Sintesis informativa 23 de junio 2017

Detectan gastos injustificados en carretera a la
Costa de Oaxaca
Hace dos o tres años en diversos tramos se observaba un hormiguero de trabajadores de ICA.
Juan Zavala
Desembolsos "no justificados", detecta ASF
La falta de pago de derecho de vía a las comunidades por las que se construye el proyecto de la súper carretera a
la región de la Costa, provocó pérdidas económicas en “gastos no recuperables” al Gobierno Federal a través de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Tres años complicados
El mayor número de protestas de los comuneros propietarios de las tierras ocurrieron en los años 2011, 2012 y
2013, en los que las obras tuvieron que suspenderse hasta por 125 días. Sin embargo, una revisión de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) resolvió que estos “gastos no recuperables” nunca se justificaron
debidamente.
Pero además, encontró que la SCT duplicó pagos en la ejecución de algunas obras; particularmente, en las
realizadas por la empresa Grupo Constructor Diamante, S.A. de C.V en el contrato 3-T-CE-A-501-W-0-3.
La ASF condenó a la SCT a devolver tres millones 512 mil 300 pesos, de los cuales un millón 552 mil 700
pesos corresponden a un pago duplicado por cantidades pagadas también en el contrato rescindido número 1-T-
CE-A-507-W-0-1 y “no se exigió a la contratista la realización de la prueba del índice de perfil en la carpeta
asfáltica de la carretera”.
La autopista idílica.
Mientras que la dependencia federal realizó pagos por un millón 959 mil 600 pesos sin comprobar, por el
concepto de gastos no recuperables derivados de una suspensión de la obra por 125 días.
El proyecto carretero Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca LargaVentanilla y Puerto-
Escondido-Pochutla-Huatulco, según la SCT, consiste en construir y modernizar ocho tramos carreteros por un
total de 260.6 kilómetros.

Objetivo social y económico
El documento señala que tiene “el objetivo de reducir el grado de marginación de las comunidades de las
regiones centro y sur del Estado, mejorar el nivel de servicio, ahorro en tiempo de circulación en más de tres
horas, proporcionar las condiciones de rapidez y seguridad, mayor flujo de personas y mercancías y consolidar
dichas regiones como destino turístico”.
En febrero de 2011, se adjudicó a la empresa Grupo Constructor Diamante un contrato de 97 millones de pesos;
en abril, un contrato a la empresa Constructora Arrendadora y Materiales, S.A. de C.V., actualmente CAMSA
Infraestructura, S.A.P.I., por un monto de 189 millones 333 mil 600 pesos, a la cual se le rescindió el contrato y
se adjudicó en marzo de 2013, al Grupo Constructor Diamante por 118 millones 196 mil 900 pesos.
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CAMSA Infraestructura, S.A.P.I. manifestó su oposición y rechazo, y se reservó el derecho de reclamar lo que a
su derecho corresponda, y promovió dos juicios de nulidad, el primero contra la resolución de rescisión y el
segundo contra el finiquito.
A la fecha del inicio del procedimiento de rescisión del contrato se habían ejercido 112 millones 931 mil pesos
quedando un importe por ejercer de 74 millones 402 mil 600 pesos.

Inmensas estructuras de concreto que se quedaron como elefantes blancos.
Costosos paros
La auditoría encontró que la SCT realizó pagos cercanos a los dos millones de pesos a Grupo Constructor
Diamente por concepto de gastos no recuperables derivados de la suspensión por 125 días ocasionadas por
bloqueos de los pobladores de San Francisco Cozoaltepec para exigir el pago de derecho de vía histórico.
Sin embargo, la dependencia nunca corroboró que el pago efectuado por la reclamación considerara únicamente
la plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras y acreditara su
existencia; los costos de administración en obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal
técnico y administrativo hayan sido los estrictamente necesarios y realizado una función específica durante la
suspensión.
Así como el que “la mano de obra programada que permaneció en el sitio de los trabajos durante el periodo de
la suspensión, que no fue trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra, se registró en la bitácora o en el
documento de control de asistencia que definieron las partes”.
Maquinaria que se deteriora al borde de un puente.
Equipo y personal en exceso
A esa fecha, explica la ASF no existían bodegas de materiales, ni campamento técnico administrativo, y que
derivado de la suspensión, la contratista debería evitar traer más equipo, e igual situación se estableció con el
personal obrero técnico y administrativo a excepción del superintendente de obra, “por lo que el pago de los
gastos no recuperables debieron apegarse a las condiciones reales de la obra al momento de la suspensión”.
Bloqueos por derechos de vía y otras causas
Del 18 de abril de 2011 al 31 de octubre de 2012 – Reprogramación de los trabajos porque se
presentaron bloqueos por el derecho de vía.
Del uno de noviembre al 15 de diciembre de 2012 – Reprogramación de los trabajos porque se

Del 24 de mayo al 31 de julio del 2012 – Reprogramación de los trabajos porque se
Del uno de agosto al 31 de diciembre de 2012 – Reprogramación de los trabajos porque se
Del uno de agosto al 31 de diciembre de 2012 – Reprogramación de los trabajos porque se
presentaron bloqueos por el derecho de vía y lluvias.
Del 16 de diciembre al seis de abril de 2013 – Reprogramación de los trabajos porque se
presentaron bloqueos por el derecho de vía y por conflictos en la explotación de bancos de
materiales.
Del siete de abril al 24 de mayo de 2013 – Reprogramación de los trabajos porque se
Del 21 de diciembre de 2013 al 31 de marzo de 2014 – Derivado de bloqueos en el kilómetro
246+700 al 253+200 por parte de los principales sindicatos de transportistas de acarreo CTM y
CROC, falta de libranza de la red de fibra óptica, lluvias atípicas ocasionada por la tormenta
tropical Manuel y el huracán Ingrid (101 días naturales).
Fuente: ASF
Conflictos vuelven inviables supercarreteras de Oaxaca
MARIO JIMENEZ LEYVA
El lado bonito: en septiembre de 2012 se inauguró el tramo de la Y a Ventanilla y nada más
Virgilio Sánchez
Durante varios años, la Secretaría General de Gobierno no pudo negociar con las autoridades de aquellos
municipios donde cruza el trazo de las autopistas al Istmo y a la Costa.
Incluso, las organizaciones como Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación
Nacional de la Productividad (CNP) presionaron para quedarse con los contratos de acarreo de materiales, en
algunas ocasiones con violencia.
Un ingeniero de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) comentó que estas irregularidades provocaron que los
trabajos avanzaran muy lento.
PAGO POR "PASAR"
“Apenas logramos avanzar un par de kilómetros y nos encontrábamos con un grupo de gente manifestándose,
en demanda de algo; y eso nos obligó a a parar por semanas, incluso, por meses", agregó.
Este trabajador, que es originario de Coahuila, señaló que nunca había visto este nivel de conflictividad entorno
a una obra, en varios años que lleva trabajando en ICA.
Argumentó que ha acudido a varios estados del país, pero en ninguno había estos casos que incluso se
configuran como extorsión, para el caso de las organizaciones que presionan por contratos.

En su reporte anual 2016, esta constructora, que es la responsable de la realización de ambas autopistas, señaló
que ha enfrentado problemas ajenos, que han retrasado el avance de estas obras, de carácter social y políticos.
Además, denunció que también, que la entrega de los derechos de vía no fueron en tiempo. En este caso, el
Gobierno del Estado es el responsable de realizar los pagos a las comunidades por donde pasan estas carreteras.
INVIABILIDAD POR CONFLICTOS
ICA manifestó que estos problemas, en el caso de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, le generaron pérdidas
por 2 mil 209 millones de pesos. Ante esta situación, declaró que este proyecto es inviable económicamente, y
por lo tanto, refirió que lo tiene paralizado.
“Costos adicionales de construcción ocasionados por problemas sociales y ambientales y estudios actualizados
de tráfico diario esperado han demostrado que el proyecto ya no es viable financieramente”, agregó en su
informe 2016.
La diputada local, Adriana Atristain Orozco manifestó hace un par de meses que siguen pendientes los apoyos
ofrecidos a la comunidad de San Sebastián Coatlán; por donde pasará la autopista Barranca larga-Ventanilla.
Detalló que las autoridades municipales y agrarias mantenían una mesa de trabajo con las secretaría de
Gobierno (Segego), Desarrollo Agropecuario (Sedapa) y Salud.
En 2015, el entonces Secretario de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval reportó al Congreso local la operación
de “varias” mesas de trabajo con autoridades municipales y agrarias para avanzar en la construcción de estas
dos autopistas. No detalló con quiénes se reunió.
En marzo de 2014, el Gobierno del Estado presumió que había logrado la reanudación de los trabajos de
construcción de la carretera al Istmo, tras firmar un acuerdo con el municipio de San Juan Juquila Mixe.
El 18 de febrero de 2013, integrantes de la CTM y de la CNP se enfrentaron a la altura del municipio de Santo
Domingo Tepuxtepec, donde se realizaba la construcción de la autopista al Istmo, en disputa por el contrato.
En ese entonces, el saldo fue de varios camiones dañados.
ICA y el quebranto a empresas oaxaqueñas
Trituración, acarreo y renta de maquinaria, entre las deudas sin pagar de ICA a constructoras y
transportistas oaxaqueños.
Juan Zavala

Además del desencanto social por el retraso en las obras carreteras concesionadas a Ingenieros Civiles
Asociados (ICA) la empresa también ha dejado un enorme hoyo económico para subcontratistas y empresarios
de la construcción en el país y en Oaxaca en particular.
Los constructores oaxaqueños exigen el pago de siete millones 593 mil 963.79 pesos por concepto de trabajos
efectuados en los frentes de trituración de material pétreo en diversos bancos de materiales, tiempos muertos y
el suministro de agua.
Estas deudas pondrían en riesgo, si fuera el caso, el factible reinicio de los trabajos para la construcción de las
autopistas Barranca Larga – Ventanilla, conocida como la súper carretera a Costa pero también la ruta Mitla –
Tehuantepec II, conocida como súper carretera Oaxaca – Istmo.
La empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) fue demanda por empresarios oaxaqueños a través de un juicio
mercantil cuantía mayor ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y del Poder
Judicial del Estado.
De acuerdo a una nota publicada por NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca en marzo pasado, las demandas
fueron interpuestas por los representantes de las empresas Corporativo Constructor Hermes Ramírez S.A. de
C.V., al cual presuntamente se le debe 20 millones 974 mil 977.08 pesos; Pinarisa Infraestructura Total S.A. de
CV, por un monto de 20 millones 814 mil 758 pesos y Urbanizaciones GYB S.A. de CV, por 31 millones 90
mil 165.65 pesos.
También interpuso la denuncia la Confederación de Trabajadores de México, por el suministro de agua del
periodo octubre a diciembre del año 2015 y reclama dos millones 548 mil 820.90 pesos.
Desde mediados de 2016 los empresarios oaxaqueños han sostenido mesas de negociación con representantes
de ICA.
A la fecha, ICA se ha negado a pagar cada una de las facturas que se le han presentado “a pesar de que en
innumerables ocasiones se le ha requerido que cumpla con sus compromisos adquiridos, cubriéndonos el pago
de dichas facturas”, dice la demanda.
Temen que ICA se vaya sin pagar a proveedores de Oaxaca
Uno de los tantos puentes inconclusos.
Juan Zavala
La empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), la cual mantiene la concesión para la construcción de la
súper carretera a la Costa, mantiene deudas con comuneros de San Pedro Coatlán por la ocupación de varias
extensiones de tierra de su propiedad durante la realización de las obras.

En un escrito dirigido al director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el estado
de Oaxaca, Héctor Castañeda Molina, las autoridades agrarias de San Pedro Coatlán le precisaron la lista de
adeudos que la constructora tiene con habitantes de esta población de la región Sierra Sur.
El oficio firmado por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de San
Pedro Coatlán, se debió al anuncio de la SCT en el que informó que se retiraría la concesión o contrato a la
empresa ICA para la conclusión de la súper carretera. Las autoridades agrarias, tomaron la decisión de requerir
a la dependencia federal antes que la empresa se retire y los deje sin cubrir esos adeudos.
De acuerdo con el documento, la empresa no ha cumplido con los pendientes referentes a cuatro accesos de sus
caminos cosecheros y que se encuentran en los kilómetros 129+080, 129+659, 130 y 130+800; así como
adeudos con 33 vecinos afectados por las obras del sobre ancho dos y otras.
“Le anexamos lista de nombres de los afectados para que apoye
y que les sea pagado a cada uno de ellos según el
levantamiento topográfico que obra en poder de ICA”.
De no cumplirse con estos pagos, las autoridades agrarias advirtieron al director general del Centro SCT en
Oaxaca no permitirán la continuación de los trabajos para la conclusión de la súper carretera y al mismo tiempo,
tomarían las mismas medidas con las nuevas empresas que llegaran al estado para continuar con el proyecto.
“Si es que tampoco a nosotros se nos cumple con el pago y ejecución de compromisos”, se advierte en el
documento firmado por Liberiano Martínez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro
Coatlán y Eleuterio Martínez, presidente del Consejo de Vigilancia, entre otros.
Con la empresa Corporativo Constructor Hermes Ramírez S.A. de C.V., la deuda es de 20 millones 974 mil
977.08 pesos; con Pinarisa Infraestructura Total S.A. de C.V. de 20 millones 814 mil 758 pesos; con
Urbanizaciones GYB S.A. de C.V. el monto asciende a 31 millones 90 mil 165.65 pesos y con la CTM, por
concepto de suministro de pipas de agua del periodo octubre – diciembre 2015, es de dos millones 548 mil
820.90 pesos.
Hasta la fecha, ICA no ha llegado a un acuerdo definitivo con estas empresas para saldar sus deudas, según
informó un representante de Corporativo Constructor Hermes Ramírez.
Se reanudarán trabajos de la súper a la Costa
Por Carlos Alberto Hernández
Lluvias mantienen incomunicadas a 15 localidades; garantizadas las fiestas de la Guelaguetza
OAXACA
Luego de permanecer más de seis meses paralizados los trabajos de construcción de la súper carretera a la Costa, el próximo 1
de julio se reanudarán las labores de la vía rápida a los destinos de playa, adelantó el mandatario estatal, Alejandro Murat
Hinojosa.
La empresa ICA (Ingenieros Civiles Asociados) calificó la obra en su informe de actividades 2016, de “inviable
financieramente”, debido a una pérdida por más de 2 mil 200 millones de pesos.
En agosto de 2012, la constructora obtuvo el contrato para llevar a cabo la vía a cuatro carriles.
En 2009, la empresa Omega ya había ganado esa concesión en 2009, le fue retirada por problemas financieros y posteriormente
asignada a la constructora ICA, sin embargo, los trabajos siguen paralizados.
En entrevista, el gobernador sostuvo que el Fondo Nacional para la Infraestructura (Fonadin) canalizará una inversión de 3 mil
millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para proceder a las licitaciones e iniciar con los trabajos.
Luego de la firma del acuerdo en Materia Fiscal, Protección Civil, Registral y Social para promover la inversión Eólica en el
estado de Oaxaca, sostuvo que con ello se cumple el compromiso de que en su administración se concluirán los dos tramos
carreteros a la Costa e Istmo.

Cuestionan beneficios de Zonas Económicas
Por Carlos Alberto Hernández
Piden a las comunidades del estado analizar proyectos y organizarse
OAXACA DE JUÁREZ, OAX.
Los beneficios de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son relativas para los pueblos y comunidades, dado que pasan por
encima de los derechos humanos y de territorio, denunciaron ayer aquí expertos en el tema.

