LGRA

Capitulo I
Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la ley

Artículo 1.
La presente Ley es de orden público y de observancia general
en toda la República, y tiene por objeto distribuir
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer
las responsabilidades administrativas de los Servidores
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los
actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves, así como los procedimientos para su
aplicación.

Artículo 2.
I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación
de los Servidores Públicos;
II. Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los
Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los
procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades
competentes para tal efecto;
III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de
particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las
facultades de las autoridades competentes para tal efecto;
IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e
investigación de responsabilidades administrativas, y
V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas
eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Artículo 3.
Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación;
II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de
control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas
productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas;
III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de
control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las
unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de
su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas
desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la
conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso
podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora;
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la
unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos
internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de
particulares, lo será el Tribunal competente;
V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace referencia el artículo 113 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y
eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción;

Artículo 3.
VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de
las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de
negocios;
VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación
patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley;
IX. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las
Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u
omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en términos de los
artículos 91 y 93 de esta Ley;
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales
autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus
homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y
sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o
procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes
judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que
tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de
gobierno;

Artículo 3.
XI. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad
paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y sus correlativas en las entidades federativas y municipios;
XII. Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los
que hacen referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del artículo 116 y el sexto
párrafo de la fracción II del Apartado A del artículo 122, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de
la investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener
conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas;
XIV. Faltas administrativas: Las Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas
no graves; así como las Faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en esta Ley;
XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos
en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos
internos de control;

Artículo 3.
XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos catalogadas
como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;
XVII. Faltas de particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados
con faltas administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, cuya
sanción corresponde al Tribunal en los términos de la misma;
XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades
investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la presente Ley,
exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta
responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas;
XIX. Magistrado: El Titular o integrante de la sección competente en materia de responsabilidades
administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de las salas
especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades
federativas;
XX. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a los que la Constitución otorga
expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos
aquellos creados con tal carácter en las constituciones de las entidades federativas;
XXI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras
instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean
competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos;

Artículo 3.
XXII. Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley,
así como los contenidos previstos en la presente Ley;
XXIII. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal;
XXIV. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus
homólogos en las entidades federativas;
XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión
en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXVI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos, y
XXVII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas,
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas
que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades
federativas.

Artículo 4.
Son sujetos de esta Ley:
I. Los Servidores Públicos;
II. Aquellas personas que habiendo fungido como
Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se
refiere la presente Ley, y
III. Los particulares vinculados con faltas administrativas
graves.

Artículo 5.No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno
de las empresas productivas del Estado ni de los entes públicos en cuyas leyes de creación se prevea
expresamente, sin perjuicio de las responsabilidades que establecen las leyes que los regulan.
Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos los consejeros independientes que, en su caso,
integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen
actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando:
I. No tengan una relación laboral con las entidades;
II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes
privados con los que tenga Conflicto de Interés;
III. Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo
suficiente para desempeñar su encargo como consejero;
IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de
gobierno no sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en
la República Mexicana, y
V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los
consejeros independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán
responsables por los daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos,
hechos u omisiones en que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes.

Artículo 6.
Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener
condiciones estructurales y normativas que permitan el
adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la
actuación ética y responsable de cada servidor público.

Artículo 7.
Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio
público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las
siguientes directrices:
I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni
buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier
persona u organización;
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios
o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o
prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de
manera objetiva;

Artículo 7.VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados;
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
establecidos en la Constitución;
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido;
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses
particulares, personales o ajenos al interés general;
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en
conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y
obligaciones, y
X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que
comprometa al Estado mexicano.

Artículo 8.
Las autoridades de la Federación y las entidades federativas
concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de
esta Ley.
El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y
principios de coordinación entre las autoridades competentes
en la materia en la Federación, las entidades federativas y los
municipios.

Artículo 9.
En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas
para aplicar la presente Ley:
I. Las Secretarías;
II. Los Órganos internos de control;
III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades
de fiscalización superior de las entidades federativas;
IV. Los Tribunales;

Artículo 9.
V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de
los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que
correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal,
conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su
reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura
respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como
sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin
perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las
entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos, y
VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de
conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las
siguientes atribuciones:
a) Las que esta Ley prevé para las autoridades investigadoras y substanciadoras;
b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no graves, y
c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en
esta Ley.

Artículo 10.
Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades federativas tendrán a su
cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas
administrativas.
Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, las
Secretarías y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley.
En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas
administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en
los términos previstos en esta Ley.
Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes
para:
I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional
Anticorrupción;
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y
participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su
competencia, y
III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.

Artículo 11.
La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas serán competentes para investigar y
substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas detecten posibles faltas
administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos
internos de control, según corresponda, para que continúen la
investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.
En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la
presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias
correspondientes ante el Ministerio Público competente.

Artículo 12.
Los Tribunales, además de las facultades y atribuciones
conferidas en su legislación orgánica y demás normatividad
aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de
sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves y de
Faltas de particulares, conforme a los procedimientos
previstos en esta Ley.

Artículo 13.
Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los
actos u omisiones investigados se desprenden tanto la
comisión de faltas administrativas graves como no graves por
el mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas
administrativas graves substanciarán el procedimiento en los
términos previstos en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el
que imponga la sanción que corresponda a dicha falta. Si el
Tribunal determina que se cometieron tanto faltas
administrativas graves, como faltas administrativas no graves,
al graduar la sanción que proceda tomará en cuenta la
comisión de éstas últimas.

Artículo 14.
Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos
materia de denuncias, queden comprendidos en más de uno
de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 de
la Constitución, los procedimientos respectivos se
desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la
vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que
alude el artículo 9 de esta Ley turnar las denuncias a quien
deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por
una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a
particulares en términos de esta Ley, no limita las facultades
de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a
particulares, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 15.
Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, las Secretarías y los Órganos internos de control,
considerando las funciones que a cada una de ellas les
corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán
implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones
específicas deberán observar los Servidores Públicos en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación
con el Sistema Nacional Anticorrupción.
En la implementación de las acciones referidas, los Órganos
internos de control de la Administración Pública de la Federación o
de las entidades federativas deberán atender los lineamientos
generales que emitan las Secretarías, en sus respectivos ámbitos de
competencia. En los Órganos constitucionales autónomos, los
Órganos internos de control respectivos, emitirán los lineamientos
señalados.

Artículo 16.
Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética
que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos
internos de control, conforme a los lineamientos que emita el
Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación
impere una conducta digna que responda a las necesidades
de la sociedad y que oriente su desempeño.
El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá
hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos de la
dependencia o entidad de que se trate, así como darle la
máxima publicidad.

Artículo 17.
Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente
el resultado de las acciones específicas que hayan
implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su
caso, las modificaciones que resulten procedentes,
informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta
establezca.

Artículo 18.
Los Órganos internos de control deberán valorar las
recomendaciones que haga el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el
objeto de adoptar las medidas necesarias para el
fortalecimiento institucional en su desempeño y control
interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y
hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano de la
atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y
resultados.

Artículo 19.
Los entes públicos deberán implementar los mecanismos de
coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano
de los avances y resultados que estos tengan, a través de sus
Órganos internos de control.

Artículo 20.
Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de
control se deberán observar, además de los requisitos
establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice
la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública
con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y
eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a
los mejores candidatos para ocupar los puestos a través de
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Los
titulares de los Órganos internos de control de los Órganos
constitucionales autónomos, así como de las unidades
especializadas que los conformen, serán nombrados en
términos de sus respectivas leyes.

Artículo 21.
Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración
con las personas físicas o morales que participen en
contrataciones públicas, así como con las cámaras
empresariales u organizaciones industriales o de comercio,
con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de
mecanismos de autorregulación que incluyan la
instrumentación de controles internos y un programa de
integridad que les permita asegurar el desarrollo de una
cultura ética en su organización.

Artículo 22.
En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere
el artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas
internacionales sobre controles, ética e integridad en los
negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica
de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos
y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del
programa de integridad y que contengan herramientas de
denuncia y de protección a denunciantes.

Artículo 23.
El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción
deberá establecer los mecanismos para promover y permitir la
participación de la sociedad en la generación de políticas
públicas dirigidas al combate a las distintas conductas que
constituyen Faltas administrativas.

Artículo 24.
Las personas morales serán sancionadas en los términos de
esta Ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas que actúen a su
nombre o representación de la persona moral y pretendan
obtener mediante tales conductas beneficios para dicha
persona moral.

Artículo 25.
En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se
refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de
integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de
integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos:
I. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y
completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada
una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de
mando y de liderazgo en toda la estructura;
II. Un código de conducta debidamente publicado y socializado
entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y
mecanismos de aplicación real;
III. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría,
que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los
estándares de integridad en toda la organización;

Artículo 25.
IV. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la
organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos
disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de
forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana;
V. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación
respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo;
VI. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación
de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la
corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de
persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas, y
VII. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y
publicidad de sus intereses.

Artículo 26.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción,
llevará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, a
través de la Plataforma digital nacional que al efecto se
establezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las bases,
principios y lineamientos que apruebe el Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 27.
La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de
intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en
la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las
funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos
facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención,
control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos de
corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción.
La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información
específicos que estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de
constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma digital
nacional, se inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a
presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se
inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre
la presentación de la declaración anual de impuestos.

Artículo 27.
En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de
la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las
constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en
contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido
sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta
Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado
las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77
y 80 de esta Ley.
Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de
quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el sistema
nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma
digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas
personas.

Artículo 28.
La información relacionada con las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, podrá ser solicitada y utilizada por
el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales
en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor
Público interesado o bien, cuando las Autoridades
investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con
motivo de la investigación o la resolución de procedimientos
de responsabilidades administrativas.

Artículo 29.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas
salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada
o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal
efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de
Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos,
garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos
aludidos queden en resguardo de las autoridades
competentes.

Artículo 30.
Las Secretarías y los Órganos internos de control, según sea el
caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las
declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de
evolución patrimonial, de declaración de intereses y
constancia de presentación de declaración fiscal, así como de
la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no
existir ninguna anomalía expedirán la certificación
correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso
contrario, iniciarán la investigación que corresponda.

