Este documento discute el rol del Estado en garantizar el derecho a una alimentación saludable. Explica que existe un conflicto ético entre quienes creen que el Estado debe intervenir más para abordar problemas de desigualdad social y quienes creen que debería intervenir menos para favorecer iniciativas privadas. También analiza los argumentos a favor y en contra de la regulación estatal del consumo de alimentos, reconociendo que los derechos deben evaluarse en su contexto específico.