TEXTO FINAL LOEPS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMBLEA NACIONAL
AN-CERET-340-17
Quito, 19 de enero de 2017
Señora Doctora
Rosana Alvarado Carrión
Primera Vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional
Presente.-
De mi consideración:
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para presentar el texto final del proyecto de “Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria”, que contiene las consideraciones realizadas por los Asambleístas en la sesión
No. 432 del Pleno de la Asamblea Nacional y las observaciones presentadas por escrito posteriores a la
sesión del Pleno.
1. Propuesta de la Asambleísta María Augusta Calle:
Solicita agregar un artículo en el que se establezca la obligación de incorporar un mercado directo
entre los productores y consumidores.
2. La Asambleísta Estela Acero realiza las siguientes propuestas:
a) En el artículo 131 de pagos de proveedores de la economía popular y solidaria en compras
privadas, cambiar el plazo de 45 días a 30 días.
b) En el artículo que regula el sector comunitario eliminar “cuentas separadas”.
3. Propuestas presentadas por la Asambleísta Rocío Albán:
a) En el artículo que regula el fondo de reserva legal del sector asociativo, agregar después de
“utilidades” la frase “y excedentes”.
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b) En el artículo referente a las atribuciones y deberes de la asamblea general, en el numeral 9
sustituir “derechos políticos” por “derechos de participación”.
c) Eliminar los artículos 96 referente a “Tasas de interés” y 97 de “Sigilo y reserva”,
correspondiente al “Título II Del Sector Financiero Popular y Solidario, Capítulo I De las
Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario”.
d) En el artículo 115 del proyecto de ley en el cual se establecen las medidas apropiadas para
promover la equidad y transparencia en los intercambios comerciales, después de “El Servicio
Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria” agregar “, en
coordinación con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,”.
e) En el artículo 119 del proyecto de ley que se refiere a “acceso al mercado de valores” sustituir la
frase “a través del Régimen Especial Bursátil – REB” por “conforme a lo determinado en el
Código Orgánico Monetario y Financiero”.
f) En el artículo 120 del “Régimen simplificado para organizaciones de la economía popular y
solidaria” sustituir el tercer inciso por el siguiente:
“Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera lo establezca para el sector financiero popular y solidario.”
g) En el artículo 155 de las atribuciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
realizar los siguientes cambios:
1. En el primer inciso después de “tendrá las siguientes atribuciones para las organizaciones del
sector” agregar la palabra “cooperativo”;
2. En el literal d), antes del punto y coma, agregar “cuyos activos sean menores a un millón de
dólares”; y,
3. En el literal h) agregar como atribución, aprobar la transformación de las organizaciones de
la economía popular y solidaria.
h) Eliminar las disposiciones generales quinta y sexta.
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i) Incorporar en la disposición transitoria sexta al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y
Pueblos Indígenas del Ecuador – CODENPE en transición al Consejo de Igualdad de Pueblos y
Nacionalidades.
j) En el numeral 3 de la disposición reformatoria primera, propone la siguiente redacción al
segundo inciso del artículo 548.
“El cálculo de la tarifa del impuesto anual a la patente de los actores de la economía popular y
solidaria será en función de sus ingresos netos del año anterior, siendo la tarifa mínima de diez
dólares de los Estados Unidos de América.”
k) Eliminar el numeral 3 de la disposición reformatoria tercera.
4. Propuesta de la Asambleísta Angélica Andino:
En los artículos 8 y 103 del proyecto de ley, incorporar a los regímenes especiales.
5. Blanca Argüello realiza la siguiente propuesta:
Reformar la disposición transitoria décimo sexta:
“DÉCIMO SEXTA.- Con la finalidad de regularizar la adjudicación de los lotes que sean de
propiedad de una cooperativa de vivienda que se haya disuelto o declarado inactiva, antes de la
vigencia de esta ley, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria designará un funcionario
que supervisará que el comité promejoras, que asuma las obligaciones de dicha cooperativa,
adjudique los lotes a sus posesionarios legítimos en el plazo de dos años. En estos casos los
posesionarios mantendrán sus obligaciones económicas frente a la cooperativa de vivienda.
Las organizaciones sociales sin fines de lucro constituidas al amparo del Código Civil, que hayan
adquirido bienes inmuebles para la construcción de viviendas o la ejecución de obras de
urbanización y más actividades vinculadas con estas en beneficio de sus miembros o que se han
constituido para la regularización de asentamientos humanos de hecho, con anterioridad a la vigencia
de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario,
promulgada en el Registro Oficial No. 444, de 10 de mayo de 2011, podrán de forma excepcional y
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por esta única vez, adjudicar los bienes inmuebles adquiridos a sus miembros en Asamblea General.”
6. El Asambleísta Vethowen Chica formula las siguientes propuestas al proyecto de ley:
a) En el artículo 9, referente a formas de organización, cambiar “mutualistas” por el nombre
completo que es “asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda” de conformidad
con el Código Orgánico Monetario y Financiero.
b) Mejorar la redacción del artículo 12 que regula la afiliación a la seguridad social del trabajador
asociado.
c) Sustituir el artículo 16 por el siguiente:
“Artículo 16.- Emisión de obligaciones.- Las cooperativas y las demás organizaciones del
sector de la economía popular y solidaria, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Mercado de
Valores y la regulación pertinente en cuanto a redención, intereses y una participación
porcentual en las utilidades o excedentes, podrán emitir obligaciones de libre negociación, que
serán negociables a través del Registro Especial Bursátil –REB. Estas obligaciones no conceden
a sus poseedores, la calidad de socios, derecho de voto, ni participación en la toma de decisiones
en la organización. Corresponderá a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
establecer un fondo de seguro de emisiones que fortalezca el sistema de garantías y haga viables
las emisiones que puedan efectuar las organizaciones de la economía popular y solidaria, así
como las operaciones del Registro Especial Bursátil.”
d) En los artículos, 17 y 18 referentes a “Otras reservas” y “Excedentes” respectivamente, se
señala únicamente a las cooperativas, por lo que en dichos artículos se debe sustituir la palabra
“cooperativas” por “organizaciones de la economía popular y solidaria”.
e) En el artículo 20 concerniente a distribución de utilidades y excedentes, eliminar los literales a),
b) y c) que establecen los porcentajes de distribución para remitirse a lo previsto en la ley para
cada tipo de organización.
f) Que el artículo 70 concerniente a la regulación de dietas a vocales se traslade como un artículo
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del “Título I De Las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria”. Sugiere mejorar la
redacción del artículo:
“Dietas a vocales.- Las directivas y vocales de las organizaciones de la economía popular y
solidaria, según los segmentos y niveles determinados por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, y el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria, según corresponda, podrán percibir dietas de conformidad con las
regulaciones dictadas por estos organismos.
El reglamento de dietas será aprobado por la asamblea general conjuntamente con los gastos del
presidente, todo lo cual deberá constar en el presupuesto anual de la organización.”
g) Que los artículos 99 y 100, referentes a “Metodologías financieras” y “Disposiciones
supletorias”, en su orden, se trasladen como artículos del “Título I De Las Organizaciones de la
Economía Popular y Solidaria”. Asimismo, sugiere que el artículo 99 se denomine “Mecanismos
de financiamiento colectivo” en lugar de “Metodologías financieras” y eliminar en su texto
“además del ahorro y crédito”:
h) Que el artículo 98 en el cual se permite la transformación de las entidades asociativas o
solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro en cooperativas de ahorro y crédito o
viceversa, se convierta en una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero en el artículo
175:
“Agregar a continuación del inciso único del artículo 175 los siguientes incisos:
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dispondrá la conversión de las entidades
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y
crédito, cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y
cobertura geográfica, superen los límites fijados por esta Superintendencia para esas
organizaciones.
De igual forma, de oficio o mediante solicitud de los socios establecida en el reglamento de la
ley, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dispondrá la conversión de las
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cooperativas de ahorro y crédito en entidades asociativas o solidarias, cajas de ahorro y crédito,
cuando no cumplan con los requisitos para ser cooperativas.”
i) Incluir un artículo en el capítulo de los incentivos que establezca lo siguiente:
“Comercialización directa.- Los gobiernos autónomos descentralizados dentro del marco de
sus competencias, dotarán de espacios públicos y plataformas virtuales para el funcionamiento
de mercados de comercio justo en donde los productores de manera directa vendan sus productos
a los consumidores.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado a través de fedatarios controlará que estos
espacios públicos no sean utilizados por intermediarios.”
7. Propuestas de la Asambleísta Rosa Elvira Muñoz:
a) En el artículo 1 incorporar la palabra “procesamiento”.
b) En el artículo que regula la participación de los pequeños comerciantes en actividades
productivas, agregar a los artesanos y productores agropecuarios.
c) En el artículo109 del proyecto de ley que se refiere a financiamiento, sustituir el último inciso
por el siguiente:
“Las órdenes de compra que se emitan a favor de organizaciones de la economía popular y
solidaria y/o unidades económicas populares, se considerarán como garantías suficientes en
operaciones de financiamiento que las entidades del sistema financiero nacional faciliten como
capital de trabajo para el cumplimiento del requerimiento de bienes y/o servicios que se generen
en los procesos de contratación. Únicamente en los casos en los que no se haya participado como
proveedor del Estado se requerirá las garantías establecidas para el otorgamiento de operaciones
de financiamiento.”
d) En la disposición transitoria décimo séptima sustituir “un millón de dólares” por “dos millones
de dólares”.
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8. Tomando en consideración la propuesta de la Asambleísta María Luisa Moreno que la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias debe ser creada mediante ley, se adecúa el capítulo de
la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias para que la ley establezca la necesidad
de creación de esta entidad financiera y sus competencias.
Se eliminan los artículos de capital de riesgo, patrimonio, órganos, del director general y sus
atribuciones, control de auditoría, jurisdicción coactiva.
9. Propuesta de la Asambleísta Mónica Alemán:
En el segundo inciso del artículo 104 concerniente a “Contratación pública” agregar al “catálogo
inclusivo”.
10. La Asambleísta Vanessa Fajardo expone los siguientes planteamientos:
a) En el artículo 95 del proyecto de ley que detalla la integración del sector financiero popular y
solidario, agregar como último inciso “Las organizaciones del sector financiero popular y
solidario se regirán de acuerdo a lo previsto en la presente Ley y en el Código Orgánico
Monetario y Financiero.”
b) En el artículo 103 referente a entidades de apoyo, agregar en el segundo inciso después de
“entidades públicas” “en el marco de lo dispuesto por el Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas” y eliminar la frase “personas naturales o jurídicas,”.
c) En el artículo 114 del proyecto de ley, propone sustituir el primer inciso por el siguiente:
“Artículo 114.- Seguridad social.- Se garantiza el derecho a la seguridad social de las personas
que integran el sector de la economía popular y solidaria a través de los distintos regímenes, con
los montos de las aportaciones y las prestaciones a las que tengan derecho, las mismas que serán
determinadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la presente Ley.”
d) Sustituir el artículo 135 que hace referencia a las tasas de interés preferentes por el siguiente:
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“Tasas de interés.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las
tasas de interés considerando además de los segmentos y actividades económicas; otros criterios
que efectivicen el trato preferente previsto en la Constitución de la República del Ecuador para
las organizaciones de la economía popular y solidaria, en correspondencia con sus atribuciones
previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero.”
e) En la disposición transitoria séptima eliminar las palabras “Consejo Directivo del” y agregar al
final del primer inciso “al presente régimen de afiliación para trabajadores asociados”; en
consecuencia eliminar la palabra “correspondiente”.
f) En el numeral 3 de la disposición reformatoria quinta, sustituir “necesarios” por “básicos”.
11. Las Asambleístas Rosa Elvira Muñoz, María Augusta Calle y Estela Acero expusieron su
preocupación respecto a los sitios de exhibición de los productos de la economía popular y solidaria
en las perchas, por lo que se sustituye el artículo 130 del proyecto de ley por el siguiente:
“Participación en perchas y lugares de exhibición de productos de la economía popular y solidaria.-
Los supermercados y demás sitios de comercialización al público, deberán incorporar de manera
obligatoria un porcentaje de al menos el 15% de la superficie en lugares visibles de sus sitios de
exhibición para bienes y productos provenientes de la economía popular y solidaria, el mismo que
deberá incrementarse progresivamente y será controlado por el Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria.”
12. Propuestas presentadas por escrito del Asambleísta Richard Calderón:
Sugerencias a las propuestas reformatorias del Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización.
a) Eliminar el numeral 2 de la disposición reformatoria primera.
b) En el numeral 4 del artículo 596, contenida en el numeral 5 de la disposición reformatoria
primera del proyecto de ley, sugiere la siguiente redacción:
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“, es decir su valor al año anterior a la existencia del asentamiento humano de hecho.”
c) Formula otra redacción en la reforma propuesta en el numeral 6 de la disposición reformatoria
primera:
“Para la regularización de asentamientos de hecho en predios que se encuentren proindiviso, sin
importar el tamaño del lote a regularizar, a más de lo dispuesto en el artículo 486 de este Código,
será aplicable la Sección Tercera, Capítulo II, Título IV de la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, dentro de los plazos y condiciones establecidos por la
disposición transitoria octava de la misma Ley.”
13. El Asambleísta Efrén Reyes presenta por escrito la siguiente sugerencia:
En el numeral 9 del artículo 141 de las facultades del directorio único, aclarar que la Corporación
Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es la entidad que provee las retrogarantías a las
organizaciones financieras de la economía popular y solidaria.
14. Propuestas remitidas por escrito del Asambleísta Mauro Andino:
a) En el artículo 43 del proyecto, donde se establecen las atribuciones y deberes de la asamblea general,
agregar al final del numeral 3 lo siguiente:
“por haber incumplido sus atribuciones y responsabilidades, las obligaciones previstas para todos los
socios o haber incurrido en las prohibiciones señaladas en esta Ley”.
b) En el artículo 50 de atribuciones y deberes del consejo de administración, sustituir el numeral 7 por
el siguiente:
“Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecido en la Ley. La
presentación del recurso de apelación ante al asamblea general, suspende la aplicación de la
sanción;”.
c) En el artículo 52 del proyecto referente al “presidente del consejo de administración” en el segundo
inciso después de “los vocales del consejo de administración” agregar “por haber incumplido sus
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atribuciones y responsabilidades, las obligaciones para todos los socios o incurrido en las
prohibiciones.”
d) Sugiere eliminar el artículo 57 del proyecto ya que tiene el mismo contenido del artículo 54 que se
refiere a la integración del Consejo de Vigilancia.
e) En el artículo 59 referente a los requisitos y condiciones para ser vocales de los consejos, eliminar la
frase “y las causas de su destitución o remoción”.
f) En el artículo 83 concerniente al interventor, en el segundo inciso después de “suplentes” agregar
“con la excepción de lo previsto en esta Ley.”
g) En el artículo 166 de infracciones y sanciones, realizar los siguientes cambios:
- Sustituir “20%” por “10%” en el porcentaje de multa mínima.
- Después de “La reincidencia será sancionada con el doble de la multa” agregar “o con la
exclusión cuando así lo decida el consejo de administración o la asamblea general con la
mayoría de sus integrantes o representantes.”
- Agregar como último inciso “de la resolución se podrá apelar ante la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, cuya decisión será definitiva”. En consecuencia eliminar la
misma frase del artículo 168.
h) En la disposición reformatoria primera, en el numeral 4, sustituir “impuesto” por “tasa”.
15. El Asambleísta Armando Aguilar presentó las siguientes observaciones por escrito:
a) En el artículo 122 referente a la participación de los pequeños comerciantes en actividades
productivas sugiere sustituir “podrán regular” por “regularán”.
b) En el tercer inciso del artículo 123 del proyecto de ley que señala la delegación a la economía
popular y solidaria, sugiere el siguiente cambio:
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“En las áreas rurales sus directorios tendrán entre sus miembros a un delegado técnico de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de cada jurisdicción o de la
mancomunidad en las que preste el servicio.”
16. El Asambleísta Segundo Campoverde realiza las siguientes propuesta por escrito:
a) Eliminar el tercer inciso del artículo 5 que define los actos económicos solidarios.
b) En el artículo 25 correspondiente al sector asociativo agregar “por grupos de” personas naturales
o jurídicas.
c) En el artículo 22 concerniente al sector cooperativo, en el segundo inciso reemplazar la palabra
“rédito” por “beneficio”.
d) En el artículo 126 sobre el hecho generador de tributos, se sugiere mantener el texto vigente,
agregando a las entidades de apoyo:
“Hecho generador de tributos.- Los actos solidarios que efectúen con sus miembros las
organizaciones y las entidades de apoyo a las que se refiere esta Ley, como parte del ejercicio de
las actividades propias de su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en
cambio, los actos y demás operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al régimen
tributario común.
Las utilidades que pudieran provenir de operaciones con terceros y que no sean reinvertidos en
la organización, gravarán Impuesto a la Renta, tanto para el caso de la organización, cuanto para
los integrantes cuando éstos los perciban.”
e) En el artículo 86 que establece las funciones del liquidador, agregar el siguiente inciso:
“Ninguna entidad pública podrá iniciar acciones legales ni dictar medidas precautelatorias en
contra del liquidador, en virtud de obligaciones pendientes de la entidad a liquidarse, generadas
con anterioridad a la posesión del liquidador.”
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f) En el Capítulo III de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, agregar el siguiente
artículo:
“Gaceta de notificaciones.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria desarrollará
en su página web, la Gaceta de notificaciones digital de la economía popular y solidaria, a través
de la cual podrá notificar sus actos administrativos o cualquier disposición de carácter general,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento de la presente Ley.
Las notificaciones a través de la Gaceta digital serán aplicables en todos los casos previstos para
la notificación a través de prensa, en los términos que ésta tiene”
17. Propuesta de la Asambleísta María Eugenia Gutiérrez:
a) Incorporar en la disposición reformatoria tercera, un numeral para agregar al final del numeral 7
del artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero el siguiente texto:
“Entre los procedimientos que permitan la aplicación de la regla del menor costo respecto del pago
de seguro de depósitos, la COSEDE podrá invertir recursos del Seguro de Depósitos, hasta con dos
años de gracia y hasta veinte años plazo, en entidades financieras que adquieran la totalidad de
activos y pasivos de entidades financieras inviables, a la tasa de interés promedio ponderada de los
rendimientos del portafolio del Seguro de Depósitos más un margen determinado por la COSEDE.
