Sintesis informativa 03 de junio 2017

"En un año acabaremos con la pobreza en Oaxaca",
promete Murat
Virgilio Sánchez
Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat ofreció ayer acabar en un año con la pobreza extrema que hay en
Oaxaca.
Detalló que tienen identificados a 272 mil 480 oaxaqueños, en 71 municipios, que viven en pobreza extrema ya
que tienen tres o más carencias.

“Estamos proyectando que para 2018, atendiendo estas carencias, los vamos a sacar de la pobreza extrema y
vamos a entrar en pobreza moderada; y nos permitirá claramente atender el primer indicador que lacera a
Oaxaca”, expresó, el mandatario estatal.
Murat afirmó que la estrategia para lograr este objetivo es focalizar la política social para revertir estas tres
carencias, antes de que concluya 2018.
Aunque se le preguntó por las acciones específicas que habrá de ejecutar el Gobierno del Estado, no las detalló.
Durante la apertura de la segunda sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que se celebró
en el Palacio de Gobierno; el Gobernador de Oaxaca informó que su administración cuenta con cuatro
programas sociales, que este año, cuentan con recursos por 881 millones de pesos.
Expuso que estos proyectos son dotación de uniformes y útiles escolares en la cual invierte 516 millones de
pesos; crédito a la palabra de la mujer, con el cual estima acomodar 20 millones de pesos para mil beneficiarias.
Tambien, el apoyo a personas con discapacidad, que opera con 133 millones de pesos este año, para brindar
atención a 21 mil oaxaqueños; y las cocinas-comedores comunitarios que atienden a 126 mil personas con 212
millones de pesos.
Estos programas ya operaban en el estado desde la administración estatal anterior.
Murat destacó que el Gobierno estatal paga un peso a Liconsa por cada uno de los 64 mil sobres de leche que
entrega a más de 7 mil niños en los 171 municipios de Oaxaca, que están en pobreza extrema.
Apoyo extraordinario por 2 mil mdp
El Gobernador del Estado anunció frente a las autoridades de desarrollo social de todo el país, que en los
próximos 6 meses, invertirá de forma extraordinaria 2 mil 642 millones de pesos en nuevas acciones para
combatir la pobreza.
Una de éstas, expuso, es el nuevo programa de apoyo al que denominó “Mujer rosa” que, dijo, servirá para
“empoderarlas” a través de tarjetas para el supermercado.
El mandatario explicó que el Monte de Piedad y el Sistema DIF Oaxaca fondearán este proyecto con la
aportación de cada uno de 25 millones de pesos.
“Y en coordinación con la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales),
empezando con Chedraui, estaremos dando tarjetas de apoyo a las mujeres solteras y mujeres trabajadoras para
que puedan tener apoyos, beneficios en diversas actividades para sus familias”, manifestó.
Murat comentó que también instalarán un Centro de Control y Monitoreo, que será una herramienta tecnológica
para monitorear el avance de los indicadores de rezago social.
En materia educativa, presumió que ya atendieron 600 de las 2 mil 600 escuelas con rezago en infraestructura y
que son atendidas por el programa federal “Escuelas al cien”.
Técnicamente compleja la autopista a la Costa, dice la SCT
Por Carlos Alberto Hernández
Costará la vía de 104.3 kilómetros 5,857 mdp; contemplan ponerla en operación en agosto de 2018

OAXACA
La súper carretera a la Costa deberá terminarse en agosto de 2018 con una inversión de 5 mil 857 millones
de pesos, confirmó ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El director general adjunto de Supervisión Física de Autopistas de la dependencia federal, Roberto
Magallanes González, reconoció que actualmente se tiene un avance físico del 53 por ciento, al ser una vía
de comunicación técnicamente compleja.
En el marco de la conferencia magistral denominada “Programa Carretero en Oaxaca” y ofrecida a
integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca, comentó que el periodo de construcción de los
104.3 kilómetros abarca 6 años (2012 – 2018).
Sostuvo que el Capital de Riesgo ampara 1,376.8 millones de pesos, créditos por 3,001.9 millones de pesos,
subvención de 1,128.3 millones de pesos, aportación federal por el orden de 350 millones de pesos y 252.5
millones de apertura de créditos, fianzas y seguros.
De acuerdo con el funcionario, los usuarios podrán circular a una velocidad promedio que va de los 90 a
110 kilómetros por hora, a través de 11 puentes y viaductos, 3 túneles, 9 entronques y 2 casetas de cobro.
Con la construcción de la autopista el gobierno federal busca reducir el tiempo de recorrido de la ciudad de
Oaxaca a las Bahías de Huatulco, al pasar de 6 horas y 30 minutos a 3 horas y 30 minutos
aproximadamente.
“Una vez concluida se reducirán los costos de operación del transporte federal para
contribuir al desarrollo económico de la región de la Costa”, continuó el funcionario
federal.
Magallanes González enfatizó que respecto a las terracerías, se tiene un avance del 75 por ciento respecto
al proyecto de origen, sin embargo, para la conclusión de la obra se han considerado volúmenes adicionales
que resultan de abatimientos y tratamientos de taludes para su estabilización.
“Para la construcción de la autopista es necesario realizar trabajos de terracerías
con un movimiento de tierras del orden de 20 millones de metros cúbicos de cortes y
13 millones de metros cúbicos de terraplén”, añadió.
El director general adjunto de Supervisión Física de Autopistas de la SCT afirmó que las condiciones
geológicas de la región constituyen uno de los retos más importantes del proyecto para la estabilización de
los taludes, garantizando la seguridad de la vía.
“A la fecha se tiene un avance importante de pavimentos en el tramo del kilómetro 179+000 al kilómetro
204+260 que incluye las comunidades de Puerto Escondido, Santa María Colotepec y parte de la zona de
los Loxicha.
En su oportunidad, el director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David Mayrén Carrasco, afirmó
que el proyecto de la súper carretera a la Costa se concluirá al ser un compromiso de la actual
administración estatal.

1 mil 400 mdp costará reconstrucción de caminos y carreteras destruidas por Beatriz y Calvin: CAO
Jaime GUERRERO
Oaxaca.-Cerca de 1 mil 400 millones de pesos costará (en una primera etapa) la reconstrucción y
restauración de los caminos y carreteras destrozados, por las Tormentas Tropicales “Beatriz” y
posteriormente “Calvin”, adelantó el titular de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David
Mayrén Carrasco.
En la primera etapa del temporal de lluvias, informó que el próximo lunes 3 de julio se realizará la
reunión donde se pondrá a consideración del Jefe del Ejecutivo, Alejandro Murat Hinojosa, e
instancias relacionadas, el balance de daños global y el presupuesto con el cual se atenderían las
afectaciones y daños a la red carretera estatal.
Por lo pronto, informó que concluyeron con éxito la primera fase de trabajos, y que a esta fecha
ninguna cabecera Municipal está incomunicada.
NO obstante, aún existen de 7 a 10 localidades donde no pueden pasar vehículos de gran tonelaje,
no obstante, el Gobierno del Estado, y el Ejército Mexicano, les sigue atendiendo incluso vía aérea.
Hasta el momento, CAO y la Secretaría de la Defensa Naiconal (Sedena), han retirado escombros,
arboles, maleza y demás que taponearon el paso en las horas y días siguientes a esos fenómenos
hidrometeorológicos.
Lo que sigue ahora es una segunda etapa en la que se restaurarán y reconstruirán, dependiendo del
caso, los caminos y red carrtera, principalmente de la región del Istmo de Tehuantepec, Costa,
Sierra Sur y el Valle Central.
Mayren Carrasco, informó que son alrededor de 127 municipios con más de 75 comunidades las
más afectados por las tormentas tropicales “Beatriz” y “Calvin”, principalmente en las regiones del
Istmo, Costa, Sierra Sur y Valles Centrales , en donde se han centrado los esfuerzos de trabajo,
debido a que el temporal no ha dado tregua.
Y es que dijo que al saldo de Beatriz y Calvin se sumaron las intensas lluvias que dejo Dora,
“entonces los trabajos han avanzado no a partir de las posibilidades presupuestales sino incluso,
climáticas.
El titular de CAO, destacó la coordinación estrecha entre instancias del Gobierno Federal y Estatal,
en el caso de caminos y carreteras, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Cabe recordar respecto a esta contingencia, que la Sedena implementó el Plan DN-III en las
regiones del Istmo, Costa y Sierra Sur, además de instalar 12 Cocinas Comunitarias en las zonas
afectadas, habilitaron para ello bases de operaciones en Oaxaca, Miahuatlán, Huatulco, Puerto
Escondido y Ciudad Ixtepec, donde participaron cerca de 1,900 efectivos castrenses y elementos de
la Policía Estatal.

Asimismo, se dispuso de dos aeronaves de ala rotativa en apoyo al Plan DN-III, para el traslado de
víveres y diversos materiales, así como de transporte y evacuación de personas. De igual manera
realizaron 112 acciones de recuperación de viviendas, además de retirar lodo y piedras en 1 mil 899
m3 de carreteras y 4 mil 250 m3 en casas-habitación.
Hasta el pasado 22 de junio, se tenía reportado que a causa de las Tormentas Tropicales Beatriz y
Calvin, se habían afectado 2 mil 700 kilómetros de la red carretera del Estado, lo que representaba
el 16 por cientos de sus carreteras, caminos rurales y brechas.
En el caso del puente de Tequisistlán, destacó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), trabaja en la rehabilitación y hasta el pasado martes, se habilitó un sentido de ese acceso
carretero.
En total fueron 118 eventos (afectaciones) a la red carretera estatal y caminos rurales. En el caso de
la red troncal, existe coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En suma, es el 16 por ciento de la red carretera estatal, la afectada por las Tormentas Tropicales
Beatriz y Calvin. “Tenemos muchos caminos y brechas. La red carretera es de 15 mil kilómetros de
carreteras y caminos rurales y 2 mil kilómetros de brechas. En un porcentaje se han afectado
diversos tramos de alrededor de 2 mil 700 kilómetros”, reportó, Mayren Carrasco, el pasado 22 de
junio.
Mayren Carrasco, destacó que se han establecido puentes aéreos con el apoyo del Ejercito
Mexicano, Policía Federal y Conagua, para llevar ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social,
Liconsa, entre otras dependencias.
Mayren Carrasco destacó el trabajo de los presidentes municipales de los municipios afectados por
los fenómenos hidrometeorológicos, entre ellos, el edil de San Pedro Mixtepec, Santa María
Colotepec, Pochutla, Santa María Huatulco, San Miguel del Puerto.
Plan Estatal de Desarrollo sin un plan maestro para
resolver conflictos
Por Andrés Carrera Pineda
En los últimos seis meses líos agrarios han dejado al menos 10 muertos en las diferentes regiones

OAXACA
De acuerdo con el diagnóstico plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la actual
administración estatal enfrenta severos conflictos sociales que pueden estallar en cualquier momento.
En el apartado de Gobernabilidad y Paz Social se da cuenta de los múltiples conflictos que aquejan a los
oaxaqueños como electorales, magisterial, con organizaciones sociales, de tipo agrario y sindical, entre
otros.
Los conflictos
En la orden de los conflictos a solucionar destacan los postelectorales, en donde derivado de las
irregularidades en el proceso de elección ordinaria de autoridades municipales, se cuantifican 36 por el
régimen de Sistemas Normativos Internos.
En estos casos resalta la falta de armonización de la cabecera municipal con sus agencias, y en otras
ocasiones la negativa de participación política de la mujer, en su derecho de votar y ser votada.
De los conflictos agrarios, destaca que son originados por límites que enfrentan los núcleos agrarios,
también por la regularización en la tenencia de la tierra, la organización interna de las comunidades
agrarias, la participación equitativa en materia de género y la impartición de justicia.
En este rubro, el total de conflictos agrarios registrados hasta ahora en el estado es de 364. De éstos: 32 se
encuentran clasificados como de alto riesgo, 104 de mediano riesgo y 228 de bajo riesgo.
En los últimos seis meses los conflictos agrarios han dejado al menos 10 muertos en las diferentes regiones,
incluidos autoridades municipales y comuneros que se enfrentan por la posición de predios en litigio.
Otro de los mayores retos que enfrenta la actual administración estatal es sin duda la problemática que
genera el movimiento magisterial, representado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), aunado a la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE).
Según el diagnóstico, dentro de los principales acciones y manifestaciones de protesta de estos sindicatos,
se encuentran la toma de instalaciones estratégicas, bloqueos carreteros y de vialidades principales,
marchas y plantones, entre otras tendientes o encaminadas a generar el caos y el conflicto.
Actualmente, las exigencias de la Sección 22, el más radical, se centran en la derogación de la reforma
educativa, para impulsar un proyecto alterno denominado Plan Estatal para la Transformación de la
Educación en Oaxaca (PETEO), cuyo objetivo central es implementar un sistema educativo distinto, y en
muchos casos, contrario a la política educativa nacional, lo que ha impedido concretar proyectos y recursos
destinados a escuelas para el beneficio del alumnado.
Es el caso de 90 por ciento de las instituciones educativas del estado y sus directivos, quienes han
rechazado la implementación de los programas “Escuelas al 100”, “Escuelas de Tiempo Completo” y
“Escuelas de Calidad”.
Señala que esta negativa que ha venido generando una serie de conflictos con las comunidades, autoridades
municipales y comités de padres de familia en contra del profesorado.
LIDIARÁN CON 425 ORGANIZACIONES SOCIALES
Un claro ejemplo de que algunas organizaciones sociales sólo surgieron para sangrar las arcas del Gobierno
del Estado, es lo que ocurre actualmente en víspera de la celebración de la Guelaguetza 2017, donde los
líderes lucran con la amenaza de boicotear la máxima fiesta de los oaxaqueños en caso de no obtener
beneficios económicos.
En este aspecto, el PED señala que históricamente, parte del desarrollo político-social y económico de
Oaxaca se ha visto identificado con la aparición de organizaciones de tipo político y social, principalmente.
En la actualidad se tienen registradas 425 de estas organizaciones que en muchos de los casos representan
y/o se coordinan con los municipios y pobladores del estado para gestionar de forma permanente beneficios
a favor de sus localidades.
Señala que en buena medida la evolución de las organizaciones sociales se debe a la transformación de
solicitudes en exigencias de atención a sus demandas, y la radicalización de las formas utilizadas para
generar presión al gobierno a favor de sus objetivos, ello mediante actos o acciones que provocan la
sensación de ingobernabilidad.

A pesar de contar con este diagnóstico que ha sido factor del estancamiento que hoy vive Oaxaca, las
autoridades no han diseñado un plan estratégico para resolver cada uno de ellos, afirman especialistas en
políticas sociales.
En el PED sólo se señala tres estrategias para intentar solucionar cada uno de estos temas, pero en ningún
párrafo se establecen fechas, ni términos para alcanzar la paz social con todos estos actores.
Costó 12 mdp y está abandonado, Centro de Salud
en Oaxaca
Citlalli Luciana
Oaxaca.- El abandono es evidente. La maleza que crece por todos lados confirma que hace mucho tiempo las
obras de remodelación y ampliación del Centro de Salud Urbano número 1, quedaron paralizadas.
El 18 de mayo de 2015 el gobierno entonces encabezado por Gabino Cué Monteagudo dio el banderazo de
arranque a la remodelación con un presupuesto etiquetado de 12 millones de pesos. El compromiso fue
entregarlas en mayo de 2016. Esto no ocurrió así y poco antes de terminada la administración la obra se paró
por insuficiencia presupuestal.
El director del centro de salud ubicado en la calle de Mina y Díaz Ordaz, Luis Eduardo Díaz, indicó que la obra
registra un avance menor al 50 por ciento.
Durante la realización de la obra -expuso- se hicieron adecuaciones desde la parte estructural y modificaciones
en ventilación, iluminación y ampliación. Lo anterior vino aparejado de un incremento en el monto estimado
para la culminación y, con el cierre de administración, la falta de dinero.
“El recurso no fue suficiente para terminar la obra, esa fue la razón primordial que se nos dio a conocer por
parte de la distintas instancias de salud, principalmente por la dirección de infraestructura. El presupuesto nos
dijeron que no sería suficiente”, dijo.

En la actualidad la base trabajadora se encuentra en asamblea permanente debido a que no existen espacios
adecuados para laborar.
De acuerdo a lo informado por la SSO se requieren de otros 15 millones de pesos para concluir las obras. Para
reactivarlas se comprometieron a inyectarán 7 millones de pesos pero aún no hay fuentes de financiamiento y
por tanto no existe fecha para que vuelvan a trabajar en la construcción.
Luis Eduardo Díaz señaló que como trabajadores del centro de salud desconocen si los 12 millones de pesos se
aplicaron en su totalidad o no, pues el seguimiento que dieron sólo fue en el sentido de las obras.
El Centro de Salud Urbano Número 1 brinda atención a los 90 mil habitantes afiliados al Seguro Popular y
Familias Prospera principalmente. Debido al cierre de éste, son atendidas en otras unidades de la zona
metropolitana y se habilitó un módulo de atención en Díaz Ordaz 607 con un núcleo básico en donde se brinda
consulta externa, servicios de vacunación, medicina preventiva, promoción a la salud, atención a familias
Prospera y talleres.
Sedesol pide no criticar los programas sociales en Oaxaca
Virgilio Sánchez
Oaxaca.- El Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda Nava pidió a los funcionarios de sector que
laboran en todos los estados del país, a abandonar la crítica interna a las acciones que se inician para combatir la
pobreza.
“Los convocó a nombre del Gobierno de la República a superar las barreras que a veces nos salen, que los
objetivos comunes que, son entre nosotros, minimizar los esfuerzos, descalificar con ligereza lo que
emprendemos; dejemos eso atrás”, expresó antes de inaugurar la segunda sesión ordinaria de la Comisión
Nacional de Desarrollo Social, que se desarrolla en esta ciudad.

El funcionario federal comentó que el esfuerzo cuando es compartido por todos, alcanza resultados.
“Los convoco a una suma en la política social, que sea un esfuerzo compartido, coordinado que se constituya
como un cimiento que nos dé paz, que nos una y nos permita crecer juntos, y teniendo una visión a largo plazo,
los exhorto a seguir colaborando para tener un México mejor”, agregó.
Miranda señaló que en los trabajos de esta sesión ordinaria, se presentarán los casos de los 5 estados del país
que tuvieron los mayores avances en el combate a los rezagos sociales, y cuyos responsables expondrán sus
experiencias con el resto de autoridades estatales de desarrollo social.
Reveló que en los trabajos que concluyen el sábado se revisarán los resultados de la inclusión productiva, la
agenda de Sedesol en los estados, seguimiento a la implementación de la infraestructura social en el ámbito
local y, finalmente, revisarán el producto del trabajo coordinado en la estrategia nacional de inclusión.
“Estos logros nos motiva a a continuar trabajando de la mano, apresurar el paso porque para cerrar las brechas
de la desigualdad que tanto lastiman, es necesario, combatir a la pobreza con mayor velocidad, la coordinación
y colaboración dan buenos resultados”, manifestó, Miranda Nava.
“Sedesol no es factor electoral”
El titular de Sedesol aseguró que los ciudadanos saben que el combate a la pobreza es una obligación del Estado
mexicano, y por lo tanto, afirmó que esta dependencia no influye en la decisión del voto durante los procesos
electorales.
“No tiene nada que ver los programas de inclusión, con la voluntad de un ciudadano de elegir al gobernante que
decida”, expresó,
“Hoy la gente sabe que es una obligación del Gobierno de la República abatir las carencias y focalizar los
derechos sociales para bajar la pobreza, y eso no inlcuye nada, ni ha sido señalada la Sedesol, por ejemplo, en
los procesos de este año como factor decisivo en el tema electoral”, añadió.
Aprobaron 700 mdp para empleo temporal; solo
destinan 6 mdp a Oaxaca; piden a Miranda informe
Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Para el ejercicio fiscal 2017, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), se etiquetaron más de 700 millones de pesos para el programa de empleo
temporal inmediato, para hacer frente a las contingencias, sin embargo, para Oaxaca, solo se
destinaron 6 millones de pesos, además de que el retraso en la ejecución ha generado
inconformidades, reveló la diputada federal del PRD, Karina Barón Ortiz.

