El documento establece que las entidades de administración pública central en Ecuador deben adoptar software libre en sus sistemas informáticos. Define el software libre como aquel que se puede usar, distribuir, estudiar y modificar sin restricciones, siempre que se tenga acceso al código fuente. Se permite el uso de software propietario solo en casos donde no haya alternativas libres disponibles o en situaciones críticas de seguridad nacional.