Saber mas Iv

ÍNDICE

Tema Página

i. Presentación 4

ii. Estructura y Metodología del Trabajo 7

iii. Formato de Encuesta 9

PARTE I.

1.1. El Acceso a la Información y la Alianza
de Gobierno Abierto en Argentina 13

de Gobierno Abierto en Bolivia 17

de Gobierno Abierto en Brasil 20

de Gobierno Abierto en Chile 25

de Gobierno Abierto en Colombia 34

de Gobierno Abierto en Costa Rica 45

de Gobierno Abierto en Ecuador 48

de Gobierno Abierto en El Salvador 52

de Gobierno Abierto en Guatemala 64

de Gobierno Abierto en Honduras 69

de Gobierno Abierto en México 73

2

de Gobierno Abierto en Nicaragua 80

de Gobierno Abierto en Panamá 84

de Gobierno Abierto en Paraguay 85

de Gobierno Abierto en Perú 91

de Gobierno Abierto en República Dominicana 96

de Gobierno Abierto en Uruguay 101

de Gobierno Abierto en Venezuela 108

1.19 Cuadro de síntesis 117

PARTE II.

2.1 Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
y Transparencia Internacional en las Américas: Nuestra Alianza
de Gobierno Abierto y su Importancia 121

2.2 La Alianza de Gobierno Abierto: Lecciones
y Experiencias de los Promotores del Derecho
de Acceso a la Información en África 125

3

i. PRESENTACIÓN

Karina Banfi
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Secretaria Ejecutiva

“Alianza de gobierno abierto: Acceso a la información como derecho
+ Gobierno abierto como política pública de transparencia + datos
abiertos como herramienta” 1

El SABER MAS es un informe regional que publica y difunde desde hace 4 años
la Alianza Regional para la Libre Expresión e Información. Estos informes
contienen la diversidad de opiniones de los miembros que integran la red en
base a su experiencia y conocimiento en el ejercicio de la promoción,
implementación y defensa del acceso a la información pública.

En esta oportunidad, presentamos la cuarta publicación que da a conocer el
compromiso por parte de los gobiernos sobre el acceso a la información en el
marco de la Alianza de Gobierno Abierto -AGA- (en inglés Open Government
Partnership -OGP-). Es un esfuerzo mundial que apunta a lograr compromisos
concretos de los gobiernos para que exista una mayor transparencia, combatir la
corrupción y hacer uso de la tecnología para fortalecer las gestiones
gubernamentales y el alcance a la información por parte de la ciudadanía. Busca
gobiernos comprometidos en mejorar su calidad de gestión a través de criterios
de transparencia y acceso a la información pública.

A su vez, se complementa esta iniciativa involucrando a la sociedad civil como
actores claves que colaboran en el proceso de construcción de gobiernos
abiertos. La sociedad civil es convocada con el fin de promover la calidad
informativa sobre la gestión pública, a través del diálogo y la participación.

Este informe SABER MAS integra los trabajos elaborados por las
organizaciones miembros, en su primer parte, y detalla las situaciones diversas y
particulares que experimentan las organizaciones que trabajan por la promoción
del acceso a la información en cada uno de sus países.

Hemos invitado a participar a dos organizaciones internacionales en la segunda
parte. Transparencia Internacional en cuyo reporte, a cargo de Zoe Reiter,
coordinadora regional del Departamento de las Américas, destaca los procesos
en materia de transparencia, y principalmente describe el rol de la sociedad civil

1
http://www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/OSC-Enfoques-para-el-Monitoreo-Independiente-de-la-
AGA-ALIANZA-REGIONAL-y-TI-ESP-1.pdf

4

y las redes en el marco del AGA/OGP. El análisis de la situación africana, a
cargo del jefe de la secretaría de la Conferencia Panafricana sobre Acceso a la
Información (AFIC - África), Gilbert Sendugwa, señala el proceso de
involucramiento de la sociedad civil africana y los desafíos planteados.

La sociedad civil ha desarrollado mecanismos de control y fortalecido su
capacidad de incidencia en la promoción de leyes de acceso a la información y
rendición de cuentas. Por lo tanto, gran parte de los avances que han sucedido
se debe al aporte de este sector. En las Américas, la aprobación de 12 leyes de
acceso a la información pública2 fueron procesos en los que la sociedad civil
cumplió roles determinantes. A través de los grupos promotores locales, las
experiencias comparadas y el apoyo internacional se avanzó en muchos países
generando mecanismos que colaboraron con la modernización del Estado.

La AGA/OGP trabaja para que los gobiernos cumplan con los compromisos del
plan de acción nacional, así como también colabora en la evaluación y la
realización de los informes independientes (en el marco del Independent Review
Mechanism). Será fundamental que estas planificaciones sean construidas con
el aporte de las múltiples partes interesadas, con una activa participación de la
ciudadanía.

Las buenas prácticas deben funcionar como un replicador, en especial en los
países que todavía no son parte de esta iniciativa. La experiencia de la sociedad
civil sobre la búsqueda, promoción y defensa del acceso a la información,
sumado al uso de tecnologías condicionará a los gobiernos en el desarrollo de
políticas públicas de sistemas abiertos.

La Alianza Regional es una red que reúne 22 organizaciones de 19 países3 cuyo
objetivo principal es fortalecer las capacidades y conocimientos de las
organizaciones miembros para realizar intervenciones tendientes a mejorar las
condiciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países.
Por lo tanto, en el marco de la AGA, la Alianza Regional cumple el rol de proveer
información a sus miembros para facilitarles los procesos de inclusión y de
participación.

Queremos agradecer la participación de todas las organizaciones miembros que
aportaron su análisis de la realidad local y específica. A las organizaciones
invitadas por su colaboración y apoyo. Así como también de modo especial,
queremos agradecer a los especialistas que participaron del Peer Review del
informe: Elisabeth Ungar de Transparencia Colombia, Miguel Pulido de Fundar-
México y Moisés Sánchez de Fundación Proacceso de Chile. Su experiencia y
conocimiento han enriquecido los resultados de este documento. Muchas
gracias a todos.

2
https://www.dropbox.com/s/p3yvv4hrbl9cxwx/LEGISLACIONES%20de%20Acceso%20de%20AMERICA.pdf

3
http://alianzaregional.net

5

1. Acción Ciudadana (AC) - Guatemala

2. Articulo 19 - Brasil

3. Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) - El Salvador

4. Asociación Nacional de la Prensa (ANP) - Bolivia

5. Asociación por los Derechos Civiles (ADC) - Argentina

6. Centro de Archivos y Acceso a la Información (Cainfo) - Uruguay

7. Comité por la Libre Expresión (C-libre) – Honduras

8. Consejo Nacional de Periodismo (CNP) - Panamá

9. Fundación Democracia sin Fronteras - Honduras

10. Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) - Colombia

11. Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(FUSADES) - El Salvador

12. Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) - Nicaragua

13. Fundamedios - Ecuador

14. Fundar. Centro de Análisis e Investigación - México

15. Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) - Paraguay

16. Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) - Costa Rica

17. Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) -Perú

18. Participación Ciudadana (PC) - República Dominicana

19. ProAcceso - Chile

20. Transparencia por Colombia - Colombia

21. Transparencia Venezuela – Venezuela

22. Trust for the Americas - Estados Unidos de Norteamérica

6

ii. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Silvana Fumega
Especialista en Acceso a la
Información Pública y Gobierno Abierto

A pesar de que existe un cierto consenso sobre la noción de "Gobierno Abierto",
no se cuenta con una definición univoca. En líneas generales, se puede decir
que el concepto hace referencia a la posibilidad de la ciudadanía de someter el
accionar de los gobiernos a escrutinio, junto a la posibilidad de participar en el
diseño e implementación de políticas públicas. En los últimos 5 años, con el
surgimiento de numerosas iniciativas en el área, el concepto se ha
popularizado4.
Todas las iniciativas de Gobierno Abierto tienen un ingrediente en común:
acceso a la información pública relevante para poder alcanzar una mayor
transparencia, así como para una efectiva participación y colaboración. Es por
ello que el ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública (AIP) es
clave a la hora de pensar un Gobierno Abierto.

Un ejemplo de las iniciativas en el área puede encontrarse en la creación de la
Alianza de Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Esta Alianza busca
obtener compromisos concretos de los gobiernos en relación a los objetivos
anteriormente mencionados, así como también aprovechar las nuevas
tecnologías para fortalecer la gobernabilidad5.

Es conveniente destacar que durante la última década, no sólo se han producido
avances en relación al ejercicio del derecho de AIP, sino que también se han
producido importantes transformaciones en el área de las Tecnologías para la
Información y Comunicación (TIC) que han facilitado la interacción, la
colaboración y el intercambio de información. De esa manera, los ciudadanos,
en la actualidad, no sólo cuentan con el derecho de acceder a la información
sobre las actividades gubernamentales, sino que también son capaces de

4
El concepto de gobierno abierto no es novedoso. Si la noción de apertura se relaciona con el
concepto de transparencia (aunque no sean sinónimos), se puede remontar al periodo de la
Ilustración con las "Consideraciones sobre el Gobierno de Polonia" de Rousseau y la
promulgación de la primera ley de acceso a la información adoptada por el Parlamento sueco en
1766.
A finales del siglo XX el concepto de “Gobierno Abierto” se reintrodujo en varios documentos
gubernamentales, como el Informe Danks en Nueva Zelanda en 1980 y el White Paper de 1993
del Gobierno de UK: "Gobierno Abierto", entre otros.
A comienzos del siglo XXI, la OCDE ha definido los gobiernos abiertos, como aquellos que se
encuentran dispuestos a escuchar a los ciudadanos (y empresas) y tomar sus sugerencias a la
hora de diseñar e implementar políticas. OECD (2003). Open Government. Fostering Dialogue
with Civil Society. Paris, France, OECD.
5
Para mayor información: http://www.opengovpartnership.org/

7

reutilizar los datos obtenidos. La evolución de las TIC ha permitido la divulgación
y utilización de numerosos datos e información que, de otro modo, hubieran
permanecido inexplorados.

Es indiscutible la importancia de la contribución de la sociedad civil en los de
procesos de adopción de las TIC para la promoción la transparencia y la
demanda de rendición de cuentas. En así que las organizaciones de la sociedad
civil, que centran su accionar en dichos ejes de trabajo, necesitan incorporar
estas nuevas herramientas a sus enfoques más tradicionales, así como construir
un diálogo más eficaz con los ciudadanos que puedan y estén dispuestos a
unirse a los esfuerzos (Transparency International 2009)6. En ese sentido, es
necesario destacar que las organizaciones que tradicionalmente han promovido
el acceso a la información, en líneas generales, todavía no han logrado
incorporar efectivamente el uso de la tecnología a sus estrategias de trabajo.
Aun mas, en muchos casos, temas como el acceso a datos en formatos
reutilizables - clave para la transparencia del sector público – todavía no se han
constituido en un eje de trabajo de dichas organizaciones.

Por lo expuesto, el objetivo del informe SABER MAS IV es el de conocer el
estado de la relación entre el ejercicio del derecho al acceso la información y el
concepto de Gobierno Abierto en la región. En particular, la relación entre el
ejercicio del derecho de acceso a la información en cada uno de los países
miembro y su participación en la Alianza de Gobierno Abierto 7 , así como
explorar el conocimiento de las organizaciones de la región con respecto a las
incipientes desarrollos en el área de la publicación proactiva de datos en
formatos reutilizables (posibles por los avances tecnológicos anteriormente
mencionados).

Cada una de las organizaciones que conforman la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información ha guiado su relato por un cuestionario común
(expuesto en la siguiente sección), el cual ha sido diseñado con el propósito de
reflejar los compromisos (o falta de ellos) que han tomado cada uno de los
países de la región con respecto a la apertura gubernamental, así como el rol de
la sociedad civil en la formulación de dichos compromisos y su posterior
cumplimiento.

6
Transparency International (2009). Anti-Corruption 2.0: What’s your say on corruption? Berlín.
7
“De los 55 países que actualmente integran la AGA, 14 son latinoamericanos. De ellos, a la
fecha 9 cuentan con planes de acción y compromisos asumidos cuya evaluación de
cumplimiento en su primera fase debiera desarrollarse próximamente, mientras que los otros 5
se encuentran en fase de formulación, concreción y/o formalización, dependiendo de cada caso”
Ramírez Alujas, Á. (2012). Gobierno Abierto: ¿Las nuevas ropas del Emperador? Las paradojas
de un paradigma en construcción y su reflejo en Latinoamérica. estudios/Working Papers,
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

8

iii. FORMATO DE ENCUESTA
Esta encuesta fue la herramienta utilizada para recolectar la información.

“DÍA MUNDIAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO
(OGP)

Instrucciones para completar el cuestionario:

El objetivo de esta propuesta es contar con un informe, desarrollado por cada
una de las organizaciones que conforman la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información, acerca del estado de los compromisos de los países
miembro de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) en relación al derecho al
acceso la información pública.

Para poder contar con relatos completos y comparables, es necesario que cada
organización se ajuste a las preguntas del cuestionario, a continuación. Cada
una de las preguntas deberán ser respondidas con un breve relato.

Es importante clarificar que el relato debe tener como foco el derecho de
acceso a la información pública.

El reporte debe ir acompañado de anexos (o notas al pie) que refieran a los
datos y fuentes utilizadas que dan fundamento a lo expresado en el documento.

País: Organización:

Cuestionario:

1. Acceso a la Información Pública:

a. ¿Existe una normativa (ley o decreto) que regule el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública (AIP) en su país?

b. ¿Cuáles son las principales características y alcance de la
mencionada normativa? (brevemente)

c. ¿Cuáles han sido los principales logros y/o retrocesos en materia
de acceso a la información pública en su país, desde el último
informe Saber Mas III? (septiembre 2011 al presente) y,
brevemente, ¿Cuál ha sido el rol y/o respuesta de la sociedad civil
antes esos avances y/o retrocesos?, ya sea en términos
legislativos, judiciales y/o de implementación.

9

2. Membresía de OGP

a. ¿Ha firmado su país un compromiso para ser parte de la Alianza
de Gobierno Abierto (OGP)? (describa brevemente el proceso que
condujo a la incorporación)

b. Si su país forma parte del OGP pero no ha entregado los
compromisos todavía, ¿En qué estado se encuentra dicho
proceso?

c. Si su país no es miembro de la alianza, ¿Cómo podría resumir las
intenciones en el futuro cercano? (y cuáles son los puntos que
impiden que su país forme parte de esta alianza?)

3. Plan de acción/ compromisos

a. Si su país ha entregado su plan de acción. ¿Cuáles son los
principales avances a los que se ha comprometido su país en
relación al derecho de acceso a la información pública? ¿Cuáles
han sido los actores institucionales (incluidos órgano garante del
AIP y otros organismos de control, si así correspondiese)
involucrados en dicho proceso de elaboración de los
compromisos?

b. Si no ha entregado un plan de acción o no forma parte de la
alianza, ¿Cuáles serian los puntos a los que su país se debería
comprometer para avanzar en el ejercicio del derecho de acceso a
la información? (tomando en cuenta la situación planteada en el
punto 1)

3.1 Sociedad Civil

c. ¿Qué rol juega (o ha jugado) la sociedad civil en términos de
alentar a su país a formar parte del OGP?

d. Si su país ya ha entregado los compromisos, ¿Cuáles son los
planes para el monitoreo del cumplimiento de los mismos?

e. Si su país no ha entregado todavía los compromisos, ¿Cuál es el
lugar que le ha dado a la sociedad civil para la construcción del
plan? (consultas, reuniones, etc)

f. Si su país no es miembro de la OGP, ¿Cuáles son los planes
desde la sociedad civil para impulsar los avances necesarios para

10

concretar la inclusión de su país en OGP?

4. Datos abiertos

a. ¿Cuáles son los desarrollos en su país en términos de la
herramienta de Datos Abiertos? (desde portales hasta programas,
directrices, acuerdos o cualquier proyecto de carácter ejecutivo)

b. ¿Cuáles son los datos que, según su entender, deberían, en un
futuro cercano, estar disponibles en formatos reutilizables?

11

1.1. EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA ALIANZA DE GOBIERNO
ABIERTO (OGP) EN ARGENTINA

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Director Ejecutivo: Álvaro Herrero
Director del Área de AIP: Ramiro Álvarez Ugarte

 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En Argentina no se cuenta con una ley de Acceso a la Información Pública a
nivel federal. De todos modos, cabe mencionar que existe un decreto (1172/03)
que regula el derecho de acceder a información publica en el ámbito del poder
ejecutivo nacional. Asimismo, hay varias regulaciones provinciales y municipales
que tienden a garantizar este derecho en esos ámbitos.

A nivel federal, el decreto 1172/03 satisface los estándares mínimos en materia
de acceso a la información, pero no abarca al poder legislativo o al poder
judicial. La norma establece plazos breves para la respuesta así como un
sistema de enlaces dentro de la administración para facilitar el ejercicio del
derecho. A su vez, crea mecanismos administrativos para el ejercicio del
mencionado derecho y garantiza un recurso judicial idóneo y efectivo para el
caso en que el acceso sea negado explícita o implícitamente.

Entre los aspectos negativos cabe destacar que el régimen del decreto 1172/03
incluye algunas excepciones al principio de acceso redactadas en términos
vagos y amplios, lo que viola el principio de legalidad exigido por el artículo 13
de la Convención Americana. Su principal falencia es que no establece un
órgano de aplicación y/o garante que sea autónomo e independiente del poder
político. Ello impide que se promuevan activamente políticas de transparencia
hacia el interior de la administración.

o Los principales retrocesos y avances en materia de acceso a
la información durante el último año en Argentina

En términos de los retrocesos en materia de acceso a la información pública en
el ultimo año, puede señalarse que el proyecto de ley de acceso a la información
que estaba en discusión en el Congreso Nacional se vio totalmente paralizado
en el último año y las perspectivas de que sea aprobado en un futuro cercano
son muy bajas. Puede considerarse que el proceso de discusión legislativa se ha
paralizado totalmente en los últimos meses.

En relación a la falta de una ley de Acceso a la Información, organizaciones de
la sociedad civil, durante 2011, mantuvieron reuniones con diputados de todos
los sectores políticos para promover la sanción de la mencionada ley que

13

contaba con media sanción favorable del Senado de la Nación. Sin embargo,
esas iniciativas fueron infructuosas. Durante 2012 se consideró un cambio de
estrategias y se resolvió que sería más útil concentrarse en generar información
de interés para periodistas y en señalar –públicamente— la importancia del
derecho de acceso a la información para el ejercicio de otros derechos
humanos.

Asimismo, no se han producido grandes cambios en las estructuras
administrativas encargadas de implementar el acceso a la información. Sin
embargo, el cambio de autoridades en la Subsecretaría para la Reforma
Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia (autoridad de aplicación del
decreto 1172/03) podría significar un cambio positivo: de acuerdo a los datos
preliminares de una investigación adelantada por ADC, la administración
responde pedidos de acceso a la información asiduamente, pero en un alto
porcentaje de ocasiones lo hace tarde y de manera incompleta.

Los principales problemas del régimen de acceso se encuentran relacionados
con la ausencia de obligaciones de transparencia activa, la poca credibilidad de
algunas estadísticas oficiales y los comportamientos erráticos de la
administración en relación a la producción y difusión de información. En efecto,
no existe una política pública definida de producción de información, razón por la
cual en muchas áreas relevantes de la actuación del Estado no se cuenta con
información adecuada. A su vez, existe una total falta de credibilidad de algunas
estadísticas oficiales como consecuencia de políticas oficiales que minaron la
credibilidad de ciertos organismos, como el INDEC (Instituto Nacional de
Estadística y Censos). Finalmente, en los últimos tiempos se han detectado
casos de información que era publicada periódicamente en Internet y que –sin
previo aviso ni explicaciones adecuadas— súbitamente fue bajada de las
páginas oficiales.

 ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO (OGP)

o Membresía

Argentina no es actualmente miembro de la Alianza de Gobierno Abierto. Es por
ello que - en el marco de la promoción de la ley de acceso a la información-
distintas organizaciones de la sociedad civil han solicitado al gobierno argentino
que se sume a OGP. Esto se ha hecho a través de cartas públicas y distintos
tipos de contacto con funcionarios públicos. Hasta el momento, las gestiones no
fueron exitosas. Uno de los principales obstáculos para el ingreso al OGP tiene
que ver con la falta de una ley de acceso a la información. Sin embargo, según
se ha podido averiguar, el mismo no sería un obstáculo insalvable para que la
Argentina se sume a la Alianza.

14

o Compromisos

Si bien Argentina no forma parte de OGP, el país debería comprometerse a una
serie de puntos para avanzar en el ejercicio del derecho de acceso a la
información:

 Sanción de una ley de acceso a la información de acuerdo a los estándares
internacionales (especialmente, la Ley Modelo de la OEA).

 Creación de una autoridad de aplicación y/o órgano garante con
independencia y autonomía del poder político. Este órgano debería estar
legalmente facultado para promover políticas de transparencia, sancionar las
conductas de los funcionarios violatorias de ese derecho y establecer
jurisprudencia administrativa respecto del alcance y límites del acceso a la
información.

 Establecimiento de un plan progresivo de producción y publicación proactiva
de información bajo estándares abiertos, con especial énfasis en la
información relevante para la promoción y ejercicio de otros derechos
humanos y vinculada a grupos vulnerables

o Sociedad Civil

Como se ha mencionado, la sociedad civil ha interpelado al Estado para conocer
su posición en relación al OGP. Lo ha convocado públicamente a formar parte
de la Alianza y ha participado en diversos foros regionales. Por ejemplo, la
Asociación por los Derechos Civiles estuvo presente en la reunión de la OGP
celebrada en Brasilia en abril de 2012. Asimismo, la ADC también participó en la
reunión previa de organizaciones de la sociedad civil auspiciada por Fundar en
México, DF, celebrada en marzo de 2012.

Cabe señalar que se cuenta con información que indicaría que el Estado
argentino está interesado en ingresar a la OGP. Teniendo en cuenta ese
supuesto interés, resulta importante para la sociedad civil en Argentina preste
atención a los próximos pasos del Estado para asegurarse que la incorporación
de la Argentina al OGP se pueda dar, siguiendo todos los pasos necesarios y
respetando el lugar que debe tener la sociedad civil en la construcción de las
propuestas y del plan de acción. Asimismo, la ADC entiende que la articulación
con otras organizaciones de otros países- con base en los principios de
solidaridad, colaboración y complementación - sería útil para todos los países
que aún no han ingresado a la OGP.

15

 DATOS ABIERTOS

No se conocen iniciativas de publicación proactiva de datos abiertos a nivel
federal en Argentina. Sin embargo, desde hace años el INDEC (Instituto
Nacional de Estadística y Censos) ha producido datos que, debido a sus
formatos, pueden ser reprocesados, aunque ellos son distribuidos en formatos
proprietarios. Ello se suma a que se ha detectado que en otras áreas, a nivel
nacional, se ha comenzado a producir información en formatos cerrados:
especialmente, gran cantidad de información que podría ser distribuida en
formatos abiertos se distribuye, por ejemplo, en PDF, lo que impide la
reutilización de esa información por parte de los ciudadanos.

A nivel local, la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado una iniciativa de producción
de información en formatos abiertos a través de la iniciativa Data Buenos Aires,
pero se trata de un proyecto que recién comienza: hay información disponible
pero es relativamente escasa.

La ADC entiende que se debería producir y publicar datos relevantes para el
ejercicio de los derechos humanos y para el desarrollo, preparación,
implementación y monitoreo de políticas públicas. En este sentido, ADC cree
que las prioridades deberían estar en las siguientes áreas:

 Acceso a servicios básicos (especialmente por parte de grupos vulnerables);

 Acceso a la salud;

 Acceso a la vivienda digna;

 Estadísticas sobre violencia de género;

 Datos medioambientales;

 Cuestiones presupuestarias y de ejecución y control de fondos estatales.

16

ABIERTO (OGP) EN BOLIVIA
Asociación Nacional de la Prensa (ANP)
Director Ejecutivo: Juan León Cornejo


En Bolivia no existe una cultura de acceso a la información que debe generar el
Estado. Los funcionarios públicos de alto nivel consideran la información como
un factor de poder político y es casi norma confundirla con propaganda.

Esa situación persiste aunque el 17 de mayo de 2005, el entonces presidente
de Bolivia, Carlos Mesa (2003-2005) periodista e historiador, promulgó el
Decreto Supremo 28168 que garantiza el acceso a la información como derecho
fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder
Ejecutivo.

El decreto 28168 reconoce el derecho de acceso a la información a todas las
personas como un presupuesto fundamental para el ejercicio pleno de la
ciudadanía y fortalecimiento de la democracia. El ámbito de aplicación es la
totalidad del Poder Ejecutivo y crea la obligación de entregar información de
manera completa, adecuada, oportuna y veraz, a solicitud de cualquier persona
y sin discriminación alguna.

El 22 de julio de 2009 se promulga el Decreto Supremo No. 0214, el cual
aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción con
la finalidad de contar con instrumentos orientados a la prevención, investigación,
transparencia, de acceso a la información y sanción de actos de corrupción.

El Decreto 0214 amplía la Política Nacional de Transparencia (PNT) y Lucha
contra la Corrupción a todas las entidades e instituciones que pertenecen a los
cuatros órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. La PNT contempla cuatro
ejes:
 Fortalecimiento de la Participación Ciudadana,
 Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y el derecho de
acceso a la información,
 Medidas para eliminar la corrupción, y
 Mecanismos de Fortalecimiento y coordinación institucional.

o Los principales retrocesos y avances en materia de acceso a la
información durante el último año en Bolivia

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción repuso
en 2012 el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información,

17

presentado inicialmente por el despacho de Justicia y Derechos Humanos en
diciembre de 2006. El documento ingresó a consideración del Consejo Nacional
de Políticas Económicas y Sociales (Conapes) y luego de un proceso de
consulta ministerial, será enviado por el Presidente de la República a la
Asamblea Legislativa Plurinacional.

La reposición del proyecto llega en un momento en que el acceso a la
información gubernamental enfrenta restricciones e impide que los medios y el
público obtengan información actualizada, disgregada y precisa. Uno de los
ejemplos de dichas restricciones es el caso de las boletas del Censo Nacional
de Población y Vivienda que se realizará en octubre, las cuales sólo pudieron
conocerse cuando ya se encontraban impresas, pese a que presentan una serie
de observaciones por omisiones. Esta situación puede explicarse por el hecho
de que en Bolivia no existe la cultura de acceso a la información que debe
generar el Estado. Los funcionarios públicos de alto nivel consideran a la
información de interés público como un bien propio, en el entendido de que
información es poder, y es habitual que se confunda la información con
propaganda. De hecho, la propia ministra de comunicación declaró en junio, en
una conferencia de agencias estatales de noticias del Conosur, que su función
debe ser política y de apoyo a las acciones gubernamentales en el marco del
proceso de cambios.

Por otra parte, la sociedad civil requiere todavía apoyo y formación adecuada
para ejercer su derecho de acceso a la información publica. Los mecanismos
informativos, aun deficientes todavía, son para la mayoría de la gente un
misterio. Y la información que contienen es, por lo general, deficiente y en
muchos casos de escasa utilidad práctica.

Esos factores limitan conocer el desempeño de los funcionarios públicos y el
uso de los recursos estatales.


o Membresía

En relación a la participación de Bolivia en la Alianza de Gobierno Abierto
(OGP), en septiembre de 2011, el Ministerio de Transparencia Institucional
informó que no había recibido ninguna invitación para ingresar en dicho
emprendimiento.

 DATOS ABIERTOS

En los sitios web de las diferentes reparticiones del gobierno boliviano se puede

18

encontrar información sobre sus autoridades pero no se presentan otros datos
actualizados que puedan ser de interés para la sociedad.

Los portales muestran informes generales sobre organización, misión, visión, el
perfil de su responsable principal, pero están ausentes los datos que podrían
describir el desempeño de la institución en sus áreas de competencia. La
estadística permanente sobre información económica y social es necesaria para
apoyar estudios, generación de planes y proyectos. A modo de ejemplo, es
conveniente destacar que las últimas estadísticas de comercio exterior
pertenecen al año 2011.

Seria necesario que el gobierno publique los datos que elabora y resguarda con
la periodicidad necesaria para que puedan ser de utilidad; especialmente
aquellos relacionados con los índices de población, acceso a servicios de salud,
alimentación y nutrición materno infantil, índices de empleo y desempleo, índices
de actividad económica, entre otros.

19

ABIERTO (OGP) EN BRASIL

Articulo XIX
Coordinadora Articulo XIX-Brasil: Paula Martins
Oficial de proyectos: Alexandre Sampaio


En Brasil, el acceso a la información pública es regulado por la ley federal n.
12.527 de 2011. Esta ley debe ser regulada por los respectivos decretos de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, de los Estados y
Municipios.8 La Federación ya he regulado esta ley. La ley ha entrado en vigor
en abril de 2012.

La ley 12.527 es de aplicación general. Es decir, que se aplica a todos los
poderes del país y debe ser cumplida también por el Ministerio Público,
empresas de economía mixta, empresas publicas, autarquías y organizaciones
no gubernamentales que reciban financiamiento público. La ley determina que
toda la información requerida debería ser entregada, sin importar quien la
solicite.

Según la mencionada ley, la transparencia es la regla y el secreto la excepción.
Sólo es posible mantener una información en secreto en el caso de encontrarse
estrictamente relacionada con la vida privada de las personas, así como en el
caso de tratarse de información clave para la seguridad del Estado.

Cabe señalar que en el caso que la información se encuentre relacionada con
violaciones a derechos humanos, no podrá ser clasificada como secreta. Para el
resto de la información, el máximo tiempo de clasificación de una información es
de 25 años.

En el caso de disputas frente a la falta de entrega de cierta información
solicitada, el solicitante podrá acudir a varios niveles de recurso administrativo,
según corresponda de acuerdo a donde haya sido presentada la queja, ya que
no se cuenta con un órgano central competente para recibir y juzgar los
recursos.

Por otra parte, la ley no ofrece seguridad a una persona que revele información
secreta que sea de interés publico.

Asimismo, otro de los puntos importantes de la ley es que exige que se practique
la transparencia de forma activa. De esa manera, la información considerada de

8
Por lo menos 10 Estados ya han regulado la ley. Algunos municipios como Ouro Preto también
lo han hecho. De todos modos, no se cuenta con una base de datos que permita saber cuantos
municipios o cuales.

20

interés para la sociedad 9deberá ser proactivamente publicada por todos a los
que la ley se aplique.

información durante el último año en Brasil

Desde la publicación del informe Saber Mas III (septiembre 2011) el principal
avance en Brasil, en materia de acceso a la información, ha sido la entrada en
vigor de la ley 12.527. En ese sentido, cabe destacar que la sociedad civil ha
participado activamente de discusiones sobre la ley y ya fueron hechos más de
25.000 pedidos de informaciones a órganos públicos.