“NO es posible ese trato a un Estado de los más pobres del país como lo es Oaxaca, porque en la
entidad están los casos de mayor pobreza en el país y no puede ser esa una respuesta satisfactoria a
todo lo que sucede en la entidad”, reprochó.
En medio de las afectaciones en Nochixtlán, por granizadas que azotaron en la zona, las cuales
están documentadas y existe el expediente ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del
Gobierno Federal, no se no acciona, dijo.
Lo mismo, el caso de las afectaciones a cultivos de platano en San Juan Bautista en Tuxtepec, pero
no se avanza en las atenciones, acusó, la legisladora.
De los programas para la atención de la pasada tormenta Adrian que afecto a productores de Sal de
la región del Istmo y la Costa, están atorados.
Hasta el momento, se ha dado respuesta por la contingencia que generó la Tormenta Beatriz, la cual
ha sido insuficiente y limitada.
En el caso de las afectaciones al Campo, dijo que aún no existe un diagnostico oficial, para
determinar cómo se atenderá ese sector, debido a que existe un seguro contratado por el Gobierno
del Estado, a través de la Sedafpa.
Por lo pronto, el Congreso de la Unión, pedirá un informe a la Sedesol, de cómo se está
dispersando el programa de empleo temporal inmediato, el cual será ejecutado de forma emergente
pata atender las contingencias en Oaxaca.
Así, el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, tendrá que informar al Congreso de la
Unión, cómo está destinando esos recursos.
“La aplicación de los recursos debe de ser eficaz y eficiente. Revisar a quiénes y cómo se están
atendiendo, porque no es lo mismo Oaxaca a cómo están el resto de las entidades del país. Oaxaca
requiere un diseño especial con la concurrencia de todas las secretarias, que permita a la entidad,
salir de la pobreza en la que está rezagada”, urgió.
La diputada federal urgió agilizar la estrategia de combate a la pobreza y marginación, no
solamente con programas emergentes. “Necesitamos programas de concurrencia que permitan
levantar las regiones, sobre todo, diseñar políticas públicas nuevas para el combate a la pobreza
urbana”.
De acuerdo a Barón Ortiz, también es fundamental el combate a la pobreza urbana, porque éstos no
existen. En todo el desorden, dijo, es importante que informe el ejecutivo federal, cómo está
aplicando cada peso que se aprobó en el PEF 2017, desde el Congreso Federal.

Indicó que como secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, cada que recorre el Estado, le
informan que no llegan los recursos de los programas de concurrencia.
Chiapanecos han invadido y reinvadido al menos
seis predios en Chimalapas, Oaxaca
Roselia Chaca
Historia de agravios
JUCHITÁN, Oaxaca.- De acuerdo con documentos de la agrupación Maderas del Pueblo, que tiene sus oficinas
en Matías Romero y que posee la más grande y completa biblioteca sobre el conflicto agrario de Los
Chimalapas, Chiapas ha invadido y reinvadido un total de seis predios que están dentro de los Bienes
Comunales de Santa María y San Miguel Chimalapa, en territorio oaxaqueño.
De las 134 mil hectáreas que le pertenecen a San Miguel Chimalapa, los chiapanecos han invadido la zona que
denominan Rudolfo Figueroa, hoy Belisario Domínguez, e insisten instalarse en los predios La Hondonada y El
Quebrachal. En La Hondonada, el ganadero Jorge Humberto Luna Salinas -Tito Luna- irrumpió en el 2014 y
quemó las instalaciones de un campo de aprovechamiento comunal de resina, propiedad de la Congregación
Comunal San Antonio.
En tanto, en Santa María, de las 460 mil hectáreas que les pertenecen se han detectado tres reinvasiones en la
zona de lo que fue la, hoy recuperada, colonia ganadera San Isidro La Gringa en las estribaciones de la serranía
El Espinazo del Diablo: La Reforma, Los Pescaditos y Arroyo Zapote, con una extensión de más de 40 mil
hectáreas.
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El predio San Isidro La Gringa fue una ilegal Colonia Agrícola y Ganadera, pretendidamente ubicada en el
municipio de Cintalapa, Chiapas, creada por Acuerdo del Ejecutivo federal de fecha 31 de julio de 1987, cuyas
40 mil 945 hectáreas estaban ubicadas totalmente dentro de terrenos comunales de Santa María Chimalapa,
Oaxaca.
Finalmente, el 18 de abril de 1994 se logra que el gobierno federal emita un nuevo acuerdo, mismo que
desaparece dicha Colonia y que devuelve las 40 mil 945 hectáreas a los Bienes Comunales de Santa María
Chimalapa, mismas que en su momento, fueron decretadas comunalmente como “Área de Conservación y
Manejo Ecológico Comunal”. El 8 de septiembre del mismo año (1994) se concreta la salida final de los
ganaderos invasores.
Obra carretera
La reinvasión del poblado La Reforma, hoy desalojado, da los indicios de construcción -por parte del gobierno
de Chiapas- de una carretera que comunicaría al núcleo agrario chiapaneco Cal y Mayor, con La Reforma, de
allí al Poblado 14, de Veracruz.
En Los Pescaditos, en el 2014 se detectó a un grupo de campesinos procedentes del municipio Benemérito de
Las Américas (Selva Lacandona) Chiapas, quienes portaban un documento de fecha 6 de febrero del mismo
año, expedido por Natalio Javier Rojas Mata, presidente del Comisariado Ejidal de dicho poblado, en el cual se
asentaba que debían de tomar posesión de “Los Pescados”, municipio de Cintalapa de Figueroa, cuando esta
zona está marcado dentro de los mapas comunales de Santa María.
Desalojo
El lunes, finalmente y después de las exigencias de los comuneros, se inició un operativo de desalojo en el
predio La Reforma, hasta donde subió un contingente de aproximadamente 250 elementos policiacos, federales
y estatales, así como personal de Profepa. En el sitio solo encontraron improvisadas casas de madera, pero no
hubo detenidos.
El año pasado se vivieron momentos de gran tensión, porque los comuneros oaxaqueños de Santa María
sorprendieron en sus terrenos a invasores que mantuvieron retenidos en su comunidad, hasta que se logró un
acuerdo con el gobierno estatal para procesar legalmente a los retenidos. Entre ellos, David Vega, a quien
identifian como el máximo invasor, pero meses después se dio su liberación y los comuneros respondieron con
una protesta, que incluyó la quema de edficios públicos en Matías Romero.
En octubre pasado pobladores de San Miguel retuvieron a un agente del Ministerio Público, a un comandante de
la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y a las autoridades comunales, así como a dos pilotos aviadores de
un helicóptero propiedad del gobierno estatal, que utilizaron para viajar a esa comunidad a negociar la
liberación del presidente del Comisariado Ejidal de Rodulfo Figueroa, Chiapas, Miguel López Sánchez, quien
fue detendio por tala furtiva.

Descartan sobrepoblación de cocodrilos en la Costa
Por Mario Méndez
La falta de coordinación entre dependencias oficiales y organizaciones sociales ha provocado el
aumento de los ataques de estos reptiles, afirma experto
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX.
A pesar de los recientes ataques de cocodrilos en el litoral de la costa de Oaxaca, no está confirmado que
exista una sobrepoblación, ya que no se han realizado estudios al respecto, afirmó Laurentino Reyes
Sánchez, experto de la Ventanilla, Oaxaca.
En el marco de la segunda sesión del Consejo Estatal de Humedales de Oaxaca, Reyes Sánchez, quien
cuenta con una especialidad en el manejo de cocodrilos, dijo que la falta de coordinación entre
dependencias oficiales y organizaciones sociales ha provocado el aumento de los ataques de estos reptiles.
Mencionó que cuentan con datos donde al año nacen alrededor de 500 ejemplares y sólo sobrevive el uno
por ciento; “más bien es la falta de prudencia del ser humano que también provoca los ataques”.
Dijo que se requiere una coordinación entre el gobierno y la sociedad civil para evitar que los cocodrilos
hagan uso de su agresividad contra los humanos, por ello es indispensable que se invierta en los caminos, la
señalizaciones, información, capacitación y las oportunidades para mejorar el entorno donde conviven
reptiles y poblaciones.
Señaló que en todo cuerpo de agua, es seguro que existan cocodrilos; “en la costa de Oaxaca, todos
sabemos que los cocodrilos son parte del hábitat, sin embargo, se han ido desplazando por varios factores,
como la búsqueda de alimentación para su sobrevivencia”.
En cuanto al comité que se formó el pasado mes de mayo en Puerto Escondido, el cual se conformó con un
grupo de experimentados lugareños y profesionales, aún no consolidan su trabajo, sin embargo, están en la
búsqueda de herramientas y estrategias para lograr un control en el hábitat de los reptiles.
A esta sesión, asistieron funcionarios del gobierno federal y estatal así como diversas organizaciones
sociales en pro del medio ambiente, donde deliberaron sobre diversos temas que afectan a la fauna y flora
de la costa de Oaxaca, donde se requiere una urgente regulación para proteger el ambiente.
En este sentido, Reyes Sánchez invitó a la población en general a tratar de convivir con los cocodrilos y
tomar las medidas preventivas para evitar un ataque.
Dijo que se debe respetar el área que ocupan, no llevar niños cuando se realicen las labores pecuarias, no
tirar las vísceras de los pescados al agua; no ir solos y buscar aguas conocidas y evitar a salir de noches en
las riberas de las lagunas.

En crisis, Centro Mexicano de la Tortuga en Oaxaca
Patricia Pacheco
Confirman muerte de dos ejemplares
SAN PEDRO POCHUTLA.- La mañana del pasado martes la información corría como reguero de pólvora;
desde el interior del Centro Mexicano de la Tortuga (CMT), ubicado en El Mazunte, Tonameca, trabajadores
estaban inquietos y no sabían exactamente qué hacer, aunque percibían claramente que una nueva crisis estaba
por reventar en el lugar desde donde hace meses se han evidenciado diversas inconsistencias y fallas
administrativas.
Horas después, el encargado de despacho del CMT, Jorge Taddei Arriola, confirmaba, aunque con reservas, lo
que ya era inocultable: dos ejemplares habían muerto en instalaciones del recinto.
Confirma funcionario muerte de tortugas
Aun cuando el funcionario trató de evadir dar mayores explicaciones cuando se le cuestionó sobre el hecho vía
telefónica, y soltó el muy recurrido argumento de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) les impide dar entrevistas sin permiso; aceptó que las tortugas formaban parte de las especies en
exhibición y afirmó que se desconocían las causas de la muerte, pues apenas se les realizarían los estudios
patológicos para identificar los motivos de ambos decesos.
Según personas cercanas al Centro, fundado con grandes expectativas de conservación en el año 1991, desde
hace meses se padece al interior del mismo una severa crisis por administraciones fallidas.
Denuncian maltrato a animales desde 2016
El año pasado, se difundió en varios medios quejas de empleados, quienes señalaban la supuesta falta de
atención a las especies y escasez de alimentos para las mismas, al grado de que, argumentaban, tenían que salir
a buscar desperdicios en verdulerías cercanas para que los animales pudieran comer.
En una misiva filtrada hace unos meses por personal del Centro de la Tortuga, y que fue fechada el 25 de enero
del 2017, empleados se dirigen al titular de la CONANP, Alfredo del Mazo Maza, para hacerle saber diversas
irregularidades que se presentaban en el lugar y que afectaban directamente la correcta atención de los
ejemplares que forman parte del recinto.
Solicitan revisión en aplicación de recursos
“Desde el pasado 18 de diciembre no se ha abastecido ningún tipo de alimento fresco para alimentar a los
ejemplares que se exhiben en este lugar, siendo este un grave”, evidenciaban.
Según los quejosos, era inexplicable la falta de alimentos debido a que el Centro cuenta con recursos que
oscilan los dos millones de pesos al año para la compra de insumos, alimentos y medicamentos, entre otros.
Más casos sin aclarar

Adicionalmente, se expone en la carta, “se nos limita el hacer investigación, realizar colectas de nidos, hacer
monitoreo biológico como CONANP, se nos prohíbe realizar rehabilitaciones de ejemplares dañados que
acuden al CMT argumentando que no nos corresponde dicha labor”.
Fue muy sonado el caso de la tortuga llamada “Chabelo”, que fue rescatada del mar muy lesionada y puesta en
recuperación durante varios meses; el ejemplar era considerado un logro para el Centro y sería liberado por el
titular de la CONANP, Alejandro del Mazo Maza, en una visita que finalmente fue cancelada a inicios de año.
Sin ser liberado, Chabelo falleció también dentro de las instalaciones del CMT.
Jorge Tadei, actual encargado de despacho del CMT, se comprometió a exponer en próximos días la situación
que prevalece en el recinto.
Aprehende Fiscalía a miembro de Sindicato Libertad por
asesinato de integrante de CTM
1 JULIO, 2017 DESPERTAROAX
Rebeca Luna Jiménez
La Fiscalía General del Estado, por conducto de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto,
ejecutó este 30 de junio una orden de aprehensión en contra de A.G.C.V., por su probable responsabilidad
en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de E.H.S., el pasado 15
de mayo en inmediaciones del Monumento a la Madre, en Oaxaca de Juárez.
De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de Investigación 156/(FEDAI)/2017, el hoy occiso, quien
era integrante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se encontraba trabajando en una
obra de construcción en inmediaciones de la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola.
Hasta ahí se presentaron varias personas identificadas con el Sindicato Libertad para intentar desalojarlos
de la mencionada obra, por lo que ocurrió un enfrentamiento. En el lugar, E.H.S., perdió la vida al recibir
proyectiles disparados por armas de fuego.
Desde el momento en que ocurrieron los hechos, personal de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la
Agencia Estatal de Investigaciones y el Instituto de Servicios Periciales, realizaron diversas diligencias para
establecer con precisión el móvil de los hechos.
Del mismo modo recabaron información, testimonios y diversos elementos de prueba para establecer la
identidad del o los presuntos responsables de este hecho.

Como resultado de esta investigación, dentro de la causa penal 382/2017 un juez de control de Valles
Centrales libró la correspondiente orden de aprehensión contra A.G.C.V., misma que fue ejecutada este 30
de junio por personal de la Fiscalía.
El ahora detenido fue inmediatamente puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para los
efectos que correspondan.
Con resultados concretos, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de combatir la impunidad
en todos los casos, y de procurar justicia por igual a todos los oaxaqueños frente a la comisión de cualquier
delito.
Empresas eólicas se expanden sin consultar a las comunidades, afirma representante
Agrupación indígena reclama violación a su derechos; interpone
amparo colectivo
Todo lo negocian a espaldas de un pueblo que sólo busca el respeto a su autonomía
Integrantes del Comité Pro Defensa de la Tierra y el Territorio muestran las demandas de amparo contra las autoridades que avalan la
expansión de dos empresas eólicas en Unión Hidalgo, OaxacaFoto Diana Manzo
DIANA MANZO
Corresponsal
Unión Hidalgo, Oax.
Integrantes del Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio interpusieron 40 demandas de amparo colectivo
con 700 firmas de indígenas de este municipio ante el juez séptimo de distrito, con sede en Salina Cruz, por
la violación a sus derechos a una consulta libre, previa, informada y de buena fe conforme dispone el artículo 2
de la Constitución federal y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Romel Matus, representante del comité, informó que autoridades del gobierno federal, como la Secretaria de
Energía; el gobierno de Oaxaca, por conducto de la Comisión Permanente de Fomento de Energía Renovable, y
el ayuntamiento de Unión Hidalgo otorgaron a inversionistas nacionales y extranjeros, sin previa consulta
indígena, concesiones, permisos y autorizaciones para ampliar su infraestructura en terrenos de la comunidad.
“Se sabe que las empresas Fuerza y Energía Bii Ioxho y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 y 2
(Demex) recibieron permisos para seguir expandiéndose; la Comisión Reguladora de Energía nos informó que
ambas aparecen en la lista relacionada con nuestra comunidad. Sabemos que podrían ubicar sus torres cerca del
estero Guie’ y de la reserva natural El Palmar”, dijo.
Gelasio Morga Cruz, representante legal de la agrupación, explicó que los amparos fueron interpuestos
precisamente porque se violenta el derecho a una consulta indígena de un pueblo zapoteca, Unión Hidalgo,
donde las autoridades debieron consultar antes de otorgar permisos de expansión.
Al otorgar esos permisos, se viola el pleno derecho a la consulta, porque jamás fueron escuchados; por eso
exigimos a los tres niveles de gobierno que se garantice este derecho conforme a la Carta Magna y al convenio
169 de la OIT, demandó el Comité Pro Defensa de la Tierra y Territorio.

Matus aclaró que los indígenas de Unión Hidalgo no se oponen al progreso, siempre y cuando los proyectos
de inversión no atenten gravemente contra la tierra, territorio y recursos naturales.
“Sabemos que en estas dos obras de expansión, la de Demex y Bii Ioxho se intenta acabar con los manglares
ubicados cerca del Estero Guie’ y de la reserva El Palmar, que es uno de nuestros pulmones”, señaló.
Reprochó que se desconozca el monto que se invertirá en esos proyectos;no es posible que todo lo negocien
a espaldas de un pueblo que sólo busca el respeto a su autonomía.
Refirió que en la comunidad zapoteca existe el parque Piedra larga 1 y 2, propiedad de la empresa eólica
Demex que comenzó a operar en 2011; sin embargo, según él, lejos de contribuir al bienestar comunitario no ha
cumplido con su responsabilidad social dentro de la comunidad.
“Debemos obtener beneficios por tener un parque eólico operando en nuestro pueblo, pero no hay nada de
eso. Demex ha ocasionado afectaciones y conflictos entre familias; no ha cumplido con su parte social y ahora
intenta expandirse.
Lo único que pedimos es que la consulta se realice y de ahí deriven los beneficios para el pueblo, por
ejemplo, la condonación del consumo de energía eléctrica, concluyó.
Conflicto agrario entre San Mateo Sindihui y San Francisco Cahuacuá, la causa
Enfrentamiento en Oaxaca deja un
alcalde y un ex edil muertos
Demetrio Jaime Martínez y Venicio Serret Merino, las víctimas; policías resguardan la zona
En la entidad prevalecen 32 disputas por límites territoriales: secretario general de Gobierno
JORGE A. PÉREZ ALFONSO Y ELIO HENRÍQUEZ
Oaxaca, Oax.
Un enfrentamiento a balazos entre habitantes de los municipios de San Mateo Sindihui y San Francisco
Cahuacuá, por un conflicto agrario, dejó dos personas fallecidas, entre ellas Demetrio Jaime Martínez,
presidente municipal de la primera localidad, y el ex alcalde de la segunda, Venicio Serret Merino.
Según informes de la Fiscalía General del Estado, la refriega en esa región de la Mixteca ocurrió la tarde del
jueves en el paraje conocido como La Calavera o Llano de Agua.
Presuntamente Jaime Martínez habría ingresado a un predio comunal situado en la zona en conflicto; vecinos de
San Francisco Cahuacuá se percataron, arribaron y se desató un enfrentamiento.
Al percatarse de que vecinos de San Mateo Sindihui se encontraban en la zona de conflicto, los pobladores de
San Francisco Cahuacuá convocaron a los lugareños haciendo tocar las campanas de la iglesia. Los pobladores
se reunieron y trasladaron al predio en conflicto.
Esto ocasionó una refriega entre ambos grupos, en la cual perdió la vida el presidente municipal de San Mateo
Sindihui Demetrio Jaime Martínez y el ex alcalde de San Francisco Cahuacuá, Venicio Serret Merino, quien
actualmente se dedicaba a las labores del campo.
Cada uno de los bandos se retiró del lugar y se llevó a sus fallecidos. Más tarde, llegaron elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía Estatal, los primeros para averiguar lo ocurrido y los
segundos para resguardar la seguridad de la zona.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, informó que en Oaxaca se tienen
32 conflictos agrarios de alta prioridad por su volatilidad, entre ellos el que mantienen los municipios de San
Mateo Sindihui y San Francisco Cahuacuá.

