Capituloiv

Capítulo IV: La "Guerra del Agua" en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos,
convergencias nuevas
Thomas Kruse*
Introducción
A los cuatro meses de entrada al nuevo mileno, en Cochabamba, Bolivia se cerró un
primer ciclo de conflictos, considerados por muchos como indicativos de nuevas formas
de acción colectiva, y emblemáticos de las contiendas emergentes en la “globalización”1
.
Culminando un ciclo de protestas iniciados en diciembre de 1999, las movilizaciones
masivas terminarían cancelando un jugoso contrato para la privatización del agua en
Cochabamba, y transformando la legislación nacional que legalizaba y amparaba los
negocios.Estas movilizaciones se dieron en medio de una crisis profunda en las
organizaciones sindicales aglutinadas al Central Obrera Boliviana (COB) que
históricamente encabezaron las luchas sociales en Bolivia. Comentaría en 1982 Zavaleta
Mercado que “[n]o es… una exageración decir que, al menos desde 1940, la historia de
Bolivia es un duelo entre los militares y la clase obrera.”2
. La articulación y expresión
por el lado obrero fue, después de 1952, la COB. Su extraordinario poder se basaba en
un conjunto de elementos: al centro hubo un núcleo de trabajadores alterante concentrado
en enclaves mineras y fabriles; predominaban en este núcleo formas de trabajo, vida y en
sindicato que formaban densos tejidos sociales y solidarios, en buena medida
reelaborando-readecuando tradiciones andinas con condiciones obreras modernas. Al
mismo tiempo, este formal sindicato se irradiaba desde el núcleo, hasta hacer que la
realización de derechos sociales y políticos fuera por medio de pertenecer al sindicato.
Subyacente y entorno a estas formas de organización se dio un poderoso proceso de
construcción discursivo, que combinaba un concepto fuerte y inmediatamente
“aprehendible” de clase y del trabajador como base de la riqueza del país, en constante
contraste indignante con condiciones sociales infra-humanas. Por otro lado, estaba el hito
fundacional de la revolución de 1952 – prueba contundente de la eficacia de la acción
colectiva – que encontraba su resonancia y reactivación en los sucesivos enfrentamientos
con el Estado, y en particular las masacres y episodios de represión.
Ajustes estructurales de 1985 en adelante, en combinación con privatizaciones de 1993
en adelante, han producido cambios profundos en el mundo del trabajo, socavando
cuantitativa y cualitativamente las bases del sindicalismo, provocando lo que muchos
llaman la “muerte” de la COB. Basándose en las formulas de las instituciones financieras
(apertura irrestricta, austeridad en el gasto publico, privatizaciones, etc.), las reformas han
efectuado una estabilización macroeconómica sin reactivación productiva. Cabe
mencionar las tendencias claras de creciente informalización (trabajadores “autónomos”
en su subordinación y exclusión, que ahora son casi el 70% de la PEA), precarización
(predominan inserciones laborales sin bases contractuales, protecciones sociales, o
remuneración suficiente para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo), y des-
sindicalización (sea directa-inducida como estrategia Estatal/empresarial, o como efecto
de la informalización)3
.
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Desde por lo menos al final de la década del ochenta, la Central Obrera Boliviana, sigue
en crisis permanente. Los enclaves mineros estatales, desde donde se irradiaba la forma
sindicato de participación masiva y ciudadanía (subalterna), prácticamente se han
cerrados; aunque sin reforma formal la legislación laboral se ha “flexibilizado”; la
privatización ha diezmada varias federaciones obreras; la organización sindical de los
sectores públicos esta bajo ataque legal y presupuestaria permanentemente. Indicativo de
esta crisis es que desde 2000 la COB tiene una dirigencia transitoria, habiendo intentado
y fracasado tres veces en celebrar congresos.
Comentaristas afines a “las reformas” de las últimas décadas celebran el debilitamiento
de la COB y hablan de su “muerte cerebral”. Otras voces mas razonadas y menos
cargados de revanchismo señalan la “muerte” de la COB, pero solo en el sentido de “las
condiciones y las proyecciones de la acción en común obrera que prevalecieron durante
40 años… [y una] manera de inclusión del sindicato en la composición estatal,” es decir,
“una forma de la condición obrera y del movimiento obrero y no así del Movimiento
Obrero que en los siguientes años podrá adoptar otras formas históricas.”4
Se presente entonces una paradoja, y muchas preguntas. La paradoja: por un lado la
COB, piedra angular de la acción colectiva social de antaño, en declive quizás terminal, y
por el otro una clara escalada de acción colectiva de masas, contundente y con
significativa eficacia en poner ciertos limites a las “reformas” y planes de las
instituciones financieras internacionales.
Y las preguntas: ausente la COB, ¿cuales son las bases de movilización? ¿Si no es en
torno al mundo del trabajo, cuáles son las formas de enmarcar y articular la protesta? Y
en las movilizaciones, ¿qué roles juegan los trabajadores y sus organizaciones?
El presente trabajo busca aportar elementos hacia respuestas a estas preguntas, por medio
de un análisis de los acontecimientos de 2000 en Cochabamba, denominados la “Guerra
del Agua”. A continuación, en una primera parte miramos varios niveles de actores –
transnacional, nacional, y local. Si bien el agua ha sido base de numerosos conflictos
locales, los hechos demuestran que el caso de la Guerra del Agua es lejos de ser uno mas;
mas bien ejemplifica las tensiones y conflictos que la “globalización” – entendido en este
caso como la presencia decisiva de la inversión extranjera protegida y la ingeniería estatal
que requiere, construido bajo la tutela de las instituciones financieras internacionales –
engendren a niveles locales. La ferocidad y eficacia del conflicto solo se explica
tomando en cuenta la potencia de los elementos que en la Guerra del Agua chocaban:
empresas transnacionales poderosos en busca de lucro en mercados de reciente creación;
instituciones financieras internacionales (IFIs) al servicio de la creación y explotación de
estos mercados; y un Estado sometido a los dictámenes de las IFIs y decidido a
coadyuvar “soluciones” al problema del agua vía privatización. A esto se suma un
entrono local con una situación critica de agua, y una larga y compleja tradición de
conflictos en torno al agua, y recién se vuelve legible la Guerra del Agua.
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Por su rol decisivo pero no siempre aparente, consideramos importante identificar en
detalle los diferentes actores que convergieron para crear el conflicto. En países como
Bolivia, es probable que la acción colectiva y conflictividad del futuro gira menos
entorno a una “simple” o fácilmente aprehendible conflicto entre capital y trabajo, y cada
vez mas entorno a lo que algunos han llamado la política de las necesidades básicas o de
sobrevivencia (acceso a tierra, agua, capital para el trabajo informal, el derecho al trabajo
mismo)5
. En tanto, consideramos urgente esclarecer los complejos determinaciones del
terreno en que se busca y lucha por estas sobrevivencias.
En la segunda parte relatamos brevemente los hechos de la escalada de protesta que
culminó en abril de 2000 con la cancelación de la privatización y los cambios a la
legislación. En la tercera parte, miramos en mayor detalle la “Coordinadora de Agua”, la
convergencia-coalición que encabezó las protestas, quienes lo conformaron, el rol
limitado pero importante que jugó el “sindicalismo tradicional”, y algunos elementos
centrales que aportaron al éxito de la resistencia a la privatización. Concluimos
recogiendo algunas observaciones sobre las formas de acción colectivas en Bolivia hoy.
Armando la Guerra del Agua
Creando mercados
La base del lucro: necesidad aguda.
En una cita ya famosa, un vicepresidente del Banco Mundial sentenció que “[l]as guerras
del siglo que viene serán provocadas por la falta de agua.”6
Lo confirma Michael T.
Klare, especialista en temas geo-políticas y militares, en un libro reciente con el título
llamativo Guerras por recursos: el nuevo paisaje de los conflictos globales, en el cual
dedica dos capítulos al agua. Una combinación de factores – desde cambios climáticos,
crecimiento poblacional, urbanización acelerada, producción agrícola crecientemente
intensiva en uso de riego – han creado múltiples escenarios de crisis en el mundo, donde
la demanda de agua rápidamente rebasa las fuentes y ofertas en el mundo7
.Como toda
escasez, el del agua se convierte en una extraordinaria oportunidad de ganancias. En el
negocio del agua, decía la revista Fortune en el año 2000, “los dólares en juego son
fenomenales… es un negocio de 400 mil millones de dólares al año. Esto es, el 40% del
tamaño del negocio de petróleo, y un tercio más grande que el negocio global de
farmacéuticos”.8
Johan Bastin, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, dice:
“El agua y sus infraestructuras son la última frontera que a los inversionistas privados les
queda por invadir.” 9
No obstante, realizar estas ganancias presupone que existen
empresas de escala y alcances capaces de movilizar los enormes recursos necesarios para
convertir agua en fuente de ganancia, y los procesos y reglas institucionalizados, tanto
nacional como supranacional, que hacen a un mercado.
Los actores centrales: Las multinacionales del agua
Afirma Klare que desde la perspectiva de los recursos en la economía global, el agua
tiene muchas similitudes con el petróleo. Es esencial para una amplia gama de
actividades humanas, y existe en cantidades relativamente finitas. Además, “una vez que
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la oferta este agotada, cantidades adicionales solo pueden ser adquiridas por medio de
esfuerzos heroicos y costosos” 10
– es decir, movilizando grandes capitales. En algo más
se asemeja al petróleo: en tiempos de privatización y vilificación de la inversión publica
productiva en general, esto requiere y abre cancha para el protagonismo de grandes
empresas transnacionales.En el caso del agua, predominan unos conglomerados franceses
(Vivendi, Suez Lyonnais des Eaux) producto de una particular historia en la cual el sector
público jugó un rol mucho menor que en los demás países industrializados. Estas
empresas tienen mucha experiencia en el manejo de múltiples concesiones en contextos
políticos variados.Con mas de 60% del mercado global de aguas 11
, empresas es difícil de
subestimar el peso de estas dos. El costo de entrada al mercado para otras empresas es
muy alta, haciendo que los principales competidores – Thames, SAUR, Anglian,
incipientemente Bechtel de EEUU, y en su momento Azurix, el intento fracasado de
Enron de entrar al juego – terminan participando en colaboraciones y proyectos conjuntos
con Vivendi y Suez. El resultado es un mercado oligopólico dominado por dos actores
centrales y multisectoriales, con actividades en comunicaciones, energía, transportes, y
otras.
Gráfica 1 El mercado mundial de aguas y las principales empresas transnacionales
Viviendi, 33%
Suez, 32%
SAUR, 10%
RWE, 8%
Otros, 17%
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Cuadro 1. El mercado mundial de aguas y las principales empresas transnacionales
Población
“servida”12
Total ventas
€
Total
ganancias €
Ventas agua
€
Ganancias
agua €
Fuente: Elaborado con base en datos de PSIRU 2002.