En el ultimo año, también fue organizada la primera CONSOCIAL (una
conferencia convocada por el poder publico como herramienta para
institucionalizar la participación de la sociedad en las actividades de
planeamiento, gestión y control de las políticas publicas).

Además, el gobierno de Brasil ha participado, desde sus comienzos, en la
creación de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP). En dicha iniciativa las
organizaciones de la sociedad civil intentan participar de forma más activa,
incluso por medio de reuniones en grupos de trabajo que discuten y controlan
las actividades y planeamientos del gobierno.


o Membresía

Brasil fue llamado a componer la Alianza por Estados Unidos debido a su previo
compromiso con la transparencia publica del gobierno federal, principalmente
por el desempeño de la Contraloría General de la Unión (CGU). Así, Brasil, junto
a EEUU, fue uno de los países que han iniciado el proceso de creación de la
Alianza de Gobierno Abierto (OGP).

9
El articulo 8 determina que las siguientes informaciones deben ser publicadas proactivamente:
I - registro de competencias y la estructura orgánica, las direcciones y los números de teléfono
de sus unidades y horarios de apertura al público;
II - los registros de cualquier transferencia o transferencias de fondos;
III - registros de gastos;
IV - Información sobre los procedimientos de licitación, incluyendo las notificaciones respectivas
y los resultados, así como todos los contratos;
V - datos generales de los programas de vigilancia, actividades, proyectos y obras de las
dependencias y entidades, y
VI- respuestas a las preguntas más frecuentes de la sociedad.

21

o Compromisos

En líneas generales, el plan de acción brasileño, relación al derecho de acceso a
la información, no parece haber presentado mayores innovaciones. Se registra
un gran énfasis en la transparencia activa, pero no hay medidas que incentiven
la utilización de la ley de acceso a la información o su entendimiento de esta por
parte de la sociedad. También se ha hecho hincapié en la política de datos
abiertos, pero no hay elaboración en relación a la accesibilidad de las
informaciones que podrían publicarse a través la apertura de los datos. Además,
hay que notar que el plan solo hace referencia a los órganos públicos del
ejecutivo federal.

De todos modos, cabe destacar que el plan de acción que Brasil ha presentado
frente a OGP, comprende los siguientes avances:

- Aumento de integridad pública del Sistema Federal de Acceso a la
Información: a través de encuestas a funcionarios públicos y sus
respectivos órganos, confección de cartillas sobre el acceso a la información
para funcionarios; investigaciones sobre los temas demandados por la
sociedad, desarrollo de una estructura para recibir pedidos de información en
el poder ejecutivo federal; elaboración de talleres sobre el tema para
funcionarios públicos; elaboración de talleres de gestión de información; y la
confección de un catálogo de datos e información disponible para la
población en la red de computadores.

- Transparencia activa de datos abiertos: creación de un repositorio de
datos en el portal de transparencia en línea; restructuración del portal de
transparencia; colocación de datos del Sistema de Gestión de Convenios y
Contractos en formato de datos abiertos; construcción de una plataforma
para Gestión de información Estratégica en Ciencia, Tecnología e
Información; desarrollo de una estructura Nacional de datos abiertos;
desarrollo de un plan para capacitar funcionarios y aumentar la calidad de
datos disponibles en la Internet; desarrollo de un plan de comunicación del
programa Gobierno Electrónico; y desarrollo de un ambiente virtual que
simplifique la búsqueda de datos públicos.

- Participación social y compromiso ciudadano: realización de la primera
conferencia nacional sobre transparencia y control social (CONSOCIAL);
realización del Seminario Nacional de Participación Social; Realización de un
forum para discutir el plan plurianual (2012-2015); realización de Asociación
con la organización W3C Brasil para capacitar y estimular gobiernos sub-
nacionales a publicar datos abiertos; realización de Asociación con
laboratorio de Cultura Digital para estimular y capacitar la población a utilizar
informaciones publicas y datos abiertos; y realización del primero encuentro
nacional de datos abiertos.

22

- Gestión mas efectiva de los recurso públicos: plan de desarrollo de las
escuelas, el cual ayudará a identificar problemas de transparencia en las
escuelas públicas; facilitación de acceso a los gastos relacionados a la
seguridad de la defensa y seguridad de los desempleados así como a todos
los gastos relacionados a desastres naturales y catástrofes ambientales;
publicación de datos del Catastro Unificado de Proveedores del gobierno
federal.

- Licitaciones y contratos públicos: El gobierno se compromete a registrar
los precios de productos utilizados por escuelas públicas, disminuyendo el
tiempo necesario para hacer una licitación y también los gastos con
productos mas baratos; el gobierno se compromete a mejorar la calidad del
servicio de tecnología que ofrece así como el procedimiento de contratación
de sus proveedores.

- Aumento de la responsabilidad corporativa: Implementación del Catastro
Empresa Pro-Ética, un listado de empresas comprometidas con la integridad
y ética para prevenir la corrupción y crear un mejor ambiente de trabajo entre
el sector publico y el sector privado.

- Perfeccionamiento de prestación de servicios públicos: el gobierno se
compromete a hacer un mapeo de prestación de servicios públicos, utilizando
los reclamos de los ciudadanos como base para mejoras y para la formación
de un sistema de reclamos; elaboración de una política para mejorar el
servicio que atiende a los reclamos de los ciudadanos.

- Servicios de educación: el gobierno se compromete a mejorar el sistema
que ayudará a los gestores a monitorear acciones estratégicas para el
Ministerio de la Educación.

- Servicios Ciudadanos Online: creación de una pagina web que permita al
ciudadano saber cuales son los servicios que el gobierno le proporciona.

o Sociedad Civil

En el plan de acción de Brasil se incorpora la creación de un órgano llamado
Comité Interministerial para el Gobierno Abierto (CIGA), cuyo objetivo es el de
monitorear las acciones del gobierno en relación a sus compromisos. Cabe
señalar que no es claro si y cómo la sociedad civil participará en el mencionado
Comité.

Por otro lado, la sociedad civil ya se encuentra participando de discusiones
sobre la metodología del plan nacional y la mejor manera de aplicarlo. En ese
sentido, se puede mencionar la existencia de un grupo de trabajo de 10
organizaciones de la sociedad civil que fueron seleccionadas por sus pares para
dialogar con el gobierno sobre los planes de monitoreo de los compromisos.

23

Este grupo se ha reunido por ultima vez el 19 de julio en Brasilia.

 DATOS ABIERTOS

El plan nacional de Brasil para la OGP incluye la re-estructuración de su Portal
de Transparencia en la web, orientado por los principios de datos abiertos.
Asimismo, establece la creación de un sistema de gestión de contratos en
formato de Datos Abiertos y la construcción de una plataforma para la gestión de
información estratégica en ciencia tecnología e información – plataforma de
datos abiertos. A su vez, propone el desarrollo de una estructura Nacional de
datos abiertos y la creación de un Portal Brasileño de Datos Abiertos
(http://dados.gov.br/).

24

ABIERTO (OGP) EN CHILE
Fundación ProAcceso
Director Ejecutivo: Moisés Sánchez
Colaborador: Javier Contreras

 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile se
encuentra regulado en la ley N° 20.28510, que fue publicada en el Diario Oficial el
20 de Agosto de 2008 y que entró en vigencia el 20 de Abril de 2009. La ley
cuenta a su vez con un reglamento contenido en el Decreto Supremo N°
13/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile.

La ley N° 20.285 establece un procedimiento administrativo para el ejercicio del
Derecho de Acceso a la Información y, asimismo, establece la creación de un
Corporación autónoma Derecho Público, , con personalidad jurídica y patrimonio
propio, denominado “Consejo para la Transparencia”, dotado de facultades
fiscalizadoras para velar por el efectivo cumplimiento de las normas de
transparencia11, resolutivas en cuanto resuelve de las reclamaciones y amparos
de acceso a la información pública, de promoción y fomento de la Transparencia
y normativas en cuanto permite la dictación de Instrucciones Generales
vinculantes y recomendaciones. Todo lo anterior, en definitiva garantiza el
derecho de Acceso a la Información Pública.

En tercer lugar, la Ley desarrolla las causales de reserva en virtud de las cuales
se puede denegar parcial o totalmente la información requerida por un
solicitante, siendo aquellas el desarrollo de las ya contempladas en el artículo 8°
inciso 2° de la Constitución Política de la República de Chile, por medio de las
cuales la administración pública puede negarse a entregar cierta información
que obre en su poder.

Por último, establece la obligación de mantener, a disposición permanente, por
parte de los órganos del Estado, cierta información pública a través de los
portales de Internet que mantienen, denominada Transparencia Activa.

información durante el último año en Chile

10
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE / LEY CHILE [PDF]<
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363 > [Consulta: 28 de agosto de 2008].
11
ALIANZA REGIONAL POR LA LIBRE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. Saber Más III: Informe
Regional sobre Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Página 29.

25

Principales logros
El Gobierno ha avanzado en una agenda acotada de medidas de transparencia
en dos áreas: integridad pública y gestión más efectiva de recursos públicos12.

En cuanto a la primera área, el Gobierno ha avanzado en las siguientes
propuestas: publicación voluntaria de declaraciones juradas de patrimonio,
convenio para el diseño del Portal de Transparencia del Estado y medidas de
transparencia activa.

En cuanto a la gestión más efectiva de recursos públicos, el Gobierno ha
presentado las siguientes propuestas: transparencia Fiscal, compras públicas:
Consejo Público - Privado de Integridad en los Proveedores del Mercado
Público: Sistema de Gestión de Contratos de la Dirección de Compras y
Contratación Pública, mayor información para negocios, sistema de evaluación
de la entrega de información presupuestaria de las municipalidades.

Principales retrocesos
Tras tres años de vigencia de la Ley de Transparencia en Chile, es posible hacer
un balance general del proceso que ha llevado dicha normativa explorando sus
distintos escenarios no sólo de triunfos, sino que también de obstáculos y
desafíos que se esperan enfrentar. Tanto el Consejo para la Transparencia y la
Sociedad Civil, han hecho esfuerzos por intentar instaurar una cultura de
transparencia en nuestro país, la cual debe ser conocida y adoptada por cada
uno de los ciudadanos y, al mismo tiempo, velar por el Derecho de Acceso a la
Información Pública. Lo anterior en relación al fomento de la participación
ciudadana en las decisiones públicas, la rendición de cuentas que esperan los
ciudadanos, el control social de las medidas, logros y frustraciones de la
dirigencia política entre otros.

El desarrollo del ejercicio de la Ley de Transparencia en nuestro país ha estado
marcado en estos últimos tiempos por tres hitos fundamentales que permiten
identificar los distintos escenarios en la que la Ley ha estado en tela de juicio.

● Decisiones Conflictivas del Consejo para la Transparencia

En estos últimos meses, el Consejo para la Transparencia se ha visto envuelto
en una serie de polémicas que han cuestionado su autonomía y con ellos el
ejercicio de su función, lo cual a puesto en duda algunas decisiones que ha
tomado respecto de casos tanto de Amparo o Reclamo por Solicitudes de
Información denegadas.

Cada una de estas situaciones ha traído algunas consecuencias, por ejemplo lo
sucedido con el denominado caso puente mecano13, que termino con la renuncia
de un Ministro de Estad

12
GOBIERNO DE CHILE. Alianza para el Gobierno Abierto: Plan de Acción del Gobierno de
Chile. Abril 2012. Páginas 5 a 8.

26

Esto provocó el inicio de un ambiente de tensión entre el Gobierno y el
organismo autónomo del Consejo para la Transparencia, debido a las facultades
que este último estaba ejerciendo y al carácter de sus decisiones.

• Elección de Consejeros

Un segundo momento que viene a reforzar el hecho anterior, se generó cuando
hubo periodo de elección de nuevos Consejeros para el Consejo para la
Transparencia14 . Se cuestionaba tanto el proceso que se estaba llevando a
cabo, como el desempeño de sus antiguos consejeros y el perfil que los nuevos
debían tener. Todo esto produjo una situación preocupante a tal punto que
organizaciones de la Sociedad Civil hicieron ver su punto de vista a través del
debate suscitado en los medios de comunicación tradicional, en donde
apuntaban a que los nuevos consejeros tuvieran antecedentes que acreditaran
su adhesión a la cultura de transparencia.

• Publicidad del contenido de los correos electrónicos de funcionarios
públicos

Finalmente, un tercer y último momento que marca las críticas que se han
efectuado hacia el Consejo, se refiere al problema de la publicidad de los
correos electrónicos al ser solicitados mediante el derecho de acceso a la
información 15 . Si bien el primer caso, del Subsecretario del Interior, Rodrigo
Ubilla y la Municipalidad de Melipilla, no resulta del todo atractivo en términos
mediáticos y de Opinión Pública, es en un segundo momento en el cual sí se
genera un gran interés, cuando se le solicitan los correos electrónicos al Ministro
Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet 16 , los cuales son
negados por el Ministerio, argumentando violación al principio de privacidad. Sin
embargo, es el Consejo el que dictamina que el Ministro debe hacer públicos los
correos de acuerdo a lo que estipula la Ley de Transparencia, señalando que
éstos, independientemente de su formato, son públicos y, cualquier información
que atente contra la privacidad, puede ser tachada

13
Prensa: http://www.consejotransparencia.cl/consejo-para-la-transparencia-recibe-antecedentes-
por-adquisicion-de-puente-mecano/consejo/2011-02-09/133836.html
14
Referencias:
http://www.incide.cl/16/11/2011/se-mantiene-bloqueado-el-consejo-para-la-transparencia
http://www.proacceso.cl/contenido_general/carta_al_director_el_mercurio_elecci_n_de_consejer
os_en_consejo_para_la_transparen
15
Prensa:
- Correos electrónicos y Consejo para la Transparencia: http://bit.ly/Mw7NNo
- Consejo para la Transparencia: alegaciones de Larroulet por e-mails “resultan forzadas”:
http://ow.ly/i/KeOR
16
Prensa: http://diario.latercera.com/2012/03/26/01/contenido/pais/31-104689-9-consejo-para-la-
transparencia-vota--por-hacer-publicos-emails-de-larroulet.shtml

27

Es aquí donde se concentra y agudiza la tensión y el cuestionamiento hacia el
Consejo para la Transparencia por parte de ciertos órganos públicos, y con ello,
hacia el Derecho de Acceso a la Información Pública, desconociendo éste como
derecho fundamental , incluso por el propio Tribunal Constitucional que en uno
de sus últimos sentencias desconoció que este derecho tuviera sustento en
nuestra Constitución Política.

Debido a los hechos mencionados anteriormente, el desarrollo del ejercicio de la
Ley de Transparencia se vio afectado desde el Gobierno, proponiendo una serie
de reformas a la ley, algunas de las cuales son consideradas como regresivas.
Un ejemplo de ello dice relación con el hecho de querer poner un límite de
solicitudes de información a los peticionarios concurrentes, situación que
atentaría directamente contra el Derecho de Acceso a Información Pública, y
que afortunadamente ya fue superado en el debate legislativo.

Por otro lado, el mismo Consejo para la Transparencia se encuentra hoy en un
escenario muy frágil, en donde se cuestiona desde su autonomía hasta las
competencias y funciones que éste tiene17. Además, para este nuevo periodo, se
enciende aún más el debate por la discusión respecto del presupuesto al
Consejo, tema que siempre ha sido muy complicado al no ser considerado solo
el carácter técnico del ejercicio presupuestario, sino que también de voluntad
política.

Como consecuencia de lo anterior, es necesario contar con acciones que
puedan alejar del centro de la crítica al Consejo para la Transparencia en
relación a sus decisiones, y posicionarlo como un ente que se encargue de
regular y fiscalizar el ejercicio de solicitar información. De lo contrario, tendremos
al Consejo para la Transparencia en riesgo, lo que no beneficiaría para nada los
avances que se han realizado, hasta ahora, en temas de acceso a la
información.


o Membresía
Chile inició este proceso con la suscripción a la Alianza para el Gobierno Abierto
en el mes de septiembre del año 2011. Desde entonces, el Gobierno ha
desarrollado una serie de actividades con distintos actores de la sociedad, tanto

17
Prensa:
● Diputados estudian cambios a proyecto que fortalece al Consejo para la Transparencia:
http://bit.ly/LWYOJ8
● Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública: Institucionalidad en crisis:
http://bit.ly/Me79Um
● Propuesta de cambios a ley de acceso a información pública: http://bit.ly/O0tSTl

28

a nivel nacional como internacional, que suponen la integración de ésta en la
iniciativa.

En octubre del 2011, se organizó una reunión de trabajo en el Congreso
Nacional de Chile, en la que participaron representantes del Estado de Chile, lps
embajadores de Estados Unidos, México, Reino Unido y representantes de la
sociedad civil.

Luego, en noviembre y diciembre del año 2011 se realizaron reuniones
bilaterales con organizaciones no gubernamentales (ONGs), organismos
autónomos y representantes diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido y
México.

En el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2011 y el 9 de enero de
2012, se realizó un proceso de consulta pública en línea que permitió recibir
opiniones al primer documento de propuesta para el Plan de Acción del
Gobierno de Chile. A este proceso se agregó un proceso paralelo de consulta
con expertos representantes de organismos autónomos del Estado y de
organizaciones de la sociedad civil vinculados al mundo de la transparencia y la
participación. Dicho Plan fue presentado por el gobierno en la reunión de
Brasilia.

Las sugerencias y opiniones recogidas en el marco de la consulta y la respuesta
a ellas fueron publicadas en el sitio electrónico de la consulta y sirvieron de base
para la reformulación del Plan de Acción. En el marco de este proceso, las
observaciones presentadas por la Sociedad Civil y el Consejo para la
Transparencia no fueron mayormente consideradas, especialmente en lo que
refiere a la metodología para seleccionar las medidas que integran el plan y el
monitoreo. Por este motivo, dicho plan corresponde más bien a un plan de
gobierno.

o Compromisos
Como parte de los compromisos que Chile ha adquirido en el marco de su
integración a la Alianza para el Gobierno Abierto, el Gobierno ha impulsado un
conjunto de iniciativas referidas al uso del “gobierno abierto” para el
mejoramiento de los servicios públicos, la integridad pública, el incremento de la
responsabilidad institucional y para la creación de comunidades más seguras.
Sin embargo, en lo que se refiere específicamente al Acceso a la Información
Pública no existen muchas medidas, siendo las principales las siguientes18:

• Perfeccionamiento de la Ley sobre Acceso a la Información Pública:
mediante esta indicación y luego de tres años de vigencia de la Ley de
Transparencia, esta medida pretende regular el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y el funcionamiento del Consejo para la
Transparencia.

18
Ibid 3. Página 11

29

Responsable: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Etapa de formación de la ley en el Congreso Nacional: Primer trámite
constitucional en la Cámara de Diputados.

• Portal de Transparencia: es una iniciativa que busca fortalecer el
cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública por parte de los
organismos públicos y municipios, mediante la integración de la
información de sus obligaciones de transparencia en un portal
centralizado que facilitará a los ciudadanos el acceso y uso de esta
información mediante estándares comunes para la publicación de
información. Se contempla además desarrollar herramientas que faciliten
la búsqueda de información pública, su análisis y su publicación en
formatos abiertos.
El Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Consejo para la
Transparencia están encargados de su desarrollo y concreción.
Responsable: Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Consejo
para la Transparencia.
Fecha de cumplimiento: primer semestre del año 2013.

• Política Nacional de Archivos: se conformará una mesa de trabajo
integrada por diversos actores relevantes en materia de archivos
públicos, con el objetivo general de establecer las recomendaciones
necesarias para una adecuada y eficiente Política nacional de archivo
s acorde a la realidad actual del país y conforme a las prácticas de buen
gobierno y transparencia.
Fecha de cumplimiento: Comenzará a reunirse en el segundo semestre
del año 2012.

• Promoción de la Ley Modelo sobre Acceso a la Información de la
Organización de Estados Americanos: el Gobierno de Chile continuará
colaborando con los diversos países del continente, exportando buenas
prácticas y promoviendo la adopción de leyes de acceso a la información
que cumplan con los estándares de la ley modelo.

• Publicidad de la Ley de Acceso a la Información Pública: con el objeto de
que la ciudadanía continúe conociendo y ejerciendo su derecho a acceder
a la información que obra en poder de la Administración del Estado, se
seguirá con la labor de difusión de la ley de transparencia.

Por otro lado, se ha planteado una Mesa de Gobierno, Poder Legislativo y
Organizaciones de la Sociedad Civil para promover la transparencia. El
Gobierno se comprometió a seguir trabajando en la Mesa de Trabajo de alto
nivel que liderada el Ministro Secretario General de la Presidencia y conformada

30

por representantes de las principales entidades a cargo de promover la
transparencia en la gestión pública a nivel de gobierno, poder legislativo y
sociedad civil. Esta mesa a la fecha de redacción de este informe aún no ha
generado una convocatoria amplia a las organizaciones de la sociedad civil con
“experticia” en el tema. La entidad responsable de la gestión de esta Mesa es el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Respecto de estas medidas, las principales críticas que se han señalado se
refieren a su falta de especificidad y de indicadores para evaluar su
cumplimiento. Actualmente existen conversaciones entre la Comisión de
Probidad del ejecutivo con las organizaciones del Consorcio por la
Transparencia, que buscan profundizar el debate metodológico para efectos del
próximo plan.

o Sociedad Civil
Las organizaciones que conforman el Consorcio por la Transparencia, han sido
promotoras activas de la inclusión de nuestro país en la Alianza por el Gobierno
Abierto (en adelante AGA, que significa OGP en español). En efecto, el
Consorcio Participó activamente -de manera consultiva-, en la Mesa de Trabajo
coordinada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia para la
elaboración del Plan de Acción Nacional. Asimismo, estuvieron presentes en
México al evento de Encuentro Regional de Diálogos sobre Gobierno Abierto.
Por último, también estuvieron presentes en la Reunión de la AGA en Brasilia.

El consorcio por la transparencia está conformado por las fundaciones Pro Bono,
Ciudadano Inteligente y Pro Acceso, y por corporación Participa.

En el contexto de la Mesa de Trabajo, el Consorcio presentó las siguientes
observaciones para la construcción del Plan Nacional, contenidas en el
documento “Consulta Pública Alianza por el Gobierno Abierto”19:

• Contar con un Plan de Trabajo que establezca acciones, plazos, recursos
financieros comprometidos y responsables claros, aspecto que al día de
hoy no contempla en el borrador de la propuesta publicada.
• La propuesta de Plan de Acción no debiera contener medidas legislativas,
pues éstas no están dentro del alcance de los compromisos que el
Gobierno de Chile está invitado a presentar y que debe cumplir en el
plazo de un año.
• Las medidas que adopte el Gobierno para ser incluidas en el plan de
acción nacional deben considerar anteriores acuerdos internacionales
suscritos por Chile que se refieren a estas materias. En particular, es
importante considerar los aportes generados por la Ley Modelo

19
Consorcio por la Transparencia. Consulta Pública Alianza por el Gobierno Abierto. [PDF] <
http://www.consorcioporlatransparencia.cl/wp-content/uploads/2012/01/Documento-
OGP.Consorcio-para-la-Transparencia-y-Ciudad-Viva.pdf > [Consulta: 28 de agosto de 2012].

31

Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su guía de
implementación.

En estos momentos existen conversaciones entre el Consorcio por la
Transparencia y la Comisión de Probidad, a partir del debate generado en la
reunión de Brasilia, que buscan profundizar en una estrategia de monitoreo.

 DATOS ABIERTOS

Durante el año 2012, el ministerio Secretaría General de Gobierno lanzó un
portal en versión beta de datos abiertos denominado datos.gob.cl. Sin embargo,
existen muchas críticas por parte de actores especializados sobre los alcances
de esta política20.

En cuanto a propuestas, en el Plan de Acción Nacional ante la Alianza para
Gobierno Abierto, el gobierno se comprometió a la creación de un portal de
Gobierno Abierto, que busca facilitar el acceso de los ciudadanos a
espacios de transparencia y participación y de otorgar a los servicios de
gobierno un estándar y herramientas que facilite el cumplimiento de sus
compromisos. Para ello se promoverá la integración de estas iniciativas en un
portal del tipo one-stop -shop, recogiendo las mejores experiencias
internacionales (como el caso de Open Government Initiative de USA).

El portal pretende centralizar en una plataforma unificada las iniciativas de
transparencia, participación y datos públicos, dándoles coherencia a través del
gobierno y facilitando su comprensión y uso por parte de los ciudadanos.
Se instruirá a los servicios públicos sobre gobierno abierto estableciendo
estándares, formas y promoviendo la publicación de datos.
Fecha de cumplimiento: segundo semestre del año 2012.

La reciente entrada en vigor de la ley de transparencia ha puesto en evidencia la
necesidad de contar con datos en formatos reutilizables para diversas materias
de interés ciudadano. En este sentido, la labor jurisprudencial del Consejo para
la Transparencia da cuenta de cientos de materias de interés ciudadano,
respecto de los cuales se podrían adoptar este tipo de medidas de difusión y
apertura. Sólo de manera ejemplar, señalar que en los ámbitos de educación,
seguridad ciudadana y gestión local municipal existen decenas de materias que
podrían ser objeto de políticas de datos abiertos21. No obstante, una de las

20
En este sentido, Barros, Alejandro: http://www.alejandrobarros.com/que-lejos-estamos-del-
open-data
21
Al respecto, ver los informes elaborados por Pro Acceso en las áreas de educación, seguridad
ciudadana, participación ciudadana, municipios y privacidad, en cada uno de los cuales se
identifican tópicos que deberían ser objeto de transparencia activa y datos abiertos. Disponibles
en www.proacceso.cl

32

principales dificultades que se presenta para avanzar en esta materia, es la falta
de estándares claros en materia de privacidad y datos personales, lo que genera
una oferta de datos parcial.

33

ABIERTO (OGP) EN COLOMBIA

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Director Ejecutivo: Andrés Morales

Transparencia por Colombia
Directora Ejecutiva: Elisabeth Ungar Bleier


La dispersión normativa en materia de acceso a la información ha sido una
caracteristica del sistema colombiano por un largo tiempo. Actualmente, pese a
que recientemente fue aprobada una ley de acceso a la información pública en
el Congreso, ésta todavía no ha entrado en vigencia. Esto se debe a que antes
de entrar en vigencia la ley debe ser revisada por la Corte Constitucional. Por
esta razón, hasta la fecha, la mayor parte del desarrollo y garantía del derecho
de acceso a la información se encuentra en sentencias de la Corte
Constitucional.

Asimismo, el derecho de acceso a la informacion se encuentra consagrado en la
Constitución Política de Colombia en sus artículos 20 y 74, razón por la cual ha
podido garantizarse por medio de la acción de tutela en algunos casos. Por otro
lado, existen una serie de normas que lo desarrollan de manera tangencial,
dentro de las que se encuentran la Ley 594 de 2000 (según la cual, las
entidades están obligadas a administrar y custodiar su documentación en
archivos públicos), la Ley 80 de 1993 (en la cual se incluye la transparencia
como principio de contratación estatal) y la Ley 1266 de 2008 de habeas data,
entre otras.

A su vez, los procedimientos para poder solicitar y acceder a la informacion se
encuentran incluidos en la Ley 57 de 1985. Empero, dicha norma perdió su
vigencia a partir del 2 de julio de 2012, cuando entró en vigencia el Nuevo
Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Ninguna de estas
normas contempla el derecho de acceso a la información como un derecho
independiente, sino que se incluye como parte del derecho de petición, que
consiste en la facultad que tiene todo ciudadano de presentar peticiones
respetuosas a las autoridades públicas.

El Nuevo Código Contencioso Administrativo no ha introducido avances
sustantivos en relación a los estándares internacionales y constitucionales de
promoción y protección del acceso a la información pública. Además, la parte
relacionada con el derecho de petición fue declarada como inexequible de
manera diferida por razones de trámite. Esto se traduce en que perderá vigencia

34

el 31 de diciembre de 2014. Mientras tanto, el Congreso tiene la obligación de
aprobar una norma que regule este tema y que cumpla los requisitos de trámite.

En relación con el derecho de acceso a la información, dicha norma, todavía
vigente, establece:

• Las peticiones de documentos se deberán responder dentro de diez días
hábiles después de ser recibidas. En caso de no darse respuesta, la
entidad deberá entregar la información en el plazo de 3 días.
• Se establecen causales de reserva en protección de secretos industriales
y comerciales, de la defensa y seguridad nacional, del secreto
profesional, la privacidad e intimidad de las personas, y los relacionados
con condiciones financieras y operaciones de crédito público de la nación.
• Se establecen obligaciones de publicación proactiva de información sobre
procedimientos administrativos, regulaciones, y actos administrativos de
carácter general en el sitio de atención al público y en la página
electrónica de las entidades.
• Se permite la presentación de solicitudes a organizaciones privadas. Esto
también se podrá realizar ante a personas naturales cuando el solicitante
se encuentre en una situación de vulnerabilidad frente al requerido.
• Se reafirma la existencia del recurso de insistencia, trámite que existe
desde la Ley 57 de 1985 y que es poco eficaz en la garantía del derecho
de acceso a la información pública y que limita la aplicación de la acción
de tutela.
Actualmente no existe un órgano garante dedicado exclusivamente al derecho
de acceso a la información. Tanto el recurso de insistencia como la acción de
tutela deben ser resueltos por jueces o magistrados (la competencia varía
dependiendo de cada caso).

información durante el último año en Colombia

El primer semestre del 2012 fue un momento determinante para el acceso a la
información en Colombia. Por la vía judicial, se encuentra la decisión tomada por
la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la Ley de Inteligencia y
Contrainteligencia, la cual contempla varias disposiciones dirigidas hacia la
prevalencia del secreto en estos aspectos. Por otra parte, en términos
legislativos, se aprobó un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que busca regular en su totalidad este derecho.

La ley de inteligencia es una norma que crea reservas sobre varios aspectos del
desarrollo y control de actividades de inteligencia y contrainteligencia. La Corte
Constitucional dio aval a varios de los puntos considerados como reservados en
esta ley, teniendo en cuenta la sensibilidad de la información que se maneja. No
obstante, se mantiene la preocupación de que estas disposiciones
desencadenen en un fortalecimiento de la cultura del secreto. Es por ello que se

35

espera que el texto oficial de la sentencia que declara la Constitucionalidad de
esta ley otorgue mayor claridad sobre la interpretación de varios puntos.