En imagen de archivo, el presidente municipal de San Mateo Sindihui, Oaxaca, Demetrio Jaime Martínez, quien falleció en el enfrentamiento
contra los pobladores de San Francisco CahuacuáFoto La Jornada
Sin embargo recriminó a la administración estatal pasada, encabezada por Gabino Cué Monteagudo, por la falta
de atención a los mismos, lo que ha provocado que con el paso del tiempo sean más complicados de resolver.
Ordena tribunal hacer consulta en Oxchuc
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ordenó al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
que realice una consulta en el municipio tzeltal de Oxchuc para determinar si las elecciones municipales se
realizan mediante el sistema de usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos, como lo han
solicitado miles de pobladores, informó Gabriel Méndez López, representante jurídico de los inconformes.
El IEPC deberá de verificar mediante todos los medios atinentes información objetiva que demuestre la
existencia histórica del sistema normativo interno acorde con el marco constitucional de los derechos humanos,
con el objetivo de determinar la viabilidad de la implementación de los usos y costumbres de dicha comunidad
para la elección de sus autoridades, resolvió el órgano.
Le ordenó además constar fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco normativo local que
reconoce y regula los diversos aspectos de su cosmovisión. Le pidió solicitar la realización de dictámenes
antropológicos, entrevistas con los habitantes, informes de diversas autoridades federales, estatales y
municipales legales y tradicionales, así como estudios antropológicos a través de institutos de investigación,
entre ellos el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Absuelven a Carlos Sarabia, expresidente de Pinotepa Nacional
Por Mario Méndez
La Auditoría Superior resolvió que el expresidente municipal no tiene responsabilidad en el mal
manejo de los recursos públicos durante su administración

Mediante un documento oficial, la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASE), emitió una resolución
donde absuelve y deslinda de cargos a Carlos Sarabia Camacho, expresidente municipal,
derivado del ejercicio fiscal correspondiente al periodo 2011-2013 y que se refiere al uso y manejo de
recursos públicos de este municipio de la Costa de Oaxaca.
En la resolución emitida por la ASE también se desmiente que exista otro proceso jurídico en contra de
Carlos Sarabia Camacho o funcionarios en turno por el hecho de desvío de recursos.
“Se absuelve de responsabilidad resarcitoria a los ciudadanos Carlos Sarabia Camacho, Fernando Javier
Rodríguez Baños, Angel Francisco Viruel, Pedro Andrés Zamudio Salias y María Margarita Mayren
Guzmán, quienes fungieron como Presidente Municipal, Síndico Hacendario, Síndico Procurador, Regidor
de Hacienda y Tesorera Municipal”, indica el documento.
Una nota periodística que circula en redes sociales, difunde que existe orden de aprehensión para varios ex
ediles de Oaxaca, entre ellos Carlos Sarabia Camacho, actual diputado federal por el distrito de Pinotepa
Nacional, donde presuntamente, se le acusa de un desvío millonario durante el ejercicio fiscal 2012.
Sin embargo, con el documento emitido por la ASE con fecha del año 2016, se absuelve al actual legislador
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de toda responsabilidad de corrupción y malversación de
recursos públicos.
Sarabia Camacho, señaló que, durante su periodo como presidente municipal, tuvo una gran cantidad de
auditorías, como ningún otro municipio las tenía, sin embargo, nunca le preocuparon, porque el manejo de
los recursos se realizaba de manera transparente y apegado al plan de desarrollo municipal, como lo señalan
las reglas de operación y leyes que rigen el manejo de las arcas públicas.
“No me preocupan las descalificaciones de personas perversas, en mi cargo como presidente municipal,
tuvimos los índices más bajos de inseguridad, y una gran cantidad de obras que cambiaron para bien la
imagen de esta cabecera”, aseguró el también presidente de la Fundación que lleva su nombre.
“Hoy en mi función de diputado federal, estoy haciendo mi trabajo, he tenido productividad en la cámara y,
estamos cerca de la gente, ayudándola, por esto confió en que los resultados dirán todo lo contrario”,
puntualizó.
¿Todo arreglado?
ESCAPARATE POLÍTICO
Por Felipe Sánchez
Con excepción del extitular de la SSO, Germán Tenorio y algunos “charalitos” que están en la cárcel, todo
indica que, los responsables del más brutal saqueo en la historia de Oaxaca, seguirán en libertad, al menos
por un buen tiempo más, disfrutando plenamente del botín. Les digo porqué.
El caos que provocan los sicarios del ala “ulicista” del cártel 22 (los pozoleros) y los sindicatos que
engendró el senador “Cara Sucia”, Benjamín Robles, son poderoso distractor de este gobierno. Parece que
lo que buscan es entretener a los sabuesos y retardar la debida integración de las carpetas de investigación
contra los depredadores del sexenio pasado.
La rabiosa embestida de agitación de los grupos de interés en estos días próximos a las fiestas de la
Guelaguetza, confirma que en política todo tiene signo y señal. La amenaza de boicot de nuestra máxima
fiesta, la Guelaguetza, es un instrumento eficaz para doblegar al gobierno.
Los impulsores más agresivos de los bloqueos callejeros, toma de edificios y cierres de carreteras, son del
sindicato Libertad, de la CNP, de la 14 de Junio, entre otros. (Aunque CNP no tiene reconocimiento de su
central en la CdMx, opera clandestinamente aquí) Todos coaccionan al gobierno y violentan la convivencia
social. Son organizaciones que cebaron los corruptos funcionarios del “gabinato”. Hay que recordar que el

“carterista” Daniel Juárez, desde la Secretaría del Trabajo, formalizaba, fast track, esos sindicatos “patito”
que, según el entonces “vicegobernador”, Benjamín Robles, harían contrapeso a las organizaciones
corporativas del PRI, como CTM, CNC, CROC, etc. Además de la expedita toma de nota y todo tipo de
facilidades desde el poder, los cebaban con concesiones a pasto. Tan sólo en el último año del gobierno del
desastre, les entregaron cinco mil permisos de transporte público desde la Sevitra. Un número igual les
autorizaban cada año. Primero el perredista Pedro Silva, luego el priista José Antonio Estefan y al final el
Panista Carlos Moreno “El Libretón”. Son los camiones volteos, pipas, taxis, mototaxis que hoy utilizan
para chantajear al gobierno de Murat. Hay que recordar que casi todos estos grupos son adherentes del
cártel 22.
Su “accionar” en este momento tiene un objetivo claro. Distraer al gobierno para no dedicar tiempo
suficiente, e inteligencia, para llamar a cuentas al resto de la banda de facinerosos que encabezó el
tristemente célebre Gabino Cue Monteagudo.
Algunas fuentes consultadas, me informan que no ha sido fácil acopiar las pruebas para las carpetas de
investigación. Tal vez a eso se deba que la banda de facinerosos, anden libres, disfrutando su riqueza mal
habida. Me comentan que hay algunos como los de Netzahualcóyotl Salvatierra, José Zorrilla, Alberto
Esteva, Alberto Vargas Varela y el propio Gabino Cué, que presumen impunidad porque, según ellos, no
hay pruebas de todo lo que los acusan.
Esto pudiera ser porque apenas la semana pasada informaron que el gobierno estatal, está corroborando
deficiencias en la estructura del edificio que iba albergar el Centro de Iniciación Musical.
Por las fallas detectadas, saben el edificio incumple con el Reglamento de Construcción federal y estatal no
obstante que reportaron una inversión de 86 millones de pesos. Aun así fue inaugurado el 22 de noviembre
pasado por el propio Gabino a pesar de observaciones técnicas como fracturas en la losa y muros.
En comunicado oficial, indican que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, instruyó a la Secretaría de las
Infraestructuras y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, una evaluación precisa
y especializada sobre la construcción de este edificio.
Esta es de las pocas investigaciones contundentes que se conocen y que, de resultar responsabilidad, servirá
de prueba para la denuncia penal. Para confirmar el resultado del primer dictamen, el gobierno del estado
pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizar un análisis y estudio estructural
cuyos resultados comprometieron a entregar en próximos días.
El hecho de que la Sinfra informe a detalle sobre un proceso de investigación sobre los muchos delitos que
se atribuyen al gobierno anterior en perjuicio del patrimonio de Oaxaca, confirma que las pesquisas van en
serio.
Con esta decisión podríamos ver, siquiera, un cambió de actitud de Gabino Cue quien el mes pasado, en
una entrevista al salir de un lujoso restaurant en la capital del país, se mostró confiado, cínico y hasta
locuaz. Las fotografías así lo exhiben. Se muestra seguro de su impunidad.
Otra vez
El desorden que padece Oaxaca es descomunal. Primero, por el saqueo brutal en la administración anterior.
Segundo por el gran fracaso de la alianza PAN-PRD (con el coro de partiditos morralla como el MC y PT)
que sirvió para conquistar el poder pero al tenerlo fue fracaso total.
Con todo y la devastación que dejó en Oaxaca, ese protervo que llamaron alianza “paz y el progreso”, hay
perversos que aplauden su reedición, ahora en el país. Hay otros que para lavarse las manos dicen que PAN
y PRD “se unen porque solo quieren poder y dinero”. Estas palabras son del Peje AMLO quien finge
demencia. Apuesta a la corta memoria de los oaxaqueños que, supuestamente, han olvidado que fue él
quien promovió desde el PRD, partido que entonces manejaba, la candidatura de Gabino. Lo placeó como
el “salvador de Oaxaca”.
Especialmente en Oaxaca debemos estar muy alertas por el hecho de que los grupos políticos (PAN-PRD)
que no tienen nada en común, por aquello de la izquierda o derecha, busquen repetir el experimento que
hundió a Oaxaca. En su momento dije que era un onagro, un cuasimodo pero hoy suena más extraño aún.
Si PAN y PRD ya dieron muestra en Oaxaca de que el “aceite con el agua” no se llevan, creo que esa rara
mezcla no va a ayudar a México, a la larga nos va a poner en problemas como sucedió en Oaxaca.
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Sin luz en barrios de Pinotepa Nacional
Por Mario Méndez
Se quedan sin energía eléctrica más de 50 familias desde el pasado miércoles
Más de 50 familias del Barrio del Zapote, al oriente de esta ciudad de la costa de Oaxaca, se quedaron sin
energía eléctrica desde el pasado miércoles y podrían estar así hasta la próxima semana, dijeron los
afectados. Según informaron, al parecer un transformador sufrió un desperfecto, por lo que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) no ha podido repararlo.
Mencionaron que sería hasta la próxima semana que quedaría resuelto el problema, ya que la CFE no
cuenta con las herramientas necesarias para su pronta compostura. La zona sin energía eléctrica está entre
las calles 18 sur y 9a y 11 Oriente, por lo que piden a las autoridades competentes, resolver esta situación,
ya que tienen que utilizar veladoras para la iluminación por las noches, además de sufrir las altas
temperaturas y, ahora, los zancudos por las recientes lluvias.
La falta de energía eléctrica afecta, también, a los pequeños comerciantes del área, ya que los productos
perecederos necesitan congelamiento; en tanto en las viviendas los electrodomésticos no pueden usarse
para cubrir diversas necesidades, indicaron. Hace unos meses, vecinos del Barrio Yutacu, al sur de esta
ciudad, reportaron que, debido a un desperfecto en un transformador, se quedaron sin energía eléctrica
durante varios días. Los afectados, denunciaron que la CFE no estaba disponible para resolver la
problemática ya que, solo llegaban a habilitar las cuchillas, pero el desperfecto seguía provocando que por
las noches se quedarán sin luz.

Pierde Pemex 359 mdp al día por paro de refinería en Salina Cruz
Tras el paso de Calvin y la explosión de lasinstalaciones de Salina Cruz, no exporta crudo a Japón, China, EU
Centro y Sudamérica
Antes de que suspendiera su producción, la refinería de Salina Cruz procesaba 199 mil barriles de crudo al día,
apenas el 60% de su capacidad, y por debajo del complejo de Tula, Hidalgo.
[ Juchitán ] ALBERTO LÓPEZ Y NOÉ CRUZ
Petróleos Mexicanos (Pemex), registra pérdidas económicas por 359 millones de pesos al día, tan sólo por dejar
de producir gasolinas, diesel, turbosina y combustóleo desde que la refinería de Salina Cruz, en el estado de
Oaxaca, suspendió sus operaciones el martes 13 de junio de este año. La empresa petrolera acumula pérdidas
económicas que superan los 6 mil millones de pesos, si se consideran los volúmenes de gasolinas, diesel,
turbosina y combustóleo que procesaba hasta mayo de 2017. De acuerdo con la Base de Datos Institucional de
la página web de Pemex, al cierre del mes de mayo de este año, la refinería de Salina Cruz, en la región del Istmo
de Tehuantepec, producía por día 67 mil barriles de gasolina, 39 barriles de diesel, 9 mil 518 barriles de
turbosina y 68 mil barriles de combustóleo. La elaboración de esos productos petrolíferos se interrumpió desde
el 13 de junio; primero por la inundación que sufrió la refinería de Salina Cruz, tras el paso de la tormenta
tropical Calvin y, después, el miércoles 14 de junio, por la explosión e incendio que se suscitó en el área donde
se localizan 14 tanques, que almacenan 500 mil barriles de crudo cada uno. Además, la empresa petrolera
enfrenta otras pérdidas económicas, porque suspendió la exportación de crudo desde la Terminal Marítima que
se localiza entre Salina Cruz y el poblado Salinas del Marqués, a donde llegan los buques a abastecerse, para
surtir los mercados de Japón, China, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. La zona donde la refinería controla el
envío de crudo al muelle petrolero fue la más dañada tras el incendio. Al respecto, fuentes de la Terminal
Marítima reportaron que el 17 de junio el buque petrolero Cabo Misaki, que venía por un cargamento de 300
mil barriles de crudo, no fue abastecido y regresó vacío a California. En un comunicado, Pemex reconoció que no
ha restablecido el suministro de crudo de exportación y anunció que “los trabajos de instalación de nuevas
bombas para la alimentación de crudo a la refinería ya comenzaron, en un terreno diferente al de la zona donde
se suscitó el incendio”. En julio del año pasado, la empresa petrolera informó que en el primer semestre de 2016
exportó, desde la Terminal Marítima de Salina Cruz, 14 millones de barriles de crudo a Corea del Sury a Japón,
principalmente, lo que produjo ingresos por 440 millones de dólares. Desde que la refinería de Oaxaca
suspendió sus operaciones, no hay exportación de crudo a ningún país. Pérdidas por contaminación Al margen
de las pérdidas económicas que tiene, por dejar de producir por día 183 mil 518 barriles de productos
petrolíferos, así como las pérdidas por la suspensión de las exportaciones de crudo, Pemex deberá pagar por los
daños ocasionados al medio ambiente. La lluvia negra registrada el 14 de junio por el incendio en la refinería
contaminó pozos de agua para el consumo humano en el poblado de Boca del Río, quemó cultivos en varios
poblados cercanos al puerto de Salina Cruz y contaminó la playa de la bahía La Ventosa; asimismo, el hecho
provocó la irritación de los pescadores y campesinos de ambas localidades. En ese contexto, la petrolera
enfrenta la exigencia de los pobladores de Boca del Río y bahía La Ventosa, quienes reclaman ser contratados en
un programa de empleo temporal para colaborar en la limpieza de la zona. Piden que la empresa se haga cargo
de los residuos de crudo que desbordaron los canales de la refinería, que se construya una ruta de escape y se
otorgue una compensación económica a los 160 ejidatarios de Boca del Río y 500 pescadores de bahía La
Ventosa. Pemex ha ofrecido menos del 50% de lo que demandan. En un documento difundido el jueves pasado,
el dirigente de la Alianza de las Organizaciones Pesquera de alta mary de las lagunas de Oaxaca, Anselmo López
Villalobos, citó nueve eventos contaminantes graves que han afectado la zona desde 1982. “Desde que la
refinería inició operaciones, en 1979, en Salina Cruz se han suscitado daños al ecosistema marino por derrames
de crudo, gasolinas, combustóleo y fugas de amoniaco. Hasta la fecha no ha sido consignado, tampoco se han
adoptado medidas de mitigación y mucho menos se han aplicado programas para resarcir los daños”, acusó
López Villalobos. “Con la explosión y el incendio del miércoles 14, aunado al silencio de Pemex, tuvimos horas de
pánico entre la población y muchos daños ambientales. Hay presencia de hidrocarburos en el Golfo de
Tehuantepec”, denunció el líder pesquero. Agregó que las emisiones tóxicas confirmarán la presencia de plomo
en los productos pesqueros. Complejo vulnerable Los programas de mantenimiento integral y seguridad física
que involucra aspectos como terrorismo, robo, sabotaje y actos vandálicos en las instalaciones de la Refinería
Salina Cruz están siendo castigados por los recortes presupuestales, lo que vuelve vulnerable a dicho complejo.
La refinería suma cuatro años con recortes en sus presupuestos para mantenimiento, lo que han obligado a
diferir hasta por un año los trabajos u obras encaminados a “garantizar la integridad física del personal y del

centro de trabajo”, de acuerdo con información de Pemex, obtenida por EL UNIVERSAL a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia. Programas como el Proyecto Integral: Mantenimiento de la Capacidad de Producción
de la Refinería de Salina Cruz 2013-2017; Programa de Mantenimiento Integral y Actualización de Tecnología de
Compresores de Proceso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz Oaxaca, y Seguridad Física de la
Refinería Segunda Etapa, tienen un año de rezago en su presupuesto. Los programas fueron puestos en marcha
entre 2013 y 2014, con un presupuesto total original de 10 mil 415 millones de pesos. Incluyendo la partida de
este año, el monto ejercido se estima en 7 mil 779.6 millones de pesos, una reducción promedio de 26%. Según
la documentación, fue necesario diferir la fecha de conclusión de estos programas de mantenimiento, dos de
ellos a 2018 y uno a 2019. El propio director de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), Carlos Murrieta
Cummings, había señalado al Consejo de Administración de la filial el pasado 22 de septiembre de 2016, que “la
operación de las plantas estaba vinculada a su presupuesto y mantenimiento, por lo que se realizaba un
esfuerzo para reactivarlas y tenerlas en las condiciones de confiabilidad adecuadas, porque la obsolescencia de
los equipos había provocado el incremento en los paros no programados y en el índice de intensidad energética
[no mencionó los servicios auxiliares]”. En el tema de seguridad industrial y protección ambiental, incluso alertó
que, a consecuencia de los accidentes registrados, los índices de frecuencia y gravedad eran superiores a la meta
que estaba establecida. Producción a la baja Asentada sobre una superficie de 600 hectáreas, que fueron
expropiadas a la comunidad de Boca del Río, la Refinería Antonio Dovalí Jaime fue puesta en marcha en abril de
1979 y, desde entonces, se le clasificó como “la más grande del sistema petrolero de refinación en el contexto
nacional, con capacidad para procesar 330 mil barriles por día de crudo”, explica el sitio web de Pemex
Refinación. Está clasificada como una de las más extensas del sistema petrolero de refinación en el contexto
nacional, pues en 2016 procesó 238.6 mil barriles diarios de petróleo crudo; produjo 66.6 mil barriles diarios de
gasolinas, 40.6 mil barriles de diesel y 9.7 mil barriles por día de turbosina. “Esta Refinería posee una
importancia con valor estratégico para el país debido a su contribución al desarrollo nacional, por lo que el
cumplimiento de sus programas operativos, es factor clave para las actividades productivas, comerciales y de
servicios en México, así como para fortalecer su presencia en el mercado petrolero mundial”, señala Pemex en
uno de los informes. En 2013, procesaba 282 mil barriles diarios de petróleo; producía 93.6 mil barriles diarios
de gasolinas, y 59 mil barriles diarios de diesel. En 2016, procesó 238 mil barriles; produjo 71.5 mil barriles
diarios de gasolinas, y 45.6 mil barriles de diesel al día. Hasta mayo de 2017, antes que suspendiera su
producción de petrolíferos, la refinería de Salina Cruz procesaba 199 mil barriles de crudo al día, es decir, apenas
60% de su capacidad total; por debajo de la refinería de Tula, Hidalgo, que en el mismo periodo procesó 228 mil
barriles diarios. “Éramos de primera división” Para el ex dirigente de la sección 38 del sindicato petrolero,
Alfredo López Ramos, la tendencia negativa que muestra el proceso de crudo y elaboración de productos
petrolíferos obedece a que el gobierno mexicano, “desde la llegada de Carlos Salinas a la presidencia de México,
optaron porvender crudo al extranjero, sacrificaron la producción interna y, ahora, compramos la gasolina a
Estados Unidos”. Antes de 1988, México ocupaba el cuarto lugar mundial en producción de refinados. “¡Cuarto
lugar entre 10 países petroleros”, enfatizó. “En el lenguaje futbolero, podría decirte que éramos de primera
división, pero ahora andamos penando en la tercera división”. “Ahora, México compra gasolina a lo bestia,
cuando antes de 1988 producíamos para satisfacer la demanda nacional y nos sobraba para vendery la
tendencia de este gobierno es exportar el crudo. La producción de gasolinas ya no es prioridad. Por eso, las
refinerías ya no producen al 100%”, añadió. López Ramos lamentó que el país enfrente pérdidas millonarias por
la suspensión de las operaciones de la refinería, “pero en los dos últimos años el gobierno mexicano no le metió
ni un clavo a la planta”. Este domingo se cumplen 13 días desde que la refinería paralizó sus operaciones. La
empresa informó que el reinicio de las actividades podría ser el 30 de julio de este año.
Cierre de refinería en Salina Cruz obliga
a importar más y a subir precios de
gasolinas: especialista
Por Sugeyry Romina Gándara

