aquellos bienes que pueden sufrir deterioro.
Artículo 186: “El convenio simplemente judicial es el que se propone durante el juicio de quiebra
para ponerle término.”
07/09/2011.La aprobación del convenio:
Los Art. 190 y siguientes de la ley se refieren a la aprobación del convenio.
Distinguiremos entre la aprobación y el acuerdo del convenio, o sea, entre el convenio acordado
y aprobado. Es lo que da origen a la teoría procesalista de los convenios.
El convenio se entiende acordado cuando cuenta con el consentimiento del deudor y reúne
además los votos de los 2/3 o más de los acreedores concurrentes que representen a lo menos
las 3/4 partes del pasivo con derecho a voto.
Este mismo art. 190 nos dice que para calcular cuál es el pasivo con derecho a voto no hay que
tomar en cuenta a ciertas personas.

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Artículo 190: “El convenio se considerará acordado cuando cuente con el consentimiento del
deudor y reúna a su favor los votos de los dos tercios o más de los acreedores concurrentes que
representen tres cuartas partes del total del pasivo con derecho a voto, excluidos los créditos
preferentes cuyos titulares se hayan abstenido de votar por ellos.
No podrán votar, ni sus créditos se considerarán en el monto del pasivo:
a) El cónyuge, los ascendientes y descendientes y hermanos del deudor o de sus
representantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 193;
b) Las personas que se encuentren en alguna de las situaciones a que se refiere el artículo 100
de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores, y
c) El titular de la empresa individual de responsabilidad limitada proponente del convenio, y
esta empresa individual si el proponente es su titular.”

El acuerdo de aprobación se debe acreditar con la certificación del secretario del tribunal.
En caso de existir acreedores preferentes respecto de algunos bienes del deudor, el Art. 191 nos
dice que pueden asistir a la junta y discutir las proposiciones siempre que se renuncie a la preferencia.
La circunstancia de que vote implica la renuncia a la preferencia.
Este convenio también se debe publicar. Primero se protocoliza y luego se publica con su
certificado de estar firme y ejecutoriado.
Impugnación del convenio (Art. 196):
Cualquier acreedor a quien le afecte el convenio lo puede impugnar, antes esto regía solo para el
acreedor disidente. También lo pueden impugnar aquellos que hayan constituido cauciones reales o
personales, o los terceros poseedores de bienes entregados en caución por el deudor.
Las razones de impugnación pueden ser:
1.- Defectos en materia de convocatoria, celebración o error en el cómputo de las mayorías que
establece la ley.
2.- Falsedad o exageración del crédito.
3.- La inteligencia fraudulenta entre uno o más acreedores para rechazar el convenio o abstenerse de
concurrir.
4.- Error u omisión en las listas de bienes o de acreedores.
5.- Ocultación u exageración del pasivo o del activo.
6.- Por contener estipulaciones que adolecen de objeto ilícito.
Artículo 196: “El convenio podrá ser impugnado por cualquier acreedor a quien éste pudiere
afectarle, sólo si alegare alguna de las causas siguientes:
1.- Defectos en las formas establecidas para la convocación y celebración de la junta, o error en
el cómputo de las mayorías requeridas por la ley;
2.- Falsedad o exageración del crédito o incapacidad o falta de personería para votar de alguno
de los que hayan concurrido con su voto a formar la mayoría, si excluido este acreedor, hubiere de
desaparecer tal mayoría;

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3.- Inteligencia fraudulenta entre uno o más acreedores y el deudor para votar a favor del
convenio o para abstenerse de concurrir;
4.- Error u omisión sustancial en las listas de bienes o de acreedores;
5.- Ocultación o exageración del activo o pasivo, y
6.- Por contener una o más estipulaciones contrarias a lo dispuesto en los incisos primero a
quinto del artículo 178.
Podrán también impugnar el convenio todos aquéllos que hubiesen otorgado cauciones reales o
personales, o que sean terceros poseedores de bienes constituidos en garantía de obligaciones del
deudor, cuando los respectivos acreedores no hubieren votado a favor del convenio.”
El plazo para impugnar es de 5 días desde la notificación por aviso en el diario oficial del acuerdo
del convenio. Se tramita como incidente.
¿Cuándo se entiende aprobado el convenio?
