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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE ÁREAS RECREATIVAS EN LA COMUNIDAD…

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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE ÁREAS RECREATIVAS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
NURIA E. LÓPEZ HERNÁNDEZ* Y ALEJANDRO TRIVIÑO PÉREZ**
Recibido: 15-2-04. Aceptado: 5-4-04. BIBLID [0210-5462 (2004-1); 34: 163-178].

PALABRAS CLAVE: Áreas recreativas, planificación territorial, desarrollo turístico sostenible, capacidad de carga, Comunidad Valenciana.
KEY WORDS: Recreational areas, land planning, sustainable tourism development, carrying capacity, Region of Valencia.
MOTS-CLEFS: Équipements récréatifs, aménagement territorial, tourisme durable, capacité de charge, Région de Valence.

RESUMEN
El uso recreativo de espacios de interés ecológico-paisajístico se ha incrementado notablemente en los últimos años generando una afluencia masiva de visitantes que hace peligrar su
conservación. Desde la década de los setenta la administración forestal ha creado áreas recreativas con el objeto de minimizar los impactos provocados por un acceso desordenado, así como
para evitar la progresiva reducción del grado de satisfacción de los visitantes. En la Comunidad
Valenciana la gestión de estas áreas de esparcimiento recae en última instancia en los municipios, que pueden tomar la iniciativa para crearlas y de este modo intervenir en la conservación
y mejora del medio ambiente local. Esto constituye un interesante acicate para potenciar demandas turísticas de calidad y contribuye a afianzar posiciones de mercado más competitivas.
En este artículo planteamos algunos criterios para la gestión ambiental de las áreas recreativas
bajo los principios de la sostenibilidad.

ABSTRACT
The recreational use of areas that are of ecological and landscape interest has significantly
increased over the past few years, bringing about a huge flow of visitors that are endangering its
preservation. Since the 1970s, the forest administration has created recreational areas with the
aim to reduce the impact of unorganised access and avoid a drop in visitor satisfaction. In the
Region of Valencia, these recreational areas are managed by the local administration, which
may decide to intervene in environmental preservation and improvement. This constitutes an

* Instituto Universitario de Geografía. Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig,
Ap. 99, 03080, Alicante. E-mail: n.lopez@ua.es
** Instituto Universitario de Geografía. Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig,
Ap. 99, 03080, Alicante. E-mail: alejandro.trivino@ua.es Instituto de Ecología Litoral. C/ Jacinto Benavente
21, 03560, El Campello (Alicante).
Cuadernos Geográficos, 34 (2004-1), 163-178

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NURIA E. LÓPEZ HERNÁNDEZ y ALEJANDRO TRIVIÑO PÉREZ

interesting incentive to boost high-quality tourist demands and helps reinforce more competitive
market positions. In this paper, we present a number of criteria for the environmental management of recreational areas under sustainability principles.

RÉSUMÉ
L’utilisation récréative d’espaces d’intérêt écologique et paysagiste est augmentée considérablement dans les dernières années en provocant une affluence massive de visiteurs qui
mettent en danger leur conservation. Dès années soixante-dix que l’administration forestière a
crée des aires de récréation avec le but de minimiser les impacts provoqués par un accès sans
ordre et d’éviter la progressive réduction du degré de satisfaction des visiteurs. Dans la Région
de Valence, les municipalités ont la compétence de gérer ces aires de récréation, laquelle permet
leur création pour conserver et améliorer l’environnement local. Ce fait constitue une possibilité
intéressante pour promouvoir demandes touristiques de qualité et renforcer positions de marché
plus compétitives. Dans cet article, nous présentons certains critères pour la gestion des équipements récréatifs du point de vue des principes du tourisme durable.

1.

