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PODEMOS
DOCUMENTO FINAL DEL
PROGRAMA COLABORATIVO
El presente documento es el resultado de un proceso de elaboración
colectiva del programa de Podemos a través de un método abierto y
ciudadano en el que han participado miles de personas. Partiendo de
la propuesta de un borrador el proceso ha consistido en tres etapas:
(i) debate y aportaciones online a título individual, (ii) enmiendas
colectivas de los Círculos Podemos y (iii) referéndum online sobre las
enmiendas.
ÍNDICE pág.
1. Recuperar la economía, construir la democracia 2
2. Conquistar la libertad, construir la democracia 9
3. Conquistar la igualdad, construir la democracia 15
4. Recuperar la fraternidad, construir la democracia 25
5. Conquistar la soberanía, construir la democracia 31
6. Recuperar la tierra, construir la democracia 35
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1. Recuperar la economía, construir la democracia
1.1 - Plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo
decente en los países del sur de Europa
Programa de inversiones y políticas públicas para la reactivación económica,
la creación de empleo de calidad y la reconversión del modelo productivo
hacia una economía basada en la innovación que contribuya al bien común
teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, ética y
medioambiental. Promoción del protagonismo de la pequeña y mediana
empresa en la creación de empleo, resaltando el papel de las entidades de la
economía social. Política de contratación pública favorable a la pequeña y
mediana empresa que incluya cláusulas sociales en la adjudicación de los
contratos. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad
de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el
trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar. Prohibición de los
despidos en empresas con beneficios. Derogación de las reformas laborales
implantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014.
Establecimiento de mecanismos para combatir la precarización del empleo,
especialmente en el empleo joven para contrarrestar el exilio juvenil.
Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal. Incremento significativo
del salario mínimo interprofesional y establecimiento de un salario máximo
vinculado proporcionalmente al salario mínimo interprofesional . Derecho a
disfrutar de una pensión pública no contributiva, de calidad y que garantice
una vida decente tras la jubilación,su cuantía igualará como mínimo el salario
mínimo interprofesional. Derogación de la última reforma de las pensiones y
prohibición de la privatización o recortes del sistema público de pensiones.
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Establecimiento de políticas redistributivas para la reducción de la
desigualdad social en el marco nacional y comunitario. Convergencia del
gasto social sobre el PIB respecto al promedio de la Unión.
1.2 - Auditoría ciudadana de la deuda
Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes
de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los
responsables y declarar su impago. Reestructuraciones del resto de la deuda
y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de
garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los
tenedores de la deuda. Coordinación de las auditorías y de los procesos de
reestructuración de deuda con otros países de la UE. Regulación de las
relaciones privadas de deuda para impedir cláusulas de abuso.
1.3 - Conversión del BCE en una institución democrática para el
desarrollo económico de los países
Creación de mecanismos de control democrático y parlamentario sobre el
Banco Central Europeo y supeditación del mismo a las autoridades políticas.
Modificación de sus estatutos e incorporación como objetivos prioritarios la
creación de empleo decente en el conjunto de la UE, la prevención de
ataques especulativos y el apoyo a la financiación pública de los Estados a
través de la compra directa de deuda pública en el mercado primario sin
limitaciones. Apoyo prioritario a la financiación del gasto social de los Estados
y de aquellos sectores económicos, sociales y territoriales en situaciones más
desfavorecidas mediante mecanismos redistributivos y cuando sea necesario,
mediante la creación de bonos sociales europeos. Diferenciación de la
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normativa para la banca comercial y la banca de inversión, regulando las
actividades especulativas a esta última.
1.4 - Creación de una Agencia Pública Europea de Rating
Creación de una Agencia Pública Europea de Rating que sustituya a las tres
privadas que hoy determinan la política económica de la UE. Funcionará de
acuerdo a criterios democráticos, transparentes e independientes del interés
privado empresarial.
1.5 - Reorientación del sistema financiero para consolidar una banca
al servicio del ciudadano
Aprobación de medidas destinadas a democratizar la dirección de las
entidades bancarias y cajas de ahorros. Ampliación de las competencias de
organismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice al
crédito a sectores excluidos. Garantía del flujo de crédito a tipos de interés
preferentes hacia PYMEs, cooperativas y autónomos, priorizando aquellas
empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social,
ética y medioambiental. Promoción de la banca ética y cooperativa.
Establecimiento de una tasa sobre los beneficios bancarios para la reinversión
productiva. Regulación pública de los tipos de interés básicos de la economía.
Prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación
financiera, como los fondos buitres. Reorientación de instituciones como el
FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la
recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca. Modificación de
los criterios de evaluación y adjudicación de los Fondos Europeos de
Desarrollo para asegurar un uso ético de los mismos. Creación de una banca
pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las
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antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y
recapitalizadas con dinero público.
1.6 - Recuperación del control público en los sectores estratégicos de
la economía
Recuperación del control público en los sectores estratégicos de la economía:
telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanitario, farmacéutico
y educativo, mediante la adquisición pública de una parte de los mismos, que
garantice una participación mayoritaria pública en sus consejos de
administración y/o creación de empresas estatales que suministren estos
servicios de forma universal. Dotar a estas empresas de estatutos que
impongan como finalidad prioritaria el suministro y acceso universal de estos
servicios por parte de la ciudadanía. Apoyo a las asociaciones y grupos
inmersos en procesos de denuncia de los abusos y fraudes cometidos por las
entidades bancarias y las grandes empresas de los sectores estratégicos.
Limitar las privatizaciones de las empresas, reconociendo el derecho
patrimonial de la ciudadanía sobre las empresas públicas, y el carácter
meramente gestor de los gobiernos sobre las mismas. Se entenderá por tanto
que toda privatización debe hacerse mediante referéndum, ya que supone la
venta de activos colectivos propiedad de la ciudadanía.
Auditoría rigurosa del coste real del sector energético eléctrico. Unificación de
costes energéticos en toda la UE evitando situaciones de abuso y de
competencia desleal. Apoyo a la producción de energía por parte de los
particulares.
1.7 - Intercambio fluido y transparente de información fiscal entre
todas las Administraciones tributarias europeas
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Derogación del secreto bancario y establecimiento de una norma vinculante
para todas las entidades financieras establecidas en Europa que obligue a
facilitar a las administraciones públicas toda la información respecto de sus
clientes, cualquiera que sea el país en el que operen directamente o a través
de filiales. Establecimiento de sanciones por infracciones muy graves para las
entidades y jurisdicciones que no colaboren.
1.8 - Obligatoriedad para todas las empresas multinacionales y sus
filiales de rendir cuentas de sus actividades en términos globales y
desglosadas por países
Puesta en marcha de medidas destinadas a acabar con las denominadas
prácticas fiscales agresivas y deslocalización de beneficios de las sociedades
multinacionales, eliminando las posibilidades de elusión fiscal que la
disparidad de legislaciones sobre el impuesto de sociedades les brinda.