Dentro del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, para aplicar la regla de menor
costo la COSEDE utilizará la valoración de los activos establecida por el administrador temporal de
la entidad inviable;”
b) En el literal c) del artículo 139 referente a las competencias del Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, después de sector asociativo, eliminar
las palabras “no financiero”.
c) En el artículo 141 referente a las facultades del directorio único para el Servicio Nacional de
Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias, en el numeral 1 agregar después de “políticas” las palabras “y
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regulaciones”.
d) En el artículo 147 referente a las competencias de la Corporación Nacional de Finanzas
Populares y Solidarias en el numeral 3, sustituir la palabra “políticas” por “acciones”.
Sugiere además que se eliminen los numerales 2 y 6.
18. Verónica Rodríguez, presenta los siguientes planteamientos por escrito:
a) En el artículo 49 referente al consejo de administración, después de las palabras “votación secreta,”
agregar la frase “con la excepción que se determina en la presente ley y en el reglamento”, en
consecuencia eliminar “de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley”.
b) En el artículo 54 sobre el consejo de vigilancia, en el primer inciso después de las palabras “votación
secreta” agregar “con la excepción que se determina en la presente Ley y en el reglamento.”
c) Se acoge eliminar el artículo 57.
19. Miguel Carvajal propone lo siguiente por escrito:
En el artículo 31 sobre liquidación de las asociaciones y organizaciones comunitarias en el último inciso
agregar “titulares de derechos colectivos”.
20. Asambleísta Pamela Falconí propone lo siguiente por escrito:
Incorporar como reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, lo siguiente:
“Sustitúyase el tercer inciso del artículo 328 por el siguiente:
Los montos asegurados de los depósitos en el resto de segmentos del Sector Financiero Popular y Solidario
serán definidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sobre la base de la propuesta que
para el efecto, remita la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
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Privados. Los montos definidos en ningún caso podrán ser superiores al monto asegurado de los depósitos en
las entidades financieras privadas y populares solidarias del segmento uno (1).”
Posterior a la recopilación de las observaciones acogidas, el texto ha sido renumerado.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento el texto
final para la respectiva votación en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,
Asambleísta Virgilio Hernández Enríquez
PRESIDENTE
Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En cumplimiento del mandato de la Constitución de la República del Ecuador que establece que el sistema
económico es social y solidario, y que, entre otros sectores está compuesto por las formas de organización
económica popular y solidaria, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Economía Popular y
Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario el 13 de abril del año 2011, con el propósito de definir
el campo de acción de los diversos actores que integran la misma; regular sus relaciones entre sí, con el
Estado y con los demás sectores de la economía; y, establecer mecanismos de incentivo, fomento y
promoción para desarrollar el principio constitucional de trato preferente por parte del Estado.
Tras cinco años de vigencia y aplicación de la Ley evidenciamos un menor impacto respecto de las
expectativas generadas y la existencia de varios problemas relativos a la parte formal de la Ley, por lo cual la
Asamblea Nacional a través de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico Tributario y
su Regulación y Control, resolvió efectuar una evaluación integral de la misma para eliminar los nudos
críticos que han limitado los resultados esperados, así como también sus problemas formales.
En el esfuerzo de conceptualización del sector, con el apoyo de especialistas y principalmente de los propios
actores, se ha logrado identificar al universo del mismo y se ha determinado de mejor forma a la diversidad y
heterogeneidad de sus integrantes, constituido por organizaciones económicas populares y solidarias, así
como por diversas unidades económicas populares, que se desenvuelven bajo principios de solidaridad,
cooperación, reciprocidad e identidad.
Aunque todavía queda un gran trecho de estudio para profundizar sobre las características del sector, es
preciso hacer presente su importante aporte a la economía nacional, entre otras razones porque: a) representa
el mayor porcentaje de la población económicamente activa y genera la mayor parte del empleo; b) es menos
contaminante y menos dependiente de las importaciones porque utiliza materias primas e insumos nacionales
c) contribuye al equilibrio territorial porque realiza inversiones, captaciones y realiza créditos en sus propias
comunidades y barrios; d) genera productos socialmente necesarios y vinculados a la identidad cultural; e)
abastece con el porcentaje mayoritario de la canasta de productos alimentarios a los hogares, apoyando a la
soberanía y seguridad alimentarias; y, f) produce una mejor redistribución de la riqueza e ingreso nacional.
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A pesar de que la mayor parte de actores del sector trabajan con baja inversión de capital y con escasez de
medios técnicos y tecnológicos, se ha determinado que la economía solidaria no es una economía de pobres
para pobres, aunque se encuentre en una situación con marcada desventaja en sus relaciones con los actores
hegemónicos de la economía, quienes aprovechan su poder económico para imponer condiciones injustas en
sus relaciones con los productores de la economía solidaria; razón por la cual estos se mantienen con tasas de
reproducción deficitarias y sin dinámicas de acumulación sostenida que les permita erigirse como un
aportante decisivo al Producto Interno Bruto nacional.
Entre los principales problemas identificados en la Ley y su aplicación, se han encontrado los siguientes:
a) Límites en el acceso a mercados para los actores de la economía popular y solidaria;
b) Problemas en el acceso a recursos y medios productivos;
c) Dificultades para cumplir con los requisitos y obtener títulos habilitantes para ejercer sus actividades
económicas;
d) Reducidos impactos de las medidas de fomento, incentivo y promoción, con insuficientes políticas
públicas de aplicación de las mismas;
e) Insuficiente claridad en la definición y regulación del sector y sus actores; y,
f) Debilidad, dispersión y falta de coordinación institucional.
Considerando el número de cambios necesarios para subsanar los problemas de eficacia jurídica y práctica de
la Ley, en tanto que debe constituirse en una herramienta para garantizar los derechos de las personas de la
economía popular y solidaria, se elaboró una nueva Ley, más aún cuando el Código Orgánico Monetario y
Financiero derogó al veinte por ciento de las normas contenidas en la vigente Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario.
Para enfrentar los problemas que fueron identificados en el diagnóstico, la nueva Ley incorpora múltiples
disposiciones que dan forma a una estrategia normativa integral de atención preferente para el
fortalecimiento del sector, cuyos principales ejes son los siguientes:
a) Se establece una propuesta integral sobre comercialización que incorpora los mercados estatales, privados
y alternativos;
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ASAMBLEA NACIONAL
b) Se mejoran los mecanismos de inclusión financiera y acceso a otros medios productivos mediante un
tratamiento preferente por parte de la banca estatal y otras instituciones pertinentes;
c) Se cambia la institucionalidad con la finalidad concentrar las facultades de planificación, regulación y
fomento en entidades con capacidad de ejercer políticas integrales y de especializar la atención a los actores
de la economía popular y solidaria;
d) Se flexibilizan los requisitos, títulos habilitantes y el régimen sancionatorio para facilitar las actividades
económicas de los actores del sector; y,
e) Se mejora las medidas de fomento, incentivo y promoción a favor del sector y se establece una mayor
vinculación con las políticas públicas de aplicación.
En correspondencia con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con miras a recoger
elementos de análisis y propuestas directamente de los actores y organizaciones se implementó un extenso
proceso de participación y socialización de la Ley, que produjo importantes resultados para su mejoramiento.
LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el artículo 281 de la Constitución de la República es obligación del Estado
garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, siendo su
responsabilidad impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y
medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria;
Que, el artículo 283 de la Constitución de la República establece que el sistema económico es social y
solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y
las demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios;
Que, el artículo 288 de la Constitución de la República menciona que las compras públicas cumplirán con
criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, priorizando los productos y
servicios nacionales, en particular aquellos que provienen de la economía popular y solidaria;
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ASAMBLEA NACIONAL
Que, el artículo 309 de la Constitución de la República señala que el sistema financiero nacional se compone
de los sectores público, privado y del popular y solidario;
Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector financiero popular y solidario se
compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales,
cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario y de las micro,
pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado,
en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria;
Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se reconocen diversas formas de
organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas
o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas;
Que, el artículo 394 de la Constitución de la República garantiza la libertad de transporte terrestre, aéreo,
marítimo y fluvial dentro del territorio nacional y la promoción del transporte público masivo y que,
históricamente, la prestación de este tipo de servicio, se ha efectuado a través de cooperativas;
Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional tiene la
obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en
la Constitución, para garantizar la dignidad del ser humano, de las comunidades, pueblos y nacionalidades;
Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 9 numeral
6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece como atribución de la Función Legislativa expedir,
codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:
LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES COMUNES
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ASAMBLEA NACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía popular y solidaria a la
forma de organización económica, donde sus integrantes, de manera individual o colectiva, organizan y
desarrollan procesos de producción; procesamiento; intercambio; comercialización; financiamiento;
consumo; distribución; redistribución y, postconsumo; podrán prestar toda clase de servicios para satisfacer
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad.
La economía popular y solidaria privilegia al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad,
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de
capital.
Artículo 2.- Ámbito y objeto.- Se rigen por la presente Ley, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de
organización que de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador conforman la economía popular y
solidaria; las entidades sociales de apoyo técnico y financiero al sector; y, las instituciones públicas encargadas de la
rectoría, regulación, control, fortalecimiento, fomento, promoción, supervisión, financiamiento y acompañamiento.
Las entidades que integran el sector financiero popular y solidario se regulan por el Código Orgánico Monetario y
Financiero y en lo atinente a su constitución, gobierno y administración por la presente Ley.
Las disposiciones de la presente Ley se aplican a toda forma asociativa, cuyo objeto social, incluye la
realización de actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios o su principal fuente
de ingresos provenga de dichas actividades, siempre que cumplan con los principios y normas de la
economía popular y solidaria.
No serán aplicables las disposiciones de la presente Ley a los fondos de inversión.
Artículo 3.- Objetivos.- Son objetivos de la presente Ley:
a) Fomentar la asociatividad y el fortalecimiento del sector cooperativo;
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b) Incentivar el desarrollo de actividades económicas colectivas que permitan la inclusión económica-
productiva y potenciar sus prácticas;
c) Reconocer, promover, fortalecer y dar trato preferente a quienes conforman la economía popular y
solidaria y el sector financiero popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la
economía y con el Estado de acuerdo con lo previsto en esta Ley;
d) Implementar políticas públicas para fortalecer el sector de la economía popular y solidaria y mejorar la
distribución de la renta para lo cual deberá, entre otras acciones: definir estrategias participativas y construir
infraestructura de apoyo a la producción; fortalecer las cadenas productivas, añadir valor agregado; generar y
democratizar los servicios técnicos y financieros; transferir e innovar tecnología, desarrollar el conocimiento,
preservar los saberes ancestrales orientados a la producción; impulsar organizaciones económicas de los
productores, de sus emprendimientos económicos y empresas comunitarias; generar redes de
comercialización; e incentivar la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las
estrategias productivas.
Artículo 4.- Principios.- Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, en el ejercicio de sus
actividades, se rigen por los siguientes principios:
a) Solidaridad, cooperación y reciprocidad;
b) Distribución equitativa de los excedentes y utilidades;
c) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales;
d) Autogestión, comercio justo, consumo ético y responsable;
e) Interculturalidad y equidad de género e intergeneracional;
f) La rendición de cuentas y la responsabilidad social y ambiental; y,
g) Gobierno democrático, participativo y con control social.
Artículo 5.- Acto económico solidario.- Son actos económicos solidarios aquellos que ejecutan personas
naturales o las personas jurídicas y organizaciones contempladas en esta Ley con sus miembros, cuyo objeto
es la provisión de un bien o servicio de carácter solidario, de beneficio común, con riesgo compartido y no
oneroso o mercantil.
Las obligaciones generadas en los actos solidarios, pueden ser instrumentadas en títulos ejecutivos o
cualquier otro documento de crédito o compromiso de pago, los mismos que, para su cumplimiento y
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ejecución, se rigen por lo dispuesto en el derecho común, sin que pueda alegarse como excepción, el que se
hayan originado en un acto solidario.
Los actos económicos solidarios no tienen efecto tributario, pero generarán los efectos de responsabilidad
legal a que hubiere lugar.
Artículo 6.- Registro público.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Servicio Nacional de
Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, en el ámbito de sus competencias, organizarán y
mantendrán un registro público que contenga al menos los siguientes datos:
1. Nómina de organizaciones constituidas al amparo de la presente Ley;
2. Nómina de organizaciones intervenidas, en proceso de liquidación y liquidadas;
3. Nómina de los integrantes de los órganos directivos y de administración;
4. Nómina de socios.
El registro debe estar permanentemente actualizado, será público, de fácil consulta y habilitará el acceso a los beneficios
de la presente Ley.
Artículo 7.- Información.- Para ejercer el control y con fines estadísticos las personas y organizaciones
registradas presentarán a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria o al Servicio Nacional de
Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, información periódica relacionada con la
situación económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de la presente Ley y
cualquier otra información inherente al uso de los beneficios otorgados por el Estado.
TÍTULO I
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Artículo 8.- De los sectores de la economía popular y solidaria.- La economía popular y solidaria puede desarrollar
actividades financieras y no financieras. Las cajas y bancos comunales serán autorregulados.
A los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales de manera concurrente con otras instituciones del
Estado les corresponde apoyar e impulsar los procesos de economía popular y solidaria.
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Artículo 9.- Formas de organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la economía popular y
solidaria: las unidades económicas populares; las organizaciones de los sectores comunitarios; asociativos;
cooperativos; asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda; y, sus organismos de
integración.
Los ecuatorianos en el exterior podrán conformar unidades económicas populares y organizaciones de la
economía popular y solidaria con socios domiciliados en el Ecuador, para la producción y comercialización
de bienes y servicios.
Artículo 10.- Del trabajo asociado.- Es una prestación voluntaria de servicios que realiza el socio
trabajador a favor de su organización con el propósito de cumplir con su objeto social, a cambio de una
compensación económica fijada en asamblea general en correspondencia con la función, la responsabilidad,
complejidad y especialidad exigidas para los cargos, la productividad y capacidad económica del
emprendimiento colectivo y estableciendo límites para reducir las brechas entre las compensaciones mayores
y las menores.
La prestación del socio trabajador a su cooperativa o asociación no genera relación laboral de dependencia.
Artículo 11.- Contratación de terceros.- Las organizaciones de trabajo asociado podrán, cuando el número
de sus socios trabajadores no sea suficiente, contratar los servicios de terceros, según la necesidad y el
periodo de duración de cada actividad o proyecto de acuerdo a lo resuelto por el consejo de administración o
directorio.
Los contratos con terceros se regirán por las disposiciones del derecho civil o laboral según el caso.
El estatuto social podrá fijar el procedimiento por el que los terceros contratados como trabajadores puedan
acceder a la condición de socios en las cooperativas o asociaciones.
Artículo 12.- De la afiliación a la seguridad social del trabajador asociado.- La cooperativa o asociación
constituida bajo la modalidad de trabajo asociado, afiliará a sus socios trabajadores al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social.
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social determinará el monto de las aportaciones y las prestaciones a
las que tengan derecho en la categoría de trabajadores asociados diferenciándolo del régimen de afiliación
voluntaria.
La organización será agente de retención de los aportes, los cuales serán pagados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social conforme los plazos determinados en la Ley de Seguridad Social.
Artículo 13.- Balance social.- Los balances económicos que presentan anualmente las organizaciones de la economía
solidaria a sus socios, deberán complementarse con los balances sociales respecto del cumplimiento de la misión,
principios y valores del sector.
El cumplimiento de los indicadores contemplados en el balance social por parte de las organizaciones, servirá, además,
para determinar su acceso diferenciado a nuevos incentivos, medidas de promoción y fomento previstos en la presente
Ley, el reglamento y resoluciones.
Artículo 14.- De las organizaciones populares y solidarias de economía mixta.- Se considerarán de
economía mixta las organizaciones populares y solidarias que tengan aporte económico del Estado. El
gobierno nacional, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados podrán participar en la
conformación de todo tipo de asociación o cooperativa.
La desinversión pasará a formar parte de un fondo de promoción de este tipo de organizaciones en las
condiciones y plazos establecidos en cada proyecto.
Artículo 15.- De la administración de las organizaciones populares y solidarias de economía mixta.-
Cuando estas inversiones superen el 40% de los activos de la organización, el administrador o gerente será
designado por el consejo de administración o el órgano directivo previsto en su estatuto, según corresponda,
de una terna enviada por la máxima autoridad del ente público aportante.
Artículo 16.- Emisión de obligaciones.- Las cooperativas y las demás organizaciones del sector de la
economía popular y solidaria, en el marco de lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores y la regulación
pertinente en cuanto a redención, intereses y una participación porcentual en las utilidades o excedentes,
podrán emitir obligaciones de libre negociación, que serán negociables a través del Registro Especial
Bursátil –REB. Estas obligaciones no conceden a sus poseedores, la calidad de socios, derecho de voto, ni
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participación en la toma de decisiones en la organización. Corresponderá a la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias establecer un fondo de seguro de emisiones que fortalezca el sistema de
garantías y haga viables las emisiones que puedan efectuar las organizaciones de la economía popular y
solidaria, así como las operaciones del Registro Especial Bursátil.
Artículo 17.- Otras reservas.- Las organizaciones de la economía popular y solidaria podrán, a más de la
reserva legal, crear las reservas que por la naturaleza de la entidad considere necesarias de acuerdo con su
estatuto social.
Artículo 18.- Excedentes.- Son los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las organizaciones de la
economía popular y solidaria en las actividades económicas realizadas con sus socios, una vez deducidos los
correspondientes costos y gastos conforme lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 19.- Utilidades.- Se define como utilidades, para todos los efectos legales, los ingresos obtenidos
por las organizaciones en operaciones que realicen con terceros, luego de restar los costos y gastos.
Artículo 20.- Distribución de utilidades y excedentes.- Las utilidades y excedentes, en caso de generarse
se distribuirán de la forma prevista en la Ley y el reglamento.
Artículo 21.- Canalización de recursos.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y
cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos para el desarrollo e
implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos territorios.
Artículo 22.- Dietas a vocales.- Las directivas y vocales de las organizaciones de la economía popular y
solidaria, según los segmentos y niveles determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera, y el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria,
según corresponda, podrán percibir dietas de conformidad con las regulaciones dictadas por estos
organismos.
El reglamento de dietas será aprobado por la asamblea general conjuntamente con los gastos del presidente,
todo lo cual deberá constar en el presupuesto anual de la organización.
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Artículo 23.- Mecanismos de financiamiento colectivo.- Las organizaciones promoverán el uso de
metodologías financieras participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos
mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma de financiación solidaria destinados a dinamizar
fondos y capital de trabajo.
Artículo 24.- Disposiciones supletorias.- Las entidades del sector financiero popular y solidario, con
excepción de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, se rigen por
el Código Orgánico Monetario y Financiero y, en todo lo no previsto específicamente en este, por las
disposiciones de esta Ley, en lo que corresponda según su naturaleza.
