Co ley-1098-06-codigo-infancia-y-adolescencia-

Tomado de la página de la Secretaría del Senado de la república
de Colombia.
LEY 1098 DE 2006.
(noviembre 8)
Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006
<NOTA: Debe tenerse en cuenta el artículo 216 referente a la entrada en vigencia
de esta ley>
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
<Resumen de Notas de Vigencia>
NOTAS DE VIGENCIA:
-Modificada por la Ley 1288 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.282 de 5 de
marzo de 2009, 'Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que
permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia y
contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras
disposiciones'.
-Corregida por el Decreto 578 de 2007, publicado en el Diario Oficial No. 46.558 de 2 de
marzo de 2007, 'Por medio del cual se corrigen unos yerros de la Ley 1098 de noviembre
8 de 2006 “por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” y se deroga el
Decreto 4011 de 2006'.
El Decreto 4011 de 2006 fue derogado por el Artículo 5o. del Decreto 578 de 2007, 'por
medio del cual se corrigen unos yerros de la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 'por la
cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia' y se deroga el Decreto 4011 de
2006', publicado en el Diario Oficial No. 46.558 de 2 de marzo de 2007.
- Mediante el Decreto 4011 de 2006, publicado en el Diario Oficial No. 46.453 de 15 de
noviembre de 2006, 'se corrigen unos yerros de la Ley 1098 de noviembre 8 de 2006,
'por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia''.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
LIBRO I.
LA PROTECCIÓN INTEGRAL.
TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO I.
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES.
ARTÍCULO 1o. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los
niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad
humana, sin discriminación alguna.
ARTÍCULO 2o. OBJETO. El presente código tiene por objeto establecer normas
sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en
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los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución
Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección
será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.
ARTÍCULO 3o. SUJETOS TITULARES DE DERECHOS. Para todos los efectos de
esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por
niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas
entre 12 y 18 años de edad.
<Jurisprudencia Vigencia>
Corte Constitucional-Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-740-08 de 23 de julio de
2008, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo Rentaría.
PARÁGRAFO 1o. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se
presumirá esta. En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se
presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas,
ordenarán la práctica de las pruebas para la determinación de la edad, y una vez
establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los correctivos
necesarios para la ley.
PARÁGRAFO 2o. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el
ejercicio de derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales
deben guardar plena armonía con la Constitución Política.
ARTÍCULO 4o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente código se aplica a todos
los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren
en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a
aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.
ARTÍCULO 5o. NATURALEZA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE
CÓDIGO. Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en
este código, son de orden público, de carácter irrenunciable y los principios y
reglas en ellas consagrados se aplicarán de preferencia a las disposiciones
contenidas en otras leyes.
ARTÍCULO 6o. REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. Las normas
contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios
internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la
Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y
servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará
siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe
entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o
adolescente, no figuren expresamente en ellas.
ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN INTEGRAL. Se entiende por protección integral
de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes,
programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental,
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distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros,
físicos y humanos.
ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS
ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente,
el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y
simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e
interdependientes.
ARTÍCULO 9o. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. En todo acto, decisión o
medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de
estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de
cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño,
niña o adolescente.
ARTÍCULO 10. CORRESPONSABILIDAD. Para los efectos de este código, se
entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones
conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su
atención, cuidado y protección.
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece
entre todos los sectores e instituciones del Estado.
No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la
prestación de servicios sociales, no podrán invocar el principio de la
corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de
derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
ARTÍCULO 11. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS. Salvo las normas
procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o
procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, cualquier
persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad
inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y
el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
PARÁGRAFO. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente
coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las
funciones que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos
técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así
mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales y
municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las
competencias y funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas.
ARTÍCULO 12. PERSPECTIVA DE GÉNERO. Se entiende por perspectiva de
género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en
las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que
desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en
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cuenta en la aplicación de este código, en todos los ámbitos en donde se
desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad.
ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS
ADOLESCENTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DEMÁS GRUPOS
ÉTNICOS. Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y
demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución
Política, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente
Código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización
social.
ARTÍCULO 14. LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. La responsabilidad
parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación
civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado,
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su
proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del
padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan
lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.
En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar
violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 15. EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. Es
obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas
y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades
contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con
claro sentido pedagógico.
El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones
cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo.
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los
derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de
especialistas.
ARTÍCULO 16. DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO. Todas las personas
naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aún, con autorización de los
padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los
adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado.
De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de
Bienestar Familiar compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como
ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y
licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que prestan servicios
de protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el
programa de adopción.
CAPITULO II.
DERECHOS Y LIBERTADES.
ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN
AMBIENTE SANO. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la
vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de
dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente.
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La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad
de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les
aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y
equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado,
recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un
ambiente sano.
PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el
fortalecimiento de la primera infancia.
ARTÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Los niños, las niñas
y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o
conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En
especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda
índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas
responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y
comunitario.
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o
trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales
abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el
niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o
cualquier otra persona.
ARTÍCULO 19. DERECHO A LA REHABILITACIÓN Y LA RESOCIALIZACIÓN.
Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley
tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas
garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y
organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas
públicas.
ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los niños, las niñas y los
adolescentes serán protegidos contra:
1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes
legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la
responsabilidad de su cuidado y atención.
2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales,
quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos
contra su utilización en la mendicidad.
3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y
la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de
promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización.
4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la
explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la
libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.
5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma
contemporánea de esclavitud o de servidumbre.
6. Las guerras y los conflictos armados internos.
7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
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8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y
degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria.
9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas.
10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin.
11. El desplazamiento forzado.
12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es
probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el
derecho a la educación.
13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT.
14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o
después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo
de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su
expectativa de vida.
15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones
de emergencia.
16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
17. Las minas antipersonales.
18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual.
19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos.
ARTÍCULO 21. DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL. Los
niños, las niñas y los adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su
libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos previamente
definidos en el presente código.
ARTÍCULO 22. DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO
DE ELLA. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer
en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella.
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia
cuando esta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus
derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la condición
económica de la familia podrá dar lugar a la separación.
ARTÍCULO 23. CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria
asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La
obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos
en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales.
ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo
físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad
económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es
indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación,
educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo
integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la
obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.
ARTÍCULO 25. DERECHO A LA IDENTIDAD. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos
que la constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley.
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Para estos efectos deberán ser inscritos inmediatamente después de su
nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua
de origen, su cultura e idiosincrasia.
ARTÍCULO 26. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido
proceso en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se
encuentren involucrados.
En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que
estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser
escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.
ARTÍCULO 27. DERECHO A LA SALUD. Todos los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico,
psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital,
Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio
de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña
que requiera atención en salud.
En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios
en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios
estará a cargo de la Nación.
Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las
autoridades o personas que omitan la atención médica de niños y menores.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud integral
la garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones, conducentes
a la conservación o la recuperación de la salud de los niños, niñas y adolescentes.
PARÁGRAFO 2o. Para dar cumplimiento efectivo al derecho a la salud integral y
mediante el principio de progresividad, el Estado creará el sistema de salud
integral para la infancia y la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá
a los niños, niñas y adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los
niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado con subsidios
parciales y para el año 2010 incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al régimen subsidiado. Así mismo para el año 2010 incorporará la
prestación del servicio de salud integral a los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes al régimen contributivo de salud.
El Gobierno Nacional, por medio de las dependencias correspondientes deberá
incluir las asignaciones de recursos necesarios para dar cumplimiento a lo
dispuesto en este artículo, en el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan
financiero de mediano plazo y el plan de desarrollo.
ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por
parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La
educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos
establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios
mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos
públicos de educación.
ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA
INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen
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las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano.
Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de
edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los
derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política
y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención
en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los
peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá
garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.
ARTÍCULO 30. DERECHO A LA RECREACIÓN, PARTICIPACIÓN EN LA VIDA
CULTURAL Y EN LAS ARTES. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen
derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas
propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.
Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el
conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan.
PARÁGRAFO 1o. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo
integral de los niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir
el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de
licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos
con clasificación para mayores de edad.
PARÁGRAFO 2o. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a
espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los
organizadores, la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su
seguridad personal.
ARTÍCULO 31. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS
Y LOS ADOLESCENTES. Para el ejercicio de los derechos y las libertades
consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho
a participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones
educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales
y municipales que sean de su interés.
El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos
públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la
infancia y la adolescencia.
ARTÍCULO 32. DERECHO DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN. Los niños, las niñas y
los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales,
culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole,
sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la
salubridad física o mental y el bienestar del menor.
Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones,
inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones
conformadas por niños, las niñas y los adolescentes.
<Ver Notas del Editor en relación con la vigencia de este inciso. El texto original
de la ley es el siguiente:> En la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los
adolescentes se estará a la ley, pero los menores adultos se entenderán
habilitados para tomar todas aquellas decisiones propias de la actividad
asociativa, siempre que afecten negativamente su patrimonio.
<Notas de Vigencia>
<Notas del Editor>
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<Legislación Anterior>
Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o representantes
legales para participar en estas actividades. Esta autorización se extenderá a
todos los actos propios de la actividad asociativa. Los padres solo podrán revocar
esta autorización por justa causa.
ARTÍCULO 33. DERECHO A LA INTIMIDAD. Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a la intimidad personal, mediante la protección
contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia,
domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos contra toda conducta,
acción o circunstancia que afecte su dignidad.
ARTÍCULO 34. DERECHO A LA INFORMACIÓN. Sujeto a las restricciones
necesarias para asegurar el respeto de sus derechos y el de los demás y para
proteger la seguridad, la salud y la moral, los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los
distintos medios de comunicación de que dispongan.
ARTÍCULO 35. EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO Y DERECHO A LA
PROTECCIÓN LABORAL DE LOS ADOLESCENTES AUTORIZADOS PARA
TRABAJAR. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para
trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la respectiva
autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente
Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el
régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y
convenios internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política y los
derechos y garantías consagrados en este código.
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y
especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio
o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.
PARÁGRAFO. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán
recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente
Territorial Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico,
cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas
máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo.
En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales.
ARTÍCULO 36. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. Para los efectos de esta ley, la
discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial
o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más
actividades esenciales de la vida cotidiana.
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados
y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con
discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les
proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan
valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo:
1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de
igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus
potencialidades y su participación activa en la comunidad.
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2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo
de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento
especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación,
orientación y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de
su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la educación gratuita en las
entidades especializadas para el efecto.
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y
educación que atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado
del pago respectivo y del trámite del cobro pertinente.
3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en
las actividades de la vida diaria.
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su
vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las
demás personas.
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad
cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de
interdicción ante la autoridad competente, antes de cumplir aquel la mayoría de
edad, para que a partir de esta se le prorrogue indefinidamente su estado de
sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley.
PARÁGRAFO 2o. Los padres que asuman la atención integral de un hijo
discapacitado recibirán una prestación social especial del Estado.
PARÁGRAFO 3o. Autorícese al Gobierno Nacional, a los departamentos y a los
municipios para celebrar convenios con entidades públicas y privadas para
garantizar la atención en salud y el acceso a la educación especial de los niños,
niñas y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad.
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los derechos de
protección integral en educación, salud, rehabilitación y asistencia pública de los
adolescentes con discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al
cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad.
ARTÍCULO 37. LIBERTADES FUNDAMENTALES. Los niños, las niñas y los
adolescentes gozan de las libertades consagradas en la Constitución Política y en
los tratados internacionales de Derechos Humanos. Forman parte de estas
libertades el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal; la
libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la libertad de
pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u
oficio.
TÍTULO II.
GARANTÍA DE DERECHOS Y PREVENCIÓN.
CAPÍTULO I.
OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO.
ARTÍCULO 38. DE LAS OBLIGACIONES DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL
ESTADO. Además de lo señalado en la Constitución Política y en otras
disposiciones legales, serán obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en
sus niveles nacional, departamental, distrital y municipal el conjunto de
disposiciones que contempla el presente código.
ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. La familia tendrá la
obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el
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respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la
familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada.
Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes:
1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y
su integridad personal.
2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia,
la adolescencia y la familia.
3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y
responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía.
4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento.
5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y
una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor,
mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la
higiene.
6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y
colaborar con la escuela en la educación sobre este tema.
7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su
nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la
vacunación y demás servicios médicos.
8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las
condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y
permanencia en el ciclo educativo.
9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico,
sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando
sea requerida.
10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de
explotación económica.
11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda
sostener y formar.
12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y
adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y
tecnológicas.
13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en
actividades deportivas y culturales de su interés.
14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el
consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales.
15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato
digno e igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de
equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos.
Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos
relacionados en su entorno familiar y social.
PARÁGRAFO. En los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos las
obligaciones de la familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y
culturas, siempre que no sean contrarias a la Constitución Política, la ley y a los
instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
11

ARTÍCULO 40. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento de los
principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad
civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios
económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen
la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia
efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En
este sentido, deberán:
1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente.
2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones
que amenacen o menoscaben estos derechos.
3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y
control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia.
4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los
vulneren o amenacen.
5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la
presente ley.
6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
ARTÍCULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto
institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En
cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y
municipal deberá:
1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes
2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su
amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre
infancia y adolescencia.
3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las
políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental,
distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos.
4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han
sido vulnerados.
5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social.
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas
y las adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el
restablecimiento de sus derechos vulnerados.
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales
que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para
la protección de sus derechos.
8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad
física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes y la forma de hacerlos efectivos.
9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del
respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la
convivencia democrática y los valores humanos y en la solución pacífica de los
conflictos.
12

10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas
desde su gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico
e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad.
11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres
gestantes y durante el parto; de manera integral durante los primeros cinco (5)
años de vida del niño, mediante servicios y programas de atención gratuita de
calidad, incluida la vacunación obligatoria contra toda enfermedad prevenible,
con agencia de responsabilidad familiar.
12. Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante
un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán
el trámite administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro médico
donde nació, con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo.
13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al Sistema
de Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo
mediante afiliación inmediata del recién nacido a uno de los regímenes de ley.
14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la
desnutrición, especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los
programas de vacunación y prevención de las enfermedades que afectan a la
infancia y a la adolescencia y de los factores de riesgo de la discapacidad.
15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la
legislación del sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y
lactantes, familias en situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y
adolescentes.
16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y
todo tipo de accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida
de los niños, las niñas y los adolescentes.
17. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento,
tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones
educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que
garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos.
18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el
sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.
19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos
Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de
formación de maestros para la promoción del buen trato.
20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o
excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o
integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes.
21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los
adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de
emergencia.
22. Garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes
indígenas y de otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y
la ley que regule la materia.
13

