Protocolos violencia web

Protocolos de actuación frente a
SITUACIONES DE VIOLENCIA
detectadas o cometidas en el sistema educativo

Primera edición, 2017
© Ministerio de Educación del Ecuador
Av. Amazonas N34-451 y Atahualpa
Quito, Ecuador
www.educacion.gob.ec
La reproducción parcial o total de esta publicación,
en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o
electrónico, está permitida siempre y cuando sea autorizada
por los editores y se cite correctamente la fuente.
ISBN: 978-9942-22-087-5
DISTRIBUCIÓN GRATUITA - PROHIBIDA SU VENTA
ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover,
a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no
reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales palabras neutras,
tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Solo en los casos en que tales expresiones
no existan, se usará la forma masculina como génerica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta
práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia de la Lengua Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece
a dos razones: (a) en español es posible “referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino”, y (b) es preferible aplicar
“la ley lingüística de la economía expresiva” para así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar
expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Rafael Correa Delgado
MINISTRO DE EDUCACIÓN
Freddy Peñafiel Larrea
Viceministro de Educación
Miguel Herrera Pavo
Viceministra de Gestión Educativa
Valentina Rivadeneira Zambrano
Subsecretaria para la Innovación
Educativa y el Buen Vivir
Celine Andrés
Director Nacional de Educación
para la Democracia y Buen Vivir
Pablo Luis Ormaza Mejía
Revisión y actualización
María de las Mercedes Bastidas Redin
Sonia Sobrino Andrade
Manel Ortega Fernández
Validación
Fiscalía General del Estado
Consejo de la Judicatura
Asociación Flamenca de Cooperación
al Desarrollo y Asistencia Técnica VVOB
Caroline Decombel
Programme Manager VVOB
Diseño
Adriana Pozo Vargas
Fotografía de portada e interiores
Ministerio de Educación
Ilustraciones interiores
Guido Chávez Larrea

Índice
1. Información general 7
Introducción 9
Ámbito y población objetivo 10
Objetivos 11
a. General 11
b. Específicos 11
Enfoques 12
a. Enfoque de derechos 12
b. Enfoque de género 12
c. Enfoque de bienestar 12
d. Enfoque intercultural 12
e. Enfoque intergeneracional 13
f. Enfoque inclusivo 13
g. Enfoque pedagógico 14
h. Enfoque restaurativo 14
2. Marco teórico referencial 15
Definición de violencia 17
Categorización de la violencia 18
a. Tipologías según su manifestación 19
b. Tipologías según los motivos socioculturales 22
c. Tipologías según la relación entre la víctima
y la persona agresora 25
3. Prevención integral de la violencia y promoción
de una cultura de paz en el ámbito educativo 35
Prevención integral 37
Estrategias para prevenir la violencia en el sistema educativo 38
a. Fortalecer la construcción de una cultura de paz 38
b. Facilitar el autoconocimiento de cada estudiante 39
c. Fomentar y fortalecer las habilidades y capacidades,
para la resolución pacífica de conflictos 39
d. Impulsar y generar proyectos preventivos desde
el Consejo Estudiantil, el Comité de MPF y/o RL y el DECE 40
e. Facilitar y fortalecer el vínculo con la familia 40
f. ¡Algunos consejos prácticos! 41

Acciones para prevenir situaciones de violencia
en la institución educativa 42
a. Acciones implementadas por profesionales del DECE 42
b. Acciones implementadas por personal docente y autoridades 43
4. Herramientas para la resolución alternativa
de conflictos en el ámbito educativo 45
Mediación escolar 47
a. Mediación por parte de las personas adultas 48
b. Mediación entre iguales 48
Prácticas restaurativas 48
a. Círculos restaurativos 50
b. Reuniones restaurativas 51
c. Reuniones de grupo familiar 52
5. Estrategias para detectar
y acompañar casos de violencia 53
Detección de casos de violencia 55
a. Indicadores para la detección de casos de violencia 55
b. Factores de riesgo asociados a la violencia 56
c. Características y comportamientos comunes
en un presunto agresor o agresora 57
Proceso de acompañamiento en casos de violencia
y/o violencia sexual 60
a. Lineamientos para acompañar a estudiantes
víctimas de violencia 61
b. Lineamientos para acompañar a los familiares
de víctimas de violencia 63
c. Lineamientos para acompañar a los estudiantes en general
ante casos de violencia a niños, niñas o adolescentes 65
d. Lineamientos para acompañar a los docentes y autoridades
ante situaciones de violencia a niños, niñas o adolescentes 66
e. Lineamientos para el personal del DECE para acompañar
a estudiantes víctimas de violencia 67
f. Lineamientos para acompañar a estudiantes agresores
y a sus familias y a estudiantes observadores 70
6. Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia 75
Consideraciones previas 77
Protocolos de actuación 79
a. Proceso de acompañamiento 79
b. Proceso administrativo 79

c. Proceso judicial 79
d. Procesos restaurativos 80
Protocolos de actuación 81
a. Protocolo de actuación ante casos de violencia sexual
detectada o cometida en el ámbito educativo 81
b. Protocolo de actuación ante casos de violencia
intrafamiliar o maltrato institucional detectada
o cometida en el ámbito educativo 88
c. Protocolo de actuación ante acoso escolar
y/o violencia entre pares detectada o cometida
en el ámbito educativo 94
d. Protocolo de actuación ante casos de violencia de estudiantes
o madres, padres de familia y/o representantes legales detectada
o cometida hacia personal de la institución educativa 99
7. Glosario de términos 103
8. Referencias bibliográficas 109
9. Anexos 117
Anexo 1: Marco legal 119
a. Normativa internacional 119
b. Normativa nacional 121
Anexo 2: Formato para elaborar el informe de hecho de violencia 125
Anexo 3: Formato para elaborar el informe de derivación 128
Anexo 4: Formato para elaborar el registro de sesión y seguimiento:
individual, familiar, grupal/comunitaria e institucional 129

9INFORMACIÓN
GENERAL
Introducción
El Estado tiene como deber garantizar el efectivo goce de los derechos
constitucionales fundamentales de la ciudadanía, enfatizando a los gru-
pos de atención prioritaria. En este contexto, el Ministerio de Educación,
en conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de Educación In-
tercultural (LOEI), tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo ho-
lístico e integral de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el respeto,
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.
Dentro de los derechos constitucionales se encuentra el derecho a vivir
una vida libre de violencia, y las instituciones estatales encargadas de
velar por el cumplimiento de este derecho deben garantizar la seguridad
y la salud pública. Para ello, las normas, estructuras y prácticas de inter-
vención y prestación de servicios deben realizarse de forma oportuna,
eficiente y articulada.
Las instituciones educativas son espacios de interacción de niños, niñas
y adolescentes que poseen formas diferentes de concebir la realidad y
las relaciones sociales en donde se puede detectar actitudes y actos de
violencia que merman el desarrollo de la convivencia armónica. En este
sentido, es un espacio donde se debe potenciar relaciones sanas y la
erradicación de cualquier tipo de violencia. Es por ello que, mediante el
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional expedido en diciem-
bre de 2012 y suscrito por el Ministerio de Educación, el Consejo de la
Judicatura y la Fiscalía General del Estado, se busca garantizar espacios
educativos libres de violencia por medio de la prevención, atención, pro-
tección, investigación y restitución inmediata de los derechos vulnera-
dos, evitando la revictimización de niños, niñas y adolescentes que ha-
yan sufrido cualquier tipo de violencia.

10 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA
DETECTADAS O COMETIDAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
En este contexto, el Ministerio de Educación en coordinación con el Con-
sejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, ha actualizado el
presente documento denominado Protocolos de actuación frente a si-
tuaciones de violencia detectadas o cometidas en el Sistema Nacional
de Educación, con el fin de guiar la actuación de los Departamentos de
Consejería Estudiantil (DECE) y de la comunidad educativa en su conjun-
to sobre cómo actuar ante casos de violencia.
Este instrumento ofrece una perspectiva teórica sobre la violencia y su
categorización, con el fin de orientar a docentes, autoridades educativas
y profesionales de los DECE en la detección de estas situaciones de ries-
go. También aborda diferentes tipos de violencia como: negligencia, vio-
lencia física, violencia psicológica y violencia sexual; a esta última se le
otorga una especial importancia al considerarla como un tipo de violen-
cia que tiene fuertes repercusiones en la dimensión personal y socio cul-
tural del ser humano y que suele estar invisibilizada en los contextos
donde se produce.
Adicionalmente, el documento define estrategias de resolución de con-
flictos, tanto de carácter preventivo como reactivo, que pueden imple-
mentarse en las instituciones educativas, como la mediación escolar, los
círculos restaurativos, las reuniones restaurativas y las reuniones de gru-
po familiar. De la misma forma, se definen protocolos de actuación para
acompañar a estudiantes, familiares y equipo docente ante la detección
de un caso de violencia, siempre en el marco de la protección integral y
la no revictimización y el trabajo con el agresor o agresora. Por último, se
establecen líneas de actuación ante la detección de un caso de violencia,
en concordancia con el marco legal vigente, visibilizando la importancia
de fortalecer la protección, el acceso a la justicia, la restitución de
derechos vulnerados, dando énfasis en la reparación del daño que se les
hace a las personas ante este tipo de situaciones de conflicto y el
restablecimiento de las relaciones humanas, en lugar de solamente cas-
tigar a las personas infractoras (Zehr, 1990).
Ámbito y población objetivo
El presente documento es de aplicación obligatoria para todas las ins-
tituciones educativas de sostenimiento fiscal, municipal, fiscomisional
y particular del sistema nacional de educación y regulará las acciones
que deben implementar las autoridades de la institución educativa,
el equipo de los DECE, docentes en general y el personal administrati-
vo y de servicio.

11INFORMACIÓN
GENERAL
Objetivos
a. General
Establecer los protocolos de actuación de todas las personas que confor-
man la comunidad educativa frente a situaciones de violencia cometidas o
detectadas en el ámbito educativo, mediante la aplicación de lineamientos
y directrices de intervención, con el fin de garantizar la prevención,
atención oportuna, protección, investigación y restitución inmediata de los
derechos vulnerados, evitando la revictimización de niños, niñas y adoles-
centes y el trabajo con las personas agresoras.
b. Específicos
• Orientar sobre la violencia y sus distintas manifestaciones,
con el fin de facilitar su prevención y su detección.
• Definir protocolos de actuación para la prevención, intervención,
derivación y seguimiento ante una situación de violencia cometida
o detectada en el sistema nacional de educación.
• Fortalecer procesos efectivos de coordinación interinstitucional, que
faciliten la investigación y sanción de delitos vinculados a violencia
en contra de niños, niñas y adolescentes.
• Proporcionar herramientas de resolución alternativa de conflictos que
permitan prevenir, detectar, gestionar y resolver situaciones de conflicto,
con el fin de mejorar la convivencia escolar y reforzar los vínculos
afectivos entre las personas afectadas por este tipo de situaciones.

Enfoques
Con la finalidad de evitar la impunidad en casos de violencia y brindar a
la comunidad educativa una herramienta teórico-técnica que permita
una atención adecuada e inmediata de forma articulada, este documen-
to sustenta su abordaje de los siguientes enfoques:
a. Enfoque de derechos
Tiene como objetivo reconocer a las personas como sujetos de dere-
chos, independientemente de su sexo, etnia, edad, condición socioeco-
nómica o cualquier otra distinción que tenga por objeto o resultado me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de esos derechos.
En virtud de este reconocimiento, es deber del Estado respetar, proteger
y garantizar los derechos a través de la implementación de políticas pú-
blicas alineadas a las normativas nacionales e internacionales vigentes.
b. Enfoque de género
Promueve una cultura equitativa de respeto hacia las personas y los co-
lectivos sociales, se basa en el principio de igualdad y no discriminación
y el ejercicio y garantía de los derechos humanos. Este enfoque apunta
a resaltar la construcción sociocultural alrededor de los géneros, propo-
niendo valoraciones que promuevan la igualdad de oportunidades y per-
mitan la reflexión sobre la influencia de los estereotipos sociales en los
procesos de desarrollo y formación individual y de la cultura. El enfoque
de género, al ser una categoría de análisis de las construcciones socia-
les, pretende incorporar estrategias para contrarrestar las relaciones de
poder que se encuentran naturalizadas, y aportando a la transformación
social mediante el reconocimiento de la diversidad.
c. Enfoque de bienestar
Reconoce al bienestar como un estado en el cual cada individuo es cons-
ciente de sus propias capacidades, afrontando las tensiones normales
de la vida y en capacidad de contribuir con su comunidad.
d. Enfoque intercultural
Abarca el reconocimiento de los diferentes pueblos, culturas, cosmovisio-
nes, formas, opciones, concepciones y prácticas de vida implícitas en el
acto de comprender y respetar a quien es distinto. Busca fortalecer la con-
vivencia armónica para entender, promover y desarrollar actividades con-
cretas que se encuentren adaptadas a las necesidades socioculturales.

13
e. Enfoque intergeneracional
Pone en evidencia que las personas tienen necesidades específicas con
relación a la etapa de desarrollo evolutivo en la que se encuentran. Fo-
menta y resalta el derecho de las personas de toda edad a expresarse,
así como la validez de sus opiniones y deseos, implica el reconocimien-
to de los niños, niñas y adolescentes como interlocutores válidos y suje-
tos clave en los procesos educativos y sociales, más aún cuando pue-
den estar en situación de riesgo.
f. Enfoque inclusivo
Implica hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación algu-
na, respetando las diversidades culturales, socioeconómicas, étnicas,
de orientación sexual, de necesidades educativas especiales asociadas
o no a la discapacidad, entre otras. Permite crear estrategias específi-
cas que eliminen barreras que limiten la permanencia, de niños, niñas
y adolescentes en el proceso de aprendizaje, participación activa, pro-
moción y culminación de su formación en el sistema educativo.
INFORMACIÓN
GENERAL

DETECTADAS O COMETIDAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO14
g. Enfoque pedagógico
Se fundamenta en el concepto de una educación para la vida que posi-
bilite la formación y el desarrollo humano desde una visión integral, don-
de los estudiantes y las estudiantes vivan experiencias esenciales y afi-
nes a sus intereses, aptitudes y actitudes y que fortalezcan la toma de
decisiones personales con conocimiento.
h. Enfoque restaurativo
Este enfoque se ha incluido específicamente en este documento debido
a los temas que aborda. El enfoque restaurativo busca romper con el es-
quema punitivo de gestión de la convivencia escolar (a tal falta, tal san-
ción), aportando una nueva perspectiva que plantea la transformación de
los conflictos desde la asunción de responsabilidad y reparación de da-
ños. El enfoque, además de proporcionar prácticas reactivas a cualquier
situación conflictiva, plantea también estrategias a nivel preventivo y
proactivo, aportando nuevas metodologías para la gestión de las relacio-
nes en el salón de clase.

17MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
Definición de violencia
La violencia es un problema social y cultural que afecta al desarrollo in-
tegral de las personas, vulnerando su derecho a vivir en un entorno libre
de violencia (Convención de los Derechos del Niño, 1994). La Organiza-
ción Mundial de la Salud define la violencia como: “el uso intencional de
la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga mu-
chas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones” (1996).
Por tanto, la violencia se origina en las relaciones de poder inequitativas
y de sometimiento a la víctima; esto puede ocurrir en varios escenarios
como: el hogar, instituciones educativas, establecimientos de acogi-
miento institucional, residencias escolares, las calles, el lugar de traba-
jo o el transporte público, y abarca acciones como maltrato físico y psi-
cológico, abandono o trato negligente, explotación y abuso sexual,
entre otras.
Un acto de violencia implica una situación que se genera en el seno de
un conflicto y en el marco de relaciones de poder. En este sentido, cuan-
do ocurren situaciones de violencia en el contexto educativo, se debe
considerar el Principio del interés superior del niño, niña y adoles-
cente (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 1989),
que debe llevar a una actuación inmediata que garantice la protección de
la persona violentada y que implica la obligación de denunciar por parte
de la persona que tiene conocimiento del hecho.

Categorización de la violencia
La violencia al ser una problemática psicosocial, multicausal, no tiene
una configuración homogenia. La Organización Mundial de la Salud
(OMS), ha propuesto una tipología donde clasifica los distintos tipos de
violencia según un doble criterio: la relación entre la persona agresora y
la víctima, y la naturaleza de la acción violenta. Esta clasificación da lu-
gar a más de 30 tipos de violencia específicos. Estos tipos surgen de
combinar la naturaleza de la violencia (física, sexual, psicológica o por
privación/abandono) con el agente causante de la violencia y su relación
con la victima (auto-dirigida, interpersonal y colectiva). Esta clasificación
es muy útil ya que permite distinguir tipos de violencia distintos entre sí,
por ejemplo, en el caso del maltrato intrafamiliar, se podría distinguir en-
tre el maltrato físico, el sexual, el psicológico y la negligencia.
La clasificación divide la violencia en tres grandes categorías según quien
inflige el acto violento, distinguiendo entre la violencia que una perso-
na se inflige a sí misma, la infligida por otro individuo o grupo pequeño de
individuos y la infligida por grupos más grandes, como los Estados, gru-
pos políticos organizados, milicias u organizaciones terroristas.
Estas tres categorías, a su vez se subdividen para reflejar tipos de violen-
cia más específicos, en función de la naturaleza de los actos violentos,
que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, virtuales o basados en las
privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el
que se producen y la relación entre la persona agresora y la víctima y,
en sus posibles motivos socioculturales.
El presente documento aborda la violencia interpersonal, donde se con-
sideran las siguientes modalidades.
• Intrafamiliar
• Institucional
• Entre pares
• De estudiantes contra adultos

19
a. Tipologías según su manifestación
La categorización de la violencia según su manifestación puede ser: físi-
ca, psicológica, sexual, por negligencia y virtual.
Violencia física
De acuerdo a la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mu-
jeres y la Igualdad de Género (2011) la violencia física “es todo acto
de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas
agredidas, cualquiera sea el medio empleado y sus consecuencias”.
Dicho acto tiene la intencionalidad de lastimar u ocasionar dolor, da-
ño o sufrimiento físico a quien se agrede.
La violencia física se puede manifestar a través de golpes, puñeta-
zos, patadas, pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones, fractu-
ras, intentos de ahogamiento, agresiones con objetos contundentes
o arma blanca, castigos físicos reiterados (aunque no sean severos
necesariamente), sujeción, provocación de mutilaciones o deforma-
ciones, quemaduras, ingestión forzada de drogas o bebidas alcohó-
licas, entre otras agresiones.
Violencia psicológica
Es aquella donde se ejerce “perjuicio en la salud mental por actos de
perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aisla-
miento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones
o acciones” (COIP, 2013). La violencia psicológica incluye el maltra-
to verbal (insultos, gritos, apodos, burlas, comentarios peyorativos o
MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
se manifiesta en puede propiciar violencia
Relación victima
y agresor/a
• De género
• De orientación
sexual o
identidad
de género
• Por condición
socioeconómica,
étnica o cultural
Violencia:
• Física
• Psicológica
• Sexual
• Omisión o
negligencia
• Virtual
• Intrafamiliar
• Maltrato
institucional
• Entre pares
• De estudiantes
contra miembros
de la IE
Naturaleza
Motivos
socioculturales

discriminatorios, groserías, sarcasmos, etiquetamientos) y el maltra-
to emocional (manipulación, humillación, amenazas, difusión de
rumores, culpar, ofender). En muchos casos, es difícil detectar si
otras formas o tipos de violencia se han ejercido, ya que no siempre
presenta evidencias físicas y visibles. Sin embargo, es un tipo de vio-
lencia que afecta a la persona a nivel subjetivo y emocional con
consecuencias sobre su salud mental y su desarrollo integral.
En el ámbito educativo, se pueden presentar estas situaciones tanto
entre pares como entre personas adultas (autoridades, docentes,
padres o madres de familia) que pueden realizar amenazas o chanta-
jes a un niño, niña o adolescente con el objetivo de suscitar un cam-
bio de conducta. Por ejemplo, establecer demandas o exigencias in-
apropiadas para su edad, la amenaza de la expulsión del sistema
escolar, el chantaje de abandonar o de dejar de amar si no cumplen
con las expectativas familiares o la amenaza de hacer perder el año
escolar, entre otras. Estas expresiones limitan el desarrollo subjetivo
y emocional de niños, niñas y adolescentes con severas consecuen-
cias en su desarrollo, llegando a causar daño psíquico y en ciertas
ocasiones intentos autolíticos.
Violencia sexual
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual
como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de
una persona mediante coacción por otra persona, independiente-
mente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, in-
cluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
Las formas de violencia sexual que se pueden presentar contra
niños, niñas y adolescentes pueden ser las siguientes:
• Toqueteos, caricias, manoseos o acercamientos consentidos
o no por parte de una persona adulta hacia un niño, niña o
adolescente. Estos toqueteos pueden ser sobre cualquier parte
del cuerpo y no exclusivamente en zonas íntimas, como los
pechos, área genital o nalgas.
• Forzar a que un niño, niña o adolescente toque las partes
íntimas de la presunta persona agresora u otros compañeros
o compañeras.
• Hacer comentarios de índole sexual respecto a su cuerpo
o apariencia.