Vivendi13
97.5 26,481.0 2,238.0 12,856.0 1,031.0
Suez 110.0 34,617.0 7,414.0 9,063.4 2,124.5
RWE14
56.0 62,878.0 2,238.0 1,690.0 563.0
Total 263.5 123,976.0 11,890.0 23,609.4 3,718.5
Fuente: Elaborado con base en datos de PSIRU 2002.
En resumen, crecientemente el manejo del agua en localidades en todo el mundo – Suez,
por ejemplo, vende servicios de agua a mas de 110 millones de personas – termina en
manos por consorcios oligopólicos, para los cuales el agua es solo uno entre varios
negocios. Lejos de los pronósticos felices de los promotores de la privatización, ante la
ubicua captura de “reguladores” locales ante empresas enormes esta situación da lugar a
ineficiencias, abusos y corrupciones. Varios estudios ya han catalogado largas listas de
estas corrupciones y exacciones practicadas por las transnacionales del agua15
.
2. Bases de oligopolios: Joint Ventures entre las principales empresas de agua
Fuente: “Joint ventures between leading water multinationals”, Emanuele Lobina y
Vladimir Popov, PSIRU, University of Greenwich, 2003. Agradecemos a los autores
permiso para su reproducción aquí.
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El actor en Cochabamba: la empresa de Mr. Bechtel
La empresa que llegó a Cochabamba para apoderarse del agua, Bechtel Enterprises de
EEUU, es un novato en el mercado de agua. Hasta principios del 2001, Bechtel – y su
subsidiario creado para negocios de agua, International Water Limited (IWL) – tenía
ocho operaciones de agua, en Asia, Europa Central, Australia, Reino Unido, Estonia, y
Ecuador, y habría tenido nueve, si no fuera por la Guerra del Agua en Cochabamba.
Aunque un neófito en operaciones de agua, Bechtel es una de las empresas mundiales
más grandes de ingeniería y construcción. Fundada en 1898 por Warren Bechtel, ha
ejecutado más de 19,000 proyectos en 140 países16
. Según el ranking de la revista
Forbes, es la sexta empresa norteamericana de patrimonio privado, por tanto no sujeta a
las reglas de transparencia de las sociedades anónimas, y famosa por su carácter cuasi-
clandestino e hiperagresivo, y sus estrechos lazos con sucesivos ejecutivos en
Washington, D. C.
Dirigiéndose a sus ejecutivos años atrás, el entonces presidente de Bechtel, Steven
Bechtel Jr., aclaró: “Acuérdense: no estamos en el negocio de la construcción y la
ingeniería; estamos en el negocio de hacer plata.”17
En cuanto “hacer plata”, Bechtel
reportó ingresos de 14,3 mil millones de dólares en 2001, sin contar el valor de los
proyectos nuevos que duplicarían la cifra. El “producto” (ingresos) de Bechtel es casi
dos veces el PIB y casi 10 veces el gasto público de Bolivia del mismo año18
. Un
sustento central de “hacer plata” son las relaciones fluidas e íntimas de Bechtel con el
Gobierno de Estados Unidos. Steven Bechtel Jr., nieto de Warren, fue asesor de
comisiones económicas de Nixon. Por décadas, Bechtel se benefició con millones de
dólares en créditos blandos del Export-Import Bank, agencia pública que apoya la
exportación de servicios y productos, dirigida en la década de los setentas por un ex
gerente de Bechtel, Henry Kearns.
Con Reagan en la Casa Blanca, los “hombres Bechtel” entraron directamente al gabinete.
El presidente de Bechtel, George Shultz, fue Secretario de Estado; el Consejero General
de Bechtel, Caspar Weinberger, fue Secretario de Defensa; y W. Kenneth Davis,
vicepresidente de Bechtel para “desarrollo nuclear”, ocupó el estratégico cargo de
Vicesecretario de Energía, encargado con otorgar nuevas licencias para la construcción
de nuevas plantas nucleares, una especialidad de Bechtel. A lo largo de su historia, los
“hombres Bechtel” han sido consejeros de presidentes y príncipes (notoriamente en
Arabia Saudita), emplearon batallones de lobbyists en Washington, y en varios momentos
jugaron un rol íntimo y mutuamente beneficioso con la CIA19
.Las inversiones de Bechtel
fuera de EEUU son muy significativas: en el mundo es 2000 más de la mitad de los
ingresos de Bechtel vinieron de actividades fuera de EEUU 20
, y esta “presencia
comercial” es concebida y con frecuencia ofrecida como una palanca importante para la
política exterior de EEUU. En testimonio ante la Comisión de Relaciones
Internacionales del Congreso en 1997, el ejecutivo de Bechtel Sy Taubenblatt insistió que
las transnacionales proporcionan una palanca importante al gobierno: “La capacidad de
tener incidencia sobre el curso de eventos en cada uno de estas áreas – y el mundo en
general – depende de la presencia económica de EEUU alrededor del mundo.”21.
90

Hoy, desde su sede en San Francisco, el bisnieto de Warren, Riley Bechtel, maneja
alrededor de 1,100 proyectos en 66 países en minería y metales, hidrocarburos,
petroquímicos, energía nuclear, infraestructura civil, telecomunicaciones, y
crecientemente, agua.
Los promotores: lobbies e instituciones financieras internacionales
Abrir, ordenar y sostener este mercado para empresas como aquella de Mr. Bechtel es
también obra de las instituciones financieras internacionales (IFIs), en particular el Banco
Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus condicionalidades son
cruciales en determinar o acelerar los procesos de privatización de servicios, y su
programa de “apoyo al desarrollo del sector privado” – en particular su rol en el diseño y
implementación de marcos legislativos y regulatorios – son instrumentales en crear
mercados de agua. Además, existe ya una plétora de consejos, foros y asociaciones
sectoriales —como Business Partners for Development del Banco Mundial, Global Water
Partnership y el World Water Council, uno de cuyos Vicepresidentes es un gerente de
Suez Lyonaise des Eaux22
–dedicados a abrir, regular y amparar mercados de agua en el
mundo. Aunque participaran ONGs y organizaciones de la “sociedad civil”, los
resultados de la gestión reflejarán claramente el peso y las prioridades de las y las
transnacionales e IFIs.
En su conjunto, estas instituciones financieras internacionales y foros-consejos hacen a
un poderoso lobby y sostén en la creación de mercados masivos de agua. Para el presente
caso, es difícil subestimar el rol de las IFIs en los negociados que dieron lugar a la Guerra
del Agua, en especial el Banco Mundial y el BID. A lo largo de los años, estos bancos
jugaron un rol decisivo en exigir, financiar y consolidar una orientación general hacia el
mercado en casi todas las políticas del Estado boliviano23
. Un documento interno del
Banco del 2001, titulado “El Trabajo del Banco Mundial en Bolivia desde 1985,” hace
una balance de los 59 préstamos entre 1985 y 2000 a Bolivia, en total más de 1.1 mil
millones de dólares desembolsados, bajo una firme orientación privatizadora y del cual
ninguna actividad o sector está exento24
.
Al comprender que la privatización requiere un Estado fuerte, en los últimos años el
Banco Mundial ha dedicado tiempo y recursos especiales a la la construcción del Estado
boliviano, llamado “manejo del sector público”. Desde 1985, los préstamos en este
ámbito incluyeron fondos para administración de justicia, administración financiera,
gestión económica, desarrollo de la empresa privada (desde el Estado), fortalecimiento
del sector financiero, promoción de la descentralización, y privatización (“asistencia
técnica para la reforma regulatoria y privatización”). En resumen, el Banco Mundial
puso condicionalidades para exigir la privatización, y prestamos (deuda) para financiar la
construcción de un Estado (supuestamente) capaz de ejecutar y conducir la privatización.
El informe del BM mencionado arriba señala por lo menos siete préstamos con
componentes dirigidos a promover, amparar y regular privatizaciones, con más de $77
millones desembolsados para este fin; de estos proyectos, tres tuvieron implicaciones
directas para el sector aguas; dos de ellos mencionan específicamente el imperativo de
privatizar el agua en Cochabamba.
91

El BID por su parte ha extendido créditos por más de $200 millones desde 1995, sólo
para temas relacionados con el agua, entre ellos en 1996 prestó $88.8 millones para
“promover mayor participación privada” en el agua potable y alcantarillado urbano,
“apoyar el proceso de desarrollo y consolidar el marco regulatorio”25
. Fruto de este
crédito fue el borrador de la Ley que legalizó la privatización del agua en Cochabamba, y
creó lo que sería la “Superintendencia de Agua”, una especie de “zar” sectorial, rector de
las privatizaciones con amplios poderes, pero lazos de accountability efectivamente
nulos, y sistemáticamente condenado y resistido por el movimiento campesino boliviano.
De esta manera, en el agua —como en otros sectores— el BM y BID dieron el impulso al
proceso de privatización, dotando al Estado boliviano de las políticas, agencias y
estructuras para llevarlo a cabo, ya que financió el diseño de las reglas del juego dentro
de las cuales operarían las empresas privatizadas. No es una exageración afirmar que la
orientación, fisonomía, criterios técnicos y prioridades del Estado boliviano son en gran
medida producto de esta relación con las IFIs; y que en varias áreas, el “Estado
boliviano” se ha vuelto efectivamente un subsidiario de las IFIs y sus socios de la
“Cooperación Internacional”26
.
Cuando la zanahoria de la ayuda técnica” no es suficiente, el Banco Mundial no duda en
usar el palo de la “condicionalidad”. Reflexionando internamente sobre las lecciones de
la ejecución de un programa de aguas concluido en 1997, lamenta que en Cochabamba no
existieran “incentivos para mejorar el desempeño”. La conclusión a que llegaron fue
simple: la disciplina del mercado. Decía, “la privatización depende enteramente de la
voluntad política de llevar adelante el proceso”, y por esto “el Banco debería condicionar
sus préstamos a la participación del sector privado en la administración y provisión de
servicios”27
. En otras palabras: donde no hay voluntad política para la privatización, el
Banco Mundial lo impondrá con “condicionalidad”; los gobernantes de turno, frente a
una crisis fiscal crónica y esforzándose por ser “buenos alumnos” de las IFIs, casi sin
excepción se someten. Y así sucedió. En 1996 el Banco Mundial condicionó un
préstamo de $14 millones a la operadora municipal de agua en Cochabamba, SEMAPA, a
su privatización 28
; y en 1997, el FMI, BM y BID condicionaron la condonación de otros
$600 millones a – entre otras cosas – la privatización de SEMAPA29
. Conjugando
coerción con convencimiento, palos con zanahorias, el BM activamente hace ingeniería
de voluntad política, dándoles dirección y libretos – el “enfoque” adecuado – a las
autoridades nacionales. Pero el Banco Mundial no solo arma el juego; también participa
directamente. Junto al BID, el Banco Mundial extendió $15 millones en créditos directos
a Aguas del Illimani de La Paz en 1998, una subsidiaria del gigante Suez Lyonnaise des
Eaux30
. Luego el BM fue más allá, convirtiéndose en accionista directo de Aguas del
Illimani/Suez Lyonnaise de Eaux: por su ventanilla comercial (la International Finance
Corporation) invirtió un millón de dólares, volviéndose accionista directo31
. Como
accionista, el BM estará codo a codo con sus socios políticos locales: el 20 por ciento de
las acciones están en manos del Banco Mercantil, el segundo banco de Bolivia en cuyo
directorio está el padre del Jorge Quiroga, vicepresidente (luego presidente) gobernante
durante la privatización del agua en Cochabamba y la posterior Guerra del Agua32
.
92