Establecimiento de un nuevo modelo con el fin de evitar la doble tributación y
prevenir el fraude fiscal, con sanciones penales y la obligación de devolver lo
defraudado. Incrementar la democracia económica facilitando la participación
de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y, por
lo tanto, en la gestión de las mismas, con pleno acceso a la información
relevante y la contabilidad. Unificación de los sistemas de contabilidad
europeos en la que no se acepten apuntes virtuales como son las
amortizaciones y deterioros, con el objeto de reflejar fielmente el beneficio
empresarial.
1.9 - Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal
Persecución y endurecimiento de las sanciones del delito fiscal. Implantación
de la Tasa Tobin sobre las transacciones financieras. Tipificación del delito
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fiscal a partir de 50.000 euros de cuota defraudada y ampliación de los
mecanismos y de los recursos destinados a su persecución. Endurecimiento
de las sanciones por este delito, penalizando especialmente a aquellas
entidades financieras que ofrezcan productos o servicios que faciliten la
evasión fiscal. Eliminación de los paraísos fiscales ubicados en territorio de la
Unión Europea, y coordinación con el resto de países para conseguir la
eliminación del resto de paraísos fiscales, mediante el establecimiento de
medidas como la persecución penal y las sanciones a las empresas que
coloquen capitales en aquellos (tipo impositivo de inversiones procedentes de
paraísos fiscales del 50% en sus transacciones).
1.10 - Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza
y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo
Política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de
un nuevo modelo de desarrollo. Supresión de todas las posibilidades de
elusión para grandes fortunas y corporaciones empresariales contempladas
en las legislaciones nacionales, haciendo efectivos los principios de
generalidad, equidad y progresividad. Impuestos a las grandes fortunas y
fiscalidad progresiva sobre la renta. Aumento de los tipos impositivos del
Impuestos de sociedades. Recuperación del Impuesto de Patrimonio
basándolo en el principio de equidad, con un mínimo exento para la vivienda
familiar en función de la renta, sin exenciones para segundas viviendas, y de
aumento progresivo en función del valor del patrimonio. Supresión de
mecanismos de elusión fiscal como las SICAV. Eliminación de los privilegios
fiscales del capital financiero . Aplicación de un IVA súper reducido para
bienes y productos básicos. Modificación de la Directiva 2006/112/CE, relativa
al sistema común del IVA, que introduzca un nuevo tipo agravado que grave
los bienes de lujo entre un 30-35 %. Las cuotas soportadas por la adquisición
de estos bienes en ningún caso podrán ser objetos de deducción por los
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sujetos pasivos. Coordinación de la reforma fiscal a nivel europeo para hacer
efectivo estos principios. Solidaridad fiscal intraeuropea y cooperación con los
países en desarrollo.
1.11 - Apuesta sostenida por el cambio del modelo productivo
mediante el desarrollo de un sistema de Investigación, Desarrollo e
Innovación de mayor valor agregado
Respaldo presupuestario y ampliación del desarrollo de los centros públicos
de I+D+i, favoreciendo así el retorno de investigadores y científicos españoles
en el extranjero. Dotación de recursos para el desarrollo de políticas de
movilidad coherentes, capaces de favorecer de manera real el intercambio del
conocimiento en todas las áreas. Reducción de la partida presupuestaria
destinada al gasto militar para destinarla al sector de la investigación,
especialmente la investigación básica. Diseño de los programas de I+D+I
orientados a la consecución de un beneficio común que revierta en la
ciudadanía, en estrecha colaboración con las universidades públicas.
Promoción de un modelo productivo orientado al reequilibrio de la actividad
productiva entre los diferentes países de la Unión Europea.
1.12 - Derecho a una renta básica para todos
Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el
mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de
la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno. La renta básica no
reemplaza al Estado de bienestar, sino que trata de adaptarlo a la nueva
realidad socio-económica. Sustitución de las prestaciones sociales
condicionadas menores a la cuantía de este ingreso básico. Financiación a
través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal.
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2. Conquistar la libertad, construir la democracia
2.1 - Impulso de una Carta Democrática Europea
Impulso de una Carta Democrática Europea vinculante para todos los países
miembros en materia de mecanismos de rendición de cuentas y
transparencia.
Exigencia de máxima honorabilidad en un cargo público. Adopción de
medidas y mecanismos de participación directa de todas las personas en la
toma de decisiones sobre los asuntos comunes y descentralización de dichos
procesos, incluyendo participación telemática y otros mecanismos que
aseguren la participación efectiva de los colectivos en mayores dificultades y
riesgo de exclusión.
Limitación de los niveles máximos de desproporcionalidad de los sistemas
electorales. Adopción de compromisos para el incremento de la rotación y la
desprofesionalización de la política.
2.2 - Ampliación y extensión del uso de las Iniciativas Legislativas
Populares en los distintos ámbitos, incluido el europeo
Ampliación y extensión de la figura del referéndum vinculante, también para
todas las decisiones sobre la forma de Estado y las relaciones a mantener
entre los distintos pueblos si solicitaran el derecho de autodeterminación.
Democratización de todas las instituciones, incluida la jefatura de los Estados,
desde los niveles locales de la administración a la propia UE, y el
nombramiento y control de los órganos ejecutivos de la UE.
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2.3 - Democratización de la gestión, ejecución y evaluación de la
inversión pública a través de presupuestos participativos
Priorizar la adjudicación de la gestión y ejecución de obras y políticas públicas
a empresas locales, en particular a las provenientes de la economía social y
solidaria, en especial cooperativas y pymes, en base a criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, democracia interna y responsabilidad ambiental y
social.
Limitación de la adjudicación de la gestión y ejecución de políticas públicas a
grandes empresas, establecimiento de controles y límites estrictos a la
subcontratación.
2.4 - Control y limitación de las actividades llevadas a cabo por los
lobbies. Difusión pública de su actividad y sus carteras de clientes
Establecimiento de políticas comunicativas orientadas a dotar de plena
transparencia las actividades de estos grupos en los diferentes sectores.
Creación de un marco legal que controle, limite y en su caso impida el
ejercicio profesional en sectores sobre los que los cargos electos hayan
legislado.
Fin de las puertas giratorias, establecimiento para ello de un plazo mínimo de
cinco años y de controles efectivos para que los cargos públicos puedan
trabajar en empresas pertenecientes a sectores con los que hayan tenido
relación mientras realizaban sus funciones en la administración.
2.5 - Limitación estricta de los gastos en campaña electoral, así como
de las subvenciones públicas a los partidos
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Acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación públicos y
privados de todas las candidaturas que concurran a elecciones. Auditoría
pública y efectiva de la financiación de los partidos políticos.
2.6 - Legislación destinada a impedir la formación de monopolios u
oligopolios en el ámbito de la comunicación
Separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos,
garantizando así la independencia de todos los medios de información de los
diferentes gobiernos y grandes grupos empresariales.
Creación de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión
democrática e independiente de los gobiernos de turno. Legislación destinada
a instaurar una cuota mínima de medios públicos e independientes. Creación
de una agencia de noticias europea independiente de estricto control
democrático y ciudadano. Ninguna empresa o grupo podrá ostentar más del
15% del total de un ámbito comunicacional, sea prensa, radio, televisión,
internet o el sector editorial.