23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción
escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del
sistema educativo.
24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y
facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada.
25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y
producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y
consagrar recursos especiales para esto.
26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el
maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y
reproductivos.
27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se
encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia.
28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar
o de su lugar de residencia habitual.
29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o
a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones
psicológicas, campañas cívico-militares y similares.
30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al
margen de la ley.
31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren
en procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las
demás personas que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y
garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las
obligaciones alimentarias.
32. Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños y las
niñas menores de 15 años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar,
y garantizar su acceso y la permanencia en el sistema educativo.
33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los
patrones culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la
educación como proceso fundamental para el desarrollo de la niñez.
34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones
que sean de su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar
las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y
garantizar el cumplimiento de los términos señalados en la ley o en los
reglamentos frente al debido proceso. Procurar la presencia en dichas
actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante
legal.
35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la
mayor brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados.
36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación
cuando las condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, las niñas o
los adolescentes lo exijan.
37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente
Código a los medios de comunicación.
PARÁGRAFO. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado deberá
garantizar de manera prevalente, el ejercicio de todos los derechos de los niños,
14

las niñas y los adolescentes consagrados en la Constitución Política, los tratados y
convenios internacionales de Derechos Humanos y en este código.
ARTÍCULO 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS. Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán
entre otras las siguientes obligaciones:
1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y
garantizar su permanencia.
2. Brindar una educación pertinente y de calidad.
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad
educativa.
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro
educativo.
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento
del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la
comunidad educativa.
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten
dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer
programas de orientación psicopedagógica y psicológica.
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas
culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales
extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de lo niños, niñas y
adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la
cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada.
10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación
del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional.
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes
especiales.
12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo,
condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus
derechos.
ARTÍCULO 43. OBLIGACIÓN ÉTICA FUNDAMENTAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Las instituciones de educación primaria y
secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar
a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad
física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores
fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la
tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un
trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes
presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de
maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de
parte de los demás compañeros y de los profesores.
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica,
15

los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y
adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
ARTÍCULO 44. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Los directivos y docentes de los
establecimientos académicos y la comunidad educativa en general pondrán en
marcha mecanismos para:
1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento.
2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de
malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y
explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y
esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.
4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad,
vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de
maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de
parte de los demás compañeros o profesores.
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter
disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica,
los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y
adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que
producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las
autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo
alrededor de las instalaciones educativas.
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para
el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad.
9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o
peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes.
10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y
reproductiva y la vida en pareja.
ARTÍCULO 45. PROHIBICIÓN DE SANCIONES CRUELES, HUMILLANTES O
DEGRADANTES. Los directores y educadores de los centros públicos o privados
de educación formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que
conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar
medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida
su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar.
ARTÍCULO 46. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD. Son obligaciones especiales del sistema de seguridad social
en salud para asegurar el derecho a la salud de los niños, las niñas y los
adolescentes, entre otras, las siguientes:
1. Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de
vacunación, complementación alimentaria, suplementación nutricional,
vigilancia del estado nutricional y mejoramiento de hábitos alimentarios.
16

2. Diseñar y desarrollar programas de prevención de las infecciones respiratorias
agudas, la enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades prevalentes de la
infancia.
3. Diseñar, desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres
embarazadas la consejería para la realización de la prueba voluntaria del
VIH/SIDA y en caso de ser positiva tanto la consejería como el tratamiento
antirretroviral y el cuidado y atención para evitar durante el embarazo, parto y
posparto la transmisión vertical madre-hijo.
4. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como el
seguimiento y tratamiento requeridos para el recién nacido.
5. Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los
adolescentes, en especial en los casos de urgencias.
6. Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo
cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera
tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida;
carezca de representante legal o este se encuentre en situación que le impida dar
su consentimiento de manera oportuna o no autorice por razones personales,
culturales, de credo o sea negligente; en atención al interés superior del niño,
niña o adolescente o a la prevalencia de sus derechos.
7. Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados
de salud sexual y reproductiva.
8. Desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la
protección especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes.
9. Diseñar y desarrollar programas especializados para asegurar la detección
temprana y adecuada de las alteraciones físicas, mentales, emocionales y
sensoriales en el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes; para lo cual
capacitará al personal de salud en el manejo y aplicación de técnicas específicas
para su prevención, detección y manejo, y establecerá mecanismos de
seguimiento, control y vigilancia de los casos.
10. Capacitar a su personal para detectar el maltrato físico y psicológico, el abuso,
la explotación y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y denunciar
ante las autoridades competentes las situaciones señaladas y todas aquellas que
puedan constituir una conducta punible en que el niño, niña o adolescente sea
víctima.
11. Diseñar y ofrecer programas encaminados a educar a los niños, las niñas y los
adolescentes, a los miembros de la familia y a la comunidad en general en
prácticas de higiene y sanidad; en el manejo de residuos sólidos, el reciclaje de
basuras y la protección del ambiente.
12. Disponer lo necesario para que todo niño, niña o adolescente que presente
anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a recibir por
parte del Estado, atención, diagnóstico, tratamiento especializado y
rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a los miembros
de la familia o las personas responsables de su cuidado y atención.
ARTÍCULO 47. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. Los medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía
y demás derechos, deberán:
17

1. Promover, mediante la difusión de información, los derechos y libertades de los
niños, las niñas y los adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y
mental.
2. El respeto por la libertad de expresión y el derecho a la información de los
niños, las niñas y los adolescentes.
3. Adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y
adolescentes en las cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus
derechos.
4. Promover la divulgación de información que permita la localización de los
padres o personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por
cualquier causa se encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean
solicitados por las autoridades competentes.
5. Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia y la
adolescencia.
6. Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la
integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que
hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan
descripciones morbosas o pornográficas.
7. Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en
horarios catalogados como franja infantil por el organismo competente.
8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que
puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido
víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para
garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del
delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra
circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO. Los medios de comunicación serán responsables por la violación
de las disposiciones previstas en este artículo. El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que por tales violaciones
se adelanten contra los medios.
ARTÍCULO 48. ESPACIOS PARA MENSAJES DE GARANTÍA Y
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. Los contratos de concesión de los
servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán la
obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para
transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin
determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las
niñas y los adolescentes y a sus familias.
<Inciso 2o. declarado INEXEQUIBLE>
ARTÍCULO 49. OBLIGACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN.
La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces garantizará el interés
superior de la niñez y la familia, la preservación y ampliación de las franjas
infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de dichas franjas que asegure la
difusión y conocimiento de los derechos y libertades de los niños, las niñas y los
adolescentes consagradas en la presente ley. Así mismo, la Comisión Nacional de
18

Televisión garantizará que en la difusión de programas y materiales emitidos en
la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos o que hagan
apología a la violencia.
CAPÍTULO II.
MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS.
ARTÍCULO 50. RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS. Se entiende por
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la
restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para
hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados.
ARTÍCULO 51. OBLIGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. El restablecimiento de los
derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado
en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación
de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las
comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías
municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se
encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la
autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.
ARTÍCULO 52. VERIFICACIÓN DE LA GARANTÍA DE DERECHOS. En todos
los casos, la autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el
estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, consagrados en el Título I del Libro I del presente código. Se deberá
verificar:
1. El Estado de salud física y psicológica.
2. Estado de nutrición y vacunación.
3. La inscripción en el registro civil de nacimiento.
4. La ubicación de la familia de origen.
5. El Estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos
protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos.
6. La vinculación al sistema de salud y seguridad social.
7. La vinculación al sistema educativo.
PARÁGRAFO 1o. De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa, que
servirá de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento
de los derechos.
PARÁGRAFO 2o. Si la autoridad competente advierte la ocurrencia de un posible
delito, deberá denunciarlo ante la autoridad penal.
ARTÍCULO 53. MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. Son
medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los
derechos establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o
varias de las siguientes medidas:
1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico.
2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o
vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y
19

ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del
derecho vulnerado.
3. Ubicación inmediata en medio familiar.
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la
ubicación en los hogares de paso.
5. La adopción.
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones
legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las
niñas y los adolescentes.
7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar.
PARÁGRAFO 1o. La autoridad competente deberá asegurar que en todas las
medidas provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se
decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del niño, niña o
adolescente que lo requiera.
PARÁGRAFO 2o. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres
naturales u otras situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera
de las medidas establecidas en este artículo y las demás que indiquen las
autoridades encargadas de la atención de los desastres para la protección de sus
derechos.
ARTÍCULO 54. AMONESTACIÓN. La medida de amonestación consiste en la
conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado del niño,
niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les
corresponden o que la ley les impone. Comprende la orden perentoria de que
cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico
sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de multa
convertible en arresto.
ARTÍCULO 55. INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA. El incumplimiento de las
obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los
infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100)
salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un
(1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa. Esta sanción será
impuesta por el Defensor de Familia.
ARTÍCULO 56. UBICACIÓN EN FAMILIA DE ORIGEN O FAMILIA EXTENSA.
Es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes de
acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, cuando estos
ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos.
Si de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia carece
de recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la
autoridad competente informará a las entidades del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, para que le brinden a la familia los recursos adecuados
mientras ella puede garantizarlos.
ARTÍCULO 57. UBICACIÓN EN HOGAR DE PASO. La ubicación en hogar de
paso es la ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente con
20

familias que forman parte de la red de hogares de paso. Procede la medida
cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de su
cuidado y atención.
La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, y su duración no podrá
exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe
decretar otra medida de protección.
ARTÍCULO 58. RED DE HOGARES DE PASO. Se entiende por Red de Hogares
de Paso el grupo de familias registradas en el programa de protección de los
niños, las niñas y los adolescentes, que están dispuestas a acogerlos, de manera
voluntaria y subsidiada por el Estado, en forma inmediata, para brindarles el
cuidado y atención necesarios.
En todos los distritos, municipios y territorios indígenas del territorio nacional,
los gobernadores, los alcaldes, con la asistencia técnica del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, organizarán las redes de hogares de paso y establecerá el
registro, el reglamento, los recursos, los criterios de selección y los controles y
mecanismos de seguimiento y vigilancia de las familias, de acuerdo con los
principios establecidos en este código.
ARTÍCULO 59. UBICACIÓN EN HOGAR SUSTITUTO. Es una medida de
protección provisional que toma la autoridad competente y consiste en la
ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se compromete a
brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de origen.
Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo con las
circunstancias y los objetivos que se persiguen sin que pueda exceder de seis (6)
meses. El Defensor de Familia podrá prorrogarla, por causa justificada, hasta por
un término igual al inicial, previo concepto favorable del Jefe Jurídico de la
Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ningún
caso podrá otorgarse a personas residentes en el exterior ni podrá salir del país el
niño, niña o adolescente sujeto a esta medida de protección, sin autorización
expresa de la autoridad competente.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual al
hogar sustituto para atender exclusivamente a los gastos del niño, niña o
adolescente. Mientras dure la medida el Instituto se subrogará en los derechos
contra toda persona que por ley deba alimentos al niño, niña o adolescente. En
ningún caso se establecerá relación laboral entre el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y los responsables del hogar sustituto.
PARÁGRAFO. En el caso de los niños, niñas y adolescentes indígenas, se
propenderá como primera opción, la ubicación del menor en una familia
indígena. El ICBF asegurará a dichas familias indígenas el aporte mensual de que
trata este artículo.
ARTÍCULO 60. VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
VULNERADOS. Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de
cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal,
o sea víctima de un delito, o cuando se trate de una adolescente o mujer mayor de
18 años embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada
que asegure el restablecimiento de sus derechos.
21

PARÁGRAFO 1o. La especialización de los programas debe definirse a partir de
estudios diagnósticos que permitan determinar la naturaleza y el alcance de los
mismos. Los programas deberán obedecer a las problemáticas sociales que
afectan a los niños, las niñas y los adolescentes, y ser formulados en el marco de
las políticas públicas de infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar expedirán la reglamentación correspondiente al funcionamiento y
operación de las casas de madres gestantes y los programas de asistencia y
cuidado a mujeres con embarazos no deseados de que trata el presente artículo,
durante los 12 meses siguientes a la expedición de la presente ley.
ARTÍCULO 61. ADOPCIÓN. <Ver nota del Editor> La adopción es,
principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual,
bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la
relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.
<Notas del Editor>
ARTÍCULO 62. LA AUTORIDAD CENTRAL EN MATERIA DE ADOPCIÓN. La
autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por este.
ARTÍCULO 63. PROCEDENCIA DE LA ADOPCIÓN. Sólo podrán adoptarse los
menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos cuya
adopción haya sido consentida previamente por sus padres.
Si el menor tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para
los guardadores.
ARTÍCULO 64. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ADOPCIÓN. La adopción produce
los siguientes efectos:
1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones
de padre o madre e hijo.
2. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se
extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de
estos.
3. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre,
sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o
consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las razones de su cambio.
4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo
parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del
ordinal 9o del artículo 140 del Código Civil.
5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de
sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el
cual conservará los vínculos en su familia.
ARTÍCULO 65. ACCIONES DE RECLAMACIÓN. Nadie podrá ejercer acción
alguna para establecer la filiación consanguínea del adoptivo, ni reconocerle
como hijo.
22

Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones de
reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres biológicos,
únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la
adopción, no lo eran en realidad.
La prosperidad de las pretensiones del adoptivo en este caso, no extinguirá los
efectos de la adopción, salvo declaración judicial que la ordene y previo el
consentimiento del adoptivo. El adoptante deberá ser oído en el proceso.
ARTÍCULO 66. DEL CONSENTIMIENTO. El consentimiento es la manifestación
informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de
quienes ejercen la patria potestad ante el Defensor de Familia, quien los
informará ampliamente sobre sus consecuencias jurídicas y psicosociales. Este
consentimiento debe ser válido civilmente e idóneo constitucionalmente. Para
que el consentimiento sea válido debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto lícitos.
2. Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las
consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión.
Es idóneo constitucionalmente cuando quien da el consentimiento ha sido debida
y ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo. Se entenderá
tener aptitud para otorgar el consentimiento un mes después del día del parto.
A efectos del consentimiento para la adopción, se entenderá la falta del padre o la
madre, no solamente cuando ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una
enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que
está por nacer. Tampoco lo tendrá el consentimiento que se otorgue en relación
con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo fuere pariente del
adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que
fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del adoptante.
Quien o quienes expresan su consentimiento para la adopción podrá revocarlo
dentro del mes siguiente a su otorgamiento.
Los adolescentes deberán recibir apoyo psicosocial especializado por parte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que puedan permanecer con su
hijo o hija, o para otorgar el consentimiento libre e informado. El consentimiento
del padre o madre menor de dieciocho (18) años tendrá validez si se manifiesta
con el lleno de los requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso
estarán asistidos por sus padres, o personas que los tengan bajo su cuidado y por
el Ministerio Público.
ARTÍCULO 67. SOLIDARIDAD FAMILIAR. El Estado reconocerá el
cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de
origen, que asume la protección de manera permanente de un niño, niña o
adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo armónico e
integral de sus derechos. En tal caso no se modifica el parentesco.
PARÁGRAFO. Si alguna persona o pareja quiere adoptar al niño que está al
cuidado de la familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones de
adoptabilidad, que exige el código, podrá hacerlo, a menos que la familia que
tiene el cuidado del niño, niña o adolescente, decida adoptarlo.
23