Las IFIs no solo juegan un rol central en crear mercados e imponer el negocio de agua;
diseñan las reglas del juego; reestructuran los Estados para sostener el negocio; participan
directamente en el negocio, como accionistas; y por si acaso hay problemas (como la
resistencia ciudadana), venden seguros a los inversionistas en agua como Bechtel por
medio de se agencia aseguradora de inversiones multilaterales (MIGA). Poco después de
la “Guerra del Agua” el Banco Mundial-MIGA vendió a Bechtel-International Waters
Limited una póliza de seguros para proteger su inversión en el sistema de agua en
Guayaquil, Ecuador “… contra los riesgos de expropiación … y disturbios civiles…”.33
En resumen, para entender el proceso de la guerra del agua es imprescindible comprender
el entorno laboriosamente diseñado y financiado por las IFIs, en función de coadyuvar la
privatización y crear condiciones adecuadas para la participación de las transnacionales.
En la construcción de este entorno participaron bolivianos, pero esto no debe distraernos
de la autoría decisiva de las IFIs. En una discusión franca con representantes del Banco
Mundial en La Paz planteamos que si el Banco promueve, financia, apoyo y al final exige
la privatización en un contexto específico, sabiendo —al cabo de mas de una docena de
años de trabajo directo— íntima y exactamente con quiénes está tratando y en qué
terreno, no puede entonces lavarse las manos de los resultados, como pretenden los
relacionistas públicos del Banco Mundial en EEUU34
. Respondieron los representantes,
“I see your point”.
Necesidades locales
Introducción
Las IFIs “rayaron la cancha” para los negocios de Bechtel en el agua de Cochabamba.
Pero, ¿sobre que terreno la rayaron?
Es difícil subestimar el rol del tema de agua en la vida local en Cochabamba. Es un
factor productivo central, fuente de vida y salubridad (o la falta de la misa), y un potente
indicador de poder y desigualdad en la sociedad. También se ha convertido en la materia
prima de promesas electorales y manipulaciones políticas. Es, por tanto, un referente
material, político y cultural de la vida local. Es tema de discusión cotidiana de vecinos,
ocupa las páginas de los periódicos, y el tiempo y la actividad de los cochabambinos,
tanto individual como colectivamente en sus asociaciones, barrios y comunidades.
Por la escasez crónica del agua la gente ha innovado múltiples formas de manejar la
captación, distribución y uso del agua, tanto para riego como para el consumo humano.
Muchos sistemas de agua son antiguos, de carácter comunitario y parte integral de la vida
rural tradicional de comunidades semi-agrícolas aledañas a la ciudad. En la ciudad, el
crecimiento acelerado, desordenado y la manifiesta incapacidad de las autoridades para
organizar una solución centralizada ha creado frustración permanente entre usuarios del
sistema municipal, y en las zonas pobres periurbanas ha dado lugar a una multiplicidad
de acciones individuales y comunitarios de auto-construcción. Entender la reacción a la
privatización del agua en Cochabamba implica comprender el complejo tejido de actores
que ha emergido entorno a la captación, distribución, y consumo de aguas, y su manejo
político.
93

El campo: usos y costumbres
La viabilidad financiera (base de lucro “regulado” por el Estado) de la privatización del
agua en Cochabamba requirió la creación de un área de concesión monopólica en la cual
la operadora privada goza de privilegios en la captación, distribución y venta de agua. En
Cochabamba, esta área de concesión incorporó tierras aledañas a la ciudad, donde existe
un tejido denso de pequeños propietarios, en su mayoría “regantes”, o asociaciones
comunitarias organizadas en torno a la captación y distribución de agua para usos
productivos y humanos. Estos diversos sistemas de riego — entendidos como la
organización social de control del agua más la fuente de agua misma35
— son parte
fundamental de la problemática del agua en Cochabamba, y los “reganntes”, como
veremos, un actor central en la Guerra del Agua.
El grueso de los sistemas de riego en el país se halla en el departamento de Cochabamba:
casi el 20 por ciento de los sistemas y el 40 por ciento del total de la superficie regada
inventariada, está en Cochabamba 36
, y la enrome mayoría son micro-sistemas bajo
control local-comunitario. Por ejemplo, en Quillacollo, un municipio aledaño a la ciudad
de Cochabamba, un inventario reciente registró 192 sistemas, de los cuales la gran
mayoría —126 (65%)— eran pequeños y sólo 9 (5%), grandes37
.
El mundo de las comunidades regantes es diverso y complejo. Un estudio reciente capta
esta diversidad, identificando diferencias con base en cuatro aspectos: sus características
físicas (de valle, sierra, altiplano); sus antecedentes históricos y culturales, que
frecuentemente que se remonta a tiempos pre-republicanos; las diversas formas de
concepción del agua y de los derechos que se ejercen sobre el agua (el estudio contabiliza
mas de 30 términos para aguas y derechos sobre aguas, indicador claro de su complejo
arraigo en las culturas locales); y las formas socio-organizativas en torno al agua, que se
basan en familias, comunidades, sindicatos rurales, federaciones de comunidades
“regantes”, o varias combinaciones de estos38
Como bandera de resistencia, este complejo mundo de historia, cultura, organizaciones,
conceptos y prácticas se resumiría bajo la bandera de la defensa de “usos y costumbres.”
Estamos frente a una situación en el cual acceso al agua es mediado por múltiples y
gruesos mecanismos sociales, culturales e históricos, y extremadamente lejos de un
“mercado” donde el agua es el simple “bien económico” con el cual quiso lucrar la
Bechtel Corporation39
.
Ciudad: sed de un pueblo
Según las percepciones locales el agua en Cochabamba ha sido una frustración eterna.
Antiguos residentes se quejan que “desde siempre” el servicio urbano ha sido malo. La
historia reciente de la empresa local de agua, SEMAPA, ha sido en la mejor de sus
momentos un esfuerzo valiente encabezando de profesionales locales capaces de
mantenerse al frente de un crecimiento urbano galopante (En el cuarto de siglo entre 1976
y 2001, la ciudad casi triplicó su población, de 43,417 hogares a 122,257) con recursos
cada vez mas limitados del management de la austeridad típica de América Latina a partir
de los años ochenta. En el peor de sus momentos, se convertiría en una historia de
algunas buenas intenciones ahogadas por la corrupción y el uso del sector público de
manera discrecional para ventajas personales y políticas de cuadillos locales.
94

En vísperas de la privatización de 1999 las deficiencias del sistema de agua en
Cochabamba eran notorias. En primer lugar, la red de suministro solo cubría un poco
menos que el 60% de población. Del resto de la población, aproximadamente una mitad
se abastece con sistemas autogestionados (tratados abajo), y la otra mitad compra agua a
precios exorbitantes de camiones cisternas (“aguateros”) que permanentemente recorren
las zonas pobres del sur, vendiendo por litro su producto.
Esta cobertura deficiente de la red es exacerbada por una escasez de fuentes de agua. En
una mayoría de los barrios conectados a la red municipal existe racionamiento de agua.
Casi ningún sector de la ciudad tiene agua de forma permanente; muchos de ellos cuentan
con agua sólo unas horas por día; otros, sólo unos días a la semana. Un estudio de 1998
estimó que el grado de “demanda insatisfecha” de agua de quienes tienen acceso a la red
alcanza casi un 40 por ciento40
Cochabamba depende cada vez más de fuentes subterráneos y la perforación de pozos,
tanto para el sistema municipal de Semapa como para los proyectos pequeños y locales.
Aunque no se cuenta con datos precisos, una fuente estima en que en los últimos 20 años
se ha perforado más de 400 pozos41
. Esta creciente dependencia de fuentes subterráneas
ha provocado problemas medioambientales, sociales y políticos, notablemente entre
campo (comunidades “regantes”) y ciudad (SEMAPA) a finales de los ‘90. Llamado la
“Guerra de los Pozos”, estos conflictos serían un preámbulo a la Guerra del Agua de
2000, escenario donde emergen los “regantes” como actor social colectivo.
Por otro lado, mucho del agua captada y distribuido por SEMAPA no es “contabilizada”.
Una combinación de agua vendida sin medición, medidores mal calibrados, conexiones
clandestinas, y simples fugas de agua de una infraestructura dilapidada hace que
alrededor del 50 por ciento del agua “producida” por Semapa no se contabilice42
.
Desigualdad
Los costos de esta dramática situación caen desproporcionalmente sobre los pobres. De
este modo, la situación del agua refleja y produce desigualdades sociales locales. Una
investigadora local viene realizando estudios sobre agua e desigualdad desde principios
de los 90 43
, y emerge un cuadro sumamente preocupante. Abajo presentamos un cuadro
de resumen. Distinguiendo zonas “buenas”, “regulares” y “malas” de la ciudad, la autora
calcula el numeró de conexiones al sistema de agua SEMAPA, y el porcentaje de agua
que los barrios consumen. Luego, señala el gasto de las personas y familias en agua,
como porcentaje de sus ingresos.
Por último, muestra los indicadores comparativos de calidad de vida por zona. Las
conclusiones son ineludibles. Los pobres tienen menos acceso (consumen sólo el 14 por
ciento del agua por cañería, aunque son la mayoría de la población) y al mismo tiempo
pagan más (hasta el 7 por ciento de sus ingresos, a diferencia de sólo 1 por ciento para las
zonas “buenas”, reflejando en parte el costo alto del agua de los camiones cisternas).
95

Los indicadores de vida señalan impactos desastrosos: mientras en las zonas “buenas” se
espera que la gente viva 67 años y sólo 45 de cada mil niños mueran antes de su primer
año, en las zonas “malas” la expectativa de vida es sólo de 47 años y se mueren casi 150
niños por cada mil nacidos en su primer año. Sin duda, al centro de esta tragedia está el
problema del agua.
Cuadro 3
Cochabamba: una síntesis de la inequidad: conexiones, consumo y gasto en agua; e
indicadores de calidad de vida en 1996
Buena Regular Mala Total
Número de conexiones
Total 18,695 19,884 7,688 46,267
Doméstico 16,249 18,663 7,552 42,464
No-doméstico (comercial, industrial, etc.) 2,446 1,221 136 3,803
% Consumo
Doméstico 45% 38% 17% 100%
No-doméstico 59% 36% 5% 100%
Total 48% 38% 14% 100%
Consumo doméstico y costos
Por hogar (litros/día) 731 430 125 429
Por persona (litros/día) 165 99 22 95
Tamaños promedio de hogar (personas) 4.4 4.4 5.7 4.8
Ingresos promedio (Bs./mes) 2,500 814 576 1,130
Costo promedio del agua (Bs./mes) 26.09 26.01 39.23 30.4
Gasto promedio del ingreso en agua
(porcentaje) 1% 3% 7% 3%
Indicadores de calidad de vida
Expectativa de vida (años) 67 57 47 58
Mortalidad infantil (muertos por 1000
nacidos) 45 105 146 97
Fuente: Ledo 2001:11. Elaboración propia de la autora con base en datos de SEMAPA
de 1996, y indicadores de calidad de vida con base en el Censo Nacional de 1992.
Auto-gestionadores de los barrios pobres
Frente a esta dramática situación, muchas comunidades periurbanas no han estado
esperando “soluciones” de las autoridades locales; los sistemas autogestionados de agua
han proliferado. Se estima que los hogares así servidos pueden llegar a más del 20 por
ciento o más de la población total.
Los dueños, operadores y beneficiarios son las mismas organizaciones surgidas en los
barrios que con trabajo, organización y en buena medida recursos propios laboriosamente
han construido soluciones propias.
96