El convenio entra en vigencia una vez vencidos lo plazos de impugnación, lo que debe ser
declarado por el tribunal de oficio o a petición de parte. (199). Ahí entra en vigencia.
Artículo 199: “El convenio entrará a regir desde que se encuentre vencido el plazo para
impugnarlo sin que se hayan interpuesto impugnaciones en su contra. En este caso, y en el inciso
segundo, se entenderá aprobado y el tribunal lo declarará así de oficio o a petición de cualquier
interesado.
Si el convenio ha sido impugnado, entrará a regir desde que cause ejecutoria la resolución que
deseche la o las impugnaciones y lo declare aprobado.
El recurso de casación deducido en contra de la sentencia de primera o segunda instancia que
desecha la o las impugnaciones, no suspende el cumplimiento del fallo, incluso si la parte vencida
solicita se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora.
Las resoluciones que se refieren los incisos anteriores de este artículo se notificarán por aviso y
en contra de ellas no procederá recurso alguno.
Sin perjuicio de lo anterior, el convenio judicial preventivo entrará a regir, en todo caso, no
obstante las impugnaciones que se hubieren interpuesto en su contra, si éstas no contaren con la
adhesión de acreedores que representen a lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto determinado
en conformidad al artículo 179. En este caso, y en el inciso segundo, los actos y contratos ejecutados o
celebrados por el deudor en el tiempo que medie entre el acuerdo y la fecha en que quede ejecutoriada
la resolución que acoja las impugnaciones, no podrán dejarse sin efecto, salvo lo dispuesto en el artículo
2468 del Código Civil.
Si el convenio resultare desechado por resolución firme, las obligaciones y derechos existentes
entre el deudor y sus acreedores con anterioridad a los acuerdos que han sido objeto del convenio se
regirán por sus respectivas convenciones.”
Efectos del convenio:
1.- El convenio afectará al deudor y a todos sus acreedores.
2.- Si se trata de convenio solución, se alza la quiebra y lo único que continúa es el proceso de
calificación, es decir aquel que tiene por objeto determinar si existe algún delito en la situación que
motivó la declaratoria de quiebra.
3.- En cuanto a las inhabilidades a que está sujeto el fallido, estas no se extinguen de pleno derecho por
el convenio, sino que deben ser alzadas por el tribunal.
4.- En cuanto a la acumulación de juicios, estos continúan de la misma manera.
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5.- En cuanto a los acreedores que no verificaron oportunamente en el convenio pueden solicitar al
tribunal que también lo aplique a su favor, lo que implica que tendrán derecho a participar en los pagos
que se vayan haciendo.
Nombramiento de Interventor:
De acuerdo al Art. 206, en el convenio se puede nombrar un interventor y este podrá ser incluso
el mismo síndico o cualquier otra persona que tenga conocimiento sobre el giro del fallido. Este
interventor podrá ser revocado con el voto del deudor y de acreedores que representen a lo menos el
50% del pasivo. Cuando el deudor no está de acuerdo con remover al interventor, los acreedores
requieren un quórum de representación de 2/3 partes del pasivo. Este interventor responderá hasta
por culpa leve. En el convenio puede acordarse que haya una comisión de interventores.
Finalmente el interventor no queda sujeto a la fiscalización de la superintendencia, salvo que sea
síndico.
En cuanto a las atribuciones y deberes del interventor, serán primero las que señale la junta de
acreedores. A falta de esta se aplican las del Art. 207.
Los acreedores pueden pedir al juez que fiscalice al interventor.
Artículo 206: “El convenio podrá estipular el nombramiento de un interventor, que podrá o no
ser síndico de la nómina, y tendrá las atribuciones y deberes que el mismo le señale. Su remuneración
será fijada en la forma que determine el convenio.
El interventor sólo podrá ser revocado con el voto de uno o más de los acreedores que
representen más del 50 % del total del pasivo con derecho a voto, con el acuerdo del deudor, y sin este
acuerdo con el voto de uno o más de los acreedores que representen a lo menos los dos tercios del
pasivo con derecho a voto.
Sin perjuicio de lo anterior, en el convenio se podrá designar una comisión de acreedores con las
atribuciones y deberes que le señale.
Todas estas personas responderán de la culpa leve.
