Codigo organico-tributario

Código Orgánico Tributario
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DECRETA
el siguiente,
CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO
TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1: Las disposiciones de este Código Orgánico son aplicables a los tributos nacionales y a
las relaciones jurídicas derivadas de ellos.
Para los tributos aduaneros se aplicará en lo atinente a los medios de extinción de las
obligaciones, para los recursos administrativos y judiciales, la determinación de intereses y lo
referente a las normas para la administración de tales tributos que se indican en este Código;
para los demás efectos se aplicará con carácter supletorio.
Las normas de este Código se aplicarán en forma supletoria a los tributos de los Estados,
Municipios y demás entes de la división político territorial. El poder tributario de los Estados y
Municipios para la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos que la
Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, exoneraciones,
beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos entes dentro del marco de la
competencia y autonomía que le son otorgadas, de conformidad con la Constitución y las leyes
dictadas en su ejecución.
Para los tributos y sus accesorios determinados por Administraciones Tributarias extranjeras, cuya
recaudación sea solicitada a la República de conformidad con los respectivos tratados
internacionales, este Código se aplicará en lo referente a las normas sobre el juicio ejecutivo.
Parágrafo Único: Los procedimientos amistosos previstos en los tratados para evitar la doble
tributación, son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con independencia de los
recursos administrativos y judiciales previstos en este Código.
Art ículo 2: Constituyen fuentes del derecho tributario:

1.
2.
3.
4.

Las disposiciones constitucionales.
Los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República.
Las leyes y los actos con fuerza de ley.
Los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales,
estadales y municipales.

1
Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17/10/2001

5. Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los
órganos administrativos facultados al efecto.

Parágrafo Primero: Los contratos de estabilidad jurídica a los que se refiere el numeral 4 de
este artículo deberán contar con la opinión favorable de la Administración Tributaria respectiva, y
entrarán en vigencia una vez aprobados por el órgano legislativo correspondiente.
Parágrafo Segundo: A los efectos de est e Código se entenderán por leyes los actos sancionados
por las autoridades nacionales, estadales y municipales actuando como cuerpos legisladores.
Artículo 3: Sólo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas generales de este
Código, las siguientes materias:

1. Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo,
2.
3.
4.

la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo.
Otorgar exenciones y rebajas de impuesto.
Autorizar al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones y otros beneficios o incentivos
fiscales.
Las demás materias que les sean remitidas por este Código.

Parágrafo Primero: Los órganos legislativos nacional, estadales y municipales, al sancionar las
leyes que establezcan exenciones, beneficios, rebajas y demás incentivos fiscales o autoricen al
Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones, requerirán la previa opinión de la Administración
Tributaria respectiva, la cual evaluará el impacto económico y señalará las medidas necesarias
para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos correspondientes requerirán las
opiniones de las oficinas de asesoría con las que cuenten.
Parágrafo Segundo: En ningún caso se podrá delegar la definición y fijación de los elementos
integradores del tributo así como las demás materias señaladas como de reserva legal por este
artículo, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Parágrafo Tercero de este artículo. No
obstante, cuando se trate de impuestos generales o específicos al consumo , a la producción, a las
ventas o al valor agregado, así como cuando se trate de tasas o de contribuciones especiales, la
ley creadora del tributo correspondiente podrá autorizar para que anualmente en la Ley de
Presupuesto, se proceda a fijar la alícuota del impuesto entre el límite inferior y el máximo que en
ella se establezca.
Parágrafo Tercero: Por su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética,
la Administración Tributaria Nacional reajustará el valor de la Unidad Tributaria de acuerdo con lo
dispuesto en este Código. En los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad
tributaria aplicable será la que esté vigente durante por lo menos ciento ochenta y tres (183) días
continuos del período respectivo. Para los tributos que se liquiden por períodos distintos al anual,
la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el inicio del período.
Artículo 4: En materia de exenciones, exoneraciones, desgravámenes, rebajas y demás
beneficios fiscales, las leyes determinarán los requisitos o condiciones esenciales para su
procedencia.
Artículo 5: Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en
derecho, atendiendo al fin de las mismas y a su significación económica, pudiéndose llegar a
resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en aquéllas.
Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgravámenes y demás beneficios o incentivos fiscales
se interpretarán en forma restrictiva.

2

Artículo 6: La analogía es admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no
pueden crearse tributos, exenciones, exoneraciones ni otros beneficios, tampoco tipificar ilícitos ni
establecer sanciones.
Artículo 7: En las situaciones que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de
las leyes, se aplicarán supletoriamente y en orden de prelación, las normas tributarias análogas,
los principios generales del derecho tributario y los de otras ramas jurídicas que más se avengan
a su naturaleza y fines, salvo disposición especial de este Código.
Artículo 8: Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se
aplicarán vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial.
Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aun
en los procesos que se hubieren iniciado bajo el imperio de leyes anteriores.
Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o
establezca sanciones que favorezcan al infractor.
Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos, las normas referentes a la
existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período
respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley,
conforme al encabezamiento de este artículo.
Artículo 9: Las reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter general, se
aplicarán desde la fecha de su publicación oficial o desde la fecha posterior que ellas mismas
indiquen.
Artículo 10: Los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera:

1. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes
2.
3.
4.

respectivo. El lapso que deba cumplirse en un día que carezca el mes, se entenderá
vencido el último día de ese mes.
Los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que
sean continuos.
En todos los casos los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la
Administración Tributaria, se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.
En todos los casos los plazos establecidos en días hábiles se entenderán como días hábiles
de la Administración Tributaria.

Parágrafo Único: Se consideran inhábiles tanto los días declarados feriados conforme a
disposiciones legales, como aquellos en los cuales la respectiva oficina administrativa no hubiere
estado abierta al público, lo que deberá comprobar el contribuyente o responsable por los medios
que determine la ley. Igualmente se consideran inhábiles, a los solos efectos de la declaración y
pago de las obligaciones tributarias, los días en que las instituciones financieras autorizadas para
actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales, no estuvieren abiertas al público, conforme
lo determine su calendario anual de actividades.
Artículo 11: Las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad
del órgano competente para crearlas.
Las leyes tributarias nacionales podrán gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del
territorio nacional, cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o
domiciliado en Venezuela o posea establecimiento permanente o base fija en el país.

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La ley procurará evitar los efectos de la doble tributación internacional.
Artículo 12: Están sometidos al imperio de este Código, los impuestos, las tasas, las
contribuciones de mejoras, de seguridad social y las demás contribuciones especiales, salvo lo
dispuesto en el artículo 1.
TITULO II
DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 13: La obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del Poder
Público y los sujetos pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley.
Constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía
real o con privilegios especiales.
Artículo 14: Los convenios referentes a la aplicación de las normas tributarias celebrados entre
particulares no son oponibles al Fisco, salvo en los casos autorizados por la ley.
Artículo 15: La obligación tributaria no será afectada por circunstancias relativas a la validez de
los actos o a la naturaleza del objeto perseguido, ni por los efectos que los hechos o actos
gravados tengan en otras ramas jurídicas, siempre que se hubiesen producido los resultados que
constituyen el presupuesto de hecho de la obligación.
Artículo 16: Cuando la norma relativa al hecho imponible se refiera a situaciones definidas por
otras ramas jurídicas, sin remitirse o apartarse expresamente de ellas, el intérprete puede
asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo.
Al calificar los actos o situaciones que configuren los hechos imponibles, la Administración
Tributaria, conforme al procedimiento de fiscalización y determinación previsto en este Código,
podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la
adopción de formas y procedimientos jurídicos, cuando éstos sean manifiestamente inapropiados
a la realidad económica perseguida por los contribuyentes y ello se traduzca en una disminución
de la cuantía de las obligaciones tributarias.
Parágrafo Único: Las decisiones que la Administración Tributaria adopte, conforme a esta
disposición, sólo tendrán implicaciones tributarias y en nada afectarán las relaciones jurídicoprivadas de las partes intervinientes o de terceros distintos del Fisco.
Artículo 17: En todo lo no previsto en este Título, la obligación tributaria se regirá por el derecho
común, en cuanto sea aplicable.
CAPITULO II
DEL SUJETO ACTIVO
Artículo 18: Es sujeto activo de la obligación tributaria el ente público acreedor del tributo.
CAPITULO III

4

DEL SUJETO PASIVO
SECCION PRIMERA
Artículo 19: Es sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en
calidad de contribuyente o de responsable.
Artículo 20: Están solidariamente obligadas aquellas personas respecto de las cuales se verifique
el mismo hecho imponible. En los demás casos la solidaridad debe estar expresamente establecida
en este Código o en la ley.
Artículo 21: Los efectos de la solidaridad son los mismos establecidos en el Código Civil, salvo lo
dispuesto en los numerales siguientes:

1. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los
2.

3.
4.

demás, en los casos que la ley o el reglamento exigiere el cumplimiento a cada uno de los
obligados.
La remisión o exoneración de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el
beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este último caso el sujeto activo
podrá exigir el cumplimiento de los demás, con deducción de la parte proporcional del
beneficiado.
No es válida la renuncia a la solidaridad.
La interrupción de la prescripción en contra de uno de los deudores es oponible a los
demás.

SECCION SEGUNDA
DE LOS CONTRIBUYENTES
Artículo 22: Son contribuyentes los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho
imponible.
Dicha condición puede recaer:

1. En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad según el derecho privado.
2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a los cuales otras ramas jurídicas
atribuyen calidad de sujeto de derecho.

3. En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de
patrimonio y tengan autonomía funcional.

Artículo 23: Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los
deberes formales impuestos por este Código o por normas tributarias.
Artículo 24: Los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido serán ejercidos o, en su
caso, cumplidos por el sucesor a título universal, sin perjuicio del beneficio de inventario. Los
derechos del contribuyente fallecido trasmitidos al legatario serán ejercidos por éste.
En los casos de fusión, la sociedad que subsista o resulte de la misma, asumirá cualquier beneficio
o responsabilidad de carácter tributario que corresponda a las sociedades fusionadas.

5

SECCION TERCERA
DE LOS RESPONSABLES
Artículo 25: Responsables son los sujetos pasivos que sin tener el carácter de contribuyentes
deben, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éstos.
Artículo 26: El responsable tendrá derecho a reclamar del contribuyente el reintegro de las
cantidades que hubiere pagado por él.
Artículo 27: Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción, las
personas designadas por la ley o por la Administración previa autorización legal, que por sus
funciones públicas o por razón de sus actividades privadas, intervengan en actos u operaciones en
los cuales deban efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.
Los agentes de retención o de percepción que lo sean por razón de sus actividades privadas, no
tendrán el carácter de funcionarios públicos.
Efectuada la retención o percepción, el agente es el único responsable ante el Fisco por el importe
retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el
contribuyente.
El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales
o reglamentarias que las autoricen. Si el agente enteró a la Administración lo retenido, el
contribuyente podrá solicitar de la Administración Tributaria el reintegro o la compensación
correspondiente.
Parágrafo Primero: Se considerarán como no efectuados los egresos y gastos objeto de
retención, cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto
correspondiente conforme a los plazos que establezca la ley o su reglamento, salvo que
demuestre haber efectuado efectivamente dicho egreso o gasto.
Parágrafo Segundo: Las entidades de carácter público que revistan forma pública o privada,
serán responsables de los tributos dejados de retener, percibir o enterar, sin perjuicio de la
responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona natural encargada de efectuar
la retención, percepción o enteramiento respectivo.
Artículo 28: Son responsables solidarios por los tributos, multas y accesorios derivados de los
bienes que administren, reciban o dispongan:

1. Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces y de herencias yacentes.
2. Los directores, gerentes, administradores o representantes de las personas jurídicas y
3.
4.
5.
6.
7.

demás entes colectivos con personalidad reconocida.
Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos o
unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica.
Los mandatarios, respecto de los bienes que administren o dispongan.
Los síndicos y liquidadores de las quiebras, los liquidadores de sociedades, y los
administradores judiciales o particulares de las sucesiones, los interventores de sociedades
y asociaciones.
Los socios o accionistas de las sociedades liquidadas.
Los demás, que conforme a las leyes así sean calificados.

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Parágrafo Primero: La responsabilidad establecida en este artículo se limitará al valor de los
bienes que se reciban, administren o dispongan.
Parágrafo Segundo: Subsistirá la responsabilidad a que se refiere este artículo, respecto de los
actos que se hubieren ejecutado durante la vigencia de la representación o del poder de
administración o disposición, aun cuando haya cesado la representación o se haya extinguido el
poder de administración o disposición.
Artículo 29: Son responsables solidarios los adquirentes de fondos de comercio, así como los
adquirentes del activo y del pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin
ella.
La responsabilidad establecida en este artículo estará limitada al valor de los bienes que se
adquieran, a menos que el adquirente hubiere actuado con dolo o culpa grave. Durante el lapso
de un (1) año contado a partir de comunicada la operación a la Administración Tributaria
respectiva, ésta podrá requerir el pago de las cantidades por concepto de tributos, multas y
accesorios determinados, o solicitar la constitución de garantías respecto de las cantidades en
proceso de fiscalización y determinación.
SECCION CUARTA
DEL DOMICILIO
Artículo 30: Se consideran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela para los efectos
tributarios:

1. Las personas naturales que hayan permanecido en el país por un período continuo o
2.

3.

4.

discontinuo, de más de ciento ochenta y tres (183) días en un año calendario o en el año
inmediatamente anterior al del ejercicio al cual corresponda determinar el tributo.
Las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de habitación en el
país, salvo que en el año calendario permanezcan en otro país por un período continuo o
discontinuo de más de ciento ochenta y tres (183) días y acrediten haber adquirido la
residencia para efectos fiscales en ese otro país.
Los venezolanos que desempeñen en el exterior funciones de representación o cargos
oficiales de la República, de los estados, de los municipios o de las entidades
funcionalmente descentralizadas, y que perciban remuneración de cualquiera de estos
entes públicos.
Las personas jurídicas constituidas en el país, o que se hayan domiciliado en él, conforme a
la ley.

Parágrafo Primero: Cuando las leyes tributarias establezcan disposiciones relativas a la
residencia del contribuyente o responsable, se entenderá como tal el domicilio, según lo dispuesto
en este artículo.
Parágrafo Segundo: En los casos establecidos en el numeral 2 de este artículo, la residencia en
el extranjero se acreditará ante la Administración Tributaria, mediante constancia expedida por las
autoridades competentes del Estado del cual son residentes.
Salvo prueba en contrario, se presume que las personas naturales de nacionalidad venezolana,
son residentes en territorio nacional.
Artículo 31: A los efectos tributarios y de la práctica de las actuaciones de la Administración
Tributaria, se tendrá como domicilio de las personas naturales en Venezuela:

7

1. El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales. En los casos que tenga
2.
3.
4.

actividades civiles o comerciales en más de un sitio, se tendrá como domicilio el lugar
donde desarrolle su actividad principal.
El lugar de su residencia, para quienes desarrollen tareas exclusivamente bajo relación de
dependencia, no tengan actividad comercial o civil como independientes o de tenerla no
fuere conocido el lugar donde ésta se desarrolla.
El lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse las reglas
precedentes.
El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio según lo
dispuesto en este artículo, o sea imposible determinarlo conforme a las reglas precedentes.

Artículo 32: A los efectos tributarios y de la práctica de las actuaciones de la Administración
Tributaria, se tendrá como domicilio de las personas jurídicas y demás entes colectivos en
Venezuela:

1. El lugar donde esté situada su dirección o administración efectiva.
2. El lugar donde se halle el centro principal de su actividad, en caso de que no se conozca el
de su dirección o administración.

3. El lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse las reglas
precedentes.

4. El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio según lo

dispuesto en este artículo, o sea imposible determinarlo conforme a las reglas precedentes.

Artículo 33: En cuanto a las personas domiciliadas en el extranjero, las actuaciones de la
Administración Tributaria se practicarán:
1. En el domicilio de su representante en el país, el cual se determinará conforme a lo
establecido en los artículos precedentes.
2. En los casos en que no tuvieren representante en el país, en el lugar situado en
Venezuela en el que desarrolle su actividad, negocio o explotación, o en el lugar donde se
encuentre ubicado su establecimiento permanente o base fija.
3. El lugar donde ocurra el hecho imponible, en caso de no poder aplicarse las reglas precedentes.
Artículo 34: La Administración Tributaria y los contribuyentes o responsables, podrán convenir
adicionalmente la definición de un domicilio electrónico, entendiéndose como tal a un mecanismo
tecnológico seguro que sirva de buzón de envío de actos administrativos.
Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 31, 32 y 33 de este Código, la Administración
Tributaria Nacional, a los únicos efectos de los tributos nacionales, podrá establecer un domicilio
especial para determinados grupos de contribuyentes o responsables de similares características,
cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen.
Artículo 35: Los sujetos pasivos tienen la obligación de informar a la Administración Tributaria,
en un plazo máximo de un (1) mes de producido, los siguientes hechos:

1.
2.
3.
4.

Cambio de directores, administradores, razón o denominación social de la entidad.
Cambio del domicilio fiscal.
Cambio de la actividad principal.
Cesación, suspensión o paralización de la actividad económica habitual del contribuyente.

