El primer documento habla sobre una comunidad indígena en San Dionisio del Mar que se opone a la construcción de un parque eólico. La comunidad alega que no hubo una consulta adecuada con todos los miembros de la comunidad y que la asamblea para aprobar el proyecto no fue legítima. El segundo documento describe un acuerdo entre los gobiernos estatal y federal de Oaxaca para destinar más fondos a proyectos de infraestructura y desarrollo en las zonas marginadas de Chimalapas, Triqui y Sierra Sur.