Sólo los síndicos de la nómina estarán sujetos a la fiscalización de la Superintendencia. “
Artículo 207: “Las atribuciones y deberes del interventor serán las siguientes, a menos que se
acuerde otra cosa:
1. Imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor;
2. Llevar cuenta de las entradas y gastos de los negocios del deudor;
3. Visar, en su caso, los pagos a los acreedores;
4. Cuidar de que el deudor no retire para sus gastos personales y los de su familia otras sumas
que las autorizadas en el convenio;
5. Rendir trimestralmente la cuenta de su actuación y la de los negocios del deudor, y presentar
las observaciones que le merezca la administración de este último. Esta cuenta será enviada por correo
a cada uno de los acreedores;
6. Pedir al tribunal ante el cual se tramitó el convenio que cite a junta de acreedores, siempre
que lo crea conveniente o cuando se lo pida alguno de ellos para tratar asuntos de interés común. Todos
los acuerdos de la junta deberán ser adoptados por la mayoría del pasivo del convenio, con derecho a
voto.
7. Impetrar las medidas precautorias que sean necesarias para resguardar los intereses de los
acreedores, sin perjuicio de los acuerdos que éstos puedan adoptar. Estas solicitudes se tramitarán
como incidente, y
8. Representar judicial y extrajudicialmente a los acreedores para llevar a efecto los acuerdos
que tomen en forma legal.”
Rechazo del convenio:
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Si se rechaza el convenio al no obtener la mayoría, este puede proponerse las veces que se
quiera, pero ya no suspende el derecho de los acreedores a ejecutar individualmente al fallido ni
tampoco para pedir la declaratoria de quiebra. Esto no opera porque el inciso 2º del Art. 209 dice que si
se rechaza el convenio el tribunal debe declarar la quiebra de oficio, sin más trámite.
Ahora si es la junta la que rechazó el convenio, debe indicar en la misma acta de rechazo, los
nombres de un síndico titular y uno suplente, a quienes el tribunal deberá designar en tal carácter. Lo
que no puede hacer el tribunal es designar como síndico a quien haya sido designado interventor.
Nulidad del convenio:
Las causales de nulidad, que es una manera de extinción del convenio, están señaladas en el Art.
210 y siguientes. Fundamentalmente son 2:
1.- La infracción del activo o del pasivo, descubierta después de vencido el plazo para impugnar.
2.- La exageración del activo o del pasivo, descubierta después de vencido el plazo para impugnar.
Estas acciones prescriben en el plazo de 1 año contado desde la fecha que entró a regir el
convenio.
Incumplimiento del convenio:
El incumplimiento viene a reemplazar a la antigua resolución del convenio. Se entiende
incumplido el convenio por la inobservancia de sus disposiciones y por el agravamiento de los
negocios.
Será el tribunal el que declare el incumplimiento a petición de alguno de los acreedores. Tanto la
nulidad como la declaración de incumplimiento será conocida por el tribunal que aprobó el convenio y
se tramitarán de acuerdo al juicio sumario. Si se declara el convenio nulo o incumplido, el tribunal debe
declarar la quiebra de oficio.
La sentencia que da lugar al incumplimiento es apelable en ambos efectos.
Finalmente
digamos que también se extingue el convenio en caso de segunda quiebra del deudor, aun cuando el
convenio se esté cumpliendo.
14/09/2011.El Sobreseimiento:
Es un modo de poner término o suspender la quiebra.
Pone término el sobreseimiento definitivo.
La suspende el sobreseimiento temporal.
La ley de quiebras se refiere al sobreseimiento en los Art. 157 y siguientes, y
distingue entre:
1.- El sobreseimiento temporal (y)
2.- El sobreseimiento definitivo.
1.- El sobreseimiento temporal:
Este está en el Art. 158 y siguientes de la ley de quiebra. Podemos definirlo como “aquel que
suspende el juicio de quiebras y se decreta por resolución judicial.”

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La consecuencia fundamental del sobreseimiento temporal es que renace el derecho de los
acreedores a ejecutar individualmente al fallido.