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Parágrafo Único: La omisión de comunicar los datos citados en los numerales 1 y 2 de este
artículo, hará que se consideren subsistentes y válidos los datos que se informaron con
anterioridad, a los efectos jurídicos tributarios, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
CAPITULO IV
DEL HECHO IMPONIBLE
Artículo 36: El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y
cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.
Artículo 37: Se considera ocurrido el hecho imponible y existentes sus resultados:
1. En las situaciones de hecho, desde el momento que se hayan realizado las
circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos que normalmente les
corresponden.
2. En las situaciones jurídicas, desde el momento en que estén definitivamente
constituidas de conformidad con el derecho aplicable.
Artículo 38: Si el hecho imponible estuviere condicionado por la ley o fuere un acto jurídico
condicionado, se le considerará realizado:

1. En el momento de su acaecimiento o celebración, si la condición fuere resolutoria.
2. Al producirse la condición, si ésta fuere suspensiva.
Parágrafo Único: En caso de duda se entenderá que la condición es resolutoria.
CAPITULO V
DE LOS MEDIOS DE EXTINCION
Artículo 39: La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes:

1.
2.
3.
4.
5.

Pago.
Compensación.
Confusión.
Remisión.
Declaratoria de incobrabilidad.

Parágrafo Primero: La obligación tributaria se extingue igualmente por prescripción, en los
términos previstos en el Capítulo VI de este Título.
Parágrafo Segundo: Las leyes pueden establecer otros medios de extinción de la obligación
tributaria que ellas regulen.
SECCION PRIMERA
DEL PAGO

9

Artículo 40: El pago debe ser efectuado por los sujetos pasivos. También puede ser efectuado
por un tercero, quien se subrogará en los derechos, garantías y privilegios del sujeto activo, pero
no en las prerrogativas reconocidas al mismo por su condición de ente público.
Artículo 41: El pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique la ley o en su defecto la
reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que deba presentarse la
correspondiente declaración, salvo que la Ley o su reglamentación establezcan lo contrario. Los
pagos realizados fuera de esta fecha, incluso los provenientes de ajustes o reparos, se
considerarán extemporáneos y generarán los intereses moratorios previstos en el artículo 66 de
este Código.
La Administración Tributaria podrá establecer plazos para la presentación de declaraciones juradas
y pagos de los tributos, con carácter general para determinados grupos de contribuyentes o
responsables de similares características, cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo
justifiquen. A tales efectos, los días de diferencia entre los distintos plazos no podrán exceder de
quince (15) días hábiles.
Artículo 42: Existe pago por parte del contribuyente en los casos de percepción o retención en la
fuente previstos en el artículo 27 de este Código.
Artículo 43: Los pagos a cuenta deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley.
En los impuestos que se determinen sobre la base de declaraciones juradas, la cuantía del pago a
cuenta se fijará considerando la norma que establezca la ley del respectivo tributo.
Artículo 44: La Administración Tributaria y los sujetos pasivos o terceros, al pagar las
obligaciones tributarias, deberán imputar el pago, en todos los casos, al concepto de lo adeudado
según sus componentes, en el orden siguiente:
1. Sanciones.
2. Intereses moratorios.
3. Tributo del período correspondiente.
Parágrafo Primero: La Administración Tributaria podrá imputar cualquier pago a la deuda más
antigua, contenida en un acto definitivamente firme, sobre la que se haya agotado el cobro
extrajudicial previsto en este Código.
Parágrafo Segundo: Lo previsto en este artíc ulo no será aplicable a los pagos efectuados por los
agentes de retención y de percepción en su carácter de tales. Tampoco será aplicable en los casos
a que se refieren los artículos 45, 46 y 47 de este Código.
Artículo 45: El Ejecutivo Nacional podrá conceder, con carácter general, prórrogas y demás
facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, así como fraccionamientos y plazos para el
pago de deudas atrasadas, cuando el normal cumplimiento de la obligación tributaria se vea
impedido por caso fortuito o fuerza mayor, o en virtud de circunstancias excepcionales que
afecten la economía del país.
Las prórrogas, fraccionamientos y plazos concedidos de conformidad con este artículo, no
causarán los intereses previstos en el artículo 66 de este Código.

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Artículo 46: Las prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, podrán
ser acordadas con carácter excepcional en casos particulares.
A tal fin, los interesados deberán presentar solicitud al menos quince (15) días hábiles antes del
vencimiento del plazo para el pago y sólo podrán ser concedidas cuando a juicio de la
Administración Tributaria se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de la
obligación. La Administración Tributaria deberá responder dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud.
La decisión denegatoria no admitirá recurso alguno. En ningún caso podrá interpretarse que la
falta de pronunciamiento de la Administración Tributaria implica la concesión de la prórroga o
facilidad solicitada.
Las prórrogas y demás facilidades que se concedan causarán intereses sobre los montos
financiados los cuales serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al momento de la
suscripción del convenio. Si durante la vigencia del convenio, se produce una variación de diez por
ciento (10%) o más entre la tasa utilizada en el convenio y la tasa bancaria vigente, se procederá
al ajuste de las cuotas restantes utilizando la nueva tasa.
Parágrafo Único: Las prórrogas y demás facilidades para el pago a los que se refiere este
artículo, no se aplicarán en los casos de obligaciones provenientes de tributos retenidos o
percibidos, así como de impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea la figura de los
denominados créditos y débitos fiscales.
Artículo 47: Excepcionalmente, en casos particulares, y siempre que los derechos del Fisco
queden suficientemente garantizados, la Administración Tributaria podrá conceder
fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas. En este caso se causarán intereses
sobre los montos financiados los cuales serán equivalentes a la tasa activa bancaria vigente al
momento de la suscripción del convenio.
Si durante la vigencia del convenio, se produce una variación de diez por ciento (10%) o más
entre la tasa utilizada en el convenio y la tasa bancaria vigente, se procederá al ajuste de las
cuotas restantes utilizando la nueva tasa.
En ningún caso se concederán fraccionamientos o plazos para el pago de deudas atrasadas,
cuando el solicitante se encuentre en situación de quiebra. En caso de incumplimiento de las
condiciones y plazos concedidos, de desaparición o insuficiencia sobrevenida de las garantías
otorgadas o de quiebra del contribuyente, la Administración Tributaria dejará sin efecto las
condiciones o plazos concedidos, y exigirá el pago inmediato de la totalidad de la obligación a la
cual ellos se refieren.
Si el contribuyente sustituye la garantía o cubre la insuficiencia sobrevenida de la misma, se
mantendrán las condiciones y plazos que se hubieren concedidos.
Parágrafo Primero: La negativa de la Administración Tributaria de conceder fraccionamientos y
plazos para el pago no tendrá recurso alguno.
Parágrafo Segundo: Los fraccionamientos y plazos para el pago a los que se refiere este
artículo, no se aplicarán en los casos de obligaciones provenientes de tributos retenidos o
percibidos. No obstante, en estos casos, la Administración Tributaria podrá conceder
fraccionamientos o plazos para el pago de los intereses moratorios y las sanciones pecuniarias
generados con ocasión de los mismos.

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Artículo 48: La máxima autoridad de la Administración Tributaria establecerá el procedimiento a
seguir para el otorgamiento de las prórrogas, fraccionamientos y plazos para el pago, previstos en
los artículos 45, 46 y 47 de este Código, pero en ningún caso éstos podrán exceder de treinta y
seis (36) meses.
Para el otorgamiento de las prórrogas, fraccionamientos y plazos para el pago, previstos en los
artículos 45, 46 y 47 de este Código, no se requerirá el dictamen previo de la Contraloría General
de la República. No obstante, la Administración Tributaria Nacional deberá remitir periódicamente
a la Contraloría General de la República, una relación detallada de las prórrogas, fraccionamientos
y plazos para el pago que hubiere otorgado conforme a lo establecido en los artículos anteriores.
Parágrafo Único: A los efectos previstos en los artículos 46 y 47 de este Código, se entenderá
por tasa activa bancaria vigente la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos
comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras con
intereses preferenciales, calculada por el Banco Central de Venezuela para el mes calendario
inmediato anterior. La Administración Tributaria Nacional deberá publicar dicha tasa dentro de los
primeros diez (10) días continuos del mes. De no efectuar la publicación en el lapso aquí previsto
se aplicará la última tasa activa bancaria que hubiere publicado la Administración Tributaria
Nacional.
SECCION SEGUNDA
DE LA COMPENSACION
Artículo 49: La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no
prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente, por concepto de tributos, intereses, multas y
costas procesales, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas,
exigibles y no prescritas, comenzando por las más antiguas, aunque provengan de distintos
tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo. Asimismo, se aplicará el
orden de imputación establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 44 de este Código.
El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en cualquier momento en que
deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas y costas procesales o frente a
cualquier reclamación administrativa o judicial de los mismos, sin necesidad de un
pronunciamiento administrativo previo que reconozca su derecho. El contribuyente o su cesionario
estarán obligados a notificar de la compensación a la oficina de la Administración Tributaria de su
domicilio fiscal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido opuesta, sin que ello
constituya un requisito para la procedencia de la compensación y sin perjuicio de las facultades de
fiscalización y determinación que pueda ejercer la Administración posteriormente. La falta de
notificación dentro del lapso previsto, generará la sanción correspondiente en los términos
establecidos en este Código.
Por su parte, la Administración podrá oponer la compensación frente al contribuyente,
responsable o cesionario, a fin de extinguir, bajo las mismas condiciones, cualesquiera créditos
invocados por ellos.
Parágrafo Único: La compensación no será oponible en los impuestos indirectos cuya estructura
y traslación prevea las figuras de los denominados débito y crédito fiscales, salvo expresa
disposición legal en contrario.
La imposibilidad de oponer la compensación establecida en este Parágrafo, será extensible tanto
al débito y crédito fiscales previstos en la estructura y traslación del impuesto indirecto, como a la
cuota tributaria resultante de su proceso de determinación.

12

Artículo 50: Los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable por concepto de
tributos y sus accesorios, podrán ser cedidos a otros contribuyentes o responsables, al solo efecto
de ser compensados con deudas tributarias del cesionario con el mismo sujeto activo.
El contribuyente o responsable deberá notificar a la Administración Tributaria de la cesión dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes de efectuada. El incumplimiento de la notificación acarreará
la sanción correspondiente en los términos establecidos en este Código.
Artículo 51: Las compensaciones efectuadas por el cesionario conforme a lo establecido en el
artículo anterior, solo surtirán efectos de pago en la medida de la existencia o legitimidad de los
créditos cedidos. La Administración Tributaria no asumirá responsabilidad alguna por la cesión
efectuada, la cual en todo caso corresponderá exclusivamente al cedente y cesionario respectivo.
El rechazo o impugnación de la compensación por causa de la inexistencia o ilegitimidad del
crédito cedido, hará surgir la responsabilidad personal del cedente. Asimismo, el cedente será
solidariamente responsable junto con el cesionario por el crédito cedido.
SECCION TERCERA
DE LA CONFUSION
Artículo 52: La obligación tributaria se extingue por confusión, cuando el sujeto activo quedare
colocado en la situación del deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes o
derechos objeto del tributo. La decisión será tomada mediante acto emanado de la máxima
autoridad de la Administración Tributaria.
SECCION CUARTA
DE LA REMISION
Artículo 53: La obligación de pago de los tributos sólo puede ser condonada o remitida por ley
especial. Las dem obligaciones, así como los intereses y las multas, sólo pueden ser condonadas
ás
por dicha ley o por resolución administrativa en la forma y condiciones que esa ley establezca.
SECCION QUINTA
DE LA DECLARATORIA DE INCOBRABILIDAD
Artículo 54: La Administración Tributaria podrá de oficio, de acuerdo al procedimiento previsto en
este Código, declarar incobrables las obligaciones tributarias y sus accesorios y multas conexas
que se encontraren en algunos de los siguientes casos:

1. Aquellas cuyo monto no exceda de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), siempre que
2.
3.
4.

hubieren transcurrido cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año calendario
siguiente a aquél en que se hicieron exigibles.
Aquellas cuyos sujetos pasivos hayan fallecido en situación de insolvencia comprobada, y
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24 de este Código.
Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos fallidos que no hayan podido pagarse una vez
liquidados totalmente sus bienes.
Aquellas pertenecientes a sujetos pasivos que se encuentren ausentes del país, siempre
que hubieren transcurrido cinco (5) años contados a partir del 1° de enero del año

13

calendario siguiente a aquél en que se hicieron exigibles y no se conozcan bienes sobre los
cuales puedan hacerse efectivas.
Pará grafo Único: La Administración Tributaria podrá disponer de oficio la no iniciación de las
gestiones de cobranza de los créditos tributarios a favor del Fisco, cuando sus respectivos montos
no superen la cantidad equivalente a una (1) unidad tributaria (U.T.).
CAPITULO VI
DE LA PRESCRIPCION
Artículo 55: Prescriben a los cuatro (4) años los siguientes derechos y acciones:

1. El derecho para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios.
2. La acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas restrictivas de la
libertad.

3. El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos.
Artículo 56: En los casos previstos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, el término
establecido se extenderá a seis (6) años cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias
siguientes:

1. El sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible o de presentar
las declaraciones tributarias a que estén obligados.

2. El sujeto pasivo o terceros no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros de
control que a los efectos establezca la Administración Tributaria.

3. La Administración Tributaria no pudo conocer el hecho imponible, en los casos de
4.
5.

verificación, fiscalización y determinación de oficio.
El sujeto pasivo haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria,
o se trate de hechos imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el
exterior.
El contribuyente no lleve contabilidad, no la conserve durante el plazo legal o lleve doble
contabilidad.

Artículo 57: La acción para imponer penas restrictivas de libertad prescribe a los seis (6) años.
Artículo 58: Las sanciones restrictivas de libertad previstas en los artículos 116 y 118 de este
Código, una vez impuestas, no estarán sujetas a prescripción. Las sanciones restrictivas de
libertad prevista en el artículo 119 prescriben por el transcurso de un tiempo igual al de la
condena.
Artículo 59: La acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias
firmes, prescribe a los seis (6) años.
Artículo 60: El cómputo del término de prescripción se contará:

1. En el caso previsto en el numeral 1 del artículo 55 de este Código, desde el 1° de enero del
año calendario siguiente a aquél en que se produjo el hecho imponible.

Para los tributos cuya liquidación es periódica se entenderá que el hecho imponible se
produce al finalizar el período respectivo.

14

año calendario siguiente a aquél en que se cometió el ilícito sancionable.


4.
5.
6.

año calendario siguiente a aquél en que se verificó el hecho imponible que da derecho a la
recuperación de impuesto, se realizó el pago indebido o se constituyó el saldo a favor,
según corresponda.
En el caso previsto en el artículo 57, desde 1° de enero del año siguiente a aquel en que se
cometió el ilícito sancionable con pena restrictiva de la libertad.
En el caso previsto en el artículo 58, desde día en que quedó firme la sentencia o desde el
quebrantamiento de la condena si hubiere ésta comenzado a cumplirse.
En el caso previsto en el artículo 59, desde el 1° de enero del año calendario siguiente a
aquél en que la deuda quedó definitivamente firme.

Parágrafo Único: La declaratoria a que hacen referencia los artículos 55, 56, 57, 58 y 59 de este
Código, se hará sin perjuicio de la imposición de las sanciones disciplinarias, administrativas y
penales que correspondan a los funcionarios de la Administración Tributaria que sin causa
justificada sean responsables.
Artículo 61: La prescripción se interrumpe, según corresponda:

1. Por cualquier acción administrativa, notificada al sujeto pasivo, conducente al
2.
3.
4.
5.

reconocimiento, regularización, fiscalización y determinación, aseguramiento,
comprobación, liquidación y recaudación del tributo por cada hecho imponible.
Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación
tributaria o al pago o liquidación de la deuda.
Por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago.
Por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo.
Por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda ejercer el derecho de
repetición o recuperación ante la Administración Tributaria, o por cualquier acto de esa
Administración en que se reconozca la existencia del pago indebido, del saldo acreedor o
de la recuperación de tributos.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevame nte al día siguiente de aquél en
que se produjo la interrupción.
Parágrafo Único: El efecto de la interrupción de la prescripción se contrae a la obligación
tributaria o pago indebido, correspondiente al o los períodos fiscales a que se refiera el acto
interruptivo y se extiende de derecho a las multas y a los respectivos accesorios.
Artículo 62: El cómputo del término de la prescripción se suspende por la interposición de
peticiones o recursos administrativos o judiciales o de la acción del juicio ejecutivo, hasta sesenta
(60) días después que se adopte resolución definitiva sobre los mismos.
En el caso de interposición de peticiones o recursos administrativos, la resolución definitiva puede
ser tácita o expresa.
En el caso de la interposición de recursos judiciales o de la acción del juicio ejecutivo, la
paralización del procedimiento en los casos previstos en los artículos 66, 69, 71 y 144 del Código
de Procedimiento Civil, hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la
prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de
nuevo, al igual que sí cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable
a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.