ARTÍCULO 68. REQUISITOS PARA ADOPTAR. Podrá adoptar quien, siendo
capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el
adoptable, y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para
suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas
mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. Podrán adoptar:
1. Las personas solteras.
2. Los cónyuges conjuntamente.
3. Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una
convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se
contará a partir de la sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman
la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo matrimonial
anterior.
4. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su
administración.
5. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que
demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años.
Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de adopción por parte
del cónyuge o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge o
compañero permanente o de un pariente dentro del tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
PARÁGRAFO 1o. La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción.
PARÁGRAFO 2o Si el niño, niña o adolescente tuviere bienes, la adopción se hará
con las formalidades exigidas para los guardadores.
ARTÍCULO 69. ADOPCIÓN DE MAYORES DE EDAD. Podrá adoptarse al mayor
de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal y haber
convivido bajo el mismo techo con él, por lo menos dos años antes de que este
cumpliera los dieciocho (18) años.
La adopción de mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre el
adoptante y el adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantará ante un Juez
de Familia.
ARTÍCULO 70. ADOPCIÓN DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE INDÍGENA.
Atendiendo las facultades jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la
adopción de un niño, una niña o un adolescente indígena cuando los adoptantes
sean miembros de su propia comunidad procederá de acuerdo con sus usos y
costumbres.
Cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del niño,
niña o adolescente indígena, la adopción procederá mediante consulta previa y
con el concepto favorable de las autoridades de la comunidad de origen y se
realizará de acuerdo con lo establecido en el presente Código.
ARTÍCULO 71. PRELACIÓN PARA ADOPTANTES COLOMBIANOS. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones autorizadas por este para
adelantar el programa de adopción, preferirán, en igualdad de condiciones, las
solicitudes presentadas por los y las colombianas, cuando llenen los requisitos
establecidos en el presente Código. Si hay una familia colombiana residente en el
país o en el exterior y una extranjera, se preferirá a la familia colombiana, y si hay
24

dos familias extranjeras una de un país no adherido a la Convención de La Haya o
a otro convenio de carácter bilateral o multilateral en el mismo sentido y otra sí,
se privilegiará aquella del país firmante del convenio respectivo.
ARTÍCULO 72. ADOPCIÓN INTERNACIONAL. Además de las disposiciones
anteriores, la adopción internacional se regirá por los Tratados y Convenios
Internacionales ratificados por Colombia sobre esta materia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad central, autorizará
a los organismos acreditados y agencias internacionales, previo el cumplimiento
de los requisitos señalados en la ley y los convenios internacionales ratificados
por Colombia y teniendo en cuenta la necesidad del servicio. El Ministerio del
Interior y de Justicia reconocerá personería jurídica e inscribirá a sus
representantes legales.
Tanto las agencias internacionales como los organismos acreditados deberán
renovar la autorización ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cada
dos años.
ARTÍCULO 73. PROGRAMA DE ADOPCIÓN. Por programa de adopción se
entiende el conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño,
niña o adolescente a tener una familia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del Comité de Adopción
en cada Regional y Agencia y las Instituciones Autorizadas por este para
desarrollar el Programa de adopción a través de su Comité de Adopción serán la
instancia responsable de la selección de las familias colombianas y extranjeras
adoptantes y de la asignación de los niños, niñas y adolescentes adoptables.
<Inciso 3o. corregido por el artículo 1 del Decreto 578 de 2007. El nuevo texto es
el siguiente:> En la asignación de familia que realice el Comité de Adopción, se
dará prelación a las familias colombianas de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de este código. El incumplimiento de esta norma dará lugar a las
sanciones disciplinarias del caso e invalidará la citada asignación.
<Notas de Vigencia>
PARÁGRAFO 1o. Las Instituciones Autorizadas para desarrollar el Programa de
Adopción garantizarán plenamente los derechos de los niños, niñas y
adolescentes susceptibles de ser adoptados, mientras permanezcan bajo su
cuidado y no podrán entregarlos a persona alguna sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente Código.
PARÁGRAFO 2o. Integración de los comités de adopciones. Los Comités de
Adopciones del ICBF y de las instituciones autorizadas, estarán integrados por el
Director Regional del ICBF o su delegado, el director de la institución o su
delegado, un trabajador social, un psicólogo y por las demás personas que
designen, según sea el caso, el ICBF o las juntas directivas de las instituciones.
PARÁGRAFO 3o. Los Requisitos de Acreditación para agencias o instituciones
que presten servicios de adopción internacional deberán incluir la presentación
de pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo de
control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a estas
entidades que mantengan estados contables, para ser sometidas a supervisión de
25

la autoridad, incluyendo una declaración detallada de los costes y gastos
promedio asociados a las distintas categorías de adopciones.
La información concerniente a los costes, gastos y honorarios que cobren las
agencias o instituciones por la provisión de servicios de adopción internacional
deberá ser puesta a disposición del público.
ARTÍCULO 74. PROHIBICIÓN DE PAGO. Ni el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por este para desarrollar el
programa de adopción, podrán cobrar directa o indirectamente retribución
alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente para ser adoptado. En
ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus
hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna para
obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir donaciones de familias
adoptantes previamente a la adopción.
Quedan absolutamente prohibidas las donaciones de personas naturales o
instituciones extranjeras a las instituciones colombianas como retribución por la
entrega de niños, niñas o adolescentes en adopción.
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el
incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución del funcionario
infractor, o la cancelación de la autorización para adelantar el programa de
adopción si el hecho se hubiere cometido por una institución autorizada.
ARTÍCULO 75. RESERVA. Todos los documentos y actuaciones administrativas o
judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de
veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se
podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a
través de su apoderado o del Defensor de Familia o del adoptivo que hubiere
llegado a la mayoría de edad, la Procuraduría General de la Nación; el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar a través de su Oficina de Control Interno
Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la
Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de
investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO 1o. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal
Superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el Defensor de
Familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva
y el acceso a la información.
PARÁGRAFO 2o. El funcionario que viole la reserva, permita el acceso o expida
copia a personas no autorizadas, incurrirá en causal de mala conducta.
ARTÍCULO 76. DERECHO DEL ADOPTADO A CONOCER FAMILIA Y ORIGEN.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, todo adoptado tiene derecho
a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar. Los padres juzgarán el
momento y las condiciones en que no resulte desfavorable para el niño, niña o
adolescente conocer dicha información.
ARTÍCULO 77. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS. Créase el sistema de información de restablecimiento de derechos a
cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene como finalidad
llevar el registro de los niños, las niñas y los adolescentes cuyos derechos se
26

denuncian como amenazados o vulnerados. Dicho registro incluirá la medida de
restablecimiento adoptada, el funcionario que adelantó la actuación y el término
de duración del proceso.
Este sistema tendrá un registro especial para el desarrollo del programa de
adopción.
ARTÍCULO 78. REQUISITOS DE ACREDITACIÓN. Los requisitos de
acreditación para organismos o agencias internacionales que presten servicios de
adopción internacional deberán incluir la presentación de pruebas que indiquen
una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero
interno, así como auditoría externa. Se exigirá a los organismos acreditados y
agencias internacionales que mantengan estados contables actualizados, para ser
sometidos a la supervisión de la autoridad central tanto del Estado Receptor,
como del Estado de Origen”.
CAPITULO III.
AUTORIDADES COMPETENTES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES.
ARTÍCULO 79. DEFENSORÍAS DE FAMILIA. Son dependencias del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas
de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Las Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios
integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un
nutricionista.
Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico
tendrán el carácter de dictamen pericial.
ARTÍCULO 80. CALIDADES PARA SER DEFENSOR DE FAMILIA. Para ser
Defensor de Familia se requieren las siguientes calidades:
1. Ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional vigente.
2. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.
3. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Acreditar título de posgrado en
Derecho de Familia, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho
Constitucional, Derecho Procesal, Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales
siempre y cuando en este último caso el estudio de la familia sea un componente
curricular del programa.
ARTÍCULO 81. DEBERES DEL DEFENSOR DE FAMILIA. Son deberes del
Defensor de Familia:
1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal,
so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que
este Código le otorga.
3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los actos
contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben
observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal.
27

4. Emplear las facultades que esta ley le otorga en materia de pruebas, siempre
que estime conducente y pertinente para verificar los hechos alegados por las
partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias.
5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so
pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber rige para los servidores
públicos de la Defensoría de Familia.
6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en
el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las
audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas.
PARÁGRAFO. La violación de los deberes de que trata el presente artículo
constituye falta que se sancionará de conformidad con el respectivo régimen
disciplinario.
ARTÍCULO 82. FUNCIONES DEL DEFENSOR DE FAMILIA. Corresponde al
Defensor de Familia:
1. Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger,
garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las
adolescentes cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza.
2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para
detener la violación o amenaza de los derechos de los niños, las niñas o los
adolescentes.
3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o
administrativas.
4. Ejercer las funciones de policía señaladas en este Código.
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las
niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos.
6. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber
infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes.
7. Conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los adolescentes,
cuando no sea necesaria la intervención del juez.
8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con
derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros permanentes, padres e
hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña
o adolescente
9. Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y
cuidado personal del niño, el establecimiento de las relaciones materno o paterno
filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de
residencia separada, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o
compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio
civil o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y
liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y
los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los
derechos sucesorales, sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a los
notarios.
10. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo
extramatrimonial nacido o que esté por nacer y, en caso de producirse, extender
el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro
del estado civil.
28

11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los
derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los procesos en
que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio
Público y de la representación judicial a que haya lugar.
12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las actuaciones
judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante, o este se halle
ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos.
13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación.
14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentre el niño, niña o
adolescente.
15. Autorizar la adopción en los casos previstos en la ley.
16. Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, niña o adolescente ha
sido víctima de un delito.
17. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004.
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la
adolescencia y la familia.
19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección, modificación
o cancelación de su registro civil, ante la Dirección Nacional de Registro Civil de
las personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo de
restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre y sus apellidos no
corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin necesidad
de acudir a la jurisdicción de familia.
ARTÍCULO 83. COMISARÍAS DE FAMILIA. Son entidades distritales o
municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario,
que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es
prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás
establecidas por la ley.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la línea
técnica a las Comisarías de Familia en todo el país.
ARTÍCULO 84. CREACIÓN, COMPOSICIÓN Y REGLAMENTACIÓN. Todos los
municipios contarán al menos con una Comisaría de Familia según la densidad
de la población y las necesidades del servicio. Su creación, composición y
organización corresponde a los Concejos Municipales.
Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un abogado,
quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un trabajador social, un
médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de
población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. El
Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de determinar dichos
municipios.
En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado en
el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los profesionales que trabajen
directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los profesores y
psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del hospital y los
funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
29

PARÁGRAFO 1o. Las entidades territoriales podrán suscribir convenios de
asociación con el objeto de adelantar acciones de propósito común para
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 136 de 1994 y 715 de 2001, o
las que las modifiquen.
PARÁGRAFO 2o. Los municipios tendrán un término improrrogable de un (1)
año a partir de la vigencia de esta ley, para crear la Comisaría de Familia. El
incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta sancionada de
acuerdo con lo establecido en el Código Disciplinario Único.
ARTÍCULO 85. CALIDADES PARA SER COMISARIO DE FAMILIA. Para ser
comisario de Familia se requieren las mismas calidades que para ser Defensor de
Familia.
ARTÍCULO 86. FUNCIONES DEL COMISARIO DE FAMILIA. Corresponde al
comisario de familia:
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la
familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.
2. Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros
del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.
3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes.
4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia
intrafamiliar
5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de
alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los
cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento
conyugal, en las situaciones de violencia intrafamiliar.
6. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Practicar rescates para conjurar
las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, niña o adolescente,
cuando la urgencia del caso lo demande.
7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y
delitos sexuales.
8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato
infantil y denunciar el delito.
9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos
familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos
Municipales.
ARTÍCULO 87. ATENCIÓN PERMANENTE. Los horarios de atención de las
Defensorías de Familia y Comisarías de Familia serán permanentes y continuos, a
fin de asegurar a los niños, las niñas y los adolescentes la protección y
restablecimiento de sus derechos. El Estado deberá desarrollar todos los
mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a esta disposición.
ARTÍCULO 88. MISIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL. La Policía Nacional es una
entidad que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como
miembro del Sistema, es garantizar la protección integral de los niños, las niñas y
los adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley.
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Tendrá como cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que
reemplazará a la Policía de Menores.
ARTÍCULO 89. FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL PARA GARANTIZAR
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Sin
perjuicio de las funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en especial la
Policía de Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones:
1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que para la protección de los
niños, las niñas y los adolescentes impartan los organismos del Estado.
2. Diseñar y ejecutar programas y campañas de educación, prevención, garantía y
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todo
el territorio nacional.
3. Adelantar labores de vigilancia y control en los lugares de recreación y deporte
y demás espacios públicos en donde habitualmente concurran niños, niñas y
adolescentes y a la entrada de los establecimientos educativos de su jurisdicción.
4. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de los
niños, las niñas y los adolescentes a los lugares de diversión destinados al
consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y hacer cumplir la prohibición de
venta de estos productos.
5. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar e impedir el ingreso de niños,
niñas y adolescentes a los lugares en donde se ejerza la explotación sexual, se
realicen espectáculos no aptos para niños, niñas o adolescentes, a salas de juego
de azar y lugares públicos o privados de alto riesgo que ofrezcan peligro para su
integridad física y/o moral y tomar las medidas a que haya lugar.
6. Adelantar labores de vigilancia a fin de prevenir, controlar e impedir la entrada
de menores de catorce (14) años a las salas de juegos electrónicos.
7. Controlar e impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a salas de cine,
teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para
mayores y el alquiler de películas de video clasificadas para adultos.
8. Adelantar labores de vigilancia a fin de controlar el porte de armas de fuego o
cortopunzantes, bebidas embriagantes, pólvora, estupefacientes y material
pornográfico, por parte de niños, niñas o adolescentes, así como de elementos
que puedan atentar contra su integridad, y proceder a su incautación;
9. Diseñar programas de prevención para los adultos sobre el porte y uso
responsable de armas de fuego, de bebidas embriagantes, de pólvora, de juguetes
bélicos y de cigarrillos cuando conviven o están acompañados de niños, niñas o
adolescentes.
10. Brindar apoyo a las autoridades judiciales, los Defensores y Comisarios de
Familia, Personeros Municipales e Inspectores de Policía en las acciones de
policía y protección de los niños, las niñas y los adolescentes y de su familia, y
trasladarlos cuando sea procedente, a los hogares de paso o a los lugares en
donde se desarrollen los programas de atención especializada de acuerdo con la
orden emitida por estas autoridades. Es obligación de los centros de atención
especializada recibir a los niños, las niñas o los adolescentes que sean conducidos
por la Policía.
31