 Causales: (art. 158)
Artículo 158: “El tribunal dará lugar al sobreseimiento temporal:
1.- Cuando, de conformidad con el artículo 97°, no apareciere ningún bien perteneciente a la masa, o
2.- Cuando resultare de la cuenta presentada por el síndico en la primera junta de acreedores que el
producto probable de la realización del activo no alcanzare para cubrir los gastos de prosecución de la
quiebra y se procediere, de acuerdo con el artículo 109°, a la realización sumaria del activo. En este caso
el sobreseimiento temporal se decretará de oficio, una vez finalizada la realización sumaria del activo y
distribuido el excedente que de ella pudiere haber resultado.” (Saber bien el artículo)
2.- Sobreseimiento definitivo:
Consiste en una resolución judicial en virtud de la cual se coloca término a la quiebra. Las
causales están en los Art. 164 y 165 LQ.
Las causales del Art. 164 son las llamadas causales ordinarias del sobreseimiento definitivo, y la
del Art. 165 es una causal extraordinaria.
La diferencia fundamental entre unas y otras, es que en las del Art. 164 las obligaciones se
extinguen por los modos de extinguir que se indican en el mismo artículo, por ejemplo el pago, el
desistimiento, la remisión o bien se cauciona el cumplimiento de tales obligaciones; en cambio la
causal extraordinaria implica que las obligaciones se extinguen por el propio sobreseimiento, el que
pasa a ser un modo de extinguir.
2.1.- Causales ordinarias del sobreseimiento:
Artículo 164: “Tiene lugar el sobreseimiento definitivo:
1.- Cuando todos los acreedores convienen en desistirse de la quiebra o remiten sus créditos;
2.- Cuando el deudor o un tercero por él, consigna el importe de las costas y los créditos vencidos
y cauciona los demás a satisfacción de los acreedores, y
3.- Cuando todos los créditos hayan sido cubiertos en capital e intereses con el producto de los
bienes realizados en la quiebra.” (Memoria).
2.2.- Causal extraordinaria del sobreseimiento:
Artículo 165: “Se sobreseerá también definitivamente, aun cuando las deudas no se hubieren
alcanzado a cubrir con el producto de la realización de todos los bienes de la quiebra, siempre que
concurran los siguientes requisitos:
1.- Que hayan transcurrido dos años contados desde que hubiere sido aprobada la cuenta
definitiva del síndico;
2.- Que, habiendo terminado el procedimiento de calificación de la quiebra por sentencia
ejecutoriada, haya sido calificada de fortuita, y
3.- Que el deudor no haya sido condenado por alguno de los delitos contemplados en el
artículo 466° del Código Penal.
El sobreseimiento de que trata este artículo extingue, además, las obligaciones del fallido por los
saldos insolutos de sus deudas anteriores a la declaración de quiebra, sin perjuicio de distribuirse entre
los acreedores el producto de los bienes adquiridos con posterioridad y ya ingresados a la quiebra, con
arreglo al inciso segundo del artículo 65°.” (Saber artículo)

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En cuanto a la tramitación debe ser solicitado, y lo solicita el fallido, un acreedor o el síndico. Se
entiende que un tercero interesado no puede pedir el sobreseimiento.
Esta solicitud se notifica por aviso en el diario oficial y dentro del plazo de 15 días contados
desde la notificación del aviso puede alguno de los acreedores o el síndico pedir u oponerse al
sobreseimiento definitivo. Esta oposición se tramitará incidentalmente entre el deudor o quien pidió el
sobreseimiento y el opositor.
La resolución que se dicta y falla el incidente es apelable en ambos efectos.

La Calificación de la Quiebra:
Se refiere a ella el art. 218 y siguientes de la ley de quiebra. Se aplicarán al deudor calificado (el
del 41) pudiendo ser declarada fortuita, culpable o fraudulenta.
El artículo 219, es taxativo y establece cuando se presume culpable la quiebra (al menos saber 7
casos).