15

También se suspenderá el curso de la prescripción de la acción para exigir el pago de las deudas
tributarias liquidadas y de las sanciones impuestas mediante acto definitivamente firme, en los
supuestos de falta de comunicación de cambio de domicilio. Esta suspensión surtirá efecto desde
la fecha en que se verifique y se deje constancia de la inexistencia del domicilio declarado y se
prolongará hasta la declaración formal del nuevo domicilio por parte del sujeto pasivo.
Artículo 63: La prescripción de la acción para verificar, fiscalizar, determinar y exigir el pago de
la obligación tributaria extingue el derecho a sus accesorios.
Artículo 64: Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de
repetición, salvo que el pago se hubiere efectuado bajo reserva expresa del derecho a hacerlo
valer.
Artículo 65: El contribuyente o responsable podrá renunciar en cualquier momento a la
prescripción consumada, entendiéndose efectuada la renuncia cuando paga la obligación
tributaria.
El pago parcial de la obligación prescrita no implicará la renuncia de la prescripción respecto del
resto de la obligación y sus accesorios que en proporción correspondan.
CAPITULO VII
DE LOS INTERESES MORATORIOS
Artículo 66: La falta de pago de la obligación tributaria dentro del plazo establecido para ello,
hace surgir, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento previo de la Administración
Tributaria, la obligación de pagar intereses moratorios desde el vencimiento del plazo establecido
para la autoliquidación y pago del tributo hasta la extinción total de la deuda, equivalentes a 1.2
veces la tasa activa bancaria aplicable, respectivamente, por cada uno de los períodos en que
dichas tasas estuvieron vigentes.
A los efectos indicados, la tasa será la activa promedio de los seis (6) principales bancos
comerciales y universales del país con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras con
intereses preferenciales, calculada por el Banco Central de Venezuela para el mes calendario
inmediato anterior. La Administración Tributaria Nacional deberá publicar dicha tasa dentro los
primeros (10) días continuos del mes. De no efectuar la publicación en el lapso aquí previsto se
aplicará la última tasa activa bancaria que hubiera publicado la Administración Tributaria Nacional.
Parágrafo Único: Los intereses moratorios se causarán aun en el caso que se hubieren
suspendido los efectos del acto en vía administrativa o judicial.
Artículo 67: En los casos de deudas del Fisco resultantes del pago indebido o de recuperación de
tributos, accesorios y sanciones, los intereses moratorios se calcularán a la tasa activa bancaria,
incrementada en 1.2 veces, aplicable, respectivamente, por cada uno de los períodos en que
dichas tasas estuvieron vigentes.
A los efectos indicados, la tasa activa bancaria será la señalada en el artículo 66 de este Código.
En tal caso, los intereses se causarán de pleno derecho a partir de los sesenta (60) días de la
reclamación del contribuyente, o en su caso, de la notificación de la demanda, hasta la devolución
definitiva de lo pagado.

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Parágrafo Único: En los casos en que el contribuyente o responsable hubieren pagado deudas
tributarias en virtud de la no suspensión de los efectos del acto recurrido, y con posterioridad el
Fisco hubiere resultado perdidoso en vía judicial, los intereses moratorios a los que se refiere este
artículo se calcularán desde la fecha en que el pago se produjo hasta su devolución definitiva.
CAPITULO VIII
DE LOS PRIVILEGIOS Y GARANTIAS
Artículo 68: Los créditos por tributos gozan de priv ilegio general sobre todos los bienes del
contribuyente o responsable y tendrán prelación sobre los demás créditos con excepción de:
1. Los garantizados con derecho real.
2. Las pensiones alimenticias, salarios y demás derechos derivados del trabajo y de
seguridad social.
El privilegio es extensivo a los accesorios del crédito tributario y a las sanciones de carácter
pecuniario.
Artículo 69: Los créditos fiscales de varios sujetos activos contra un mismo deudor, concurrirán a
prorrata en el privilegio en proporción a sus respectivos montos.
Artículo 70: Cuando se celebren convenios particulares para el otorgamiento de prórrogas,
fraccionamientos, plazos u otras facilidades de pago, en cualesquiera de los casos señalados por
este Código, la Administración Tributaria requerirá al solicitante constituir garantías suficientes, ya
sean personales o reales.
La constitución de garantías previstas en este artículo no será requerida cuando a juicio de la
Administración Tributaria la situación no lo amerite, y siempre que el monto adeudado no exceda
en el caso de personas naturales de cien unidades tributarias (100 U.T.), y en el caso de personas
jurídicas de quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Artículo 71: La Administración Tributaria podrá solicitar la constitución de garantías suficientes,
personales o reales, en los casos en que hubiere riesgos ciertos para el cumplimiento de la
obligación tributaria.
Artículo 72: Cuando de conformidad con los artículos 70 y 71 de este Código se constituyan
fianzas para gara ntizar el cumplimiento de la obligación tributaria, sus accesorios y multas, éstas
deberán otorgarse en documento autenticado, por empresas de seguros o instituciones bancarias
establecidas en el país, o por personas de comprobada solvencia económica, y estarán vigentes
hasta la extinción total de la deuda u obligación afianzada.
Las fianzas deberán ser otorgadas a satisfacción de la Administración Tributaria y deberán cumplir
con los siguientes requisitos mínimos:

1. Ser solidarias.
2. Hacer renuncia expresa de los beneficios que acuerde la ley a favor del fiador.
A los fines de lo previsto en este artículo, se establecerá como domicilio especial la jurisdicción de
la dependencia de la Administración Tributaria donde se consigne la garantía.

17

Cada fianza será otorgada para garantizar la obligación principal, sus accesorios y multas, así
como en los convenios o procedimiento en que ella se requiera.
CAPITULO IX
DE LAS EXENCIONES Y EXONERACIONES
Artículo 73: Exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, otorgada
por la ley.
Exoneración es la dispensa total o parcial del pago la obligación tributaria, concedida por el Poder
Ejecutivo en los casos autorizados por la ley.
Artículo 74: La ley que autorice al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones, especificará los
tributos que comprenda, los presupuestos necesarios para que proceda y las condiciones a las
cuales está sometido el beneficio. La ley podrá facultar al Poder Ejecutivo para someter la
exoneración a determinadas condiciones y requisitos.
Artículo 75: La ley que autorice al Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones, establecerá el
plazo máximo de duración del beneficio. Si no lo fija, el término máximo de la exoneración será de
cinco (5) años. Vencido el término de la exoneración, el Poder Ejecutivo podrá renovarla hasta por
el plazo máximo fijado en la ley, o en su defecto, el de este artículo.
Parágrafo Único: Las exoneraciones concedidas a instituciones sin fines de lucro, podrán ser por
tiempo indefinido.
Artículo 76: Las exoneraciones serán concedidas con carácter general, en favor de todos los que
se encuentren en los presupuestos y condiciones establecidos en la ley o fijados por el Poder
Ejecutivo.
Artículo 77: Las exenciones y exoneraciones pueden ser derogadas o modificadas por ley
posterior, aunque estuvieren fundadas en determinadas condiciones de hecho. Sin embargo,
cuando tuvieren plazo cierto de duración, los beneficios en curso se mantendrán por el resto de
dicho término, pero en ningún caso por más de cinco (5) años a partir de la derogatoria o
modificación.
Artículo 78: Las rebajas de tributos se regirán por las normas de este Capítulo en cuanto les
sean aplicables.
TITULO III
DE LOS ILICITOS TRIBUTARIOS Y DE
LAS SANCIONES
CAPITULO I
PARTE GENERAL
SECCION PRIMERA

18

Artículo 79: Las disposiciones de este Código se aplicarán a todos los ilícitos tributarios, con
excepción a los previstos en la normativa aduanera, los cuales se tipificarán y aplicarán de
conformidad con las leyes respectivas.
A falta de disposiciones especiales de este Título, se aplicarán supletoriamente los principios y
normas de Derecho Penal, compatibles con la naturaleza y fines del Derecho Tributario.
Parágrafo Único: Los ilícitos tipificados en el Capítulo II de este Título, serán sancionados
conforme a sus disposiciones.
Artículo 80: Constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias.
Los ilícitos tributarios se clasifican:

1.
2.
3.
4.

Ilícitos formales.
Ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas.
Ilícitos materiales.
Ilícito sancionado con pena restrictiva de libertad.
SECCION SEGUNDA
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 81: Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias,
se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. De igual manera
se procederá cuando haya concurrencia de un ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de
la libertad y otro delito no tipificado en este Código.
Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas, aumentada con la mitad de las
restantes.
Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con pena pecuniaria, pena restrictiva
de libertad, clausura de establecimiento, o cualquier otra sanción que por su heterogeneidad no
sea acumulable, se aplicarán conjuntamente.
Parágrafo Único: La concurrencia prevista en este artículo se aplicará aún cuando se trate de
tributos distintos o de diferentes períodos, siempre que las sanciones se impongan en un mismo
procedimiento.
Artículo 82: Habrá reincidencia cuando el imputado después de una sentencia o resolución firme
sancionadora, cometiere uno o varios ilícitos tributarios de la misma índole durante los cinco (5)
años contados a partir de aquellos.
Artículo 83: Son causas de extinción de las acciones por ilícitos tributarios:

1. La muerte del autor principal extingue la acción punitiva, pero no extingue la acción contra
2.
3.
4.

coautores y partícipes. No obstante, subsistirá la responsabilidad por las multas aplicadas
que hubieren quedado firmes en vida del causante.
La amnistía.
La prescripción.
Las demás causas de extinción de la acción tributaria conforme a este Código.

19

SECCION TERCERA
DE LA RESPONSABILIDAD
Artículo 84: La responsabilidad por ilícitos tributarios es personal, salvo las excepciones
contempladas en este Código.
Artículo 85: Son circunstancias que eximen de responsabilidad por ilícitos tributarios:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El hecho de no haber cumplido 18 años.
La incapacidad mental debidamente comprobada.
El caso fortuito y la fuerza mayor.
El error de hecho y de derecho excusable.
La obediencia legítima y debida.
Cualquier otra circunstancia prevista en las leyes y aplicables a los ilícitos tributarios.

Artículo 86: Se aplicará la misma sanción que al autor principal del ilícito, sin perjuicio de la
graduación de la sanción que corresponda, a los coautores que tomaren parte en la ejecución del
ilícito.
Artículo 87: Se aplicará la misma sanción que al autor principal del ilícito disminuida de dos
terceras partes a la mitad, sin perjuicio de la graduación de la sanción que corresponda, a los
instigadores que impulsen, sugieran o induzcan a otro a cometer el ilícito o refuercen su
resolución.
Artículo 88: Se aplicará la misma sanción correspondiente al ilícito de defraudación tributaria,
disminuida de dos terceras partes a la mitad:
a) A aquellos que presten al autor principal o coautor su concurso, auxilio o cooperación en la
comisión de dicho ilícito mediante el suministro de medios o apoyando con sus conocimientos,
técnicas y habilidades, así como a aquellos que presten apoyo o ayuda posterior cumpliendo
promesa anterior a la comisión del ilícito.
b) A los que sin promesa anterior al ilícito y después de la ejecución de éste, adquieran, tengan
en su poder, oculten, vendan o colaboren en la venta de bienes respectos de los cuales sepan o
deban saber que se ha cometido un ilícito.
Parágrafo Único: No constituyen suministros de medios, apoyo ni participación en ilícitos
tributarios, las opiniones o dictámenes de profesionales y técnicos, en los que se expresen
interpretaciones de los textos legales y reglamentarios relativos a los tributos en ellos
establecidos.
Artículo 89: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se les aplicará la inhabilitación
para el ejercicio de la profesión por un término igual a la pena impuesta, a los profesionales y
técnicos que con motivo del ejercicio de su profesión o actividad participen, apoyen, auxilien o
cooperen en la comisión del ilícito de defraudación tributaria.
Artículo 90: Las personas jurídicas responden por los ilícitos tributarios. Por la comisión de los
ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad, serán responsables sus directores,
gerentes, administradores, representantes o síndicos que hayan personalmente participado en la
ejecución del ilícito.

20

Artículo 91: Cuando un mandatario, representante, administrador, síndico, encargado o
dependiente incurriere en ilícito tributario, en el ejercicio de sus funciones, los representados
serán responsables por las sanciones pecuniarias, sin perjuic io de su acción de reembolso contra
aquéllos.
Artículo 92: Los autores, coautores y partícipes responden solidariamente por las costas
procesales.
SECCION CUARTA
DE LAS SANCIONES
Artículo 93: Las sanciones, salvo las penas restrictivas de libertad, serán aplicadas por la
Administración Tributaria, sin perjuicio de los recursos que contra ellas puedan ejercer los
contribuyentes o responsables. Las penas restrictivas de libertad y la inhabilitación para el
ejercicio de oficios y profesiones, sólo podrán ser aplicadas por los órganos judiciales
competentes, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley procesal penal.
Parágrafo Único: Los órganos judiciales podrán resolver la suspensión condicional de la
ejecución de la pena restrictiva de libertad, cuando se trate de infractores no reincidentes,
atendiendo a las circunstancias del caso y previo el pago de las cantidades adeudadas al Fisco. La
suspensión de la ejecución de la pena quedará sin efecto en caso de reincidencia.
Artículo 94: Las sanciones aplicables son:

1. Prisión.
2. Multa.
3. Comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para
4.
5.
6.

cometerlo.
Clausura temporal del establecimiento.
Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones.
Suspensión o revocación del registro y autorización de industrias y expendios de especies
gravadas y fiscales.

Parágrafo Primero: Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en
unidades tributarias (U.T.) se utilizará el valor de la misma que estuviere vigente para el
momento del pago.
Parágrafo Segundo: Las multas establecidas en este Código expresadas en términos
porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al
momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere
vigente para el momento del pago.
Parágrafo Tercero: Las sanciones pecuniarias no son convertibles en penas restrictivas de la
libertad.
Artículo 95: Son circunstancias agravantes:

1. La reincidencia
2. La condición de funcionario o empleado público que tengan sus coautores o partícipes.
3. La magnitud monetaria del perjuicio fiscal y la gravedad del ilícito.

21

Artículo 96: Son circunstancias atenuantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El grado de instrucción del infractor.
La conducta que el autor asuma en el esclarecimiento de los hechos.
La presentación de la declaración y pago de la deuda para regularizar el crédito tributario.
El cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la
sanción.
El cumplimiento de la normativa relativa a la determinación de los precios de transferencia
entre partes vinculadas.
Las demás circunstancias atenuantes que resulten de los procedimientos administrativos o
judiciales, aunque no estén previstas expresamente por la Ley.

Artículo 97: Cuando no fuere posible el comiso por no poder aprehenderse las mercancías u
objetos, será reemplazado por multa igual al valor de éstos.
Cuando a juicio de la Administración Tributaria, exista una diferencia apreciable de valor entre las
mercancías en infracción y los efectos utilizados para cometerla, se sustituirá el comiso de éstos
por una multa adicional de dos (2) a cinco (5) veces el valor de las mercancías en infracción,
siempre que los responsables no sean reincidentes en el mismo tipo de ilícito.
Artículo 98: Cuando las sanciones estén relacionadas con el valor de mercancías u objetos, se
tomará en cuenta el valor corriente de mercado al momento en que se cometió el ilícito, y en caso
de no ser posible la determinación de éste, se tomará en cuenta la fecha en que la Administración
Tributaria tuvo conocimiento del ilícito.
CAPITULO II
PARTE ESPECIAL
SECCION PRIMERA
DE LOS ILICITOS FORMALES
Artículo 99: Los ilícitos formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas.
Emitir o exigir comprobantes.
Llevar libros o registros contables o especiales.
Presentar declaraciones y comunicaciones.
Permitir el control de la Administración Tributaria.
Informar y comparecer ante la misma.
Acatar las ordenes de la Administración Tributaria, dictadas en uso de sus facultades
legales.
Cualquier otro deber contenido en este Código, en las leyes especiales, sus
reglamentaciones o disposiciones generales de organismos competentes.

Artículo 100: Constituyen ilícitos formales relacionados con el deber de inscribirse ante la
Administración Tributaria:

1. No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, estando obligado a ello.

22

2. Inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, fuera del plazo establecido en
las leyes, reglamentos, resoluciones y providencias.

3. Proporcionar o comunicar la información relativa a los antecedentes o datos para la
inscripción o actualización en los registros, en forma parcial, insuficiente o errónea.

4. No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria informaciones relativas a los
antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio o actualización en los
registros, dentro de los plazos establecidos en las normas tributarias respectivas.

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 1 y 4 será sancionado con
multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.), la cual se incrementará en cincuenta unidades
tributarias (50 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de doscientas unidades
tributarias (200 U.T.).
multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), la cual se incrementará en veinticinco
unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cien unidades
Artículo 101: Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de emitir y exigir
comprobantes:

1. No emitir facturas u otros documentos obligatorios.
2. No entregar las facturas y otros documentos cuya entrega sea obligatoria.
3. Emitir facturas u otros documentos obligatorios con prescindencia total o parcial de los
requisitos y características exigidos por las normas tributarias.

4. Emitir facturas u otros documentos obligatorios a través de máquinas fiscales, sistemas de
5.
6.

facturación electrónica u otros medios tecnológicos, que no reúnan los requisitos exigidos
por las normas tributarias.
No exigir a los vendedores o prestadores de servicios las facturas, recibos o comprobantes
de las operaciones realizadas, cuando exista la obligación de emitirlos.
Emitir o aceptar documentos o facturas cuyo monto no coincida con el correspondiente a la
operación real.

Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 será sancionado con multa de una unidad
tributaria (1 U.T.) por cada factura, comprobante o documento dejado de emitir hasta un máximo
de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) por cada período o ejercicio fiscal, si fuere el caso.
Cuando se trate de impuestos al consumo y el monto total de las facturas, comprobantes o
documentos dejados de emitir exceda de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) en un mismo
período, el infractor será sancionado además con clausura de uno (1) hasta cinco (5) días
continuos de la oficina, local o establecimiento en que se hubiera cometido el ilícito. Si la comisión
del ilícito no supera la cantidad señalada, sólo se aplicará la sanción pecuniaria. Si la empresa
tiene varias sucursales, la clausura sólo se aplicará en el lugar de la comisión del ilícito.
Quien incurra en los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado con multa de una
unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura, comprobante o documento emitido hasta un máximo
de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) por cada período, si fuere el caso.
Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 5 será sancionado con multa de una a cinco
unidades tributarias. (1 U.T. a 5 U.T.)
Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 6 será sancionado con multa de cinco a cincuenta
unidades tributarias. (5 U.T. a 50 U.T.).

23

Artículo 102: Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de llevar libros y
registros especiales y contables:

1. No llevar los libros y registros contables y especiales exigidos por las normas respectivas.
2. Llevar los libros y registros contables y especiales sin cumplir con las formalidades y
3.
4.

condiciones establecidas por las normas correspondientes, o llevarlos con atraso superior a
un (1) mes.
No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad y otros registros
contables, excepto para los contribuyentes autorizados por la Administración Tributaria a
llevar contabilidad en moneda extranjera.
No conservar durante el plazo establecido por las leyes y reglamentos los libros, registros,
copias de comprobantes de pago u otros documentos; así como, los sistemas o programas
computarizados de contabilidad, los soportes magnéticos o los microarchivos.

Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 será sancionado con multa de cincuenta
unidades tributarias (50 U.T.), la cual se incrementará en cincuenta unidades tributarias (50 U.T.)
por cada nueva infracción hasta un máximo de doscientas cincuenta unidades tributarias (250
U.T.).
Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado
con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), la cual se incrementará en veinticinco
unidades tributarias (25 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cien unidades
En caso de impuestos indirectos, la comisión de los ilícitos tipificados en cualesquiera de los
numerales de este artículo, acarreará, además de la sanción pecuniaria, la clausura de la oficina,
local o establecimiento, por un plazo máximo de tres (3) días continuos. Si se trata de una
empresa con una o más sucursales, la sanción abarcará la clausura de las mismas, salvo que la
empresa lleve libros especiales por cada sucursal de acuerdo a las normas respectivas, caso en el
cual sólo se aplicará la sanción a la sucursal o establecimiento en donde se constate la comisión
del ilícito.
Artículo 103: Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de presentar
declaraciones y comunicaciones:

1. No presentar las declaraciones que contengan la determinación de los tributos, exigidas
por las normas respectivas.

2. No presentar otras declaraciones o comunicaciones.
3. Presentar las declaraciones que contengan la determinación de los tributos en forma
incompleta o fuera de plazo.

4. Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o fuera de plazo.
5. Presentar más de una declaración sustitutiva, o la primera declaración sustitutiva con
posterioridad al plazo establecido en la norma respectiva.

6. Presentar las declaraciones en formularios, medios, formatos o lugares, no autorizados por
la Administración Tributaria.

7. No presentar o presentar con retardo la declaración informativa de las inversiones en
jurisdicciones de baja imposición fiscal.

multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en diez unidades tributarias
(10 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).

24

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 3, 4, 5 y 6 será sancionado
con multa de cinco unidades tributarias (5 U.T.), la cual se incrementará en cinco unidades
tributarias (5 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de veinticinco unidades tributarias
(25 U.T.).
Quien no presente la declaración prevista en el numeral 7 será sancionado con multa de mil a dos
mil unidades tributarias (1000 U.T. a 2000 U.T.). Quien la presente con retardo será sancionado
con multa de doscientas cincuenta a setecientas cincuenta unidades tributarias (250 U.T. a 750
U.T.).
Artículo 104: Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de permitir el control de
la Administración Tributaria:

1. No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite.
2. Producir, circular o comercializar productos o mercancías gravadas sin el signo de control
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

visible exigido por las normas tributarias o sin las facturas o comprobantes de pago que
acrediten su adquisición.
No mantener en condiciones de operación los soportes portadores de microformas
grabadas y los soportes magnéticos utilizados en las aplicaciones que incluyen datos
vinculados con la materia imponible, cuando se efectúen registros mediante microarchivos
o sistemas computarizados.
No exhibir, ocultar o destruir carteles, señales y demás medios utilizados, exigidos o
distribuidos por la Administración Tributaria.
No facilitar a la Administración Tributaria los equipos técnicos de recuperación visual,
pantalla, visores y artefactos similares, para la revisión de orden tributario de la
documentación micrograbada que se realice en el local del contribuyente.
Imprimir facturas y otros documentos sin la autorización otorgada por la Administración
Tributaria, cuando lo exijan las normas respectivas.
Imprimir facturas y otros documentos en virtud de la autorización otorgada por la
Administración Tributaria, incumpliendo con los deberes previstos en las normas
respectivas.
Fabricar, importar y prestar servicios de mantenimiento a las máquinas fiscales en virtud
de la autorización otorgada por la Administración Tributaria, incumpliendo con los deberes
previstos en las normas respectivas.
Impedir por sí o por interpuestas personas el acceso a los locales, oficinas o lugares donde
deban iniciarse o desarrollarse las facultades de fiscalización.
La no utilización de la metodología establecida en materia de precios de transferencia.

Quienes incurran en cualesquiera de los ilícitos descritos en los numerales 1 al 8 será sancionado
con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en diez unidades
tributarias (10 U.T.) por cada nueva infracción hasta un máximo de cincuenta unidades tributarias
(50 U.T.). Además quienes incurran en los ilícitos descritos en los numerales 5, 6, 7 y 8, le será
revocada la respectiva autorización.
Quien incurra en el ilícito previsto en el numeral 9 será sancionado con multa de ciento cincuenta
a quinientas unidades tributarias (150 U.T. a 500 U.T.), sin perjuicio de lo previsto en el numeral
13 del artículo 127 de este Código.
Quien incurra en el ilícito previsto en el numeral 10 será sancionado con multa de trescientas a
quinientas unidades tributarias (300 U.T. a 500 U.T.).
Artículo 105: Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de informar y
comparecer ante la Administración Tributaria:

25

1. No proporcionar información que sea requerida por la Administración Tributaria sobre sus

actividades o las de terceros con los que guarde relación, dentro de los plazos establecidos.

2. No notificar a la Administración Tributaria las compensaciones y cesiones en los términos
establecidos en este Código

3. Proporcionar a la Administración Tributaria información falsa o errónea.
4. No comparecer ante la Administración Tributaria cuando ésta lo solicite.
Quien incurra en los ilícitos previstos en los numerales 1 y 2 será sancionado con multa de diez
unidades tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en diez unidades tributarias (10 U.T.) por
cada nueva infracción hasta un máximo de doscientas unidades tributarias (200 U.T.).
Quien incurra en los ilícitos previstos en los numerales 3 y 4 será sancionado con multa de diez
unidades tributarias (10 U.T.), la cual se incrementará en diez unidades tributarias (10 U.T.) por
cada nueva infracción hasta un máximo de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).
Parágrafo Único: Serán sancionados con multa de doscientas a quinientas unidades tributarias
(200 U.T. a 500 U.T.) los funcionarios de la Administración Tributaria que revelen información de
carácter reservado o hagan uso indebido de la misma. Asimismo, serán sancionados con multas
de quinientas a dos mil unidades tributarias (500 U.T. a 2000 U.T.), los funcionarios de la
Administración Tributaria, los contribuyentes o responsables, las autoridades judiciales y cualquier
otra persona que directa o indirectamente revelen, divulguen o hagan uso personal o indebido de
la información proporcionada por terceros independientes que afecten o puedan afectar su
posición competitiva en materia de precios de transferencia, sin perjuicio de la responsabilidad
disciplinaria, administrativa, civil o penal en que incurran.
Artículo 106: Se considerarán como desacato a las órdenes de la Administración Tributaria:

1. La reapertura de un establecimiento comercial o industrial o de la sección que corresponda,
2.

3.

con violación de una clausura impuesta por la Administración Tributaria, no suspendida o
revocada por orden administrativa o judicial.
La destrucción o alteración de los sellos, precintos o cerraduras puestos por la
Administración Tributaria, o la realización de cualquier otra operación destinada a
desvirtuar la colocación de sellos, precintos o cerraduras, no suspendida o revocada por
orden administrativa o judicial.
La utilización, sustracción, ocultación o enajenación de bienes o documentos que queden
retenidos en poder del presunto infractor, en caso que se hayan adoptado medidas
cautelares.

Quien incurra en cualesquiera de los ilícitos señalados en este artículo serán sancionados con
multa de doscientas a quinientas unidades tributarias ( 200 a 500 U.T.).
Artículo 107: El incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica, establecido
en las leyes y demás normas de carácter tributario, será penado con multa de diez a cincuenta
unidades tributarias (10 a 50 U.T.).
SECCION SEGUNDA
DE LOS ILICITOS RELATIVOS A LAS ESPECIES
FISCALES Y GRAVADAS
Artículo 108: Constituyen ilícitos relativos a las especies fiscales y gravadas:

26

1. Ejercer la industria o importación de especies gravadas sin la debida autorización de la
Administración Tributaria Nacional.

2. Comercializar o expender en el territorio nacional especies gravadas destinadas a la
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

exportación o al consumo en zonas francas, puertos libres u otros territorios sometidos a
régimen aduanero especial.
Expender especies fiscales, aunque sean de lícita circulación, sin autorización por parte de
Comercializar o expender especies gravadas, aunque sean de lícita circulación, sin
autorización por parte de la Administración Tributaria.
Producir, comercializar o expender especies fiscales o gravadas sin haber renovado la
autorización otorgada por la Administración Tributaria.
Efectuar sin la debida autorización, modificaciones o transformaciones capaces de alterar
las características, índole o naturaleza de las industrias, establecimientos, negocios y
expendios de especies gravadas.
Circular, comercializar, distribuir o expender de especies gravadas que no cumplan los
requisitos legales para su elaboración o producción, así como aquellas de procedencia
ilegal o estén adulteradas.
Comercializar o expender de especies gravadas sin las guías u otros documentos de
amparo previstos en la Ley, o que estén amparadas en guías o documentos falsos o
alterados.
Circular especies gravadas que carezcan de etiquetas, marquillas, timbres, sellos, cápsulas,
bandas u otros aditamentos o éstos sean falsos o hubiesen sido alterados en cualquier
forma, o no hubiesen sido aprobados por la Administración Tributaria.
Expender especies gravadas a establecimientos o personas no autorizados para su
comercialización o expendio.
Vender especies fiscales sin valor facial.
Ocultar, acaparar, o negar injustificadamente las planillas, los formatos, formularios o
especies fiscales.

Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1, sin perjuicio de la aplicación de la pena
prevista en el artículo 116 de este Código, será sancionado con multa de ciento cincuenta a
trescientas cincuenta unidades tributarias (150 a 350 U.T.) y comiso de los aparatos, recipientes,
vehículos, útiles, instrumentos de producción, materias primas y especies relacionadas con la
industria clandestina.
Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 2, será sancionado con multa de cien a
doscientas cincuenta unidades tributarias (100 a 250 U.T.) y comiso de las especies gravadas.
Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 3 será sancionado con multa de cincuenta a
ciento cincuenta unidades tributarias (50 a 150 U.T.) y el comiso de las especies fiscales.
Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 4 será sancionado con multa de cincuenta a
ciento cincuenta unidades tributarias (50 a 150 U.T.) y la retención preventiva de las especies
gravadas hasta tanto obtenga la correspondiente autorización. Si dentro de un plazo que no
excederá de tres (3) meses el interesado no obtuviere la autorización respectiva o la misma fuere
denegada por la Administración Tributaria, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos
217, 218 y 219 de este Código.
Quien incurra en los ilícitos descritos en los numerales 5 y 6 será sancionado con multa de
veinticinco a cien unidades tributarias (25 a 100 U.T.) y suspensión de la actividad respectiva
hasta tanto se obtengan las renovaciones o autorizaciones necesarias. En caso de reincidencia, se
revocará el respectivo registro y autorización para el ejercicio de la industria o el expendio de
especies fiscales o gravadas.

27

Quien incurra en los ilícitos descritos en los numerales 7, 8 y 9 será sancionado con multa de 100
a 250 U.T. y el comiso de las especies gravadas. En caso de reincidencia, se suspenderá, hasta
por un lapso de tres (3) meses, la autorización para el ejercicio de la industria o el expendio de
especie gravadas, o se revocará la misma, dependiendo de la gravedad del caso.
Quien incurra en los ilícitos descritos en los numerales 10, 11 y 12 será sancionado con multa de
cien a trescientas unidades tributarias (100 a 300 U.T.).
SECCION TERCERA
DE LOS ILICITOS MATERIALES
Artículo 109: Constituyen ilícitos materiales:
1. El retraso u omisión en el pago de tributos o de sus porciones.
2. El retraso u omisión en el pago de anticipos.
3. El incumplimiento de la obligación de retener o percibir.
4. La obtención de devoluciones o reintegros indebidos.
Artículo 110: Quien pague con retraso los tributos debidos, será sancionado con multa del uno
por ciento (1%) de aquellos.
Incurre en retraso el que paga la deuda tributaria después de la fecha establecida al efecto, sin
haber obtenido prórroga, y sin que medie una verificación, investigación o fiscalización por la
Administración Tributaria respecto del tributo de que se trate. En caso de que el pago del tributo
se realice en el curso de una investigación o fiscalización, se aplicará la sanción prevista en el
artículo siguiente.
Artículo 111: Quien mediante acción u omisión, y sin perjuicio de la sanción establecida en el
artículo 116, cause una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, inclusive mediante el
disfrute indebido de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales, será sancionado con
multa de un veinticinco por ciento (25 %) hasta el doscientos por ciento (200 %) del tributo
omitido.
Parágrafo Primero: Cuando la Ley exija la estimación del valor de determinados bienes, y el
avalúo administrativo no aumente el valor en más de una cuarta parte, no se impondrá sanción
por este respecto. Las leyes especiales podrán eximir de sanción las diferencias de tributo
provenientes de la estimación de otras características relativas a los bienes.
Parágrafo Segundo: En los casos previstos en el artículo 186 de este Código, se aplicará la
multa en un diez por ciento (10%) del tributo omitido.
Artículo 112: Quien omita el pago de anticipos a cuenta de la obligación tributaria principal o no
efectúe la retención o percepción, será sancionado:

1. Por omitir el pago de anticipos a que está obligado, con el 10% al 20% de los anticipos
2.

omitidos.
Por incurrir en retraso del pago de anticipos a que está obligado, con el 1.5 % mensual de
los anticipos omitidos por cada mes de retraso.

28

3. Por no retener o no percibir los fondos, con el 100% al 300% del tributo no retenido o no
percibido.

4. Por retener o percibir menos de lo que corresponde, con el 50% al 150% de lo no retenido
o no percibido.

Parágrafo Primero: Las sanciones por los ilícitos descritos en este artículo, procederán aún en
los casos que no nazca la obligación tributaria principal, o que generándose la obligación de pagar
tributos, sea en una cantidad menor a la que correspondía anticipar de conformidad con la
normativa vigente.
Parágrafo Segundo: Las sanciones previstas en los numerales 3 y 4 de este artículo se
reducirán a la mitad, en los casos que el responsable en su calidad de agente de retención o
percepción, se acoja al reparo en los términos previsto en el artículo 185 de este Código.
Artículo 113: Quien no entere las cantidades retenidas o percibidas en las oficinas receptoras de
fondos nacionales dentro del plazo establecido en las normas respectivas, será sancionado con
multa equivalente al 50% de los tributos retenidos o percibidos, por cada mes de retraso en su
enteramiento, hasta un máximo 500% del monto de dichas cantidades, sin perjuicio de la
aplicación de los intereses moratorios correspondientes y de la sanción establecida en el artículo
118 de este Código.
Artículo 114: Quien obtenga devoluciones o reintegros indebidos en virtud de beneficios fiscales,
desgravaciones u otra causa, sea mediante certificados especiales u otra forma de devolución,
será sancionado con multa del 50% al 200% de las cantidades indebidamente obtenidas, y sin
perjuicio de la sanción establecida en el artículo 116.
SECCION CUARTA
DE LOS ILICITOS SANCIONADOS CON PENAS
RESTRICTIVAS DE LIBERTAD
Artículo 115: Constituyen ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad:

1. La defraudación tributaria.
2. La falta de enteramiento de anticipos por parte de los agentes de retención o percepción.
3. La divulgación o el uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada
por terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición competitiva, por parte
de los funcionarios o empleados públicos, sujetos pasivos y sus representantes,
autoridades judiciales y cualquier otra persona que tuviese acceso a dicha información.
Parágrafo Único: En los casos de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad a los
que se refieren los numerales 1 y 2 de este artículo, la acción penal se extinguirá si el infractor
acepta la determinación realizada por la Administración Tributaria y paga el monto de la
obligación tributaria, sus accesorios y sanciones, en forma total, dentro del plazo de veinticinco
(25) días hábiles de notificada la respectiva Resolución Culminatoria del Sumario. Este beneficio
no procederá en los casos de reincidencia en los términos establecidos en este Código.
Artículo 116: Incurre en defraudación tributaria el que mediante simulación, ocultación,
maniobra o cualquiera otra forma de engaño induzca en error a la Administración Tributaria y
obtenga para sí o un tercero un enriquecimiento indebido superior a dos mil unidades tributarias
(2.000 U.T.) a expensas del sujeto activo a la percepción del tributo.

