Recepción..

RECEPCIÓN EN MÉXICO DE LOS DERECHOS HUMANOS

José BARRAGÁN BARRAGÁN

SUMARIO: I. Presentación del tema. II. Premisa general: la recepción
en México del derecho. III. Premisa particular: la recepción en Mé-
xico de la legislación sobre derechos humanos.

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA

1. Persona humana y derechos humanos

He aquí el punto de partida, el origen de los derechos humanos. Nada nuevo,
por supuesto, porque el ser humano es también el centro de todo el derecho.
Recordemos, por tanto, como punto de partida, que los derechos huma-
nos, son prendas de la personalidad, son ideas, son conceptos derivados de
la filosofía universal. Nuestras ideas, nuestros conceptos de la personali-
dad humana las recibimos de la filosofía occidental. Es decir, de la cultura
griega y de la cultura latina fundamentalmente, ambas bautizadas por la
llamada patrística griega y la patrística latina, o por el cristianismo: por el
cristianismo de oriente y el cristianismo de occidente; los cristianos roma-
nos y los cristianos protestantes.
Y no sólo la idea de persona humana proviene de estos pensadores, sino
que de ellos proviene también la idea del derecho natural, al cual, por
cierto, se vincula el nacimiento de la doctrina acerca del significado de las
leyes fundamentales e inmutables, de donde, como lo explica el profesor
García de Enterría, se origina la idea de la Constitución, como ley funda-
mental e inmutable.1

1
Véase su libro La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid,
Civitas, 1985, pp. 41 y ss. La idea de Constitución, dice, debe ser referida a una corriente
que viene de los siglos medievales, p. 44.

1

2 JOSÉ BARRAGÁN BARRAGÁN

El ser humano es el sujeto por excelencia del derecho, y en particular,
es el sujeto de los derechos humanos. En otras palabras, los derechos hu-
manos son prerrogativas intrínsecas a la personalidad. Son las prendas
de la personalidad, las prendas más hermosas de todas, las más valiosas de
todo cuanto existe, como su vida y su libertad.2
Los derechos humanos, en su sentido filosófico, no son producto de
cultura alguna. En cuanto que muchos de ellos son prerrogativas de la
personalidad, le son inherentes y siempre le han sido inherentes, aunque,
como sabemos, no siempre se les haya aceptado así, ni se les haya reco-
nocido como tales, circunstancias éstas que sí recogen las culturas: la cul-
tura de la esclavitud; la cultura del tormento y la tortura, por decirlo con
ejemplos que hablan de su negación, en tiempos remotos, como no tan
remotos, y en nuestro tiempo.
Ahora bien, en sentido positivo y como ejemplos de su lento desa-
rrollo, podemos hablar de la cultura del hombre libre, tan destacada en
Grecia como en Roma; de la cultura de la propiedad y la posesión, tan
antiguas como modernas; y de la cultura de la igualdad, tal vez el anhe-
lo más largamente soñado, tan culto y refinado siempre como imposi-
ble de alcanzar del todo.
Y si hablamos de la cultura, o de las culturas de los derechos humanos,
es decir de las ideas filosóficas que les van dando nombre y significado,
debemos reconocer que los derechos humanos nos llegaron a través de las
universidades confesionales, es decir, unas pontificias y otras protestan-
tes. Solamente en los últimos tiempos, debemos tomar en cuenta a las
universidades laicas.

2. El derecho y el tema de los derechos humanos

La cultura de los derechos humanos se hizo y llega hasta nuestros días
gracias a las mejores acciones legislativas, a las mejores doctrinas de

2
Jorge Carpizo y Jorge Madrazo en una monografía titulada “Derecho constitucio-
nal”, publicada en el libro Introducción al derecho mexicano, México, UNAM, 1981, t. I,
positivisando el concepto, se expresa, así: “el hombre es persona jurídica por el hecho de
existir, y como persona tiene una serie de derechos”. Todos, añadimos nosotros, los que
le reconoce la Constitución vigente de 1917, que es el referente de la cita, p. 121. Ésta es la
idea, o el principio que se maneja en las Declaraciones de Derechos Humanos, desde
las mencionadas en las Constituciones estatales y en la general de Norteamérica; desde la
francesa de 1789 hasta la Universal de 1948. También es el principio que anima e inspira
toda la larga lista de tratados sobre la materia de derechos humanos.

RECEPCIÓN EN MÉXICO DE LOS DERECHOS HUMANOS 3

los filósofos del derecho, de los juristas, y a las mejores prácticas de los
jueces y tribunales. Y esta cultura se encuentra en una larga lista de leyes,
de cédulas, de disposiciones y normas jurídicas, que hablan para bien de
libertades, de privilegios, de derechos, de fueros, para ordenar su respeto y
su protección.
En el centro de esta filosofía está la idea del poder. Según la doctrina
aristotélica de la democracia, el poder reside en el pueblo; consiste en la
capacidad para determinar la forma de gobierno que más le convenga y,
como Aristóteles estudia los casos de democracias perfectas, permitir el
gobierno del pueblo por el pueblo.
La filosofía cristiana parte de una idea diferente, cuando se afirma que
todo poder viene de la divinidad y, vuelve a coincidir con Aristóteles, cuando
se precisa que per homines se deposita en tal o cual monarca, en tal o cual
asamblea, etcétera.3 La finalidad del poder es la misma: el bienestar del
grupo social de que se trate. El artículo 39 de la Constitución de 1917 en
vigor expresa muy bien el objeto de la soberanía, cuando dice: que el po-
der se instituye para su beneficio.
El legislador histórico se atiene a esta filosofía. En las Siete Partidas,
por ejemplo, dice: “…el poder que es sobre todas las cosas del mundo, se
ayunta o se afirma en Dios, del le resciben”.4
Las Siete Partidas manejan la doctrina de las dos espadas, o de los dos
poderes, el espiritual del Papa y el temporal del emperador o rey. Am-
bos provienen de Dios: Nuestro Señor Dios puso otro poder temporal en
la tierra.5
Como vemos, el legislador, siguiendo el ejemplo del Supremo Legis-
lador,6 que es la divinidad, por los principios de este derecho natural,

3
Francisco de Vitoria dice lo mismo, pero en latín: “…non sit mayor ratio ut ipsa
potestas sin in uno quam in altero”. (Nuestra traducción: “no existe mayor razón como
para que esa misma potestad [soberanía] se deposite en una o en otra persona”).
4
Véase la Ley IV del Título Primero de la Primera Partida, Martínez Alcubilla,
Marcelo, Códigos antiguos de España, Madrid, 1885, t. I, p. 195.
5
Este pasaje está tomado del prólogo de la Segunda Partida. Véase en la misma obra
ya citada, t. I, p. 284.
6
Esta invocación, por cierto, se encuentra en muchas de las llamadas primeras consti-
tuciones de los estados de la Unión federativa mexicana, como sucede con la de Chiapas,
la de Yucatán, la de Zacatecas, de Michoacán y otras más. Ver estas Constituciones en la
edición especial que publica la imprenta de Galván, México, 1829, en tres tomos.


está obligado a reconocer la dignidad de la persona, a reconocerle su
prerrogativa de hombre libre y a reconocerle otros derechos y libertades.
Las Siete Partidas, hablando de las leyes, nos asegura que fueron toma-
das, primero, de las palabras de los santos; y, en segundo lugar, de las
palabras de los sabios:

Tomadas fueron estas leyes de dos cosas: la una de las palabras de los san-
tos, que fablaron espiritualmente lo que conviene a la bondad del ome
salvamiento de su alma. La otra de los dichos de los sabios, que mostraron
las cosas naturalmente: que es para ordenar los hechos del mundo, de cómo
se faga bien, e con razón.7

De esta corriente nacen las limitaciones que la tradición inglesa opone
al rey, al decir de García de Enterría, así como la idea de la “Ley perpetua”
de Martínez Marina, citado también por el mismo autor.8 De esta corrien-
te, añadimos nosotros, nace la noción que las Siete Partidas nos ofrecen
de la ley; o las limitaciones que el Fuero Juzgo le señala al rey, al afirmar:

Ça los reys son dichos reys, por que regnan… Et así como el sacerdote
ye dicho de sacrificar, así el re ye dicho de regnar piadosamente; mes
aquel non regna piadosamente, quien non a misericordia. Doncas
faciendo derecho el rey, debe aner nomne de rey; et faciendo torto, pierde
nomne de rey.9

De este misma corriente nacen las ideas pactistas entre el rey y el reino,
en expresión ahora de García de Enterría;10 y nace la idea de Constitución,
ya que tiene que ver, en último término, con la idea de que el pueblo deci-
de por sí mismo: “este es, comenta García de Enterría, el famoso comien-
zo de la Constitución americana: We, the people of the United States… do
ordain and establish Constitution”.11

7
Véase la Ley II del Título Primero de la Primera Partida en la obra de Martínez
Alcubilla, Marcelo, op. cit., nota 4, t. I, p. 195.
8
Véase en su libro La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Ma-
drid, Civitas, 1985, p. 44.
9
El texto transcrito está tomado de la Ley II, Martínez Alcubilla, Marcelo, op. cit.,
nota 4, t. I, p. 8.
10
Ibidem, p. 44.
11
Idem.


Ahora ya podemos preguntarnos ¿cómo se reciben en México los dere-
chos humanos, en cuanto leyes y disposiciones, en cuanto doctrinas y prác-
ticas jurídicas? ¿Y cómo, además, se reciben en México los sistemas legales
para su salvaguarda?
Las preguntas son muy interesantes y plantean correctamente las cues-
tiones en examen. Pero no son muy fáciles de contestar, más que nada
porque se trata de un tema poco estudiado, como muchos otros, no obstan-
te que las comisiones de derechos humanos han contribuido mucho con
acciones de fomento y de divulgación de la cultura de estos temas.

II. PREMISA GENERAL: LA RECEPCIÓN EN MÉXICO DEL DERECHO

1. Idea general

Para mejorar nuestro planteamiento, debemos partir de la idea amplia
de la recepción de un determinado derecho, cuando lo hay. En otro caso,
ya se procede a dar el siguiente paso, es decir, al estudio de una idea en
particular, de una filosofía especial, o de un ejemplo de contenido jurídi-
co.
En México se reciben influencias de las prácticas y tradiciones de los
pueblos aborígenes; se recibe masivamente el derecho español con la lle-
gada del conquistador y durante la etapa de la colonia. No hay recepción
de ningún otro derecho, pero sí existen influencias particulares y determi-
nadas de otras culturas. En todo caso, la recepción de que se trate, se debe
demostrar, o cuando es obvia reconocer.

2. El derecho de los pueblos aborígenes

Yo debo empezar diciendo que me encuentro imposibilitado para ha-
blar de la recepción del derecho de los pueblos aborígenes. No siempre
puede uno abarcar todo cuanto se quisiera. Con todo, son bien conocidos
los esfuerzos que han venido haciendo la antropología social, la antropo-
logía política, e inclusive desde la antropología jurídica.
Algunos de estos esfuerzos se han llevado, por ejemplo, a los congresos
de Historia del derecho mexicano, en cuyas respectivas memorias se han
recogido trabajos como: “Algunos aspectos del régimen tributario azteca
y sus supervivencias en comunidades indígenas actuales”, de Sara Bialos-
tosky; “Algunos aspectos de la organización judicial azteca”, de Fernando


Flores García; “Algunos aspectos sustanciales del gobierno aborigen des-
de antes de las dos conquistas”, de Juan A. Freile-Granizo; “Las costum-
bres jurídicas precortesianas en el Totonacapan, de Mercedes Gayoso y
Navarrete y Socorro Moncayo Rodríguez; “El delito y su castigo en la
sociedad maya”, de Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva; “Derecho tarasco”,
de Marco Antonio Pérez de los Reyes. Todos ellos publicados en la Memo-
ria del II Congreso de Historia del Derecho Mexicano, de 1982.
En la Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano,
publicada en 1988, como prueba de la continuidad de estos esfuerzos, vol-
vemos a contar con nuevas aportaciones, como “La evolución del pensa-
miento jurídico en México respecto del derecho indígena”, de María del
Carmen Carmona; “Reflexiones sobre la condición estatal de algunas mi-
norías de Mesoamérica”, de Fernando Flores García; “Causas que deter-
minaron la ausencia de la adopción en el derecho azteca”, de Mercedes
Gayoso y Navarrete.
Por supuesto que aquí debemos mencionar también los capítulos consa-
grados al estudio del derecho de los pueblos aborígenes en los diversos
manuales de Historia del derecho mexicano, como es el manual clásico de
Toribio Esquivel Obregón: Apuntes para la historia del derecho en Méxi-
co. La edición que nosotros tenemos a la vista es la de 1984. En este ma-
nual, por ejemplo, el Libro II está dedicado al estudio del derecho azteca
(pp. 135-189).
Como se aprecia por la sencilla relación de los ejemplos citados, indis-
cutiblemente se va ya consolidando una magnífica reconstrucción del de-
recho de cada uno de nuestros pueblos aborígenes, que desde luego debe
ser mencionada y reconocida.

3. Sobre la recepción del derecho español

Al hablar de la recepción, o imposición12 del derecho español en lo que
ahora es México, aparecen dos etapas históricas diferentes, dignas de to-
marse en cuenta: la primera etapa es el periodo de la Colonia; la segunda
etapa, que también está clara, se puede plantear en forma de interrogación,

12
Como se sabe, existe una cierta polémica sobre si se debe hablar de una recepción,
o más bien de una imposición del derecho español. En este trabajo solamente se destacan
los hechos en cuanto tales, con calificaciones o sin ellas.


aunque sea por obedecer la exigencia de la hipótesis de trabajo: ¿también
sobrevive el derecho español, después de consumada la independencia
política de nuestro país?