Una de las disposiciones más preocupantes con respecto a esta ley es la del
tiempo de las reservas relacionadas con el tema que regula dicha norma, el cual
fue determinado en un máximo de 30 años, prorrogable por 15 más bajo
aprobación del Presidente de la República “cuando su difusión suponga una
amenaza grave interna o externa contra la seguridad o la defensa nacional, se
trate de información que ponga en riesgo las relaciones internacionales, esté
relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente contra la
integridad personal de los agentes o las fuentes”. Además, se establecía que
estos documentos podrían permanecer en secreto de manera indefinida
mientras los grupos al margen de la ley no estuvieran desmovilizados. Esta
última disposición fue declarada inexequible por ser una medida
desproporcionada22.

Por otro lado, se encuentra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la cual fue aprobada el 20 de junio. Esta norma se encuentra
actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional, dado que regula un
derecho fundamental.

Esta norma tiene su origen en la propuesta realizada por las organizaciones
Transparencia por Colombia y Dejusticia, en el marco de la Alianza “Más
Información Más Derechos”, la cual fue consolidada con dos propuestas
parlamentarias. La norma aprobada contempla varios avances importantes. No
obstante, como es natural, durante su trámite legislativo esta propuesta sufrió
varios cambios, algunos que no se encuentran en línea con los intereses de
garantía de este derecho.

La Alianza “Más Información Más Derechos” realizó un acompañamiento al
proceso de aprobación del proyecto de ley e hizo hincapié en las dificultades que
presentaban algunos aspectos que fueron aprobados, dando especial relevancia
a la necesidad de la existencia de un órgano garante del derecho de acceso a la
información, la garantía de la acción de tutela como mecanismo de protección
del derecho y la existencia de una lista amplia de sujetos obligados. Finalmente,
el texto definitivo contiene los siguientes avances y desafíos:

o Avances (del texto definitivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública):

- Se crea unidad normativa, recogiendo buena parte de los estándares
establecidos por la Corte Constitucional y por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Estos altos tribunales habían hecho una recolección

22
Para obtener más información sobre varias preocupaciones que fueron manifestadas por la
sociedad civil con respecto a la ley de Inteligencia y Contrainteligencia puede consultar la
intervención presentada ante la Corte Constitucional por la FLIP y Dejusticia en el siguiente link:
http://www.flip.org.co/alert_display/0/2623.html

36

importante de principios que no tenían un reconocimiento legal, tales
como el de máxima publicidad, la carga de la prueba para el Estado para
poder negar información y la divulgación parcial, entre otros. Como ya se
mencionó, las normas anteriores, además de ser dispersas, no
contemplan dichos fundamentos.

- Se establece una lista de sujetos obligados a suministrar información.
Este es un avance fundamental porque permite que la ciudadanía
conozca quiénes deben suministrar información, y además, deja claro que
hay entidades que no pueden negar información pública bajo el
argumento de que, por su naturaleza, se encuentran en un régimen
privado. Por esta razón además de las tres ramas del poder público y los
órganos de Control, se incluyen a los partidos políticos, las empresas de
economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado y las
prestadoras de servicios públicos, en relación a la prestación del servicio,
entre otras.

- Se crean obligaciones de gestión documental para los sujetos obligados,
además de obligaciones de divulgación proactiva que superan
notablemente lo establecido en normas anteriores. De acuerdo a esto, se
deberá suministrar información de estructura y funcionamiento;
presupuesto y su respectiva ejecución; normatividad; resultados de
auditorías, informes de gestión y evaluaciones; prestación de servicios;
procedimientos de toma de decisiones; y mecanismos de participación,
entre otros.

- Se obliga la creación de una política pública de promoción del derecho de
acceso a la información. La elaboración de la misma está en las manos
de varias entidades del gobierno: la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de la Información
y Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo
General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Un reto fundamental es que estas entidades puedan
coordinarse entre sí y con las de otras ramas del poder público.

- Las garantías de acceso a la información como derecho fundamental se
amplían al permitir que la acción de tutela sea aplicable a más casos.
Además, se establece la necesidad de que la carga de la prueba sobre la
existencia de un daño presente, probable y específico sobre los derechos
protegidos por la reserva.

- Se reduce el tiempo máximo para las reservas de información:
actualmente son 30 años, la norma aprobada establece que son 15,
prorrogables por un término igual, previa autorización de los superiores
jerárquicos de cada rama del poder público y órganos de control.

37

o Desafíos (del texto definitivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública):

- No se crea un órgano garante. La discusión se diluyó principalmente por
temas económicos y por la preocupación de crear una entidad que tuviera
mucho poder sobre la información de la ciudadanía23. La norma aprobada
establece funciones de garantía al Ministerio Público, que es un órgano
compuesto por varias entidades y que tiene el reto de lograr articularse
para aplicar y defender el derecho de acceso a la información.

- La Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre apartes de la ley que
de permanecer como están podrían fortalecer la cultura del secreto:
 El parágrafo 2 del artículo 5 establece que “Se exceptúan de la
aplicación de esta ley y por tanto gozan de reserva legal la
información, documentos, bases de datos y contratos relacionados
con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones
internacionales”. Se trata de una reserva bastante amplia y que busca
excluirse de todos los avances establecidos por la norma aprobada.
No obstante, recientemente la Corte Constitucional falló en una
dirección similar al declarar exequibles varias reservas establecidas
por la ley de inteligencia.
 El inciso segundo del artículo 21 establece que “Ninguna autoridad
pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su
poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño
causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener
acceso a la información.” Esta disposición también puede conducir a
ambigüedades al momento de aplicarse y generar una proliferación de
respuestas evasivas a solicitudes de acceso a la información, razón
por la cual debe ser declarado inconstitucional.
 Se establece la reserva sobre “documentos que contengan las
opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo
de los servidores públicos”, que bajo el entendido de las definiciones
establecidas en el artículo 6, son aquellos borradores que no
contienen decisiones definitivas. Esta limitante debe ser interpretada
por la Corte de manera que no desencadene en actuaciones
arbitrarias.

Si la ley es declarada exequible por la Corte Constitucional, tendrá el reto de que
su aplicación sirva para vencer la cultura del secreto, esto se basa en que las
obligaciones de divulgación proactiva y de gestión documental implican desafíos
económicos y culturales para varias entidades, especialmente a nivel regional,
donde se requiere de una planeación muy cuidadosa.

23
Un argumento que de alguna manera incidió en la no inclusión de la Procuraduría como
órgano garante de manera directa es que el actual Procurador es una figura muy polémica, con
unas posiciones igualmente controversiales.

38

Este proyecto ha sido importante para generar debate público sobre varios
aspectos relacionados con la información pública, especialmente en lo
relacionado con las limitaciones al acceso a la información, tales como la
seguridad y defensa nacional y aquellos relacionados con la intimidad de los
funcionarios públicos. Varios periodistas, columnistas y medios de comunicación
han hablado a favor y en contra de varios puntos de lo aprobado. De un lado se
encuentran aquellos que consideran que la ley incluye más retrocesos que
avances, y que puede desencadenar en generar más limitaciones que las que
existen actualmente para el acceso a la información. Por otro lado, existen
posiciones que reconocen que esta norma tiene avances fundamentales y
acordes a los estándares internacionales, pero que contiene apartes que son
preocupantes y que deben ser modulados o declarados inexequibles por la
Corte Constitucional.

De esta forma se ha alimentado un debate que deberá enriquecer las decisiones
que tomen la Corte Constitucional, las entidades del Ministerio Público y las
entidades del Gobierno encargadas de la construcción de la política pública de
acceso a la información.


o Membresía

La iniciativa de “Alianza de Gobierno Abierto” (OGP) ha suscitado interés en el
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos pues se encuentra alineada con el
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Este plan contiene referencias a temas
como la modernización de la administración pública, el acceso y la disponibilidad
de la información del gobierno, la transparencia, el desarrollo de nuevas
tecnologías y la innovación, la rendición de cuentas, y la creación de
herramientas para promover la participación de la sociedad civil y la lucha contra
la corrupción.

El gobierno Colombiano adhirió a OGP en el último semestre de 2011. Sin
embargo, para los primeros meses de 2012 aun no había realizado ninguna
consulta con la Sociedad Civil, razón por la cual un grupo de Organizaciones,
(entre las que se encontraban la Fundación para la Libertad de Prensa y La
Corporación Transparencia por Colombia) enviaron una carta al gobierno24 para
indagar por el proceso, la cual no tuvo respuesta. Después de algunas columnas
periodísticas25, de autoría de miembros de estas organizaciones, el gobierno

24
Ver carta en http://es.scribd.com/doc/70788360/Carta-Open-Government-Partnership-
Colombia-19sept
25
Ungar, Elisabeth “Un Compromiso Pendiente” El Espectador, 25 de Enero de 2012
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-323004-un-compromiso-pendiente

39

nacional realizó una convocatoria a la sociedad civil para dar a conocer el plan
de acción. En esta reunión se dieron algunas recomendaciones generales al
contenido del plan y se hizo especial énfasis en la necesidad de contar con
canales de comunicación constantes y fluidos entre la sociedad civil y el
gobierno, para llevar a buen término este proceso. Posteriormente se llevó a
cabo una consulta en línea con el fin que los ciudadanos tuvieran la posibilidad
de opinar y sugerir temas y acciones para el plan.

o Compromisos

Durante la reunión de Brasilia, organizada por OGP en Abril de 2012, el gobierno
presentó su plan de acción, el cual a juicio de las organizaciones de la sociedad
civil no fue objeto de consulta ciudadana suficiente y carece de algunos
requisitos básicos de un plan de acción.

En general, el Plan de Acción de Colombia hace referencia a aspectos genéricos
que enuncian planes y programas ya establecidos o en marcha. De esta forma,
se convierte en una lista de acciones gubernamental sin la concreción necesaria.

En este sentido, uno de los principales retos es concretar el plan de acción en
función de un plan de Estado real que trascienda los cuatro años del gobierno
actual y se convierta en una iniciativa viable en el mediano y largo plazo. Esta
concreción debe involucrar planes piloto que, por ejemplo, comprometan a
ONGs para que contribuyan a cumplir con los objetivos del plan, así como a los
demás poderes nacionales y regionales.

Así mismo, las páginas web y las herramientas tecnológicas mencionadas en el
Plan de Acción, parecieran ser un fin en sí mismo, y no un medio para lograr las
metas de transparencia y rendición de cuentas como debería ser.

Es necesario que el gobierno logre concretar los planes y proyectos específicos
que se van a poner en marcha haciendo referencia a metas, prioridades,
objetivos, indicadores, responsables, y en general la información necesaria para
cumplir con los objetivos. El Plan de Acción carece de la definición de procesos
y de cronogramas de ejecución de planes, políticas y actividades.

Dicho plan tampoco hace alusión a la forma como se financiarán las acciones
propuestas. Es decir, sería necesario contar con los presupuestos del caso, así
como una línea de base de las finanzas de la nación que permita identificar los
mecanismos más eficientes para lograr la financiación de las acciones
requeridas

En este sentido, hay una necesidad expresa de construir objetivos más
concretos que contemplen toda la información necesaria para su ejecución
(financiación, acceso a las regiones, integración de la sociedad civil, funciones

40

de cada una de las entidades del Estado, entre otros). La concreción de metas y
propuestas, más que la enunciación de planes y proyectos generales, se
presenta como una de las carencias más evidentes en el Plan de Acción.

Por otra parte, el Plan de Acción presenta una carencia de mecanismos de
evaluación y monitoreo del cumplimiento de los objetivos y la entrega de
información pública, al igual que de herramientas que den cuenta de la
efectividad de la política de gobierno abierto y su impacto en la lucha contra la
corrupción, la transparencia y el acceso a la información.

Teniendo en cuenta, que el derecho de Acceso a la Información Pública será el
principal aliado del OGP, en tanto implica la publicidad de información pública
como mecanismo ideal para garantizar la transparencia y lucha contra la
corrupción, es necesario que el Plan de Acción de Colombia incluya, como
actores fundamentales, a los organismos de control quienes son los garantes de
este derecho. En este sentido, también es fundamental incluir a las otras ramas
del poder, como entidades estatales que deberán tener funciones y metas
específicas.

El Estado deberá comprometerse a que la entidad encargada de velar y
promover la aplicación de la ley de acceso a la información tenga un
presupuesto adecuado. Así como propender porque cuente con todas las
herramientas necesarias, poderes de inspección y de sanción, y que esté dotada
con una verdadera independencia.

En este sentido uno de los retos más importantes en acceso a la información y
uso de tecnologías, donde el Plan de Acción presenta limitaciones, es lograr la
interoperabilidad en los sistemas de información, y revisar su funcionalidad. El
Estado cuenta con sistemas para el reporte de información, además de los
portales web, pero falta lograr que estos sistemas se comuniquen entre sí para
cruzar información y así evitar la duplicidad y facilitar la toma de decisiones.

El proceso de monitoreo del Plan de Acción aun no es claro y no cuenta con
indicadores específicos de medición. En este sentido el gobierno creó un Comité
de Seguimiento Interinstitucional, liderado por la Alta Consejería Presidencial
para el Buen Gobierno y la eficiencia Administrativa, con la participación de la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Programa de
Gobierno en Línea del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del
Interior, que está a cargo del seguimiento y monitoreo, pero no se ha logrado
una comunicación fluida y constante con la sociedad civil.

41

o Sociedad Civil

El OGP es un espacio de colaboración entre socios- la Sociedad Civil y los
Gobiernos- donde se deben encontrar instancias de diálogo para el debate y
desarrollo del Plan de Acción propuesto. Este proceso, representa una
oportunidad para la Sociedad Civil de colaborar con los Gobiernos, así como una
oportunidad de aumentar la participación, para desarrollar aún más el acceso a
la información pública como un derecho humano y al mismo tiempo posicionar
temas claves en la agenda pública.

En el caso colombiano, las organizaciones de la sociedad civil han solicitado al
gobierno que la consulta con la Sociedad Civil sea continua, desde la
formulación del Plan, pasando por su diseño, hasta su implementación. Hasta la
fecha, la construcción del plan de acción ha incluido muy esporádicamente a la
sociedad civil y al sector empresarial en el debate, lo que limita el alcance real
de los compromisos del Estado colombiano y el cumplimiento de los Principios
de Consulta26 de la Alianza. Para ello, se hace necesario establecer reglas de
juego claras para todas las partes, asi como definir una metodología para las
consultas y monitoreo que permitan establecer metas, objetivos, acciones y
responsabilidades y darles seguimiento. Sin embargo, hasta ahora no ha sido
posible coordinar reuniones periódicas entre el gobierno y sociedad civil, ni
buscar espacios para el desarrollo de estas metodologías.

Con el fin de continuar en esta dirección, un grupo de organizaciones ha
conformado una alianza que tiene como objetivo hacer el seguimiento y tener
incidencia en la elaboración del Plan de Acción.

Como un primer paso, esta alianza hizo unas recomendaciones preliminares al
proyecto de Plan de Acción presentado por el Gobierno, en el entendido que es
un documento en construcción, tal como lo manifestó durante su intervención en
Brasilia, sin embargo aun no ha habido una respuesta del Gobierno Nacional.

Por último, las organizaciones de la sociedad civil están actualmente en proceso
de construcción de un documento que contenga los compromisos y
responsabilidades concretas, el cual está sujeto a una convocatoria de diálogo
por parte del gobierno para llegar a acuerdos y compromisos mutuos

 DATOS ABIERTOS

En Colombia, el principal avance en camino a la divulgación de datos abiertos es
el programa de Gobierno en Línea. Este programa comenzó su implementación
a partir de una directiva presidencial en el 2000, seguida por un Decreto en el
año 2008 que creo unos lineamientos cuyos principales objetivos son:

26
http://www.opengovpartnership.org/consultation

42

“- Facilitar la eficiencia y colaboración en y entre las entidades del Estado, así
como con la sociedad en su conjunto.
- Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública.
- Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos.
- Fortalecer las condiciones para el incremento de la competitividad y el
mejoramiento de la calidad de vida.”27

En seguimiento a esta estrategia, varias entidades publican algunos datos que
pueden ser de utilidad, pero todavía falta desarrollo en los formatos y en la
unidad de los mismos28.

Asimismo, la fase 3.0 de Gobierno en línea, que inicia su implementación a
comienzos del año 2013, contiene varios aspectos relacionados con la
publicación de datos abiertos, que incluye dentro de sus criterios la creación de
un inventario de la información, realizar un análisis legal sobre qué información
no es reservada, conceptualización de un lenguaje claro para la ciudadanía, y la
priorización de la información que se publicará, entre otros.

Además de esto, el proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública que fue recientemente aprobado establece la publicación de datos
abiertos por parte de todos los sujetos obligados y que “para las condiciones
técnicas de su publicación, se deberán observar los requisitos que establezca el
gobierno nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones o quien haga sus veces.”

Actualmente se encuentra en funcionamiento un portal Estatal de datos abiertos
(www.datos.gov.co). No obstante, esta herramienta, que es un avance
importante, se encuentra en su versión Beta (de prueba) y carece de una
cantidad significativa de datos útiles para la ciudadanía, razón por la cual es
necesario acudir a portales de las entidades, que no siempre tienen la
información que se busca. La dispersión y la falta de unidad de información de
datos abiertos entre estos portales del Estado dificultan la consulta. Por ejemplo,
si se quiere buscar información sobre estadísticas de movilidad y transporte, al
buscar en www.datos.gov.co, solo se encuentran unos datos sobre

27
Tomado del Manual 3.0 para la implementación de la estrategia de Gobierno En Línea en las
Entidades del Orden Nacional de la República de Colombia.
28
Como ejemplos de lo anterior se puede tener en cuenta los datos históricos de elecciones que
tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil( www.registraduria.gov.co) , los cuales, a pesar
de estar completos, no son descargables y no pueden reutilizarse con facilidad; el portal de
mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(http://mapascolombia.igac.gov.co/wps/portal/mapasdecolombia/) , el cual cuenta con una
interfaz avanzada que no es explotable para la obtención de datos que puedan ser de utilidad; el
portal de la Procuraduría General de la Nación ( www.procuraduria.gov.co) , que cuenta con una
interfaz que indica los antecedentes disciplinarios de un ciudadano al digitar el número de
identificación. Si esta herramienta se aprovechara, podría generar datos abiertos interesantes
para la ciudadanía.

43

accidentalidad en transporte terrestre. Si se quiere ahondar en este tipo de
información, las entidades con las que se cuenta como opción son el
Departamento Nacional de Estadística-DANE, el Ministerio de Transporte, o las
secretarías encargadas de estos temas en las ciudades. El primero de estos,
que cuenta con un catálogo de datos, no cuenta con información sobre el tema;
el segundo tiene algunos listados, principalmente de registros; y por último,
tomando como ejemplo la Secretaría de Movilidad de Bogotá, es posible
encontrar información propia, como por ejemplo registros de multas por
infracciones de tránsito, pero en general, no es posible encontrar estadísticas o
datos generales.

Aun falta mucho por avanzar en datos abiertos en Colombia. Otro ejemplo de
esto es la dificultad para acceder a información estadística de la Rama Judicial.
Por ejemplo, no hay información completa que de cuenta sobre la gestión del
Estado en los procesos penales. La FLIP hizo una solicitud de información sobre
el estado de las investigaciones adelantadas por asesinatos de periodistas para
poder hacer un balance de la situación de impunidad en este tipo de crímenes
en Colombia.

Dicha información sería de gran utilidad para complementar el monitoreo
constante a las agresiones a la libertad de Prensa en Colombia que realiza la
FLIP29 . A partir de esta, se podría determinar los avances y los niveles de
impunidad que se dan en las investigaciones de dichos hechos30. La respuesta
de la Fiscalía es que esa información la debe dar cada funcionario de cada
despacho judicial a su criterio, sin ningún tipo de articulación.

29
La información que recopila la FLIP sobre agresiones a la libertad de prensa se puede
encontrar en www.flip.org.co
30
La FLIP realizó un informe sobre la impunidad en asesinatos a periodistas en Colombia
(http://daytoendimpunity.org/sites/all/themes/impunity/flip/ ) La información solicitada puede ser
de gran utilidad para fortalecer investigaciones como esa.

44

ABIERTO (OGP) EN COSTA RICA
Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX)
Presidente: Alejandro Delgado Faith
Secretario: Raúl Silesky


Costa Rica no cuenta con una ley de Acceso a Información Pública. No
obstante, la Constitución Política en su numeral 30 dispone que:

“(…) se garantiza el libre acceso a los departamentos
administrativos con propósitos de información sobre asuntos
de interés público quedan a salvo los secretos de estado”

A partir de esta garantía provista por la Constitución, se puede encontrar una
amplia y consistente jurisprudencia de la Sala Constitucional que garantiza el
acceso a información pública.

información durante el último año en Costa Rica

En líneas generales se podría establecer que no se han registrado, durante el
ultimo año, retrocesos en el área de Acceso a la Información Pública. De todos
modos, es conveniente destacar la aprobación de una nueva Ley de Delitos
Informáticos (solo resta que sea publicada en el Diario Oficial para que entre en
vigencia).

Por el momento, la iniciativa de ley sobre delitos informáticos se encuentra en
revisión. En la actualidad, existe voluntad política para modificar un artículo que
incorpora al Código Penal una pena de entre cuatro y ocho años de prisión para
quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas”. Se
trata del artículo 288, titulado “Espionaje”, que se incorporó al Código Penal
como parte de una adición sobre delitos informáticos.

La redacción de esta ley provocó críticas entre juristas y comunicadores,
quienes interpretan que constituye una restricción al acceso y difusión de
información de interés público, por cuanto introduce el concepto de
“informaciones secretas politicas”, con lo que se violenta lo establecido en los
artículos 30 de la Constitución Política y 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos que establecen inequívocamente el derecho de todo
ciudadano, de buscar, recibir y difundir información, sin más limitación que los
llamados secretos de Estado. La Constitución no hace referencia al término
incluido en la ley y al establecer un concepto tan amplio se abarca una gran
cantidad de información con lo que se violenta el derecho el precepto
constitucional.

45


o Membresía

El 10 de enero de 2012, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa
Rica remitió una nota31 al Ministro Hage de Brasil y a la Subsecretaria María
Otero de EE.UU., en la cual manifiesta el deseo de Costa Rica de incorporarse a
la ALIANZA de Gobierno Abierto (OGP).

El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión ha solicitado información adicional
a la Cancillería sobre el proceso que ha conducido al gobierno costarricense a
adherir a la mencionada iniciativa.

En su respuesta se conoció que desde inicios de 2012, la Dirección General de
Política Exterior, en asociación con Gobierno Digital, se encuentra preparando el
Plan de Acción que Costa Rica presentará como miembro pleno durante el año
2013.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto organizó, el día 24 de
abril 2012, el Primer Taller de Gobierno Abierto para Instituciones Públicas. En
dicho evento se invitó a las diferentes instituciones del Gobierno de Costa Rica a
ser parte de esta iniciativa.

Asimismo, en el evento se abarcaron los aspectos esenciales que impulsaron la
realización del proyecto de “Datos Abiertos” 32 en las instituciones públicas y
contó con la participación de 104 representantes de 27 instituciones públicas del
país, entre ellas el Ministerio de Hacienda, la SUGEF, el MIDEPLAN y el INEC.

o Compromisos

Como se ha mencionado anteriormente, desde inicios de 2012, la Dirección
General de Política Exterior, en asociación con Gobierno Digital, se encuentra
preparando el Plan de Acción que Costa Rica presentará como miembro pleno
de OGP, durante el año 2013.

o Sociedad Civil

En cuanto al desarrollo y seguimiento de los compromisos que Costa Rica tome,
como parte de los requisitos para los miembros de OGP, la sociedad civil deberá

31
http://www.opengovpartnership.org/countries/costa-rica
32
El proceso consistió en una convocatoria por parte de Gobierno Digital a aquellas instituciones
que, en principio, asistieron al evento de lanzamiento y que estuvieran interesadas en verse
beneficiadas como parte del primer grupo (20) de instituciones en implementar la Plataforma de
Datos Abiertos

46

dar seguimiento. Las organizaciones de la sociedad civil esperan poder
participar en una amplia discusión sobre el tema.

Por otra parte, es conveniente destacar que, en cuanto a la falta de una Ley de
Acceso a al Información, no se conocen organizaciones interesadas en el tema.
En Costa Rica la Sala Constitucional ha sido fundamental para lograr el acceso
a la información pública y no hay interés en este momento para impulsar una ley
específica. La jurisprudencia nacional es muy rica en este tema y fundamental.

 DATOS ABIERTOS

En relación al tema de “Datos Abiertos”, la Contraloría General de la República
de Costa Rica emitió el 12 de julio del 2012 un informe sobre el Gobierno Digital
que sostiene:

“El Poder Ejecutivo ha venido realizando esfuerzos desde años atrás para el
desarrollo de una sociedad basada en la información y el conocimiento, así
como de un gobierno digital; no obstante, tales esfuerzos carecen de la
articulación, coordinación e integración necesarias. Ello se refleja en lo siguiente:

Existen políticas públicas en esas materias contenidas en el Plan Nacional de
Desarrollo de las Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología
e Innovación, el Acuerdo Social Digital y en el Plan Maestro de Gobierno Digital;
sin embargo, éstas no están articuladas para su cumplimiento en el largo plazo,
ni formuladas mediante instrumentos que garanticen su vigencia en el tiempo.

Existen múltiples actores que influyen tanto en el establecimiento de esas
políticas como en la definición y ejecución de proyectos tendentes al desarrollo
de esa SIC y del GD. Tal es el caso de la Comisión Nacional de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (CONATIC), la Comisión Interinstitucional de
Gobierno Digital (CIGD), la Secretaría Técnica de Gobierno Digital (STGD) a
cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, el Viceministerio de
Telecomunicaciones y las rectorías de telecomunicaciones y la de tecnologías
de información.

Tal situación no ha resultado favorable no solo porque esa multiplicidad dificulta
los procesos relacionados sino también porque esas instancias no han
funcionado como se debe y el Ejecutivo carece de una figura líder responsable
de la integración, coordinación y vigilancia tanto de la emisión e implementación
de la política pública como de la planificación y ejecución de los proyectos
asociados.”33

33
http://www.miprensacr.com/contraloria-general-de-la-republica-cgr-senala-areas-de-mejora-
del-gobierno-digital

47

ABIERTO (OGP) EN ECUADOR
Fundamedios
Director Ejecutivo: César Ricaurte
Director de Proyectos: Mauricio Alarcón Salvador


En Ecuador, ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
se encuentra vigente desde el 18 de mayo de 2004.

La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza y norma el
ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a
las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes, de los
cuales el país es signatario.

Persigue los siguientes objetivos:

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la
publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están sometidas todas
las instituciones del Estado que conforman el sector público, dignatarios,
autoridades y funcionarios públicos, las personas jurídicas de derecho privado
que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el efecto,
adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la organización,
clasificación y manejo de la información que den cuenta de la gestión pública;

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la materia ha
suscrito legalmente nuestro país;

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos públicos,
efectivizándose un verdadero control social;

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector
público y/o privado;

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del estado
de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública;
y,

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés
general y su fiscalización.

La ley es aplicable a:

48

• Los organismos y entidades que conforman el sector público del Estado;

• Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o
en parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de recursos del
Estado;

• El derecho de acceso a la información de los asambleístas de la República se
rige conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en la
Ley Orgánica de la Función Legislativa y su Reglamento Interno;

• Las corporaciones, fundaciones y organismos no gubernamentales (ONG's)
aunque tengan el carácter de privadas y sean encargadas de la provisión o
administración de bienes o servicios públicos, que mantengan convenios,
contratos o cualquier forma contractual con instituciones públicas y/u
organismos internacionales, siempre y cuando la finalidad de su función sea
pública; y

• Las personas jurídicas de derecho privado, que sean delegatarias o
concesionarias o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del
Estado, en los términos del respectivo contrato.

El órgano de control del ejercicio del derecho de acceso a la información
pública es la Defensoría del Pueblo, y sus atribuciones son:

• Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la
información pública;

• Vigilar el cumplimiento de esta Ley por parte de las instituciones públicas,
personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados en el
artículo 1 de la presente Ley;

• Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que en
esta materia dispone la Ley del Sistema Nacional de Archivos;

• Precautelar que la calidad de la información que difundan las instituciones del
sector público, contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

• Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación, sobre la
base de la información publicada en los portales o páginas web, así como todos
los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas
de derecho público, o privado, sujetas a esta Ley;

• Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona natural o jurídica o por
iniciativa propia, acciones judiciales de acceso a la información pública, cuando
ésta ha sido denegada; e

49

• Informar al Congreso Nacional en forma semestral, el listado índice de toda la
información clasificada como reservada.

o Los principales retrocesos y avances en materia de acceso a
la información durante el último año en Ecuador

Durante el ultimo año no han existido avances en materia de acceso a la
información en Ecuador. Por el contrario, existen resoluciones de diversas
instituciones públicas orientadas a establecer la privacidad de la información de
ciertos funcionarios públicos. Un ejemplo de esto es la catalogación de
“información privada” de las declaraciones patrimoniales juramentadas de los
asambleístas mediante una resolución de la Contraloría General del Estado.


o Membresía

El estado ecuatoriano no ha demostrado voluntad de ser parte de OGP. Muestra
de ello es la inexistencia de políticas claras relacionas con la transparencia y el
acceso a la información pública. Al igual que los casos de Bolivia, Venezuela o
Nicaragua, se han aludido motivos de soberanía para evitar estos temas.

o Compromisos

Si bien Ecuador no es miembro de OGP, los puntos a los que el país debería
comprometerse para avanzar en el ejercicio del derecho de acceso a la
información deberían estar relacionados con:

• Establecimiento de políticas estatales claras de acceso y transparencia de
información por parte de las instituciones del Estado.

• Mejoramiento de la legislación existente al respecto de tiempos y plazos
que otorgan las normas relacionadas al acceso y transparencia de
información.

• Fomento de la transparencia de la información por parte de las empresas
privadas y organizaciones de la sociedad civil.

o Sociedad Civil

Actualmente, las organizaciones de la sociedad civil no se encuentran
trabajando activamente en el tema de la incorporación de Ecuador a OGP. Es
decir, no se ha logrado articular a la sociedad civil en el Ecuador con el objeto de
incluir al país en la OGP.

50

Se debe tomar en cuenta que la sociedad civil ecuatoriana actualmente vive
momentos difíciles. Un gran número de organizaciones que eran muy activas en
el sector han pasado a formar parte del gobierno nacional, por lo que dejaron de
cumplir su rol de “tercer sector”. Al existir desarticulación por parte de las OSC
del país, no se ha logrado impulsar avances para concretar la inclusión de
Ecuador en OGP.

 DATOS ABIERTOS

Luego de una búsqueda en Internet sobre el desarrollo de herramientas de datos
abiertos en Ecuador, se verifica que no ha habido avance alguno en la materia
que se encuentre vigente en el país.