“La política neoliberal ha tenido el resultado de un aumento profundo de desigualdad, dado que han destruido el modo de vida
de miles de indígenas y trabajadores ligados a la agricultura”, relató Alberto Arroyo Picard, investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante su participación en el foro denominado “Zonas Económicas Especiales y los acuerdos internacionales de libre
comercio”, lamentó que las empresas nacionales poco a poco se hayan convertido únicamente en maquila.
“Las transnacionales traen todo, lo arman aquí con la mano de obra barata y se van y en la etapa del Tratado de Libre Comercio,
éste no las obliga a buscar proveedores nacionales, la empresa compra donde ella quiere”, subrayó.
?Y qué sucede?, pues las empresas buscan integrar a su propio corporativo entonces y se compran a sí mismos y no consumen
ni emplean lo local”, explicó el también fundador de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
Frente a decenas de personas reunidas a un costado de la Catedral de Oaxaca, enfatizó que el corporativismo se ha basado en la
violación sistemática de los derechos de los territorios.
La Organización para una Educación Alternativa explica que el Istmo de Tehuantepec históricamente ha sido un laboratorio de
las ideas del “progreso” y “modernidad”, desde hace al menos 100 años.
Ahí, gobiernos y empresarios han experimentado grandes obras de infraestructura, políticas y proyectos de inversión, como la
Presa Jalapa del Márquez, la Refinería Antonio Dovalí y desde hace algunos años los parques para la producción de energía
eólica.
En todos y cada uno de estos proyectos los argumentos del empleo y el desarrollo han sido prometidos para justificar la
imposición de modos de vida distintos al campesino e indígena, exponen.
De acuerdo a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto se lanzó como un gran proyecto económico, que resolverá la
desigualdad y la pobreza en estados como Oaxaca, al proyectar la ZEE en el Istmo de Tehuantepec.
Deja Pemex de exportar un millón de barriles de crudo en Salina Cruz
Por Rusvel Rasgado
Sufrió daños en zonas estratégicas para su operación, de acuerdo con el informe oficial
SALINA CRUZ, OAX.
La refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, sufrió daños en zonas estratégicas para su
operación y su reactivación sería hasta el 30 de julio, lo que implica dejar de exportar alrededor de un millón de barriles de
crudo a Asia y Canadá.

De acuerdo con el reporte de funcionarios de Pemex, el incendio que se generó en la Casa de bombas dejó daños serios en zonas
estratégicas de la refinería, y sus instrumentos de operación como mangueras, alarmas, tanques de almacenamiento, rieles,
cableado, unidades de proceso, tableros de control y ductos de transporte del crudo, resultaron averiados.
Las afectaciones en la refinería fueron provocadas por las inundaciones que se registraron en su interior luego de las lluvias
intensas que dejara la tormenta Calvin en Salina Cruz el martes 13 de junio, lo que la dejó fuera de operación ese mismo día.
Al día siguiente se registró un incendio en la casa de bombas lo que hasta el momento la mantiene sin movimiento.
Se informó de manera extraoficial que Pemex exporta desde Salina Cruz a Asia, Japón y China, principalmente, así como a la
costa de Canadá, unos 12 millones de barriles de crudo al año, unos 3 millones de barriles cada trimestre. Parar operaciones un
mes, implica dejar de exportar al menos un millón de barriles de crudo hacia esos destinos.
Según los funcionarios de Pemex la casa de bombas de la refinería quedó inservible y es una de las plantas más estratégicas de
la factoría, ya que es clave para el envío de combustibles como gasolina, diesel y turbosina que se procesan a los tanques de
almacenamiento o plantas de distribución, así como a la terminal marítima para su exportación.
Mientras tanto, continúan los trabajos de limpieza en el interior de la refinería más importante del país, que a más de una
semana del incidente, continúa con importante anegación de agua.
Aprueban Zonas Económicas Especiales en 6 estados
Se aprobaron los dictamenes para las ZEE en Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Yucatán y
Oaxaca, debido que son viable jurídica, económica, ambiental y socialmente.
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales. (@gcandianiof )
SILVIA RODRIGUEZ22/06/2017 07:30 PM
Ciudad de México
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, presidió la Segunda Sesión Ordinaria
de la Comisión Intersecretarial de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en la que se aprobaron los
dictámenes de tales zonas de los estados de Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Yucatán y
Oaxaca, al tiempo que se destacaron los logros alcanzados desde la primera sesión, entre ellos, en
materia de infraestructura, y el apoyo de organismos internacionales.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, estos dictámenes establecen que cada una de las
ZEE propuestas es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente.
Asimismo, durante la reunión se enlistaron las acciones realizadas desde la Primera Sesión Ordinaria de
la comisión, celebrada el pasado 8 de febrero, y se destacaron los avances en las distintas dimensiones
estratégicas de la implementación de las ZEE, entre ellos, el marco institucional y la identificación de
proyectos de infraestructura.
Además, se mencionó el progreso en la identificación de potenciales inversionistas, en el establecimiento
de la ventanilla única de las ZEE, así como la cooperación recibida de organismos multilaterales como el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para el proceso de implementación.
Las ZEE promoverán la atracción de inversiones productivas y la creación de empleos, multiplicando los
beneficios y el bienestar generado por las zonas hacia las regiones en donde se establezcan, indicó la
dependencia.

Lo que mal empieza…
ESCAPARATE POLÍTICO
Por Felipe Sánchez
En los inicios del “gabinato”, anunciaron con bombo y platillo el nacimiento de diversos órganos
autónomos que “vendrán a fortalecer nuestra democracia”. Entre esos entes “independientes” estaban la
Auditoría Superior del Estado y el Tribunal Estatal Electoral. Tánto celebraban el acontecimiento que
terminaron por chamuscarlos. Su fiesta terminó en premonición. Hoy, ambos órganos “autónomos”, están
desprestigiados, sin un ápice de credibilidad.
El titular de la ASE, Carlos Altamirano, llamado también auditor superior del estado, aún continúa dentro
del cochinero en que trocó esa institución. Me dicen que independientemente del embrollo legal que
armaron para mantenerlo inamovible tantos años, las reglas políticas no escritas indican que su relevo
próximo es inminente. Solo esperan que los sabuesos, a través del congreso y de otras instancias, reúnan
evidencias del cochinero que deja para “leerle la cartilla”. Son las reglas de este sistema.
El estigma de la ASE se debe a complicidades de Carlos Altamirano con el congreso pasado, en especial
con el diputado priista (neo)Fito Toledo, presidente de la comisión de auditoría. También con los
coordinadores de las bancadas para procurar impunidad a los presidentes municipales más rapaces. La
evidencia de estas connivencias está en el hecho de que no hay una sola consignación por desvío de
recursos municipales. No se sabe que, por intervención de la ASE, se haya recuperado siquiera un peso de
los fondos municipales hurtados. Está como certeza, el más grande saqueo de las arcas públicas de los 22
administradores municipales del trienio pasado. Hurtos multimillonarios, señalamientos abundantes y no
hay una sola denuncia formal de parte de la ASE.
Pero la falla más clara del llamado auditor superior, está en su desapego a las normas que deberían regir a
este órgano “autónomo”. No acata ni los preceptos que le dan razón de ser como eso de que su obligación
es “la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado y Municipios, así como su
gestión financiera para dar a la sociedad Oaxaqueña certeza y credibilidad en la rendición de cuentas y
fiscalización de los recursos públicos que promueva con sus acciones la mejora continua en la gestión
gubernamental con honestidad y transparencia”.
Meras utopías; simples pronunciamientos de un ente demeritado que, por lo mismo, está convertido hoy en
“elefante blanco”, a decir de Ernesto Icazbalceta, uno de los tres auditores superiores.
EL TRIBUNAL ELECTORAL
Otra figura “independiente” que se degradó en una especie de templo del cinismo, es el Tribunal Estatal
Electoral que integran tres magistrados, demasiado cuestionados desde su nombramiento.
Aunque dicen representar a un órgano “autónomo”, sus antecedentes y el fierro que los marca, los exhibe
como magistrados de un tribunal supeditado a los intereses partidistas no a los de la ciudadanía.
La marca que trae cada uno, los identifica plenamente con el establo político al que sirven. En los tres
principales partidos políticos, suelen decir: “nosotros damos línea, cada uno tenemos a nuestro magistrado
representante”.
Quitar como presidente a uno para poner a otro de la misma tripleta, es vil gatopardismo en el TEE. El
cáncer de la corrupción permanecerá mientras sigan allí: Wilfrido López, Manuel Jiménez y Miguel Ángel
Carballido.
Ya dije que la procacidad del magistrado primeramente mencionado, al insistir en que su homólogo Víctor
Manuel Jiménez “me pidió un millón de pesos mensuales para apoyarme”, acabará por hundir a lo más
profundo de los descréditos al principal árbitro electoral en el estado. Esto es muy delicado porque si el
TEE ya arrastraba deshonra por sus dictámenes tan sesgados, hoy ha perdido toda autoridad moral. Si
mantener a López Vázquez como magistrado, aunque lo quiten como presidente, es grotesco; seguir
jugando con tres árbitros estigmatizados, ciegos y mancos por la enfermedad de la corrupción, significa
vileza ?Quién va a creer sus tesis? Mantenerlos en el puesto es una decisión muy aventurada. Enfrentados,
literalmente, por la corrupción ?alguien puede creer que puedan trabajar coordinadamente en un arbitraje
electoral imparcial?
La única solución para restablecer la credibilidad en este tribunal, la propone el acucioso politólogo
Cipriano Flores:

Que los tribunales electorales se integren con magistrados de carrera del poder Judicial, que ya no los
designe el Senado (y menos a individuos sin calidad moral, desacreditados como los tres integrantes del
TEE peleando por el botín digo control del presupuesto).
SUS PASIVOS
Nuestra incipiente democracia va como los cangrejos, hacía atrás, por el actuar del citado Tribunal. No hay
que olvidar que el mismo López Vázquez asesoró en la “solución” de conflictos álgidos pos-electorales
como los de Santiago Choapam y San Juan Lalana que terminaron en un gran baño de sangre, con decenas
de muertos y heridos.
En el caso del magistrado Víctor Manuel Jiménez Viloria no hay nada diferente. No abona a la democracia
con arbitrajes imparciales, creíbles. Sus intereses están en el PAN desde donde, dicen, lo impulsó el ex
presidente municipal de Huajuapam, Luis de Guadalupe Martínez. Esta complicidad fue factor decisivo
para la pifia que significó que el TEE avalara un supuesto “triunfo” de Luis de Guadalupe Martínez, como
dirigente estatal del PAN. A los pocos días, el tribunal federal echó abajo su dictamen y los exhibió como
un cuerpo colegiado infecto, que dictamina para el mejor postor.
El nuevo magistrado presidente, Miguel Ángel Carballido Díaz, tiene el sello del PRI.
A CUENTAS
Por si faltara algo para exhibir con más contundencia la inmoralidad del TEE, el Senado de la República les
asesta otro zape.
Anuncia que intervendrá en la disputa (por el control del presupuesto y los “moches” para avalar o
desaprobar elecciones) entre los tres magistrados integrantes del TEE.
Y para confirmar que esto va en serio, la misma Cámara alta informa que ha exhortado al Fiscal del Estado,
Rubén Vasconcelos Méndez, investigar y proceder en base a las denuncias mutuas entre los magistrados.
En el acuerdo legislativo, mencionan que debe intervenir también el contralor interno del citado Tribunal.
Lo raro es que al haber allí un contralor ausente (estaba como figura decorativa porque así convenía), antier
designaron, al vapor, a un contralor que, dadas las circunstancias no podrá seguir pasivo.
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Oferta y demanda de las gasolinas: mito económico
DETALLES
Por Perla Fuentes
Las grandes esperanzas de todos los gobiernos son: disminuir la crisis económica del país, aumentar la
creación de empleos y explotar los recursos del país de una manera eficiente y económicamente positiva,
pero cómo ocurriría esto, si con las decisiones de las últimas administraciones tanto federales como
estatales, se ha permitido que los mexicanos padezcamos más.
Uno de las grandes incógnitas de los ciudadanos es por qué cada vez les sale más caro llenar el tanque de
sus autos, si supuestamente con la liberación de los precios de los combustibles en marzo pasado, esto
permitiría que la oferta y la demanda lograran que disminuyera el costo de las gasolinas y por ende no
debería existir el incremento en las tarifas, pero no es así, la realidad es otra.
Lo que se ha demostrado es que eso es mentira, porque ahora que se fija el precio diario de los
combustibles por regiones en el país, hay un desorden financiero y no puede haber un precio fijo y como
siempre los pobladores somos los más afectados.
Por ejemplo, el lunes pasado los empresarios del transporte público en Oaxaca declararon que sus costos de
operación son más altos de lo que perciben y esto los limita para ofrecer un transporte competitivo y de
calidad.

Por lo que ellos han tenido que sufragar el aumento de los costos de los hidrocarburos, para no subir las
tarifas del transporte, ojalá que también como usuarios pudiéramos expresar en conferencia de prensa que
el parque vehicular es viejo, contamina y que viajar en los camiones urbanos de la capital se ha vuelto un
peligro.
La realidad es que los concesionarios piden aumento de las tarifas de transportación urbana y en las
regiones. Y esto se debe, además de la falta de atención por parte de las autoridades, a que los precios de
las gasolinas y el diésel son muy elevados.
Es muy triste aceptar que, siendo un país exportador de crudo, tengamos que importar los refinados, porque
no tenemos la capacidad en nuestras refinerías de cubrir la demanda.
Pemex (Petróleos Mexicanos) cada día está peor, las exportaciones petroleras disminuyen, en 2012 se
obtenían ganancias de la exportación de crudo de 52 mil 74 millones de dólares y poco a poco han ido
decreciendo, en 2016 sólo se reportaron 17 mil 492 millones de dólares, ya veremos cómo termina 2017.
Andando en bicicleta o caminando más, porque ni para burro habrá, sin contar que estos équidos están en
peligro de extinción en México. La crisis económica es más notoria.
O sea, es difícil de entender, si México tiene grandes yacimientos de petróleo, por qué vendemos nuestro
crudo e importamos la gasolina y el diésel, claro porque no hay infraestructura para refinarlo, la falta de
mantenimiento es notoria, los huachicoleros aumentan y se concesiona a compañías extranjeras la
producción.
En pocas palabras, vamos de mal en peor, antes Pemex contribuía con el 38% del presupuesto federal vía
impuestos, y ahora que decreció su aportación, los impuestos de los contribuyentes aumentaron.
Al final de cuentas, todo se resiente en que el poder adquisitivo disminuye, aumentan los precios de los
productos de la canasta básica y el campo está olvidado. Y claro si el próximo lunes aumentan las tarifas de
los camiones, de algo estoy segura con estas declaraciones, es que sí podremos combatir la obesidad,
tendremos que caminar más, pero siendo obligados por las malas políticas y no por cuestiones de salud.
Twitter: @fuaper
Espionaje fuera de control en México; políticos espían a otros políticos, lo mismo en Oaxaca
Por: Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.- La Ex subprocuradora de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de
la República (PGR) y actual diputada federal del PRI, Mariana Benítez Tiburcio, señaló que en
México, “todo mundo” hace espionaje. Hay políticos que espían a otros. Es una actividad que
realmente está fuera de control, no necesariamente porque el gobierno incurra en ello, si no son a
actores privados y cuya actividad priva hasta en Oaxaca.
Por lo pronto, se deslindó del caso de presunto espionaje contra comunicadores y activistas. La Ex
subprocuradora de Asuntos Internacionales de la PGR, calificó como ridículas las versiones que la
involucran.