2.7 - Garantías de la inviolabilidad de las comunicaciones
Establecimiento de servidores europeos auditados por organismos de
certificación participados de manera plural por la sociedad civil.
Derecho a la privacidad de las comunicaciones. Garantías de la inviolabilidad
de las comunicaciones personales privadas. El respeto a la privacidad y a la
intimidad se incluirá en los acuerdos internacionales con terceros países.
2.8 - Defensa decidida de la libertad de expresión, reunión,
asociación, manifestación y participación política
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Garantía de hacer efectivo el derecho de todas las personas, ya sea a nivel
individual o colectivo, a participar en el gobierno de su país y hacer real el
acceso universal a la representación política.
Defensa decidida de la libertad de expresión, reunión, asociación y
manifestación en todas sus formas, muy especialmente en aquellos casos en
los que se denuncie la violación de derechos fundamentales por parte de
organismos estatales, nacionales o supranacionales.
Medidas para garantizar el acceso a los cargos de representación de toda
persona, facilitando dicho acceso a los colectivos discriminados socialmente a
través de estrategias de discriminación positiva. Democracia paritaria entre
hombres y mujeres.
2.9 - Garantía de la libertad de conciencia, e impulso de medidas
orientadas a garantizar la no-discriminación por razones de credo o
religión
Puesta en marcha de un política europea común destinada a separar las
actividades de todas las confesiones religiosas de las estructuras estatales y
supraestatales, financiación y educación inclusive.
Promoción de la igualdad jurídica de las distintas confesiones y desaparición
de todos los marcos normativos que promuevan la actuación de las
organizaciones religiosas en las estructuras públicas.
Aprobación de medidas legislativas conducentes a asegurar la laicidad y una
verdadera separación Iglesia-Estado.
Eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así como de los
privilegios que se le conceden en materia educativa.
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2.10 - La garantía de las libertades y de los derechos fundamentales
se considerarán la base principal de la seguridad, la justicia y la
democracia.
Reformulación del concepto de seguridad en función del respeto de los
derechos constitucionales.
Fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la
libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de
protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las
personas.
Reformulación de los sistemas penitenciarios basados de manera efectiva en
la reinserción y el respeto a los derechos humanos.
Derecho a la justicia gratuita y con todas las garantías de acceso a la misma
en condiciones de equidad. Avance y profundización en una ley europea de la
memoria histórica. Defensa de la Justicia Universal en todos los estados
miembros de la Unión.
2.11 - Garantizar el derecho a la seguridad y a una vida libre de
violencia para las mujeres y las personas lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuales a través de un sistema
jurídico de garantías que intervenga tanto en el ámbito público como
en el privado
Medidas políticas destinadas a defender la diversidad sexual para garantizar
los derechos y las libertades de todas las personas con independencia de su
sexo, su orientación sexual o su identidad de género, combatiendo toda
exclusión lgtbifóbica o por razón de género. Despatologización de todas las
opciones sexuales e identidades de género no normativas y puesta en
marcha de políticas destinadas a corregir la discriminación, por ejemplo
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garantizando el acceso al empleo público de las personas lgtbi en riesgo de
exclusión social.
Promover una norma europea integral y vinculante contra la violencia de
género y reforzar las políticas y medidas de atención y asistencia a las
mujeres y menores. Dotación de presupuestos suficiente para garantizar la
protección de las víctimas, el funcionamiento efectivo de los medios de la
Justicia, las ayudas para la reinserción sociolaboral de las mujeres, la
formación de profesionales y las medidas de prevención. Implantar políticas
educativas que aseguren una educación no sexista ni lgtbifóbica y aumentar
las medidas para prevenir los ataques y las agresiones en todos los ámbitos
con especial atención a los centros escolares de menores.
Reconocimiento de la pluralidad de modelos de familia y reconocimiento en
todos los países del derecho al matrimonio civil, a la adopción y a las técnicas
de reproducción asistida para todas las personas, con independencia de su
sexo, su identidad de género y su orientación sexual.
Garantizar el derecho de asilo por motivos de violencia de género o violencia
contra las mujeres así como el derecho de asilo para las personas que sufren
violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género.
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3. Conquistar la igualdad, construir la democracia
3.1 - Apertura de un proceso constituyente democrático que garantice
que los derechos sociales y culturales tengan el mismo estatuto que
los derechos civiles y políticos, esto es, que sean consustanciales a
la condición de ciudadanía
Establecimiento de un sistema de garantías reforzadas a nivel europeo para
garantizar la protección efectiva del derecho a la salud, la educación, la
vivienda, la jubilación, la vida independiente de las personas con
discapacidad, el cuidado y la atención de las personas dependientes, la
protección frente al desempleo y la exclusión social, la protección de los
derechos sexuales y reproductivos, la conciliación efectiva de la vida laboral y
familiar, el derecho a la ciudad, la movilidad y el transporte público, y el
acceso a la justicia.
3.2 - Apoyo activo a las políticas orientadas a garantizar la calidad de los
servicios públicos en todos estos ámbitos, promoviendo una vida digna y
libre y el pleno desarrollo de las personas en condiciones de autonomía,
libertad e igualdad.
Los servicios públicos han de ser protegidos como derechos esenciales de la
ciudadanía, y como tales han de ser protegidos de la especulación privada.
Los servicios públicos se financiarán mediante un sistema de impuestos
progresivos y no finalistas, con criterios de justicia y bienestar social, recogido
y protegido constitucionalmente. Se llevará a cabo una auditoría de las
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privatizaciones y subcontrataciones de servicios públicos por parte de las
administraciones, y se derogará todas las leyes, directivas, órdenes y
decretos que hayan supuesto la privatización directa o indirecta de los
servicios públicos esenciales.
3.3 - Plan de choque para la eliminación de la desigualdad entre las
mujeres y los hombres en el ámbito laboral, para hacer efectivo el
derecho humano al trabajo en condiciones equitativas y la
independencia económica de las mujeres.
Puesta en marcha de medidas encaminadas a garantizar la igualdad salarial
no sólo en el caso de puestos de trabajo iguales sino también en relación a
trabajos con iguales responsabilidades, igual cualificación, igual formación,
etc., combatiendo con políticas activas la discriminación laboral que implica la
feminización de los sectores laborales con más precariedad y menor
retribución salarial.
Regulación de los trabajos domésticos y de cuidados a personas
dependientes y eliminación de los sesgos del sistema fiscal y el sistema de
prestaciones que refuerzan las desigualdades de género.
Reparto y socialización del trabajo de cuidados para garantizar el bienestar de
las personas a través de los siguientes ejes. Posibilitar la conciliación de la
vida laboral y personal/familiar tanto para mujeres como para hombres,
incentivando la corresponsabilidad de hombres y mujeres con el trabajo de
cuidados a través de medidas como el establecimiento de permisos de
maternidad y paternidad intransferibles, iguales y obligatorios y el derecho a
la reducción de la jornada laboral tanto para mujeres como para hombres.
Garantizar el acceso a un sistema público, universal y de calidad de escuelas
de infancia y guarderías.