CAPÍTULO PRIMERO
DEL SECTOR COMUNITARIO
Artículo 25.- Sector comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio,
familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de movilidad humana, de cuidado de la naturaleza,
urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo asociado,
tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios, en forma
solidaria y auto gestionada.
Los requisitos y procedimiento de constitución se determinarán en el reglamento de la presente Ley.
Para la prestación de servicios comunitarios las organizaciones deberán inscribirse en el registro de acuerdo a
lo dispuesto en esta Ley.
No se requerirá poseer tierras colectivas para constituirse como organización del sector comunitario.
Las organizaciones del sector comunitario podrán desarrollar diversas actividades económicas siempre que
sean afines y se relacionen con el desarrollo de su localidad.
Artículo 26.- Estructura interna.- Las organizaciones del sector comunitario tendrán el sistema de
gobierno, administración, control interno, admisión, representación y extinción que se definan en su
normativa interna.
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La estructura interna de las organizaciones del sector comunitario se constituirá bajo los principios de
democracia, control social, responsabilidad y alternabilidad.
Artículo 27.- Fondo social.- Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del sector
comunitario, contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de sus miembros, en
numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su órgano de gobierno.
También formarán parte del fondo social, las donaciones, aportes o contribuciones no reembolsables y
legados que recibieren estas organizaciones.
Las tierras colectivas que posean las comunas, utilizadas para actividades productivas y de conservación,
integrarán el fondo social pero no serán objeto de reparto o enajenación; su uso y goce será común y estará
de acuerdo con la Ley.
Las contribuciones en trabajo para el fondo social que se realizan directamente o a través de sus
representantes los integrantes de las organizaciones del sector comunitario, se consideran de carácter
voluntario solidario y no están sujetos a las leyes que rigen las relaciones laborales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SECTOR ASOCIATIVO
Artículo 28.- Sector asociativo.- Está conformado por grupos de personas naturales o jurídicas con el objeto
de producir, abastecer a sus asociados de materia prima, insumos herramientas y equipos, o comercializar en
forma conjunta su producción, mejorando su capacidad competitiva, aplicando los mecanismos de
cooperación, distribuyendo equitativamente los beneficios obtenidos entre sus miembros.
Serán parte del sector asociativo las personas naturales o jurídicas que tengan como propósito la
comercialización y consumo de bienes y servicios.
Se reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a formar asociaciones y garantizar las
condiciones para su ejercicio de acuerdo con la ley.
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No se podrán constituir asociaciones de ahorro y crédito; y, transporte.
Artículo 29.- Estructura interna.- Las organizaciones asociativas tendrán el sistema de gobierno, administración,
control interno, admisión, representación y extinción que se definan en su estatuto.
La estructura interna de la asociación se constituirá bajo los principios de democracia, control social, responsabilidad y
alternabilidad.
Artículo 30.- Patrimonio contable.- El patrimonio de las asociaciones estará integrado, al menos, por:
a) El capital social;
b) Fondo de Reserva Legal;
c) Otras reservas estatutarias;
d) Utilidades; y,
e) Excedentes.
Artículo 31.- Capital social.- El capital social de las asociaciones será variable e ilimitado, estará constituido por las
aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por la Junta de
Administración.
Las aportaciones de los socios estarán representadas de acuerdo a lo señalado por el órgano regulador y no podrán ser
transferibles a terceros no aceptados previamente como socios, bajo cualquier figura.
El incremento de capital puede realizarse por nuevas aportaciones, capitalización de excedentes o utilidades,
revalorización de activos de propiedad de la organización o por aporte en especie, previa aprobación de la
junta general.
Artículo 32.- Fondo de reserva legal.- Se constituye para solventar contingencias patrimoniales; y se
incrementará anualmente con al menos el treinta por ciento (30%) de las utilidades y excedentes anuales
obtenidas por la organización.
El fondo de reserva legal se repartirá exclusivamente al momento de la liquidación de la asociación, siempre
y cuando se haya cumplido con el objeto social. En los demás casos pasará a ser parte del fondo de
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promoción organizativa.
El porcentaje de utilidades, que no vaya al fondo de reserva legal, podrá ser repartido entre los asociados. La
asociación con cargo a este rubro podrá hacer a sus socios anticipos de utilidades anuales.
También formarán parte del Fondo de Reserva Legal las donaciones y legados efectuados en favor de la asociación, por
parte del Estado o terceros.
Artículo 33.- Disolución de las asociaciones y organizaciones comunitarias.- Las asociaciones y
organizaciones comunitarias se disolverán por:
1.- Decisión de al menos dos tercios de los socios en asamblea general;
2.- Inactividad por un lapso superior al previsto en la presente Ley y su reglamento, declarada por la
autoridad competente;
3.- Resolución del organismo competente, en el caso de que los pasivos de la organización superen los
activos y no exista posibilidad de reestructuración de sus obligaciones; y,
4.- Sentencia judicial ejecutoriada;
Artículo 34.- Liquidación de las asociaciones y organizaciones comunitarias.- Disuelta la organización se
procederá inmediatamente a su liquidación, que deberá ejecutarse mediante un proceso abreviado establecido
en el reglamento de esta Ley. La autoridad encargada deberá comunicar la disolución al registro público
correspondiente y a las autoridades pertinentes.
La liquidación estará a cargo de una comisión nombrada por la asamblea general de acuerdo con el estatuto o
en el caso de que esta no lo hiciera en el plazo previsto, por la autoridad competente. El estatuto preverá
además la designación de una comisión de vigilancia que controlará e informará a la asamblea general sobre
el procedimiento realizado.
La comisión de liquidación ejercerá la representación legal de la organización quien continuará actuando
únicamente para resolver sus activos y pasivos bajo la denominación “en liquidación”. Los socios serán
responsables únicamente por el capital social de la organización.
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ASAMBLEA NACIONAL
Si una vez cancelados los pasivos y devueltas las aportaciones a los socios existiera un remanente, este será
trasladado al fondo de promoción organizativa.
En el caso de comunas, titulares de derechos colectivos que posean tierras colectivas, estas se mantendrán
bajo propiedad inalienable de los comuneros.
CAPÍTULO TERCERO
DEL SECTOR COOPERATIVO
Artículo 35.- Sector cooperativo.- Es el segmento de la economía popular y solidaria constituido por
cooperativas.
Las cooperativas son organizaciones de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que
buscando un beneficio común tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social
o colectivo con la aportación económica e intelectual de sus miembros y democráticamente controladas.
El uso y el usufructo de los bienes de la cooperativa serán establecidos de acuerdo al estatuto.
Artículo 36.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas será concreto y constará en su estatuto
social, pudiendo incluir el ejercicio de actividades complementarias mientras sean directamente relacionadas
con el objeto social; su concreción se verificará con la determinación de la actividad económica principal y
las complementarias, que deberán tener registros contables por cada actividad, con la obligación de
consolidar las cuentas anualmente en los balances de la cooperativa.
Artículo 37.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán
a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, construcción, vivienda, ahorro y crédito,
transporte y servicios.
En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de conformidad con la
clasificación y disposiciones que se establezcan en esta Ley y su reglamento.
El reglamento considerará las particularidades de las organizaciones cooperativas integradas por
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ASAMBLEA NACIONAL
ecuatorianos en el exterior.
Artículo 38.- Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a
actividades productivas, en una organización manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos
familiares, pesqueras, artesanales, industriales, mineras, textiles, de construcción, servicios, entre otras.
Artículo 39.- Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de
cualquier clase de bienes de libre comercialización.
Artículo 40.- Cooperativas de vivienda.- Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la adquisición de
bienes inmuebles para la construcción o remodelación de viviendas y su entorno; infraestructura básica y
equipamiento comunitario en beneficio de los socios.
Este tipo de cooperativas también podrán adquirir bienes inmuebles para urbanizar, construir, remodelar oficinas o
locales comerciales y obras civiles comunitarias para beneficio de los socios.
La ejecución del objeto establecido en este artículo se efectuará de acuerdo con la ley y ordenanzas vigentes.
En estas cooperativas la adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo sorteo, en asamblea
general. Los bienes adjudicados quedarán sujetos al régimen de patrimonio familiar.
Artículo 41.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Las cooperativas de ahorro y crédito se sujetarán a la
presente Ley en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
Artículo 42.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas
necesidades comunes de los socios o de la colectividad y pueden ser entre otras: transporte,
comercialización, educación, cultura, servicios profesionales, actividades de cuidado, salud, y construcción.
La propiedad del bien y la distribución de los ingresos serán decididas por la asamblea general con
observación a lo dispuesto en el estatuto.
Artículo 43.- Cooperativas de trabajo asociado.- Son cooperativas de trabajo asociado, las constituidas
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ASAMBLEA NACIONAL
con esta figura para producir bienes o servicios de cualquier clase, en las cuales, el trabajo del socio dentro
de la cooperativa, es inherente y propio de esa calidad, por tanto, es obligatorio y será remunerado, sujeto al
régimen de trabajo cooperativo, cuyas normas se fijan en el reglamento general de la presente Ley.
Artículo 44.- Estructura interna.- Las cooperativas contarán, al menos, con una asamblea general de socios
o de representantes, un consejo de administración, un consejo de vigilancia y una gerencia, cuyas
atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán en su reglamento y en el estatuto
social de la cooperativa. En la designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir en
conflictos de intereses.
Las cooperativas que tengan menos de quince socios, podrán operar con consejos sin vocales suplentes, para este caso,
los consejos estarán integrados por al menos dos vocales.
Artículo 45.- Asamblea general de socios.- La asamblea general es el máximo órgano de gobierno de la
cooperativa y estará integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el
monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación por escrito a otro
socio o a un tercero. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la
cooperativa.
Artículo 46.- Atribuciones y deberes de la asamblea general.- Son atribuciones y deberes de la asamblea
general:
1. Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones;
2. Elegir a los miembros de los consejos de administración y vigilancia;
3. Remover a los miembros de los consejos de administración, vigilancia y gerente, en cualquier momento y
con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes por haber incumplido sus atribuciones y
responsabilidades, las obligaciones previstas para todos los socios o haber incurrido en las prohibiciones
señaladas en esta Ley;
4. Nombrar cuando corresponda de acuerdo a los niveles y segmentos previstos en el reglamento, auditor
interno y externo de la terna que presentará el consejo de vigilancia de entre los auditores calificados por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para su consideración;
5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de gerencia;
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ASAMBLEA NACIONAL
6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por el consejo de
administración;
7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa, o la contratación
de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el estatuto social o el reglamento interno;
8. Decidir la distribución de los excedentes de conformidad con esta Ley y el estatuto social;
9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos de participación internos de
la institución;
10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los socios;
11. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del presidente
y directivos, que en conjunto, no podrán exceder del 10% del presupuesto para gastos de administración de la
cooperativa;
12. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de la cooperativa;
13. Conocer y resolver sobre los informes de auditoría interna y externa; y,
14. Las demás establecidas en esta Ley, el reglamento y el estatuto social.
Artículo 47.- Asamblea general de representantes.- Las cooperativas que tengan más de doscientos socios,
realizarán la asamblea general a través de representantes, elegidos en la forma que prevea el reglamento a la
ley y su estatuto social; no obstante, en el sector no financiero podrán realizarse asambleas generales con la
presencia de todos sus socios, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento a esta Ley y en su estatuto.
Artículo 48.- Clases de asambleas.- Las asambleas generales, serán ordinarias y extraordinarias de acuerdo
a lo dispuesto en el reglamento y en el estatuto social.
Las asambleas generales ordinarias se reunirán por lo menos dos veces al año.
Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos
puntualizados en la convocatoria.
Artículo 49.- Votaciones.- La elección y remoción de directivos, gerente, así como la exclusión de socios y
otros temas que se determinen en el reglamento, se efectuarán en votación secreta. En los demás casos las
decisiones se tomarán por votaciones de viva voz o mediante mecanismos electrónicos.
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Los miembros de los consejos y comisiones tendrán únicamente derecho a ser escuchados y no a voto, en la
aprobación de sus informes, balances y evaluación de su gestión.
Artículo 50.- Quórum y mayorías.- Las asambleas y los consejos se instalarán con más de la mitad de sus
miembros o representantes, según corresponda.
Siempre y cuando exista quórum se podrán tomar las decisiones con la mayoría simple de los asistentes,
salvo el caso de que esta Ley, el reglamento o el estatuto social establezcan otro tipo de mayorías.
Artículo 51.- Elecciones, asambleas y delegaciones de asistencias.- Las elecciones de representantes, la
organización y funcionamiento de las asambleas y los aspectos tales como convocatoria y orden del día; así
como las delegaciones de asistencia a las asambleas generales y de representantes, serán establecidas en el
reglamento y en su correspondiente estatuto social.
Artículo 52.- Consejo de administración.- Es el órgano directivo y de fijación de políticas de la
cooperativa, estará integrado por un mínimo de tres y máximo de nueve vocales principales y sus respectivos
suplentes, elegidos en asamblea general en votación secreta, con la excepción que se determina en la
presente Ley y en el reglamento.
Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y
podrán ser reelegidos por una sola vez.
Artículo 53.- Atribuciones y deberes.- El consejo de administración tendrá las siguientes atribuciones y
deberes:
1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en la Constitución y la ley;
2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa;
3. Aprobar políticas institucionales, planes de trabajo y metodologías de gestión o administración;
4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su competencia;
5. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la asamblea general; y
nombrar comisiones especiales;
6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;
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7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecido en la Ley. La presentación
del recurso de apelación ante la asamblea general, suspende la aplicación de la sanción;
8. Designar al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración; y comisiones o comités
especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal y reglamentaria;
9. Nombrar al gerente y a su subrogante; y fijar los términos y condiciones del contrato de prestación de
servicios por el cual queda vinculado a la cooperativa;
10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados a rendirlas;
11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, de acuerdo a los límites y montos que fije el
estatuto social o el reglamento interno;
12. Aprobar el presupuesto y someterlo a conocimiento de la asamblea general;
13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración;
14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del gerente;
15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la asamblea general;
16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del gerente;
17. Informar semestralmente sus resoluciones al consejo de vigilancia sobre el avance o cumplimiento de las
decisiones adoptadas por la asamblea general; y,
18. Las demás atribuciones que le señale la Ley, el reglamento y el estatuto social.
Artículo 54.- Número de vocales.- El consejo de administración tendrá un número variable e impar de
vocales, en la siguiente forma:
1. En las cooperativas que tengan hasta mil socios, un mínimo de tres y un máximo de siete vocales
principales y sus respectivos suplentes, conforme lo determine su estatuto; y,
2. En las cooperativas que tengan más de mil socios, un mínimo de cinco y un máximo de nueve vocales
principales y sus respectivos suplentes, conforme lo determine su estatuto.
Artículo 55.- Presidente.- El presidente del consejo de administración lo es también de la cooperativa y de
la asamblea general. Para ser elegido presidente de una cooperativa se requiere haber ejercido la calidad de
socio, por lo menos dos años antes de su elección, salvo en el caso de los dos primeros años de existencia
legal de la misma.
Será elegido por el consejo de administración de entre sus miembros y podrá ser removido en cualquier
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tiempo, con el voto secreto de más de la mitad de los vocales del consejo de administración por haber
incumplido sus atribuciones y responsabilidades, las obligaciones para todos los socios o incurrido en las
prohibiciones. Tendrá voto dirimente en la asamblea general y el consejo de administración.
En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el vicepresidente que deberá reunir los mismos
requisitos que el Presidente.
El presidente durará en su función el periodo señalado en el estatuto social de la cooperativa.
Artículo 56.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades del presidente:
1. Convocar y presidir las sesiones de la asamblea general por iniciativa propia; por petición de los órganos
de administración o control o por solicitud de al menos el 25% de los socios;
2. Convocar y presidir las sesiones del consejo de administración;
3. Dirimir en las votaciones de asamblea general y consejo de administración en caso de empate; y,
4. Autorizar los pagos conjuntamente con el gerente, cuando así lo disponga el estatuto social.
Artículo 57.- Consejo de vigilancia.- Es el órgano de control interno de las actividades económicas que
responde al mandato de la asamblea general sin injerencia e independiente de la administración; estará
integrado por un mínimo de tres y máximo de cinco vocales principales y sus respectivos suplentes conforme
lo determine el estatuto social de la cooperativa, elegidos en asamblea general en votación secreta, con la
excepción que se determina en la presente Ley y en el reglamento.
Independientemente de las sesiones efectuadas para conocer asuntos de su competencia, el consejo de
vigilancia deberá ser convocado, por lo menos una vez cada semestre para conocer específicamente el
informe financiero y económico de la organización suscrito por el presidente del consejo de administración y
gerente, que deberá ser remitido con al menos quince días de anticipación a la fecha de la convocatoria.
Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y
podrán ser reelegidos por una sola vez.
Artículo 58.- Atribuciones y deberes.- El consejo de vigilancia, tendrá las siguientes atribuciones y
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deberes:
1. Nombrar de su seno al presidente y secretario del consejo;
2. Supervisar las actividades económicas de la cooperativa;
3. Vigilar que la cooperativa se ajuste a las normas de contabilidad generalmente aceptadas;
4. Realizar controles concurrentes y posteriores de la administración en aquellas cooperativas determinadas
en el reglamento;
5. Conocer el informe sobre los estados financieros y la gestión de la cooperativa y emitir su criterio a la
asamblea general;
6. Proponer a la asamblea general la terna para la designación del auditor interno y externo, cuando
corresponda de acuerdo al reglamento;
7. Vigilar el cumplimiento de sus recomendaciones o de las que señale la auditoría, según el caso;
8. Proponer a la asamblea general la remoción de los directivos o gerente, cuando corresponda;
9. Informar a la asamblea general el cumplimiento o no de las resoluciones adoptadas por ésta, previo
informes del consejo de administración y la gerencia;
10. Informar al consejo de administración y a la asamblea general sobre los posibles problemas que podrían
presentarse en la administración y gestión de la cooperativa;
11. Disponer al presidente la inclusión de determinados puntos a tratarse en el orden del día de la siguiente
asamblea general; y,
12. Las demás establecidas en la ley, el reglamento y el estatuto social.
Artículo 59.- Intervención del consejo de administración.- Sin perjuicio de las observaciones formuladas
por el consejo de vigilancia, el consejo de administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su
responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser obligatoriamente puesta en conocimiento de la
siguiente asamblea general.
Artículo 60.- Elección y reelección de representantes y vocales.- Los representantes a la asamblea general
y los vocales de los consejos, serán elegidos para el periodo señalado en el estatuto social.