No obstante, confirmó que en el periodo del ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, si se
adquirió equipo para hacer labores de inteligencia.
“Las instituciones de seguridad pública, deben necesariamente que tener equipo para intervenciones
telefónicas, pero lo que se tiene que demostrar con pruebas fehacientes, es que ese equipo se utilizó
para espiar a periodistas a representantes de la sociedad civil”, atajó.
En su caso, Benítez Tiburcio, aclaró ella, salió en febrero del 2015 de la PGR, además de que no
tuvo nada que ver en la contratación de ese sistema de espionaje.
“Son ridículas esas aseveraciones, en donde me quieren ligar muy, muy a fuerzas”, asentó la ex
funcionaria de la PGR.
No obstante, concedió que el equipo de espionaje si fue adquirido en el periodo de Murillo Karam,
“para hacer inteligencia, exactamente eso”, apuntó.
Por lo pronto, se dijo desesosa que las investigaciones vayan hasta las últimas consecuencias, como
lo han pedido dirigencias y actores de diversos partidos políticos.
No obstante, lamentó que solo en Oaxaca la involucren en el caso del espionaje, “con toda la
intención. No me involucran a nivel nacional porque no hay ni una prueba que me pueda relacionar
con ello”, atajó.
En caso de que la llamen a comparecer, dijo: “yo estaría muy deseosa de hacerlo porque si es un
hecho grave de acreditarse, pero tiene que investigarse”, puntualizó.
Benítez Tiburcio, manifestó que si el PAN propala que hay que llegar hasta las últimas
consecuencias, “yo me sumo para saber quién está espiando a quién en el país”.
No obstante, dijo que evidentemente se está politizando el caso del presunto espionaje, por ello es
importante que se investigue a cabalidad.
Y es que dijo que en México, hay políticos que espían a otros políticos. “Todo mundo hace
espionaje. Realmente está fuera de control la actividades que se hacen de espionaje en el país y eso
no incluye solo al gobierno (en uso de facultades legales), si no a actores privados”, soltó.
Y fue más allá, al señalar que en Oaxaca, priva el espionaje, “si no pregunten a muchos que
inclusive por aquí andan”, remató.
Pardinas llama a EPN “aprendiz de
Vladimir Putin”; exigen comisión
independiente para el espionaje
Por Redacción / Sin Embargo
SinEmbargo
junio 23, 2017
No hay manera de reinterpretar. El mensaje del Presidente fue
claro: “Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad

pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la Ley, pueda
aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos
contra el Gobierno”. Ahora, una ola de reacciones ha precedido, y un
llamado: que sea una comisión internacional la que investigue la denuncia
de espionaje contra periodistas y activistas.
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EPN se desdice en horas: ahora, que no quiso amenazar: “Se
han suscitado ciertas distorsiones”
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- El mensaje que el Presidente
Enrique Peña Nieto lanzó ayer parece inequívoco:
“Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar
responsabilidades. Y espero, al amparo de la Ley, pueda aplicarse contra aquellos que
han levantado esos falsos señalamientos contra el Gobierno”.
Y aunque más tarde, en Guadalajara, dijo que se expresó “inadecuadamente” y solicitó
aclarar sus dichos, la bola de nieve rodó.
“No lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad
pública están teniendo teniendo intervenciones, y ésta es la indicación que he dado. Se
han suscitado ciertas distorsiones, de las que, reconozco, no puntualicé o no me expliqué
lo suficiente”, justificó en Guadalajara.

“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al Gobierno, todo lo contrario. Lo
que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje. Es muy fácil
que muchos se quieran subir a esa ola de señalamientos, a esta ola que va en contra del
Gobierno. Siempre es lo más fácil, señalar al Gobierno.
Un reportero preguntó:
–¿Esa parte de su discurso no era contra los activistas?
–De ninguna manera. Si estoy afirmando que somos un Gobierno respetuoso de la
libertad de expresión y de la crítica.
–¿Ninguna represalia contra quienes lo acusan? Porque así se entendió –le insistieron.
“No lleven a que diga lo que no he señalado. ¿Por qué habría de tener alguna acción en
contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar mejores
condiciones para la libertad de expresión”.
Pero el mensaje estaba dado.
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del escándalo mediático, dice
La respuesta del Presidente provocó “un shock”, dice este viernes The New York Times. Y
sí: desde hace días, cientos de organizaciones civiles demandan que sea una comisión
independiente la que investigue el caso #GobiernoEspía, que ha provocado reacciones
hasta de Edward Snowden.
El influyente diario entrevistó a Juan Pardinas Carpizo, uno de los afectados por el
espionaje con el programa Pegasus y quien es director general del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), un organismo civil que se dedica a investigar las
debilidades de las políticas públicas en México, en particular de la rendición de cuentas, y
que ha sido crítico de la administración de Peña.

Pardinas fue muy crítico. “Este no es el comportamiento esperado del Jefe de Estado de
una joven democracia. Esta es la declaración de un aprendiz de Vladimir Putin”, le dijo
al NYT.
Entrevistado también por Americas Quaterly, Juan Pardinas afirmó que México está
experimentando una dramática crisis de liderazgo y por ello se debería llamar a una
comisión internacional para investigar los reportes de que el spyware comprado por las
agencias federales con el argumento de investigar la actividad criminal en el país, fue
realmente usado para vigilar a críticos del Gobierno de Peña, como abogados, periodistas
y activistas anticorrupción.
Pardinas, defensor de la Ley Anticorrupción, expuso a AQ que el caso plantea cuestiones
legales y éticas que van al núcleo de un Estado que ya está enfrentando una
desaprobación significativa por su historial de derechos humanos. Después de los
comentarios de Peña Nieto, el también Doctor en Política Pública por la London School
of Economics afirmó que tiene pocas esperanzas de que los funcionarios mexicanos
tengan la voluntad y la autoridad moral para llevar a cabo esta investigación.
“No hay una institución nacional capaz de realizar este tipo de investigación”, dijo. “Una
vez que la autoridad moral del Presidente se pierde, muchas otras cosas se pierden junto
con ella”, aseguró alAmericas Quaterly, que es una publicación líder en Estados Unidos
dedicada a la política, negocios y cultura, y cuyos influyentes lectores incluyen
ejecutivos, altos funcionarios gubernamentales y líderes de opinión.
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100 ONGs y CNDH exigen que pase algo
La organización Artículo 19 está preocupada por las declaraciones del Presidente y cree
que éstas conllevan a un “efecto negativo sobre los informes independientes de
irregularidades por parte del Estado y tratan de intimidar a aquellos que destaparon
violaciones graves de los derechos humanos”.
Thomas Hughes, director ejecutivo, declaró que la organización pide al Gobierno
mexicano asegurar que no habrá una investigación a las personas que descubrieron las
violaciones y exigió que “debe de abstenerse de cualquier amenaza” en contra de
periodistas, víctimas y defensores de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, Hughes señaló que el Gobierno debe hacer “una investigación
inmediata, exhaustiva e independiente sobre el uso de la tecnología de vigilancia en
México”.
Artículo 19 cree que el Gobierno mexicano debe reconocer que espiar “tiene un efecto
negativo sobre el derecho a la libertad de expresión de país”. Además debe asegurarse
que el uso de tecnologías de vigilancia cumpla plenamente con las nomas internacionales
de los derechos humanos.
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The Economist: “Si la ira crece, el Gobierno no tendrá opción y
deberá explicar por qué espió”
UN ESCÁNDALO INTERNACIONAL
También la cadena estadounidense abc y el diario inglés The Independent destacaron el
escándalo al retomar un cable de la agencia Associated Press. Ahí se citaron reacciones
de los afectados por el supuesto espionaje del Gobierno mexicano y la amenaza del
Presidente Peña Nieto.
El periodista Carlos Loret de Mola, quién es el titular de un programa de noticias
en Televisa y fue uno de los objetivos del software, “se golpeó la frente con incredulidad”
en un video que publicó en su página de Facebook, publicaron esos medios en sus
portadas.
“El gobierno mexicano se ha puesto en modo agresivo”, dijo Loret de Mola en respuesta
a los comentarios de Pena Nieto. “Él le dice a la Procuraduría General: ‘Investiga rápido,
límpiame de responsabilidad'”, destacaron abc y The Independent.
Además hizo referencia a la incredulidad del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, un
prominente grupo de derechos humanos que ha investigado varios casos de alto perfil
sobre derechos humanos y dijo que sus miembros del personal fueron blanco de
espionaje.

En un comunicado emitido el jueves, el Centro Pro pidió una investigación independiente
por parte de expertos, pues “el Presidente Pena Nieto ha demostrado que no será capaz de
investigarse a sí mismo”.
El diario español El País se refirió al “nuevo escándalo” de la administración del
Presidente Peña, en el marco de “la ola de violencia contra miembros de la prensa en el
país, que ha dejado a siete periodistas muertos en lo que va del año”.
“El Gobierno ha sido criticado por dos frentes: su incapacidad de presentar avances que
esclarezcan los asesinatos de los comunicadores y el supuesto afán de mantener a raya a
los periodistas mediante el espionaje”, destacó en su reporte.
EL MENSAJE ESTABA DADO
Las crítica de la Red en Defensa de los Derechos Digitales se centra en cuatro líneas
fundamentales: en primer lugar criticó las declaraciones de Peña pues desde su
perspectiva, que el Presidente haya exonerado a su propio Gobierno de las acusaciones de
las que son señalados, pues, argumentan ni siquiera la investigación se ha corroborado y
él ya salió a declarar.
En segundo lugar, esta Red señala que con estas palabras de Peña sólo está minimizando
“las consecuencias en la vida de las personas”, además de normalizar la gravedad de las
denuncias.
Señalar que el propio Presidente de México puede ser víctima de espionaje, arguyen en el
punto número tres, es alarmante porque “la seguridad de las comunicaciones del
Presidente interesan a la estabilidad del Estado, por lo que la ligereza con que el Titular
Ejecutivo acepta su vulnerabilidad, confirma que en México la vigilancia está fuera de
control y debería motivar una profunda investigación”.
Enrique Peña prefirió amenazar a las personas denunciantes el espionaje en lugar de
aplicar “el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales”, de acuerdo
con el cuarto y último punto aclaratorio de esta Red.
EPN se desdice en horas: ahora, que
no quiso amenazar: “Se han
suscitado ciertas distorsiones”
Por Redacción / Sin Embargo
SinEmbargo
junio 22, 2017
Peña Nieto aseguró que la tecnología que su administración adquirió se ha
empleado para la seguridad interna y jamás, resaltó, ha sido mal utilizada
para escuchar de manera ilegal a activistas, periodistas y mucho menos a
los ciudadanos. El Presidente agregó que quienes acusan a su Gobierno de
espionaje mienten, porque, dijo, es muy fácil señalar sin tener pruebas.

La investigación fue revelada por el New York Times desde febrero pasado,
cuando se dio a conocer que las primeras víctimas del #GobiernoEspía
fueron activistas que están contra las refresqueras.
Pero más tarde, en Guadalajara, el Presidente aseguró que se expresó
inadecuadamente y solicitó aclarar sus dichos, en el sentido de que pidió a
la PGR investigar este tipo de intervenciones ilegales. “No lo expliqué
suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública
están teniendo teniendo intervenciones, y ésta es la indicación que he dado.
Se han suscitado ciertas distorsiones…”
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#GobiernoEspía | Presidencia, a NYT: no hay pruebas; apenas
llegó EPN, se compró malware Pegasus
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto aseguró
este jueves que somos una sociedad que se siente espiada. Incluso él, que dijo recibir
mensajes y llamadas que no sabe de dónde viene.
Con esa vulnerabilidad trató de explicar el Jefe del Ejecutivo que el espionaje en México
es común o, más bien, está fuera de control.
Pero el mandatario también lanzó una amenaza: “Espero que la Procuraduría General de
la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades. Y espero, al amparo de la
Ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra
el Gobierno”.
Al encabezar un evento en el Parque Industrial Lagos de Moreno, en Jalisco, Peña habló
por fin sobre la investigación del diario The New York Times, #GobiernoEspía, que revela
que desde el inicio de la administración del priista fue adquirido equipo de espionaje para
ser empleado contra activistas y periodistas mexicanos.
“Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo como
Presidente de la República, a veces recibo mensajes, cuya fuente u origen desconozco,
pero como ocurre en todo caso, soy cuidadoso en lo que hablo telefónicamente porque no
faltará que alguien, o que alguna vez, exhiban alguna conversación mía”, señaló Peña
Nieto.

El Presidente agregó que quienes acusan a su Gobierno de espionaje mienten, porque,
dijo, es muy fácil señalar sin tener pruebas. Pidió investigar pero a quienes denuncian, y
eso provocó una respuesta airada de las organizaciones civiles.
“Resulta muy fácil señalar y apuntar, convocar para que se señale al Gobierno como una
entidad que espía, nada más falso que eso. Ninguna de las personas que se sienta
agravada puede demostrar que su vida haya sido lastimada por supuestas intervenciones”,
dijo.
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El #GobiernoEspía a miles, hace años: Buscaglia; vayan más allá
del escándalo mediático, dice
Peña Nieto aseguró que la tecnología que su Gobierno ha adquirido se ha empleado para
la seguridad interna, jamás para escuchar de manera ilegal a activistas y periodistas.
“No cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de cualquier ciudadano, eso no cabe
en una democracia como la que vivimos en México”.
Incluso, condenó “cualquier intervención que se tenga en la vida privada de cualquier
activista o periodista”.
Informó que instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realice la
investigación correspondiente “con toda celeridad y prontitud”.
Y SE DESDICE
Más tarde, en Guadalajara, el Presidente aseguró que se expresó inadecuadamente y
solicitó aclarar sus dichos, en el sentido de que pidió a la PGR investigar este tipo de
intervenciones ilegales.
“No lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad
pública están teniendo teniendo intervenciones, y ésta es la indicación que he dado. Se
han suscitado ciertas distorsiones, de las que, reconozco, no puntualicé o no me expliqué
lo suficiente”, justificó en Guadalajara.

“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al Gobierno, todo lo contrario. Lo
que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje. Es muy fácil
que muchos se quieran subir a esa ola de señalamientos, a esta ola que va en contra del
Gobierno. Siempre es lo más fácil, señalar al Gobierno”.
¿Esa parte de su discurso no era contra los activistas?, se le preguntó.
“De ninguna manera (es contra los activistas). Si estoy afirmando que somos un Gobierno
respetuoso de la libertad de expresión y de la crítica”, manifestó.
–¿Ninguna represalia contra quienes lo acusan? Porque así se entendió –se le insistió.
“No lleven a que diga lo que no he señalado. ¿Por qué habría de tener alguna acción en
contra de la libertad de expresión? Todo lo contrario, estamos para generar mejores
condiciones para la libertad de expresión”, insistió.
Al aclararle que no fue una distorsión, pues en realidad así lo dijo, reconoció que se
equivocó.
Peña Nieto dijo que el Gobierno no niega la compra de equipo para “escuchas”, pero
éstas, puntualizó, son para combatir al crimen organizado.
“Muchos de los blancos (detenidos por formar parte del crimen organizado) no fue por
obra de la casualidad, fue un gran trabajo de investigación, pa
La tecnología a la que se refiere el Presidente es el malware “Pegasus”, desarrollado por
la empresa iraní NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a
criminales y terroristas.
De acuerdo con el documento revelado por el Times, entre enero de 2015 y julio de 2016,
se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través de ese
sistema. A estos se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas
de la Alianza por la Salud Alimentaria.
El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con
asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
El diario estadounidense cita que cada infección exitosa tendría un costo que oscila
alrededor de los 77 mil dólares.
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#GobiernoEspía | El Estado hace uso criminal del dinero público
y las instituciones, dicen espiados
Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas espiados por el Gobierno de
México presentaron una denuncia formal ante la PGR para que investiguen a las
instancias federales involucradas en este caso.
La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de espionaje, lo consideró
“inaceptable” y reclamó al Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a
defensores de derechos humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.