21
• Uso de palabras eróticas, propuestas verbales sexuales,
intenciones eróticas sexualizadas que sobrepasan los límites
emocionales apropiados entre adultos con niños, niñas y
adolescentes (contar intimidades sexuales de la pareja,
convertir al estudiante o la estudiante en confidente emocional).
• La invención de juegos con la finalidad de que la estudiante
o el estudiante muestre o toque partes de su cuerpo.
• La solicitud de favores sexuales a cambio de calificaciones
o pases de año.
• Producción de material pornográfico utilizando a niños, niñas y
adolescentes, o la exposición/facilitación de pornografía a niños,
niñas y adolescentes.
• Espiar al estudiante o la estudiante cuando se encuentra en
el baño o mientras se cambia de ropa.
• Solicitar o llevar a cabo encuentros con finalidad sexual fuera
de la institución educativa.
• Insinuaciones o comentarios con respecto a su vida o prácticas
sexuales privadas.
Violencia por omisión o negligencia
Según el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003), la negligencia
es “la omisión y/o descuido ejercido por parte de personas adultas
(docentes, autoridades, personal administrativo o de servicio, padre,
madre o responsable legal), en el cumplimiento de sus obligaciones
o responsabilidades de atención y cuidado para con niños, niñas o
adolescentes”.
Este tipo de violencia se da únicamente por parte de personas adul-
tas hacia niños, niñas y adolescentes de los que son responsables
(en este caso, funcionarios o funcionarias de la institución educativa
y/o padres, madres o representantes legales). Este tipo de violencia
es entendida como una forma pasiva de violencia, que puede suce-
der en dos instancias principales: la institución educativa y el hogar,
presentándose los siguientes tipos (Lago, 2006).
• Física: ausencia de protección y cuidado de las necesidades
básicas para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente
como, por ejemplo, la provisión de alimentación, permitir el uso
de alcohol o drogas, ausencia de supervisión adecuada, no dar
MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL

respuesta a las necesidades físicas, no realizar intervenciones
inmediatas frente a situaciones de riesgo (como no denunciar
una situación detectada de violencia y/o violencia sexual).
• Emocional: no brindar la afectividad que requiere el niño, niña
o adolescente de acuerdo a su etapa evolutiva, restringir la
respuesta a las necesidades emocionales o ausencia del
cuidado psicológico como no hacer caso a los pedidos de
atención (física y psicológica) que requiera un niño, niña o
adolescente, permitir que sea violento, no establecer límites,
entre otros.
• Médica: restringir las atenciones médicas necesarias para el
cuidado y desarrollo del niño, niña o adolescente, el tratamiento
médico o psicológico en caso de requerirlo.
• Educativa: desatención a las necesidades académicas de un
niño, niña o adolescente; no acompañar ni supervisar el
cumplimiento de sus obligaciones académicas; inasistencia e
impuntualidad de los/as docentes a sus horas de clase dejando
desatendidos a los/as estudiantes; no realizar seguimiento
adecuado a estudiantes con necesidades educativas especiales
con o sin discapacidad o en situaciones de riesgo; no restringir
contenidos de videos y aplicaciones de Internet con contenidos
nocivos o inadecuados para la etapa evolutiva del grupo de
estudiantes, entre otras. En la institución educativa puede
producirse abandono, por ejemplo, al prolongar los periodos de
recreo sin vigilancia.
Violencia virtual
Es aquella violencia psicológica que se ejerce a través de medios vir-
tuales y que tiene efectos psicosociales en las personas. Este tipo de
violencia se ejerce a través de la televisión, el teléfono o las redes so-
ciales. La principal forma de violencia virtual contra niños, niñas y
adolescentes que se puede detectar en las instituciones educativas
es el ciber acoso.
b. Tipologías según los motivos socioculturales
Tanto en el ámbito familiar, institucional o educativo, existen violencias
que se cometen contra personas basadas en estereotipos y prejuicios
sociales, preconcepciones que tienden a justificar, naturalizar e incluso
promover la violencia contra ciertas personas o colectivos que presentan
características diferentes, siendo discriminadas o perseguidas social-
mente por no ajustarse a lo que dicta la norma sociocultural. Bajo esta
perspectiva, se pueden identificar los siguientes tipos de violencia.

23MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
Violencia de género
La violencia de género “se sustenta en un modelo de sociedad pa-
triarcal que determina una concepción de cómo debe ser el mundo,
cómo son y cómo actúan los varones y las mujeres, y cuál debe ser
la relación entre los sexos. Se transmite a través de una socialización
diferenciada y una educación sexista que justifican la división sexual
del trabajo, el desigual reparto de las responsabilidades y del cuida-
do, así como el uso discriminatorio de los tiempos y los espacios”
(Junta de Andalucía, 2016).
Según la Organización Mundial de la Salud (2016), “el género se re-
fiere a (…) las funciones, comportamientos, actividades y atributos
que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las
mujeres”. Estos roles y actitudes diferentes pueden generar relacio-
nes de poder entre hombres y mujeres que generan y naturalizan
desigualdades sociales, “es decir, diferencias entre los hombres y las
mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos”.
Además, la Convención de Belém do Para (1994), considera la vio-
lencia contra las mujeres como aquella que tiene “lugar en la comu-
nidad y es perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitu-
ción forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así co-
mo en instituciones educativas, establecimientos de salud o cual-
quier otro lugar […] que sea perpetrada o tolerada por el Estado o
sus agentes, donde quiera que ocurra” (Artículo 2).
La violencia de género es aquella violencia contra las mujeres que se
sustenta en las relaciones de poder de los hombres sobre las muje-
res y sobre los niños y niñas. En el ámbito educativo puede identifi-
carse la discriminación de niñas en ciertas actividades por ser muje-
res, agresiones en las relaciones de pareja en la adolescencia y
también puede identificarse a niños, niñas y adolescentes que son
víctimas de violencia de género suscitado en el ámbito familiar.
Violencia por motivos de orientación sexual
o identidad de género
La identidad de género es la vivencia interna e individual sobre cómo
ser hombre (masculino) o mujer (femenino), es cómo cada persona
se siente en su rol en el mundo en relación a su sexo biológico. Inclu-
ye tanto la vivencia personal del cuerpo (apariencia o la función cor-
poral) como los roles y expresiones de género (vestimenta, modo de
hablar y los modales) (ONU, 2013). Esta identidad de género puede
corresponder o no con el sexo biológico.

Con respecto a las variantes identificadas en la identidad de géne-
ro pueden describirse las siguientes (Oficina del Alto Comisionado,
2016).
• Transgénero: hombre o mujer que se comporta y viste de
forma permanente como una persona del género contrario
como parte de su estilo de vida, sin embargo, está conforme
con su sexo biológico.
• Transexual: es aquella persona que se identifica con el sexo
opuesto a su sexo biológico, por lo que desea un cuerpo acorde
con su identidad, vivir y ser aceptado como una persona del sexo
al que siente pertenecer.
• Intersexual: se ha definido como “todas aquellas situaciones
en las que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al
estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente
vigente” (Oficina del Alto Comisionado, 2016).
En relación a la orientación sexual, la normativa internacional de
los Derechos Humanos la describe como “la capacidad de cada per-
sona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual
por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o
de más de un género, es un concepto complejo que cambia con el
tiempo y difiere entre las culturas” (Oficina del Alto Comisionado,
2016). Por lo tanto, como tipos de orientación sexual se identifica la
heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad.
La violencia por motivos de orientación sexual o identidad de géne-
ro puede suscitarse contra personas que tienen identidades de gé-
nero que difieren del estándar tradicional de femenino-mujer y mas-
culino-hombre u orientación sexual que difiere de la heterosexual,
siendo discriminadas o perseguidas socialmente por no ajustarse a
lo que dicta la norma sociocultural.
Violencia por condición socioeconómica, étnica y cultural
La Constitución del 2008 reconoce al Ecuador como un Estado in-
tercultural y plurinacional (Artículo 1), y reconoce los derechos de
las comunidades, pueblos y nacionalidades (Capítulo IV). Para ello,
se han implementado diversas estrategias con el fin de garantizar
los derechos de las personas y su reconocimiento en base a la di-
versidad. Sin embargo, todavía quedan rezagos de estereotipos y
prejuicios sociales que deben ser modificados de forma oportuna
desde la educación.

25MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
La condición socioeconómica y la etnia también pueden ser motivos
de violencia, cuando se rechazan costumbres, ideologías y cosmovi-
siones que son propias de las diversas culturas que conforman el
país u otros países. La globalización de los usos y costumbres ha
provocado que los conocimientos y prácticas ancestrales que po-
seen las nacionalidades y pueblos, sean modificados en su estructu-
ra cultural para poder adaptarse al medio social.
c. Tipologías según la relación entre la víctima
y la persona agresora
Violencia intrafamiliar
En el artículo 155 del Código Integral Penal (COIP), en relación a la
violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, “se conside-
ra violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico
o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mu-
jer o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros
del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o
unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas,
hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas
con las que se determine que el procesado o la procesada manten-
ga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyu-
gales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación”.
Este modo de violencia afecta especialmente a niños, niñas y adoles-
centes, ya que puede ser ejercida por cualquier miembro del núcleo fa-
miliar (padre, madre, padrastro, madrastra, hermanos, hermanastros,
tíos, parientes que vivan en la casa) y puede presentarse en dos for-
mas: forma activa (abuso físico, psicológico o sexual) y forma pasiva
(negligencia o abandono). En este contexto, es necesario señalar que
“la violencia intrafamiliar tiene, al menos, tres efectos que la hacen par-
ticularmente compleja: al ser relacional tiende a perpetuarse ya que se
hace parte de la organización familiar, al estar instalada en los vínculos
afectivos más íntimos sus consecuencias son más dañinas para las
personas involucradas, al ocurrir en un espacio que consideramos pri-
vado la respuesta social se hace más dificultosa” (Mideplan, 2012).
En este sentido, es preciso puntualizar que a la hora de iniciar una in-
tervención frente a una situación de presunta violencia intrafamiliar
detectada en el sistema educativo, los profesionales de la educación
deben considerar que los familiares pueden expresar reacciones y
actitudes defensivas que dificulten la intervención, alegando por
ejemplo que “el espacio familiar no compete a la escuela” o que la
institución educativa “no tiene injerencia en los asuntos familiares”.
Dichas actitudes no deben ser barreras a la hora de emprender las
acciones de intervención y derivación pertinente.

La violencia intrafamiliar, al representar un acto que transgrede la nor-
mativa exige una intervención inmediata y oportuna para salvaguar-
dar la integridad de las víctimas, razón por la cual debe ser informa-
da a las autoridades competentes.
Maltrato institucional
Según el artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia, es mal-
trato institucional aquel que es “ejercido por un servidor de una ins-
titución pública o privada, como resultado de la aplicación de regla-
mentos, prácticas administrativas o pedagógicas, aceptadas expresa
o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han co-
nocido y no han adoptado las medidas pertinentes para prevenirlo,
hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera inmediata. La res-
ponsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato
y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución
o establecimiento al que pertenece” (2003).
Esta modalidad de maltrato puede ocurrir en el ámbito educativo,
pudiendo ser el presunto agresor o agresora un miembro de la insti-
tución educativa (docentes, personal directivo, administrativo o cual-
quier persona adulta que labore o tenga contacto directo con el niño,
niña o adolescente). El maltrato institucional se genera cuando exis-
te un ejercicio de poder por parte del presunto agresor valiéndose
de su posición profesional, nivel de conocimiento, las diferencias
etarias/generacionales o el uso de la fuerza, entre otras.
El artículo 41 de la citada norma establece que “se prohíbe a los es-
tablecimientos educativos la aplicación de sanciones corporales;
sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de niños, niñas y
adolescentes; sanciones colectivas; y medidas que impliquen exclu-
sión o discriminación”.
Violencia entre pares
A diferencia de las relaciones de conflicto que pudieren esta-
blecerse entre personas adultas y estudiantes (en las cuales exis-
te una clara diferencia etaria o generacional), las relaciones entre pa-
res pudieran parecer igualitarias y simétricas. No obstante, en la
realidad los estudiantes y las estudiantes tienen relaciones asimétri-
cas de poder muy marcadas y dispares. La violencia entre pares
puede ser frecuente en el ámbito educativo, pues es el lugar donde
niños, niñas y adolescentes se relacionan e interactúan permanente-
mente. Esta modalidad de violencia no se genera exclusivamente en
espacios de distracción o esparcimiento como los recreos sino que
también se puede ejercer en el salón de clase o durante el trayecto
a la institución o el lugar de residencia.

27MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
Como formas de violencia entre pares se pueden identificar “la inti-
midación, la violencia sexual y violencia basada en el género, las pe-
leas en el patio de la escuela, la violencia pandillera y la agresión con
armas” (Pinheiro, 2006). Es decir, cualquier tipo de manifestación,
incide negativamente en la salud física y mental de quienes son víc-
timas pero también de quienes son victimarios, quienes aprenden a
imponer su voluntad a través de la violencia. Dentro de esta modali-
dad de violencia podemos encontrar los siguientes tipos:
• Conflictos entre estudiantes: el conflicto es una actitud
de oposición o desacuerdo que puede existir entre personas
frente a ideas o cosas, siendo una condición inevitable de las
relaciones sociales. La existencia de un conflicto no es necesa-
riamente negativa. El problema estriba en el curso que pueda
tomar el mismo (constructivo o destructivo) si no se aplica
métodos de resolución de conflictos pacíficos, basados en
el respeto mutuo y en la mediación escolar que permitan
generar una cultura de paz.
Por lo tanto, no es cuestión de eliminar o prevenir el conflicto sino
saber asumir las situaciones conflictivas y enfrentar las mismas
con recursos que permitan comprender las diferencias individua-
les, aprender a negociar y a responder y solucionar los problemas
y las discrepancias que puedan darse de forma adecuada.
Un fenómeno que puede suceder en los espacios educativos, es
el conflicto entre grupos de estudiantes de diferentes institucio-
nes educativas por motivos de pertenencia e identidad institucio-
nal. En estos casos, existe una fuerte identificación de los indivi-
duos con su institución, que en lugar de traer consigo una
connotación positiva de apropiación por el cuidado y respeto a la
misma, pasa a transformarse en justificativo para ejercer violencia
sobre otras personas, instituciones o instancias. En Ecuador, son
muchos los casos en los que estas rivalidades son transmitidas
generacionalmente. Incluso a veces se vive como un mandato he-
redado que denota lealtad e identificación con la institución, sien-
do importante que de ninguna manera la institución educativa
avale conductas de violencia que se sustenten en justificativos
como “la tradición del colegio”.
• Violencia entre pandillas juveniles: conceptualmente
existen varias definiciones de pandillas. De acuerdo a la
Organización de los Estados Americanos (OEA, 2007), “las
pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio
en la sociedad (fundamentalmente urbano) que sea adecuado
a sus necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos que

la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado.
Emergiendo como grupos de la pobreza extrema, la exclusión
y la falta de oportunidades, las pandillas buscan satisfacer sus
derechos a la supervivencia, protección y participación,
organizándose sin supervisión y desarrollando sus propias
normas y criterios de membresía, afianzando una territorialidad
y una simbología que otorgue sentido a la pertenencia grupal”.
Bajo esta definición, la existencia de pandillas per se, no implica
procesos de asociación irregular orientados a desestabilizar un
sistema de convivencia social, sino que visibiliza la necesidad de
pertenencia que pudieren tener los adolescentes con personas
que poseen características similares (carencias, estilo de vida,
etc.). Sin embargo, en la búsqueda del reconocimiento y el senti-
do de pertenencia, los jóvenes están dispuestos a violentar dere-
chos propios y ajenos con el fin de sentirse parte del grupo, acti-
tud que incita la rivalidad entre grupos.
En ese sentido, es necesario fomentar organizaciones sociales
positivas, orientadas al desarrollo de habilidades y actitudes de
solidaridad, organización y cooperación.
• Acoso escolar (bullying): se trata de un tipo de violencia entre
pares, también conocido como bullying, hostigamiento o intimi-
dación escolar. El acoso escolar se diferencia de otras formas
de violencia por su carácter reiterativo e intencional, así como
por un desequilibrio de poder o fuerzas (Olewus, 2007). En el
acoso escolar están presentes diferentes formas de violencia:
física, verbal o psicológica y la persona que agrede tiene la in-
tención de afectar la integridad física, psicológica y/o social
del agredido, quien generalmente se encuentra en una posición
de desventaja.
En el acoso escolar están presentes tres aspectos fundamenta-
les: los actos violentos, la intencionalidad respaldada en una re-
lación de poder y la recurrencia. Una particularidad del acoso es-
colar es su carácter colectivo, ya que el mismo se produce en el
marco de las relaciones de interacción y convivencia entre com-
pañeros; cuestión a tener en cuenta a la hora de intervenir y pre-
venir estas situaciones.
El acoso escolar se manifiesta por medio de conductas sistemá-
ticas y repetitivas, pudiendo incluir conductas como (ODDM,
2005) las siguientes:

29MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
-- Insultos, gritos (hacia la víctima y/o su familia), “bromas
pesadas”, poner a la víctima apodos humillantes, reírse
cuando se equivoca, burlarse por su aspecto físico,
por su forma de ser, de vestir o de hablar.
-- Robo, daño o la acción de esconder las
pertenencias personales.
-- Divulgación de rumores (sobre la víctima o su familia),
agresión —física, psicológica o sexual—, ponerle en ridículo
ante los demás, contar mentiras sobre él o acusarle de cosas
que no ha dicho o no ha hecho.
-- Molestar a la víctima de forma reiterada, ignorarla y/o
excluirla, (por ejemplo: no incluirlo/a en los juegos, aplicarle
“la ley del hielo”, no dejar hablar, entre otras).
Existen tres actores fundamentales con los que se debe trabajar
de forma directa: el agresor, el agredido y el/os espectador/es.
Es importante considerar que pueden estar presentes diferentes
tipos de espectadores: 1) el espectador que participa del acoso,
pero no lo inicia; 2) el que observa la situación de violencia y
aprueba esta situación sin llegar a participar en el acto de agre-
sión; 3) el que observa y no interviene, pero muestra indiferencia
ante los casos de violencia; 4) el que no se atreve a detener el
acoso; y, 5) el que defiende de la víctima. La complicidad y/o el si-
lencio de los espectadores suele darse con bastante frecuencia
en situaciones de acoso escolar, manteniendo e incluso promo-
viendo, el ciclo de la violencia (Díaz Aguado, 2006).
Las personas adultas deben ser prudentes y vigilantes respecto a
este tipo de violencia, ya que puede ser de menor o mayor grave-
dad, dependiendo de las capacidades psicológicas y sociales
con las que cuente la víctima para afrontarlo.
• Ciber acoso: se considera como ciber acoso “todo acto de
agresión repetida e intencionada de dañar psicológicamente a
otro, mediante el uso de un dispositivo de cómputo móvil o digi-
tal, difundiendo mensajes, fotos, videos denigrantes que atentan
a la dignidad del agredido” (Gómez y Hernández, 2013). El ciber
acoso puede efectuarse a través de los recursos tecnológicos
como computadoras, celulares, tabletas, iPods, video juegos,
correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales,
mediante la inadecuada utilización de los navegadores web,
portales de video o en publicaciones digitales de texto (blogs),
entre otros.

De acuerdo a Gómez y Hernández (2013), la versión “en línea” del
acoso tradicional directo e indirecto entre iguales es el acoso ci-
bernético, mismo que utiliza la tecnología para corromper, mani-
pular, dominar e incluso inducir a la muerte. Esta agresión se pue-
de ejecutar de forma directa: si la víctima observa que está siendo
filmada o si recibe el mensaje o video, o cuando el agresor o agre-
sora influye en sus compañeros para criticar, excluir, etiquetar en
la web de forma negativa, lo cual magnifica el daño psicológico
pudiendo ocasionar detrimento emocional, mental, social e inclu-
so afectar su salud provocando ansiedad, fobias, depresión o
intento suicida.
En cuanto a los hechos de ciber acoso es necesario resaltar que
podría darse como resultado de actos violentos iniciados en el
mundo físico y llevado al mundo virtual o viceversa, establecien-
do una estrecha relación entre los dos medios (físico y virtual)
donde se puede llevar a cabo el acto violento. En la actualidad el
ciber acoso es cada vez más frecuente debido a las facilidades
que las tecnologías brindan a la hora de mantener el anonimato y
el ejercicio del control.
Las principales características del ciber acoso son las siguientes
(Flores, J., 2006):
-- Expansión de información a través de la red de manera
incontrolable: muchas personas que incluso son
desconocidas entre ellas, pueden colaborar en el acto de
agresión compartiendo la información múltiples veces.
-- Falsa sensación de anonimato: debido a que la agresión
a través de Internet no se produce cara a cara, el agresor
o agresora puede tener una falsa sensación de anonimato
y creer que goza de impunidad frente a su acto. Incluso,
a través de la red, pueden participar personas que no
estarían dispuestas a ejercer un hecho de violencia
de forma presencial.
-- Mayor número de posibles víctimas: a través de la red,
la víctima puede ser cualquier persona.
-- Menor percepción del daño causado: en las agresiones a
través de internet, se agrede a distancia, es decir, se hace
daño a una persona que no está visible por lo que no se
percibe la reacción que la agresión tiene sobre la víctima,
característica que aumenta la probabilidad de que la agresión
se extienda en el tiempo.

31MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
-- Diversos dispositivos: la variedad de dispositivos que existen
permite que el acoso se pueda producir en diferentes
espacios y momentos y que el daño infligido sea mayor, al
multiplicarse las vías de reproducción de información.
-- Extensión en el tiempo de forma indefinida: la información de
Internet no se puede borrar fácilmente. Por un lado, muchas
personas que comparten la información pueden guardarla
y continuar reproduciéndola por diversos medios y por otro,
los registros de navegación guardan datos, por lo que no es
posible que la información desaparezca.
-- El contacto permanente con la víctima como forma de
control: puede mantenerse a través de los diferentes
dispositivos y aplicaciones.
Sin embargo, es importante puntualizar que el ciber acoso no es
la única forma de violencia virtual. Existen otras agresiones que
suceden a través de las tecnologías de la comunicación, como las
que se describen a continuación (Flores, J., 2009):

Agresiones a través de tecnologías de la comunicación
FORMA DESCRIPCIÓN
Phishing
Mensajes falsos por internet y celular para robar datos de
crédito, megas o cualquier información que tenga valor.
Arrasement
Denigrar, amenazar e insultar a alguien de manera constante
a través de correos electrónicos o mensajes de celular. Incluye
poner apodos, crear rumores o mandar fotos humillantes de
golpizas para que otros las comenten de forma agresiva y
las reenvíen.
Sextorsion
Es una forma de explotación sexual en donde la persona es
chantajeada con imágenes íntimas que el agresor posee, imáge-
nes que han sido compartidas generalmente a través del sexting.
Flamming Insultar masivamente a un usuario en salones de chat.
Stalking o cortejo hostigante
Enviar mensajes constantes a una persona para decirle que le
gusta a alguien más, o para controlar todos sus movimientos
cuando ya ha iniciado una relación con su acosador.
Sexting
Se trata de una forma de tener sexo a través de internet, me-
diante el envío de videos o imágenes íntimas o teniendo relacio-
nes sexuales. Estas imágenes pueden ser compartidas a través
de las redes con otras personas, volviéndose un caso de porno-
grafía infantil en el caso de niños, niñas y adolescentes.
Hacking
En su versión delictiva, es el acto de desbloquear códigos
y contraseñas, con fines de obtener beneficios económicos
con dicha información.
Pornografía infantil
Delito que muestra a menores de edad en conductas sexual-
mente explícitas. Se engaña a menores para transmitir actos se-
xuales por web-cam en vivo para ganar dinero.
Lolicon/Shotacon
Preadolescentes que tienen relaciones sentimentales y/o sexua-
les con personas mayores de edad a través de la red.
Grooming
Adultos que se hacen pasar por una edad menor; con engaños
palabras cariñosas y bonitas para ganar la confianza de la
persona, obtener imágenes en foto o vídeo, con actos sexuales,
eróticos, y así luego chantajear a la víctima para conseguir
favores sexuales.
Trata de imágenes personales
Personas que copian todos los álbumes de fotografías y vídeos
de las redes sociales de una persona y las venden en internet sin
permiso. Estas fotos pueden aparecer en páginas pornográficas
o ser ofertadas para raptar adolescentes para comercio sexual.
Captación para trata
Se contacta y seduce a estudiantes para raptarlas y obligarlas
al trabajo sexual comercial, la venta de drogas e incluso la venta
de sus órganos.
Suplantación de identidad
Creación o robo de cuentas personales de correo electrónico,
redes sociales o juegos, para reemplazar la identidad de
esa persona.
Al ser el la violencia virtual un fenómeno en constante desarrollo,
es necesario orientar a niños, niñas y adolescentes a utilizar ade-
cuadamente los entornos digitales de forma responsable y ética,
con un sentido crítico, impidiendo que su uso vulnere o destruya

33MARCO TEÓRICO
REFERENCIAL
su integridad psicológica y la de otros. A su vez, es importante in-
formar acerca de mecanismos de seguridad para el manejo de la
información a través de redes sociales, así como abrir la posibili-
dad de denunciar cuando se sientan agredidos, vigilados o extor-
sionados a través de estos medios.
Violencia de estudiantes o madres, padres
de familia y/o representantes en contra servidores
de la institución educativa
En el ámbito educativo puede presentarse un tipo específico de vio-
lencia que los estudiantes madres, padres de familia y/o represen-
tantes ejercen contra los docentes, autoridades o miembros adultos
de la institución educativa. “La violencia escolar, reflejo de la conflic-
tividad social, está afectando de manera visible al personal docente,
contaminando la convivencia educativa al crearse situaciones con-
flictivas indeseables que afectan a la comunidad educativa en su
conjunto”1
.
La conflictividad generada afecta muchas veces al equipo docente,
y se hace difícil la convivencia escolar y el desarrollo normal de las
actividades escolares, presentándose agresiones psicológicas e in-
cluso físicas, situaciones que se viven con dificultad por parte de los
docentes o autoridades, menoscabando incluso su propia identidad
personal. Dichos compartimientos disruptivos pueden causar dis-
gustos y ansiedad en los profesores, quienes en casos extremos
pueden llegar a sufrir la total destrucción de su identidad profesional.
Muchos actos de violencia en contra de servidores de la institución
educativa pueden ocasionarse por los siguientes hechos.
• No dejar que se usen teléfonos celulares o cualquier otro
artefacto electrónico ajeno a la actividad educativa en el salón
de clase.
• Separar a estudiantes que estén discutiendo o agrediéndose
físicamente.
• Hacer cumplir las normas de convivencia en el salón de clase
o institución educativa.
• Reportar faltas leves o graves o muy graves cometidas
por los estudiantes, entre otras causales.
1 Boletín Oficial de Canarias, núm. 255, España, 2009.

34 RUTAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA
Todas estas formas de violencia pueden ser tratadas, tanto a nivel preventivo
(cuando aún no se ha dado la problemática) como a nivel reactivo (cuando ya ha
ocurrido un hecho problemático) a través de diferentes metodologías de resolución
alternativa de conflicto, como pueden ser los círculos restaurativos.
La conflictividad escolar que pudiere generarse dentro del sistema
educativo, hace necesario establecer directrices específicas que
orienten a autoridades institucionales, docentes, personal adminis-
trativo o profesionales del DECE sobre cómo actuar en caso de que
exista actos de violencia por parte del estudiantado o de sus ma-
dres, padres o representantes legales, sin perjuicio de las medidas
encaminadas a fortalecer la convivencia armónica entre los actores
de la comunidad educativa.

Prevención
integral
de la violencia
y promoción
de una cultura
de paz3

37
Prevención integral
En el Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería
Estudiantil DECE, se menciona que “la prevención integral es el conjun-
to de acciones y estrategias orientadas a toda la comunidad educativa
hacia el ejercicio pleno de los derechos humanos, fortaleciendo el desa-
rrollo integral, la construcción de una cultura de paz en el marco del Buen
Vivir, a través de la adopción de medidas encaminadas a impedir que
aparezcan problemáticas psicosociales que afecten el desarrollo integral
de niños, niñas y adolescentes e impedir que las deficiencias causadas
por el aparecimiento de las mismas no prevalezcan en el tiempo” (2016).
La comunidad educativa tiene una gran responsabilidad no solo en la de-
tección y actuación frente a cualquier situación de violencia, especial-
mente en situaciones de violencia sexual, sino también en la prevención
de los factores de riesgo relacionados a fin de incidir a corto, mediano y
largo plazo en la erradicación de las relaciones desiguales que se sus-
tentan en condiciones estructurales.
El verdadero desafío que tienen quienes conforman la comunidad edu-
cativa es convertir el espacio educativo en un entorno seguro, que reco-
nozca las diferencias individuales y todo tipo de diversidades, propician-
do una convivencia armónica y el desarrollo integral de niños, niñas
y adolescentes.
Según la Resolución A/52/13 de las Naciones Unidas (1998), la cultura
de paz consiste en “una serie de valores, actitudes y comportamientos
que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar
sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la nego-
ciación entre las personas, los grupos y las naciones”.
PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

Educar para fortalecer una cultura de paz implica inculcar valores demo-
cráticos, así como promover actitudes, habilidades y comportamientos
que construyan convivencias saludables basadas en relaciones sociales
enmarcadas en el respeto, entendiendo esto como vivir en armonía con-
sigo mismo, con las demás personas y el ambiente. Se trata de un pro-
ceso de aprendizaje continuo, que debe estar presente de forma trans-
versal en cada actividad que se desarrolle en la institución educativa,
desde la actitud en el aula, las relaciones entre el personal educativo y
los ejemplos que se ofrecen a los estudiantes y las estudiantes.
Estrategias para prevenir la violencia
en el sistema educativo
Desde la perspectiva de la prevención integral, todo mecanismo preven-
tivo que se implemente en la institución educativa debe estar “dirigido a
facilitar que niños, niñas y adolescentes se empoderen y sean capaces
de tomar decisiones con respecto a sus proyectos de vida de manera
consciente, libre y autónoma; adquieran valores y principios mediante la
práctica y se involucren en la realidad social que les rodea, bajo los prin-
cipios del buen vivir y la cultura de paz” (Ministerio de Educación, 2016).
Eso implica que todas las personas que conforman la comunidad edu-
cativa deben ser corresponsables con el proceso de formación, fortale-
ciendo de esta manera la convivencia armónica a través de las siguien-
tes acciones:
a. Fortalecer la construcción de una cultura de paz
• Reforzar la formación en valores como la responsabilidad, la libertad,
la cooperación, el respeto, la solidaridad, la actitud crítica, el
compromiso, la autonomía, el diálogo y la participación. Al mismo
tiempo, se deben cuestionar antivalores como la discriminación,
la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, la indiferencia y el
conformismo, entre otros. Esto se puede lograr mediante actividades
basadas en dilemas morales, juegos cooperativos y juegos de roles,
entre otros.
• Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida y de resolución
alternativa de conflictos.
• Proponer estrategias que permitan fortalecer la convivencia
armónica y la garantía de los derechos humanos mediante talleres,
encuentros, foros, charlas u otros eventos.

39PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y
• Promover una cultura de respeto a la diversidad y la no violencia
mediante actividades que permitan la deconstrucción de
estereotipos de género, étnicos, y etarios.
• Recuperar la idea de paz positiva2
(Joan Gaultung, 2003). Es decir,
aceptar el conflicto como una parte natural de la vida y procurar
su resolución pacífica, fomentando la paz como proceso interno
del individuo.
b. Facilitar el autoconocimiento de cada estudiante
• Fortalecer estrategias de coeducación en el salón de clase y en la
institución, lo que implica que “la formación y la educación se
imparten en condiciones de igualdad para ambos sexos y […] no
se pone límites a los aprendizajes” (INJUVE, 2008). Esto permite
reconocer las potencialidades e individualidades de niños, niñas y
adolescentes, independientemente de su sexo y a partir de esto,
construir condiciones de igualdad entre las personas desde el respeto
a la diferencia individual.
• Facilitar el autoconocimiento en los estudiantes y las estudiantes,
identificando sus fortalezas, habilidades y limitaciones. Enseñar a
valorarse como personas, fomentando una autoestima positiva,
como base importante de las relaciones personales y sociales.
• Facilitar la identificación, el reconocimiento y el manejo de
emociones así como la forma de expresarlas asertivamente.
• Apoyar a que cada estudiante identifique las influencias familiares
y sociales que han marcado su vida y que median su forma de ser.
c. Fomentar y fortalecer las habilidades y capacidades,
para la resolución pacífica de conflictos
• Promover la reflexión, el intercambio de opiniones, la argumentación
como defensa de opiniones y la comprensión y respeto de los
puntos de vista de cada persona.
• Fortalecer capacidades y habilidades de resolución alternativa de
conflictos mediante el diálogo, la negociación o la implementación
de círculos restaurativos, reuniones restaurativas, reuniones de
2 Joan Gaultung diferenció la paz negativa de la paz positiva. La paz negativa se refiere a no in-
terferir ante las injusticias y desigualdades. Hay paz desde el punto de vista de la ausencia de
conflicto, mas no de la justicia social. Paz positiva, en cambio, parte de la idea de que “mien-
tras existan injusticias y no se atiendan las necesidades humanas básicas (bienestar, libertad,
identidad y supervivencia), no existirá la paz aunque no haya agresión directa” (1985). Desde
esta perspectiva se abordan las causas estructurales de las desigualdades e injusticias sociales
para construir la paz entre las personas, buscando la equidad y justicia social.

grupo familiar y procesos de mediación escolar, sin que se
establezcan posiciones de poder entre quienes son “vencedores”
y “vencidos”.
• Establecer acuerdos a través de acciones concretas como círculos
de diálogo, círculos restaurativos, campañas y encuentros.
d. Impulsar y generar proyectos preventivos
desde el Consejo Estudiantil, el Comité de
MPF y/o RL y el DECE
• Incentivar al trabajo grupal y los proyectos colectivos, valorando
que los grupos de adolescentes tienen una amplia capacidad
organizativa y de participación, promoviendo relaciones de
cooperación y solidaridad.
• Brindar el tiempo y el espacio para la escucha, la comprensión
y la expresión de emociones.
• Contribuir a la reducción de los niveles de violencia que puedan
presentarse en la institución educativa mediante acciones concretas
que nazcan entre los estudiantes y las estudiantes; y que puedan ser
canalizadas como proyectos educativos impulsados por el consejo
estudiantil, el comité de madres, padres de familia y/o
representantes legales o el DECE.
• Definir instrumentos de investigación cualitativa que permitan al
personal docente, directivo y al personal de los DECE, levantar
información sobre la problemática que pudiere tener la institución
educativa y atacar la misma mediante programas de sensibilización
y prevención. Una buena estrategia para tocar estos temas es a
través de la implementación de círculos restaurativos con las niñas,
niños y adolescentes, así como con personal docente
y personal directivo de la institución educativa.
• Realizar campañas de sensibilización con el compromiso de toda
la comunidad educativa.
• Utilizar actividades prácticas como juegos de roles, juegos
cooperativos, dilemas morales, entre otros.
e. Facilitar y fortalecer el vínculo con la familia
• Promover la corresponsabilidad familiar en el seguimiento al
desarrollo académico de sus hijos e hijas y en las actividades que
ejecuta la institución educativa en beneficio del estudiantado.

41
• Realizar actividades con las familias para trabajar habilidades
parentales y resolución de conflictos.
• Fortalecer las capacidades y vínculos afectivos de las familias,
considerando a estas como uno de los pilares de la educación
y de la trasmisión de valores a los niños, niñas y adolescentes.
• Fomentar la participación de la familia en círculos restaurativos,
reuniones restaurativas y reuniones de grupo familiar.
f. ¡Algunos consejos prácticos!
• Utilizar metodologías vivenciales, participativas y lúdicas, (talleres
informativos, campañas, cine foros, teatro, paneles, socio dramas,
etc.,) donde se prioricen las experiencias de las estudiantes y los
estudiantes, sus inquietudes y sus intereses.
• Utilizar técnicas de reflexión y desarrollo moral y ético: debates
sobre experiencias, estereotipos que están presentes en la sociedad,
clarificación de valores, discusión de dilemas, dramatizaciones,
juegos de simulación, etc. que permitan desarrollar habilidades
sociales y cambiar actitudes frente a la violencia.
• Realizar juegos de roles que permitan a cada estudiante ponerse
en el lugar de las demás personas.
• Analizar las consecuencias de la discriminación y la violencia.
• Realizar socio dramas que permitan la representación reflexión
y posterior análisis de situaciones cotidianas relacionadas con
la violencia y el rol que tiene la persona agredida, el agresor
y los observadores en el proceso preventivo.
• Establecer concursos y juegos donde todos ganen, reflexionando
sobre la importancia de compartir y la solidaridad.
• Ofrecer información y reflexionar sobre las consecuencias
de posibles conductas de riesgo (consumo de substancias
psicotrópicas y estupefacientes, pandillas, efectos de la violencia
y la discriminación).
• Establecer procesos de resolución alternativa de conflictos:
círculos restaurativos preventivos, círculos restaurativos reactivos,
reuniones restaurativas, reuniones de grupo familiar y procesos
de mediación escolar.

• Apoyar al personal docente en la implementación de círculos
preventivos y círculos para crear comunidad.
Acciones para prevenir situaciones
de violencia en la institución educativa
a. Acciones implementadas por profesionales del DECE
Con el objetivo de incluir prácticas basadas en el fortalecimiento de una
cultura de paz, desarrollo de habilidades para la vida y la convivencia ar-
mónica, el personal del DECE, debe realizar las siguientes actividades en
función de las necesidades identificadas3
.
• Participar en la construcción del Proyecto Educativo Institucional
(PEI) y el Código de Convivencia, fortaleciendo el enfoque de
cultura de paz, el desarrollo de habilidades para la vida y la
convivencia armónica.
• En la elaboración del Código de Convivencia, se debe construir
acuerdos y consensos sobre las relaciones entre docentes y
autoridades, entre docentes/autoridades y estudiantes, entre familias
y docentes/autoridades, entre otras. de modo que se promueva el
respeto y la cordialidad entre los miembros de la comunidad
educativa. El código de convivencia deberá transversalizar el enfoque
restaurativo en todos sus procesos, principalmente en la metodología
de resolución de aquellos conflictos que se den en la institución
educativa.
• Socializar con toda la comunidad educativa los protocolos
a seguir frente a la presencia de casos de violencia de cualquier
tipo y modalidad.
• Mantener un diálogo constante con madres y padres de familia,
dando seguimiento a la dinámica familiar que mantienen con
sus hijos e hijas, dotando de estrategias para fortalecer la
comunicación familiar.
• Promover la participación activa de niños, niñas y adolescentes
en la definición e implementación de planes, programas
y proyectos orientados a la promoción y prevención de
problemáticas psicosociales.
3 Las acciones para la prevención de la violencia que se detallan en el presente documento,
ya están consideradas dentro del modelo de funcionamiento de los Departamentos
de Consejería Estudiantil.

43
• Elaborar proyectos de promoción y prevención de la violencia, dirigidos
a toda la comunidad educativa, tomando en consideración la edad y
las necesidades situacionales. Los temas que se proponen son:
• Prevención de la violencia y educación para la paz
• Convivencia armónica en diversidad
• Uso adecuado de las tecnologías de la comunicación
e información
• Relaciones familiares en la formación integral
• Desarrollo de habilidades para la vida
• Analizar el currículo oculto4
, procurando resaltar aspectos como:
buen trato, comunicación, participación, formas de dirigirse a
los estudiantes, actividades que se realizan, información, etc.
• Motivar a los estudiantes y las estudiantes a buscar formas de ocio
alternativas y grupos de personas con intereses saludables (practicar
deporte, actividades culturales, juegos, entre otras actividades).
b. Acciones implementadas por personal docente
y autoridades
En cuanto al personal docente y autoridades, las acciones que pueden
ejecutar para prevenir situaciones de violencia son las siguientes.
• Realizar charlas, espacios de reflexión y círculos restaurativos
preventivos con las estudiantes y los estudiantes entorno a:
• Prevención de la violencia y educación para la paz
• Convivencia armónica en diversidad mediante la escucha activa
• Relaciones familiares en la formación integral
• Desarrollo de habilidades para la vida
4 Se entiende por currículo oculto las conductas y actitudes, generalmente inconscien-
tes, que son transmitidas a través de la práctica docente. Se trata de conductas,
gestos, omisiones, actitudes, ejemplos, acciones de aprobación o reprobación ante
una conducta, que reflejan la actitud y posición del personal docente sobre un deter-
minado tema, como los ejemplos que se utilizan en clase que asocian a las niñas y
a los niños con roles determinados que transmiten ideas de cómo es el mundo y có-
mo este está estructurado.

• Realizar círculos restaurativos para crear comunidad con
estudiantes. Los mismos estarán dirigidos a compartir sentimientos,
ideas y experiencias para generar confianza y entendimiento mutuo
entre los niños, niñas y adolescentes participantes.
• Fomentar el diálogo entre pares, a fin de prevenir y evitar el silencio
frente a situaciones de violencia.
• Evitar ser un observador pasivo de conflictos que pudieren tener
niños, niñas o adolescentes. Por el contrario se debe intervenir
inmediatamente ante conflictos y situaciones de violencia leves,
con el fin de detener el ciclo de la violencia y proponer modos
de resolución de conflictos alternativos.
• Identificar e implementar estrategias de protección en la institución
educativa, a fin de prevenir situaciones de violencia.
• Mantener contacto sistemático con madres, padres de familia y/o
representantes legales, interviniendo oportunamente en la detección
de problemáticas.
• Fortalecer las prácticas democráticas y participativas en el aula,
reconociendo sus capacidades de liderazgo.
• Fomentar el diálogo y procurar evitar posturas y actitudes autoritarias.
• Contribuir en la deconstrucción de estereotipos de género, sociales
y étnicos mediante su cátedra y la metodología que utiliza en el
salón de clase.
• No emitir comentarios ofensivos o en doble sentido que violenten
la identidad de niños, niñas y adolescentes (“gordo”, “flaca”, “bajo”,
“sucio”, entre otras expresiones). No utilizar apodos.
• Definir reglas de convivencia consensuadas de manera
corresponsable con los estudiantes, en el salón de clases.
• Derivar oportunamente casos de violencia en cualquiera de sus
modalidades a las instancias pertinentes.

