El documento declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 7 estados de México a partir del 30 de noviembre de 2015, y en 8 estados y el Distrito Federal a partir del 29 de febrero de 2016. También reforma el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para modificar atribuciones de diversas unidades y órganos administrativos, y abroga el decreto que creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán.