Este documento presenta un protocolo de actuación ante casos de extorsión y/o amenazas a docentes. Establece que la seguridad pública es responsabilidad de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, mientras que el Ministerio de Educación se enfoca en garantizar la educación. El protocolo describe las acciones que deben tomar las diferentes instituciones involucradas como la Policía, Fiscalía, Unidad Técnica Ejecutiva y los ministerios de Educación, Seguridad Pública y Gobernación para proteger a