A. El derecho español durante la etapa colonial

La imposición del derecho español sobre las colonias conquistadas en el
gran continente americano, es una cuestión obvia, que nadie pone en duda,
de manera que ahora vamos a decir unas breves palabras sobre este punto,
a fin de que nos sirva luego de presupuesto para entender mejor lo que
ocurre en la segunda etapa, ya señalada.
Como bien se conoce, existen al alcance de la mano, por un lado, las
famosas obras de recopilación del llamado derecho novohispano y, más en
general, del llamado derecho indiano; así como diversos manuales y libros
de texto, tanto de la Historia del derecho mexicano, en donde se incorpo-
ran los capítulos pertinentes al derecho novohispano, cuanto manuales de
derecho indiano. Igualmente existen investigaciones, bien logradas, res-
pecto de temas puntuales de ambas ramas.

a. Las compilaciones y los manuales

Nuestra compañera, María del Refugio González, en su estudio
introductorio, preparado para la edición de las Pandectas Hispano-mexi-
canas, de Juan N. Rodríguez de San Miguel, de 1991, apoyándose en Al-
fonso García-Gallo, comenta: “Siguiendo a este autor, se puede afirmar
que el orden jurídico indiano y, por supuesto, el novohispano, formaban
parte del sistema jurídico castellano, aunque para las Indias, el derecho de
Castilla era común o general, y el indiano el particular o especial”.13
De conformidad con lo expuesto, la autora citada, dice que este dere-
cho estaba conformado, primero: por las Partidas, Fuero Real, Fuero
Juzgo, Ordenamiento de Alcalá, Nueva Recopilación de 1567 y Novísima
Recopilación de 1805;14 más las fuentes del derecho canónico, como el
llamado Decreto de Graciano, etcétera. A continuación, la autora va pasan-

13
La cita se encuentra en la p. XVIII.
14
La cita se encuentra en la p. XVIII.


do revista completa de cada una de las fuentes del derecho novohispano,
en donde entran, las compilaciones, como la de Puga de 1563; la recopi-
lación general de las Leyes de Indias; las leyes dictadas por facultades
delegadas, etcétera. Se trata de una inmensa labor legislativa, como to-
dos sabemos.
Por otro lado, tenemos muchos manuales del derecho novohispano, así
como manuales de derecho mexicano, que dedican sendos capítulos al
estudio del derecho indiano en la Nueva España. Uno de los más conoci-
dos es el de Toribio Esquivel Obregón intitulado: Apuntes para la historia
del derecho en México. En este manual el Libro V habla de las autorida-
des; el Libro VI se refiere al estudio de las instituciones de la Nueva
España; el libro VII está dedicado al estudio del derecho privado durante
esa misma etapa.

b. Los trabajos especializados

Por último, dentro de este apartado, también se conocen infinidad de
trabajos especializados sobre temas del derecho que estamos analizando
de este periodo. Nada más vamos a recordar algunos, a modo de ilustra-
ción, porque están al alcance de la mano. En efecto, muchas de estas in-
vestigaciones se han venido presentando a los congresos de Historia del
Derecho Mexicano, ya comentados y, como es natural, se han recogido en
sus respectivas memorias, como “Legislación novohispana en materia
carcelaria”, de Beatriz Bernal Gómez; “La justificación del Juzgado Ge-
neral de Indios (1595-1606)”, de Woodrow Borah; “Algunos aspectos del
régimen jurídico de las tierras de indios en la Recopilación de Leyes de
Indias. Su carácter proteccionista”, de Carlos G. Cabrera Breck; “Conside-
raciones sobre el refrendo en el Cedulario novohispano de 1563”, escrito
por su servidor, y muchos ejemplos más.

c. Conclusión preliminar

La imposición del derecho español en sus colonias y en particular en
la Nueva España es masiva, de miles de cédulas, de miles de leyes y de
disposiciones sobre casi todas las cosas, sagradas y profanas. De ahí que
lo afirmado por José Luis Soberanes Fernández en el prólogo del Ma-
nual de historia del derecho indiano de Antonio Dougnac Rodríguez es
muy cierto: “Los actuales países hispanoamericanos, desde México hasta


Argentina, hemos recibido y nos hemos incorporado a la tradición jurídica
romano-canónica a través de España”.15
Regresamos, por tanto, a nuestro planteamiento inicial, conscientes de
que la pregunta fundamental de nuestro trabajo tiene que ver, no con la
recepción de los derechos humanos en la Nueva España, es decir, durante
la etapa colonial, sino con la recepción de los derechos humanos en el
México independiente.

B. Recepción del derecho español después de la independencia

Dentro del planteamiento correcto de la hipótesis de trabajo que hemos
venido manejando, el presente apartado se coloca como presupuesto lógi-
co de la posibilidad de que puedan encontrarse influencias españolas en la
materia, objeto de estudio. Por tanto, para quienes opinan que al declarar-
se y producirse la independencia de México dejó de existir el derecho
español en México, resulta ocioso hablar de alguna influencia. Con la in-
dependencia de México murió, o tenía que haber muerto todo lo que tuvie-
ra olor y sabor a España.
La verdad es muy otra. En México, después de consumada su indepen-
dencia, seguimos hablando el español, seguimos yendo a misa y seguimos
maltratando a nuestros semejantes, los aborígenes. Además, seguimos con
los mismos cuerpos de Leyes de Indias, pero acomodadas a la forma de
gobierno que la independencia nos dio, como pasamos a examinar.

a. Las diversas declaraciones de vigencia

Dichos cuerpos de Leyes de Indias adquirieron vigencia en el México
independiente, precisamente porque las autoridades legítimas mexicanas
declararon su vigencia. Esta clase de declaraciones se encuentran leyendo
el Diario de Sesiones, o el respectivo libro de Actas y, desde luego, se
incorporan en la respectiva Colección de Leyes, órdenes y decretos. Veamos
algunos ejemplos.

15
Esta cita se encuentra en la p. 7.


1) La llamada Constitución de Apatzingán de 1814 trae un capítulo,
el XVII que intitula “De las leyes que se han de observar en la Admi-
nistración de Justicia”, que contiene un solo artículo, el 211, el cual dice
textualmente:

Artículo 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el cuerpo de leyes
que han de sustituir a las antiguas, permanecerán éstas en todo su vigor, a
excepción de las que por el presente y otros decretos anteriores se hayan
derogado y de los que en adelante se deroguen.16

Este mismo Decreto le dedicó dos capítulos al Juicio de Residencia, el
XVIII y el XIX, artículos del 212 al 231. Es una magnífica reglamentación
de la institución mejor del derecho indiano para proteger los derechos re-
conocidos, castigando a los que los violaren, junto con los juicios de am-
paro de las Siete partidas. Sobra advertir que se declaran vigentes todas
las leyes históricas sobre la materia.17

2) El Plan de Iguala, de 24 de febrero de 1821, su artículo 15 trae la
siguiente previsión: “Artículo 15. Todos los ramos del Estado y emplea-
dos públicos, subsistirán como en el día, y sólo serán removidos los que se
opongan a este plan”.18 A continuación el artículo 20 decía: “Artículo 20.
Interim se reúnen las Cortes, se procederá en los delitos con total arreglo a
la Constitución española”.19

3) Por lo que toca a la Soberana Junta Provisional Gubernativa, tene-
mos el Decreto del día 5 de octubre de 1821, el cual transcribimos a
continuación:

La Soberana Junta Provisional Gubernativa del imperio mexicano, conside-
rando que desde el momento en que decretó solemnemente su independencia
de España, debe emanar del mismo imperio, toda la autoridad que necesita

16
Véase este Decreto de Apatzingán en la obra de Montiel y Duarte, Isidro Antonio,
Derecho público mexicano, t. I, p. 37.
17
Barragán Barragán, José, El juicio de residencia en el origen constitucional del
juicio de amparo mexicano, Valencia, 1971, hacemos un detenido examen de esta parte de
la Constitución de Apatzingán, pp. 437 y ss.
18
Montiel y Duarte, Isidro Antonio, Derecho público mexicano, cit., nota 16, t. I,
p. 47.


para el ejercicio de la administración de justicia y demás funciones públicas,
ha tenido a bien habilitar y confirmar a todas las autoridades en calidad de
por ahora, y con arreglo al Plan de Iguala y Tratados de la Villa de Córdoba,
para la legitimidad del ejercicio de sus funciones respectivas.20

4) El Primer Congreso Constituyente Mexicano se instaló el día 24 de
febrero de 1822.21 Ese mismo día hace una declaración solemne y en su
párrafo cuarto decía:

delegando interinamente el ejercicio del Poder Ejecutivo en las personas
que componen la actual Regencia y el judiciario en los Tribunales que ac-
tualmente existen, o que se nombren en adelante, quedando unos y otros
cuerpos responsables ante la nación por el tiempo de su administración con
arreglo a las leyes.22

Consecuentemente, el día 26 el propio Congreso emitió un Decreto ex-
presando que: “El soberano Congreso Constituyente Mexicano confirma
por ahora a todos los tribunales y justicias establecidos en el imperio, para
que continúen administrando justicia según las leyes vigentes”.23

5) Las Pandectas Hispano-mexicanas. Es el título de una obra clásica
del derecho mexicano del siglo XIX, de don Juan N. Rodríguez de San
Miguel. Fue publicada en 1839, 1852, 1980 y 1991. Esta última edición
lleva un “Estudio introductorio” de nuestra compañera, Ma. del Refugio
González. En él se habla del autor, de la obra y, en general, del derecho
mexicano de ese periodo. ¿Qué son las Pandectas Hispano-mexicanas?
Para los propósitos de este trabajo son lo que indica el subtitulado de la
misma obra, que transcribimos:

O sea Código general comprensivo de las leyes generales, útiles y vivas de
las Siete Partidas, Recopilación Novísima, la de Indias, autos y providen-

19
Idem.
20
Ibidem, t. I, pp. 219 y 220. Dichos tratados, en su artículo 12, indican que la misma
Junta Provisional Gubernativa gobernará conforme a las leyes vigentes.
21
Véase su libro de Actas, cuya edición fue preparada por Barragán Barragán, José,
Colección de Actas Constitucionales Mexicanas 1821-1824, México, UNAM, t. 2, 1920.
22
Montiel y Duarte, Isidro Antonio, Derecho público mexicano, cit., nota 16, p. 228.
23
Ibidem, t. I, p. 229.


cias conocidas por de Montemayor y Beleña y cédulas posteriores hasta el
año de 1820, con exclusión de las totalmente inútiles, de las repetidas; y de
las expresamente derogadas.24

No existe mejor testimonio sobre la recepción de las leyes españolas,
castellanas y de Indias, en el México independiente, que esta obra de uno
de los juristas más famosos del siglo XIX mexicano. Rodríguez de San
Miguel nace en Puebla en 1808 y muere en 1877. La edición de 1980 y la
de 1991 es una reproducción de la edición de 1852.

6) Podemos citar el testimonio de José María Lozano y Manuel Dublán,
recogido en las páginas primeras de su famosa Colección, denominada
Legislación Mexicana, en donde bajo el título de “Advertencia”, justifica
la incorporación a su obra de muchas leyes españolas de la siguiente ma-
nera: “Muchas de las leyes de esta asamblea (Cortes Españolas de Cádiz)
han servido de base a la legislación patria; y algunas aún después de tantos
años, por falta de ley mexicana, tienen frecuente aplicación en nuestros
tribunales”.
En consecuencia, en la Colección citada, que tiene carácter oficial, se
comprenderá:

I. Las reales cédulas no recopiladas que, en todo o en parte, se consideran
vigentes en la República.
II. Los decretos de las Cortes Españolas en sus épocas, que puedan ser
obligatorios para México.
III. Los expedidos durante el reinado de Fernando VII, que tengan la mis-
ma calidad.25

La obra de José María Lozano y Manuel Dublán inició su publicación en
1876. Se trata de una compilación oficial, ordenada por el gobierno para
incorporar, junto a las leyes mexicanas, expedidas a partir de la independencia
de 1821, las reales cédulas no recopiladas y un número importante de decre-
tos y de órdenes aprobadas por las Cortes españolas de Cádiz.

24
Como decimos, el texto transcrito pertenece al título de la obra, por tanto, viene en
la portada de la misma. El propio autor, en la parte introductoria, explica el sentido de la
recopilación y el orden seguido.
25
Esta advertencia se encuentra en el t. I, pp. 3 y 4.


7) Como otros ejemplos, ahora referidos a las leyes emanadas de las
Cortes españolas de 1810-1813, tenemos la Colección de los decretos y
órdenes de las Cortes españolas, que se reputan vigentes en la Repúbli-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, publicada por la imprenta de Galván
en 1829.

b. Conclusión preliminar

La breve relación, que antecede, sobre declaraciones generales de vi-
gencia de leyes españolas y la breve referencia a las colecciones de leyes
que las recogen, son nada más eso: una breve relación de ejemplos, ya que
se pueden citar otras varias colecciones tan importantes como las mencio-
nadas. De hecho, a continuación examinamos esta supervivencia de las
leyes españolas, pero bajo otro enfoque.

c. Declaraciones de vigencia en los Estados

Hemos ejemplificado la supervivencia de leyes españolas por virtud del
mandato expreso emitido por autoridades mexicanas, para su vigencia a
nivel general, leyes que se incorporan a las colecciones oficiales mexica-
nas. Lo propio ocurrió en cada uno de los estados miembros de la Unión
federativa mexicana. Vamos a citar algunos ejemplos, igualmente estudia-
dos por el autor de este artículo.

El caso de Jalisco. En otro lugar, su servidor ha estudiado el proceso de
formación del estado de Jalisco. En relación con nuestro tema, véase el
Plan Provisional de 21 de junio de 1823, así como los primeros decretos
emitidos por su Constituyente. En ellos vemos que, primero, se confirma a
todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares para que continúen
ejerciendo sus funciones en tanto no se opusieran al nuevo estado de cosas
creado por los pronunciamientos de convertirse en un Estado libre e inde-
pendiente. Después se declara como Constitución propia, mientras se emi-
te la particular del Estado, a la Constitución de 1812 y la vigencia de todos
los demás cuerpos de leyes españolas, “en todo aquello que no pugne con
el presente Plan, se dice”.26

26
Esta materia ha sido estudiado con detalle por nosotros en el libro Introducción al
federalismo mexicano, México, UNAM, 1978. El estudio en pp. 147 y ss. La Audiencia


El caso de Zacatecas. Un decreto de 23 de octubre de 1823 ordenaba:

Se observarán y se harán observar con exactitud en todo el Estado las leyes
comunes constitucionales de España y particulares de la nación, que esta-
ban vigentes al tiempo de declararse esta provincia en Estado libre y fede-
rado, y posteriores, en lo que no pugnen con el referido sistema.27

El caso de Oaxaca. Otro decreto del día 28 de julio de 1823 declaraba
la vigencia para Oaxaca de las leyes españolas de la siguiente manera:
“Por ahora quedan en su vigor y vigencia la Constitución General y leyes
y órdenes y reglamentos que hasta hoy han regido y no se opongan al
sistema de independencia y república federal”.28

El caso de Veracruz. La secuencia es la misma. Primero se confirma a
las autoridades para que continúen laborando como hasta ahora, conforme
a las leyes en vigor y, a continuación, inclusive se procede a la transforma-
ción de alguna de las instituciones tradicionales en una nueva, como es el
caso del jefe superior político, Miguel Barragán, quien pasa a ser el primer
gobernador provisional del nuevo Estado libre y soberano de Veracruz.
Veamos: en el primer Decreto del Constituyente de 9 de mayo de 1824, en
su número 4o. y 5o. dispuso: “4o. Residirá el poder Ejecutivo en una per-
sona con denominación de Gobernador del Estado: entre tanto se nombra
éste, desempeñará sus funciones el jefe político”,29 “5o. Las autoridades
que hoy ejercen el Poder Judicial, continuarán ejerciéndolo”.
Por otro lado, mediante el decreto número 5 del día 11 de mayo se
confirma a las demás autoridades en los términos siguientes: “Número 5.
El Congreso del Estado libre de Veracruz, decreta: los ayuntamientos y
demás corporaciones civiles continuarán funcionando como hasta aquí con
sujeción a las leyes vigentes”.30

de Guadalajara será transformada en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el Jefe
Superior Político, que es Quintanar, fue nombrado primer gobernador provisional del
nuevo Estado de Jalisco. Son ejemplos de esa pervivencia de instituciones coloniales
posterior a la independencia.
27
Este caso también ha sido estudiado en nuestro libro ya citado, Introducción al
federalismo mexicano.
28
Ibidem, p. 139.
29
Véase su Colección de leyes, decretos y órdenes, expedida en Xalapa, a partir de
1825, t. I, p. 17.
30


El caso del Estado de México. En los primeros decretos, expedidos
por el Congreso Constituyente, se procede a confirmar al Jefe Superior
Político, que es el general Múzquiz, para que continúe ejerciendo su cargo,
pero ahora con el nombre de gobernador provisional del estado.31 Des-
pués, se emite otro decreto y en su artículo 8 se afirma que el nuevo Poder
Judicial del estado residirá por ahora en las autoridades que actualmente lo
ejercen, que es la Audiencia, como se precisó en el artículo 9, haciendo uso
de las facultades que hasta hoy tiene. Mientras que el articulo 10 confir-
ma a las demás autoridades civiles, eclesiásticas y militares, para que sigan
desempeñando sus cargos, arreglándose en todo a las leyes vigentes.32

El caso de Guanajuato. Iguales previsiones se encuentran para el es-
tado de Guanajuato en los artículos 2 y 4 del decreto del día 25 de marzo
del año de 1825.