INTRODUCCIÓN

En la década de los ochenta, la concepción sobre el uso público de los espacios
de interés ecológico-paisajístico, sobre todo los terrenos forestales, se centraba en
los aprovechamientos dasonómicos, la interpretación de la naturaleza y la educación
ambiental, ampliándose recientemente con la aparición de nuevas funciones relacionadas con la recreación y el turismo. Este enriquecimiento conceptual revaloriza aún
más la dimensión económica y sociocultural de unos espacios que se suelen localizar en el medio rural. Las áreas naturales que no cuentan con figuras de protección,
con la planificación adecuada se pueden transformar en productos turísticos que
ayudan a cualificar y diversificar la oferta tanto a nivel regional como comarcal y
municipal. Esta transformación es conveniente desde el punto de vista de la competitividad en la mayoría de los destinos turísticos consolidados; aunque también plantea cuestiones complejas de ordenación territorial debido al notable incremento del
número de visitantes que los frecuentan. Por consiguiente, junto al aumento de la
demanda surgen planteamientos sobre la necesidad de implementar nuevas fórmulas
de planificación territorial y ambiental acordes con los principios que rigen la sostenibilidad. La gestión sostenible de las áreas recreativas, entendidas como la infraestructura básica que canaliza este tipo de demandas, requiere de mecanismos de
articulación institucional que eviten posicionamientos sectoriales y que permitan la
inserción armoniosa del turismo en el paisaje. Es preciso que la administración
emplee un enfoque integral que reafirme el sentido multifuncional de estos espacios,
valorando simultáneamente su naturaleza física, social y económica. En España, la
administración forestal es la encargada de gestionar los montes y los equipamientos
con funciones turístico-recreativas que en ellos se localizan. Esta situación es fruto
de la labor desarrollada por el desaparecido Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), que para reducir los efectos perniciosos de las prácticas recreativas


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al aire libre, creó medio millar de áreas recreativas en todo el territorio nacional
durante los años setenta. La Estrategia Forestal Española publicada en el año 2000
por el Ministerio de Medio Ambiente ha asentado el nuevo marco operativo de la
política forestal, insertándola en el contexto del desarrollo sostenible y reconociendo que la multifuncionalidad de los montes no estaba lo suficientemente desarrollada en la legislación.

1.1. La oferta recreativa en la Comunidad Valenciana
La Administración del Estado, a través del ICONA, inicia a principios de los
setenta la construcción de áreas recreativas con el objeto de reducir los impactos
ocasionados por la frecuentación masiva de espacios ecológicamente frágiles. Se trataba de instalaciones con graves problemas de gestión derivados de un claro desacoplamiento entre la escala institucional y la territorial. La transferencia a las comunidades
autónomas de las competencias en materia forestal, trae consigo la ulterior aprobación
de la Ley 3/93, Forestal de la Comunidad Valenciana, a fin de conciliar las demandas
planteadas por la sociedad con las funciones ecológicas, productivas y terciarias de los
montes, siendo la primera norma en legislar sobre el uso recreativo de los terrenos
forestales. Hay que esperar al Decreto 233/94 para disponer de los criterios y condiciones que actualmente rigen la creación y el uso de las instalaciones recreativas
valencianas, quedando excluidos de este ámbito de aplicación los campamentos de
turismo regulados por el Decreto 63/86. En la citada resolución, las instalaciones
recreativas se clasifican en cuatro tipos: áreas recreativas, zonas de acampada autorizada, refugios o cabañas, y acampadas itinerantes. Éstas configuran la infraestructura
regional encargada de canalizar los flujos de un segmento de mercado que busca el
contacto con la naturaleza.
En 1990, la Comunidad Valenciana contaba con 196 instalaciones recreativas que
se desglosaban de la siguiente manera: 89 áreas recreativas, 48 zonas de acampada, 45
refugios y 14 campamentos (MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2002). Esta
cantidad suponía el 8% del total nacional, ocupando el cuarto lugar del ranking por
regiones, sólo por debajo de La Rioja, Murcia y Castilla y León. En la actualidad, la
oferta es de 342 instalaciones con una capacidad para 29.407 personas. Atendiendo a
la clasificación del Decreto 233/94, destacan sobremanera las áreas recreativas con el
52% de la capacidad total. Las áreas de acampada controlada suponen el 39% mientras que el 8% restante se distribuye a partes iguales entre los refugios y las zonas de
acampada de carácter educativo y social. Por provincias, Valencia cuenta con el mayor
número de instalaciones, en concreto 227 con una capacidad para 21.834 personas. Le
sigue Alicante, que aunque tiene más instalaciones que Castellón, 66 frente a 49, su
capacidad es inferior en 245 personas. Según estudios realizados por la Conselleria de
Medio Ambiente (2002a) en el marco del Plan General de Ordenación Forestal, esta
infraestructura, con capacidad para algo menos de 30.000 personas, tiene que acoger
una afluencia anual de 1,8 millones de visitantes.