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3.4 - Garantía del derecho a la salud y de un modelo de asistencia
sanitaria público, de cobertura universal, equitativa y gratuita, con
dotación presupuestaria prioritaria y sin exclusión alguna para las
personas que viven en cualquiera de los países de la Unión Europea.
Ese modelo será participado democráticamente por todos los
miembros de la comunidad sanitaria
Devolución al sector público de todos los centros y hospitales privatizados.
Para ello se derogarán todas las leyes que permitieron esa privatización, y el
RDL 16/2012 que cambió el modelo sanitario universal por otro de
aseguramiento y resultó en la exclusión de diversos colectivos en razón de su
situación administrativa, legal o laboral. Aumento de plantilla en la sanidad
pública.
Prohibición explícita del copago sanitario y farmacéutico.
Implementación de un modelo sanitario financiado a través de impuestos
directos, gestionado públicamente, con una organización democrática y una
administración transparente y eficaz, y basado en la integración y la
coordinación entre la Atención Primaria de Salud y la Atención Especializada,
y entre los servicios de Salud Pública y los Servicios Sociales.
Contemplación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma
segura, libre y gratuita, dentro de la red pública. Garantía del derecho a una
muerte digna, sin el encarnizamiento terapéutico actual que sufren muchos
pacientes, y del derecho a una salud mental orientada al sujeto que evite
medicalizar e instrumentalizar el sufrimiento psíquico.
Retirada inmediata de las leyes o disposiciones que desposean o disminuyan
de cualquier modo a los ciudadanos de la UE su legítimo derecho a la
cobertura sanitaria en su país de origen, independientemente de la duración
de su estancia fuera de éste o de su país de residencia permanente.
Elaboración de un plan para promover la implantación de una cobertura
sanitaria universal para todos los Ciudadanos de la UE en cualquiera de los
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países miembros, considerando la cobertura sanitaria como uno de sus
derechos fundamentales.
3. 5 - Garantía del derecho al conocimiento, la formación académica y
una educación pública, gratuita, laica y universal, participada
democráticamente por todos los miembros de la comunidad
educativa
Paralización de los procesos de privatización de la educación y de todos los
servicios escolares. La gestión del centro escolar debe estar en manos de sus
propios órganos de gobierno, fomentando la participación democrática y el
consenso dentro de la comunidad educativa.
Establecimiento de mecanismos que garanticen un sistema educativo abierto
a la innovación pedagógica, descentralizado, inclusivo y que contribuya a
reducir las desigualdades sociales, prestando especial atención a la
diversidad individual y cultural de los y las estudiantes, y fomentando las
prácticas de cooperación y ayuda mutua.
Implementación en los planes educativos herramientas que fomenten la
innovación, el pensamiento crítico, los procesos creativos y la educación
profesional, y que garanticen la defensa de las lenguas minoritarias a nivel
europeo.
Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida
la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora
de los centros públicos. Durante su etapa obligatoria, la educación debe ser
gratuita.
Puesta en marcha medidas orientadas a garantizar la gratuidad del material
escolar de todos los niños y niñas de la Unión en instituciones educativas de
ámbito público, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en centros
públicos, y la gratuidad según renta de los comedores sociales en todos los
centros educativos.
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Aumento de las ayudas públicas para estudiantes con dificultades
económicas.
Adopción de compromisos para el desarrollo de una política europea de
alfabetización tecnológica de todos los grupos sociales y generacionales,
prestando especial atención a aquellos colectivos con más dificultades y
riesgo de exclusión digital, como, por ejemplo, las personas con discapacidad
y las personas mayores.
3.6 - Defensa de un modelo de investigación independiente y de una
Universidad pública, gratuita, laica y de calidad, que responda
verdaderamente a las necesidades de la sociedad y no a las de las
grandes empresas y el capital financiero
Elaboración de un plan estratégico que estudie las necesidades de la
universidad pública y aumente y garantice su financiación. Fijación a nivel
europeo de horquilla de inversión en relación con el PIB de los estados
miembros de al menos un 2%.
Derogación del Plan Bolonia y modificación del Espacio Europeo de
Educación Superior, sin menoscabo de la homologación efectiva de los
planes de estudio y títulos académicos a nivel europeo.
Limitación de las tasas universitarias y dotación de becas suficientes de
movilidad y ayuda al estudio, con el fin de garantizar el acceso a la
universidad con independencia de la capacidad económica. Exigencias
académicas iguales para becados y no becados.
Creación de un fondo europeo de ayudas para facilitar la movilidad del
personal docente e investigador y de los estudiantes.
Defensa de la autonomía universitaria, garantizando una progresiva
democratización de los procesos de decisión y un incremento de la
transparencia y de la participación de alumnos y trabajadores no docentes en
el gobierno de las universidades.
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Elevar un 200% en 10 años la financiación pública para la investigación en
todos sus niveles y su aplicación en toda la cadena de valor, particularmente
en aquellos sectores que directamente mejoran la calidad de vida de las
gentes.
3.7 - Garantía del derecho a una vivienda digna
Moratoria de la deuda hipotecaria sobre primeras viviendas de las familias
con dificultades para afrontar el pago de los préstamos, y cancelación
inmediata de la misma en los casos en que haya prácticas fraudulentas o con
probada mala fe por parte de las entidades financieras. La reestructuración de
la deuda incluirá la corrección de su valor en función de la corrección del
precio de la vivienda hipotecada (en especial en caso de pérdida de su valor),
y las letras no superarán el 30% de los ingresos familiares, garantizando un
nivel de vida digno. Establecimiento de mecanismos de condonación de la
deuda para paliar la situación de emergencia habitacional.
Paralización inmediata de todos los desahucios de primeras viviendas y de
locales de pequeños empresarios.
Dación en pago con carácter retroactivo, apoyada en una legislación que
reparta equitativamente los riesgos de las operaciones financieras y proteja el
derecho de los deudores de buena fe a poder rehacer su vida económica.
Adopción de un Plan Europeo de Vivienda basado en la creación de un
parque de viviendas públicas y de alquiler social. Incorporación de las
viviendas vacías al parque público, gravando con impuestos los inmuebles
vacíos no ofrecidos en alquiler social. Acceso preferente al alquiler social para
todos los ciudadanos sin techo y en situación de exclusión social, los jóvenes
que abandonan el hogar paterno, madres solteras, mujeres maltratadas y
otros colectivos con especial necesidad. La gestión del parque de viviendas
tendrá que ser democrática y garantizar la participación ciudadana.
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Fomento del alquiler frente a la adquisición de propiedad, otorgando subsidios
familiares de vivienda en función de la renta.
Despenalización de la ocupación por parte de familias o personas en
situación de vulnerabilidad o sin techo de viviendas vacías pertenecientes a
bancos y cajas intervenidos o rescatados, o de viviendas vacías durante más
de un año de inmobiliarias y promotoras. Limitación de las actuaciones
administrativas o judiciales a la devolución del uso al legítimo propietario en
caso de que dicho inmueble resulte necesario para el uso o sostenimiento de
su unidad familiar.
Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho
básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas.
Actualización de los padrones y Registros de la propiedad vinculados a los
servicios de agua, gas y electricidad para conocer el uso de las viviendas y
para crear un Registro de Viviendas Desocupadas. Adopción de impuestos
directos progresivos sobre las viviendas en propiedad que no sean principales
y estén infrautilizadas.