En una carta de tres renglones, firmada por Daniel Millán Valencia, Director General de
Medios Internacionales de la Presidencia de la República, pidieron a los afectados
denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR) y señalaron, sin más, que
no existen pruebas de que el Gobierno mexicano haya sido el autor de la vigilancia ilegal.
Posteriormente, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una capeta de
investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito
a sistemas y equipos de informática que fueron utilizados presuntamente para espiar a
periodistas y defensores de derechos humanos, además de solicitó información sobre las
dependencias y empresas que han facilitado este tipo de intervención.
La PGR es una de las dependencias señaladas de haber adquirido el software “Pegasus”
con el cual se produjo el espionaje en México.
Peña Nieto condenó al fracaso la investigación por espionaje y
amenazó a las víctimas: ONG
POR LA REDACCIÓN , 22 JUNIO, 2017#GOBIERNOESPÍA
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con sus primeras declaraciones sobre el escándalo del espionaje de su
gobierno a defensores de derechos humanos y periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto condena al
fracaso la investigación que él mismo ordenó y amenaza a quienes han denunciado ser víctimas de ese
delito, afirmaron seis organizaciones civiles.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Artículo 19, la Red
de Defensa de los Derechos Digitales, El Poder del Consumidor, Socialitic y el Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco) se refirieron a las expresiones que el Ejecutivo federal hizo en Jalisco, mismas a las que
consideró “impropias de su investidura y en extremo preocupantes”.
Las organizaciones argumentaron que sin esperar a que la investigación haya iniciado, Peña Nieto “condenó al
fracaso la indagatoria, calificó de falsas las denuncias y exoneró de antemano a su gobierno de cualquier
responsabilidad”.
Detallaron que, como la investigación aún no ha comenzado, el presidente “carece de elementos técnicos y
jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta
ahora apuntan en otra dirección”.
Según su opinión, que el mandatario “descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad, pone en entredicho la
posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva; de nada sirve que se
instruya a que se realice una indagatoria si el presidente anuncia con antelación su posterior y fallido resultado”.
Como segundo punto, las organizaciones firmantes acusaron que con sus declaraciones, Peña Nieto normalizó
la gravedad de las denuncias y minimizó las consecuencias en la vida de las personas que han acusado las
intervenciones.
Aseguraron que lo dicho por el funcionario son afirmaciones “irresponsables y carecen de sustento. Como se ha
documentado y denunciado, los intentos de espionaje registrados afectan en la vida personal e íntima de las
personas espiadas, generando incertidumbre y zozobra. La vigilancia impacta en el ejercicio de libertades y es
un mecanismo efectivo para el control de la información”.

Vigilancia fuera de control
Como tercer argumento, destacaron que el jefe del Ejecutivo realizó “una afirmación en extremo grave”, al
aceptar que él mismo podría ser objeto de espionaje.
Y alertaron: “Para provenir de un Jefe de Estado, una aceptación así de pasiva de las intervenciones ilegales es
alarmante. La seguridad de las comunicaciones del presidente interesa a la estabilidad del Estado, por lo que la
ligereza con que el titular ejecutivo acepta su vulnerabilidad confirma que en México la vigilancia está fuera de
control y debería motivar una profunda investigación”.
El cuarto argumento de las organizaciones se refiere a la “muy preocupante” amenaza a las personas
denunciantes de espionaje, pues con lo que dijo, “Enrique Peña Nieto no se comprometió a aplicar todo el peso
de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes
documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde sus medios
de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos”.
Tal posición, agregaron, “es en extremo preocupante y denota una deriva autoritaria que a todos debe alarmar”.
Y es que afirmaron que cuando el presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes
acuden a las instituciones para denunciar los delitos que resienten, “se vulnera la esencia misma de la
democracia, que son los contrapesos y la rendición de cuentas”.
Y alertaron: “Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta preocupación y ya se ha puesto
en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a nivel global”.
En resumen, las seis organizaciones civiles afirmaron que “al condenar al fracaso las investigaciones, al
normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las
intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el presidente Peña
Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo”.
Por ello, reiteraron que la única forma de asegurar una investigación “profunda y real” es con la integración de
un “panel independiente de expertos” que hagan escrutinio “de la acción o inacción” de la PGR en la
“investigación” del espionaje.
También demandaron que, dado que el mismo mandatario aceptó que su gobierno tiene tecnología de espionaje,
“se transparenten y publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje”.
Ambos elementos, concluyeron, “serán los indicadores para considerar que existen posibilidades mínimas para
una investigación en contexto de democracia. Mientras tanto, lo único que tenemos al día de hoy son amenazas
a quienes denunciamos públicamente el espionaje y ausencia total de condiciones para una verdadera
investigación”.

Diputada federal denuncia al Estado mexicano ante la CIDH por
espionaje a periodistas y activistas
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a
Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez, presentó ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el gobierno mexicano
por el espionaje de que han sido víctimas periodistas y activistas mexicanos.
“Por la gravedad y urgencia pedimos a la CIDH solicite al Estado Mexicano que adopte medidas cautelares para
prevenir actos de espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición”, argumentó la legisladora del
Partido Acción Nacional (PAN), según un comunicado de ese grupo parlamentario.
De acuerdo con la diputada, el espionaje hecho con software adquirido por el gobierno mexicano viola el
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 12 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último
relacionado con el derecho a la privacidad en el país.
La denuncia de la funcionaria incluyó la petición a la CIDH de que realice una visita “de alto nivel” a México
para constatar los hechos denunciados y, de ser procedente, designe una Relatoría Especial para el caso.
Además, solicitó al organismo interamericano que se pronuncie para exigir al gobierno mexicano que se
abstenga de utilizar el espionaje contra los ciudadanos, “ya que esta práctica constituye violaciones al derecho a
la privacidad de las personas y a la libertad de expresión”.
El llamado de Brenda Velázquez a la CIDH se suma a la denuncia penal que presentó ayer ante la Procuraduría
General de la República (PGR) por el uso ilegal del malwareespía Pegasus.
“Estoy convencido de que son ellos” (el
gobierno): Döring sobre espionaje
El diputado priista José Hugo Cabrera no se comprometió a aceptar que un grupo externo
investigue el malware del que han sido blanco periodistas y activistas.

Redacción AN
Junio 22, 2017 10:36 am
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En medio del escándalo por el espionaje contra activistas y periodistas en México, el diputado del PAN, Federico
Döring, afirma: “estoy convencido de que son ellos” (el gobierno).
En Aristegui CNN, asegura que “al gobierno federal su pasado lo condena y el presente lo incrimina”. Lo primero,
porque recordó que incluso el ex legislador Manlio Fabio Beltrones ha sido espiado por funcionarios del gobierno de
Enrique Peña Nieto en el Estado de México; mientras que actualmente “te quieren pasar el dedo por la boca”,
diciendo que “ya se inició una investigación”.
“El presidente no ha tenido tiempo ni de tuitear del tema”, criticó. Eso sí, el titular del Ejecutivo ya publicó un
mensaje sobre la Selección mexicana de futbol.
En tanto, la postura del gobierno sobre el espionaje fue “una hoja carta, no membreteada”, dando a entender que “la
opinión pública no le importa”.
“Yo no espero nada del gobierno. No les creo… el Congreso podría hacer algo… tener elementos propios para
acorralar al gobierno”, aseveró.
Pero se está escudando en que esto es materia de seguridad nacional, mientras lospriistas descalifican al New York
Times -que publicó un reportaje sobre #GobiernoEspía el pasado lunes- “igualito que Trump”.
“Ha habido escándalos, sí, pero no hay antecedentes que se metieran con tus llamadas personales, en tus teléfono,
con un software”, acotó.
“No acepto que no hayan hecho nada”, subrayó. El Congreso, confió, puede hacer un “esfuerzo propio para tener
información y peritajes propios”, pues está seguro de que “alguien hizo mal uso de ese software”.
En contraste, José Hugo Cabrera, diputado del PRI, rechazó que se hagan juicios sumarios y afirmó que el
Congreso no está facultado para asumir un papel de Ministerio Público y “declarar ya culpable al gobierno”.
No podemos “declarar que ya sea contundente que sea el gobierno quien está atrás de este asunto”.
“Si alguien se ha distinguido por espiar y espiarse ha sido el Partido Acción Nacional”, atajó y recordó casos como
el espionaje a Josefina Vázquez Mota.
“Tenemos que llegar a las últimas consecuencias”, deslizó.
El miércoles, durante la discusión del tema en la Comisión Permanente, “no hubo presentación de punto de
acuerdo”, pero esto podría ocurrir la próxima semana.
“El PRI no se opone a la comparecencia de los funcionarios”, comentó.
“Apoyaríamos a que estén presentes los responsables de la seguridad ciudadana”.
E insistió que no comparte “que el gobierno ha sido omiso” y “se va a llegar a las últimas consecuencias”, “que se
sepa quién es el responsable”.
El priista no se comprometió a aceptar que un grupo externo investigue el malware del que han sido blanco
periodistas y activistas. Lo anterior, porque “yo sí confío en las instituciones” (mexicanas), refirió y pidió esperar
la investigación de la PGR.

A su vez, el diputado de Morena, Vidal Llerenas, indicó que “hay evidencia muy claro que este equipo se
compró” (Pegasus).
También se sabe “que el gobierno mexicano tiene posibilidades de espiar de esa manera”.
Lamentó que “no hay investigación” clara, pues “no es solamente un asunto de espionaje a periodistas y activistas”.
“Incluso si no fue el gobierno, quién quiere espiar a las personas con una agenda política propia”.
Recordó que el Congreso tiene la facultad de vigilar al Ejecutivo y en este tema se deben investigar el uso de
recursos destinados para la compra de programas espía.
“El software que se encontró (en los teléfonos de periodistas y activistas) lo compró la Sedena, la PGR, y el Cisen”,
puntualizó.
“A lo mejor ellos no lo usaron pero no hay control del mismo”, expuso. O, añadió, se trata de un “gobierno usando
instrumentos de seguridad para espiar a opositores”, las cuales son “prácticas autoritarias con fines políticos”.
La ONU-DH México pide que gobierno transparente uso y control de
equipo espía
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al gobierno mexicano que informe qué instituciones
públicas cuentan con equipo de espionaje, de qué manera lo utilizan y, sobre todo, qué medidas se
adoptaron para garantizar su control.
Además, en voz de Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, llamó a deslindar las posibles
responsabilidades administrativas por el uso ilegal de tecnología de vigilancia.
Jarab, mediante un comunicado, condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas y
personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, hechos públicos el lunes 19, en
el diario The New York Times.
Para la ONU-DH, el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe
estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas.
En este sentido, recordó que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos
internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones,
que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para
garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas.
Jan Jarab destacó que la organización que representa dará seguimiento a la investigación que la PGR hace al
respecto y se pronunció porque sea “pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e
informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances de la investigación, dada la trascendencia del
caso”.
La ONU-DH saludó la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) dirigidas a Sedena, Semar, Segob y la PGR e hizo un llamado para el cumplimiento de las acciones
solicitadas.
En el documento, el organismo exhortó también a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el
marco de sus funciones, como órgano de control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo,
verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplan las
leyes vigentes, así como las normas de derechos humanos, y realicen un uso adecuado de los fondos públicos
asignados.

PEN Internacional condena espionaje y pide al gobierno mexicano
investigación “a fondo”
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización PEN Internacional condenó que la tecnología sea
usada por los gobiernos con fines de intimidación y, por ende, de censura e instó al gobierno mexicano
a realizar una investigación “a fondo y de manera pronta y expedita” por delitos de intervención de
comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos.
Luego de expresar “su profunda preocupación por los casos de espionaje cibernético a los que se han visto
sometidos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México”, –tras la publicación del
reportaje del diario The New York Timesel pasado lunes 198- valoró “positivamente” que la Procuraduría
General de la República (PGR) abra una investigación por dichos delitos.
No obstante, en un comunicado llamó a que en ese proceso “se identifique y enjuicie a los responsables de la
vigilancia que vulnera la actividad de los periodistas y defensores de derechos humanos, y que asegure la
libertad de expresión en México”.
La asociación mundial de escritores pidió también al gobierno mexicano “proteger a los periodistas, defensores
de derechos humanos y activistas como parte de los derechos que se ejercen en una democracia” y exhortó a sus
funcionarios “a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión y de información”.
Además, reconoció la importancia de los medios digitales “como instrumento para cumplir el derecho
fundamental a la libre expresión” y resumió su postura en cuatro puntos que a continuación se enlistan
textuales:
1.- Todas las personas tienen derecho a expresarse libremente a través de los medios digitales sin temor a sufrir
represalias o ser perseguidos.
2. Todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información a través de los medios digitales.
3. Todas las personas tienen derecho a que los medios digitales estén libres de vigilancia por parte del gobierno.
4. El sector privado y sobre todo las empresas tecnológicas están obligados por el derecho a la libertad de
expresión y los derechos humanos.

Los dichos del presidente Peña son
preocupantes e impropios: sociedad civil
Luego de que el presidente Peña Nieto anunciara una investigación por las denuncias de espionaje
contra su gobierno, las organizaciones ciudadanas advirtieron una postura de "amenaza" e "impropia"
en su mensaje.
Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso del presunto espionaje a periodistas.Cuartoscuro
Redacción Animal Político
junio 22 2017 21:19
FONDEA el periodismo independiente
Las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso del presunto espionaje a periodistas y activistas, así
como la solicitud para que la Procuraduría General de la República (PGR) “pueda aplicar la justicia contra aquellos que
han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno” son “impropias de su investidura y en extremo
preocupantes”, señalaron organizaciones de la sociedad civil.
Al hacer referencia a la “amenaza” que hizo el presidente Peña Nieto, quien señaló: “Espero que la PGR con
celeridad pueda deslindar responsabilidades, y al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han
levantado estos falsos señalamientos”, las organizaciones acusaron que el mandatario “envió un mensaje
amenazante para quienes documentaron técnicamente la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes
la reportaron desde sus medios de comunicación, para quienes siendo objetivos alzamos la voz y denunciamos.
“Esta posición es en extremo preocupante y denota una deriva autoritaria que a todos debe
alarmar. Cuando el presidente de un país pide que se aplique todo el rigor de la ley a quienes acuden a las
instituciones para denunciar los delitos que resienten, se vulnera la esencia misma de la democracia, que son los
contrapesos y la rendición de cuentas. Esta amenaza, impropia de un jefe de Estado, despierta la más alta
preocupación y ya se ha puesto en el conocimiento de las principales instancias de derechos humanos a
nivel global”, señalaron.
Socialtic, Artículo 19, el Centro ProDH, la organización R3D, El Poder del Consumidor y el Instituto Mexicano
de la Competitividad (IMCO) consideraron que el presidente Peña Nieto “normaliza la gravedad de las
denuncias y minimiza las consecuencias en la vida de las personas que han denunciado las intervenciones, al
señalar que “ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que
su vida se haya visto afectada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”.
De acuerdo con las cinco organizaciones, “el presidente condenó al fracaso la indagatoria al afirmar que .
‘[…] Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como
alguien que espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso’, insistiendo en que las denuncias son
“falsos señalamientos.