11. Apoyar al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y demás
autoridades competentes, en la vigilancia permanente del tránsito de niños, niñas
y adolescentes en terminales de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
12. <Numeral derogado por el artículo 34 de la Ley 1288 de 2009>
<Notas de Vigencia>
13. Adelantar acciones para la detección de niños, niñas y adolescentes que
realicen trabajos prohibidos, cualesquiera de las peores formas de trabajo
infantil, o que estén en situación de explotación y riesgo, y denunciar el hecho
ante la autoridad competente.
14. Recibir las quejas y denuncias de la ciudadanía sobre amenazas o
vulneraciones de los derechos del niño, niña o adolescente, actuar de manera
inmediata para garantizar los derechos amenazados y para prevenir su
vulneración cuando sea del caso, o correr traslado a las autoridades competentes.
15. Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los
procedimientos policiales.
16. Adelantar labores de vigilancia y control de las instituciones encargadas de
ejecutar las sanciones establecidas en el presente Código, a fin de garantizar la
seguridad de los niños, niñas y adolescentes y evitar su evasión.
17. Prestar la logística necesaria para el traslado de niños, niñas y adolescentes a
juzgados, centros hospitalarios, previniendo y controlando todo tipo de alteración
que desarrollen los menores, garantizando el normal desarrollo de los niños,
niñas, adolescentes y la institución.
ARTÍCULO 90. OBLIGACIÓN EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. La
Dirección General de la Policía Nacional creará e integrará en el programa
académico de las escuelas de formación de la Policía, para ingreso y ascensos, con
carácter obligatorio, la formación y capacitación en derechos de la infancia y la
adolescencia, desarrollo infantil, normas nacionales e internacionales
relacionadas y procedimientos de atención y protección integral a los niños, las
niñas y los adolescentes.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en coordinación con la Dirección
Nacional de Escuelas de la Policía Nacional organizarán los cursos necesarios
para capacitar los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia.
La Policía Nacional capacitará a la Policía de Infancia y Adolescencia en
formación de Policía Judicial con el objeto de que estos asesoren y apoyen a las
autoridades cuando los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren incursos
en algún hecho delictivo, de acuerdo con las necesidades del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes vigente.
ARTÍCULO 91. ORGANIZACIÓN. El Director General de la Policía Nacional,
definirá la estructura de la Policía de Infancia y Adolescencia, que en todo caso
deberá tener un encargado que dependerá directamente de la Dirección de
Protección y Servicios Especiales que a su vez dependerá del Subdirector General
y con presencia efectiva en los comandos de Departamento, Metropolitanas,
Estaciones y Organismos Especializados.
ARTÍCULO 92. CALIDADES DE LA POLICÍA DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA. Además de los requisitos establecidos en la ley y en los
32

reglamentos, el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener
estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias humanas y sociales,
tener formación y capacitación en Derechos Humanos y legislación de la infancia
y la adolescencia, en procedimientos de atención y en otras materias que le
permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General de la
Policía, los miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia que hayan sido
seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser destinados a
actividades diferentes a las señaladas en el presente Código.
PARÁGRAFO. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los
mandos policiales sobre el comportamiento de la institución, desempeño y
cumplimiento en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y
proponer alternativas de mejoramiento particular y general, de acuerdo con las
funciones asignadas en este Código.
ARTÍCULO 93. CONTROL DISCIPLINARIO. Sin perjuicio de la competencia
preferente de la Procuraduría General de la Nación consagrada en el artículo 277
de la Constitución Política, y de las acciones penales a que haya lugar, la
Inspección General de la Policía Nacional, se encargará de adelantar los procesos
disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este Código,
cometidas por los miembros de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 94. PROHIBICIONES ESPECIALES. Se prohíbe la conducción de
niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro
medio que atente contra su dignidad.
Igualmente se prohíbe el uso de armas para impedir o conjurar la evasión del
niño, niña o adolescente que es conducido ante autoridad competente, salvo que
sea necesario para proteger la integridad física del encargado de su conducción
ante la amenaza de un peligro grave e inminente.
La infracción a esta disposición será causal de mala conducta.
ARTÍCULO 95. EL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público está integrado
por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las
personerías distritales y municipales, y tendrán a su cargo, además de las
señaladas en la Constitución Política y en la ley, las siguientes funciones:
1. Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la infancia
en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter prevalente de
sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a
amenazas y vulneraciones.
2. Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los
adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos.
3. Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas
relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y
los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e
informal, porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la
prevalencia de los derechos.
4. Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los
particulares en caso de amenaza o violación de los Derechos Humanos de los
niños, las niñas y los adolescentes.
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PARÁGRAFO. Las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar
en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en aquellos municipios en los
que no haya procuradores judiciales de familia. Así mismo deberán inspeccionar,
vigilar y controlar a los alcaldes para que dispongan en sus planes de desarrollo,
el presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención
especializada para su restablecimiento.
Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y
administrativos, en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y
podrán impugnar las decisiones que se adopten.
CAPÍTULO IV.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y REGLAS ESPECIALES.
ARTÍCULO 96. AUTORIDADES COMPETENTES. Corresponde a los defensores
de familia y comisarios de familia procurar y promover la realización y
restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en
la Constitución Política y en el presente Código.
El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por
los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo coordinador
del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTÍCULO 97. COMPETENCIA TERRITORIAL. Será competente la autoridad
del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente; pero cuando se
encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya
tenido su última residencia dentro del territorio nacional.
ARTÍCULO 98. COMPETENCIA SUBSIDIARIA. En los municipios donde no
haya Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán
cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones
asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de
policía.
La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde
exclusivamente al Defensor de Familia.
ARTÍCULO 99. INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. El
representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su
cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en
su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquel.
También podrá hacerlo directamente el niño, niña o adolescente.
Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía
tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración o amenaza de alguno de los
derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá
la respectiva investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario
avisará a la autoridad competente.
En la providencia de apertura de investigación se deberá ordenar:
1. La identificación y citación de los representantes legales del niño, niña o
adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables de su
34

cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, y de los implicados en la
violación o amenaza de los derechos.
2. Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral del
niño, niña o adolescente.
3. La práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer los hechos que
configuran la presunta vulneración o amenaza de los derechos del niño, niña o
adolescente.
ARTÍCULO 100. TRÁMITE. Cuando se trate de asuntos que puedan conciliarse,
el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía citará a
las partes, por el medio más expedito, a audiencia de conciliación que deberá
efectuarse dentro de los diez días siguientes al conocimiento de los hechos. Si las
partes concilian se levantará acta y en ella se dejará constancia de lo conciliado y
de su aprobación.
Fracasado el intento de conciliación, o transcurrido el plazo previsto en el inciso
anterior sin haberse realizado la audiencia, y cuando se trate de asuntos que no la
admitan, el funcionario citado procederá establecer mediante resolución
motivada las obligaciones de protección al menor, incluyendo la obligación
provisional de alimentos, visitas y custodia.
El funcionario correrá traslado de la solicitud, por cinco días, a las demás
personas interesadas o implicadas de la solicitud, para que se pronuncien y
aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el traslado decretará las
pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para practicarlas con sujeción a
las reglas del procedimiento civil y en ella fallará mediante resolución susceptible
de reposición. Este recurso deberá interponerse verbalmente en la audiencia, por
quienes asistieron en la misma, y para quienes no asistieron a la audiencia se les
notificará por estado y podrán interponer el recurso, en los términos del Código
de Procedimiento Civil.
Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el
expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para homologar el fallo, si
dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el
Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la
inconformidad, el Juez resolverá en un término no superior a 10 días.
PARÁGRAFO 1o. Cuando lo estime aconsejable para la averiguación de los
hechos, el defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía,
podrán ordenar que el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría o de la
comisaría, o alguno de sus integrantes, rinda dictamen pericial.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, la actuación administrativa deberá resolverse
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud
o a la apertura oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra
el fallo se presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al
vencimiento del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para
resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión
correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir
35

conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de
Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo.
Cuando el Juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General
de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.
Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el comisario de familia
o, en su caso, el inspector de policía, el director regional podrá ampliar el término
para fallar la actuación administrativa hasta por dos meses más, contados a partir
del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva
prórroga.
ARTÍCULO 101. CONTENIDO DEL FALLO. La resolución deberá contener una
síntesis de los hechos en que se funda, el examen crítico de las pruebas y los
fundamentos jurídicos de la decisión.
Cuando contenga una medida de restablecimiento deberá señalarla
concretamente, explicar su justificación e indicar su forma de cumplimiento, la
periodicidad de su evaluación y los demás aspectos que interesen a la situación
del niño, niña o adolescente. La resolución obliga a los particulares y a las
autoridades prestadoras de servicios requeridos para la ejecución inmediata de la
medida.
ARTÍCULO 102. CITACIONES Y NOTIFICACIONES. <Aparte tachado
INEXEQUIBLE. Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE exequible>
La citación ordenada en la providencia de apertura de investigación se practicará
en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil para la notificación
personal, siempre que se conozca la identidad y la dirección de las personas que
deban ser citadas. Cuando se ignore la identidad o la dirección de quienes deban
ser citados, la citación se realizará mediante publicación en una página de
Internet del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por tiempo no inferior a
cinco días, por transmisión en un medio masivo de comunicación, que incluirá
una fotografía del niño, si fuere posible.
Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se
consideran notificadas en estrados inmediatamente después de proferidas, aun
cuando las partes no hayan concurrido.
Las demás notificaciones se surtirán mediante aviso que se remitirá por medio de
servicio postal autorizado, acompañado de una copia de la providencia
correspondiente.
ARTÍCULO 103. CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS. La autoridad
administrativa que haya adoptado las medidas de protección previstas en este
Código podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté demostrada la alteración
de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se
notificará en la forma prevista en el inciso 3o del artículo anterior y estará
sometida a la impugnación y al control judicial establecidos para la que impone
las medidas.
Este artículo no se aplicará cuando se haya homologado por el juez la declaratoria
de adoptabilidad o decretado la adopción.
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ARTÍCULO 104. COMISIÓN Y PODER DE INVESTIGACIÓN. Con miras a la
protección de los derechos reconocidos en este código, los defensores de familia,
el comisario o, en su defecto, el inspector de policía podrán comisionar a las
autoridades administrativas que cumplan funciones de policía judicial, para la
práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma prevista en el Código de
Procedimiento Civil.
Con el mismo propósito los citados funcionarios también podrán solicitar
información al respectivo pagador y a la Dirección de Impuestos Nacionales
sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos.
PARÁGRAFO. El defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de
policía podrán sancionar con multa de uno a tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a los particulares que rehúsen o retarden el trámite de las
solicitudes formuladas en ejercicio de las funciones que esta ley les atribuye. Si el
renuente fuere servidor público, además se dará aviso al respectivo superior y a la
Procuraduría General de la Nación.
ARTÍCULO 105. ENTREVISTA DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. El
defensor o el comisario de familia entrevistará al niño, niña o adolescente para
establecer sus condiciones individuales y las circunstancias que lo rodean.
ARTÍCULO 106. ALLANAMIENTO Y RESCATE. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Siempre que el defensor o el comisario de
familia tengan indicios de que un niño, una niña o un adolescente se halla en
situación de peligro, que comprometa su vida o integridad personal procederá a
su rescate con el fin de prestarle la protección necesaria. Cuando las
circunstancias lo aconsejen practicará allanamiento al sitio donde el niño, niña o
adolescente se encuentre, siempre que le sea negado el ingreso después de haber
informado sobre su propósito, o no haya quien se lo facilite. Es obligación de la
fuerza pública prestarle el apoyo que para ello solicite.
De lo ocurrido en la diligencia deberá levantarse acta.
ARTÍCULO 107. CONTENIDO DE LA DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD O
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. En la resolución que declare la situación de
adoptabilidad o de vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, se
ordenará una o varias de las medidas de restablecimiento consagradas en este
Código.
En la misma resolución se indicará la cuota mensual que deberán suministrar los
padres o las personas de quienes dependa el niño, la niña o el adolescente, para
su sostenimiento mientras se encuentre bajo una medida de restablecimiento,
cuando a ello haya lugar.
PARÁGRAFO 1o. Dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la
resolución que declara la adoptabilidad podrán oponerse las personas a cuyo
cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del niño, niña o adolescente,
aunque no lo hubieren hecho durante la actuación administrativa. Para ello
deberán expresar las razones en que se fundan y aportar las pruebas que
sustentan la oposición.
PARÁGRAFO 2o. Para garantizar la adecuada atención del niño, niña o
adolescente en el seno de su familia, el Defensor de Familia podrá disponer que
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los padres o las personas a cuyo cargo se encuentre, cumplan algunas de las
siguientes actividades:
1. Asistencia a un programa oficial o comunitario de orientación o de tratamiento
familiar.
2. Asistencia a un programa de asesoría, orientación o tratamiento de alcohólicos
o adictos a sustancias que produzcan dependencia.
3. Asistencia a un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico.
4. Cualquiera otra actividad que contribuya a garantizar el ambiente adecuado
para el desarrollo del niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 108. HOMOLOGACIÓN DE LA DECLARATORIA DE
ADOPTABILIDAD. Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o un
adolescente habiendo existido oposición en la actuación administrativa, y cuando
la oposición se presente en la oportunidad prevista en el parágrafo primero del
artículo anterior, el Defensor de Familia deberá remitir el expediente al Juez de
Familia para su homologación.
En los demás casos la resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto
de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, niña o adolescente
adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la oficina de
registro civil.
ARTÍCULO 109. RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. Cuando el padre
extramatrimonial reconozca, ante el defensor, el comisario de familia o el
inspector de policía, la paternidad de un niño, una niña o un adolescente, se
levantará acta y se ordenará su inscripción en el registro del estado civil.
ARTÍCULO 110. PERMISO PARA SALIR DEL PAÍS. La autorización del Defensor
de Familia para la salida del país de un niño, niña o adolescente, cuando carezca
de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en
condiciones de otorgarlo, se sujetará a las siguientes reglas:
1. Legitimación. La solicitud podrá ser formulada por quien tenga el cuidado
personal del niño, niña o adolescente.
2. Requisitos de la solicitud. La solicitud deberá señalar los hechos en que se
funda y el tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en el exterior. Con
ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos
alegados.
3. Trámite. Presentada la solicitud, el Defensor de Familia ordenará citar a los
padres o al representante legal que no la hayan suscrito.
Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento
ninguno de los citados se opone, el funcionario practicará las pruebas que estime
necesarias, si a ello hubiere lugar, y decidirá sobre el permiso solicitado.
En firme la resolución que concede el permiso, el Defensor de Familia remitirá
copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la División de Extranjería
del Departamento Administrativo de Seguridad. El permiso tendrá vigencia por
sesenta días hábiles contados a partir de su ejecutoria.
En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de permiso, el
Defensor de Familia remitirá el expediente al Juez de Familia, y por medio de
telegrama avisará a los interesados para que comparezcan al juzgado que
corresponda por reparto.
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PARÁGRAFO 1o. Cuando un niño, una niña o un adolescente vaya a salir del país
con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales
deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de
aquellos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Dicho
permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje y la fecha de
salida e ingreso de nuevo al país.
No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o
privado de la patria potestad.
PARÁGRAFO 2. El Defensor de Familia otorgará de plano permiso de salida del
país:
- A los niños, las niñas o los adolescentes que ingresan al programa de víctimas y
testigos de la Fiscalía General de la Nación.
- A los niños, las niñas o los adolescentes, desvinculados o testigos en procesos
penales, cuando corre grave peligro su vida y su integridad personal.
- A los niños, las niñas o los adolescentes, que van en misión deportiva, científica
o cultural.
- A los niños, las niñas o los adolescentes cuando requieren viajar por razones de
tratamientos médicos de urgencia al exterior.
ARTÍCULO 111. ALIMENTOS. Para la fijación de cuota alimentaria se observarán
las siguientes reglas:
1. La mujer grávida podrá reclamar alimentos a favor del hijo que está por nacer,
respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la
paternidad.
2. Siempre que se conozca la dirección donde puede recibir notificaciones el
obligado a suministrar alimentos, el defensor o comisario de familia lo citará a
audiencia de conciliación. En caso contrario, elaborará informe que suplirá la
demanda y lo remitirá al Juez de Familia para que inicie el respectivo proceso.
Cuando habiendo sido debidamente citado a la audiencia el obligado no haya
concurrido, o habiendo concurrido no se haya logrado la conciliación, fijará cuota
provisional de alimentos, pero sólo se remitirá el informe al juez si alguna de las
partes lo solicita dentro de los cinco días hábiles siguientes.
3. Cuando se logre conciliación se levantará acta en la que se indicará: el monto
de la cuota alimentaria y la fórmula para su reajuste periódico; el lugar y la forma
de su cumplimento; la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos
salariales, las garantías que ofrece el obligado y demás aspectos que se estimen
necesarios para asegurar el cabal cumplimiento de la obligación alimentaria. De
ser el caso, la autoridad promoverá la conciliación sobre custodia, régimen de
visitas y demás aspectos conexos.
4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos
a niños, las niñas o los adolescentes.
5. El procedimiento para la fijación de la cuota alimentaria será el especial
previsto actualmente en el Decreto 2737 de 1989.
ARTÍCULO 112. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS
O LOS ADOLESCENTES. Los niños, las niñas o los adolescentes indebidamente
retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su cuidado o por
cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán protegidos por el
39