Al igual que la situación de los “regantes”, surge y echan raíces un sentido denso y
hondo sobre derechos al agua, conferidos por medio de pertinencia comunitaria, trabajo
colectivo44
, y una constante inversión de tiempo y esferazo en el manejo cotidiano de los
sistemas. Al igual que con los “regantes”, la creación de un área de concesión
monopólica se presentaba una amenaza concreta de expropiación de estos sistemas.
“Politización” del agua previa a la Guerra del Agua
En este marco el agua se convierte en un problema político en varios sentidos: registro y
productor de desigualdad social; base de conflictos sociales; y como tema se constituye
en materia prima de promesas electorales y estrategias de poder local. Sobresalen dos
ejemplos que marcaron el terreno de la Guerra del Agua el año 2000. Aludimos a uno
líneas arriba: la “Guerra de los Pozos”, una disputa de varios años entre el campo
(comunidades y organizaciones rurales y semi-rurales) y la ciudad (SEMAPA y los
políticos municipales, departamentales y nacionales), cuyo nudo conflictivo era el control
de las aguas subterráneas del valle central45
.
El segundo ejemplo es lo que llamamos la “política de los megaproyectos” regionales.
Ante la crónica escasez de agua, han surgido varios proyectos de proporciones heroicas
que buscan proveer grandes cantidades de agua al valle y servir de base para el
“desarrollo regional”. Cada uno tiene sus desafíos técnicos y financieros, sus promotores
en distintos grupos de poder local – cuyas fortunas políticas y económicas están
estrechamente ligadas a los proyectos—, y cada uno otro con diferentes implicaciones
para la inversión y/o subsidio público.
Ambos procesos – los conflictos por los pozos y los megaproyectos – contribuyeron a la
Guerra del Agua del 2000. Por un lado, de la “Guerra de los Pozos” surgió un actor
central, la Federación de Regantes (FEDECOR), que en 2000 logró avanzar su visión de
“usos y costumbres” opuesta a la lógica privatizadora, esta vez articulando a demandas
urbanas.
Por otro lado, un grupo de poder local vio en la privatización de SEMAPA un impulso y
vehículo para culminar la realización de su “megaproyecto”, el Proyecto Múltiple
Misicuni (PMM). La base del proyecto es la captación de aguas de la cuenca del Rió
Misicuni en la Cordillera Oriental de los Andes y su conducción hacia el valle central y la
ciudad de Cochabamba, para consumo humano, riego, y generación eléctrica. Contempla
ambiciosas y costosas obras de captación y retención de aguas, la perforación de un túnel
de 19.5km más otros túneles secundarios de aducción; y la instalación de una planta
hidroeléctrica.
Originalmente concebido en los años 40, a partir de los años 80 varios factores
conspiraron contra su realización poniendo en duda su sostenibilidad financiera; entre
ellos hubo cambios en la base económica del proyecto, y la orientación neoliberal de las
políticas públicas que imponía una dramática austeridad en las finanzas publicas,
circunscribía el rol de Estado en proyectos de esta índole mientras promovía
enérgicamente la privatización.
97

No obstante, con el reiterado uso y abuso de Misicuni con fines políticos populistas a lo
largo de los años, se convertiría entre varios grupos “cívicos” y corporativos en una
“reivindicación regional”, la base para “pasiones encendidas”, “sinónimo del desarrollo
regional” y parte de la misma “identidad regional”46
. Por no incluir plenamente la
realización del megaproyecto Misicuni, un intento temprano de privatización de
SEMAPA fue abortado en 1996 por elites populistas locales. Poco después, el gobierno
de Hugo Banzer, en alianza política con populistas cochabambinos, intentaría una nueva
privatización, esta vez utilizándola como vehículo para la realización del soñado y muy
costoso megaproyecto.
Entre mercados y necesidades: los negociados
El contrato
Los contratos de concesión que emergerían del proceso de privatización conjuncionaria
los elementos expuestos arriba. En primer lugar reflejaban los imperativos de las IFIs de
una solución vía la privatización, y bajo reglas y una arquitectura institucional en gran
medida de su diseño. Segundo, se tiene a la Bechtel Enterprises, deseoso de un market
share del negocio global de agua, pero neófita en el tema, sus capacidades compradas
(vía adquisiciones) mas que maduradas vía experiencia empresarial. En tercer lugar, se
tiene elites nacionales presionados por sus promesas electorales de “resolver el problema
del agua”, y elites locales decididos a acoplare sus imaginarios de esplendor regional, o
por lo menos enriquecimiento y prestigio personal, al proceso de privatización47
.
Conspicuamente ausente en todo el proceso – como en la enrome mayoría de los procesos
de privatización – estaban los afectados, sean consumidores, regantes, o comunidades
auto-abastecidos.
Los términos de referencia para la licitación, que incluían la ejecución del megaproyecto
Misicuni, se emitieron en agosto de 1998. Criticados por su inviabilidad, fueron
reformulados y relanzado en 1999; solo un postro respondió. Apurado por cumplir sus
promesas electorales, y rompiendo sus propias reglas de juego de la privatización, el
Presidente Banzer emitió un Decreto Supremo que permitiría suprimir la licitación
competitiva, y pasar a una negociación directa con el único postor, un consorcio armado
por Bechtel Enterprises llamado Aguas del Tunari.
Para crear Aguas del Tunari (en adelante AdT), la subsidiaria de Bechtel en el negocio
del agua, International Water Ltd. (IWL) con 55% de las acciones, se asoció con
Abengoa Servicios Urbanos, empresa de ingeniería española (25% de las acciones), y
cuatro empresas bolivianas (5% de las acciones cada una)48
. Hasta noviembre de 1999,
IWL fue propiedad exclusiva de la empresa Bechtel; mes en el cual Edison S. p. A. de
Italia adquirió un 50 por ciento de IWL49
, de modo que Bechtel y Edison quedaron con
27.5% de las acciones cada uno.
98

Inicialmente constituido legalmente en las Islas Caimanes, el 8 de diciembre de 1999
Bechtel “traslada” AdT a un holding en Holanda, buscando (entre otras cosas) el amparo
del Tratado Bilateral sobre Inversiones (BIT) vigente entre este país y Bolivia. En
resumen, al cabo del primer mes de operación de AdT (diciembre de 1999), los
cochabambinos compraban agua de una empresa económicamente controlada por
capitales estadounidenses50
, administrativamente manejada por gerentes ingleses en
consorcio con ingenieros españoles e italianos, con una participación minoritaria de
empresarios bolivianos (varias de ellos con notorios lazos con el mundo político), y con
residencia legal en una casilla postal en Ámsterdam (ver diagrama, abajo).
Cuadro 4
Estructura accionaria, “Aguas del Tunari”
Fuente: Elaboración propia.
Las negociaciones eran absolutamente secretas, y protegidos por cláusulas de
confidencialidad férreas; divulgar su contenido – o cualquier otra información calificado
de confidencial – era efectivamente ilegal por la duración del contrato más 5 años. Es
decir, este pacto clandestino entre empresarios y elites se protegería potencialmente por
45 años.
El contrato prácticamente garantizaba el rechazo enérgico de amplios sectores. En
primer lugar, prometía de hecho “tarifazos”, o alzas dramáticas para usuarios de agua.
99
Bechtel (EEUU)
50% IWL
Edison (Italia)
50% IWL
Abengoa Servicios
Urbanos (España)
25% AdT
International Water
Holdings B. V.
(Holanda)
55% AdT
Aguas del
Tunari
(AdT)
Compañía Bol. de Ingeniería S. R. L, 5% AdT
Sociedad Boliviana de Cemento, 5% AdT
Constructora Petricevic S. A., 5% AdT
ICE Agua y Energía S. A., 5% AdT
Socios bolivianos

La viabilidad de la privatización de SEMAPA con las obras de Misicuni descansaba
sobre el negocio de dotación de agua potable para la ciudad; es decir, la movilización de
capitales se basaba en vender agua cara a la gente pobre51
, previo a cualquier mejora en
sistema52
. Bechtel expresó cierta preocupación; las autoridades bolivianos les aseguraron
aceptación de la población local; y los gerentes de Bechtel ingenuamente (¿?) aceptaron
estas promesas. La empresa insistía que las alzas no pasarían en promedio de un 35%;
estudios posteriores demostraron que rondaban por más del 50%53
, llegando en muchos
casos a más de 250%54
. Cabe recalcar que la misma Bechtel admite que la inversión en
obras sólo explicaba un 50% del “tarifazo”55
.
“Poniendo candado” al tarifazo estaba el Banco Mundial en su rol rector de las finanzas
públicas bolivianas. Su oposición al uso de fondos del Estado para paliar el costo del
agua en Cochabamba fue vocifera. En el Resumen Ejecutivo Revisión del Gasto Público
(Public Expenditure Review) de junio de 1999, en letra negrilla, el Banco Mundial
insistió:
Ningún subsidio público será otorgado para paliar el incremento en tarifas de agua
en Cochabamba, las cuales deben reflejar el costo pleno de provisión por el
Proyecto Múltiple Misicuni56
.
Es decir, aunque el Banco Mundial insistía en que Misicuni era un proyecto
comercialmente inviable, exigía que el precio del agua de Misicuni refleje esta
inviabilidad, y que los consumidores (en su mayoría pobres) lo paguen – una aplicación
ortodoxa del concepto de full cost recovery57
.
En segundo lugar, el contrato efectivamente garantizaba la oposición de las comunidades
peri-urbanas y rurales. La concesión de un área monopólica con fines de intercambio
comercial y lucro se estrellaría contra una multiplicidad de conceptos arraigados de
derechos de uso, y introducía una radical incertidumbre sobre el futuro de estos cientos
de sistemas. En los términos del contrato de concesión se establecía las bases para que
Bechtel tomara control de estos sistemas construidos laboriosamente con el sacrificio y
ingenuidad de los pobladores, sin ninguna claridad sobre compensación, mucho menos
una sensibilidad frente a conceptos de derechos distintos de aquellos de la propiedad
privada.
La legislación
El contrato no fue el único documento objetado. La inversión extranjera exige “reglas de
juego claro” entono a sus actividades. En el presente caso, produjo la aprobación
apresurado de la “Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado” que efectivamente
legalizaba y amparaba los negocios de Bechtel en Cochabamba (y Suez en La Paz), y
elevaba a rango de Ley la radical incertidumbre de los auto-gestionadores de agua, tanto
rurales como urbanos.
Luego de muchos años de intentos opuestos y bloqueados por la resistencia campesina,
con la Ley 2029 el Estado creó por fin una normatividad sobre el agua consonante con los
principios del momento neoliberal.
100