29

La defraudación será penada con prisión de seis (6) meses a siete (7) años. Esta sanción será
aumentada de la mitad a dos terceras partes, cuando la defraudación se ejecute mediante la
ocultación de inversiones realizadas o mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal.
Cuando la defraudación se ejecute mediante la obtención indebida de devoluciones o reintegros
por una cantidad superior a cien unidades tributarias (100 U.T), será penada con prisión de cuatro
(4) a ocho (8) años.
Parágrafo Único: A los efectos de determinar la cuantía señalada en este artículo, se atenderá a
lo defraudado en cada liquidación o devolución, cuando el tributo se liquide por año. Si se trata de
tributos que se liquidan por períodos inferiores a un año o tributos instantáneos, se atenderá al
importe defraudado en las liquidaciones o devoluciones comprendidas en un año.
Artículo 117: Se considerarán indicios de defraudación, entre otros:

1. Declarar cifras o datos falsos u omitir deliberadamente circunstancias que influyan en la
determinación de la obligación tributaria.

2. No emitir facturas u otros documentos obligatorios.
3. Emitir o aceptar facturas o documentos cuyo monto no coincida con el correspondiente a la
operación real.

4. Ocultar mercancías o efectos gravados o productores de rentas.
5. Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certificado de inscripción o
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

identificación del contribuyente falsos o adulterados en cualquier actuación que se realice
ante la Administración Tributaria o en los casos en que se exija hacerlo.
Llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos.
Contradicción evidente entre las constancias de los libros o documentos y los datos
consignados en las declaraciones tributarias.
No llevar o exhibir libros, documentos o antecedentes contables, en los casos en que los
exija la Ley.
Aportar informaciones falsas sobre las actividades o negocios.
Omitir dolosamente la declaración de hechos previstos en la ley como imponibles o no se
proporcione la documentación correspondiente.
Producir, falsificar, expender, utilizar o poseer especies gravadas cuando no se hubiere
cumplido con los registros o inscripción que las leyes especiales establecen.
Ejercer clandestinamente la industria del alcohol o de las especies alcohólicas.
Emplear mercancías, productos o bienes objeto de beneficios fiscales, para fines distintos
de los que correspondan.
Elaborar o comercializar clandestinamente con especies gravadas, considerándose
comprendidas en esta norma la evasión o burla de los controles fiscales, la utilización
indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control, o su destrucción o
adulteración; la alteración de las características de las especies, su ocultación, cambio de
destino o falsa indicación de procedencia.
Omitir la presentación de la declaración informativa de las inversiones realizadas o
mantenidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal.

Artículo: 118: Quien con intención no entere las cantidades retenidas o percibidas de los
contribuyentes, responsables o terceros, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones
respectivas y obtenga para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido, será penado con
prisión de dos (2) a cuatro (4) años.
Artículo 119: Los funcionarios o empleados públicos, los sujetos pasivos y sus representantes,
las autoridades judiciales y cualquier otra persona que directa o indirectamente, revele, divulgue o

30

haga uso personal o indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información confidencial
proporcionada por terceros independientes que afecte o pueda afectar su posición competitiva,
serán penados con prisión de tres (3) meses a tres (3) años.
Artículo 120: El proceso penal que se instaure con ocasión de los ilícitos sancionados con pena
restrictiva de libertad, no se suspenderá en virtud de controversias suscitadas en la tramitación de
los recursos administrativos y judiciales previstos en este Código.
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CAPITULO I
FACULTADES, ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y DEBERES
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SECCION PRIMERA
FACULTADES, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES GENERALES
Artículo 121: La Administración Tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que
establezcan la Ley de la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos, y en especial:

1. Recaudar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios.
2. Ejecutar los procedimientos de verificación y de fiscalización y determinación para
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

constatar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones de carácter tributario por
parte de los sujetos pasivos del tributo.
Liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios, cuando fuere procedente.
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias solicitando de los órganos
judiciales, las medidas cautelares, coactivas o de acción ejecutiva, de acuerdo a lo previsto
en este Código.
Adoptar las medidas administrativas de conformidad con las disposiciones establecidas en
este Código.
Inscribir en los registros, de oficio o a solicitud de parte, a los sujetos que determinen las
normas tributarias y actualizar dichos registros de oficio o a requerimiento del interesado.
Diseñar e implantar un registro único de identificación o de información que abarque todos
los supuestos exigidos por las leyes especiales tributarias.
Establecer y desarrollar sistemas de información y de análisis estadístico, económico y
tributario.
Proponer, aplicar y divulgar las normas en materia tributaria.
Suscribir convenios con organismos públic os y privados para la realización de las funciones
de recaudación, cobro, notificación, levantamiento de estadísticas, procesamiento de
documentos y captura o transferencias de los datos en ellos contenidos. En los convenios
que se suscriban la Administración Tributaria podrá acordar pagos o compensaciones a
favor de los organismos prestadores del servicio. Asimismo, en dichos convenios deberá
resguardarse el carácter reservado de la información utilizada, conforme a lo establecido
en el artículo 126 de este Código.
Suscribir convenios interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales para el
intercambio de información, siempre que esté resguardado el carácter reservado de la
misma, conforme a lo establecido en el artículo 126 de este Código y garantizando que las

31

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

informaciones suministradas sólo serán utilizadas por aquellas autoridades con
competencia en materia tributaria.
Aprobar o desestimar las propuestas para la valoración de operaciones efectuadas entre
partes vinculadas en materia de precios de transferencia, conforme al procedimiento
previsto en este Código.
Dictar, por órgano de la más alta autoridad jerárquica, instrucciones de carácter general a
sus subalternos, para la interpretación y aplicación de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones relativas a la materia tributaria, las cuales deberán publicarse en la Gaceta
Oficial.
Notificar, de conformidad con lo previsto en el artículo 166 de este Código, las
liquidaciones efectuadas para un conjunto de contribuyentes o responsables, de ajustes
por errores aritméticos, porciones, intereses, multas y anticipos, a través de listados en los
que se indique la identificación de los contribuyentes o responsables, los ajustes realizados
y la firma u otro mecanismo de identificación del funcionario, que al efecto determine la
Administración Tributaria.
Reajustar la unidad tributaria (U.T.) dentro de los quince (15) primeros días del mes de
febrero de cada año, previa opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la
Asamblea Nacional, sobre la base de la variación producida en el Indice de Precios al
Consumidor (IPC) en el Area Metropolitana de Caracas, del año inmediatamente anterior,
publicado por el Banco Central de Venezuela. La opinión de la Comisión Permanente de
Finanzas de la Asamblea Nacional, deberá ser emitida dentro de los quince (15) días
continuos siguientes de solicitada.
Ejercer la personería del Fisco en todas las instancias administrativas y judiciales; en las
últimas las ejercerán de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia.
Ejercer la inspección sobre las actuaciones de sus funcionarios, de los organismos a los que
se refiere el numeral 10 de este artículo, así como de las dependencias administrativas
correspondientes.
Diseñar, desarrollar y ejecutar todo lo relativo al Resguardo Nacional Tributario en la
investigación y persecución de las acciones u omisiones violatorias de las normas
tributarias en la actividad para establecer las identidades de sus autores y partícipes, y en
la comprobación o existencia de los ilícitos sancionados por este Código dentro del ámbito
de su competencia.
Condonar total o parcialmente los accesorios derivados de un ajuste a los precios o montos
de contraprestaciones en operaciones entre partes vinculadas, siempre que dicha
condonación derive de un acuerdo de autoridad competente sobre las bases de
reciprocidad, con las autoridades de un país con el que se haya celebrado un tratado para
evitar la doble tributación, y dichas autoridades hayan devuelto el impuesto
correspondiente sin el pago de cantidades a título de intereses.

Artículo 122: Los documentos que emita la Administración Tributaria en cumplimiento de las
facultades previstas en este Código o en otras leyes y disposiciones de carácter tributario, podrán
ser elaborados mediante sistemas informáticos y se reputarán legítimos y válidos, salvo prueba en
contrario.
La validez de dichos documentos se perfeccionará siempre que contenga los datos e información
necesarios para la acertada compresión de su origen y contenido, y contengan el facsímil de la
firma u otro mecanismo de identificación del funcionario, que al efecto determine la
Las copias o reproducciones de documentos, obtenidas por los sistemas informáticos que posea la
Administración Tributaria, tienen el mismo valor probatorio que los originales, sin necesidad de
cotejo con éstos, en tanto no sean objetadas por el interesado.

32

En todos los casos, la documentación que se emita por la aplicación de sistemas informáticos
deberá estar respaldada por los documentos que la originaron, los cuales serán conservados por
la Administración Tributaria, hasta que hayan transcurrido dos (2) años posteriores a la fecha de
vencimiento del lapso de la prescripción de la obligación tributaria. La conservación de estos
documentos se realizará a través de los medios que determinen las leyes especiales en la materia.
Artículo 123: Los hechos que conozca la Administración Tributaria con motivo del ejercicio de las
facultades previstas en este Código o en otras leyes y disposiciones de carácter tributario, o bien
consten en los expedientes, documentos o registros que lleven o tengan en su poder, podrán ser
utilizados para fundamentar sus actos y los de cualquier otra autoridad u organismo competente
en materia tributaria.
Igualmente para fundamentar sus actos, la Administración Tributaria podrá utilizar documentos,
registros y en general cualquier información suministrada por administraciones tributarias
extranjeras.
Artículo 124: Las autoridades civiles, políticas, administrativas y militares de la República, de los
estados y municipios, los colegios profesionales, asociaciones gremiales, asociaciones de comercio
y producción, sindicatos, bancos, instituciones financieras, de seguros y de intermediación en el
mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y en general cualquier particular
u organización, están obligados a prestar su concurso a todos los órganos y funcionarios de la
Administración Tributaria y suministrar, eventual o periódicamente, las informaciones que con
carácter general o particular le requieran los funcionarios competentes.
Asimismo, los sujetos mencionados en el encabezamiento de este artículo, deberán denunciar los
hechos de que tuvieran conocimiento que impliquen infracciones a las normas de este Código,
leyes y demás disposiciones de carácter tributario.
Parágrafo Único: La información a la que se refiere el encabezamiento de este artículo, será
utilizada única y exclusivamente para fines tributarios y será suministrada en la forma,
condiciones y oportunidad que determine la Administración Tributaria.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrán ampararse en el
secreto bancario. No podrán ampararse en el secreto profesional los sujetos que se encuentren en
relación de dependencia con el contribuyente o responsable.
Artículo 125: La Administración Tributaria podrá utilizar medios electrónicos o magnéticos para
recibir, notificar e intercambiar documentos, declaraciones, pagos o actos administrativos y en
general cualquier información. A tal efecto, se tendrá como válida en los procesos administrativos,
contenciosos o ejecutivos, la certificación que de tales documentos, declaraciones, pagos o actos
administrativos, realice la Administración Tributaria, siempre que demuestre que la recepción,
notificación o intercambio de los mismos se ha efectuado a través de medios electrónicos o
magnéticos.
Artículo 126: Las informaciones y documentos que la Administración Tributaria obtenga por
cualquier medio, tendrán carácter reservado y solo serán comunicadas a la autoridad judicial o a
cualquier otra autoridad en los casos que establezcan las leyes. El uso indebido de la información
reservada dará lugar a la aplicación de las sanciones respectivas.
Parágrafo Único: Las informaciones relativas a la identidad de los terceros independientes en
operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para motivar los acuerdos
anticipados de precios de transferencia, sólo podrán ser reveladas por la Administración Tributaria

33

a la autoridad judicial que conozca del recurso contencioso tributario interpuesto contra el acto
administrativo de determinación que involucre el uso de tal información.
SECCION SEGUNDA
FACULTADES DE FISCALIZACION Y
DETERMINACION
Artículo 127: La Administración Tributaria dispondrá de amplias facultades de fiscalización y
determinación para comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudiendo
especialmente:

1. Practicar fiscalizaciones las cuales se autorizarán a través de providencia administrativa.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Dichas fiscalizaciones podrán efectuarse de manera general sobre uno o varios períodos
fiscales o de manera selectiva sobre uno o varios elementos de la base imponible.
Realizar fiscalizaciones en sus propias oficinas, a través del control de las declaraciones
presentadas por los contribuyentes y responsables, conforme al procedimiento previsto en
este Código, tomando en consideración la información suministrada por proveedores o
compradores, prestadores o receptores de servicios, y en general por cualquier tercero
cuya actividad se relacione con la del contribuyente o responsable sujeto a fiscalización.
Exigir a los contribuyentes, responsables y terceros la exhibición de su contabilidad y
demás documentos relacionados con su actividad, así como que proporcionen los datos o
informaciones que se le requieran con carácter individual o general.
Requerir a los contribuyentes, responsables y terceros para que comparezcan antes sus
oficinas a dar contestación a las preguntas que se le formulen o a reconocer firmas,
documentos o bienes.
Practicar avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte,
en cualquier lugar del territorio de la República.
Recabar de los funcionarios o empleados públic os de todos los niveles de la organización
política del Estado, los informes y datos que posean con motivos de sus funciones.
Retener y asegurar los documentos revisados durante la fiscalización, incluidos los
registrados en medios magnéticos o similares y tomar las medidas necesarias para su
conservación. A tales fines se levantará acta en la cual se especificarán los documentos
retenidos.
Requerir copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos, así como información
relativa a los equipos y aplic aciones utilizados, características técnicas del hardware o
software, sin importar que el procesamiento de datos se desarrolle a través de equipos
propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.
Utilizar programas y utilidades de aplic ación en auditoría fiscal que faciliten la obtención de
datos contenidos en los equipos informáticos de los contribuyentes o responsables y que
resulten necesarios en el procedimiento de fiscalización y determinación.
Adoptar las medidas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o
alteración de la documentación que se exija conforme las disposiciones de este Código,
incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, así como de cualquier otro
documento de prueba relevante para la determinación de la Administración Tributaria,
cuando se encuentre éste en poder del contribuyente, responsables o terceros.
Requerir informaciones de terceros relacionados con los hechos objeto de la fiscalización,
que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer,
así como exhibir documentación relativa a tales situaciones y que se vinculen con la
tributación.
Practicar inspecciones y fiscalizaciones en los locales y medios de transporte ocupados o
utilizados a cualquier título por los contribuyentes o responsables. Para realizarlas fuera de

34

13.
14.

15.

las horas hábiles en que opere el contribuyente o en los domicilios particulares, será
necesario orden judicial de allanamiento de conformidad con lo establecido en las leyes
especiales, la cual deberá ser decidida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de
solicitada, habilitándose el tiempo que fuere menester para practicarlas.
Requerir el auxilio del Resguardo Nacional Tributario o de cualquier fuerza pública cuando
hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello fuere necesario para el
ejercicio de las facultades de fiscalización.
Tomar posesión de los bienes con los que se suponga fundadamente que se ha cometido
ilícito tributario, previo el levantamiento del acta en la cual se especifiquen dichos bienes.
Estos serán puestos a disposición del Tribunal competente dentro de los cinco (5) días
siguientes, para que proceda a su devolución o dicte la medida cautelar que se le solicite.
Solicitar las me didas cautelares conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 128: Para la conservación de la documentación exigida con base en las disposiciones de
este Código y de cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la
obligación tributaria, se podrán adoptar las medidas administrativas que estime necesarias la
Administración Tributaria a objeto de impedir su desaparición, destrucción o alteración. Las
medidas habrán de ser proporcionales al fin que se persiga.
Las medidas podrá n consistir en la retención de los archivos, documentos o equipos electrónicos
de procesamiento de datos que pueda contener la documentación requerida. Las medidas así
adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias que las justificaron.
Parágrafo Único: Los funcionarios encargados de la fiscalización podrán retener la contabilidad o
los medios que la contengan, por un plazo no mayor de treinta (30) días continuos, cuando ocurra
alguno de los siguientes supuestos:

a. El contribuyente o responsable, sus representantes o quienes se encuentren en el lugar

b.
c.
d.
e.
f.

donde se practique la fiscalización, se nieguen a permitir la misma o el acceso a los lugares
donde esta deba realizarse, así como se nieguen a mantener a su disposición la
contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de seguridad u obstaculicen en
cualquier forma la fiscalización.
No se hubieren registrado contablemente las operaciones efectuadas por uno (1) o más
períodos, en los casos de tributos que se liquiden en períodos anuales, o en dos (2) o más
períodos, en los casos de tributos que se liquiden por períodos menores al anual.
Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.
No se hayan presentado dos o más declaraciones, a pesar de haber sido requerida su
presentación por la Administración Tributaria.
Se desprendan, alteren o destruyan los sellos, precintos o marcas oficiales, colocados por
los funcionarios de la Administración Tributaria, o se impida por medio de cualquier
maniobra que se logre el propósito para el que fueron colocados.
El contribuyente o responsable se encuentre en huelga o en suspensión de labores.