El caso del estado de Michoacán. En la Colección de Corominas en-
contramos el decreto del día 6 de abril de 1824, el cual en el artículo 12
trae las previsiones relativas a la confirmación de las autoridades para que
continúen ejerciendo sus funciones con apego a las leyes vigentes.

III. PREMISA PARTICULAR: LA RECEPCIÓN EN MÉXICO DE LA LEGISLACIÓN
SOBRE DERECHOS HUMANOS

1. Examen de las teorías

La doctrina patria, sobre este particular, suele afirmar que la cultura de
los derechos humanos proviene, por una parte, de la cultura anglosajona,
es decir de Inglaterra y la influencia norteamericana; por otra parte, se
menciona la influencia francesa, la Declaración de 1789; en tercer lugar,
se acepta que ciertas leyes o institutos de origen español también hayan
contribuido a la creación de la cultura de los derechos humanos en Méxi-
co; y, por último, se afirma que todo lo relativo al proceso de creación y

31
Se trata del primer decreto del 2 de marzo de 1824. Véase en Colección de decretos
y órdenes del Estado de México, Toluca, 1848, t. I, pp. 5 y 6.
32
Véase el texto de este otro decreto en la misma Colección de decretos del Estado de
México, t. I, p. 5.


funcionamiento de las comisiones de derechos humanos está tomado de la
cultura del ombudsman.
Ernesto de la Torre Villar, en su libro Estudios de historia jurídica,
queriendo profundizar y enriquecer esta metodología desde su vocación
de historiador, que todos le conocemos, y al hablar del constitucionalismo
mexicano y su origen, nos sitúa perfectamente en el México de 1808, o los
preludios criollos de 1808;33 en el Valladolid de 1809;34 nos habla de las
ideas del padre Hidalgo, de la Suprema Junta Nacional Americana, de López
Rayón, del Congreso de Chilpancingo, de los Sentimientos de la Nación
de Morelos.
El mismo autor, al hablar de las fuentes legales y doctrinarias de dicho
constitucionalismo, ilustra muy bien lo relativo al ejemplo norteamerica-
no; a la influencia francesa;35 a la influencia o patrón español 36 destacan-
do la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812.
Y, más adelante, al reconocer la posible influencia de algunos otros
autores, entre los que menciona a Locke, Hume, Jefferson, Bentham, Paine,
Burke, Montesquieu, Rousseau, Feijoo, Mariana, Suárez y Martínez, pre-
cisa: “Señalar hasta qué punto sus ideas se encuentran vertidas en nuestros
primeros textos constitucionales es tarea no fácil, que escapa a los límites
de este trabajo”.
Como ejemplo de esa dificultad y de esas no menos posibles influen-
cias, recuerda De la Torre Villar cómo William Burke recomendaba a los
sudamericanos en sus escritos publicados en la Gaceta de Caracas (desde
el 23 de noviembre de 1810 hasta el 20 de marzo de 1812) la adopción
de muchas de sus ideas libertarias, así como el que se adoptaran la ley del
habeas corpus, el juicio por jurados.37
En su planteamiento De la Torre Villar, no sólo se sitúa en el periodo
histórico pertinente, sino que lo anima y lo recrea en la información propia
de dicha etapa histórica, configurando un buen marco de referencia del
tema de los derechos humanos.
En un capítulo aparte del mismo libro, De la Torre Villar examina la
génesis del Poder Judicial, a partir de la división de poderes, de donde

33
Estudios de historia jurídica, México, UNAM, 1994, p. 213.
34
Ibidem, p. 222.
35
Ibidem, p. 245.
36
Idem.
37
Ibidem, p. 247.


deriva, dice.38 Cita a John Locke, y su Ensayo sobre la tolerancia y su
otro Ensayo sobre el gobierno civil. Cita a Rousseau, Bodino, Montes-
quieu y los va comparando con ideas y escritos aparecidos en México,
como es el caso de fray Melchor de Talamantes, Morelos, Rayón y otros
muchos documentos, para ilustrar la influencia de algunas Constitucio-
nes de los estados de la Unión norteamericana, de la propia Constitución
de Estados Unidos y la proveniente de la Constitución española de Cádiz.
Esta comparación detallada la hace tomando como guía básica el texto de
la llamada Constitución de Apatzingán de 1814.
Este planteamiento de Ernesto de la Torre Villar es un buen ejemplo a
seguir y, si se puede, mejorar. El mismo autor reconoce que no es tarea
fácil establecer el nexo entre las posibles fuentes originales de una in-
fluencia y los efectos reales producidos en el momento de su recepción.39
Al hablar de la recepción de la cultura de los derechos humanos en
México, por regla general, todos los autores aceptan esa triple fuente de
influencias: la tradición y el derecho anglosajón; las ideas revolucionarias
francesas y la fuente de origen español. Ahora bien, ya en particular, apre-
ciamos diferencias importantes de cómo se manejan estas influencias de
un autor a otro.
Manuel González Oropeza se ha venido especializando en el conoci-
miento de la jurisprudencia norteamericana y la tradición inglesa. Acaba
de publicar un interesante libro sobre Los orígenes del control jurisdiccio-
nal de la Constitución y de los derechos humanos.40 En este libro se estu-
dian varios casos que tienen que ver con el control jurisdiccional de los
derechos humanos, unos tomados de la jurisprudencia anglosajona, otros
tomados del proceso de aparición de los juicios de amparo mexicanos. En
él encontramos efectivamente estudios que tienen que ver con los orígenes
del control jurisdiccional, en el derecho anglosajón y una posible compa-
ración, sobre el tiempo y la forma en que van apareciendo los juicios de
amparo del derecho mexicano. ¿En qué medida se han podido recibir, o en
qué medida no se recibieron en México los ejemplos y la jurisprudencia,
en general, de origen anglosajón sobre esta materia, como los casos estu-
diados por Manuel González Oropeza? Esta cuestión ciertamente no que-

38
Ibidem, p. 257.
39
Idem.
40
González Oropeza, Manuel, Los orígenes del control jurisdiccional de la Constitu-
ción y de los derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos, 2003.


da resuelta en su libro. Incluso, no sé si el autor se propuso algo más que
colocar uno y otro sistema, el anglosajón y el mexicano, frente a frente, en
términos de comparación.
La pregunta tiene su importancia, porque en el prólogo, firmado por
José Luis Soberanes Fernández, no sé si como consecuencia de la lectura
del libro que prologa, o por convicción propia y debido a resultados de sus
propias investigaciones, hace las siguientes afirmaciones: “El amparo, ade-
más de ser la aportación más importante del derecho mexicano a la cultura
jurídica universal, es, hoy en día, la institución procesal de mayor relevan-
cia y trascendencia en nuestro país”.41
Y a continuación añade: “Ahora bien, el control jurisdiccional de la
Constitución y de los derechos fundamentales, no es producto de la cultu-
ra jurídica mexicana, sino de un lento proceso de cristalización que tiene
sus orígenes en Inglaterra, en el siglo XVII”.42
José Luis Soberanes Fernández está hablando del juicio de amparo en
cuanto medio de control jurisdiccional: la razón de ser del juicio de ampa-
ro, dice, “sigue siendo la misma: el control jurisdiccional de la Constitu-
ción y la tutela de los derechos fundamentales que ésta reconoce”.
Sin duda, esta clase de afirmaciones forman parte de las convicciones
de su autor. En efecto, en otro prólogo, ahora hecho para el Manual de
historia del derecho indiano, de Antonio Dougnac Rodríguez, decía:

Los actuales países hispanoamericanos, desde México hasta Argentina,
hemos recibido y nos hemos incorporado a la tradición jurídica romano-
canónica a través de España; de ahí que nuestros sistemas legales guarden
notables coincidencias y sean los mismos un fuerte lazo de unión.43

Con todo, y no obstante la afirmación que antecede, el mismo año de
1994 aparece el libro de José Luis Soberanes Fernández sobre La evolu-
ción de la ley de amparo, en donde hace la siguiente aclaración: “el juicio
de amparo es una creación hecha en México, aunque se adoptó el nom-
bre de amparo, pues era una expresión de gran raigambre en la producción
jurídica mexicana, que venía desde la época de la Colonia”.44

41
Ibidem, p. 9.
42
Idem.
43
Dougnac Rodríguez, Antonio, Manual de historia del derecho indiano, México,
1994, p. 7.
44
Ibidem, p. 9.


Siguiendo con los ejemplos, Emilio Rabasa, en varias de sus obras y con
motivos diversos ya sea hablando sobre las garantías individuales: véase
Mexicano, esta es tu Constitución; ya sea al hablar del constitucionalis-
mo, trae expresiones como la siguiente;

Universalmente, el constitucionalismo en su sentido moderno, halla sus
raíces más propias y cercanas en la independencia norteamericana y en su
Constitución, con las primeras diez enmiendas sobre derechos humanos y,
por supuesto, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano, hecha en Francia en 1789.

El texto citado fue tomado de la introducción del libro Hacia una nueva
Constitución, publicado en México en 1999.45
Otro ejemplo parecido lo podemos tomar de un artículo de Víctor
Martínez Bullé Goyri, quien, al hablar del origen de los derechos huma-
nos, por un lado reconoce que desde las primeras formaciones de los seres
humanos, el hombre ha luchado por recibir en sociedad un trato acorde
con su dignidad, y , por otro lado, añade:

La consagración moderna de los derechos humanos, actualmente vigente,
surge precisamente como producto de la lucha de independencia de las co-
lonias de Norteamérica y de la lucha del pueblo francés contra el régimen
absolutista. Los derechos humanos son así fruto precisamente del movi-
miento intelectual de la ilustración… Es a partir de ese momento, y durante
todo el siglo XIX, que los derechos humanos comienzan a penetrar en to-
dos los sistemas jurídicos de occidente. 46

Para completar esta ilustración, conviene referirse a lo que dicen los dic-
cionarios jurídicos y los comentarios al texto constitucional. En ambos
casos, esto es, cuando se comenta un artículo que consagra un derecho, o
cuando se escribe la voz correspondiente para el diccionario, el autor hace
referencia a sus antecedentes, procurando profundizar en el estudio parti-
cular del caso y, cuando se puede, el autor detalla la forma de su recepción
en el derecho mexicano. En la mayoría de las veces, los antecedentes,

45
Ibidem, p. 1.
46
Martínez Bullé Goyri, Víctor, “Derechos humanos y Constitución”, Problemas ac-
tuales de la Constitución, México, 1994, pp. 248 y 249.


tomados en cuenta tienen que ver con los textos precedentes de carácter
constitucional, aunque también hay estudios y comentarios que se remon-
tan a los orígenes del derecho en examen.
Entre los textos comentados de nuestra Constitución, el esfuerzo mayor
corresponde a la obra Los derechos del pueblo mexicano. México a través
de sus Constituciones. En esta obra se presenta cada uno de los textos en
vigor del articulado de la Constitución de 1917, adjuntándole, primero, el
comentario del autor y, después, los antecedentes constitucionales de di-
cho artículo, incluidos los debates de que haya podido ser objeto y sus
sucesivas reformas.
Existen otras obras de nuestra Constitución comentada, como la que ha
venido editando el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el patrocinio
del gobierno de la Ciudad de México. Igualmente Emilio Rabasa y Gloria
Caballero publicaron: Mexicano: ésta es tu Constitución, entre otros va-
rios autores.
Por último, tenemos los planteamientos que acostumbran hacer los ma-
nuales de derecho constitucional y los de garantías individuales. Se trata
de libros de texto, en los que se revisa con cierto detenimiento el capítulo
correspondiente a los orígenes de las garantías o derechos humanos estu-
diados, sin mayor acompañamiento del aparato crítico respectivo, con ex-
cepción de los libros especializados, como fue el de Ignacio L. Vallarta El
juicio de amparo y el Writ of Habeas corpus, publicado en 1881.47
A partir de estos diferentes enfoques o modos de estudiar el tema de la
recepción en México de los derechos humanos y los sistemas para prote-
gerlos, como se aprecia por los diversos ejemplos brevemente citados,
podemos llegar a algunas conclusiones preliminares.

Primera. La inmensa mayoría de los autores aceptan la existencia de
tres posibles fuentes de origen: la fuente anglosajona, la fuente francesa y
la fuente española.
Segunda. La mayoría de los autores acepta también que los juicios de
amparo obedecen fundamentalmente a la influencia anglosajona, con la

47
Hurtado Márquez, Eugenio y Vallejo y Arizmendi, Jorge, han publicado una magní-
fica obra sobre la bibliografía acerca de esta clase de manuales, intitulada Ensayo biblio-
gráfico de derecho constitucional mexicano y de garantías, amparo y derechos humanos,
México, UNAM, 1998.


sola excepción de la voz empleada, la de “amparo”, recogida de la tradición
jurídica española, como afirma José Luis Soberanes Fernández.
Tercera. La inmensa mayoría de los autores aceptan que, por lo que
respecta a derechos humanos y a la expresión declaraciones de derechos,
provienen de Francia.
Cuarta. No hay mayoría de opinión acerca de qué cosas provienen de
España, además de la voz “amparo”. Por ejemplo, Ernesto de la Torre
Villar hace comentarios muy bien fundados sobre la influencia de la Cons-
titución de Cádiz, así como sobre la influencia de algunos pensadores es-
pañoles, como el padre Feijoo, el padre Mariana y otros.

Juan José Mateos Santillán, en un libro muy reciente en colaboración,
Teoría de la Constitución, nos ofrece un excelente estudio acerca del ori-
gen de la idea de la soberanía, aceptada en el constitucionalismo mexica-
no, base indiscutible de toda la organización y funcionamiento del moderno
Estado de derecho. En su opinión, ese origen es español.48
Hay otros estudios destacando la influencia española, aunque no direc-
tamente sobre temas de derechos humanos, salvo algunas de las obras del
que suscribe que iremos mencionando a lo largo de este trabajo, quien, por
lo demás, acepta todas las influencias mencionadas y otras posibles, como
hipótesis a demostrar.
En mi opinión, los planteamientos hechos por la doctrina general, muy
someramente ilustrados con ejemplos en estas páginas, además de respe-
tables, sin duda son perfectibles, de ahí que nos atrevamos a señalar
algunas deficiencias en sentido general, es decir, no atribuidas a ningún
autor en particular, cuya superación podría contribuir a mejorar esta cla-
se de estudios.