Entre otras cosas, la ley privilegiaba la creación de áreas de concesión monopólicas y la
operación de concesionarios privadas grandes. Mientras reconocía que podía haber
diversos tipos de concesionarios y prestadores de servicios, “las condiciones para el
otorgamiento de concesiones (garantías, planes de inversión y criterios de rentabilidad),
favorecían la formación de empresas grandes que operan de acuerdo con los criterios del
mercado”58
. Las concesiones para las grandes empresas se darían por 40 años; en cambio,
las comunidades tendrían que renovar con trámites engorrosos sus “licencias” cada cinco
años. Estas “licencias”, a diferencia de las concesiones grandes, no tendrían el carácter
de “exclusividad”. Se estructuraba, de este modo, la seguridad para los grandes
operadores mercantiles y una permanente vulnerabilidad para los diversos pequeños
operadores.
Producto de múltiples consultorías y financiamientos, en particular del BID, se redactó el
documento final en la casa del ex- (y ahora nuevamente-) presidente Gonzalo Sánchez de
Lozada, y su aprobación fue garantizada en un “pacto de caballeros” de los tres partidos
principales de la coalición gobernante y oposición59
. Casi sin discusión, y desconocido
por muchos de los legisladores que lo aprobaron, la ley entró en vigencia en noviembre
de 1999, provocando la ira y rechazo contundente de los “regantes” y otros.
En la Guerra del Agua las demandas se condensarían poderosamente entorno a estos dos
documentos: romper el contrato de concesión, y la anulación de la Ley 2029, a ser
sustituido por otro diseñado por los regantes y otras organizaciones sociales.
La Guerra: de la música de fondo a abril
El 3 de septiembre de 1999 se firmaron los contratos de concesión para la privatización
de SEMAPA entre discursos floridos y brindis con champán. Estuvieron presentes las
máximas autoridades del gobierno nacional, departamental y municipal, y representando
al consorcio armado por Bechtel, Mr. Geoffrey Thorpe60
. Afuera en las calles
organizaciones sociales locales convocados por la Central Obrera Departamental
realizaban una protesta bulliciosa contra la privatización. Un periódico local informaba,
Los discursos de la ceremonia se mezclaron con las consignas de reclamos y
petardos. “Estoy acostumbrado a esa música de fondo”, dijo el presidente Hugo
Banzer refiriéndose al ruido de las protestas en un intento de conjugarlos con sus
palabras....61
Esta “música de fondo” se convertiría en poco tiempo en una sinfonía estruendosa que
terminaría el 10 de abril anulando el contrato con Bechtel, y forzando al Congreso a
anular la Ley 2029 y aprobar en sesiones maratónicas las alternativas de los campesinos
regantes. El proceso merece un breve recuento.
En contrato se firmó en septiembre, y la Ley 2029 fue aprobada en noviembre, hubo una
modesta movilización el 28 de diciembre, y en enero se dieron los primeros
enfrentamientos de magnitud. En su “Manifiesto a Cochabamba”, voceros de la flamante
coalición de organizaciones sociales contra la privatización del agua – la “Coordinadora
del Agua” – anunció: “Los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan. Nadie
va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por lo justo o toleramos la humillación de
los malos gobernantes.”
101

De acuerdo con la decisión de la asamblea de la Coordinadora, los días 11 al 13 de enero
se bloqueó completamente la ciudad de Cochabamba.El resultado de las negociaciones
que pusieron fin a los bloques fue apenas una tregua momentánea.Hasta principios de
febrero, cuando de nuevo estallarían los enfrentamientos en las calles, inexorablemente se
irían desgastando los espacios de negociación. Por un lado, es cierto que la Coordinadora
- con la excepción de los regantes y su equipo de análisis y apoyo - estaba poco preparada
para renegociar y proponer modelos alternativos (explicable en buena medida por falta de
acceso al contrato mismo hasta febrero de 2000). Por otro lado, la mala fe del gobierno y
su defensa a ultranza de la inversión extrajera convenció rápidamente a los dirigentes de
la Coordinadora de la inutilidad de negociar. Los sucesos ratificarían esta conclusión.
Con las negociaciones estancadas, la Coordinadora llamó a una “toma pacífica” de la
ciudad para el día viernes 4 de febrero. Debía ser una marcha pacífica a la plaza de armas
- centro simbólico del poder en la ciudad - seguida por unos discursos. Ese día la ciudad
amaneció cercada. Y con refuerzo de tropas trasladadas desde La Paz, el gobierno
reprimió violentamente a los manifestantes, declarando que no los dejarían ingresar en la
plaza. La violencia estatal solo animaba la tenacidad de los manifestantes, que no
descansarían hasta realizar la “toma” unas 30 horas después. Durante los días 4 y 5 de
febrero el gobierno “defendió” férreamente un área simbólica de 4 cuadras alrededor de
la plaza, mientras el pueblo controlaba el resto de la ciudad y la región. El cerco era
insostenible: la gente tomó la plaza a las 11:30 de la noche el sábado 5.
Fotografía 1
Fuente: Cochabamba, 4 de febrero 2000: enfrentamientos (foto del autor).
102

Las partes - por un lado, el gobierno, defensor de Aguas del Tunari; por el otro, una
alianza precaria entre la Coordinadora y el “Comité Cívico”62
- de nuevo firmaron una
tregua insatisfactoria para todos, que buscó transferir el conflicto a varias mesas de
negociación: una mesa sobre la Ley 2029, principal reclamo de los regantes; y otras
mesas para abordar los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del contrato con
Bechtel/AdT.
Nuevamente se hizo evidente la dificultad de convertir un movimiento social en una
estrategia negociadora, sobre todo cuando una de las partes – Aguas del Tunari – ni
siquiera se presentaba a las negociaciones. Los gerentes de Aguas del Tunari/Bechtel se
limitaron a recordar a la prensa la existencia del contrato y señalaron lacónicamente que
“no podían hacer ningún comentario más”, aunque dejaron claro que desde su óptica las
negociaciones eran un problema entre el pueblo de Cochabamba y el Gobierno. El
interesado Aguas del Tunari/Bechtel se retiraba del proceso de negociación dejando
como representante y vocero al Superintendente de Aguas, Luis Uzín. Reflejando
fielmente la posición de la transnacional, y confirmando que no estaba en negociación el
contenido del contrato, Uzín dijo “en realidad se trataba de una negociación entre el
gobierno y la representación de la sociedad cochabambina, donde no necesariamente
debe estar Aguas del Tunari”63
.
Convencidos ya de su inutilidad, en marzo la Coordinadora se salió del proceso de
negociación y retomó iniciativas propias, lanzándose a un ejercicio extraordinario: una
“Consulta Popular” sobre la privatización, que movilizó a miles de activistas, parroquias,
juntas vecinales y otros. En cientos de puntos de la ciudad se colocaron ánforas, donde
más de 50,000 personas depositaron sus respuestas a tres preguntas sobre las tarifas, el
contrato, y fuentes de agua. Organizada en menos de apenas 10 días, logró la
participación de más del 31% de los votos emitidos en la elección municipal de diciembre
de 1999; más del 95% de los votantes rechazaron la privatización. La Coordinadora
estaba poniendo en práctica ejercicios de democracia directa (referéndum) – sin esperar
las reformas a la constitución que los legalizarían – y en el proceso, ganándose
legitimidad y respecto entre sectores cada vez más amplios de la población.
La Consulta Popular fue descalificada como un “show” por los gobernantes, asegurando
un pronto retorno a la acción directa. Para el día 4 de abril la Coordinadora convocó a
iniciar la “batalla final” para sacar a Aguas del Tunari y reformar la Ley 2029. Los
primeros dos días se realizaron la toma de la sede del Comité Cívico (que ingenuamente
seguía creyendo en la posibilidad de renegociar el contrato) y la toma simbólica de las
instalaciones de Aguas del Tunari; bloqueos feroces en el campo; en la ciudad, bloqueos
efectivos pero no férreos; y concentraciones y marchas que tendían a desgastarse. La
tarde del tercer día, jueves 6 de abril, fue el punto más bajo para el movimiento. Los
dirigentes de la Coordinadora, el presidente del Comité Cívico, empresarios privados y
autoridades locales y centrales se reunían en la Prefectura, mientras a las puertas del
edificio un grupo de más de 1,000 personas impedía la salida de quienes negociaban,
exigiendo que se obtuviera una resolución aceptable. Indicativo del temperamento del
oficialismo, el Ministro de Educación, miembro de la delegación del gobierno y
cochabambino, comentó que era imposible negociar “bajo presión” con “salvajes en la
puerta.”
103

El gobierno entonces cometió un error fatal: instruyó a la policía apresar a todos los que
negociaban por parte de la Coordinadora, dando la razón a la desconfianza popular, y
para la gente en las calles un motivo para continuar luchando. A partir del viernes,
Cochabamba entera era terreno de lucha abierta. En las calles se peleaba cuadra por
cuadra para ocupar nuevamente a la plaza, mientras los medios de comunicación se
abrían y se inundaban con las voces de los vecinos de la ciudad. No sólo eran espacios de
denuncia; eran directamente medios para la movilización, la recolección de alimentos y
equipos médicos, y para el apoyo moral a los que se hallaban en la calle. Se estima que en
la tarde unas 60,000 personas activamente controlaban la ciudad.
Los sucesos de la tarde del viernes se conocen popularmente en Cochabamba como “el
engaño”. Esta tarde el Prefecto - máximo representante del poder central en el
departamento - llamó a una conferencia de prensa auspiciado por el Arzobispo, y anunció
que el contrato de concesión a Aguas del Tunari había sido revocado, agregando que
prefería “un cochabambino sucio” (sin agua) frente a un “cochabambino muerto”. El
júbilo se apoderó de la multitud.Pero, mientras el Arzobispo celebraba una misa en la
Catedral por la paz, el gobierno ya estaba tendiendo la trampa en que caerían algunos
miembros de la Coordinadora, detenidos en allanamientos violentos de sus domicilios y
deportados como parte de un Estado de Sitio que recién se declararía al día siguiente.
Varios otros ingresaron a la clandestinidad.
Sábado 8 de abril el principal periódico de Cochabamba puso en su primera plana en
letras gigantes un titular simple y verídico: “GOBIERNO MIENTE Y REPRIME”. Con
sus dirigentes en la clandestinidad y el engaño encima, la gente tomó las calles con una
furia que sorprendió a todos, y sin importar el estado de sitio declarado. Un graffiti que
apareció en varias partes de la ciudad expresó el sentimiento general: “¿Estado de Sitio?
¡JA JA JA!”
Fotografía 2
Fuente: Cochabamba, viernes 7 de abril de 2000: policías defendiendo el contrato
(foto del autor)
104

El sábado los militares se juntaron a la policía para la represión, y acabándose los gases y
balines de goma, empezaron a disparar rifles de guerra; cayó muerto un joven de 17 años,
su cara destrozada por impacto de bala; docenas mas fueron heridos de bala.
Nacieron este sábado los autodenominados “guerreros del agua”, principalmente jóvenes
marginales. Y quedó claro para todos: reprimir las manifestaciones – es decir, imponer la
privatización a la fuerza – requeriría una matanza. Durante los próximos dos días y
medio, los “guerreros del agua” harían suya la Plaza. Organizaron puntos de control,
sistemas de vigilancia desde la torre de la catedral y mecanismos para la distribución de
comida y primeros auxilios. Al acabar el día, las calles estaban en manos de la gente,
habiéndose replegado las fuerzas represivas a sus cuarteles y a ciertos bolsones
estratégicos.
El día siguiente reinaba un clama tensa: los guerreros enterraron su muerto; los militares
y policías seguían acuartelados. Aunque el gobierno central insistía vehementemente en
que no negociaría con la Coordinadora - arguyendo que legalmente no existía -
empezaron a armarse negociaciones que empezarían el día siguiente. En la tarde del
lunes 10 de abril ya hubo una “solución”: el gobierno concedió todo lo que pedía la
Coordinadora, menos el levantamiento del estado de sitio. El acuerdo incluyó el retiro de
Aguas del Tunari, la liberación de los detenidos, la atención de los heridos y la
reformulación inmediata de la Ley 2029. Para ello una delegación de la Coordinadora
partió a La Paz, y tras prolongadas sesiones en el Congreso, se aprobó en horas una ley
modificatoria que en otras circunstancias habría demorado meses. Con una
autodisciplina, un uso mesurado de violencia, con una unidad y solidaridad práctica
asombrosa, el pueblo de Cochabamba había ganado una batalla decisiva contra la
privatización.
Explicando la guerra: nuevas convergencias
Para explicar el éxito de la resistencia es necesario conocer el conjunto de actores
colectivos que llagarían a conformar la Coordinadora. Pero su articulación en sí no
explica el resultado; luego de exponer algunos nodos o agrupaciones centrales, a
continuación exploramos algunos elementos centrales (articulaciones horizontales;
complementación de habilidades; escenarios de deliberación colectiva; estrategias
mediáticas; creatividad táctica; etc.) lo que permitió que el efecto total de la
Coordinadora fuera mucho más que una simple suma de las partes.
Los Regantes
La columna vertebral de la Coordinadora era sin duda la fuera del campo, expresado en
las asociaciones de “regantes”. Aunque en Cochabamba existe una larga y densa historia
de organización sindical campesina, los temas de agua y riego no siempre se procesaban
de manera adecuada en las estructuras sindicales agrarias tradicionales. De esta
deficiencia – a la vez recogiendo y reelaborando sobre un tema la tradición sindical rural
– surgió en 1997 Federación de Regantes, o FEDECOR, liderado por los protagonistas de
la “Guerra de los Pozos”, un preludio de la Guerra del Agua.
105