En todo caso, se levantará acta en la que se especificará lo retenido, continuándose el ejercicio de
las facultades de fiscalización en las oficinas de la Administración Tributaria. Finalizada la
fiscalización o vencido el plazo señalado en el encabezamiento de este Parágrafo, deberá
devolverse la documentación retenida, so pena de la responsabilidad patrimonial por los daños y
perjuicio que ocasione la demora en la devolución. No obstante, dicho plazo podrá ser prorrogado
por un período igual, mediante Resolución firmada por el superior jerárquico del funcionario fiscal
actuante.

35

En el caso que la documentación incautada sea imprescindible para el contribuyente o
responsable, este deberá solicitar su devolución a la Administración Tributaria, quien ordenará lo
conducente previa certificación de la misma a expensas del contribuyente o responsable.
Artículo 129: Las facultades de fiscalización podrán desarrollarse indistintamente:

a. En las oficinas de la Administración Tributaria.
b. En el lugar donde el contribuyente o responsable tenga su domicilio fiscal, o en el de su
representante que al efecto hubiere designado.

c. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.
d. Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible.
Parágrafo Único: En los casos en que la fiscalización se desarrolle conforme a lo previsto en el
literal a) de este artículo, la Administración Tributaria deberá garantizar el carácter reservado de
la información y disponer las medidas necesarias para su conservación.
Artículo 130: Los contribuyentes y responsables, ocurridos los hechos previstos en la Ley cuya
realización origina el nacimiento de una obligación tributaria, deberán determinar y cumplir por sí
mismos dicha obligación o proporcionar la información necesaria para que la determinación sea
efectuada por la Administración Tributaria, según lo dispuesto en las leyes y demás normas de
carácter tributario.
No obstante, la Administración Tributaria podrá proceder a la determinación de oficio, sobre base
cierta o sobre base presuntiva, así como solicitar las medidas cautelares conforme a las
disposiciones de este Código, en cualesquiera de las siguientes situaciones:

1. Cuando el contribuyente o responsable hubiere omitido presentar la declaración.
2. Cuando la declaración ofreciera dudas relativas a su veracidad o exactitud.
3. Cuando el contribuyente debidamente requerido conforme a la ley no exhiba los libros y
4.
5.
6.

documentos pertinentes o no aporte los elementos necesarios para efectuar la
determinación.
Cuando la declaración no esté respaldada por los documentos, contabilidad u otros medios
que permitan conocer los antecedentes así como el monto de las operaciones que deban
servir para el cálculo del tributo.
Cuando los libros, registros y demás documentos no reflejen el patrimonio real del
contribuyente.
Cuando así lo establezcan este Código o las leyes tributarias, las cuales deberán señalar
expresamente las condiciones y requisitos para que proceda.

Artículo 131: La determinación por la Administración Tributaria se realizará aplicando los
siguientes sistemas:

1. Sobre base cierta, con apoyo en todos los elementos que permitan conocer en forma
directa los hechos imponibles.

2. Sobre base presuntiva, en mérito de los elementos, hechos y circunstancias que por su
vinculación o conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuantía
de la obligación tributaria.
Artículo 132: La Administración Tributaria podrá determinar los tributos sobre base presuntiva,
cuando los contribuyentes o responsables:

36

1. Se opongan u obstaculicen el acceso a los locales, oficinas o lugares donde deban iniciarse
2.
3.
4.

o desarrollarse las facultades de fiscalización, de manera que imposibiliten el conocimiento
cierto de las operaciones.
Lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.
No presenten los libros y registros de la contabilidad, la documentación comprobatoria o no
proporcionen las informaciones relativas a las operaciones registradas.
Ocurra alguna de las siguientes irregularidades:

a. Omisión del registro de operaciones y alteración de ingresos, costos y deducciones.
b. Registro de compras, gastos o servicios que no cuenten con los soportes respectivos.
c. Omisión o alteración en los re gistros de existencias que deban figurar en los inventarios, o
registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.

d. No cumplan con las obligaciones sobre valoración de inventarios o no establezcan
mecanismos de control de los mismos.

5. Se adviertan otras irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las
operaciones, las cuales deberán justificarse razonadamente.

Parágrafo Único: Practicada la determinación sobre base presuntiva subsiste la responsabilidad
que pudiera corresponder por las diferencias derivadas de una posterior determinación sobre base
cierta.
La determinación a que se refiere este artículo no podrá ser impugnada fundándose en hechos
que el contribuyente hubiere ocultado a la Administración Tributaria, o no los hubiere exhibido al
serle requerido dentro del plazo que al efecto fije la Administración Tributaria.
Artículo 133: Al efectuar la determinación sobre base presuntiva la Administración podrá utilizar
los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente o en las declaraciones correspondientes
a cualquier tributo, sean o no del mismo ejercicio, así como cualquier otro elemento que hubiere
servido a la determinación sobre base cierta. Igualmente, podrá utilizar las estimaciones del
monto de ventas mediante la comparación de los resultados obtenidos de la realización de los
inventarios físicos con los montos registrados en la contabilidad, los incrementos patrimoniales no
justificados, el capital invertido en las explotaciones económicas, el volumen de transacciones y
utilidades en otros períodos fiscales, el rendimiento normal del negocio o explotación de empresas
similares, el flujo de efectivo no justificado, así como otro método que permita establecer la
existencia y cuantía de la obligación.
Agotados los medios establecidos en el encabezamiento de este artículo, se procederá a la
determinación tomando como método la aplicación de estándares de que disponga la
Administración Tributaria, a través de información obtenida de estudios económicos y estadísticos
en actividades similares o conexas a la del contribuyente o responsable fiscalizado.
Parágrafo Único: En los casos en que la Administración Tributaria constate diferencias entre los
inventarios en existencia y los registrados, no justificadas fehacientemente por el contribuyente,
procederá conforme a lo siguiente:

1. Cuando tales diferencias resulten en faltantes, se constituirán en ventas omitidas para el

período inmediatamente anterior al que se procede a la determinación, al adicionar a estas
diferencias, valoradas de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados,
el porcentaje de beneficio bruto obtenido por el contribuyente en el ejercicio fiscal anterior
al momento en que se efectúe la determinación.

37

2. Si las diferencias resultan en sobrantes y una vez se constate la propiedad de la misma, se
procederá a ajustar el inventario final de mercancías, valoradas de acuerdo a los principios
de contabilidad generalmente aceptados, correspondiente al cierre del ejercicio fiscal
inmediatamente anterior al momento en que se procede a la determinación,
constituyéndose en una disminución del costo de venta.

Artículo 134: Para determinar tributos o imponer sanciones, la Administración Tributaria podrá
tener como ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos u omisiones conocidos fehacientemente
a través de administraciones tributarias nacionales o extranjeras.
Artículo 135: La determinación efectuada por la Administración Tributaria podrá ser modificada
cuando en la resolución culminatoria del sumario se hubiere dejado constancia del carácter parcial
de la determinación practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en
cuyo caso serán susceptibles de análisis y modificación aquellos aspectos no considerados en la
determinación anterior.
Artículo 136: Los montos de base imponible y de los créditos y débitos de carácter tributario que
determinen los sujetos pasivos o la Administración Tributaria, en las declaraciones juradas y
planillas de pago de cualquier naturaleza, así como en las determinaciones que efectúe la
Administración Tributaria por concepto de tributos, intereses o sanciones, y la resolución de los
recursos y sentencias, se expresarán con aproximación a la unidad monetaria de un bolívar en
más o en menos.
A tal efecto, si la cantidad de céntimos es igual o superior a cincuenta céntimos, se considerará la
unidad bolívar inmediata superior y si fuere inferior a cincuenta céntimos, se considerará la unidad
bolívar inmediata inferior.
SECCION TERCERA
DEBERES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Artículo 137: La Administración Tributaria proporcionará asistencia a los contribuyentes o
responsables y para ello procurará:

1. Explicar las normas tributarias utilizando en lo posible un lenguaje claro y accesible y en
los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos explicativos.

2. Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y
3.
4.
5.
6.
7.

auxiliar a los contribuyentes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones.
Elaborar los formularios y medios de declaración y distribuirlos oportunamente, informando
las fechas y lugares de presentación.
Señalar con precisión en los requerimientos dirigidos a los contribuyentes, responsables y
terceros, los documentos y datos e informaciones solicitados por la Administración
Tributaria.
Difundir los recursos y medios de defensa que se puedan hacer valer contra los actos
dictados por la Administración Tributaria.
Efectuar en distintas partes del territorio nacional reuniones de información, especialmente
cuando se modifiquen las normas tributarias y durante los períodos de presentación de
declaraciones.
Difundir periódicamente los actos dictados por la Administración Tributaria que establezcan
normas de carácter general, así como la doctrina que hubieren emitidos sus órganos
consultivos, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento.

38

Artículo: 138: Cuando la Administración Tributaria reciba por medios electrónicos declaraciones,
comprobantes de pago, consultas, recursos u otros trámites habilitados para esa tecnología,
deberá entregar por la misma vía un certificado electrónico que especifique la documentación
enviada y la fecha de recepción, la cual será considerada como fecha de inicio del procedimiento
de que se trate. En todo caso se prescindirá de la firma autógrafa del contribuyente o
responsable. La Administración Tributaria establecerá los medios y procedimientos de
autenticación electrónica de los contribuyentes o responsables.
Artículo 139: Los funcionarios de la Administración Tributaria y las entidades a las que se
refieren los numerales 10 y 11 del artículo 121 de este Código, estarán obligados a guardar
reserva en lo concerniente a las informaciones y datos suministrados por los contribuyentes,
responsables y terceros, así como los obtenidos en uso de sus facultades legales, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 126 de este Código.
SECCION CUARTA
DEL RESGUARDO NACIONAL TRIBUTARIO
Artículo 140: El Resguardo Nacional Tributario tendrá el carácter de cuerpo auxiliar y de apoyo
de la Administración Tributaria respectiva, para impedir, investigar y perseguir los ilícitos
tributarios y cualquier acción u omisión violatoria de las normas tributarias.
El Resguardo Nacional Tributario será ejercido por la Fuerza Armada Nacional por órgano de la
Guardia Nacional, dependiendo funcionalmente, sin menoscabo de su naturaleza jurídica, del
despacho de la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva.
Artículo 141: El Resguardo Nacional Tributario en el ejercicio de su competencia tendrá, entre
otras, las siguientes funciones:

1. Prestar el auxilio y apoyo que pudieran necesitar los funcionarios de la Administración
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Tributaria, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización e investigación de ilícitos
tributarios.
Proporcionar a la Administración Tributaria el apoyo logístico que le sea solicitado en
materia de medios telemáticos, notificaciones, ubicación de contribuyentes, responsables y
terceros y cualquier otra colaboración en el marco de su competencia cuando le sea
requerido, de acuerdo a las disposiciones de este Código.
Auxiliar y apoyar a la Administración Tributaria en la intervención de libros, documentos,
archivos y sistemas o medios telemáticos objetos de la visita fiscal y tomar las medidas de
seguridad para su conservación y tramitación al órgano competente, en cumplimiento de
las disposiciones de este Código.
Colaborar con la Administración Tributaria cuando los contribuyentes, responsables o
terceros, opongan resistencia en la entrada a los lugares que fuere necesario o se niegue el
acceso a las dependencias, depósitos y almacenes, trenes y demás establecimientos o el
examen de los documentos que deben formular o presentar los contribuyentes para que
los funcionarios de la Administración Tributaria cumplan con el ejercicio de sus
atribuciones.
Auxiliar y apoyar a la Administración Tributaria en la aprehensión preventiva de
mercancías, aparatos, instrumentos y demás accesorios objeto de comiso.
Actuar como auxiliar de los órganos jurisdiccionales en la práctica de las medidas
cautelares.
Las demás funciones y su coordinación con las autoridades y servicios conexos que le
atribuyan las leyes y demás instrumentos jurídicos.

39

Artículo 142: El Resguardo Nacional Tributario, en el ejercicio de las funciones establecidas en
este Código actuará a requerimiento de la Administración Tributaria respectiva, o por denuncia, en
cuyo caso notificará a la Administración Tributaria, la cual dispondrá las acciones pertinentes a
seguir.
Artículo 143: La Administración Tributaria en coordinación con el Resguardo Nacional Tributario,
y de acuerdo a los objetivos estratégicos y planes operativos, establecerá un servicio de
información y coordinación con organismos internacionales tributarios, a fin de mantener
relaciones institucionales y obtener programas de cooperación y asistencia técnica para su
proceso de modernización.
Artículo 144: La máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva
conjuntamente con el Comandante General de la Guardia Nacional dictarán las instrucciones
necesarias para establecer mecanismos adicionales a fin de regular las actuaciones del resguardo
en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y planes operativos.
CAPITULO II
DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES,
RESPONSABLES Y TERCEROS
Artículo 145: Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir con los
deberes formales relativos a las tareas de fiscalización e investigación que realice la
Administración Tributaria y, en especial, deberán:
1. Cuando lo requieran las leyes o reglamentos:

a. Llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales, conforme a las normas

b.
c.
d.
e.

legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, referentes a actividades y
operaciones que se vinculen a la tributación y mantenerlos en el domicilio o
establecimiento del contribuyente y responsable.
Inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos necesarios y comunicando
oportunamente sus modificaciones.
Colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y en las actuaciones
ante la Administración Tributaria o en los demás casos en que se exija hacerlo.
Solicitar a la autoridad que corresponda permisos previos o de habilitación de locales.
Presentar, dentro del plazo fijado, las declaraciones que correspondan.

2. Emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales, cumpliendo con los
requisitos y formalidades en ellas requeridos.
3. Exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de
comercio, los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o
situaciones que constituyan hechos imponibles.
4. Contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones y
fiscalizaciones, en cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos,
buques, aeronaves y otros medios de transporte.

40

5. Exhibir en las oficinas o ante los funcionarios autorizados, las declaraciones, informes,
documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancías, relacionadas con hechos
imponibles, y realizar las aclaraciones que les fueren solicitadas.
6. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su
responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades
del contribuyente.
7. Comparecer a las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida.
8. Dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los
órganos y autoridades tributarias, debidamente notificadas.
Artículo 146: Los deberes formales deben ser cumplidos:

1. En el caso de personas naturales, por sí mismas o por representantes legales o
mandatarios.

2. En el caso de personas jurídicas, por sus representantes legales o convencionales.
3. En el caso de las entidades previstas en el numeral 3 del artículo 22 de este Código, por la
4.

persona que administre los bienes, y en su defecto por cualquiera de los integrantes de la
entidad.
En el caso de sociedades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una
mujer, sucesiones y fideicomisos, por sus representantes, administradores, albaceas,
fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo y en su defecto por
cualquiera de los interesados.

Artículo 147: Las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel reflejo de la
verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriban, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 91 de este Código. Incurren en responsabilidad conforme a lo previsto en el artículo
88 de este Código, los profesionales que emitan dictámenes técnicos o científicos en contradicción
con las leyes, normas o principios que regulen el ejercicio de su profesión o ciencia.
Dichas declaraciones y m
anifestaciones se tendrán como definitivas aun cuando podrán ser
modificadas espontáneamente, siempre y cuando no se hubiere iniciado el procedimiento de
fiscalización y determinación previsto en este Código y, sin perjuicio de las facultades de la
Administración Tributaria y de la aplicación de las sanciones que correspondan, si tal modificación
ha sido hecha a raíz de denuncias u observación de la Administración. No obstante, la
presentación de dos (2) o más declaraciones sustitutivas o la presentación de la primera
declaración sustitutiva después de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del plazo para la
presentación de la declaración sustituida, dará lugar a la sanción prevista en el artículo 103.
Parágrafo Único: Las limitaciones establecidas en este artículo no operarán:

a. Cuando en la nueva declaración se disminuyan sus costos, deducciones o pérdidas o
b.
c.

reduzcan las cantidades acreditables.
Cuando la presentación de la declaración que modifica la original se establezca como
obligación por disposic ión expresa de la Ley.
Cuando la sustitución de la declaración se realice en virtud de las observaciones efectuadas
por la Administración Tributaria.
CAPITULO III

41

DE LOS PROCEDIMIENTOS
SECCION PRIMERA
Artículo 148: Las normas contenidas en esta sección serán aplicables a los procedimientos de
carácter tributario en sede administrativa, sin perjuicio de las establecidas en las leyes y demás
normas tributarias. En caso de situaciones que no puedan resolverse conforme a las disposiciones
de esta sección, se aplicarán supletoriamente las normas que rigen los procedimientos
administrativos y judiciales que más se avengan a su naturaleza y fines.
Artículo 149: La comparecencia ante la Administración Tributaria podrá hacerse personalmente o
por medio de representante legal o voluntario. Quien invoque una representación acreditará su
personería en la primera actuación.
La revocación de la representación acreditada sólo surtirá efectos frente a la Administración
Tributaria, cuando ello se ponga en conocimiento de ésta.
Artículo 150: La fecha de comparecencia se anotará en el escrito si lo hubiere, y, en todo caso,
se le otorgará en el acto constancia oficial al interesado.
Artículo 151: Los interesados, representantes y los abogados asistentes tendrán acceso a los
expedientes y podrán consultarlos sin más exigencia que la comprobación de su identidad y
legitimación, salvo que se trate de las actuaciones fiscales las cuales tendrán carácter confidencial
hasta que se notifique el Acta de Reparo.
Artículo 152: Las actuaciones de la Administración Tributaria y las que se realicen ante ella,
deberán practicarse en días y horas hábiles, sin perjuicio de las habilitaciones que autorice la
Administración Tributaria de conformidad con las leyes y reglamentos.
Artículo 153: La Administración Tributaria está obligada a dictar resolución a toda petición
planteada por los interesados dentro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
fecha de su presentación, salvo disposición de este Código o de leyes y normas en materia
tributaria. Vencido el plazo sin que se dicte resolución, los interesados podrán a su solo arbitrio
optar por conceptuar que ha habido decisión denegatoria, en cuyo caso quedan facultados para
interponer las acciones y recursos que correspondan.
Parágrafo Único: El retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier disposición
normativa por parte de los funcionarios o empleados de la Administración Tributaria, dará lugar a
la imposición de las sanciones disciplinarias, administrativas y penales que correspondan
conforme a las leyes respectivas.
Artículo 154: Cuando en el escrito recibido por la Administración Tributaria faltare cualquiera de
los requisitos exigidos en las leyes y demás disposiciones, el procedimiento tributario se paralizará
y la autoridad que hubiere de iniciar las actuaciones lo notificará al interesado, comunicándole las
omisiones o faltas observadas, a fin de que en plazo de diez (10) días hábiles proceda a
subsanarlos.
Si el interesado presentare oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones exigidas, y
este fuere objetado por la Administración Tributaria, debido a nuevos errores u omisiones, el
solicitante podrá ejercer las acciones y recursos respectivos o bien corregir nuevamente sus
documentos conforme a las indicaciones de la autoridad.