2. Ausencia de estudios críticos

Examinar las cosas, ir a ver las fuentes originales, estudiar hechos, con-
ductas y documentos históricos sin asumir una actitud crítica, es como ir a
una fuente de agua y proceder a sacarla con un cedazo. Es cerebro vacío.
No es inteligente, precisando que la investigación científica es, en esen-

48
Este capítulo sobre la soberanía se encuentra en pp. 111 y ss.


cia, manejo inteligente de información. No cabe duda, las verdades deben
aceptarse como tales y hacerse propias y repetirse. Pero no los errores.
Por ejemplo, quienes afirman que los juicios de amparo se configuran
como tales, gracias a las influencias anglosajonas, sin el debido manejo de
la fuente apropiada y sin ningún aparato crítico que lo demuestre, dan
testimonio de no haber leído nunca los libros de Actas o los respectivos
Diarios de sesiones donde se discutieron las diversas leyes reglamentarias
de dichos juicios, las de 1861, 1869, o 1882, por mencionar los debates
que han sido recopilados y publicados por el autor de este artículo.49 En
estos debates, hay parlamentarios que reconocen esas influencias, pero
también hay otros que las niegan: ese es el debate y sirve para precisar qué
sí se acepta como de origen exterior y qué es lo que no se acepta.
Sin embargo, entre las fuentes consultada por los estudiosos mexica-
nos, por regla general, nunca figura la consulta de los libros de Actas, ni de
los libros del Diario de sesiones de las asambleas que hayan podido discu-
tir esta clase de temas. Igualmente no se han estudiado suficientemente los
expedientes judiciales de nuestro país, ni del ramo federal, ni de los ra-
mos locales. Tampoco se han estudiado los expedientes históricos del pe-
riodo de la Colonia, salvo casos aislados como es el estudio de Andrés
Lira sobre los amparos coloniales, por ejemplo, ni los regímenes forales
españoles, siempre en esta materia de derechos humanos.
Hablar de la obra de las Cortes españolas de Cádiz 1810-1813; hablar
de la obra de los insurgentes reunidos en Chilpancingo, luego en Apatzin-
gán; o de la obra de cada una de las asambleas soberanas mexicanas del
periodo de 1821-1824; hablar de la obra de los primeros Congresos Cons-
tituyentes de los estados de la Unión mexicana entre 1823 y 1827, sin
haber leído sus respectivos libros de Actas y, cuando los hubo, sus libros
del Diario de sesiones, revela falta de seriedad en el trabajo, por decir lo
menos, y puede conducir a repetir los errores que otros han dicho.
Cuando nos preguntamos por la recepción de los derechos humanos en
México, estamos hablando de la recepción que tiene lugar a partir del mo-
mento en que se aplica un texto constitucional, a partir, incluso, de la fe-
cha de la declaración de independencia de 1821; en fin, a partir del momento

49
Véase La primera ley de amparo de 1861, México, UNAM, 1978; Proceso de dis-
cusión de la ley de amparo de 1869, México, UNAM, 1978; Proceso de discusión de la
ley de amparo de 1882, México, UNAM, 1994.


en que deliberan las asambleas soberanas de nuestro país y se debate y se
aprueba el texto constitucional propio.50 Esto es, la pregunta se ubica den-
tro del proceso de discusión de dichos textos constitucionales, cae dentro
del proceso de debate completo de la asamblea de referencia. Se debe leer
todo el Diario de Debates.
Invitamos al lector a asumir una actitud crítica frente a las afirmaciones
vacías y desprovistas de elementos probatorios; que no sea indiferente
frente a la fuente consultada. ¿Cuántos autores de los que hablan y estu-
dian la materia de la recepción de los derechos humanos en México han
leído estos libros de sesiones? La respuesta es muy fácil de obtener con
sólo repasar o revisar la fuente consultada en cada caso. Hasta ahora, prác-
ticamente nadie.
Además de la lectura obligada de los libros de sesiones mencionados,
se debe hacer el esfuerzo por reconstruir la historia de cada uno de los
derechos y libertades de que se trate, a fin de precisar el origen del derecho
estudiado.
Por ejemplo, ¿quién puede afirmar que el derecho de propiedad y de
posesión en México se recibe de Francia, en vez de ser algo connatural a
las culturas aborígenes, por ejemplo, y al mismo tiempo reconocer que
venía siendo regulado por las leyes más remotas de la cultura jurídica
romana? Por otro lado, ¿quién puede ignorar que, tratándose de la propie-
dad y posesión, se han tenido siempre las medidas de protección necesa-
rias, tan antiguas como los mismos derechos, a través de los interdictos
romanos, las cartas de amparo, los autos gallegos o las firmas posesorias?
Hablamos de reconstruir la historia de cada instituto jurídico, llamado
libertad o derecho humano, y de cada instituto jurídico creado para prote-
ger alguna libertad o algún derecho.

50
El mejor ejemplo de cómo deben ser los estudios de derecho constitucional, inte-
grando el texto constitucional con su debate, lo tenemos en la magnífica obra de Isidro
Antonio Montiel y Duarte, Derecho público mexicano. En esta obra, como indica su subtí-
tulo, se recopilan importantes documentos relativos a la independencia; la Constitución de
Apatzingán; el Plan de Iguala; los tratados de la Villa de Córdoba; el Acta de Independen-
cia; Cuestiones de derecho público resueltas por la Soberana Junta Provisional Guberna-
tiva; Cuestiones constitucionales tratadas por el Primer Congreso Constituyente Mexica-
no; el Acta Constitutiva de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución de 1824; las
Leyes Constitucionales de 1836; las Bases Orgánicas; el Acta de Reformas; la Constitu-
ción de 1857 y la discusión de todas estas Constituciones.


Víctor Fairén Guillén, hace una excelente reconstrucción de las liberta-
des reconocidas en Aragón, de las instituciones protectoras, como el Justi-
cia, como el procedimiento de manifestación de personas, o los procedi-
mientos de greuges (agravios).51
Toda esta legislación histórica colonial ya contiene una lista larga de lo
que hoy llamamos derechos humanos y las medidas de protección corres-
pondientes, que resulta muy difícil de considerarlas ahora. Sin embargo, sí
pasamos al examen que de esta materia se hace por las Cortes españolas de
Cádiz, cuya legislación, en efecto, recoge lo mejor de esta tradición y las
adecua al naciente Estado constitucional.

3. Examen particular de la legislación española de las Cortes de Cádiz

A. Planteamiento general

Hemos hecho referencia, con simples ejemplos, a la presencia masiva
de la legislación española en lo que ahora es México, vigentes tanto du-
rante la etapa colonial cuanto después de ganada su independencia. Falta
ver si dicha legislación contiene o no contiene enunciados en materia de
derechos humanos y, supuesta la existencia de tales derechos, saber cuáles
son para, a continuación, preguntarnos si esos mismos derechos fueron o
no recibidos, con la legislación española, en el México independiente. Ade-
más, debemos examinar si, con los enunciados sobre derechos humanos,
se recibieron también las medidas necesarias para protegerlos. Así queda-
ría bien planteada nuestra hipótesis de trabajo.
Sin embargo, en esta ocasión, no se trata de pasar revista a toda la
legislación española para ir buscando todos y cada uno de los derechos
humanos reconocidos, ni todas ni cada una de las diversas medidas de
protección existentes. Para los propósitos de este trabajo solamente va-
mos a ocuparnos de algunos ejemplos. Más aún, los ejemplos van a ser
tomados de la obra de las Cortes de Cádiz, es decir, de su Constitución y
de otras leyes, obra que recoge lo mejor de la legislación histórica, que
tampoco queda derogada sino en la medida en que pudiera oponerse al
nuevo Estado de derecho.

51
He aquí algunos de sus trabajos: Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo,
México, UNAM, 1971; “Los procesos aragoneses y los derechos humanos”, Revista Ar-
gentina de Derecho Procesal, Buenos Aires, núm. 2, 1969, p. 165.


B. Ausencia de declaración formal
Todos sabemos que la Constitución española de 1812 no contiene nin-
guna declaración formal de derechos semejante a la hecha en Francia en
1789. De manera que las Cortes de Cádiz nunca aprobaron hacer una de-
claración formal siguiendo el ejemplo francés; nunca aprobaron libertad
alguna, ni derecho humano alguno tomado de la tradición jurídica france-
sa. El profesor de Derecho constitucional, J. Luis García Ruiz, de la Uni-
versidad de Cádiz, en una ponencia presentada en el Primer Simposio
Internacional sobre la Constitución de 1812, leída el día 26 de abril de
2002, expresa esta misma opinión de la siguiente manera:
Al repasar por encima la Constitución de 1812, encontramos una gran dife-
rencia de sistemática con los textos francés y americano aprobados más de
veinte años antes. Frente a los 17 artículos de la Declaración francesa y la
amplitud de las 10 Enmiendas americanas, aparentemente sólo un artícu-
lo de la Constitución de 1812, el cuarto, se ocupa de lo que podría denomi-
narse una Declaración de Derechos.52

No contiene una declaración formal, porque sigue una sistemática dife-
rente, en palabras del profesor García Ruiz. Y eso es lo que explica en su
ponencia, ya que la Constitución de Cádiz de 1812 contiene una larga lista
de libertades y derechos, siguiendo una sistemática no sólo propia y origi-
nal, sino también muy moderna, adelantándose a muchas Constituciones
del siglo XIX y del siglo XX, incluso, señalamos nosotros, en mejores con-
diciones, con técnicas mucho más modernas que las empleadas por las
Constituciones mexicanas de 1857 y la vigente de 1917.
El profesor gaditano precisa que el artículo 4 mencionado no puede ser
considerado como una declaración formal de derechos humanos, sino que
dicho artículo consigna el principio de la obligación que tiene la nación
para conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la pro-

52
Tuve la suerte y el agrado de participar, como ponente también, en el Primer Simpo-
sio Internacional sobre la Constitución de 1812, en la misma mesa en que expuso el
profesor García Ruiz. Su ponencia lleva el título: “Los derechos fundamentales en la
Constitución de Cádiz”. La ponencia nuestra se llamó Derechos humanos y sistemas de
protección en la obra de las Cortes de Cádiz”. Ambas han sido publicadas en la Memoria
de dicho coloquio con el título: La Constitución de Cádiz de 1812. Hacia el origen del
constitucionalismo iberoamericano y latino, Caracas, 2004, p. 401.


piedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que los com-
ponen.53

C. El listado de los derechos reconocidos

El profesor García Ruiz, después de reconocer que la Constitución de
Cádiz, sigue una sistemática diversa a la usada por la Declaración france-
sa de 1789 y a las 10 enmiendas de la Constitución norteamericana, dice:

Pero cuando nos adentramos de verdad en el contenido de sus 384 artículos
y los leemos con detenimiento nos vamos asombrando más y más ante la
modernidad y anticipación, en el tema de los derechos y libertades, de un
texto que, en bastantes de sus extremos no sería igualado por el constitucio-
nalismo hasta doblado el siglo XX. Y ello resulta del hecho de que la Cons-
titución de 1812 se ocupará de los derechos a lo largo de su articulado, en
una visión que podríamos llamar práctica y que consiste en ir haciéndolos
aparecer al socaire de una limitación al ejercicio del poder. 54

“Derecho a la integridad física” (artículo 303): “No se usará nunca del
tormento ni de los apremios”.55 “Libertad personal” (artículo 172.11). Este
artículo dice: “Artículo 172. Las limitaciones de la autoridad del rey son
las siguientes: Undécima: No puede el rey privar a ningún individuo de su
libertad, ni imponerle por sí pena alguna”.
Esta libertad viene vinculada con los mandatos contenidos en los ar-
tículos 287, 290, 293, 295 y 299. “Artículo 287. Ningún español podrá ser
preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca
según la ley ser castigado con pena corporal, y así mismo un mandamiento
del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión”. 56
La libertad personal, consagrada en el artículo 172, restricción undéci-
ma, se complementa aquí con una excepción prevista en el mismo artícu-

53
Ibidem, p. 407.
54
Ibidem, pp. 401 y 402.
55
Ibidem, p. 408. Este derecho, que tiene todo ser humano, fue debatido y aprobado
previamente por el decreto del 16 de abril de 1811, como se ve con detenimiento en mi
libro Temas del liberalismo gaditano, pp. 118 y ss.
56
Los textos citados están tomados del escrito de la ponencia, pero también pueden
consultarse en Sevilla Andrés, Diego, Constitución y otras leyes y proyectos políticos de
España, Madrid, Editora Nacional, 1969, t. I, p. 188.


lo 172, restricción undécima, párrafo segundo: en el caso en que el bien y la
seguridad del Estado exijan el arresto de una persona, con la condición de
que sea puesta a disposición del juez dentro de las 48 horas siguientes.
Se complementa esta libertad con la obligación del secretario de Estado
de firmar o refrendar la orden del rey, comenta García Ruiz.57 Además, de-
berá ser informado, es decir, el derecho de ser informado el detenido acer-
ca del hecho por el cual se le arresta;58 y la necesidad de mandamiento
judicial de prisión por escrito, que se le notificará en el momento mismo
de la prisión.59 Luego, el artículo 290 dice:

Artículo 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado
ante el juez, siempre que no haya cosa que la estorbe, para que le reciba
declaración; mas si esto no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel
en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las
veinticuatro horas.60

Más adelante, García Ruiz comenta otras garantías de la libertad indivi-
dual ahora previstas en el artículo 293:

Artículo 293. Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, o
que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y
de él se entregará copia al alcaide, para que la inserte en el libro de presos,
sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningún preso en calidad de tal,
bajo la más estrecha responsabilidad.61

Como se aprecia, se establece la garantía del auto por escrito y motiva-
do para decretar el ingreso a la prisión, sin el cual la detención es ilegal,
según el comentario de García Ruiz. Se decreta un reforzamiento de esta
garantía al obligar al alcaide bajo acusación de detención arbitraria, a que

57
58
Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52, pp. 408, 409 y 410.
59
60
Ibidem, p. 411.
61
Véase este texto en el libro de Sevilla Andrés, Diego, op. cit., nota 56, t. I, p. 203. Se
acepta la detención en flagrancia, según el artículo 292, que dice: in fraganti todo delin-
cuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarlo y conducirlo a la presencia del juez;
presentado o puesto en custodia, se procederá en todo, como se previere en los dos artícu-
los precedentes.


efectivamente se le haga entrega del mandamiento escrito y motivado. De
otro modo, el alcaide no debe permitir el ingreso de ninguna persona a la
cárcel. Además, se le ordena llenar un libro de registro de personas encar-
celadas. Este registro será público.
Todavía se complementa la libertad personal con la aceptación de fianza,
para no ingresar a la cárcel, cuando no lo prohíba la ley, según el ar-
tículo 295: “Artículo 295. No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los
casos en que la ley no prohíba expresamente que se admita la fianza”.62
Por último, comenta García Ruiz, se refuerza el derecho de la libertad
personal al decretarse en el artículo 299 la tipificación como delito de deten-
ción arbitraria. “Artículo 299. El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto
en los artículos precedentes, serán castigados como reos de detención arbi-
traria, la que será comprendida como delito en el código criminal”.63
Después de estos comentarios, García Ruiz dice textualmente:

Todo este elenco de preceptos sorprenden por su modernidad, de manera
que, a salvo determinadas interconexiones o expresiones propias de la épo-
ca, difícilmente encontramos en las Constituciones de nuestros días una
regulación más detallada y garantista del derecho de la libertad personal. 64

Tiene toda la razón García Ruiz al destacar el sentido perfeccionista de
estas garantías. Nada existe en las Constituciones mexicanas de 1857 y
1917 tan claro y tan hermoso como esta regulación gaditana. El lector
puede ver la forma en que fue discutida y la forma en que se fue aprobando
toda esta materia en nuestro libro Temas del liberalismo gaditano, en don-
de le hacemos un seguimiento al proceso del debate sobre la libertad indi-
vidual. Este debate es hermoso, apasionado, muy ilustrado, con un acertado
manejo de información de la situación real acerca del estado de cosas
vigente en ese momento histórico en materia de detenciones arbitrarias,
sobre el estado de las cárceles, etcétera. Y un acertado manejo de la infor-
mación sobre la legislación histórica en esta misma materia, tal como se
puede apreciar en el capítulo “El tema de cárceles y la libertad individual.
De nuestro libro Temas del liberalismo gaditano”.