“En suma, al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la
vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante
amenaza a las y los denunciantes, el presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a
sí mismo.
“En vía de consecuencia, reiteramos que la única forma de asegurar una investigación profunda y real es
mediante la conformación de un panel independiente de expertos que en todo caso hagan escrutinio de la
acción o inacción de la PGR en la “investigación” del espionaje. En el mismo sentido demandamos –dado
que el presidente afirmó que su gobierno cuenta con la tecnología de espionaje- que se transparenten y
publiciten los contratos firmados con empresas de espionaje”, exigieron las organizaciones.
Espionaje: ¿En nombre de la seguridad nacional?
El mundo al revés por Ernesto Villanueva
Foto: Reuters
Junio 20, 2017 8:43 am
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Por Ernesto Villanueva
Uno de los vocablos más difícil de definir es el de “seguridad nacional”. Es como los significados a que se
refiere Lewis Carrol en su obra Alicia en el país de las maravillas: “Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty
Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso– quiere decir lo que yo quiero que diga…, ni más ni menos. –La
cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. –La cuestión –
zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda…, eso es todo”.
Y aquí el que manda, el gobierno, es el que decide el significado. Por supuesto, espiar por espiar es un delito y no
tiene asidero en la Constitución ni en la ley. Pero es un hecho. El desarrollo de las nuevas tecnologías al mismo
tiempo que han generado grandes avances ha reducido el ámbito de la vida privada, bien de modo legal o al margen
de la ley. No hay duda: el gobierno interviene las comunicaciones de los gobernados, desde las telefónicas hasta las
habidas en todo tipo de mensajes. Lo hace porque puede, porque quiere y porque no hay contrapesos de ningún tipo.
Peor aún, la Ley de Seguridad Nacional es un acto de simulación que no genera, de ninguna manera, una vigilancia
legislativa de los servicios de inteligencia en México.
La inteligencia es la labor de recopilar información útil para la toma de decisiones tanto en el sector público
como en el privado. En los Estados democráticos de derecho es una de las herramientas para mantener la integridad
de la soberanía y de la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos. En México, que no es un Estado de
derecho, la inteligencia se usa para el combate de los enemigos políticos, de los adversarios de todo tipo y, en última
instancia, para hacer su legítima tarea. Y ello sucede por la ausencia de vigilancia efectiva. En el país, en los hechos
los servicios de inteligencia a la mexicana están diversificados y descentralizados. Diversificados porque lo mismo
existen en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que depende de la Secretaría de Gobernación,
en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de Defensa Nacional y en otras dependencias federales. Lo mismo ocurre
en los estados de la república, con un agraviante: en virtud de que se trata de una labor de orden federal (porque sólo
la federación con la autorización judicial competente puede intervenir comunicaciones privadas) los estados compran
equipos bajo la forma de consumibles o mantenimiento de servicios de cómputo.

Por la razón anterior, cada seis años, hay que comprar un equipo nuevo y capacitar personal para su uso. Ello
genera un mercado amplio que hace esas labores a pedido, el cual puede variar de 50 mil a 150 mil pesos semanales,
dependiendo de la dificultad y la calidad de las intervenciones. Este hecho es grave porque hay un amplio
intercambio de oferentes y demandantes de productos informativos, empresas- por llamarlas de alguna manera-
integradas por ex agentes o ex directivos de algunos de los servicios de inteligencia institucional.
El espionaje a los periodistas críticos es factible y, peor aún, es una práctica recurrente para contar con
elementos para negociar el silencio o el matiz de reportajes en cierne o, con un poco de suerte, enviarlos al
archivo. Es, por ello, necesario legislar en serio sobre el tema para hacer una cirugía mayor a la decorativa Ley de
Seguridad Nacional, de modo que tanto los periodistas como la sociedad en general pueda recuperar su derecho a la
vida privada que hoy ha desaparecido en perjuicio de todos. Por lo pronto existe equipo para neutralizar los equipos
de intercepción de llamadas y mensajes de origen chino o israelí, que se pueden conseguir en el mercado negro a
costos razonablemente altos, así como teléfonos celulares que dificultan sobremanera- no la evitan al 100%- la
intervención como el blackphone 2 o el Anonymous que se no se vende en México y que asegura tener
contramedidas forenses, pero es posible conseguirlo a pedido también en el mercado negro. Es obvio que no es
deseable que los ciudadanos – con una posición relativamente holgada- se vean en la necesidad de protegerse ellos
mismos frente a un Estado que no sólo no protege sus derechos humanos, sino que es el primero en violarlos.El
estado mexicano es responsable a final de cuentas por acción u omisión.
Sumario.
1.- Recién acaba de salir la obra El derecho de réplica de mi amiga y colega Hilda Nucci González, bajo el sello de
M.A. Porrúa y el Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se trata del primer texto sobre el tema en el
país, el cual se convertirá, con toda probabilidad, en un referente de consulta obligado.
2.- La brillante Mtra. Carmen Quijano, en proceso de convertirse en doctora en derecho en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está haciendo el estudio más grande en México sobre la privacidad en los
medios digitales y redes sociales, el cual va a salir en una coyuntura de discusión propicia sobre la temática.
ernestovillanueva@hushmail.com
No todos los espionajes son iguales
Por Dolia Estévez
SinEmbargo
junio 23, 2017
En México, en cambio, no pasa nada. Impera el reino de la impunidad. Siempre se ha espiado dijeron los cínicos. La diferencia
es que conocemos a los artífices del crimen. Foto: Cuartoscuro
Washington.- Esta semana, un demoledor reportaje de primera plana enThe New York
Times, basado en una investigación científica de Citizen Lab de la Universidad de
Toronto, que contó con la asistencia de Artículo 19, R3D y Social TIC, corroboró que el
Gobierno de Enrique Peña Nieto espió a periodistas, defensores de los derechos humanos
y luchadores contra la corrupción. Para tales efectos, el Gobierno se valió del malware
Pegasus, un sofisticado y carísimo sistema de espionaje vendido a la Sedena, PGR y
CISEN por la empresa israelí NSO Group con la condición de usarse exclusivamente
para combatir narcos y terroristas.

El mexicano es el caso más grave que se conoce de violación absoluta al derecho de
privacidad de periodistas y críticos gubernamentales. Sin embargo, no es el único. Uno de
los legados más negros de Barack Obama es precisamente el espionaje a periodistas en el
marco de investigaciones sobre filtraciones de información secreta. En dos casos que se
volvieron emblemáticos, los espiados fueron reporteros de la cadena de televisión Fox
News y de la agencia noticiosa AP.
En el primero, James Rosen, corresponsal en Washington de Fox News, fue implicado
como “co-conspirador” en la acusación criminal contra un contratista del Departamento
de Estado. Para reunir pruebas, las autoridades intervinieron el celular y la cuenta de
correos de Rosen. Obtuvieron datos como horarios de llamadas y agendas que les
permitieron vigilar los movimientos del reportero. Documentaron las veces que visitó el
Departamento de Estado para entrevistarse con su fuente y la duración de esos
encuentros.
En el segundo caso, el Departamento de Justicia obtuvo judicialmente el historial
completo de llamadas de celulares de 20 reporteros de la APque fue proporcionado no por
la agencia sino compañías telefónicas. La medida sin precedente formaba parte de una
investigación criminal contra un funcionario de la CIA sospechoso de haber dado
información sobre un complot terrorista a la AP.
Antes de las filtraciones masivas de Edward Snowden y Bradly Manning (ahora Chelsea
Manning), no perseguir soplones (whisle-blowers) era un código no escrito pero acatado.
Eso cambió con Obama. Bajo su administración, nueve filtradores fueron enjuiciados, en
comparación con tres en todos los gobiernos anteriores que eludían la persecución de
informantes anónimos para no arriesgar llevarse entre las patas a los periodistas.
Pese a todo, en términos jurídicos, políticos y éticos, los casos narrados palidecen en
comparación a la violación del derecho de privacidad en que incurrió el Gobierno peñista
contra periodistas y críticos. Examinemos las diferencias.
–En EU el espionaje fue parte de averiguaciones criminales contra informantes
gubernamentales que divulgaron información que presuntamente comprometía la
seguridad nacional. En México, el móvil fue amedrentar y sembrar miedo a periodistas
que desenmascararon el escándalo de la llamada Casa Blanca de La Gaviota y su marido,
y a activistas que denuncian la violación de los derechos humanos y la corrupción. En el
caso de Carmen Aristegui fue una venganza personal. Un acto arbitrario sin mayor
justificación que el afán de Peña Nieto de saldar cuentas.
–En EU, las victimas del espionaje de Obama eran mayores de edad. En México, es tal la
crueldad contra Carmen que al no tener éxito el intento de hackear su celular, el
#GobiernoEspía no tuvo el menor escrúpulo de enfilar hacia su hijo Emilio, quien
entonces tenía 16 años. Una violación monstruosa de la Convención sobre los Derechos
del Niño de la ONU, que obliga a México a dar “protección especial” a personas menores
de 18 años.
–En EU, las autoridades usaron ordenes judiciales y citatorios para espiar a periodistas.
En México, hasta lo que se sabe, las cortes federales no autorizaron el espionaje a los
afectados.
–En EU, las autoridades no sólo no negaron sino justificaron el espionaje. En México, al

estilo puro del dictador Putin, la Presidencia rechazó tener algo que ver. Los falso
desmentidos ni siquiera ellos se los creen. ¿Qué grupo o individuo tiene el poder de
disputarle al Estado mexicano el monopolio del uso de la tecnología de espionaje más
avanzada en el mercado?
Luis Videgaray declinó pronunciarse pretextando no haber leído la nota de The New York
Times. Claro, el canciller anda muy afanoso tratando de derrocar al gobierno represor de
Venezuela para vanagloriarse ante Trump.
–En EU se conocen solo dos casos de espionaje a periodistas. En México, fueron más de
diez las victimas: Aristegui, su hijo, sus colaboradores y ex colaboradores, Sebastián
Barragán, Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, el conductor de
Televisa Carlos Loret de Mola, el abogado Juan Pardinas, y los defensores de derechos
humanos Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre. Se cree que el grupo es
solo la punta del iceberg.
En la era Trump seguramente aumentará el espionaje contra la prensa a la que el
mandatario describe como “el grupo de gente más deshonesta que he conocido”. Trump
ya ordenó al Departamento de Justicia investigar filtraciones. Sin embargo, el espionaje a
periodistas en la magnitud del mexicano tendría consecuencias políticas y jurídicas
catastróficas para el Gobierno de Trump. Las investigaciones necesariamente producirían
acusaciones y arrestos. La presión de los medios y de organizaciones defensoras de la
prensa no cedería hasta esclarecerse la verdad y castigarse a los culpables.
En México, en cambio, no pasa nada. Impera el reino de la impunidad. Siempre se ha
espiado dijeron los cínicos. La diferencia es que conocemos a los artífices del crimen.
¿Parteaguas?
TEXTOS APÓCRIFOS
En su primera reacción pública, la Embajada de EU en México corroboró que los
mensaje recibidos por Aristegui y su hijo, con el remitente “USEMBASSY.GOV”, no se
originaron en esa representación diplomática como falsamente se les quiso hacer creer.
“No enviamos mensajes de texto para comunicarnos con solicitantes o tenedores de
visas”, me dijo una vocera de la Embajada. Los correos ficticios buscaban inducir a los
destinatarios a abrirlos para infestar sus celulares con un virus que permitiera espiarlos
hasta cuando estuvieran dormidos.
Twitter: @DoliaEstevez

¿Amenazó Peña Nieto a las víctimas de #GobiernoEspía?
Elisa Alanís
La administración de Enrique Peña ha gastado una fortuna en espionaje. Asegura que el uso de
inteligencia es para mantener condiciones de seguridad. Sin embargo, grupos criminales delinquen a
sus anchas. Homicidios rompen récord. Corrupción e impunidad son sello de México. ¿Entonces, al
servicio de quién está esa tecnología? La gestión peñista, en lugar de combatir al crimen, es señalada
por espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas. Desde febrero, organizaciones
sociales indicaron que fueron blanco de ese monitoreo político. Nadie atendió el asunto. Hasta que The
New York Times publicó un trabajo en el que retoma el impactante informe #GobiernoEspía. Si la
respuesta al editor del diario, por parte de un subalterno en Los Pinos, sorprendió, las declaraciones de
Peña Nieto son de escándalo. Ayer dijo que él también se ha sentido espiado, pero procura ser
cuidadoso. Que espera que la PGR deslinde responsabilidades y aplique la ley a los que “levantaron
falsos señalamientos contra el gobierno” (no a quien espió). Palabras dignas de una dictadura perfecta.
Indicó también que quienes se sienten agraviados no pueden “mostrar o evidenciar, siquiera, que su
vida se haya visto afectada, lastimada...”. Caray, Presidente, pregúntele a las víctimas. Al menor de
edad con quien de manera ruin se metieron. El informe apunta al Ejecutivo federal. Aquí un recuento:
1.— El software Pegasus para hackear los celulares es de la compañía israelí NSO Group y se vende sólo
a gobiernos. Fue adquirido por la PGR, Cisen y Sedena.
2.— Los objetivos fueron embestidos con infraestructura común.
3.— Los ataques se incrementaron en coyunturas críticas, donde el común denominador es el actuar
de la autoridad federal. Por ejemplo: * Una de las acometidas contra Mario Patrón, del Centro Pro, se
dio antes de que el GIEI presentara datos sobre Ayotzinapa. * Carmen Aristegui, su hijo Emilio
(adolescente en ese entonces), Rafael Cabrera y Sebastián Barragán recibieron en total 56 mensajes. El
primero ocurrió dos meses después del reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto. * Carlos Loret
recibió 8 SMS, 6 de ellos cuando develó la ejecución extrajudicial en Tanhuato. * Juan Pardinas y su
esposa fueron agredidos al intensificarse la discusión de la Ley 3de3. * Daniel Lizárraga y Salvador
Camarena, cuando se anunció el proyecto de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El
malware es muy invasivo. Permite, entre otras cosas, controlar cámara y micrófono del móvil y acceder
a los archivos. Raymundo Riva Palacio, desde hace dos años, advirtió de esas prácticas. Este jueves, el
portal Eje Central confirmó que fueron vigiladas 729 personas en el verano de 2015.
Después del posicionamiento de EPN sobre el tema, la duda ya no es si están dispuestos a investigarse
a sí mismos. Sino, ¿de qué más serán capaces en este sexenio? Urge una investigación independiente,
el acompañamiento de instancias internacionales y la solidaridad de la sociedad mexicana.
Twitter: @elisaalanis