En las elecciones de vocales de los consejos, la representación será proporcional al número de socios que
integre cada grupo, sector o distrito en que se haya organizado la cooperativa, de acuerdo con su reglamento
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ASAMBLEA NACIONAL
de elecciones.
Artículo 61.- Requisitos.- Los requisitos y condiciones para ser vocales de los consejos se determinarán en
el reglamento y en el estatuto social.
En los consejos no podrán ser elegidos los socios que tengan entre sí, relación conyugal, unión de hecho o
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Los representantes, vocales de los consejos, comisiones y gerentes, que hayan sido destituidos de su cargo
por infracciones legales, reglamentarias o estatutarias, no podrán ocupar similares cargos en ninguna
cooperativa, dentro de los cuatro años siguientes.
Artículo 62.- Gerente.- El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, siendo
de libre designación y remoción por parte del consejo de administración y será responsable de la gestión y de
su administración integral, de conformidad con la ley, su reglamento y el estatuto social de la cooperativa.
En los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito determinados por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, será requisito la calificación de su gerente por parte de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.
En caso de ausencia temporal le subrogará quien designe el consejo de administración, el subrogante deberá
cumplir con los mismos requisitos exigidos para el titular.
Artículo 63.- Atribuciones.- Son atribuciones y responsabilidades del gerente:
1. Proponer al consejo de administración las políticas, reglamentos y procedimientos necesarios para el buen
funcionamiento de la cooperativa;
2. Presentar al consejo de administración el plan estratégico y el plan operativo anual cuando corresponda, y
la proforma presupuestaria hasta el treinta de noviembre del año en curso, para el ejercicio económico
siguiente;
3. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar mensualmente
al consejo de administración;
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ASAMBLEA NACIONAL
4. Informar de su gestión a la asamblea general y al consejo de administración;
5. Autorizar los pagos de la cooperativa, individual o conjuntamente con el presidente, conforme lo
determine el estatuto social. Cuando el estatuto social disponga la suscripción individual, podrá delegar esta
atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la normativa interna;
6. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto o la asamblea general le
autorice;
7. Suministrar la información requerida por los órganos internos de la cooperativa, por la Superintendencia
de Economía Popular y Solidaria, y la información personal requerida por los socios;
8. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica de la
cooperativa;
9. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa;
10. Asistir obligatoriamente a las sesiones del consejo de administración con voz informativa, salvo que
dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario y a las del consejo de vigilancia cuando sea requerido;
y,
11. Las demás que señale la ley, el reglamento y el estatuto social de la cooperativa.
Artículo 64.- Modalidad de contratación.- La modalidad de contratación del gerente general será de
conformidad con el Código Civil.
Artículo 65.- Prohibiciones.- Se prohíbe la designación de gerente a quienes tengan deudas con el Estado o
adeuden más de dos pensiones alimenticias; de igual manera queda prohibida la designación como gerente
del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de
cualquier vocal de los consejos.
Artículo 66.- Socios.- Podrán ser socios de una cooperativa, el gobierno central, los gobiernos autónomos
descentralizados, las empresas públicas, las personas naturales o las personas jurídicas que cumplan con el
vínculo común y los requisitos establecidos en el reglamento de la presente Ley y en el estatuto social de la
organización.
La calidad de socio nace con la aceptación por parte del consejo de administración y la suscripción de los
certificados que correspondan, sin perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria y no será susceptible de transferencia ni transmisión.
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ASAMBLEA NACIONAL
Los socios son corresponsables de la gestión de la cooperativa, en virtud del ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
El socio podrá asistir a la asamblea de la cooperativa personalmente o por videoconferencia en la forma
prevista en el reglamento de la presente ley y en el estatuto social de la misma.
Artículo 67.- Pérdida de la calidad de socio.- La calidad de socio de una cooperativa, se pierde por las
siguientes causas:
a) Retiro voluntario;
b) Exclusión;
c) Fallecimiento; o,
d) Pérdida de la personería jurídica.
Los procedimientos constarán en el reglamento de la presente Ley y en el estatuto social de la cooperativa.
Artículo 68.- Reembolso de haberes.- Los socios que hayan dejado de tener esa calidad por cualquier causa
y los herederos, tendrán derecho al reembolso del valor constante en su certificado de aportación; de los
ahorros de cualquier naturaleza, alícuotas de excedentes y otros valores que les correspondan, se deducirán
las deudas del socio a favor de la cooperativa.
Sin perjuicio de lo expuesto en el presente artículo, quien solicite su retiro voluntario, podrá recomendar a la
cooperativa el ingreso de un reemplazante, quien previa aceptación como socio por parte del consejo de
administración y habiendo cancelado la cuota de ingreso que corresponda, adquirirá las aportaciones del
socio renunciante.
El valor final que la cooperativa debe reembolsar a los ex socios o a sus herederos, se entregará en la forma y
tiempo que determine el reglamento de la presente Ley para cada tipo de cooperativas.
Artículo 69.- Prohibición para ser representante.- No podrán ser representantes a la asamblea general:
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ASAMBLEA NACIONAL
a) Los socios que se encuentren en proceso de exclusión;
b) Los socios que se encuentren litigando con la cooperativa;
c) Los socios que mantengan vínculos contractuales con la cooperativa, no inherentes a la calidad de socio;
d) Los funcionarios o empleados;
e) Los socios que se encontraren en mora con la misma cooperativa;
f) Los cónyuges, convivientes en unión de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad de los representantes, vocales de los consejos, gerente y empleados de la cooperativa; y,
g) Los que estuvieren incursos en otras prohibiciones estatutarias.
Artículo 70.- Pérdida de la calidad de representante.- El representante que incurriese en mora mayor a
sesenta días con la cooperativa o en cualquiera de las prohibiciones para tener esa calidad, perderá la misma
y será reemplazado por el suplente que corresponda, por el resto del período para el cual fue elegido el
representante cesante.
Artículo 71.- Ejercicio de funciones.- El ejercicio de funciones por parte de los vocales de consejos,
gerentes, secretarios y auditores rige a partir del registro de su nombramiento en la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, hasta tanto continuarán en sus funciones los personeros cuyo período esté
feneciendo.
Los plazos, requisitos y procedimientos para el registro constarán en el reglamento de la presente Ley.
Artículo 72.- Patrimonio contable.- El patrimonio de las cooperativas estará integrado, al menos, por:
a) El capital social;
b) Fondo Irrepartible de Reserva Legal;
c) Otras reservas estatutarias;
d) Utilidades; y,
e) Excedentes.
Artículo 73.- Capital social.- El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará
constituido por las aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente
avaluados por el consejo de administración.
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ASAMBLEA NACIONAL
Las aportaciones de los socios, estarán representadas por certificados de aportación, nominativos y
transferibles solo entre socios, o a favor de la cooperativa, previa aceptación del consejo de administración.
Se prohíbe la transferencia de los certificados de aportación a terceros no aceptados previamente como
socios, bajo cualquier figura.
Cada socio puede tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del capital social en las
cooperativas de ahorro y crédito.
Los montos mínimos de capital social y número de integrantes serán determinados para el caso de las
cooperativas del sector no financiero por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
El incremento de capital puede realizarse por nuevas aportaciones, capitalización de excedentes o utilidades,
revalorización de activos de propiedad de la organización o por aporte en especie, previa aprobación de la
asamblea general y de conformidad con la normativa que dicte la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria.
Artículo 74.- Régimen de responsabilidad.- Las cooperativas serán de responsabilidad limitada y
responderán ante terceros con la totalidad de sus activos y los socios únicamente hasta el monto de sus
certificados de aportaciones; es decir, su responsabilidad está limitada a su capital social.
Los miembros del consejo de administración, el administrador, contador, auditor interno y secretario de una
cooperativa o la persona que actúe en nombre y representación de aquella, será solidaria y personalmente
responsable, cuando hubiere cometido una de las siguientes infracciones:
a) Alteración voluntaria de la información respecto de las operaciones reales de la cooperativa;
b) Aprobación y presentación de estados financieros erróneos e inexactos;
c) Ocultamiento, alteración voluntaria o supresión en los informes de operación, de datos o de hechos a la
Superintendencia o a los socios, de la situación real de la cooperativa;
Si la acción u omisión dolosa de cualquiera de las personas mencionadas en este artículo, causare perjuicios
a la cooperativa o a terceros, aquellas responderán por las pérdidas ocasionadas, con sus propios bienes, la
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ASAMBLEA NACIONAL
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hará uso de la facultad coactiva, fijando el valor de los
perjuicios causados y emitirá el título de crédito que servirá de base para el ejercicio de la jurisdicción
coactiva.
Artículo 75.- Fondo irrepartible de reserva legal.- El fondo irrepartible de reserva legal lo constituyen las
cooperativas para solventar contingencias patrimoniales.
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito se integrará e incrementará anualmente con al menos el
cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (50%) de los excedentes
anuales obtenidos por la organización.
En el caso de las cooperativas no financieras, la asamblea general decidirá el porcentaje de utilidades y de
excedentes que se destinará al fondo irrepartible de reserva legal, el mismo que no podrá ser menor al treinta
por ciento (30%) en cada caso.
El fondo irrepartible de reserva legal se repartirá exclusivamente al momento de la liquidación de la
cooperativa, siempre y cuando, se haya cumplido con el objeto social. En los demás casos pasará a ser parte
del fondo de promoción organizativa.
También formarán parte del fondo irrepartible de reserva legal, las donaciones y legados, efectuados en favor
de la cooperativa.
Artículo 76.- Fusión y escisión.- Las cooperativas de la misma clase podrán fusionarse o escindirse por
decisión de las dos terceras partes de los socios o representantes asistentes a la asamblea general, previa
aprobación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con la resolución respectiva; dentro del
plazo previsto en el reglamento.
La expresión de voluntad por escrito de los socios que no estuvieren de acuerdo con la fusión o escisión, se
considerará como solicitud de retiro voluntario y dará derecho a la liquidación de los haberes.
Artículo 77.- Formas de disolución.- Las cooperativas podrán disolverse de manera voluntaria o forzosa:
La disolución voluntaria se produce por decisión de la asamblea general con el voto secreto de las dos
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ASAMBLEA NACIONAL
terceras partes de sus integrantes.
La disolución forzosa procederá por resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en
los siguientes casos:
a) Vencimiento del plazo de duración establecido en el estatuto social de la cooperativa;
b) Cumplimiento del objeto social para el cual se constituyeron;
c) Violación de la ley, su reglamento o de los estatutos sociales, que pongan en riesgo su existencia o causen
graves perjuicios a los intereses de sus socios o de terceros;
d) La disminución del número de sus integrantes por debajo del mínimo legal establecido, una vez vencido el
plazo concedido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante resolución para
completar el número mínimo de socios;
e) Deterioro patrimonial que ponga en riesgo la sostenibilidad de la organización o la continuidad en sus
operaciones o actividades;
f) La inactividad económica o social por más de dos años;
g) Incumplimiento injustificado de pagos denunciado ante la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria;
h) Por sentencia judicial ejecutoriada que haya impuesto la pena de clausura definitiva de la cooperativa; e,
i) Las demás que consten en la presente Ley, su reglamento y el estatuto social de la cooperativa.
Tanto en el caso de liquidación voluntaria como en el de liquidación forzosa, mediante resolución, la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establecerá el plazo de duración de las mismas, el cual
podrá ser prorrogado por una sola vez.
Las causales para disolución establecidas en este artículo operarán de conformidad al reglamento.
Artículo 78.- Inactividad.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a petición de parte o de
oficio, podrá declarar inactiva a una cooperativa que no hubiere operado durante dos años consecutivos. Se
presume esta inactividad cuando la organización no hubiere remitido los balances o informes de gestión
correspondientes.
Artículo 79.- Reactivación.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá resolver la
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reactivación de una cooperativa que se encontrare en proceso de liquidación, siempre que se hubieren
superado las causas que motivaron su disolución y cuando se cumplan los requisitos previstos en la ley y su
reglamento.
Artículo 80.- Acciones de regularización.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para
asegurar el cumplimiento del objeto social de la cooperativa, y previa la inspección o informe
correspondiente, podrá disponer el sometimiento de la misma a un plan de acción, regularización u otras
medidas que fueren necesarias.
Las acciones previstas en este artículo podrán ser efectuadas de oficio por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria o a petición de uno o más socios.
Artículo 81.- Intervención.- La intervención es un acto administrativo transitorio que busca subsanar las
irregularidades que atenten contra la estabilidad social, económica y financiera de las cooperativas, a fin de
conservar el patrimonio, evitando que se ocasionen perjuicios a los socios o a terceros.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria resolverá la intervención de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el reglamento.
Artículo 82.- Causas de intervención.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá
resolver de manera motivada la intervención de las cooperativas por las siguientes causas:
a) Incumplir las disposiciones de la presente Ley, su reglamento, las regulaciones y el estatuto social, que
puedan provocar un grave riesgo al funcionamiento de la cooperativa o afectar los derechos de los socios y
de terceros;
b) Incumplir el plan de regularización o resoluciones dispuestas por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria;
c) Realizar actividades diferentes a las de su objeto social o no autorizadas por la Superintendencia;
d) Reincidir en el incumplimiento en la entrega de la información requerida por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria u obstaculizar la labor de ésta;
e) Utilizar la organización con fines de elusión o evasión tributaria.
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Artículo 83.- Fin de la intervención.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante
resolución, dará por terminada la intervención cuando se hayan superado las causas que la motivaron o su
disolución y liquidación en caso de imposibilidad de solucionar los problemas que la originaron.
Artículo 84.- Interventor.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria designará en la misma
resolución de intervención al interventor, escogido de entre los profesionales debidamente calificados y
registrados en dicha entidad, quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa.
La intervención conlleva la cesación inmediata de los vocales principales de los consejos quienes serán
reemplazados por sus respectivos suplentes con la excepción de lo previsto en esta Ley; así como también
del representante legal de la cooperativa.
La intervención tendrá una duración de hasta ciento ochenta días, prorrogables, por una sola vez, hasta por
ciento ochenta días adicionales.
El interventor rendirá caución, no tendrá relación de dependencia laboral con la cooperativa, ni con la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ni podrá intervenir más de una cooperativa
simultáneamente y estará obligado a presentar informes mensuales a la Superintendencia sobre el avance de
su gestión.
El interventor podrá ser removido en cualquier momento por el Superintendente de Economía Popular y
Solidaria.
Artículo 85.- Atribuciones del interventor.- El interventor tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la cooperativa;
b) Realizar todos los actos y contratos tendientes a subsanar las causas que motivaron la intervención;
c) Llevar adelante la gestión de la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social;
d) Presentar informes mensuales de gestión y un informe final a la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria;
e) Convocar a asambleas generales de acuerdo a lo previsto en el estatuto social de la cooperativa;
f) Convocar, previo a concluir la intervención, a elecciones para la designación de nuevos órganos directivos,
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de acuerdo con el estatuto social y la normativa interna de la entidad; y,
g) Las demás que se fijen en el reglamento y en la resolución de intervención.
Artículo 86.- Liquidación.- Una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, para cuyo efecto
conservará su personería jurídica, añadiéndose a su razón social, las palabras “en liquidación”.
El reglamento preverá un procedimiento sumario y abreviado para la liquidación.
No se podrán iniciar acciones legales, ni interponer medidas precautelatorias en contra de la entidad en liquidación.
Dentro del plazo de liquidación, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria auditará la gestión del
liquidador.
Artículo 87.- Del liquidador.- El liquidador ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la
cooperativa.
Será designado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y ejercerá las funciones previstas
en el reglamento.
Ninguna entidad pública podrá iniciar acciones legales ni dictar medidas precautelatorias en contra del
liquidador, en virtud de obligaciones pendientes de la entidad a liquidarse, generadas con anterioridad a la
posesión del liquidador.
Artículo 88.- Prohibiciones.- El liquidador no podrá realizar nuevas operaciones relativas al objeto social,
salvo aquellos casos que sean autorizados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; así
como tampoco adquirir, directa o indirectamente, los bienes de la cooperativa. Esta prohibición se extiende
al cónyuge, conviviente en unión de hecho y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad.
Artículo 89.- Saldo del activo.- Una vez concluido el proceso de liquidación de la cooperativa, el saldo del
activo, si lo hubiere, se destinará a los objetivos previstos en el estatuto social o resueltos por la asamblea
general y se cancelará su inscripción en el Registro Público.
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Artículo 90.- Procedimientos.- Los procedimientos de fusión, escisión, disolución, inactividad,
reactivación, liquidación e intervención, constarán en el reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS
Artículo 91.- Unidades económicas.- Son los emprendimientos individuales o colectivos que tienen por
objeto realizar actividades productivas y comerciales tales como, artesanales, comercio minorista, trabajo
autónomo, agricultura familiar campesina, entre otras.
El ente regulador determinará los criterios socioeconómicos dentro de los cuales operarán estas unidades y
fomentará la asociatividad para mejorar su rentabilidad y competitividad.
Según la naturaleza del emprendimiento, las unidades económicas deberán cumplir con los requisitos exigidos por las
autoridades competentes.
El Estado implementará las acciones necesarias para garantizar la afiliación a la seguridad social de los integrantes de
las unidades económicas.
Artículo 92.- Comercio minorista.- Es una actividad habitual y permanente ejecutada de forma autónoma por una
persona natural, con el propósito de intercambiar bienes de uso o de consumo, siempre que no exceda los límites de
dependientes remunerados, capital, activos y ventas, que serán fijados anualmente por el ente regulador.
Artículo 93.- Del trabajo autónomo.- Es una actividad económica habitual que consiste en la venta de
bienes de consumo o prestación de servicios ejecutada por una persona natural, en cumplimiento de la
normativa vigente, siempre que no exceda los límites de dependientes remunerados, capital, activos y ventas,
que serán fijados anualmente por el ente regulador.
Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos,
permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos,
materiales o herramientas de trabajo; sin perjuicio de aquellos casos en que la autoridad competente por
motivos de salud pública, los retire del mercado.
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Artículo 94.- Economía del cuidado.- Son las actividades destinadas exclusivamente a satisfacer
necesidades del hogar y del cuidado de personas, que se cumplen mediante el trabajo productivo no
remunerado de miembros de la familia, con la finalidad de mantener niveles de bienestar.