3.8 - Garantía de los derechos sexuales y reproductivos y del derecho
a decidir sobre el propio cuerpo para todas las personas
Despenalización del aborto y acceso universal garantizado a la interrupción
voluntaria del embarazo en la sanidad pública para todas las mujeres.
Acceso garantizado de todas las personas a una educación sexual, a
métodos anticonceptivos seguros y a las técnicas de reproducción asistida en
el sistema público de salud, independientemente de su condición civil, su
orientación sexual o su identidad de género.
Acceso garantizado a una maternidad y paternidad libres con medidas de
protección social como ayudas a la dependencia y actuaciones que
imposibiliten la discriminación laboral por embarazo o por maternidad o
paternidad.
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Despatologización de la transexualidad y derecho de todas las personas a
cambiar de sexo médicamente y/o civilmente.
3.9 - Garantía del derecho a la ayuda y la integración a las personas
dependientes y sus familias
Adopción de una política europea que racionalice, desburocratice y humanice
todos los procedimientos dentro de un servicio público de atención a la
dependencia que haga efectivos y articule los derechos recogidos en la
Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de 2006.
Creación de un sistema justo y suficiente de prestaciones por ortoprótesis y
ayudas técnicas, y reconocimiento por parte del sistema sanitario de los
tratamientos de rehabilitación continuados que son indispensables en algunos
casos.
Creación de programas de transición a la vida independiente para aquellas
personas que tengan más dificultades.
Desarrollo de políticas de integración laboral efectivas para personas con
discapacidad, con el empleo normalizado como objetivo prioritario, incluyendo
la adaptación del puesto de trabajo, la formación y el establecimiento del
"Empleo con Apoyo" como herramienta indispensable de cara a la integración
laboral del colectivo.
Creación de guarderías, residencias, centros de cuidados y lavanderías
públicas, entre otras medidas.
Adopción de medidas que permitan legalizar a los familiares que ejercen
funciones como cuidadores como trabajadores en condiciones de cotización,
acceso al desempleo, etc.
Revisión de la organización estatal para asegurar que las personas con
cualquier tipo de enfermedad dependan directamente de los ministerios de
sanidad, evitando así que la inversión pública destinada a su cuidado no
22/40

quede en manos de intermediarios (fundaciones, asociaciones, centros
especializados, etc.)
Auditoría de derechos humanos de todas las residencias y cierre inmediato de
aquellas que los vulneren.
3.10 - Democratización efectiva del derecho a la cultura, la creación y
la difusión cultural en todos los sectores sociales.
Recuperación de los museos, los monumentos y el conjunto del patrimonio
cultural material e inmaterial para las grandes mayorías sociales fomentando
su gratuidad o un modelo de precios reducidos mediante subvenciones
públicas.
Adopción de medidas activas de apoyo a los trabajadores y las trabajadoras
del ámbito de la cultura y a la industria cultural. Promoción de un estatuto
europeo del trabajador de la cultura en el que se garanticen los derechos
laborales, la protección social, la gestión tributaria, los derechos de propiedad
intelectual y el autoempleo, a partir del conocimiento y respeto a las
condiciones específicas del mercado de trabajo cultural.
Reducción del IVA cultural del 21 al 4%.
Control público encaminado a garantizar que los beneficios obtenidos por la
difusión y distribución del arte nunca sean superiores a los del artista, así
como para impedir que las patentes sirvan para obstaculizar el acceso
equitativo de la sociedad a la cultura y la tecnología.
3.11 - Promoción del acceso libre, seguro y universal a la información
y las comunicaciones
23/40

Defensa de la libertad de expresión frente a las restricciones de acceso y el
monopolio de la información. Apoyo al crowdfunding, el software libre y el
copyleft.
Plan especial de atención para aquellos colectivos con más dificultades de
acceso, como las personas con discapacidad sensorial o intelectual o las
personas mayores
Democratización real de los medios de comunicación, facilitando que la
información y la cultura no estén en manos de banqueros, políticos,
empresarios sino que esté orientada al servicio de la ciudadanía, de su
empoderamiento, y por tanto orientada a generar relaciones de igualdad entre
las personas.
3.12 - Diseño e implementación de políticas destinadas a garantizar el
acceso universal al transporte y la movilidad de todas las personas
Adopción de un modelo de transporte público, colectivo, barato, no
contaminante, y con las adaptaciones necesarias para las personas con
movilidad reducida y otros colectivos que presenten dificultades especiales.
24/40

4. Recuperar la fraternidad, construir la democracia
4.1 - Impulso de la participación
Creación de un Comisariado de Participación en la Comisión Europea que,
propuesto y elegido por el Parlamento, tenga el mandato de fomentar,
impulsar y verificar que la participación ciudadana sea un elemento central de
la construcción europea.
Puesta en marcha obligatoria de unos Presupuestos Participativos en todos
los ámbitos de la administración (local, autonómica, estatal y europea), y,
gradualmente de una democracia participativa en todos los ámbitos, con
vistas a un proceso constituyente europeo.
4.2 - Promover los presupuestos sociales en la UE
Incremento inicial del Presupuesto Social de la UE y establecimiento de un
impuesto sobre los movimientos de capitales en el interior de sus fronteras, y
otro de mayor gravamen en el caso de movimientos desde y hacia países
extracomunitarios. Mientras se pone en pie este incremento a escala de toda
la UE, realizar iniciativas de reforzamiento del presupuesto público con
cuantos países estén ya dispuestos, estableciendo mecanismos de reciclaje
de excedentes y redistribución de los recursos hacia la población
desfavorecida y territorios deprimidos.
Inclusión en los presupuestos de la UE de un porcentaje mínimo, a partir del
0,7%, para educación y ayuda al desarrollo. Exigencia del cumplimiento de
25/40

los compromisos adoptados por la UE en relación a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), de las Naciones Unidas, que deberán lograrse
en el 2015. Los objetivos –acordados por la comunidad internacional en el
2000 y que deberían cumplirse en el 2015–, son erradicar la pobreza extrema
y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de
género y empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar
la salud materna, combatir el virus del VIH y el paludismo, la sostenibilidad
ambiental y desarrollar una asociación global para el desarrollo.
4.3 - Derecho a tener derechos. Reconocimiento del derecho de los y
las emigrantes
Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la inmigración
FRONTEX y EUROSUR. Fin de la llamada "Directiva de la vergüenza".
Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE. Fin de la política
de externalización de fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de
inmigrantes. Red de acogida integral que atienda a las víctimas de “trata” de
seres humanos, especialmente en los sectores en los que son especialmente
explotados (cuidados, prostitución): redes transnacionales de cuidados y sus
especiales sufrimientos en la frontera sur. Luchar contra particulares y
empresas que se aprovechen de la condición de los inmigrantes para ofrecer
peores condiciones laborales.
Garantizar el periodo de reflexión para estas víctimas según previsión del art.
