Esta resolución establece las normas para la ejecución de obras públicas por administración directa, requiriendo que las entidades cuenten con los recursos presupuestales, personal y equipos necesarios, así como con el expediente técnico aprobado de la obra. Asimismo, designa a un ingeniero residente o inspector responsable de supervisar la ejecución de la obra y presentar informes mensuales, y establece el proceso de recepción, liquidación y entrega de la obra una vez concluida.