En Ecuador no existe voluntad para llevar adelante iniciativas de datos abiertos,
actualmente. Se debe entender que las oficinas del sector público tienen una
gran cantidad de información, elaborada en base a la labor habitual del
funcionario público, que sin duda alguna sería útil para la ciudadanía en general.
El hecho de que se liberen estos datos permitiría fortalecer la transparencia en el
sector público. Se considera que esto debería ocurrir con todo aquel dato que no
tiene relación con información personal del ciudadano, lo cual podría estar
protegida por la ley de datos personales. Los datos liberados deberían ayudar a
los ciudadanos y ciudadanos en procesos de toma de decisiones y participación
de los asuntos de interés público.

51

ABIERTO (OGP) EN EL SALVADOR
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)
Presidente: José Luis Benítez
Tesorero: Juan Coronado Hernández

Fundación Salvadoreña para
El Desarrollo Económico y Social (FUSADES)
Director - Dep. de Estudios
Legales: Javier Castro De León
Coordinador - Institucionalidad
Democrática: René Armando Abrego Labbé


En El Salvador, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) -contenida en
el Decreto Legislativo No. 534 del 2 de diciembre de 2010, publicado en el
Diario Oficial No. 70, Tomo No. 391, del 8 de abril de 2011- tiene por finalidad,
según su articulo 1, “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la
información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones
de las instituciones del Estado”.

Cabe mencionar que el derecho de acceso a la información, además de estar
regulado en una ley específica, tiene asidero constitucional en los artículos 6
(que garantiza la libertad de expresión) y 18 (que garantiza el derecho de
petición y respuesta) de la Constitución. A su vez, el mencionado derecho ha
sido desarrollado en jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia en la que se ha establecido que se trata de un derecho
fundamental: “el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental
de la población a estar debidamente informada de los asuntos de interés
colectivo, y a conocer la gestión pública y la forma en que se ejecuta y se rinde
cuentas del presupuesto general del Estado; obligación que atañe a todos los
órganos y dependencias del Estado, sin excepciones”.

La LAIP retoma muchos de los avances contenidos en leyes de acceso
latinoamericanas y en la Ley Modelo de la OEA. Por tanto, la LAIP cumple con
gran parte de los estándares en la materia, obteniendo la cuarta posición en el
ranking de leyes de acceso elaborado por el Centre for Law and Democracy y
Access Info Europe, después de Serbia, Eslovenia-India y Liberia-Croacia.34

El principio rector de la LAIP es la máxima publicidad: “información en poder de
los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones
expresamente establecidas por la ley”.

34
Centre for Law and Democracy y Access Info, Global RTI Rating, 28 de septiembre de 2011:
http://rti-rating.org

52

Asimismo, la LAIP tiene una legitimación pasiva amplia, ya que obliga a toda
entidad pública o personas jurídicas privadas que gestionen fondos públicos o
desempeñen una función pública. De esa manera, abarca a todas las ramas de
gobierno. A su vez, la legitimación activa también es amplia, “toda persona tiene
derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de
las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz,
sin sustentar interés o motivación alguna” (art. 2 LAIP). No obstante, obliga a los
solicitantes a presentar documento de identidad, lo cual puede contribuir a la
discriminación o a que las personas se abstengan de ejercer su derecho.

La definición de información pública también es amplia puesto que se refiere
aquella en poder de los entes obligados contenida en todo tipo de registros, que
consten en cualquier medio, independientemente de su fuente y fecha de
elaboración. Las clases de información identificadas en la ley son comunes en el
derecho comparado: reservada, confidencial y oficiosa.

La ley crea dos mecanismos de acceso a la información pública: la publicación
oficiosa de información básica y un procedimiento específico para realizar
solicitudes de información. Además de información oficiosa común para todas
las entidades obligadas, también se estipuló información oficiosa especial para
ciertas instituciones: Órgano Legislativo, Presidencia de la República, Órgano
Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura, Tribunal Supremo Electoral, Corte
de Cuentas de la República y Concejos Municipales.

La ley crea una estructura institucional para asegurar el cumplimiento de la
misma. Cada entidad obligada deberá crear una unidad de acceso a la
información pública y nombrar un oficial de información. Además, se establece el
Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual gozará de una amplia
gama de competencias para implementar la ley y para realizar su promoción y
supervisar su correcta aplicación. Además, ante esta entidad se tramitarán las
apelaciones ante negativas de información y los procedimientos sancionatorios
ante infracciones a la LAIP.

La LAIP además contiene normas generales sobre protección de datos
personales (para lo cual no hay ley especial en El Salvador), normas sobre
gestión de archivos y para la promoción del acceso a la información a través de
programas educativos.

información durante el último año en El Salvador

53

El Salvador alcanzó un importante hito en el proceso democrático y en la
búsqueda de una mayor transparencia de lo público el mes de mayo de 2012
cuando entró en vigencia plena la LAIP.

Asimismo, en el ámbito internacional surgieron oportunidades que pueden
contribuir al éxito de las políticas de transparencia, a saber: el "Asocio para el
crecimiento" con Estados Unidos de América promoverá la publicidad de la
información pública, y por su parte la “Alianza de Gobierno Abierto” es un
compromiso amplio en materia de transparencia.

No obstante, aún está pendiente la conformación del ente rector de las
actividades de la ley de Acceso a la Información, es decir el IAIP. Este último
debería encontrarse constituido desde el 5 de marzo 2012. Si bien el bien el
Gobierno, principalmente a través de la Subsecretaría de Transparencia y
Anticorrupción (STA), ha señalado que la LAIP puede funcionar sin Instituto, las
organizaciones de la sociedad civil consideran que el IAIP cumple roles
insustituibles al promover el derecho de acceso a la información pública,
establecer estándares, conocer en apelación las negativas de información35 y
sancionar las infracciones a la ley, así como elaborar las directrices que
demanda la ley para las instituciones públicas. Esto último afecta,
particularmente, a los gobiernos locales.

Los 5 comisionados propietarios y los 5 comisionados suplentes del IAIP son
electos de ternas propuestas por 5 sectores de la sociedad civil. Dichas ternas
se eligen a través de elecciones en asambleas generales de cada sector, las
cuales son organizadas por una entidad convocante.

En octubre de 2011 comenzó el proceso de elección de los comisionados al IAIP
con la apertura del período de registro de candidatos el cual, a falta de

35
Dado que la jurisprudencia nacional, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito
constitucional, ha establecido que la existencia de zonas inmunes de control es contraria a los
postulados básicos de un Estado de Derecho, es necesario precisar que, a pesar de la falta de
creación del ente especializado, subsiste la obligación de tramitar adecuadamente las solicitudes
y en caso de denegatoria, omisión, negligencia, o arbitrariedad, es posible controlar los rechazos
injustificados de información por dos vías:
a) si dicho rechazo se produce en violación de alguna disposición establecida en la LAIP o de
forma arbitraria, se podrá recurrir por la vía del proceso contencioso administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, encargada de la revisión
judicial de los actos con carácter de definitivos, emitidos por autoridades administrativas, ya que
al no existir el ente que deberá conocer los recursos, la vía administrativa queda agotada con la
negativa a otorgar la información por parte del ente público involucrado; y
b) dado que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho a la información es un
derecho fundamental de la población constitucionalmente protegido (Sentencia de
inconstitucionalidad 1-2010/27-2010/28-2010 del 25.08.2010), las denegatorias de información
podrían impugnarse en un amparo constitucional por la persona directamente afectada. No
obstante, estos mecanismos no son igual de eficientes que el recurso ad hoc que establece la
LAIP, tanto por el tiempo que requieren, la necesidad de asesoría de un letrado y la especialidad
del tribunal.

54

propuestas, debió ampliarse. El día sábado 28 de enero de 2012, se llevaron a
cabo las asambleas generales de los sectores de manera controlada y
transparente, garantizando lo establecido en la LAIP, su Reglamento y los
distintos instructivos que al efecto se emitieron por las entidades encargadas. En
todas las elecciones se contó con observadores que verificaron las condiciones
y resultados de las elecciones, lo cual fortaleció el proceso. A su vez, personal
de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción estuvo presente para
colaborar con las controversias en torno a los procedimientos.

El 2 de febrero de 2012, el Presidente de la República recibió un listado con 30
candidatos a comisionados propietarios y suplentes al IAIP36. La ley le concede
30 días para hacer su selección por lo que el plazo para hacer los
nombramientos vencía el 5 de marzo de 2012, plazo que fue incumplido.
Posteriormente, la STA inició un proceso de entrevistas con los candidatos
propietarios y suplentes con el objeto de preseleccionar una lista que sería
presentada al Presidente Funes. Los resultados de estas entrevistas sirvieron
para que la STA diera sus recomendaciones al Presidente pero no se hicieron
públicas. El proceso fue cuestionado por varias organizaciones sindicales
agrupadas bajo la Central de Trabajadores Democráticos, CTD, acusando de un
manejo irresponsable del proceso y que el proceso de entrevistas tenía por
objetivo cuestionar la postura política de los candidatos y no necesariamente su
conocimiento en la materia37.

Por más de sesenta días el Presidente de la República permaneció sin actuar en
relación al nombramiento de los comisionados del IAIP, incluso tras la entrada
en vigencia de la ley el 8 de mayo de 2012. Ello condujo a que, el 11 de mayo de
2012, representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaran una
demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional por la omisión del
Presidente de la República de hacer los nombramientos de los miembros del
IAIP con lo que consideraron vulnerados sus derechos a la protección no
jurisdiccional y al acceso a la información pública.

Esa demanda se sumó a la planteada anteriormente por otro grupo de
ciudadanos reclamando la inconstitucionalidad del Reglamento de la LAIP,
basados en que el Presidente se extralimita en su potestad reglamentaria al
incluir nuevas y amplísimas causas de reserva de información pública y por
autoatribuirse la potestad de rechazar las ternas de candidatos presentadas por
los sectores facultados por la ley. En ese sentido, el día en que se presentó el
referido amparo, se dio a conocer que el Presidente Funes había rechazado
todas las ternas de comisionados para el IAIP, haciendo uso de esa prerrogativa

36
Menjívar, Valeria, (3 de febrero de 2012). Presidente ya tiene 30 candidatos para el IAIP. La
Prensa Gráfica. Recuperado el 15 de febrero de 2012 de: http://www.laprensagrafica.com/el-
salvador/politica/246856-presidente-ya-tiene-30-candidatos-para-el-iaip.html
37
Central de Trabajadores Democráticos. Comunicado de Prensa. Publicado el 16 de Mayo de
2012 en El Diario de Hoy. Recuperado el 30 de mayo de 2012 de:
http://www.transparenciaelsalvador.org/images/phocadownload/comunicadot.jpg

55

cuestionada. Según se expresó en un comunicado de prensa el Presidente
devolvió las ternas porque según su criterio los candidatos no cumplen con el
requisito de idoneidad y porque la Asamblea Legislativa no había creado una
partida presupuestaria para el IAIP38.

El Presidente de la República plasmó formalmente su decisión en 5 notas que
remitió a los titulares de las entidades que convocaron las elecciones. En las
mismas se limita a expresar que los candidatos a Comisionados propietarios y
suplentes al IAIP propuestos “no resultan idóneos para el desempeño de tan
importante función” y que “dada la importancia del Instituto mencionado, el
suscrito [Presidente] considera que las personas que deben conformarlo, deben
cumplir con un perfil que armonice con la responsabilidad que conlleva el estar
al frente de dicho organismo”. Sin embargo, no se conoce de algún análisis
pormenorizado de los candidatos. Todas las notas concluyen en la solicitud de
que se vuelvan a realizar la elección de las ternas, con base al Art. 73 del RLAIP
puesto que la ley nada dice sobre la posibilidad de rechazar las ternas.

En cuanto a la falta de presupuesto para el IAIP, debe señalarse que la LAIP
establece en su artículo 108 que el Presupuesto General de la Nación deberá
establecer una partida presupuestaria para la instalación, integración y
funcionamiento del IAIP. En la Ley de Presupuesto de 2012 se incumplió dicho
mandato al no incluir una partida para el IAIP, situación de la cual el Presidente
ha inculpado a la Asamblea Legislativa, mientras que los diputados han
señalado al Órgano Ejecutivo como responsable 39 . En realidad, ambos
intervienen tanto en el proceso de elaboración del presupuesto como en la
modificación de partidas presupuestarias, lo cual en este caso permitiría corregir
la situación del IAIP.

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, del cual
Fusades y Apes son parte, denunció el incumplimiento a la Ley de Acceso a la
Información Pública al no haberse constituido el IAIP ante los relatores de
libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue y
de la OEA, Catalina Botero. Asimismo, la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información envió una carta al Presidente Funes solicitándole
reconsiderar su decisión y proceder al nombramiento de los comisionados del
IAIP en base a las ternas que le hizo llegar la sociedad civil así como acompañar
la debida y completa implementación de la LAIP, por medio del fortalecimiento y
dotación al IAIP de los recursos necesarios para cumplir sus fines.

38
Comunicado de la Presidencia de la República del día 11 mayo 2012 “Presidente Funes
devuelve ternas para instituto de acceso por falta de idoneidad de candidatos”
http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/noticias/item/2421-11-mayo-2012-/-
presidente-funes-devuelve-ternas-para-instituto-de-acceso-por-falta-de-idoneidad-de-
candidatos.html
39
Romero, Fernando (15 de mayo de 2012). Diputados culpan a Funes por el IAIP. La Prensa
Gráfica. Pág. 14.

56

Al cierre de este informe no ha habido avances para realizar una nueva elección
de Comisionados. Asimismo, el Presidente de la República declaró que será
hasta en el presupuesto de 2013 que se asignará una partida para el IAIP40.
Asimismo, representantes de diversos sectores han declarado que actualmente
no existen las condiciones para que se lleven a cabo nuevas elecciones de
candidatos puesto que no hay seguridad jurídica dentro del proceso41. Por tanto,
todas las partes se encuentran a la espera de lo que resuelva la Sala de lo
Constitucional, quien admitió la demanda de inconstitucionalidad el 20 de junio
de 2012 y la de amparo el 4 de julio de 2012.

Las consecuencias de no tener una entidad, como el IAIP, promoviendo la LAIP
se evidencia en los resultados de la encuesta realizada por la Cid Gallup
Latinoamérica (contratada por la STA), durante febrero y marzo de 2012, la cual
reveló que 8 de cada 10 adultos y 6 de cada 10 empresarios entrevistados
indican desconocer la LAIP y cómo reclamar negativas de información.
Asimismo, se reportaba una baja probabilidad de que se utilizara la ley. 42

En cuanto a la implementación de la ley podemos decir que hay casos en que
las entidades obligadas han cumplido satisfactoriamente algunas obligaciones
que establece la LAIP, la cual exige cambios importantes en el funcionamiento
de las instituciones y crea nuevas obligaciones para ellas. Por ejemplo: el
Ejecutivo ha creado cerca de 73 Oficinas de Información y Respuesta, OIR, las
cuales tiene incluso más funciones que las que establece la ley a las Unidades
de Acceso a la Información Pública, UAIP, ya que éstas también incorporan
funciones como recibir quejas y denuncias, incluso indicando al ciudadano si
debe ir a otra institución y generan espacios de participación ciudadana.
Asimismo, se han creado de ventanillas de acceso a la información en las
oficinas de gobernaciones departamentales lo cual permite extender el alcance
del acceso a la información pública a un costo menor que el que implicaría abrir
oficinas de información delegadas por cada entidad que tenga cobertura
nacional. Asimismo, los Órganos Legislativo y Judicial, el Ministerio Público,
entre otros organismos han creado sus propias oficinas de información. Se han
hecho esfuerzos también por llenar de contenido diversas páginas web
institucionales creando apartados especiales o portales de transparencia.

Sin embargo, es evidente la falta de preparación por parte de varias entidades
públicas, sobre todo entre las municipalidades, sobre todo en el caso de las
municipalidades. Así lo corrobora un estudio realizado por el Movimiento
Ciudadanía Activa por el Desarrollo Territorial con el apoyo de Iniciativa Social
para la Democracia en el que se evaluaron 30 alcaldías con posterioridad a la

40
Soriano, Antonio (6 de junio de 2012). Ente de acceso a la información será hasta 2013. El
Mundo. Pág. 8.
41
Urquilla, Katien (6 de junio de 2012). Choque entre Funes y ANEP por instituto transparencia.
El Diario de Hoy. Págs. 2 -3.
42
CID Gallup Latinoamérica (Abril de 2012). Investigación sobre la Tipología de la Información
Pública relevante para distintos Sectores de la población. Recuperado el 1 de junio de 2012 de:
http://www.gobiernotransparente.gob.sv/publicaciones.php

57

entrada en vigencia de la ley. Los resultados fueron preocupantes: 84% de las
municipalidades no tenían unidades de acceso a la información; un 40% de las
alcaldías requirieron justificación de las solicitudes de información; en más del
80% de municipalidades no se brinda asistencia al usuario ni se menciona la
LAIP, sólo un 4% tenían formularios para solicitudes de información y en 70% de
los casos se negó la información. Según el informe, algunas razones dadas para
negar la información ni siquiera figuran en la ley: porque no hay UAIP (57%), no
se sabe quién la tiene (13%); también se justifica por la inexistencia de la
información (22%) y porque la información es confidencial (4%).

La STA presentó a mediados de junio de 2012 un ranking de los de los sitios
web institucionales del Órgano Ejecutivo que evaluó la información oficiosa que
publican 63 entidades (Presidencia de la República, 13 ministerios y 49
instituciones autónomas)43. Se valoró el cumplimiento de 31 estándares que se
subdividen en cinco marcos temáticos: marco normativo, marco de gestión
estratégica, marco presupuestario, información de la oficina de información y
respuesta, OIR, y lo referente a la Participación Ciudadana. El ranking coloca en
la primera posición a 22 instituciones que han cumplido en un 100% con los
estándares del ranking. Por el contrario, la entidad en la última posición, el
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, únicamente
cumplió con un 8%. En general las entidades cumplen en mayor grado las
exigencias de transparencia del marco normativo y lo que más incumplen es el
marco presupuestario. La STA también realizó una evaluación de las páginas
web de otras entidades públicas. El Órgano Judicial y la Unidad Técnica del
Sector Justicia, que está adscrita al primero, obtienen los dos primeros lugares y
el tercer lugar está ocupado por el Órgano Ejecutivo promediado. En el último
lugar, se encontró la Universidad de El Salvador que obtiene un 0%.


o Membresía

El Salvador fue invitado a participar de la Alianza de Gobierno Abierto, al
encontrarse que cumplía con requisitos mínimos de elegibilidad44, colocándose
dentro de los 80 países seleccionados para participar. El Salvador obtuvo 12
puntos de 16 posibles en la evaluación de criterios de elegibilidad de OGP,
señalándose como fortalezas el acceso a la información- por contar con una
legislación en la materia -, y la participación ciudadana -según es evaluada por
el Índice de la Democracia del Economist Intelligence Unit, en su indicador de
“Libertades Civiles”-.

43
Chávez, Miriam (14 de junio de 2012). Las instituciones más transparentes. Transparencia
Activa. Recuperada el 22 de junio de http://www.transparenciaactiva.gob.sv/laip/2012/06/las-
instituciones-mas-transparentes/
44 http://www.opengovpartnership.org/eligibility

58

Las debilidades encontradas fueron la falta de publicación de los informes de
auditoría y la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales de los
funcionarios públicos y políticos.45

En septiembre de 2011, El Salvador envió una carta de intención para participar
en OGP y según la página oficial es parte de dicha Alianza desde el 20 de
septiembre de 2011. 46

El Gobierno de El Salvador presentó el 17 de abril de 2012 el borrador de su
Plan de Acción en la Reunión Anual de OGP celebrada en Brasilia. De todos
modos, si bien suscribió la Declaración de Gobierno Abierto, quedó pendiente la
presentación de los compromisos definitivos.

o Compromisos

El borrador de Plan de Acción fue elaborado por la STA, siendo derivado de la
consulta pública que ha llevado a cabo de una Política de Transparencia y
Anticorrupción. El documento que fue presentado en Brasilia por el
Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, debe ser
sometido a una nueva consulta pública específica sobre el Plan de Acción para
AGA. Sin embargo, a la fecha no ha habido avances en ese sentido. En cambio,
los esfuerzos se han concentrado principalmente en los siguientes temas: la
visita in situ del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, Mesicic, en marzo de 2012; la
entrada en vigencia de la LAIP en mayo de 2012; y la visita in situ del
Mecanismo de Revisión para la Implementación de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción en julio de 2012. No obstante lo anterior,
debe señalarse que es importante que se cumplan adecuadamente los
compromisos que adquiere el país.

El Plan de Acción de El Salvador ha estado vinculado con una Política de
Transparencia que también ha estado creando el Gobierno de El Salvador de
manera paralela y que, en el momento de la reunión en Brasilia, aún se
encontraba en etapa de consultas públicas. La política abordaría los
compromisos de El Salvador en OGP y también en las convenciones contra la
corrupción de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de
las Naciones Unidas. La limitación es que ella únicamente abarcaría al Gobierno
Central. Se conoce que dicha Política ya ha sido preparada pero aún no ha sido
aprobada internamente. Sería con posterioridad que se discutiría propiamente el
Plan de Acción.

45
Open Government Partnership (2011). Eligibility. About. . Recuperado el 30 de septiembre de
2011, de http://www.opengovpartnership.org/eligibility
46
Open Government Partnership (2012). El Salvador. Country Commitments. Recuperado el 27
de julio de 2012, de http://www.opengovpartnership.org/countries/el-salvador

59

El documento que presentó el Gobierno de El Salvador en Brasilia debe
entenderse como un borrador y no como el Plan de Acción definitivo, puesto que
falta una consulta propia que dote de mayor concreción a los compromisos que
contiene. Fue en esos términos que lo presentó el Subsecretario de
Transparencia y Anticorrupción de El Salvador en la reunión anual de OGP, y
también, en esos términos se ha redactado un documento que abunda sobre
antecedentes; 3 de las 5 y media páginas se destinan al análisis de los altos
niveles de percepción de corrupción en El Salvador.

Los objetivos que se persiguen en el plan son los siguientes: “adoptar medidas
que permitan que el país continúe avanzando en la transparencia y, de esta
manera, fortalecer las prácticas existentes para prevenir y combatir la
corrupción, garantizar el acceso a la información, administrar los fondos
públicos, promover la integridad en los sectores público y privado, promover la
participación ciudadana, y prestar servicios públicos”47. Los medios para ello
son: la mejora de medidas en curso, participación de actores públicos y privados
y la aplicación de nuevas tecnologías de información.

Son 21 compromisos los que se asumen en el Plan de Acción, según los
presentamos en la siguiente tabla.

Tabla 1. Compromisos del Gobierno de El Salvador en el Plan de Acción de OGP.

Metas Compromisos Plazo
Aumentar la Apertura de Oficinas de Información y Respuesta en todas Diciembre 2012
disponibilidad de las instituciones del Órgano Ejecutivo.
información sobre
las actividades Apertura de 14 Oficinas de Información y Respuesta en 14 Diciembre 2012
gubernamentales Gobernaciones, otras en oficinas regionales y
departamentales de otras carteras de Estado.

Reforma de ley para OBUDSMAN y derecho de respuesta. Diciembre 2012
Divulgación de Cartas de Derechos de los usuarios. Diciembre 2012
Monitoreo ciudadano a los servicios públicos (“El peor Diciembre 2012
trámite de mi vida”) y mejora de los principales servicios en
60 días.

Desarrollo de un programa de educación a distancia para Diciembre 2013
aumentar la capacidad de los funcionarios públicos sobre la
cuestión del acceso a la información.

Apoyar la Mejorar cada año los ejercicios de rendición de cuentas de Hasta mayo de
participación forma que se convierta en una cultura institucional y un 2014
ciudadana y las compromiso irreversible para los siguientes gobiernos.
rendiciones de
cuentas Ampliar los ejercicios de rendición de cuentas a los Hasta mayo de
Gabinetes de Gestión Departamental. 2014
Implementar los Pactos de Integridad en proyectos Hasta mayo de
emblemáticos del Gobierno. 2014

47
Plan de Acción del Gobierno de El Salvador para la Alianza de Gobierno Abierto (OGP).

60

Sistema público-privado de asistencia legal a los ciudadanos Diciembre 2012
dentro de cada institución gubernamental. Se creará en
alianza con el sector privado, el sector académico y la
sociedad civil.
Estudio y presentación pública de casos emblemáticos de Hasta mayo de
corrupción. 2014
Agilización y transparencia en procesos de inversión pública. Hasta mayo de
2014
Formación de comités de auditoría y profesionalizadas las Diciembre 2013
Unidades de Auditoría Interna del Órgano Ejecutivo en
temas específicos enfocados al combate a la corrupción,
como son detección de fraude, auditoría forense, procesos
de compras, preparación de planes de trabajo bajo el
Fortalecimiento de enfoque de riesgo, tipificación de un acto administrativo
auditoría interna y como delito penal, etc.
estándares de Promover una Ley de partidos políticos con regulación de la Hasta mayo de
integridad publicidad electoral. 2014
En coordinación con el Ministerio de Trabajo, establecido un Hasta mayo de
servicio de intermediación de empleo que se vuelve de 2014
obligatorio uso para todas las entidades del Órgano
Ejecutivo al momento de contratar a los empleados públicos
(ya sean bajo la modalidad de contrato o ley de salarios),
cuyo objetivo sea transparentar y volver lo más objetivos
posibles estos procesos.
Apoyar el uso de Apertura del portal Transparencia Fiscal con información Diciembre 2012
las nuevas sobre ingreso y evolución de gasto.
tecnologías para la
transparencia y Publicar un Ranking de Banca Privada (con información Diciembre 2012
acceso a la sobre las comisiones, requisitos, intereses) para apoyar
información decisión razonada de la población.

Publicación de catálogo de proyectos prioritarios del Diciembre 2012
gobierno, con información consolidada en portal Gobierno
Transparente.

Ampliación de E-regulations que beneficie inversión Diciembre 2012
internacional.
Crear un espacio electrónico dentro del Portal Único de Diciembre 2012
Transparencia llamado “Transparencia Focalizada”, a través
del cual el Gobierno brinde información de utilidad al
ciudadano en relación a productos, trámites, precio, calidad
y servicios.

Periódico digital “Transparencia Activa”, que contendrá: a) Mayo 2012
Notas con información que proporcionarán las instituciones
del Órgano Ejecutivo a través de sus oficinas de
comunicaciones; b) Notas aclaratorias para corregir
distorsiones informativas; y c) Investigaciones propias sobre
cualquier tema de agenda.

Los compromisos propuestos son, en su mayoría, positivos, aunque muchos
consisten en mejorar acciones o procesos en curso, o que ya son obligaciones
legales. Entre los aspectos positivos se encuentra que uno de los ejes centrales
es el acceso a la información pública. Entre los aspectos negativos se puede
señalar que los compromisos son, en su mayoría, muy generales y abstractos y
no se asigna un responsable, lo que dificultará la evaluación de su cumplimiento.

61

Tampoco se hace una relación entre la consulta realizada a la ciudadanía y los
compromisos adoptados, por lo que no se sabe en qué manera estos responden
a las necesidades y demandas ciudadanas. Otra carencia del Plan de Acción
propuesto es que no aborda los temas que el mismo OGP evaluó como
deficitarios a la hora de integrar a El Salvador en la iniciativa, estos son: un
esquema de declaraciones patrimoniales efectivo y transparente y la publicidad
de los informes de auditoría que emite la Corte de Cuentas de la República.

o Sociedad Civil

La sociedad civil ha monitoreado los avances del OGP pero no ha jugado hasta
la fecha un rol protagónico exigiendo mayores avances en esta materia. Las
organizaciones de la sociedad civil participaron en grupos focales convocados
por la STA a inicios del año sobre la “Política de Transparencia y
Anticorrupción”. Si bien la STA abrió un portal de consulta en línea para esta
política, dicha herramienta no tuvo mayor eco entre la sociedad civil. Asimismo,
ha faltado, por parte del Ejecutivo, incentivar una mayor participación de la
sociedad civil. En ese sentido, no se han organizado foros o consultas
específicas sobre el OGP, a diferencia de lo hecho en el caso de las visitas in
situ de los mecanismos de seguimiento de las convenciones anticorrupción.

Por otro lado, los medios no han dado mayor cobertura a los avances o
estancamientos en OGP. Por tanto, el tema no es de conocimiento general entre
las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas.

Debemos recalcar que la preocupación de la sociedad civil ha estado enfocada
en problemas gravísimos de debilitamiento del Estado de Derecho como ha sido
el incumplimiento de sentencias de la Sala de lo Constitucional, el rechazo de
las ternas al IAIP por parte del Presidente de la República y la omisión por más
de 10 meses de hacer los nombramientos de los miembros del Tribunal de Ética
Gubernamental, dejando a esta entidad sin capacidad de actuar. Tal ha sido el
incumplimiento de las normas existentes que no ha sido prioritario impulsar la
adopción de nuevos compromisos.

No obstante, Fusades y Apes, como organizaciones miembro de la Alianza
Regional, que ha adoptado el OGP como tema estratégico, continuarán
vigilantes de los avances y retrocesos que tenga el Gobierno de El Salvador
ante el OGP. Asimismo, se visualiza que otras organizaciones, como las
integrantes del Grupo Promotor se interesen en la Alianza, como un vehículo
para promover la garantía del derecho de acceso a la información pública.

 DATOS ABIERTOS

El tema de datos abiertos no ha tenido desarrollo en El Salvador. En la ley de
acceso a la información se incorporó en el Art. 10 que “cuando se tratare de

62

información estadística, la información deberá ser publicada de forma completa y
desglosada, incorporando los indicadores de sexo y edad y cualquier otro que
permita que el ciudadano pueda ser correctamente informado”. Sin embargo, no
se ahondó de mayor manera en la capacidad de reutilizar esos datos por parte
de la ciudadanía.

En un futuro cercano, deberían de estar disponibles en formatos reutilizables los
datos de los censos (que en cierta medida lo han estado), información sobre el
presupuesto (la entidades están publicando sus presupuestos en PDF), entre
otra de utilidad.

63

ABIERTO (OGP) EN GUATEMALA
Acción Ciudadana
Presidente: Manfredo Marroquín
Coordinador de Proyectos: Marvin Leonel Flores


En Guatemala, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), Decreto No.
57-2008 del Congreso de la República, la cual entró en vigencia el 21 de abril de
2009, es la norma que garantiza el acceso a la información publica en el país.

El procedimiento de formulación de la mencionada ley fue acompañado por la
Asociación Acción Ciudadana. Asimismo, se contó con asesoría de expertos
mexicanos y argentinos. Es una ley moderna, establece procedimientos sencillos
y se basa en los principios de rapidez, sencillez y (artículo 3 de la Ley).