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Gráfico 1. Distribución de las instalaciones recreativas en la Comunidad Valenciana

Castellón
49
Alicante
66

Valencia
227

Fuente: Conselleria de Medio Ambiente (2002a).

Gráfico 2. Capacidad de las instalaciones recreativas de la Comunidad Valenciana

Castellón
3.909

Alicante
3.664
Valencia
21.834

Fuente: Conselleria de Medio Ambiente (2002a).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. El medio físico (altimetría) en la comunidad valenciana

Fuente: Conselleria de Medio Ambiente (2002b).

Figura 2. Número de instalaciones recreativas por municipios


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Figura 3. Renta anual generada por las instalaciones recretativas


Figura 4. Gasto medio por persona y visita

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Las áreas recreativas se localizan principalmente en los espacios montanos del
interior de la comunidad, los mejor valorados para el disfrute de la naturaleza por la
calidad del paisaje y por la posibilidad de practicar actividades de ocio activo. La
mayor concentración aparece en las comarcas de Los Serranos (46), La Plana de
Utiel-Requena (18), La Vall d’Albaida (16), El Alto Palancia (15) y El Camp del Turia
(14). No es un hecho fortuito que las áreas recreativas de estas comarcas estén en el
área de influencia de la aglomeración urbana de Valencia, situándose a una distancia
euclidiana inferior a 100 km del centro de la capital y con fácil acceso a infraestructuras viarias de alta capacidad (p. ej. N-III y N-330). Precisamente, la planificación
del uso recreativo tiene que asumir el problema de la estacionalidad de la demanda,
provocada por la afluencia masiva en determinadas fechas del año de los visitantes
provenientes de las ciudades. La actividad asociada a flujos estacionales, desde una
perspectiva ambiental, es difícil de gestionar y la causante de fuertes impactos, al
superar periódicamente la capacidad de carga de los equipamientos recreativos. A esto
se le añade una contrapartida económica escasa, pues los datos obtenidos por la
Conselleria de Medio Ambiente (2002b) tras la aplicación del método de valoración
del contingente, demuestran que la renta generada por las áreas recreativas es pequeña
y directamente proporcional al número de visitantes. Así por ejemplo, el municipio de
Guardamar del Segura (Alicante) posee la renta anual más elevada de la comunidad,
superando el millón de euros, pero el gasto por visitante es similar al de municipios
con mucha menor afluencia. Esta situación es consecuencia de que los ingresos por
este concepto son prácticamente homogéneos en todos los municipios valencianos y
raramente se superan los 6 euros por persona y visita. La planificación sostenible se
presenta como una alternativa respetuosa con la sociedad y con el medio natural, que
puede incrementar la renta anual de los municipios manteniendo el flujo recreativo e
incentivando la presencia de turistas (visitantes que hacen uso de estas instalaciones
pero pernoctan en campamentos, casas rurales, etc.).

1.2. Las competencias autonómicas en materia forestal
La introducción de las preocupaciones medioambientales al texto constitucional y
la descentralización autonómica del Estado han provocado cambios substanciales en la
gestión ambiental de nuestro país. El artículo 148.1 de la Carta Magna establece que las
competencias en materia forestal pueden ser asumidas por las comunidades autónomas,
correspondiéndoles todo lo relacionado con la ordenación, gestión, aprovechamientos y
seguridad de los montes. En la Comunidad Valenciana la política forestal recae en la
Conselleria de Territorio y Vivienda, siendo habitual que a tenor de lo dispuesto por la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local y las medidas tomadas para el
desarrollo del Pacto Local, se deleguen determinadas funciones en los Ayuntamientos.
Esta Conselleria, creada tras las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 25
de mayo de 2003, es producto de la fusión de la Conselleria de Medio Ambiente con la
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. En la actualidad, los servicios
autonómicos para la ordenación de los recursos forestales dependen de la Dirección