59 bis de la Ley de Extranjería, sin que se haga depender de la denuncia de
la víctima y con no incoación del expediente de expulsión. Garantías de
protección internacional a las personas refugiadas. Mantenimiento de la
autorización de residencia y trabajo durante un período de cinco años sin
necesidad de cotización para su renovación. La ciudadanía no puede
depender de la renta.
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Derecho a tener derechos. Reconocimiento del derecho de los y las
emigrantes a votar donde viven, cotizan y trabajan y no solo en base al
derecho de reciprocidad (que restringe el derecho a voto sólo a los
emigrantes cuyos países reconocen el voto de los ciudadanos españoles).
Libre circulación y elección de país residencia y regularización y garantía de
plenos derechos para todas las personas residentes en suelo europeo, sin
distinción de nacionalidad, etnia o religión, con o “sin papeles”. Adecuación de
la sanción por falta de documentación y visado en regla a su categoría de
falta administrativa. Eliminación de las cartas de expulsión emitidas a las
personas sin visado en regla o pasaporte tramitadas de manera automática
en las comisarías. Garantizar a las personas indocumentadas los permisos
temporales de residencia necesarios, hasta resolver administrativamente su
estatus jurídico.
Desarrollo de políticas y medidas para mejorar el contacto y el intercambio
con terceros países, tanto con Gobiernos como con Parlamentos y
organizaciones de la Sociedad Civil, para mejorar sus condiciones y promover
una migración digna. Revisar todos los convenios bilaterales y multilaterales
existentes en materia de otorgamiento de nacionalidad a extranjeros
residentes en la UE, y replantear los períodos mínimos necesarios para tener
el derecho de ser considerado "ciudadano nacional".
Elaboración urgente de un censo de emigrantes por parte de organismos
oficiales, aprovechando las herramientas actuales, para obtener datos de
mayor claridad y fiabilidad. Sistema de Solidaridad que consista en Ayudas al
Desplazamiento a aquellos Emigrantes europeos que residan en otro Estado
miembro por motivos laborales y siempre en función de su renta, para
aquellos trabajadores forzosamente desplazados por la crisis y que cuenten
con recursos escasos puedan viajar a sus países de origen por motivos
familiares o de emergencia. Instauración de una Vida Laboral Única Europea,
con objeto de que los trabajadores no pierdan ningún derecho en materia de
Seguridad Social al trabajar en los distintos Estados de la Unión Europea, de
forma que los impuestos cotizados en cualquier Estado miembro puedan ser
27/40

transferidos al Estado de residencia de los trabajadores llegado el momento
de su jubilación o de aplicarse cualquier otro beneficio asociado a los
Sistemas de Seguridad social, mediante un sistema de compensación entre
Estados justo y respetuoso con las legislaciones locales.
4.4 - Desarrollo de mecanismos de integración y cooperación
específicos entre los países del sur de Europa
Defensa de los derechos de sus ciudadanos y de sus intereses comunes en
ámbitos como el turismo, agricultura mediterránea, cambios horarios, gestión
de puertos marítimos, control ecológico del Mediterráneo, etc. Establecimiento
de tratados de comercio entre los pequeños productores de los países del
sur. Desarrollo de mecanismos de cooperación específicos entre los países
del sur de Europa.
Defensa del derecho a decidir como un derecho democrático básico. Defensa
de las identidades culturales de las naciones sin Estado y de las minorías
culturales de la UE. Impulsaremos un marco que garantice el efectivo ejercicio
de los derechos lingüísticos y la diversidad cultural de los pueblos. Promoción
del deporte como herramienta para la solidaridad: las competiciones
deportivas y sus órganos oficiales deben difundir los valores de la solidaridad
y de la comprensión entre las personas.
4.5 - Potenciar la integración y cooperación entre los pueblos
Reconducción de la política internacional de la Unión Europea en un sentido
favorable a la integración y cooperación entre los pueblos, a favor de la paz y
en contra de la guerra. Acercamiento al Mediterráneo y a Latinoamérica como
regiones clave para un desarrollo armónico, autónomo y soberano.
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Política de apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental.
Reconocimiento del Estado Palestino y exigencia de la devolución íntegra de
los territorios ocupados por Israel. Redirección de la política comercial de la
Unión Europea para favorecer el desarrollo de los países del Tercer Mundo y
emergentes, primando las relaciones comerciales con países democráticos y
que garanticen los derechos humanos y penalizando el comercio con los que
se alejen de estos principios. Reducción del gasto efectivo en materias
militares.
Promover el aislamiento activo (imposibilidad de participar en proyectos
comunes subvencionados) a las entidades e instituciones de países con
gobiernos o parlamentos que no defiendan los Derechos Humanos. Impulsar
desde la UE a la creación de una comisión internacional de desarme con
objetivos anuales relativos en reducción armamentística.
Aplicación de las directivas europeas relativas al racismo, xenofobia y
apologías del fascismo, con las consiguientes medidas punitivas contra su
apología y de reparación hacia las víctimas.
4.6 - Defender la paz
Referéndum vinculante sobre la salida de España de la OTAN. Rechazo de
las intervenciones militares en la resolución de conflictos internacionales.
Desmantelamiento de las bases militares extranjeras en terceros países.
Impulso de las relaciones solidarias entre los pueblos. Papel comprometido
de la UE en la paz mundial y creación de un Servicio Civil de Paz cuya
actuación quede circunscrita al ámbito de la interposición y que sustituya a
las intervenciones armadas. Promoción de nuevos tratados de desarme.
4.7 - Potenciar la igualdad entre los territorios de la UE
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Exigencia de fórmulas de compensación territorial que fomenten la igualdad
de los territorios entre los diferentes países de la UE.
Impulso de la armonización salarial europea con el criterio de convergencia
con los países con niveles de remuneración más altos. Establecimiento del
marco legal comunitario que permita el desarrollo y fortalecimiento efectivo de
la negociación colectiva a escala europea. Auditoría de la deuda de los países
del sur teniendo en cuenta aspectos relativos a la sostenibilidad ecológica.
Garantizar el cumplimiento del Programa de Opciones Especificas por la
Lejanía, del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías y la Insularidad
y del Régimen económico y Fiscal, así como desaparición de la Reserva de
Inversiones Canarias para garantizar un desarrollo social justo en las islas
Canarias como “región ultraperiférica” de la UE. Protección y cuidado de sus
aguas reconocidas internacionalmente como “Zona Marina Especialmente
Sensible”.
30/40

5. Conquistar la soberanía, construir la democracia
5.1 - Derogación del tratado de Lisboa
Derogación del Tratado de Lisboa con el fin de que los servicios públicos no
estén sometidos al principio de competencia ni puedan ser mercantilizados,
del mismo modo que todos aquellos que han construído la Europa neoliberal y
antidemocrática; apertura de un proceso que camine hacia una refundación
de las instituciones de la UE a través de una asamblea constituyente.
5.2 - Modificación de los Tratados de libre comercio
Abandono del proceso de suscripción del Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y la Unión Europea. Apertura de un proceso de revisión
sustancial de los Tratados de Libre Comercio con América Latina.