Herramientas
para la
resolución
alternativa
de conflictos4

47HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) son responsables
de poner en práctica metodologías para la resolución alternativa de con-
flictos en las instituciones educativas. Las principales herramientas que
se pueden utilizar son los procesos de mediación escolar y las prácticas
restaurativas como, por ejemplo, círculos para crear comunidad, círculos
restaurativos preventivos, círculos restaurativos reactivos, reuniones res-
taurativas y reuniones de grupo familiar.
Mediación escolar
Los programas de mediación entre estudiantes se definen como formas
especializadas de negociación en las que terceras partes imparciales,
normalmente un compañero o compañera mediador o, en algunos ca-
sos, una persona adulta, ayudan a quienes se encuentran en disputa a
alcanzar una solución. El objetivo específico de un programa de media-
ción escolar es atender una serie de conflictos entre miembros de una
comunidad escolar que, por algún motivo, no han podido ser soluciona-
dos por los propios protagonistas ni por medio de la mediación informal,
y en los que se considera necesario intervenir con una mediación formal.
La mediación escolar es, por lo tanto, una herramienta más al servicio de
un modelo de convivencia positivo y pacífico y ha de contemplarse en el
marco de un programa de convivencia más amplio con carácter preven-
tivo y educativo (transformativo).
Este modelo de mediación, parte importante del enfoque transformacio-
nal, podría ser entendido como un modelo terapéutico. Tiene seis pilares
fundamentales (Cohen, 2001): voluntariedad, imparcialidad, confidencia-
lidad, transformación interpersonal, autodeterminación y seguridad.

a. Mediación por parte de las personas adultas
Consiste en formar y entrenar al personal escolar, incluyendo personal
directivo y docentes, entre otros actores, para mediar en los conflictos
de las estudiantes y los estudiantes. Como mediadores, los adultos ase-
soran al estudiantado en el proceso de examinar las percepciones y
sentimientos que cada una de las partes tiene del problema, así como
en la búsqueda de las posibles soluciones, y en la adopción de las me-
didas que parezcan satisfacer mejor las necesidades de ambas partes
(Carter, 1992).
b. Mediación entre iguales
En este tipo de programas se selecciona un grupo de estudiantes para
que se formen en la mediación entre compañeros y compañeras de cla-
se. Se les entrena en los conceptos básicos de la resolución de conflic-
tos, se les enseña los procedimientos habituales de mediación y se les
asigna la tarea de resolver conflictos que ocurren en los recreos, pasillos
y otros espacios escolares.
Prácticas restaurativas
El concepto de prácticas restaurativas tiene sus raíces en la justicia res-
taurativa, un enfoque de ver la justicia penal que se busca en la repara-
ción del daño causado tanto a personas como a las relaciones humanas.
Una actitud restaurativa implica creer que las decisiones están mejor to-
madas y los conflictos mejor resueltos por las personas que están direc-
tamente involucrados en ellos. Las prácticas restaurativas representan
una filosofía de convivencia complementaria a la mediación escolar por
diferentes razones:
• Permiten abordar conflictos entre desiguales, con desequilibrio
de fuerzas o con terceras personas afectadas
• No se centran exclusivamente en la resolución de conflictos, sino
que ofrecen todo un abanico de herramientas y técnicas sencillas de
prevención, de construcción del sentimiento de pertenencia al grupo
y a la comunidad, de mejora de las relaciones personales
• Están directamente relacionadas con la educación social y
emocional, ya que trabajan la empatía, el respeto, la asertividad, la
autenticidad, la consideración positiva incondicional y la aceptación
de las propias responsabilidades
• Trabajan de forma transversal otras competencias básicas como,
por ejemplo, el razonamiento, la argumentación o la cooperación

• Aunque el consenso de toda la comunidad educativa siempre
es muy recomendable, las prácticas restaurativas no requieren,
necesariamente, de proyectos de difícil implementación sino que
implican, sobre todo, una reflexión personal sobre la propia práctica
docente y el llevar a cabo pequeños cambios de actitud y estilos
de comunicación con resultados sorprendentes
Entre las principales herramientas que conforman las prácticas restaura-
tivas están los círculos restaurativos, las reuniones restaurativas y las re-
uniones de grupo familiar.

a. Círculos restaurativos
Los círculos restaurativos son una de las herramientas más representati-
vas de las prácticas restaurativas. Han existido a lo largo de la historia
como una manera natural de resolver los conflictos. Por su misma es-
tructura, los círculos restaurativos implican comunidad, conexión, inclu-
sión, protección, justicia, igualdad e integridad. Son una estrategia muy
eficaz para facilitar la resolución de los conflictos. Los círculos restaura-
tivos son reuniones donde las personas que participan se disponen for-
mando un círculo para compartir experiencias, necesidades y expectati-
vas y, en caso necesario, entre todos y todas gestionar la resolución
consensuada de un conflicto o de una situación que cause estrés o ten-
sión. Los círculos restaurativos enseñan a las personas participantes a:
• Hacerse responsables y participar activamente en la resolución
de sus conflictos
• Tomar conciencia de lo que implica ser parte de una comunidad
o grupo, creando vínculos y un sentido de pertenencia
• Apoyarse mutuamente sobre una base de confianza, empatía
y cooperación, generando seguridad y confianza
• Reconocer que, más que el castigo, lo importante en los conflictos
es restaurar el daño ocurrido
• Promover la igualdad entre las personas participantes
En el ámbito educativo, los círculos restaurativos se pueden utilizar para:
• Reforzar el respeto mutuo en todas las relaciones humanas
• Cooperar en el buen funcionamiento de un grupo
• Mejorar las relaciones entre docentes y estudiantes
• Facilitar la resolución dialogada de los conflictos
• Perfeccionar la capacidad que tiene una persona de superar
circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido,
un accidente, un desastre natural o cualquier situación
similar (resiliencia)
• Restaurar vínculos y relaciones personales
• Dar voz a las personas afectadas y permitir la reparación
de los daños causados

• Sentirse parte no solo del problema, sino también de la solución
• Compartir experiencias, sentimientos, necesidades y expectativas
• Ayudar a entender que las propias acciones afectan a las demás
personas y a ponerse “en sus zapatos”
Existen tres tipos de círculos restaurativos que se pueden desarrollar en
el ámbito educativo: círculos para crear comunidad, círculos preventivos
y círculos reactivos.
Círculos para crear comunidad
Los círculos para crear comunidad se pueden llevar a cabo con gru-
pos de docentes, estudiantes, personal directivo, madres, padres y
representantes familiares, entre otros actores. Esta metodología pro-
porciona la oportunidad de compartir sentimientos, ideas y experien-
cias para generar confianza y entendimiento mutuo entre las perso-
nas. Están dirigidos a conformar o consolidar una comunidad o
grupo a través de mejorar el conocimiento mutuo de las personas
que participan, compartiendo opiniones, intereses y gustos. Se pue-
den desarrollar al iniciar o finalizar una actividad o un periodo de
tiempo, por ejemplo, al iniciar el día, finalizar la semana o algún otro
momento específico.
Círculos preventivos y círculos reactivos
Un círculo restaurativo es una práctica versátil que puede usarse de
manera preventiva, para desarrollar relaciones y/o tratar temas espe-
cíficos antes de que ocurran los problemas. También pueden utilizar-
se de manera reactiva, para responder a las conductas indebidas,
conflictos o los problemas ocurridos en el centro escolar.
Los círculos reactivos responden formalmente al conflicto o a la repa-
ración del daño en el estudiantado. Este tipo de círculos involucran
a las estudiantes y los estudiantes en el manejo del conflicto y la ten-
sión reparando el daño y restaurando las relaciones humanas en res-
puesta a un incidente moderadamente serio, un patrón de conducta
que afecta a un grupo de estudiantes o toda una clase, una catástro-
fe natural o un atentado que afecte a toda una comunidad.
b. Reuniones restaurativas
Una reunión restaurativa es un espacio estructurado entre la(s) perso-
na(s) agresora(s), la(s) víctima(s), la familia y amistades de ambas par-
tes, en el que todas las personas involucradas lidian con las conse-
cuencias del delito o la conducta indebida y deciden la mejor manera
de reparar el daño.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA
DETECTADAS O COMETIDAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO52
c. Reuniones de grupo familiar
Las reuniones de grupo familiar reúnen a redes apoyo familiar (padre,
madre, representantes familiares, hijos, hijas, tías, tíos, abuelos, abue-
las, vecinos y amistades cercanas de la familia) para que, conjuntamen-
te, se tomen decisiones importantes relacionadas al estudiante o la es-
tudiante. En caso de no apelar a una reunión de grupo familiar, por lo
general estas decisiones serían tomadas por profesionales.

Estrategias
para detectar
y acompañar
casos de
violencia5

55ESTRATEGIAS PARA DETECTAR
Y ACOMPAÑAR CASOS DE VIOLENCIA
Detección de casos de violencia
La detección constituye una condición básica para poder intervenir ante
situaciones de violencia en el ámbito educativo. Todas las personas inte-
grantes de la comunidad educativa son responsables de identificar posi-
bles situaciones de violencia y/o violencia sexual. Por ello, es fundamen-
tal que cuenten con información oportuna que les permita detectar la
existencia de estas situaciones.
a. Indicadores para la detección de casos de violencia
Al interno de la institución educativa, el personal docente ocupan un rol
fundamental en la detección de casos de violencia, ya que son las per-
sonas que más tiempo comparten con las estudiantes y los estudiantes,
y por ende, pueden reconocer más de cerca sus dificultades, tanto aca-
démicas como personales y de interacción social.
Un segundo actor fundamental en el proceso de detección dentro de la
institución educativa son las compañeras y los compañeros de clase o
cualquier otro niño, niña o adolescente que tenga un acercamiento con
él o la posible víctima y quien agrede. Por ello, es importante empoderar
a todos los estudiantes y las estudiantes en su capacidad de denunciar
cualquier manifestación que se considere sospechosa.
Las autoridades institucionales y el personal que conforma el DECE son
quienes deben aplicar medidas de promoción, prevención, detección e
intervención en el marco de sus competencias, construyendo relaciones
de confianza con el estudiantado y planificando reuniones con el equipo
docente para levantar información.

Indicadores generales que pueden presentar en niños, niñas
y adolescentes que han sido víctimas de violencia
Signos o indicadores
físicos evidentes5
Signos o indicadores
de comportamiento
Conductas que se pueden
identificar en la institución
educativa
• Marcas en el cuerpo (heridas, moretones,
mordeduras o quemaduras, entre otros),
irritación en boca, extremidades o dedos
• Lesiones, fracturas o esguinces sin
explicación coherente o que no
concuerden con la causa alegada
• Problemas de salud frecuentes,
como dolores abdominales, enuresis
o encopresis
• Somatizaciones6
(dolores de cabeza,
mareos, desmayos, taquicardia,
sensación de ahogo o vómito, entre
otras manifestaciones)
• Trastornos alimenticios
• Trastornos del sueño (pesadillas,
terror nocturno o insomnio)
• Cambios bruscos de comportamiento
(agresivo, muy retraído, muy sumiso,
muy pasivo, extremadamente hiperactivo,
depresivo)
• Sentimientos de culpa
• Fantaseo (por ejemplo, “ser rescatado/a”,
“cambiar de familia” o “que desaparezca
el/la profesor/a”)
• Desgano, apatía, pasividad, silencio
llamativo, aislamiento
• Tristeza permanente, depresión,
llanto fácil
• Mentiras, tartamudeo
• Uso de vestimenta inadecuada
para el clima (para ocultar las lesiones)
• Hiperactividad, nerviosismo,
mutismo selectivo7
• Disminución del rendimiento académico,
incumplimiento de tareas escolares
y desinterés en el estudio
• Falta de concentración,
distracción constante
• Conductas disruptivas frecuentes
en clase
• Temor a permanecer en el
establecimiento, miedo de ir a su casa
• Rehuir o negarse a hablar sobre sí
mismo/a o su familia
• Visitas frecuentes al departamento
médico o enfermería
• Cautela con respecto al contacto físico
con adultos
• Conductas agresivas (hacia pares
y/o personas adultas)
• Comportamientos extremos o temerarios
• Conflictos con la autoridad
Fuente: Organización Mundial de la Salud
Con el fin de detectar un caso de violencia y/o violencia sexual, es im-
prescindible que cualquier actor de la comunidad educativa considere la
presencia de los siguientes indicadores.
b. Factores de riesgo asociados a la violencia
Los factores de riesgo o situaciones de vulnerabilidad hacen referencia a
la presencia/ausencia de determinadas condiciones en la vida de un niño,
niña o adolescente, su entorno familiar y social, que aumentan la probabi-
lidad de que sean víctimas de situaciones de violencia y/o violencia sexual.
56
5 Tomar en cuenta que ningún miembro de la comunidad educativa podrá solicitar a la vícti-
ma que mostrar signos o lesiones que no se puedan observar a simple vista. Si se presu-
pone su existencia, debe contactarse con la Fiscalía inmediatamente, para que se realice el
respectivo peritaje.
6 Se entiende por somatización a la presencia de uno o más síntomas físicos que, tras llevarse
a cabo un examen médico, no pueden ser explicados por una enfermedad médica y, por tanto,
tienen su origen en una condición psicológica (psíquica).

A continuación, se detallan varios factores de riesgo de la víctima asocia-
dos a la violencia y/o violencia sexual que deberán tomarse en conside-
ración durante el proceso de detección, valoración e intervención.
Factores de riesgo
Personales Familiares Situacionales
• Ser menor de edad o encontrarse
en la etapa de la adolescencia
(12-17 años de edad)
• No ser deseados/as o acogidos/as
por no cumplir las expectativas familiares
• Presentar necesidades especiales,
asociadas o no a discapacidad
• Escasas habilidades de interacción social
• Experiencias de rechazo, humillación
o exclusión
• Uso de drogas
• Desconocimiento de lo que implica
la violencia
• Aspectos relacionados al género
• Rasgos físicos o culturales distintos
a los de la mayoría (minorías étnicas
o culturales)
• Baja autoestima
• Dificultad para establecer vínculos
afectivos con el NNA
• Antecedentes de violencia familiar
• La falta de conocimientos o las
expectativas no realistas sobre
el desarrollo infantil
• Consumo indebido de alcohol, tabaco
u otras drogas
• Participación en actividades delictivas
• Dificultades económicas
• Problemas físicos, mentales o de
desarrollo de algún miembro de la familia
• Ruptura familiar
• Aislamiento de la comunidad o falta
de una red de apoyo
• Desconocimiento de lo que implica
la violencia
• Delegación de la crianza a otras personas
(padrinos, madrinas, amistades, vecinos)
• Historial de posesión o uso de armas en
la familia
• Desigualdades sociales y de género
• Estereotipos de género, estereotipos
sobre orientación sexual (homofobia,
misoginia8
y lesbofobia, entre otros)
• Falta de condiciones de vida básicas
(vivienda y/o alimentación) o de servicios
de apoyo a las familias
• Niveles elevados de desempleo o pobreza
• Fácil acceso al alcohol, tabaco
y otras drogas
• Normas sociales y culturales que
debilitan el estatus del niño, niña
o adolescente en las relaciones con
su familia o fomentan la violencia hacia
las demás personas, como los castigos
físicos o la rigidez de los roles asignados
a cada sexo
• Vivir en una zona marginal
• Naturalización e invisibilización social
de la violencia
• Acceso a armas
Fuente: Organización Mundial de la Salud
c. Características y comportamientos comunes
en un presunto agresor o agresora
La finalidad de enunciar ciertos comportamientos y características comu-
nes en un potencial agresor o agresora —en situaciones de violencia y/o
violencia sexual—, permite reconocer algunas manifestaciones que pue-
den suceder en el ámbito educativo. Sin embargo, de ninguna manera se
pretende establecer estereotipos fijos o un perfil descriptivo cerrado res-
pecto al agresor o agresora (niño, niña, adolescente o adulto). Por ende,
es importante discernir de forma objetiva la presencia de estas caracte-
rísticas que pueden manifestarse tanto en niños, niñas, adolescentes y en
adultos e ir relacionando las mismas con los factores de riesgo plantea-
dos anteriormente.78
7 Se entiende por mutismo selectivo a un trastorno de la comunicación verbal de índole
emocional (psíquica), por el cual el sujeto, en cierto contexto o circunstancia, es incapaz
de hablar o emitir palabras.
8 La misoginia comprende actitudes de aversión, desprecio u odio hacia las mujeres
o hacia todo lo considerado como femenino.

Características y comportamientos de agresores pares
(niños, niñas o adolescentes)
• Carece de empatía o incapacidad para ponerse
en el lugar de las otras personas
• Posee una percepción negativa de sí mismo/a
• No controla sus impulsos, lo que lleva a la persona a actuar
y a hablar sin análisis previo
• Se considera el centro de atención y sujeto de protagonismo
debido a una exagerada exaltación de la propia personalidad
• Presenta bajo rendimiento en los estudios, ausentismo
o repetición de cursos
• Puede estar consumiendo de alcohol u otras drogas
• Puede presentar trastornos de conducta
• Tiene antecedentes familiares de violencia, reproduciendo
conductas agresivas en el contexto escolar
• Manifiesta actitudes desafiantes y amenazantes
hacia su víctima y personas alrededor
• Suelen ser más fuertes físicamente que sus víctimas
• Posee un limitado desarrollo de su inteligencia emocional
y del manejo de conflictos
• Presenta una actitud hostil y desafiante con familiares
y docentes
• Puede asumir el rol de líder ante un grupo de estudiantes
de características psicológicas parecidas (agresión, uso
de drogas, actitud desafiante, entre otros rasgos)
Características y comportamientos de agresores adultos
• Puede pertenecer a cualquier estrato social o nivel de educa-
ción, incluso puede ser una persona integrada socialmente
(por ejemplo, vive en pareja, con familia, con trabajo,
socialmente funcional)
• No necesariamente tiene antecedentes penales o record policial

• Puede tener bajas expectativas o una percepción negativa del
niño, niña o adolescente (por ejemplo, “es un desastre”, “es un
monstruo”, “no sirve para nada”, “es mala”, “es incontrolable”,
“daña el grupo”, “sale con muchos chicos”, “se viste de forma
provocativa”, “es inmoral”, “ es vago” etc.)
• Es posible que demuestre conductas discriminatorias,
machistas, homofóbicas o misóginas
• Es probable que intente ocultar las lesiones del niño, niña
o adolescente mediante explicaciones poco coherentes,
contradictorias e ilógicas
• Es común que prive al niño, niña o adolescente de construir
relaciones sociales (no le permite visitar amistades y/o parientes)
• Tiende a naturalizar la violencia como forma de relación
interpersonal
• Utiliza el castigo severo como mecanismo de disciplina y control
• Defiende patrones de crianza basados en roles de género
y concepciones tradicionales rígidas
• Es posible que en ciertas ocasiones no demuestre preocupación
por el niño, niña o adolescente, ni por satisfacer sus necesidades
básicas o, por el contrario, puede mostrarse extremadamente
protector/a
Características y comportamientos aplicables a un presunto
agresor o agresora sexual
• La persona agresora puede ser hombre o mujer
• Puede ser una persona conocida y cercana a la víctima
• Puede mostrar apatía, desinterés y/o depresión o presentar
un pobre control de impulsos
• Suele buscar estar a solas con la víctima en espacios que
carezcan de protección o de vigilancia de terceras personas
• Es probable que utilice la amenaza o el castigo severo
como forma de control
• Tienden a recurrir al engaño y a la seducción y se valen
de su posición de superioridad o poder frente a la víctima

• Suelen presentar distorsiones cognitivas, como atribuir
la agresión a la supuesta seducción por parte de los niños y
adolescentes, o considerar que este tipo de comportamientos
es una forma de educación sexual adecuada
• Puede utilizar el chantaje afectivo como mecanismo de sumisión
• Suelen contar con estrategias de atracción, como simpatía
personal, comportamientos infantiles, sintonía con los intereses
de los niños, niñas o adolescentes (Echeburúa, Guerrica,
Echevarría, 2000)
Proceso de acompañamiento en casos
de violencia y/o violencia sexual
El acompañamiento es un proceso mediante el cual autoridades, docen-
tes y profesionales del DECE, deben brindar a los estudiantes y las estu-
diantes con el objeto de promover la identificación de sus habilidades y
capacidades para resolver los problemas personales y relacionales que
pueden estar viviendo. Es el acto de recibir, escuchar, acoger y cuidar al
estudiante o a la estudiante, garantizando su seguridad, protección y es-
tabilidad emocional y física. En ese sentido, las acciones que deben im-
plementarse son las siguientes:
• Realizar una escucha activa, deponiendo concepciones
previas o creencias personales al momento de abordar
cualquier problemática psicosocial, más aún las relacionadas
con violencia y/o violencia sexual
• Brindar apoyo y contención emocional cuando sea necesario,
evitando la culpabilización, la discriminación y revictimización
• Favorecer espacios de expresión y reconocimiento emocional sobre
los hechos vividos, creando condiciones para fortalecer la resiliencia
• Promover el desarrollo de las potencialidades y capacidades
individuales que permita el desarrollo de proyectos de vida
a través del auto-conocimiento
La actuación del personal que conforma el Departamento de Consejería
Estudiantil frente a casos de violencia y/o violencia sexual es primordial
dentro de las instituciones educativas, normalmente es la persona a la
que deben acudir los actores de la comunidad educativa cuando sospe-
chen que un niño, niña o adolescente se encuentra en una situación de
vulneración de derechos.