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General de Gestión del Medio Natural, habiéndose creado un órgano consultivo denominado Consejo Forestal para informar sobre el Plan General de Ordenación Forestal, el
cual incluye un apartado específico sobre usos recreativos y turísticos.
La legislación autonómica ha desarrollado normas relacionadas con el uso público de espacios naturales que no cuentan con figuras de protección. La Ley 3/93, de 9
de diciembre, Forestal, así como el Decreto 98/95, de 16 de mayo, que desarrolla su
correspondiente reglamento, tienen por objeto establecer el régimen legal específico
de los montes o terrenos forestales, entendiendo como tales aquellos que ostentan
funciones ecológicas o reguladoras de la dinámica de la biosfera; la producción directa de bienes tangibles y mensurables; y en general, funciones que contribuyan a la
salud pública, mejora de las condiciones socioeconómicas de la zona o al ocio y
esparcimiento de los ciudadanos. De este modo, el capítulo V del título II de la Ley 3/
93 otorga a la administración forestal la facultad de regular la actividad recreativa y
educacional en los montes bajo el principio de conservación y protección de la naturaleza. Para la consecución de los objetivos previstos, se acuerda elaborar el Plan
General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana, que permitirá ordenar el
uso recreativo conjugándolo con los aprovechamientos dasonómicos. La demanda recreativa y, en ocasiones también la turística, se canaliza principalmente por medio de
las áreas recreativas, que según el Decreto 233/94, de 8 noviembre, son las ubicadas
en terrenos forestales debidamente acondicionadas y autorizadas para la realización de
actividades al aire libre en estancias de día, es decir, espacios de interés ecológicopaisajístico provistos de equipamientos (accesos, aparcamientos, fuentes, etc.) y pensados para favorecer el contacto con la naturaleza sin dañar el medio ambiente. La
pernoctación, más habitual ahora que en el pasado, es regulada por la Orden 20/00, de
29 de marzo, que consigna unos criterios para el uso de las instalaciones.

Figura 5. Normativa sobre instalaciones recreativas en la comunidad valenciana

Decreto 63/86, sobre ordenación de
campamentos de turismo
Ley 3/93, Forestal de la Comunidad
Valenciana

Decreto 233/94, del Gobierno Valenciano,
por el que se regulan las acampadas y el
uso de instalaciones recreativas en los
montes de la Comunidad Valenciana.

Orden 23/95, por la que se desarrolla el Decreto 233/1994, por el
que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas
en los montes de la Comunidad Valenciana y se crean las zonas de
acampada autorizada de carácter educativo o social.
Orden 20/00, por la que se desarrolla el Decreto 233/1994, por el
que se regulan las acampadas y el uso de instalaciones recreativas
en los montes de la Comunidad Valenciana.


2.

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PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

En la Comunidad Valenciana, la planificación de las áreas recreativas la realiza
directamente la Conselleria de Territorio y Vivienda, si bien en muchas ocasiones se
suscriben convenios con los Ayuntamientos y con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben una autorización de ocupación temporal. En el caso
concreto de Alicante, esta situación ha derivado hacia otra donde la Diputación Provincial las promueve, financia y construye, para posteriormente ceder su gestión a las
corporaciones locales que tienen medios económicos para mantenerlas. En este esquema operativo, se observa la importancia que tiene acoplar la escala institucional a la
territorial, comprometiendo a la administración más cercana, es decir, al Ayuntamiento, en la gestión de las instalaciones ubicadas en su término municipal. En cuanto al
sector privado, se puede afirmar que en los últimos años las infraestructuras recreativas han aumentado considerablemente, no en vano los incentivos económicos para
actividades ligadas al turismo rural han animado a la inversión particular. Así por
ejemplo, el programa LEADER de la Unión Europea ha destinado el 69% de la
inversión total, unos 18 millones de euros, a la promoción de albergues, camping y
casas rurales (CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, 2002a). Ya sea por iniciativa
pública o privada, según lo dispuesto en el Decreto 233/94, para crear un área recreativa es preceptivo solicitar una autorización a los servicios territoriales competentes en
la materia.
En la creación de un área recreativa es recomendable completar una serie de
etapas previas al proceso administrativo: programación, planificación y diseño pormenorizado. En la primera fase se evalúa la oferta y la demanda de estos equipamientos
a distintas escalas de análisis, proporcionando una idea sobre las acciones necesarias
para realizar el proyecto. Por su parte, la planificación consiste en plantear criterios de
ordenación y delimitar las zonas con aptitudes para el uso recreativo. En espacios
geográficamente complejos esta fase puede consumir bastante tiempo, aunque puede
reducirse empleando un Sistema de Información Geográfica (SIG). Por último, en la
fase de diseño se elaboran los planos de construcción y se especifican las contratas y
plazos de ejecución, es el momento de tomar medidas correctoras para minimizar el
impacto visual del equipamiento integrándolo en el paisaje. Entre los formularios y
documentos que deben presentarse a la administración para obtener la autorización de
apertura, destaca el acuerdo del órgano competente con la persona jurídico-pública
propietaria de los terrenos, o bien la conformidad del Ayuntamiento en el caso de que
éstos le pertenecieran. Otro requerimiento es una memoria descriptiva del área recreativa en la que se señalen, entre otras, las características de la misma, su situación
geográfica, la capacidad de acogida, los equipamientos disponibles, etc. En cuanto a
los riesgos, es obligatorio presentar un Plan de Protección Contra Incendios Forestales. Toda esta documentación debe ir acompañada de un plano de situación general a
escala 1:50.000, y otro con el emplazamiento del área recreativa a escala 1:1.000 o
inferior. La aprobación definitiva para construir el área recreativa corresponde a la D.
G. de Gestión del Medio Natural, previo informe de los servicios territoriales de la