62
Sevilla Andrés, Diego, op. cit., nota 56, t. I, p. 204.
63
Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52. Véase Sevilla Andrés, Diego, op.
cit., nota 56, t. I, p. 204.
64


Examinar esta materia de la libertad individual a la luz del debate es la
manera más precisa para apreciar la verdad de la afirmación del profesor
gaditano acerca de la diversa sistemática seguida por las Cortes españolas
de Cádiz frente a la declaración francesa de 1789 y las enmiendas ameri-
canas. De hecho, estas garantías fueron aprobadas mucho antes de que se
presentara a debate esta parte del proyecto de Constitución, debido justa-
mente a esa diversa sistemática, tal como se puede apreciar leyendo su
Diario de sesiones, cuyo seguimiento se hace en el libro ya citado, Temas
del liberalismo gaditano, en el capítulo no sólo relativo a “El tema de
cárceles y la libertad individual”, sino también en este otro capítulo, “Pro-
posición para redactar una ley al tenor de la del Habeas en las Cortes de
Cádiz”.65

Garantías procesales y penales. El profesor García Ruiz empieza esta
parte de su trabajo haciendo alusión al marco general en que se inscriben
estas garantías, capítulo I del título V de la Constitución. En este marco de
referencia tenemos varias garantías procesales y penales.66

a) El principio de la exclusiva atribución a los tribunales de la potestad de
aplicar las leyes a las causas civiles y criminales (artículo 242)67 y la conse-
cuente prohibición para que ningún otro poder ejerza esta función, avocar
causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos (artículo 243).

b) El principio de legalidad: se extenderá al orden y a las formalidades
del proceso; las leyes serán uniformes para todos los tribunales y se prohíbe
su dispensa (artículo 244);68 se prohíbe a los tribunales ejercer funciones
distintas a las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado; se les prohíbe,
además, hacer reglamentos en materia de administración de justicia (ar-
tículos 245 y 246).69

c) Principio del juez competente, determinado con anterioridad por la
ley y la prohibición de ser juzgado por comisión (artículo 247).70

65
Ibidem, pp. 111-166.
66
Ibidem, p. 79.
67
Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52.
68
Véase artículo 243.
69
70


d) Principios de la igualdad de toda clase de personas ante las leyes
civiles y criminales (artículo 248),71 con excepción de los eclesiásticos
(artículo 249)72 y de los militares (artículo 250).73

e) Principio de responsabilidad personal de los jueces por la violación de
las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal (artículo 254).74

f) La garantía de la publicidad de los juicios (artículo 302).75

g) La garantía que otorga el establecimiento de la acción popular para
combatir el soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y
jueces (artículo 255).76

h) Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 291).77

i) Derecho a ser informado de la acusación (artículo 301).78

j) Derecho a declarar sin juramento y el derecho a no declarar sobre
hechos propios (artículo 291).79

Respecto de estas garantías y derechos García Ruiz comenta:

En todo caso, creo que lo que conviene destacar ahora con relación a este
derecho es el carácter moderno y auténticamente precursor que tiene esta
garantía en nuestra Constitución de Cádiz, si tenemos en cuenta que la for-
mulación técnica de la misma no adquiere un desarrollo pormenorizado en
las declaraciones de derechos hasta mucho tiempo después.80

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80


Y un poco más adelante, vuelve a emitir el siguiente juicio de valor al ir
narrando esta lista de garantías

y otros puntos que podríamos citar constituyen, a mi juicio, auténtico moti-
vo de asombro cuando recordamos la fecha en que fueron establecidos.
Permítase que, como último botón de muestra de este apartado, traiga a
colación la “modernidad” de la Constitución cuando llega a plantear inclu-
so el sentido de la pena de prisión. 81

k) Principio sobre que la cárcel no forma parte de la pena o castigo
penal. La cárcel es el lugar en donde se cumplen los castigos y las penas, a
que son sentenciados los reos. Por ello, después de un largo debate sobre
el estado de cosas en que se encontraban las cárceles y demás lugares de
detención y después de despachar su visita de algunas de ellas, se aprobó
el artículo 297, que dice:

Artículo 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegu-
rar y no para molestar a los presos; así el alcaide tendrá a éstos en buena
custodia, y separados los que el juez mande tener sin comunicación, pero
nunca en calabozos subterráneos ni malsanos.82

Inmovilidad del domicilio. Este derecho se encuentra regulado en el ar-
tículo 306: “no podrá ser allanada la casa de ningún español, sino en los
casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del Estado”.83

Libertad de expresión y libertad de prensa e imprenta. García Ruiz co-
menta que se trata de una necesidad educacional y que por ello se consa-
gra en el artículo 371 bajo el rubro relativo a la instrucción pública,84 al
decir: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar
sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna
anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se
establezcan las leyes”.

81
82
Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52, p. 411.
83
Ibidem, p. 411.
84
Sevilla Andrés, Diego, op. cit., nota 56, p. 214. Por otro lado, este tema es estudiado
en nuestro libro Temas del liberalismo gaditano, pp. 3 y ss.


Derecho de propiedad. Comienza su comentario García Ruiz desta-
cando que en el proceso de aprobación de este derecho, que es clásico
como un derecho preferente en el movimiento constitucional, lo que llama
la atención es la forma de hacerlo, es decir el casuismo de la misma, cuya
consecuencia será también aquí la introducción de principios cuyo detalle
nos llevará al descubrimiento de instituciones jurídicas que no aparecerán
expresadas como tales hasta muchos decenios después.85
Así es. El derecho de propiedad se encuentra en el artículo 172, el cual
contiene las restricciones impuestas al rey. La número 10 dice:

No puede el rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación,
ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; y si en algún
caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la
propiedad de un particular, no lo podrá hacer, sin que al mismo tiempo
sea indemnizado.86

García Ruiz observa ahora cómo la restricción octava introduce el prin-
cipio del no taxation without representation, al disponer “no puede el rey
imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos
bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre
los han de decretar las Cortes”.87
Por último, vincula este derecho de propiedad con la prohibición de la
consficación de bienes, que trae el artículo 304, de manera expresa.88

Derecho a la igualdad. Se trata de un derecho difícil de enunciar, co-
menta García Ruiz, más allá de las declaraciones simples, basadas en la
lógica. De esta manera, la Declaración francesa, en su artículo sexto, dice
que la ley debe ser la misma para todos, tanto cuando protege como cuan-
do castiga, siendo todos los ciudadanos ante los ojos de la ley.

85
Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52, p. 414.
86
87
Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52, p. 414. Además, añade García Ruiz
que lo dispuesto en el artículo 172, Octava, se complementa con el artículo 338, el cual
indica que Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones. Una
clara reserva legal a favor del Poder Legislativo.
88
Ibidem, p. 415.


En cambio, en la Constitución de 1812, como la otra cara de la misma
moneda, trae el enunciado en forma de garantía de que no habrá privilegio
alguno, de tal manera que la ley es igual para todos: “Artículo 172. Las
limitaciones de la autoridad del rey son las siguientes: Novena: no puede
el rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna”.89
Se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 258, que establece la
unidad de Códigos para toda la monarquía y en el 248 al disponer la igual-
dad de fuero, salvo para los eclesiásticos y los militares. Efectos, dice García
Ruiz, del planteamiento casuístico, tan típico de la Constitución de 1812.

Derecho de participación política. La Constitución de 1812 es uno de
los textos primigenios que consagra mayor extensión a la implantación del
gobierno representativo,90 ya que dedica 104 artículos para regular esta
materia (artículos 27 al 130).
Efectivamente durante el trabajo de las Cortes de Cádiz se debatió am-
pliamente la idea de la representación y la democracia, como lo hemos
examinado nosotros en nuestro libro Proceso histórico de formación del
senado mexicano, el cual se configura sobre el examen de la idea de la
representación (en una o dos cámaras) y la democracia.
Ahora bien, el debate más violento, si se puede emplear esta palabra
como calificativo, habido durante los trabajos de aquellas Cortes, fue el
debate sobre el derecho de votar y ser votado en las elecciones no re-
conocido por esta Constitución de 1812 a las castas americanas. Es decir,
cuando se debatieron los artículos 22 y 27, textos que reservan dichos
derechos de votar y ser votados únicamente a los españoles, excluyéndose
expresamente a las clases morenas e indígenas de las Américas. Este deba-
te se analiza con detalle en nuestro libro Temas del liberalismo gaditano,
en donde se dedica un capítulo denominado “La cuestión política y social
de las Américas”.
Se trató, en este caso, de una obstinación de los diputados peninsulares
contra las enérgicas reclamaciones de los diputados americanos.

89
Sevilla Andrés, Diego, op. cit., nota 56, p. 188. Este tema fue objeto de interesantes
comentarios a la hora en que se discutió. Véase nuestro libro Temas del liberalismo
gaditano, pp. 80 y ss., donde el mexicano Ramos Arizpe decía que no habría libertad
civil, ni libertad personal, mientras ambas no dependan únicamente de la ley (sesión del
30 de diciembre de 1811).
90
Son palabras de García Ruiz, Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52, pp.
416 y 417.


Como quiera que sea, más adelante, estas mismas Cortes trataron de
enmendar este grave error, al decretar: “que los americanos, así españoles
como indios, y los hijos de ambas clases tengan igual opción que los euro-
peos para toda clase de empleos y destinos, así en la corte como en cual-
quier otro lugar de la monarquía, sean de carrera eclesiástica, política o
militar”.91
Hemos seguido muy de cerca la lista de derechos humanos que García
Ruiz reseña en su ponencia citada. Se trata de un estudio hecho sobre el
texto formal de la Constitución de 1812. Es un excelente estudio. Además
de la lista que ya conocemos de derechos consagrados, se habla de las
previsiones sobre suspensión de garantías y le dedica las tres últimas pági-
nas de su ponencia a las garantías de los derechos.
En este último apartado dice que la Constitución de 1812 no establece
en su articulado un sistema de protección y garantías de los derechos que
reconoce, salvo que convierte al Poder Judicial en garante de la aplicación
de los mismos.
Para García Ruiz, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano de 1789, en su artículo 16, no especifica de qué tipo debe ser la
garantía que se requiere para salvaguardar los derechos reconocidos. Tam-
bién afirma que la atribución de la garantía a un órgano jurisdiccional no
se producirá sino hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, artículo 8, cuando dice: “Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales”, salvo lo que sucede en la
tradición de la Constitución americana y las Enmiendas incorporadas a
ella. Finalmente se refiere al juicio de amparo mexicano: “En efecto, el
amparo toma su nombre y se origina en el derecho mexicano, donde ad-
quiere por primera vez carácter constitucional al establecerse en la Cons-
titución de 1857”.92
Y más adelante comenta: “Pues bien, a pesar de que ha existido contro-
versión doctrinal sobre ello, parece de gran verisimilitud la teoría de que
el amparo mexicano es indirectamente de origen hispánico y concreta-
mente de la Constitución de 1812”.93

91
Véase este Decreto en Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, cit., nota 25, t. I,
p. 516.
92
Memoria del Primer Simposio…, cit., nota 52, pp. 420, 421 y 422.
93
Ibidem, p. 421.


Menciona a continuación la tesis del profesor Víctor Fairén en el sentido
de que habría habido una influencia de las instituciones protectoras del
derecho aragonés sobre los juicios de amparo mexicanos.94
Me parece muy interesante la lista de derechos fundamentales de la
Constitución de 1812 que trae la ponencia del profesor García Ruiz, así
como el hacer hincapié en lo que él llama la sistemática de carácter
casuístico empleada por aquellas Cortes de Cádiz para ir mencionando y
reconociendo cada uno de dichos derechos.
En mi opinión, la lista puede enriquecerse y complementarse con la
lectura detallada de los libros de su Diario de sesiones, ya que el debate
ofrece la información indispensable para conocer el alcance y la naturale-
za de cada uno de los enunciados constitucionales, así como las circuns-
tancias particulares que se darán cita en su proceso de aprobación.
Es decir, la lectura del Diario de sesiones permite conocer la obra de
aquellas Cortes en su conjunto y permite conocer cada uno de los dere-
chos reconocidos en el articulado de la Constitución de 1812, en el con-
junto de esa misma obra.
Por ejemplo, todos sabemos que la libertad de imprenta se discutió muy
al inicio de las sesiones y se aprobó mediante un Decreto del 10 de no-
viembre de 1811. Cómo se presenta este tema al pleno de las Cortes y
cómo discurre su discusión, es una cuestión que estudiamos en uno de los
capítulos del libro Temas del liberalismo gaditano, denominado “Libertad
de imprenta”. Luego se dirá en la Constitución de 1812 que serán las Cor-
tes las que se encargarán de garantizar su ejercicio, no obstante la crea-
ción, organización y funcionamiento de las llamadas Juntas de Censura,
que eran una especie de Juntas protectoras de dicha libertad.95
Otro ejemplo es la proposición del diputado Manuel de Llano, de Gua-
temala, para dictar una ley al tenor de la ley del Habeas Habeas de Ingla-
terra, presentada durante la sesión del 10 de diciembre de 1810 y que
motivará la adopción de una serie muy larga de medidas verdaderamente
asombrosas tanto para reconocer derechos como para decretar las corres-
pondientes medidas de protección. Motiva una serie de visitas de cárceles;

94
Véase el libro de Víctor Fairén escrito sobre esta temática; Antecedentes aragone-
ses de los juicios de amparo, cit., nota 51.
95
Todavía no han sido estudiadas estas Juntas de censura, las cuales, pese a su deno-
minación, tenían el encargo de proteger la libertad de imprenta y evitar la censura, dando
cuenta a las Cortes.


motiva la aprobación del famoso decreto de abolición de la tortura y de
toda clase de tormentos y apremios del día 16 de abril de 1811 y desde
luego motivó una gran reforma en materia de administración de justicia
que, entre otras cosas, pasó íntegra a la Constitución.96
En suma, el examen de los derechos humanos a la luz del debate (de
aquellas Cortes o de las asambleas mexicanas) será siempre un examen mu-
chísimo más completo que el examen limitado y formal del texto constitu-
cional. En el apartado siguiente trataremos de ampliar esta consideración.