Artículo 95.- Medidas de protección.- Las personas dedicadas al trabajo no remunerado del hogar realizan
un trabajo productivo socialmente necesario y por tanto gozarán, entre otras, de las siguientes políticas de
protección y apoyo:
a) Afiliación al seguro social a través de un régimen específico de protección;
b) Inclusión obligatoria de la economía del cuidado ejecutada con trabajo no remunerado del hogar en el
Sistema de Cuentas Nacionales, mediante cuentas satélite, con el objeto de medir su contribución al
desarrollo económico y social del país y para la definición e implementación de políticas públicas;
c) Programas de ayuda económica directa, especialmente para enfrentar la pobreza de los hogares y para
apoyar la dedicación a personas con discapacidad o que requieran un cuidado permanente;
d) Programas de salud pública especializados para la atención integral de enfermedades físicas y
emocionales vinculadas directamente al trabajo del hogar;
e) Programas de educación compensatoria y ocupacional destinados a su desarrollo personal y a la
acreditación profesional de sus conocimientos;
f) Programas públicos para conciliar el trabajo no remunerado del hogar con las actividades económicas que
realicen fuera de la vivienda, tales como centros de atención infantil, de personas de la tercera edad, con
discapacidad o enfermedades catastróficas, entre otras;
g) Gozarán de preferencia en la implementación de programas de construcción y mejoramiento de la
vivienda; y,
h) Otras que se establezcan en la ley.
TÍTULO II
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
CAPÍTULO I
DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
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Artículo 96.- Sector financiero popular y solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran el sector
financiero popular y solidario las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas de ahorro y crédito para la
vivienda, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.
Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se regirán por las
disposiciones de la presente Ley y las regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera.
Las organizaciones del sector financiero popular y solidario se regirán de acuerdo a lo previsto en la presente
Ley y en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
TÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN Y ENTIDADES DE APOYO
Artículo 97.- Organismos de integración.- Las organizaciones sujetas a la presente Ley, podrán constituir organismos
de integración para realizar actividades de representación y/o económicas.
Las decisiones de estos organismos se tomarán de acuerdo con su estatuto.
Los organismos de integración tendrán personería jurídica y autonomía administrativa para desarrollar actividades
económicas en beneficio de sus organizaciones asociadas, incluidos la intermediación comercial y la captación de
fondos públicos o de cooperación para el financiamiento de sus asociados.
Artículo 98.- Integración representativa y/o económica.- Los organismos de integración se constituirán para defender
los intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos y
brindarles capacitación, información, asesoría y asistencia técnica, de conformidad con el reglamento.
Asimismo podrán realizar actividades tendientes a fortalecer las acciones de sus afiliadas mediante la gestión de
negocios en conjunto; producir, adquirir, arrendar, administrar o comercializar bienes o servicios en común; estructurar
cadenas y/o circuitos de producción, agregación de valor o comercialización; y, desarrollar sus mutuas capacidades
tecnológicas y competitivas a través de alianzas estratégicas, consorcios, redes o grupos, de manera temporal o
permanente, bajo la forma y condiciones libremente pactadas por sus integrantes y de acuerdo a lo previsto en el
estatuto correspondiente.
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Artículo 99.- Entidades de apoyo.- Para efectos de la presente Ley, serán considerados como entidades de
apoyo los Gobiernos Autónomos Descentralizados y regímenes especiales; y, las fundaciones y
corporaciones civiles que tengan como objeto social principal la promoción, asesoramiento, capacitación y
asistencia técnica a las personas y organizaciones amparadas por la presente Ley.
Las fundaciones y corporaciones civiles, que otorguen crédito, podrán recibir financiamiento para su
desarrollo y fortalecimiento concedidos por entidades públicas en el marco de lo dispuesto por el Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades
de apoyo de cooperación nacional e internacional, instituciones financieras internacionales o entidades no
financieras especializadas, y en general ser favorecidos con donaciones y subvenciones.
Las fundaciones y corporaciones creadas al amparo del Código de Civil y que en su gestión se lleve bajo los
principios establecidos en la Ley de Economía Popular y Solidaria se podrán inscribir en el registro del
Servicio y tener acceso a los beneficios contemplados en esta Ley
Deberán someterse a las regulaciones establecidas en esta Ley y aquellas que pudiera establecer la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera para las instituciones no financieras que otorgan crédito,
controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Las fundaciones y corporaciones civiles que desarrollen programas de crédito en beneficio de los miembros
de la economía popular y solidaria, accederán a los beneficios contemplados en la ley; al financiamiento a
través de créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, o entidades no financieras
especializadas proveedoras de recursos, calificadas por los entes de control correspondientes en el Ecuador, y
tendrán un tratamiento similar al establecido para las instituciones financieras de la economía popular y
solidaria.
TÍTULO IV
DEL FOMENTO, PROMOCIÓN E INCENTIVOS
Artículo 100.- Mecanismos.- Sin perjuicio de los incentivos que la legislación en general reconozca a favor
de las organizaciones de la economía popular y solidaria, el Estado fomentará, promoverá y otorgará
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incentivos a las personas y organizaciones amparadas en esta Ley para impulsar su desarrollo, en el marco
del sistema económico social y solidario.
Las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria se beneficiarán de los incentivos
contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; la Ley Orgánica de
Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera; y, otras destinadas al fomento
productivo. En ningún caso las personas y organizaciones gozarán de un régimen de fomento menor del que
goce el sector privado.
Artículo 101.- Medidas de acción afirmativa.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados formularán medidas de acción afirmativa, a favor del sector de la economía popular y
solidaria las mismas que serán presentadas al Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria y constarán en su planificación.
Artículo 102.- Revocatoria o suspensión.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá
revocar, suspender o restringir las medidas de fomento, incentivos y demás beneficios que esta Ley otorga a
las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria al comprobarse que aquellas están haciendo
uso indebido de ellas.
CAPÍTULO I
DEL FOMENTO
Artículo 103.- Contratación pública.- El ente rector del sistema nacional de contratación pública de forma
obligatoria implementará en los procedimientos de contratación pública, márgenes de preferencia, reserva de
mercado obligatoria y progresiva, entre otras medidas a favor de las personas y organizaciones regidas por
esta Ley, en el siguiente orden: organizaciones de la economía popular y solidaria; y unidades económicas
populares; además flexibilizará los requisitos para los migrantes retornados.
La feria inclusiva, el catálogo electrónico y el catálogo inclusivo serán algunos de los procedimientos de
contratación que las entidades contratantes utilizarán en forma obligatoria y progresiva, en un monto no
menor al 10% del total de compras que realicen las instituciones estatales, para priorizar la adquisición de
obras, bienes o servicios normalizados o no normalizados, catalogados y no catalogados, provenientes de las
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personas y organizaciones sujetas a esta Ley.
El uso del catálogo electrónico de compras públicas administrado por el ente rector de la contratación
pública podrá establecerse como obligatorio, en cualquier momento, para la contratación de bienes y
servicios que de manera exclusiva deberán ser provistos al Estado por actores de la economía popular y
solidaria. Dichos bienes y servicios serán definidos por el ente rector de la contratación pública.
El catálogo electrónico de compras públicas podrá también ser usado en la contratación privada, pudiendo el
Estado, a través de las entidades rectoras competentes, establecer su uso obligatorio en determinados sectores
para la adquisición de bienes y servicios provenientes de actores de la economía popular y solidaria.
El Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria en coordinación
con el Servicio Nacional de Contratación Pública vigilará el cumplimiento por parte de las entidades públicas
de los mecanismos de preferencia señalados en esta Ley.
Artículo 104.- Organizaciones de integración.- Todas las formas de integración, se beneficiarán de
servicios financieros especializados, incentivos y servicios de apoyo en profesionalización de los asociados,
asesoría de procesos económicos y organizativos, acreditaciones y registros, y acceso a medios de
producción, similares a las que se otorgan a las personas y organizaciones amparadas por esta Ley.
El Estado impulsará acciones que propicien el intercambio comercial justo y complementario de bienes y
servicios de forma directa entre productores y consumidores.
Artículo 105.- Financiamiento.- Las entidades del sector financiero público diseñarán e implementarán
productos y servicios financieros especializados y diferenciados, con líneas de crédito exclusivas a largo
plazo e interés preferencial destinados a actividades productivas de las organizaciones amparadas por esta
Ley. El diseño y acceso a estos productos considerará las realidades particulares de los migrantes retornados
y promoverá su inclusión económica.
Para financiar planes, programas y proyectos conjuntos de inversión destinados a impulsar y desarrollar
actividades productivas; de innovación; y, especialmente en el caso de construcción de programas de
vivienda de interés social, cuando éstas sean efectuadas mediante mecanismos cooperativos o asociativos, las
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instituciones del sector público establecerán prelación a favor de dichas organizaciones. Los recursos serán
canalizados a través de las organizaciones del sector financiero popular y solidario.
Las órdenes de compra que se emitan a favor de organizaciones de la economía popular y solidaria y/o
unidades económicas populares, se considerarán como garantías suficientes en operaciones de
financiamiento que las entidades del sistema financiero nacional faciliten como capital de trabajo para el
cumplimiento del requerimiento de bienes y/o servicios que se generen en los procesos de contratación.
Únicamente en los casos en los que no se haya participado como proveedor del Estado se requerirá las
garantías establecidas para el otorgamiento de operaciones de financiamiento.
Artículo 106.- Homologación de créditos.- Los préstamos que otorguen las cooperativas de ahorro y
crédito en beneficio de sus socios que tengan como finalidad la adquisición, reparación o conservación de
vivienda, tendrán el mismo tratamiento tributario contemplado para los préstamos que otorguen las
asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.
Las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito podrán
conceder préstamos con garantía hipotecaria para la construcción de vivienda a sus socios que hayan
adquirido terreno, no obstante que el mismo esté constituido en patrimonio familiar.
Los bienes constituidos en patrimonio familiar, según lo previsto en la presente Ley, podrán ser embargados
únicamente para el cobro de los créditos concedidos por las entidades a las que se refiere el inciso anterior, y
sólo éstas podrán aceptar nuevas hipotecas sobre el mismo inmueble en seguridad de otros préstamos que se
inviertan en beneficio de la propiedad constituida en patrimonio familiar, sin necesidad de autorización
judicial y de acuerdo a los reglamentos de las respectivas entidades.
Para la subrogación del patrimonio familiar constituido por ministerio de la ley, se requiere, a petición de
parte, autorización judicial, pudiendo el juez autorizar la enajenación del bien raíz constituido en patrimonio
familiar siempre que, justificada la necesidad y conveniencia, se realice la enajenación a un precio por lo
menos igual al avalúo practicado por la entidad crediticia. El precio de la enajenación, pagado en efectivo,
será depositado en la respectiva entidad crediticia a la orden del vendedor. Los fondos depositados quedarán
bloqueados y únicamente podrán ser retirados para la adquisición de otro bien inmueble destinado a
vivienda, o para la construcción de ésta, previa la autorización de la entidad depositaria. El nuevo bien raíz
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subrogará al anterior, como patrimonio familiar, por el ministerio de la ley, con el gravamen hipotecario
correspondiente.
Los bienes inmuebles a los que se refiere el inciso primero, podrán darse en arrendamiento por el propietario
o el administrador, en parte o en su totalidad, con los requisitos establecidos en la ley.
Asimismo, en los casos en que el deudor estuviera en mora con la entidad crediticia y ésta comprobare que
aquel se encuentra imposibilitado de cubrir los valores adeudados por otro medio que no sea la enajenación
de su propiedad, o en otros casos previstos en su normativa, la entidad crediticia está obligada a declararlo tal
en la escritura pública en la que se instrumente el mutuo hipotecario. El Registrador de la Propiedad al
inscribir la escritura hará constar esta limitación de dominio en el libro correspondiente.
Artículo 107.- Educación y capacitación.- Para superar el rezago formativo y técnico, el Estado impulsará
políticas integrales que incorporarán entre otras a las siguientes acciones:
1.- De manera transversal, en el sistema educativo del país se establecerán programas de formación,
asignaturas, carreras y programas de capacitación destinados al desarrollo del talento humano sobre temas
relacionados con los objetivos de la presente Ley.
2.- Los organismos encargados de atención al rezago educativo de jóvenes y adultos y de capacitación
profesional otorgarán una atención preferente a las necesidades formativas, educativas y técnicas de los
actores de la economía popular y solidaria y utilizarán herramientas metodológicas apropiadas a sus
condiciones, tales como educación a distancia, escuela-trabajo, certificación de competencias, entre otras.
3.- Las organizaciones y entidades de apoyo de la economía popular y solidaria impulsarán acciones
permanentes de formación y capacitación para sus socios y beneficiarios y podrán otorgar becas y otras
formas de ayuda, financiándolas con sus excedentes y contribuciones solidarias.
4.- Las universidades y escuelas polítécnicas apoyarán al sector de la economía popular y solidaria; y, entre
otras acciones, promoverán que las prácticas pre profesionales de sus estudiantes se realicen en
organizaciones del sector.
Artículo 108.- Propiedad intelectual.- La autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales, apoyará y brindará asesoría técnica, para la gestión, registro y observancia de derechos de
propiedad intelectual, con el fin de incentivar la protección de todo tipo de conocimiento en particular de
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ASAMBLEA NACIONAL
índole colectivo.
Artículo 109.- Difusión.- El Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y
Solidaria gestionará espacios en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios a nivel local
y nacional que permitan incentivar la producción y el consumo de bienes y servicios ofertados por las
personas y organizaciones de la economía popular y solidaria.
Artículo 110.- Seguridad social.- Se garantiza el derecho a la seguridad social de las personas que integran
el sector de la economía popular y solidaria a través de los distintos regímenes, con los montos de las
aportaciones y las prestaciones a las que tengan derecho, las mismas que serán determinadas por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social y la presente Ley.
Los afiliados al seguro social campesino que formen parte de organizaciones de la economía popular y
solidaria mantendrán su afiliación al mismo.
Los afiliados al seguro social campesino que temporalmente se integren como trabajadores dependientes,
podrán retornar a la afiliación al seguro social campesino una vez que concluya sus labores, siempre que
retomen la labor de agricultura familiar en sus predios.
Artículo 111.- Equidad.- Se establecerán las medidas apropiadas para promover la equidad y transparencia
en los intercambios comerciales entre el sector de la economía popular y solidaria y los demás sectores,
principalmente de los productos vinculados a la seguridad y soberanía alimentaria, evitando la persistencia
de prácticas de abuso del poder económico. El Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria, en coordinación con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,
establecerá las regulaciones apropiadas para tal propósito.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán constituir los espacios públicos necesarios
para facilitar las actividades de comercio y prestación de servicios que realizan los trabajadores autónomos y
regularán su funcionamiento mediante normativa propia, dicha infraestructura sólo podrá ser concesionada a
organizaciones de comerciantes y productores.
Artículo 112.- Registro.- El Servicio Nacional de Contratación Pública mantendrá un registro actualizado de
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las compras realizadas a la economía popular y solidaria en forma global, por segmentos y circunscripciones
y remitirá de forma continua reportes al ente de regulación de la economía popular y solidaria y al ente
nacional de control del sector público, para vigilar el cumplimiento de las medidas de incentivo.
Artículo 113.- Turismo.- El ente rector de la actividad turística reconocerá, legalizará y apoyará a las
actividades de turismo de la economía popular y solidaria indistintamente de su forma de organización.
Desarrollará de manera prioritaria programas de ecoturismo, turismo de aventura, cultural, aprovechamiento
de la riqueza paisajística y parques naturales, entre otros; en el marco del respeto a los derechos de la
naturaleza.
Las organizaciones de turismo de la economía popular y solidaria podrán desenvolverse como operadores
turísticos para impulsar el turismo local.
Artículo 114.- Fomento forestal.- El Ministerio del Ambiente apoyará a las personas y organizaciones de la
economía popular y solidaria con programas de forestación, reforestación; y, aprovechamiento e
industrialización de recursos forestales en el marco del respeto a los derechos de la naturaleza.
La adjudicación de patrimonio forestal se realizará de conformidad con la regulación vigente y se otorgará
un derecho preferente a las organizaciones amparadas en esta Ley.
Artículo 115.- Acceso al mercado de valores.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
establecerá los lineamientos e incentivos y, determinará los mecanismos para fomentar el acceso de los
actores del sector de la economía popular y solidaria al mercado de valores conforme a lo determinado en el
Código Orgánico Monetario y Financiero.
Artículo 116.- Régimen simplificado para organizaciones de la economía popular y solidaria.- Las
personas naturales y organizaciones del sector de la economía popular y solidaria inscritas en el registro,
podrán acogerse, bajo la regulación que emita el Servicio de Rentas Internas SRI, a la modalidad impositiva
del régimen simplificado.
Los sujetos no obligados a llevar contabilidad de las organizaciones de la economía popular y solidaria
tendrán un tratamiento diferenciado y un régimen tributario similar al que se aplica a las personas naturales.
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Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera lo establezca para el sector financiero popular y solidario.
Artículo 117.- Inclusión obligatoria y progresiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la
economía popular y solidaria establecida en la respectiva ley, incluirán de manera obligatoria y progresiva,
en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos para el
fomento y fortalecimiento de las organizaciones y personas amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones
para la protección y desarrollo del comerciante minorista, productores agrarios y artesanos.
Artículo 118.- Participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas.- Los gobiernos
cantonales y provinciales, mediante ordenanzas, regularán la organización y participación de los artesanos,
productores agropecuarios y pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de servicios
que permitan la incorporación y participación de estos sectores en la dinamización de la economía local, para
lo cual, propiciarán la creación de organizaciones de la economía popular y solidaria para la prestación de
servicios, la producción de bienes o la ejecución de obras públicas, entre otras actividades.
Artículo 119.- Delegación a la economía popular y solidaria.- El Estado podrá delegar también a los
actores y organizaciones de la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y
servicios públicos.
Para la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, las empresas públicas municipales
podrán propiciar la conformación de organizaciones de la economía popular y solidaria para la gestión
delegada de dichos servicios, la cual se regulará mediante la respectiva ordenanza.
En las áreas rurales sus directorios tendrán entre sus miembros a un delegado técnico de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados parroquiales de cada jurisdicción o de la mancomunidad en las que preste el
servicio.
Las cooperativas y asociaciones de la economía popular y solidaria podrán constituir asociaciones público-
privadas con el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para la provisión de bienes, obras o servicios y
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tendrán las mismas condiciones, incentivos y demás beneficios previstos en la ley y su reglamento.
