Titulo xii

TITULO XII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA

Capitulo 1 De Las Disposiciones Generales

El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no
renovables, sin evadir algún derecho adquirido y mejorado con arreglo a las
leyes prexistentes, La actividad económica y la iniciativa privada son libres.
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos
que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene
una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las
organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica
y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su
posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la
libertad económica cuando así lo exijan el interés social. La dirección general
de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la
ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la
producción, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.
También para promover la productividad y la competitividad y el desarrollo
armónico de las regiones. Las actividades financiera, aseguradora y cualquier
otra relacionada con el ma nejo e inversión de los recursos de captación
a las que se refiere el literal del numeral 19 del artículo 150 son de interés
público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a
la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias
y promoverá la democratización del crédito. Ningún monopolio podrá
establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o
social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá
aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que
en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad
económica lícita. La organización, administración, control y explotación de los
monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley
de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los
monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios
de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán

destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. La evasión
fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será
sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. El Gobierno
enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a
terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de
eficiencia, en los términos que determine la ley. En cualquier caso se
respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores. La Ley podrá
establecer para las zonas de frontera, terrestres y marítimas, normas
especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su
desarrollo. En tiempo de paz, solamente el Congreso, podrá imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases
gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley y los acuerdos pueden permitir
que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los
contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les
presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema
y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su
reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes,
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden
aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia
de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.

Capítulo 2.......De los Planes de Desarrollo.

Hay un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un
plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte
general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las
metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo, las estrategias y
orientaciones generales de la política económica y ambiental que serán
adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de
inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros
requeridos para su ejecución. Las entidades territoriales elaborarán y
adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de
desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y
corto plazo. Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por
representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos,
sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter
consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.
Los miembros del Consejo Nacional serán designados por el Presidente de la

República de listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de
las entidades y sectores a que se refiere el inciso anterior, quienes deberán
estar o haber estado vinculados a dichas actividades. Su período será de ocho
años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca la ley.
En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo
determine la ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación
constituyen el Sistema Nacional de Planeación.

El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de
las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo
Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto
del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a
efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a
consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación
del período presidencial respectivo.

Capítulo 3.......Del Presupuesto.

En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en
el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se
halle incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público
que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas
departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir
crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. El Gobierno
formulará anualmente el Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones que
deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al
Congreso, dentro de los primeros diez días de cada legislatura. En la Ley de
Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un
crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley
anterior, o a uno propuesto por el Gobierno para atender debidamente el
funcionamiento de las ramas del poder público, o al servicio de la deuda, o
destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. El proyecto de ley
de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado
pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos
legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos
proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas
comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de
nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de
gastos contemplados. El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere
perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo
trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente. Si el
Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno
dentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere
sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el
Gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir

empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio.
Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de
acuerdo con las reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el
Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones. Los cómputos de las
rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance del Tesoro, no
podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto previo y favorable
suscrito por el ministro del ramo. La ley de apropiaciones deberá tener un
componente denominado gasto público social que agrupará las partidas de tal
naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica respectiva. Excepto en
los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la
distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de
personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia
fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. El presupuesto de
inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior
respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. El
Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de
gastos propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación
escrita del ministro del ramo. El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de
gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de las que se necesitan para
el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del
Estado. Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien
llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus
entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea
el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del
Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. Corresponden al
Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la
contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas
contables que deben regir en el país, conforme a la ley

Capítulo 4.......De la Distribución de Recursos y de las Competencias.

Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los
servicios a cargo de la nación y de las entidades territoriales. el situado fiscal,
esto es, el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a
los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales de Cartagena,
Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los
municipios, de los servicios que se les asignen. Los recursos del situado fiscal
se destinarán a financiar la educación prescolar, primaria, secundaria y media,
y la salud. El situado fiscal aumentará anualmente hasta llegar a un porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que permita atender adecuadamente
los servicios para los cuales está destinado. Con este fin, se incorporarán a él
la retención del impuesto a las ventas y todos los demás recursos que la
Nación transfiere directamente para cubrir gastos en los citados niveles de