Artículo 31.
Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de
los entes públicos, según corresponda, serán responsables de
inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal, la información
correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo,
verificarán la situación o posible actualización de algún
Conflicto de Interés, según la información proporcionada,
llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la
situación patrimonial de dichos Declarantes, en los términos
de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán
firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su
disposición datos, información o documentos que puedan
servir para verificar la información declarada por los
Servidores Públicos.

Artículo 32.
Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y
ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control,
todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la
presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración
fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la
materia.

Artículo 33.
La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en
los siguientes plazos:
I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la toma de posesión con motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días
naturales de la conclusión de su último encargo;
II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes
de mayo de cada año, y
III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los
sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

Artículo 33.
En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de
gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario
presentar la declaración de conclusión.
La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán
solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto
Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a
presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones
que les hubieren emitido alguno de los entes públicos, la cual deberá ser
remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se
reciba la solicitud.
Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I, II y III de este
artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin
causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta
responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas
correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento
de dicha obligación.

Artículo 33.
Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones I y II de este artículo, en
caso de que la omisión en la declaración continúe por un periodo de treinta días
naturales siguientes a la fecha en que hubiere notificado el requerimiento al
Declarante, las Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda,
declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo
notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del
cargo al servidor público.
El incumplimiento por no separar del cargo al servidor público por parte del titular
de alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en
los términos de esta Ley.
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a
que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres
meses a un año.
Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá
sustanciarse el procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas
administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley.

Artículo 34.
Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través
de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En
el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y
comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos
impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y las
Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluir la
información que corresponda en el sistema de evolución patrimonial y de
declaración de intereses.
Las Secretarías tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de
identificación electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el
control de dichos medios.
Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación
Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos
y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar las
declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos,
observando lo dispuesto por el artículo 29 de esta Ley.

Artículo 34.
Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven
de la aplicación de las disposiciones del presente Título, son
documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser
presentados como medios de prueba, en los cuales se
contenga la información que obre en sus archivos
documentales y electrónicos sobre las declaraciones de
situación patrimonial de los Servidores Públicos.
Los Servidores Públicos competentes para recabar las
declaraciones patrimoniales deberán resguardar la
información a la que accedan observando lo dispuesto en la
legislación en materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos personales.

Artículo 35.
En la declaración inicial y de conclusión del encargo se
manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de
adquisición.
En las declaraciones de modificación patrimonial se
manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha
y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el
que se hizo la adquisición.

Artículo 36.
Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán
facultadas para llevar a cabo investigaciones o auditorías para
verificar la evolución del patrimonio de los Declarantes.

Artículo 37.
En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un incremento en
su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor
público, las Secretarías y los Órganos internos de control inmediatamente solicitarán sea aclarado el
origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las
Secretarías y los Órganos internos de control procederán a integrar el expediente correspondiente
para darle trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su caso, la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.
Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y las
entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y
Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación
podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir
beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros,
instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin que dichos beneficios se
consideren como tales para efectos de lo contenido en el artículo 52 de esta Ley.
Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas
en el citado artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluirán la participación de investigación
científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos;
participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como
colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de
propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda.
Dichos Servidores Públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por
utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en
la Institución.

Artículo 38.
Los Declarantes estarán obligados a proporcionar a las
Secretarías y los Órganos internos de control, la información
que se requiera para verificar la evolución de su situación
patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o
concubinarios y dependientes económicos directos.
Sólo los titulares de las Secretarías o los Servidores Públicos en
quien deleguen esta facultad podrán solicitar a las autoridades
competentes, en los términos de las disposiciones aplicables,
la información en materia fiscal, o la relacionada con
operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión
de recursos monetarios.

Artículo 39.
Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se
computarán entre los bienes que adquieran los Declarantes o
con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los
que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o
concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo
que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

Artículo 40.
En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado,
reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de
la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien,
con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo
inmediatamente a las Secretarías o al Órgano interno de
control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores
Públicos procederán a poner los mismos a disposición de las
autoridades competentes en materia de administración y
enajenación de bienes públicos.

Artículo 41.
Las Secretarías y los Órganos internos de control, según
corresponda, tendrán la potestad de formular la denuncia al
Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la
verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la
procedencia lícita del incremento notoriamente
desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de
aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el
tiempo de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 42.
Cuando las Autoridades investigadoras, en el ámbito de sus
competencias, llegaren a formular denuncias ante el
Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes
del mismo en el procedimiento penal respectivo.

Artículo 43.
La Plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico,
los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que
intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya
sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación
de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia,
permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación
de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de
avalúos, el cual será actualizado quincenalmente.
Los formatos y mecanismos para registrar la información serán
determinados por el Comité Coordinador.
La información a que se refiere el presente artículo deberá ser
puesta a disposición de todo público a través de un portal de
Internet.

Artículo 44.
El Comité Coordinador expedirá el protocolo de actuación que las
Secretarías y los Órganos internos de control implementarán.
Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los Servidores
Públicos inscritos en el sistema específico de la Plataforma digital nacional
a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, aplicarán los formatos
que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de
vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de
posibles Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en
los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia.
El sistema específico de la Plataforma digital nacional a que se refiere el
presente Capítulo incluirá la relación de particulares, personas físicas y
morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los
entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los
previstos por esta Ley.

Artículo 45.
Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán
supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación
pública por parte de los contratantes para garantizar que se
lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia,
llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren
anomalías.

Artículo 46.
Se encuentran obligados a presentar declaración de intereses
todos los Servidores Públicos que deban presentar la
declaración patrimonial en términos de esta Ley.
Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se
encargarán de que las declaraciones sean integradas al
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses
y constancia de presentación de declaración fiscal.

Artículo 47.
Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en
los casos a los que se refiere la fracción VI del artículo 3 de
esta Ley.
La declaración de intereses tendrá por objeto informar y
determinar el conjunto de intereses de un servidor público a
fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto con su
función.

Artículo 48.
El Comité Coordinador, a propuesta del Comité de
Participación Ciudadana, expedirá las normas y los formatos
impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los
cuales los Declarantes deberán presentar la declaración de
intereses, así como los manuales e instructivos, observando lo
dispuesto por el artículo 29 de esta Ley.
La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a
que se refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera
le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho
artículo para el incumplimiento de dichos plazos. También
deberá presentar la declaración en cualquier momento en que
el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere
que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.

Artículo 49.
Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores
Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se
establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare
a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93
de la presente Ley;
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean
acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas
disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 93 de
la presente Ley;
IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y
de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

Artículo 49.
V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su
empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación,
sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de
este artículo;
VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables;
VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte, y
IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la
enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de
obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad
que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.
Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno
de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral,
dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la
sociedad.
Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando
sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente,
directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de
más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades
de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio
tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales.

Artículo 50.
También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera
culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en
el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un
Ente público.
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido
recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la
Hacienda Pública o al patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días,
contados a partir de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación
o de la Autoridad resolutora.
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior,
estos serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria
y sus homólogos de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme
al artículo 75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de
los entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.

Artículo 51.
Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen
Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos, por lo
que deberán abstenerse de realizarlas, mediante cualquier
acto u omisión.

Artículo 52.
Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte,
obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con
motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido
en su remuneración como servidor público, que podría
consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles,
incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior
al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos
y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge,
parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen parte.

Artículo 53.
Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o
realice actos para el uso o apropiación para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a las normas
aplicables.

Artículo 54.
Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor
público que autorice, solicite o realice actos para la asignación
o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o
financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las
normas aplicables.

Artículo 55.
Incurrirá en utilización indebida de información el servidor
público que adquiera para sí o para las personas a que se
refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y
valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja
o beneficio privado, como resultado de información
privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Artículo 56.
Para efectos del artículo anterior, se considera información
privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de
sus funciones y que no sea del dominio público.
La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable
inclusive cuando el servidor público se haya retirado del
empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año.

Artículo 57.
Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que
tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios,
para generar un beneficio para sí o para las personas a las que
se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a
alguna persona o al servicio público.

Artículo 58.
Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma,
en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga
Conflicto de Interés o impedimento legal.
Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior,
el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que
determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando
sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación
o resolución de los mismos.
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor
público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el
asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de
intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito
para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos
asuntos.

Artículo 59.
Será responsable de contratación indebida el servidor público
que autorice cualquier tipo de contratación, así como la
selección, nombramiento o designación, de quien se
encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por
resolución de autoridad competente para ocupar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para
realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en
el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización,
éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de
servidores públicos y particulares sancionados de la
Plataforma digital nacional.

Artículo 60.
Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de
Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad
en la presentación de las declaraciones de situación
patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar,
respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y
disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o
justificable, o un Conflicto de Interés.

Artículo 61.
Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice
la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para
inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita
realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier
beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las
personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.

Artículo 62.
Será responsable de encubrimiento el servidor público que
cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos
u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas,
realice deliberadamente alguna conducta para su
ocultamiento.

Artículo 63.
Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras,
de control interno, judiciales, electorales o en materia de
defensa de los derechos humanos o cualquier otra
competente, proporcione información falsa, así como no dé
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación
la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido
impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones
aplicables.

Artículo 64.
Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de
las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:
I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás
disposiciones aplicables;
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente,
dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de
cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de
particulares o un acto de corrupción, y
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los
preceptos establecidos en esta Ley.
Para efectos de la fracción anterior, los Servidores Públicos que denuncien una Falta
administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento,
podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser
evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios
el denunciante.

Artículo 65.
Los actos de particulares previstos en el presente Capítulo se
consideran vinculados a faltas administrativas graves, por lo
que su comisión será sancionada en términos de esta Ley.

Artículo 66.
Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras,
de control interno, judiciales, electorales o en materia de
defensa de los derechos humanos o cualquier otra
competente, proporcione información falsa, así como no dé
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación
la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido
impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones
aplicables.

Artículo 67.
Incurrirá en participación ilícita en procedimientos
administrativos el particular que realice actos u omisiones para
participar en los mismos sean federales, locales o municipales,
no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad
competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello.
También se considera participación ilícita en procedimientos
administrativos, cuando un particular intervenga en nombre
propio pero en interés de otra u otras personas que se
encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en
procedimientos administrativos federales, locales o municipales,
con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o
parcialmente, los beneficios derivados de dichos
procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en
términos de esta Ley.