Revisión sustancial de la política comercial de la Unión Europea y apuesta por
una política comercial basada en el respecto de los derechos humanos (lo
cual implica revisar los acuerdos comerciales con países que incumplan
flagrantemente estos derechos, como es el caso de Israel), sociales y
laborales, el acceso universal a los servicios públicos, la soberanía
alimentaria, el control de los mercados financieros y de los flujos de capitales,
y el libre intercambio de saberes y conocimientos. Y ello buscando reforzar el
respeto de la soberanía de los países, regiones y comunidades a desarrollar
el pequeño comercio local sobre los intereses de las transnacionales.
Paralización del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión con Estados Unidos; revisión
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de todos los Tratados de Libre Comercio ya firmados con países de África,
América Latina y Asia.
Ampliación de las relaciones económicas y las fórmulas de cooperación,
buscando una mayor integración económica en el medio plazo en materia de
financiación, comercio e inversión a todos los efectos, con los Países del Sur
de Europa, de América Latina y del Magreb, como punto de partida.
5.3 - Fin del uso de los Memorándums de Entendimiento
Fin del uso de los Memorándums de Entendimiento. Establecimiento de
criterios de democratización, transparencia y rendición de cuentas para todos
los procesos de toma de macro-decisiones en el ámbito de las políticas
económicas.
Las grandes decisiones macroeconómicas han de ser precedidas de un
debate público real y referéndums vinculantes.
5.4 - Obligatoriedad de ratificación democrática de los cambios
constitucionales
Inclusión en el Tratado de Lisboa de la necesidad de ratificación democrática
con participación popular efectiva para los cambios que afecten a las
Constituciones de los países miembros.
Garantizar que toda decisión que se tome en las instituciones europeas y sea
de gran calado para la ciudadanía deba ser refrendada obligatoriamente por
esta.
5.5 - Garantizar la celebración de referendums
32/40

El nuevo ordenamiento jurídico ha de contemplar los referéndums vinculantes
y las Iniciativas legislativas populares como pieza clave de participación
democrática. Es preciso impulsar desde el Parlamento europeo reformas en
todos los países miembros para que las decisiones de carácter estratégico
hayan de ser sometidas a referéndums en cada país.
Reforma de la Constitución española para garantizar la celebración de
referéndums en dichos casos y retirada de las medidas que hayan sido
aprobadas sin contar con participación popular democrática.
5.6 - Creación de mecanismos de control democrático y medidas
anticorrupción
Creación de mecanismos de control democrático y medidas anticorrupción
centradas en aportar transparencia a los procesos de adjudicación de
contratos públicos, la financiación de los partidos políticos, las cotizaciones,
patrimonios y rentas de los cargos electos.
Para evitar la profesionalización de la política y garantizar el control
democrático efectivo de los electores sobre los cargos electos se proponen
las siguientes medidas:
● Salario máximo no superior al salario medio establecido en el país por
el cual han sido elegidos.
● Limitación temporal en el ejercicio del cargo público no superior a dos
legislaturas.
● Rendición de cuentas pública y regular ante los electores que incluya:
declaración de nivel de ingresos, accesibilidad con su electorado,
especificación de gastos de los cargos públicos y desglose de los
gastos ocasionados por el ejercicio de su actividad política.
● Revocabilidad permanente de los cargos electos.
● Aplicación estricta del principio de incompatibilidad entre el ejercicio de
un cargo público y cualquier otra actividad remunerada.
33/40

● Eliminación del privilegio de jubilación con pensión máxima después de
7 años cotizados.
● Tributación fiscal para los cargos públicos igual que para cualquier otro
ciudadano.
● Abolición de la percepción de 2 o 3 diferentes tipos de pensiones del
erario público.
● Establecimiento de mecanismos para examinar el cumplimiento de los
programas electorales.
Reforma de los marcos normativos destinados a designar el Fiscal General
del Estado, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los
miembros del Tribunal de Cuentas y los miembros del Tribunal Constitucional.
Fin del aforamiento para los diputados de todas las cámaras y senadores.
Prohibición de acumular cargos públicos (ej: alcalde, senador, diputado,
eurodiputado etc.). Abolición del reembolso electoral.
Implantación de una directiva que obligue a revisar los Estados su estructura
institucional y permita eliminar instituciones duplicadas e innecesarias.
(Diputaciones en España)
5.7 - Reconocimiento del derecho a decidir
Reconocimiento del derecho de los distintos pueblos de Europa a constituirse
como tales y decidir democráticamente su futuro.
34/40

6. Recuperar la tierra, construir la democracia
6.1 - Nuevos criterios para una política sostenible en la UE
Aplicación del principio de precaución de manera que, de forma efectiva, se
convierta en un marco para todas las políticas de la UE. Impulso del
necesario decrecimiento en el uso de energías fósiles y materiales.
Planificación democrática de una economía ecológica al servicio de la
satisfacción de las necesidades básicas del conjunto de la humanidad y de
las futuras generaciones, respetuosa con la biosfera y basada en un modelo
productivo ambientalmente sostenible. Protección de la inviolabilidad de los
bienes comunes e incremento de las penas por delitos medioambientales.
Revisión, actualización y fortalecimiento en la aplicabilidad de los preceptos
de la Carta Europea de Ordenación del Territorio, para convertirla en un
instrumento contra la mercantilización de los espacios y a favor de una
utilización racional de los mismos, según criterios de sustentabilidad
ecológica, cohesión social y territorial y optimización de las capacidades
productivas. Reforma ecológica de la Contabilidad Nacional mediante la
introducción de indicadores de contabilidad ambiental que permitan evaluar la
economía en su comportamiento biofísico, con independencia de su valor
monetario, según la metodología de la ONU. Impulso de la implementación
generalizada del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada
(SCAEI). Apoyo a las peticiones al Parlamento Europeo de las organizaciones
ecologistas expresados en el documento “Un programa por la Tierra. Justicia
social y ambiental para hacer frente a las crisis”.
6.2 - Acceso al agua, derecho humano básico
35/40

La gestión y propiedad de los recursos hídricos debe ser pública, con una
gestión democrática y transparente. Puesta en práctica de penalizaciones
significativas a su uso abusivo, su derroche, su contaminación o su
privatización. Las cuencas hidrográficas, el conjunto de los ecosistemas y la
vida silvestre que las integran, son bienes comunes y deben quedar excluidos
de cualquier modalidad de apropiación privada o semi-privada. Gestión del
agua en cada cuenca hidrográfica. Consumo limitado por la tasa de
renovación natural dentro de la cuenca. Protección de la calidad del agua
conservando caudales ecológicos, reduciendo el consumo y la contaminación
de las aguas. Precios del agua urbana progresivos que garanticen el derecho
al agua para todos y penalicen el consumo excesivo. Extensión de bonos
sociales sobre el uso del agua que garanticen que ningún usuario se vea
privado del recurso por falta de pago. Fomento de la sensibilización y
educación en la cultura del ahorro del agua.