Artículo 120.- Medidas de promoción.- El Estado establecerá las siguientes medidas de promoción a favor
de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley:
a) Promoverá la asociatividad de los actores de la economía popular y solidaria a través de planes y
programas públicos;
b) Eliminará los obstáculos administrativos que impidan el ejercicio de sus actividades, mediante normas
flexibles y diferenciadas para la obtención de certificados y autorizaciones. Entre otras medidas de
flexibilización se establecerá:
1.- Un procedimiento simplificado para el otorgamiento de la personería jurídica que incorpore el control
posterior de los documentos habilitantes;
2.- Registro electrónico de las personas y organizaciones y de la actualización de sus directivas, que
estará a cargo del Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y
Solidaria;
3.- Creación de un régimen tributario simplificado regulado por el Servicio de Rentas Internas;
4.- Aplicación de normas simplificadas de inocuidad humana para el registro de productos artesanales y
tradicionales de la economía popular y solidaria, cuya producción y consumo estén vinculados a la
soberanía alimentaria;
5.- Certificados simples de control animal y vegetal, así como autorizaciones simples para la actividad
forestal, pesquera artesanal, acuícola y silvícola;
6.- Promesas notarizadas de cumplimiento ambiental de las normas que están bajo control municipal;
con control posterior por parte de las autoridades competentes;
7.- Régimen simplificado para el pago de la patente municipal cuya fórmula de cálculo considere los
ingresos reales de los actores de la economía popular y solidaria;
8.- Mecanismo electrónico de catalogación, normalización y Registro Único de Proveedores para las
personas y organizaciones de la economía popular y solidaria.
c) Facilitará el acceso a la información; y a la innovación tecnológica y organizativa;
d) Fomentará el comercio y el intercambio justo y el consumo responsable, en todas las modalidades de
comercialización de los mercados nacionales, para lo cual coordinará con la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado, el control operativo y regulación del mercado nacional;
e) Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar, brindar asistencia técnica y asesoría
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ASAMBLEA NACIONAL
en producción exportable y en todo lo relacionado en comercio exterior e inversiones;
f) Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de integración económica tales como cadenas,
redes y circuitos;
g) Implementará planes y programas que promuevan el consumo de bienes y servicios de calidad,
provenientes de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley;
h) Incorporará progresivamente al sector financiero popular y solidario, incluidas las cajas de ahorro y
bancos comunales, al Sistema Nacional de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador;
i) Impulsará políticas de financiamiento público para actividades y actores de la economía popular y
solidaria;
j) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizarán periódicamente asambleas productivas en
coordinación con las entidades del Gobierno Nacional y la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado, para subsanar los problemas relacionados con barreras de ingreso a los mercados que tengan los
actores pertenecientes a la economía popular y solidaria; y,
k) Las demás previstas en la Ley.
CAPÍTULO II
DE LOS INCENTIVOS
Artículo 121.- Políticas.- El Estado diseñará políticas de estímulo tendientes a promover la producción de
bienes y servicios de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley y podrá otorgar tratamientos
diferenciados, en calidad de incentivos, los que serán otorgados en función de sectores, ubicación geográfica
u otros parámetros, de acuerdo a lo que establezca el reglamento.
Artículo 122.- Hecho generador de tributos.- Los actos solidarios que efectúen con sus miembros las
organizaciones y las entidades de apoyo a las que se refiere esta Ley, como parte del ejercicio de las
actividades propias de su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en cambio, los actos y
demás operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al régimen tributario común.
Las utilidades que pudieran provenir de operaciones con terceros y que no sean reinvertidos en la
organización, gravarán Impuesto a la Renta, tanto para el caso de la organización, cuanto para los integrantes
cuando éstos los perciban.
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Artículo 123.- Incentivos por responsabilidad ambiental.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados incentivarán a las personas y organizaciones sujetas a esta Ley, para que sus
actividades se realicen conforme a los postulados del desarrollo sustentable establecidos en la Constitución
de la República del Ecuador y contribuyan a la conservación y manejo del patrimonio natural, mediante la
creación de programas concursables de financiación y asistencia técnica, la contratación preferente a los
actores del sector en actividades ambientales, entre otros mecanismos.
Artículo 124.- Capital semilla y de riesgo.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados podrán realizar aportes económicos destinados a la creación, implementación, desarrollo y
ampliación de los emprendimientos económicos impulsados por los actores de la economía popular y
solidaria, en beneficio directo de las actividades productivas de la colectividad.
Se entenderá por capital de riesgo, el aporte económico que implica la participación de manera temporal y
minoritaria de una entidad del Gobierno Nacional o del Gobierno Autónomo Descentralizado en un
emprendimiento de organizaciones de la economía popular y solidaria.
El capital semilla es la inversión que se entrega para apoyar a los emprendimientos potenciales en etapas
muy tempranas del desarrollo de su idea o proyecto de negocio, y que, sujeto al éxito del proyecto tendrá
carácter reembolsable.
Cuando el capital semilla o de riesgo para los emprendimientos, provenga del Gobierno Nacional, las
condiciones y procedimientos se establecerán en el reglamento de esta Ley. Para el caso de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados será la respectiva ordenanza la que regule dicho otorgamiento.
Estos aportes se orientarán de manera preferente a los emprendimientos destinados a garantizar la soberanía
alimentaria, cambio de matriz productiva, la innovación tecnológica y a aquellos desarrollados por grupos de
atención prioritaria.
Artículo 125.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas.- El Gobierno Nacional y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de organizaciones
mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos legales y financieros idóneos. El carácter
temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, tanto en tiempo
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ASAMBLEA NACIONAL
cuanto en forma y en ningún caso podrá superar el 49% del capital social del emprendimiento, salvo que se
trate de sectores estratégicos y servicios públicos, donde se constituirán empresas mixtas con la participación
mayoritaria del Estado.
En las organizaciones mixtas se privilegiará los procesos de desinversión del Estado de las organizaciones
donde es miembro, asociado o socio, a favor de las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos
se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidos en cada proyecto.
Artículo 126.- Participación en perchas y lugares de exhibición de productos de la economía popular y
solidaria.- Los supermercados y demás sitios de comercialización al público, deberán incorporar de manera
obligatoria un porcentaje de al menos el 15% de la superficie en lugares visibles de sus sitios de exhibición
para bienes y productos provenientes de la economía popular y solidaria, el mismo que deberá incrementarse
progresivamente y será controlado por el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria.
Artículo 127.- Pagos a proveedores de la economía popular y solidaria.- Los pagos a los proveedores de
la economía popular y solidaria de compradores privados se cancelarán de acuerdo a las estipulaciones
aceptadas por las partes, sin que excedan el plazo de 30 días. La Junta de Regulación del Poder de Mercado
emitirá la resolución sobre los pagos y sanciones por incumplimiento, atendiendo al nivel, producto u otros
parámetros que consideren pertinentes para regular el pago.
Excepcionalmente, el pago a los proveedores se podrá realizar mediante facturas electrónicas negociables en
el mercado y deberán realizarse en plazos regulados por la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado, de acuerdo con el monto estimado de la facturación anual.
Artículo 128.- Comercialización directa.- Los gobiernos autónomos descentralizados dentro del marco de
sus competencias, dotarán de espacios públicos y plataformas virtuales para el funcionamiento de mercados
de comercio justo en donde los productores de manera directa vendan sus productos a los consumidores.
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado a través de fedatarios controlará que estos espacios
públicos no sean utilizados por intermediarios.
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ASAMBLEA NACIONAL
Artículo 129.- Pesca y recolección.- Se reconocen las diversas formas de organización asociativa vinculadas
al aprovechamiento de los recursos marino-costeros como parte de la economía popular y solidaria, las
mismas que estarán reguladas y amparadas por la presente Ley y demás normativa legal vigente. El
Ministerio encargado impulsará programas y proyectos económicos con los actores de este sector, para el
manejo sostenible de los recursos.
Artículo 130.- Preferencia en el pago a proveedores de la economía popular y solidaria.- El Ministerio
de Finanzas establecerá un monto mensual de los egresos presupuestarios para priorizar el pago a
proveedores de la economía popular y solidaria.
Los proveedores del Estado pertenecientes a la economía popular y solidaria a quienes se les haya generado
órdenes de pago a través de la plataforma del ente rector de las finanzas públicas que todavía no se hayan
efectivizado, podrán negociar y endosar dichas órdenes de pago a una entidad del sistema financiero
nacional.
Se entiende por endoso la realización de una sustitución de tercero para efectos del pago, en la orden de
pago. Es decir que el tercero referenciado en la obligación, es diferente del tercero a quien se ordena girar los
recursos.
El endoso de las órdenes de pago es aplicable cuando el tercero beneficiario de la orden de pago, proveedor
de bienes y servicios al Estado, mediante autorización expresa por medios físicos o electrónicos, solicita que
el pago se realice a otro tercero, que corresponde a una entidad del sistema financiero nacional. El ente rector
de las finanzas públicas establecerá los procedimientos y requisitos para autorizar la cesión de pago, así
como los límites y condiciones aplicables.
Las entidades del sistema financiero nacional contabilizarán las órdenes de pago como instrumentos de
inversión, que se calificarán y provisionarán conforme la normativa que para el efecto expida la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera. Estas órdenes de pago tendrán la misma categoría y
tratamiento que los títulos emitidos por el Ministerio de Finanzas.
Artículo 131.- Liquidez.- La banca pública implementará mecanismos financieros que generen liquidez a
las organizaciones de la economía popular y solidaria para los procesos que instrumenten: órdenes de
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ASAMBLEA NACIONAL
producción o compra, facturas por cobrar generadas, órdenes de pago y sobregiros en cuentas de ahorro y
corriente.
Artículo 132.- Tasas de interés.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las
tasas de interés considerando además de los segmentos y actividades económicas; otros criterios que
efectivicen el trato preferente previsto en la Constitución de la República del Ecuador para las
organizaciones de la economía popular y solidaria, en correspondencia con sus atribuciones previstas en el
Código Orgánico Monetario y Financiero.
Artículo 133.- Ventanilla única.- A fin de racionalizar la atención a las personas y organizaciones de la
economía popular y solidaria, las entidades que deban otorgar certificados y otros documentos habilitantes
para el ejercicio de sus actividades económicas, deberán unificar todos los trámites respectivos con el
mecanismo de ventanilla única, que estará a cargo del Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control
de la Economía Popular y Solidaria y funcionará de forma desconcentrada a fin de que las personas del
sector realicen sus trámites y gestiones en forma más accesible.
TÍTULO V
DE LAS ENTIDADES
CAPÍTULO I
DEL SERVICIO NACIONAL DE FOMENTO REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ECONOMÍA
POPULAR Y SOLIDARIA
Artículo 134.- Naturaleza.- Créase el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y
Solidaria, como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, operativa, técnica y financiera,
patrimonio y fondos propios y estructura desconcentrada; responsable del fomento y promoción de las personas y
organizaciones sujetas a esta Ley, así como de la supervisión y control de los sectores asociativo, comunitario y de las
cajas de ahorro y bancos comunales.
Artículo 135.- Patrimonio.- El patrimonio del Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria se integra por:
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ASAMBLEA NACIONAL
a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;
b) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;
c) Cualquier renta, legado o donación que reciba de personas naturales o jurídicas; y,
d) Las contribuciones establecidas a las instituciones sujetas a su vigilancia y control.
Artículo 136.- Competencias.- El Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía
Popular y Solidaria tendrá las siguientes competencias:
a) Ejecutar la política pública determinada en los planes, programas y proyectos relacionados con los
objetivos de esta Ley;
b) Impulsar las políticas y acciones conducentes al fomento, promoción, regulación e incentivo de personas y
organizaciones de la economía popular y solidaria y evaluar sus impactos.
La regulación del sector financiero popular y solidario estará a cargo de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera;
c) Dictar las normas y regulaciones necesarias para el otorgamiento de la personería jurídica de las
organizaciones del sector asociativo y comunitario; así como de las cajas, redes y bancos comunales de la
Para el caso de las cajas, redes y bancos comunales, además se cumplirá con las regulaciones establecidas
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de conformidad con la ley;
d) Establecer las contribuciones a las instituciones sujetas a su vigilancia y control, de acuerdo a lo previsto
en el reglamento;
e) Resolver, a petición de parte, las controversias internas que se produzcan en las entidades asociativas y
comunitarias de la economía popular y solidaria, cajas, redes y bancos comunales, que por disposición legal
están sujetas a autocontrol y rendición de cuentas;
f) Otorgar personería jurídica y controlar a las organizaciones bajo su competencia;
g) Establecer los niveles del sector no financiero de la economía popular y solidaria considerando sus activos
y socios;
h) Coordinar con las instituciones públicas encargadas de administrar registros de datos, para consolidar y
administrar la base de datos de las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria de
conformidad con el reglamento;
i) Coordinar con las instituciones públicas cuyas políticas tengan relación con la regulación y ejecución de
acciones preferentes a favor de las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria de su
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ASAMBLEA NACIONAL
competencia;
j) Impulsar la capacitación y fortalecimiento socio organizativo de las personas y organizaciones de la
economía popular y solidaria, especialmente de sus organismos de integración territorial y sectorial;
k) Realizar y promover investigaciones en temas concernientes a la economía en general y a la economía
popular y solidaria en particular;
l) Diseñar e implementar estrategias de inserción y participación de las personas y organizaciones de la
economía popular y solidaria en los mercados público y privado, propiciando relaciones directas entre
productores y consumidores;
m) Emitir resoluciones de carácter general para el fomento, regulación y control del sector de la economía
popular y solidaria;
n) Imponer sanciones a las organizaciones que están bajo su control de conformidad con la ley;
o) Crear y mantener el fondo de promoción organizativa;
p) Ejercer la supervisión y control según corresponda a las organizaciones de los sectores asociativo, comunitario y a las
cajas de ahorro y bancos comunales; y,
q) Las demás que se determinen en la Ley.
Artículo 137.- Del directorio único para el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía
Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.- El directorio único se
integrará por los ministros de estado que se relacionen con la economía popular y solidaria, según lo determine el
Presidente de la República y se organizará conforme al reglamento de la presente Ley. El director general del Servicio
Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria actuará como secretario, y como
prosecretario el director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, ambos con voz, pero
sin voto.
En las reuniones del directorio cuando se trate temas relacionados con el ámbito de la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias, actuará como Secretario el director de la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias.
El directorio deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez cada trimestre; y de manera extraordinaria
cuando lo convoque su presidente.
Artículo 138.- Facultades del directorio único para el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.- El directorio único
tendrá entre otras facultades determinadas en la ley, las siguientes:
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ASAMBLEA NACIONAL
1.- Emitir y evaluar las políticas y regulaciones de fomento, promoción e incentivos, funcionamiento y control de las
personas, organizaciones e instituciones sujetas a su ámbito de competencia;
2. Elaborar y aprobar el Plan de Acción para el sector de la economía popular y solidaria en el marco de los objetivos,
políticas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo;
3. Aprobar los reglamentos del Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria
y el estatuto social de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias;
4. Conocer y aprobar el presupuesto y los informes de labores anuales de los directores del Servicio Nacional del
Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria y de la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias;
5. Diseñar las políticas para la implementación y ejecución de las actividades de la Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias;
6. Aprobar las metodologías de operación de la Corporación así como sus componentes de crédito,
inversiones y demás servicios financieros; bajo criterios de seguridad, liquidez y sostenibilidad;
7. Aprobar la creación de nuevos mecanismos de financiamiento y servicios financieros para las
organizaciones financieras de la economía popular y solidaria, así como para su fortalecimiento o rediseño
de los existentes;
8. Crear mecanismos para las organizaciones del sector financiero de la economía popular y solidaria a fin de
que puedan garantizar operaciones de contratación pública;
9. Autorizar a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias para que actúe como proveedor de
retrogarantías a las organizaciones financieras de la economía popular y solidaria en operaciones
previamente aceptadas por el directorio;
10. Autorizar el monto de capital de riesgo para inversiones en proyectos productivos;
11. Designar y remover a los directores generales del Servicio Nacional del Fomento Regulación y Control
de la Economía Popular y Solidaria y de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias;
12. Seleccionar al auditor externo de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; y,
13. Las demás que determine la ley.
Artículo 139.- Del director general.- El Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular
y Solidaria estará representado legalmente por su director general, quien será de libre nombramiento y remoción.
En caso de ausencia temporal el director general del Servicio será subrogado por el funcionario que señale el
reglamento.
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ASAMBLEA NACIONAL
Artículo 140.- Requisitos.- Para ser nombrado director general del Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, se requerirá ser ecuatoriano y poseer título
académico de tercer nivel.
Artículo 141.- Atribuciones del director general.- Son atribuciones del director general:
a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de
la Economía Popular y Solidaria;
b) Emitir resoluciones de carácter general en el ámbito de su competencia;
c) Ejecutar las políticas dispuestas por el directorio;
d) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa y técnica del Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria;
e) Sustanciar el procedimiento administrativo sancionador, así como los demás recursos en sede
administrativa y emitir las resoluciones correspondientes;
f) Delegar sus atribuciones a los funcionarios que se determinen en el reglamento;
g) Poner en consideración del directorio los reglamentos del Servicio Nacional de Fomento Regulación y
Control de la Economía Popular y Solidaria;
h) Nombrar y remover al personal del Servicio de acuerdo con la ley;
i) Formular la Proforma de Presupuesto del Servicio y someterla a la aprobación del directorio, previo a
remitirlo al Ministerio de Finanzas;
j) Administrar el presupuesto, los recursos económicos y las adquisiciones del Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria y contratar, de conformidad con la ley; y,
k) Las demás que determine la ley.
Artículo 142.- De los consejos consultivos.- El director general del Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, podrá solicitar al directorio la conformación de
consejos consultivos por materias, que serán espacios de participación e iniciativa de las personas y
organizaciones de la economía popular y solidaria; y se estructurarán de conformidad con el reglamento.
CAPÍTULO II
DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS
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ASAMBLEA NACIONAL
Artículo 143.- Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.- La Corporación Nacional de
Finanzas Populares y Solidarias, es una entidad financiera de segundo piso, de derecho público, dotada de
personería jurídica, patrimonio propio, jurisdicción coactiva y autonomía administrativa, técnica y financiera.
La Corporación se rige por lo dispuesto en esta Ley, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el decreto
ejecutivo que la regule y las disposiciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera y su estatuto social.
En el decreto ejecutivo constará el patrimonio, los órganos y demás normas para su funcionamiento.
Artículo 144.- Competencias.- La Corporación, además de las señaladas en el Código Orgánico Monetario
y Financiero, tendrá las siguientes competencias:
1. Diseñar e implementar mecanismos de fondeo, servicios financieros y transaccionales diferenciados,
facilidades financieras en crédito e instrumentos de garantía, para contribuir a las actividades económicas de
las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria, de conformidad con las políticas emitidas
por los órganos correspondientes.
2. Elaborar y ejecutar acciones para responder al tratamiento diferenciado y preferencial para el desarrollo
del sector.
3. Presentar a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera propuestas de regulaciones para el
sector financiero popular y solidario; así como también para cada segmento de las cooperativas, cajas de
ahorro y bancos comunales.