Artículo 219: “La quiebra se presume culpable en los siguientes casos:
1.- Si el deudor ha pagado a un acreedor en perjuicio de los demás, después de la cesación de
pagos;
2.- Si los gastos domésticos o personales del fallido hubieren sido excesivos, habida
consideración a su capital, a su rango social y al número de personas de su familia;
3.- Si el fallido hubiere perdido fuertes sumas en cualquier especie de juego, en apuestas
cuantiosas o en operaciones aventuradas de bolsa;
4.- Si el deudor no hubiere solicitado su quiebra, en el caso del artículo 41, o si la manifestación
que hiciere no reuniese las condiciones que prescribe el artículo 42;
5.- Si el deudor fuere declarado en quiebra, por segunda vez, sin haber cumplido las obligaciones
que hubiere contraído en un convenio precedente;
6.- Si se ausentare o no compareciere al tiempo de la declaración de quiebra o durante el curso
del juicio, o si se negare a dar al síndico explicaciones sobre sus negocios;
7.- Si hubiere prestado fianzas o contraído por cuenta ajena obligaciones desproporcionadas a la
situación que tenía cuando las contrajo, sin garantías suficientes;
8.- Si hubiere hecho donaciones desproporcionadas a su situación de fortuna, considerada en el
momento de hacerlas;
9.- Si no tuviere libros o inventarios o si teniéndolos, no hubieren sido llevados los libros con la
regularidad exigida de tal suerte que no manifiesten la verdadera situación de su activo y pasivo.
Respecto de quienes no estén obligados a llevar libros de contabilidad, se aplicarán las normas sobre
tributación simplificada establecidas por el Servicio de Impuestos Internos;
10.- Si no se conservare las cartas que se le hubieren dirigido con relación a sus negocios;
11.- Si hubiere omitido la inscripción de los documentos que ordena la ley, y
12.- Si agravase el mal estado de sus negocios durante el período a que se refiere el inciso
primero del artículo 177 bis.”
El artículo 220 se refiere a las causales de quiebra fraudulenta, esta a diferencia del artículo
anterior, es enunciativo, a la luz de la redacción del número 16.
Artículo 220: “Se presume fraudulenta la quiebra del deudor:
1.- Si hubiere ocultado bienes;
2.- Si hubiere reconocido deudas supuestas;
3.- Si hubiere supuesto enajenaciones, con perjuicio de sus acreedores;
4.- Si hubiere comprometido en sus propios negocios los bienes que hubiere recibido en
depósito, comisión o administración, o en el desempeño de un cargo de confianza;
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5.- Si, posteriormente a la declaración de quiebra, hubiere percibido y aplicado a sus propios
usos, bienes de la masa;
6.- Si, después de la fecha asignada a la cesación de pagos, hubiere pagado a un acreedor, en
perjuicio de los demás, anticipándole el vencimiento de una deuda;
7.- Si ocultare o inutilizare sus libros, documentos y demás antecedentes;
8.- Si, con intención de retardar la quiebra, el deudor hubiere comprado mercaderías para
venderlas por menor precio que el corriente, contraído préstamos a un interés superior al corriente de
plaza, puesto en circulación valores de crédito o empleado otros arbitrios ruinosos para hacerse de
fondos;
9.- Si, inmediatamente después de haber comprado mercaderías al fiado, las vendiere con
pérdidas;
10.- Si, antes o después de la declaración de quiebra, hubiere comprado para sí por interposición
de un tercero y a nombre de éste, bienes de cualquier clase;
11.- Si no resultare de sus libros la existencia o salida del activo de su último inventario, o del
dinero y valores de cualquier otra especie que hubieren entrado en su poder posteriormente a la
facción de aquél;
12.- Si, en estado de manifiesta insolvencia, hubiere hecho donaciones cuantiosas;
13.- Si hubiere celebrado convenios privados con algunos acreedores en perjuicio de la masa;
14.- Si se ausentare o fugare, llevándose una parte de sus haberes;
15.- Si el deudor, dentro del ejercicio en el cual cese en el pago de sus obligaciones o en el
inmediatamente anterior, hubiere omitido, falseado o desvirtuado información de aquella que ha
debido proporcionar de conformidad a la ley, acerca de su real situación legal, económica o financiera, y
16.- En general, siempre que hubiere ejecutado dolosamente una operación cualquiera que
disminuya su activo o aumente su pasivo.”
El artículo 221 se refiere a la complicidad de la quiebra fraudulenta. (Importante el número 2)).
