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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALES PENALES
PERMANENTE Y TRANSITORIAS
ACUERDO PLENARIO N° 3-2006/CJ-116
Concordancia Jurisprudencial
Art. 116° TUO LOPJ
ASUNTO: Delitos contra el honor personal y derecho
constitucional a la libertad de expresión y de información.
Lima, trece de octubre dos mil seis.-
Los Vocales de lo Penal, integrantes de las Salas Permanente y Transitorias de la
Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisprudencial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo veintidós del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:
ACUERDO PLENARIO
I. ANTECEDENTES.
1. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la
República, con la autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acordaron
realizar un Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal, a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto por los artículos 22° y 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
2. Para estos efectos, con carácter preparatorio, se delimitó el ámbito de las Ejecutorias
Supremas que correspondían analizar y se aprobó revisar las decisiones dictadas en el
segundo semestre del presente año. A continuación, el Equipo de Trabajo designado al
efecto, bajo la coordinación del Señor San Martín Castro, presentó a cada Sala un
conjunto de Ejecutorias que podían cumplir ese cometido. Las Salas Permanente y
Primera Transitoria –de donde emanaron las Ejecutorias analizadas-, en sesiones
preliminares, resolvieron presentar al Pleno las Ejecutorias que estimaron procedentes.
3. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia la Ejecutoria Suprema
que analiza y fija criterios para solucionar la colisión que puede presentarse entre el
delito contra el honor –protección constitucional al honor y a la reputación- y el derecho
constitucional a la libertad de expresión. Se trata de la Ejecutoria recaída en el recurso
de nulidad número 4208-2005/Lima, del 18 de octubre de 2005.
4. En tal virtud, se resolvió invocar el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder
Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su
especialidad. Dada la complejidad y amplitud del tema abordado, que rebasa los
aspectos tratados en la Ejecutoria Supremas analizada, se decidió redactar un Acuerdo

Plenario incorporando los fundamentos jurídicos correspondientes necesarios para
configurar una doctrina legal y disponer su carácter de precedente vinculante.
5. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y
en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo
Plenario. Se designaron como ponentes a los señores San Martín Castro y Calderón
Castillo, quienes expresan el parecer del Pleno.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
6. Los artículos 130° al 132° del Código Penal instituyen los delitos de injuria,
difamación y calumnia como figuras penales que protegen el bien jurídico honor. El
honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación
depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico,
pero que en todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades
que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles
específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la
conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio;
reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos [en igual sentido
se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia número 0018-1996-AI/TC,
del 29.4.1997, que hace mención al honor interno y al honor externo, y llega a decir que
la injuria, a diferencia de la difamación y la calumnia, sólo inciden el honor interno, que
es muy subjetivo]. Este bien jurídico está reconocido por el artículo 2°, numeral 7), de
la Constitución, y constituye un derecho fundamental que ella protege, y que se deriva
de la dignidad de la persona –constituye la esencia misma del honor y determina su
contenido-, en cuya virtud los ataques al honor son ataques inmediatos a la dignidad de
la persona. Su objeto, tiene expuesto el Tribunal Constitucional en la sentencia número
2790-2002-AA/TC, del 30.1.2003, es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la
humillación, ante si o ante los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las
libertades de expresión e información, puesto que la información que se comunique, en
ningún caso, puede resultar injuriosa o despectiva.
7. Paralelamente, la Constitución, en su artículo 2°, numeral 4), también reconoce y
considera un derecho fundamental común a todas las personas las libertades de
información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o
escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Son sujetos de este
derecho la colectividad y cada uno de sus miembros, no son sólo los titulares del órgano
o medio de comunicación social o los profesionales del periodismo. Desde luego, el
ejercicio de este derecho fundamental –dado el carácter o fundamento esencial que
ostenta en una sociedad democrática [v.gr.: STEDH, Asunto Worm vs. Austria, del
29.8.1997, § 47]- modifica el tratamiento de los delitos contra el honor en aquellos
supuestos en los que las conductas objeto de imputación en sede penal han sido
realizadas en el ejercicio de dichas libertades. Como es evidente, por lo general se
presenta un problema entre la protección constitucional de dichas libertades y el derecho
al honor, dada su relación conflictiva que se concreta en que el derecho al honor no sólo
es un derecho fundamental sino que está configurado como un límite especial a las
libertades antes mencionadas –tiene una naturaleza de libertad negativa, que en el
Derecho penal nacional se aborda mediante la creación de los tres delitos inicialmente
mencionados- [“Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás de

comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común”:
segundo párrafo del numeral 4) del artículo 2° Constitucional]. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la sentencia Herrera Ulloa vs. Costa Rica, del 2 de julio de
2004, precisó que el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento no es absoluto,
cuyas restricciones deben cumplir tres requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente
fijadas por la ley; 2) deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la
reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o moral pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.
8. La solución del conflicto pasa por la formulación de un juicio ponderativo que tenga
en cuenta las circunstancias de cada caso en particular y permita determinar que la
conducta atentatoria contra el honor está justificada por ampararse en el ejercicio de las
libertades de expresión o de información. La base de esta posición estriba en que, en
principio, los dos derechos en conflicto: honor y libertades de expresión –manifestación
de opiniones o juicios de valor- y de información –imputación o narración de hechos
concretos-, gozan de igual rango constitucional, por lo que ninguno tiene carácter
absoluto respecto del otro [ambos tienen naturaleza de derecho – principio]. A este
efecto, uno de los métodos posibles, que es del caso utilizar para el juicio ponderativo,
exige fijar el ámbito propio de cada derecho, luego verificar la concurrencia de los
presupuestos formales de la limitación, a continuación valorar bajo el principio de
proporcionalidad el carácter justificado o injustificado de la injerencia y, finalmente,
comprobar que el límite que se trate respeta el contenido el contenido esencial del
derecho limitado.
9. Una vez determinados legalmente la concurrencia de los presupuestos típicos del
delito en cuestión –paso preliminar e indispensable-, corresponde analizar si se está ante
una causa de justificación –si la conducta sujeta a la valoración penal constituye o no un
ejercicio de las libertades de expresión e información-. Es insuficiente para la resolución
del conflicto entre el delito contra el honor y las libertades de información y de
expresión el análisis del elemento subjetivo del indicado delito, en atención a la
dimensión pública e institucional que caracteriza a estas últimas y que excede el ámbito
personal que distingue al primero.
En nuestro Código Penal la causa de justificación que en estos casos es de invocar es la
prevista en el inciso 8) del artículo 20°, que reconoce como causa de exención de
responsabilidad penal “El que obra [...] en el ejercicio legítimo de un derecho...”, es
decir, de los derechos de información y de expresión. Estos derechos, o libertades,
pueden justificar injerencias en el honor ajeno, a cuyo efecto es de analizar el ámbito
sobre el que recaen las frases consideradas ofensivas, los requisitos del ejercicio de
ambos derechos y la calidad –falsedad o no- de las aludidas expresiones.
10. Un primer criterio, como se ha expuesto, está referido al ámbito sobre el que recaen
las expresiones calificadas de ofensivas al honor de las personas. La naturaleza pública
de las libertades de información y de expresión, vinculadas a la formación de la opinión
ciudadana, exige que las expresiones incidan en la esfera pública –no en la intimidad de
las personas y de quienes guarden con ella una personal y estrecha vinculación familiar,
que es materia de otro análisis, centrado en el interés público del asunto sobre el que se
informa o en el interés legítimo del público para su conocimiento-. Obviamente, la
protección del afectado se relativizará –en función al máximo nivel de su eficacia
justificadora- cuando las expresiones cuestionadas incidan en personajes públicos o de
relevancia pública, quienes, en aras del interés general en juego, deben soportar cierto

riesgo a que sus derechos subjetivos resulten afectados por expresiones o informaciones
de ese calibre –más aún si las expresiones importan una crítica política, en tanto éstas se
perciben como instrumento de los derechos de participación política-: así lo ha
reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Herrera
Ulloa, del 2 de julio de 2004, que tratándose de funcionarios públicos ha expresado que
su honor debe ser protegido de manera acorde con los principios del pluralismo
democrático. En todos estos casos, en unos más que otros, los límites al ejercicio de
esas libertades son más amplios.
11. El otro criterio está circunscrito a los requisitos del ejercicio de las libertades de
información y de expresión. Se ha respetar el contenido esencial de la dignidad de la
persona. En primer lugar, no están amparadas las frases objetiva o formalmente
injuriosas, los insultos o las insinuaciones insidiosas y vejaciones –con independencia
de la verdad de lo que se vierta o de la corrección de los juicios de valor que contienen-,
pues resultan impertinentes –desconectadas de su finalidad crítica o informativa- e
innecesarias al pensamiento o idea que se exprese y materializan un desprecio por la
personalidad ajena. Es claro que está permitido en el ejercicio de las libertades de
información y de expresión que se realice una evaluación personal, por desfavorable
que sea, de una conducta, pero no lo está emplear calificativos que, apreciados en su
significado usual y en su contexto, evidencian menosprecio o animosidad.
12.En segundo lugar, el ejercicio legítimo de la libertad de información requiere la
concurrencia de la veracidad de los hechos y de la información que se profiera. Debe
ejercerse de modo subjetivamente veraz [el Tribunal Constitucional, en la sentencia
número 0905-2001-AI/TC, del 14.8.2002, ha precisado al respecto que el objeto
protegido de ambas libertades es la comunicación libre, tanto la de los hechos como la
de las opiniones –incluye apreciaciones y juicios de valor-; y, tratándose de hechos
difundidos, para merecer protección constitucional, requieren ser veraces, lo que supone
la asunción de ciertos deberes y responsabilidades delicadísimos por quienes tienen la
condición de sujetos informantes]. Ello significa que la protección constitucional no
alcanza cuando el autor es consciente de que no dice o escribe verdad cuando atribuye a
otro una determinada conducta –dolo directo- o cuando, siendo falsa la información en
cuestión, no mostró interés o diligencia mínima en la comprobación de la verdad –dolo
eventual-. En este último caso, el autor actúa sin observar los deberes subjetivos de
comprobación razonable de la fiabilidad o viabilidad de la información o de la fuente de
la misma, delimitación que debe hacerse desde parámetros subjetivos: se requiere que la
información haya sido diligentemente contrastada con datos objetivos e imparciales [El
Tribunal Constitucional, en la sentencia número 6712-2005-HC/TC, del 17.10.2005,
precisó que la información veraz como contenido esencial del derecho no se refiere
explícitamente a una verdad inobjetable e incontrastable, sino más bien a una actitud
adecuada de quien informa en la búsqueda de la verdad, respetando lo que se conoce
como el deber de diligencia, y a contextualizarla de manera conveniente; es decir, se
busca amparar la verosimilitud de la información].
No se protege, por tanto, a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir
información veraz, actúen con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado,
comportándose irresponsablemente al transmitir como hechos verdaderos simples
rumores carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones insidiosas;
las noticias, para gozar de protección constitucional, deben ser diligencias comprobadas
y sustentadas en hechos objetivos, debiendo acreditarse en todo caso la malicia del
informador.