La amenaza, la corrección, el jueves terrible
23/06/2017 12:57 AM
México
Ayer, cuatro días después de destapada la crisis del espionaje, el presidente Enrique Peña Nieto habló.
Cito algunas de las frases del discurso del Presidente:
Negó que el gobierno espiara a quien no debe espiar, pero pareció minimizar el espionaje.
"Resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, como una entidad
que espía. Nada más falso que eso. Porque ninguna de las personas que se sienta agraviada puede
afirmar o mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas supuestas
intervenciones, por ese supuesto espionaje".
Luego reveló fallas en su seguridad.
"Somos una sociedad que la mayoría de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como Presidente
de la República, recibo mensajes cuyo origen desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en
lo que hablo telefónicamente, no faltará que alguna vez se exhiba alguna conversación mía, ya ha
ocurrido, ya ha pasado; pero nada más falso, y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedique
a esta actividad".
Y terminó con una especie de amenaza:
"Espero que la Procuraduría General de la República, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y
espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos
señalamientos contra el gobierno".
¿El espionaje solo es malo si a la víctima le pasa qué, además de ser espiado? ¿No habría que esperar
la investigación de la PGR antes de llegar a conclusiones? ¿Quién quiere espiarlo, Presidente? ¿Si el
Presidente cree o sabe que su gobierno no fue, no debía haber presentado tal argumento y evidencia
frente a la PGR? ¿Qué puede hacer ahora el procurador, a quien ya le dieron línea de que el gobierno no
fue?
A las siete de la tarde el corresponsal de NYT escribió que había recibido una llamada de Los Pinos
diciendo que le aclaraban que Peña se había equivocado al dar su discurso y no amenazaba a nadie.
Y el Presidente salió a un "chacaleo" a corregirse en la amenaza, a sostener lo demás. Pero en algún
momento dijo: "Que no confundan lo que fue la indicación a la Procuraduría para que investigue si hay
sustento en este tipo de afirmaciones o si hay alguien más que pretende confundir o dar soporte a este
tipo de señalamientos que apuntan a que el gobierno realiza algún tipo de espionaje".
¿Quién quiere "confundir dando soporte"?
No entiendo nada.
Mal día, pues. Malos tiempos. Para todos.
Incluido el Presidente Peña Nieto.
Twitter: @puigcarlos
Seguridad, la debacle
Estrictamente Personal

RAYMUNDO RIVA PALACIO
Las justificaciones y los gemidos de dolor de los más altos funcionarios federales tratando de explicar por
qué en mayo pasado se registró la tasa de homicidios dolosos más alta en la historia de México, o desde
1997, cuando se empezaron a contabilizar, son patéticos. La queja es que las deficiencias legales del Nuevo
Sistema Penal Acusatorio, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio
de 2008, han provocado que más criminales libren en automático la cárcel y regresen a las calles a matar, y
el spin mediático es que el incremento de los asesinatos está en lo alto de la numeralia en los estados que
recién cambiaron de mando, de un gobernador priista a uno panista. Los dos argumentos, si bien no serían
excluyentes, se contraponen en la desesperación de buscar explicaciones externas en las deficiencias
internas.
Es cierto que en el Congreso no enmendaron la iniciativa –preparada por el exprocurador Jesús Murillo
Karam y el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos– para conceder prisión preventiva
a quienes cometieran un asesinato y sólo se les decomisara su arma. Pero también es cierto que no se hizo
un buen trabajo. En enero de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto nombró a María de los Ángeles
Fromow secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema Penal
de Justicia, dentro de la Secretaría de Gobernación. Un mes antes de entrar en vigor el sistema el 18 de
junio de 2016, afirmó en una entrevista con Óscar Mario Beteta en Radio Fórmula, que iba “a estar
operando al 100 por ciento en todo el país”. No fue así.
Olvidando convenientemente las omisiones y deficiencias internas, se buscaron nuevos pretextos. El
argumento mediático que comenzaron a utilizar en el gobierno cuando los indicadores de la seguridad
mostraron una tendencia a su agravamiento, fue que era resultado del descontrol en los estados por los
cambios de gobierno tras las elecciones en 12 estados el año pasado. Sin embargo, los datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que las cinco entidades con el
mayor número de incidencia delictiva: México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Baja California,
no cambiaron de gobernante. Estas entidades, además, son también las que mayor número de homicidios
dolosos registraron. Otro engaño.
Los pretextos son una fuga hacia delante. Disfraza con propaganda y retórica los errores de origen de la
estrategia de seguridad pública, que provocó, con su fallido diagnóstico, que no se contemplaran
correctamente los escenarios que provocaría el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, una reforma legal de
segunda generación, con una política de seguridad pública del siglo pasado. Gran parte de lo que se ha
presumido en esta materia a lo largo del sexenio ha sido mediante fuegos pirotécnicos y entrevistas que
esconden una realidad que, probablemente, no alcanzaron a ver hasta que les corrió el cuerpo como
gangrena.
Ignoraron las denuncias del desmantelamiento de Plataforma México al inicio de la administración,
retrasando la construcción de la base criminal más importante, hasta la llegada de Peña Nieto a la
presidencia, de América Latina. Cancelaron drásticamente los esquemas de cooperación con Estados
Unidos, con lo que perdieron el compartimiento de información de inteligencia de calidad y la ayuda para
capacitar policías. La síntesis del desconocimiento del equipo de Peña Nieto lo revela la anécdota de uno de
los miembros del equipo de transición cuando visitó el búnker de la extinta Secretaría de Seguridad Pública
Federal. Al abrírseles los salones secretos y mostrarles en tiempo real la persecución de un avión con

cocaína desde Panamá a México, uno de esos miembros preguntó si los satélites que utilizaban podían
mostrar los choques en las carreteras o ayudar a la vigilancia de las cadenas en los antros de la Ciudad de
México. El proyecto de Gendarmería que le entregó el entonces secretario García Luna al presidente electo
como un siguiente paso en el diseño de la seguridad pública, fue tirado a la basura por el equipo de
transición. Se dejó de combatir durante ocho meses a los cárteles de la droga y se desmantelaron los
protocolos de seguridad en el Sistema Penitenciario Federal.
Los resultados de mayo pasado eran previsibles desde entonces. Si la estrategia, altamente criticada por lo
violento de su naturaleza, enmarcada además en los conflictos reales dentro del gabinete del expresidente
Felipe Calderón, se cambió por mucha coordinación –que se mantiene óptimamente sólo en los discursos–,
y campo libre para el crimen organizado, acompañada de una reorientación de los recursos, pero manejada
de manera opaca a través de exfuncionarios del gobierno de Hidalgo, que protegieron del escrutinio público
el destino de los dineros con el argumento de que se trata de la seguridad nacional, era cuestión de tiempo
que la tendencia a la baja de los delitos se revirtiera.
Mayo de 2011 había sido el mes de mayor violencia en la historia de México y desde entonces, mes por
mes, había una reducción en la incidencia delictiva. El cálculo, de haberse mantenido la estrategia durante
el gobierno de Peña Nieto, era que para 2018 la incidencia delictiva regresaría a los niveles de los 90. No
hacerlo dio como resultado el mayo de 2017. ¿Dónde están los responsables de esta debacle de la estrategia
de seguridad? Donde siempre. Protegidos, por la falta de rendición de cuentas, por su jefe el presidente.
Twitter: @rivapa
¡“La madriza” del NYT a Peña!
23/06/2017 02:11 AM
Ciudad de México
Dicen que no es campaña. Pero si tiene pico de pato, patas de pato, cola de pato y grazna como pato,
tenemos derecho a suponer que es un pato.
Y es que el cuestionado The New York Times es el diario internacional que con mayor frecuencia golpea
al gobierno de Enrique Peña, no siempre con fundamento y muchas veces con información falsa.
Y quedó en evidencia el periodismo del NYT apenas el pasado lunes, en un “reportaje” en el que insinúa
—sin pruebas— que el gobierno mexicano utiliza el software Pegasus —de la empresa israelí NSO
Group— para espiar periodistas y activistas.
La recurrente “crítica” sin fundamento y a veces inventada permite especular que se trata de una
campaña para confrontar a Carlos Slim, accionista del diario neoyorquino, con el Presidente. Eso, a pesar
de que se han restablecido los vínculos entre el magnate y el presidente mexicano.
¿Quién está detrás de “la madriza” del NYT contra el gobierno y el Presidente mexicanos?
¿Lo dudan? Van los hechos.
1. El NYT insinuó que México espiaba periodistas desde el 25 de agosto de 2016, cuando Nicole
Perlroth —coautora con Azam Ahmeddel “reportaje” del lunes— reportó la vulnerabilidad de iPhones
frente al software de NSO Group. Según la reportera, una de las víctimas dehackeo fue Rafael
Cabrera, colaborador de Carmen Aristegui y coautor del reportaje de la casa blanca.
2. El 11 de febrero de 2017, Perlroth y el NYT volvieron al tema en un “reportaje” que asegura que
programas de espionaje fueron empleados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México.
En el texto se retoma el caso de Rafael Cabrera y se describe al gobierno mexicano como “cliente
entusiasta de herramientas de espionaje”. Ni una sola prueba.
Además, los “reportajes” quedaron desacreditados —igual que el de este lunes— toda vez que la
propia Perlroth reconoció que no hay forma de probar que haya sido el gobierno mexicano quien empleó
los softwares contra la prensa y los activistas. Otro invento.
3. Pero los ataques del NYT contra Peña vienen de lejos. El 23 de junio de 2014 el diario publicó un
artículo de Francisco Goldman en el que describe al Presidente como “figura políticamente insignificante,
que gobierna al servicio de los poderes establecidos dentro del PRI”. Una opinión.

4. El 24 de julio de 2014, NYT publicó un editorial en el que critica la aprobación de Peña Nieto y afirma
que las reformas estructurales son objeto de rechazo en México. No dice que el rechazo lo
encabezó Carlos Slim, accionista poderoso del NYT.
El 11 de noviembre, el diario publicó el editorial “La ley y el orden en México”, en el que critica el papel
del gobierno frente a los 43 de Ayotzinapa, así como en Tlatlaya. La opinión es copia de los dichos del
periodismo militante de Morena.
6. El 13 de octubre de 2015, el NYT publicó un “reportaje” de Sonia Nazario, quien acusa al gobierno
mexicano de “reprimir” de forma “feroz” a los refugiados centroamericanos. La autora asegura que la
represión se realizó “a petición” de Barack Obama, cuya administración aportó recursos para una
“cacería” de migrantes. ¿Y las pruebas? Nada.
7. El 4 de enero de 2016, NYT publicó el editorial titulado “Las respuestas que Peña Nieto no le da a
México” —título idéntico al discurso de la señora Aristegui—, en el que critica la respuesta del gobierno
ante el caso Iguala, la fuga de 'El Chapo' Guzmán, la llamada casa blanca. Además se dice que Peña
Nieto será recordado como “un mandatario que evitó rendir cuentas” y que “minimizó verdades
incómodas”.
8. El 26 de abril de 2016, el NYT publicó un editorial titulado “México huye de la verdad”. En el texto se
acusa al gobierno de entorpecer la investigación sobre el caso Ayotzinapa y rechazar informes del GIEI.
No dice que la investigación del GIEI no aportó ninguna prueba concluyente y costó millones al Estado
mexicano.
9. El 27 de mayo de 2016. NYT publicó otro editorial que criticó a las fuerzas armadas. Dice: “Matan con
eficacia abrumadora”. Y asegura que su “letalidad” es “desproporcionada”. Acusa a las autoridades de no
investigar a militares señalados por actos de tortura y desapariciones forzadas. ¿Pruebas? Solo
ocurrencias.
10. El 6 de octubre de 2016, el diario publicó un editorial en el que criticó la decisión del Congreso de EU
de otorgar a México una partida de 155 millones de dólares para combatir la inseguridad y el narcotráfico,
a pesar de que “México presenta severos problemas en materia de respeto a los derechos humanos”.
11. El 16 de diciembre de 2016, el NYT publicó un editorial en el que acusa al gobierno mexicano de
negarse a difundir un informe sobre el caso Ayotzinapa.
¿Casual “la madriza” del NYT a Peña? ¿De quién es la mano que mueve la cuna?
Al tiempo.
Halcones y palomas:¿quién ganará?
La Feria
SALVADOR CAMARENA
Alguien a quien aprendí a considerar un excelente funcionario público mandó ayer un mensaje telefónico de
solidaridad por el tema de las intervenciones.

Se agradece el mensaje, como tantos otros que han llegado (sin enlace malicioso, ja) desde el lunes.
Hay que reiterar, como dijimos Daniel Lizárraga y yo el día de la conferencia de prensa en que se dio a
conocer el informe Gobierno Espía, esto no es acerca de nosotros (para empezar porque hay muchas más
víctimas de la Operación Pegasus que los iniciales 14 “espiados”).
El problema, subrayo, es que con este espionaje se vulneran los derechos de la ciudadanía a tener
periodistas que puedan hacer su trabajo en las condiciones que garantiza la ley, y se erosiona la posibilidad
de tener defensores de derechos humanos a los que no se les violen los mismos al ejercer su chamba.
Dicho lo anterior hay un tercer grupo que también sería víctima: los buenos servidores públicos que sí hay
en este gobierno. La pregunta es dónde están en estos días.
Retomo lo publicado por Jorge Castañeda hace poco: cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió a su
gabinete a operar mapachería electoral al Estado de México, no hubo secretario de Estado o director de
organismo público que renunciara ante esa humillación. Ni uno.
Desde el lunes, con la impresentable respuesta dada por el gobierno mexicano al escándalo más
documentado de intentos de espionaje gubernamental nadie del gabinete ha dicho, al menos no en público,
no manchen, que se investigue, porque yo ni espié, ni me beneficié de sus cochinadas. Nadie.
Para citar al clásico, hay en los gobiernos halcones y palomas. Gente de estilos contrastantes en pugna por
influir en la dirección que se da al barco, y los modos en que se imprime la misma.
Durante al menos un par de años hubo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto una operación, sistemática
y nada aleatoria, de espionaje. ¿Quién sabía de eso? ¿Quién lo autorizó? No se rían por las siguientes
preguntas: ¿con qué propósito? ¿Querían chantajear? ¿Amenazar? ¿Intimidar? ¿Exhibir para socavar a
periodistas y críticos? Total, si la gente los ve en sus humanas miserias, dirán, como no hace mucho el
senador Carlos Puente en el Congreso, que no tienen capacidad de criticar. (http://bit.ly/2mS3yJ7)
Pero, como es obvio, NO fue todo el gobierno el que espió. Aunque no se puede descartar que algunos
hubieran sabido antes de estas trapacerías, es factible conceder que quizá el secretario de Salud, José Narro,
no sabía, o Pepe Calzada, de Agricultura, o Pedro Joaquín Coldwell, de Energía.
Eso antes. Pero hoy saben. ¿Qué van a hacer con ese conocimiento? Saber es una maldición, obliga a tomar
decisiones. La ignorancia puede ser, ya se ha dicho, una bendición.
¿Sabían del espionaje antes de esta semana Luis Videgaray (Hacienda, SRE); José Antonio Meade (SRE,
Hacienda); Aurelio Nuño (Pinos, Educación); Rosario Robles (Sedesol, Sedatu), y Areli Gómez y Raúl
Cervantes (SFP y PGR)?
Y si no sabía, antes de esta semana, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong no solo sería increíble sino
del todo irresponsable: si el jefe del Cisen no sabía, bajemos la cortina. Pregunta: si sabía, ¿se puede quedar
en el puesto?
Conviene preguntar si supieron con antelación de estas operaciones Roberto Campa (derechos humanos) y
Luis Miranda (Sedesol).
Halcones y palomas. ¿Quiénes de todos los anteriores son el ala dura del peñanietismo? Dado que no se
sabe de ninguna renuncia, que no se escucha resistencia alguna a meterse al fango que a todos llevará el no
decir yo no espié, concluyamos: no hay palomas.
Twitter: @SalCamarena