Con base en las cifras de producción diaria proporcionadas por Petróleos
Mexicanos, se calcula que se dejarán de producir 4 millones 50 mil barriles
de gasolina por al menos 45 días de inoperatividad de la refinería en
Salinas Cruz, Oaxaca: 3 millones 852 mil de Magna y 225 de Premium.
El especialista en materia petrolera, Fluvio Ruiz Alarcón consideró que
parte del margen de la utilidad pérdida por la suspensión de actividades en
la refinería de Salinas Cruz se recompensará en el precio de la gasolina al
consumidor: “Dejas de producir por un lado y tienes que reparar, eso
también te implica costo, y se lo compensas en el precio de la gasolina”, dijo
el también ex consejero independiente de Pemex.
ADEMÁS
Opacidad y corrupción han hecho de refinerías en México una
mina de oro para pocos: especialista
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– La suspensión de actividades en la
refinería Antonio Dovalí Jaime, situada en Salina Cruz, Oaxaca, provocará un alza en los
precios de la gasolina y el consecuente incremento en la importación para el abasto de
este combustible, prevé el especialista en materia petrolera Fluvio Ruiz Alarcón.
El también ex consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió que el
alto porcentaje en la importaciones de petrolíferos, que se agudiza con el accidente
ocurrido en la planta de Salinas Cruz, pone en evidencia que México está en una
situación “muy frágil” e incluso “de riesgo” por la carecer de políticas de seguridad
energética.
La refinería de Salinas Cruz producía en promedio 144 mil barriles diarios: 85 mil
barriles diarios de gasolina magna, 5 mil de premium, 35 mil barriles diarios de diésel; 5
mil barriles diarios de diésel, ultra bajo de azufre (UBA), 4 mil barriles diarios de gas LP
y 10 mil barriles diarios de turbosina, de acuerdo con información proporcionada por
Petróleos Mexicanos, (Pemex) a petición expresa.

El incendio ocurrió el pasado 14 de junio luego de que, según explicó Pemex, las fuertes
lluvias de la tormenta tropical “Calvin” provocaron inundaciones en varias áreas de la
refinería, mismas que causaron “el desbordamiento de presas de residuos y el
derramamiento de aceite”, lo que “alcanzó un punto de ignición, desatando un incendio”.
El siniestro obligó a detener las operaciones de la refinería por más de mes y medio.
Pemex anunció que reanudará sus actividades hasta el próximo 30 de julio.
Con base en las cifras proporcionadas por ahora Empresa Productiva del Estado, se
calcula que se dejarán de producir o se va a diferir 4 millones 50 mil barriles de gasolina
por al menos 45 días de inoperatividad: 3 millones 852 mil de Magna y 225 de Premium.
Pemex importará alrededor de diez cargamentos adicionales del combustible, que
ascienden a los 3.5 millones de barriles para tratar de garantizar el abasto de gasolina,
confirmó el equipo de comunicación de la paraestatal.
“Al suspender la operación de una refinería, no se generan gastos de producción como el
costo del crudo y los servicios. Las decisiones comerciales se irán ajustando de acuerdo
con los avances en los trabajos de rehabilitación, la evolución de la demanda y las
condiciones del mercado”, argumentó la paraestatal ante los cuestionamientos del
impacto monetario que tendrá el accidente.
De acuerdo con la Base de Datos Institucional de Pemex, la refinería en Salinas Cruz
procesó en mayo pasado 199 mil 185 barriles diarios de crudo: 58 mil 910 de crudo
pesado y 140 mil 225 de crudo ligero. En el procesamiento del llamado “oro negro”, esta
refinería es la segunda de mayor producción en el país, seguida de Tula que procesó en
mayo 228 mil 126 barriles de petróleo: 47 mil 905 de crudo pesado y 180 mil 221 de
crudo ligero.
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Una nueva explosión se registra en la refinería de Salina Cruz,
Oaxaca (VIDEOS)
GASOLINA
El volumen total de las ventas de gasolina en mayo dentro del país ascendió a los 810 mil
barriles diarios, de producción interna e importación. Tomando en cuenta la producción
diaria de gasolina en Salinas Cruz, la refinaría Antonio Dovalí Jaime produce el
equivalente al 11.11 por ciento del abasto interno.
Las pérdidas generadas por los días que no operará son los márgenes de utilidad en los
más de 4 millones 50 mil barriles de gasolina de producción diferida.
“El costo de no producir es la pérdida del margen de utilidad, no la pérdida del valor de la
producción”, que incluye gastos como el costo de crudo y servicios, afirmó Pemex.
CARGO AL PRECIO DE GASOLINA

El déficit en la utilidad por la falta de producción podría recuperarse con la
comercialización de la gasolina que se va a importar, debido a la liberación de los
precios, consideró Fluvio Ruiz Alarcón, también consultor de Pemex.
“Dejas de producir por un lado y tienes que reparar, eso también te implica un costo, y se
lo compensas en el precio de la gasolina”, explicó el experto.
Aunque con la liberación de los precios los particulares pueden formalmente importar y
comercializar la gasolina importada, en lo práctico, actualmente sólo Pemex comercializa
porque “sólo ellos tiene la capacidad de importar y distribuir esos grandes volúmenes de
gasolina”, detalló Ruiz Alarcón.
Además, el analista indicó que la baja de producción y el alza en la demanda de la
importación presionará en el precio de la adquisición de la gasolina importada “porque
tiene hay una mayor demanda, si lo ves del lado texano”, explicó.
LA FRAGILIDAD, PROBLEMA DE FONDO
Pero más allá de las pérdidas por el siniestro en la refinería en Salinas Cruz, hay un
problema más grave que deja vulnerable al país en materia de combustibles: la
dependencia de México en la importación de gasolina y la carente legislación en
seguridad para el abasto, según advirtió el especialista.
De acuerdo con el más reciente reporte financiero difundido por Pemex, el volumen de
ventas internas de gasolinas magna y premium de enero a mayo alcanzó un promedio de
779.2 mil barriles diarios, y una importación hasta por 503.4 barriles diarios, es decir, el
64.55 por ciento de la gasolina consumida es importada.
En los últimos cinco años la importación de gasolina pasó de 395.7 miles de barriles
diarios importados en 2012, a 505.1 mil barriles diarios comprados en 2016, de acuerdo
al reporte de volumen de las importaciones de productos petrolíferos de Pemex.
De enero a mayo de 2017, Pemex elaboró en 318 barriles diarios de gasolinas, magna y
premiun, y exportó 49 mil barriles diarios, según la información presentada en sus
indicadores petroleros.
La producción de México, de enero a mayo es 100 mil barriles diarios menos que en el
2012, cuando la elaboración de gasolinas alcanzó los 418.1 miles de barriles diarios, es
decir, una caída de 23.92 por ciento al comparar los barriles diarios elaborados en lo que
va del año con el promedio en 2012.
Para Ruiz Alarcón, la dependencia que tiene México para importar gasolina y que se
agudiza con accidentes como el ocurrido en Antonio Dovalí Jaime, pone en evidencia la
enorme “fragilidad” que tiene el país en este tema.
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suman 8 muertos

Los altos niveles de importaciones sobre la producción llevan a la urgencia de establecer
políticas con una perspectiva de seguridad en los temas petrolíferos, particularmente en
las gasolinas y diésel.
“A mi me parece que estamos en una situación muy frágil, cuando un país importa más
del 60 por ciento, una proporciona similar en otros petrolíferos y el 40 por ciento de gas
natural y gas LP, el país está en una posición muy frágil”, reiteró.
México carece de herramientas y políticas de seguridad energética enfocadas en
lineamientos eficaces en cuanto a la contención de la demanda para no poner en riesgo el
abasto de los combustibles, según explicó.
En la Reforma Energética se le dio un tratamiento al crudo y a los petrolíferos como si
fuera una mercancía como cualquier otra, sin ninguna consideración de seguridad
energética, olvidando que son elementos fundamentales para el funcionamiento en la
economía, denunció.
Ruiz detalló que en las reformas se desentendieron de este tema al grado de que a partir
de 2018 el crudo que le corresponde al estado mexicano, en los contratos de producción
compartida, no necesariamente va a ser comercializado por Pemex, sino que habrá una
licitación para ver quien comercializa el petróleo mexicano.
“El hecho de que vas a poner a competir a tu crudo mexicano con otro crudo mexicano y
ambos crudos sean comercializados por entes privados –ese es un escenario posible–,
donde a los comercializadores no les importa garantizar un precio; entonces, el hecho es
que ni siquiera el crudo que le corresponde al Estado, por definición, sea comercializado
por el organismo especializado que tiene el propio Estado, dice mucho de que no hay
ninguna consideración de seguridad energética”, afirmó.
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CAEN EXPORTACIONES PETROLERAS
Mientras las exportaciones petroleras cayeron 3.5 por ciento a tasa interanual el pasado
mes, las importaciones subieron 23 por ciento.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en mayo
las exportaciones petroleras de México bajaron 3.5 por ciento en comparación a las
registradas en mayo de 2016, y 15.63 por ciento, frente a las de abril .
El valor de las exportacione
El Inegi, reportó que en cuanto al volumen de
referencia en 0.958 millones de barriles diarios, nivel inferior al de 1.017 millones de
barriles diarios de abril y al de 1.204 millones de barriles diarios de mayo de 2016

La importaciones petroleras alcanzaron el saldo de 2 mil 945.4 millones de dólares, que
representan un incremento 23 por ciento con respecto al mismo mes de 2016.
Para el especialista, Fluvio Ruiz es urgente legislar en cuanto a la seguridad energética,
pues equiparó a México como una casa ubicada una zona altamente inseguridad y que es
cerrada sólo con un “candadito”.
'Prende' SHCP foco amarillo a 10 estados
De acuerdo con el Sistema de Alertas de la dependencia BC, Chihuahua, Michoacán, Morelos, NL, Oaxaca, Q. Roo,
Sonora, Veracruz y Zacatecas tendrán un techo de endeudamiento limitado para 2018, mientras que Coahuila ya no
podrá endeudarse más.
Zenyazen Flores
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encendió focos amarillos en la deuda de 10
estados del país, por lo que en 2018 sutecho de endeudamiento será limitado y tendrán mayores
restricciones sobre el uso de sus ingresos excedentes, mientras queCoahuila es el único estado que no
podrá contratar financiamientos el próximo año.
Esto de acuerdo con el Sistema de Alertas que publicó la dependencia derivado de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en su propio Reglamento, el cual consiste en
clasificar “en un semáforo” el nivel de endeudamiento de los estados: sostenible (verde), en observación
(amarillo) y elevado (rojo).
Bajo esta categorización, Coahuila es la única entidad clasificada en color rojo en el indicador ‘Deuda
Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (ILD)’, el cual, en principio, es el que define
el color del semáforo.
Coahuila reportó ILD por 18 mil 014 millones de pesos de acuerdo con la Cuenta Pública 2016, sin
embargo, su deuda fue de 37 mil 047 millones de pesos, es decir, fue 205.7 por ciento superior que los
ingresos.
Eso quiere decir que la entidad cuenta con un endeudamiento elevado y no podrá contratar financiamiento
adicional en 2018 en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas.

Una tercera parte de los estados del país tendrán un techo de endeudamiento.
COAHUILA NECESITA MEJORAR
Antonio Serrano, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila,
señaló que para mejorar la deuda en el estado norteño es necesario crear nuevos impuestos regionales o
municipales para obtener más ingresos.
“El tamaño de la deuda está afectando al estado porque nos quita todo lo que tenemos para infraestructura,
para cuestiones de salud, y que si eso no se soluciona, hará que la competitividad de la entidad en el
mediano y largo plazo disminuya”, afirmó.
En tanto, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo,
Sonora, Veracruz y Zacatecas, son los 10 estados que resultaron con foco amarillo, que significa
endeudamiento en observación, por lo que en el ejercicio fiscal de 2018 el límite máximo para contratar
deuda adicional será de cinco por ciento sobre dicho ingresos.
El Sistema de Alertas indica que al resultar con endeudamiento elevado Coahuila y con deuda en
observación en una decena de estados, el siguiente año enfrentarán mayores restricciones con respecto a los
posibles destinos para sus ingresos excedentes.
En clasificación verde se encuentran 20 entidades con endeudamiento sostenible porque sus ingresos son
superiores a su deuda, en algunos casos sus ILD triplican el monto de deuda como es el caso Campeche,
Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Yucatán. Esta veintena de estados podrá incurrir en un endeudamiento
adicional máximo equivalente al 15 por ciento de sus ILD.
Los indicadores consideran el nivel de deuda pública y lo que anualmente se paga por intereses y capital,
además de las obligaciones por los esquemas de asociación público privadas y su pago.
Hacienda indicó que el sistema de alertas determina el techo de financiamiento neto que podría acceder
cada entidad en el siguiente ejercicio fiscal, que está sujeto a aprobación del Congreso local.
La dependencia aseguró que en octubre estarían listos los indicadores de los municipios.

ASF detecta malos manejos de los recursos del
Seguro Popular en 28 estados durante 2016
Los malos manejos de los recursos federales asignados al programa Seguro Popular fueron detectados
por la Auditoría Superior de la Federación en 28 de las 32 entidades del país; Michoacán, Edomex,
Oaxaca, Chiapas y Veracruz los estados con el mayor monto en irregularidades.
Cuartoscuro Archivo
Arturo Angel @arturoangel20
julio 3 2017 06:00
FONDEA el periodismo independiente
Las irregularidades, subejercicios y posibles desvíos de los recursos delSeguro
Popular, el programa que permite acercar servicios de salud y tratamiento de
enfermedades graves como cáncer o VIH a población vulnerable, fueron el común
denominador en prácticamente todo el país, según la revisión de la Cuenta
Pública 2016, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF detectó malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32
entidades del país. El monto de las irregularidades asciende a casi 6 mil millones de
pesos. Hay estados donde los posibles desvíos van del 24 hasta el 55 % de todo el dinero
asignado.
Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, son las entidades con los
montos más altos de recursos del Seguro Popular reportados con irregularidades, y de hecho
concentran por sí solos casi el 50 % de todo el total observado por los auditores.
La revisión hecha por Animal Político a las 32 auditorías practicadas en los estados, permitió
establecer que de los casi 6 mil millones reportados con posibles anomalías, cerca de 4 mil
500 millones son recursos que las entidades aseguran haber gastado pero se desconoce en
qué o no hay documentos suficientes que lo comprueben. El resto es dinero que no se
gastó pero tampoco se regresó, es decir, son subejercicios.
Las investigaciones para explicar el origen de estas irregularidades están en desarrollo, pero si
lo estados no comprueban el destino de los recursos, o no devuelven el dinero que no
aplicaron, esto podría derivar en denuncias penales ante la PGR contra los funcionarios o
exfuncionarios que resulten responsables.

Cabe recordar que hasta ahora la ASF ha presentado denuncias ante la PGR por el posible
desvío de 7 mil 869 millones de pesos del Seguro Popular, entre los ejercicios 2011 a 2015.
Más del 50 % de estos recursos denunciados corresponde a desvíos en Veracruz, durante la
administración de Javier Duarte, y el 30 % a irregularidades en Michoacán.
Oaxaca, foco rojo
El estado con la mayor cantidad de recursos del Seguro Popular mal manejados, en 2016,
fue Oaxaca con casi mil millones de pesos reportados por los auditores. De ese total,
hay 262 millones de pesos de subejercicio, es decir dinero que no se gastó pero tampoco se
regresó a la Secretaría de Hacienda. El resto son recursos que se presume fueron desviados.
Hay por ejemplo 175 millones de pesos que fueron retirados de la cuenta oficial de este
programa sin que haya explicación alguna de cuál fue el destino. Hay Otros 621 millones de
pesos que se reportó que fueron invertidos en distintos rubros que no hay la información
suficiente para comprobarlo.
Los auditores identificaron anomalías claras como, por ejemplo, el pago a dos trabajadores
que en realidad no se encuentran en los hospitales donde se supone que deberían estar, o la
contratación de otros cuatro empleados que carecen de la preparación académica suficiente
para desempeñar el puesto que les fue asignado.
La ASF indicó que el proceso de fiscalización de los recursos no se pudo
completar en Oaxaca, debido a que maestros de la sección 9 del Sindicato Nacional de
Trabajadores dela Educación, pertenecientes a la CNTE, tomaron las instalaciones del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de OAXACA.
Lo anterior impidió a la Auditoría establecer la dimensión real del posible desfalco cometido
con recursos del Seguro Popular en Oaxaca.
No obstante, de lo que se pudo revisar se estableció que casi el 47 % de los recursos destinados
a este programa presentan un manejo irregular.
Anomalías millonarias
Luego de Oaxaca, el Estado de México presentó el monto más alto de recursos mal
manejados según los auditores: más de 830 millones de pesos, de los cuales solamente 70
millones son de subejercicio mientras que el resto es posible dinero desviado de su objetivo
original.
La ASF reportó que la administración de Eruviel Ávila transfirió a distintas cuentas
bancarias los recursos del Seguro Popular, mismos que debieron permanecer solo en
la cuenta autorizada para ello.
Además del dinero que no se ha comprobado en que se utilizó, destacan anomalías como la
del pago de más de 200 mil pesos a trabajadores que cuatro meses antes ya se habían dado de
baja. Los auditores también identificaron la falta de promoción en el Estado de México
respecto a la cobertura de servicios y medicamentos con el Seguro Popular.
El gobierno de Eruviel Ávila tampoco proporcionó información sobre el padrón de
beneficiarios del programa.
Michoacán es el tercer estado del país con la cantidad más alta de recursos del Seguro
Popular que presuntamente fueron mal manejados en 2016. Sonmás de 680 millones de

pesos que fueron gastados sin que exista evidencia suficiente de su destino, a la
cifra habría que sumar 244 millones que no fueron ni ejercidos ni devueltos a la
federación.
Entre las anomalías identificadas hay pagos a seis empleados que no cumplían con el perfil ni
preparación académica para desempeñar el trabajo por el que supuestamente se les contrató.
Además, se detectaron pagos a 34 empleados que en realidad no trabajaron y contaban con
licencia sindical, lo que contraviene la ley.
Los auditores también descubrieron que en una licitación supuestamente pública para
contratar a una empresa que proporcionara servicios médicos especializados, solo participó
una empresa a la que se pagaron casi 85 millones de pesos, sin que siquiera haya
constancia de su propuesta técnica.
A esto se suma la compra de casi 2 millones de pesos en medicamentos con
sobreprecio hecha por el gobierno de Silvano Aureoles, entre otros.
Chiapas es la cuarta entidad con la cantidad más alta de recursos del Seguro Popular mal
manejados con 618 millones de pesos y luego le sigue Veracruzcon 409 millones (106 por
subejercicios). Por otro lado hay estados donde si bien los montos posiblemente desviados o
mal manejados del Seguro Popular no alcanzan los niveles anteriores, lo que llama la atención
es la proporción que representan respecto al total del dinero analizado.
Por ejemplo, el caso más significativo es el de Nayarit donde prácticamente el 60 % de
toda la muestra de recursos analizados presenta problemas. Esto asciende a más de
235 millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas en Nayarit destacó, por ejemplo, 33 millones de pesos
que se aseguró fueron invertidos en medicamentos y materiales de curación, pero de esta
cantidad no hay información que permita su comprobación. Hay otros 55 millones en
servicios que supuestamente fueron subrogados a terceros sin que haya evidencia documental
de ello.
Otro caso parecido es el de Durango, donde el 55 % de los recursos del Seguro
Popular revisados presentan distintos tipos de anomalías. El monto observado
asciende a 191 millones 727 mil pesos.
Entre las anomalías detectadas en este estado: la supuesta compra de medicamentos por casi
160 millones de pesos de los cuales no hay información alguna de su adjudicación por lo que
no es posible verificar que el procedimiento haya sido el correcto, ni que los precios que se
pagaron se ajuste a lo establecido a los catálogos para esta material.
También se detectaron graves anomalías por 31 millones de pesos que, en teoría, se
destinaron a pagar distintos servicios que no están respaldados en contrato alguno o en algún
convenio de prestación de servicios. A esto se suman irregularidades como la falta de
transparencia en el padrón de beneficiarios del Seguro Popular.
Otros estados donde los auditores detectaron manejos irregulares en una buena parte de la
muestra analizada son Oaxaca con irregularidades en el 47 % del presupuesto revisado del
Seguro Popular; Michoacán con 37.7 %; Chiapas con 27.1 %; Estado de México con el 18.5 % y
Querétaro con 15.2 %.