4. Proveer servicios no financieros a las organizaciones de la economía popular y solidaria, en los ámbitos de
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología;
5. Las dispuestas para las cajas centrales, contenidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en lo que fuere
aplicable;
6. Participar como socia en la constitución de capital en riesgo en organizaciones constituidas para proyectos
productivos; y,
7. Las demás que establezca la ley, el reglamento y las resoluciones de los organismos competentes.
CAPÍTULO III
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ASAMBLEA NACIONAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Artículo 145.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.- El control del sector cooperativo y sus
organismos de integración y del sector financiero popular y solidario en los términos previstos en el Código Orgánico
Monetario y Financiero, a excepción de las entidades asociativas o solidarias, bancos y cajas comunales y cajas de
ahorro, estarán a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entidad técnica, con personería jurídica
de derecho público, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera y jurisdicción coactiva.
Tendrá la facultad de expedir normas de carácter general en su ámbito de control.
Artículo 146.- Atribuciones.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria además de las
atribuciones y funciones que le otorga el Código Orgánico Monetario y Financiero sobre el sector solidario y
financiero , tendrá las siguientes atribuciones para las organizaciones del sector cooperativo no financiero de
acuerdo al ámbito de su competencia:
a) Ejercer, en función del segmento o nivel correspondiente, el control y la supervisión y disponer el
sometimiento de éstas a un plan de acción, intervención, liquidación u otras medidas que fueren necesarias;
b) Proteger la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control;
c) Otorgar personería jurídica a las entidades y organizaciones bajo su control y supervisión;
d) Fijar las contribuciones de las entidades y organizaciones sujetas a su control cuyos activos sean menores
a un millón de dólares;
e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del sector financiero popular y solidario;
f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las entidades y organizaciones sujetas a esta Ley;
g) Imponer sanciones y establecer mecanismos de regularización;
h) Aprobar la fusión, escisión y transformación de las organizaciones de la economía popular y solidaria
sujetas a su control;
i) Emitir resoluciones y circulares en el ámbito de su competencia;
j) Solicitar información relacionada con la situación económica y de gestión;
k) Determinar el monto mínimo de capital social y mínimo de socios, para el caso de las cooperativas del sector no
financiero, así como el mínimo de socios para las cooperativas de ahorro y crédito, requeridos para la constitución de
dichas organizaciones; y,
l) Las demás previstas en la ley.
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ASAMBLEA NACIONAL
Artículo 147.- Organización interna.- La Superintendencia tendrá una gestión desconcentrada y se
organizará de acuerdo al reglamento orgánico funcional que para el efecto dictará el Superintendente.
Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se someterán a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, podrá ser
director, funcionario o empleado de ninguna de las instituciones u organizaciones sujetas al control de la
Superintendencia, asimismo, estarán impedidos de prestar sus servicios en las entidades controladas, bajo cualquier
modalidad contractual, y de intervenir o gestionar directa o indirectamente ante estos órganos, en beneficio de tales
entidades reguladas y controladas hasta después de dos (2) años de terminar sus funciones, sin perjuicio de las
limitaciones que la Constitución determina. La infracción a este impedimento constituirá infracción grave por parte de
la entidad regulada o controlada
Si algún funcionario o empleado de la Superintendencia tuviese cónyuge o pariente dentro del primer grado
de consanguinidad o primero de afinidad, o padre o hijo adoptivo, empleado en alguna de las instituciones
controladas, está obligado a dar a conocer el hecho por escrito al Superintendente, bajo pena de remoción.
Artículo 148.- Patrimonio.- El patrimonio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se
integra por:
a) Las asignaciones que constarán en el Presupuesto General del Estado;
b) Todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título;
c) Los legados o donaciones que perciba de personas naturales o jurídicas;
d) Las contribuciones establecidas a las organizaciones sujetas a su vigilancia y control.
Las contribuciones se podrán imponer en proporción al promedio de los activos totales, excepto las cuentas
de orden de las instituciones controladas según informes presentados al Superintendente durante los seis
meses anteriores. El promedio se computará sobre la base de las cifras mensuales correspondientes a fechas
uniformes para todas las instituciones.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dictará las resoluciones y disposiciones
correspondientes para la aplicación de este artículo; y,
e) Otros ingresos provenientes de autogestión.
Artículo 149.- Superintendente.- El Superintendente de la economía popular y solidaria será designado en
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ASAMBLEA NACIONAL
la forma prevista en la Constitución de la República del Ecuador y deberá acreditar título universitario de
tercer nivel en carreras afines con la función que desempeñará.
Artículo 150.- Atribuciones del superintendente.- Son atribuciones del Superintendente, además de las
señaladas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, las siguientes:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria;
b) Dictar las normas de regulación y control de las organizaciones sujetas a su supervisión;
c) Imponer sanciones;
d) Celebrar a nombre de la Superintendencia los contratos y convenios que requiera la gestión institucional;
e) Dirigir, coordinar y supervisar la gestión administrativa de la Superintendencia;
f) Nombrar el personal necesario para el desempeño de las funciones de la Superintendencia;
g) Delegar algunas de sus facultades, siempre en forma concreta y precisa, a los funcionarios que juzgue del
caso;
h) Resolver recursos de orden administrativo; e,
i) Las demás establecidas en la ley.
Artículo 151.- Fuero.- Los intendentes, directores, administradores temporales, liquidadores, auditores y funcionarios
designados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para participar en los procesos de supervisión,
exclusión y transferencia de activos y pasivos y liquidación, gozarán de fuero de Corte Provincial de Justicia, por los
actos y decisiones administrativas que adopten en el ejercicio de sus funciones específicas.
Artículo 152.- Supervisión auxiliar.- Los organismos de integración y otras entidades especializadas
podrán colaborar con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la realización de una o varias
actividades específicas de supervisión, cumpliendo las condiciones y disposiciones que dicte la
Superintendencia para el efecto.
Artículo 153.- Informes.- Los informes de auditoría e inspección, análisis y los que emitan los servidores y
funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el ejercicio de las funciones de
control y vigilancia, serán escritos y reservados, así como los documentos que el superintendente califique
como tales en virtud de precautelar la estabilidad de sus controlados.
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ASAMBLEA NACIONAL
Estos informes perderán su condición de reservados después de ciento ochenta días contados desde la fecha
de la resolución que dispone la liquidación de la entidad.
Los informes no se divulgarán a terceros, en todo ni en parte, por la Superintendencia, por la entidad
examinada ni por ninguna persona que actúe por ellos, salvo cuando se ha determinado indicios de
responsabilidad penal, que deberán ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.
Artículo 154.- Jurisdicción coactiva.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, estará dotada de jurisdicción coactiva que la ejercerá de acuerdo con la ley y
su reglamento interno.
Artículo 155.- Gaceta de notificaciones.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
desarrollará en su página web, la Gaceta de notificaciones digital de la economía popular y solidaria, a través
de la cual podrá notificar sus actos administrativos o cualquier disposición de carácter general, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento de la presente Ley.
Las notificaciones a través de la Gaceta digital serán aplicables en todos los casos previstos para la
notificación a través de prensa, en los términos que ésta tiene.
TÍTULO VI
DE LAS OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE
LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
Artículo 156.- Obligaciones.- Son obligaciones de las organizaciones referidas en esta Ley, las siguientes:
a) Ejercer las actividades previstas en su estatuto social;
b) Mantener el fondo o capital social mínimo autorizado;
c) Convocar a asamblea general en el tiempo y forma que establezca el estatuto social;
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ASAMBLEA NACIONAL
d) Dar todas las facilidades para que los órganos de control y regulación cumplan sus funciones;
e) Llevar un registro de todos los integrantes de la organización, archivos y actas;
f) Establecer sistemas de control administrativo interno y llevar la contabilidad, cuando corresponda;
g) Cumplir con el procedimiento relacionado con la disolución y liquidación de la organización y en el caso
de las cooperativas el correcto destino del Fondo Irrepartible de Reserva Legal;
h) Desarrollar programas anuales de formación y capacitación, en principios, valores e instrumentos de la
economía popular y solidaria;
i) Cumplir con las resoluciones y disposiciones emitidas por los órganos competentes;
j) Prestar las facilidades necesarias para que los órganos de control y regulación cumplan con sus funciones;
y,
k) Las demás establecidas en la ley, su reglamento y demás resoluciones emitidas por las entidades
competentes.
Artículo 157.- Prohibiciones.- Está prohibido para las personas y organizaciones sujetas a esta Ley:
a) Conceder privilegios a los integrantes de la organización, ni aún a título de fundadores, directivos,
funcionarios y empleados;
b) Imponer multas a sus socios diferentes a aquellas previstas en la Ley, el reglamento y el estatuto social;
c) Utilizar en perjuicio de la organización sus bienes o recursos;
d) Establecer en perjuicio de su organización, acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o
jurídicas, ajenas a la organización, que les permita participar directa o indirectamente de los beneficios
derivados de las medidas de fomento, promoción e incentivos que conceden esta Ley;
e) Ocultar, negar o no entregar en cualquier informe de operación, datos o hechos respecto de los cuales los
socios, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Servicio Nacional de Fomento Regulación y
Control de la Economía Popular y Solidaria y el público deban estar informados;
f) Suprimir o alterar información de la organización;
g) Divulgar información privilegiada de carácter comercial, económica y financiera que pueda afectar a la
organización;
h) Incumplir las disposiciones y resoluciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria y el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria en el
ámbito de su competencia;
i) Constituir gravámenes sin autorización sobre bienes de propiedad de la organización;
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ASAMBLEA NACIONAL
j) No mantener el fondo o capital social mínimo autorizado;
k) Permanecer en los cargos más allá del tiempo establecido en la ley, en el estatuto o en las resoluciones de
asamblea general;
l) Retener por un plazo mayor a quince días, contados a partir de la fecha de la elección, la información del
resultado de la misma, al órgano de control correspondiente;
m) Negarse a convocar a Asamblea General cuando haya sido solicitada por el 25% de los socios de la
organización, en cuyo caso estos podrán solicitar la intervención del ente de control;
n) Ejercer actividades distintas a las previstas en el objeto social; y,
o) Las demás establecidas en la ley.
Artículo 158.- Infracciones y sanciones.- Constituyen infracciones a la presente Ley el incumplimiento de
las obligaciones y la violación de las prohibiciones. Las personas naturales o jurídicas que conforman el
sector no financiero de la economía popular y solidaria que incumplan las prohibiciones y obligaciones
establecidas en esta ley, serán sancionadas con una multa mínima del 10% de la remuneración básica
unificada y máxima de 100 remuneraciones básicas unificadas de manera proporcional con la gravedad de la
falta y el nivel al que pertenezca el infractor.
La proporcionalidad de la sanción dependerá en su monto mínimo y máximo del número de socios y de los
activos que se fijen en cada nivel.
La reincidencia será sancionada con el doble de la multa o con la exclusión cuando así lo decida el consejo
de administración o la asamblea general con la mayoría de sus integrantes o representantes.
De la resolución se podrá apelar ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuya decisión
será definitiva.
Artículo 159.- Infracciones en el sector financiero popular y solidario.- Para la determinación de las
infracciones y sanciones que se produzcan en el sector financiero popular y solidario se aplicará el régimen
sancionatorio previsto en el Código Orgánico Monetario y Financiero.
Artículo 160.- Infracciones al estatuto.- Las infracciones cometidas a lo previsto en el estatuto social de la
organización, serán sancionadas con base a las disposiciones constantes en el mismo estatuto, respetando las
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ASAMBLEA NACIONAL
garantías básicas del debido proceso y seguridad jurídica.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Artículo 161.- Competencia.- La facultad para sancionar las infracciones cometidas por los socios,
administradores, funcionarios o empleados del sector no financiero y de las entidades de apoyo, le
corresponde por regla general al Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía
Popular y Solidaria salvo en el caso de las cooperativas que será de competencia exclusiva de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Artículo 162.- Inicio.- El procedimiento sancionador se inicia de oficio o por denuncia legalmente
reconocida.
Artículo 163.- Notificación.- Dentro de los diez días siguientes a la fecha de la presentación de la denuncia
o de inicio de oficio del expediente, se notificará a la persona u organización denunciada con el acto que da
inicio al procedimiento administrativo sancionador, para que lo conteste en el término de diez días.
La notificación a la persona u organización denunciada se hará utilizando la dirección electrónica registrada;
en caso de no haberla, se procederá a notificar en el domicilio que hubiere fijado la entidad u organización o
en la dirección indicada por el denunciante o a través de publicación por la prensa.
Artículo 164.- Contestación, prueba y resolución.- Una vez notificado, el denunciado, en el término de
diez días podrá presentar y solicitar prueba al órgano competente, el que podrá requerir los informes técnicos
y jurídicos adicionales. Este término podrá prorrogarse por una sola vez a pedido de parte por cinco días.
Concluida la prueba, el órgano competente tendrá un término de treinta días para emitir su resolución.
Artículo 165.- Notificación de la resolución y recursos.- La resolución será notificada por escrito a las
partes dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha de su emisión.
De la resolución emitida en instancia inferior, se podrá interponer recurso de apelación ante la máxima
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ASAMBLEA NACIONAL
autoridad, dentro del término de diez días contados a partir de la notificación de la resolución.
La máxima autoridad tendrá un término de veinte días para resolver, por el mérito del expediente el recurso
de apelación.
La interposición del recurso de apelación suspende la ejecución del acto impugnado.
La falta de interposición del recurso, en el término que determina la ley, causará la ejecución.
Artículo 166.- Recurso extraordinario de revisión.- Hasta un año después de la resolución del recurso de
apelación, el denunciado podrá interponer recurso extraordinario de revisión, el cual no suspenderá la
ejecución del acto impugnado.
Artículo 167.- Prescripción y caducidad.- Todas las infracciones previstas en esta Ley, prescribirán en dos
años, contados desde la fecha en que se hubiese cometido el hecho.
La prescripción se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
La potestad del órgano de control para proceder de oficio a sancionar las infracciones previstas en esta Ley
caduca en tres años, contados a partir de la fecha en que se produjeron.
Artículo 168.- Acumulación.- La entidad sancionadora, podrá disponer la acumulación de autos, con otros
procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión. Contra la resolución de acumulación no
procederá recurso alguno.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Las organizaciones creadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, cuyo objeto cumpla con
los preceptos de la economía popular y solidaria, seguirán gozando plenamente de sus derechos.
SEGUNDA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley, fijarán sus propios mecanismos de control interno,
incluyendo la solución de conflictos internos de acuerdo con lo que se establezca en el estatuto social;
pudiendo recurrir al uso de métodos alternativos de solución de controversias.
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ASAMBLEA NACIONAL
TERCERA.- Los miembros, asociados y socios de las organizaciones sujetas a esta Ley podrán cancelar sus
obligaciones económicas mediante descuento de sus remuneraciones, previa autorización escrita, hasta por
un máximo del veinte y cinco por ciento de dicha remuneración.
CUARTA.- Siempre que la composición de la organización lo permita, deberá existir participación
igualitaria de mujeres en los órganos directivos y de control.
QUINTA.- El Estado a través de las instituciones correspondientes levantará estadísticas y llevará cuentas
satélites como parte del Sistema de Cuentas Nacionales, que permitan medir la actividad económica de las
personas y organizaciones que conforman la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario, que den cuenta de las actividades de la producción, intercambio, consumo, autoconsumo y
distribución, así como de la población y otras variables que servirán de insumo para la formulación de
políticas públicas.
SEXTA.- Las organizaciones sujetas a esta Ley se someterán en todo momento a las normas contables
dictadas por la Superintendencia, independientemente de la aplicación de las disposiciones tributarias
existentes.
SÉPTIMA.- El organismo encargado de ejecutar los programas de ayuda económica directa a favor de las
personas vinculadas al trabajo no remunerado del hogar dedicadas a la atención de personas con
discapacidad severa, propenderá a mantener la estabilidad de los beneficiarios, con la finalidad de garantizar
los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades.
OCTAVA.- Quedan expresamente derogadas todas las normas que se opongan a esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dentro del plazo máximo de noventa
días emitirá las regulaciones necesarias para que las cajas y bancos comunales que deseen optar por la
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ASAMBLEA NACIONAL
personería jurídica, puedan hacerlo y se registrarán en el Servicio Nacional de Fomento Regulación y
Control de la Economía Popular y Solidaria.
SEGUNDA.- El Ministerio encargado de las relaciones laborales y el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad
Social dentro del plazo de ciento ochenta días deberá regular un régimen de trabajo asociado que salvaguarde
los derechos del trabajador y reglamente la corresponsabilidad de los asociados, conforme lo establecido en
esta Ley.
TERCERA.- Los recursos del fideicomiso mercantil CODENPE – CAJAS SOLIDARIAS –
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, que de acuerdo con lo dispuesto con el Código Orgánico
Monetario y Financiero deben trasladarse a la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS,
deberán hacerlo dentro del plazo de noventa días, para que sean utilizados en la finalidad exclusiva para la
que fueron creados, en favor de las cajas y bancos de los pueblos, nacionalidades indígenas y sus organismos
de integración.
CUARTA.- Las fundaciones y corporaciones que son parte de la economía popular y solidaria, que tienen
como actividad principal la producción y comercialización de bienes y servicios a terceros, deberán
registrarse ante el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria
con su personería actual en los términos que determine el reglamento.
El Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria podrá verificar
que el objeto fundamental de la fundación o corporación es la realización de actividades en el marco de la
QUINTA.- Los trabajadores y servidores públicos que prestan sus servicios en el Instituto Nacional de Economía
Popular y Solidaria –IEPS-, pasarán a formar parte del Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria de acuerdo a los requerimientos institucionales y la ley.
Los trabajadores y servidores públicos que pasen a laborar en el Servicio Nacional de Fomento Regulación y
Control de la Economía Popular y Solidaria que se crea en la presente ley, conservarán por lo menos las
condiciones en que se desempeñan actualmente.
SEXTA.- Dentro del plazo de ciento veinte días, las instituciones que tengan registros de las personas y
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ASAMBLEA NACIONAL
organizaciones de la economía popular y solidaria, entre otras, la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador –CODENPE- (en
transición al Consejo de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades) y las secretarías nacionales y ministerios,
deberán transferir obligatoriamente sus bases de datos y demás información relevante al Servicio Nacional
de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, para su registro automático.