Su principal dirigente, Omar Fernández, ejemplifica lo que antropólogos han llamado la
“emergencia de una vibrante cultura cholo-indio”, y la emergencia de esfera publica
“alternativas”64
. Nacido en un pueblo aledaño a Cochabamba, es hijo de gente pobre “de
pueblo”, quechua hablante, y formado como economista en al universidad pública; su
tesis de grado es un extraordinario estudio de la historia y complejo manejo
contemporáneo de los sistemas de agua en el valle donde nació. Un “intelectual
orgánico”, combina capacidad técnica con experiencia político y un conocimiento intimo
para su entorno; su medio preferido son las comunidades y pueblos quechuas de su
origen.
A lo largo de los años la FEDECOR ha demostrado una importante capacidad de procesar
conflictos sobre agua entre sus miembros, a la vez que recoge y articula demandas hacia
la sociedad urbana local (la Guerra de los Pozos), o la privatización del agua (la Guerra
del Agua). Su potencia en gran medida se explica por dedicarse con claridad a un tema
de primordial interese de sus bases (lo que algunos han llamado “una política de las
necesidades básicas”); una flexibilidad táctica que les ha permitido crear alianzas
horizontales eficaces; la capacidad de absorber y aprovecharse del apoyo de sectores
profesionales; y la construcción y “posicionamiento” de un discurso que resonaba amplia
y profundamente: la defensa de “usos y costumbres”.
Comité de Defensa del Agua
En la guerra del agua una de las primeras alianzas de los regantes fue con una agrupación
de profesionales popularmente conocido como el Comité de Defensa del Agua que tiene
sus orígenes en mayo de 1999. Sus fundadores fueron un grupo de medioambientalistas
preocupados por el futuro de un parque nacional en Cochabamba y las vertientes de agua.
Al comprender los peligros de la inminente privatización de SEMAPA, volcaron su
atención exclusivamente al tema del agua e invitaron a otros grupos profesionales locales
(como el Colegio de Ingenieros de Cochabamba) que por su parte ya buscaban ejercer
incidencia pública en ese campo.
Tres preocupaciones los motivaron inicialmente. En primer lugar, los ingenieros se
preocupaban por la conclusión completa y expedita de las obras del megaproyecto
Misicuni, que ya se habían iniciado. Temían que la “flexibilización” de los términos de
referencia en la negociación del contrato de privatización de SEMAPA resultara en una
versión disminuida del proyecto, con menos agua, menos generación eléctrica, y fases
futuras inciertas. En segundo lugar, hubo preocupación por la forma irracional y
destructiva con la que proliferaba la perforación de pozos; desde años antes, estos
profesionales habían cuestionado los planes de perforación de SEMAPA. En tercer lugar,
hubo una aguda preocupación por el contrato de concesión y sus impactos en la
población, todo negociado de manera oscura y a puertas cerradas.
Absolutamente marginados del proceso de negociación, a partir de mediados de 1999 el
Comité despegó. Logró la participación de otros profesionales, dirigentes de
organizaciones barriales, comunales y medioambientalistas; organizó comités para seguir
las negociaciones; organizó foros públicos a los cuales los representantes del gobierno
nunca se molestaron a presentarse.
106

En resumen, la crítica central del Comité era que Bechtel/Aguas del Tunari venía a
capitalizarse con dineros de los cochabambinos consumidores de agua, sin garantías de
cumplimiento de programas de inversión u objetivos sociales. Al mismo tiempo, y
motivado por la alianza con la Federación de Regantes, el Comité integró a su posición
una crítica a la Ley 2029. Para la firma del contrato el 3 de septiembre, en coordinación
con la Central Obrera Departamental este el Comité puso la “música de fondo” a través
de actos de protesta. Estas manifestaciones tenían todavía una base muy limitada, pero
esto cambió con la convocatoria a una reunión de coordinación con la FEDECOR a
mediados de noviembre.
La Coordinadora de Agua
Los regantes estaban conscientes que a solos su fuerza era insuficiente para lograra sus
objetivos: cambiar la Ley y modificar o rescindir el contrato con Bechtel/Aguas del
Tunari. Como parte de una política de forjar alianzas, convocaron a una amplia gama de
organizaciones a una reunión el 12 de octubre de 1999. Asistieron dirigentes de la
Central Obrera Departamental y de la Federación Departamental de Fabriles;
representantes de sistemas peri-urbanas de aguas y gremiales, juntas de vecinos, juntas
escolares, medioambientalistas, autoridades locales y comités cívicos provinciales – en
total mas de 40 organizaciones sociales.
Lo reunidos aceptaron el reto planteado por Omar Fernández, dirigente de los regantes:
un accionar coordinado entre el campo y la ciudad para revertir la privatización y la ley
que la amparaba. Nació entonces la “Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida.”
En la resolución insistieron que la privatización atenta “a nuestros Derechos, ya que
representa la Privatización y Monopolización del Agua, tarifas incrementadas y
dolarizadas, inseguridad y riesgo para los Sistemas de Agua Potable, Riesgos para
nuestras fuentes de agua”. Las demandas de la ciudad —tarifas elevadas y dolarizadas, y
la pérdida de los sistemas autogestionados— se articularon plenamente con las demandas
de los Regantes: seguridad en el manejo de sus fuentes, usos y costumbres.
Un espacio de “articulación de redes”, cada uno con características distintas pero
potencialmente complementarios se había conformado. Novedosa en su composición,
logró capitalizar los variados “recursos” que llevaba cada componente de la coalición;
dotarse de elementos técnicos; construir y emitir un mensaje compacto y poderoso;
creativamente articular un sinfín de iniciativas; y aprovecharse hábilmente de los errores
del gobierno. Veamos.
Bases y redes
En primer lugar, los regantes, columna vertebral de la Coordinadora, aportaron una
organización sólida y experimentada. Hasta el surgimiento de los regantes, el agua no
había encontrado una expresión clara en las organizaciones campesinas. En la Guerra del
Agua, este sector demostró sus experiencias en los conflictos previos, los que sirvieron de
escuelas donde aprendieron el carácter esencialmente contrario de sus intereses con los
del gobierno y los límites de la negociación. En adelante, mostraron una habilidad
extraordinaria en conjugar la presión social para forzar la apertura de negociaciones y la
capacidad de llegar a ellas con propuestas concretas.
107

El sector de regantes supo aprender de y trabajar con técnicos y expertos, sin perderse o
dejarse distraer de sus objetivos fundamentales.
Por otra parte, la emergencia de los comités ciudadanos profesionales, como el Comité de
Defensa del Agua y de la Economía Familiar, también sentaron nuevas pautas en la
historia de los movimientos sociales de la Bolivia contemporánea. Sus reuniones fueron
eventos muy intensos, donde se combinaban análisis, creatividad y un verdadero
compromiso por incidir sobre un tema específico. Sus labores iban más allá de las
reuniones. A partir de los primeros meses de 1999, hicieron innumerables reuniones
barriales y comunitarias, emitieron docenas de comunicados de prensa y establecieron
redes de contactos y alianzas con varios sectores.
En momentos claves la presencia de un diputado en la coalición fue importante. Su
relativa independencia política y formación profesional insertó una voz por la cual
muchos sectores medios sintieron afinidad. Fue también fuente de información difícil de
silenciar. Como diputado logró presionar para conseguir y difundir información sobre el
contrato y los negociados del agua, y su inmunidad parlamentaria permitió mantener una
voz activa de la Coordinadora mientras los demás dirigentes eran silenciados.
La trayectoria de la Coordinadora es producto de la participación de la Federación de
Fabriles y su dirigente Oscar Olivera. Enfrentando las debilidades del sindicalismo
tradicional65
, bajo la dirección de Olivera, la Federación de Fabriles de Cochabamba se
encuentra en franca búsqueda de nuevas formas de analizar la realidad, aprovechar los
medios de comunicación y organizar al sector dentro y fuera de las fábricas. En los años
anteriores a la Guerra, Olivera y la Federación de Fabriles se convirtieron en un punto de
contacto y una voz importante sobre una variedad de problemas de la vida cotidiana de la
gente, y no sólo en el mundo del trabajo y los sindicatos. Con el tiempo, los medios
informativos llegaron a ver en la dirección sindical una fuente fidedigna de denuncia y
análisis sobre la realidad cochabambina66
.
Por esta proyección en los medios y la amplitud de visión, muchos sindicatos no fabriles,
asociaciones y otros grupos, vieron en la Federación un lugar donde sentar denuncias, ser
escuchados y figurar en las agendas públicas. Más que organización de masas (como
dijimos antes, los fabriles y sindicatos a veces estuvieron notoriamente ausentes en las
protestas), la Federación de Fabriles aportó a la Coordinadora su experiencia
comunicacional, su actitud de apertura y receptividad, y el reconocimiento público como
punto de encuentro.
Además, la Federación contaba con una infraestructura sindical-organizativa esencial
para todo movimiento (un edificio en la Plaza central, salas de reuniones, líneas
telefónicas), adquiridas en tiempos pasados. Antes y durante la Guerra del Agua, las
oficinas de la Federación se convirtieron efectivamente en la sede de la Coordinadora,
donde todos iban con sus facturas, sus demandas y sus ofertas de ideas, materiales,
acciones y solidaridad. En fin, se transformó en el punto vital de encuentro e intercambio
de un movimiento complejo y amplio.
108