Artículo 68.
Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el
particular que use su influencia, poder económico o político,
real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el
propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o
ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio
público, con independencia de la aceptación del servidor o de
los Servidores Públicos o del resultado obtenido.

Artículo 69.
Será responsable de utilización de información falsa el particular
que presente documentación o información falsa o alterada, o
simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los
procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una
autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona
alguna.
Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación
el particular que, teniendo información vinculada con una
investigación de Faltas administrativas, proporcione información
falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la
misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o
resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o
resolutoras, siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente
medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 70.
Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más
sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas,
acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un
beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de
carácter federal, local o municipal.
También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o
celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre
competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio
indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio
de los entes públicos.
Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún
intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún
beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate,
ambos serán sancionados en términos de esta Ley.

Artículo 70.
Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de
transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la
Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que
correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica
referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que
requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se
refiere esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de
los que ambos estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.
Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales
internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación,
ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios
relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y
prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o
trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier
organismo u organización públicos de un estado extranjero o que involucre la
participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de
manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Artículo 71.
Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el
particular que realice actos mediante los cuales se apropie,
haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén
previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o
financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje,
reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.
También se considera uso indebido de recursos públicos la
omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se
otorgó a dichos recursos.

Artículo 72.
Será responsable de contratación indebida de ex Servidores
Públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor
público durante el año previo, que posea información
privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de
su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y
directamente permita que el contratante se beneficie en el
mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus
competidores. En este supuesto también será sancionado el
ex servidor público contratado.

Artículo 73.
Se consideran Faltas de particulares en situación especial, aquéllas
realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros
de equipos de campaña electoral o de transición entre
administraciones del sector público, y líderes de sindicatos del
sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o
pretender recibir alguno de los beneficios a que se refiere el
artículo 52 de esta Ley, ya sea para sí, para su campaña electoral o
para alguna de las personas a las que se refiere el citado artículo, a
cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en
caso de obtener el carácter de Servidor Público.
A los particulares que se encuentren en situación especial conforme
al presente Capítulo, incluidos los directivos y empleados de los
sindicatos, podrán ser sancionados cuando incurran en las
conductas a que se refiere el Capítulo anterior.

Artículo 74.
Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades
de las Secretarías o de los Órganos internos de control para
imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a
partir del día siguiente al que se hubieren cometido las
infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.
Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de
particulares, el plazo de prescripción será de siete años,
contados en los mismos términos del párrafo anterior.
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se
refiere el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley.

Artículo 74.
Si se dejare de actuar en los procedimientos de
responsabilidad administrativa originados con motivo de la
admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se
produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se
reanudará desde el día en que se admitió el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa.
En ningún caso, en los procedimientos de responsabilidad
administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses
sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad,
se decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de
la instancia.
Los plazos a los que se refiere el presente artículo se
computarán en días naturales.

Artículo 75.
En los casos de responsabilidades administrativas distintas a
las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los
Órganos internos de control impondrán las sanciones
administrativas siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público y para participar en
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Artículo 75.
Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán
imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas
en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre
ellas y de acuerdo a la trascendencia de la Falta administrativa
no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga
podrá ser de uno a treinta días naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación
temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder
de un año.

Artículo 76.
Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se deberán
considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el
servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:
I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la
antigüedad en el servicio;
II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que
imponga el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta
con anterioridad.
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya
sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Artículo 77.
Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control imponer
las sanciones por Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los
Órganos internos de control podrán abstenerse de imponer la sanción que
corresponda siempre que el servidor público:
I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta
administrativa no grave, y
II. No haya actuado de forma dolosa.
Las secretarías o los órganos internos de control dejarán constancia de la
no imposición de la sanción a que se refiere el párrafo anterior.

Capitulo II
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves

Artículo 78.
Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los
procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
II. Destitución del empleo, cargo o comisión;
III. Sanción económica, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público
y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y
cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación
de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Artículo 79.
En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor
público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las
personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción
económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios
obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser
menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo
anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el
artículo anterior.
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta
administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y
perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio
de los entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a
reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que,
en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán
solidariamente responsables.

Artículo 80.
Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de esta Ley se
deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba
el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la
antigüedad en el servicio;
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el
responsable.

Capitulo III
Sanciones por Faltas de particulares

Artículo 81.
Las sanciones administrativas que deban imponerse por Faltas de particulares por comisión
de alguna de las conductas previstas en los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley,
consistirán en:
I. Tratándose de personas físicas:
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios
obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta
ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios
u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni
mayor de ocho años;
c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública
Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
II. Tratándose de personas morales:
a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios
obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un
millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

Artículo 81.(cont.)
b) Inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios
u obras públicas, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de diez años;
c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni
mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los
particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por
estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;
d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la
capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por
orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación
con una Falta administrativa grave prevista en esta Ley;
e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública
Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
Para la imposición de sanciones a las personas morales deberá observarse además, lo
previsto en los artículos 24 y 25 de esta Ley.

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando
la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la
sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas,
siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de las Faltas de
particulares.
Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los
órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales
denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos
que posean, resarzan los daños que se hubieren causado.
Se considera como agravante para la imposición de sanciones a las personas morales, el
hecho de que los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las
mismas, que conozcan presuntos actos de corrupción de personas físicas que pertenecen a
aquellas no los denuncien.

Artículo 82.
Para la imposición de las sanciones por Faltas de particulares se deberán
considerar los siguientes elementos:
I. El grado de participación del o los sujetos en la Falta de
particulares;
II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta
Ley;
III. La capacidad económica del infractor;
IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la
actividad administrativa del Estado, y
V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la
infracción, cuando éstos se hubieren causado.

Artículo 83.
El fincamiento de responsabilidad administrativa por la
comisión de Faltas de particulares se determinará de manera
autónoma e independiente de la participación de un servidor
público.
Las personas morales serán sancionadas por la comisión de
Faltas de particulares, con independencia de la
responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de
procedimientos las personas físicas que actúen a nombre o
representación de la persona moral o en beneficio de ella.

Capitulo IV
Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por
faltas administrativas graves y Faltas de particulares

Artículo 84.
Para la imposición de las sanciones por faltas administrativas graves y Faltas de
particulares, se observarán las siguientes reglas:
I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos,
serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el titular o servidor público
competente del Ente público correspondiente;
II. La inhabilitación temporal para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los
términos de la resolución dictada, y
III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas
por el Servicio de Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la
Federación o por la autoridad competente de la entidad federativa
correspondiente.

Artículo 85.
En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los
responsables el pago que corresponda y, en el caso de daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal, local o
municipal, o al patrimonio de los entes públicos,
adicionalmente el pago de las indemnizaciones
correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el
carácter de créditos fiscales.
Las cantidades que se cobren con motivo de las
indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios formarán
parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los entes
públicos afectados.

Artículo 86.
El monto de la sanción económica impuesta se actualizará,
para efectos de su pago, en la forma y términos que establece
el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de
contribuciones y aprovechamientos, o de la legislación
aplicable en el ámbito local.

Artículo 87.
Cuando el servidor público o los particulares presuntamente
responsables de estar vinculados con una Falta administrativa
grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten,
enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, se
solicitará al Servicio de Administración Tributaria o la
autoridad competente en el ámbito local, en cualquier fase del
procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes,
a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que
llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida.
Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se
convertirá en definitivo y se procederá en los términos de la
legislación aplicable.

Artículo 88.
La persona que haya realizado alguna de las Faltas
administrativas graves o Faltas de particulares, o bien, se
encuentre participando en su realización, podrá confesar su
responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de
reducción de sanciones que se establece en el artículo
siguiente. Esta confesión se podrá hacer ante la Autoridad
investigadora.

Artículo 89.
La aplicación del beneficio a que hace referencia el artículo anterior, tendrá por efecto una
reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se
impongan al responsable, y de hasta el total, tratándose de la inhabilitación temporal para
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por Faltas de
particulares. Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los
siguientes requisitos:
I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del
procedimiento de responsabilidad administrativa;
II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea de entre los sujetos
involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes
que, a juicio de las autoridades competentes, permitan comprobar la existencia de la
infracción y la responsabilidad de quien la cometió;
III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y
continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la
que substancie y resuelva el procedimiento de responsabilidad administrativa, y
IV. Que la persona interesada en obtener el beneficio, suspenda, en el momento en
el que la autoridad se lo solicite, su participación en la infracción.

Además de los requisitos señalados, para la aplicación del beneficio al que se refiere este
artículo, se constatará por las autoridades competentes, la veracidad de la confesión
realizada.
En su caso, las personas que sean los segundos o ulteriores en aportar elementos de
convicción suficientes y cumplan con el resto de los requisitos anteriormente establecidos,
podrán obtener una reducción de la sanción aplicable de hasta el cincuenta por ciento,
cuando aporten elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya tenga la
Autoridad Investigadora. Para determinar el monto de la reducción se tomará en
consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud y de los elementos de
convicción presentados.
El procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en este artículo podrá
coordinarse con el procedimiento de solicitud de reducción de sanciones establecido en el
artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica cuando así convenga a las
Autoridades Investigadoras correspondientes.

El Comité Coordinador podrá recomendar mecanismos de coordinación efectiva a efecto de
permitir el intercambio de información entre autoridades administrativas, autoridades
investigadoras de órganos del Estado Mexicano y Autoridades Investigadoras dentro de su
ámbito de competencia.
Si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan una vez
iniciado el procedimiento de responsabilidad administrativa a que se refiere esta Ley, le
aplicará una reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en su
caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de inhabilitación que
corresponda.

LIBRO SEGUNDO
DISPOSICIONES ADJETIVAS
TÍTULO PRIMERO
DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES
Capítulo I
Inicio de la investigación

Artículo 90.
En el curso de toda investigación deberán observarse los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y
respeto a los derechos humanos. Las autoridades competentes serán
responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la
investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el
resguardo del expediente en su conjunto.
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y
métodos de investigación que observen las mejores prácticas
internacionales.
Las autoridades investigadoras, de conformidad con las leyes de la materia,
deberán cooperar con las autoridades internacionales a fin de fortalecer
los procedimientos de investigación, compartir las mejores prácticas
internacionales, y combatir de manera efectiva la corrupción.

