El documento trata sobre la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra las altas autoridades del gobierno argentino, acusándolas de haber implementado un plan para brindar impunidad a iraníes sospechosos en el atentado a la AMIA en 1994. La denuncia ha sido objeto de atención pública y mediática debido a su gravedad, pero finalmente se desestimó la denuncia por falta de evidencias que sustenten los delitos imputados. En conclusión, se argumenta que no hubo un inicio de ejecución del delito y que el acuerdo mencionado nunca entró en vigencia, lo que limita su efecto legal.