Astillero
¿Sancionar a Aristegui y otros denunciantes?
Los poderosos (también) protestan
Peña Nieto se dice espiado
INE y Sedena, críticos
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
ALIANZA ESTRATÉGICA. Los cancilleres de México y Uruguay, Luis Videgaray Caso y Rodolfo Nin Novoa, respectivamente, anunciaron ayer
la ampliación del acuerdo de libre comercio entre ambos paísesFoto Carlos Ramos Mamahua
Los patos (del poder) tirándole alas escopetas (del descontento social). Desde algún lugar de las montañas
gubernamentales, tres cuasi insurrectos de élite dieron a conocer sendos comunicados denunciatorios: las cosas
están mal, porque todo está de la patada, sería la redundante traducción profana. Violaciones a los derechos y
garantías, espionaje generalizado, ilegalidad, corrupción, impunidad, ¡puf!, ya ni los máximos beneficiarios de
los privilegios del organigrama institucional están en condiciones de negar la realidad. Los ricos (de poder),
también lloran (protestan).
Enrique se ofrendó para mostrar que todos somos (potenciales víctimas de)Pegasus: fue en Lagos de
Moreno, Jalisco, durante la inauguración de un parque industrial. Ahí dijo (los comentarios y preguntas entre
paréntesis son irresponsabilidad de esta columna astillada): Somos una sociedad que en las más de las veces nos
sentimos espiados (la democratización del espionaje). Yo mismo, como presidente de la República (¿a pesar del
Estado Mayor Presidencial?). A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco (ha de suponerse que
cualquiera puede marcar el número telefónico de EPN y que no hay policía cibernética ni inteligencia civil y
militar para detectar ese tipo de llamadas). Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo
telefónicamente (por tanto, la responsabilidad de ser espiado es de quien no habla cuidadosamente al teléfono).
Porque no faltará alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía. Ya ha ocurrido y ya ha
pasado (sin comentarios, mucho menos de índole privada ni de besos en la boca que le han plantado bellas
muchachas luego fugitivos, según relató también ayer).
Peña Nieto se mostró dolido por la facilidad y simpleza con que cualquiera puede decir que ha sido espiado
por el gobierno cuando ninguna de las personas que se sienta agraviada puede afirmar o evidenciar que su vida
se haya visto afectada por ese supuesto espionaje. La lógica peñista es apabullante: ¿quién puede demostrar que
ha sido víctima de un sistema de espionaje creado para no dejar más huellas que, si acaso, los mensajes gancho
que buscan que se les dé clic para ser afectados por ese sistema sólo vendido a gobiernos para que nadie se
entere de que lo espían? Impecable razonamiento.

El mismo Enrique, luego de definir a su gobierno como tolerante, condescendiente, democrático y
respetuoso de la crítica, soltó una frase ominosa: confía en que la Procuraduría General de la República (a cargo
de un subordinado, su cuate Raúl Cervantes Andrade) deslinde responsabilidades yal amparo de la ley, pueda
aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno. ¿Estará
considerando Peña Nieto que deben ser sancionados, acaso encarcelados, Carmen Aristegui y demás periodistas
y activistas que han denunciado indicios de espionaje gubernamental? ¿Irá judicialmente contraThe New York
Times?
La conclusión de la PGR está ya delineada: no hay espionaje porque Peña Nieto dice que no lo hay, y
quienes le escuchaban, en Lagos de Moreno, le aplaudieron cuando eso dijo, lo cual podría constituir una
especie de exoneración expedita por medio de palmas, y quienes solicitaron a la autoridad, con base en estudios
internacionales y evidencias nacionales, que se investigara la probable comisión de delitos, ahora podrían ser
procesados judicialmente. Pa’ que aprendan a respetar, sería la frase adecuada. Pórtense bien, diría Javier
Duarte de Ochoa a los periodistas de Veracruz. Vaya postura democrática y tolerante del gobierno mexicano.
Por su parte, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, se lanzó en
términos oratorios contra la corrupción y la impunidad, al entenderlos como ingredientes de un complejo
fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementando
la violencia. Convencido de que ese coctel nefasto ha minado la credibilidad en las instituciones públicas, el
general secretario consideró que estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se
erradique y la impunidad se destierre. Así habló durante la inauguración de un taller denominado Obligaciones
y responsabilidades bajo el sistema nacional anticorrupción, en presencia del secretario de la Marina, almirante
Vidal Francisco Soberón Sanz, y de la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez.
Marchó de manera similar el comandante en jefe del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. Las
elecciones (y el INE, los súper bien pagados consejeros y la enorme estructura burocrática de ese instituto) no
tienen la culpa, dijo Lorenzo, con ánimo de rockero nostálgico. La democracia mexicana está en un bache,
señaló, con una sociedad crispada, enojada con la política y lo público. Pero, sentenció, éste es un momento en
el que no podemos permitirnos perder el país, y perder, en muchos sentidos todavía, la precaria democracia que
tenemos (ni los salarios, compensaciones y privilegios enormes de los consejeros presididos por Córdova). Otra
frase como de opositor en campaña: el mexicano es un Estado de legalidad absolutamente débil, precario, y en
muchos sentidos hasta inexistente.
Astillas
Donald Trump tuiteó ayer: México fue rankeado el segundo país más mortal del mundo, sólo después de Siria.
La principal causa es el narcotráfico. CONSTRUIREMOS EL MURO. Eso sí, un día antes había hablado de la
posibilidad de que dicho muro se pague solo, colocando en sus alturas celdas solares que generarán energía…
A la hora de cerrar esta columna, lo único que se sabía de la reunión de panistas en busca de ponerse de
acuerdo respecto de postulaciones presidenciales, era que Rafael Moreno Valle estaría de acuerdo con una
alianza PAN- PRD, e inclusive Morena, y que considera que no es necesario adelantar los tiempos internos. Es
decir, que el ex gobernador de Puebla se alínea con Ricardo Anaya y no con el consorcio FelYMar. ¡Hasta el
próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •juliohdz@jornada.com.mx
México SA
Inflación a paso veloz
Realidad mata discurso
EPN: patética defensa
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La historia se repite, quincena tras quincena, mes tras mes, como efecto del brutal gasolinazo que entró en vigor
con el arranque mismo de 2017, el cual –versión oficial– no sería inflacionario”. Y tan no lo fue que el aumento
de precios en todos los sectores de la economía ha sido permanente y sostenido hasta reportar, en la primera
quincena de junio, el nivel más elevado de los pasados ocho años.
Cierto es que lo anterior ya no sorprende a nadie, porque la presente administración gubernamental
sistemáticamente ha incumplido sus promesas y compromisos –con notario o sin él–, las cuales van desde
el futuro promisorio hasta el respeto al estado de derecho, pasando por todo lo demás (sin olvidar el “ya no
habrá gasolinazos” ni tarifazos eléctricos de Peña Nieto).
Cuando en diciembre pasado anunció el megagasolinazo que entraría en vigor en el primer segundo del año
nuevo –con aumentos de hasta 24 por ciento–, el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade,
pidió a los consumidores no asustarse por tal medida, porque con el nuevo esquema se divorciará el precio del
petróleo de razones tributarias o políticas (por cierto, tal afirmación se publicó el Día de los inocentes).
De hecho, el ramalazo propinado a los consumidores por el gobierno peñanietista confrontó posiciones entre la
sagrada famiglia (capici) financiera del sector público: Meade insistió en que no habrá impacto inflacionario”
por el gasolinazo, pero Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, advirtió que subirá la inflación,
con la amenaza de rebasar la meta (3 por ciento, con un margen de más uno-menos uno). Y no la rebasó: la
duplicó, calentando, aún más, el ambiente social, todo ello aderezado con los tarifazos eléctricos que –versión
Peña Nieto– tampoco se darían más.
Pero como la estrategia gubernamental simplemente no va más allá de que las aguas se calmen y retomen su
nivel, a lo largo de los meses repitió el discurso de que el gasolinazo no es inflacionario, mientras la propia
información oficial daba cuenta de que los precios comenzaron a subir y no sólo para los consumidores, sino
para los productores. Y, hay que reconocerlo, sirvió, porque tras un arranque de año pletórico de protestas, a
estas alturas los consumidores –calladitos y de buen modo– pagan precios estratosféricos por el combustible (Es
cuestión de acostumbrarse, como en el asunto del espionaje).
Aún se escuchan los cánticos del sonriente inquilino de Los Pinos, cuando en 2016 presumía a diestra y
siniestra que México –versión oficial– registraba la inflación más baja desde que se tiene registro de este
indicador, casi tan reducida como su nivel de aceptación por parte de los mexicanos. Pero, como siempre,
realidad mata discurso.
Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en la primera quincena de junio de
2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.15 por ciento y una tasa
anual de 6.3 por ciento, proporciones, repectivamente, 7.5 y 2.5 veces superiores a las registradas en igual
periodo de 2016, nivel más que preocupante para una medida –el gasolinazo– que no será inflacionaria.
Y en esto de los índices destaca el relativo a los precios de la canasta básica, porque en el lapso citado se
registró un incremento de 8.61 por ciento a tasa anualizada, contra 0.78 por ciento en la primera quincena de
junio de 2016, es decir, el crecimiento de tales precios se multiplicó por 10.4 en el periodo. Así, el aumento en
2017 al salario mínimo (3.9 por ciento, más un monto independiente de recuperación de cuatro pesos sólo para
quienes obtienen un miningreso) quedó más que fulminado.
Pero el asunto no termina allí. El propio Banco de México prevé que la inflación general anual alcance su nivel
máximo en los próximos meses para después retomar una trayectoria descendente (ese es el discurso en uso
desde enero pasado, cuando la inflación fue sustancialmente menor que la actual), y anticipa que si bien en 2017
la inflación se ubique considerablemente por arriba de la cota superior del intervalo de variación del Banco de
México, durante los últimos meses de este año y todo el próximo retome una tendencia convergente hacia el
objetivo de 3 por ciento y alcance dicho nivel hacia el cuarto trimestre de 2018.
Lo anterior en el mejor de los casos, porque tal previsión está sujeta a riesgos. Al alza, el principal es que ante la
simultaneidad y magnitud de los choques (como el alza en los energéticos y la devaluación del peso) se
presenten efectos de segundo orden sobre la inflación, reflejándose en incrementos en sus expectativas.
Para el Banco de México, las condiciones en el mercado laboral han venido estrechándose y la evolución de los
costos unitarios de la mano de obra podría empezar a reflejarse en la inflación. En cuanto a los riesgos a la baja,
la apreciación de la moneda nacional se podría consolidar e incluso observarse una apreciación adicional,
además de que los precios de los energéticos podrían disminuir, en línea con sus referencias internacionales.
También podrían registrarse reducciones en diversos precios de la economía como consecuencia de las reformas
estructurales.
Pero bueno, todo lo anteriormente citado para que el Banco de México decretara otra alza a su tasa de interés
(0.25 para elevarla a 7 por ciento) que repercutirá en los usuarios del crédito, especialmente de dinero plástico.
Las rebanadas del pastel

Patético, por decirlo suave, el discurso de Enrique Peña Nieto en defensa de sí mismo por el espionaje
gubernamental a periodistas y activistas. Nada más falso, dijo, porque ninguna de las personas que se sienta
agraviada puede afirmar, mostrar o evidenciar siquiera que su vida resulte afectada, lastimada por esas
supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje. Y nada más fácil que señalar a un gobierno que se
dedique a esta actividad. Mentirosos, pues, aunque él mismo admite que “somos una sociedad en la que las más
de las veces nos sentimos espiados; yo mismo como Presidente de la República… pero soy cuidadoso en lo que
hablo telefónicamente”. ¡Ole! Donde de plano el respetable no aguantó la risa fue cuando a EPN se le ocurrió
decir que “el uso de inteligencia que tiene el gobierno…” (en el fondo se escuchó el coro: nada más falso).
Twitter: @cafevega
cfvmexico_sa@hotmail.com
Han profundizado la desigualdad y generado más violencia
Corrupción e impunidad dañan nuestra democracia: Cienfuegos
JESÚS ARANDA
La corrupción y la impunidad se han convertido en un ‘‘complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia,
nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementado la violencia’’, reconoció el general secretario
de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien agregó que además han minado la credibilidad en
las instituciones públicas.
Al encabezar ayer la inauguración del taller Obligaciones y responsabilidades bajo el sistema nacional
anticorrupción, en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, el militar sostuvo que sólo lograremos superar la
corrupción e impunidad que nos aqueja con voluntad, decisión entrega y perseverancia, ‘‘y con la ferviente
vocación de servir a México’’.
Con la presencia del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y la titular de la
Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, Cienfuegos destacó la importancia de la reforma que
creó el sistema nacional anticorrupción (SNA), cuyas leyes y reglamentos llegaron para quedarse.
Dijo que la aplicación ‘‘precisa y contundente de este esquema permitirá enfrentar la corrupción que ha
dañado a nuestra sociedad’’ e hizo un llamado a fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la
rendición de cuentas en todas las instituciones de la República. ‘‘Estamos obligados a preservar el México
donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre’’.
Afirmó que la secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) asumieron desde el primer día
de la presente administración su compromiso de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción:
es y ha sido, aseveró, una de nuestras más altas prioridades.
Con la entrada en vigor del SNA, dijo, reforzaremos las medidas para garantizar el uso adecuado y eficiente
de los recursos públicos y nuestro compromiso de actuar con honestidad. Insistió en que la promulgación de
reformas constitucionales y legales en la materia constituyen ‘‘un hecho sin precedentes’’ para prevenir,
investigar y sancionar este flagelo que lastima a los mexicanos.
En este contexto, destacó que las fuerzas armadas ya iniciaron por su parte acciones para atender las faltas
administrativas, combatir los delitos y fiscalizar el uso eficiente de los recursos públicos, que son parte
fundamental del nuevo esquema anticorrupción.
En el acto en el que se presentó la colección de libros Saga normativa de las adquisiciones a nivel
internacional, nacional y subnacional, recopilada por Héctor Mateo Infante Meléndez en colaboración con el
Instituto Nacional de Administración Pública, Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), reconoció a su vez que la corrupción es un flagelo que lesiona y deteriora la capacidad de las
instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos.
Pero al mismo tiempo, señaló la trascendencia que tiene que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
haya fijado como uno de los jefes de su administración precisamente instrumentar un marco jurídico apropiado
para combatir este problema. Agregó que también es importante que los funcionarios públicos conozcan sus
nuevas responsabilidades y obligaciones en este nuevo esquema de andamiaje jurídico.