42

El procedimiento tributario se reanudará cuando el interesado hubiere cumplido la totalidad de los
requisitos exigidos para la tramitación de su petición o solicitud.
Artículo 155: Si el procedimiento tributario iniciado a instancia de un particular se paraliza por el
lapso de treinta (30) días continuos por causa imputable al interesado, la Administración
Tributaria ordenará inmediatamente el archivo del expediente, mediante auto motivado firmado
por el funcionario encargado de la tramitación del asunto.
Ordenado el archivo del expediente, el interesado podrá comenzar de nuevo la tramitación de su
asunto conforme a las normas establecidas en este Capítulo.
SECCION SEGUNDA
DE LAS PRUEBAS
Artículo 156: Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, con excepción
del juramento y de la confesión de empleados públicos cuando ella implique prueba confesional de
la Administración.
Salvo prueba en contrario, se presumen ciertos los hechos u omisiones conocidos por las
autoridades fiscales extranjeras.
Artículo 157: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, en los procedimientos
tributarios podrán practicarse experticias para la comprobación o apreciación de hechos que
exijan conocimientos especiales. A tal efecto deberá indicarse con toda precisión los hechos y
elementos que abarcará la experticia y el estudio técnico a realizar.
La Administración Tributaria y el interesado, de mutuo acuerdo, procederán a designar a un
experto, indicando su nombre y apellido, cédula de identidad, profesión, lugar de su notificación,
objeto y limites de la experticia.
De no existir acuerdo, cada parte designará su experto y convendrán la designación de un experto
adicional de entre una terna propuesta por el colegio o gremio profesional relacionado con la
materia objeto de la experticia.
El experto o los expertos designados, según sea el caso, deberán manifestar en forma escrita su
aceptación y prestar juramento de cumplir cabalmente con las tareas asumidas, debiendo,
igualmente, fijar sus honorarios y el tiempo y oportunidad para la realización de la experticia. El
dictamen del experto o de los expertos, según el caso, deberá extenderse por escrito, expresando
el contenido, motivos y resultados de la misma.
Parágrafo Único: Los costos de la experticia incluyendo los honorarios del experto o los
expertos, según sea el caso, correrán por cuenta de la parte que la solicite.
Artículo 158: El término de prueba será fijado de acuerdo con la importancia y complejidad de
cada caso, y no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles.
En los asuntos de mero derecho se prescindirá de él, de oficio o a petición de parte.
Artículo 159: No se valorarán las pruebas manifiestamente impertinentes o ilegales, las que
deberán rechazarse al decidirse el acto o recurso que corresponda.

43

Artículo 160: La Administración Tributaria impulsará de oficio el procedimiento y podrá acordar,
en cualquier momento, la práctica de las pruebas que estime necesarias.
SECCION TERCERA
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 161: La notificación es requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la
Administración Tributaria, cuando éstos produzcan efectos individuales.
Artículo 162: Las notificaciones se practicarán, sin orden de prelación, en alguna de estas
formas:

1. Personalmente, entregándola contra recibo al contribuyente o responsable. Se tendrá

2.

3.

también por notificado personalmente el contribuyente o responsable que realice cualquier
actuación que implique el conocimiento del acto, desde el día en que se efectuó dicha
actuación.
Por constancia escrita entregada por cualquier funcionario de la Administración Tributaria
en el domicilio del contribuyente o responsable. Esta notificación se hará a persona adulta
que habite o trabaje en dicho domicilio, quien deberá firmar el correspondiente recibo, del
cual se dejará copia para el contribuyente o responsable en la que conste la fecha de
entrega.
Por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, por sistemas de
comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos y similares siempre que se deje
constancia en el expediente de su recepción. Cuando la notificación se practique mediante
sistemas facsimilares o electrónicos, la Administración Tributaria convendrá con el
contribuyente o responsable la definición de un domicilio facsimilar o electrónico.

Parágrafo Único: En caso de negativa a firmar al practicarse la notificación conforme a lo
previsto en los numerales 1 y 2 de este artículo, el funcionario en presencia de un fiscal del
Ministerio Público, levantará Acta en la cual se dejará constancia de ello. La notificación se
entenderá practicada una vez que se incorpore el Acta en el expediente respectivo.
Artículo 163: Las notificaciones practicadas conforme a lo establecido en el numeral 1 del
artículo anterior, surtirán sus efectos en el día hábil siguiente después de practicadas.
Artículo 164: Cuando la notificación se practique conforme a lo previsto en los numerales 2 y 3
del artículo 162 de este Código, surtirán efectos al quinto día hábil siguientes de verificadas.
Artículo 165: Las notificaciones se practicarán en día y hora hábiles. Si fueren efectuadas en día
inhábil, se entenderán practicadas el primer día hábil siguiente.
Artículo 166: Cuando no haya podido determinarse el domicilio del contribuyente o responsable,
conforme a lo previsto en este Código, o cuando fuere imposible efectuar notificación por
cualesquiera de los medios previstos en el artículo 162, o en los casos previstos en el numeral 14
del artículo 121, la notificación se practicará mediante la publicación de un aviso que contendrá la
identificación del contribuyente o responsable, la identificación de acto emanado de la
Administración Tributaria, con expresión de los recursos administrativos o judiciales que
procedan.
Dicha publicación deberá efectuarse por una sola vez en uno de los diarios de mayor circulación
de la capital de la República o de la ciudad sede de la Administración Tributaria que haya emitido
el acto. Dicho aviso una vez publicado deberá incorporarse en el expediente respectivo.

44

Cuando la notificación sea practicada por aviso, sólo surtirá efectos después del quinto día hábil
siguiente de verificada.
Artículo 167: El incumplimiento de los trámites legales en la realización de las notificaciones
tendrá como consecuencia el que las mismas no surtan efecto sino a partir del momento en que
se hubiesen realizado debidamente, o en su caso, desde la oportunidad en que el interesado se
deba tener por notificado personalmente en forma tácita según lo previsto en el numeral 1 del
artículo 162 de este Código.
Artículo 168: El gerente, director o administrador de firmas personales, sociedades civiles o
mercantiles, o el presidente de las asociaciones, corporaciones o fundaciones, y en general los
representantes de personas jurídicas de derecho público y privado, se entenderán facultados para
ser notificados a nombre de esas entidades, no obstante cualquier limitación establecida en los
estatutos o actas constitutivas de las referidas entidades.
Las notificaciones de entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan
de patrimonio propio y tengan autonomía funcional, se practicarán en la persona que administre
los bienes, y en su defecto en cualesquiera de los integrantes de la entidad.
En el caso de sociedades conyugales, uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer,
sucesiones y fideicomisos, las notificaciones se realizarán a sus representantes, administradores,
albaceas, fiduciarios o personas que designen los componentes del grupo y en su defecto a
cualquiera de los interesados.
SECCION CUARTA
DEL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION EN CASO
DE OMISION DE DECLARACIONES
Artículo 169: Cuando el contribuyente o responsable no presente declaración jurada de tributos,
la Administración Tributaria le requerirá que la presente y, en su caso, pague el tributo resultante,
en el plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de su notificación.
En caso de no cumplir lo requerido, la Administración Tributaria podrá mediante Resolución exigir
al contribuyente o responsable como pago por concepto de tributos, sin perjuicio de las sanciones
e intereses que correspondan, una cantidad igual a la autodeterminada en la última declaración
jurada anual presentada que haya arrojado impuesto a pagar, siempre que el período del tributo
omitido sea anual. Si el período no fuese anual, se considerará como tributo exigible la cantidad
máxima de tributo autodeterminado en el período anterior en el que hubiere efectuado pagos de
tributos.
Estas cantidades se exigirán por cada uno de los períodos que el contribuyente o responsable
hubiere omitido efectuar el pago del tributo, tendrán el carácter de pago a cuenta y no liberan al
obligado a presentar la declaración respectiva.
Artículo 170: En el caso que el contribuyente o responsable no pague la cantidad exigida, la
Administración Tributaria quedará facultada a iniciar de inmediato las acciones de cobro ejecutivo,
sin perjuicio del ejercicio de los recursos previstos en este Código.
Artículo 171: El pago de las cantidades por concepto de tributos que se realice conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior, no enerva la facultad para que la Administración Tributaria

45

proceda a la determinación de oficio sobre base cierta o sobre base presuntiva conforme a las
disposiciones de este Código.
SECCION QUINTA
DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION
Artículo 172: La Administración Tributaria podrá verificar las declaraciones presentadas por los
contribuyentes o responsables a los fines de realizar los ajustes respectivos y liquidar las
diferencias a que hubiere lugar.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales
previstos en este Código y demás disposiciones de carácter tributario, y los deberes de los
agentes de retención y percepción, e imponer las sanciones a que haya lugar.
Parágrafo Único: La verificación de los deberes formales y de los deberes de los agentes de
retención y percepción, podrá efectuarse en la sede de la Administración Tributaria o en el
establecimiento del contribuyente o responsable. En este último caso, deberá existir autorización
expresa emanada de la Administración Tributaria respectiva. Dicha autorización podrá hacerse
para un grupo de contribuyentes utilizando, entre otros, criterios de ubicación geográfica o
actividad económica.
Artículo 173: En los casos en que se verifique el incumplimiento de deberes formales o de
deberes de los agentes de retención y percepción, la Administración Tributaria impondrá la
sanción respectiva mediante Resolución que se notificará al contribuyente o responsable conforme
a las disposiciones de este Código.
Artículo 174: Las verificaciones a las declaraciones presentadas por los contribuyentes o
responsables, se efectuarán con fundamento exclusivo en los datos en ellas contenidos y en los
documentos que se hubieren acompañado a la misma y sin perjuicio que la Administración
Tributaria pueda utilizar sistemas de información automatizada para constatar la veracidad de las
informaciones y documentos suministrados por los contribuyentes o requeridos por la
Artículo 175: En los casos en que la Administración Tributaria, al momento de las verificaciones
practicadas a las declaraciones, constate diferencias en los tributos autoliquidados o en las
cantidades pagadas a cuenta de tributo, realizará los ajustes respectivos mediante Resolución que
se notificará conforme a las normas prevista en este Código.
En dicha Resolución se calculará y ordenará la liquidación de los tributos resultantes de los
ajustes, o las diferencias de las cantidades pagadas a cuenta de tributos, con sus intereses
moratorios y se impondrá sanción equivalente al diez por ciento (10%) del tributo o cantidad a
cuenta de tributos omitidos y las sanciones que correspondan por la comisión de ilícitos formales.
Parágrafo Único: Las cantidades liquidadas por concepto de intereses moratorios se calcularán
sin perjuicio de las diferencias que resulten al efectuarse el pago del tributo o cantidad a cuenta
de tributos omitidos.
Artículo 176: Las resoluciones que se dicten conforme al procedimiento previsto en esta Sección,
no limitan ni condicionan el ejercicio de las facultades de fiscalización y determinación atribuidas a

46

SECCION SEXTA
DEL PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACION Y DETERMINACIÓN
Artículo 177: Cuando la Administración Tributaria fiscalice el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o la procedencia de las devoluciones o recuperaciones otorgadas conforme a lo previsto
en la Sección Octava de este Capítulo o en las leyes y demás normas de carácter tributario, así
como cuando proceda a la determinación a que se refieren los artículos 131, 132 y 133 de este
Código, y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes, se sujetará al procedimiento
previsto en esta Sección.
Artículo 178: Toda fiscalización, a excepción de lo previsto en el artículo 180 de este Código, se
iniciará con una providencia de la Administración Tributaria del domicilio del sujeto pasivo, en la
que se indicará con toda precisión el contribuyente o responsable, tributos, períodos y, en su
caso, los elementos constitutivos de la base imponible a fiscalizar, identificación de los
funcionarios actuantes, así como cualquier otra información que permita individualizar las
actuaciones fiscales.
La providencia a la que se refiere el encabezamiento de este artículo, deberá notificarse al
contribuyente o responsable, y autorizará a los funcionarios de la Administración Tributaria en ella
señalados al ejercicio de las facultades de fiscalización previstas en este Código y demás
disposiciones de carácter tributario, sin que pueda exigirse el cumplimiento de requisitos
adicionales para la validez de su actuación.
Artículo 179: En toda fiscalización, se abrirá expediente en el que se incorporará la
documentación que soporte la actuación de la Administración Tributaria. En dicho expediente se
harán constar los hechos u omisiones que se hubieren apreciado, y los informes sobre
cumplimientos o incumplimientos de normas tributarias o situación patrimonial del fiscalizado.
Artículo 180: La Administración Tributaria podrá practicar fiscalizaciones en sus propias oficinas
y con su propia base de datos, a las declaraciones presentadas por los contribuyentes o
responsables, mediante el cruce o c omparación de los datos en ellas contenidos, con la
información suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de servicios,
y en general por cualquier tercero cuya actividad se relacione con la del contribuyente o
responsable sujeto a fiscalización. En tales casos se levantará Acta que cumpla con los requisitos
previstos en el artículo 183 de este Código.
Artículo 181: Durante el desarrollo de las actividades fiscalizadoras los funcionarios autorizados,
a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la
contabilidad, podrán, indistintamente, sellar, precintar o colocar marcas en dichos documentos,
bienes, archivos u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito, previo
inventario levantado al efecto.
Artículo 182: En el caso que el contribuyente o responsable fiscalizado requiriese para el
cumplimiento de sus actividades algún documento que se encuentre en los archivos u oficinas
sellados o precintados por la Administración Tributaria, deberá otorgársele copia del mismo de lo
cual se dejará constancia en el expediente.
Artículo 183: Finalizada la fiscalización se levantará un Acta de Reparo la cual contendrá, entre
otros, los siguientes requisitos:

a. Lugar y fecha de emisión.
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b. Identificación del contribuyente o responsable.
c. Indicación del tributo, períodos fiscales correspondientes y, en su caso, los elementos
fiscalizados de la base imponible.

d. Hechos u omisiones constatados y métodos aplicados en la fiscalización.
e. Discriminación de los montos por concepto de tributos a los únicos efectos del
cumplimiento de lo previsto en el artículo 185 de este Código.

f. Elementos que presupongan la existencia de ilícitos sancionados con pena restrictiva de
libertad, si los hubiere.

g. Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario
autorizado.