Por lo tanto, la postura de quienes trabajan en el DECE debe ser ética y
profesional y bajo ninguna circunstancia puede encubrir a los/las agre-
sores/as. Deben brindar la asistencia y atención que el estudiante o la
estudiante requiera, respetando sus propias necesidades. Asimismo,
deben empoderarse de su rol y conocimiento técnico para valorar la si-
tuación de forma integral y presentar la información sobre el caso ante
las autoridades competentes, garantizando la integridad de niños, niñas
y adolescentes.
a. Lineamientos para acompañar a estudiantes
víctimas de violencia
Una vez detectado un hecho de violencia, es fundamental que el niño,
niña o adolescente se sienta escuchado, respaldado y protegido por la
persona a quien se le confía la responsabilidad de hacer seguimiento al
mismo, siendo el consejero o consejera del DECE la única persona res-
ponsable de proceder con el abordaje integral que requiera la víctima,
evitando que otros actores o profesionales se involucren innecesaria-
mente. En caso de no contar con un DECE en la institución educativa,
el/la docente tutor/a o la autoridad institucional será quien acompañe al
estudiante o la estudiante. Para esto es necesario asegurar los siguien-
tes puntos.
• Actuar de manera coordinada con autoridades educativas
y demás miembros de la comunidad educativa, tomando
en cuenta la particularidad de cada caso, considerando
evitar revictimizar al estudiante o a la estudiante
• Ubicar las instancias externas de asistencia personal y familiar (redes
de apoyo en el ámbito psicológico, social, médico y legal), a las que
pueda derivar el caso si la situación lo amerita (MSP, MIES, Juntas
Cantonales de Protección de Derechos, Fiscalías, Unidades
Judiciales competentes, unidades policiales, entre otras, de acuerdo
a las problemáticas encontradas)
• Informar a la víctima sobre el derecho que tiene a la confidencialidad
(principio de reserva), a recibir asistencia psicológica, legal, social
o de salud y de protección
• Brindar contención emocional, garantizando un ambiente de
confianza y respeto mutuo. La persona responsable debe: realizar
una intervención en crisis si el caso lo amerita; tranquilizar y
estabilizar verbalmente a la víctima evitando cualquier forma de
desborde emocional; mostrar una actitud empática respecto a la
situación y estado emocional; establecer contacto visual con la
víctima; e indicar a la víctima que cuenta y que contará con apoyo

Recuerde: En ningún momento se deben emitir juicios de valor, demostrar asom-
bro o disgusto, ni culpabilizar a la víctima por la situación que está atravesando.
El papel del personal del DECE no es avalar ni desmentir la situación, por lo que
siempre se dará valor e importancia a lo que el niño, niña o adolescente manifieste.
• El consejero o consejera que aborde cualquier caso de violencia
deberá ser quien identifique la situación emocional de la víctima para
saber cómo actuar, siendo importante reconocer en que momento
es necesario expresar abrazos o cualquier acercamiento físico que
busque aplacar actitudes de desbordamiento emocional.
• Explicar claramente al niño, niña o adolescente víctima de violencia,
la situación de vulneración de derechos en la que se encuentra y los
mecanismos que se llevarán a cabo desde la institución educativa
para apoyarle, sin generar falsas expectativas
• Considerar la edad, género, orientación sexual, situación de
discapacidad, identidad cultural o cualquier otra condición particular
del niño, niña o adolescente al momento de utilizar el lenguaje
(palabras, tono de voz, postura, etc.)
• Analizar la problemática y evaluar los posibles riesgos que corre
el niño, niña o adolescente de volver a ser víctima de algún acto
de violencia. Estas consideraciones deberán reportarse a las
autoridades competentes a fin de que puedan tomar las medidas
necesarias al respecto, evitando de esta forma potenciales actos
de atenten contra la vida
• Preguntar al niño, niña o adolescente el nombre y contacto del
familiar de preferencia, a quien se le comunicará la situación y quien
deberá acudir a la institución educativa. Si la situación de violencia
proviene del hogar no se contactará con el presunto agresor o
agresora. Si la situación de violencia es ejercida por algún miembro
de la institución educativa, jamás se deberá acudir a esta persona
para el proceso de acompañamiento a la víctima
• Ratificar al niño, niña o adolescente que el DECE o el/la docente
tutor/a, según sea el caso, siempre estará abierto y disponible para
hablar y acompañar durante las diferentes situaciones personales
• Favorecer que el niño, niña o adolescente recupere la confianza en
sí mismo/a y su autoestima, mediante el desarrollo de habilidades
sociales, el manejo de emociones y formas de relación asertivas

• Fortalecer en el niño, niña o adolescente la capacidad de denuncia
y el derecho a decir “No” promoviendo habilidades para frenar
situaciones de violencia
• En casos de violencia sexual, es necesario señalar que NUNCA
existe la opción de mediación con el agresor o agresora, sin
importar quien sea (papá, mamá, amistad, pariente, docente, etc.),
ni la posibilidad de llegar a arreglos extrajudiciales. En este sentido,
bajo ninguna circunstancia se podrá culpabilizar a un niño, niña o
adolescente sobre una situación de violencia sexual ocurrida, ya
que puede existir diferencias de edad, condición física, psicológica
y de poder9
.9
b. Lineamientos para acompañar a los familiares
de víctimas de violencia
Con el objetivo de apoyar a la familia en entender, aceptar, proteger o
disminuir cualquier conducta de revictimización del niño, niña o adoles-
cente; el consejero o consejera del DECE, el/la docente tutor/a a cargo o
la autoridad institucional encargada del acompañamiento debe realizar
las siguientes acciones:
• Comunicar a la familia directa la situación ocurrida (siempre y
cuando no sean potenciales agresores o agresoras o que tengan
algún involucramiento con la situación), brindando el apoyo
necesario y la información sobre los procedimientos a seguir
• Preguntar a la familia si ha existido cambios conductuales
observados en el estado de ánimo o salud, en el cuidado de
su persona y otros detalles, explicando que cualquier reacción
comportamental (llanto fácil, abulia, desinterés académico,
agresividad sin motivo aparente, entre otras) que evidencie la
víctima, son “normales” con relación al hecho violento vivido
• Los familiares o responsables legales deben ser alentados
a acudir personalmente a las instancias externas competentes
para denunciar la situación de violencia. En caso de ser necesario,
orientarlos en la búsqueda y de apoyo especializado, jurídico
y médico
9 La edad de un niño, niña o adolescente, determina una condición de indefensión física y psico-
lógica, por la cual no es capaz de comprender totalmente la situación de violencia sexual en la
que está siendo partícipe y no se encuentra en facultad de dar su consentimiento. En el marco
legal ecuatoriano no existen circunstancias en las cuales la ley haya considerado que, frente a
un caso de violencia sexual, el consentimiento de la víctima constituya un justificativo o ate-
nuante que disminuya la gravedad de la situación o la responsabilidad del agresor y más aún si
este tipo de situación ocurre en el contexto educativo. Desde esta postura, la persona adulta es
la responsable de cualquier situación de violencia sexual que pudiere cometerse.

• Cuando el hecho provenga del ámbito familiar, la autoridad educativa
denunciará el caso a las autoridades competentes
• Promover la corresponsabilidad familiar, para que se involucren
en el bienestar del niño, niña o adolescente, reforzando la
importancia de la respuesta familiar y su desaprobación frente
a cualquier acto de violencia
• Recomendar a los familiares que acompañen al estudiante o
a la estudiante con el respeto y empatía, sin forzar a hablar de lo
que está viviendo o lo que vivió. Es importante contener y evitar
reacciones alarmantes, culpabilizadoras que nieguen o minimicen
la situación
• Recomendar a la familia que en el hogar se establezcan relaciones
afectivas de respeto y empatía, en donde se brinde un espacio de
diálogo, interés y respuesta a las necesidades
Lo que no se debe hacer se describe a continuación.
• No entrevistar a la familia delante de la víctima. Sin embargo,
puede ocurrir que la víctima quiera estar presente. Es necesario
que la familia entienda por qué no es pertinente que la víctima
esté presente (evitar la revictimización y la violación al principio
de reserva)
• Culpabilizar a la familia y/o a la víctima de los hechos suscitados
• Desconocer o disminuir el sentido que la víctima y/o su grupo
familiar puede tener desde su visión cultural
• Acompañar en función de juicios de valor personales que no
necesariamente responden a procedimientos legales definidos
(buscar justicia por la propia mano, por ejemplo)
• Solicitar llegar a acuerdos con el agresor o agresora para
evitar posteriores situaciones de riesgo (se hace referencia
a violencia sexual)
• Utilizar expresiones que puedan entenderse como un ataque
o un rechazo a la posición de los demás, como las interrupciones,
los gritos, las amenazas, los insultos y las críticas, que despiertan
la tendencia a defenderse o, incluso, de atacar y que dificultan
la comunicación

c. Lineamientos para acompañar a los estudiantes
en general ante casos de violencia a niños, niñas
o adolescentes
Ante cualquier caso de violencia suscitado dentro o fuera de la institución
educativa el consejero o consejera del DECE, el/la docente tutor/a a
cargo o la autoridad institucional deben realizar las siguientes acciones:
• Fortalecer procesos de sensibilización orientados a los estudiantes
y a las estudiantes, con el fin de disminuir potenciales situaciones de
violencia y a modificar comportamientos negativos. Estos procesos
de sensibilización se pueden llevar a cabo a través de círculos
restaurativos, sean preventivos o reactivos, que aborden el problema
en cuestión
• Generar espacios de reflexión de desarrollo de habilidades para
la vida, con énfasis en la capacidad de denunciar cualquier acto
de violencia. Estos espacios de reflexión se pueden generar a través
de círculos restaurativos reactivos, que aborden el problema que ha
ocurrido en la institución educativa
• En casos de violencia entre pares, es importante intervenir con
los espectadores y espectadoras, ya que su presencia y silencio
pueden reforzar la actitud del agresor o agresora
• Conversar y sensibilizar de forma inmediata y por separado con
aquellos niños, niñas o adolescentes en los que se haya identificado
actitudes de promoción de acoso escolar
• Fortalecer el reconocimiento de derechos y deberes propios
de los niños, niñas y adolescentes
• Coordinar el desarrollo de tareas académicas con docentes
y madres, padres de familias y/o representantes legales,
en caso de que se den sanciones a estudiantes
• Dependiendo del tipo de violencia, generar un espacio de dialogo,
a través de un círculo restaurativo reactivo, para tomar en cuenta las
versiones y relatos de los estudiantes y las estudiantes que deseen
manifestar información relevante sobre el caso, información que
podría contribuir el desarrollo del informe de hecho
• Fortalecer acuerdos de convivencia con los estudiantes y las
estudiantes, en coordinación con docentes y autoridades

• Velar por la integridad física y psicológica de las personas
involucradas en el hecho de violencia y no únicamente
de la víctima directa
• Proteger al estudiante o la estudiante que denuncia
un hecho de violencia
• Mantener la confidencialidad que el caso amerita,
con mayor énfasis en situaciones de violencia sexual
d. Lineamientos para acompañar a docentes y
autoridades ante situaciones de violencia a niños,
niñas o adolescentes
El equipo docente y autoridades institucionales tienen la obligación legal
de denunciar cualquier situación de violencia dentro de los plazos esta-
blecidos en los protocolos de actuación, más aún si se trata de un acto
de violencia sexual detectado o cometido dentro del sistema educati-
vo10
. El consejero o la consejera del DECE o la autoridad institucional de-
ben garantizar los siguientes puntos:
• Capacitar sobre el protocolo de actuación y la importancia
de actuar conforme al mismo
• Enfatizar sobre la importancia del principio de confidencialidad
y manejo adecuado de la información, evitando de esta forma que
docentes y/o autoridades especulen sobre las causales que pudiere
tener cualquier acto de violencia
• Sensibilizar sobre la importancia de no revictimizar al niño, niña o
adolescente con preguntas vinculadas o que hacen relación al hecho
• Brindar estrategias de abordaje, intervención y seguimiento
considerando que el trabajo articulado con docentes y autoridades
permite restablecer una convivencia armónica
• En caso de que el agresor o agresora sea docente o autoridad
de la institución educativa, se debe reforzar los deberes y derechos
y responsabilidades de los grupos docentes frente a los estudiantes
y las estudiantes, con el fin de romper el mal llamado “espíritu
de cuerpo” y recalcando que la violencia contra niños, niñas
y adolescentes es un delito
10 Tomar como referencia el artículo 355 sobre del deber de denunciar, del Reglamento General
a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

¡Recuerde!
Si un niño, niña o adolescente le hace saber que está viviendo una
experiencia de violencia y/o violencia sexual dentro o fuera de la
institución educativa, debe expresarle su apoyo y brindarle ayuda,
evitando las siguientes actitudes:
• Desestimar la situación de violencia
• Culpabilizar a la víctima
• Iniciar procesos de mediación con el agresor o agresora
• Irrespetar el derecho a la confidencialidad
No emita comentarios como:
• “¡Qué habrás hecho ahora!”
• “Tú te buscaste/mereces lo que te está pasando”
• “Eso te pasa por andar en malos pasos”
• “Esta situación es culpa tuya”
• “Tú provocaste lo que te sucede”
• “Te lo advertí”
• “¡Miren lo que le ha pasado a su compañero/a!”
Es indispensable solicitar apoyo al DECE para cualquier abordaje,
o a las instancias competentes en caso de no existir DECE.
e. Lineamientos para el personal del DECE para
acompañar a estudiantes víctimas de violencia
Con el fin de realizar el abordaje del caso de violencia de un niño, niña o
adolescente, el personal del DECE encargado del caso debe realizar las
siguientes acciones:
• Llevar a cabo el diálogo en un espacio confidencial que permita que
la víctima exprese sus sentimientos libremente, de manera reservada
• La entrevista debe centrarse en brindar contención emocional al
estudiante o la estudiante y recopilar información básica sobre la
situación del niño, niña o adolescente víctima, con el fin de poder

planificar el proceso de intervención y derivación. Este procedimiento
no debe confundirse con un interrogatorio, peritaje psicológico
o proceso terapéutico
• Aplicar una escucha activa, prestando atención a todo lo
que la víctima trate de expresar o decir, mantener una actitud
abierta para escuchar sin criticar ni juzgar, absteniéndose
de emitir prejuicios o actitudes discriminatorias
• Evitar hacer preguntas que puedan incomodar al estudiante
o la estudiante, de naturaleza íntima o tratar temas de los que la
persona no quiere hablar. Tampoco se debe sugerir respuestas
a las preguntas planteadas
• Las preguntas deben ser abiertas y no centrarse en situaciones
concretas de su vida o su relación con los demás, por ejemplo:
¿Cómo te sientes en este momento?; ¿Necesitas algo en este
momento?; ¿Quieres contarme qué te sucedió?; o ¿Qué has
pensado sobre lo que pasó?
• No poner en duda el relato generado o señalarle contradicciones,
falta de detalles de la situación que está siendo expresada
• Explicar que la situación no debe ser causa para sentir vergüenza
ni culpa, remarcando lo positivo de haber realizado la denuncia
• Informar del apoyo que va a recibir por parte de la institución
educativa, siempre evitando generar falsos compromisos. Nunca
debe mentirse al niño, niña o adolescente, ni ofrecer algo que no se
va a cumplir
Cuando la víctima relate lo sucedido y la consejera o consejero constate
que el estado emocional de la víctima es propicio para indagar sobre de-
talles (comportamiento tranquilo, ausencia de llanto o actitudes no agresi-
vas, entre otras), se puede proceder con las siguientes preguntas:
• ¿Cuándo ocurrió la situación de violencia?
• ¿Es la primera vez o ya ha ocurrido en otras ocasiones?
• ¿Quién es la persona que está propiciando dichas agresiones?
• ¿Existen más personas implicadas en el acto violento?

Las autoridades de la institución no tienen competencia o derecho
de acceder a información adicional sobre los contenidos específicos o
detalles personales relatados al personal del DECE que llevó a cabo la
entrevista o atendió a la víctima. Eso implica que no se debe realizar nin-
guna entrevista adicional en la institución educativa. El informe levanta-
do por el DECE será la evidencia que substancie cualquier proceso de
acompañamiento que se realice en la institución educativa y por esto es
importante que ese documento sea concreto y objetivo.
En caso de conocer los antecedentes académicos y familiares de la víc-
tima y del presunto agresor o agresora, describirlos de forma objetiva,
clara y concisa en el informe. Al igual si se conociera del nombre del pre-
sunto agresor o agresora.
En casos de violencia sexual la consejera o consejero del DECE podrá
elaborar un informe del hecho denunciado, solo con aquella informa-
ción que pudiere brindar la víctima de forma voluntaria sin necesidad
de entrar en detalles a fin de evitar la revictimización de la persona.
La persona delegada por la Fiscalía es la encargada de hacer la valora-
ción de lo sucedido.
El personal del DECE debe recordar en todo momento la importancia
de los siguientes aspectos:
• Prestar atención al lenguaje verbal del niño, niña o adolescente
(palabras empleadas, formas de expresarse, tartamudeos, silencios,
etc.) y a su lenguaje no verbal (gestos, manera de sentarse, de
ubicar sus manos, tics, temblores). Estos detalles no serán descritos
en el informe, pero facilitan el proceso de acompañamiento
• Informar al niño, niña o adolescente que cada persona afronta y
procesa una situación de violencia de forma distinta, indicándole
que se le acompañará y apoyará durante su proceso particular
• Tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente respecto a lo
que desea hacer frente a la situación de violencia que le está afectando
A partir del diálogo generado con el niño, niña o adolescente, la persona de-
legada del DECE podrá planificar la intervención que se realizará desde el
sistema educativo y reportar estas acciones a las autoridades competentes.

f. Lineamientos para acompañar
a estudiantes agresores y a sus familias
y a estudiantes observadores
Para tratar las situaciones de violencia cometidas y/o detectadas en el
sistema nacional de educación es necesario que el centro educativo, en
primer lugar, adopte las medidas oportunas para que este tipo de situa-
ciones no se produzcan y, en aquellos casos en que ya se hayan produ-
cido, paliar sus efectos negativos y evitar que estas se repitan. Para ello
se hace necesario no solamente trabajar con las víctimas, sino también
con las estudiantes y los estudiantes que cometen la agresión y con
aquellas personas que la permiten o se muestran impasibles cuando ven
o conocen que un hecho de este tipo se está dando en la institución edu-
cativa (estudiantes observadores).
Cuando se confirma que un hecho de violencia ha ocurrido y que la per-
sona agresora o agresoras son estudiantes, el trabajo que debe realizar
el centro educativo dependerá de la gravedad del hecho y como conse-
cuencia, si el hecho amerita ser denunciado ante la Fiscalía o Unidades
Judiciales o si es tratado en el propio centro educativo. Frente a cada
una de estas situaciones el centro educativo debe contar con un proto-
colo de actuación establecido en el Código de convivencia.
Cuando las situaciones de violencia trascienden de los recursos y com-
petencias del sistema educativo o cuando las instancias competentes
del centro sienten que no tienen la capacidad de abordar la problemáti-
ca (por ejemplo, en los casos de acoso o violencia sexual) es necesario
solicitar ayuda externa, poniéndolo en conocimiento de los servicios
competentes, siguiendo los protocolos que están especificados en este
documento. En estos casos, será la Fiscalía la instancia responsable de
dirigir la investigación, para conocer mejor las circunstancias del suce-
so, y tomar la decisión acerca de la necesidad de apertura o no de ex-
pediente y de la judicialización del mismo. Cuando alguno de estos su-
puestos ocurre y la persona agresora es estudiante en el centro
educativo, el personal del DECE debe realizar un seguimiento al proce-
so llevado a cabo por parte de la Fiscalía para conocer cuál es la situa-
ción del joven o de la joven.
Cuando la situación no amerita ser denunciada ante la Fiscalía o unida-
des judiciales y se resuelve en el mismo centro educativo, se debe apli-
car lo estipulado en el Código de convivencia, considerando en su
aplicación las circunstancias personales, familiares o sociales del
estudiante o estudiantes implicados. Paralelamente, se deben poner en
marcha procesos y metodologías de resolución alternativa de conflictos
como, por ejemplo, la mediación escolar y las prácticas restaurativas.