Artículo 221: “Se presume que son cómplices de quiebra fraudulenta:
1.- Los que, de acuerdo con el fallido, supusieren créditos o alteraren los verdaderos en cantidad
o fecha;
2.- Los que auxiliaren al fallido para ocultar o sustraer sus bienes, sea cual fuere su naturaleza,
antes o después de la declaración de quiebra;
3.- Los que, con conocimiento de la declaración de quiebra, ocultaren bienes, documentos o
papeles de propiedad del fallido que tuvieren en su poder, o los entregaren a éste y no al síndico;
4.- Los que, después de la declaración de quiebra, admitieren cesiones o endosos del fallido;
5.- Los acreedores legítimos que celebraren convenios privados con el fallido en perjuicio de la
masa;
6.- Los que, con conocimiento de la cesación de pagos, obtuvieren el pago anticipado del todo o
parte de su crédito, y
7.- Los agentes, corredores o comisionistas que, después de declarada la quiebra, intervinieren
en cualquier operación comercial del fallido, con perjuicio de la masa.
En los demás casos se aplicarán las reglas generales que, sobre complicidad, establece el Código
Penal.”
El artículo 222 se refiere al procedimiento de calificación de la quiebra.
Artículo 222: “Declarada la quiebra, la junta de acreedores podrá efectuar denuncia y cualquier
acreedor podrá efectuar denuncia o interponer querella criminal si estimare que se configura alguno
de los hechos previstos en los artículos 219, 220 y 221.
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Si no se ejerciere acción penal, pero hubiere mérito para que se investiguen esos hechos, la
Superintendencia de Quiebras los denunciará al Ministerio Público, poniendo en su conocimiento la
declaración de quiebra y los demás antecedentes que obraren en su poder.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no obsta a la facultad del Ministerio Público para
iniciar de oficio la investigación criminal.”
Los artículos 229 y siguientes, se refieren a las penas que se generan producto de esta
defraudación.
Artículo 229: “La quiebra culpable será penada con presidio menor en cualquiera de sus grados.
La quiebra fraudulenta será sancionada con presidio menor, en su grado medio a presidio mayor
en su grado mínimo, salvo que cualquiera de los actos delictuosos que el fallido hubiere cometido
tuviere asignada mayor pena, pues entonces se aplicará ésta.”
Artículo 230: “Sin perjuicio de la pena que corresponda con arreglo al Código Penal, la sentencia
de término que condene a una persona como cómplice de una quiebra fraudulenta, dispondrá:
1.- La pérdida de cualquier derecho que tenga en la masa;
2.- El reintegro a la misma de los bienes, derechos y acciones sobre cuya sustracción hubiere
recaído su complicidad, y
3.- La indemnización de los perjuicios irrogados a la masa.”
Artículo 231: “El cónyuge y los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines del fallido,
que, con conocimiento de la quiebra, hubieren sustraído bienes perteneciente a ésta, no serán
considerados cómplices de quiebra fraudulenta, pero serán castigados como reos comunes de hurto sin
tomarse en consideración su calidad de cónyuge o de pariente.”
Artículo 232: “Los gerentes, directores o administradores de una persona jurídica declarada en
quiebra, cuyo giro quede comprendido en el artículo 41°, serán castigados, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que les pueda afectar, como reos de quiebra culpable o fraudulenta, según el caso,
cuando en la dirección de los negocios del fallido y
con conocimiento de la situación de éstos, hubieren ejecutado alguno de los actos o incurrido en alguna
de las omisiones a que se refieren los artículos 219° y 220°, o cuando hubieren autorizado expresamente
dichos actos u omisiones.
Serán castigados con reclusión o relegación menores en su grado mínimo a medio si se han
repartido dividendos a los socios, a propuesta del directorio, a sabiendas que no correspondían a
utilidades efectivas.
La pena se elevará en un grado si esos repartos han ocasionado la quiebra.”
Artículo 233: “Los factores o representantes del fallido que sea persona natural serán castigados
como autores de quiebra culpable o fraudulenta si, en representación de su principal o mandante y en
conocimiento de la situación de éste, hubieren ejecutado sin órdenes o instrucciones suyas algunos de
los actos o hubieren incurrido en algunas de las omisiones a que se refieren los artículos 219° y 220°.
Las inhabilidades, medidas preventivas y penas que procedan, se aplicarán, en el caso de
incapaces, a los representantes legales que hubieren intervenido en los actos o contratos que
produjeron el mal estado de los negocios o en los que den fundamento para declarar la quiebra culpable
o fraudulenta.”