6.3 - Alimentación saludable, derecho inalienable de la población
Políticas orientadas al logro de la soberanía alimentaria, sustentabilidad
agropecuaria, protección de la agro-biodiversidad y cooperativismo agrícola,
generando un banco público de terrenos agrícolas actualmente en desuso y
de los procedentes de la expropiación de las grandes fincas que deberán
pasar a gestión comunal. Control sobre la especulación de precios de
productos agrícolas y regulación de los mismos para evitar el
empobrecimiento de los consumidores y productores, quienes deberán tener
asegurados unos precios mínimos. Puesta en marcha de mecanismos que
eviten la recalificación especulativa de terrenos. Reconversión de la PAC
(Política Agraria Común) a través de un plan de choque que favorezca a las
pequeñas explotaciones, ayude a los agricultores profesionales activos,
estimule los vínculos directos entre productores y consumidores, y elimine las
subvenciones a la gran propiedad. Potenciación de la agroecología mediante
36/40

medidas legales y el esfuerzo público y privado en I+D+i. Creación de un
banco de semillas locales y autóctonas y declaración del territorio de la UE
libre de transgénicos, lo que implica la inmediata regulación de la introducción
de semillas transgénicas. Regulación de los productos transgénicos por
entidades independientes de intereses comerciales, garantizando la salud
pública y obligatoriedad de información a los consumidores. Estricto control
del uso de plaguicidas y de los abonos no orgánicos, erradicación de los
químicos de síntesis. Regulación de las prácticas comerciales de las grandes
corporaciones agroalimentarias europeas en los países empobrecidos para
evitar los abusos contra los cultivadores locales y la especulación con sus
materias primas alimentarias y terrenos.
6.4 - La energía al servicio de las personas: parar el cambio climático,
mejorar la calidad del aire
Acabar con la contaminación y el riesgo de cambio climático. Elaboración de
un plan con fuerza vinculante destinado a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero para no superar los 2ºC que la comunidad científica estima
como límite para evitar un cambio climático de efectos devastadores.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para
2030 y un 95% para 2050, así como de los tóxicos óxidos de azufre (SOx),
óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas nocivas (PM). Penalización de los
incumplimientos. Control democrático social y público de las fuentes
energéticas y de la producción eléctrica para acabar con el poder de los
oligopolios del sector. Plan de rápido desarrollo de las energías renovables
mediante la inversión pública y dotado de una dotación suficiente en I+D, su
introducción masiva en las instalaciones de las administraciones y el apoyo a
su implantación en los inmuebles particulares residenciales y empresariales.
Las fuentes renovables de energía deberán suponer al menos un 45% de la
energía primaria en 2030, siendo necesaria la puesta en marcha inmediata
37/40

del cambio de modelo energético. Medidas de apoyo a la autogeneración
mediante el impulso de la generación distribuida mediante renovables y
facilitar su conexión a la red general para evacuar la energía sobrante, lo que
se traducirá en una democratización de la energía. Medidas de impulso a las
cooperativas productoras de energía. Moratoria nuclear. Cierre programado
de las centrales nucleares asegurando alternativas de empleo para sus
trabajadores. Políticas orientadas a la correcta gestión de los residuos
nucleares. Cierre programado de las centrales de gas y de carbón.
Prohibición del fracking, la megaminería, la importación de agrocombustibles
y el acaparamiento de tierras con fines energéticos. Plan de rehabilitación
energética de edificios y de viviendas con objetivos anuales que, junto a su
potencialidad en la creación de empleo cualificado, permita un ahorro
estimado para el sector del 50% de su consumo energético respecto al nivel
de 2009, sin que todo ello suponga incremento de los precios de alquiler.
Impulso de la movilidad sostenible en el conjunto europeo. Nuevo modelo de
transporte europeo sin emisiones de gases frente al actual basado en el uso
de vehículos altamente contaminantes. Prioridad al transporte basado en la
motricidad eléctrica sobre los derivados del petróleo.
6.5 - Protección integral del medio natural, urgencia ineludible
Prohibición de las patentes del genoma humano y de otros seres vivos
cuando sean objeto de mercantilización y no estén bajo el control de las
autoridades científicas pertinentes. Revisión de las figuras de protección
existente (parque nacional, natural etc.), catalogar y/o ampliar los que hay e
integrarlos en los planes de desarrollo turístico para su máxima protección.
Planes de protección de la flora y fauna. Ampliación de los recursos para
prevención y control de incendios, impedimento normativo de recalificación de
los terrenos. Regulación con criterios medioambientales de las explotaciones
pesqueras, buscando la protección de los ecosistemas marinos y prohibiendo
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malas prácticas como la pesca de arrastre. Plan para preservar las costas y
los espacios naturales de la especulación urbanística. Erradicación de los
residuos tóxicos y peligrosos y planes para la minimización del resto, sean
industriales o domésticos, efectiva gestión integral de los mismos, vigilancia
en el cumplimiento de las directivas comunitarias que regulan dicha gestión la
de envases y erradicación de la incineración. Políticas para reducir el
envasado de productos, potenciar el uso de envases con una larga vida útil y
la erradicación de la obsolescencia programada. Implantación de las medidas
y actuaciones necesarias para restaurar el daño infligido en los ecosistemas
por parte de quien lo infligió, además de establecer las penalizaciones
económicas oportunas: quien contamina paga y restaura. El dinero recaudado
de multas por daños al medio ambiente deberá destinarse en al menos un
80% en la protección, defensa y fomento de la protección ambiental. No
contratar ni aceptar a concurso público empresas que hayan sido multadas o
expedientadas por daños al medio ambiente, ni a empresas formadas a partir
de estas mismas.
6.6 - Desarrollo del mundo rural para reequilibrar la sociedad
Impulso a aquellas zonas que presenten un alto índice de despoblación por
medio de una puesta en valor de los bienes, tanto materiales como
inmateriales, de su territorio basándose siempre en principios de
sostenibilidad, recuperación y respeto al medio. Unificar la revitalización
económica y la mejora del entorno rural propiciando la necesaria relación con
el medio urbano mediante proyectos sostenibles basados en la participación
social, la investigación, innovación y el desarrollo humano, que tengan en
cuenta el caudal de conocimiento acumulado por los pobladores de esos
territorios y el máximo respeto por el territorio rural, dada su especial
fragilidad. Plan de inversiones para impulsar una economía social y sostenible
el medio rural y para la reversión del aislamiento en esos lugares en lo
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referente a comunicaciones, transporte sostenible, conexiones a internet
asequibles y de calidad y acceso real y efectivo a los derechos sociales de
sus habitantes en igualdad de condiciones al resto de los europeos. Facilitar
con financiación la formación y proliferación de redes de consumo, que sirvan
para disponer directamente los productos alimenticios desde los centros de
producción.
6.7 - Protección animal, nueva exigencia social
Elaboración de directivas europeas y leyes estatales de protección de los
derechos de los animales, estableciendo penalizaciones para los actos de
maltrato y abandono de los mismos y erradicando cualquier uso de fondos
públicos para actividades nocivas contra los animales. Prohibición de la
tauromaquia y del tráfico de especies exóticas o en peligro de extinción.
Regulación de la caza mayor y de especies protegidas. Promoción de las
Asociaciones Protectoras como vigilantes garantes de que las
administraciones públicas están cumpliendo con su trabajo de amparo y
protección de los derechos animales.
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