71V ESTRATEGIAS PARA DETECTAR
Normalmente se considera el castigo como la respuesta más adecuada
a los actos violentos producidos por las estudiantes y los estudiantes en
las instituciones educativas. Sin embargo, es esencial buscar alternativas
al castigo, ya que está comprobado empíricamente que en muchos
casos este puede ser contraproducente. Desde hace algún tiempo, los
enfoques restaurativos han sido considerados métodos importantes
para tratar la violencia escolar.
Con el castigo, la postura del estudiante agresor ante el incidente es pa-
siva, no asumiendo sus responsabilidades con lo ocurrido y en muchas
ocasiones pueden desarrollar resentimientos y sentirse víctima de la au-
toridad. Además, las sanciones repetitivas en un estudiante provocan la
estigmatización de la persona ofensora, etiquetándola como “delincuen-
te o mala persona”, con el peligro de reforzar en el agresor la continuación
de seguir actuando de esta forma de acuerdo con este rol aprendido
(teoría del etiquetamiento).
Protocolo de actuación para trabajar con estudiantes
agresores y sus familias
En el trabajo con las estudiantes y los estudiantes agresores que
permanecen en el sistema educativo o con aquellos que regresan al
sistema educativo después de pasar por el sistema de justicia penal
juvenil, es necesario que el personal del DECE, con el apoyo del
equipo directivo y docente, lleve a cabo una intervención en que es-
té involucrado tanto la persona agresora como su familia. Los obje-
tivos de la intervención se centrarán principalmente en los siguien-
tes aspectos:
• Reducir los índices de reincidencia, con el objetivo de detener
el desarrollo de actitudes delictivas y prevenir el ingreso del jo-
ven o de la joven en Centros de Adolescentes Infractores (CAI)
• Garantizar que el/la menor prosiga en el sistema educativo
• Involucrar a la persona agresora y su familia en la búsqueda
consensuada de una solución al conflicto
Los pasos a seguir por parte del personal del DECE dirigidos al
trabajo con agresor o agresores y sus familias son los siguientes.
• Realizar un seguimiento y acompañamiento individualizado
por parte del equipo del DECE al agresor o agresora.
• Entrevistar, de forma individualizada, al agresor o agresora. En
los casos en los que hay más de una persona agresora, además

de la entrevista individual debe realizarse una entrevista conjunta
con el grupo de agresores.
• Realizar una reunión con el padre y la madre o representantes
legales de la agresora o agresor. En esta reunión se debe
informar sobre los hechos ocurridos, las acusaciones
existentes, las evidencias que existen en relación a las mismas,
las actuaciones legales que competen al centro educativo, de
los pasos a seguir en la gestión del conflicto y se debe solicitar
la colaboración y participación en las acciones dirigidas a
solucionar la problemática. En los casos en que hay más de una
persona involucrada como agresora, esta reunión se puede
llevar a cabo de forma conjunta con el grupo de madres y
padres o representantes legales y, en los casos en los que sea
necesario, realizar posteriormente reuniones individuales.
• Analizar, con base en la información obtenida, el informe de
violencia (Anexo 2) y las entrevistas realizadas tanto con la
víctima como con el agresor o agresora y sus familias, si existe
la posibilidad de realizar una reunión restaurativa. En esta
reunión restaurativa deben participar la víctima y su familia, la
persona agresora y su familia, personas directamente afectadas
por lo ocurrido y un/a representante de la Junta Distrital de
Resolución de Conflictos (JDRC). La reunión restaurativa es una
reunión estructurada en las que las personas participantes
deciden la mejor manera de reparar el daño.
• Llevar a cabo una reunión de grupo familiar en la que participe
el agresor o agresora, su familia y un/a representante de la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC). El objetivo de esta
reunión debe ser involucrar y empoderar a las familias en la toma
de decisiones orientadas a apoyar al niño, niña o adolescente
agresor para mejorar su comportamiento y reparar el daño
ocasionado. En estas reuniones se debe dar la posibilidad a las
familias de expresar sus sentimientos, ayudándoles a analizar
la situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos
ni sobredimensionar las consecuencias.
• Aplicar las normas disciplinarias establecidas en el Código de
convivencia. Se debe considerar que el hecho de aplicar normas
disciplinarias no sustituye la implementación de medidas
alternativas de resolución de conflictos, ya que son
complementarias y no excluyentes.
• Acompañar al personal docente en el proceso que debe llevar
a cabo para asegurar la integración del agresor o agresora en

73V ESTRATEGIAS PARA DETECTAR
el grupo de estudiantes, respetando los intereses y derechos de
los demás estudiantes.
• Asegurar la participación del agresor o agresores, así como sus
familiares, en los procesos de resolución alternativa de conflictos
que se determinen por parte del equipo del DECE: mediación
escolar, reuniones restaurativas y reuniones de grupo familiar.
• Llevar a cabo círculos restaurativos de carácter preventivo para
tratar la temática o temáticas que afectan al centro educativo.
Estos círculos restaurativos se deben realizar tanto con grupos
de estudiantes, docentes y padres y madres de familia. De la
misma forma, se debe asegurar la participación del agresor o
agresora en los círculos restaurativos que se lleven a cabo con
estudiantes en el centro educativo.
Un aspecto importante a considerar por parte del equipo del DECE es
que una conducta violenta continuada de un niño, niña o adolescente
puede ser consecuencia de otra violencia ejercida sobre él o ella, en el
contexto familiar u otros, pudiendo alertar de un posible maltrato familiar.
Lineamientos para trabajar con estudiantes observadores y no
observadores del hecho de violencia
Una vez que se produce un hecho de violencia dirigido a estudian-
tes, docentes o personal del centro educativo, donde quienes agre-
den son otros estudiantes es importante realizar un trabajo con el to-
do el grupo de estudiantes. El objetivo es el restablecimiento de las
relaciones dentro del grupo, dentro del cual se pueden encontrar es-
tudiantes agresores, víctimas, testigos silenciosos de los ocurrido,
etc. Para ello, el personal de DECE, con el apoyo del personal direc-
tivo y docente debe llevar a cabo una serie de círculos restaurativos
reactivos para tratar las problemáticas relacionadas al conflicto o
conflictos existentes. Es importante que en estos círculos no se indi-
vidualice el problema hacia ciertos estudiantes. Se debe considerar
como algo que afecta e implica a todo el grupo. Este círculo restau-
rativo debe ir dirigido a implicar al grupo de estudiantes en la crea-
ción de un marco protector, preventivo y correctivo dirigido a la pro-
blemática o problemáticas identificadas.
Las preguntas restaurativas que se debe hacer en el círculo deben ir
dirigidas a hacer reflexionar al grupo de estudiantes en relación a los
siguientes temas:
• Cuáles son los sentimientos que se evidencian cuando un hecho
de esta índole ocurre en la institución

• Cuáles son las personas afectadas en este tipo de situaciones
• Cómo se cree que pueden afectar estas situaciones y qué con-
secuencias tienen en las personas que la sufren (las víctimas)
• Qué puede suceder si se lastima o se ofende a un compañero/a,
docente o personal del centro educativo
• Si se considera que este tipo de situaciones se están dando
en el centro educativo
• Cuál sería la manera más adecuada de reaccionar si se
presencian situaciones de violencia
• Qué acciones se podrían realizar para evitar que este tipo
de situaciones de violencia se den en la institución

Protocolos
de actuación
frente a
situaciones
de violencia
6

77
Consideraciones previas
Los protocolos de actuación son herramientas conceptuales y operati-
vas que definen un camino a seguir ante situaciones de alta complejidad,
como la violencia en cualquier manifestación que pueden vivir cualquier
niño, niña o adolescente.
Los lineamientos que presenta este documento son de aplicación obli-
gatoria para todas las instituciones educativas del sistema nacional de
educación y su personal. Su incumplimiento o falta de difusión podría
generar inadecuados procesos de intervención y remisión, que traerían
como consecuencia sanciones desde las instancias competentes.
Es importante recordar que el acto de denunciar no es opcional11
, es de-
cir: quien no ponga en conocimiento de la autoridad competente una si-
tuación de violencia está cometiendo una infracción penal, tal como lo
señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 27712
. Ade-
más, el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(RLOEI), Artículo 355, establece el deber de denunciar estas situaciones
ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC), considerando
una falta grave su omisión. De igual manera, el artículo 17 del Código de
11 El artículo 422 del COIP establece el “Deber de denunciar” por parte de “las o los directores,
educadores u otras personas responsables de instituciones educativas, por presuntos delitos
cometidos en dichos centros”.
12 “Omisión de denuncia: la persona que en calidad de servidora o servidor público y en función
de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inme-
diatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de
quince a treinta días”.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE
A SITUACIONES DE VIOLENCIA

la Niñez y Adolescencia enuncia el deber jurídico de denunciar13
y el ar-
tículo 41 de la misma norma, señala expresamente que “cualquier forma
de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en conoci-
miento del agente fiscal competente, para los efectos de la ley, sin per-
juicio de las investigaciones y sanciones de orden administrativo que co-
rresponden en el ámbito educativo”.
La autoridad máxima de un establecimiento educativo es su represen-
tante legal y, por ende, la persona responsable de que las disposiciones
previstas en los protocolos se cumplan de manera adecuada y oportuna.
En conexión con la coordinación del DECE, la autoridad máxima de ca-
da institución educativa debe asegurarse de que todas las acciones que
se efectúen en un proceso de intervención, estén encaminadas a garan-
tizar el interés superior del niño, niña o adolescente agredido, por enci-
ma del interés de los funcionarios del plantel, madres y padres de familia
y/o representantes legales, y además, de la reputación de la institución
educativa, precautelando que las medidas de protección dictadas por
las autoridades competentes se cumplan en el ámbito de sus competen-
cias. Este trabajo se debe efectuar con la estudiante o el estudiante víc-
tima de un caso de violencia, así como con aquellas personas identifica-
das como agresoras o posibles agresoras.
En cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro del sistema edu-
cativo se debe garantizar la no revictimización del niño, niña o adoles-
cente, tal como se establece en el artículo 78 de la Constitución14
, respe-
tando la privacidad y confidencialidad de la información entregada, tal
como se establece en el artículo 20 del COIP15
.
La confidencialidad, como principio ético, implica que no se debe propor-
cionar o divulgar información detallada a otras personas sobre el niño, ni-
ña o adolescente en cuestión, con excepción de la información específi-
ca y concreta que se requiere para elaborar el informe del caso, para
efectuar la denuncia en la Fiscalía o en las Unidades Judiciales (si ameri-
ta), así como en la Dirección Distrital de Educación, y para poner en co-
nocimiento de los familiares o representantes legales de la víctima, siem-
pre y cuando estos no sean los presuntos infractores, y de los familiares
13 “Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio
tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a
denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas”.
14 “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará su no
revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá
de cualquier amenaza u otras formas de intimidación”.
15 “Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, […] tienen derecho a que se respete su in-
timidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su
identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a documenta-
ción, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales”.

79PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE
o representantes legales del niño, niña o adolescente agresor, cuando
este sea el caso.
Con el propósito de seguir los distintos procedimientos y actuar de for-
ma efectiva ante cualquier situación de violencia, es importante seguir
objetivamente los lineamientos técnicos establecidos en el presente do-
cumento, tomando en consideración las necesidades y particularidades
de cada territorio, siendo responsabilidad de la autoridad educativa y del
equipo del DECE adaptar el protocolo de actuación a los servicios espe-
cíficos que se encuentran en la localidad.
Procesos de actuación
Dependiendo de la particularidad y complejidad que la situación de
violencia detectada posea, se podrán activar los siguientes procesos
de actuación.
a. Proceso de acompañamiento
El personal del Departamento de Consejería Estudiantil debe contener,
orientar y acompañar a la estudiante o el estudiante y realizar el segui-
miento oportuno a los distintos procesos que resulten de la actuación.
Su accionar debe enmarcarse en los lineamientos que ofrece el “Modelo
de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil”, re-
cordando que en las instituciones educativas que no cuenten con un DE-
CE, deben contactar al personal del DECE de la institución educativa eje,
quien acompañará a docentes tutores y autoridades de la institución
educativa enlazada en el transcurso del protocolo establecido.
b. Proceso administrativo
Son aquellos procedimientos que las Direcciones Distritales de Educa-
ción realizan para proceder con la aplicación de sanciones y/o de medi-
das de protección ante la identificación de faltas o situaciones de ries-
go ocurridas dentro de las instituciones educativas que podrían haber
sido cometidas por estudiantes, docentes o autoridades, familiares y
comunidad educativa en general. Estos procedimientos deben seguir la
normativa establecida en el Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural (LOEI) y el Acuerdo Ministerial N°434-12 sobre
solución de conflictos en las instituciones educativas.
c. Proceso judicial
Son aquellos procedimientos que se implementa por los administradores
de justicia con el fin de garantizar un efectivo procedimiento, así como la

protección de los derechos humanos de las personas implicadas en
cualquier situación de violencia. Desde el sistema educativo es necesa-
rio coordinar la Fiscalía, los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, Juntas
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o el Ministerio de Salud
Pública, instancias especializadas en la investigación, atención médica y
en la implementación de procedimientos de levantamiento de informa-
ción relacionados a la presunción de un delito.
Con el fin de garantizar un efectivo procedimiento de intervención conside-
rando la edad de niños, niñas y adolescentes que establece el Código de la
Niñez y Adolescencia es importante reconocer los siguientes aspectos.
• Ñiños y niñas menores de 12 años de edad son inimputables y
tampoco son responsables de sus actos. Por lo tanto, no están
sujetos ni al juzgamiento, ni a las medidas socio-educativas
contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia (Art. 307).
Serán responsables de sus actos el representante legal, padre o
madre de familia, pudiendo llegar a ser necesario tomar medidas
de protección si el caso lo amerita.
• Las adolescentes y los adolescentes de 12 a 17 años de edad son
penalmente inimputables, pero sí se les considera responsables de
sus actos. Por lo tanto, no serán juzgados por jueces penales
ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes
penales (Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 305). Las
adolescentes y los adolescentes que cometan infracciones
tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas socio-
educativas por su responsabilidad de acuerdo con lo establecido
en el Código de la Niñez y la Adolescencia (Art. 306 y 308).
• Jóvenes de 18 años de edad o más son imputables y responsables
de sus actos. Eso implica que si una persona igual o mayor a 18
años comete una infracción penal (aún siendo estudiante) los
procesos se llevarán a cabo a través de la justicia ordinaria tal
como se establece en el Código Integral Penal.
Para mayor información sobre el marco jurídico que respalda la actua-
ción del personal del DECE frente a hechos de violencia, puede remitirse
al Anexo 1 de este documento.
d. Procesos restaurativos
Como señala el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IIPR),
el objetivo de las prácticas restaurativas es desarrollar una comunidad y
manejar el conflicto y las tensiones reparando el daño y forjando las re-
laciones humanas. En este sentido, los procesos restaurativos son medi-
das de resolución alternativa de conflictos que se llevan a cabo con el

objetivo de restaurar el daño producido y encontrar una solución con-
sensuada al conflicto. Entre ellas se encuentran los círculos restaurati-
vos, las reuniones de grupo familiar, las reuniones restaurativas y la me-
diación escolar. Se debe considerar que el hecho de iniciar alguno de los
procesos descritos anteriormente (procesos de acompañamiento, admi-
nistrativo o judicial) no excluye llevar de forma paralera un proceso de re-
solución alternativa de conflictos con menores o adolescentes. La justi-
cia restaurativa y, por ende, las prácticas restaurativas y la mediación
escolar no deben ser concebidas como un sistema independiente a los
sistemas punitivos o retributivos, sino como un sistema complementario.
Protocolos de actuación
Dentro de los procesos de actuación ante cualquier problemática psico-
social detectada, es necesario desplegar numerosas actividades que
promuevan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, garanti-
zando la restitución de los posibles derechos vulnerados. En esa línea de
acción es pertinente identificar un círculo virtuoso de procesos que per-
mitan abordar de forma integral el acompañamiento a niños, niñas y ado-
lescentes. Las acciones que posee cada protocolo son: detección, inter-
vención, derivación y seguimiento.
a. Protocolo de actuación ante casos de violencia
sexual detectada o cometida en el ámbito educativo
Detección
• Si alguna persona de la comunidad educativa tiene conocimiento
de un presunto caso de violencia sexual contra un niño, niña o
adolescente, cometido dentro o fuera de la institución educativa,
debe informar al personal del DECE o a la autoridad educativa
(siempre y cuando no sean estas personas presuntas agresoras),
para que se realice el abordaje oportuno del caso.
• En caso de que la autoridad o cualquier docente de la institución
educativa esté implicado en el caso de violencia, los procedimientos
detallados en este protocolo debe realizarlos la coordinación del
DECE, en conjunto con la Dirección Distrital de Educación.
Intervención
• El personal del DECE debe comunicar lo sucedido al familiar
de preferencia del niño, niña o adolescente víctima (siempre que
no sea el presunto agresor o agresora), informando sobre las
medidas que se van tomar desde el sistema educativo y sobre
el proceso de acompañamiento que se aplicará a la víctima,

siempre en el marco de garantizar el interés superior de quien ha
sido victimizado. De la misma forma, en caso que el presunto
agresor o agresora sea parte del grupo de estudiantes, se debe
informar a la familia sobre lo sucedido y sobre el proceso y
medidas que se pretenden llevar a cabo.
• El personal del DECE debe elaborar el informe del hecho de vio-
lencia utilizando el Anexo 2 de este documento, con la informa-
ción conla que se cuente en ese momento. Esta información po-
dría ser reportada por la víctima o por una tercera persona y es
fundamental recordar que bajo ningún concepto se deben realizar
preguntas adicionales a la víctima, garantizando la no revictimiza-
ción. El informe debe ser lo más objetivo posible, evitando juicios
afirmativos de valor a priori por parte de quien lo levante.
• Es importante que cuando este tipo de hechos de violencia
ocurran dentro de la institución educativa, se lleve a cabo con
el grupo de estudiantes, docentes y personal directivo y
administrativo de la institución educativa círculos restaurativos
preventivos, orientados a reflexionar sobre lo ocurrido y elaborar
propuestas para a evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Derivación
• La autoridad institucional deberá acudir de forma inmediata
(en menos de 24 horas) a la Fiscalía para efectuar la denuncia,
adjuntando una copia del informe del hecho realizado por el
personal del DECE (posteriormente la Fiscalía podrá solicitar la
ampliación del informe). En caso de que la autoridad o cualquier
docente de la institución educativa esté implicado en el caso
de violencia, quien detecte el hecho deberá denunciar el hecho
a Fiscalía.
• A su vez, se debe requerir a la Fiscalía que solicite al juzgado
competente medidas de protección de manera inmediata16
y la recepción del testimonio anticipado. La Unidad Judicial
Penal, de manera inmediata, debe disponer medidas de
protección y fijar día y hora para la recepción del testimonio
anticipado17
.
• La autoridad educativa debe, a su vez, poner el caso en
conocimiento de la Dirección Distrital de Educación, adjuntando
una copia de la denuncia en Fiscalía y del informe del hecho de
violencia elaborado por el personal del DECE.
16 Medidas establecidas en el Art. 558 del COIP.
17 Resolución No. 172-2014 del Consejo de la Judicatura; COIP Art. 444-504 y 510

• En casos en que el presunto agresor o agresora sea miembro
de la institución educativa (personal directivo, administrativo,
docente o estudiante) una vez que la Dirección Distrital de
Educación tenga conocimiento del hecho se conformará la Junta
Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC) para que, en función
de sus competencias, de cumplimiento a sus obligaciones.
-- Implementar las medidas de protección a la víctima
inmediatamente conocido el hecho18
-- Disponer la instrucción del proceso de sumario administrativo
en contra del presunto agresor o agresora, cumpliendo
estrictamente las disposiciones establecidas en el
Reglamento general a la LOEI19
. Dicha medida también
se aplica en casos de hostigamiento o violencia física
y psicológica
-- En caso de que el hecho de violencia no haya sido
denunciado a Fiscalía, la Dirección Distrital de Educación
tiene la obligación de acompañar y promover dicha acción
-- Disponer la prestación de asistencia psicológica inmediata
a las víctimas de violencia.
-- Coordinar acciones con las Juntas Cantonales de Protección
de Derechos.
18 Art. 357 del Reglamento General a la LOEI
19 Art. 354-358 del Reglamento General a la LOEI
¡Recuerde!
Con el fin de garantizar el Principio de no revictimización (artículo
78 de la Constitución de la República) el personal de la Dirección
Distrital de Educación o de la institución educativa, no deben reali-
zar ningún tipo de entrevista a la víctima. Cualquier actuación lleva-
da a cabo por la JDRC debe garantizar la confidencialidad del caso
y el debido proceso. Caso contrario, se procederá a abrir procesos
administrativos a las personas que son miembros de la junta.

• Paralelamente, el familiar de referencia escogido por la víctima
para acompañarla podrá presentar la denuncia a la Junta de
Protección de Derechos.
• El personal del DECE, en función de la gravedad de la situación,
debe referir a la víctima a un espacio externo donde, junto a su
familia, pueda recibir apoyo emocional y tratamiento psicológico
sostenido. Se utiliza el formato de informe de derivación que se
encuentra en el Anexo 3 de este documento.
• En caso de existir una emergencia médica, la autoridad
educativa, el personal del DECE o el docente tutor debe
realizar las siguientes acciones:
-- Contactarse con el servicio ECU911
-- Comunicarse con la Fiscalía, con la finalidad de que personal
delegado de esta unidad esté presente en el momento en
que la víctima llegue al establecimiento de salud y durante la
atención médica
-- De ser posible, trasladar a la víctima a un establecimiento
médico cercano con los respectivos protocolos de seguridad
-- Comunicar a la familia o responsable legal del niño,
niña o adolescente (siempre que no sea la persona
presuntamente agresora)
• El equipo médico es responsable de aplicar los protocolos de
atención definidos para estos casos, los mismos que tienen por
objeto no revictimizar al niño, niña o adolescente. En ausencia
del representante legal, y en caso de ser necesario y con previa
autorización verbal del representante legal, la persona delegada
por la institución educativa para que acompañe al niño, niña o
adolescente al centro de salud, debe aceptar la designación de
¡Recuerde!
Bajo ninguna consideración o circunstancia, y en ningún momento del proceso
de abordaje de una situación de violencia sexual, está permitido la confrontación,
mediación o careo del NNA con el presunto agresor/a ni con ninguna otra perso-
na de la institución educativa, de la Dirección Distrital de Educación o de otras
dependencias. Solo la Fiscalía es la instancia responsable de sustanciar el proce-
so de investigación.

curador/a para la emitir la firma de consentimiento informado,
necesario para llevar a cabo cualquier tipo de intervención.
• El personal del DECE debe elaborar el informe del hecho de
violencia con la información que disponga en ese momento
y remitirlo a la autoridad que lo solicitó (Anexo 2).
Seguimiento
Con el fin de garantizar que el proceso de intervención y derivación
se esté cumpliendo conforme la normativa, el personal del DECE y la
autoridad institucional (siempre que no sea el presunto agresor o
agresora), debe realizar lo siguiente:
• Garantizar que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos
garantice la permanencia del estudiante o de la estudiante en
el sistema educativo y cumplir con las demás responsabilidades
establecidas en el artículo 343 del Reglamento General a
la LOEI.
• La Dirección Distrital de Educación podrá ejecutar procesos
de reubicación del niño, niña o adolescente víctima de violencia
sexual, siempre que su representante legal lo solicite. Dicha
acción deberá estar en conocimiento de la autoridad institucional
y del equipo del DECE para registrar la disposición en el portal
Educar Ecuador.
• Colaborar con el Departamento jurídico de la Dirección Distrital
de Educación en todo lo que sea requerido dentro de las
investigaciones que se lleven a cabo por las instancias externas
de justicia, así como conocer si los niños, niñas o adolescentes
se encuentran vinculados en las redes de protección. De existir
dilación por parte de los operadores de justicia, deberán
informar a la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección
del Consejo de la Judicatura.
• Dar seguimiento a las medidas de protección de la víctima
(en el ámbito de su competencia) dictaminadas en el proceso
judicial o administrativo al interior de la institución educativa,
con el fin de garantizar la debida protección que el niño, niña
o adolescente requiera.
• La persona del DECE a cargo del caso debe estar atento a la
evolución académica, física, emocional y/o social del niño, niña
o adolescente, dentro y fuera de la institución educativa. Las
entrevistas de seguimiento podrán realizarse con la estudiante
o el estudiante, con docentes, familiares y/o con la entidad

externa a la que asiste la persona, con el fin de garantizar una
adecuada atención integral. Dicha información debe ingresarse
en el expediente del niño, niña o adolescente creado en el portal
Educar Ecuador.
• El personal docente debe apoyar al equipo del DECE en
todas las acciones emprendidas, brindando la comprensión y
cooperación requerida en cada una de sus acciones. A su vez,
deberán brindar las facilidades para cumplir con tareas u otras
responsabilidades propias de cada asignatura.
• En aquellos casos de violencia sexual en las que la persona
agresora sea un estudiante o una estudiante de la institución
educativa y que se encuentre privado de libertad, la División
Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación Educativa (ASRE),
la coordinación del DECE y la autoridad educativa, en
combinación con los familiares o representantes legales, deben
garantizar que la estudiante o el estudiante se mantenga en el
ciclo académico, a través de acciones de refuerzo educativo
(tutorías, elaboración de guías, acompañamiento en el proceso
formativo y seguimiento de su desarrollo, según sea el caso).
• Si concluido el proceso de investigación, el juzgado determina
acogimiento institucional como medida de protección, el equipo
del DECE debe realizar el seguimiento respectivo con las
instancias correspondientes.
¡Recuerde!
Toda la información levantada desde la etapa de detec-
ción, intervención, derivación y seguimiento debe incluirse
en el expediente creado dentro del Portal Educar Ecuador.
En caso de no tener acceso al mismo, se deben registrar
estas acciones paulatinamente en la matriz de seguimien-
to, según el Anexo 4 del presente documento.

