La ley reforma la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela en tres áreas principales: instituciones familiares y derechos humanos, el Sistema de Protección y la justicia. Se crea un nuevo Sistema Rector Nacional liderado por el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, y se fortalece la participación popular a través de los consejos comunales.