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Figura 6. Procedimiento administrativo para la creación de un área recreativa
en la comunidad valenciana

CONSELLERIA TERRITORIO
Y VIVIENDA

AYUNTAMIENTO
Intención de crear
un área recreativa.

SOLICITITUD

Presentación de la documentación
exigida por la Conselleria.
RESPUESTA

Creación del área
recreativa.

AUTORIZACIÓN Evaluación positiva (prospera) o
negativa (no prospera) de la propuesta


Conselleria. Todas las autorizaciones se conceden para un período determinado, y se
pueden renovar o anular, dependiendo del estado de conservación y de los beneficios
o prejuicios ocasionados a la masa forestal circundante.

3.

LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS ÁREAS RECREATIVAS BAJO
LOS PRINCIPIOS DE LA SOSTENIBILIDAD

Las instalaciones recreativas, como parte integrante del sistema turístico, participan de todas y cada una de las dimensiones que dan sentido al territorio, a saber: la
dimensión ambiental, la dimensión sociocultural, la dimensión económica y la dimensión político-administrativa. Esta posición, propia del pensamiento sistémico, supera a
las concepciones antropocéntricas en las que el territorio no pasa de ser un agente
pasivo que actúa como mero soporte de la actividad económica. Percepciones de esta
índole subestiman la verdadera capacidad del territorio, el cual, desde un punto de
vista cualitativo, es en si mismo un recurso de enorme potencialidad que debe ser
planificado. La inclusión de los principios de la sostenibilidad en la gestión territorial
y ambiental fomenta el uso racional de los recursos disponibles y reduce las agresiones al medio ambiente. Su implementación en espacios de gran calidad ambiental y
paisajística favorece la creación de productos turísticos excelentemente valorados por
los visitantes, cualificando la oferta del destino, que gana en competitividad al ver
potenciada su imagen turística. El paradigma del desarrollo sostenible trasladado al
campo de las áreas recreativas tiene como objetivo primordial satisfacer a la demanda,
estimulando prácticas sociales que no perjudican a ninguna de las dimensiones que
conforman el territorio.
Como ya se ha visto en párrafos precedentes, el ordenamiento jurídico valenciano otorga a la D. G. de Gestión del Medio Natural la responsabilidad de tomar
medidas que aseguren la gestión multifuncional de los montes. Los criterios de