b. Protocolo de actuación ante casos de violencia
intrafamiliar o maltrato institucional detectada o
cometida en el ámbito educativo
Detección
• Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene
conocimiento de un caso de violencia cometido en contra de un
niño, niña o adolescente por sus familiares o por algún personal
de la institución educativa (docente, directivo, administrativo o
cualquier persona adulta que labore o tenga contacto directo
con el niño, niña o adolescente), debe informar inmediatamente
al personal del DECE, docente tutor, autoridad institucional
(siempre que no se presuma que alguna de estas personas es
la agresora), para que se realice el abordaje oportuno del caso.
Intervención
• El personal del DECE debe elaborar un informe del hecho de
violencia con los datos disponibles en ese momento, siendo
importante observar en el niño, niña o adolescente posibles
marcas en el cuerpo o cualquier cambio de estado de ánimo
o conducta. No se deben realizar entrevistas exhaustivas previas
o solicitar detalles de posibles signos de violencia en lugares no
visibles, simplemente supeditarse a la información que el niño,
niña o adolescente brinde al momento de ejecutar la
intervención. Este informe debe remitirse a la autoridad
educativa el mismo día que se detectó la situación, siempre
que no sea el presunto agresor o agresora (Anexo 2).
• El personal del DECE deberá informar al representante legal
del NNA víctima de violencia, indicando las medidas que se van
a tomar desde la institución educativa y cómo se va a brindar el
apoyo necesario a la víctima. En casos de violencia intrafamiliar,
se deberá comunicar a un familiar que elija la víctima el cual no
sea la o el presunto agresor.
• De acuerdo con la información reportada por la víctima, el personal
del DECE debe planificar una estrategia de intervención siguiendo
los lineamientos establecidos en el “Modelo de funcionamiento
de los Departamentos de Consejería Estudiantil”, recordando
que su rol no es hacer psicoterapia, pero sí es su responsabilidad
acompañar a la víctima y a su familia mediante información
oportuna y contención emocional en caso de requerirlo.
• Si se tiene conocimiento de que la madre del niño, niña o
adolescente vive una situación de violencia y/o violencia sexual,
se le deberá brindar apoyo e información sobre la situación

de vulneración de derechos en la que vive, dándole como opción
realizar la respectiva denuncia en los Juzgados de Violencia
Contra la Mujer y la Familia o en la Fiscalía, para que estas
instancias emitan las medidas de protección necesarias. A su
vez, recomendarle que acuda a asistencia psicológica externa
en un establecimiento de salud o consulta particular.
Derivación
La autoridad educativa o, en su defecto, el personal del DECE, debe
proceder de la siguiente manera en función de la modalidad de vio-
lencia detectada:
• En casos de maltrato por parte de funcionarios/as de la institución
educativa en contra de niños, niñas y adolescentes.
-- La autoridad educativa debe identificar el tipo de falta
cometida por el/la funcionario/a de la institución educativa
y proceder de acuerdo con el Código de Convivencia
y lo estipulado en el Reglamento General a la LOEI.
-- De ser el caso, la autoridad educativa (si no se presume que
es la persona agresora) debe informar a la Junta Distrital de
Resolución de Conflictos en un plazo máximo de 24 horas
una vez detectado el caso, por medio del informe del caso
de violencia realizado por el equipo del DECE (Anexo 2),
para que esta instancia inicie el proceso administrativo y
disponga las medidas de protección inmediatas para la
víctima tomando en consideración el artículo 342 del
Reglamento General a la LOEI.
-- El informe que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos
elabore es de carácter administrativo y no debe vulnerar el
principio de no revictimización. La Dirección Distrital de
Educación debe coordinar acciones con las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos, con el fin de
garantizar la protección del niño, niña o adolescente.
-- La autoridad educativa debe acudir a las Unidades Judiciales
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia o Fiscalía,
adjuntando la copia del informe del caso realizado por
la persona encargada del DECE. Las Unidades Judiciales
tienen la obligación de emitir las medidas de protección
oportunas (artículo 217 del Código de la Niñez y la
Adolescencia), además de realizar los informes periciales
pertinentes, bajo una orden del juzgado (artículo 260 de
la prenombrada norma).

-- En caso de que se presente una denuncia en la Fiscalía, esta
unidad recepta la denuncia, realiza los informes periciales y
solicita al juzgado competente medidas de protección de
manera inmediata (artículo 558 del COIP). Si el caso es un
delito, continua el proceso de investigación.
-- En caso de que la autoridad de la institución educativa esté
implicada en una situación de violencia, será la coordinación
del Departamento de Consejería Estudiantil la entidad
responsable de denunciar directamente el caso, tanto en
la Junta Distrital de Resolución de Conflictos como en las
Unidades Judiciales competentes.
• En casos de violencia intrafamiliar ocurridos o detectados
en el ámbito educativo.
-- La autoridad educativa y la coordinación del DECE deben
acudir inmediatamente, en un plazo máximo de 24 horas,
a las Unidades Judiciales de Violencia intrafamiliar /
Contravenciones / Familia, mujer, niñez y adolescencia /
Multicompetentes o Penales, adjuntando la copia del informe
del caso realizado por la persona encargada del DECE
(Anexo 2) y poniendo en conocimiento de ello a la Dirección
Distrital de Educación, por medio de una copia de la
denuncia y del informe realizado por el DECE. La Dirección
Distrital de Educación debe coordinar acciones con las
Juntas Cantonales de Protección de Derechos, con el fin
de garantizar la protección del niño niña o adolescente.
-- Las Unidades Judiciales deben receptar la denuncia, realizar
una entrevista y la valorar el riesgo, brindando orientación
sobre el proceso judicial (artículo 643 del COIP). El juzgado
dictará de inmediato medidas de protección (artículo 558 del
COIP). Contando con el consentimiento de la víctima, se
debe señalar día y hora para la recepción del testimonio
anticipado, además de ordenar exámenes periciales
y demás diligencias probatorias (artículo 643 del COIP).
• En casos específicos en donde la situación de violencia haya
provocado una emergencia médica, se deben tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:
-- La coordinación del DECE, docente tutor o la máxima
autoridad educativa debe acompañar al niño, niña o
adolescente al establecimiento de salud más cercano,
previa notificación a su familia o responsable legal

(siempre y cuando no sea la persona agresora o se encuentre
involucrada en el hecho).
-- El equipo médico debe aplicar el respectivo protocolo para
la atención del caso. Dicha intervención debe estar orientada
a no revictimizar al niño, niña o adolescente.
-- En ausencia del representante legal de la víctima, y en
caso de ser necesario y con previa autorización verbal
del representante legal, la persona responsable por parte
de la institución educativa que acompañe al niño, niña o
adolescente al centro de salud debe aceptar la designación de
curador/a para la emitir la firma de consentimiento informado
necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de intervención.
Seguimiento
• En caso de que se trate de violencia intrafamiliar física
(con afectación superior de tres días) y violencia psicológica,
la Unidad Judicial debe remitir el caso a la Fiscalía, no sin
antes dictar medidas de protección.
• En caso de que se ponga la denuncia en la Fiscalía, esta unidad
debe receptar la denuncia, realizar informes periciales y solicitar
al juzgado competente medidas de protección de manera
inmediata (Resolución No.172-2014 del Consejo de la
Judicatura). Si el caso es un delito, continuará el proceso
de investigación. En caso contrario, se debe remitir el caso
a las unidades judiciales competentes.
• La autoridad educativa y la coordinación del DECE, en conjunto
con el Departamento jurídico de la Dirección Distrital de
Educación, deben apoyar las investigaciones llevadas a cabo
por las instancias externas de justicia, así como conocer si
el niño, niña o adolescente se encuentra vinculado en las redes
de protección; deben también informar a la autoridad
correspondiente (Unidad de Control Disciplinario de cada
Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura) en caso
de existir dilación por parte de los operadores de justicia.
• La autoridad educativa debe dar seguimiento a las medidas
de protección dictaminadas para la víctima (en el marco de su
competencia) en el proceso judicial o administrativo, al interior
de la institución educativa, con el fin de garantizar la debida
protección que el niño, niña o adolescente requiera.

• El personal del DECE a cargo del caso debe estar atento
a la evolución académica, física, emocional y/o social del niño,
niña o adolescente, dentro y fuera de la institución educativa.
Las entrevistas de seguimiento podrán realizarse con el o la
estudiante víctima, docentes y familiares o con la entidad
externa a la que asiste la persona, con el fin de garantizar una
adecuada atención integral. Dicha información debe ingresarse
en el expediente del niño, niña o adolescente creado en el portal
Educar Ecuador.
La Junta Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC) deberá garantizar
la permanencia del estudiante o de la estudiante en el sistema educativo
y cumplir con las demás responsabilidades establecidas en el Regla-
mento General a la LOEI20
.
20 Art. 343.- Responsabilidades en casos de vulneración de derechos
del Reglamento General a la LOEI.
¡Recuerde!
Toda la información levantada desde la etapa de detección,
intervención, derivación y seguimiento debe incluirse en el
expediente creado dentro del Portal Educar Ecuador. En ca-
so de no tener acceso al mismo, se deben registrar estas
acciones paulatinamente en la matriz de seguimiento, se-
gún el Anexo 4 del presente documento.

c. Protocolo de actuación ante hechos de violencia
entre pares y/o acoso escolar detectada o cometida
en el ámbito educativo
Detección
• Si cualquier persona de la comunidad educativa tiene
conocimiento de un caso de acoso escolar cometido en contra
de un niño, niña o adolescente, debe informar inmediatamente al
equipo del DECE, docente tutor o autoridad institucional, para
que se realice el abordaje oportuno del caso.
Intervención
• Una vez detectado el hecho, se debe proceder con medidas
de resolución de conflictos alternativas, siguiendo el Acuerdo
No. 434-12, con el fin de poder gestionar el conflicto.
• A continuación, el personal del DECE debe elaborar un informe
del hecho denunciado. Para esto, el inspector, inspectora o
docente tutor podrán contribuir en el levantamiento de
información sobre lo sucedido, lo que servirá como base para la
definición del tipo de falta que se dictaminará por parte de la
autoridad educativa. Es importante verificar si el acto cometido
ha sido intencional, si manifiesta una relación de desequilibrio
de poder o es una actitud reiterativa y repetitiva.
• Entregar el informe del hecho firmado por el personal del DECE a
cargo, inspector, inspectora o docente tutor a la autoridad educativa
para que se proceda a establecer el protocolo de sanción.
• El personal del DECE debe informar a los representantes legales
tanto del estudiante o de la estudiante que ha sido víctima como
de quien ha cometido la agresión sobre lo sucedido. En esta
reunión se debe informar de los hechos ocurridos, las
acusaciones existentes, de las evidencias que existen en
relación a las mismas, de las actuaciones legales que competen
al centro educativo, de los pasos a seguir en la gestión del
conflicto, de qué medidas se van a tomar desde la institución
educativa y se debe solicitar la colaboración y participación en
las acciones dirigidas a solucionar la problemática. Las
entrevistas a las familias deben realizarse por separado, con
el fin de obtener información y analizar lo sucedido. En caso
de existir observadores directos del acoso escolar, también
es necesario generar un proceso de abordaje con sus
representantes legales.

• Analizar, en base a la información obtenida, el informe
de violencia (Anexo 2) y las entrevistas realizadas tanto
con la víctima, como con el agresor y las familias de estos, la
posibilidad de realizar una reunión restaurativa. En esta reunión
restaurativa deberían participar la víctima y su familia, la persona
agresora y su familia, personas directamente afectadas por lo
ocurrido y una persona representante de la Junta Distrital de
Resolución de Conflictos (JDRC). El objetivo de esta reunión
debe estar dirigido al involucramiento y empoderamiento de las
familias en la toma de decisiones orientadas a apoyar al niño,
niña o adolescente víctima y trabajar con el agresor o agresores
en mejorar su comportamiento, así como a reparar el daño
ocasionado. De la misma forma, en estas reuniones se debe
dar la posibilidad a las familias a expresar sus sentimientos,
ayudándoles a analizar la situación de forma proporcionada, sin
minimizar los hechos ni sobredimensionar las consecuencias.
• La autoridad educativa, con base en el informe de hecho
recibido, debe establecer si la situación de violencia ocurrida
constituye una falta grave o una falta muy grave, de acuerdo
al Código de Convivencia y las disposiciones del Reglamento
General a la LOEI.
-- Si se trata de una falta grave, la autoridad educativa, de
acuerdo con los lineamientos de su respectivo Código de
Convivencia y el Reglamento General a la LOEI, debe
dictaminar y ejecutar internamente las correspondientes
acciones educativas disciplinarias. Paralelamente, el personal
del DECE debe aplicar medidas alternativas de resolución
de conflictos, como pueden ser los círculos restaurativos,
reuniones restaurativas, reuniones de grupo familiar o
mediación escolar, siguiendo el Acuerdo No. 434.
-- Si se trata de una falta muy grave, la autoridad debe sustanciar
el debido proceso disciplinario siguiendo el Acuerdo Ministerial
No. 434 y lo establecido en el Reglamento General a la LOEI,
siendo la Junta Distrital de Resolución de Conflictos la entidad
que establezca la sanción correspondiente al estudiante o la
estudiante. Paralelamente, el personal del DECE debe aplicar
medidas alternativas de resolución de conflictos como, por
ejemplo, círculos restaurativos, reuniones restaurativas,
reuniones de grupo familiar o mediación escolar, siguiendo
el Acuerdo No. 434.

-- Frente a la aplicación de medidas educativas disciplinarias
al niño, niña o adolescente agresor, las autoridades deben
informar a los familiares que se puede apelar ante la
Dirección Distrital de Educación respecto al dictamen
impuesto por la institución educativa en el caso de faltas
graves, y ante la máxima autoridad del Nivel Zonal respecto
al dictamen impuesto por la Junta Distrital de Resolución
de Conflictos en el caso de faltas muy graves, en un plazo
de tres días a partir de la recepción de la notificación.
Derivación
• Si la violencia ocurrida entre pares corresponde a un posible
delito, la autoridad institucional debe denunciar el caso
inmediatamente a las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia, adjuntando una copia del informe del
hecho de violencia realizado por el personal del DECE (Anexo
2), poniendo en conocimiento de ello a la Dirección Distrital de
Educación, por medio de una copia de la denuncia y del informe
elaborado por el equipo del DECE. La Junta Distrital de
Resolución de Conflictos (JDRC) debe emitir la medidas
educativas disciplinarias y disponer medidas de protección,
si fuera necesario.
• Las Unidades Judiciales tienen la obligación de emitir medidas
de protección según lo establecido en el Código de la Niñez
y Adolescencia21
, además de realizar los informes pertinentes,
y brindar orientación sobre el proceso judicial. Estas unidades
pueden dictaminar medidas socioeducativas si es necesario.
• El personal del DECE, en función de la gravedad de la situación,
debe referir a la víctima, y a la persona agresora, a una instancia
externa en donde puedan recibir apoyo emocional y tratamiento
psicológico sostenido, mediante un informe de derivación
(Anexo 3).
Seguimiento
• El equipo del DECE deberá brindar acompañamiento psicosocial
a los niños, niñas y adolescentes víctimas y agresores (y a sus
familiares). Adicionalmente, debe generar espacios de reflexión
21 Artículos 217 y 260 del Código de la Niñez y Adolescencia.

dirigida a la comunidad educativa, tal como lo establece
el modelo de funcionamiento de los DECE. Estos espacios
de reflexión se pueden llevar a cabo a través de círculos
restaurativos con estudiantes, docentes, equipo directivo
y personal administrativo del centro educativo.
• Acompañar al personal docente en el proceso que debe llevar
a cabo para asegurar la integración del estudiante o estudiantes
víctimas y agresores en el grupo de estudiantes, respetando los
intereses y derechos de todo el grupo.
• Asegurar la participación de la persona agresora o agresores,
así como sus familiares, en los procesos de resolución
alternativa de conflictos, que se determinen por parte del
equipo del DECE: mediación escolar, reuniones restaurativas
y reuniones de grupo familiar.
• En caso de ser necesario, la autoridad educativa y la
coordinación del DECE, en conjunto con el Departamento
jurídico de la Dirección Distrital de Educación, deben apoyar
en las investigaciones llevadas a cabo por las instancias
externas de justicia.
• La autoridad educativa debe garantizar que se implemente
cualquier medida de protección dictaminada para la víctima
al interior de la institución educativa, con el fin de garantizar
la debida protección que esta persona requiera.
• El personal del DECE a cargo del caso debe estar atento a la
evolución académica, física, emocional y/o social del niño, niña o
adolescente, dentro y fuera de la institución educativa tanto
de la persona agresora como de la persona agredida. Las
entrevistas de seguimiento podrán realizarse con la estudiante o el
estudiante, docentes y familiares o con la entidad externa a la que
asiste la persona, con el fin de garantizar una adecuada atención
integral. Dicha información debe ingresarse en el expediente del
niño, niña o adolescente creado en el portal Educar Ecuador.
• En casos de que la estudiante o el estudiante agresor se
encuentre privado de libertad, la División Distrital de Apoyo,
Seguimiento y Regulación Educativa (ASRE), a través del
equipo del DECE o docente tutor y autoridad educativa, en
coordinación con los familiares o representantes legales, debe

garantizar que ese estudiante se mantenga en el ciclo
académico, a través de tutorías.
d. Protocolo de actuación ante casos de violencia
de estudiantes o madres, padres de familia y/o
representantes legales detectada o cometida
hacia personal de la institución educativa
Detección
• Si cualquier persona de la comunidad educativa conoce algún
hecho de violencia cometido por estudiantes, padres o madres
de familia, representantes legales u otros familiares de estudiantes
a personas de la comunidad educativa, este hecho se debe
comunicar a la máxima autoridad institucional y al equipo del
DECE para levantar el respectivo informe y poner en conocimiento
de la JDRC o de las instancias de justicia pertinentes.
Intervención
• En caso de que el agresor sea un estudiante, el inspector,
docente tutor o el personal del DECE debe levantar información
sobre lo sucedido, que servirá como base para la definición del
tipo de falta cometida si fuera el caso.
• A su vez, la autoridad institucional debe tomar contacto con sus
familiares o representantes legales para informar de lo sucedido
y sobre las medidas disciplinarias que se van a tomar desde
el sistema educativo, tomando en consideración el RLOEI,
el Código de convivencia, y el Acuerdo Ministerial nº 434-12
sobre solución de conflictos.
• Frente a la aplicación de medidas educativas disciplinarias
a los niños, niñas o adolescentes agresores, las autoridades
deben informar a los familiares que se puede apelar ante la
Dirección Distrital respecto al dictamen impuesto por la
institución educativa en el caso de faltas graves, y ante la
máxima autoridad del Nivel Zonal respecto al dictamen impuesto
por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el caso de
faltas muy graves, en un plazo de tres días a partir de la
recepción de la notificación.
• El equipo del DECE puede aplicar medidas alternativas de
resolución de conflictos, siguiendo el Acuerdo No. 434-12.