Artículo 91.
La investigación por la presunta responsabilidad de Faltas
administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de
las auditorías practicadas por parte de las autoridades
competentes o, en su caso, de auditores externos.
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las
autoridades investigadoras mantendrán con carácter de
confidencial la identidad de las personas que denuncien las
presuntas infracciones.

Artículo 92.
Las autoridades investigadoras establecerán áreas de fácil
acceso, para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias por presuntas Faltas administrativas, de
conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley.

Artículo 93.
La denuncia deberá contener los datos o indicios que
permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa
por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser
presentadas de manera electrónica a través de los
mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades
investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma
digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional
Anticorrupción.

Capitulo II
De la Investigación

Artículo 94.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades
investigadoras llevarán de oficio las auditorías o
investigaciones debidamente fundadas y motivadas respecto
de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que
puedan constituir responsabilidades administrativas en el
ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las
investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace
referencia en el Capítulo anterior.

Artículo 95.
Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el
esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la
materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada
con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la
misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.
Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el
desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las
disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal bursátil,
fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de
recursos monetarios. Esta información conservará su calidad en los expedientes
correspondientes, para lo cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades
correspondientes.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 38
de esta Ley.
Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán ordenar la
práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y sus homólogas en las entidades federativas.

Artículo 96.
Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de
investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus
funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente
fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras.
La Autoridad investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días
hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder
ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los
interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del
plazo previsto originalmente.
Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de información,
tendrán la obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere
el párrafo anterior, contado a partir de que la notificación surta sus efectos.

Artículo 96. (cont.)
Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información
solicitada, requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar
la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad investigadora; de
concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue
será improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la
mitad del plazo previsto originalmente.
Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la
investigación las autoridades investigadoras podrán solicitar información o
documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas Faltas
administrativas.

Artículo 97.
Las autoridades investigadoras podrán hacer uso de las siguientes medidas
para hacer cumplir sus determinaciones:
I. Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento
cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la
cual podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en caso de
renuencia al cumplimiento del mandato respectivo;
II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de
gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la
autoridad, o
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 98.
La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior
de las entidades federativas, investigarán y, en su caso
substanciarán en los términos que determina esta Ley, los
procedimientos de responsabilidad administrativa
correspondientes. Asimismo, en los casos que procedan,
presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio
Público competente.

Artículo 99.
En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de
fiscalización superior de las entidades federativas tengan
conocimiento de la presunta comisión de Faltas
administrativas distintas a las señaladas en el artículo anterior,
darán vista a las Secretarías o a los Órganos internos de
control que correspondan, a efecto de que procedan a realizar
la investigación correspondiente.

Capitulo III
De la calificación de Faltas administrativas

Artículo 100.
Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras
procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto
de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale
como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la
misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se
presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa.
Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la
infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de
conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse
nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no
hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se
notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, así
como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días
hábiles siguientes a su emisión.

Artículo 101.
Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el
procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones
administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones
practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento
referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o
municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes
hipótesis:
I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de
asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en
la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o
abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos
que tomó en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o
II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el
servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos
que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos
de lo dispuesto por el siguiente Capítulo.

Capitulo IV
Impugnación de la calificación de faltas no graves

Artículo 102.
La calificación de los hechos como faltas administrativas no
graves que realicen las Autoridades investigadoras, será
notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable.
Además de establecer la calificación que se le haya dado a la
presunta falta, la notificación también contendrá de manera
expresa la forma en que el notificado podrá acceder al
Expediente de presunta responsabilidad administrativa.
La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101,
podrán ser impugnadas, en su caso, por el Denunciante,
mediante el recurso de inconformidad conforme al presente
Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que
no se inicie el procedimiento de responsabilidad
administrativa hasta en tanto este sea resuelto.

Artículo 103.
El plazo para la presentación del recurso será de cinco días
hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución
impugnada.

Artículo 104.
El escrito de impugnación deberá presentarse ante la
Autoridad investigadora que hubiere hecho la calificación de la
falta administrativa como no grave, debiendo expresar los
motivos por los que se estime indebida dicha calificación.
Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá
correr traslado, adjuntando el expediente integrado y un
informe en el que justifique la calificación impugnada, a la Sala
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas
que corresponda.

Artículo 105.
En caso de que el escrito por el que se interponga el recurso
de inconformidad fuera obscuro o irregular, la Sala
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas
requerirá al promovente para que subsane las deficiencias o
realice las aclaraciones que corresponda, para lo cual le
concederán un término de cinco días hábiles. De no subsanar
las deficiencias o aclaraciones en el plazo antes señalado el
recurso se tendrá por no presentado.

Artículo 106.
En caso de que la Sala Especializada en materia de
responsabilidades administrativas tenga por subsanadas las
deficiencias o por aclarado el escrito por el que se interponga
el recurso de inconformidad; o bien, cuando el escrito cumpla
con los requisitos señalados en el artículo 109 de esta Ley,
admitirán dicho recurso y darán vista al presunto infractor
para que en el término de cinco días hábiles manifieste lo que
a su derecho convenga.

Artículo 107.
Una vez subsanadas las deficiencias o aclaraciones o si no
existieren, la Sala Especializada en materia de
Responsabilidades Administrativas resolverá el recurso de
inconformidad en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

Artículo 108.
El recurso será resuelto tomando en consideración la
investigación que conste en el Expediente de presunta
responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el
Denunciante o el presunto infractor. Contra la resolución que
se dicte no procederá recurso alguno.

Artículo 109.
El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener
los siguientes requisitos:
I. Nombre y domicilio del recurrente;
II. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este Capítulo;
III. Las razones y fundamentos por los que, a juicio del recurrente, la
calificación del acto es indebida, y
IV. Firma autógrafa del recurrente. La omisión de este requisito dará lugar a
que no se tenga por presentado el recurso, por lo que en este caso no será
aplicable lo dispuesto en el artículo 105 de esta Ley.
Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con las pruebas que estime
pertinentes para sostener las razones y fundamentos expresados en el recurso de
inconformidad. La satisfacción de este requisito no será necesaria si los
argumentos contra la calificación de los hechos versan solo sobre aspectos de
derecho.

Artículo 110.
La resolución del recurso consistirá en:
I. Confirmar la calificación o abstención, o
II. Dejar sin efectos la calificación o abstención, para lo
cual la autoridad encargada para resolver el recurso, estará
facultada para recalificar el acto u omisión; o bien ordenar se
inicie el procedimiento correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Capítulo I
Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad
administrativa

Sección Primera
Principios, interrupción de la
prescripción, partes y
autorizaciones

Artículo 111.
En los procedimientos de responsabilidad administrativa
deberán observarse los principios de legalidad, presunción de
inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia,
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos
humanos.

Artículo 112.
El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio
cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su
competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa.

Artículo 113.
La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa interrumpirá los plazos de prescripción
señalados en el artículo 74 de esta Ley y fijará la materia del
procedimiento de responsabilidad administrativa.

Artículo 114.
En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las
autoridades investigadoras adviertan la probable comisión de
cualquier otra falta administrativa imputable a la misma
persona señalada como presunto responsable, deberán
elaborar un diverso Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y promover el respectivo procedimiento de
responsabilidad administrativa por separado, sin perjuicio de
que, en el momento procesal oportuno, puedan solicitar su
acumulación.

Artículo 115.
La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su
caso, resolución del procedimiento de responsabilidad
administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos
encargados de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías,
los Órganos internos de control, la Auditoría Superior, las
entidades de fiscalización superior de las entidades
federativas, así como las unidades de responsabilidades de las
empresas productivas del Estado, contarán con la estructura
orgánica necesaria para realizar las funciones
correspondientes a las autoridades investigadoras y
substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas
en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 116.
Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa:
I. La Autoridad investigadora;
II. El servidor público señalado como presunto responsable de la
Falta administrativa grave o no grave;
III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto
responsable en la comisión de Faltas de particulares, y
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la
resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad
administrativa, incluido el denunciante.

Artículo 117.
Las partes señaladas en las fracciones II, III y IV del artículo anterior podrán
autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con
capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que
procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias,
pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por
inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la
defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas
facultades en un tercero.
Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán
acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado
o licenciado en derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el
escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta
de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que
intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior,
perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo
hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo
de este artículo.

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de
los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las
disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás
conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito
presentado a la autoridad resolutora, haciendo saber las causas de la renuncia.
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones
e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las
demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.
Las partes deberán señalar expresamente el alcance de las autorizaciones que
concedan. El acuerdo donde se resuelvan las autorizaciones se deberá expresar
con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.
Tratándose de personas morales estas deberán comparecer en todo momento a
través de sus representantes legales, o por las personas que estos designen,
pudiendo, asimismo, designar autorizados en términos de este artículo.

Artículo 118.
En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de
responsabilidad administrativa, será de aplicación supletoria lo
dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las
entidades federativas, según corresponda.

Artículo 119.
En los procedimientos de responsabilidad administrativa se
estimarán como días hábiles todos los del año, con excepción
de aquellos días que, por virtud de ley, algún decreto o
disposición administrativa, se determine como inhábil,
durante los que no se practicará actuación alguna. Serán horas
hábiles las que medien entre las 9:00 y las 18:00 horas. Las
autoridades substanciadoras o resolución del asunto, podrán
habilitar días y horas inhábiles para la práctica de aquellas
diligencias que, a su juicio, lo requieran.

Sección Segunda
Medios de apremio

Artículo 120.
Las autoridades substanciadoras o resolutoras, podrán hacer uso de los
siguientes medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones:
I. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse en cada
ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del
mandato respectivo;
II. Arresto hasta por treinta y seis horas, y
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de
gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento de la
autoridad.

Artículo 121.
Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir
rigurosamente el orden en que han sido enlistadas en el
artículo que antecede, o bien, decretar la aplicación de más
de una de ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las
circunstancias del caso.

Artículo 122.
En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio
no se logre el cumplimiento de las determinaciones
ordenadas, se dará vista a la autoridad penal competente para
que proceda en los términos de la legislación aplicable.