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conservación y protección de la naturaleza, presentes en la legislación, se ensamblan
con los principios de la sostenibilidad, impulsados a nivel institucional por el VI
programa de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (2001-2010).
Un marco de planificación que articula adecuadamente la escala territorial con la
institucional, son las Agendas Locales 21 (AL21), que tras la Cumbre de Río-92 se
han convertido en el instrumento de referencia para implementar políticas integrales
de desarrollo sostenible a escala municipal. Las AL21 ambicionan supervisar y
evaluar sistemáticamente la evolución del municipio, efectuando exámenes periódicos al estado de los recursos y previendo el escenario tendencial. En su haber
encontramos el interés por mejorar el proceso de toma de decisiones, tratando conjuntamente y a todos los niveles, los factores ambientales, económicos y sociales, lo
cual asegura la coherencia de las políticas sectoriales (MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, 1996). En las AL21 se emplea un enfoque en el que participa además
de la administración pública, los ciudadanos, los grupos de interés (asociaciones
ecologistas, cofradías de pescadores, etc.) y las empresas locales, identificando y
priorizando problemas, así como las causas que los originan, para de este modo
diseñar un Plan de Acción.
La sostenibilidad exige políticas de intervención en el crecimiento de la demanda, que no puede aumentar de forma indefinida, manteniéndose dentro de unos
límites soportables ecológicamente, viables económicamente, y equitativos desde
una perspectiva ética y social para las comunidades locales. Las AL21 constituyen
un proceso de planificación integral que requiere inexorablemente medir y cuantificar el medio ambiente, a fin de obtener datos que puedan ser tomados como
punto de partida para evaluar los problemas territoriales (HEWITT, 1998). Una vía
de trabajo que se ajusta a estas necesidades, siempre complejas, son los indicadores de sostenibilidad, construcciones científico-técnicas con un alto grado de representatividad diseñadas para el análisis de la actividad humana. Éstos reflejan
una realidad concreta de manera objetiva atendiendo a diferentes escalas espaciales y temporales para ser comparable y significativo. La capacidad de carga es un
indicador sintético, proveniente de la ecología, que aporta información indispensable para la explotación racional de los recursos ambientales. En este sentido,
puede ser empleada con resultados exitosos en la planificación de las áreas recreativas, de hecho, este umbral ha sido incluido en la memoria descriptiva que requiere la D. G. de Gestión del Medio Natural para dar la autorización de apertura. Con
todo, el principal problema radica en la estacionalidad, ya que a pesar de ser
equipamientos pensados para su utilización a lo largo de todo el año, la mayor
afluencia se produce durante la Pascua. Por consiguiente, una tarea prioritaria es
gestionar los flujos recreativo-turísticos para distribuir los visitantes sin provocar
impactos ambientales y facilitando el acceso a las instalaciones (BUENDÍA J. D.
Y COLINO J., 2001). Un Plan de Acción diseñado para garantizar la explotación
sostenible de los recursos forestales debe asumir unos factores de localización de
las áreas recreativas y un régimen de aprovechamientos que limitan su utilización.
Algunos de estos criterios de ordenación están dispersos pero disponibles en la
legislación existente.

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3.1. Régimen de Aprovechamientos
El uso recreativo-turístico de los recursos forestales ha de contemplar aprovechamientos acordes con las características del entorno geográfico. Entendemos como
capacidad de carga en la actividad turística el número máximo de personas que
pueden visitar al mismo tiempo un recurso turístico, sin causar daños en su entorno
físico-ecológico, sociocultural y económico, y sin provocar una inaceptable reducción en la satisfacción de los visitantes (PAP/RAC, 1997). Este concepto ha dado
lugar a diversas acepciones en función de la característica enfatizada (VERA et al.,
2001):
– Capacidad de carga física: Umbral a partir del cual aparecen problemas ambientales.
– Capacidad de carga social: Límite de tolerancia de la comunidad receptora.
– Capacidad de carga psicológica: Límite que establece el deterioro de la experiencia turística y la búsqueda de destinos alternativos.
– Capacidad de carga económica: Límite hasta el cual se puede integrar la actividad turística sin que se vean desplazadas el resto de actividades.
– Capacidad de carga institucional: Hace referencia a las posibilidades de la
administración pública para regular y controlar el crecimiento turístico.
El indicador de capacidad de carga, sobre todo la física y la psicológica,
enlaza con el régimen de aprovechamientos establecidos por la Ley Forestal 3/93.
El artículo 30 define los aprovechamientos forestales como «las maderas, leñas,
cortezas, pastos, frutos, resinas, plantas aromáticas, plantas medicinales, setas y
trufas, productos apícolas y, en general, los demás productos y subproductos propios de los montes». Con carácter genérico, todo aprovechamiento forestal, cualquiera que sea su naturaleza, requiere autorización administrativa. Sin embargo,
los usos que pueden ser catalogados de comunes están exentos de autorización o
conocimiento previo de la administración, bastando el consentimiento tácito del
propietario. A este respecto, conviene subrayar que las actividades recreativas no
son consideradas de tal manera dada su inherente peligrosidad, correspondiendo a
los servicios forestales su regulación, conservando y protegiendo el medio natural.
Así, pese a no estar exhaustivamente desarrollado, el Reglamento Forestal de la
Comunidad Valenciana indica que los usos recreativos están sujetos a las siguientes condiciones:
– Las acampadas deberán contar con la autorización del propietario del monte y
del órgano competente de la administración forestal.
– Se podrán fijar límites al tránsito de personas y vehículos.
– Se prohíben las actividades motorizadas realizadas campo a través, excepto en
los circuitos autorizados al efecto.
– Podrá prohibirse el uso de elementos o las actividades productoras de ruido.