D. Breve referencia a las medidas para su protección

a. Planteamiento general

Mi intención es presentar aquí un breve resumen acerca de las diversas
garantías y medidas de protección aprobadas por aquellas Cortes de 1810-
1813, no sólo en el texto constitucional del 19 de marzo de 1812, sino en
diversas normas que expidieron para tales efectos. Un resumen a partir de
mis propias investigaciones ya publicadas.

Sobre la diversa sistemática. Como ya ha quedado ejemplificado, los
derechos reconocidos obedecen a una sistemática diferente seguida por
aquellas Cortes frente al planteamiento que se hace por la Asamblea france-
sa de 1789 y frente al ejemplo seguido por las asambleas norteamericanas.
¿Se puede explicar por qué esa diferente sistemática? Claro que sí. La
lectura atenta del Diario de Sesiones, por un lado, aunado a las circunstan-
cias históricas creadas por la invasión de Napoleón de la península ibéri-
ca, por otro lado, permiten explicar cada una de las leyes, de los decretos y
órdenes aprobados por aquellas Cortes.
En la península existe un estado generalizado de lucha contra Napoleón;
en las Américas existe un estado generalizado de insurgencia y descon-
cierto político. Fernando VII fue preso por Napoleón. Abdicó al trono y

96
Esta secuencia de hechos y del debate explica satisfactoriamente cómo es que se fue
formando dicho Título V relativo a la administración de justicia de la Constitución de 1812
y explica, además, cuál fue el sentido casuístico, por usar la misma expresión de García
Ruiz, de esa estupenda serie de garantías consagradas en esta parte de la Constitución.


fue nombrado un francés en su lugar. Las Cortes, reunidas en la isla de
León frente a Cádiz, desde el primer día tomaron conciencia de la muy
compleja situación que debían afrontar. Declaran haberse instalado legíti-
mamente; haber asumido la plenitud de la soberanía y, entre otros extre-
mos, ordenan a todas las autoridades y al pueblo entero que les rinda el
juramento de obediencia que correspondía.
Muy pronto empezó a llegar y a salir la información necesaria como
para poder tomar las decisiones más oportunas y eficaces, así como para
poder ir formando la correspondiente orden del día de cada sesión. Son
unas Cortes diferentes y distantes a las Cortes tradicionales. Es una Asam-
blea Constituyente que asume la plenitud de la soberanía en momentos de
crisis total y vacío de poder y ejerce efectivamente esa soberanía ocupán-
dose de todos los asuntos de gobierno.
Por estas razones la obra toda, es una obra casuística; por estas razones,
que el lector puede apreciar página tras página de su Diario de Sesiones,
los derechos fueron aprobándose en el momento casuístico que correspon-
día, casi siempre antes de presentarse al pleno el Proyecto de Constitu-
ción.97 Es una obra casuística, pero no desordenada. Al contrario, muy
racionalizada y sabiamente ordenada, como se aprecia al leer cada uno de
sus decretos y de sus órdenes.
Algo muy parecido, pero por causas diferentes, les ocurrirá a la Asam-
blea insurgente mexicana de Chilpancingo, a las asambleas constituyentes
generales de 1821 a 1824 y, desde luego, a las asambleas constituyentes de
cada uno de los estados de la federación mexicana, que la declaran propia
a la Constitución de Cádiz y que la imitan en cada una de sus partes. Nin-
guna de estas asambleas hizo declaración formal de derechos humanos. Y
todas y cada una procede a enumerar y consagrar los derechos siguiendo
finalmente el sistema gaditano.98

97
En efecto, la mayoría de estas garantías se fueron aprobando antes de que se presen-
tara a debate el Proyecto mencionado, de manera que cuando éste se somete al pleno, ya
no fueron objeto de debate.
98
Decimos que siguen el modelo gaditano, porque la Constitución mexicana de 1824
y la primera Constitución de los estados vemos que consagran las mismas garantías, con
una redacción muy similar y en la misma parte del texto, es decir, bien como restricciones
a las facultades del presidente, o, en su caso, del gobernador, y en la parte relativa a la
administración de justicia. Estas Constituciones fueron publicadas por la imprenta de Galán
en 1829 en tres tomos.


Sobre el control de carácter jurisdiccional. Un autor clásico en esta
clase de temas es García de Enterría, quien nos ofrece el libro: La Consti-
tución como norma y el Tribunal Constitucional.
Dicho autor comienza precisando que la idea de Constitución como ley
superior se produce dentro de la tradición del derecho natural:

La idea de un derecho fundamental o más alto (higher law) era claramente
tributaria de la concepción del derecho natural como superior al derecho
positivo e inderogable por éste y va a ser reafirmada por los colonos ameri-
canos en su lucha contra la Corona inglesa, a la que le reprochan descono-
cer sus derechos personales y colectivos. 99

Más adelante afirma que la gran aportación americana será plasmar en
una Constitución escrita ese parámetro normativo superior que divide la
validez de las leyes del parlamento: “De este modo, investido con forma
legal e instrumentado por la judicial review, el higher law con juventud
renovada, entra en uno de los grandes periodos de su historia y jurídica-
mente el más fructífero desde los días de Justiniano”.100
Bien, queremos llegar a la conclusión que el propio García de Enterria
formula cuando dice:

La técnica de atribuir a la Constitución el valor normativo superior, inmune
a las leyes ordinarias y más bien determinante de la validez de éstos, valor
superior judicialmente tutelado, es la más importante creación, con el siste-
ma federal,del constitucionalismo norteamericano y su gran innovación fren-
te a la tradición inglesa de que surge.101

Nosotros suscribimos lo dicho por García de Enterría en el texto trans-
crito. Por tanto, una cosa es el control judicial de la Constitución, así con-
cebida, y otra cosa, muy diferente, es el control jurisdiccional de los derechos
humanos. El primero nace con el constitucionalismo americano. El segun-
do, en cambio, puede haber tenido orígenes más remotos y diferentes. Más

99
Este texto se encuentra en la p. 51 de su libro.
100
García Enterría, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, p. 53.
101
Ibidem, p. 51.


aún, en cada país puede o no existir ese sistema y haber aparecido o no en
esas épocas remotas.102
La legislación española histórica tiene, entre otras medidas de protec-
ción de derechos humanos, las de carácter jurisdiccional. La Constitución
de 1812 decretó el control jurisdiccional, de carácter penal, para proteger
al texto constitucional, y dejó en vigor muchas de las medidas de protec-
ción jurisdiccional de derechos humanos de la legislación histórica. Es
decir, se adopta esta clase de control, porque eran los jueces los que ha-
bían venido ejerciendo esta función, por medio de los juicios de residen-
cia, los amparos posesorios, las firmas, la manifestación de personas, entre
otros recursos, como pasamos a ver.

b. Los sistemas de control jurisdiccional de derechos humanos

No sólo ahora, por obra de las Cortes de Cádiz, se decretan diferentes
sistemas de control jurisdiccional de los derechos humanos, sino que las
medidas más importantes y en el mayor número de ellas, reguladas por la
legislación histórica española, tienen el carácter de controles jurisdiccio-
nales, recordando que en esta primera etapa no se pensaba en que también
la representación popular (llámese Cortes, Congreso o Parlamento) pudie-
ran emitir leyes inconstitucionales.

Ausencia de control de las leyes inconstitucionales. Siguiendo un cier-
to orden, debemos comenzar advirtiendo la ausencia de control de las le-
yes, o de las disposiciones del Poder Legislativo. Durante las labores de
las Cortes de Cádiz se pensó siempre que la representación genuina y legí-
tima del pueblo, como eran las Cortes, nunca podrían ir en contra de la
Constitución. Por ello, que yo recuerde o sepa, no se previno medida algu-
na para combatir la inconstitucionalidad de las disposiciones aprobadas
por la representación popular.

102
De hecho el Dictamen de la Comisión de Arreglo de Tribunales, se hace eco de esta
idea, cuando afirma que los recursos protectores de la libertad, del derecho de propiedad
y de posesión y de otras libertades y derechos, existen también en las demás naciones
católicas. Esto ocurrió durante la sesión del 16 de septiembre de 1812. Véase esta parte
del Dictamen en mi libro Temas del liberalismo gaditano, pp. 179 y ss.


Control jurisdiccional de carácter penal. Con excepción de las dis-
posiciones y de los actos del Poder Legislativo, todos los demás actos de
toda clase de autoridades y de las particulares, que fueran contrarios a la
Constitución, eran considerados ilícitos penales.

Existen diferentes declaraciones sobre la ilicitud de tales actos. La me-
jor expresión se encuentra en el artículo 28 y 30 del decreto del 30 de abril
de 1821, mismo que fue aplicado en México, al menos hasta 1845, motivo
por el cual se cita aquí con preferencia:

Artículo 28. No pudiendo el rey privar a ningún individuo de su libertad, ni
imponerle, por sí, pena alguna, el Secretario del despacho que firme la or-
den, y el juez que la ejecute, serán responsables a la nación, y uno y otro
perderán el empleo; quedarán inhabilitados perpetuamente para obtener
oficio o cargo alguno y resarcirán a la parte agraviada todos los perjuicios.
Artículo 30. Cométese el crimen de detención arbitraria:
Primero, cuando el juez, arrestado un individuo, no le recibe su declaración
dentro de las 24 horas.
Segundo, cuando le manda poner o permanecer en la cárcel en calidad de
preso, sin proveer sobre ello auto motivado, de que se entregue copia al
alcalde.
Tercero, cuando el alcalde, sin recibir esta copia e insertarla en el libro de
presos, admite alguno en calidad de tal.
Cuarto, cuando el juez manda poner en la cárcel a una persona que dé fia-
dor, en los casos en que la ley no prohíbe expresamente que se admita la
fianza.
Quinto, cuando no pone al preso en libertad bajo fianza, luego que en cual-
quier estado de la causa aparece que no puede imponérsele pena corporal.
Sexto, cuando no hace las visitas de cárceles prescritas por las leyes, o no
visita a todos los presos cuando, sabiéndolo, tolera que el alcalde los tenga
privados de comunicación sin orden judicial, o en calabozos subterráneos o
mal sanos.
Séptimo, cuando el alcalde incurre en estos dos últimos casos, u oculta
algún preso en las visitas de cárcel para que no se presente en ellas.

Son meros ejemplos. En este caso para proteger la libertad individual.
¡Qué hermosos! No hay nada comparable en estos momentos en la legis-
lación vigente mexicana. Más aún, en mi opinión estos textos están en
vigor, toda vez que nunca se han derogado. ¿Y a quién se le podría ocu-
rrir derogarlos?


Bien, además de la tipificación detallada, este decreto amplía la cobertu-
ra al establecer unos tipos de violación genérica, es decir, de cualquier
precepto de la Constitución, al decir:

Artículo 33. Además de los casos expresados, la persona de cualquier clase
y condición que sea, que en cualquier otro punto contravenga con conoci-
miento a disposición expresa de la Constitución, perderá el empleo que
obtenga, resarcirá todos los perjuicios que cause y quedará inhabilitado por
cuatro años para obtener otro oficio o cargo alguno. El mismo resarcimien-
to con suspensión de empleo y sueldo por un año se impondrá a cualquiera
que por falta de instrucción o por descuido quebrante alguna otra disposi-
ción expresa de la Constitución, y si fuere juez o magistrado se le aumenta-
rá por un año la suspensión.

Otro artículo, que era el 3o., se expresaba de la siguiente manera:

Artículo 3o. Cualquier español de cualquier condición y clase que de pala-
bra o por escrito tratare de persuadir que no debe guardarse en las Españas
o en alguna de sus provincias la Constitución política de la monarquía en
todo o en parte, sufrirá…

El artículo 6 disponía que fuera condenada una persona “cuando de
palabra o por escrito propagase máximas o doctrinas dirigidas a destruir o
trastocar la constitución, la monarquía constitucional, o la religión”.
Incluso, da la impresión que el sistema de control de carácter penal, que
comentamos, es más severo con los jueces, como lo demuestran los si-
guientes ejemplos tomados del decreto de 24 de marzo de 1813, capítulo I,
artículos I y II:

I. Son prevaricadores, los jueces que a sabiendas juzgan contra derecho por
afecto o desafecto hacia alguno de los litigantes, u otras personas.
II. El magistrado o juez de cualquier clase que incurra en este delito, será
privado de su empleo, e inhabilitado perpetuamente para obtener oficio ni
cargo alguno, y pagará a la parte agraviada todas las costas y perjuicios.
Si cometiere la prevaricación en alguna causa criminal, sufrirá además la
misma pena que injustamente hizo sufrir al procesado.

De paso, permítame recordarle al lector que este decreto de 1813 se
declaró vigente en la ley de amparo de 1869. Mientras que en la ley de


amparo de 1882 parece mucho más reforzado este mismo sistema de res-
ponsabilidad, mostrando cómo el sistema de amparo, además de proteger
debía castigar, aplicando, entre otras normas, este decreto español de las
Cortes de Cádiz.
El control es para proteger la primacía de la Constitución y, consecuen-
temente, el principio de legalidad. Indiscutiblemente también es para pro-
teger los derechos humanos, toda vez que, como hemos visto, se establecen
tipos muy severos sobre el particular. Y es un sistema de control jurisdic-
cional, porque se encomienda a la justicia ordinaria. Ésta conocerá estos
asuntos en juicios sumarísimos y dándoles preferencia con respecto a los
demás:

Artículo 35. Los delincuentes contra la Constitución podrán ser acusados
ante los jueces y tribunales competentes por todo español a quien la ley no
prohíba este derecho y cualquiera puede representar contra las infracciones
o al rey, que las hará examinar y juzgar por quien corresponda, o directa-
mente a las cortes, conforme al artículo 373.

Para mayor claridad, el artículo 34 ya había dicho que los que cometan
delitos contra la Constitución, serían juzgados por la jurisdicción ordina-
ria. El artículo 273 decía: “Artículo 373. Todo español tiene el derecho de
representar a las Cortes o al rey para reclamar la observancia de la Cons-
titución”.
Para comprender mejor lo dispuesto en los artículos citados, tenemos el
siguiente pasaje, tomado del decreto de 24 de marzo de 1813, y referido a
la denuncia en contra de ciertas y determinantes autoridades:

Cualquier español (que) tenga que quejarse ante las Cortes o el rey, o ante
el Supremo de Justicia contra algún jefe político, intendente u otro cual-
quier empleado, podrá acudir ante el juez letrado del partido o ante el alcal-
de constitucional que corresponda, para que se le admita información su-
maria de los hechos en que funde su agravio, y el juez o alcalde deberán
admitirla inmediatamente bajo la más estrecha responsabilidad, quedando
al interesado expedito su derecho para apelar a la Audiencia del territorio
por la resistencia, morosidad, contemplación u otro defecto que experi-
mente en este asunto.103

103
Este texto lo hemos tomado de nuestro libro El juicio de responsabilidad en la
Constitución de 1824. Antecedente inmediato del amparo, México, UNAM, 1978, p. 73.