Sección Tercera
Medidas cautelares

Artículo 123.
Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora o
resolutora, que decrete aquellas medidas cautelares que:
I. Eviten el ocultamiento o destrucción de pruebas;
II. Impidan la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta
administrativa;
III. Eviten la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de
responsabilidad administrativa;
IV. Eviten un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las
entidades federativas, municipios, alcaldías, o al patrimonio de los entes públicos.
No se podrán decretar medidas cautelares en los casos en que se cause un
perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 124.
Podrán ser decretadas como medidas cautelares las siguientes:
I. Suspensión temporal del servidor público señalado como presuntamente
responsable del empleo, cargo o comisión que desempeñe. Dicha suspensión no
prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se le impute, lo cual se hará
constar en la resolución en la que se decrete. Mientras dure la suspensión
temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias que le
garanticen al presunto responsable mantener su mínimo vital y de sus
dependientes económicos; así como aquellas que impidan que se le presente
públicamente como responsable de la comisión de la falta que se le imputa. En el
supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare
responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad donde
preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las
percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido;
II. Exhibición de documentos originales relacionados directamente con la
presunta Falta administrativa;

Artículo 124(cont.).
III. Apercibimiento de multa de cien y hasta ciento cincuenta Unidades de
Medida y Actualización, para conminar a los presuntos responsables y testigos, a
presentarse el día y hora que se señalen para el desahogo de pruebas a su cargo,
así como para señalar un domicilio para practicar cualquier notificación personal
relacionada con la substanciación y resolución del procedimiento de
responsabilidad administrativa;
IV. Embargo precautorio de bienes; aseguramiento o intervención
precautoria de negociaciones. Al respecto será aplicable de forma supletoria el
Código Fiscal de la Federación o las que, en su caso, en esta misma materia, sean
aplicables en el ámbito de las entidades federativas, y
V. Las que sean necesarias para evitar un daño irreparable a la Hacienda
Pública Federal, o de las entidades federativas, municipios, alcaldías, o al
patrimonio de los entes públicos, para lo cual las autoridades resolutoras del
asunto, podrán solicitar el auxilio y colaboración de cualquier autoridad del país.

Artículo 125.
El otorgamiento de medidas cautelares se tramitará de manera incidental.
El escrito en el que se soliciten se deberá señalar las pruebas cuyo
ocultamiento o destrucción se pretende impedir; los efectos perjudiciales
que produce la presunta falta administrativa; los actos que obstaculizan el
adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa;
o bien, el daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, o de las entidades
federativas, municipios, alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes
públicos, expresando los motivos por los cuales se solicitan las medidas
cautelares y donde se justifique su pertinencia. En cualquier caso, se
deberá indicar el nombre y domicilios de quienes serán afectados con las
medidas cautelares, para que, en su caso, se les dé vista del incidente
respectivo.

Artículo 126.
Con el escrito por el que se soliciten las medidas cautelares se
dará vista a todos aquellos que serán directamente afectados
con las mismas, para que en un término de cinco días hábiles
manifiesten lo que a su derecho convenga. Si la autoridad que
conozca del incidente lo estima necesario, en el acuerdo de
admisión podrá conceder provisionalmente las medidas
cautelares solicitadas.

Artículo 127.
Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior la
Autoridad resolutora dictará la resolución interlocutoria que
corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. En
contra de dicha determinación no procederá recurso alguno.

Artículo 128.
Las medidas cautelares que tengan por objeto impedir daños
a la Hacienda Pública Federal o de las entidades federativas,
municipios o alcaldías, o bien, al patrimonio de los entes
públicos sólo se suspenderán cuando el presunto responsable
otorgue garantía suficiente de la reparación del daño y los
perjuicios ocasionados.

Artículo 129.
Se podrá solicitar la suspensión de las medidas cautelares en
cualquier momento del procedimiento, debiéndose justificar
las razones por las que se estime innecesario que éstas
continúen, para lo cual se deberá seguir el procedimiento
incidental descrito en esta sección. Contra la resolución que
niegue la suspensión de las medidas cautelares no procederá
recurso alguno.

Sección Cuarta
De las pruebas

Artículo 130.
Para conocer la verdad de los hechos las autoridades
resolutoras podrán valerse de cualquier persona o
documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros,
sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido
obtenidas lícitamente, y con pleno respeto a los derechos
humanos, solo estará excluida la confesional a cargo de las
partes por absolución de posiciones.

Artículo 131.
Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la
lógica, la sana crítica y de la experiencia.

Artículo 132.
Las autoridades resolutoras recibirán por sí mismas las
declaraciones de testigos y peritos, y presidirán todos los
actos de prueba bajo su más estricta responsabilidad.

Artículo 133.
Las documentales emitidas por las autoridades en ejercicio de
sus funciones tendrán valor probatorio pleno por lo que
respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los
que se refieran, salvo prueba en contrario.

Artículo 134.
Las documentales privadas, las testimoniales, las inspecciones
y las periciales y demás medios de prueba lícitos que se
ofrezcan por las partes, solo harán prueba plena cuando a
juicio de la Autoridad resolutora del asunto resulten fiables y
coherentes de acuerdo con la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guarden entre sí, de forma tal que
generen convicción sobre la veracidad de los hechos.

Artículo 135.
Toda persona señalada como responsable de una falta
administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia
hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable,
su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la
carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los
hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como
la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las
mismas. Quienes sean señalados como presuntos
responsables de una falta administrativa no estarán obligados
a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por
lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o
indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que
se le imputan.

Artículo 136.
Las pruebas deberán ofrecerse en los plazos señalados en esta
Ley. Las que se ofrezcan fuera de ellos no serán admitidas
salvo que se trate de pruebas supervenientes, entendiéndose
por tales, aquellas que se hayan producido con posterioridad
al vencimiento del plazo para ofrecer pruebas; o las que se
hayan producido antes, siempre que el que las ofrezca
manifieste bajo protesta de decir verdad que no tuvo la
posibilidad de conocer su existencia.

Artículo 137.
De toda prueba superveniente se dará vista a las partes por un
término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho
convenga.

Artículo 138.
Los hechos notorios no serán objeto de prueba, pudiendo la
autoridad que resuelva el asunto referirse a ellos aun cuando
las partes no los hubieren mencionado.

Artículo 139.
La presente Ley es de orden público y de observancia general
en toda la República, y tiene por objeto distribuir
competencias entre los órdenes de gobierno para establecer
las responsabilidades administrativas de los Servidores
Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los
actos u omisiones en que estos incurran y las que
correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves, así como los procedimientos para su
aplicación.

Artículo 140.
Cualquier persona, aun cuando no sea parte en el
procedimiento, tiene la obligación de prestar auxilio a las
autoridades resolutoras del asunto para la averiguación de la
verdad, por lo que deberán exhibir cualquier documento o
cosa, o rendir su testimonio en el momento en que sea
requerida para ello. Estarán exentos de tal obligación los
ascendientes, descendientes, cónyuges y personas que tengan
la obligación de mantener el secreto profesional, en los casos
en que se trate de probar contra la parte con la que estén
relacionados.

Artículo 141.
El derecho nacional no requiere ser probado. El derecho
extranjero podrá ser objeto de prueba en cuanto su
existencia, validez, contenido y alcance, para lo cual las
autoridades resolutoras del asunto podrán valerse de informes
que se soliciten por conducto de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, sin perjuicio de las pruebas que al respecto puedan
ofrecer las partes.

Artículo 142.
Las autoridades resolutoras del asunto podrán ordenar la
realización de diligencias para mejor proveer, sin que por ello
se entienda abierta de nuevo la investigación, disponiendo la
práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria,
siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los
hechos relacionados con la existencia de la Falta
administrativa y la responsabilidad de quien la hubiera
cometido. Con las pruebas que se alleguen al procedimiento
derivadas de diligencias para mejor proveer se dará vista a las
partes por el término de tres días para que manifiesten lo que
a su derecho convenga, pudiendo ser objetadas en cuanto a
su alcance y valor probatorio en la vía incidental.

Artículo 143.
Cuando la preparación o desahogo de las pruebas deba tener
lugar fuera del ámbito jurisdiccional de la Autoridad resolutora
del asunto, podrá solicitar, mediante exhorto o carta rogatoria,
la colaboración de las autoridades competentes del lugar.
Tratándose de cartas rogatorias se estará a lo dispuesto en los
tratados y convenciones de los que México sea parte.

Sección Quinta
De las pruebas en particular

Artículo 144.
La prueba testimonial estará a cargo de todo aquél que tenga
conocimiento de los hechos que las partes deban probar,
quienes, por ese hecho, se encuentran obligados a rendir
testimonio.

Artículo 145.
Las partes podrán ofrecer los testigos que consideren
necesarios para acreditar los hechos que deban demostrar. La
Autoridad resolutora podrá limitar el número de testigos si
considera que su testimonio se refiere a los mismos hechos,
para lo cual, en el acuerdo donde así lo determine, deberá
motivar dicha resolución.

Artículo 146.
La presentación de los testigos será responsabilidad de la
parte que los ofrezca. Solo serán citados por la Autoridad
resolutora cuando su oferente manifieste que está
imposibilitado para hacer que se presenten, en cuyo caso, se
dispondrá la citación del testigo mediante la aplicación de los
medios de apremio señalados en esta Ley.

Artículo 147.
Quienes por motivos de edad o salud no pudieran presentarse
a rendir su testimonio ante la Autoridad resolutora, se les
tomará su testificación en su domicilio o en el lugar donde se
encuentren, pudiendo asistir las partes a dicha diligencia.

Artículo 148.
Los representantes de elección popular, ministros, magistrados y jueces del
Poder Judicial de la Federación, los consejeros del Consejo de la Judicatura
Federal, los servidores públicos que sean ratificados o nombrados con la
intervención de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión o los
congresos locales, los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo Federal
y los equivalentes en las entidades federativas, los titulares de los
organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorgue autonomía, los magistrados y jueces de los Tribunales
de Justicia de las entidades federativas, los consejeros de los Consejos de
la Judicatura o sus equivalentes de las entidades federativas, y los titulares
de los órganos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía,
rendirán su declaración por oficio, para lo cual les serán enviadas por
escrito las preguntas y repreguntas correspondientes.

Artículo 149.
Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, las
preguntas que se dirijan a los testigos se formularán verbal y
directamente por las partes o por quienes se encuentren
autorizadas para hacerlo.

