El gobernador de Oaxaca aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de dos presuntos militantes del Ejército Popular Revolucionario que desaparecieron en 2007. El gobernador y el titular de la CNDH firmaron un convenio para establecer una red de atención a víctimas de secuestro en el estado. La CNDH considera importante que se acepte este caso para investigar el paradero de las dos personas desaparecidas.