Dicha ley establece los sujetos activos y pasivos, procedimientos, sanciones
penales y multas pecuniarias, procedimientos para clasificación de información
de carácter confidencial e información de carácter reservado, las obligaciones y
funciones de las unidades de acceso a la información pública, así como también
mandata el informe anual que los sujetos obligados deben presentar ante la
Procuraduría de los Derechos Humanos como ente encargado de velar por el
cumplimiento de la ley.

información durante el último año en Guatemala

Uno de los principales logros en el ultimo año ha sido que la sociedad ha
comenzado a entender e internalizar que el acceso a la información pública es
un derecho ciudadano fundamental, y que no depende de la voluntad de los
funcionarios y empleados públicos el hacer entrega de la misma.

Otro logro es que algunas instituciones del Estado han desarrollado una
institucionalidad publica que responde de manera eficiente a las solicitudes de
información pública y a los otros mandatos que establece la Ley de Acceso a la
Información Pública.

Los retrocesos se concentran en que varios sujetos obligados (fondos sociales,
Consejos Departamentales de Desarrollo, algunos gobiernos municipales y
algunas instituciones descentralizadas y autónomas), luego del cambio de
gobierno y el consecuente relevo de las altas autoridades directivas y

64

gerenciales, han incumplido con algunos mandatos de la Ley de Acceso a la
Información Pública, ya que en algunos casos: no mantienen activa la unidad de
acceso a la información pública; cuentan con personal no calificado en los
puestos vinculados a la gestión de información pública; el manejo de archivos es
ineficiente, la información en sus paginas web se encuentra desactualizada (esto
último con especial énfasis de la información pública de oficio que mandata el
articulo 10 de la Ley), se declara información de carácter reservado cuando esta
no procede y en algunos casos se constata el incumplimiento de entrega de
información. Una de las principales causales de lo anterior es la obsolescencia,
atomización e inaplicabilidad del marco regulatorio del servicio civil en el país.

Uno de los principales retos lo sigue constituyendo el hecho que entidades
privadas que ejecutan recursos públicos –fideicomisos, cooperativas,
organizaciones no gubernamentales, etc- no han cumplido con la Ley de Acceso
a la Información Pública. En el caso de los fideicomisos se siguen excusando en
el secreto bancario para no hacer entrega de información que les es solicitada
de manera directa, a pesar de que dicha información se refiere a los flujos
financieros de recursos públicos fideicometidos.

Los actores de sociedad civil que más han reaccionado ante violaciones al
derecho de libre acceso a la información pública son los medios de
comunicación. Sin embargo los casos raramente llegan a la judicialización. En el
caso de la sociedad civil, especialmente a nivel rural y de bajos recursos el reto
lo sigue constituyendo que conozcan plenamente dicha ley y que tomen
acciones proactivas para hacer cumplir dicho derecho.


o Membresía

El gobierno ha suscrito el compromiso para ser parte del OGP y esta haciendo
algunos esfuerzos (aunque poco coordinados, efectivos, sin prioridad y sin una
política nacional de transparencia y anticorrupción que los guie y respalde) para
darle cumplimiento a los compromisos asumidos en su plan de acción de fecha
abril del presente año.

A nuestro criterio la principal dificultad que ha tenido esta administración de
gobierno (igual que las anteriores), la cual tomo posesión el 14 de enero de
2012, ha sido el desconocimiento de esta y otras iniciativas de transparencia
(CoST, EITI, CICC, CNUC, etc,); lo cual conllevo un proceso atropellado para
redactar y asumir los compromisos contenidos en su plan de fecha 9 de abril de
2012.

Desconocemos a cabalidad el proceso que condujo a la incorporación del
gobierno a la iniciativa OGP. De manera general se puede mencionar que la

65

nueva administración de gobierno ha realizado algunas acciones pro
transparencia en base a la presión social, la inercia (aunque escasa) de la
administración anterior y por el hecho de los compromisos asumidos. Han tenido
que ir asumiendo y respondiendo por los procesos y compromisos, conforme
estos se las han ido presentado y exigido resultado.

o Compromisos

A pesar de que el plan de acción presentado por el gobierno identifica de
manera acertada varios desafíos, así como algunos esfuerzos (unos
efectivamente cumplidos aunque sea de manera formal); los compromisos son
escasos y escuetos en relación a dichos desafíos y esfuerzos.

De los tres compromisos48 asumidos no existe avance en los identificados con
los numerales uno y dos. En cuanto al numeral tres el Organismo Ejecutivo
finalmente retomó las iniciativas CoST y EITI. Carecemos de noticias fidedignas
en cuanto a los posibles avances de la iniciativa STAR, aunque sabemos de
algunas acciones incipientes.

Uno de los avances, aunque no explicitado en el capitulo tres del plan relativo a
los compromisos, es la presentación ante el Congreso de la República de un
paquete de leyes que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y
buscan castigar los actos de corrupción de forma más enérgica. El resultado
final de dicho intento dependerá del Congreso de la República, en el que a pesar
de que el partido oficial cuenta con una bancada numerosa de diputados y
partidos aliados, la bancada oficial esta fraccionada en tres corrientes; tanto
ellos como sus aliados no tienen voluntad política para que la agenda legislativa
anticorrupción avance, tal como lo demuestran las recientes votaciones para
aprobar la normativa que tipifica el enriquecimiento ilícito, el testaferrato, el uso
de información privilegiada, el cobro y recepción ilegal de comisiones, el trafico
de influencias, etc. A pesar de que lo anterior no tiene vinculación directa con el
acceso a la información pública per se, si garantizaría que el acceso a la
información pública como un medio y no un fin, no quedará simplemente en el
fin, sino efectivamente en el medio para detectar, prevenir y sancionar practicas
corruptas.

La creación de la Secretaría de Control y Transparencia ha sido efectivamente
creada, pero hasta la fecha no se conoce del resultado de sus acciones
concretas, más allá de algunos casos ventilados en los medios de comunicación,
a nuestro criterio más motivados por intereses políticos de la Vicepresidencia de
la República (autoridad encargada del tema).

Los puntos 3 y 4 del capitulo dos del plan (esfuerzos) no han avanzado en lo
absoluto. En el punto tres no se registra ningún avance ya que no existen

48
Ver compromisos en:
http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/country_action_plans/
Guatemala%20OPG%20Action%20Plan%20%2009.04.12.pdf

66

cambios en el tema del servicio civil. En el punto 4 relativo a gobierno electrónico
se presenta un estancamiento, no existe ningún avance en cuanto a lo
implementado por la administración anterior de gobierno.

En cuanto al órgano garante del acceso a la información pública, existen muchas
expectativas que el nuevo Ombudsman le de un giro de acción a la Procuraduría
de Derechos Humanos, para que esta sea más proactiva en promover y
defender el derecho de Acceso a la Información Pública. Acción Ciudadana ya
ha tenido acercamientos con las nuevas autoridades y estas han mostrado su
interés y anuencia en impulsar estas y otras acciones en pro de la transparencia
y la lucha contra la corrupción.

o Sociedad Civil

En el caso de la nueva administración de gobierno, Acción Ciudadana instó a las
nuevas autoridades y funcionarios a que dieran seguimiento a esta iniciativa, ya
que se desconocían algunos de sus mecanismos y procedimientos. Vale la pena
decir que lo mismo sucedió en iniciativas como CoST, EITI, CICC y CNUC.

Aunque las acciones de Acción Ciudadana siempre se encaminan al
acompañamiento y fortalecimiento institucional de la institucionalidad pública,
estas no siempre son recibidas, valoradas o tomadas en cuenta por razones
propias del accionar político a nivel de las esferas gubernamentales.

Acción Ciudadana desarrolla un proceso permanente de evaluación de las
acciones, normas, procesos e instrumentos pro transparencia que emanen
desde los tres poderes del Estado, mediante la ejecución de sus diversos
proyectos vinculados a los temas de gasto e inversión social, sistema de justicia,
Congreso de la República. Particular importancia tiene el Centro de Asistencia
Legal en Casos de Corrupción –ALAC por sus siglas en inglés-, equipo que da
asistencia legal y seguimiento político en casos de denegatorias de información
publica.

 DATOS ABIERTOS

En los ocho meses de la nueva administración de gobierno no han existido
mayores avances en el tema, al igual que sucedió con el gobierno del período
2008 – 2011. Los portales electrónicos a pesar de que continúan registrando la
información financiera, presupuestaria y de obra pública de los consecutivos
ejercicios presupuestarios, no han sido innovados. El mejor ejemplo es el
sistema www.guatecompras.gt cuyo desarrollo a nivel de software no ha
avanzado a las subsiguientes fases previstas.

No existen avances en otras áreas. Por ejemplo la SECYT (Secretaría de
Control y Transparencia de la Vicepresidencia) no ha realizado acciones en pro
del acceso a la información pública. Menos aun utilizando dicho mecanismo y

67

derecho ciudadano como un instrumento de prevención de actos de corrupción,
auditoria social, etc., o el solo hecho de difundir la existencia de ese cuerpo legal
y sus amplios usos a nivel de la sociedad civil, el mercado, la sociedad política y
dentro del mismo Estado (capacitaciones a funcionarios y empleados públicos,
etc.)

En cuanto a los datos que, según su Acción Ciudadana, deberían, en un futuro
cercano, estar disponibles en formatos reutilizables debería estar relacionada
con la información pública de oficio que establece el artículo 10 de la Ley de
Acceso a la Información Pública (información pública de oficio).

68

ABIERTO (OGP) EN HONDURAS
Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF)
Director Ejecutivo: José León Aguilar
Asesor técnico: José Filadelfo Martínez


En Honduras el derecho de acceso a la información pública se encuentra
regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobada según Decreto Legislativo Nº 170-2006 publicado en el diario oficial La
Gaceta el 30 de diciembre de 2006, fecha en la que entró en vigencia.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública define las
instituciones obligadas a brindar información de manera amplia. Asimismo, la ley
determina la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
como órgano encargado de dar cumplimiento a la Política Nacional de
Transparencia. Dicho Instituto es el órgano garante del derecho al acceso a la
información pública.

información durante el último año en Honduras

En cuanto a los retrocesos en materia de acceso a la información publica, es
conveniente destacar que la gestión de los comisionados del Instituto de Acceso
a la Información Pública ha sido deficiente y marcada por el sectarismo político.
Los conflictos internos entre los comisionados llevaron a la renuncia de una de
sus miembros que fue inmediatamente sustituida por el Congreso Nacional, sin
que por ello, terminaran los desacuerdos y las denuncias de la contratación de
personal por su manifiesta filiación a dos partidos políticos.49

De acuerdo con el Informe Anual de Transparencia 2011 del Consejo Nacional
Anticorrupción, el IAIP es conocido por el 38,4% de la población y su nivel de
confianza es de apenas un 20%.

Asimismo, cabe señalar que la resolución Nº 0018-2008 del IAIP, a solicitud de
la Secretaría de Finanzas, declaró como información reservada el proyecto de
Presupuesto General de la República en tanto no haya sido enviado al Congreso
Nacional. Diversas organizaciones de sociedad civil han expresado su malestar

49
El 8 agosto de 2012, el Congreso Nacional eligió, para un período de cinco años, tres nuevos
comisionados en un proceso muy cuestionado por las organizaciones de sociedad civil por el
sectarismo político y la exclusión como candidatos a profesionales del periodismo por no tener
10 años de ser empleados públicos. El artículo 10 de la Ley habla de 10 años de servicio público.

69

porque el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) no está
disponible para el público.

En cuanto al rol de las organizaciones de la sociedad civil, “El Foro Social de la
Deuda Externa” monitorea la transparencia en la formulación presupuestaria,
mientras que “Transformemos Honduras” vigila el proceso de concurso y
contratación de docentes a través de un observatorio. En tanto que la Fundación
Democracia sin Fronteras presenta su informe anual de la gestión parlamentaria
que incluye la partida del Fondo Departamental para el Desarrollo que
administran los diputados.

Un informe del Comisionado de Derechos Humanos revela que desde el 2003 a
la fecha, perdieron la vida en circunstancias violentas 32 personas ligadas a los
medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y dueños de
medios.

Además, se establece que entre el 2006 y el 2007 al menos 23 periodistas
fueron objeto de querellas, de las cuales cinco terminaron en sentencias en los
tribunales de la república.

Otro hallazgo de los informes del CONADEH es que entre el 2006 y el 2011
alrededor de 59 periodistas fueron objeto de persecución, amenazas e
intimidación y 57, víctimas de agresiones físicas y lesiones y, al menos, cinco
fueron víctimas de atentados que pusieron en riesgo su vida.

A lo anterior se añade que alrededor de 16 periodistas, camarógrafos y
fotógrafos fueron detenidos por las autoridades policiales en diferentes eventos.

Siempre en el mismo período, se registraron 17 atentados contra medios de
comunicación, dos fueron cerrados temporalmente, además, un medio de
comunicación fue expropiado por el actual gobierno.

Entre las victimas podemos mencionar a Angel Villatoro, Alfredo Landaverde y
Antonio Trejo considerados graves retrocesos en materia de libertad de
expresión y derechos humanos.50


o Membresía

Durante la Convención de Naciones Unidas en septiembre de 2011, Honduras

50
http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/130-periodistas-no-deben-ser-objeto-de-
persecucion-amenazas-ni-represion

70

se ha sumado a la Alianza de Gobierno Abierto (OGP). La iniciativa esta a cargo
de la designada presidencia y Secretaria del Despacho Presidencial, María
Antonieta Guillen.

Previamente el Gobierno de Honduras había cumplido con requisitos para
formar parte de la iniciativa, entre ellos:
• La aprobación del Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
según Decreto Ejecutivo Nº PCM 052-2011
• La creación de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control
Interno (ONADICI).

En esta iniciativa participan además, el Consejo Nacional Anticorrupción y el
IAIP.

o Compromisos

Honduras cuenta con un Plan de Gobierno Abierto 2012. De todos modos, aún
cuando se ha realizado eventos de socialización del Plan de Gobierno Abierto, el
mismo no es suficientemente conocido por las organizaciones de sociedad civil.

El Gobierno de Honduras participó en la Primera Conferencia de OGP celebrada
en Brasil en abril de 2012, en donde se presentó un resumen de logros durante
los últimos seis años.

Se aprobó el Plan Nacional de Transparencia y Lucha Contra la corrupción que
establece metas claras y probablemente ambiciosas. Algo muy importante son
las Guías de Control Interno que tienen un débil reconocimiento por parte de la
sociedad civil.

En el Plan están comprometidos la Secretaría del Despacho Presidencial, el
Instituto de Acceso a la Información Pública, La Secretaría de Planificación, el
Consejo Nacional Anticorrupción, la Oficina Nacional para el Desarrollo del
Control Interno, el Tribunal Superior de Cuentas.

o Sociedad Civil

En general la participación de la sociedad civil en la incorporación de Honduras
al OGP ha sido débil y poco articulada, en gran medida porque el propio
gobierno comienza a poner en funcionamiento el Plan.

En líneas generales, cabe señalar que la Fundación Democracia sin Fronteras
ha monitoreado el Presupuesto Abierto, demandando mayor transparencia en la
política fiscal y ejecución del presupuesto público. Asimismo, una alianza de
organizaciones de sociedad civil ha jugado un papel activo en el seguimiento del
proceso de elección de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la

71

En particular, en relación al monitoreo del cumplimiento de los compromisos:
• Organizaciones como el Foro social de la Deuda Externa FOSDEH dan
seguimiento al presupuesto público.
• El Consejo Nacional Anticorrupción ha constituido una plataforma de
monitoreo al IAIP.

 DATOS ABIERTOS

El IAIP dispone de datos estadísticos en su página web sobre acceso a la
información.

En cuanto a los datos que deberían estar disponibles, se puede mencionar la
ejecución del presupuesto público por municipio.

72

ABIERTO (OGP) EN MÉXICO

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.
Director Ejecutivo: Miguel Pulido
Coordinadora de Transparencia y
Rendición de Cuentas: Haydeé Pérez Garrido


El derecho de acceso a la información se encuentra consagrado en el artículo
sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG)51 y 32 leyes estatales en la materia.

Hace más de 30 años que se logró el reconocimiento del acceso a la
información pública como un derecho fundamental en México, mediante la
adición al texto del artículo sexto constitucional de la siguiente frase: “el derecho
a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, fue hasta 2007
que el Constituyente dotó de contenido este artículo mediante una reforma que
elevó a rango constitucional los estándares y principios del derecho de acceso a
la información pública52.

Vale la pena mencionar que el artículo segundo transitorio del Decreto de la
reforma constitucional referida establece que a más tardar un año a partir de la
entrada en vigor de éste (20 de julio de 2007), la federación, los estados y el
Distrito Federal, tienen la obligación de expedir o reformar, según fuera el caso,
sus respectivas leyes en materia de acceso a la información pública y
transparencia para adecuarlas al nuevo ordenamiento constitucional.

Al incorporar este artículo en el Decreto de reforma, el Constituyente reconoce la
necesidad de cesar con las asimetrías e incongruencias que subsisten en las 32
leyes estatales y la ley federal. Es claro que al tratarse de un derecho
fundamental, el acceso a la información no debe tener modalidades distintas en
función de la situación geográfica, del partido que gobierne o de la voluntad del
gobernante en turno; cualquier persona debe tener la misma certeza jurídica
para ejercer su libertad de conocer los asuntos públicos. Para garantizar lo
anterior, es indispensable, aunque no suficiente, que las 33 leyes se
homologuen o mejor aún que se expida una Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información que regule el acceso ciudadano a la información pública
de manera concurrida entre la federación, las entidades federativas y los
municipios.

51
La LFTAIPG entró el vigor en 11 de junio de 2002. Se puede consultar aquí:
http://www.ifai.org.mx/transparencia/LFTAIPG.pdf
52
Se puede ver el decreto de reforma del artículo sexto constitucional de 2007 en el Anexo 1.

73

Lamentablemente, después cinco años, no se ha avanzado en ninguna de estas
dos opciones; particularmente el Poder Legislativo Federal no ha cumplido con
su obligación constitucional de reformar la LFTAIPG. En este tiempo se
presentaron algunas iniciativas de reforma de distintas fracciones parlamentarias
pero ninguna logró el consenso necesario para hacer realidad la reforma. Los
legisladores ocupados en otros debates y discusiones pusieron la transparencia
y el acceso a la información en segundo plano.

El contenido del artículo sexto constitucional, así como de la LFTAIPG puede
resumirse así:
• toda la información que manejan todos los gobiernos e instituciones
públicas en México es en principio pública, salvo las excepciones
señaladas en ley, que protegen los datos personales y la privacidad de la
persona;
• los procedimientos para garantizar el acceso a la información deben ser
expeditos y sustanciados ante órganos especializados e imparciales;
• la transparencia comienza a ser parte de la práctica incluso más allá de
las instituciones del Estado nacional hacia aquellos sujetos u organismos
que reciban dinero público.

Sin embargo, después de 10 años de implementación de la LFTAIPG y de 32
leyes locales en la materia, es indispensable llevar a cabo una segunda
generación de reformas en materia de acceso a la información para avanzar en
la consolidación del derecho a saber, los mecanismos de acceso y sus
instituciones, en beneficio de la ciudadanía. Esto implica fortalecer a los órganos
garantes y definir procesos más democráticos de selección de comisionados/as,
dotarlos de atribuciones legales para investigar a fondo las negativas de
información y asegurar su autonomía por la vía de la suficiencia presupuestaria.
Lograr un justo equilibrio entre la protección de datos personales y el derecho de
acceso a la información, asegurando que la discusión sobre qué datos son
privados y cuáles públicos sea resultado de un proceso deliberativo, abierto al
público y visto desde un contexto específico. También deben identificarse las
motivaciones que tienen los servidores públicos, y en general las instituciones
para no satisfacer las demandas de información, como exceso de carga laboral
o falta de recursos, para así eliminar limitantes a la transparencia y generar
incentivos para el respeto al derecho de acceso a la información sin que esto
afecte el derecho de acceso a la información. Lo mismo que avanzar en una
agenda sobre información de interés público que deba ser difundida de manera
proactiva, la prohibición de declarar inexistencias y la obligación de generar
información en contextos específicos, entre otros aspectos.

información durante el último año en México

México ha enfrentado complejos procesos de litigio sobre el acceso a la
información. Desde el año pasado a la fecha, se han resuelto importantes casos

74

que han confirmado el rol de los órganos garantes, el alcance del acceso a la
información en casos de violaciones graves a derechos humanos y la
inconstitucionalidad de una reforma al artículo 16 del Código Federal de
Procedimientos Penales que impide conocer la información sobre
averiguaciones previas.

Un conjunto de estos casos fue resuelto por la Corte en el llamado paquete de
Transparencia y Acceso a la Información. En su conjunto, en estos casos se
discutió sobre el principio de máxima publicidad (Caso SAT), la definitividad de
las resoluciones de los órganos garantes (Caso Campeche), la inclusión de las
universidades como sujetos obligados.

Otro aspecto a destacar es la participación de México en el OGP. Por su
importancia este tema se detalla en la siguiente sección.

 ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO (OGP)

o Membresía

México se incorpora a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) a raíz de una
invitación que recibiera del gobierno de Estados Unidos para formar parte del
Comité Directivo de esta iniciativa. Del mismo modo que los otros siete países
que conforman este Comité, México tuvo que cumplir con tres requisitos
mínimos para ser aceptado en septiembre de 2011:
• Primero, cumplir con 4 criterios de elegibilidad sobre transparencia fiscal,
acceso a la información y participación ciudadana;
• Segundo, suscribir la Declaración de Principios; y
• Por último, presentar un Plan de Acción con compromisos concretos para
avanzar en la transparencia y el combate a la corrupción, aumentar la
participación ciudadana en los asuntos públicos y el aprovechamiento de
nuevas tecnologías para fortalecer el buen gobierno.

Para la construcción del Plan de Acción mexicano, el Gobierno Federal realizó
una consulta a entidades y dependencias gubernamentales, así como a ocho
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la versión final del Plan que
presentó en septiembre de 2011 en Nueva York ante la comunidad internacional,
no fue avalada por la sociedad civil debido a la falta de compromisos puntuales y
de las propuestas realizadas por las propias organizaciones53.

Ante este escenario, en diciembre de 2011, se constituyó un Secretariado
Técnico Tripartita (STT) integrado por un representante de las organizaciones,
uno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IFAI) y uno de la Secretaría de la Función Pública (SFP). En dicho

53
El Plan de Acción Original presentado en septiembre de 2011 por el Gobierno Federal
mexicano se puede encontrarse en el Anexo 2.

75

Secretariado, cada integrante tiene voz y voto de forma paritaria. Esta instancia,
creada especialmente para coordinar los trabajos de OGP, estuvo encargada de
la elaboración de un nuevo plan de acción y actualmente es la responsable de
dar seguimiento a cada uno de los compromisos adoptados.

Después de cinco meses de trabajos y más de 40 sesiones entre distintas
dependencias y organizaciones de la sociedad civil, el 6 de junio de 2012, se
presentó el nuevo Plan de Acción Ampliado que recoge las propuestas originales
hechas por las organizaciones y se compone por 36 compromisos concretos
asumidos por distintas dependencias del gobierno federal que deberán ser
cumplidos a más tardar en septiembre de este año54.

o Compromisos

México cuenta con un Plan de Acción presentado por el Gobierno Federal en
septiembre de 2011 y un Plan de Acción Ampliado presentado por el Gobierno
Federal y 8 organizaciones de la sociedad civil en junio de 2012. En esta sección
se hará referencia únicamente al Plan de Acción Ampliado porque es el que
cuenta con compromisos concretos y medibles y, al que las organizaciones han
dado seguimiento en los últimos meses.

La mayor parte de las 36 acciones comprometidas por el Gobierno Federal están
relacionados con el derecho de acceso a la información pública. De hecho, se
podrían dividir en 3 categorías:
• La primera, estaría conformada por los compromisos encaminados a
lograr la generación de información de interés público en contextos
específicos;
• En segundo lugar, encontramos un conjunto de acciones enfocadas a
lograr la publicidad de información, que por su contenido, debería ser
pública, pero no lo es; y
• El tercer tipo se refiere a compromisos orientados a promover el acceso a
la información en formatos abiertos y a incentivar el uso de las
tecnologías de la información (calidad de la información).

Vale la pena enfatizar que estos 36 compromisos responden a las propuestas
realizadas por las 8 organizaciones de la sociedad civil que participan en OGP.
En la mayoría de los casos, las propuestas formuladas se basaron en el trabajo
de investigación e incidencia que cada una ha desarrollado desde hace muchos
años. Asimismo, son el resultado de un diálogo entre el gobierno y la sociedad
civil y se han alineado con las agendas de las organizaciones, a fin de
incrementar la generación, calidad y disponibilidad de la información pública
gubernamental.

54
El Plan de Acción Original presentado en junio de 2012 por el Gobierno Federal mexicanos y
organizaciones de la sociedad civil puede encontrarse en el Anexo 3.

76

En términos de los actores gubernamentales que llevaron la representación
inicial de México en OGP a nivel internacional y que, a su vez, coordinaron la
consulta con dependencias y entidades del gobierno y organizaciones de la
sociedad civil para la construcción del Plan de Acción, fueron el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Presidencia de la
República y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Posteriormente, la
SRE fue sustituida por la Secretaría de la Función Pública, particularmente por la
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de dicha
dependencia55.

Como se ha mencionado, a partir de diciembre de 2011, el órgano encargado de
del proceso de elaboración del Plan de Acción Ampliado fue el Secretariado
Técnico Tripartita (STT) integrado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación
como representante de las organizaciones de la sociedad civil que participan en
el proceso; por un representante del Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos, así como uno de la Secretaría de la Función Pública.
Esta instancia, creada especialmente para coordinar los trabajos de OGP,
estuvo encargada de la elaboración del Plan de Acción Ampliado a lo largo de
los últimos 5 meses y de ahora en adelante, será la responsable de dar
seguimiento a cada uno de los compromisos adoptados56.

La Presidencia de la República ha dado seguimiento al proceso de la Alianza
para el Gobierno Abierto. Sin embargo, su participación se ha activado a
solicitud del STT. Por ejemplo, para llevar a cabo la firma del Plan de Acción
Ampliado, el 30 de mayo de este año, el Grupo de Trabajo Ampliado, es decir, el
STT y las organizaciones sociales se reunieron con el Coordinador de Asesores
de Presidencia para que validara el nuevo plan y para solicitarle un oficio dirigido
a las dependencias y entidades públicas para instarlas a cumplir en tiempo y
forma con los compromisos establecidos en dicho Plan.

o Sociedad Civil

Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol muy determinante en
la Alianza para el Gobierno Abierto. Cabe señalar que esa participación no

55
El objetivo de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la
Secretaría de la Función Pública es el siguiente: involucrar a audiencias clave en la construcción
de una cultura de integridad, transparencia y combate a la corrupción mediante la sensibilización
sobre los costos de la corrupción y el papel del ciudadano en su control, la promoción de
herramientas de apoyo y la coordinación de esfuerzos en el marco de instrumentos
internacionales. En esta liga se puede encontrar más información sobre dicha unidad:
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidades-administrativas/unidad-de-politicas-de-
transparencia-y-cooperacion-internacional.html
56
En el Anexo 4 se pueden encontrar los lineamientos del Secretariado Técnico Tripartita y en
esta liga las minutas de las reuniones que se han realizado desde diciembre de 2012 a la fecha:
http://aga.org.mx/SitePages/EstamosHaciendo.aspx

77

estuvo relacionada con la promoción para la incorporación de México a la
Alianza, sino en el proceso posterior.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido importante en
varios sentidos. En primer lugar, debido a que se logro revertir el proceso e
incidir en la creación de un segundo plan de acción con compromisos
específicos y que retomara las propuestas hechas por las organizaciones. En
segundo, por la creación del STT y la participación de las organizaciones en el
mismo. Este proceso ha implicado una cantidad importante de recursos
humanos, materiales y financieros que las organizaciones no habían
contemplado. Sin embargo, las organizaciones han sabido adaptar sus agendas
para incorporar algunos de sus objetivos en la Alianza y presentarse ante el
gobierno como una sola voz, debido a la capacidad de lograr acuerdos.

Por ahora las organizaciones no tienen un panorama claro sobre los resultados
concretos de cada uno de los compromisos asumidos por las dependencias. Sin
embargo, las organizaciones que participan en esta iniciativa y, en particular,
Fundar, reconocen en esta alianza una plataforma que permite el
establecimiento de una nueva relación sociedad y gobierno a favor de la
transparencia y la rendición de cuentas.

OGP ha significado el inicio de un diálogo franco en donde gobierno y
organizaciones trabajan en conjunto para la construcción de una agenda común.
Este diálogo ha contribuido a generar mayor entendimiento entre las partes. Las
dependencias y entidades conocen mejor a las organizaciones, su agenda y
objetivos que persiguen. Las organizaciones, por su parte, comprenden mejor
los obstáculos y limitantes que el gobierno enfrenta para cumplir con las
propuestas.

Las ocho organizaciones de sociedad civil mexicanas que han participado en
OGP son: Artículo 19; Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC);
CitiVox; Cultura Ecológica; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Gestión
Social y Cooperación (GESOC);Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) y Transparencia Mexicana. Vale la pena mencionar que el IMCO es una
de las organizaciones que forman parte del Comité Directivo de OGP a nivel
internacional y, que Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es la
organización elegida para representar a las organizaciones en el STT.

Debido a que México es parte de los 8 países fundadores de la Alianza, tendría
que entregar su Reporte de Cumplimiento en febrero del 2013. Sin embargo,
debido al contexto nacional, es decir, al proceso electoral que se acaba de vivir y
al cambio de gobierno, se ha decido entregar este documento en septiembre de
este año y hacer una actualización a finales de noviembre.

De hecho, en este momento se encuentran elaborando el referido Reporte de
Cumplimiento. Las organizaciones se encuentran analizando la mejor manera de
plasmar el nivel de cumplimiento de cada uno de los compromisos en el reporte

78

de cumplimiento. Al día de hoy, no se ha tomado una decisión pero se
encuentran valorando evaluar tres aspectos: a) Disponibilidad y actitud del
gobierno, b) programa de trabajo específico y c) avances sobre planes de
trabajo.

 DATOS ABIERTOS

El tema de datos abiertos aún está sujeto a una conceptualización y el desarrollo
de instrumentos normativos que lo hagan operativo. Sin embargo, se van dando
algunos avances que conviene destacar, entre ellos:

• Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/
2011

• Página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP):
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/index.jsp

• Página de datos abiertos del IFAI;
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/homeOpenData.action

• Portal ciudadano de datos abiertos del Gobierno Federal:
www.gob.mx.

79

ABIERTO (OGP) EN NICARAGUA

Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FBVCH)
Directora Ejecutiva: Cristiana Chamorro
Coordinador del programa AIP: Guillermo Medrano


En Nicaragua el derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra
regulado por la Ley de Acceso a la Información Pública, Nº. 621, aprobada por la
Asamblea Nacional el día 16 de mayo del año 2007 y publicada en la Gaceta
Diario Oficial del 22 de junio 2007. Dicha ley norma, garantiza y promueve el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el país.