Por último, permítame el lector formular un comentario más sobre la
escasa vigencia de este sistema en la Península Ibérica, debido a que pron-
to, en 1814, de regreso Fernando VII decretó disolver las Cortes ordina-
rias, que estaban en funciones, y la anulación total de la obra de aquellas
Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz.
La escasa vigencia en España de las leyes gaditanas, la vuelta al antiguo
régimen decretada desde la ciudad del Turia en 1814 por Fernando VII,
quizá sea una de las causas del olvido enorme en que se ha tenido a la
Constitución de 1812 y el poco conocimiento que se tiene de ella en Espa-
ña y en otras partes en las que se declaró su vigencia. Como sabemos, el
regreso al antiguo régimen decretado duró hasta la aparición del llamado
Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837, con el paréntesis llama-
do Trienio liberal de 1820, 1821 y 1822, durante el cual se volvió a resta-
blecer la vigencia de la Constitución de 1812.

Los juicios de residencia. He aquí el sistema previsto en la legislación
histórica para hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades y em-
pleados públicos. Los juicios de residencia llegaron a México para enjui-
ciar a Hernán Cortés y con ellos llegó el tribunal de la Audiencia de México.
Son un verdadero y apropiado sistema de control jurisdiccional del prin-
cipio de la legalidad y de libertades, derechos, privilegios y fueros de los
particulares. Al principio la residencia sólo se imponía al final del encar-
go. Después, debido a alguna denuncia grave, o como consecuencia de
alguna visita, se podía decretar en cualquier momento. A Hernán Cortés se
le sometió a juicio de residencia por las diversas quejas que en su contra
habían llegado a oídos del rey.104
La Constitución de 1812 consagró el juicio clásico de la residencia en
el artículo 261, que habla de las facultades del Supremo Tribunal de Justi-
cia: la sexta decía: “conocer de la residencia de los empleados públicos
que estén sujetos a ella”. Como se aprecia, se recogen los juicios de resi-

104
Un buen conocedor del tema, además de haber gozado de su excelente magisterio,
nuestra generación fue la última a la que él le dio clases en la Facultad de Valencia, don
José María Ots y Capdequí, quien fungió de presidente en mi jurado del doctorado, co-
mentaba que fue en los territorios de las Indias donde el juicio de residencia alcanzó una
estructuración más amplia y sistemática y en donde cumplió una función histórica más
completa. Véase esta cita en su trabajo “El juicio de residencia en la historia del derecho
indiano”, Estudios sobre el Decreto Constitucional de Apatzingán, México, 1964, p. 557.


dencia en el sentido en que se encontraban regulados en ese mismo mo-
mento histórico, y ello, sin perjuicio de poder hacer efectiva la responsabi-
lidad correspondiente de conformidad con las nuevas reglas dictadas por
estas Cortes.
Se trata de un sistema poco estudiado. Las secciones de juicios de resi-
dencia de los archivos nacionales de Colombia y de México siguen espe-
rando la visita de los investigadores. En el Archivo Nacional de Bogotá se
conservan más de 60 tomos con más de once mil páginas sobre esta clase
de juicios. En México la Diputación de Puebla de 1823 estaba solicitando
ser sujeta a un juicio de residencia para lavar su honra contra las calum-
nias vertidas en un impreso. Y el proyecto llamado de la mayoría de 1842
todavía consagraba esta clase de juicios; el otro proyecto, el de la minoría,
habla del juicio de amparo.
Una última reflexión: durante los debates de estas Cortes se generaliza
la discusión, hablando en términos de responsabilidad general, como lo
hacen el decreto de 24 de marzo de 1813 y otras disposiciones. Es decir,
además de conservarse la residencia clásica, se actualiza todo el sistema
de la residencia como un juicio de responsabilidad, plenamente asimilado
en México, por la Constitución de Apatzingán, y por todas las demás Cons-
tituciones, como se demuestra en nuestros libros El juicio de responsabili-
dad en la Constitución de 1824. Antecedente inmediato del amparo, y El
presidente de México y el sistema de responsabilidad a que está sujeto.

Control de la ilegalidad cometida por los jueces. En esta abreviada
referencia, cabe preguntarse cómo se debía combatir la ilegalidad cometi-
da por los jueces. Es decir, ¿cuál era el control establecido para combatir
las violaciones a la Constitución y, consecuentemente, a alguna garantía
constitucional cometidas por los jueces y tribunales? ¿Cómo hacer efecti-
va la responsabilidad en que pudieran incurrir los jueces por violar lo que
los abogados denominan quebrantamiento de las formalidades del proceso
o procedimiento, o violación de una ley que afecte el fondo de los asuntos
examinados?
La respuesta se encuentra, entre otras disposiciones, en el Decreto para
hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos, publicado el
día 24 de marzo de 1813, el cual recoge, sistematizadas, las medidas preci-
sas para combatir esas posibles violaciones. Y, como su nombre lo indica,
se hace por medio de un sistema de responsabilidad, muy severo por cier-


to, deducida esta responsabilidad ante el superior inmediato del juez o ma-
gistrado infractor. Esto es, el control es de carácter jurisdiccional.
En otras palabras, la jurisdicción, desde siempre, ha sido el mejor siste-
ma de protección en contra de las actuaciones ilegales de los jueces, como
lo ilustran, entre otros ejemplos, los recursos de amparo regulados en las
Siete Partidas, en donde se regula el amparo casación.

Otros controles de carácter jurisdiccional. Las Cortes de Cádiz, des-
pués de largos debates y después de haberse venido aprobando diversas
medidas de protección, incluidas las contenidas en la Constitución del 19
de marzo de 1812, publicó la ley de arreglo de los tribunales del 9 de
octubre de 1812.
En esta ley, en el capítulo II, artículo XII, se declararon subsistentes una
serie de recursos especiales, regulados en las leyes forales históricas, para
la protección especial de varios derechos y muy en particular de los dere-
chos de propiedad y de posesión. Este artículo XII dice:

XII. No debiendo ya instaurarse en primera instancia ante las audiencias
los recursos de que algunas han conocido hasta ahora con el nombre de
auto ordinario y firmas; todas las personas que en cualquier provincia de la
monarquía sean despojadas o perturbadas en la posesión de alguna cosa
profana o espiritual, sea eclesiástico, lego o militar el perturbador, acudirán
a los jueces letrados de partido para que los restituyan o amparen; y éstos
conocerán de los recursos por medio del juicio sumarísimo que correspon-
da, y aun por el plenario de posesión, si las partes lo promovieren con las
apelaciones a la audiencia respectiva en el modo y casos que previene el
artículo 43 del capítulo I, reservándose el juicio de propiedad a los jueces
competentes siempre que se trate de cosas o personas que gocen de fuero
privilegiado.105

Durante el debate de estas materias, se ponderó la importancia de los
recursos mencionados, y se aprobó la pervivencia de otras especies de
recursos forales.
Se mencionan para Galicia, el auto ordinario o auto gallego; para el
reino de Aragón y Valencia, los recursos de firmas posesorias y los recur-
sos de firmas titulares; el recurso de firma y contrafirma; el recurso de

105
Esta ley se incorpora a la Colección de Dublán y Lozano, t. I.


aprehensión de bienes para ponerlos bajo protección; los recursos de in-
ventario y de manifestación de personas; para el reino de Castilla, los re-
cursos de amparos posesorios, o interdictos adipiscendae; retinendae,
recuperandae y la parte es desde luego amparado o manutenido; y se acep-
ta que otro tenga mejor derecho para pedir la posesión, o para resistir el
amparo.106
Se comenta también que estos recursos, por ejemplo en Aragón, se hi-
cieron en los primeros tiempos valer ante el Justicia, ante las Cortes y,
posteriormente, ante la Audiencia; en Castilla ante los justicias ordinarios,
ante la Chancillería; en Granada, también ante la Chancillería; en Nava-
rra, ante el Consejo. Se precisa que se trata, ante todo, de otorgar una
protección para evitar la violencia, sin perjuicio de que posteriormente se
hagan valer los respectivos derechos por medio de los juicios correspon-
dientes, interpuestos ante los jueces competentes.
Por regla general, esta clase de recursos se usaban para pedir la protec-
ción en materia del derecho de propiedad y de posesión. Sin embargo,
también podían usarse para demandar la protección personal, o de sus per-
sonas, de sus libertades y de otros varios derechos y libertades:

sino que por medio de otro proceso conocido por el nombre de firmas, la
Audiencia, a instancia de los oprimidos, o que temen serlo, prohíbe a
cualesquier jueces o particulares, eclesiásticos o seculares,, el inquietarlos
indebidamente en sus personas, derechos y bienes o en la posesión de ellos,
y entiende también y determina sobre esta en el juicio sumarísimo, y en el
plenario con la misma o mayor amplitud.107

En otro pasaje del dictamen sobre el Proyecto de arreglo de las Audien-
cias, se dice:

Los aragoneses, siempre amantes de su justa libertad, introduxeron estos re-
medios, con los cuales acudiendo al Tribunal real, y al principio al Justicia de
Aragón, conseguían asegurar sus bienes, derechos y personas, libertándose
por estos remedios de la turbación y violencia que les causaban o intentaban

106
Esta parte del Dictamen se puede consultar en nuestro libro Temas del liberalismo
gaditano, pp. 179 y ss.
107
Este comentario se encuentra en el mismo Dictamen, que venimos citando. Véase
también en nuestro libro Temas del liberalismo gaditano.


causar, no sólo los particulares, sino también los jueces, así seculares como
eclesiásticos, por sus injustos y violentos procedimientos.

Ante las dudas que se formulan sobre estos recursos, he aquí otro pasa-
je tomado del mismo dictamen, el cual ha sido objeto de un análisis de-
tallado por el que suscribe desde el año de 1978, en que apareció mi libro
sobre Temas del liberalismo gaditano:

Viniendo el recurrente con las calidades prevenidas por fuero, despacha el
Tribunal Real el correspondiente amparo, con el que queda libre de toda
violencia y perturbación; debiendo obedecer estas provisiones bajo la pena
de fractores, mientras se ventila el asunto en el tribunal de donde dimanan,
en el cual se conoce no sólo en el sumarísimo, sino en el plenario de pose-
sión de cualquier cosa, sea espiritual o profana. Todos los referidos recur-
sos se fundan en la protección que debe dispensar el soberano a sus súbdi-
tos contra cualesquiera violencia, quienquiera que sea el que la cause.

c. Otras medidas de protección

1). Las visitas de cárceles. Las visitas jugaron un papel muy importante
para la buena marcha de la empresa colonizadora. Responden a la necesidad
de mantener siempre bajo control el gobierno de las colonias. Se practicaron
diferentes tipos de visitas. En este momento nos interesan las visitas de cár-
celes, encomendadas a los jueces y todos los demás tribunales del reino.
Debían hacerse una vez por semana, así como en ciertos días solemnes. Y se
imponen como una obligación para proteger mejor la libertad personal. No
cumplir con dicha obligación, y no cumplirla como ordenan las leyes, podía
ser constitutivo de un delito en contra de la libertad de personas.
Se trata la institución que mayor tiempo estuvo en vigor en nuestro país,
tanto a nivel federal como a nivel local Todas las leyes orgánicas de los
poderes judiciales la incorporaron. Pero hace muchísimos años que no se
practican, no obstante la idea de que su incumplimiento conlleva la comi-
sión de un muy grave delito.
La visita de cárceles va vinculada profundamente, no sólo con la idea de
la protección de la libertad personal, sino también con la dignidad de los
presos y detenidos y la idea humanitaria que acerca de la cárcel tienen
aquellas Cortes, como ya lo observaba García Ruiz. Se podría afirmar que
para aquellas Cortes la cárcel debía ser para el juez o tribunal algo así


como el hospital para los médicos; y los presos debían ser para los jueces y
los tribunales algo así como los enfermos para los médicos.
Nosotros hemos estudiado este punto con mucho detenimiento en nues-
tro libro, El liberalismo gaditano. Además, la Secretaría de Gobernación
nos publicó este otro libro, Legislación mexicana sobre presos, cárceles y
sistemas penitenciarios (1790-1939), en donde se recopilan todas las nor-
mas sobre el particular.
En mi opinión estas normas están en vigor, al menos en lo esencial, es
decir, en la obligación de hacer dichas visitas. Repetimos hace muchísimo
tiempo que los jueces no las hacen. En cambio, los visitadores de las comi-
siones de derechos humanos sí hacen visitas de cárceles, pero lamentable-
mente carecen de facultades para hacer algo que no quede en una inatendida
recomendación.

2) El refrendo ministerial. Ya vimos el comentario de García Ruiz sobre
la responsabilidad en que incurre el secretario que firma la orden del rey
violatoria de alguna de las restricciones que le impone la Constitución,
especialmente en materia del derecho de libertad personal y el derecho de
propiedad y de posesión, tal como lo previene el artículo 172, restricción
décima y undécima, en relación con la tipificación de esta clase de delitos
hecha por el decreto de 1821.
El tema del refrendo ministerial ha sido objeto por parte de nosotros de
un estudio que me llevó varios años. Fruto de este estudio es el libro Algu-
nos apuntes para la historia del refrendo ministerial. Estoy muy satisfe-
cho por esta investigación y recomiendo la lectura de este libro a quien le
interese el tema. Desde luego es una medida de protección de derechos
humanos contra actos emanados del rey o del presidente, según los casos,
y, contra la opinión de la doctrina mexicana, importa responsabilidad por
aquellos actos que violen la Constitución.
El refrendo, que nosotros sepamos, nace con una ley de Toledo en el
año de 1480, que lo regula de una manera expresa, de una manera hermo-
sa, por así decirlo. Esta ley, con su lenguaje castizo, casi dice lo mismo
que el vigente artículo 92 constitucional. Tenía una imperfección, propia
de la época: el refrendo daba validez a los actos del rey, pero no importaba
responsabilidad alguna. Son las Cortes de Cádiz las que discuten amplia-
mente esta materia y las que añaden la responsabilidad para el Secretario,
a tal grado que así lo dicen en la propia Constitución y en el decreto de
conspiradores de 1821. El refrendo también es letra muerta en México.


3) El juramento de guardar y hacer guardar la Constitución. He
aquí otra gran medida de protección de la Constitución y los derechos hu-
manos en ella reconocidos. Es una de las instituciones más antiguas del
derecho español, de donde proviene. También es un punto estudiado por
nosotros en el libro El liberalismo gaditano, aparecen en el último capítu-
lo de este libro. Importa responsabilidad y da derecho a una resistencia civil
e incluso armada. El pueblo de Querétaro, por ejemplo, se levanta en ar-
mas en contra de Agustín de Iturbide precisamente por haber éste faltado
a su juramento, como se explica en el capitulo de referencia.

4) La jurisdicción como medida de control. Hemos dejado para el final
de esta lista lo más obvio de todo y que, con mucha frecuencia, por no
decir que siempre, es olvidado. A saber: que la jurisdicción es en sí misma
una medida protectora. Sin lugar a dudas, se debe indicar que las segundas
instancias (y no se diga de las terceras instancias y recursos de responsabi-
lidad) son, por su propia naturaleza, instancias de protección.

Efectivamente, protegen de la ilegalidad de los jueces, o del tribunal
que haya conocido y fallado en primera instancia. Ilegalidad por violar,
como se acostumbra a decir, las formalidades del proceso o procedimien-
to, o por violar el fondo: dos garantías constitucionales. Por tanto, siempre
que haya habido en una jurisdicción histórica determinada una segunda
instancia, o algún recurso jurisdiccional, siempre habrá habido un princi-
pio de protección contra la ilegalidad de los jueces. Un ejemplo, cercano y
maravilloso, lo encontramos en los cuatro recursos de amparo regulados
por Las Siete Partidas, ya citados en este trabajo, a uno de los cuales se le
podría denominar como el recurso de amparo casación.