Estado Colombiano contra todo traslado ilícito u obstáculo indebido para
regresar al país. Para tales efectos se dará aplicación a la Ley 173 de 1994
aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de
niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980, a la Ley 620 de 2000
aprobatoria de la Convención Interamericana sobre restitución internacional de
menores, suscrita en Montevideo el 15 de julio de 1989, y a las demás normas que
regulen la materia.
Para los efectos de este artículo actuará como autoridad central el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. La Autoridad Central por intermedio del
Defensor de familia adelantará las actuaciones tendientes a la restitución
voluntaria del niño, niña o adolescente y decretará las medidas de
restablecimiento de derechos a que haya lugar.
ARTÍCULO 113. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO PARA LOS ADOLESCENTES.
Corresponde al inspector de trabajo expedir por escrito la autorización para que
un adolescente pueda trabajar, a solicitud de los padres, del respectivo
representante legal o del Defensor de Familia. A falta del inspector del trabajo la
autorización será expedida por el comisario de familia y en defecto de este por el
alcalde municipal.
La autorización estará sujeta a las siguientes reglas:
1. Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente;
2. La solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y
del empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a realizar,
la jornada laboral y el salario.
3. El funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para
determinar las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador.
4. Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de
escolaridad del adolescente y si este no ha terminado su formación básica, el
empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo necesario
para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta su
orientación vocacional.
5. El empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente
trabajador.
6. La autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida
por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta
sus usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el
inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.
7. El empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la
autorización, cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.
PARÁGRAFO. La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso
de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del
adolescente.
ARTÍCULO 114. JORNADA DE TRABAJO. La duración máxima de la jornada
laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se sujetará a las siguientes
reglas:
1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, sólo podrán trabajar en
jornada diurna máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana y hasta
las 6:00 de la tarde.
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2. Los adolescentes mayores de diecisiete (17) años, sólo podrán trabajar en una
jornada máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de
la noche.
ARTÍCULO 115. SALARIO. Los adolescentes autorizados para trabajar, tendrán
derecho a un salario de acuerdo a la actividad desempeñada y proporcional al
tiempo trabajado. En ningún caso la remuneración podrá ser inferior al salario
mínimo legal vigente.
ARTÍCULO 116. DERECHOS EN CASO DE MATERNIDAD. Sin perjuicio de los
derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo del
Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor de dieciocho
(18) años, no podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de
gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones
sociales.
ARTÍCULO 117. PROHIBICIÓN DE REALIZAR TRABAJOS PELIGROSOS Y
NOCIVOS. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar
trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad
física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El
Ministerio de la Protección Social en colaboración con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo
al nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados
para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios
de comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el Ministerio
consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles interesadas,
teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias
internacionales especializadas.
ARTÍCULO 118. GARANTÍAS ESPECIALES PARA EL ADOLESCENTE
INDÍGENA AUTORIZADO PARA TRABAJAR. En los procesos laborales en que
sea demandante un adolescente indígena será obligatoria la intervención de las
autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente se informará a la Dirección de
Etnias del Ministerio del Interior o de la dependencia que haga sus veces.
CAPÍTULO V.
PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y REGLAS ESPECIALES.
ARTÍCULO 119. COMPETENCIA DEL JUEZ DE FAMILIA EN UNICA
INSTANCIA. Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes,
corresponde al juez de familia, en única instancia:
1. La homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas
o adolescentes.
2. La revisión de las decisiones administrativas proferidas por el Defensor de
Familia o el comisario de familia, en los casos previstos en esta ley.
3. De la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.
4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el
Comisario de Familia haya perdido competencia.
PARÁGRAFO. Los asuntos regulados en este código deberían ser tramitados con
prelación sobre los demás, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo caso el
fallo deberá proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de la
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demanda, del informe o del expediente, según el caso. El incumplimiento de
dicho término constituye causal de mala conducta.
ARTÍCULO 120. COMPETENCIA DEL JUEZ MUNICIPAL. El Juez Civil
Municipal o Promiscuo Municipal conocerá de los asuntos que la presente ley
atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este.
ARTÍCULO 121. INICIACIÓN DEL PROCESO Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS
URGENTES. Los asuntos a que se refiere esta ley se iniciarán a instancia del
Defensor de Familia, del representante legal del niño, niña o adolescente, o de la
persona que lo tenga bajo su cuidado. El juez podrá iniciarlos también de oficio.
Al momento de iniciar el proceso el juez deberá adoptar las medidas de urgencia
que la situación amerite para proteger los derechos del niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 122. ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y PRONUNCIAMIENTO
OFICIOSO. Podrán acumularse en una misma demanda pretensiones
relacionadas con uno o con varios niños, niñas o adolescentes, respecto de los
mismos padres, representantes legales, o personas que los tengan bajo su
cuidado, siempre que el juez sea competente para conocer de todas.
El juez deberá pronunciarse sobre todas las situaciones establecidas en el proceso
que comprometan los intereses del niño, la niña o el adolescente, aunque no
hubieren sido alegadas por las partes y cuando todas ellas puedan tramitarse por
el mismo procedimiento.
ARTÍCULO 123. HOMOLOGACIÓN DE LA DECLARATORIA DE
ADOPTABILIDAD. La sentencia de homologación de la declaratoria de
adoptabilidad se dictará de plano; producirá, respecto de los padres, la
terminación de la patria potestad del niño, la niña o el adolescente adoptable y
deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría o de la Oficina de Registro
del Estado Civil.
Si el juez advierte la omisión de alguno de los requisitos legales, ordenará
devolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane.
ARTÍCULO 124. ADOPCIÓN. Es competente para conocer el proceso de adopción
en primera instancia el juez de familia del domicilio de la persona o entidad a
cuyo cargo se encuentre el niño, niña o adolescente. La demanda sólo podrá ser
formulada por los interesados en ser declarados adoptantes, mediante
apoderado.
A la demanda se acompañarán los siguientes documentos:
1. El consentimiento para la adopción, si fuere el caso.
2. La copia de la declaratoria de adoptabilidad o de la autorización para la
adopción, según el caso.
3. El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del niño, niña o
adolescente.
4. El registro civil de matrimonio o la prueba de la convivencia extramatrimonial
de los adoptantes.
5. La certificación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de una
entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y moral
de los adoptantes, expedida con antelación no superior a seis meses, y la
constancia de la entidad respectiva sobre la integración personal del niño, niña o
adolescente con el adoptante o adoptantes.
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6. El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes.
7. La certificación actualizada sobre la vigencia de la licencia de funcionamiento
de la institución donde se encuentre albergado el niño, niña o adolescente,
expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
8. La aprobación de cuentas del curador, si procede.
PARÁGRAFO. Para los fines de la adopción, la convivencia extramatrimonial
podrá probarse por cualquiera de los medios siguientes:
1. Inscripción del compañero o compañera permanente en los registros de las
Cajas de Compensación Familiar o de las instituciones de seguridad o previsión
social.
2. Inscripción de la declaración de convivencia que haga la pareja, en la Notaría
del lugar del domicilio de la misma, con antelación no menor de dos años.
3. El Registro Civil de Nacimiento de los hijos habidos por la pareja.
Cuando se trate de compañeros permanentes residentes en el exterior, la
convivencia extramatrimonial se probará de conformidad con la legislación del
país de residencia de los solicitantes.
ARTÍCULO 125. REQUISITOS ADICIONALES PARA ADOPTANTES
EXTRANJEROS. Cuando los adoptantes sean extranjeros que residan fuera del
país, deberán aportar, además, los siguientes documentos:
1. Certificación expedida por la entidad gubernamental o privada oficialmente
autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña
o adolescente adoptable hasta su nacionalización en el país de residencia de los
adoptantes.
2. Autorización del Gobierno del país de residencia de los adoptantes para el
ingreso del niño, niña o adolescente adoptable.
3. Concepto favorable a la adopción, emitido por el Defensor de Familia con base
en la entrevista que efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación
en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a
los adoptantes.
PARÁGRAFO. Los documentos necesarios para la adopción, serán autenticados
conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y no requieren de
ratificación ulterior. Si no estuvieren en español, deberán acompañarse de su
traducción, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores por un traductor
oficialmente autorizado.
ARTÍCULO 126. REGLAS ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
ADOPCIÓN. En los procesos de adopción se seguirán las siguientes reglas
especiales:
1. Admitida la demanda se correrá el traslado al Defensor de Familia por el
término de tres (3) días hábiles. Si el Defensor se allanare a ella, el Juez dictará
sentencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su admisión.
El Juez podrá señalar un término de máximo diez (10) días, para decretar y
practicar las pruebas que considere necesarias. Vencido este término, tomará la
decisión correspondiente.
2. Suspensión del Proceso. Se podrá solicitar la suspensión del proceso hasta por
un término de tres meses improrrogables, siempre que exista causa justificada.
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Pueden solicitar la suspensión o reanudación del proceso los adoptantes o el
Defensor de Familia.
3. Terminación anticipada del proceso. Cuando falleciere el solicitante de la
adopción antes de proferirse la sentencia el proceso terminará.
Si la solicitud de adopción fuere conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes
de proferirse la sentencia, el proceso continuará con el sobreviviente si manifiesta
su intención de persistir en ella, caso en el cual la sentencia que se profiera solo
surtirá efectos respecto de este; en caso contrario el proceso terminará.
4. Notificación de la sentencia. Por lo menos uno de los adoptantes deberá
concurrir personalmente al juzgado a recibir notificación de la sentencia.
5. Contenido y efectos de la sentencia. La sentencia que decrete la adopción
deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil
constituya el acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. Una
vez en firme se inscribirá en el Registro del Estado Civil y producirá todos los
derechos y obligaciones propios de la relación paterno o materno-filial, desde la
fecha de presentación de la demanda. En todo caso, en la sentencia deberá
omitirse mencionar el nombre de los padres de sangre.
La sentencia que decrete la adopción podrá ser apelada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial, de conformidad con el trámite establecido en el Código de
Procedimiento Civil, en donde intervendrá el Defensor de Familia.
ARTÍCULO 127. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ADOPTANTES Y ADOPTIVOS.
El padre y la madre adoptantes de un menor tendrán derecho al disfrute y pago
de la licencia de maternidad establecida en el numeral 4 del artículo 34 la Ley 50
de 1990 y demás normas que rigen la materia, la cual incluirá también la licencia
de paternidad consagrada en la Ley 755 de 2002, incluyendo el pago de la licencia
a los padres adoptantes.
Los menores adoptivos tendrán derecho a ser afiliados a la correspondiente EPS
o ARS, desde el momento mismo de su entrega a los padres adoptantes por parte
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTÍCULO 128. REQUISITO PARA LA SALIDA DEL PAÍS. El niño, la niña o el
adolescente adoptado sólo podrá salir del país cuando la sentencia que decrete la
adopción esté ejecutoriada. Las autoridades de emigración exigirán copia de la
providencia con la constancia de ejecutoria.
ARTÍCULO 129. ALIMENTOS. En el auto que corre traslado de la demanda o del
informe del Defensor de Familia, el juez fijará cuota provisional de alimentos,
siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación alimentaria. Si no
tiene la prueba sobre la solvencia económica del alimentante, el juez podrá
establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en
general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su
capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario
mínimo legal.
La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la
constitución de un capital cuya renta los satisfaga. En tal caso, si el obligado no
cumple la orden dentro de los diez días hábiles siguientes, el juez procederá en la
forma indicada en el inciso siguiente.
44