Artículo 150.
La parte que haya ofrecido la prueba será la primera que
interrogará al testigo, siguiendo las demás partes en el orden
que determine la Autoridad resolutora del asunto.

Artículo 151.
La Autoridad resolutora podrá interrogar libremente a los
testigos, con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos.

Artículo 152.
Las preguntas y repreguntas que se formulen a los testigos,
deben referirse a la Falta administrativa que se imputa a los
presuntos responsables y a los hechos que les consten
directamente a los testigos. Deberán expresarse en términos
claros y no ser insidiosas, ni contener en ellas la respuesta.
Aquellas preguntas que no satisfagan estos requisitos serán
desechadas, aunque se asentarán textualmente en el acta
respectiva.

Artículo 153.
Antes de rendir su testimonio, a los testigos se les tomará la
protesta para conducirse con verdad, y serán apercibidos de
las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad
ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su
nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de residencia,
ocupación y domicilio, si es pariente por consanguinidad o
afinidad de alguna de las partes, si mantiene con alguna de
ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene
alguna enemistad o animadversión hacia cualquiera de las
partes. Al terminar de testificar, los testigos deberán
manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben y les
consta lo que manifestaron en su testificación.

Artículo 154.
Los testigos serán interrogados por separado, debiendo la
Autoridad resolutora tomar las medidas pertinentes para
evitar que entre ellos se comuniquen. Los testigos ofrecidos
por una de las partes se rendirán el mismo día, sin excepción,
para lo cual se podrán habilitar días y horas inhábiles. De la
misma forma se procederá con los testigos de las demás
partes, hasta que todos los llamados a rendir su testimonio
sean examinados por las partes y la Autoridad resolutora del
asunto.

Artículo 155.
Cuando el testigo desconozca el idioma español, o no lo sepa
leer, la Autoridad resolutora del asunto designará un
traductor, debiendo, en estos casos, asentar la declaración del
absolvente en español, así como en la lengua o dialecto del
absolvente, para lo cual se deberá auxiliar del traductor que
dicha autoridad haya designado. Tratándose de personas que
presenten alguna discapacidad visual, auditiva o de locución
se deberá solicitar la intervención del o los peritos que les
permitan tener un trato digno y apropiado en los
procedimientos de responsabilidad administrativa en que
intervengan.

Artículo 156.
Las preguntas que se formulen a los testigos, así como sus
correspondientes respuestas, se harán constar literalmente en
el acta respectiva. Deberán firmar dicha acta las partes y los
testigos, pudiendo previamente leer la misma, o bien, solicitar
que les sea leída por el funcionario que designe la Autoridad
resolutora del asunto. Para las personas que presenten alguna
discapacidad visual, auditiva o de locución, se adoptarán las
medidas pertinentes para que puedan acceder a la
información contenida en el acta antes de firmarla o imprimir
su huella digital. En caso de que las partes no pudieran o
quisieran firmar el acta o imprimir su huella digital, la firmará
la autoridad que deba resolver el asunto haciendo constar tal
circunstancia.

Artículo 157.
Los testigos podrán ser tachados por las partes en la vía
incidental en los términos previstos en esta Ley.

Artículo 158.
Son pruebas documentales todas aquellas en la que conste
información de manera escrita, visual o auditiva, sin importar
el material, formato o dispositivo en la que esté plasmada o
consignada. La Autoridad resolutora del asunto podrá solicitar
a las partes que aporten los instrumentos tecnológicos
necesarios para la apreciación de los documentos ofrecidos
cuando éstos no estén a su disposición. En caso de que las
partes no cuenten con tales instrumentos, dicha autoridad
podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal
de las procuradurías de justicia o de las entidades federativas,
o bien, de las instituciones públicas de educación superior,
para que le permitan el acceso al instrumental tecnológico
necesario para la apreciación de las pruebas documentales.

Artículo 159.
Son documentos públicos, todos aquellos que sean expedidos
por los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Son documentos privados los que no cumplan con la
condición anterior.

Artículo 160.
Los documentos que consten en un idioma extranjero o en
cualquier lengua o dialecto, deberán ser traducidos en idioma
español castellano. Para tal efecto, la Autoridad resolutora del
asunto solicitará su traducción por medio de un perito
designado por ella misma. Las objeciones que presenten las
partes a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía
incidental.

Artículo 161.
Los documentos privados se presentarán en original, y,
cuando formen parte de un expediente o legajo, se exhibirán
para que se compulse la parte que señalen los interesados.

Artículo 162.
Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales,
siempre que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de
un documento público o privado. La persona que solicite el
cotejo señalará el documento o documentos indubitados para
hacer el cotejo, o bien, pedirá a la Autoridad resolutora que
cite al autor de la firma, letras o huella digital, para que en su
presencia estampe aquellas necesarias para el cotejo.

Artículo 163.
Se considerarán indubitables para el cotejo:
I. Los documentos que las partes reconozcan como tales, de común
acuerdo;
II. Los documentos privados cuya letra o firma haya sido reconocida ante la
Autoridad resolutora del asunto, por aquél a quien se atribuya la dudosa;
III. Los documentos cuya letra, firma o huella digital haya sido declarada en
la vía judicial como propia de aquél a quien se atribuya la dudosa, salvo
que dicha declaración se haya hecho en rebeldía, y
IV. Las letras, firmas o huellas digitales que haya sido puestas en presencia
de la Autoridad resolutora en actuaciones propias del procedimiento de
responsabilidad, por la parte cuya firma, letra o huella digital se trate de
comprobar.

Artículo 164.
La Autoridad substanciadora o resolutora podrá solicitar la
colaboración del ministerio público federal o de las entidades
federativas, para determinar la autenticidad de cualquier
documento que sea cuestionado por las partes.

Artículo 165.
Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que
conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.
Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el
párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en
que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si
es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información
relativa y ser accesible para su ulterior consulta.
Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en
su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la
información generada, comunicada, recibida o archivada por medios
electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido
íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera
vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior
consulta.

Artículo 166.
Las partes podrán objetar el alcance y valor probatorio de los
documentos aportados como prueba en el procedimiento de
responsabilidad administrativa en la vía incidental prevista en
esta Ley.

Artículo 167.
La prueba pericial tendrá lugar cuando para determinar la
verdad de los hechos sea necesario contar con los
conocimientos especiales de una ciencia, arte, técnica, oficio,
industria o profesión.

Artículo 168.
Quienes sean propuestos como peritos deberán tener título
en la ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión a que
pertenezca la cuestión sobre la que han de rendir parecer,
siempre que la ley exija dicho título para su ejercicio. En caso
contrario, podrán ser autorizados por la autoridad resolutora
para actuar como peritos, quienes a su juicio cuenten con los
conocimientos y la experiencia para emitir un dictamen sobre
la cuestión.

Artículo 169.
Las partes ofrecerán sus peritos indicando expresamente la
ciencia, arte, técnica, oficio, industria o profesión sobre la que
deberá practicarse la prueba, así como los puntos y las
cuestiones sobre las que versará la prueba.

Artículo 170.
En el acuerdo en que se resuelva la admisión de la prueba, se
requerirá al oferente para que presente a su perito el día y
hora que se señale por la Autoridad resolutora del asunto, a
fin de que acepte y proteste desempeñar su cargo de
conformidad con la ley. En caso de no hacerlo, se tendrá por
no ofrecida la prueba.

Artículo 171.
Al admitir la prueba pericial, la Autoridad resolutora del
asunto dará vista a las demás partes por el término de tres
días para que propongan la ampliación de otros puntos y
cuestiones para que el perito determine.

Artículo 172.
En caso de que el perito haya aceptado y protestado su cargo,
la Autoridad resolutora del asunto fijará prudentemente un
plazo para que el perito presente el dictamen
correspondiente. En caso de no presentarse dicho dictamen,
la prueba se declarará desierta.

Artículo 173.
Las demás partes del procedimiento administrativo, podrán a
su vez designar un perito para que se pronuncie sobre los
aspectos cuestionados por el oferente de la prueba, así como
por los ampliados por las demás partes, debiéndose proceder
en los términos descritos en el artículo 169 de esta Ley.

Artículo 174.
Presentados los dictámenes por parte de los peritos, la
autoridad resolutora convocará a los mismos a una audiencia
donde las partes y la autoridad misma, podrán solicitarles las
aclaraciones y explicaciones que estimen conducentes.

Artículo 175.
Las partes absolverán los costos de los honorarios de los
peritos que ofrezcan.

Artículo 176.
De considerarlo pertinente, la Autoridad resolutora del asunto
podrá solicitar la colaboración del ministerio público federal o
de las entidades federativas, o bien, de instituciones públicas
de educación superior, para que, a través de peritos en la
ciencia, arte, técnica, industria, oficio o profesión adscritos a
tales instituciones, emitan su dictamen sobre aquellas
cuestiones o puntos controvertidos por las partes en el
desahogo de la prueba pericial, o sobre aquellos aspectos que
estime necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 177.
La inspección en el procedimiento de responsabilidad
administrativa, estará a cargo de la Autoridad resolutora, y
procederá cuando así sea solicitada por cualquiera de las
partes, o bien, cuando de oficio lo estime conducente dicha
autoridad para el esclarecimiento de los hechos, siempre que
no se requieran conocimientos especiales para la apreciación
de los objetos, cosas, lugares o hechos que se pretendan
observar mediante la inspección.

Artículo 178.
Al ofrecer la prueba de inspección, su oferente deberá
precisar los objetos, cosas, lugares o hechos que pretendan
ser observados mediante la intervención de la Autoridad
resolutora del asunto.

Artículo 179.
Antes de admitir la prueba de inspección, la autoridad
resolutora dará vista a las demás partes para que manifiesten
lo que a su derecho convenga y, en su caso, propongan la
ampliación de los objetos, cosas, lugares o hechos que serán
materia de la inspección.

Artículo 180.
Para el desahogo de la prueba de inspección, la autoridad
resolutora citará a las partes en el lugar donde se llevará a
cabo esta, quienes podrán acudir para hacer las observaciones
que estimen oportunas.

Artículo 181.
De la inspección realizada se levantará un acta que deberá ser
firmada por quienes en ella intervinieron. En caso de no
querer hacerlo, o estar impedidos para ello, la Autoridad
resolutora del asunto firmará el acta respectiva haciendo
constar tal circunstancia.