Bases técnicas
Además de capacidad técnica de Comité de Defensa del Agua, A partir de 1999, los
regantes trabajaron de cerca con la “Mesa Técnica del Agua”, un pequeño grupo de
profesionales con una visión alternativa del agua, medio ambientalista y a la vez que
comprometido con las organizaciones de base. Preocupados por el rumbo que tomaba la
legislación sobre agua, vieron en la Coordinadora y los regantes una base social más
amplia para poner en práctica esa visión alternativa. Por su lado, los regantes vieron en la
“Mesa Técnica” un apoyo técnico con capacidad de lobby que les permitía fundamentar e
instrumentar sus propuestas. Ambos, la “Mesa Técnica” y, en especial, los regantes,
consideraron necesaria una estrategia tanto de presión como de negociación sustantiva.
De esta manera, combinaron presencia, compromiso y sensibilidad local —que permitían
explicar las implicaciones del problema agua y movilizar gente en el ámbito local— con
un dominio fino de la legislación y del contrato de concesión que permitía presionar y
negociar con éxito. En febrero del 2000, cuando se sentaron a negociar con la delegación
parlamentaria, dejaron atónitos los diputados con el alto nivel de claridad, compromiso y
el grado de elaboración de las propuestas que llevó la Coordinadora a la mesa de
discusión de la Ley 2029.
Construcción de mensaje claro
De este modo, la Coordinadora logró reunir y aprovechar habilidades diversas que
permitió construir una crítica clara, compacta y poderosa de los procesos en marcha.
El éxito de la Coordinadora también se debió, en gran parte, al hecho de convertirse en
portadora de un mensaje sencillo y potente, que resonaba poderosamente con múltiples
posiciones frente al tema del agua (urbano, rural, marginal, cales media, profesional,
consumidor pobre, etc.). En este sentido también rompió con el instrumento clásico de
luchas de antaño: el Pliego Petitorio Único de la COB, catálogo de demandas, producto
de una agregación de pedidos sectorial especificas, largas y dispersas y prácticamente
irresolubles. En cambio, en la Guerra de Agua se destilaron dos demandas claras, en
torno a un problema agudo de necesidad básica, y contra la humillación cotidiana a
manos de los políticos. La consigna “El agua es nuestra, carajo”, captó bien el sentido
común: por un lado insistía en el acceso al elemento vital y, por otro, era un grito para
poner fin a los atropellos a la dignidad. Este mensaje compacto y denso logró “politizar”
el agua de un modo productivo, ya no en los términos de las elites locales, sino en los
términos de demandas básicas y de una “tolerancia cero” a los negociados oscuros. En
este sentido, era una combinación de enunciación y acción que democratizaba – abría a la
luz, aprehensión, y acción pública – el tema del agua.
La “auto/organización”
La Guerra del Agua y la Coordinadora se convirtieron en escenarios donde la gente actuó
no tanto de instrucciones desde arriba, sino de manera conjunta a partir de una iniciativas
propias “desde abajo”. Sobre la movilización sintetizó Omar Fernández, “logra[mos] los
objetivos, inicialmente considerados tal vez inalcanzables… Esto fue posible porque la
población, en todos sus sectores estaba movilizada, se auto-organizó, se condujo por sus
objetivos, rebasando a sus representantes”67
. (Crespo y Fernández 2001:169).
109

Fue alentada por un respeto por las predilecciones tácticas que traían las diferentes redes,
y una gran creatividad en ensayar y combinar tácticas nuevas, que activamente captaba la
imaginación de la gente e abría las puertas a las iniciativas creativas. La Coordinadora
estableció una presencia visual innovadora cada semana en la Plaza con una mesa de
información para el público; se desplazó a los barrios y asociaciones de manera proactiva
con análisis sobre la realidad local; jugó magistralmente con elementos simbólicos, como
la quema de facturas, y el castigo y burla teatral de los políticos; se reapropió de espacios
públicos con la “toma” de la ciudad y luego con la instalación y vigilia en la Plaza;
ensayó nuevos mecanismos de democracia directa no tradicional como la Consulta
Popular, los cabildos y asambleas; reinventó formas de movilizaciones como la toma
simbólica del Comité Cívico, las oficinas de Aguas del Tunari y el “cerco” a la
Prefectura68
. En resumen, rompiendo con un repertorio de protesta del pasado gastado, la
Coordinadora logró operar con una creatividad que mantuvo a la gente atenta y cada vez
más involucrada.
En otro nivel, como señala Crespo, la Coordinadora supo moverse entre calles y mesas de
negociación usando el conflicto para abrir una mesa de discusión, ampliar su agenda y,
cuando consideró necesario, “voltear” la mesa. Sin embargo, ni la movilización ni la
mesa de discusión fueron un fin en sí; ambas, conjugadas, fueron medios para un fin:
sacar a Aguas del Tunari y cambiar la Ley 2029.
La suerte
Para suerte de la Coordinadora, las repetidas torpezas e indignantes estupideces del
gobierno reforzaron y aceleraron ese proceso.
Impresionado por los hechos en la Guerra del Agua, un colega sudafricano le preguntó a
Oscar Olivera, dirigente de la Coordinadora: “¿Cómo lograron la unidad entre todos?”
Respondió Olivera: “Ah, eso lo hizo el gobierno…”. Y no es una exageración. En varios
momentos de abril el movimiento contra la privatización del agua estaba a punto de
agotarse, y más de una vez el gobierno – con palabras provocativas y represiones torpes–
lograba convertir el estancamiento inminente del movimiento en nuevas explosiones de
energía colectiva rebelde.
Conclusiones: aportes a la reconstrucción política
En resumen, sin contar con las estructuras piramidales y jerárquicas, ni el núcleo
“irradiador” de trabajadores del COB de antaño, la Coordinadora logró marcar un limite
en los atropellos permisibles. Era una convergencia que demostró ser una poderosa
simbiosis de bases movilizables, habilidades comunicacionales, y capacidades técnicas-
analíticas. Construyó un mensaje claro y practicaba una flexibilidad táctica que permitía
abrir y sostener espacios de “auto-organización”, mucho más allá de sus propios recursos
movilizatorios. Y por último, gozó de la buena suerte de tener un contrincante – el
Gobierno de Hugo Banzer y – singularmente servil, incapaz y torpe, que a lo largo del
proceso alimentaba las llamas rebeldes que inmolarían sus planes privatizadoras.
110

Puede argumentarse – sin duda con razón – que la Coordinadora no “hizo” la Guerra del
Agua, y rebasada en varios momentos por la acción “auto-organizada”, ni siquiera la
conducía. Lo que hizo fue abrir, como argumenta Albro, “espacios de traducibilidad”, en
los cuales sectores y redes diversos podrían construir conceptos y agendas compartidas
basadas en necesidades consentidas y atropellos indignantes compartidas. No comandaba
filas sindicales, sino articulaba argumentos resonantes, enarbolaba símbolos compartidos,
sentaba estrategias y pautas aprehendibles, y proveía oportunidades para la articulación
de iniciativas en distintos espacios – y todo en torno a dos necesidades básicas: acceso al
agua, y un sentido de dignidad.
A esto proceso los trabajadores organizados jugaron un rol novedoso. Pero no serían los
“trabajadores” de antaño. Quienes estuvieron en las calles de la ciudad era gente que en
su mayoría sobreviven día a día con base en la fuerza de trabajo que logran vender. Son
por excelencia “trabajadores”; no obstante, no efectúan esta intercambio dentro de reglas
escritas, normadas y vigilados por el Estado; no pertenecen a organizaciones laborales;
no gozan de la previsiblidad, utilidad, y estabilidad que en años pasados el trabajo y
sindicato proporcionaba (por lo menos a unos cuantos, modelo luego irradiado y emulado
por el resto); y por ende no se auto-identifican (en primer instancia) como “trabajadores”.
Como sugerimos en otro momento, hoy por hoy si uno logra una ubicación en la sociedad
con cierto reconocimiento y utilidad, probablemente es a pesar del – y no por medio del –
mundo del trabajo69
.
En este entorno, evidencia de los dispositivos del movimiento obrero del pasado se
encontrarían no tanto en estructuras organizacionales, sino en practicas asambleistitas,
habilidades comunicacionales, y reelaboraciones simbólicos que. Por ejemplo, la
construcción discursiva del sujeto (frecuentemente comentado) de la Guerra del Agua –
el “pueblo sencillo y trabajador” – claramente recogía y transformaba sujetos y claves
retóricas de la tragedia-solidaridad obrera de antaño70
,convirtiéndolo en sujeto-con-
argumento de hoy.
Que la gente haya respondido tan masivamente es un testimonio no sólo de la urgencia
del tema del agua, sino también es indicativo de un profundo y frustrado deseo de
encontrar un espacio y una forma para poner en práctica una participación significativa
en la sociedad – una ciudadanía sustantiva que en años anteriores fuera realizada por
medio del sindicato. Si bien las instituciones democráticas realmente existentes en
Bolivia se han demostrado capaces de asegurar transiciones vía las urnas, al mismo
tiempo se ha demostrado radicalmente incapaz de constituir esta ciudadanía sustantiva.
No debe olvidarse que un sustento central de la legitimidad de la Coordinadora en la
Guerra del Agua era precisamente su rechazo de cualquier participación en el sistema
político. Y al mismo tiempo, en los espacios de encuentro, deliberación, traducción y
construcción que era el movimiento contra la privatización del agua, no solo se logró
revertir un proyecto de lucro y una ley, sino ensayar escenarios de aprendizaje y
construcción de nuevos públicos.
111

* Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA,
www.cedla.org) en La Paz. Favor de dirigir comentarios a tkruse@albatros.cnb.net. El
autor quiere agradecer los comentarios, críticas y estimulo de Roberto Albro, Carlos
Arze, Carlos Crespo, Alvaro García, David Hall, Emanuele Lobina, Lourdes Montero,
Enrique Ormachea, Carmen Peredo y Humberto Vargas. Desde luego, cualquier error u
omisión es la responsabilidad exclusiva del autor.
Este trabajo fue presentado en la Reunión “Los sindicatos frente a los nuevos actores y
terrenos sociales y políticos”, Buenos Aires, 17 y 18 de octubre de 2002, del Grupo de
Trabajo “Trabajo, Sujetos y Organizaciones Laborales”, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO).
Notas
1.Sobre los conflictos, se puede ver García et al. 2000, Vargas y Kruse 2000; sobre su
carácter ejemplificador de los conflictos en la globalización ver los materiales de Public
Citizen en <http://www.citizen.org/publications/release.cfm?ID=7131>; sobre la
globalización del movimiento de resistencia en Cochabamba ver Albro 2003.
2. (Zavaleta Mercado 1982:222).
3.Ver Arze Vargas 2000; Calla 2000; García Linera 1999 y 2001; Kruse 2001b, García,
Álvaro, 2001:38.
4.García 2001: 38.
5.Ver García et al. 2000.
6.Ismail Serageldin, Vicepresidente del Banco Mundial, citado en Barlow 1999:1.
7.Solo el 3% del agua en el mundo es dulce, y casi dos tercios de esto esta congelado en
glaciares. Menos de 1% de las aguas dulces del planeta – y 0.01% de todas las aguas –
son accesible para usos humanos Klare 2001:143.
8.Tully, Shawn. “Water, water everywhere.” Fortune, (N.Y.) 15 mayo 2000: 342-54.
9.En Barlow 1999. Esta “frontera” esta en el centro de las negociaciones comerciales y
sobre inversiones en todo el mundo. Sentado bases para negociar el GATS, instrumento
de la OMC para liberalizar la inversión y comercio en servicios, los países del UE han
explicitado su quid pro quo: si los países del sur quieren colocar sus productos agrícolas
en mercados del norte con menos trabas, tienen que darse privatizaciones radicales en
servicios, abriendo la puerta a las transnacionales. Ver Guardian (Londres), 17 abril
2002.
10. Klare 2001:148.
11. PSIRU 2002:2.
12. Incluye agua potable y servicios de alcantarillado.
112