El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que el obligado cumpla lo
dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de alimentos, en la conciliación o
en la sentencia que los señale. Con dicho fin decretará embargo, secuestro, avalúo
y remate de los bienes o derechos de aquél, los cuales se practicarán con sujeción
a las reglas del proceso ejecutivo.
El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta caución
que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes.
Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación extrajudicial, con la copia de
aquél o del acta de la diligencia el interesado podrá adelantar proceso ejecutivo
ante el juez de familia para el cobro de las cuotas vencidas y las que en lo sucesivo
se causen.
Cuando se tenga información de que el obligado a suministrar alimentos ha
incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por más de un mes, el juez que
conozca o haya conocido del proceso de alimentos o el que adelante el ejecutivo
dará aviso al Departamento Administrativo de Seguridad ordenando impedirle la
salida del país hasta tanto preste garantía suficiente del cumplimiento de la
obligación alimentaría y será reportado a las centrales de riesgo.
La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o
en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1o de enero siguiente y
anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al
consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo,
establezcan otra fórmula de reajuste periódico.
Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las
necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la
cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En
este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una
copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado
en que haya sido señalada.
Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que
tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será escuchado en la reclamación
de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio de otros derechos sobre él o ella.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al ofrecimiento de alimentos a
niños, niñas o adolescentes.
El incumplimiento de la obligación alimentaria genera responsabilidad penal.
ARTÍCULO 130. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de
cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará
las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar
la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:
1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el Juez podrá
ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del
juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el
salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones
sociales, luego de las deducciones de ley. El incumplimiento de la orden anterior,
hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las
45

cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo
proceso, en contra de aquél o de este se extenderá la orden de pago.
2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de las prestaciones, pero se
demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles o inmuebles, o la
titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de cualquier otra naturaleza, en
cabeza del demandado, el Juez podrá decretar medidas cautelares sobre ellos, en
cantidad suficiente para garantizar el pago de la obligación y hasta el cincuenta
por ciento (50%) de los frutos que produzcan. Del embargo y secuestro quedarán
excluidos los útiles e implementos de trabajo de la persona llamada a cumplir con
la obligación alimentaria.
ARTÍCULO 131. ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE ALIMENTOS. Si los bienes
de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una
acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia
de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del
hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos
procesos para el sólo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones
alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las
necesidades de los diferentes alimentarios.
ARTÍCULO 132. CONTINUIDAD DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. Cuando
a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad,
no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el
niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.
ARTÍCULO 133. PROHIBICIONES EN RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS. El
derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni
venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no
puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.
No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias atrasadas podrán renunciarse
o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte,
venderse o cederse, con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que
compete alegar al deudor.
ARTÍCULO 134. PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR ALIMENTOS. Los
créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de
prelación sobre todos los demás.
ARTÍCULO 135. LEGITIMACIÓN ESPECIAL. Con el propósito de hacer efectivo
el pago de la cuota alimentaria, cualquiera de los representantes legales del niño,
niña o adolescente o el Defensor de Familia podrán promover, ante los jueces
competentes, los procesos que sean necesarios, inclusive los encaminados a la
revocación o declaración de la simulación de actos de disposición de bienes del
alimentante.
ARTÍCULO 136. PRIVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL
NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. En el proceso para la privación de la
administración de los bienes del niño, niña o adolescente, el juez podrá decretar
46

la suspensión provisional de las facultades de disposición y de administración de
los bienes y la designación de un tutor o un curador, según se trate.
ARTÍCULO 137. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, LAS NIÑAS O
LOS ADOLESCENTES. Con el informe del Defensor de Familia sobre el
desacuerdo para la restitución internacional del niño, niña o adolescente, el juez
de familia iniciará el proceso.
El Defensor de Familia intervendrá en representación del interés del niño, niña o
adolescente retenido ilícitamente, sin perjuicio de la actuación del apoderado de
la parte interesada.
ARTÍCULO 138. OBLIGACIÓN ESPECIAL PARA LAS AUTORIDADES
COMPETENTES DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. <Artículo
corregido por el artículo 2 del Decreto 578 de 2007. El nuevo texto es el
siguiente:> En todos los casos y de manera inmediata a su conocimiento, la
autoridad competente deberá realizar la verificación de la garantía de derechos
ordenada en el artículo 52 de esta ley.
<Notas de Vigencia>
LIBRO II.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA CUANDO LOS NIÑOS, LAS NIÑAS O
LOS ADOLESCENTES SON VICTIMAS DE DELITOS.
TITULO I.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y OTRAS
DISPOSICIONES.
CAPITULO I.
PRINCIPIOS RECTORES Y DEFINICIONES DEL PROCESO.
ARTÍCULO 139. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el
conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación
y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y
dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 140. FINALIDAD DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES. En materia de responsabilidad penal para adolescentes
tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico,
específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la
protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la
verdad y la reparación del daño.
En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes,
así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán
siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de
la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que
rigen este sistema.
PARÁGRAFO. En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para
violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes.
<Notas de Vigencia>
47

ARTÍCULO 141. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES. Los principios y definiciones consagrados en la
Constitución Política, en los instrumentos internacionales de derechos humanos
y en la presente ley se aplicarán en el Sistema de Responsabilidad para
Adolescentes.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 142. EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA
ADOLESCENTES. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o
representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el
numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce (14)
años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de
libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible.
La persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por
la policía de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la
verificación de la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta
ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de la
conducta p unible.
Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a
sanciones penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho
(18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva
medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el
proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la
discapacidad.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 143. NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CATORCE (14) AÑOS. Cuando
una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo
se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de derechos, de su
restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y de protección
dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales observarán todas
las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa.
Si un niño o niña o un adolescente menor de catorce (14) años es sorprendido en
flagrancia por una autoridad de policía, esta lo pondrá inmediatamente o a más
tardar en el término de la distancia a disposición de las autoridades competentes
de protección y restablecimiento de derechos. Si es un particular quien lo
sorprende, deberá ponerlo de inmediato a disposición de la autoridad policial
para que esta proceda en la misma forma.
PARÁGRAFO 1o. Cuando del resultado de una investigación o juicio surjan serias
evidencias de la concurrencia de un niño o niña o un adolescente menor de
catorce (14) años en la comisión de un delito, se remitirá copia de lo pertinente a
las autoridades competentes de protección y restablecimiento de derechos.
PARÁGRAFO 2o. El ICBF establecerá los lineamientos técnicos para los
programas especiales de protección y restablecimiento de derechos, destinados a
la atención de los niños, niñas o adolescentes menores de catorce (14) años que
han cometido delitos.
<Notas de Vigencia>
48

ARTÍCULO 144. PROCEDIMIENTO APLICABLE. Salvo las reglas especiales de
procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en
la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean
contrarias al interés superior del adolescente.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 145. POLICÍA JUDICIAL EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL PARA ADOLESCENTES. En los procesos en que estén involucrados
niños, niñas o adolescentes como autores o partícipes de un delito, o como
víctimas de los mismos, hará las veces de policía judicial la policía de infancia y
adolescencia, o en su defecto los miembros de la policía judicial que sean
capacitados en derechos humanos y de infancia. En todo caso en las diligencias
que se adelanten estará presente un Defensor de Familia.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 146. EL DEFENSOR DE FAMILIA EN EL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. En todas las actuaciones
del proceso y en las etapas de indagación, investigación y del juicio, el
adolescente deberá estar acompañado por el Defensor de Familia, quien
verificará la garantía de los derechos del adolescente.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 147. AUDIENCIAS EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL PARA ADOLESCENTES. Las audiencias que se surtan en el proceso de
responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de garantías y
ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público si el juez considera que
la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico al niño, niña o
adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas solamente podrán intervenir los
sujetos procesales.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 148. CARÁCTER ESPECIALIZADO. La aplicación de esta ley tanto en
el proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para
adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia
de infancia y adolescencia.
PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de
derechos de los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los
adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el ICBF
diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán
prevalencia los principios de política pública de fortalecimiento a la familia de
conformidad con la Constitución Política y los Tratados, Convenios y Reglas
Internacionales que rigen la materia.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 149. PRESUNCIÓN DE EDAD. Cuando exista duda en relación con la
edad del adolescente y mientras la autoridad pericial competente lo define, se
presume que es menor de 18 años. En todo caso se presumirá la edad inferior.
<Notas de Vigencia>
49

ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los
adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se
adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor
de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El
defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés
superior.
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o
el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha
formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se
llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de
Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes.
El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que
deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la Fiscalía durante las etapas de
indagación o investigación.
A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de
comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física
del niño, la niña o el adolescente.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 151. DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LAS GARANTÍAS
PROCESALES. Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido
proceso penal, a las garantías procesales básicas tales como: la presunción de
inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y
de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los
padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación con
los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación ante autoridad superior
y, las demás garantías consagradas en la Constitución, la ley y los tratados
internacionales.
En todos los casos los derechos de los que goza bajo el presente sistema un
adolescente autor o partícipe de una conducta punible son, como mínimo, los
previstos por la Ley 906 de 2004.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 152. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Ningún adolescente podrá ser
investigado acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la comisión
del delito que no esté previamente definido en la ley penal vigente, de manera
expresa e inequívoca. El adolescente declarado responsable por la autoridad
judicial de la comisión de un delito sólo podrá ser sancionado con la imposición
de las medidas definidas en la presente ley.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 153. RESERVA DE LAS DILIGENCIAS. Las actuaciones procesales
adelantadas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sólo
podrán ser conocidas por las partes, sus apoderados, y los organismos de control.
La identidad del procesado, salvo para las personas mencionadas en el inciso
anterior, gozará de reserva.
Queda prohibido revelar la identidad o imagen que permita la identificación de
las personas procesadas.
50

<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 154. DERECHO DE DEFENSA. El adolescente durante toda la
actuación procesal y aún antes de la imputación deberá tener un apoderado que
adelante su defensa técnica. Ninguna actuación procesal tendrá validez si no está
presente su apoderado. El adolescente podrá designar apoderado, quien tendrá
derecho a revisar las diligencias y a actuar desde el momento de la noticia
criminal.
En caso de no contar con apoderado, el mismo adolescente, el Ministerio Público,
o la policía judicial, solicitarán la asignación de un defensor del Sistema de
Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 155. PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. Ninguna actuación que se
adelante en la etapa de juicio tendrá validez si no es adelantada directamente por
el funcionario judicial. La violación de este principio será causal de destitución
del cargo.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 156. ADOLESCENTES INDÍGENAS Y DEMÁS GRUPOS ÉTNICOS.
Los adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas serán juzgados
según las normas y procedimientos de sus propias comunidades conforme en la
legislación especial indígena consagrada en el artículo 246 de la Constitución
Política, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia y la ley. Siempre y cuando la sanción impuesta no sea contraria a su
dignidad, tampoco se permitirá que sea sometido a maltrato ni a vejaciones y se
informará a la autoridad judicial sobre la actuación o procedimiento a seguir por
parte de la comunidad frente a la medida que sea tomada.
PARÁGRAFO. Los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren fuera del
ámbito de su comunidad y que cometan delitos, serán sometidos al sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, si no quieren retornar a sus
comunidades de origen.
<Notas de Vigencia>Según lo dispuesto en el artículo 216 de la presente ley, los artículos
correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se
implementarán de manera gradual en el territorio nacional empezando el primero de
enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO 157. PROHIBICIONES ESPECIALES. En los procesos de
responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la
Fiscalía y la Defensa.
Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la
aprehensión o de imputación se procederá a remitir el asunto al juez de
conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de la sanción.
El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la
situación familiar, económica, social, sicológica y cultural del adolescente y rinda
el informe en dicha audiencia.
51

El Juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta la
aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será
un factor a considerar para la modificación de la misma.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 158. PROHIBICIÓN DE JUZGAMIENTO EN AUSENCIA. Los
adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán
juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará
la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su
defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al
defensor público o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se suspenderá
mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la
prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 159. PROHIBICIÓN DE ANTECEDENTES. Las sentencias proferidas
en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter
de antecedente judicial. Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por
las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando
se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la
proporcionalidad e idoneidad de la medida.
Las entidades competentes deberán hacer compatibles los sistemas de
información para llevar el registro de los adolescentes que han cometido delitos,
con el objeto de definir los lineamientos de la política criminal para adolescentes
y jóvenes.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 160. CONCEPTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Se entiende
por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un establecimiento
público o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se permite al
adolescente salir por su propia voluntad.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 161. EXCEPCIONALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Para
los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la
libertad sólo procede para las personas que al momento de cometer el hecho
hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. La privación
de la libertad sólo procederá como medida pedagógica.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 162. SEPARACIÓN DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA
LIBERTAD. La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda,
se cumplirá en establecimientos de atención especializada en programas del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.
En tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para
recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá
a otorgarles, libertad provisional o la detención domiciliaria.
<Notas de Vigencia>
CAPÍTULO II.
52

AUTORIDADES Y ENTIDADES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES.
ARTÍCULO 163. INTEGRACIÓN. Forman parte del sistema de responsabilidad
penal para adolescentes:
1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se
ocuparán de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren
presuntamente comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de
conductas delictivas.
2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales
quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley.
3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos
tribunales, ante quienes se surtirá la segunda instancia.
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará
el recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión.
5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía
delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia.
6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las
acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema.
7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la
Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso,
cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado.
8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y
las Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las
medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su
restablecimiento.
9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los
lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en
este Libro.
10. Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar.
PARÁGRAFO 1o. Cada responsable de las entidades que integran el Sistema de
Responsabilidad Penal para adolescentes deberá garantizar la provisión o
asignación de los cargos que se requieran para su funcionamiento y la
especialización del personal correspondiente.
PARÁGRAFO 2o. La designación de quienes conforman el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que
demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y
de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos.
PARÁGRAFO 3o. Los equipos que desarrollan programas especializados,
brindarán a las Autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre el proceso de cada
uno de los adolescentes que están vinculados a estos programas, informando los
progresos y necesidades que presenten.
<Notas de Vigencia>
53