Los estados ‘con estrellita’
Hay cuatro estados del país donde la ASF no encontró ni subejercicio ni posibles
desvíos de los recursos federales asignados para el Seguro Popular en 2016: Coahuila,
Colima, Tlaxcala y Zacatecas.
En dichas entidades los auditores coincidieron en que hay manejos aceptables de supervisión
de los recursos y aunque se detectaron inconsistencias estas fueron solventadas con la
información complementaria entregada por los gobiernos estatales. Las irregularidades que
prevalecieron fueron de tipo administrativo sin derivar en un posible quebranto
patrimonial.
Hay otros tres estados que fueron reportados con un posible daño patrimonial en el manejo
del Seguro Popular, pero solo por el subejercicio de recursos. Se trata de Hidalgo con 20
millones 715 mil pesos no gastados ni devueltos; Nuevo León con 29 millones 444 mil pesos y
Sinaloa con 24 millones 252 mil pesos.
Las mineras y el gobierno, vampiros insaciables
POR MATHIEU TOURLIERE , 1 JULIO, 2017REPORTAJE ESPECIAL
Los gigantes mineros han recibido un trato de privilegio inaudito. Se les han perdonado pagos de impuestos
por cientos y cientos de millones de pesos; se les han construido obras con dinero público y se les ha ofrecido
un marco de impunidad. Todo a cambio –en el mejor de los casos– de una promesa de progreso para las
comunidades en que se asientan. Pero uno de los análisis más rigurosos realizados a la fecha desmonta esa
falsedad: las empresas extractivas perpetúan la pobreza y expolian. Sólo, pues, se enriquecen ellas y las
autoridades que las favorecen.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La promesa de que el desarrollo y la abundancia vendrán de la mano de
proyectos mineros es un engaño: los municipios de Mazapil, Zacatecas; Ocampo, Sonora; o Eduardo Neri,
Guerrero, se dedican a la extracción de oro desde hace décadas, y más de 20% de su población vive en la
pobreza extrema.
Más de la mitad de los 22 municipios mexicanos que concentran la producción nacional de oro sufre una tasa de
pobreza extrema mayor al promedio nacional, y 76% de ellos rebasa el promedio nacional de población en
situación de pobreza, según el Anuario 2016 de las actividades extractivas en México, que publicó la
organización Fundar la semana pasada.
“Nos arriesgamos a poner este tipo de datos porque son centros históricos de producción minera, algunos de
esos municipios han extraído oro desde principios de siglo, los proyectos mineros siempre se presentan bajo el
discurso del desarrollo, que es en realidad un mito”, explica la investigadora Beatriz Olivera, una de las autoras
del informe, en entrevista.
Según Olivera, llegó el momento de reflexionar sobre el trato que goza la minería en el país, pues la extracción
de minerales es una de las actividades más contaminantes y generadoras de conflictos sociales en el país, y –en
contraste– el sector minero contribuyó con apenas 0.32% de los ingresos del gobierno federal en 2016.
La Secretaría de Economía (SE), que regula el sector minero en México, cierra los ojos ante los abusos de las
empresas desde hace años: no sanciona a las que evaden impuestos, no inspecciona las obras ni tampoco lleva
un registro detallado de los consorcios mineros, pese a las reiteradas observaciones y recomendaciones de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los últimos ocho años.
En 2015, por ejemplo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobró derechos adicionales apenas a una
de cada 10 empresas obligadas, y la SE no tomó medidas para sancionar a las que omitieron el pago.

Para colmo, el año pasado fue la ASF la que identificó a por lo menos 59 empresas y grupos mineros que
evadieron “presuntamente” el pago de derechos mineros, y exigió al SAT que las investigara.
Entre ellas destacan subsidiarias de poderosas empresas mexicanas, ya sea Grupo México (propiedad de
Germán Larrea) o Industrias Peñoles (de Alberto Bailleres), empresas de capital canadiense como Gold
Resources Corporation o Argonaut Gold Inc., y gigantes internacionales de la minería y la metalurgia como
ArcelorMittal.
Según Olivera, este andamiaje institucional fue “probablemente” diseñado para ser ineficiente. “Lo que
podemos afirmar es que las empresas mineras actúan en este país con muchísima impunidad, escudándose
detrás del argumento de los empleos. Pero es cínica y descarada en este sentido”, añade.
Trato de favor
Grupo México pagó una multa de apenas 23 millones de pesos por su responsabilidad en el derrame de 40 mil
metros cúbicos de una mezcla de sulfato de cobre y metales pesados en el río Sonora, que provocó su filial
Buenavista del Cobre el 6 de agosto de 2014.
En paralelo, la compañía –que fue señalada por la ASF como probable evasora de impuestos– creó un
fideicomiso de 2 mil millones de pesos para revertir las afectaciones directas de la contaminación a 22 mil
personas.
El caso del derrame de tóxicos en el río Sonora –calificado en su momento del “mayor desastre ambiental en la
historia de la industria minera de México– se abordó durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU que se llevó a cabo en Ginebra el jueves pasado, y en la que se presentó el Informe Final sobre México
del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Este documento subrayó que, si bien Grupo México se comprometió a instalar 28 plantas de tratamiento de agua
con tecnología de filtración de metales pesados y una clínica especializada, el consorcio construyó solamente
una planta –que no está en pleno funcionamiento–, mientras que la obra de la clínica “nunca se llegó a
completar”.
Al ser catalogado como un sector estratégico para la economía nacional, la minería tiene prioridad sobre las
demás actividades y cuenta con una legislación que incita a los estados y municipios a actuar a favor de las
empresas mineras en caso de conflicto social.
A la fecha existen 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en el país, las cuales cubren más de 21
millones de hectáreas, y mil 609 concesiones se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
El estudio de Fundar subraya que el gobierno mexicano otorgó mil 36 títulos de aprovechamiento de agua al
sector minero, equivalentes a 436 millones de metros cúbicos del líquido cada año, la mitad del cual se extrae
en tres estados: Sonora, Zacatecas –dos regiones de alto estrés hídrico– y Michoacán.
El trato tan favorable a la industria minera no sólo viene del Ejecutivo: el pasado 9 de mayo un grupo de
diputados priistas presentó una propuesta de reforma al artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
que, de aprobarse, permitiría a las empresas mineras deducir de sus impuestos 100% de los costos de
exploración de yacimientos.
Para justificar su propuesta, los priistas aseveraron que México “dejó de ser un lugar atractivo para la inversión
minera” debido a la depreciación del precio de los minerales y de la reforma fiscal de 2014.
“Es un cheque en blanco para las empresas mineras, porque les va a permitir invertir grandes cantidades en
exploración y recuperar esos costos. La exploración no es una actividad que no perjudique las comunidades o
no tenga impactos ambientales”, se indigna Olivera.
Por si fuera poco, el pasado miércoles 7, la agencia Reuters informó que seis empresas mineras canadienses –
entre ellas el gigante Goldcorp– reclaman al SAT más de 360 millones de dólares –más de 6 mil 400 millones
de pesos, al cambio actual– en devoluciones de Impuesto al Valor Agregado.
Negligencia dolosa

En diciembre de 2013, el gobierno mexicano instauró tres nuevos tipos de derechos mineros, que las empresas
tendrían que pagar a partir de 2015: el derecho “especial” establece un cobro de 7.5% de los ingresos sobre las
ventas derivadas de las actividades extractivas, el “extraordinario” plantea un cobro adicional de 0.5% sobre la
venta de oro, plata y platino, y el “adicional” plantea una recaudación para los concesionarios que no realizaron
obras.
Con estos derechos, el gobierno federal pretende compensar los daños que genera la minería en los municipios y
los estados donde se extraen los minerales, y sacar un mayor provecho de la industria, pues entre 2006 y 2015
recaudó apenas 1.3% de las ganancias del sector.
Sin embargo, la incompetencia de la SE y del SAT –dolosa o no– permitió a la gran mayoría de las empresas
mineras evadir el pago, y si bien el SAT recaudó 2 mil 612 millones de pesos de los derechos mineros en 2015,
la cantidad debió ser mucho mayor.
Lo anterior quedó plasmado en un informe sobre la recaudación y aplicación de los derechos mineros, que la
ASF terminó el pasado 24 de noviembre. Olivera subraya el carácter “bastante irreal” del documento que, según
ella, debió haber detonado una comparecencia de Ildefonso Guajardo Villarreal, el titular de la SE, en el
Congreso.
Según la ASF, la SE no incluyó, en su padrón de títulos de concesiones mineras, la identidad de la gran mayoría
de los concesionarios –es decir, aparecen sin razón social ni Registro Federal de Contribuyentes– y la
dependencia no registraron los volúmenes de oro, plata o platino que extrajeron, por lo que tampoco registraron
los ingresos que obtuvieron por su venta.
Este es un problema mayor, ya que el padrón es el documento que la SE comparte con el SAT –desde la firma
de un “acuerdo de intercambio de información”, en noviembre de 2015– y que sirve de base para la recaudación
de los derechos mineros.
Dadas las carencias del documento, “ni el SAT ni la SE han contado con la información adecuada para
determinar los sujetos obligados al pago de los derechos”, deploró la ASF.
Así, de los 17 mil 402 títulos de concesión minera vigentes en 2015, apenas 227 empresas pagaron derechos,
pese a que por lo menos 2 mil 884 (10 veces más) estaban obligadas de hacerlo. Ciento cuarenta empresas
pagaron el especial, 80 aportaron el extraordinario y siete fueron tasadas con el adicional.
La ASF observó que la SE no inició los trámites para cancelar los títulos de concesión de las empresas que no
pagaron los derechos y exigió al SAT que realizara inspecciones fiscales a 59 grandes empresas mineras, a las
que el órgano fiscalizador identificó como “presuntos evasores”.
Muertos y destrucción
La Compañía Minera Cuzcatlán es una de las empresas de las que la ASF sospecha que evadió el pago de
derechos. Desde 2011, esta filial del grupo canadiense Fortuna Silver Mines extrae grandes cantidades de oro y
plata de las entrañas de un cerro cercano al municipio oaxaqueño de San José del Progreso. La concesión corre
hasta el año 2050.
En 2015 incluso sacó cantidades récord de minerales: una tonelada de oro y 138 toneladas de plata. A escasos
dos kilómetros de la mina, el municipio –de 6 mil 600 habitantes– sobrevive en condiciones muy precarias:
cuatro de cada 10 habitantes padecen pobreza extrema y nueve de cada 10 son pobres.
Rosalinda Dionisio Sánchez, una de sus habitantes, recuerda en entrevista que el proyecto minero “llegó con la
promesa del desarrollo de las comunidades, como para convertirlas en ciudades de primer mundo”.
Pero según Dionisio, quien forma parte de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, los
beneficios han sido escasos para la comunidad: como seis de cada 10 minas en el país, el capital de la empresa
es canadiense, y tanto los ingenieros como los trabajadores especializados vienen de otros estados de la
República. Los habitantes empleados en la mina cocinan, limpian y mantienen los viveros, sostiene.

Los únicos “locales” que sacaron provecho de la mina fueron los integrantes de los tres gobiernos municipales
que se sucedieron desde 2011, subraya la pobladora. Añade que, hasta la fecha, los pobladores no saben si la
empresa entregó dinero al municipio. Insiste en que, si así fue, las autoridades no informaron en qué lo invirtió.
La única certeza que tienen los opositores es que cuatro personas fueron asesinadas en torno al proyecto minero
desde 2011: dos opositores y dos promotores, quienes fallecieron en un atentado que Dionisio califica de
“escenario preparado para culpar a personas de la coordinadora”. La mujer indica que también recibió amenazas
por su oposición al proyecto.
De acuerdo con el informe de Fundar, existen por lo menos 35 conflictos socioambientales en México causados
por la industria minera, y en 2016, 10 de las 63 agresiones contra activistas fueron perpetrados en contextos de
oposición a la minería.
“Nosotros pedimos que la empresa se vaya de la comunidad porque tenemos la certeza de que, así deje dinero o
algunos proyectos, no nos va a garantizar la salud; hemos salido a investigar y la mayoría de las minas dejan
destrucción de la tierra. Nosotros nos hemos enfocado en la agricultura, nos preocupa cómo quedará nuestro
pueblo. Si vamos a generar dinero con base en muertos y destrucción, entonces no la queremos”, añade.
Dinero opaco
Según la ASF, el gobierno federal recaudó 4 mil 315 millones de pesos de los derechos mineros en 2015 y
2016. Este dinero fue depositado en el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios
Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, que opera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu), dirigida por Rosario Robles.
De este monto, en septiembre de 2016 la Sedatu había aprobado 725 proyectos de infraestructura básica en 146
municipios, por sólo 843 millones de pesos. Estas obras consistieron, en su mayoría, en “la pavimentación de
calles con concreto hidráulico, la instalación de sanitarios, la reconstrucción de carreteras y el mantenimiento
del alumbrado público”, según la ASF.
De nuevo, Olivera asevera que la Sedatu resulta poco transparente en el manejo del Fondo Minero, y la falta de
información impide verificar que el fondo cumpla con su función de redistribución.
“La Sedatu emite informes sobre los proyectos de inversión aprobados. Son archivos en formato PDF que
dicen: ‘En tal municipio se realizaron estas 25 obras que son rehabilitación de un camino’, pero nunca dicen
cuánto gastaron. Descubrimos algunas incongruencias, como municipios que reportan hasta tres o cuatro veces
los montos que han recibido. Son casos que llaman mucho la atención y no podemos decir otra cosa sino que
son muy sospechosos”, señala.
Y añade: “Lo que nos preocupa es que todas esas actividades, en un contexto electoral, deberían tener mayor
transparencia. Para que no se preste a desvíos, a favores. Es importante evaluar en dónde se están haciendo esos
proyectos porque inclusive compañeros de comunidades nos señalaron que se construyen y rehabilitan
solamente a los caminos que conectan a la mina”.
Este reportaje se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.

Generan graves afectaciones y pagan una cantidad ínfima de impuestos, afirma
Extractivas foráneas ganan mucho y dejan pocos beneficios: Fundar
Las trasnacionales violan derechos, degradan el mediombiente y siembran corrupción, afirma
Mineras y petroleras reciben trato de privilegio; su actividad se considera de utilidad pública
Aspecto de la mina de cobre de Cananea, en el estado de SonoraFoto Notimex
FERNANDO CAMACHO SERVÍN
Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de
transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una
cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen, advirtió el Centro de Análisis e
Investigación Fundar.
En el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en
primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales despierta preocupación, debido a sus
historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental.
Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de
hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades de utilidad
pública, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza
o los derechos humanos.
De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones,
los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la
extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica”
o fracking.
Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones
otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como
885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses
(13.2 por ciento).
Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la
minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la
inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos
representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.
El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburosgenera daños a las poblaciones
donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos
saludables, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos
del cambio climático.
De igual manera, Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles
conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se
documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

La Cofepris atiende a los afectados mediante análisis de sangre y orina cada cuatro meses
Suman 381 personas intoxicadas por derrame de minera en Sonora
Se habilitó una vivienda como clínica para asistirlos, dice Luis Eduardo Ávila en entrevista con La
Jornada
Pobladores siguen consumiendo agua con plomo y arsénico, revela estudio
El próximo 6 de agosto se cumplirán tres años del derrame de 40 mil millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora (en la
imagen), provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicada en CananeaFoto Cristina Gómez Lima
CRISTINA GÓMEZ LIMA
Corresponsal
Hermosillo, Son.
Casi tres años después del mayor desastre ambiental en el país, el derrame de 40 mil metros cúbicos de
sulfato de cobre acidulado de la compañía minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, al río Sonora, el
número de habitantes a los que se detectó desechos tóxicos, en sangre y orina, se incrementó de 360 a 381.
Lázaro Eduardo Ávila, responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas),
informó que las 381 personas afectadas en su salud son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mediante la realización de análisis de sangre y orina cada
cuatro meses.
Explicó que se les brinda atención en una vivienda habilitada como clínica, en tanto se concluya la
construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, sin embargo los trabajos
permanecen detenidos.
Según un estudio a cargo del Grupo Microanálisis, laboratorio que realiza trabajos especiales para la Uveas,
dependiente de la Cofepris, los pobladores de los municipios aledaños al río Sonora continúan consumiendo
agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro.
Grupo México incumple promesa
Grupo México, de Germán Larrea, prometió instalar 27 plantas potabilizadoras, pero en abril pasado ordenó
reducir a nueve las que se edificarían para abastecer a 25 mil habitantes de los ocho municipios ribereños
afectados, pero a la fecha ninguna se ha entregado.
En entrevista con La Jornada, Ávila rechazó que los resultados de los análisis más recientes realizados por
la Cofepris, que detectó residuos de plomo superior a la Norma Oficial Mexicana, se deba a la contaminación
provocada por la mina de Grupo México ubicada en Cananea.
Esos niveles son muy bajos para atribuírselos a la mina, podría ser que en ese municipio (Banámichi) la
causa sea la toma de red municipal, tanto por un daño en la tubería o por que están muy antiguas, afirmó.