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3.2. Factores de Localización
La aptitud de un espacio para albergar un área recreativa debe evaluarse considerando como mínimo la capacidad de carga física de los recursos forestales. En la fase
de planificación hay que evitar las zonas sensibles de alto valor ecológico-paisajístico,
ya que la frecuentación podría causar alteraciones irreparables en los ecosistemas. En
la Tabla 1 se recogen algunos de los factores que conviene considerar durante el
proceso de localización. Destaca la calidad del paisaje por su enorme capacidad para
atraer visitantes; la presencia de recursos turísticos distintos a los ambientales; la
distancia a poblaciones de tamaño mediano y grande donde se concentra la demanda;
la accesibilidad; y, por supuesto, los servicios ofertados en el punto de destino. Al
mismo tiempo que se preserva el entorno es importante velar por la seguridad de las
personas, debiéndose establecer condiciones en la localización de los equipamientos.
A este respecto, tanto en el Reglamento Forestal como en la legislación específica
sobre áreas recreativas, el único peligro que se contempla son los incendios forestales.
Por el contrario, el Decreto 63/86, de 19 de mayo, sobre la ordenación de campamentos de turismo, identifica algunos riesgos asociados con las catástrofes naturales y la
actividad industrial. Esta resolución precisa un conjunto de limitaciones que son extrapolables para el caso de las áreas recreativas, impidiendo el emplazamiento de instalaciones turísticas:
– En terrenos situados en barrancos, lechos secos de ríos y en los susceptibles de
ser inundados, así como en aquellos que por cualquier causa resulten insalubres o peligrosos.
– En un radio inferior a 150 ó 200 metros de lugares de captación de agua
potable para abastecimiento de poblaciones.
– En las proximidades de lugares donde se ubiquen actividades clasificadas como
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2.414/1961).
– En una distancia próxima al entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC).
– En terrenos por los que discurran líneas aéreas de alta tensión.
– En un radio inferior a 500 ó 1.000 metros de terrenos dedicados al almacenamiento de desechos y residuos, o en las proximidades de depuradoras de aguas
residuales o industriales.
– En las proximidades de la red ferroviaria, carreteras, autovías y autopistas.
En espacios geográficos de gran complejidad conviene emplear un Sistemas de
Información Geográfica (SIG) que reduzca el tiempo de análisis y mejore la precisión
de los estudios de planificación. Los SIG son una herramienta de trabajo diseñada
para realizar operaciones de análisis espacial y resolver, entre otras, cuestiones relacionadas con la localización de instalaciones, siendo extremadamente competentes
tanto para encontrar el emplazamiento más óptimo de un área recreativa, como para
desarrollar el indicador de capacidad de carga. Las metodologías de planificación que
no emplean estos sistemas habitualmente trabajan con información dispersa en distintos formatos y sin georreferenciar, lo que complica la gestión de los recursos forestaCuadernos Geográficos, 34 (2004-1), 163-178

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Tabla 1. Factores de localización de un área recreativa
Factores

Descripción

CUALIDADES
NATURALES Y
PAISAJÍSTICAS

Verificar si el medio físico-ecológico (condiciones climáticas, morfogenéticas, etc.) es apto para la práctica de actividades recreativas y
turísticas. La calidad del paisaje influye decisivamente en la capacidad de atracción del recurso turístico.

RECURSOS
AUTÓCTONOS

Atracciones que potencian la demanda y condicionan su tipología.
Están constituidos por monumentos, parajes, edificios, vestigios históricos, obras de arte, productos típicos, artesanía, acontecimientos y
fiestas lugareñas, etc.

