El documento se refiere al debido proceso en el contexto del sistema judicial venezolano, enfatizando que la defensa y asistencia jurídica son derechos fundamentales en todas las actuaciones judiciales. Además, establece el rol del Ministerio Público en la investigación penal y la importancia de seguir procedimientos establecidos para garantizar la legalidad y la constitucionalidad. Finalmente, se destacan las garantías para la obtención de pruebas lícitas y la prohibición de obtener información mediante métodos ilegales o coercitivos.