Dijo que la Cofepris, en conjunto con la Uveas, trabaja para identificar el origen del problema que afecta la
salud de los habitantes de la región del río Sonora. Por ello, afirmó, cada cuatro meses se realizan análisis del
agua de los pozos y de las tomas de agua en los hogares.
A la fecha, la Uveas ha brindado mil 250 consultas médicas familiares, 200 pediátricas, 300 dermatológicas
y 250 de medicina interna; además, se han tomado mil muestras de orina y sangre para detectar la presencia de
minerales.
Subrayó que de los 2 mil millones del Fideicomiso Río Sonora destinados por Grupo México para solventar
la perforación de 18 pozos, la construcción de 37 plantas potabilizadoras, de tres represas, la clínica de Uveas y
la limpieza de sedimentos, se ha gastado más de la mitad y ninguno de los compromisos se ha cumplido.
Los principales problemas de salud de los afectados por los tóxicos derramados por Buenavista del Cobre
son dermatológicos, gastrointestinales, oftalmológicos y neurológicos en los municipios de Ures, Aconchi,
Baviácora, Arizpe, Banámichi, Huépac y San Felipe.
Según los planes más recientes anunciados por directivos de Grupo México, habrá siete plantas
potabilizadoras fijas y dos móviles. Las primeras se construirán en los municipios que determine la Comisión
Nacional del Agua luego de un estudio para definir las necesidades de la población afectada con el derrame de
tóxicos del 6 de agosto de 2014.
Caso Pegasus: Evidenciados, gobierno y empresas siembran confusión
POR MATHIEU TOURLIERE , 1 JULIO, 2017#GOBIERNOESPÍA
Apenas se exhibió una parte de la trama sobre el espionaje practicado contra periodistas y activistas sociales
desde el gobierno federal –caso detonado por el periódico The New York Times–, éste comenzó a realizar
filtraciones para sembrar confusión y desmarcarse de los señalamientos. El material comenzó a circular el 25
de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de manera conjunta por este semanario y
dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el cual se consignan los
nexos de funcionarios y políticos con empresas de seguridad (Proceso 2121).
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En medio del creciente escándalo de espionaje ilegal operado a través del
malware Pegasus contra periodistas, activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y políticos,
tanto el gobierno federal como las empresas vendedoras del programa intentan evadir su responsabilidad.
La semana pasada llegaron a las redacciones de distintos medios cartas inverificables y documentos “filtrados”
desde instancias del gobierno, así como correos electrónicos con un solo objetivo: sembrar dudas.
Algunos documentos pretendieron exhibir a empresas distribuidoras del software espía; otros confirmaron el
papel que jugaron Tomás Zerón de Lucio y Arely Gómez González en la compra y operación de Pegasus,
desarrollado por la empresa israelí NSO Group cuando el primero fungió como titular de la Agencia de
Investigación Criminal (AIC) y la segunda era titular de la Procuraduría General de la República (PGR).
El material comenzó a circular el 25 de junio, horas después de la publicación de un reportaje elaborado de
manera conjunta por este semanario y dos reporteros de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), en el cual se hablaba del parentesco de Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño con Guillermo
Ruiz de Teresa, actual “coordinador” de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) y cercanísimo al senador priista Emilio Gamboa Patrón (Proceso2121).
Ruiz de Teresa Treviño es socio de la empresa Balam Seguridad Privada –proveedora de material de seguridad
e inteligencia a agencias del gobierno mexicano–, junto con Asaf Zanzuri, oriundo de Israel. Según el reportaje,
Zanzuri se encargaba de conseguir las tecnologías con compañías de su país natal, mientras Ruiz de Teresa
Treviño abría las puertas de las agencias nacionales del sector de la seguridad.
Grupo Tech Bull, la empresa que vendió Pegasus a la PGR por 32 millones de dólares en octubre de 2014, es
una presunta sucursal de Balam Seguridad Privada, según los archivos internos de la firma italiana Hacking
Team, que WikiLeaks publicó en julio de 2015.
Fragmento del reportaje publicado en Proceso 2122, ya en circulación

Atrapados en la simulación
POR SABINA BERMAN , 2 JULIO, 2017ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Henos acá atrapados, otra vez, en el drama de la simulación.
Acto 1. Los activistas sociales y los periodistas cuyos celulares fueron intervenidos, para espiarlos, exigen al
presidente Peña Nieto que haga algo al respecto.
Acto 2. El presidente turna el asunto a quien debe turnarlo, por ley. A la Procuraduría General de la República.
Acto 3. Pero la PGR es la más probable ejecutora del espionaje. Sólo un gobierno puede comprar el malware
utilizado en ello y la agencia que históricamente, y violando siempre la ley, ha intervenido teléfonos es la PGR.
Acto 4. La PGR “investigará” el espionaje y “descubrirá” que no lo cometió ella misma.
Acto 5. Los ciudadanos descreeremos las conclusiones de la PGR y nos sentaremos a quejarnos de que no
merecemos el gobierno que tenemos.
¿No lo merecemos?
Permítame el lector, la lectora, ponerlo en duda. Creo que sí lo merecemos. He acá mi argumentación.
Podemos acusar con razón al presidente de simular. Pero, como sociedad, tendremos que aceptar que al exigirle
al que suponemos culpable que busque al culpable, cometemos algo peor que una torpeza.
El pecado de Edipo: el mentirnos a nosotros mismos.
Y en la medida en que lo hacemos, nuestra indignación termina por volverse, aunque no lo deseemos así, una
parodia de sí misma.
Otro caso idéntico al caso ya referido.
Ya vendrán las elecciones del año 2018. Desde acá podemos adivinar que contaremos con un árbitro electoral,
el INE, dudoso y probablemente simulador.

Podemos suponer que este presidente operará una elección de Estado. Se comprarán votos y se acarrearán
votantes, se falsearán actas. Su actuación en la elección del Edomex ha sido esa y esa elección es la maqueta de
la elección de 2018.
Se darán los resultados. Ganará el PRI.
Nos volcaremos a las calles. Pediremos el recuento voto por voto.
Aurelio Nuño dirá:
–Ganamos, y punto y aparte.
Y tomará posesión de la Presidencia a las cuantas semanas.
E iniciaremos la misma historia de la simulación colectiva en nuevas variaciones, con nuevos nombres, con el
mismo resultado.
Así, eternamente.
A menos que, como Edipo, paremos el ciclo. Nos atrevamos a sacarnos los ojos para ver más allá de lo
inmediato. Y como Edipo, que ya ciego reconoció la semilla de su pecado, veamos la semilla del nuestro:
Carecemos de un sistema de justicia funcional. Un sistema de justicia, empezando por su eje, la PGR, que sea
autónomo de los políticos.
Nadie llamará desde la política a formar una PGR así, autónoma. Solamente pueden hacerlo personas desde
afuera de la política, es decir: desde la sociedad civil, que organicen la protesta masiva, para exigirla.
La protesta masiva: una protesta nacional que detenga al país, para detener al ciclo.
En tanto no nos decidamos a hacer algo de tal dimensión, el tiovivo del sistema de la simulación, en el que
todos –queramos o no– simulamos, seguirá girando. Con distintos detalles, distintos nombres, igual o mayor
enojo social.
Este análisis se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.
La persecución
POR FABRIZIO MEJÍA MADRID , 2 JULIO, 2017ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “He sembrado dragones y cosechado pulgas –decía Marx. Este
país siembra dragones sin cesar, y los produce en épocas de huracán, poderosos, alados, con garras,
provistos de un cerebro magnífico, pero su descendencia se extingue en pulgas, pulgas vestidas,
olorosas, pulgas, pulgas”. Así piensa Rublev, uno de los personajes de El Caso Tulayev, de Victor
Serge, la gran novela sobre la persecución política. La he estado hojeando ahora que, por el New York
Times, sabemos que el gobierno mexicano usa la tecnología anti-criminal para expiar la vida privada
de sus críticos; algo muy cercano a la ruindad de Stalin. En la novela, Rublev es un viejo
revolucionario que escucha los juicios de sus ex camaradas en la radio y se sabe espiado; comprende
que pronto las purgas del estalinismo lo tocarán. Así que, reconociendo a los que le siguen a todas
partes y hasta entran como ratones a revisar sus papeles, decide citar a dos de sus antiguos camaradas
para acordar qué decir al momento de sus inminentes aprehensiones. El diálogo que sostienen los tres
no tiene ningún sentido pero está respaldado por lo que piensa el gastado Rublev mientras pasa por la

Casa de los Escritores, en el número 25 del bulevar Tverskoy: que las pulgas hicieron que “el hombre
más generoso de Rusia”, Alexander Herzen, tuviera que exiliarse o dejarse pisotear por gendarmes.
Rublev se ha ido encorvado, menos por la edad que “por la pesada inquietud”. Un niño que se resbala
en un solo patín por la nieve de Moscú choca contra él y le dice:
–Perdóneme usted, ciudadano Iván El Terrible.
Rublev se echa a reír. En lo sustancial, el poder no ha cambiado del zarismo al bolchevismo; la condena a
muerte sólo ha pasado de ser un asunto del zar a una maquinaria burocrática que se purga a sí misma.
Victor Serge, el autor, había sufrido la persecución política como nadie en Rusia. Nacido Victor Lvovitch
Kibalchich, nunca tuvo país. Sus padres, anti-zaristas, se exiliaron en Bruselas, donde el hermano menor, Raoul,
murió de inanición. Serge escribirá: “En los malnutridos granujas de París, Berlín o Moscú siempre me
encuentro con los rostros condenados de mi propia tribu”. Tras vivir durante cinco años en una prisión, acusado
de “bandido”, va a apoyar la Revolución rusa y se afilia al Partido en 1919. Muy pronto ve la transformación
del dragón en pulga y se exilia a la Alemania del experimento reprimido de los consejos obreros y termina en
Viena, junto a Georg Lukács y Antonio Gramsci, tratando de inventar una forma de reconciliar la libertad con la
revolución. En 1925 decide combatir a Stalin y sus persecuciones desde la Oposición de Izquierda, de Lev
Trotski. Lo arrestan en 1933 y lo deportan a Ural. Sólo después de tres años de protestas internacionales,
encabezadas por André Gide, George Orwell, y Romain Rolland, Serge puede salir hacia Francia, no sin antes
la confiscación de dos novelas por la policía secreta de Stalin. A la caída de París a manos de Hitler, Serge se
refugia con su compañera, Laurette Séjourné, y André Bretón en una casa de Marsella. Ahí, junto a su hijo –el
que conocemos como el pintor Vlady–, se exilia hacia México en el último barco que sale de la Francia
ocupada. Es 1941, un año después del asesinato de Trotski en Coyoacán. Es en México que escribe sus novelas,
entre ellas, su clásico, El Caso Tulayev, en los apenas seis años que le restan de vida a su corazón quebrado. Es
enterrado en una fosa común, identificado como “republicano español”.
Lo que me interesa de la novela de Victor Serge es el retrato de las lógicas del espionaje. La maquinaria
estalinista, como la de Putin ahora, es la misma que la de Fernando Gutiérrez Barrios y la de Peña Nieto hoy: se
sostiene bajo la idea de que las palabras son actos. Un gobierno que considera como plan la mera enunciación
del plan, se aterroriza ante la palabra crítica. “El compromiso ante la libertad de expresión” se declara justo
cuando se le pide al reportero de esta revista, Álvaro Delgado, abstenerse de desplegar una manta protestando
contra los asesinatos de periodistas. Como escribió George Steiner sobre la disolución del lenguaje en la
política: “Los actos mentales que antes fueron espontáneos se vuelven ahora costumbres mecánicas y
congeladas: metáforas muertas, símiles estereotipados, trivialidades, vulgaridad. Las palabras se hacen largas y
ambiguas. En vez de estilo, hay retórica. En vez de uso común y preciso, hay jerga. El lenguaje no agudiza el
pensamiento, sino que lo hace difuso”. Es en la retórica, en la jerga priista, en donde se hermanan los gobiernos
de Felipe Calderón y Peña Nieto con los de la guerra sucia. El espionaje no es una forma de “desentrañar
secretos” de quienes tienen derecho a ellos –los ciudadanos– tanto como una manera de intimidarlos. Cuidar lo
que se dice y escribe tiende a extender el cáncer del lenguaje: reducirlo a fórmulas anodinas, que no
comuniquen, que paralicen. Como en la tortura a los opositores del Partido –en México y en Rusia–, los
interrogatorios no se practicaban para saber, sino para confirmar y, en muchos casos, sólo para someter y
humillar; para descorazonar. El mismo Stalin dijo en una entrevista, cuando despidió al jefe de la inteligencia
militar, Proskurov: “El espía debe remojarse en veneno y bilis cada vez que quiera confiar en alguien”. En el
caso de Stalin, las “amenazas internas” –los trotskistas, los anarquistas, los que “no entendían la marcha del
desarrollo histórico”– se espiaban, así como las externas, las de Hitler, y Japón. En el de Peña Nieto tendríamos
que referirnos a los periodistas como enemigos y a la corrupción como una estructura defendible ante su

vulneración. ¿O de qué otra forma podría explicarse que el gobierno mexicano utilizara tecnología reservada a
la lucha antiterrorista contra algunas investigaciones periodísticas? ¿Es la corrupción lo que se intenta proteger
igualándola a la seguridad nacional?
Hablar de libertad de expresión en México y en Rusia es hablar de censura. Los asesinatos de periodistas –412
desde el 2000 de la Famosa Transición– y el acoso a los independientes son acaso la culminación de una
historia del poder enfrentado a la palabra que no es elogio, apología, glorificación y aplauso. Desde la censura
de Santa Anna hasta el patronazgo de Porfirio Díaz y el Partido a los periódicos oficialistas, la formación de la
opinión pública mexicana es a base de cultura oral, rumor y chiste político, medios clandestinos o marginales –
sin publicidad oficial– y, hoy, en línea. En tiempos de Gustavo Díaz Ordaz se decía que se espiaba a los
opositores para enterarse de algo. Envuelto en el autoelogio, nadie que quisiera gobernar podía confiar en sus
amanuenses a sueldo. Espiar a quienes se ha dejado al margen de la protección del Partido, se vuelve la única
fuente de información verdadera. En la mente del poder que espía, acosa y asesina periodistas hay una idea de la
labor informativa, no como “representación” de la opinión pública, sino como “formativa” de ella, es decir,
adquiere los procedimientos del proselitismo. Tomada como “guerra”, la opinión pública deja de ponderar el
crédito que le damos a la palabra, a su plausibilidad y fuerza. Se extiende, entonces, la simulación y “la vana
ostentación”, de la que habló Cicerón, propias de las dictaduras personales. Como advirtió Ignacio Manuel
Altamirano del uso de los medios impresos y del teatro por Santa Anna: “Queriendo adular los vicios en escena,
se desciende a la esfera de los cortesanos y los lacayos que no tienen más oficio que el de proporcionar a sus
señores inciensos y placeres ilegítimos”.
Pero aterrizo de vuelta en la novela de Víctor Serge. El espionaje, los dobles agentes, los inocentes, los
culpables, terminan, todos, aplastados por la maquinaria del poder que desconfía porque se siente débil ante el
lenguaje, ante lo que se opine, ante el pensamiento vivo. Serge hace hablar entonces al obrero, Filatov, “nieto de
un siervo”: “Habrá un futuro en el que nadie resulte aplastado. Nadie necesitará ya de la piedad. Pero, por
ahora, las máquinas están llenas de oscuridad y nunca sabemos realmente qué pasa en su interior”. .
Esta columna se publicó en la edición 2121 de la revista Proceso del 25 de junio de 2017.
El espionaje en México es una práctica
que lleva años y causa indignación: Elena
Poniatowska
Por Redacción / Sin Embargo
Sobre la noticia que el periódico The New York Times dio a conocer el 19 de
junio en la cual reveló que periodistas, defensores de derechos humanos y
activistas han sido espiados por agentes del Estado mexicano, la escritora
Elena Poniatowska asegura que es una práctica que lleva años. “Ahora se
habla de malware, software, Pegasus, NSO Group, pero detrás se esconde la
misma Secretaría de Gobernación que en los años 60, 70 y 80 seguía a sol y
a sombra a un grupo de periodistas, activistas e intelectuales cuyo único
delito era denunciar las desapariciones y torturas del régimen en el poder”.
ADEMÁS
Pegasus, usado para espiar a críticos del Gobierno en México, es
peligroso pero muy frágil: UNAM
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).- La periodista y escritora Elena Poniatowska
dice que en México el espionaje es una práctica que lleva años y “causa indignación

porque los asesinatos a periodistas no cesan y los ciudadanos se preguntan en quién
pueden confiar si la misma institución encargada de protegerlos no sólo espía su vida
pública sino la privada”.
En su columna de este domingo publicada en el diario La Jornada, la autora de La noche
de Tlatelolco cuenta cómo el años pasado fue al Archivo General de la Nación,
acompañada de su amigo Jan Martínez Ahrens del periódico español El País, para
conocer un expediente que registra la vigilancia de la que fue objeto por parte del
gobierno mexicano entre 1962 y 1985.
“Resulta increíble pensar en la energía, el tiempo y el dinero que invirtió la Secretaría de
Gobernación para espiar a una periodista […]. La verdad, hojearlo me lastimó; primero
me costó trabajo porque es difícil leer copias quemadas y ennegrecidas por la
fotocopiadora, subrayadas y vueltas a rayar. A pesar de su presentación carcelaria, el fajo
de hojas es una bitácora puntual, un registro que se incrusta en la piel como un tatuaje, un
regreso al pasado”, describe la periodista.
El espionaje a la vida de Elena Poniatowska nunca paró. No importaba qué actividad
realizara la también narradora, ensayista y novelista, todo era registrado en el expediente
resguardado en el Palacio Negro de Lecumberri. “Los informantes se dividían en sector
femenil o sector estudiantil lo que comprueba que hubo infiltrados dentro de los propios
grupos. Esto, más que asombrar entristece y recuerda la peor época del estalinismo.
¿Quiénes podrán haber sido los infiltrados? A ninguno puedo ponerle cara”, puntualiza.
Su historia se repite con otros colegas suyos en el presente. “Ahora se habla de malware,
software, Pegasus, NSO Group, pero detrás se esconde la misma Secretaría de
Gobernación que en los años 60, 70 y 80 seguía a sol y a sombra a un grupo de
periodistas, activistas e intelectuales cuyo único delito era denunciar las desapariciones y
torturas del régimen en el poder, que sigue siendo el mismo; por tanto, hoy por hoy sus
prácticas no tendrían por qué sorprender a nadie”.
ADEMÁS
Arely Gómez niega haber usado “Pegasus” contra incómodos del
Gobierno cuando estuvo en la PGR
Sobre la noticia que el periódico The New York Times dio a conocer el 19 de junio en la
cual reveló que periodistas, defensores de derechos humanos y activistas han sido
espiados por agentes del Estado mexicano con el software “Pegasus”, más que
sorprendida, la autora deTinísima precisa que “la vigilancia que sale a la luz causa
indignación porque los asesinatos a periodistas no cesan y los ciudadanos se preguntan en
quién pueden confiar si la misma institución encargada de protegerlos no sólo espía su
vida pública sino la privada y cuyas estrategias y contra-estrategias de espionaje harían
las delicias de John le Carré. Tristemente no hablamos de guionistas ni novelistas, sino de
nuestros propios representantes, cuyos salarios pagamos millones de mexicanos que cada
día salimos a trabajar para volver en la noche a sentarnos frente a la caja idiota […]”.

Finalmente, Poniatowska señala que “es grave enterarse de que la Secretaría de
Gobernación, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen), de cuyas manos depende la seguridad de los mexicanos,
sean quienes utilicen la tecnología para vigilar a sus propios ciudadanos y es más grave
aun cuando entre esos ciudadanos aparecen nombres de periodistas críticos al gobierno en
turno”.
Dejan espiar: Congreso no legisla el tema
En los últimos siete años, la Cámara de Diputados desechó dos iniciativas que tipificarían esta práctica con penas
de 2 a 15 años de prisión (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
Suzzete Alcántara
El Congreso de la Unión ha tenido la oportunidad de legislar para sancionar el espionaje, sin embargo, no lo ha
hecho.En los últimos siete años, la Cámara de Diputados desechó dos iniciativas que pretendían modificar el
Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales , con la intención de tipificar el espionaje
con penas de dos a 15 años de prisión. Además, junto con el Senado, ha dejado fuera puntos de acuerdo en
donde se exhorta al Ejecutivo federal, a la Procuraduría General de la República (PGR), a Petroléos Mexicanos
(Pemex), a la Secretaría de Gobernación y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), frenar esta
práctica e informar sobre el espionaje a actores públicos mediante malware, y sobre los contratos con empresas
dedicadas a espiar. Las dos iniciativas fueron presentadas por el diputado Guillermo Cueva Sada (PVEM), y
desechadas en comisiones. La primera de ellas se presentó el 7 de septiembre de 2010 y buscaba adicionar un
artículo al Código Penal Federal, así como reformar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales, a fin de tipificar con pena de dos a 15 años de prisión y multa que ascendía de 200 a 400 veces el salario
mínimo diario vigente en el Distrito Federal, a quien aceche, vigile o realice actos de espionaje para obtener
información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o las labores de seguridad pública, de
persecución, sanciones del delito o la ejecución de penas. “Dicha conducta será considerada dentro del catálogo
de delitos graves. Asimismo se incluyen como agravantes el usar vehículo de servicio público de transporte de
pasajeros u otro que preste un servicio similar o que por sus características exteriores sea ADVERTISING inRead
invented byTeads similar a la apariencia de los vehículos destinados al servicio de transporte público de
pasajeros, o bien, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex servidores públicos de las
Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia. En este último caso se
impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a 10 años para ocupar otro”,
señalaba el texto. La segunda fue dada a conocer el 24 de noviembre de 2011, con la intención de reformary
adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, con la
intención de agregar un capítulo al CPF sobre el acecho a las instituciones de seguridad pública para crear un
tipo penal que tipifique el espionaje a través de los llamados “halcones”, “considerados como pieza clave para
obtener información sobre la ubicación, actividades, operativos y labores de seguridad pública”. Los exhortos.
De los 17 puntos de acuerdo presentados en ese lapso, destaca el extrañamiento al gobierno federal y a la PGR
por parte de la diputada Araceli Damián González (Morena), el cual exige “detener” el uso del programa
informático de espionaje Pegasus. El exhorto, presentado en octubre del 2016, y que fue desechado en
comisiones, destaca que a través del equipo electrónico de espionaje Pegasus el gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto ha realizado esta práctica sin que exista un mandamiento jurídico, por lo que se atenta
contra la Constitución, los tratados internacionales de los que México es parte y las normas que protegen la vida
privada. En el texto, la legisladora de Morena resaltó que el 24 de agosto de 2016, el Laboratorio Ciudadano
(The Citizen Lab) de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, denunció públicamente
el intento de espionaje contra el periodista mexicano Rafael Cabrera, quien formó parte del equipo de
investigación del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, mediante el uso del malware Pegasus. Asimismo,
detalló que el 3 de septiembre del mismo año, el periódico The New York Times, publicó que el gobierno
mexicano ha pagado a NSO Group más de 15 millones de dólares durante tres años por concepto de tres
proyectos de espionaje, mediante la adquisición del único distribuidor autorizado de NSO, la empresa Balam
Seguridad Privada SA de CV. The New York Times indicó en esa ocasión que funcionarios de la embajada de
México en Estados Unidos entrevistados afirmaron que estas herramientas de espionaje no se emplean contra
periodistas ni activistas. Mientras, el portal Wikileaks divulgó correos electrónicos, fechados el 28 de noviembre

de 2014, en los que empleados de una subsidiaria de Balam confirman la adquisición del malware Pegasus por
parte de la PGR, a través del entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de
Lucio. Entre los puntos de acuerdo con estatus de pendiente, se ubica el de la senadora Laura Rojas (PAN),
presentado el 7 de julio de 2013, el cual solicita al Ejecutivo federal plantear iniciativas para promover
instrumentos que protejan los datos personales y sancionen el espionaje. También se halla en ese rubro el del ex
diputado Fernando Belauzarán (PRD), que pedía al gobierno federal información sobre los contratos de
espionaje que se pagaron a la empresa italiana Hacking Team; así como los recién presentados por legisladores
del PAN, PRD y Morena, sobre el presunto espionaje realizado por el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, de acuerdo a lo dado a conocer por The New York Times, el pasado 19 de junio.
Ven a periodistas entre dos fuegos
No sólo enfrentan agresiones y amenazas del crimen, también de gobernantes y políticos
Boligán
HORACIO JIMÉNEZ y ASTRID RIVERA
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Los ataques a los periodistas tanto del crimen organizado como de la clase política dañan a la
democracia, por lo que el Estado debe de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa,
coincidieron especialistas. Para distintos analistas y expertos en temas de política y de medios de
comunicación, los periodistas se encuentran entre dos fuegos: las balas del crimen organizado y las
“balas” que representan los amagos y amenazas de los funcionarios públicos. La Encuesta Nacional de
Periodistas (Worlds of Journalism Study, México Chapter), aplicada a 377 periodistas de todo el país,
reveló que cuatro de cada 10 amenazas que recibieron los periodistas en México vinieron del crimen
organizado y tres de cada 10 vienen de políticos. Mireya Márquez, coordinadora de la maestría en
Comunicación de la Universidad Iberoamericana, dio a conocer que en la encuesta que hizo en
conjunto con la investigadora Sallie Hughes de la Universidad de Miami, se encontró que las amenazas
de políticos a los periodistas casi alcanzaron en porcentaje a los amagos o intimidaciones que les hacen
a los comunicadores los integrantes del crimen organizado o del narcotráfico. “No podemos negar el
papel que tiene el Estado en no salvaguardar el derecho a la información de los ciudadanos, coartar la
libertad de expresión, pero además vulnerar los derechos”, dijo la académica Márquez. Investigadores
de la UAM, del Tec de Monterrey, de la UNAM y la Iberoamericana consultados por EL UNIVERSAL
advirtieron que ADVERTISING inRead invented byTeads los medios de comunicación se encuentran en
un momento en el que la crítica y el análisis permanecen “arrinconados”, con ejemplos a nivel
internacional, como la política del pensamiento único que busca imponer el presidente
estadounidense Donald Trump o los señalamientos de figuras políticas como Andrés Manuel López
Obradory algunos gobernadores contra la prensa en México. Destacaron que quienes realizan un
periodismo de investigación crítico reciben agresiones tanto de grupos criminales, como de la clase

política, lo cual afecta al sistema democrático. Los analistas consideran las descalificaciones de los
políticos como un tema “grave”, que lleva al autoritarismo y que erosiona la democracia. Agregan que
los políticos no entienden que el periodismo es una institución importantísima para la democracia, y la
crítica les sirve para desempeñar mejor la labor para la que fueron electos. Ante este tipo de
agresiones, los especialistas sugieren la unión de todo el gremio periodístico, romper con la
dependencia que se tiene con la publicidad gubernamental y responder a los políticos con más
periodismo sustentado, que sea inevitable de refutar por parte de los funcionarios. Para Javier
Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, la
libertad de expresión atraviesa un “retroceso” en el que a pesar del rápido desarrollo de las
tecnologías de la información y la existencia de diferentes partidos políticos se busca entrar a un
esquema “del pensamiento único”, en lugar de permitir la pluralidad de voces, a fin de tener una
sociedad más equilibrada. “En el caso de México lo más alarmante, cien veces más grave que lo que
está ocurriendo con Donald Trump, es la agresión que se ha efectuado contra los periodistas que
realizan una labor política en el país, a partir de estos grupos criminales o de poder que no quieren que
se expongan sus intereses mediante las investigaciones críticas. Eso es lo que más está dañando hoy
día a la democracia más allá del caso del Bronco o de Trump. Está arrinconado el análisis y la critica, la
libertad de opinión, la libertad de pensamiento, a partir de todos estos eventos que han estado
arrinconando un derecho constitucional sin el cual no se puede tener una sociedad moderna, libre y
avanzada”, dijo. María Elena Meneses, investigadora de medios del Instituto Tecnológico de
Monterrey, explicó que las actitudes de los gobernadores como Jaime Rodríguez El Bronco; de Javier
Corral o del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, o la del aspirante presidencial, Andrés Manuel
López Obrador de deslegitimar a los medios de comunicación son signos de autoritarismo y sería un
retroceso porque se podría estar arrasando la democracia y sus instituciones. “No es un fenómeno
nuevo, de pronto hemos visto cómo se dan una serie de descalificaciones a los periodistas y a los
medios por parte de actores políticos, independientemente del partido, porque ni siquiera son
políticos de un partido o filiación, prácticamente de todo el espectro político y esto es sumamente
grave porque favorece, sin duda alguna, el autoritarismo y erosiona la vida democrática”, describió.
Manuel Alejandro Guerrero Muñoz, investigador de la Universidad Iberoamericana, destacó que es
“muy grave” que los propios periodistas identifiquen a funcionarios públicos como sus principales
agresores. “Los periodistas y los reporteros en México están concientes de que su principal agresor son
los propios servidores públicos, las fuerzas del orden, no necesariamente el crimen organizado; sin
embargo, me sorprende que se siga reproduciendo la narrativa oficial [de] que el crimen organizado es
el principal perpetrador de la violencia contra el periodismo en México, lo cual le hace el ‘caldo gordo’
a la impunidad”, apuntó. Ante alguna situación de peligro, 74% de los periodistas busca ayuda de
familiares, amigos y colegas; en tanto que sólo 19% busca a la autoridad federal y 15% recurre a la
fiscalía especializada y al mecanismo de protección, dijo. Para Roberto Duque, investigador de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), personajes como el
gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, y el dirigente de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, muestran sus “apetitos autoritarios” al hacer señalamientos contra los medios de
comunicación lo cual representa “claros ataques a la libertad de prensa y de expresión”.
Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro.
La FIP pide a EPN resolver los 34
crímenes y tres desapariciones de
periodistas antes de concluir su sexenio
Por EFE

México es uno de los países donde más periodistas mueren, con ocho
asesinatos en lo que va de año, el último, Salvador Adame, cuyo cuerpo sin
vida fue identificado el pasado 26 de junio. Tras el asesinato de Valdez, el
Presidente Enrique Peña Nieto prometió cuatro medidas para reforzar la
libertad de expresión en México, sin embargo, hasta el momento no ha
habido avances, denunció la Federación Internacional de Periodistas.
“Lamentamos que en el transcurso de su mandato, lejos de resolverse, el
escenario haya empeorado notablemente, acentuando el entorno de
vulnerabilidad dentro del cual se desempeñan los trabajadores y
trabajadoras de prensa”, afirma la FIP en su carta enviada al
Presidente. Además, envió otra misiva al Procurador General de la
República, Raúl Cervantes Andrade, pidiéndole que la Justicia mexicana dé
prioridad a la lucha contra la impunidad, según la fuente.
ADEMÁS
Periodistas claman #SOSPrensa en todo el país; la CdMx borra
leyenda en Palacio Nacional… y se disculpa
Madrid, 3 jul (EFE).- La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha pedido por
carta al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que cumpla las medidas prometidas
tras el asesinato en mayo pasado del periodista Javier Valdez para proteger a los
periodistas en su país.
El envío de la misiva forma parte de la campaña de solidaridad internacional que ha
puesto en marcha la FIP, que representa a 600 mil periodistas en el mundo, informó hoy
la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
México es uno de los países donde más periodistas mueren, con ocho asesinatos en lo que
va de año, el último, Salvador Adame, cuyo cuerpo sin vida fue identificado el pasado 26
de junio.
Los otros siete periodistas asesinados en este año son: Maximino Rodríguez, Cecilio
Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Filiberto Álvarez, Jonathan Álvarez y Javier
Valdez.
Tras el asesinato de Valdez, Peña Nieto prometió cuatro medidas para reforzar la libertad
de expresión en México: el fortalecimiento de la estructura y el presupuesto del
mecanismo de protección de periodistas y el de la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que malviven con
presupuestos congelados, denunció la FIP.
Además, se comprometió a establecer un esquema nacional de coordinación con las
entidades federativas y un protocolo de acción, así como a coordinar a las autoridades
locales y federales para garantizar la atención a delitos contra periodistas, que se han
multiplicado en los últimos años.
ADEMÁS

El gremio dice BASTA y algunos medios hacen “paro digital”
por los ataques contra periodistas en México
En la misiva, la FIP urge a la administración de Peña Nieto, en el poder desde diciembre
de 2012, a mostrar el compromiso y la voluntad política de hacer frente a esta
problemática que afecta no sólo los derechos humanos y laborales de los periodistas, sino
que desdibuja la integridad democrática de México.
“Lamentamos que en el transcurso de su mandato, lejos de resolverse, el escenario haya
empeorado notablemente, acentuando el entorno de vulnerabilidad dentro del cual se
desempeñan los trabajadores y trabajadoras de prensa”, afirma la FIP en su carta.
“En este sentido, desde la FIP le conminamos, respetuosamente, a que antes de que
concluya su sexenio, haga explícito su compromiso de resolver los 34 crímenes y tres
desapariciones de periodistas perpetrados desde finales de 2012, y se haga justicia
enjuiciando a los autores materiales e intelectuales de los mismos”, expresa el secretario
general de la FIP, Anthony Bellanger.
Con el envío de esta carta, la FIP lanza una campaña internacional junto con su afiliado
mexicano, el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), en favor de la
seguridad de los periodistas mexicanos.
Además, el presidente de la FIP, Philippe Leruth, envió otra carta al Procurador General
de la República, Raúl Cervantes Andrade, pidiéndole que la Justicia mexicana dé
prioridad a la lucha contra la impunidad, según la fuente.
La desgracia que no merecemos
POR JOHN M. ACKERMAN , 2 JULIO, 2017ANÁLISIS
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- ¿Los mexicanos merecemos esta desgracia?

Fue el francés ultraconservador Joseph de Maistre, un filósofo y activista que combatía frontalmente los logros
de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, quien pronunció la famosa la frase: “Cada pueblo tiene el
gobierno que se merece”. De la misma manera, los machos suelen justificar las inaceptables e indignantes
agresiones sexuales a las mujeres echando la culpa a las víctimas por su manera de vestir o su forma de
caminar.
Todos los días somos testigos de una multitud de acciones de protesta, de movilización y de valentía de parte de
periodistas, estudiantes, maestros, candidatos honestos y activistas sociales a lo largo y ancho del país. Todos
los días millones de mexicanos se levantan a trabajar y a llevar a sus hijos a la escuela, aun sabiendo que no
recibirán un salario justo o una educación de calidad como se merecen. Y todos los días miles de niños y niñas
sueñan con un mejor futuro, a sabiendas de que la narcopolítica está acabando con su país.
No somos nosotros, las víctimas, sino los dirigentes del PRIANRD, los responsables de la situación actual. En
particular, el Partido Revolucionario Institucional, que ha traicionado su propio nombre y la revolución,
destruido las instituciones y desmantelado el sistema de partidos. Una enorme ola de hipocresía, cinismo y
mentiras ha inundado la nación.
Todo se encuentra de cabeza y nada es como parece ser. Hoy se defiende la institucionalidad democrática
cuestionando frontalmente a los corruptos e ineptos que tienen secuestrado al Estado, se enaltecen los valores
sociales de la Revolución Mexicana repudiando a los dos partidos políticos que llevan “revolución” en su
nombre y se fortalece el sistema de partidos respaldando al único instituto político que no se define como un
partido sino como “movimiento”.
Si México fuera un país democrático, quizá podríamos dar algún crédito a la idea de que los mexicanos
seríamos masoquistas que buscan el dolor y gozan del sufrimiento. Pero en el contexto actual de fraude
institucionalizado e impunidad estructural, sólo alguien totalmente desubicado podría afirmar que se respeta la
soberanía popular en México. Para muestra, véase la falta de celebración alguna de parte de los supuestos
votantes del PRI a partir del anuncio de la “victoria” prefabricada de Alfredo Del Mazo como gobernador del
Estado de México.
También llamó la atención el silencio absoluto de las casi 60 empresas encuestadoras registradas para elaborar
encuestas de salida y conteos rápidos durante la elección del 4 de junio en el Estado de México. Evidentemente
sus resultados daban como ganadora a Delfina Gómez, pero fueron silenciadas y censuradas por el cada vez más
repudiado narcogobiernoespía.
El caso de Roy Campos, de Consulta Mitofsky, fue particularmente escandaloso. Después de que su encuesta de
abril le dio una clara ventaja a Gómez, Campos de repente se refugió en el silencio más sepulcral. Se negó a dar
a conocer los resultados de su encuesta de mayo (y simultáneamente acusó cobardemente y falsamente a un
servidor de haber confeccionado una versión de esa encuesta que fue filtrada por periodistas de la fuente).
Finalmente, a pesar de haber jurado que presentaría los resultados de su encuesta de salida a las 8 PM la noche
de la elección, Campos de repente decidió guardar sus resultados y esconderse de las cámaras.
Sin explicación alguna, el Instituto Electoral del Estado de México también decidió de última hora reducir de 5
mil 204 a 3 mil 324 el número de paquetes electorales abiertos durante el conteo distrital. Aun así, a partir del
recuento parcial la supuesta ventaja de Del Mazo sobre Gómez se redujo de 3 a 2 por ciento. En algunas casillas
recontadas los votos para Del Mazo sufrieron una reducción drástica, como en la Casilla 2836 Básica, donde un
servidor pudo observar personalmente cómo la cantidad de votos para el candidato del PRI pasó de 640 a 81.
Uno puede imaginar fácilmente la cantidad de mañas hoy escondidas dentro de los 15 mil 281 paquetes no
abiertos.
En estas mismas páginas (http://ow.ly/WBrX30cMhcN) ya hemos explicado algunas razones por las cuales el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si realmente fuera autónomo, tendría que anular la
eventual entrega de la constancia de mayoría a Del Mazo. Pero como sabemos que la independencia de las
instituciones electorales no es más que un “mito genial” (Pedro Aspe dixit), hay que pensar simultáneamente en
otras estrategias para hacer valer la soberanía popular.
Los ciudadanos no merecemos la desgracia que vivimos, pero sí tenemos una parte de la culpa. Por ejemplo, en
el Estado de México cualquier ciudadano de cualquier entidad federativa pudo haber registrado como
observador electoral independiente, pero muy pocos lo hicieron.