Es de destacar, en este punto, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional
Español –entre otras muchas, la sentencia número 76/2002, del 8.4.2002 (§ 3)- que ha
puntualizado que el específico deber de diligencia es exigible con diferente grado de
intensidad en función de que la noticia se presente como una comunicación neutra, en
cuanto procedente de la originaria información de otro medio de comunicación o fuente
informativa, de la que simplemente se da traslado, o bien de que se trate de una
información asumida por un medio periodístico y su autor como propia, en cuyo caso el
deber de diligencia para contrastar la veracidad de los hechos comunicados no admite
atenuación o flexibilidad alguno, sino que su cumplimiento debe ser requerido en todo
su rigor.
Para los supuestos de reportaje neutral el deber de diligencia se satisface con la
constatación de la verdad del hecho de la declaración, pero no se extiende en principio a
la necesidad de acreditar la verdad de lo declarado, aún cuando se exige la indicación de
la persona –debidamente identificada- que lo proporciona [a éste se le exige la
veracidad de lo expresado], siempre que no se trate de una fuente genérica o no se
determino quién hizo las declaraciones, sin incluir opiniones personales de ninguna
clase. Por lo demás, no se excluye la protección constitucional cuando media un error
informativo recaído sobre cuestiones de relevancia secundaria en el contexto de un
reportaje periodístico.
13. Otra ponderación se ha de realizar cuando se está ante el ejercicio de la libertad de
expresión u opinión. Como es evidente, las opiniones y los juicios de valor –que
comprende la crítica a la conducta de otro- son imposibles de probar [el Tribunal
Constitucional ha dejado expuesto que, por su propia naturaleza, los juicios de valor, las
opiniones, los pensamientos o las ideas de cada persona pueda tener son de naturaleza
estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden ser sometidos a un test de veracidad,
Sentencia del Tribunal Constitucional número 0905-2001-AA/TC, del 14.8.2002]. Por
tanto, el elemento ponderativo que corresponde está vinculado al principio de
proporcionalidad, en cuya virtud el análisis está centrado en determinar el interés
público de las frases cuestionadas –deben desbordar la esfera privada de las personas,
única posibilidad que permite advertir la necesidad y relevancia para lo que constituye
el interés público de la opinión- y la presencia o no de expresiones indudablemente
ultrajantes u ofensivas, que denotan que están desprovistas de fundamento y o
formuladas de mala fe –sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por
tanto, innecesarias a ese propósito, a la que por cierto son ajenas expresiones duras o
desabridas y que puedan molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige.
III. DECISIÓN.
14. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte
Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; por unanimidad;
ACORDÓ:
15. ESTABLECER como doctrina legal, las reglas de ponderación precisadas en los
párrafos 8 al 13 del presente Acuerdo Plenario. En consecuencia, dichos párrafos
constituyen precedentes vinculantes.

16. PRECISAR que el principio jurisprudencial que contienen la doctrina legal antes
mencionada debe ser invocado por los Magistrados de todas las instancias judiciales, sin
perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
17. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el Diario Oficial El Peruano. Hágase
saber.-
SS.
SALAS GAMBOA
SIVINA HURTADO
GONZÁLES CAMPOS
SAN MARTÍN CASTRO
VALDÉZ ROCA
BARRIENTOS PEÑA
VEGA VEGA
LECAROS CORNEJO
MOLINA ORDÓÑEZ
PEIRANO SÁNCHEZ
VINATEA MEDINA
PRINCIPE TRUJILLO
CALDERON CASTILLO
URBINA GAMBINI

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