DISTANCIA
AL MERCADO
POTENCIAL

La proximidad a los núcleos de población donde se encuentra la
demanda es un factor importante mediatizado por el coste y el tiempo necesario para acceder al área recreativa.

ACCESIBILIDAD

Es importante que los accesos estén bien señalizados y en buen
estado. En esta actividad el automóvil particular es el principal medio de transporte.

SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
APROPIADOS

Para asegurar que el éxito del área recreativa es necesario facilitar a
los visitantes un mínimo de comodidades (barbacoas, fuentes, etc.).
Los equipamientos hacen más atractivo el producto.


les, teniendo como consecuencia más inmediata además de una considerable pérdida
de tiempo, una duplicidad de esfuerzos que se refleja en los resultados. Los SIG
permiten elaborar estudios de localización con un enfoque integral, favoreciendo la
evaluación de alternativas y el proceso de toma de decisiones en el seno de las AL21.

4.

CONCLUSIONES

La actividad recreativa y turística en los terrenos forestales de la Comunidad
Valenciana muestra una tendencia creciente aunque con características y exigencias
diferentes a las de años anteriores. Los cambios socioeconómicos han propiciado la
aparición de una demanda más selectiva que busca espacios de gran calidad paisajística, preparados para la práctica de ocio activo y próximos a sus lugares de residencia.
Con el traspaso de competencias a la administración autonómica se ha desarrollado
una normativa en materia forestal que recoge la utilidad social y económica de los
espacios de interés ecológico-paisajístico, a la vez que consigna la necesidad de emplear una gestión multifuncional para conservarlos y protegerlos. Las instalaciones


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recreativas surgen para canalizar este tipo de demandas, habiéndose creado 342 en las
tres provincias valencianas, de las cuales 178 son estrictamente áreas recreativas.
Como producto turístico estos equipamientos aún están poco desarrollados, pues todavía la señalización y los itinerarios son casi inexistentes, careciendo incluso de promoción en las oficinas de turismo. Se aprecia la exigua adecuación del medio físico al
uso público y la falta de vertebración con vías pecuarias, senderos homologados, casas
rurales, vías verdes, etc. Esta situación es consecuencia de un claro desequilibrio entre
la oferta y la demanda, habiendo un exceso de merenderos y una carencia notable de
campamentos juveniles y de refugios. En este sentido, la planificación de las áreas
recreativas supone un acicate para potenciar demandas de calidad y contribuye a
afianzar posiciones de mercado más competitivas.
La legislación autonómica señala que para la creación de un área recreativa es
preceptivo solicitar autorización a la D. G. de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda, aportando una memoria que debe fijar, entre otras cosas, la
capacidad de carga de los equipamientos. La inclusión de los principios de la sostenibilidad en la gestión territorial y ambiental trae consigo la aplicación de nuevas vías de
trabajo y la necesidad de obtener información que ayude a prevenir las agresiones al
medio ambiente, sirviendo también para crear productos turísticos de calidad excelentemente valorados por la demanda. Las AL21 constituyen un marco de planificación muy
adecuado para aplicar políticas integrales de desarrollo sostenible a nivel municipal. El
indicador de capacidad de carga, desarrollado juntamente con las AL21, ofrece información de gran utilidad para elaborar Planes de Acción orientados a regular el número de
visitantes en los espacios naturales que no gozan de figuras de protección. Este indicador se ajusta a la escala institucional y considera las dimensiones ambiental, sociocultural y económica del territorio. En consecuencia, solamente se puede garantizar la sostenibilidad de los recursos forestales emplazando las áreas recreativas con arreglo a una
serie de factores de localización, y poniendo en práctica un régimen de aprovechamientos que se acomode a la capacidad de carga del equipamiento. El Reglamento Forestal
de la Comunidad Valenciana establece unos aprovechamientos que pueden ser de gran
utilidad para alcanzar el desarrollo sostenible. Asimismo, el emplazamiento debe estar
condicionado por la accesibilidad, la calidad del paisaje, los recursos autóctonos, los
riesgos naturales, etc. Estos criterios mejoran la planificación y gestión de estas instalaciones, asegurando que la atracción no es dañada y que la presión no reduce substancialmente el grado de satisfacción de los visitantes. Las áreas recreativas tienen capacidad
para actuar como producto principal y complementario, presentando una alternativa al
turismo de masas y generando un beneficio económico en la comunidad local.

5.

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