La Ley Nº. 621 regula a los cuatro Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y Electoral, en todas sus dependencias, nacional, departamental y
municipal. También se aplica a los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Municipales (Alcaldías).

La Ley mandata que en cada una de las dependencias del Estado, Gobierno.
Regional y Gobiernos Municipales se deberá crear una Oficina de Acceso a la
Información Pública, la cual funcionará de manera independiente y dependerá
directamente de la máxima autoridad de cada entidad estatal.

o Los principales avances y retrocesos en materia de acceso a la
información durante el último año en Nicaragua

En materia de acceso a la información pública, durante el último año, se
observan pocos avances, así como bastante desconocimiento de la Ley desde el
punto de vista de las Instituciones del Estado. A 5 años de aprobada la Ley de
Acceso a la Información Pública, en las instituciones del Estado, incluyendo los
Gobiernos Municipales, todavía no se encuentra la voluntad política para darle
cumplimiento.

Asimismo, es necesario señalar que los/as periodistas han sido intimidados en
su derecho a solicitar información pública, principalmente en los municipios. Las
Alcaldías e Instituciones del Estado que tienen presencia en los territorios
utilizan la política de cortar pautas publicitarias a todo aquel profesional de la
información que hace uso de la Ley57.

57
http://www.estasemana.tv/archivo/2011/mayo/743
http://es.rsf.org/nicaragua-una-campana-de-acoso-politico-y-10-10-2008,28892.html

80

Otra práctica del Estado relacionada con el secretismo de la información es la
negativa a dar entrevistas, conferencias o brindar información pública. Producto
de esta política del secreto que ha implementado el Gobierno en todas las
instituciones del Estado, existe un infundado temor entre los funcionarios
públicos de brindar información.

Por otra parte, las páginas Web de las instituciones del Estado y Gobiernos
Municipales no brindan el servicio al que están obligadas. Por el contrario, en
dichas páginas se encuentra gran cantidad de propaganda partidaria pero
escasa información institucional. Esto se traduce en un permanente
incumplimiento de la información de oficio que debe estar expuestas en los
portales electrónicos de todas las entidades públicas comprendidas en LAIP.

Asimismo, es necesario mencionar que en ningún Poder del Estado, ni en los
Gobiernos municipales y Regionales, se ha creado la Coordinación de Acceso
a la Información Pública, concebida como la segunda instancia, donde pueden
acudir los ciudadanos ante denegatorias de información pública. Es decir, ante la
negativa en una entidad del Estado; la Ley faculta para realizar una apelación
ante la máxima autoridad de esa institución (ministro). Frente al silencio y falta
de respuesta de esa autoridad, sólo aplica la vía judicial, en la sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

81

En lo que respecta al rol de las organizaciones de la sociedad civil con respecto
a los falencias señaladas, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha tomado
el liderazgo en la implementación de la Ley realizando, durante cinco años
consecutivos, diversas acciones para lograr una efectiva aplicación de la LAIP.
Estas acciones pueden resumirse en: la difusión de spots publicitarios 58 ,
seminarios, cursos con estudiantes universitarios, y la promoción y
acompañamiento a ciudadanos voluntarios que han demandado información en
las instituciones públicas.

De forma paralela, esta Fundación ha sensibilizado a miembros de los
Gobiernos Municipales, para intentar que en sus respectivos municipios se
cumpla la Ley de Acceso a la Información Pública (iniciando con la apertura de
las Oficinas de Acceso a la Información Pública - OAP).

En resumen, se puede decir que se observa un estancamiento en el
cumplimiento de la Ley, pero producto de las diferentes formas de promoción
que ha realizado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se comprueba en
los ciudadanos una apropiación del ejercicio del derecho ciudadano a demandar
información pública en las Instituciones del Estado.


o Membresía

Nicaragua no forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP).

Hasta el momento, ningún funcionario de Gobierno ha emitido comentario
alguno, ya sea de forma positiva o negativa para que el país ingrese o forme
parte de esta iniciativa regional. O sea no se ha pronunciado en ningún sentido.
El Gobierno actual, quien ha firmado y es miembro de los países del Alba, sólo
reconoce y ha implementado este modelo de Gobierno en la gestión pública.

o Compromisos

Si bien Nicaragua no forma parte, actualmente de OGP, la Fundación Violeta
Chamorro considera que el gobierno debería comprometerse, para avanzar en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, en los siguientes puntos:

58
http://www.youtube.com/watch?v=IVmef8sPw80
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=X6YpVoFN5bg
http://www.youtube.com/watch?v=lr5UjFJfPew&feature=related

82

• Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública en todas las
instituciones del Estado, creando las Oficinas de Acceso a la Información
Pública (OAIP).
• Despartidarizar todas las instituciones del Estado, que los funcionarios
sean electos por sus capacidades técnicas, no por obediencia o militancia
en un partido político.
• Cumplir con estándares de transparencia, para ser considerado como
miembro firmante de la iniciativa OGP.

o Sociedad Civil

Lamentablemente el Gobierno actual no tiene ninguna comunicación con las
Organizaciones de Sociedad Civil, por el contrario las descalifica, llamándoles
enemigas del pueblo, o desestabilizadoras del Gobierno59

Con el propósito de hacer mejor uso de las tecnologías de la comunicación y
orientarlas a transparentar la gestión de las instituciones del Estado en
Nicaragua, varias organizaciones de la Sociedad Civil, han incentivado al
Gobierno de Nicaragua, que suscriba esta iniciativa multilateral, que promueve
que los gobiernos asuman compromisos concretos, para avanzar en la
transparencia, rendición de cuentas el empoderamiento ciudadano y la lucha
contra la corrupción, mediante la estrecha colaboración entre las autoridades y
la sociedad civil.

Algunas organizaciones de sociedad civil nicaragüense preocupadas por el
poco acceso a la información estatal, y por la alta opacidad en la rendición de
cuentas de las instituciones de Gobierno; en conjunto con la fundación Violeta
Barrios de Chamorro, que ha sido la abanderada del tema de Acceso a la
Información Pública, han incentivado a las autoridades del Gobierno
nicaragüense, a sumarse a esta iniciativa internacional, que busca asegurar los
compromisos de los gobiernos con la transparencia; al igual que empodere a los
ciudadanos de nuevas herramientas de participación, promoviendo activamente
las transparencia en las instituciones gubernamentales, luchando frontalmente
contra la corrupción y exigiendo una efectiva rendición de cuentas.

59
http://www.laprensa.com.ni/2012/06/24/portada/106166/imprimir

83

ABIERTO (OGP) EN PANAMÁ

Para información sobre el derecho de Acceso a la Información Pública en
Panamá, consultar el informe Saber Más 60 y Saber Más II 61 , así como la
siguiente página web:

Consejo Nacional de Periodismo:

www.cnppanama.org

60
http://alianzaregional.net/site/images/stories/saber_mas.pdf
61
http://www.said-on-net.com/alianza/septiembre_2010/SABERMASII.pdf

84

ABIERTO (OGP) EN PARAGUAY
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA)
Director Ejecutivo: Ezequiel Santagada


No existe una ley sobre Acceso a la Información Pública en Paraguay. Sin
embargo, cualquier habitante de la República puede fundar una solicitud de
acceso a la información pública ante las reparticiones del gobierno sobre la base
de lo previsto en los artículos 28 (derecho a informarse), 40 (derecho a
peticionar a las autoridades) y 45 (operatividad de los derechos y garantías
constitucionales) de la Constitución de Paraguay. Asimismo, sobre la base del
Art. 137 (primacía de la Constitución y categoría supra-legal de los tratados
internacionales), pueden invocarse los artículos 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.

A su vez, desde la promulgación de la Ley 3966/10 “Orgánica Municipal”, los
gobiernos municipales deben “proporcionar toda información pública que haya
creado u obtenido, de conformidad al Artículo 28 ‘Del derecho a informarse’ de la
Constitución Nacional, dentro del plazo que se les señale, el cual no podrá ser
mayor de quince días”.

Algunos gobiernos municipales cuentan con ordenanzas que regulan el acceso a
la información pública municipal (Asunción, Villarrica, Pilar, Bahía Negra, entre
otros). Asimismo, algunos ministerios del Poder Ejecutivo han regulado el acceso
a la información que generan u obtienen por medio de Resoluciones (por ejemplo,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Res. 1216/07).

información durante el último año en Paraguay

En medio de una movilización ciudadana –organizada a través de las redes
sociales entre fines mayo y principios de junio de 2012- en contra del proyecto
de ley de aumento de USD 50 millones del presupuesto del Tribunal Superior de
Justicia Electoral para “operadores” de los partidos políticos62 y en reclamo del
desbloqueo de las “listas sábanas”, el Senador colorado Orlando Fiorotto
presentó un proyecto de ley de acceso a la información.

El mencionado proyecto de ley, si bien intentaba copiar la ley chilena 20.285 de
acceso a la información, no tuvo en cuenta que al prever que las acciones
judiciales por las negativas a dar información debían plantearse ante el fuero

62
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/senado--otorga-g-215000-millones-a-tribunal-
para-sostener-operadores-394573.html

85

contencioso-administrativo, en el Paraguay, en la práctica, eso significaba tener
que litigar exclusivamente en Asunción.

El Senador Fiorotto quiso capitalizar el descontento ciudadano presentando un
proyecto de ley que, a priori, podría haberlo catapultado como uno de los
políticos que sabía interpretar el clamor popular. Como él mismo reconoció
después, no tuvo en cuenta la historia que rodeaba a un proyecto de tales
características. Como era de esperar (teniendo en cuenta la historia del proceso
paraguayo hacia una Ley de AIP), el diario ABC Color lanzó una fuerte campaña
en contra, titulando el sábado 2 de junio “Proponen que el presidente Lugo
nombre un funcionario para regular la información”63, el domingo 3 de junio,
también en tapa, “Fiorotto quiere retirar su proyecto, pero Estigarribia plantea
debatirlo” 64 y, finalmente, el lunes 4 de junio “Estigarribia apoya retiro de
proyecto sobre información”65. El día 5 de junio, el Senador Fiorotto terminó
retirando su proyecto de ley66.

Ante la presentación del proyecto del Senador Fiorotto y la consecuente
reacción de ABC Color, el Grupo Impulsor de Acceso a la Información – GIAI
(colectivo de OSC que promueven en el Paraguay una ley de acceso a la
información) decidió que lo mejor sería esperar hasta el próximo año para
intentar lograr la presentación del anteproyecto de ley de AIP elaborado por las
OSC que componen el GIAI con la colaboración de expertos de la Alianza
Regional. Este anteproyecto cuenta también con el apoyo del Foro de
Periodistas del Paraguay.


o Membresía

En noviembre de 2011, la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia
(STP) de la República solicitó ser parte del OGP y adhirió a sus principios. La
STP contó con la colaboración de la organización de la sociedad civil, Gestión
Ambiental (GeAm), en el marco de su Programa de Democracia “Calidad en la
Gestión Pública” que cuenta, a su vez, con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)67. GeAm se limitó a
prestar apoyo técnico a la STP para elaborar el Plan de Acción.

63
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/proponen-que-el-presidente-lugo-nombre-un-
funcionario-para-regular-la-informacion-409246.html
64
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/fiorotto-quiere-retirar-su-proyecto-pero-
estigarribia-plantea-debatirlo-409570.html
65
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/estigarribia-apoya-retiro-de-proyecto-sobre-
informacion-409813.html
66
http://www.congreso.gov.py/silpy/main.php?pagina=info_proyectos&&paginaResultado=info_tra
mitacion&idProyecto=5425
67
http://www.geam.org.py/v3/cgp/2011/11/24/paraguay-integra-la-alianza-de-sociedad-de-
gobierno-abierto/

86

En la reunion de la Alianza de Gobierno Abierto, realizada en Brasilia el 17 y 18
de Abril de 2012, la STP presentó el Plan de Acción de Paraguay68.

o Compromisos

De acuerdo con el Plan de Acción presentado por el gobierno paraguayo, las
acciones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública son las
siguientes:

- Desarrollo de un Sistema Integrado de Información Legal que involucre a
los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Tiempo estimado para su implementación: En proceso de
implementación, vigencia efectiva para finales del 2013.
Entidades involucradas: Unidad Técnica de Modernización de la
Administración Pública, Plan Director TIC’s, Poder Judicial y Poder
Legislativo.

- Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Trámites de la
Administración Pública (SIGTAP) en más instituciones del Estado.
Tiempo estimado para su implementación: Esta acción se encuentra
en plena etapa de implementación y ya en etapa de sostenibilidad con
algunos ministerios.
Entidades involucradas: Unidad Técnica de Modernización de la
Administración Pública (UTMAP) y entidades ya adheridas al sistema.
Actualmente 10 ministerios y entes descentralizados ya poseen y utilizan
este sistema, y se encuentra en producción en el MIC, INCOOP, INDI,
SET, SEAM, INTN. También se está trabajando con el Consejo del a
Magistratura, Compañía Paraguaya de Comunicaciones, Abogacía del
Tesoro, Secretaría de Repatriados, Secretaría de la Mujer, Secretaría
Técnica de Planificación, entre muchos otros. Se prevé también la
implementación en las gobernaciones del país.

- Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las
Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).
Tiempo estimado para su implementación: En implementación actual,
con propósito de incrementar el número de instituciones involucradas,
atendiendo sobre todo las de cumplimiento “deficiente o inadecuado” de
los estándares establecidos.
Entidades involucradas: Auditoría General del Poder Ejecutivo e
instituciones involucradas en el desarrollo del MECIP.

68
El documento se encuentra disponible en http://www.stp.gov.py/Noticia/14431

87

- Desarrollo de un Portal único para la presentación y actualización de
informes sobre cumplimiento de normas internacionales en materia de
corrupción.
Tiempo estimado para su implementación: En proceso de ajuste
técnico, será implementado al 2012.
Entidades involucradas: Dirección General de Integridad e instituciones
afectadas al cumplimiento de las normas sobre lucha contra la corrupción.

Estos compromisos fueron elaborados por una “Mesa de Trabajo
Interinstitucional” integrada por el Gabinete Civil de la Presidencia, a través de
sus dependencias: Dirección General de Integridad (DNI); Unidad Técnica de
Modernización de la Administración Pública (UTMAP) y Plan Director TICs,
además de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función
Pública.

Luego, hubo una presentación a las organizaciones de la sociedad civil, otra a
gremios y otra a instituciones académicas, en las cuales no hubo oportunidad de
hacer aportes para modificar el Plan de Acción. Advertidos de esto, en el Plan de
Acción se menciona lo siguiente:

“Finalmente, luego de la experiencia derivada de las Jornadas
de participación con la ciudadanía, se ha considerado oportuno
pensar en acciones potenciales que integren las propuestas
por los distintos sectores a las ya trazadas en el Plan de Acción
2012. Es decir, el Plan no se trata de un diseño cerrado sino en
construcción permanente con la ciudadanía, que será posible
en la medida que podamos visualizar las acciones que
convocan y aglutinan a sectores sociales determinados, y
desde el interés temático de espacios y desafíos de
cumplimiento del Gobierno Abierto”.

Hasta el presente, no se ha implementado ningún mecanismo formal de consulta
y participación.

o Sociedad Civil

Como se ha mencionado, la organización GeAm ha apoyado a la STP en la
elaboración del Plan de Acción. La única intervención pública de las OSC, hasta
ahora, ha sido la jornada de presentación del Plan de Acción.

Las organizaciones integrantes del Grupo Impulsor de Acceso a la Información
(GIAI) han reclamado un espacio de participación, tanto en forma pública como
en correos electrónicos enviados al ex-ministro de la STP, Hugo Royg. Luego de
la destitución del ex-presidente Fernando Lugo, no ha habido, hasta el momento,

88

contacto con las organizaciones que trabajan en temas relacionados con los
objetivos del OGP.

Asimismo, las únicas organizaciones que han intentado participar en el proceso
han sido el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que asistió al encuentro de
Brasilia de OGP en abril de 2012 y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental
(IDEA) que entró en contacto con la coordinación de sociedad civil del OGP.

En el documento de presentación del Plan de Acción se menciona lo siguiente:

“(…) Un aspecto que resultó evidenciado en las jornadas fue la
gran expectativa de la gente sobre los temas abordados, lo cual
demostró la necesidad de espacios para hablar y abordar lo que
hay y lo que falta.
En las mismas Jornadas y a través de otros medios de consulta
y participación, se ha debatido la necesidad de generación de
estos espacios de diálogo permanente entre el Estado y la
Sociedad Civil.
Las sugerencias incluyen, entre otras, la necesidad de
ampliación de jornadas y encuentros como los desarrollados, y
su implementación en distintas regiones del país; la necesidad
de integrar mecanismos permanentes de consulta con la
ciudadanía o sistemas de “observatorios” ciudadanos que
ayuden a desarrollar un control y monitoreo de las acciones y
compromisos asumidos. Asimismo, se hizo hincapié en la
potencialidad de los recursos tecnológicos (internet, redes
sociales, etc.) para ampliar y profundizar las oportunidades para
el debate y la recepción de propuestas ciudadanas, así como en
la necesidad de aprovechar los espacios para la difusión de la
iniciativa (…)”

A pesar de esto, se reitera que no ha habido un trabajo conjunto entre el
gobierno y las OSC.

Asimismo, no hay planes de monitoreo en marcha. Esto se debe a la aún escasa
apertura desde el gobierno a trabajar con las OSC sobre OGP y, también, a los
reacomodos que se están produciendo luego del cambio de gobierno que se
produjo luego del juicio político al ex-presidente Lugo. Sumando a esta situación,
ha habido cierta apatía desde la sociedad civil con relación al proceso local de
OGP.

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) realizó una consulta a las
nuevas autoridades de las STP sobre cómo tenían previsto continuar con la
participación de Paraguay en el OGP. La respuesta, por medio del funcionario
Rubén Cubilla, fue la siguiente: “(…) el proceso OGP estuvo liderado por la STP
ya que en su momento fue una prioridad del Ministro Hugo Royg, por lo que la

89

participación de Paraguay fue impulsada y coordinada desde la STP. Para ello
se conformó una mesa de trabajo interinstitucional quienes fueron los que
plantearon las acciones a ser desarrolladas en el Plan. Hoy día el proceso se
encuentra en "stand by" atendiendo que hubo cambios en las instituciones y
muchos de los que participaron de la mesa de trabajo ya no están. Por otra parte
estamos esperando una comunicación oficial de Brasil y EEUU para
reconfirmar a Paraguay como miembro de OGP. No obstante en
conversaciones con las autoridades de las instituciones que forman parte de la
mesa, coinciden en que igual se puede seguir impulsando el proceso, dentro o
fuera de OGP”69.

 DATOS ABIERTOS

Dentro de las pocas experiencias en materia de datos abiertos, se destacan el
portal del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.gov.py) que ha puesto a
disposición del público, en formato Autocad, la cartografía catastral del Servicio
Nacional de Castrato (http://www.hacienda.gov.py/web-
catastro/index.php?c=125) y el la Secretaría del Ambiente, que ha puesto a
disposición del público los mapas satelitales con los que cuenta
(http://maps.seam.gov.py:8399/Satelital_Maps/mapviewer.jsf?width=973&height
=605).

La prioridad en materia de datos abiertos que deberían ser puestos a disposición
del público son todos los datos que estén directamente relacionados con la
calidad de vida de las personas: salud pública, seguridad, defensa del
consumidor y servicios públicos, cuestiones ambientales, documentación
personal, etcétera.

69
Respuesta de Rubén Cubilla a Ezequiel Santagada enviada por correo electrónico el día 26 de
septiembre de 2012.

90

ABIERTO (OGP) EN PERÚ
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)
Director Ejecutivo: Ricardo Uceda
Coordinadora de programas:
Mayumi Ortecho

El 3 de agosto del año 2012 se cumplieron 10 años de la aprobación de la
promulgación de la Ley 27806, denominada Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la cual regula el mencionado derecho fundamental en todas
las entidades públicas a nivel nacional y a todo nivel. Dicho aniversario mereció
un balance de los impactos de la referida norma por parte de entidades públicas
y de la organización civil70.

La Ley 27806 es una norma de carácter general y de aplicación obligatoria a
toda entidad pública sin excepción. Asimismo, es aplicable a los tres poderes del
Estado y demás organismos constitucionales. La Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública contiene las políticas generales en materia de
transparencia, uniformiza el procedimiento de solicitud de acceso a la
información pública en todas las entidades públicas, y establece altos
estándares a ser cumplidos por los funcionarios responsables.

La ley no establece una institución que sea la encargada de manera expresa y
específica de la aplicación y control de la normativa del acceso a la información
pública. Sin embargo, en la práctica, la Defensoría del Pueblo, en el marco de
sus funciones constitucionales generales de defensa de los derechos
constitucionales y fundamentales, así como de supervisión del cumplimiento de
las funciones de la administración estatal, ha asumido algunas funciones de
supervisión del cumplimiento de la normativa de Acceso a la Información Pública
(AIP).

En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, existen dos dependencias que si bien
no constituyen en estricto organismos de aplicación y cumplimiento de la
normativa sobre AIP, cumplen algunas funciones puntuales en materia de
transparencia y acceso a la información pública. Se trata de la Secretaría de
Gestión Pública y de la Secretaría de Coordinación, ambas pertenecientes a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ambos organismos dependen de la
Secretaría General de la PCM, instancia que a su vez depende del Presidente
del Consejo de Ministros, por lo que las referidas secretarías forman parte del
tercer nivel en la escala jerárquica de la PCM, institución que coordina a todos
los órganos del Poder Ejecutivo.

70
Ver: http://www.ipys.org/noticia/1362

91

La Secretaría de Coordinación tiene a su cargo la coordinación de la PCM con el
Congreso de la República, los organismos constitucionales autónomos distintos
al Poder Judicial y Ministerio Público, los organismos públicos descentralizados
adscritos al Sector Presidencia del Consejo de Ministros, las entidades del
Estado distintas al Poder Ejecutivo, las entidades gremiales y las demás
entidades de la sociedad civil. Entre sus once funciones normativamente
establecidas, tiene el encargo de “recabar de todas las entidades de la
Administración Pública la información sobre las solicitudes y pedidos de
información atendidos y no atendidos, en el marco de la Ley de Transparencia y
acceso a la información Pública y elaborar un informe anual a ser presentado al
Congreso de la República.

En ese sentido, en la IV Conferencia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública realizada en el año 2011, la Defensoría del Pueblo propuso
la creación de una institución de cumplimiento especializada y con autonomía
funcional en transparencia que se encargue de resolver los incumplimientos de
la normatividad de transparencia y acceso en sede administrativa. Conviene
resaltar que en los diez años de vigencia de la Ley, los ciudadanos, casi como
única opción, deben canalizar los incumplimientos hacia el Poder Judicial, a
través de un proceso de hábeas data que puede llegar incluso hasta el Tribunal
constitucional, sin que existan garantías de que las eventuales sentencias
favorables sean ejecutadas después de varios años.

Actualmente, el IPYS viene realizando esfuerzos a fin de generar un debate
público con relación a la creación de una entidad de las características
señaladas. La V Conferencia de Transparencia y Acceso a la Información, que
se realizará en noviembre del 2012, tendrá como principal objetivo el demostrar
los beneficios que tiene incorporar a nuestro ordenamiento una autoridad de
cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información.

información durante el último año en Perú

En enero del año 2012, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
Consejo de Ministros convocó a representantes de entidades públicas y
organizaciones de la sociedad civil a un proceso concertado de formulación de
propuestas de modificación del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
Con esa finalidad se crearon cinco grupos de trabajo temáticos:
1. Entidades obligadas: Empresas del Estado
2. Responsabilidades y sanciones
3. Excepciones al ejercicio del derecho
4. Archivo y conservaciones de la información
5. Portal de Transparencia Estándar

92

De este modo en agosto del 2012, se presentó la primera propuesta de
modificación del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública elaborada por el asesor legal del Instituto Prensa y
Sociedad, Roberto Pereira Chumbe, la cual recogió todos los aportes sobre los
que se trabajaron desde enero del presente año.


o Membresía

En Septiembre del 2011 el Gobierno del Perú manifestó su voluntad de ser parte
de la iniciativa “Alianza de Gobierno Abierto”, impulsada por los países de
Estados Unidos de América y Brasil, comprometiéndose a elevar los estándares
de transparencia sobre las actividades del Estado, apoyar y promover la
participación ciudadana, elevar la calidad de la integridad profesional en la
gestión pública y a incrementar el acceso y uso de nuevas tecnologías
(Declaración de Gobierno Abierto, septiembre de 2011)

Actualmente se ha aprobado un Plan de Acción del Perú, aprobado por
Resolución Ministerial 085-2012-PCM de fecha 9 de abril de 2012. Dicho plan
encamina la sumatoria de esfuerzos hacia el cumplimiento de cuatro grandes
retos:
1) Revisar y mejorar el marco normativo y los mecanismos de implementación
sobre transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas y lucha
contra la corrupción;
2) Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta;
3) Aumentar la integridad pública garantizando un servicio civil moderno e
íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones blindadas contra la
corrupción y un control efectivo y disuasivo; y
4) Mejorar la calidad de los servicios públicos, en especial aquellos dirigidos a
los sectores de la población que viven en condiciones de pobreza, y garantizar
mecanismos de información y denuncias para monitorear su desempeño.

o Compromisos

Los compromisos que el Estado peruano ha adquirido para los próximos dos
años relacionados a mejorar los niveles de transparencia y acceso a la
información pública son los siguientes:

a) Revisión de la normatividad sobre transparencia y acceso a la información
pública, integrado por entidades de la Administración Pública y organizaciones
de la sociedad civil y creado en diciembre de 2011, para elaborar una propuesta
de modificación normativa que fortalecerá la transparencia en la gestión pública
y será presentada durante el año 2012;

b) Definir indicadores de cumplimiento de los estándares esperados en cada uno

93

de los niveles de gobierno y asegurando la capacitación del personal a cargo de
las tareas de transparencia y acceso a la información en todas la instituciones
del Estado;

c) Contar con Portales de Transparencia Estándar en formato amigable de fácil
comprensión y actualizado oportunamente en todas las entidades de los tres
niveles de gobierno, priorizando asistencia técnica a las municipalidades rurales
incluidas en el listado aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros en el
2011;

d) Establecer perfiles para funcionarios responsables de acceso a la información
así como para los funcionarios responsables de la atención al público, para
mejorar la calidad de la atención y el acceso a la información pública para
mejorar la calidad de la atención y el acceso a la información directa; y

e) Evaluar la creación de una institución autónoma y especializada que garantice
la protección del derecho de acceso a la información pública, resolviendo los
problemas y conflictos que se presentan entre los sujetos obligados a brindar
información pública y las personas que la solicitan y con capacidad de
penalización ante el incumplimiento. La discusión se realizará tomando como
referente la Ley Modelo Interamericana sobre Transparencia y Acceso a la

o Sociedad Civil

La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Relaciones Exteriores
convocaron a un conjunto de instituciones expertas en el tema de la
Transparencia y la rendición de cuentas, creándose el Grupo de Trabajo
“Iniciativa de Gobierno Abierto”. Participando en un inicio organizaciones de la
sociedad civil como Ciudadanos al Día, la Asociación Nacional de Centros de
Investigación, Promoción Social y Desarrollo, el Consejo de la Prensa Peruana y
Proética. En esta línea, en el mes de mayo de 2012, el Instituto de Prensa y
Sociedad fue convocada a una primera reunión a fin de brindar aportes
relacionados a la forma de organizar los compromisos señalados en el Plan de
Acción del Perú en la Alianza para un Gobierno Abierto.

Los planes de monitoreo aún se encuentran en etapa de implementación. Al
respecto, el IPYS ha señalado que las organizaciones de la sociedad civil
deberían asumir compromisos en función a la especialidad de las
organizaciones de la sociedad civil a fin e trabajar de manera más eficaz.
Asimismo, el IPYS propuso que los resultados de los informes elaborados por
las organizaciones de la sociedad civil sean presentados en la V Conferencia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública organizada por la Defensoría
del Pueblo y el IPYS.

 DATOS ABIERTOS

94

Conviene resaltar que desde el año 2011 la Municipalidad de Lima es la única
institución pública que ha incorporado a su nuevo Portal www.munlima.gob.pe
una sección dedicada a los Datos Abiertos a través del cual muestra su
predisposición a compartir información en su forma más básica. Entre la
información que se ha puesto a disposición está la relacionada a transporte,
desarrollo empresarial, defensa civil, Sanidad, administración- finanzas, entre
otros.

La iniciativa contó con la asistencia técnica de asesores del Banco Mundial, así
como también con la colaboración de la agrupación Escuelab.

95

ABIERTO (OGP) EN REPÚBLICA DOMINICANA

Participación Ciudadana
Director del Área de Transparencia
y Gobierno: Carlos Pimentel


La República Dominicana cuenta con la ley general de libre acceso a la
información publica (ley no. 200-04) y su reglamento de aplicación (130-05) que
es de carácter universal y establece los procedimientos y/o mecanismos legales
que regulan el ejercicio del derecho, que tiene toda persona, a acceder a las
informaciones que responsan en las entidades publicas.

En su artículo primero, la Ley garantiza a cualquier persona el derecho
constitucional a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y
oportuna, de cualquier órgano del Estado y de todas las sociedades anónimas y
compañías por acciones con participación estatal. Asimismo, establece que las
informaciones de los organismos estatales centralizados, autónomos y
descentralizados, incluidos los ayuntamientos, deberán ser ofrecidas a cualquier
interesado, siempre que no afecten la seguridad nacional, el orden público o el
derecho a la privacidad, así como la intimidad o el derecho a la reputación de los
demás. Contempla, a su vez, sanciones para los funcionarios que la desacaten.

información durante el último año en República Dominicana

El proceso de avance en términos del cumplimiento de lo establecido en la ley
200-04 por parte de las entidades destinatarias de fondos públicos, ha sido
lento. Pero se puede destacar que, en el último año, un significativo número de
instituciones públicas han dado apertura a sus respectivas oficinas de acceso a
la información pública.

Según el 5to informe de monitoreo a la aplicación de la ley 200-04, realizado por
Participación Ciudadana en febrero de 2011, 20% de un total de 82 entidades
publicas no había abierto su oficina de acceso a la información pública, en
violación a la ley. Para julio del año 2012, el porcentaje de instituciones sin
oficina de acceso a la información se ha reducido a 10% de 82 entidades
monitoreadas.

Otro avance en la aplicación de la ley ha sido la habilitación del enlace de
transparencia en los portales electrónicos de las instituciones públicas. Sin
embargo, en términos de la actualidad, integridad y veracidad de la información
presentada no ha habido avances significativos.