ARTÍCULO 164. LOS JUZGADOS PENALES PARA ADOLESCENTES. Créanse
en todo el territorio nacional dentro de la jurisdicción penal ordinaria, los
juzgados penales para adolescentes.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura
tomarán las medidas necesarias para garantizar la creación y el funcionamiento
de los juzgados penales para adolescentes en todo el país.
PARÁGRAFO 2o. Los Jueces de Menores asumirán de manera transitoria las
competencias asignadas por la presente ley a los jueces penales para
adolescentes, hasta que se creen los juzgados penales para adolescentes.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 165. COMPETENCIA DE LOS JUECES PENALES PARA
ADOLESCENTES. Los jueces penales para adolescentes conocerán del
juzgamiento de las personas menores de dieciocho (18) años y mayores de
catorce (14) años acusadas de violar la ley penal. Igualmente conocerán de la
función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para
adolescentes que no sean de su conocimiento.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 166. COMPETENCIA DE LOS JUECES PROMISCUOS DE FAMILIA
EN MATERIA PENAL. En los sitios en los que no hubiera un juez penal para
adolescentes el Consejo de la Judicatura dispondrá que los Jueces Promiscuos de
Familia cumplan las funciones definidas para los jueces penales para
adolescentes en el artículo anterior relativas al juzgamiento y control de garantías
en procesos de responsabilidad penal para adolescentes. A falta de juez penal
para adolescentes o promiscuo de familia, el juez municipal conocerá de los
procesos por responsabilidad penal para adolescentes.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. La competencia de los Jueces Promiscuos de
Familia en esta materia se mantendrá hasta que se establezcan los juzgados
penales para adolescentes necesarios para atender los procesos de
responsabilidad penal para adolescentes.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 167. DIFERENCIACIÓN FUNCIONAL DE LOS JUECES. Se
garantizará que al funcionario que haya ejercido la función de juez de control de
garantías en un determinado proceso de responsabilidad penal juvenil respecto
por determinado delito, no se le asigne el juzgamiento del mismo.
Para la eficacia de esta garantía, el Consejo Superior de la Judicatura y, por
delegación, los Consejos Seccionales de la Judicatura, adoptarán las medidas
generales y particulares que aseguren una adecuada distribución de
competencias entre los jueces penales para adolescentes, Jueces Promiscuos de
Familia y jueces municipales.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 168. COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DE LAS SALAS DE
ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES. Los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial contarán con Salas de Asuntos Penales para adolescentes,
especializadas en los asuntos que versen sobre responsabilidad penal
adolescente. Estas Salas estarán integradas por un (1) Magistrado de la Sala Penal
y dos (2) Magistrados de la Sala de Familia o en su defecto de la sala Civil, del
respectivo Tribunal Superior.
54

En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes la segunda instancia
se surtirá ante las Salas de Asuntos Penales para Adolescentes de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura
garantizarán los recursos para la conformación de las Salas de Asuntos Penales
para Adolescentes con Magistrados especializados en el tema de la
responsabilidad penal adolescente.
<Notas de Vigencia>
CAPÍTULO III.
REPARACIÓN DEL DAÑO.
ARTÍCULO 169. DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. Las conductas punibles
realizadas por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido
los dieciocho (18) años de edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil,
conforme a las normas consagradas en la presente ley.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 170. INCIDENTE DE REPARACIÓN. Los padres, o representantes
legales, son solidariamente responsables, y en tal calidad, deberán ser citados o
acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su
defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del
incidente.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 171. DE LA ACCIÓN PENAL. La acción penal será oficiosa salvo en
aquellos delitos en los que exija su denuncia o querella.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 172. DESISTIMIENTO. Los delitos querellables admiten
desistimiento.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 173. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. La acción penal se
extingue por muerte, desistimiento, prescripción, conciliación y reparación
integral de los daños cuando haya lugar, aplicación del principio de oportunidad,
y en los demás casos contemplados en esta ley y en el Código de Procedimiento
Penal.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 174. DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, LA CONCILIACIÓN Y
LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS. Las autoridades judiciales
deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la
conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la
aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el
consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y
formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar
conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las
responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la
reconciliación con la víctima.
Cuando de la aplicación del principio de oportunidad se pudieren derivar
riesgos para la vida y la integridad física del adolescente, el juez competente
deberá ordenar otras medidas de protección, las cuales incluirán, entre otras,
55

ayudas económicas para el cambio de residencia de la familia. El Gobierno
gestionará la apropiación de las partidas necesarias para cubrir a este rubro.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 175. EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LOS PROCESOS
SEGUIDOS A LOS ADOLESCENTES COMO PARTÍCIPES DE LOS DELITOS
COMETIDOS POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY. La Fiscalía
General de la Nación podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que
los adolescentes, en cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al
margen de la ley, o hayan participado directa o indirectamente en las hostilidades
o en acciones armadas o en los delitos cometidos por grupos armados al margen
de la ley cuando:
1. Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión las
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para haber estimado
como de mayor valor la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley.
2. Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y cultural
no le permitían al adolescente contar con otras alternativas de desarrollo de su
personalidad.
3. Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar sus
esfuerzos a conocer otra forma de participación social.
4. Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento.
Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley,
tendrán que ser remitidos al programa de atención especializada del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, para niños, niñas y adolescentes
desvinculados de grupos armados irregulares.
PARÁGRAFO. No se aplicará el principio de oportunidad cuando se trate de
hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional
humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto
de Roma.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 176. PROHIBICIÓN ESPECIAL. Queda prohibida la entrevista y la
utilización en actividades de inteligencia de los niños, las niñas y los adolescentes
desvinculados de los grupos armados al margen de la ley por parte de autoridades
de la fuerza pública. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con
la destitución del cargo, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.
<Notas de Vigencia>
CAPITULO V. <sic>
SANCIONES.
ARTÍCULO 177. SANCIONES. Son sanciones aplicables a los adolescentes a
quienes se les haya declarado su responsabilidad penal:
1. La amonestación.
2. La imposición de reglas de conducta.
3. La prestación de servicios a la comunidad
4. La libertad asistida.
5. La internación en medio semi-cerrado.
6. La privación de libertad en centro de atención especializado.
56

Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de
atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán
responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO 1o. Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad
competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema
educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus veces deberán controlar el
cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos.
PARÁGRAFO 2o. El juez que dictó la medida será el competente para controlar
su ejecución.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 178. FINALIDAD DE LAS SANCIONES. Las sanciones señaladas en
el artículo anterior tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se
aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas.
El juez podrá modificar en función de ¡as circunstancias individuales del
adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 179. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS SANCIONES. Para
definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:
1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y
gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del adolescente y las
necesidades de la sociedad.
3. La edad del adolescente.
4. La aceptación de cargos por el adolescente.
5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez.
6. El incumplimiento de las sanciones.
PARÁGRAFO 1o. Al computar la privación de la libertad en centro de atención
especializada, la autoridad judicial deberá descontar el período de internamiento
preventivo al que haya sido sometido el adolescente.
PARÁGRAFO 2o. Los adolescentes entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera
de las sanciones previstas en este Código, terminarán el tiempo de sanción en
internamiento.
El incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a
infringir la ley penal, ocasionará la imposición de la sanción de privación de
libertad por parte del juez.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 180. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES. Durante la ejecución de las sanciones, el
adolescente tiene los siguientes derechos, además de los consagrados en la
Constitución Política y en el presente código:
1. Ser mantenido preferentemente en su medio familiar siempre y cuando este
reúna las condiciones requeridas para su desarrollo.
2. recibir información sobre el programa de atención especializada en el que se
encuentre vinculado, durante las etapas previstas para el cumplimiento de la
sanción.
57

3. recibir servicios sociales y de salud por personas con la formación profesional
idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado
académico.
4. comunicarse reservadamente con su apoderado o Defensor Público, con el
Defensor de Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial.
5. Presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la
respuesta.
6. Comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo
prohibición expresa de la autoridad judicial.
7. A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden y
respecto de la situación y los derechos del adolescente.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 181. INTERNAMIENTO PREVENTIVO. En cualquier momento del
proceso y antes de la audiencia de juicio, el juez de control de garantías, como
último recurso, podrá decretar la detención preventiva cuando exista:
1. Riesgo razonable de que el adolescente evadirá el proceso.
2. Temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas.
3. Peligro grave para la víctima, el denunciante, el testigo o la comunidad.
PARÁGRAFO 1o. El internamiento preventivo no procederá sino en los casos en
que, conforme a la gravedad del delito sería admisible la privación de libertad
como medida. Se ejecutará en centros de internamiento especializados donde los
adolescentes procesados deben estar separados de los ya sentenciados.
PARÁGRAFO 2o. El internamiento preventivo no podrá exceder de cuatro meses,
prorrogable con motivación, por un mes más. Si cumplido este término el juicio
no ha concluido por sentencia condenatoria, el Juez que conozca del mismo lo
hará cesar, sustituyéndola por otra medida como la asignación a una familia, el
traslado a un hogar o a una institución educativa.
Mientras se encuentren bajo custodia, los adolescentes recibirán cuidados,
protección y toda la asistencia social, educacional, profesional, sicológica, médica
y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características
individuales.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 182. LA AMONESTACIÓN. Es la recriminación que la autoridad
judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la
exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso
educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que
estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público.
En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al
niño, niña o adolescente y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 183. LAS REGLAS DE CONDUCTA. Es la imposición por la
autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su
modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no
podrá exceder los dos (2) años.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 184. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES A LA
COMUNIDAD. Es la realización de tareas de interés general que el adolescente
58

debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses,
durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines
de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar.
PARÁGRAFO. En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o que sea
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 185. LA LIBERTAD VIGILADA. Es la concesión de la libertad que da
la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la
supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención
especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 186. MEDIO SEMI-CERRADO. Es la vinculación del adolescente a
un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente
durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser
superior a tres años.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 187. LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La privación de la libertad
en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de
dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de
la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o
exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro
de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años.
En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de
dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o
extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de
atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años.
Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento de
presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver
a delinquir y guardar buen comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El
incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida de estos beneficios y
el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de
libertad.
PARÁGRAFO. Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el
adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, esta podrá continuar hasta que
este cumpla los veintiún (21) años. En ningún caso esta sanción podrá cumplirse
en sitios destinados a infractores mayores de edad.
Los Centros de Atención Especializada tendrán una atención diferencial entre los
adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su
mayoría de edad y deben continuar con el cumplimiento de la sanción. Esta
atención deberá incluir su separación física al interior del Centro.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 188. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES PRIVADOS DE
LIBERTAD. Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en
la presente ley, el adolescente privado de libertad tiene los siguientes derechos:
1. Permanecer internado en la misma localidad, municipio o distrito o en la más
próxima al domicilio de sus padres, representantes o responsables.
59

2. Que el lugar de internamiento satisfaga las exigencias de higiene, seguridad y
salubridad, cuente con acceso a los servicios públicos esenciales y sea adecuado
para lograr su formación integral.
3. Ser examinado por un médico inmediatamente después de su ingreso al
programa de atención especializada, con el objeto de comprobar anteriores
vulneraciones a su integridad personal y verificar el estado físico o mental que
requiera tratamiento.
4. Continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado académico.
5. Que se le mantenga en cualquier caso separado de los adultos
6. Derecho a participar en la elaboración del plan individual para la ejecución de
la sanción.
7. Derecho a recibir información sobre el régimen interno de la institución,
especialmente sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle aplicables y
sobre los procedimientos para imponerlas y ejecutarlas
8. No ser trasladado arbitrariamente del programa donde cumple la sanción. El
traslado sólo podrá realizarse por una orden escrita de la autoridad judicial.
9. No ser sometido a ningún tipo de aislamiento.
10. Mantener correspondencia y comunicación con sus familiares y amigos, y
recibir visitas por lo menos una vez a la semana.
11. Tener acceso a la información de los medios de comunicación.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 189. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Concluidos los alegatos de los
intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay lugar o no a la
imposición de medida de protección, citará a audiencia para la imposición de la
sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia para presentar un
estudio que contendrá por lo menos los siguientes aspectos: Situación familiar,
económica, social, psicológica y cultural del adolescente y cualquier otra materia
que a juicio del funcionario sea de relevancia para imposición de la sanción.
Escuchada la Defensoría de Familia el juez impondrá la sanción que corresponda.
Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio oral que debe ser continua y
privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de juicio no puede realizarse en una
sola jornada, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren
necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10
días hábiles y la interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del
debate desde su inicio.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 190. SANCIÓN PARA CONTRAVENCIONES DE POLICÍA
COMETIDAS POR ADOLESCENTES. Las contravenciones de policía cometidas
por adolescentes serán sancionadas de la siguiente manera:
Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del
lugar donde se cometió la contravención o en su defecto el Alcalde Municipal.
Cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, estas serán impuestas
a quien tenga la patria potestad o la custodia y este será responsable de su pago,
el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva.
60

Las contravenciones de tránsito cometidas por adolescentes entre los 15 y los 18
años serán sancionadas por los Comisarios de Familia o en su defecto por el
Alcalde Municipal.
Para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes se seguirán los
mismos procedimientos establecidos para los mayores de edad, siempre que sean
compatibles con los principios de este Código y especialmente con los
contemplados en el presente título.
<Notas de Vigencia>
ARTÍCULO 191. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. El adolescente sorprendido en
flagrancia será conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la autoridad
judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al Juez de Control
de Garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del
fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la
actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral
dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás se seguirá el procedimiento
penal vigente, con las reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas
en el presente libro.
<Notas de Vigencia>
TÍTULO II.
CAPÍTULO ÚNICO.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CUANDO LOS NIÑOS, LAS NIÑAS O LOS
ADOLESCENTES SON VICTIMAS DE DELITOS.
ARTÍCULO 192. DERECHOS ESPECIALES DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS. En los procesos por delitos en los
cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas el funcionario judicial
tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus
derechos, protección integral y los derechos consagrados en los Convenios
Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en esta ley.
ARTÍCULO 193. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO
JUDICIAL DE DELITOS EN LOS CUALES SON VÍCTIMAS LOS NIÑOS, LAS
NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. Con el fin de
hacer efectivos los principios previstos en el artículo anterior y garantizar el
restablecimiento de los derechos, en los procesos por delitos en los cuales sean
víctimas los niños, las niñas y los adolescentes la autoridad judicial tendrá en
cuenta los siguientes criterios específicos:
1. Dará prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han
de tomar.
2. Citará a los padres, representantes legales o a las personas con quienes
convivan, cuando no sean estos los agresores, para que lo asistan en la
reclamación de sus derechos. Igualmente, informará de inmediato a la Defensoría
de Familia, a fin de que se tomen las medidas de verificación de la garantía de
derechos y restablecimiento pertinentes, en los casos en que el niño, niña o
adolescente víctima carezca definitiva o temporalmente de padres, representante
legal, o estos sean vinculados como autores o partícipes del delito.
61