Por su parte, Infante Meléndez destacó la obra presentada ayer, la cual consta de cinco libros y 22
volúmenes que incluyen toda la información a escala nacional e internacional sobre adquisiciones,
arrendamientos y compras del sector público.
Dinero
Sin brújula, la economía
Los (posibles) espías de Peña Nieto
Detuvieron a la diputada amiga del Chapo
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
Tres sucesos ocurridos el mismodía de ayer parecen una indicación de que la economía ha perdido la brújula y el
gobierno no sabe qué hacer, excepto dar tumbos: 1) la inflación subió a 6.30 por ciento, su nivel más alto en
ocho años, cuando la recesión; 2) el Banco de México incrementó un cuarto de punto su tasa de interés para
colocarla en 7 por ciento (lo cual tendrá muy mal efecto para los consumidores) y el peso volvió a su ciclo
devaluatorio y el dólar se cotizó a 18.40. Como telón de fondo, la economía sigue paralizada, con un
crecimiento de apenas 2 por ciento, y sería menor si no fuera por el estímulo que imprimen los dólares que
envían nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos. Aun así, Hacienda anuncia que habrá otro recorte
presupuestal –aunque menos duro– el próximo año. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, dice que
van muy bien las rondas por las que está entregándose el petróleo y el gas a los extranjeros. Sin embargo, no
están dejando el dinero que se esperaba. Se decía que para el quinto año del sexenio ya estaríamos viendo
resultados muy buenos de las reformas estructurales. ¿Ustedes los ven?
Esperar hasta el año 2030
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, presentó la propuesta Nueva cultura salarial. Instó a la
Secretaría del Trabajo para que pida a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos continuar con la estrategia
de adecuar el salario mínimo general, con la finalidad de que en el segundo semestre del año llegue a 92.72
pesos diarios. Supone que de seguir esa ruta hasta el año 2030 llegaría a ser suficiente para satisfacer
plenamente las necesidades de la familia, cuando alcance un rango de entre 162.35 y 194.68 pesos. Faltan 13
años. ¿Cuánto se habrá devaluado la moneda para entonces? ¿Cuánto habrán subido los precios?
Desafortunadamente la gente tiene que comer todos los días, no puede esperar tanto tiempo. Además, ya hoy en
día no son suficientes 162.35 ni 194.88 para satisfacer las necesidades de un hogar.
El país de los espías
¿Quién podría tener interés en espiar a Peña Nieto? Él siente que lo vigilan.Somos una sociedad que las más de
las veces nos sentimos espiados, yo mismo, como Presidente de la República. A veces recibo mensajes cuya
fuente desconozco pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso con lo que hablo telefónicamente, dijo en la
inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, Jalisco. Admitió que el gobierno ha adquirido
tecnología de espionaje pero la usa para combatir al crimen, no en contra de líderes sociales ni periodistas.
¿Quién lo podría estar espiando? ¿Su némesis, Manlio Fabio Beltrones? ¿Su enojado homólogo, el presidente

Maduro de Venezuela? ¿O Trump, que ayer insistió en el muro para contener al narco? ¿O La Gaviota, si se
tratara de algo personal? Con el equipo tecnológico con que cuenta ya debería saber quiénes son los pájaros
colgados del alambre presidencial.
Detienen a la diputada amiga delChapo
Como ya se está haciendo costumbre, son las autoridades de otros países las que detienen a políticos con
quienes la justicia mexicana es tolerante. A Lucero Guadalupe Sánchez López, ex diputada panista del
Congreso de Sinaloa, la detuvo el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) bajo el cargo de
conspiración, el miércoles. De acuerdo con su abogada, Rosalba Alarcón, ella iba a pedir asilo en Estados
Unidos dada la inseguridad que existe en Sinaloa. La ex legisladora se vio envuelta en problemas por usar
documentación falsa para ingresar al penal del Altiplano a ver al Chapo Guzmán en 2015, y fue despojada de su
fuero a mediados de 2016.
Ombudsman social
Asunto: impuesto a los refrescos
Usted propone más impuesto al refresco antes que cuestionar dónde está lo recaudado. La industria da muchos
trabajos, entre ellos a uno de mis hijos, y no quiero que pueda perder su empleo porque algunos no moderan su
consumo de refresco.
Juan Torres Govea
R: Cuando se aprobó el impuesto de un peso propuse que se etiquetara para emplearse exclusivamente en
combatir las enfermedades a las que está ligado el consumo de refrescos. El impuesto adicional de un peso
debería ser absorbido por los dueños de las refresqueras, están entre los más ricos del mundo.
Twiteratti
Más
–¿Es una ave?
–¿Es un avión?
No, inflación anual la primera mitad junio: 6.30 por ciento, nivel no visto desde enero 2009.
@econokafka
Según @EnriqueOchoaR combate corrupción, cuando fue director de CFE dio contrato a Iusa, donde el
director adjunto es Raúl Salinas de Gortari, ja-ja.
Camarada Rivas @rivas_cp
Yo espío, tu espías, el espía… todos espiamos… así la lógica del #GobiernoEspia de @EPN
@MarthaTagle
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
galvanochoa@gmail.com

PATRIMONIO
¿Quién es el gobernador con más riqueza
patrimonial? Una pista: es del PRI
Israel Macedo Serna
@israelmacedo
Reportero
2017-06-22 | 20:57 Hrs
CREEMOS QUE IMPORTA POR...
Porque es importante saber si su patrimonio corresponde con sus ingresos
Alejandro Murat Hinojosa es el gobernador más acaudalado en valor de propiedades, de acuerdo con
una revisión que hizo Nación321 a las declaraciones patrimoniales de los gobernadores.
Murat tiene una riqueza estimada de 23 millones 647 mil 500 pesos tan solo en inmuebles y bienes
muebles. Posee dos casas, una en Oaxaca de 27,500 pesos en copropiedad y otra en la Ciudad de
México, con valor de 4.5 millones de pesos.

En la capital del país también tiene un departamento en la Delegación Cuauhtémoc (1.6 mdp), un edificio como
copropietario en Coyoacán (3.5 mdp), tres terrenos (uno en Oaxaca y dos en la Ciudad de México), así como un
local en Puebla con valor en copropiedad de 2.2 mdp.
Alejandro Murat publicó en su declaración patrimonial, publicada por el Imco, que compró un terreno en
la Delegación Magdalena Contreras con un costo de 1.5 millones de viejos pesos en 1986, cuando
apenas tenía 11 años. Al día de hoy equivale a unos 127 mil 70 pesos.
A continuación te dejamos lo que tiene cada uno de los gobernadores en inmuebles, vehículos y bienes
muebles, no se registran las cuentas bancarias porque no revelan el valor de manera específica ni
tampoco las propiedades de sus cónyuges o hijos.
CDMX - MIGUEL ÁNGEL MANCERA
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tiene cinco departamentos, dos
locales y una casa. En el caso de los locales, el político sin afiliación partidista, pero postulado por el
PRD, dijo poseer solo el 5% de dichos inmuebles. La casa es mitad de él, lo mismo en uno de los
departamentos. Estos casos se tomaron en cuenta para el monto original.
Mancera es inversor en la cadena de restaurantes Los Bisquets Obregón a través de dos razones
sociales por al menos 1 millón de pesos.
PUEBLA - ANTONIO GALI
Antonio Gali es el tercero más acaudalado en bienes, con cuatro terrenos y dos casas. Una de las casas
del panista vale 15 millones 710 mil pesos y fue pagada al contado.

ZACATECAS - ALEJANDRO TELLO
El zacatecano y exjugador de basquetbol, Alejandro Tello, también es alto en patrimonio. Una de sus
propiedades fue una donación de terreno con valor de 90 mil pesos, pero ahí construyó una finca con
valor comercial de 4.5 mdp. Además, tiene un departamento en la Delegación Miguel Hidalgo, en la
CDMX, con valor de 8.8 mdp.
TAMAULIPAS - FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA
El tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca está entre los primeros cinco más ricos en
propiedades. De acuerdo con su declaración patrimonial tiene un departamento con estacionamiento y 1
departamento con valor de 14 millones 300 mil pesos. Está ubicado en Cuajimalpa, en la Ciudad de
México.
MORELOS - GRACO RAMÍREZ
Graco Ramírez, gobernador de Morelos, tiene dos departamentos en la Ciudad de México (uno de 5.2
mdp y otro de 2.1 mdp), así como una casa en Morelos de 8 millones de pesos.

NUEVO LÉON - JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN
Jaime Rodríguez Calderón tiene 9 propiedades divididas en 1 casa de 1.2 millones de pesos y el resto
son terrenos, lotes y parcelas.
Por ejemplo, detalla tener 10 parcelas de 240 mil pesos cada una, 80 lotes de 8 millones de pesos, y más
terrenos, en total suman 15 millones 550 mil pesos. Posee 60 yeguas y 200 borregos, además de que
sus vehículos en realidad son tres tractores, tres rastras y tres arados.
CHIHUAHUA - JAVIER CORRAL
Javier Corral posee poco más de 15 millones y medio de pesos en propiedades, entre las que destacan
seis casas y tres departamentos que se distribuyen en la capital Chihuahua, en la Ciudad de México, en
Ciudad Juárez y en Sinaloa.
VERACRUZ - MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES
Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, tiene un departamento en Miami que le costó 382
mil 900 dólares. Es decir, unos 6.8 millones de dólares con un tipo de cambio de 18 pesos.

También posee un yate de la marca Tiara, que le costó dos millones de pesos, según su declaración.
QUINTANA ROO - CARLOS JOAQUÍN
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, tiene una riqueza patrimonial de más de 12 millones de
pesos a partir de cuatro departamentos, dos casas y tres terrenos distribuidos en los estados de Yucatán,
Ciudad de México, San Luis Potosí y Quintana Roo.
BAJA CALIFORNIA SUR - CARLOS MENDOZA DAVIS
Carlos Mendoza Davis posee cuatro casas y cinco terrenos en su estado. También tiene un
departamento en la Ciudad de México. Asimismo, posee una motocicleta dentro de sus vehículos.
QUERÉTARO - FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN
El médico veterinario y gobernador de Querétaro, Francisco "Pancho" Domínguez, tiene una riqueza
patrimonial de casi 10 mdp distribuidos en una casa, dos vehículos y el menaje de casa.

CAMPECHE - ALEJANDRO MORENO
Alejandro Moreno, junto con el Bronco es el gobernador "terrateniente". El priista tiene 13 terrenos y dos
predios en construcción con valor de 6.5 millones de pesos.
SONORA - CLAUDIA PAVLOVICH
La única gobernadora, la sonoroense Claudia Pavlovich, detalla que posee un local y un local con
terreno. De ambos el monto asciende a los 3.8 mdp. Tiene joyas por 1 millón 300 mil pesos. Cuadros y
menaje de casa por otro millón 570 mil pesos.
DURANGO - JOSÉ ROSAS AISPURO
El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, tiene un departamento de 6 millones 200 mil pesos. Los
tres coches que declara tienen valor de 930 mil pesos por todos.

MICHOACÁN - SILVANO AUREOLES
El perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, tiene una casa en Morelia con valor de 3 millones de
pesos y un departamento de 1.5 mdp en la Ciudad de México.
HIDALGO - OMAR FAYAD
Omar Fayad, esposo de la actriz Victoria Ruffo, tiene tres departamentos. Aunque gobierna Hidalgo,
todos están en la Ciudad de México. Por cierto, al priista le gustan los vehículos BMW, ya que cuenta con
un coche y una motocicleta de esta marca.
COLIMA - IGNACIO PERALTA
Nacho Peralta, gobernador de Colima, tiene una casa y un departamento. Ambos de 3.2 mdp. También
tiene un BMW valuado en 661 mil pesos.

JALISCO - ARISTÓTELES SANDOVAL
El gobernador de Jalisco tiene una casa, y un departamento. Su casa la compró en 1974 a un precio de
50 mil viejos pesos. A precios constantes de 2017 el monto es de 248 mil. Y el departamento, en nuevos
pesos, alcanza los 3.5 millones.
Aristóteles Sandoval tiene joyas, obras de arte y un menaje de casa por 1.1 millones de pesos.
GUANAJUATO - MIGUEL MÁRQUEZ
Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, declaró tener dos casas, dos terrenos y un departamento.
Sus propiedades valen, según información oficial, 831 mil pesos en total.
SAN LUIS POTOSÍ - JUAN MANUEL CARRERAS
El priista Juan Manuel Carreras tiene dos depas y tres terrenos. Uno de sus departamentos fue donación
y no aclara su valor. El otro departamento lo tiene en la Ciudad de México y le costó 3.2 mdp.

TLAXCALA - MARCO ANTONIO MENA
Marco Antonio Mena, gobernador tlaxcalteca del PRI, tiene un departamento de 2.7 millones de pesos en
la CDMX y una casa de 450 mil pesos en Tlaxcala.
SINALOA - QUIRINO ORDAZ
Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, dice no poseer ni coches ni inmuebles. Sin embargo, los 3 millones de
pesos corresponden al menaje de casa. Además, tiene inversiones en 11 empresas.
YUCATÁN - ROLANDO ZAPATA
El yucateco Rolando Zapata dice tener 1 casa y dos terrenos por 1.3 mdp. Sus joyas, menaje de casa y
obras de arte suman 375 mil pesos y su coche es de 290 mil.

ESTADO DE MÉXICO - ERUVIEL ÁVILA
El priista y aún gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, declaró solo contar con dos casas que
tuvieron un costo de 150 mil y 120 mil pesos cada una.
Además, posee un terreno de 80 mil pesos. Tiene un coche de 472 mil pesos, así como un menaje de
casa de 300 mil pesos y 30 mil más de joyas.
GUERRERO - HÉCTOR ASTUDILLO
Otro gobernador "austero" en bienes es Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. En la declaración que
él presenta ante el Imco y Transparencia Mexicana solamente cuenta con dos Jeeps, con valor de 856
mil pesos. Es todo lo que reporta.
Sin embargo, su esposa posee cuatro departamentos, tres casas, tres predios y dos edificios. Astudillo es
uno de los gobernadores con el mejor sueldo de México.
AGUASCALIENTES - MARTÍN OROZCO

El panista de Aguascalientes, Martín Orozco, posee bienes por 705 mil pesos, según su declaración
patrimonial. Tiene dos casas con valor conjunto de 655 mil pesos y un menaje de casa de 50 mil pesos.
Es todo lo que tiene a pesar de que Orozco Sandoval ha sido diputado y senador.
TABASCO - ARTURO NÚÑEZ
Arturo Núñez, quien no presentó el formato 3 de 3 propuesto por el Imco, sí ha hecho declaraciones
patrimoniales a través del área de transparencia del gobierno de Tabasco.
En dicho documento el perredista asegura solamente ser propietario de una casa con valor de 400 mil
pesos. Y no tiene coches propios.
Sin embargo, atribuye a cónyuge y/o dependientes una casa de 8 millones de pesos pagados de
contado. Asimismo, la declaración de un vehículo se hace a nombre de sus familiares.
COAHUILA - RUBÉN MOREIRA
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, tampoco presentó su 3 de 3 a través del Imco, pero
accedimos a una declaración pública por medio de transparencia estatal, sin embargo el priista oculta los
montos de sus propiedades.
Según él, posee nueve inmuebles: tres casas, cuatro terrenos y dos "propiedades rurales".
LOS OPACOS
En la plataforma 3 de 3 no aparecen los siguientes gobernadores:

CHIAPAS - MANUEL VELASCO COELLO
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, no ha hecho pública su declaración patrimonial.
BAJA CALIFORNIA - FRANCISCO VEGA DE LAMADRID
Francisco Kiko Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, también se ha rehusado a hacer
públicos sus bienes.
NAYARIT - ROBERTO SANDOVAL
Roberto Sandoval, el priista gobernador de Nayarit, tampoco ha reportado sus bienes.
Ellos tres fueron buscados por Nación321 a través de sus áreas de transparencia, pero no se ha recibido
respuesta hasta el momento.

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