96

Un retroceso significativo en materia de acceso a la información pública en
República Dominicana lo representa las sentencias Nos. 137-2012 y 138-2012,
emanadas de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Estas sentencias
establecen la confidencialidad de datos que deben aparecer en la nómina de las
instituciones públicas, tales como: nombre, apellido y la cédula de los
funcionarios y empleados públicos. Los jueces fundamentaron el fallo alegando
“protección de datos personales”, “seguridad nacional”, y violación del artículo 44
de la Constitución de la República que regula el derecho a la intimidad.

Últimamente se han desatado conflictos, ante la negación de información a
ciudadanos que acuden a instituciones públicas en busca de datos tales como:
Nóminas de empleados y distintos beneficiarios sociales y demás. Los alegatos
de las instituciones públicas consisten en que muchas de estas informaciones
requeridas por la ciudadanía contienen datos personales, como son los número
de cédula y, es por ello que la entrega de esta información podría constituir una
violación del derecho a la privacidad de las personas que trabajan en la diversas
instituciones publicas. Esto crea un dilema de tipo jurídico, ya que la ley de
acceso a la información pública ordena que sea entregada información veraz a
los usuarios que así lo soliciten y, en muchos casos, el número de cedula de
identidad en las nóminas públicas permite comparaciones y análisis sobre el
personal que trabajan en las diversas instituciones.

Por otra parte, cabe destacar que, la fecha, en la Republica Dominicana no
existe un órgano rector autónomo que actúe como órgano de control y que tenga
como función la socialización y difusión del derecho de acceso a la información.
No obstante el esfuerzo de elaboración de un Anteproyecto de Ley que crearía
el Instituto Dominicano de Acceso a la Informacion, aun es un punto de
discusión la pertinencia de la creación por ley de un organismo que vigile el
cumplimiento de las normas, ponderando si este tipo de organismo facilita
realmente el flujo de información o por el contrario complica y burocratiza lo que
debería ser un procedimiento sencillo.

Las organizaciones de la sociedad civil en la República Dominicana desarrollan
diferentes acciones para garantizar la aplicación e implementación de la Ley
General de Libre Acceso a la Información, dentro de las cuales podemos citar.

• Incidencia para la aprobación del Proyecto de ley que crearía el Instituto
Dominicano de Acceso a la Información.

• Impulso del Anteproyecto de Datos Personales.

• Observatorio de Monitoreo a la Aplicación de la Ley de Acceso a la

• Interposición de Recursos de Amparo por violación a la Ley de Acceso a
la Información.

97

• Acciones legales ante el Suprema Corte de Justicia y el Tribunal
Constitucional en materia de acceso a la información.


o Membresía

La República Dominicana firmó el compromiso para ser parte del OGP. El
proceso comenzó con la invitación a participar de esta iniciativa, como tantos
países que cumplen con criterios mínimos de transparencia.

El Ministro de la Presidencia, Dr. César Pina Toribio, aceptó la invitación cursada
por el Embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, Raúl
Yzaguirre. Asimismo, asistió al evento que tuvo lugar el 12 de julio de 2011 en el
Departamento de Estado en Washington, D.C.

La República Dominicana, a través del Doctor César Pina Toribio, Ministro de la
Presidencia, remitió una comunicación a los gobiernos de Estados Unidos y
Brasil, informando la intención manifestada por el Presidente de la República,
para que el país forme parte de la Open Government Partnership (OGP). Esta
manifestación de intención ameritó la invitación al Presidente Leonel Fernández
a participar del evento celebrado en New York, el 20 de septiembre de 2011.
Paralelamente, el Ministro de la Presidencia participó de una serie de
conferencias y talleres realizados en la sede de Google en New York, donde se
discutieron los pasos a tomar para la implementación del Gobierno Abierto.

Cabe señalar que si bien el Plan de Acción y los compromisos fueron
entregados por el Gobierno a OGP, la sociedad civil desconoce los detalles del
proceso de elaboración de los mismos. En ese sentido, Participación Ciudadana
no ha recibido ninguna información al respecto, mas allá de los documentos que
se presentan en el sitio web de OGP y en del Ministerio de la Presidencia.

Las organizaciones de la sociedad civil dominicana no fueron parte del proceso
de elaboración del plan de acción, ni tampoco se les ha informado de ningún
acto administrativo (decreto, resolución, circular) que haya aprobado el
mencionado plan.

Recientemente, se creó la Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno
abierto, lucha contra, la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la
información, en el ámbito administrativo gubernamental. Dicho organismo tendrá
la responsabilidad de velar por la divulgación e implementación del Plan de
Acción del gobierno dominicano.

98

o Compromisos

Como se ha mencionado, si bien el Plan de Acción y los compromisos fueron
entregados por el Gobierno a OGP, la sociedad civil desconoce los detalles del
proceso de elaboración de los mismos.

o Sociedad Civil

Las organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana se encuentran
desinformadas acerca del proceso realizado por el gobierno dominicano en el
marco de OGP. Como se ha indicado anteriormente, el gobierno no ha realizado
ninguna reunión o consulta con las organizaciones de la sociedad civil.

De todos modos, Participación Ciudadana, junto a otras 15 organizaciones de la
sociedad civil, planea implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a los
compromisos del gobierno dominicano.

En el marco del Observatorio Ciudadano, las organizaciones de la sociedad civil
llevaran adelante el monitoreo de la implementación de Políticas Anti-Corrupción
(OCI-PAC) y el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad en la
República Dominicana, firmado por los seis (6) candidatos presidenciales de la
contienda electoral 2012. Asimismo, como parte de las políticas Anti-Corrupción
(OCI-PAC), se dará seguimiento a la declaración suscrita, en 2011, por parte de
las autoridades gubernamentales con la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), así
como a los compromisos adoptados por el gobierno.

En ese sentido, el plan acción de seguimiento del OCI-PAC tendrá los siguientes
ejes de trabajo:
• Parte de las recomendaciones de la IPAC preseleccionadas por los
puntos focales de la sociedad civil.
• Seguimiento al Pacto por la Transparencia firmado por los 6 candidatos a
la Presidencia de la República Dominicana, y que el mismo contiene 21
puntos que deben ser monitoreados en los primeros meses del gobierno
que tome posesión.
• Dar seguimiento a los compromisos frente al Open Government
Partnership por parte del gobierno dominicano.

 DATOS ABIERTOS

Los datos abiertos en la República Dominicana es un tema que aun no ha
generado debate. Esto se debe a que existe muy poco conocimiento a nivel de
los funcionarios públicos y de las organizaciones de la sociedad civil con
respecto al tema. Es por ello que no forma parte de la agenda de promoción de
políticas de transparencia.

99

Los datos que, en la República Dominicana, deberían estar en formatos
reutilizables que garantizan transparencia en la gestión son:

• Datos de los presupuestos y ejecución de gasto.
• Datos de las Contrataciones Púbicas
• Datos de la Deuda pública interna y externa
• Datos de Ayudas y Subvenciones
• Datos de Anuncios de Contrataciones de personal
• Datos de Denuncias y Reclamaciones
• Datos de Premios y Concursos
• Datos sobre las concesiones de explotación minera
• Datos sobre el empleo público
• Datos y estadística de los órganos de control y los organismos financiero
del Estado
• Datos básicos de los municipios del país.
• Datos macroeconómicos del país.
• Datos sobre los servicios públicos del Estado

100

ABIERTO (OGP) EN URUGUAY

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo)
Director Ejecutivo: Edison Lanza
Desarrollo de programas: Mariana Mas


En Uruguay el derecho de acceso a la información pública (DAIP) está regulado
por la ley 18.381, que establece un procedimiento administrativo específico para
acceder a información pública, así como obligaciones de transparencia activa, la
existencia de un órgano de control y un recurso judicial efectivo para el
cumplimiento del derecho.

La finalidad explícita de la ley es dotar a la administración pública de un mayor
grado de transparencia, establecer obligaciones de rendición de cuentas por
parte de los organismos, permitir la efectiva participación de los ciudadanos en
asuntos de interés púbico y facilitar el control social de la gestión del Estado.

De acuerdo a la ley de DAIP los sujetos obligados son “los organismos públicos
sean o no estatales”. Esta escueta definición no ha sido obstáculo para que se
entendiera que la ley abarca a todos los poderes del Estado, los organismos de
la administración central, los entes autónomos y servicios descentralizados e
incluso los gobiernos departamentales.

No obstante, el organismo de aplicación ha entendido que las sociedades
comerciales privadas, con capital accionario propiedad del Estado, no se
encuentran comprendidas dentro de los sujetos obligados por la ley. Cabe
señalar que, para el caso uruguayo, el hecho de que este tipo de organismo no
deba cumplir con la ley de DAIP tiene un alto impacto en la falta de
transparencia. En el país se aprobó la creación de una nueva figura en el sector
estatal según el cual con inversión estatal se financia parte de proyectos de
infraestructura junto a un socio privado, rigiéndose bajo el derecho privado. La
falta de transparencia en este tipo de iniciativas es peligrosa por los riesgos que
se pueden generar a nivel de rendición de cuentas, responsabilidades e incluso
corrupción.

La definición de información pública que ofrece la ley es amplia (art. 2) e incluye
“toda la que emane o esté en posesión” de cualquiera de los sujetos obligados.
De acuerdo a esta definición se presume pública toda la información producida,
obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados, con independencia
del soporte en que estén contenidas. Se trata de una definición amplia, que si
bien tiene una naturaleza indeterminada, hasta el momento no ha generado
problemas en cuanto a una interpretación del concepto de información pública.

101

A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, la ley uruguaya no prevé un
capítulo destinado a enumerar los principios del derecho al acceso a la
información pública. No obstante, éstos se encuentran implícitamente
incorporados a la legislación nacional a través de los artículos 72 y 82 de la
Constitución (que recoge todos los derechos inherentes a la personalidad
humana y los derivados de la forma republicana de gobierno) y la propia ley de
acceso que por las vía de los hechos sus soluciones recogen los principios de
máxima transparencia, gratuidad, derecho a un recurso efectivo, entre otros.

Aunque no es la mejor forma de recepcionarlos, el decreto reglamentario de la
ley de DAIP avanzó respecto a la sistematización de estos principios y en el
capítulo II recoge los siguientes principios: libertad de información;
transparencia, máxima publicidad, divisibilidad, ausencia de ritualismo, no
discriminación, oportunidad, responsabilidad de los sujetos obligados; y
gratuidad. (arts. 4 al 12)

Asimismo, el decreto reglamentario en su artículo 24 reguló la denominada
“prueba de daño” como requisito de aplicación de la denegatoria de información
basada en las excepciones reguladas en la ley.

El procedimiento administrativo se encuentra regulado por los artículos 13 a 18
de la ley 18.381. La solicitud puede ser presentada por “cualquier persona física
o jurídica” (art 13). La definición amplia y sin discriminar por la nacionalidad o
características del solicitante cumple con los estándares internacionales.

Principales características de la ley de acceso a la información pública:

• La solicitud de acceso a la información puede ejercer sin necesidad de
“justificar las razones por las que se solicita la información” (arts. 3 y 13
de la ley 13.381).

• La solicitud, su trámite y el acceso son gratuitos. Únicamente será a costa
del interesado la reproducción, pero el interesado sólo pagará el precio
del costo del soporte, sin ningún arancel adicional (art. 17). La definición
incluye la prohibición a texto expreso de no cobrar ningún otro costo que
el del soporte en el que se entrega la información, lo que la administración
imponga una barrera económica al acceso y se la protege a su vez de
conductas irracionales de parte de los solicitantes.

• El procedimiento prevé un plazo de 20 días hábiles para franquear el
acceso a la información o denegarla por resolución fundada, pero prevé
que incluso se permita el acceso en el mismo momento de la solicitud. El
organismo requerido también puede hacer uso de una prórroga por otros
20 días hábiles con razones fundadas y por escrito. (art. 15)

• Ni la ley, ni ningún decreto reglamentario, prevén un mecanismo
específico y obligatorio de asesoramiento.

102

• El organismo sólo podrá negar el acceso a la información mediante
resolución motivada del jerarca del organismo que señale la norma legal
que habilita a declararla reservada o confidencial. Vencido el plazo de 20
días sin resolución fundada la ley de DAIP incluye una disposición muy
progresista que entiende el silencio como una respuesta positiva del
Estado, y los funcionarios quedan obligados a entregar la información
respectiva. La sistemática de la ley no incluye una apelación dentro del
proceso administrativo; si establece un recurso judicial específico para el
acceso a la información que se puede activar directamente tras una
negativa u omisión de entregar la información, lo que se analiza en el
capítulo siguiente

información durante el último año en Uruguay

Respecto a los avances:

- Creación del “Premio a la Transparencia”: Este premio, creado por la
Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC),
es un concurso en el que pueden participar los organismos obligados por
la ley 18.381. Su finalidad es fomentar el desarrollo de una cultura de
transparencia y rendición de cuentas en el marco del Derecho de Acceso
a la Información Pública. Para lograrlo se propone identificar, reconocer y
difundir a nivel nacional logros de las instituciones participantes referentes
a Transparencia activa, Transparencia pasiva, Sistemas de información y
Desarrollo de una cultura de transparencia.

- Curso en línea de AIP: La Unidad de Acceso a la Información Pública ha
desarrollado un curso en línea sobre la ley N° 18.381 de Acceso a la
Información Pública, dirigido a funcionarios públicos. El curso es
interactivo, auto administrado y puede ser realizado por funcionarios
públicos o cualquier ciudadano que desee conocer aspectos generales de
la ley.

Sobre los retrocesos:

- Debilidad del órgano de control de la política de AIP: En Uruguay el
órgano de supervisión de la ley de AIP es la Unidad de Acceso a la
Información Pública. El diseño normativo del órgano presenta debilidades
derivadas de su posición institucional. Pese a tratarse de un consejo que
cuenta con independencia técnica o institucional, sus consejeros son
designados directamente por el Poder Ejecutivo y uno de sus tres
miembros es el presidente de la Agencia para el Gobierno Electrónico
(Agesic), la agencia en la que está inserto. Sus recomendaciones no son
vinculantes y están sometidas a un recurso jerárquico que resuelve la
Presidencia de la República. Este recurso ha sido interpuesto por algunos
sujetos obligados cuando una resolución del órgano de supervisión les

103

ordena desclasificar una información con distinto éxito. A esto se suma
que actualmente una de las directoras ha renunciado y el Poder Ejecutivo
no ha designado una nueva persona, pese a que el cargo se encuentra
vacante desde hace tres meses.

- Uso de la cláusula de reserva sin demostrar la prueba de daño: Se ha
podido verificar a través de varias solicitudes de información que varios
organismos usan la cláusula de reserva de manera sistemática, más allá
del tipo de información que se está solicitando (más adelante se puede
ver algunos casos de solicitudes a las que se niega acceso bajo esta
cláusula). A esto hay que sumar que ante la denegatoria de información
nunca se adjunta la prueba de daño que los organismos están obligados
a proveer al solicitante.

- Clasificación sistemática de información: Se ha constatado que hay
una serie de organismos obligados que han clasificado categoría enteras
de información como reservada, en el marco de los procesos de
clasificación que establece la propia ley de AIP. Las clasificaciones
genéricas de información por categorías, no sólo ponen en riesgo el
cumplimiento del derecho de AIP, sino que además viola las normas
uruguayas que lo regulan. En primer lugar, los criterios de clasificación y
fundamentos que llevan a clasificación no se publican, lo cual hace
imposible el control de la información reservada. Por otra parte, se
incumple con la realización de la prueba de daño y se pasa por alto el
principio de divisibilidad de la información (decreto 232/010), según el
cual si en un mismo documento/archivo/expediente existe parte reservada
y parte pública, se debe de dar acceso a aquella que es pública y no
cerrar todo el documento. El 1° de agosto de este año venció el plazo
para presentar todos los listados de información clasificada como
reservada y/o confidencial por parte de todos los sujetos obligados. La
enorme mayoría de los organismos cumplió con el mandato legal, lo que
significa un paso adelante en el cumplimiento del derecho, no obstante,
varias de las clasificaciones son extensivas y no cumplen con el criterio
de excepcionalidad y prueba de daño, algo que deberá ser revisado por el
órgano de supervisión.

- Caso de rechazo in límine: Este año existió un caso de rechazo inlímine
de una Acción Judicial de Acceso a la Información de un caso de
negación de información por motivos de reserva por razones de
afectación de las relaciones exteriores. El juez no hizo lugar a que el caso
pudiese llegar ni siquiera a una audiencia, fundamentando su decisión en
que la ley habilita al Estado a declarar información como reservada
basado en una causal y esa no es una acción ilegítima. Un Tribunal de
Apelaciones confirmó el caso. Este caso si bien es aislado por ahora
atenta peligrosamente al derecho de AIP.


104

o Membresía

Uruguay firmó el compromiso para ser parte del OGP. El Estado uruguayo
adscribe a la iniciativa y a través de una resolución (n° 1186 del 2011) convoca a
un Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, al cual se invita a representantes
designados de AGESIC, Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP),
Ministerio de relaciones Exteriores (MRE), UAIP, Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este grupo estaría
a cargo del desarrollo del Plan de Acción de Uruguay para presentar ante la
OGP.

Dado que se entendía que la generación de un documento como éste tiene
grandes potencialidades en cuanto a la transparencia, el empoderamiento de las
personas y la construcción democrática, el Centro de Acceso a la Información
Pública (CAinfo), solicitó ante la AGESIC información sobre la marcha del
proceso. Finalmente, el Grupo de Trabajo invitó formalmente a CAinfo a
participar desde la sociedad civil.

CAinfo pudo asistir a las reuniones y presentó una propuesta de Plan de Acción
de Uruguay que hacía especial hincapié en: acceso a la información pública,
datos abiertos y participación ciudadana. En esta propuesta también se incluyó
la necesidad de poner a consulta pública el documento final que se aprobara
como el Plan de Acción de Uruguay.

En general, estas propuestas fueron incluidas muy parcialmente, pero sí se
aceptó realizar una consulta pública del documento final lo cual fue un gran
avance. Sin embargo, si bien se realizó la consulta pública, la misma se hizo en
un plazo muy breve (una sola semana) para que las personas pudieran hacer
sus sugerencias.

Finalmente el Plan de Acción de Uruguay que se presentó ante OGP fue similar
a aquel que se comenzó a trabajar antes de la llegada de CAinfo al Grupo de
Trabajo o de consulta pública. De todas maneras, se adoptaron compromisos
puntuales y con fechas concretas para poder ser ejecutados.

Recientemente, a través del decreto del PE 716/012, se decreta:

- La aprobación del Plan de Acción

- La adhesión a la Declaración sobre Gobierno Abierto

- Se encomienda a los responsables de los compromisos a cumplir con sus
metas

- Se encomienda a la AGESIC el seguimiento y evaluación del avance del
Plan de Acción

105

o Compromisos

Los compromisos del Plan de Acción respecto al AIP fueron muy genéricos y no
trabajan el mejoramiento sustancial del derecho. Las propuestas que se hacen al
respecto son algunas iniciativas interesantes pero puntuales y dejan de lado
áreas centrales de garantía del derecho como la independencia del órgano de
control, presupuesto para el trabajo en esta política y la educación a las
personas en su derecho.

La referencia que se hace al acceso a la información en el propio Plan se ubica
dentro del compromiso “Aumentar la integridad pública”. El compromiso es el
siguiente:
Acceso a la información Pública – La Unidad de Acceso a la Información
(UAIP) se propone desarrollar una campaña nacional de difusión y
sensibilización con el objetivo de promover la construcción,
institucionalización y profundización de una cultura de transparencia en el
país. Los organismos involucrados son la UAIP y AGESIC. Las metas 2012
son: diseñar y comenzar a ejecutar un plan de difusión y sensibilización.
Además mejorar el portal de la UAIP y de Transparencia
(transparencia.gub.uy) para facilitar el acceso y participación de los
ciudadanos.

Otros de los elementos que se incluyeron en el Plan de Acción dentro del
compromiso “Aumentar la integridad pública”, que si bien no refieren
específicamente al acceso a la información, son adyacentes al derecho son:
- Fortalecer la cultura de la transparencia: La UAIP y AGESIC han de
desarrollar contenidos sobre AIP para e-learning en y su aplicación.
- Premio Nacional de Transparencia
- E-participación ciudadana: la meta es la creación de un modelo de
participación ciudadana para crear una Plataforma de Participación
Ciudadana.
- Datos abiertos de gobierno: Promover la apertura de datos públicos mediante
la creación de una Plataforma de Datos Abiertos de Gobierno
- Plan nacional de alfabetización digital: Instaurar un plan de alfabetización
digital.

Un elemento importante a destacar es que si bien en los tres primeros puntos
del compromiso “Aumentar la integridad pública” uno de los responsables es la
UAIP, por razones de agenda y de debilidad del mismo (sus directoras son part-
time). Dicha unidad casi no participó de esta instancia.

o Sociedad Civil

CAinfo se interesó por participar del Grupo de Trabajo de OGP y se le permitió a
la organización ser parte del mismo.

106

Por otra parte, cabe destacar que se realizó una consulta pública que, aunque
podría haber sido realizada en mejores condiciones, con mayor difusión y más
tiempo, fue en sí mismo una buena práctica.

El Plan de Acción de Uruguay no incluye a la sociedad civil como parte del
mismo (parcialmente en algunos casos, pero en ninguno de ellos como un par).
A su vez, no se incluyeron elementos que condujeran a una participación
ciudadana efectiva.

En relaciona a elementos de monitoreo incluidos en el Plan de Acción, solo
puede señalarse que dichos compromisos son planes y programas que ya se
estaban llevando a cabo, o estaban en la planificación anual de los diversos
organismos estatales incluidos. Por tanto, el monitoreo que se puede hacer es el
seguimiento de dichos programas o planes por parte de los organismos
obligados. De todos modos. Pero no existen mecanismos creados
especialmente para el monitoreo de estos compromisos.

La expectativa de la sociedad civil es poder participar del Mecanismo de
Revisión Permanente creado en OGP para el seguimiento de los planes de
acción. En este sentido Cainfo está incluida en las bases de mails a donde llega
la información relacionada a esta temática, pero hasta el momento no ha habido
ninguna instancia de interacción con el coordinador para la sociedad civil de
OGP, Paul Maassen.

 DATOS ABIERTOS

El proceso de apertura de datos comenzó con iniciativas aisladas de algunos
organismos. Puede señalarse a la Intendencia de Montevideo
(datos.montevideo.gub.uy) como el organismo insignia que ha comenzado este
proceso, al abrir una serie muy variada y extensa de datos

Por su parte la AGESIC, que es responsable a nivel nacional de esta temática,
ha comenzado un repositorio de datos abiertos que existen a nivel estatal
(http://datos.gub.uy/). Es un tímido avance, pero permite reunir los datos y facilita
a los usuarios la búsqueda.

Sin embargo, aún no se ha aprobado un protocolo de datos abiertos desde esta
agencia, lo cual dificulta el trabajo y el avance en la temática.

Sería especialmente importante contar con datos en formato abierto que
permitan monitorear los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA). De esa manera podría exigirse su cumplimiento, así
como defendidos de manera apropiada e informada. Ejemplo de ello seria poder
contar con los datos de presupuesto desglosados sobre la ejecución de
cualquier política pública del área de los DESCA. De contar con estos datos se
podría hacer un cruce entre el origen de los datos, su destino y en qué se gasta,
entre otros.

107

ABIERTO (OGP) EN VENEZUELA
Transparencia Venezuela
Directora Ejecutiva: Mercedes De Freitas
Coordinadora Coalición ProAcceso: Daniela Martucci


Constitución Bolivariana de Venezuela
La Constitución Bolivariana de Venezuela contiene artículos que obligan a los
funcionarios públicos a proporcionar información. En el Artículo 28 se establece
que toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que
sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con
las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga
de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la
actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o
afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a
documentos de cualquier naturaleza que contengan información, cuyo
conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a
salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones
que determine la ley.

El artículo 57 prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de
los asuntos bajo sus responsabilidades y el 58 mantiene que toda persona tiene
derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como a la
réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones
inexactas o agraviantes. En cuanto a lo anterior, el Estado es responsable,
según el Artículo 108 de garantizar servicios públicos de radio, televisión y redes
de bibliotecas y de informática que permitan el acceso universal a la información.

De igual forma el Artículo 143 refiere que los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la
Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén
directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas
que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y
registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una
sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a
investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la
ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido
confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios
públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su
responsabilidad.

El mecanismo de petición también esta consagrado constitucionalmente a través
del Artículo 51 como mecanismo para acceder a la información pública. En este
se dicta que toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones
ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los

108

asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada
respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley,
pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.

Las únicas excepciones que establece la normativa venezolana están referidas
en el Artículo 325 de la Constitución, el cual dispone como información
reservada y clasificada por el Ejecutivo Nacional, aquella que esté relacionada
con planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la
Nación.

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
Existen también leyes administrativas que consagran el derecho. Ejemplo de ello
es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta
Oficial Nº 2.818 Extraordinaria de 1º de julio de 1981, donde refiere que toda
persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir
instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad
administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les
dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo. Con
respecto a los funcionarios y demás personas que presten servicios en la
administración pública, según el Artículo 3, están en la obligación de tramitar los
asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables por las faltas en
que incurran. Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico
inmediato, del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier
procedimiento, trámite o plazo, en que incurrieren los funcionarios responsables
del asunto.

Dicho reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto
dentro de los quince (15) días siguientes. La reclamación no acarreará la
paralización del procedimiento, ni obstaculizará la posibilidad de que sean
subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrare fundado
el reclamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista en el artículo
100 de la misma ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones a
que hubiere lugar.

Según el Artículo 5, A falta de disposición expresa toda petición, representación
o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos
de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser
resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha
posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos.
La administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o
incumplimiento por este de algún requisito.

En el Artículo 45 se prohíbe expresamente a los funcionarios del registro que
reciban la documentación, negarse a recibirla, y además advertirán a los
interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen.

109

Por su parte, los interesados y sus representantes tienen derecho, consagrado
en el Artículo 59, de examinar en cualquier estado o grado del procedimiento,
leer y copiar cualquier documento contenido en el expediente, así como de pedir
certificación del mismo, exceptuando los documentos calificados como
confidenciales por el superior jerárquico, los cuales serán archivados en cuerpos
separados del expediente. La calificación de confidencial debe hacerse mediante
acto motivado.

Ley Orgánica de Administración Pública
La ley Orgánica de Administración Pública, Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17
de octubre de 2001, mantiene en su Artículo 9 que los funcionarios y
funcionarias de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y
atender, sin excepción, las representaciones, peticiones o solicitudes que les
formulen los particulares en las materias de su competencia ya sea vía fax,
telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de responder oportuna y
adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen
los particulares de ejercer los recursos administrativos o judiciales
correspondientes, de conformidad con la ley.

En caso de que un funcionario público o funcionaria pública se abstenga de
recibir las representaciones o peticiones de los particulares o no den adecuada y
oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley.

El Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) creado por un
decreto presidencial venezolano, otorga a su director el poder de “declarar el
carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier
información, hecho o circunstancia”. De igual forma en diciembre de 2010 fue
aprobada la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la
Administración Pública la cual clasifica la información en cuatro escalas: 1. De
uso público 2. De uso interno, 3. Confidencial y 4. Estrictamente Confidencial.

En resumen, la legislación en relación al ejercicio del derecho de Acceso a la
Información es insuficiente. No esta definido el alcance del acceso a la
información, es decir a qué se tiene derecho y a que no; no hay claridad sobre el
organismo público responsable de garantizar el derecho y no hay órgano
promotor del mismo.

Asimismo, cabe señalar que la legislación venezolana en materia de acceso a la
información concede a la máxima autoridad jerárquica de la administración
pública la potestad de definir la clasificación de documentos como
confidenciales.

No se establece el principio de máxima publicidad en el marco legal relacionado
con el acceso a la información. La opacidad es la norma tanto en la teoría como
en la práctica ya que no se mantiene la aplicabilidad favorable por parte de quien

110

solicita la información. Estos parámetros aún no son conocidos ni identificados
en la mayoría de las instituciones públicas venezolanas.

Solicitudes de información consignadas por organizaciones no gubernamentales
han dejado en evidencia el incumplimiento de los plazos y la negación de
información que, constitucionalmente, le pertenece a los venezolanos y forma
parte del derecho ciudadano a hacer contraloría social y exigir rendición de
cuentas a sus autoridades. Asimismo el sistema judicial ha negado el acceso a
la información en todos los recursos de Amparo Constitucional, o por Abstención
o Carencia, solicitados, tanto por las organizaciones de la Coalición Proacceso,
como por otras que se conocen.

Las respuestas tampoco son oportunas por lo que se ve paralizado el proceso
de demanda, ya sea bajo el recurso de Amparo Constitucional o por Abstención
o Carencia.

información durante el último año en Venezuela

Un grupo de diputados de la Comisión de Contraloría introdujo en marzo de
2011 un Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en la Asamblea Nacional, el cual luego fue consignado y aprobado para
su estudio por una subcomisión a la que la organización Transparencia
Venezuela y la Coalición ProAcceso fueron invitados a participar.

Se adelantaron un total de 7 sesiones con los abogados encargados del estudio
del documento que dieron como resultado, para enero de 2012, un borrador del
proyecto basado en legislación internacional, la Ley Modelo de la OEA y lo
emanado de la sentencia de Claude Reyes vs. Chile.

La Comisión de Contraloría, impulsora del proyecto, cambió de presidencia y no
ha sido acogida por la nueva autoridad. El Proyecto de ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública está incluida en la agenda parlamentaria para
2012 pero no ha entrado a la discusión legislativa. Las organizaciones sociales
siguen haciendo consulta pública del proyecto presentado a través de
actividades, talleres y discusiones con expertos sobre el tema.

En materia judicial se dio respuesta a cuatro casos de negativa de información
declarando inadmisible la demanda por considerar que el Recurso de Amparo
Constitucional no es el idóneo para proceder sino el Recurso de Abstención o
Carencia en procedimiento ordinario. Lo curioso es que cuando se presenta la
demanda bajo este recurso, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia señala que para reclamar la abstención de la Administración Pública,
específicamente en casos de respuesta a peticiones de información pública por
vía judicial, es necesario acompañar al libelo de la demanda “pruebas que

111

acrediten las gestiones que haya realizado ante la Administración para obtener
respuesta”. Cabe destacar que dichas gestiones no están especificadas.