13. Datos de 2000.
14. Datos de 2001.
15. Ver por ejemplo Hall 2001 y PSIRU 2002.
16. Ver <http://www.bechtel.com>.
17. McCartney 1988:80.
18. Forbes, 26 de noviembre de 2001:162.
19. McCartney 1988. Sobre el Import-Export Bank: 155-164; sobre hombre Bechtel
en el gobierno de Reagan: 219-228; sobre Bechtel y la CIA: 98, 120, 138.
20. Contra Costa Times, “War Stakes High for Chevron Texaco, Bechtel in Central
Asia.” Contra Costa Times/ Knight-Ridder/Tribune Business News, 28 de octubre de
2001, Contra Costa, CA, EEUU.
21. Contra Costa Times, “War Stakes High for ChevronTexaco, Bechtel in Central
Asia.” Contra Costa Times/ Knight-Ridder/Tribune Business News, 28 de octubre de
2001, Contra Costa, CA, EEUU.
22. Barlow,1999:34.
23. Bolivia ha sido un verdadero laboratorio de experimentación para el BM; varios
de sus programas estrella vienen de Bolivia. Entre otros, un ajuste temprano exitoso;
fondos sociales de emergencia para ampliar los impactos del “ajuste”, programas de
micro crédito, descentralización del gasto social, privatización que capitalizaba fondos de
pensión, sistemas condominiales de provisión de agua, etcétera.
24. La protección social, educación, salud, agua y saneamiento, temas “multi-
sectoriales”, desarrollo urbano, agricultura, medio ambiente, petróleo y gas, energía,
transportes, minería, “desarrollo del sector privado”, sistema financiero y “políticas
económicas”. Reflejando claramente su orientación, las “políticas económicas” son
entendidas y practicadas por el Banco Mundial en Bolivia, como privatización
(“asistencia técnica para la reforma regulatoria y privatización”).
25. Urban Basic Sanitation Program and Private Sector Participation in the Sanitation
Sector (987/SF-BO y ATN/MT-5442-BO),
<http://www.iadb.org/EXR/doc97/apr/bo987e.html>.
26. Hoy por hoy, para entender los límites y posibilidades reales del Estado boliviano,
hay que revisar dos documentos: la carta de intenciones que el Ministro de Hacienda y el
Presidente del Banco Central escribe periódicamente al Fondo Monetario Internacional,
indicando sus tareas a cumplir para el año en materia económica y de administración
pública <http: //www.imf.org/external/country/bol/index.htm>, y la Revisión del Gasto
Público del Banco Mundial, que, abrogando el rol del Congreso, “sugiere” en detalle fino
cómo el Estado debería conseguir y gastar sus fondos <http: // www-
wds.worldbank.org/servlet/WDS IBank Servlet?pcont=details&eid=000094946
9906190530222>
113

27. Banco Mundial 2001:B-5.
28. Opinión (Cochabmba), 23 enero 1996, 5A.
29. El Diario (La Paz), 1 julio 1997, 5A.
30. Ver <http://www.iadb.org/EXR/doc98/apr/lcboli.htm>.
31. Ver
<http://www.ifc.org/infrastructure/utilities/transactio/transactio.html#bolivia>. Sobre el
peculiar y poco conocido rol del Banco Mundial como accionista directo, escribe Moran:
“El IFC [ventanilla comercial del Banco Mundial] ha tomado un rol crecientemente
agresivo en participar en estos sectores [proyectos de explotación de recursos naturales y
de infraestructura]. El IFC es la única institución dentro del grupo del Banco Mundial
que puede tomar posiciones como accionista en proyectos. El IFC se caracteriza como
una inversionista pasiva en lugar de activa, y esta prohibido que asume responsabilidad
en el management de cualquier empresa en que haya invertido. Sin embargo,
frecuentemente se posiciona con el voto decisivo/rompe empates [swing vote] al que los
inversionistas extranjeros y autoridades anfitrionas [de la inversión] tiene que apelara
para la toma de las principales decisiones de management.” Moran 1998:146, traducción
nuestra.
32. Global Water Report. “$360M contract led by French.” Global Water Report, 27, 17
julio 1997, 7.
33. < http://www.miga.org/screens/projects/guarant/regions/lac/Water.htm>.
34. Ver al resepcto la carta de Christopher Neal, Oficial de Asuntos Externos para
América Latina y el Caribe del Banco Mundial, dirigido al autor y Jim Shultz, en
<http://democracyctr.org/waterwar/index.htm#11>.
35. Esta es la definición utilizada por Crespo y Fernández (2001:19), producto de una
rica experiencia de organización y lucha.
36. Todo Sobre el Agua Nº 41, Boletín Electrónico del Proyecto “Legislación de Aguas:
Encontrando Bases Comunes.” CGIAB - Comisión para la Gestión Integral del Agua en
Bolivia,<http://www.aguabolivia.org>, Julio 24 del 2001.
37. Ver <http://www.aguabolivia.org//situacionaguaX/Riego/mapas/indexrh.htm>.
38. Crespo y Fernández 2001:90-94.
39. Sobre esta economía socio-cultural del agua hay que precisar dos aspectos: no esta
ausente el intercambio mercantil de agua por dinero, pero en ningún momento puede ser
reducido a esta relación; segundo, no estamos romantizando este manejo del agua: los
resultados no son necesariamente ni equitativos ni sostenibles. Pero, insistimos que esta
es la realidad de Cochabamba y ninguna “solución” al “problema del agua” puede darse
al margen —o peor, como pretendió la privatización, a expensas de— este tejido denso y
complejo de prácticas históricamente arraigadas.
40. Barragán 1998:142.
114

41. Crespo y Fernández, 2001.
42. El año de la privatización, sólo 70% de las conexiones a domicilio tenían medidores;
y sólo el 63% del total de las conexiones totales. Datos proporcionados por la gerencia
de SEMAPA, noviembre 2001.
43. Ledo 1994 y 2001.
44. En muchos sistemas, quienes acceden a la “comunidad de prestación de servicios”
por medio del trabajo colectivo gozan de una autoridad y voz mucho mayor que aquellos
que hayan accedido por medio del dinero.
45. Ver al respecto el estudio de Crespo 1999.
46. Todas las frases son aquellas utilizada de manera rutinaria en los medios locales para
referirse a Misicuni.
47. Algunos argumentarán que esta conjunción perversa de IFIs y elites sui generis, una
especie de patología propia del contexto local. No obstante, las evidencias acumuladas
sobre privatizaciones sugieren que la imposición, corrupción y conjunción perversa de
intereses y resultante des-economías (sociales y financieras) son lejos de ser una
peculiaridad de los Bolivianos. Ver al respecto Hall, etc. etc.
48. Las cuatro empresas bolivianas eran: Sociedad Boliviana de Cemento S. A.,
representado por Juan Carlos Ramón Requena Pinto; Compañía Boliviana de Ingeniería
S. R. L., representada por Juan Azcui Sandoval; Constructora Petricevic S. A.,
representada por Milo Petricevic, e ICE Agua y Energía S. A., representada por Julio
León Prado.
49. Business Wire. “Bechtel and Edison Reach Agreement On Edison's Acquisition of a
50% Stake in International Water Limited”, Business Wire, 9 noviembre 1999.
50. Aunque solo tiene 27.5% de las acciones, no hay duda que Bechtel es el “dueño del
circo.” El agregado comercial de la Embajada de Estados Unidos en La Paz
insistentemente hablaba de “Bechtel” al referirse al caso; Bechtel fue la única empresa en
enviar representación legal a las reuniones con el gobierno de Bolivia luego de la
cancelación del contrato; etc.
51. Algunos podrían objetaran la calificación de “pobre”, y por cierto es un término
relativo. El salario mínimo en Bolivia ronda por los $60 por mes, y un “rico” puede ser
aquello que gana $700 por mes. En este contexto, gastar “solo” $10 a $15 por mes en
agua puede significar de 5% al 10% del ingreso va solo en agua.
52. Un especialista británico en temas de regulación y servicios básicos, revisó el caso
cochabambino y efectuó el siguiente comentario: “Es un principio básico […] que los
inversionistas, no los consumidores, financien proyectos de inversión. Los que toman
riesgos recuperan su inversión con ganancias en cuanto el proyecto produce un producto
para la venta. Este es el corazón, el alma y la justificación del sistema llamado
‘capitalismo’…
115

Pero cuando un operador monopólico se apodera del sistema de agua de una ciudad,
puede bombear los fondos para sus proyectos de inversión [...] de los consumidores
cautivos, en lugar de sus accionistas. Gregory Palast. “Bechtel Subsidiary Drives Unrest
in Bolivia.” The Observer (Londres), 23 abril 2000.
53. Ver <http://democracyctr.org/bechtel/waterbills/index.htm>.
54. Por ejemplo, de nuestras investigaciones: familia de Julio Hinojosa, en la categoría
R2 (“vivienda pobre”), con un aumento de 30% de consumo tuvo entre diciembre y enero
un incremento de 220% en el cobro, de 143 a 314 bolivianos; familia de Esteban
Huayllani, en la categoría R2 (“vivienda pobre”), sin ningún aumento en consumo, tuvo
un incremento de 258%, de 11 a 28.4 bolivianos; familia de Bertha Rojas en la categoría
R3 (“económica”), con un aumento de 15% de consumo tuvo un incremento de 82%, de
51 a 93.7 bolivianos; etc.
55. Carta de Jock Covey, Vicepresidente de Asuntos Externos, Bechtel Corporation, a
Matt González, miembro del Consejo Municipal de San Francisco, California, 26 de abril
2002.
56. World Bank, 1999 resumen ejecutivo (negrilla en el original).
57. Presentándose luego como victima, Bechtel confirmaría la imposición de esta
arquitectura tarifarías por los IFIs: “Aguas del Tunari recalculó las tarifas… tomando en
cuenta los requerimientos de los bancos multilaterales (el Banco Interamericano de
Desarrollo [BID], la Corporación Internacional de Finanzas [IFC, o Banco Mundial], y
La Corporación Andina de Fomento, o CAF)”. Carta de Jock Covey, Vicepresidente de
Asuntos Externos, Bechtel Corporation, a Matt González, miembro del Consejo
Municipal de San Francisco, California, 26 de abril 2002.
58. Assies 2001:111.
59. Comunicación personal de Carlos Crespo con Waldo Valle, ex viceministro de
Saneamiento Básico, 22 febrero 2000.
60. Bautizado luego “el Torpe” por sus tristemente celebre actuación como Gerente, y
desdén neroesco hacia lo que ocurría a su alrededor.
61. La Razón, 4 de septiembre de 1999.
62. El Comité Cívico es una agrupación de organizaciones dedicado a la promoción de
“proyectos regionales”, y en cuyo núcleo central están los actores empresariales-
gremiales dominantes de Cochabamba.
63. Los Tiempos, 17 febrero 2000. El conflicto ya iba esclareciendo las cosas: quien
supuestamente velaba “neutralmente” por la operación de una concesión – el
Superintendente o Zar de Aguas, Uzín – en las mesas de negociación se convierte
rápidamente en defensor del contrato de privatización ante un pueblo hasta entonces
inconsulta al respecto. Este hecho fue efectivamente reconocido por el Comité Cívico.
116

64. Opinó su presidente Mauricio Barrientos que como Aguas del Tunari no estaba en las
negociaciones, debía ser la Superintendencia la que responda a los cuestionamientos del
contrato.
65. Ver Albro 2003.
66. El sindicalismo tradicional “COBista” en Bolivia, que nació en 1952 al calor de la
revolución nacional, está en crisis terminal desde hace tiempo. Su sustento, los
trabajadores de las empresas estatales y del sector formal manufacturero, ha desaparecido
con el cierre de las minas, la precarización del trabajo y el abrumador crecimiento de
actividades de autoempleo en el sector “informal” —tendencias que el sindicalismo
tradicional ignora en la práctica—.
67. Los periodistas llegaron a las oficinas de los fabriles incluso con esta pregunta: “¿qué
tienes hoy día Oscar?”
68. Crespo y Fernández, 2001:169.
69. Crespo, 2000.
70. Ver Kruse, 2001.
71. Ver Nash, 1979:309.
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117

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