La elección presidencial de 2018 es demasiado importante para dejarla en manos de las instituciones realmente
existentes. Asimismo, el reto es tan grande que tampoco podemos dejar en manos de Morena toda la
responsabilidad de cuidar la elección.
El fraude no solamente constituye un agravio en contra del candidato defraudado sino también en contra de toda
la sociedad. Los ciudadanos libres tenemos la obligación histórica de movilizarnos de manera masiva a lo largo
y ancho de la república no solamente para votar, sino también para defender la autenticidad del sufragio
ciudadano en 2018. De lo contrario, podemos estar seguros de que volverán a robarnos la esperanza.
Y si la nación vuelve a cubrirse en la oscuridad no será culpa de López Obrador; será responsabilidad de todos
aquellos que se hayan quedado en las gradas observando la carnicería sin levantar un solo dedo. Dante acertó
cuando escribió que “los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de
crisis moral mantienen su neutralidad”. l
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
Dinero
El gasoducto que pasará debajo del muro
Aguaceros: no es la basura, falta drenaje
La telenovela de Cofece
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
Ha transcurrido casi medio año desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Ha invitado a visitarlo a jefes de Estado
de diversos países, o ha viajado para reunirse con ellos. Desde el populista Justin Trudeau, de Canadá, hasta Xi
Jinping, de China, sin desairar al que está de moda, el francés Emmanuel Macron. Sin embargo, Peña Nieto no
se ha podido tomar la foto con Trump. Su encuentro en México resultó un desastre cuando debatieron sobre el
tema del muro. El entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dejó de cotizar en el Issste algunos meses
aunque luego sería reciclado como canciller. Esta semana habrá un nuevo encuentro entre Peña Nieto y Trump.
Será en Alemania, en torno a la reunión del grupo de países del G-20. ¿Cómo resultará? Ya en la víspera
hubo mala vibra del presidente de Estados Unidos. Con gestos burlones anunció que se construirá un
gasoductopor debajo del muro que traerá gasolina a México. Un gran negocio para los estadunidenses, han
vuelto a bombear petróleo y sus bodegas están llenas, sin venderse. Fue una sorpresa para la mayoría de los
mexicanos enterarse no por el gobierno mexicano, sino por conducto de Trump. El nacionalistasecretario de
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, no tuvo más remedio que confirmarlo. Le preguntaron si, en efecto, el
gasoducto pasará por debajo del muro. Enchilado, repuso: ni modo que pase por arriba. ¡Quieto! Si Trump
llegara a ordenar que pase por arriba, pasará por arriba.
Caros y muchos
Tenemos mil 124 diputados locales (además de los 500 federales) que este año le costarán a los contribuyentes
13 mil 551 millones de pesos. Esto de acuerdo con el Informe Legislativo 2017 presentado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analiza la composición de las cámaras de diputados estatales, el
manejo que hacen de los recursos públicos y su desempeño legislativo. (Su principal función es decirsí al
gobernador en turno.) Existe una gran distancia entre los gastos de los congresos; el presupuesto más alto
corresponde a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y en el extremo opuesto se halla Puebla;
mientras el primero eroga por asambleísta un gasto anual promedio de 28.8 millones de pesos, los poblanos
disponen de 3.5 millones. El IMCO hace ver que si se aplicara el mismo presupuesto de los legisladores
poblanos a los demás congresos se tendría un ahorro de 71 por ciento del presupuesto, es decir, 9 mil 574
millones de pesos.

No culpen solo al agua
Los últimos días han caído aguaceros torrenciales sobre la Ciudad de México. Hubo personas que salieron
de sus casas en lanchas. No es nada nuevo, por cierto. Sucede año con año, con mayor o menor intensidad. ¿A
qué se deben las inundaciones? De acuerdo con el doctor Ramón Domínguez Mora, investigador de Ingeniería
Hidráulica de la UNAM,al urbanizar se disminuyen las filtraciones de agua de lluvia y ésta se acumula más
rápido. No se vale culpar a la gente porque tira basura en la calle, lo cual, por otro lado, es lamentable, aunque
tampoco hay botes para depositarla. Dice el doctor Domínguez que la obstrucción de la basura es un factor, pero
la falta de más conductos y sistemas de almacenamiento es el principal problema. Cabe recordar que el sistema
de drenaje profundo se construyó en 1975 y hacen falta más obras. Un ejemplo es el Túnel Emisor Oriente, que
llevaría el agua de lluvia del valle de México al Río Tula. Comenzó a construirse en 2008 y su fecha de
finalización se ha postergado desde 2012. El drenaje no se ve, no sirve para la foto de promoción de los
políticos; por otro lado, no deja tanto dinero como las líneas del Metrobús.
Ombudsman social
Asunto: los bonos
Leí en su columna el tema respecto de la manipulación de las tasas de interés de bonos por parte de casas de
bolsa y bancos; es interesante. Sin embargo, la información es escasa, lo dejó como capítulo de telenovela.
Podría, por favor, ampliar la información que hay al respecto, o bien, dónde se puede encontrar.
Armando Vizcaíno
R: Asi es, parece telenovela. Ya borraron del mapa el investigador, Carlos Mena; ya nombraron otro en
su lugar, Sergio López. De pronto dejó de fluir la información. Toda una telenovela de miles de millones
de pesos la que está armándose en la Comisión Federal de Competencia Económica.
Twiteratti
–¡Qué grande se ve, señor presidente!
–¿Cuántos años me calculas?
–… cadena perpetua
Magui @elemloe
Agua pasa por mi casa, por mi sala y mi colchón; esto no es una adivinanza, es una pinche inundación.
–La CDMX.
@senorjuanperez
Lo peor del rumor y la desmentida es ver tantas veces la cara de Montiel en el TL. Ya paren.
@Juan_Calaveras

Calderón y Fox reciben millones. ¿De
quién, por qué? Es un misterio. Son
#DatosCerrados de la SHCP
Por Linaloe R. Flores
NdeR:
Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar
[Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los
portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta
años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia
nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos
solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración
de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha
negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión
vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos
para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados
es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y
otras instituciones no quieren revelar.]
#DatosCerrados | Desde el anonimato, benefactores de México y el
extranjero le entregan millones de pesos cada año a los ex Presidentes
Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a
través de las fundaciones que forjaron cuando retomaron la vida civil. El
promedio anual de los donativos que recibe Fox para el Centro Fox es de 40
millones de pesos, un flujo en efectivo y en especie que viene tanto de
México como de otros países. A Calderón no le ha ido tan bien con su
Fundación Desarrollo Humano Sustentable que consigue 12 mdp sin que
hasta ahora tenga algún donativo del extranjero. Los montos recibidos son
públicos. Los nombres de quienes se han desprendido de su dinero para las
causas de los ex Mandatarios son datos cerrados.
Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– No se sabe quién o quiénes ni sus porqués.
Pero los Presidentes de la alternancia, Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012) –ambos emanados del Partido Acción Nacional (PAN)–
reciben millones de pesos cada año a través de las fundaciones que forjaron una vez que
salieron de la residencia oficial de Los Pinos y retomaron la vida civil.
El Centro Fox recibe en promedio 40 millones de pesos al año. En comparación, a la de
Felipe Calderón Hinojosa, la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), no le
va tan bien. Para esta organización el promedio anual es de 12 millones de pesos desde
2014.

Y si el año pasado, el flujo de dinero para la agrupación de Fox fue de 23 millones 516
mil pesos, la de Felipe Calderón, alcanzó sólo tres millones 606 mil pesos.
Lo anterior se desprende de los reportes de donatarias autorizadas que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en que cada año debe entregar al Congreso de la
Unión, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación. En el
documento, la dependencia debe señalar los montos de donativos recibidos, especificar si
fueron en efectivo o en especie, así como si su procedencia es nacional o extranjera.
Pese al flujo de millones de pesos para estas entidades con causas sociales, no hay ningún
elemento legal para conocer la identidad de los donadores, que al brindar su dinero
obtienen deducibilidad de impuestos. Tampoco hay ningún reporte público que los
mencione. Las fundaciones de los ex Presidentes tampoco dan cuenta en sus portales de
quiénes son sus benefactores. Así, quienes apoyan el altruismo de los ex Presidentes,
permanecen en el anonimato.
Ambos ex Mandatarios gozan de una pensión vitalicia otorgada por la Presidencia de la
República. Vicente Fox la ha cobrado desde 2007 a julio de 2017, unos 40 millones 590
mil pesos si se considera que por ese concepto se paga lo mismo que a un Secretario de
Estado (en este momento es de 205 mil 122 pesos, hace unos años fue de 200 mil) y
Felipe Calderón Hinojosa ha devengado, 11 millones 70 mil pesos.
Para calcular la recepción de dinero de las fundaciones de los ex Presidentes, esta Unidad
de Datos no consideró 2007 porque el documento respectivo ya no se encuentra en el
archivo de la SHCP. Sin tomarlo en cuenta, el matrimonio Fox-Sahagún ha ganado hasta
ahora 326 millones 803 mil 206 pesos. Pero la cifra que reconoce la pareja es mayor. El
21 de mayo de 2017, ante cientos de jóvenes, el ex Presidente afirmó que él y su cónyuge
han recibido más de 500 millones de pesos.
“No somos ricos ni se vaya a pensar que esto que ven ustedes aquí, todo este edificio, es
producto de la Presidencia de la República, no nos clavamos un solo centavo. Todo lo
que ven aquí, y ya son más de 25 millones de dólares, arriba de 500 millones de pesos,
que se han invertido en las tres fundaciones”, sostuvo el hombre triunfador de las
elecciones presidenciales del 1 de julio de 2000, el primero no priista en ocupar Los
Pinos.
El total ante Hacienda de la fundación de Felipe Calderón es de 34 millones 979 mil 480
pesos. El primer año de operación -2014- es el más alto con 23 millones 662 mil 580
pesos y el último –2016- es el más bajo con 3 millones 606 mil 400 pesos. A Vicente
Fox, los donativos le llegan en efectivo y en especie. Mientras, Felipe Calderón sólo ha
recibido dinero en efectivo de personas radicadas en México.
ADEMÁS
López Obrador: Las pensiones de los ex Presidentes de México
no las tiene ni Obama
***

Los llamados Presidentes de la alternancia política rompieron con la tradición de los
priistas. Disciplinados en una regla no escrita, al finalizar su mandato, los hombres del
PRO que ocupaban Los Pinos, se retiraban a contemplar los vaivenes de la política
nacional desde lejos y en silencio. De vez en cuando reaparecían para emitir un juicio;
pero eran palabras y nada de acciones. Fox y Calderón, con sus fundaciones de visión y
misión humanista, han logrado permanecer en la escena pública. Los dos opinan sobre los
sucesos políticos. De hecho, Felipe Calderón Hinojosa apoya la pre candidatura de
Margarita Zavala por el Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República.
En sus páginas web, las fundaciones de los ex Presidentes refieren que aspiran al
mejoramiento de la vida en el planeta. La de Fox indica que apuesta por “la formación de
líderes compasivos para la creación de un mundo mejor” y la de Calderón Hinojosa dice
que tiene como objetivo “aumentar la conciencia y compromiso para hacer frente a los
desafíos que enfrenta la humanidad, como el cambio climático”.
El Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada y la Fundación Vamos
México –ambas agrupadas en el Centro Fox- fueron registradas ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en 2007, meses después de que el matrimonio de Vicente
Fox Quesada y Marta Sahagún dejara de habitar en las cabañas de la residencia oficial de
Los Pinos. En junio de 2015, la que fue llamada “la pareja presidencial” (a petición de
Fox), dio a conocer que había adquirido una tercera fundación, el Centro de
Rehabilitación Integral de San Miguel Allende (CRISMA), la cual, quedaría dentro de la
operación de “Vamos México”.
La fundación de “Vamos México” ocurrió en 2001, en el primer año de Gobierno de
Vicente Fox. Desde entonces, es una entidad donataria autorizada, facultada para recibir
donativos deducibles de impuestos. Marta Sahagún la presentó en el Polyforum Cultural
Siqueiros ante empresarios y presidentes de organizaciones altruistas. Con los años,
mientras era “primera dama”, Marta Sahagún hizo a un lado el consejo consultivo del
Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF) que las esposas de los Presidentes
mexicanos suelen ocupar y se dedicó a “Vamos México”. No faltaron los obstáculos y los
escándalos. En 2004, un grupo de senadores priistas solicitó a la Auditoría Superior de la
Federación una revisión exhaustiva del manejo de recursos de la fundación dado que
descubrieron presuntos desvíos del fideicomiso “Transforma México” de la Lotería
Nacional a “Vamos México”. Pese a todos los pesares, “Vamos México” trascendió al
sexenio.
Como en una extensión de la tradición de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa puso la
primera piedra de la “Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS)” en 2014. Para
presentarla invitó a empresarios, panistas, académicos y ex miembros de su Gabinete a
una cena cuya entrada costó cinco mil pesos.
Había sido creada en 2004 para diseñar la plataforma de Gobierno del entonces
precandidatos panista. Durante el sexenio calderonista hibernó y vio la luz hace tres años.

Constituyen Asociación de Periodistas del
Estado de Guerrero
Citan 15 agravios que involucran a 21 reporteros en menos de 2 meses. Emplazan al gobernador y a
otros dos poderes a pronunciarse e inviten a actores políticos a crear un ambiente de respeto.
ROGELIO AGUSTÍN02/07/2017 09:36 PM
Chilpancingo
Con la intención de defender el derecho a informar de los comunicadores que se han visto severamente
afectados durante los últimos años, este domingo se realizó la asamblea estatal extraordinaria de la
Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), en las instalaciones de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), campus Chilpancingo.
En el evento, se dio cuenta de un recuento del 13 de mayo al 27 de junio del presente año, el cual revela
15 agresiones contra periodistas y medios, en las que se involucró a 21 reporteros de diferentes medios.
Compañeros que se vieron agraviados.
Así, se anota que el 13 de mayo, Sergio Ocampo, Jorge Martínez, Ángel Galeana, Alejandro Ortiz, Jair
Cabrera, Hans Máximo y Pablo Pérez, fueron privados de su libertad en las inmediaciones de
Acapetlahuaya, en la región Norte de la entidad.
Ellos fueron interceptados por al menos cien hombres armados, que les robaron su equipo de trabajo,
pertenencias personales, dinero en efectivo y una de dos camionetas en las que se transportaban.
El 19 de mayo, los reporteros de Zihuatanejo Noé Aguirre, Ruth Tamayo, Jaime Ojendiz y Hercilia Castro,
sufrieron hostigamiento verbal por parte del presidente municipal, Gustavo García.
El 26 de mayo, el reportero, también de Zihuatanejo, Marco Antonio Villegas sufrió obstrucción en su
cobertura informativa por el director del Hospital Regional de Atoyac, Juventino Rodríguez.
El 1 de junio, la reportera Brenda Escobar sufrió hostigamiento y amenazas por particulares frente a
policías estatales que no hicieron nada por impedirlo.
El 2 de junio la reportera de Chilpancingo María Avilés sufrió obstrucción de su cobertura informativa y
amenazas por una auxiliar de la secretaria de la Mujer, quien fue complaciente con su subalterna.
El 3 de junio, la conductora de RTG, Marcela de Jesús Natalia, fue atacada a balazos en Ometepec
cuando salía de su turno laboral. La compañera se restablece todavía.
El 6 de junio, el reportero Leonardo Martínez fue encañonado por policías estatales en Zihuatanejo. Los
agentes exigían al compañero que borrara o les entregara imágenes que había tomado en un
enfrentamiento.
El 9 de junio, la reportera Hercilia Castro sufrió obstrucción de su cobertura informativa por elementos de
la Policía Estatal.
El 11 de junio, el reportero Ezequiel Flores denunció que persiste la vigilancia y persecución en su contra
por parte de desconocidos armados que lo vigilan afuera de su domicilio.
El 17 de mayo, directivos del Diario Alternativo, de Marquelia, denunciaron que siguen las amenazas,
persecución y hostigamiento en contra de integrantes del colectivo, a pesar de las medidas cautelares
con las que cuentan.
El 27 de mayo, sindicalistas del ISSSTE impidieron realizar su labor al reportero Héctor Briseño.
Después, «justificaron» su acción en el aspecto «sudoroso» del compañero y a través de las redes
sociales emprendieron una campaña de linchamiento y amenazas de muerte en su contra.
Ese mismo día, el reportero de Pungarabato, Agustín Hernández, fue amenazado de muerte a través de
las redes sociales por Cuauhtémoc Salgado junior, hijo del diputado local priista Cuauhtémoc Salgado
Romero. «Pronto te va tocar como le toco a Cecilio por hocicones y ser periodistas», le advirtió.
De acuerdo con los integrantes de la APEG, el común denominador en todos los casos ha sido la
impunidad, la protección y la complicidad de las autoridades para con los agresores.
Por eso anotaron: "Frente a estos hechos, los periodistas no pedimos mecanismos ni medidas de
protección; simplemente el cese de la impunidad y castigo a los culpables, para evitar que los agravios se
repitan".
La propuesta de los comunicadores, es que las autoridades cumplan con su responsabilidad de
garantizar seguridad a toda la sociedad agraviada por la violencia.

Por eso plantearon: "Emplazamos al gobernador Héctor Astudillo Flores, responsable de lo que pasa en
Guerrero, y a los otros dos poderes, a que se pronuncien y hagan un llamado a los actores políticos y
sociales a propiciar un ambiente de respeto hacia los trabajadores de los medios de comunicación".
También se dirigen a los organismos civiles y sociales, a los que solicitan que estén atentos y solicitan el
respaldo ante intentos claros por inhibir y socavar la labor de los periodistas, pero también
recomendamos que sean más exigentes con sus comunicadores para que cumplan con su función que
debe ser al servicio de la sociedad, no de las estructuras del poder.
Huelga en La Jornada: junta local declara
inexistente el paro; sindicato interpondrá amparo
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró como inexistente la huelga de trabajadores del
diario La Jornada, al señalar que no se acreditó que la mayoría de los empleados está a favor del paro;
el Sindicato señaló que presentará un amparo contra la resolución.
Cuartoscuro
Redacción Animal político
julio 3 2017 09:09
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga del Sindicato Independiente de
Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), al señalar que no se acreditó que la mayoría de los trabajadores respaldan
el movimiento, una “mayoría calificada del sesenta por ciento prevista en el artículo 72 de su propio Estatuto”.
Al respecto, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores deLa Jornada (Sitrajor), que mantienen un plantón
afuera de las instalaciones del diario La Jornada desde el pasado 30 de junio, bloqueando el acceso, señalaron que
interpondrán un amparo, en contra de la resolución de la Junta.
El domingo pasado, trabajadores del Sitrajor acusaron que, desde enero, la empresa que edita La Jornada,
Demos, impuso unilateralmente un recorte del 100% a las prestaciones superiores a las de la ley, argumentando
que hay problemas de liquidez, por el tamaño de la nómina.
El recorte en sus prestaciones, señalaron, debía ser del 70 y no del 100%. Además acusaron incumplimiento en
el pago de quincenas y despidos injustificados.

De acuerdo con la resolución de la Junta, los trabajadores en paro tienen un plazo de 24 horas, “contados a
partir de que surta sus efectos la notificación de la presente resolución, para que regresen a su centro de
trabajo”.
En caso de no acatar, quedaría terminada su relación con la empresa Demos Desarrollo de Medios. Sin
embargo, trabajadores del Sitrajor señalaron que no terminarán con su huelga o paro de labores, hasta agotar
todos los recursos legales a su alcance.
Este lunes, a las 11:00 horas, los trabajadores tienen prevista una asamblea, para definir los pasos a seguir en su
movimiento de protesta.
Aquí la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, publicada por el diario La Jornada.
De Oaxaca hacia Costa Rica, detectan
pinturas impregnadas con mariguana y un
hombre es detenido
El hombre detenido por las pinturas con mariguana es un italiano de 41 años, identificado con el
apellido Smaniotto; llegó al país centroamericano procedente de Oaxaca, en el sur de México.
Cuartoscuro Archivo
AFP
julio 3 2017 10:58
La Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica detuvo este lunes a un italiano cuando ingresó al
principal aeropuerto del país con dos cuadros cuya pintura estaba impregnada de mariguana.
El Ministerio de Seguridad Pública informó en un comunicado que el italiano de 41 años, identificado con el apellido
Smaniotto, llegó al país centroamericano procedente de Oaxaca, en el sur de México, y se dirigía a la popular playa de
Montezuma, en el Pacífico norte costarricense.
El hombre despertó las sospechas de las autoridades que notaron que los dos cuadros con pinturas de flores y
gacelas tenían una “sustancia viscosa”, lo que llevó a los agentes de la PCD a realizar pruebas que
determinaron que se trataba de mariguana.
Un perro adiestrado para la detección de drogas confirmó el hallazgo, según el ministerio.
Smaniotto fue trasladado a un juzgado penal en la ciudad de Alajuela, donde se encuentra el aeropuerto
internacional, para recibir posibles medidas cautelares, mientras el Ministerio Público prepara cargos por tráfico
internacional de drogas, lo que conlleva una pena de hasta ocho años de prisión.

Sintesis informativa 03 de junio 2017

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