Sección Sexta
De los incidentes

Artículo 182.
Aquellos incidentes que no tengan señalado una tramitación
especial se promoverán mediante un escrito de cada parte, y
tres días para resolver. En caso de que se ofrezcan pruebas, se
hará en el escrito de presentación respectivo. Si tales pruebas
no tienen relación con los hechos controvertidos en el
incidente, o bien, si la materia del incidente solo versa sobre
puntos de derecho, la Autoridad substanciadora o resolutora
del asunto, según sea el caso, desechará las pruebas ofrecidas.
En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia dentro
de los diez días hábiles siguientes a la admisión del incidente
donde se recibirán las pruebas, se escucharán los alegatos de
las partes y se les citará para oír la resolución que
corresponda.

Artículo 183.
Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o
bien, objetar pruebas en cuanto su alcance y valor probatorio,
será necesario que quien promueva el incidente señale con
precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas
que sustenten sus afirmaciones. En caso de no hacerlo así, el
incidente será desechado de plano.

Artículo 184.
Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del
emplazamiento, interrumpirán la continuación del
procedimiento.

Sección Séptima
De la acumulación

Artículo 185.
La acumulación será procedente:
I. Cuando a dos o más personas se les atribuya la comisión de
una o más Faltas administrativas que se encuentren
relacionadas entre sí con la finalidad de facilitar la ejecución o
asegurar la consumación de cualquiera de ellas;
II. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad
administrativa donde se imputen dos a más Faltas
administrativas a la misma persona, siempre que se
encuentren relacionadas entre sí, con la finalidad de facilitar la
ejecución o asegurar la consumación de cualquiera de ellas.

Artículo 186.
Cuando sea procedente la acumulación, será competente para
conocer del asunto aquella Autoridad substanciadora que
tenga conocimiento de la falta cuya sanción sea mayor. Si la
Falta administrativa amerita la misma sanción, será
competente la autoridad encargada de substanciar el asunto
que primero haya admitido el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa.

Sección Octava
De las notificaciones

Artículo 187.
Las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil
siguiente en que surtan sus efectos.

Artículo 188.
Las notificaciones podrán ser hechas a las partes
personalmente o por los estrados de la Autoridad
substanciadora o, en su caso, de la resolutora.

Artículo 189.
Las notificaciones personales surtirán sus efectos al día hábil
siguiente en que se realicen. Las autoridades substanciadoras
o resolutoras del asunto, según corresponda, podrán solicitar
mediante exhorto, la colaboración de las Secretarías, Órganos
internos de control, o de los Tribunales, para realizar las
notificaciones personales que deban llevar a cabo respecto de
aquellas personas que se encuentren en lugares que se hallen
fuera de su jurisdicción.

Artículo 190.
Las notificaciones por estrados surtirán sus efectos dentro de
los tres días hábiles siguientes en que sean colocados en los
lugares destinados para tal efecto. La Autoridad
substanciadora o resolutora del asunto, deberá certificar el día
y hora en que hayan sido colocados los acuerdos en los
estrados respectivos.

Artículo 191.
Cuando las leyes orgánicas de los Tribunales dispongan la
notificación electrónica, se aplicará lo que al respecto se
establezca en ellas.

Artículo 192.
Cuando las notificaciones deban realizarse en el extranjero, las
autoridades podrán solicitar el auxilio de las autoridades
competentes mediante carta rogatoria, para lo cual deberá
estarse a lo dispuesto en las convenciones o instrumentos
internacionales de los que México sea parte.

Artículo 193.
Serán notificados personalmente:
I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca al
procedimiento de responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se
entienda realizado se les deberá entregar copia certificada del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las
constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa integrado
en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan
aportado u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa;
II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
III. El acuerdo por el que se ordene la citación a la audiencia inicial del
procedimiento de responsabilidad administrativa;

IV. En el caso de faltas administrativas graves, el acuerdo por el que remiten las
constancias originales del expediente del procedimiento de responsabilidad
administrativa al Tribunal encargado de resolver el asunto;
V. Los acuerdos por lo que se aperciba a las partes o terceros, con la imposición de
medidas de apremio;
VI. La resolución definitiva que se pronuncie en el procedimiento de
responsabilidad administrativa, y
VII. Las demás que así se determinen en la ley, o que las autoridades
substanciadoras o resolutoras del asunto consideren pertinentes para el mejor
cumplimiento de sus resoluciones.

Sección Novena
De los Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa

Artículo 194.
El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa será emitido por las
Autoridades investigadoras, el cual deberá contener los siguientes elementos:
I. El nombre de la Autoridad investigadora;
II. El domicilio de la Autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones;
III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos
del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad
investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada;
IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto
responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que
ahí desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean particulares, se
deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser
emplazados;

V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de
la presunta Falta administrativa;
VI. La infracción que se imputa al señalado como presunto responsable, señalando
con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta;
VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad
administrativa, para acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la
responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto responsable,
debiéndose exhibir las pruebas documentales que obren en su poder, o bien,
aquellas que, no estándolo, se acredite con el acuse de recibo correspondiente
debidamente sellado, que las solicitó con la debida oportunidad;
VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso, y
IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora.

Artículo 195.
En caso de que la Autoridad substanciadora advierta que el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa adolece
de alguno o algunos de los requisitos señalados en el artículo
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura o
imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora para que los
subsane en un término de tres días. En caso de no hacerlo se
tendrá por no presentado dicho informe, sin perjuicio de que
la Autoridad investigadora podrá presentarlo nuevamente
siempre que la sanción prevista para la Falta administrativa en
cuestión no hubiera prescrito.

Sección Décima
De la improcedencia y el
sobreseimiento

Artículo 196.
Son causas de improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa,
las siguientes:
I. Cuando la Falta administrativa haya prescrito;
II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de
competencia de las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este
caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento a la autoridad
que se estime competente;
III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable ya
hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria pronunciada
por las autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como
presunto responsable sea el mismo en ambos casos;

IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, no se advierta la comisión de Faltas
administrativas, y
V. Cuando se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa.

Artículo 197.
Procederá el sobreseimiento en los casos siguientes:
I. Cuando se actualice o sobrevenga cualquiera de las causas de improcedencia
previstas en esta Ley;
II. Cuando por virtud de una reforma legislativa, la Falta administrativa que se
imputa al presunto responsable haya quedado derogada, o
III. Cuando el señalado como presunto responsable muera durante el
procedimiento de responsabilidad administrativa.
Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la
comunicarán de inmediato a la Autoridad substanciadora o resolutora, según
corresponda, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Sección Décimo Primera
De las audiencias

Artículo 198.
Las audiencias que se realicen en el procedimiento de responsabilidad
administrativa, se llevarán de acuerdo con las siguientes reglas:
I. Serán públicas;
II. No se permitirá la interrupción de la audiencia por parte de persona alguna, sea
por los que intervengan en ella o ajenos a la misma. La autoridad a cargo de la
dirección de la audiencia podrá reprimir las interrupciones a la misma haciendo
uso de los medios de apremio que se prevén en esta Ley, e incluso estará facultado
para ordenar el desalojo de las personas ajenas al procedimiento del local donde
se desarrolle la audiencia, cuando a su juicio resulte conveniente para el normal
desarrollo y continuación de la misma, para lo cual podrá solicitar el auxilio de la
fuerza pública, debiendo hacer constar en el acta respectiva los motivos que tuvo
para ello;

III. Quienes actúen como secretarios, bajo la responsabilidad de la autoridad
encargada de la dirección de la audiencia, deberán hacer constar el día, lugar y
hora en que principie la audiencia, la hora en la que termine, así como el nombre
de las partes, peritos y testigos y personas que hubieren intervenido en la misma,
dejando constancia de los incidentes que se hubieren desarrollado durante la
audiencia.

Artículo 199.
Las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto
tienen el deber de mantener el buen orden y de exigir que se
les guarde el respeto y la consideración debidos, por lo que
tomarán, de oficio o a petición de parte, todas las medidas
necesarias establecidas en la ley, tendientes a prevenir o a
sancionar cualquier acto contrario al respeto debido hacia
ellas y al que han de guardarse las partes entre sí, así como las
faltas de decoro y probidad, pudiendo requerir el auxilio de la
fuerza pública.
Cuando la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá
contra quienes lo cometieren, con arreglo a lo dispuesto en la
legislación penal.

Sección Décimo Segunda
De las actuaciones y resoluciones

Artículo 200.
Los expedientes se formarán por las autoridades substanciadoras o, en su caso,
resolutoras del asunto con la colaboración de las partes, terceros y quienes
intervengan en los procedimientos conforme a las siguientes reglas:
I. Todos los escritos que se presenten deberán estar escritos en idioma español o
lengua nacional y estar firmados o contener su huella digital, por quienes
intervengan en ellos. En caso de que no supieren o pudieren firmar bastará que se
estampe la huella digital, o bien, podrán pedir que firme otra persona a su ruego y
a su nombre debiéndose señalar tal circunstancia. En este último caso se requerirá
que el autor de la promoción comparezca personalmente ante la Autoridad
substanciadora o resolutora, según sea el caso, a ratificar su escrito dentro de los
tres días siguientes, de no comparecer se tendrá por no presentado dicho escrito;
II. Los documentos redactados en idioma extranjero, se acompañarán con su
debida traducción, de la cual se dará vista a las partes para que manifiesten lo que
a su derecho convenga;

III. En toda actuación las cantidades y fechas se escribirán con letra, y no se
emplearán abreviaturas, ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que solo
se pondrá una línea delgada que permita su lectura salvándose al final del
documento con toda precisión el error cometido. Lo anterior no será aplicable
cuando las actuaciones se realicen mediante el uso de equipos de cómputo, pero
será responsabilidad de la Autoridad substanciadora o resolutora, que en las
actuaciones se haga constar fehacientemente lo acontecido durante ellas;
IV. Todas las constancias del expediente deberán ser foliadas, selladas y rubricadas
en orden progresivo, y
V. Las actuaciones serán autorizadas por las autoridades substanciadoras o
resolutoras, y, en su caso, por el secretario a quien corresponda certificar o dar fe
del acto cuando así se determine de conformidad con las leyes correspondientes.

Artículo 201.
Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguno de sus
requisitos esenciales, de manera que quede sin defensa
cualquiera de las partes. No podrá reclamar la nulidad la parte
que hubiere dado lugar a ella.