E. Sobre su recepción en México

a. Planteamiento general

Vamos a intentar dar un paso adelante en nuestra investigación, abor-
dando directamente el tema de la recepción de los derechos humanos en
México de origen español. Para ello, como es natural, vamos a correlacionar
lo expuesto en el apartado de la recepción del derecho en México con lo
expuesto en el apartado sobre los derechos consagrados en esa legislación


histórica española y, en particular, en la obra de las Cortes de Cádiz, para
así poner de manifiesto cómo es que se reciben los derechos humanos, de
origen español, en nuestro país.

b. La recepción formal

La recepción formal de los derechos humanos de origen español se pro-
duce en virtud de los diferentes mandatos hechos por las propias autorida-
des mexicanas a raiz del proceso de consumación de la independencia.
Primero, vino el movimiento insurgente y su Decreto constitucional de
1814; después vino la declaración de independencia, el Plan de Iguala y
los llamados Tratados de Córdoba de 1821; a continuación, se instala la
Soberana Junta Provisional Gubernativa; el primer Congreso Constituyente
mexicano; la Junta Nacional Instituyente; el segundo Congreso Constitu-
yente mexicano; y, por último, tenemos los procesos de independencia de
los estados y la aparición de su primera Constitución.
Ya conocemos el contenido de sus declaraciones formales: por un lado,
se confirma a las autoridades existentes, que son todas autoridades de sa-
bor colonial, o de origen gaditano; y, por otro lado, se declaran en vigor a la
Constitución de 1812 y al resto de la legislación hasta entonces vigente, en
lo que no se oponga a las medidas adoptadas por las nuevas autoridades.
Además, hemos citado diversas colecciones de leyes, unas publicadas
en esos años del inicio de la vida independiente de México, y otras mu-
chos años después, como es la de Dublán y Lozano en las que invariable-
mente figuran las leyes históricas de España, como las llamadas Pandectas
mexicanas, y muchas de las leyes de Cádiz y de las del llamado Trienio
liberal, como es el caso del decreto de conspiradores de 1821.
Todos los derechos, todas las garantías, todas las libertades, consagra-
das en la Constitución de 1812, se incorporan a las Constituciones mexi-
canas (el Acta y la Constitución federal; y las primeras Constituciones de
los estados). También se incorporan los recursos tradicionales de carác-
ter foral y los regulados por las Siete Partidas o Pandectas mexicanas,
como los recursos de amparo, regulados por más de 120 leyes en dichos
cuerpos legales. Por último, se incorporan los sistemas para su protección,
los de carácter jurisdiccional, como los juicios de residencia y juicios pe-
nales por violaciones a la Constitución y los derechos reconocidos, o sim-
plemente juicios de responsabilidad por violaciones al texto fundamental;


y, desde luego, se incorporan los recursos especiales protectores de ciertos
derechos, como los recursos de amparo.
Por ejemplo, durante la sesión del día 2 de enero de 1824, mientras se
estaba debatiendo una de las facultades del Congreso, la de proteger la
libertad de imprenta (de la misma manera que se dijo en Cádiz), el diputa-
do Zavala preguntó: “Si se entendía quedar derogada por el Acta constitu-
tiva toda la Constitución española, pues en tal caso era necesario añadirle
muchas cosas, y de lo contrario podía omitirse la facultad de que se trata”.
A Zavala le respondió el diputado por Veracruz, Becerra, quien: “Con-
testó que de la Constitución española debía entenderse derogado lo que
fuese contrario al Acta”.
La recepción es, pues, consciente y autorizada paso a paso. Es verdad
que hubo quienes se negaron a que esto sucediera así, entonces, después y
ahora. Por ejemplo, durante la defensa que se hace del general Cuervo,
acusado ante el Congreso, primero, y luego ante la Corte, su abogado dijo
lo siguiente respecto de la ley de 24 de marzo de 1813:

Sería, pues, un absurdo pretender que en la actual condición política de
México pudieran fundarse de alguna manera esta clase de juicios en dispo-
siciones que, como la referida, afectan a su modo de ser, estando calcadas
precisamente sobre el régimen de que lo desembarazó el hecho de su inde-
pendencia, régimen que, por otra parte, hemos sustituido con otro que nos
es propio y enteramente diverso. No me detengo en refutar tan extraña hi-
pótesis, porque no suponiéndola imaginable en ningún cerebro bien orga-
nizado, sería hacer un insulto a las reconocidas luces de este tribunal, el
distraer su atención siquiera en examinarla.108

Ahí está la objeción, enunciada con toda la dureza de un abogado des-
vergonzado, que trata de salvar a su cliente. El abogado es Alfonso Lancaster
Jones. Incluso, en este mismo juicio el propio fiscal dijo que, en su opi-
nión, esta ley de 24 de marzo de 1824 no era aplicable al caso, más aún
afirmó que:

Ni con relación a los delitos que especifica, se dé, en opinión del fiscal,
considerar en vigor entre nosotros, si no es expresamente establecido por

108
Documentos importantes del proceso del gobernador constitucional de Jalisco,
México, Antonio Gómez Cuervo, 1868, p. 80.


una ley nuestra posterior, porque habiendo sido consecuencia y parte de
un sistema político y administrativo diferente, han sido completamente
derogadas por las instituciones que en estos órdenes se ha dado nuestra
República.109

El fiscal es Ignacio Altamirano. Bien, pese a estos dichos la verdad es
que sí existen positivamente las declaraciones de vigencia de la ley men-
cionada por ellos, así como de otras muchas leyes emitidas por el mismo
gobierno español. Vigencia hecha por autoridades mexicanas, exactamen-
te como lo demandan los abogados omisos y descerebrados. La Suprema
Corte, de hecho, la está aplicando a los casos de responsabilidad de los
jueces. La ley de amparo de 1869, para dar respuesta al fiscal y al abogado
citados, la declara en vigor, en palabras de los artículos 15 y 17.110
Otra declaración de vigencia viene en la Memoria de la Secretaría de
Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, presentada al
Congreso de la Unión el 15 de noviembre de 1869 y publicada en 1870, en
donde se comenta que el “Congreso extendió a mayor número de casos
esta responsabilidad, declarando vigente la ley de la materia de 24 de mar-
zo de 1813”.
Poco después, tuvo lugar una nueva declaración de vigencia, hecha tam-
bién por el mismo Congreso, durante la octava legislatura de 1878, la cual
aprueba una proposición de la comisión de justicia en el sentido de que:
“Se declare que la Suprema Corte ha sido y es la competente para conocer
de las causas de responsabilidad de los magistrados del Tribunal Supe-
rior del Distrito, y la ley a que deben sujetarse los procedimientos, la de 24
de marzo de 1813”.111
Otro buen conocedor de los juicios de amparo y de responsabilidad, y
procurador general de la República, León Guzmán, en el pedimento del
31 de agosto de 1871, pedimento que se recoge en la resolución del Tri-
bunal de Circuito de México del 20 de junio de 1890, decía que la respon-
sabilidad en los negocios civiles era un derecho que la ley concedía a los
que habían litigado, pero que la responsabilidad en las causas criminales
puede ser un derecho del que ha sido condenado y puede ser también una

109
Ibidem, p. 28.
110
Véase mi libro Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869, México, UNAM,
1987, p. 316.
111
Diario de las Sesiones de la Cámara de Diputados, México, 1978, t. III, pp. 119 y ss.


obligación del ministerio público, a cuyo cargo está el examinar las infrac-
ciones que pueda haber en los procedimientos, mencionado expresamente
en la ley del 24 de marzo de 1813.
Los ejemplos pueden multiplicarse, de manera que el reproche que for-
mula el abogado de Gómez Cuervo se le puede revertir muy fácilmente.
De hecho también está en vigor en los estados, como en el de Sinaloa,
según la resolución del Supremo Tribunal de Justicia del mismo estado del
año de 1867, publicada en el periódico El derecho, en donde se reproduce
dicha resolución, que en su parte conducente tampoco lo exculpa, y no lo
exime de la pena que impone el artículo 1o., fracción 7a. de la ley de 24 de
marzo de 1813.
Nosotros hemos estudiado la secuencia de estas leyes, de estos dere-
chos humanos, de sus garantías y demás medidas de seguridad en los li-
bros, El juicio de responsabilidad en la Constitución de 1824, antecedente
inmediato del amparo; Introducción al federalismo mexicano: la forma-
ción de poderes en 1824; Temas del liberalismo gaditano; Algunos do-
cumentos para el estudio del origen del juicio de amparo; La primera
ley de amparo de 1861; Proceso de discusión de la ley de amparo de
1869; Proceso de discusión de la ley de amparo de 1882; Algunas consi-
deraciones sobre los cuatro recursos de amparo regulados en las Siete
Partidas; El presidente mexicano y el sistema de responsabilidad a que
está sujeto; Algunas notas para la historia del refrendo ministerial, y
otros trabajos menores. Ante la imposibilidad de seguir extendiendo más
esta ponencia, me veo obligado a rogarle al lector interesado acepte esta
remisión general.
Para terminar, quiero hacer dos reflexiones finales: a partir del año de
1825 y debido a que el Constituyente mexicano amplió la responsabilidad
también a las leyes locales, que fueran contrarias al Acta y la Constitu-
ción, o al gobernador respectivo por su publicación, los Congresos gene-
rales comenzaron a conocer de la inconstitucionalidad de dichas leyes,
dándole entrada a las quejas y deshogándolas como si se tratase de una
iniciativa de ley, es decir, primero se recibe y se debate en una Cámara y
después se envía a la colegisladora.
El libro de Historia parlamentaria de Juan A. Mateos, da cuenta del
siguiente caso:

Se declara inconstitucional el decreto núm. 22 de la Honorable Legislatura
de Querétaro. Inmediatamente se hizo moción para que se dispensase la


segunda lectura y así se acordó en votación nominal por el sufragio de 34
señores siguientes.112

Esta es una buena noticia sobre un tema que nunca ha sido estudiado,
que nosotros sepamos, pero que explica por qué en el periodo centralista
se piensa en un Supremo Poder Conservador, a quien se le encomendará la
conservación precisamente de la inviolabilidad de la Constitución; y por
qué, más adelante, Mariano Otero propone una fórmula interesante para
proteger, por un lado, al particular, pero, por otro lado, invalidar las leyes
inconstitucionales.
Pese a estos precedentes, el sistema para proteger a la Constitución y a
los derechos humanos, ciertamente descansará en los juicios de amparo y
en el sistema de la responsabilidad de tipo penal de origen gaditano, mis-
mo que se incorporó plenamente al Código Penal de 1871, el cual dedica
todo el Título V, a lo largo de siete capítulos, a la tipificación de los delitos
que atacan a los derechos del hombre, como lo comenta Antonio Martínez
de Castro, Presidente de la Comisión que lo elaboró, en la publicación que
hace de este Código en 1883.113 Esta tipificación es tan interesante como
la que ya traía el decreto de conspiradores de 1821, aplicado en México en
un caso de 1845. He aquí el testimonio:

El señor fiscal concluye con que el general Reyes ha incurrido en crimen de
usurpación de una de las más augustas prerrogativas del poder Legislativo
y que debe por lo mismo sufrir la triple pena de pérdida de su empleo,
inhabilitación perpetua para obtener en la república el cargo de ministro de
Estado y otros de igual jerarquía, y reclusión por diez años en un castillo:
todo conforme a los artículos 24 y 25 del decreto de las Cortes españolas de
17 de abril de 1821.

Por toda ingente y pesada tradición, las resoluciones de los juicios de
amparo de esa época solían traer un doble pronunciamiento: por el prime-
ro se otorga el amparo solicitado por el quejoso; por el segundo se consig-
na a la autoridad responsable, para que se le instruya el correspondiente
expediente para hacérsela efectiva, como leemos en el siguiente fallo del
15 de enero de 1881:

112
Mateos, Juan A., Historia parlamentaria, t. IV, p. 8.
113


Se consigna al Tribunal competente al jefe superior político del Centro y al
alcalde de la cárcel de Querétaro, contra quienes se interpuso este amparo,
para que se averigüe la responsabilidad en que hubieren incurrido con
motivo de los malos tratamientos que ha sufrido Francisca Olvera en la
prisión.

Llevamos más de cien años en que los juicios de amparo solamente
protegen. Jamás castigan, por olvido, quizá, o por la simple complicidad.
La otra reflexión tiene que ver con los juicios de amparo de la legisla-
ción tradicional, de las Siete Partidas, de las Pandectas mexicanas, o de
las leyes recopiladas, según se quiera.
Ya vimos que se declararon en vigor por la ley de 9 de octubre de 1812,
misma que se está invocando como vigente en una resolución del 25 de
diciembre de 1890,114 además de haberse declarados subsistentes las pro-
pias leyes históricas. Tanto así que, aprobadas las leyes de amparo de 1861
y de 1869, continuaron tramitándose esta clase de interdictos y de recur-
sos de amparo.
Veamos el siguiente ejemplo, que hemos tomado del periódico El Dere-
cho (t. II, p. 208) Se trata de una resolución emitida por el Juzgado 6o. del
ramo civil de México, la cual lleva la fecha del día 17 de noviembre de
1868, y en ella dice que se le da vista:

interdicto de amparo de privilegio y de conformidad con lo dispuesto en la
ley 1a., título 14, partes 3a. y 8a., título 22 de la misma partida, fallo: 1o.
Que debía absolver y absuelvo de la demanda que sobre amparo de privile-
gio entabló.

En otra resolución, ahora del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco, emitida a través de su Primera Sala, tramitando un interdicto de
retener o de amparo, termina así: “1a. Se ampara a don Andrés Altamirano
en la posesión que tiene”.
Es un ejemplo más, ahora del ámbito de la justicia federal. En efecto, en
una resolución de México, a 25 de julio de 1890 se da vista en “un artícu-
lo de previo y especial pronunciamiento sobre competencia de la justicia
federal para conocer de interdicto de despojo”.

114
Véase esta resolución en el periódico El Derecho, tercera época, t. II, pp. 61 y 62.


En esta resolución se precisa que la ley aplicable para conocer de estos
supuestos, no es la ley de la Novísima Recopilación, sino la posterior de 9
de octubre de 1812, que en el artículo 12, del capítulo II ordena y transcribe
el texto que ya conoce el lector.115
Y así se pueden citar muchísimos ejemplos más, tomados del propio
periódico El Derecho, que es una publicación coetánea de Ignacio M.
Altamirano y de Alfonso Lancaster Jones. También pueden tomarse otros
ejemplos de los expedientes judiciales, tanto federales cuanto estatales.
En todo caso, no se puede seguir cultivando la cultura del engaño, la simu-
lación y la mentira, o la cultura de la impunidad y la perversión en que
hemos vivido desde hace un siglo y en la que seguimos viviendo.
En suma, se aprecia que la influencia de estos juicios es mucho mayor
que la de ofrecer el solo nombre de la voz “amparo” a la cultura mexicana
de los juicios de amparo.

115
El Derecho, t. II, pp. 27, 28, 35, 36, 37 y 38.

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