3. Prestará especial atención para la sanción de los responsables, la
indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos
vulnerados.
4. Decretará de oficio o a petición de los niños, las niñas y los adolescentes
víctimas de delitos, de sus padres, representantes legales, del Defensor de Familia
o del Ministerio Público, la práctica de las medidas cautelares autorizadas por la
ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar.
En estos casos no será necesario prestar caución.
5. Tendrá especial cuidado, para que en los procesos que terminan por
conciliación, desistimiento o indemnización integral, no se vulneren los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas del delito.
6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de ejecución
condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas del
delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.
7. Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que intervengan
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión,
su calidad de niños, se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos
consagrados en esta ley. Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les
generen nuevos daños con el desarrollo de proceso judicial de los responsables.
8. Tendrá en cuenta la opinión de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas
de delitos en los reconocimientos médicos que deban practicárseles. Cuando no la
puedan expresar, el consentimiento lo darán sus padres, representantes legales o
en su defecto el defensor de familia o la Comisaría de Familia y a falta de estos, el
personero o el inspector de familia. Si por alguna razón no la prestaren, se les
explicará la importancia que tiene para la investigación y las consecuencias
probables que se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en
su negativa se acudirá al juez de control de garantías quien decidirá si la medida
debe o no practicarse. Las medidas se practicarán siempre que sean
estrictamente necesarias y cuando no representen peligro de menoscabo para la
salud del adolescente.
9. Ordenará a las autoridades competentes la toma de medidas especiales para
garantizar la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas y/o
testigos de delitos y de su familia, cuando a causa de la investigación del delito se
hagan necesarias.
10. Informará y orientará a los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de
delitos, a sus padres, representantes legales o personas con quienes convivan
sobre la finalidad de las diligencias del proceso, el resultado de las
investigaciones y la forma como pueden hacer valer sus derechos.
11. Se abstendrá de decretar la detención domiciliaria, en los casos en que el
imputado es miembro del grupo familiar del niño, niña o adolescente víctima del
delito.
12. En los casos en que un niño niña o adolescente deba rendir testimonio deberá
estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo, de acuerdo con
las exigencias contempladas en la presente ley.
13. En las diligencias en que deba intervenir un niño, niña o adolescente, la
autoridad judicial se asegurará de que esté libre de presiones o intimidaciones.
62

ARTÍCULO 194. AUDIENCIA EN LOS PROCESOS PENALES. En las audiencias
en las que se investiguen y juzguen delitos cuya víctima sea una persona menor
de dieciocho (18) años, no se podrá exponer a la víctima frente a su agresor. Para
el efecto se utilizará cualquier medio tecnológico y se verificará que el niño, niña
o adolescente se encuentre acompañado de un profesional especializado que
adecue el interrogatorio y contrainterrogatorio a un lenguaje comprensible a su
edad. Si el juez lo considera conveniente en ellas sólo podrán estar los sujetos
procesales, la autoridad judicial, el defensor de familia, los organismos de control
y el personal científico que deba apoyar al niño, niña o adolescente.
ARTÍCULO 195. FACULTADES DEL DEFENSOR DE FAMILIA EN LOS
PROCESOS PENALES. En los procesos penales por delitos en los cuales sea
víctima un niño, niña o adolescente, el defensor de familia podrá solicitar
información sobre el desarrollo de la investigación, para efectos de tomar las
medidas de verificación de la garantía de derechos y restablecimiento
pertinentes.
ARTÍCULO 196. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA VÍCTIMA.
Los padres o el representante legal de la persona niños, niñas y adolescentes,
están facultados para intervenir en los procesos penales en que se investigue o
juzgue un adulto por un delito en el cual sea víctima un niño, niña o adolescente
como representante de este, en los términos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal y para iniciar el incidente de reparación integral de
perjuicios.
Los niños y niñas víctimas, tendrán derecho a ser asistidos durante el juicio y el
incidente de reparación integral por un abogado (a) calificado que represente sus
intereses aún sin el aval de sus padres y designado por el Defensor del Pueblo.
ARTÍCULO 197. INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL EN LOS
PROCESOS EN QUE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES SON
VÍCTIMAS. En los procesos penales en que se juzgue un adulto por un delito en el
cual sea víctima un niño, niña o adolescente, el incidente de reparación integral
de perjuicios se iniciará de oficio si los padres, representantes legales o el
defensor de Familia no lo hubieren solicitado dentro de los treinta días siguientes
a la ejecutoria de la sentencia.
ARTÍCULO 198. PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS
NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS. El
Gobierno Nacional, departamental, distrital, y municipal, bajo la supervisión de
la entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar diseñará y
ejecutará programas de atención especializada para los niños, las niñas y los
adolescentes víctimas de delitos, que respondan a la protección integral, al tipo
de delito, a su interés superior v a la prevalencia de sus derechos.
ARTÍCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se
trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa,
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos
contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:
1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del
artículo 306 de la Ley 906 de 2004, esta consistirá siempre en detención en
establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no
63

privativas de la libertad previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley
906 de 2004.
2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en
establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto
en los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.
3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de
oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para
los casos de reparación integral de los perjuicios.
4. No procederá el subrogado penal de Suspensión Condicional de la Ejecución de
la Pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.
5. No procederá el subrogado penal de Libertad Condicional, previsto en el
artículo 64 del Código Penal.
6. En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de
sustitución de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de
2004.
7. No procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y
negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos
348 a 351 de la Ley 906 de 2004.
8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o
administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de
Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. En donde permanezca transitoriamente vigente la
Ley 600 de 2000, cuando se trate de delitos a los que se refiere el inciso primero
de este artículo no se concederán los beneficios de libertad provisional
garantizada por caución, extinción de la acción penal por pago integral de
perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y
cinco (65) años, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se
concederán los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de
condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de pena,
y libertad condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro
beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por
colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta
sea efectiva.
ARTÍCULO 200. El artículo 119 de la Ley 599 de 2000 quedará así:
Artículo 119. Circunstancias de agravación punitiva. Cuando con las conductas
descritas en los artículos anteriores, concurra alguna de las circunstancias
señaladas en el artículo 104 las respectivas penas se aumentarán de una tercera
parte a la mitad.
Cuando las conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y
niñas menores de catorce (14) años las respectivas penas se aumentaran en el
doble.
LIBRO III.
64

SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, POLITICAS PUBLICAS E
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.
CAPITULO I.
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
ARTÍCULO 201. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA. Para los efectos de esta ley, se entienden por políticas públicas
de infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la
participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral
de los niños, las niñas y los adolescentes.
Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación,
evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos, y estrategias.
ARTÍCULO 202. OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Son objetivos de
las políticas públicas, entre otros los siguientes:
1. Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones
sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible el
desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los
adolescentes, como sujetos en ejercicio responsable de sus derechos.
2. Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que
permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la
materia.
3. Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población
infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad.
4. Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial
ARTÍCULO 203. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Las
políticas públicas de infancia, adolescencia y familia como políticas de Estado se
regirán como mínimo por los siguientes principios:
1. El interés superior del niño, niña o adolescente.
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
3. La protección integral.
4. La equidad.
5. La integralidad y articulación de las políticas.
6. La solidaridad.
7. La participación social.
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia.
9. La complementariedad.
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.
11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública.
12. La perspectiva de género.
ARTÍCULO 204. RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Son responsables del diseño, la ejecución y la
evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos
nacional, departamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los
gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado
disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es
indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.
65

En el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y
prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los
Concejos Municipales, Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la
definición y asignación de los recursos para la ejecución de la política pública
propuesta.
El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Social y
el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF deberá diseñar los
lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo, en
materia de infancia y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque
de garantía y restablecimiento de derechos.
El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su
mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en
su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas
prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar
las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello.
Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión deberán
verificar que este se corresponda con los resultados del diagnóstico realizado.
Para esto requerirán al gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes
del debate de aprobación del Plan de Desarrollo.
PARÁGRAFO. La totalidad de los excedentes financieros derivados de la gestión
del ICBF se aplicará a la financiación de las políticas públicas de Infancia y
Adolescencia definidas en esta ley.
ARTÍCULO 205. SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar como rector del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar, tiene a su cargo la articulación de las entidades responsables de la
garantía de los derechos, la prevención de su vulneración, la protección y el
restablecimiento de los mismos, en los ámbitos nacional, departamental,
distrital, municipal y resguardos o territorios indígenas.
El Consejo Nacional de Política Social atendiendo los lineamientos y
recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación es el ente
responsable de diseñar la Política Pública, movilizar y apropiar los recursos
presupuestales destinados a garantizar los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes y asegurar su protección y restablecimiento en todo el territorio
nacional.
ARTÍCULO 206. CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL. El Consejo
Nacional de Política Social es el ente responsable de diseñar la política pública,
movilizar y apropiar los recursos presupuestales y dictar las líneas de acción para
garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y asegurar su
protección y restablecimiento en todo el territorio nacional.
El Consejo estará integrado por:
1. El Presidente de la República o el vicepresidente, quien lo presidirá.
2. Los Ministros de la Protección Social, Interior y de Justicia, Hacienda y Crédito
Público, Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Cultura,
Comunicaciones, o los viceministros.
3. El Director del Departamento Nacional de Planeación o el subdirector.
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4. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien hará la
secretaría técnica.
5. Un Gobernador en representación de los gobernadores.
6. Un Alcalde en representación de los Alcaldes.
7. Una autoridad indígena en representación de las Entidades Territoriales
Indígenas.
PARÁGRAFO. El Consejo deberá sesionar dos veces al año.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se conforman las Entidades Territoriales
Indígenas, hará parte del Consejo una Autoridad Indígena en su representación,
siempre que en su territorio se adelante una actividad destinada a la protección
de la infancia y la adolescencia.
ARTÍCULO 207. CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE
POLÍTICA SOCIAL. En todos los departamentos, municipios y distritos deberán
sesionar Consejos de Política Social, presididos por el gobernador y el alcalde
quienes no podrán delegar ni su participación, ni su responsabilidad so pena de
incurrir en causal de mala conducta. Tendrán la responsabilidad de la
articulación funcional entre las Entidades Nacionales y las Territoriales, deberán
tener participación de la sociedad civil organizada y definirán su propio
reglamento y composición. En todo caso deberán formar parte del Consejo las
autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos y el Ministerio
Público.
En los municipios en los que no exista un centro zonal del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, la coordinación del sistema de bienestar familiar la
ejercerán los Consejos de Política Social.
Los Consejos deberán sesionar como mínimo cuatro veces al año, y deberán
rendir informes periódicos a las Asambleas Departamentales y a los Concejos
Municipales.
CAPITULO II.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.
ARTÍCULO 208. DEFINICIÓN. Para los efectos de esta ley se entiende por
vigilancia y control las acciones de supervisión, policivas, administrativas, y
judiciales, encaminadas a garantizar el cumplimiento de las funciones y
obligaciones para la garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las
niñas y los adolescentes y su contexto familiar y prevenir su vulneración a través
del seguimiento de las políticas públicas y de la evaluación de la gestión de los
funcionarios y de las entidades responsables.
ARTÍCULO 209. OBJETIVO GENERAL DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL. El Objetivo de la inspección, la vigilancia y el control es asegurar que
las autoridades competentes cumplan sus funciones en los ámbitos nacional,
departamental, distrital y municipal para: Garantizar los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes y su contexto familiar. Asegurar que reciban la
protección integral necesaria para el restablecimiento de sus derechos.
Disponer la adecuada distribución y utilización de los recursos destinados al
cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de infancia, adolescencia
y familia.
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Verificar que las entidades responsables de garantizar y restablecer los derechos
de los niños, las niñas y los adolescentes cumplan de manera permanente con el
mejoramiento de su calidad de vida y las de sus familias.
ARTÍCULO 210. AUTORIDADES COMPETENTES DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL. De conformidad con las competencias que les
asignan la Constitución y las leyes, ejercerán la función de inspección, vigilancia y
control:
1. La Procuraduría General de la Nación.
2. La Contraloría General de la República.
3. La Defensoría del Pueblo.
4. Las Personerías distritales y municipales.
5. Las entidades administrativas de inspección y vigilancia.
6. La sociedad civil organizada, en desarrollo de los artículos 40 y 103 de la
Constitución Política.
ARTÍCULO 211. FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN. La Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones asignadas
en esta ley anterior por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa
del Menor y la familia, que a partir de esta ley se denominará la Procuraduría
Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia, la cual a través de las procuradurías judiciales ejercerá las funciones de
vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de intervención ante las
autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constitución
Política y la ley.
ARTÍCULO 212. FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA. La Contraloría General de la república ejercerá las funciones a que
hace referencia este título mediante el control posterior y selectivo del manejo de
las finanzas, la gestión y los resultados de las políticas, programas y proyectos
relacionados con la infancia, adolescencia y la familia de conformidad con los
objetivos y principios de esta ley.
ARTÍCULO 213. FUNCIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La
Defensoría del Pueblo ejercerá las funciones a que hace referencia este título a
través de la Defensoría Delegada para los derechos de la niñez, la juventud y las
mujeres mediante la divulgación, protección, promoción de derechos y el
seguimiento a las políticas públicas que comprometan derechos humanos de los
niños, las niñas y los adolescentes, como lo establece la Constitución Política y la
ley.
ARTÍCULO 214. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD. En desarrollo del
principio de corresponsabilidad, las organizaciones sociales especializadas, como
las veedurías ciudadanas, o cualquier otra forma de organización de la
ciudadanía, participarán en el seguimiento y vigilancia de las políticas públicas y
de las acciones y decisiones de las autoridades competentes. Las autoridades
nacionales y territoriales deben garantizar que esta función se cumpla.
CAPÍTULO III.
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 215. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. El Gobierno Nacional, el
Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior
de la Judicatura dispondrán la asignación, reorganización y redistribución de los
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recursos presupuestales, financieros, físicos y humanos para el cumplimento de
la presente ley, bajo la coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
ARTÍCULO 216. VIGENCIA. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses
después de su promulgación. Con excepción de los artículos correspondientes a la
ejecución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los cuales se
implementarán de manera gradual en el territorio nacional empezando el
primero de enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 2009.
<Inciso corregido por el artículo 3 del Decreto 578 de 2007. El nuevo texto es el
siguiente:> El artículo 199 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos
entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley
<Notas de Vigencia>
PARÁGRAFO. La Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios y
tomará las medidas pertinentes para la implementación gradual del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes dentro del término señalado en esta ley.
ARTÍCULO 217. DEROGATORIA. El presente Código deroga el Decreto 2737 de
1989 o Código del Menor a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al
juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes, también deroga las demás
disposiciones que le sean contrarias.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
ALFREDO APE CUELLO BAUTE.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de noviembre de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
CARLOS HOLGUÍN SARDI.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT
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