Artículo 234: Las disposiciones del presente Título no se aplicarán al deudor no comprendido en
el artículo 41°, el que quedará sujeto a las prescripciones del Código Penal.
Sin embargo, le serán aplicables en lo que corresponda, si su quiebra hubiere sido declarada por
la causal del Nº 3 del artículo 43.”

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La rehabilitación del fallido:
Artículos 235 y siguientes a propósito de cuando se habla de los efectos inmediatos de la quiebra
se estudia las inhabilidades del fallido, con esta institución cesan esas inhabilidades.
La rehabilitación se por el solo ministerio de la ley, solo cuando el procedimiento de calificación
concluya sin una sentencia condenatoria, en caso contario deberán aplicarse los artículos 239 y 240.
Artículo 235: “La rehabilitación hace cesar todas las inhabilidades que las leyes imponen al
fallido.”
Artículo 236: “La rehabilitación del fallido se produce por el solo ministerio de la ley, en todos
aquellos casos en que el procedimiento de calificación de la quiebra concluya sin sentencia
condenatoria por el delito de quiebra culpable o fraudulenta.”
Artículo 237: “El fallido rehabilitado en las condiciones del artículo anterior, gozará del beneficio
de competencia que acuerda al deudor insolvente el número 6 del artículo 1.626° del Código Civil,
mientras no se haya sobreseído definitivamente en el caso del artículo 165° de esta ley.”
Artículo 238: “El fallido culpable o fraudulento podrá ser rehabilitado, si justificare que ha
cumplido las penas que se le hubieren impuesto o que ha sido indultado, y, en todo caso, que ha
satisfecho íntegramente sus deudas.”
Artículo239: “La demanda de rehabilitación del fallido culpable o fraudulento se interpondrá
ante el tribunal que haya conocido de la quiebra, y se sustanciará con el Superintendente.
Podrán también apersonarse en el juicio de rehabilitación los acreedores cuyos créditos no
hubieren sido enteramente pagados.

La demanda de rehabilitación se notificará en igual forma que la declaratoria de quiebra y se
sustanciará con arreglo a los trámites del juicio sumario.
La sentencia que concede la rehabilitación será publicada en los diarios que designe el fallido.”
(Saber artículo)
Artículo 240: “Transcurrido un año desde la notificación de la declaratoria de quiebra, el fallido
no comprendido en el artículo 41° podrá solicitar su rehabilitación ante el tribunal que haya conocido de
la quiebra, siempre que se encuentre en alguno de estos casos:
1.- Que no se hayan deducido acciones criminales en su contra dentro de dicho plazo;
2.- DEROGADO
3.- Que, habiendo sido condenado el fallido en alguno de dichos juicios criminales, hubiere
cumplido las penas y satisfecho íntegramente las deudas.
La solicitud de rehabilitación se notificará en igual forma que la declaratoria de quiebra.
Dentro del término de los quince días siguientes a la notificación, podrán deducirse oposiciones
por el Superintendente o, en el caso del número 3, por los acreedores cuyos créditos no hubieren sido
enteramente pagados. Las oposiciones se tramitarán en juicio
sumario entre el fallido, el Superintendente y el opositor.
La sentencia que conceda la rehabilitación será publicada en los diarios que designe el fallido.”
(Saber artículo)
La cesión de bienes:

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El deudor no comprendido en el artículo 41, puede hacer cesión de bienes de acuerdo a las
reglas del artículo 1614 del Código Civil.
Artículo 241: “El deudor no comprendido en el artículo 41° podrá hacer cesión de bienes, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.614° del Código Civil, cuando no se encuentre en alguno
de los casos enumerados en el artículo 43° de esta ley, en cuanto le
sean aplicables.
Al hacer la cesión, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42°.”
Art. 1614 del Código Civil: “La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de
todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no
se halla en estado de pagar sus deudas.”
Esta cesión puede ser de 2 maneras:
1.- La que se hace a un solo acreedor. (Esta tratada en los artículos 242 al 245).
2.- La que es hecha a varios acreedores. (Esta tratada en los artículos 246 al 250).