En el interior del país, los capítulos regionales de Proacceso avanzaron en la
introducción de ordenanzas de acceso a la información ante los concejos
municipales valiéndose del Art. 275 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, que establece que: “los ciudadanos y ciudadanas, en un porcentaje
no menor al cero coma uno por ciento (0,1%) de los electores del Municipio,
podrán presentar proyectos de ordenanzas”. Sin embargo, el presidente del
Concejo Municipal de Valencia en el estado Carabobo desconoció ante los
medios de comunicación las firmas presentadas, que duplicaban las requeridas,
por considerarlas “planas”, es decir, inventadas. A solicitud del concejal, dichas
firmas deben ser avaladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aún cuando
la legislación no lo establezca y no se haya recibido una comunicación oficial
reiterando lo anterior.


Venezuela no forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP). De todos
modos, las organizaciones de la sociedad civil venezolana se encuentran
promoviendo los temas relacionados con dicha iniciativa entre otras
organizaciones de sociedad civil, los partidos políticos, algunas alcaldías,
algunas gobernaciones y medios de comunicación.

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran elaborando un
plan de acción, relacionado con el tema de OGP, que estará listo en el mes de
septiembre de 2012.

La Coalición ProAcceso publicó el pasado 10 de agosto el informe “Impunidad
Censura y Opacidad” en el cual se evidencia la falta de interés del Estado
venezolano por revelar la información que maneja y que por derecho pertenece
a los ciudadanos. Por el contrario, los poderes públicos se han encargado de
legalizar la opacidad y alimentar la cultura del secreto en las instituciones.

El informe señala que desde 2001 se han venido aprobando leyes y normas de
opacidad (22 evaluadas) en la Asamblea Nacional y por ley habilitante en
Decretos Presidenciales, que ponen en manos de los funcionarios la potestad de
entregar o no la información solicitada, así como también vigilar aquella que sea
revelada.

De igual modo se practican agresiones y atropellos para censurar periodistas y
medios de comunicación. Según el informe, IPYS Venezuela registró 22
violaciones a la libertad de expresión y seis medidas arbitrarias contra medios en
lo que va de 2012. Por otra parte, señala el informe que en la actuación de

112

ciudadanos, organizaciones y empresas se instala la autocensura por temor a
represarías que impidan el acceso a un beneficio social, a permisos, a dólares
de CADIVI, a un ataque, expropiación, multas o suspensiones.

Otra evidencia son las trabas puestas por el sistema de justicia venezolano a
través de sus sentencias a todos los casos introducidos donde se ha exigido la
obtención de información pública. De los 11 casos en los que organizaciones de
la Coalición han llegado hasta los tribunales, el 100% han obtenido sentencias
negativas al solicitante con argumento contrarios al sistema internacional, como
la necesidad de presentar el “interés legítimo” y la proporcionalidad de la
información solicitada.

o Compromisos

Transparencia Venezuela considera que las prioridades pendientes, sobre las
cuales el gobierno debería formular compromisos, son:
 Aprobación de una ley de AIP y su implementación;
 Creación de un órgano garante del AIP;
 Portales de transparencia activa;
 Generación de información, publicación de bases de datos de información
sobre recursos, presupuestos, programas sociales, indicadores de gestión de
todos los sectores; y
 Portal de Contrataciones Transparentes con la publicación de los contratos
firmados por la república: de cooperación de compras, de obras y servicios,
de petróleo, gas y minas, etc.

o Sociedad Civil

Como ya se ha mencionado, las organizaciones de la sociedad civil venezolana
se encuentran promoviendo los temas relacionados con dicha iniciativa entre
otras organizaciones de sociedad civil, los partidos políticos, algunas alcaldías,
algunas gobernaciones y medios de comunicación.

El pasado 10 de Agosto se realizó un Conversatorio denominado “Acceso a la
Información y Alianza para el Gobierno Abierto”, en el que participaron miembros
de la Coalición ProAcceso y representantes de organizaciones internacionales
que se encontraban en el país en el marco de la VII Reunión de la Alianza
Regional por la Libre Expresión e Información, para compartir avances en
materia de acceso a la información en los países participantes y conocer un
poco más sobre la iniciativa de OGP, que tanto interés ha despertado en la
sociedad civil venezolana.

Muestra del mencionado interés ha sido el trabajo que se ha hecho en la
propuesta de Programa de Gobierno Abierto planteado por organizaciones no
gubernamentales para ser tomado en cuenta durante el próximo periodo
presidencial 2013 - 2019. El mismo contempla incrementar y fortalecer los

113

niveles de transparencia sobre la gestión pública a fin de lograr un mejor
conocimiento sobre el desempeño de las entidades públicas; la forma como se
asignan los recursos y quienes se benefician de ellos. Plantea además mejores
prácticas en materia de acceso a la información pública, rendición de cuentas e
integridad pública a partir de propuestas concretas.

Entre los meses de junio y julio Transparencia Venezuela ha elaborado una
encuesta consultiva entre organizaciones, realizada a través de surveymonkey
para recabar información entre académicos, organizaciones de sociedad civil y
gobiernos locales y regionales, en relación a las prioridades en temas de
Gobierno Abierto. Los resultados estarán procesados en el mes de septiembre.

 DATOS ABIERTOS

El Estado venezolano no sitúa el tema de Datos Abiertos entre sus prioridades.
Los proyectos que se iniciaron en 2003 desde el Ministerio de Ciencia y
Tecnología se encuentran paralizados. Las páginas de los entes de gobierno
nacional cada día tienen menos información y más propaganda.

Actualmente, no existen datos en formatos reutilizables publicados. La
prioridades se deberán fijar por órgano público y por temas. Estamos muy lejos
para definir esas prioridades en Venezuela.

En cuanto a la Información en formatos reutilizables que Transparencia
Venezuela considera que debería publicarse:
• Datos básicos: estructura y responsables de los cargos; servicios,
requisitos para tramites, presupuesto y detalles de su ejecución; sueldos,
programas y proyectos, indicadores, calendario de electos y obras;
contrataciones, copia de los contratos, licitaciones y adquisiciones.

En ese sentido, tomando como referencia buenas prácticas en otros países y
estándares internacionales establecidos en ley, la información mínima a ser
divulgada y actualizada por las instituciones públicas es:
• Estructura orgánica, actividades y funciones que ejerce;
• La base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables
al órgano o ente, proyectos de normatividad que estén en proceso de
expedición, sus metas y objetivos de conformidad con sus programas
operativos, y el grado de cumplimiento de estas metas y objetivos;
• En forma sencilla y accesible, los servicios que ofrece y las formas de
acceder a ellos, horarios de atención, sus procedimientos y trámites,
incluyendo los procedimientos y trámites para formular quejas, consultas, o
reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones
o competencias a cargo de la persona de que se trate, y demás indicaciones
necesarias para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y
cumplir sus obligaciones;

114

• Lista de los nombres, cargos, escalafón salarial, monto de los salarios,
remuneraciones u honorarios con un desglose de su composición, de los
representantes legales o titulares, y de todos los funcionarios y empleados
del órgano o ente, incluyendo aquellos contratados bajo las normas del
Código Civil.
• Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así
como sus anexos y reformas;
• Detalle y número de permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, y en
definitiva actos o decisiones propias de su actividad concedidas en el
período;
• Información completa y detallada sobre los contratos celebrados por el
órgano o ente para la adquisición de bienes y servicios, y construcción de
obras, con los datos sobre la empresa o persona contratista, el monto, plazo
y lugar de ejecución, una breve reseña del objeto de los contratos y las
especificaciones de los mismos y del avance del cumplimiento de éstos.
Cuando se trate de contratos por obras públicas, deberá hacerse constar no
solo la denominación de la parte contratante, sino también los nombres de
sus representantes legales;
• Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con el
órgano y ente;
• Planes y programas en ejecución y futuros;
• Mecanismos y entidades de control que vigilan el órgano o ente;
• El número, monto, y detalle de los contratos de créditos externos o internos,
señalando la fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos.
• Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará
constar, como lo prevén la Ley Orgánica de Administración Financiera de
Sector Público y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
Sistema de Control Fiscal, cuando menos las operaciones y contratos de
crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés, y nombre
del contratista e intermediario;
• Información total sobre el presupuesto anual que administra el órgano o ente,
especificando los ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de
conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes, así como el
presupuesto proyectado para el siguiente año fiscal;
• La liquidación del presupuesto anual, con los señalamientos de los
destinatarios de la entrega de recursos públicos y del objeto y uso que se
haya dado y hecho de los mismos;
• Los informes de las personas jurídicas de derecho privado sobre el uso de
fondos públicos, remitidos a la autoridad de control, así como las
conclusiones y recomendaciones de las auditorías internas y
gubernamentales al ejercicio presupuestal, incluyendo las auditorías de la
Contraloría General de la República;
• Información sobre todos los gastos del órgano o ente para publicitar,
promover, explicar o defender cualquier política o decisión del órgano o ente;
• Información total sobre la localización, naturaleza, y riesgos de las materias
tóxicas que el órgano o ente use, el volumen de tales materiales liberados al

115

medio ambiente como resultado de procesos de fabricación y producción, y
los métodos y mecanismos de eliminación de desechos que el órgano o ente
use. Este párrafo también aplicará a cualquier trabajo que sea realizado por
una persona jurídica de derecho privado para el órgano o ente;
• Mecanismos de rendición de cuentas a todas las personas, tales como metas
e informes de gestión e indicadores de desempeño;
• Mecanismos de interacción y participación de todas las personas en la
gestión del órgano o ente;
• El nombre, dirección de la oficina, código postal, número de teléfono, y
dirección electrónica del funcionario que el titular designe para tramitar y
responder a las solicitudes de acceso a información;
• En forma sencilla y accesible, los formularios o formatos de solicitudes que
se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción y los
procedimientos de presentar quejas sobre violaciones del derecho de acceso
a la información pública, y demás informes, estudios, o guías que se
presentan;
• Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o
internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos;
• El Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia, adicionalmente,
publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutadas, producidas en todas
sus jurisdicciones;
• Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto
íntegro de las resoluciones ejecutadas, así como sus informes, producidos en
todas sus jurisdicciones;
• El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información
relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para
la población en general; y,
• Los organismos seccionales, adicionalmente, informarán oportunamente a
todas las personas de las resoluciones que adoptaren, mediante la
publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos
colegiados, así como sus planes de desarrollo local.

116

1.19. CUADRO DE SÍNTESIS

Este cuadro ha sido construido con la información provista por las
organizaciones que conforman la Alianza Regional por la Libre Expresión e
Información, junto a los datos disponibles en el sitio web de la Alianza de
Gobierno Abierto (OGP).

PAÍS ORGANIZACIONES ESTADO EN LA ENLACES
DE LA ALIANZA ALIANZA DE
REGIONAL POR GOBIERNO
LA LIBRE ABIERTO (OGP)
EXPRESION E
INFORMACION

1. Argentina Asociación por los No es miembro
Derechos Civiles
(ADC)

2. Bolivia Asociación Nacional No es miembro
de la Prensa (ANP)

3. Chile Fundación Pro Es miembro. http://www.opengovpart
Acceso nership.org/countries/chi
Compromisos le
entregados

4. Colombia Fundación para la Es miembro. http://www.opengovpart
Libertad de Prensa nership.org/countries/col
(FLIP) Compromisos ombia
entregados
Transparencia por
Colombia

5. Costa Rica Instituto de Prensa y Es miembro.
Libertad de
Expresión (IPLEX) Compromisos
todavía no
entregados

6. Ecuador Fundamedios No es miembro

117

7. El Salvador Asociación de Es miembro.
Periodistas de El
Salvador (APES) Compromisos
todavía no
Fundación entregados
Salvadoreña para el
Desarrollo
Económico y Social
(FUSADES)

8. Guatemala Acción Ciudadana Es miembro. http://www.opengovpart
(AC) nership.org/sites/www.o
Compromisos pengovpartnership.org/fi
entregados les/country_action_plan
s/Guatemala%20OPG%
20Action%20Plan%20%
2009.04.12.pdf

9. Honduras Comité por la Es miembro. http://www.opengovpart
Libre Expresión nership.org/sites/www.o
Compromisos pengovpartnership.org/fi
(C-LIBRE) entregados les/country_action_plan
s/Plan%20Gobierno%20
Fundación
Abierto%202012%20últi
Democracia sin
ma%20versión%20%28
Fronteras (FDsF)
2%29.pdf

10. México Fundar- Centro de Es miembro. http://www.opengovpart
Análisis e nership.org/countries/m
Investigación Compromisos exico
entregados

11. Nicaragua Fundación Violeta No es miembro
Barrios de
Chamorro (FVBCH)

12. Panamá Consejo Nacional de Es miembro.
Periodismo (CNP)
Compromisos
todavía no
entregados

13. Paraguay Instituto de Derecho Es miembro.
y Economía
Ambiental (IDEA) Compromisos
todavía no
entregados

14. Perú Instituto Prensa y Es miembro. http://www.opengovpart
Sociedad (IPYS) nership.org/countries/pe
Compromisos

118

entregados ru

15. República Participación Es miembro. http://www.opengovpart
Dominicana Ciudadana (PC) nership.org/countries/do
Compromisos minican-republic
entregados

16. Uruguay Centro de Archivos Es miembro. http://www.opengovpart
y Acceso a la nership.org/countries/ur
Información (CAInfo) Compromisos uguay
entregados

17. Venezuela Transparencia No es miembro
Venezuela

119

2.1 ALIANZA REGIONAL POR LA LIBRE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN LAS AMÉRICAS: NUESTRA
ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO Y SU IMPORTANCIA

Zoe Reiter71
Transparencia Internacional
Coordinadora Regional de Programas
Departamento de las Américas

En los últimos diez años, el rol que asumió la sociedad civil en la promoción de
la gobernabilidad efectiva, así como su naturaleza y enfoque, se han modificado
radicalmente. Por un lado, se ha observado una proliferación de redes de la
sociedad civil, muchas de ellas con base regional o dedicadas a un aspecto
específico de la gobernabilidad (p. ej., transparencia legislativa, transparencia
presupuestaria, protección de denunciantes, etc.). A su vez, las iniciativas de
gobernabilidad impulsadas por los gobiernos han reconocido progresivamente la
necesidad y la importancia de que la sociedad civil participe en los avances
legislativos y de políticas vinculados con la gobernabilidad efectiva, así como en
el monitoreo de su implementación.

La Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), creada
en septiembre de 2011, representa un ejemplo de esta segunda tendencia. La
iniciativa de la OGP procura ampliar el acceso a la información, apoyar la
participación civil, que incluya la plena intervención de mujeres en la toma de
decisiones y el control, promover la integridad en el sector público a través de
sólidos mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y contra la
corrupción, y mejorar la accesibilidad y el uso de tecnologías de información
abierta. Como se indica en su declaración, la finalidad de la OGP es conducir a
un “aumento de la participación del público en la realización, el seguimiento y la
evaluación de las actividades gubernamentales… [en la cual] las organizaciones
sin fines de lucro y de la sociedad civil [puedan tener un] funcionamiento [que]
sea coherente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, de
asociación y de opinión”72.

La OGP no solo reconoce la importancia de que la sociedad civil asegure
avances sólidos y concretos en materia de gobierno abierto, sino que la iniciativa
misma se generó a partir de un diálogo entre actores gubernamentales clave e
importantes actores de la sociedad civil, muchos de ellos con sede en Londres y
Washington, D.C. Esto dio lugar a un mecanismo de supervisión en el cual
intervienen un comité directivo gubernamental, integrado actualmente por 9
representantes de países73, y un comité directivo de la sociedad civil, compuesto

71
Todas las consideraciones manifestadas en este artículo son a título personal de la autora y no
representan la opinión de Transparencia Internacional.
72
http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration
73
Indonesia, Filipinas, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, Tanzania y
México

121

por 9 representantes de organizaciones de la sociedad civil internacionales y
regionales74. El presidente del comité directivo de la sociedad civil es además
miembro del comité directivo gubernamental, y esto contribuye a que los
gobiernos tomen en cuenta las perspectivas de la sociedad civil.

En el ámbito nacional, los países participan de manera voluntaria y, en teoría, se
insta a la sociedad civil en general a intervenir en la formulación del Plan de
Acción Nacional del gobierno. Se trata del plan formulado por el país para
implementar nuevos compromisos concretos que fomentan el gobierno abierto,
de conformidad con las aspiraciones y los principios plasmados en la
declaración. Se espera también que la sociedad civil en cada uno de los países
supervise la implementación del plan, a fin de asegurar que se cumplan los
parámetros fijados. Es allí justamente donde radica el problema. ¿Quién
responderá concretamente si un país participante no cumple las promesas y
aspiraciones manifestadas en la declaración de la OGP en el ámbito nacional, ya
sea en lo que respecta al desarrollo del plan de acción nacional o a su
implementación? En teoría, existe un mecanismo de reclamación que permite a
la sociedad civil (u otros gobiernos) presentar denuncias cuando se considere
que un país no ha cumplido los principios y compromisos expresados en la
declaración de la OGP o en el plan de acción nacional. También está
formalmente contemplada la posibilidad de que un país que deliberadamente
transgreda estos principios y compromisos pueda ser excluido del proceso de
integración de la Alianza, si bien hasta el momento esto no ha sucedido.

No obstante, es en este mecanismo de sanción o reclamo establecido para el
proceso donde pueden inmiscuirse consideraciones políticas y donde la
expectativa de que la sociedad civil desempeñe un rol tanto a nivel interno como
externo (p. ej., ofreciendo asistencia técnica a la vez que se brinda una función
de supervisión) puede encontrar mayores obstáculos en la práctica. Por su
naturaleza intrínseca, la iniciativa obliga a las organizaciones de la sociedad civil
que participan en el comité directivo a desempeñar un papel más diplomático de
facilitación y fomento. Esto podría traducirse en límites para el mecanismo de
control cuando los países optan por instrumentar la OGP como una mera
pantalla. En tanto facilitador y responsable, con otros actores, del diseño y la
implementación del proceso, el comité directivo de la sociedad civil tiene un
ámbito de acción más limitado para desempeñar eficazmente su rol de
vigilancia.

Con ello, no se pretende criticar el valiosísimo rol que el comité directivo de la
sociedad civil ha tenido y continúa desempeñando en la promoción de un
proceso alentador destinado a ampliar el gobierno abierto en todo el mundo.
Simplemente implica que este rol tanto interno como externo que ejerce el
comité directivo de la sociedad civil y que constituye un aspecto esencial de la

74
Africa Center for Open Governance, INESC, MKSS, IMCO, Twaweza, National Security
Archive, Transparency and Accountability Initiative, Revenue Watch Institute, International
Budget Partnership.

122

iniciativa de la OGP debe ser complementado por una intervención organizada
de la sociedad civil que provenga del ámbito externo. Es decir, aún existe una
necesidad crítica de contar con una sociedad civil independiente que aporte la
medida necesaria de apoyo externo y ejerza presión sobre el proceso de la
OGP, especialmente en el ámbito de los países, pero que también deberá
organizarse en el marco regional e internacional. Un rol de vigilancia más
tradicional ayudaría a asegurar que los países deban rendir cuentas ante sus
ciudadanos y, cuando sea necesario, ante activistas regionales e internacionales
que promueven el gobierno abierto. Estos grupos, y su interdependencia
respecto del proceso, son fundamentales para asegurar que la iniciativa de la
OGP consiga los resultados más efectivos posibles.

Este rol de vigilancia externo se maximiza aún más si se integran las iniciativas
de la creciente cantidad de redes que promueven el gobierno abierto. Las redes
que abordan los componentes clave del gobierno abierto deben trabajar en
colaboración para intercambiar experiencias y conocimientos y desarrollar
plataformas colectivas de incidencia y mensajes que aseguren que ciertos
fenómenos endémicos del proceso político, como las concesiones recíprocas y
el uso de compromisos públicos para fines de relaciones públicas, no consigan
debilitar el posible impacto que la OGP pueda tener en nuestra región y en el
mundo. Transparencia Internacional – América y la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información han reconocido esta necesidad de alcanzar un
compromiso efectivo, coordinado y totalmente independiente sobre la OGP. Por
esta razón, hemos suscripto un acuerdo durante el Foro Centroamericano de
Transparencia celebrado en noviembre de 2011, en el cual nos comprometimos
a trabajar conjuntamente en este tema y otras cuestiones clave sobre gobierno
abierto en América Latina. Trabajamos juntos con el objeto de apoyar a nuestros
más de 35 miembros nacionales en la región y brindarles los medios para que
exijan planes de acción nacionales sólidos destinados a fomentar un acceso
efectivo a la información, la transparencia y mecanismos contra la corrupción.

Por último, hemos creado además una fórmula clara y simple que resume
nuestra visión sobre un gobierno verdaderamente abierto:

Acceso a información como derecho + transparencia, rendición de cuentas
y participación como política + información abierta como herramienta =
gobierno abierto

La importancia de esto radica en que, muchas veces, los gobiernos confunden el
gobierno abierto con tan solo uno de estos tres componentes, y en general
asocian al gobierno abierto únicamente con, por ejemplo, la información abierta.

Esta fórmula se generó durante un foro organizado conjuntamente por TI –
América, la Alianza y la Conferencia Internacional Contra la Corrupción, y se
consultó a nuestros principales actores nacionales y otras organizaciones de la
sociedad civil de todo el mundo que fueron invitados a la reunión anual de la

123

OGP celebrada en abril de 2012 en Brasilia. La fórmula orienta el trabajo que
desarrollamos de manera conjunta y que tenemos previsto para el futuro, con el
objeto de asegurar que la Alianza de Gobierno Abierto cumpla las aspiraciones y
los compromisos plasmados en la Declaración de la OGP. Nuestro esfuerzo
colectivo ha conseguido que los planes de acción nacionales de numerosos
países de la región adopten un compromiso más sólido con las cuestiones que
consideramos centrales, y esperamos que también ayude a fortalecer los
resultados y, en definitiva, el impacto de la OGP. Invitamos entonces a otras
redes de la región a sumarse a esta importante campaña para conseguir un
gobierno abierto genuino y participativo.

124

2.2 LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO: LECCIONES Y EXPERIENCIAS
DE LOS PROMOTORES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN ÁFRICA.

Gilbert Sendugwa
Conferencia Panafricana sobre Acceso a la Información
Jefe de la Secretaría75

El lanzamiento de la Alianza de Gobierno Abierto
(http://www.opengovpartnership.org) en Septiembre de 2011 coincidió con la
Conferencia Panafricana sobre Acceso a la Información (Pan-African
Conference on Access to Information - PACAI). Ambos eventos fueron
significativos en el contexto del fomento del derecho a la información en África
por varios motivos: en primer lugar, porque ambos tuvieron lugar en el momento
en que el continente tenía el menor número de leyes de acceso a la
información76, las cuales a su vez experimentaban desafíos de distintos grados
respecto a su implementación. En segundo lugar, porque las leyes existentes
diferían en varios aspectos de los estándares internacionales.
La Conferencia PACAI, junto a la Declaración APAI que resultó de ella
(http://www.africafoicentre.org/index.php?option=com_docman&Itemid=560),
tuvieron como objetivo el posibilitar que los países que estuvieran considerando
nuevas legislaciones, lo hicieran garantizando que dichas leyes se alineen a los
principios establecidos. El segundo objetivo fue el de movilizar compromisos
respecto a la adopción e implementación de las leyes de acceso a la información
en el continente.
La Alianza de Gobierno Abierto es una iniciativa internacional voluntaria,
conformada por múltiples actores, que busca obtener compromisos concretos
por parte de los gobiernos en relación a la promoción de la transparencia, el
empoderamiento ciudadano, la lucha contra la corrupción y la utilización de las
nuevas tecnologías para fortalecer el buen gobierno. Los gobiernos miembros de
OGP deben comprometerse con las prácticas de gobierno abierto, garantizando
la publicación oportuna de documentación presupuestaria, adoptando una ley de
acceso a la información que asegure el derecho público de acceso a los datos
gubernamentales, estableciendo normas que demanden la publicación de los
ingresos y bienes de los funcionarios electos, como de funcionarios públicos de
alto rango, junto a la apertura a la participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas.
Al igual que el proceso de adopción de leyes de acceso a la información, que ha
requerido de diez años para la aprobación de diez leyes, el ritmo de inserción en

75
La traducción del inglés al español de este artículo ha sido realizada bajo la responsabilidad
del equipo de traducción de la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Regional.
76
Sudáfrica, Angola, Zimbabwe, Uganda, Etiopía, Liberia, Níger, Nigeria, Guinea Conakry y
Túnez.

125

OGP en África ha sido lento: solamente cinco países se unieron, sobre el total
de cincuenta y cuatro que conforman el continente. Esto se debe a una
combinación de factores: muchos países no cumplen con los criterios de
elegibilidad y no parecen estar realizando un esfuerzo para cumplirlos. A su vez,
la conocimiento sobre esta herramienta y sus procesos, entre la sociedad civil y
los lideres políticos. Asimismo, otros países aun no han comprendido cómo este
proceso se relaciona con iniciativas continentales como la del Mecanismo
Africano de Revisión de Pares (African Peer Review Mechanism). Seis países
cumplieron los criterios de elegibilidad de OGP y de ellos, cinco se convirtieron
en miembros: Sudáfrica, Kenia y Tanzania habiendo presentados planes de
acción nacionales; y Ghana y Liberia en proceso de desarrollar sus respectivos
planes.

OGP y el Derecho a la Información
La Alianza de Gobierno Abierto presenta una gran oportunidad para promover el
derecho a la información. Como ya se estableció, una de las metas de OGP es
promover tanto la promulgación de legislaciones de acceso a la información, así
como el acceso a datos gubernamentales. En el marco de la celebración de su
primer aniversario, en los países africanos que pertenecen a la mencionada
Alianza se registró lo siguiente:
• Si bien el Gobierno de Kenia no se comprometió a adoptar una ley de
acceso a la información, en su plan de acción se establece que el
borrador del proyecto de ley fue revisado y perfeccionado. Cabe señalar
que el lanzamiento de OGP encendió la necesidad de volver a considerar
el borrador del proyecto de ley de acceso a la información que había
permanecido estancado durante varios años. Se diseñó un nuevo
borrador a partir de reuniones de consulta entre diferentes actores,
incluyendo organizaciones de la sociedad civil en el país. AFIC tuvo el
privilegio de trabajar en colaboración con la Sección Keniana de la
Comisión Internacional de Juristas (Kenyan Section of International
Commission of Jurists - ICJ), organizando reuniones consultivas el 17 de
Febrero del 2012 en Nairobi. Asimismo, el gobierno de Kenia creó un
Portal de Datos Abiertos (https://opendata.go.ke/) donde los ciudadanos
tendrán la posibilidad de acceder a los datos del gobierno en relación a la
prestación de servicios y el presupuesto de los programas
gubernamentales.

• Al igual que Kenia, Tanzania tampoco cuenta con una ley de acceso a la
información. En su plan de acción nacional de OGP se estableció que
estudiará las mejores prácticas respecto a leyes de libertad de
información a nivel global, con el fin de generar aportes para la
preparación de un potencial proyecto de ley. También se comprometió a
implementar una serie de acciones a través de las cuales,
proactivamente, el gobierno revelará la información.

126

• Sudáfrica, a diferencia de Kenia y Tanzania, cuenta con una ley de
acceso a la información y ha asumido importantes compromisos con el fin
de promover el mencionado derecho en el país. A su vez, se están
abordando progresivamente las preocupaciones de la sociedad civil en
relación a las disposiciones del Proyecto de Ley de Protección de la
Información del Estado que amenazarían con socavar el derecho a la
información.

La Sociedad Civil Africana y OGP
La participación ciudadana juega un rol importante en los procesos de OGP. Se
requiere que las organizaciones de la sociedad civil estén enteramente
involucradas en todo el proceso de OGP, tanto en la generación de planes de
acción nacionales como en sus reportes.
Durante la generación de los primeros planes de acción nacionales, los
gobiernos de Sudáfrica, Kenia y Tanzania procuraron involucrar a
organizaciones de la sociedad civil pero esto no ha sido suficiente, debido a
distintas razones, entre las cuales se destacan:
• Información limitada acerca de OGP. Varias organizaciones de la
sociedad civil y departamentos gubernamentales, exceptuando a los que
estuvieron directamente involucrados en el diseño de planes de acción en
sus respectivos países, no contaron con información acerca de OGP y
sus procesos.
• La generación y presentación de planes de acción nacionales estuvo a
cargo de los gobiernos, casi exclusivamente. Es muy probable que el plan
de acción de un país únicamente represente las visiones de los
funcionarios públicos de alto rango y no de la población y las
organizaciones de la sociedad civil.
• El limitado compromiso de la sociedad civil afecta el resultado del
proceso. En el caso de Kenia y Tanzania por ejemplo, a pesar de la
abrumadora necesidad y el reconocimiento de que la participación es
imposible sin información, las negociaciones por un fuerte compromiso
respecto a la inclusión de leyes de acceso a la información fueron
inadecuadas. Miembros de la AFIC en los tres países confirmaron que
varios departamentos públicos, exceptuando aquellos directamente
involucrados en la generación de planes de acción nacionales,
desconocen la herramienta de OGP.

¿Qué se ha aprendido?
• La sociedad civil busca ser proactiva y comprometida. En Uganda,
organizaciones de la sociedad civil sostuvieron reuniones con sus
gobiernos en búsqueda de incidencia. Enfocadas en esta demanda,
existe una gran posibilidad de que su participación en etapas posteriores
sea alta en el caso de que el país se adhiera.

127

• En Ghana, un Comité Directivo de múltiples actores de OGP se colocó al
frente de la formulación del plan de acción del país, dirigido por la
Secretaría del Ministro de Reformas en el Sector Público (Minister of
Public Sector Reforms’ Secretariat), con la participación de líderes del
gobierno, la sociedad civil y entidades religiosas. El comité directivo está
encargado, entre otras, de la coordinación y el seguimiento del desarrollo
y la implementación del plan de acción del país. Este proceso
inevitablemente dotará de un nuevo impulso a las campañas en curso por
una ley de acceso a la información en Ghana.

Próximos Pasos
• AFIC está comenzando un proceso que facilitará a la sociedad civil
africana y a las agencias de gobierno a compartir y aprender de las
experiencias de la región y fuera de ella. Una vez finalizado, la red de 26
miembros de la AFIC trabajará con otros participantes y actores clave
para proporcionar una plataforma crítica para el aprendizaje y el
compartir.
• Además, junto con actores clave y un gobierno nacional, AFIC está
discutiendo la posibilidad de ser anfitriones conjuntos de una reunión
regional el próximo año. El encuentro representará un importante punto
de aprendizaje, lo cual es vital para el continente.
• Se mantuvieron conversaciones con la Alianza Regional por la Libre
Expresión e Información y otras redes regionales con el fin de trabajar
juntas en el uso de diferentes plataformas para el avance del derecho a la
información a nivel mundial.

128

Saber mas Iv

Más contenido relacionado

Destacado (19)

Similar a Saber mas Iv (20)

Más de Espacio Público (20)

Saber mas Iv