educación. La ley fijará los plazos para la cesión de estos ingresos y el traslado
de las correspondientes obligaciones, establecerá las condiciones en que cada
departamento asumirá la atención de los mencionados servicios y podrá
autorizar a los municipios para prestarlos directamente en forma individual o
asociada. No se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa
asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas. Un quince por
ciento del situado fiscal se distribuirá por partes iguales entre los
departamentos, el Distrito Capital y los Distritos de Cartagena, Santa Marta y
Barranquilla. El resto se asignará en proporción al número de usuarios actuales
y potenciales de los servicios mencionados, teniendo en cuenta, además, el
esfuerzo fiscal ponderado y la eficiencia administrativa de la respectiva entidad
territorial. Cada cinco años la ley a iniciativa de los miembros del Congreso,
podrá revisar estos porcentajes de distribución. Adicionado por el artículo 2º del
acto legislativo número 1 de 1993 (agosto 18), por medio del cual se erige a la
ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en distrito
especial, industrial y portuario. Los municipios participarán en los ingresos
corrientes de la Nación. La Ley, a iniciativa del Gobierno, determinará el
porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de
inversión social que se financiarán con dichos recursos. Para los efectos de
esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán
considerados como municipios. Los recursos provenientes de esta participación
serán distribuidos por la ley de conformidad con los siguientes criterios: sesenta
por ciento en proporción directa al número de habitantes con necesidades
básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población del
respectivo municipio; el resto en función de la población total, la eficiencia fiscal
y administrativa y el progreso demostrado en calidad de vida, asignando en
forma exclusiva un porcentaje de esta parte a los municipios menores de
50.000 habitantes. La ley precisará el alcance, los criterios de distribución aquí
previstos, y dispondrá que un porcentaje de estos ingresos se invierta en las
zonas rurales. La participación de los municipios en los ingresos corrientes de
la Nación se incrementará, año por año, del catorce por ciento en 1993 hasta
alcanzar el veintidós por ciento como mínimo en el 2001. La ley fijará el
aumento gradual de estas transferencias y definirá las nuevas
responsabilidades que en materia de inversión social asumirán los municipios y
las condiciones para su cumplimiento. Sus autoridades deberán demostrar a
los organismos de evaluación y control de resultados la eficiente y correcta
aplicación de estos recursos y, en caso de mal manejo, se harán acreedores a
las sanciones que establezca la Ley. Estarán excluidos de la participación
anterior, los impuestos nuevos cuando el Congreso así lo determine y, por el
primer año de vigencia, los ajustes a tributos existentes y los que se arbitren
por medidas de emergencia económica. A partir del año 2000, los municipios
clasificados en la categoría cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las
normas vigentes, podrán destinar libremente, para inversión o para otros
gastos, hasta un quince por ciento (15%) de los recursos que perciban

porconcepto de la participación. Parágrafo Transitorio 1º.- Establécese para los
años 1995 a 1999, inclusive, un período de transición durante el cual los
municipios, de conformidad con la categorización consagrada en las normas
vigentes, destinarán libremente para inversión o para otros gastos, un
porcentaje máximo de los recursos de la participación, de la siguiente forma:
Categorías 2a. y 3a.: Hasta el 25% en 1995; hasta el 20% en 1996; hasta el
15% en 1997; hasta el 10% en 1998, y hasta el 5% en 1999. Categorías 4a, 5a.
y 6a.: Hasta el 30 % en 1995; hasta el 27% en 1996; hasta el 24% en 1997;
hasta el 21% en 1998, y hasta el 18% en 1999. Parágrafo Transitorio 2º.- A
partir de 1996 y hasta el año 1999, un porcentaje creciente dela participación
se distribuirá entre los municipios de acuerdo con los criterios establecidos en
este artículo, de la siguiente manera: El 50% en 1996; el 60% en 1997; el 70%
en 1998, y el 85% en 1999. El porcentaje restante de la participación en cada
uno de los años del período de transición, se distribuirá en proporción directa al
valor que hayan recibido los municipios y distritos por concepto de la
transferencia del IVA en 1992. A partir del año 2000 entrarán en plena vigencia
los criterios establecidos en el presente artículo para distribuir la participación.
Modificado por el Acto Legislativo 01 de 1995 (diciembre 1), por medio del cual
se adiciona el artículo 357 de la Constitución Política, sobre participación de los
municipios en los ingresos corrientes de la Nación. La ley determinará las
condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables así
como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. La
explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro
derecho o compensación que se pacte. Con los ingresos provenientes de las
regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un
Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades
territoriales en los términos que señale la ley.

Capítulo 5.......De la Finalidad Social del Estado y de los Servicios Públicos.

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber
del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije
la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por
la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha
ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. El bienestar general y
el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales

del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y
de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación
y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre
cualquier otra asignación. La Nación, los departamentos, los distritos, los
municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus
respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus
necesidades básicas.

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