1.- La cesión que se hace a un solo acreedor:
ARTICULO 242: “Si el deudor tuviere un solo acreedor, la solicitud en que haga la cesión será
puesta en conocimiento de éste para que exprese, dentro del plazo de seis días, si la acepta o la rechaza.
La oposición se tramitará conforme a las reglas del juicio del sumario.”
Artículo 243: “Si se hubiere iniciado acción ejecutiva en contra del deudor, éste sólo podrá hacer
cesión de bienes a su acreedor dentro del plazo de seis días contado desde el requerimiento, y se
observará en adelante lo dispuesto en el artículo anterior.
La cesión no suspenderá los trámites del juicio ejecutivo, y se formará cuaderno separado con
todo lo relativo a su sustanciación.”
ARTICULO 244: “Aceptada la cesión por anuencia del acreedor o por resolución del tribunal,
podrá el acreedor dejar al deudor la administración de los bienes y hacer con él los arreglos que estime
convenientes.
A falta de este acuerdo, se procederá a la realización de los bienes cedidos en conformidad a las
reglas del procedimiento de apremio del juicio ejecutivo.
El acreedor desempeñará las funciones de depositario, y tendrá además la representación
judicial y extrajudicial de los derechos del deudor en todos los asuntos que afecten a los bienes cedidos;
pero no podrá celebrar transacciones ni compromisos
voluntarios sin la anuencia del deudor.
Los fondos que se obtengan de la realización de los bienes se aplicarán al pago del crédito, a
medida que se perciban, sin más trámite.
El acreedor rendirá la cuenta de su administración como en el caso del depositario de los bienes
embargados en el juicio ejecutivo.”

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ARTICULO 245: “Si el deudor tuviere la libre administración de sus bienes, podrá entregar desde
luego al acreedor, en pago de su obligación, los que comprendan la cesión, apreciados de común
acuerdo.
Si entre los bienes cedidos hubiere alguno de la clase que se menciona en el inciso segundo del
artículo 1.801 del Código Civil, el acuerdo deberá reducirse a escritura pública.
2.- La cesión que es hecha a varios acreedores:
ARTICULO 246: “Si el deudor que no se encontrare comprendido en el artículo 41°, tuviere más
de un acreedor, el tribunal, al dar curso a la solicitud en que se haga la cesión de bienes, dispondrá:
1.- La designación, en calidad de depositario, en la forma prevista en el artículo 42, de un síndico
de la nómina nacional, para que se reciba de los bienes y documentos del deudor, bajo inventario
confeccionado ante el secretario del tribunal o el ministro de fe
que el juez designare;
2.- Que el síndico informe al tribunal sobre las causas del mal estado de los negocios de este
último;
3.- Que todos los acreedores residentes en el territorio de la República se presenten, dentro del
plazo de treinta días, con los documentos justificativos de sus créditos bajo apercibimiento de
proseguirse la tramitación sin volver a citar a ningún
ausente;

4.- Que se despachen las correspondientes cartas aéreas certificadas para hacer saber la cesión a
los acreedores que se hallen fuera de la República, ordenándoles que en el término de emplazamiento,
que se expresará en cada carta, comparezcan con los
documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento indicado en el número precedente, y
5.- Que se notifique la cesión de bienes al síndico y a los acreedores en la forma dispuesta para la
declaratoria de quiebra.
Se aplicará al síndico lo dispuesto en los párrafos 4° y 5° del Título III.”
Artículo 247: “El síndico, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la
cesión, informará al tribunal sobre las causas del mal estado de los negocios del deudor. La presentación
del informe será notificada a los acreedores por aviso.”
Artículo 248: “Dentro de los plazos señalados en los números 3 y 4 del artículo 246°,
aumentados en seis días, los acreedores podrán exigir al deudor que pruebe su inculpabilidad en el mal
estado de sus negocios, o rechazar la cesión en alguno de los casos señalados en el artículo 1.617° del
Código Civil.”
Artículo 249: “Vencido el plazo señalado en el artículo anterior sin que los acreedores hayan
ejercitado su derecho, el tribunal declarará aceptada la cesión de bienes y esta resolución se notificará
por aviso.”
Artículo 250: “La oposición de los acreedores a la cesión se sustanciará con audiencia del síndico
y del deudor, con arreglo al procedimiento del juicio sumario.”

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