Estas medidas pueden ser círculos restaurativos, reuniones
restaurativas, reuniones de grupo familiar o mediación escolar.
• En caso de que el agresor sea el estudiante, el equipo del
DECE debe realizar una valoración integral de la situación socio
familiar del estudiante agresor o agresora y, de acuerdo con la
información obtenida, debe planificar una estrategia de
intervención siguiendo los lineamientos establecidos en el
Modelo de funcionamiento de los Departamentos de Consejería
Estudiantil que favorezca la reflexión del hecho de violencia, la
adquisición de compromisos familiares y el desarrollo de
habilidades pacíficas de resolución de conflictos.
• En caso de que la persona agresora sea la madre, padre de
familia y/o el representante legal o cualquier familiar, el personal
docente, autoridad o personal administrativo agredido, puede
denunciar el hecho cometido a las instancias de justicia
pertinentes para que estas realicen los informes periciales
necesarios y se establezca las respectivas medidas de
protección de forma inmediata, más aún si existe violencia
psicológica o intimidación hacia la persona o miembros de la
familia. Este procedimiento no impide que paralelamente se
lleven a cabo medidas alternativas de resolución de conflictos,
como podría ser una reunión restaurativa.
• El personal docente, autoridad o personal administrativo
agredido puede poner en conocimiento la situación de violencia
a la Dirección Distrital de Educación por medio de una copia
de la denuncia realizada.
• Es importante que cuando este tipo de situaciones violentas
sucedan en una institución educativa, se lleven a cabo círculos
restaurativos, tanto con estudiantes como con el personal del
centro educativo afectado, dirigidos a reflexionar sobre lo
ocurrido y elaborar propuestas dirigidas a evitar que este tipo
de situaciones de violencia vuelvan a ocurrir.
Derivación
En casos específicos en donde la situación de violencia haya provo-
cado una emergencia médica, se deben tomar en cuenta los siguien-
tes aspectos:

• Cualquier miembro de la institución educativa puede acompañar
a la persona agredida al establecimiento de salud más cercano,
previa notificación a su familia si fuese necesario.
• El equipo médico debe aplicar el respectivo protocolo para la
atención del caso, siendo importante solicitar un parte sobre las
lesiones encontradas.
• En casos específicos donde la situación de violencia no haya
provocado una emergencia médica, la persona agredida puede
poner la denuncia en las Unidades Judiciales o en Fiscalía en
un tiempo máximo de 24 horas tras el hecho ocurrido, tomando
en consideración la modalidad de violencia. Dichas instancias
deben iniciar el respectivo proceso de investigación y deben
disponer las medidas de protección inmediatas para la víctima.
• En caso de que la persona agresora sea estudiante, la
autoridad educativa o la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos de ser el caso, dictaminará la medida educativa
disciplinaria que debe aplicarse, conforme lo establece el
Código de Convivencia y el reglamento a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural.
Seguimiento
• En el caso de que la persona agresora sea estudiante, el equipo
del DECE a cargo del caso, debe estar atento a la evolución
académica, física, emocional y/o social del niño, niña o
adolescente, dentro y fuera de la institución educativa. Las
entrevistas de seguimiento podrán realizarse con el estudiante
o la estudiante, docentes y familiares o con la entidad externa a
la que asiste la persona, con el fin de garantizar una adecuada
atención integral. Dicha información debe ingresarse en el
expediente del niño, niña o adolescente creado en el portal
Educar Ecuador.
• La Junta Distrital de Resolución de Conflictos (JDRC) debe
garantizar la permanencia del estudiante o de la estudiante en el
sistema educativo y cumplir con las demás responsabilidades
establecidas en el Reglamento General a la LOEI.

105GLOSARIO
DE TÉRMINOS
Constitución: Norma Jurídica obligatoria para todo el país que rige
a los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas y a quienes viven en
nuestro país; se encuentra por encima de toda la legislación del país.
Toda ley, política pública o actuaciones en general deben cumplir
con los mandatos de este cuerpo normativo.
Código Orgánico Integral Penal (COIP): conjunto sistematizado
y organizado de normas jurídicas de carácter punitivo; compendio
legislativo que establece delitos y penas en el sistema penal ecuato-
riano. Fue publicado en el Registro Oficial N. 180 el 10 de febrero del
2014.
Confidencialidad (principio de reserva): derecho que tiene toda
persona a su privacidad y dignidad; implica que debe ser consultada
y que se debe contar con su consentimiento informado que autorice
la divulgación de hechos o relatos personales y privados que afecten
o involucren a su familia y entorno. En el caso de niños, niñas y ado-
lescentes, es particularmente sensible este aspecto dada la progre-
sividad con que se da el ejercicio de sus derechos y por las razones
obvias de su edad y ciclos de desarrollo. La confidencialidad busca
también garantizar que la información sea accesible únicamente pa-
ra el personal autorizado por seguridad de la víctima, sus familiares,
allegados y del proceso. Los miembros de la institución educativa
(sobre todo del DECE) deben estar atentos a que no se divulguen da-
tos, relatos o detalles privados de los niños, niñas y adolescentes a
personas no asignadas oficialmente para el manejo o tratamiento de
dicha información.

Contención emocional: procedimiento terapéutico encaminado
a tranquilizar y estabilizar a la persona, permitiendo la expresión
de emociones.
Contravención: infracción menos grave que las de carácter penal;
produce una incapacidad física o imposibilidad de trabajar de hasta
tres días y se sanciona hasta con treinta días de prisión.
Delito: infracción grave de carácter penal, que produce una incapa-
cidad física para el trabajo de más de tres días y conlleva penas pri-
vativas de libertad de más de treinta días.
Denuncia: acto por el cual se pone en conocimiento de la autori-
dad, sea por escrito o verbalmente, un acto contrario a las leyes, pa-
ra que proceda a investigar y sancionar a la persona agresora.
Detección: reconocimiento o identificación de una posible situación
de violencia y/o violencia sexual.
Devolución: proceso por el cual, una vez receptada la información
y verbalización de la víctima, se procede a entregarle de vuelta un
compendio respecto a su situación, tanto clínica como de vulnera-
ción de derechos.
Distorsiones cognitivas: pensamientos irracionales o ilógicos fre-
cuentemente basados en un error de interpretación de situaciones.
Por ejemplo, explicaciones prejuiciosas (“porque ella lo buscó con
su forma de vestimenta”), sobre generalizaciones (“todo”, “siempre”,
“nunca”, personalización (“eso lo dicen por mí”), entre otros.
Entrevista: técnica de recopilación de información (relato y com-
probación de hechos, circunstancias, opiniones) para la obtención
de datos relevantes y significativos sobre un tema puntual y que con-
siste en un acto de comunicación interpersonal (diálogo) entre un/a
profesional (evaluador/a) y una persona entrevistada.
Estereotipo: idea o visión estructurada y preconcebida, y generali-
zada respecto a las características o atributos que un individuo o
grupo humano particular presumiblemente posee.
Expediente: son los documentos, pruebas o antecedentes relacio-
nados con un caso.
Homofobia: rechazo, repudio o discriminación social de forma sis-
temática hacia personas homosexuales o bisexuales.

107GLOSARIO
DE TÉRMINOS
IE: Institución Educativa
Infracción penal: denominación genérica que incluye a las contra-
venciones y a los delitos en materia penal.
Inimputabilidad/Inimputable: Condición que establece la no res-
ponsabilidad penal de un ilícito que pudo cometer un menor o una
menor, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o
sus consecuencias.
JDRC: Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
Justicia restaurativa: paradigma de justicia cuyo objetivo principal
es la reparación de la víctima y de la comunidad y la reinserción del
ofensor u ofensora. En su aspecto práctico, son procesos en los que
la víctima, la persona agraviante y las otras personas afectadas por el
delito participan conjuntamente en la resolución del conflicto genera-
do, con la ayuda de una parte mediadora o facilitadora imparcial.
LGBTI: siglas que nombran los siguientes términos: Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transexuales, Travestis, Transgénero e Intersexua-
les. Estas siglas han sido utilizadas por los colectivos de personas
con orientaciones e identidades sexuales diversas para reivindicar
sus derechos, como signo de auto identificación.
Machismo: conjunto de ideas, prácticas y comportamientos que
son ofensivos, violentos y discriminatorios contra el género femeni-
no; por tanto, es un tipo de violencia que discrimina a la mujer o, in-
cluso, a las personas con identidades sexuales y orientaciones se-
xuales diversas.
Mediación escolar: proceso restaurativo en el que la víctima y la
persona agresora se implican activamente en la resolución del con-
flicto generado por el delito, con la ayuda de una parte mediadora
imparcial, que puede ser un/a estudiante o adulto (poer ejemplo, per-
sonal docente, personal directivo o personal del DECE).
Medida de protección: disposición que puede ordenar una autori-
dad legalmente autorizada para proteger a un niño, niña o adoles-
cente que ha sido vulnerado en sus derechos. Incluye también la re-
misión de la víctima a instancias que le brinden el apoyo psicológico
y social necesario.
NNA: Niño, Niña o Adolescente.

Prácticas restaurativas: de acuerdo con el Manual sobre Progra-
mas de Justicia Restaurativa (ONU, 2006) los procesos restaurativos
son aquellos en los que la víctima y la persona agresora y, cuando
sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad
afectada por un delito, participan en conjunto de manera activa para
la resolución de los asuntos derivados del mismo, generalmente con
la ayuda de una persona facilitadora. El Instituto Internacional de
Prácticas Restaurativas (IIRP) diferencia entre prácticas restaurativas
y justicia restaurativa, pues se entiende la justicia restaurativa como
un subgrupo de prácticas restaurativas que actúa, mediante res-
puestas formales o informales, una vez ocasionado un delito, esto
es, siempre de manera reactiva. Mientras que las prácticas restaura-
tivas, en su conjunto, pueden anticiparse al delito o a conductas no
deseadas, para prevenirlas, forjando proactivamente las relaciones y
creando o fortaleciendo el sentimiento comunitario (Wachtel, 2012).
Revictimización: proceso (intencional o no intencional) por el cual
se solicita a la víctima que explique varias veces lo sucedido, afec-
tando su dignidad y su sentido de privacidad. La revictimización
puede darse de diferentes maneras: rememoración del hecho de vio-
lencia, repetición de interrogatorios, múltiples valoraciones o exáme-
nes, divulgación del hecho a los medios. Usualmente se da a partir
de la intención de hacer que el niño, niña o adolescente mantenga su
versión o historia sobre la situación experimentada, como parte del
proceso de investigación. No obstante, por un desconocimiento de
los procesos psicológicos que experimenta la víctima, tanto como
por la presión psicológica que vive, estas acciones suelen derivar en
deformaciones respecto al hecho acontecido que terminan por en-
torpecer el proceso legal general.
Transfobia: aversión, rechazo y discriminación sistemática hacia
personas transexuales o transgénero.
UPC: Unidad de Policía Comunitaria
Víctima: para efectos del presente documento, referirá a toda perso-
na, niño, niña o adolescente que haya sufrido un hecho de violencia.

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119ANEXOS
Anexo 1: Marco legal
a. Normativa internacional
En el ámbito internacional, el Estado ecuatoriano se ha comprometido a
implementar acciones en contra de la violencia infantil, intrafamiliar y de
género.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ecua-
dor el 23 de marzo de 1990, señala en el artículo 3, numeral 1: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públi-
cas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades admi-
nistrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”. En el numeral 3 del mismo
artículo: “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, ser-
vicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los
niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competen-
tes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y compe-
tencia de su personal, así como en relación con la existencia de una su-
pervisión adecuada”.
En el numeral 1 del artículo 19 del mismo instrumento internacional se
establece: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislati-
vas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de perjuicio o abuso sexual o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un repre-
sentante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. El
numeral 2 señala: “Esas medidas de protección deberían comprender,

según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al
niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención
y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investiga-
ción, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de
malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.
En su artículo 39 señala que “Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica
y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación, incluido el abuso; tortura u otra forma de tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa
recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fo-
mente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.
En el artículo 34 la convención señala que “Los Estados Partes se com-
prometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y
abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular,
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir:
a. La incitación o la coacción para que un/a niño/a se dedique a cual-
quier actividad sexual illegal
b. La explotación del/de la niño/a en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;
c. La explotación del/de la niño/a en espectáculos o materiales porno-
gráficos”.
A su vez, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, en el
numeral 18, establece que “[…] los derechos humanos de la mujer y de
la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos hu-
manos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad,
de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los
planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios
de la comunidad internacional. La violencia y todas las formas de acoso
y explotación sexual, en particular las derivadas de prejuicios culturales
y de la trata internacional de personas son incompatibles con la digni-
dad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. Esto pue-
de lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y
cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económi-
co y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el
apoyo social.”

121ANEXOS
Por su parte la Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a
los gobiernos, a las instituciones intergubernamentales y a las organiza-
ciones no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos en favor
de la protección y promoción de los derechos humanos de la mujer
y de la niña.
b. Normativa nacional
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su artículo 2, men-
ciona que la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguien-
tes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, concep-
tuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y
actividades en el ámbito educativo: “j) Garantizar el derecho de las per-
sonas a una educación libre de violencia de género, que promueva la
coeducación”. En el literal k) del mismo artículo, respecto a la aplicación
del enfoque de derechos, se señala que “la acción, práctica y contenidos
educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La
educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanis-
mos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento
y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad
social, cultural e igualdad de género”. En su artículo 3, literal m), sobre
los fines de la educación señala que “La protección y el apoyo a las y los
estudiantes en casos de violencia, maltrato, explotación sexual y de
cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, derechos y me-
canismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia
que permita o provoque tales situaciones”.
Asimismo, de los principios y fines establecidos en esta Ley se encuen-
tra […] h) “Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educa-
tivo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integran-
tes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las y
los estudiantes”.
El artículo 7, literal i), señala que los estudiantes tienen entre sus dere-
chos: “Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones
educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones
competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o garan-
tías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la
dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; ejercer su
derecho a la protección”.
De igual manera en el artículo 8, literal l), correspondiente a las obligacio-
nes de los estudiantes, se determina: “Denunciar ante las autoridades e
instituciones competentes todo acto de violación de sus derechos y ac-
tos de corrupción, cometidos por y en contra de una integrante de la co-
munidad educativa”.

En cuanto a los padres, madres y/o representantes legales de los estu-
diantes, el artículo 13, literal k, indica la siguiente obligación: “Contribuir
y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y
garantías constitucionales”.
El artículo 14, sobre la exigibilidad, la restitución y la protección, dice: “
sin perjuicio de la obligación de denunciar por parte de quien en la co-
munidad educativa tuviere conocimiento del hecho cuyas característi-
cas hagan presumir la existencia de amenaza o afectación, la Junta Dis-
trital Intercultural de Resolución de Conflictos denunciará ante la
autoridad judicial respectiva y remitirá a las autoridades competentes
para que se dicten las medidas de protección de derechos que corres-
ponda por su incumplimiento”.
En el artículo 18, correspondiente a las obligaciones de los miembros de
la comunidad, se estipula: “Respetar y proteger la integridad física, psi-
cológica y sexual de las y los estudiantes y en general de todos los miem-
bros de la comunidad”.
El artículo 132, sobre las prohibiciones a los representantes legales, di-
rectivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones edu-
cativas, se señala: “Cometer infracciones de acoso, abuso, violencia se-
xual u otros delitos sexuales”; “Incumplir la obligación de denunciar a las
autoridades jurisdiccionales correspondientes los casos de acoso, abu-
so, violencia sexual u otros delitos sexuales cometidos por funcionarios
educativos en contra de los estudiantes. La omisión injustificada de esta
obligación dará lugar a la destitución”; e “Incumplir o permitir que se in-
cumplan las medidas de protección de derechos dictadas por las autori-
dades competentes para la protección de derechos”.
Adicionalmente, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Edu-
cación Intercultural (RLOEI) indica en su artículo 61: “Con el objeto de
facilitar acciones de derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y
actualización, supervisión y control, el Departamento de Consejería Es-
tudiantil debe articular una red interinstitucional con las Consejerías Es-
tudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección
Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y la Ado-
lescencia, los Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defen-
soría del Pueblo, los Ministerios de Salud, de Inclusión, de Relaciones
Laborales y de Deportes, y otros organismos de la sociedad civil”.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 11 del mani-
fiesta lo siguiente: “En todo proceso penal, la víctima de las infracciones
gozará de los siguientes derechos:

123ANEXOS
1. A proponer acusación particular, a no participar en el proceso o a de-
jar de hacerlo en cualquier momento, de conformidad con las normas
de este Código. En ningún caso se obligará a la víctima a comparecer.
2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los da-
ños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad
de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la indemni-
zación, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción
del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional
que se justifique en cada caso.
3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes
del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización.
4. A la protección especial, resguardando su intimidad y seguridad,
así como la de sus familiares y sus testigos.
5. A no ser re victimizada, particularmente en la obtención y valoración
de las pruebas, incluida su versión. Se la protegerá de cualquier
amenaza u otras formas de intimidación y, para el efecto, se podrán
utilizar medios tecnológicos.
6. A ser asistida por un defensor público o privado antes y durante la
investigación, en las diferentes etapas del proceso y en lo relaciona-
do con la reparación integral.
7. A ser asistida gratuitamente por una o un traductor o intérprete, si
no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el proce-
dimiento, así como a recibir asistencia especializada.
8. A ingresar al Sistema nacional de protección y asistencia de vícti-
mas, testigos y otros participantes del proceso penal, de acuerdo
con las disposiciones de este Código y la ley.
9. A recibir asistencia integral de profesionales adecuados de acuerdo
con sus necesidades durante el proceso penal.
10. A ser informada por la o el fiscal de la investigación pre procesal
y de la instrucción.
11. A ser informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso,
del resultado final, en su domicilio si se lo conoce.
12. A ser tratada en condiciones de igualdad y cuando amerite, aplicar
medidas de acción afirmativa que garanticen una investigación, pro-
ceso y reparación, en relación con su dignidad humana.

Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su
estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones
humanitarias y personales, de acuerdo con las condiciones del Sistema
nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros partici-
pantes del proceso penal”.
En el artículo 422 del mismo código se señala que “Deberán denunciar quie-
nes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley, en especial:
1. La o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conoz-
ca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la ad-
ministración pública.
2. Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos
o privados, que conozcan de la comisión de un presunto delito.
3. Las o los directores, educadores u otras personas responsables
de instituciones educativas, por presuntos delitos cometidos en
dichos centros”.
Finalmente, el artículo 277, sobre la omisión de denuncia, indica que: “la
persona en calidad de servidor público y en función de su cargo, conoz-
ca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga in-
mediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con
pena privativa de libertad de quince a treinta días.”
El Código de la Niñez y la Adolescencia busca disponer la protec-
ción integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a to-
dos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de
lograr su desarrollo integral, el disfrute y gozo pleno de sus derechos, en
un marco de libertad, dignidad y equidad. En su artículo 8 establece que
“Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos
ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, le-
gislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigen-
cia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad
de los derechos de niños; niñas y adolescentes.
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales
y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma
estable, permanente y oportuna”.
Es importante mencionar que, considerando que tanto los marcos lega-
les como los sistemas de información y estadísticas nacionales emplean
el término de maltrato para el caso situaciones que implican violencia de
adultos contra niños, niñas y adolescentes, en esta guía se utilizarán am-
bos términos indistintamente para abordar situaciones de vulneración de
derechos contra niños, niñas y adolescentes.

INFORME DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DETECTADAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Institución educativa:
Informe Nº: Fecha:
Nombre de profesional DECE que maneja el caso:
1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DEL O DE LA ESTUDIANTE
Apellidos y nombres:
Fecha de nacimiento: Día: Mes: Año:
Edad:
2. DATOS GENERALES DE LA MADRE, PADRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y apellidos:
Vínculo entre la persona y el/la estudiante:
Dirección del domilicio:
Teléfono de contacto:
3. ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y/O FAMILIARES (Breve explicación de la configuración familiar; identificando
posibles factores de riesgo)
Anexo 2: Formato para elaborar el informe de hecho de violencia

4. DATOS SOBRE LA PRESUNTA SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Fecha y lugar en el que ocurrió la situación de violencia:
Día: mes: año:
Lugar:
Nombre y apellidos del/de la presunto/a agresor/a:
Tipo de relación con la víctima:
5. TIPO DE VIOLENCIA IDENTIFICADA
Física Psicológica Sexual Negligencia
6. MODALIDAD DE VIOLENCIA IDENTIFICADA
Intrafamiliar Institucional Acoso escolar Violencia Estudiante-Adulto
Otras
7. DATOS DE LA PERSONA QUE REFIERE EL CASO
Nombres y apellidos:
Cédula identidad:
Cargo:
(Resuma brevemente lo expresado por la persona que deriva el caso)

8. ENTREVISTA* (Resuma brevemente lo expresado por el/la estudiante, de manera objetiva)
Artículo 78 de la Constitución de la República: “Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial, se les garantizará
su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas
de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los
hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”.
9. OBSERVACIONES
Nombres y apellidos personal DECE
Firma personal DECE
Nombres y apellidos de la autoridad de la IE
Firma de la autoridad educativa
La presente información deberá ser ingresada en el expediente del niño, niña o adolescente habilitado en el módulo del DECE del
portal Educar Ecuador. 1
* Recuerde que en casos de violencia sexual, no se debe realizar una entrevista. Lo anotado en este apartado será lo que libre-
mente haya verbalizado la víctima del hecho de violencia o lo reportado por la persona que refiere el caso.

Lugar: Fecha(dd/mm/aaaa):
Tipodederivación:InternaExterna
DATOSINSTITUCIONALES
Nombredelainstitucióneducativa:
Direcciónynúmerotelefónicodeinstitución:
Datospersonalesdequienderiva:
Cargoqueocupalapersonaquederiva:
INSTITUCIÓNEXTERNA
UnidadesespecializadasdelaPolicíaNacionalFiscalíaEstablecimientosdesaludpúblicosDirecciónDistritaldeEducación
JuntasdeProteccióndeDerechosUnidadesJudicialesEstablecimientosdesaludprivadosUDAI
Otros(indiquecuál):
DATOSPERSONALESDELAPERSONADERIVADA
Tipodederivación:InternaExterna
ApellidosyNombrescompletos:
Edad: Añoquecursa: Fechadenacimiento(dd/mm/aaaa): Sexo:
Direccióndomiciliaria:Númerotelefónico:
Nombredelpadre: Nombredelamadre:
VALORACIÓNDELCASO
Motivodereferencia:
Historiadelasituaciónactualyantecedentesfamiliares,socialesyacadémicos(brevedescripcióndelahistoriadelaproblemática)
Accionesdesarrolladas:
Observaciones:
Nombreyfirma:
ElpresenteformatoconstaenelModelodeFuncionamientodelosDECEemitidomedianteAcuerdo00046-A
Anexo 3: Formato para elaborar el informe de derivación

Anexo 4: Formato para elaborar el registro de sesión y seguimiento:
individual, familiar, grupal/comunitaria e institucional
Nombredel/delaestudiante:
Añoyparalelo:
Dificultaddetectada:
NombredelpersonalDECEqueloatiende:
Fechadeiniciodelplandeintervención:
FechaÁreastrabajadasActividadesplanificadasMaterialesautilizarObservacionesAvances
*ElpresenteformatoconstaenelModelodeFuncionamientodelosDECEemitidomedianteAcuerdo00046-A

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