Artículo 202.
Las resoluciones serán:
I. Acuerdos, cuando se trate de aquellas sobre simples resoluciones de trámite;
II. Autos provisionales, los que se refieren a determinaciones que se ejecuten
provisionalmente;
III. Autos preparatorios, que son resoluciones por las que se prepara el
conocimiento y decisión del asunto, se ordena la admisión, la preparación de
pruebas o su desahogo;
IV. Sentencias interlocutorias, que son aquellas que resuelven un incidente, y
V. Sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del procedimiento de
responsabilidad administrativa.

Artículo 203.
Las resoluciones deben ser firmadas de forma autógrafa por la
autoridad que la emita, y, de ser el caso, por el secretario
correspondiente en los términos que se dispongan en las
leyes.

Artículo 204.
Los acuerdos, autos y sentencias no podrán modificarse
después de haberse firmado, pero las autoridades que los
emitan sí podrán aclarar algún concepto cuando éstos sean
obscuros o imprecisos, sin alterar su esencia. Las aclaraciones
podrán realizarse de oficio, o a petición de alguna de las
partes las que deberán promoverse dentro de los tres días
hábiles siguientes a que se tenga por hecha la notificación de
la resolución, en cuyo caso la resolución que corresponda se
dictará dentro de los tres días hábiles siguientes.

Artículo 205.
Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las
promociones de las partes, resolviendo sobre lo que en ellas
hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y
claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias.

Artículo 206.
Las resoluciones se considerarán que han quedado firmes,
cuando transcurridos los plazos previstos en esta Ley, no se
haya interpuesto en su contra recurso alguno; o bien, desde su
emisión, cuando no proceda contra ellas recurso o medio
ordinario de defensa.

Artículo 207.
Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente:
I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente;
II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad
resolutora;
III. Los antecedentes del caso;
IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes;
V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;

VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la
resolución. En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda
Pública Federal, local o municipal o al patrimonio de los entes públicos, se deberá
señalar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como
Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión producida; la valoración
del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación;
VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como
Falta administrativa grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad
plena del servidor público o particular vinculado con dichas faltas. Cuando
derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora advierta la probable
comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá
ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación
correspondiente;

VIII. La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido
declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta
administrativa grave;
IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen Faltas
administrativas, y
X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá
cumplirse la resolución.

Capitulo II
Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante
las Secretarías y Órganos internos de control

Artículo 208.
En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá
proceder en los términos siguientes:
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días
siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos
narrados en el informe;
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto
responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la
celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en
que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a
cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra
de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido
por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será
nombrado un defensor de oficio;

III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un
plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la
audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor
debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;
IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora
deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando
menos con setenta y dos horas de anticipación;
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su
declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime
necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá
exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las
solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos
que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los
tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos
previstos en esta Ley;

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a
más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o
verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen
conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que
no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y
que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el
archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en
su caso, le sean requeridos;
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a
su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad
substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no
podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la
Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que
corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación
y desahogo;

IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la
Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término
de cinco días hábiles comunes para las partes;
X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto,
de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución
que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días
hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más,
cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos
para ello;
XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su
caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe
inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su
ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Capitulo III
Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya
resolución corresponda a los Tribunales

Artículo 209.
En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de
particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en
este artículo.
Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I
a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en
las siguientes fracciones:
I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la
audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad,
enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como
notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal
encargado de la resolución del asunto;

II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, deberá
verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de
las consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y motivando debidamente su
resolución, enviará el expediente respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda
para que continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo anterior.
De igual forma, de advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad investigadora
en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a la descripción de
una falta grave diversa, le ordenará a ésta realice la reclasificación que corresponda, pudiendo
señalar las directrices que considere pertinentes para su debida presentación, para lo cual le
concederá un plazo de tres días hábiles. En caso de que la Autoridad investigadora se niegue
a hacer la reclasificación, bajo su más estricta responsabilidad así lo hará saber al Tribunal
fundando y motivando su proceder. En este caso, el Tribunal continuará con el procedimiento
de responsabilidad administrativa.
Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su
caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes sobre
la recepción del expediente.
Cuando conste en autos que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince
días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;

III. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el
Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días
hábiles comunes para las partes;
IV. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará
cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la
cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá
ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la
complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y
V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su
caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe
inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su
ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Sección Primera
De la revocación

Artículo 210.
Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de
Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones
administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título
por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán interponer el
recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la
notificación respectiva.
Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán
impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo
para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que
dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas
según corresponda.

Artículo 211.
La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes:
I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a
juicio del Servidor Público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las
pruebas que considere necesario rendir;
II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del
recurso en un término de tres días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que
acordar sobre las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen
idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución;

III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de
los requisitos establecidos en la fracción I de este artículo y la autoridad no cuenta
con elementos para subsanarlos se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión,
con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá
exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la
prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso
de revocación.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para
resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a
su desahogo, y
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano
interno de control o el servidor público en quien delegue esta facultad, dictará
resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado
en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

Artículo 212.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si
concurren los siguientes requisitos:
I. Que la solicite el recurrente, y
II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de
orden público.
En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o
perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía
bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se
causaren si no obtuviere resolución favorable.
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que
no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará
discrecionalmente el importe de la garantía.
La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas
respecto a la suspensión que solicite el recurrente.

Sección Segunda
De la Reclamación

Artículo 213.
El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones de las
autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, desechen o
tengan por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o
nieguen el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad
administrativa antes del cierre de instrucción; y aquéllas que admitan o
rechacen la intervención del tercero interesado.

Artículo 214.
La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o
resolutora, según corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la
notificación de que se trate.
Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el
término de tres días hábiles para que exprese lo que a su derecho
convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva en
el término de cinco días hábiles.
De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que
haya emitido el auto recurrido.
La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno.

Sección Tercera
De la Apelación

Artículo 215.
Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por
los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante
la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de
los Tribunales.
El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal
que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a
aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se
recurre.
En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se
les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y
una para cada una de las partes.

Artículo 216.
Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones
siguientes:
I. La que determine imponer sanciones por la comisión de
Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, y
II. La que determine que no existe responsabilidad
administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean
Servidores Públicos o particulares.

Artículo 217.
La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres
días hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo
manifiesto e indudable de improcedencia.
Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho
los requisitos establecidos en el artículo 215 de esta Ley, se señalará al
promovente en un plazo que no excederá de tres días hábiles, para que
subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia
relativa.
El Tribunal, dará vista a las partes para que en el término de tres días
hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este término
se procederá a resolver con los elementos que obren en autos.

Artículo 218.
El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo
a su prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los
conceptos de apelación de fondo por encima de los de procedimiento y
forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la inocencia del
servidor público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el
recurrente sea la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan
impedido conocer con certeza la responsabilidad de los involucrados.
En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales
pudiera derivarse el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad
administrativa, la inocencia del recurrente, o la determinación de
culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio
de aquéllas aún de oficio.

Artículo 219.
En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo
disponga, cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se
ordenará al Ente público en el que se preste o haya prestado sus servicios,
lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que hubiese sido
privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de
la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.
Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público,
peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales; casos en los que
la Procuraduría General de la República, las procuradurías de justicia de las
entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, de las
entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en
ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos
previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución.

Sección Cuarta
De la Revisión

Artículo 220.
Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función
Pública, los Órganos internos de control de los entes públicos federales o la
Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de revisión,
mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los
diez días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación
respectiva.
La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la substanciación de la
revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el
Tribunal Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno.

Artículo 221.
Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las
entidades federativas, podrán ser impugnadas por las
Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de
fiscalización locales competentes, en los términos que lo
prevean las leyes locales.

Sección Primera
Cumplimiento y ejecución de
sanciones por Faltas administrativas
no graves

Artículo 222.
La ejecución de las sanciones por Faltas administrativas no
graves se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean
impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de
control, y conforme se disponga en la resolución respectiva.

Artículo 223.
Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y
la destitución se ejecutarán por el titular del Ente público
correspondiente.

Sección Segunda
Cumplimiento y ejecución de
sanciones por Faltas administrativas
graves y Faltas de particulares

Artículo 224.
Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales
constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública
Federal, local o municipal, o del patrimonio de los entes
públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán
efectivos mediante el procedimiento administrativo de
ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la
autoridad local competente, a la que será notificada la
resolución emitida por el Tribunal respectivo.

Artículo 225.
Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se
determine la plena responsabilidad de un servidor público por
Faltas administrativas graves, el Magistrado, sin que sea
necesario que medie petición de parte y sin demora alguna,
girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así
como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de
conformidad con las siguientes reglas:
I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido
o inhabilitado, se dará vista a su superior jerárquico y a la
Secretaría, y

II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción
económica al responsable, se dará vista al Servicio de
Administración Tributaria o a las autoridades locales
competentes en las entidades federativas.
En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades
señaladas para que informen, dentro del término de diez días,
sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a
que se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la
fracción II, el Servicio de Administración Tributaria informará al
Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la
sanción económica que corresponda.

Artículo 226.
Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la comisión
de Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de
parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia
respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de
conformidad con las siguientes reglas:
I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará
su publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los
directores de los periódicos oficiales de las entidades federativas, y
II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al
responsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las
autoridades locales competentes en las entidades federativas.

Artículo 227.
Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que
comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de ésta para su
cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:
I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se
dará vista a la Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se
inscribirá en el Registro Público de Comercio y se hará publicar un extracto de la
sentencia que decrete esta medida, en el Diario Oficial de la Federación y en uno
de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su domicilio fiscal el
particular, y
II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables
procederán de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en
materia de disolución y liquidación de las sociedades, o en su caso, conforme a los
Códigos sustantivos en materia civil federal o de las entidades federativas, según
corresponda, y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 228.
Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se
determine que no existe una Falta administrativa grave o
Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea necesario que
medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por
el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos
resolutivos de ésta para su cumplimiento. En los casos en que
haya decretado la suspensión del servidor público en su
empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata
del mismo.

Artículo 229.
El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el
artículo 123 de la presente Ley por parte del jefe inmediato,
del titular del Ente público correspondiente o de cualquier
otra autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será
causa de responsabilidad administrativa en los términos de la
Ley.
Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que
hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la
resolución que haya decretado o negado las medidas
cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo
justifique.

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