SÉPTIMA.- Dentro del plazo de ciento ochenta días, desde la publicación de la presente Ley, el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social emitirá la regulación necesaria para que los socios trabajadores de las
organizaciones de la economía popular y solidaria se conviertan en sujetos de afiliación, bajo su condición
laboral de trabajador asociado. En la regulación se incluirá el proceso de transición para que los socios
trabajadores que se encuentran afiliados en otro régimen puedan trasladarse al presente régimen de afiliación
para trabajadores asociados.
El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, entregará la herramienta electrónica de registro de las
personas de la economía popular y solidaria y la base de datos a su cargo al Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, dentro del plazo de sesenta días después de
aprobada la presente Ley.
Dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la conformación del Servicio Nacional de Fomento
Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria deberá iniciarse el sistema electrónico y
simplificado para el otorgamiento de personería jurídica, actualización de directivas y registro de personas de
la economía popular y solidaria, que le compete realizar de acuerdo con esta Ley.
Hasta que entre en funcionamiento y se generalice el uso del sistema de registro electrónico de los actores de
la economía popular y solidaria a cargo del Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la
Economía Popular y Solidaria, los registros y autorizaciones deberán efectuarse de la forma actual, sin
desmedro de su celeridad y oportunidad.
OCTAVA.- En caso de existir socios o posesionarios que no han legalizado sus predios y los mismos estén a nombre de
cooperativas en liquidación, a través de la respectiva escritura, el liquidador realizará una publicación en un periódico
del domicilio de la organización, indicando los nombres y apellidos de las personas que no cuentan con dichas
escrituras y el número del lote, para que tramiten la legalización respectiva.
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ASAMBLEA NACIONAL
El proceso de legalización deberá realizarse dentro del plazo máximo de 90 días, contados desde la fecha de la
mencionada publicación, el mismo que podrá ser prorrogado por una sola vez por igual tiempo; si durante este tiempo
los socios o posesionarios no han realizado dicho proceso de escrituración, el liquidador procederá a solicitar la
extinción de la cooperativa.
Una vez que la cooperativa se extinga, las personas que requieran legalizar sus predios deberán acudir a la vía judicial
en dichos casos la Superintendencia no será competente para conocer del particular.
NOVENA.- Dentro del plazo de un año a partir de la publicación de esta Ley, deberá constituirse formalmente el
sistema de ventanilla única para la atención de los trámites que requieren las personas y organizaciones de la economía
popular y solidaria.
El Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, será el
responsable de su implementación y funcionamiento con el apoyo de: Instituto Ecuatoriano de la Seguridad
Social, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Contratación Pública, Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria; Ministerio de Salud; Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria; Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, Ministerio de Inclusión Económica y
Social, Ministerio de Turismo y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otros.
DÉCIMA.- Dentro del plazo de noventa días, los activos y pasivos del Instituto Nacional de Economía Popular y
Solidaria, previo inventario, pasarán a formar parte del patrimonio del Servicio Nacional de Fomento Regulación y
Control de la Economía Popular y Solidaria.
UNDÉCIMA.- Todos los derechos y obligaciones que consten en contratos o convenios suscritos por el Instituto
Nacional de Economía Popular y Solidaria, serán asumidos, previa la suscripción de las adendas respectivas, por el
Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria.
DUODÉCIMA.- A partir de la vigencia de esta Ley el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, no podrá
contraer nuevas obligaciones, excepto aquellas que sean necesarias para la implementación del proceso de transición y
las indispensables para sostener la ejecución de aquellos proyectos que se encuentren en vigencia a la fecha de
expedición de la presente Ley.
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ASAMBLEA NACIONAL
Los contratos suscritos por el Instituto, al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
vigentes a la expedición de la presente Ley, continuarán siendo ejecutados hasta su terminación.
DÉCIMA TERCERA.- Hasta que el Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y
Solidaria creado mediante esta Ley, se encuentre operativo, y, por un plazo no mayor a noventa días de su
promulgación, continuará interviniendo el Instituto de Economía Popular y Solidaria, en funciones prorrogadas al
amparo de la ley de su creación.
DÉCIMA CUARTA.- Los procesos judiciales a cargo del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, que
estuvieren siendo sustanciados ante los juzgados y tribunales de justicia, serán asumidos por el Servicio Nacional de
Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria, que se crea en la presente Ley.
DÉCIMA QUINTA.- El Ministerio de Finanzas, realizará las acciones y reformas presupuestarias
correspondientes con el propósito de viabilizar la aplicación de la presente Ley.
DÉCIMA SEXTA.- Con la finalidad de regularizar la adjudicación de los lotes que sean de propiedad de
una cooperativa de vivienda que se haya disuelto o declarado inactiva, antes de la vigencia de esta ley, la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria designará un funcionario que supervisará que el comité
promejoras, que asuma las obligaciones de dicha cooperativa, adjudique los lotes a sus posesionarios
legítimos en el plazo de dos años. En estos casos los posesionarios mantendrán sus obligaciones económicas
frente a la cooperativa de vivienda.
Las organizaciones sociales sin fines de lucro constituidas al amparo del Código Civil, que hayan adquirido
bienes inmuebles para la construcción de viviendas o la ejecución de obras de urbanización y más
actividades vinculadas con estas en beneficio de sus miembros o que se han constituido para la
regularización de asentamientos humanos de hecho, con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, promulgada en el Registro Oficial
No. 444, de 10 de mayo de 2011, podrán de forma excepcional y por esta única vez, adjudicar los bienes
inmuebles adquiridos a sus miembros en asamblea general.
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos cuatro y cinco existentes a la fecha de
emisión de esta Ley, cuyos activos, hasta el 31 de diciembre de 2017, sean inferiores a dos millones de dólares, podrán,
dentro del plazo de ciento ochenta días (180) de la fecha señalada, convertirse en cajas de ahorro. Sino lo hicieren, la
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ASAMBLEA NACIONAL
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá un procedimiento para su fortalecimiento, fusión o su
transformación en cajas de ahorro.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS
PRIMERA.- En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre de 2010, realícense
las siguientes reformas:
1.- Agréguese después del primer inciso del artículo 417 el siguiente:
“El cálculo de la regalía por ocupación del espacio público de las personas de la economía popular y
solidaria, considerará el ingreso neto de los emprendimientos y la utilización del suelo.”
2.- Después del segundo inciso del artículo 548 agréguese el siguiente:
“El cálculo de la tarifa del impuesto anual a la patente de los actores de la economía popular y solidaria será
en función de sus ingresos netos del año anterior, siendo la tarifa mínima de diez dólares de los Estados
Unidos de América.”
3.- Agréguese después del primer inciso del artículo 550, el siguiente inciso:
“Los denominados vehículos de tracción humana “triciclos”, estarán exentos de cancelar anualmente la tasa
municipal por el servicio que presten, siempre y cuando se sujeten a las restricciones de circulación
determinadas por los GAD y a las condiciones técnicas que para el efecto determinen.”
4.- En el numeral 4 del artículo 596, agréguese al final del segundo inciso lo siguiente:
“, es decir su valor al año anterior a la existencia del asentamiento humano de hecho.”
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ASAMBLEA NACIONAL
5.- Agréguese la siguiente disposición general:
“Para la regularización de asentamientos de hecho en predios que se encuentren proindiviso, sin importar el
tamaño del lote a regularizar, a más de lo dispuesto en el artículo 486 de este Código, será aplicable la
Sección Tercera, Capítulo II, Título IV de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de
Suelo, dentro de los plazos y condiciones establecidos por la disposición transitoria octava de la misma Ley.”
SEGUNDA.- En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial No. 306 del 22 de octubre del 2010, realícese la siguiente reforma:
1.- Al final del artículo 76 añádase el siguiente inciso:
“En el caso de proveedores de la economía popular y solidaria, los anticipos se manejarán en el sector
financiero popular y solidario si su acreditación y sus pagos se realizan mediante el Banco Central del
Ecuador.”
TERCERA.- En el Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014, realícense las siguientes reformas:
1.- Agregar como penúltimo inciso del artículo 74 el siguiente:
“Asimismo podrá disponer, de conformidad con lo señalado en el Reglamento de la presente Ley, que hasta el 100% de
las utilidades y excedentes de las cooperativas, así como otras cuentas patrimoniales, una vez deducida la contribución a
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no sean repartidos y se destinen a incrementar el Fondo
Irrepartible de Reserva Legal.”
2.- Sustituir en el inciso segundo, del artículo 77 la frase: “que deberán ser denunciados a la Fiscalía General del
Estado” por la frase: “que deberán ser puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado”
3.- Incorporar al final del numeral 7 del artículo 80 el siguiente texto:
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ASAMBLEA NACIONAL
“Entre los procedimientos que permitan la aplicación de la regla del menor costo respecto del pago de seguro de
depósitos, la COSEDE podrá invertir recursos del Seguro de Depósitos, hasta con dos años de gracia y hasta veinte años
plazo, en entidades financieras que adquieran la totalidad de activos y pasivos de entidades financieras inviables, a la
tasa de interés promedio ponderada de los rendimientos del portafolio del Seguro de Depósitos más un margen
determinado por la COSEDE.
Dentro del proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos, para aplicar la regla de menor costo la
COSEDE utilizará la valoración de los activos establecida por el administrador temporal de la entidad
inviable;”
4.- Reemplazar el primer inciso del artículo 149 por el siguiente:
“Art. 149.- Sistema de garantía crediticia. Créase el sistema de garantía crediticia como un mecanismo que
tiene por objeto afianzar obligaciones crediticias o de obligaciones por anticipos contractuales de las
personas que no están en capacidad de concretar proyectos con el sistema financiero nacional o contratos
como proveedores del Estado por falta de garantías, tales como primeros emprendedores, madres solteras,
personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas pertenecientes a grupos de
atención prioritaria y actores de la economía popular y solidaria, sujetos a las condiciones, límites y
procedimientos determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.”
5.- En el punto número 2 del Sector Financiero Popular y Solidario, del artículo 194 efectúense las
siguientes reformas:
a) Sustitúyase el literal a. por el siguiente: “a. Las operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios
determinadas en el numeral 1 literal a. numerales 2, 4, 7 y 10; literal b. numerales 1, 2, 3 y 4; literal c.
numeral 1 y, literal d. numerales 1, 3 y 4 de este artículo;
b) En el artículo 194, en el punto número 2 referido a Sector financiero popular y solidario, en el literal c) a
continuación del punto y coma, agregar lo siguiente: “constituir depósitos en entidades financieras del
exterior para el caso de requerir realizar depósitos en garantías para constituirse en emisores de tarjetas de
crédito de marcas internacionales. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las
condiciones, límites y procedimientos para autorizar estas operaciones.”
c) Para agregar el siguiente literal h: elimínese “y,” del literal f.; sustitúyase del literal g. el punto final por
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punto y coma y agréguese “y,”.
“h. Abrir cuentas en instituciones financieras del exterior relacionadas con operaciones de tarjetas de crédito
internacionales, de acuerdo con los requisitos, límites y condiciones que establezca la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera.”
6.- Sustituir el artículo 305, por el siguiente:
“Artículo 305.- Presunción de quiebra fraudulenta. Cuando una entidad financiera sea puesta en liquidación forzosa,
se presumirá que es consecuencia de actos dolosos cometidos por los administradores, vocales de los consejos de
vigilancia, o empleados que hubiesen participado en cualquiera de los actos señalados por el Código Orgánico Integral
Penal, quienes responderán con su patrimonio. Adicionalmente responderán con su patrimonio quienes actuaron como
testaferros de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal.”
7.- Sustituir el numeral 4 del artículo 307, por el siguiente:
4. El plazo para la liquidación, que no podrá superar los dos años, pudiendo ser prorrogado por un año más, previo
informe del liquidador;
8.- Sustitúyase el tercer inciso del artículo 328 por el siguiente:
“Los montos asegurados de los depósitos en el resto de segmentos del Sector Financiero Popular y Solidario serán
definidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sobre la base de la propuesta que para el efecto,
remita la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. Los montos definidos
en ningún caso podrán ser superiores al monto asegurado de los depósitos en las entidades financieras privadas y
populares solidarias del segmento uno (1).”
9.- En el artículo 448 sustituir “un nuevo socio” por “los socios”.
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10.- Sustitúyase el numeral 5 del artículo 457 por el siguiente:
“5. Comprar bienes de propiedad de los administradores, funcionarios o empleados de la entidad o a personas que
actuasen a su nombre y en su representación y establecer acuerdos, convenios o contratos con personas naturales o
jurídicas ajenas a la organización que les permita participar directa o indirectamente en los beneficios derivados de las
medidas de fomento, promoción e incentivos que concede la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.”
11.- Incluir como cuarto inciso del artículo 458 el siguiente texto:
“Para efectos de la redención de aportes o certificados de las cajas de ahorro y crédito, se estará a lo
dispuesto en este Código.”
12.- Sustituir el inciso segundo del artículo 459 por el siguiente:
“Las entidades mencionadas en este artículo son sujetos de acompañamiento y estarán bajo la competencia
del Servicio Nacional de Fomento Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria.”
13.- Agregar a continuación del inciso único del artículo 175 los siguientes incisos:
“La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dispondrá la conversión de las entidades asociativas
o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, cuando por su
crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y cobertura geográfica, superen los límites
fijados por esta Superintendencia para esas organizaciones.
De igual forma, de oficio o mediante solicitud de los socios establecida en el reglamento de la ley, la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dispondrá la conversión de las cooperativas de ahorro y
crédito en entidades asociativas o solidarias, cajas de ahorro y crédito, cuando no cumplan con los requisitos
para ser cooperativas.”
CUARTA.- En la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, publicada en el Registro Oficial No. 130 de 22 de
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julio de 2003, realícense las siguientes reformas:
1.- Sustituir “compañías de vigilancia y seguridad privada” por “compañías o cooperativas de
vigilancia y seguridad privada”. De igual manera, cuando se refiera como compañías o compañía a las
de vigilancia y seguridad privada, agregar “o cooperativas”.
2.- Sustitúyase el artículo 10 por el siguiente:
“Art. 10.- Del Registro.- Las escrituras de constitución de las compañías de vigilancia y seguridad privada se
inscribirán en un libro especial que, para dicho efecto, abrirá el Registro Mercantil.
Los estatutos de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada se inscribirán en el registro que para el
efecto mantiene la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.”
“Art. 11.- Registro de funcionamiento.- Las compañías o cooperativas de vigilancia y seguridad privada
legalmente constituidas e inscritas, se deberán inscribir en los registros especiales que, para el efecto, abrirán
separadamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía
Nacional, previa notificación de la Superintendencia correspondiente.”
“Art. 12.- Permiso de operación.- Registrada la compañía o cooperativa de vigilancia y seguridad privada en
la forma establecida en los artículos anteriores, le corresponde al Ministerio de Gobierno, otorgar el
correspondiente permiso de operación.
El permiso de operación será concedido en un término no mayor a quince días, contado a partir de la fecha
de presentación de los siguientes documentos:
a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía o del estatuto social de la cooperativa,
debidamente registrado e inscrito en la forma prevista en la ley;
b) Nombramiento del representante legal de la compañía o cooperativa, debidamente inscrito en el Registro
correspondiente; y,
c) Reglamento Interno de la compañía o cooperativa, aprobado por la Dirección General del Trabajo y la
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Asamblea General, según corresponda.”
“Art. 13.- Relación laboral.- El personal de las compañías o cooperativas de vigilancia y seguridad privada,
en sus relaciones laborales, estará sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo y la Ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria.”
6.-En el artículo 17, después de “conjuntamente con la Superintendencia de Compañías” agregar “y la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria”; asimismo, al final del artículo, eliminar “de
Compañías”.
“La Superintendencia de Compañías o de Economía Popular y Solidaria según corresponda, notificará en
forma inmediata, la disolución de las compañías o cooperativas de vigilancia y seguridad privada al
Ministerio de Gobierno para los fines legales pertinentes.”
8.- Al final de la disposición general novena sustitúyase el punto final (.) y añádase “y de la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria.”.
QUINTA.- En la Ley de Turismo vigente publicada en el Registro Oficial Suplemento 733 de 27 de
diciembre del año 2002 realícense las siguientes reformas:
1.- Sustitúyase el literal a) del artículo 4 por el siguiente:
“a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada; la economía popular y solidaria;
y, al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto
turístico competitivo;”
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“Artículo 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro podrán realizar actividades turísticas para
beneficio de terceros, siempre que estas se hubieran incorporado en su estatuto social, estén registradas como
organizaciones de la economía popular y solidaria ante los organismos competentes y cuenten con los títulos
habilitantes respectivos.”
“Artículo 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia
anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y
de calidad vigentes. Para los actores de la economía popular y solidaria la entidad reguladora establecerá un
registro y permiso de funcionamiento con requisitos básicos para sus actividades.”
“Artículo 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales o consejos de gobierno de
las regiones autónomas descentralizadas, a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad,
concederán a los establecimientos turísticos privados o de la economía popular y solidaria una licencia o
permiso único anual de funcionamiento; lo que les permitirá:
a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;
b. Dar publicidad a su categoría;
c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de esa persona
natural o jurídica, instalación o establecimiento;
d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un notario puedan ser usadas por el o
los propietarios y socios, como prueba a su favor; a falta de otra; y,
e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de licencias o permisos de funcionamiento, salvo en el
caso de las licencias o permisos ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas
y emitidas.”
“Artículo 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos,
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ASAMBLEA NACIONAL
recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones, todas las facilidades
necesarias para su registro, obtención del permiso o licencia de funcionamiento y desarrollo de sus
actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios, pero si
preferencia de las políticas públicas de fomento, y, se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos
respectivos.”
SEXTA.- En la Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de
Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 863 de 17 de octubre de 2016, realícense las siguientes reformas:
1.- Sustituir “compañías de seguros que ofrezcan seguros con cobertura de asistencia médica” por
“compañías o cooperativas de seguros que ofrezcan seguros con cobertura de asistencia médica”. De
igual manera, cuando se refiera a las compañías de seguros que oferten seguros con cobertura de
asistencia médica, agregar “o cooperativas”.
Según la redacción de la ley, los artículos señalan: “Las compañías que financien servicios de atención
integral de salud prepagada y las de seguros que ofrezcan seguros con cobertura de asistencia
médica”, para este caso, se sustituirá la frase por: “Las compañías que financien servicios de atención
integral de salud prepagada y las compañías o cooperativas de seguros que ofrezcan seguros con
cobertura de asistencia médica”.
2.- En el artículo 49, al final del numeral 2, después de compañías agregar: “o cooperativas”.
3.- Agréguese como segundo inciso de la disposición general tercera lo siguiente:
“En el ámbito cooperativo, la competencia corresponderá a la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.”
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Se deroga la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria publicada en el Registro Oficial No. 444 de 10
de mayo de 2011 y todas sus reformas.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
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