Artículo 184: El Acta de Reparo que se levante conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se
notificará al contribuyente o responsable por alguno de los medios contemplados en este Código.
El Acta de Reparo hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario.
Artículo 185: En el Acta de Reparo se emplazará al contribuyente o responsable para que
proceda a presentar la declaración omitida o rectificar la presentada, y pagar el tributo resultante
dentro de los quince (15) días hábiles de notificada.
Parágrafo Único: En los casos en que el reparo a uno o varios períodos provoque diferencias en
las declaraciones de períodos posteriores no objetados, se sustituirá únicamente la última
declaración que se vea afectada por efectos del reparo.
Artículo 186: Aceptado el reparo y pagado el tributo omitido, la Administración Tributaria
mediante resolución procederá a dejar constancia de ello y liquidará los intereses moratorios, la
multa establecida en el parágrafo segundo del artículo 111 de este Código y demás multas a que
hubiere lugar conforme a lo previsto en este Código. La resolución que dicte la Administración
Tributaria pondrá fin al procedimiento.
En los casos en que el contribuyente o responsable se acoja parcialmente al reparo formulado por
la Administración Tributaria, la multa establecida en el parágrafo segundo del artículo 111 de este
Código, sólo se aplicará a la parte del tributo que hubiere sido aceptada y pagada, abriéndose el
Sumario al que se refiere el artículo 188, sobre la parte no aceptada.
Parágrafo Único: Las cantidades liquidadas por concepto de intereses moratorios se calcularán
sin perjuicio de las diferencias que resulten al efectuarse el pago del tributo o cantidad a cuenta
de tributos omitidos.
Artículo 187: Si la fiscalización estimase correcta la situación tributaria del contribuyente o
responsable, respecto a los tributos, períodos, elementos de la base imponible fiscalizados o
conceptos objeto de comprobación, se levantará Acta de Conformidad, la cual podrá extenderse
en presencia del interesado o su representante, o enviarse por correo público o privado con acuse
de recibo.
Parágrafo Único: Las actas que se emitan con fundamento en lo previsto en este artículo o en el
artículo 184, no condicionan ni limitan las facultades de fiscalización de la Administración
Tributaria respecto de tributos, períodos o elementos de la base imponible no incluidos en la
fiscalización, o cuando se trate de hechos, elementos o documentos que de haberse conocido o
apreciado hubieren producido un resultado distinto.
Artículo 188: Vencido el plazo establecido en el artículo 185 de este Código, sin que el
contribuyente o responsable procediera de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, se dará por
iniciada la instrucción del Sumario teniendo el afectado un plazo de veinticinco (25) días hábiles

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para formular los descargos y promover la totalidad de las pruebas para su defensa. En caso que
las objeciones contra el Acta de Reparo versaren sobre aspectos de mero derecho, no se abrirá el
Sumario correspondiente, quedando abierta la vía jerárquica o judicial.
El plazo al que se refiere el encabezamiento de este artículo será de cinco (5) meses en los casos
de fiscalizaciones en materia de precios de transferencia.
Parágrafo Primero: Cuando la actuación fiscal haya versado sobre la valoración de las
operaciones entre partes vinculadas en materia de precios de transferencia, el contribuyente
podrá designar un máximo de dos (2) representantes dentro de un plazo no mayor de quince (15)
días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo 185 de este
Código, con el fin de tener acceso a la información proporcionada u obtenida de terceros
independientes, respecto de operaciones comparables. La designación de representantes deberá
hacerse por escrito y presentarse ante la Administración Tributaria.
Los contribuyentes personas naturales podrán tener acceso directo a la información a que se
refiere este parágrafo.
Una vez designados los representantes éstos tendrán acceso a la información proporcionada por
terceros desde ese momento y hasta los veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha de
notificación de la resolución culminatoria del sumario. Los representantes autorizados podrán ser
sustituidos por una (1) sola vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la
Administración Tributaria la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se
haga la revocación y sustitución. La Administración Tributaria deberá levantar acta
circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y
documentación consultadas por el contribuyente o por sus representantes designados, por cada
ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar
información alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes.
Parágrafo Segundo: El contribuyente y los representantes designados en los términos del
parágrafo anterior, serán responsables hasta por un plazo de cinco (5) años contados a partir de
la fecha en que se tuvo acceso a la información o a partir de la fecha de presentación del escrito
de designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o indebido para cualquier
propósito, de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por cualquier medio. El
contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, uso personal
o indebido de la información que hagan sus representantes.
La revocación de la designación del o los representantes autorizados para acceder a información
confidencial proporcionada por terceros, no libera al representante ni al contribuyente de la
responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso personal o indebido que
hagan de dicha información.
Artículo 189: Vencido el plazo dispuesto en el artículo anterior, siempre que el contribuyente o
responsable hubiere formulado los descargos, y no se trate de un asunto de mero derecho, se
abrirá un lapso para que el interesado evacue las pruebas promovidas, pudiendo la Administración
Tributaria evacuar las que considere pertinentes. Dicho lapso será de quince (15) días hábiles,
pudiéndose prorrogar por un período igual, cuando el anterior no fuere suficiente y siempre que
medien razones que lo justifiquen, los cuales se harán constar en el expediente.
Regirá en materia de pruebas lo dispuesto en el Sección Segunda de este Capítulo.
Parágrafo Único: El lapso previsto en este artículo no limita las facultades de la Administración
Tributaria de promover y evacuar en cualquier momento, las pruebas que estime pertinentes.

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Artículo 190: En el curso del procedimiento, la Administración Tributaria tomará las medidas
administrativas necesarias conforme lo establecido en este Código, para evitar que desaparezcan
los documentos y elementos que constituyen prueba del ilícito. En ningún caso estas medidas
impedirán el desenvolvimiento de las actividades del contribuyente.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá solicitar las medidas cautelares a las que se refiere
el artículo 296 de este Código.
Artículo 191: El Sumario culminará con una resolución en la que se determinará si procediere o
no la obligación tributaria, se señalará en forma circunstanciada el ilícito que se imputa, se
aplicará la sanción pecuniaria que corresponda y se intimarán los pagos que fueren procedentes.
La resolución deberá contener los siguientes requisitos:

1. Lugar y fecha de emisión.
2. Identificación del contribuyente o responsable y su domicilio.
3. Indicación del tributo, período fiscal correspondiente y, en su caso, los elementos
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

fiscalizados de la base imponible.
Hechos u omisiones constatados y métodos aplicados a la fiscalización.
Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas.
Fundamentos de la decisión.
Elementos que presupongan la existencia de ilícitos sancionados con pena restrictiva de
libertad, si los hubiere.
Discriminación de los montos exigibles por tributos, intereses y sanciones que
correspondan, según los casos.
Recursos que correspondan contra la resolución.
Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario
autorizado.

Parágrafo Primero: Las cantidades liquidadas por concepto de intereses moratorios se
calcularán sin perjuicio de las diferencias que resulten al efectuarse el pago del tributo o cantidad
a cuenta de tributos omitidos.
Parágrafo Segundo: En la emisión de las Resoluciones a que se refiere este artículo, la
Administración Tributaria deberá, en su caso, mantener la reserva de la información
proporcionada por terceros independientes que afecte o pudiera afectar su posición competitiva.
Artículo 192: La Administración Tributaria dispondrá de un plazo máximo de un (1) año contado
a partir del vencimiento del lapso para presentar el escrito de descargos, para dictar la resolución
culminatoria de sumario.
Si la Administración Tributaria no notifica válidamente la resolución dentro del lapso previsto para
decidir, quedará concluido el Sumario y el Acta invalidada y sin efecto legal alguno.
Los elementos probatorios acumulados en el sumario así concluido podrán ser apreciados en otro,
siempre que se haga constar en el Acta que inicia el nuevo Sumario y sin perjuicio del derecho del
interesado a oponer la prescripción y demás excepciones que considere procedentes.
Parágrafo Primero: En los casos que existieran elementos que presupongan la comisión de
algún ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de libertad, la Administración Tributaria,
una vez verificada la notificación de la resolución culminatoria del sumario, enviará copia

50

certificada del expediente al Ministerio Público, a los fines de que inicie el respectivo juicio penal
conforme a lo dispuesto en la ley procesal penal.
Parágrafo Segundo: El incumplimiento del lapso previsto en este artículo dará lugar a la
imposición de las sanciones administrativas, disciplinarias y penales respectivas.
Parágrafo Tercero: El plazo al que se refiere el encabezamiento de este artículo será de dos (2)
años en los casos de fiscalizaciones en materia de precios de transferencia.
Artículo 193: El afectado podrá interponer contra la resolución culminatoria del Sumario, los
recursos administrativos y judiciales que este Código establece.
SECCION SEPTIMA
DEL PROCEDIMIENTO DE REPETICION DE PAGO
Artículo 194: Los contribuyentes o los responsables podrán solicitar la restitución de lo pagado
indebidamente por tributos, intereses, sanciones y recargos, siempre que no estén prescritos.
Artículo 195: La reclamación se interpondrá por ante la máxima autoridad jerárquica de la
Administración Tributaria o a través de cualquier otra oficina de la Administración Tributaria
respectiva, y la decisión corresponderá a la máxima autoridad jerárquica. La atribución podrá ser
delegada en la unidad o unidades específicas bajo su dependencia.
Artículo 196: Para la procedencia de la reclamación, no es necesario haber pagado bajo
protesta.
Artículo 197: La máxima autoridad jerárquica o la autoridad a quien corresponda resolver, en su
caso, deberá decidir sobre la reclamación dentro de un plazo que no exceda de dos (2) meses,
contados a partir de la fecha en que haya sido recibido. Si ella no es resuelta en el mencionado
plazo, el contribuyente o responsable podrá optar en cualquier momento y a su solo criterio por
esperar la decisión o por considerar que el transcurso del plazo aludido sin haber recibido
contestación es equivalente a denegatoria de la misma.
Regirá en materia de pruebas y del lapso respectivo lo dispuesto en la Sección Segunda de este
Capítulo.
Artículo 198: Si la decisión es favorable, el contribuyente podrá optar por compensar o ceder lo
pagado indebidamente, de acuerdo a lo previsto en este Código.
Artículo 199: Vencido el lapso previsto sin que se haya resuelto la reclamación, o cuando la
decisión fuere parcial o totalmente desfavorable, el reclamante quedará facultado para interponer
recurso contencioso tributario previsto en este Código.
El recurso contencioso tributario podrá interponerse en cualquier tiempo siempre que no se haya
cumplido la prescripción. La reclamación administrativa interrumpe la prescripción, la cual se
mantendrá en suspenso durante el lapso establecido en el artículo 197 de este Código.
SECCION OCTAVA
DEL PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION

51

DE TRIBUTOS
Artículo 200: La recuperación de tributos se regirá por el procedimiento previsto en esta sección,
salvo que las leyes y demás disposiciones de carácter tributario establezcan un procedimiento
especial para ello.
No obstante, en todo lo no previsto en las leyes y demás disposiciones de carácter tributario se
aplicará lo establecido en esta sección.
Artículo 201: El procedimiento se iniciará a instancia de parte interesada, mediante solicitud
escrita, la cual contendrá como mínimo los siguientes requisitos:

1. El organismo al cual está dirigido.
2. La identificación del interesado y en su caso, de la persona que actúe como su
3.
4.
5.
6.
7.

representante.
La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.
Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la
materia objeto de la solicitud.
Referencia a los anexos que lo acompañan si tal es el caso.
Cualesquiera otras circunstancias o requisitos que exijan las normas especiales tributarias.
Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del interesado.

Artículo 202: Cuando en la solicitud dirigida a la Administración Tributaria faltare cualquiera de
los requisitos exigidos en el artículo anterior o en las normas especiales tributarias, se procederá
conforme a lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de este Código.
Artículo 203: Iniciado el procedimiento se abrirá expediente en el cual se recogerán los recaudos
y documentos necesarios para su tramitación.
Artículo 204: La Administración Tributaria comprobará los supuestos de procedencia de la
recuperación solicitada, con fundamento en los datos contenidos en el expediente, sin perjuicio
que la misma pueda utilizar la información que posea en sus sistemas o que obtenga de terceros,
o realizar cruces con proveedores o receptores de bienes o servicios, para constatar la veracidad
de las informaciones y documentos suministrados por el contribuyente.
Parágrafo Único: La comprobación de la procedencia de los supuestos de la recuperación
solicitada podrá incluir el rechazo de los créditos fiscales objeto de recuperación.
Artículo 205: Si durante el procedimiento la Administración Tributaria, basándose en indicios
ciertos, detectare incumplimientos que imposibiliten la continuación y finalización del presente
procedimiento de recuperación, podrá suspenderlo hasta por un plazo máximo de noventa (90)
días debiendo iniciar de inmediato el correspondiente procedimiento de fiscalización, de acuerdo a
lo previsto en este Código. Dicha fiscalización estará circunscrita a los períodos y tributos objeto
de recuperación.
Dicha suspensión se acordará por acto motivado que deberá ser notificado al interesado, por
cualesquiera de los medios previstos en este Código.
En tales casos, la decisión prevista en el artículo 206 de este Código deberá fundamentarse en los
resultados del acta de reparo levantada con ocasión del procedimiento de fiscalización.

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Parágrafo Único: En estos casos no se abrirá el Sumario Administrativo al que se refiere el
Artículo 206: La decisión que acuerde o niegue la recuperación será dictada dentro de un lapso
no superior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la aceptación de la
solicitud, o de la notificación del acta de reparo levantada con ocasión del procedimiento de
fiscalización. Contra la decisión podrá interponerse el recurso contencioso tributario previsto en
este Código. La decisión que acuerde o niegue la recuperación no limita las facultades de
fiscalización y determinación previstas en este Código.
Parágrafo Primero: Las cantidades objeto de recuperación podrán ser entregadas a través de
certificados especiales físicos o electrónicos.
Parágrafo Segundo: En el caso que la Administración Tributaria determinase con posterioridad
la improcedencia total o parcial de la recuperación acordada, solicitará de inmediato la restitución
de las cantidades indebidamente pagadas con inclusión de los intereses que se hubieren generado
desde su indebido otorgamiento hasta su restitución definitiva, los cuales serán equivalentes a 1.3
veces la tasa activa promedio de los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país
con mayor volumen de depósitos, excluidas las carteras con intereses preferenciales, aplicable,
respectivamente, por cada uno de los períodos en que dichas tasas estuvieron vigentes, y sin
perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en este Código.
No obstante lo anterior, la Administración Tributaria podrá optar por deducir las cantidades
indebidamente acordadas de las siguientes solicitudes presentadas por el contribuyente, o
ejecutar las garantías que se hubieren otorgado.
Artículo 207: Si la Administración Tributaria no decidiere dentro del lapso indicado en el artículo
anterior, se considerará que ha resuelto negativamente, en cuyo caso el contribuyente o
responsable quedará facultado para interponer el recurso contencioso tributario previsto en este
Código.
SECCION NOVENA
DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA
DE INCOBRABILIDAD
Artículo 208: A los efectos de proceder a la declaratoria de incobrabilidad prevista en este
Código, el funcionario competente, formará expediente en el cual deberá constar :

1. Los actos administrativos que contengan la deuda tributaria que se pretende declarar
2.
3.
4.

incobrable, con sus respectivas planillas. Si la referida deuda constara unicamente en
planilla demostrativa de liquidación, solo anexará ésta.
En el supuesto establecido en el numeral 1 del artículo 54 de este Código, deberá anexarse
al expediente copia de la Resolución emitida por la Administración Tributaria mediante la
cual se fija el monto de la unidad tributaria.
al expediente la partida de defunción del contribuyente, expedida por la autoridad
competente, así como los medios de prueba que demuestren su insolvencia.
al expediente copia de la sentencia de declaración de quiebra y del finiquito
correspondiente.

53

5. En el supuesto establecido en el numeral 4 del artículo 54 de este Código, deberá anexarse
al expediente el documento emitido por la autoridad competente demostrativo de la
ausencia del sujeto pasivo en el país, así como informe sobre la inexistencia de bienes
sobre los cuales hacer efectiva la deuda tributaria.

Parágrafo Único: En el supuesto establecido en el numeral 1 del artículo 54 de este Código, la
Administración Tributaria podrá prescindir del requisito establecido en el numeral 1 de este
artículo, limitándose a anexar en el expediente un listado que identifique los actos
administrativos, montos y conceptos de las deudas objeto de la declaratoria de incobrabilidad.
Artículo 209: La incobrabilidad será declarada mediante Resolución suscrita por la máxima
autoridad de la oficina de la Administración Tributaria de la jurisdicción que administre el tributo
objeto de la misma. A tal efecto, la referida Resolución deberá contener los siguientes requisitos:

1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del organismo y lugar y fecha del
Identificación de las deudas cuya incobrabilidad
Expresión sucinta de los hechos, de las razones
La decisión respectiva.
Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio
autorizado.

acto.
se declara.
y fundamentos legales pertinentes.
de autenticación del funcionario

Artículo 210: En la referida Resolución se ordenará, se descargue de la contabilidad fiscal los
montos que fueron declarados incobrables.
SECCION DECIMA
DEL PROCEDIMIENTO DE INTIMACION DE
DERECHOS PENDIENTES
Artículo 211: Una vez notificado el acto administrativo o recibida la autoliquidación con pago
incompleto, la oficina competente de la Administración Tributaria requerirá el pago de los tributos,
multas e intereses, mediante intimación que se notificará al contribuyente por alguno de los
medios establecidos en este Código.
Artículo 212: La intimación de derechos pendientes deberá contener:

1.
2.
3.
4.
5.

Identificación del organismo y lugar y fecha del acto.
Identificación del contribuyente o responsable a quien va dirigida.
Monto de los tributos, multas e intereses, e identificación de los actos que los contienen.
Advertencia de la iniciación del juicio ejecutivo correspondiente, si no satisface la
cancelación total de la deuda, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su
notificación.
Firma autógrafa, firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario
autorizado.

Artículo 213: Si el contribuyente no demostrare el pago en el plazo a que se refiere el artículo
anterior, la intimación realizada, servirá de constancia del cobro extrajudicial efectuado por la
Administración Tributaria y se anexará a la demanda que se presente en el juicio ejecutivo.
Parágrafo Único: En el caso de autoliquidaciones con pago incompleto, la intimación efectuada
constituirá título ejecutivo.

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Artículo 214: La intimación que se efectúe conforme a lo establecido en esta sección, no estará
sujeta a impugnación por los medios establecidos en este Código.
SECCION DECIMA PRIMERA
DEL TRATAMIENTO DE MERCANCIAS
OBJETO DE COMISO
Artículo 215: En casos de ilícitos cuya comisión comporte pena de comiso se seguirá el
procedimiento previsto en esta sección.
Artículo 216: Cuando se trate de pena de comiso, su declaratoria en los casos previstos por este
Código, procederá siempre, aun cuando no hubiera contraventor conocido. La pena de comiso de
mercancías, así como la de los envases o embalajes que las contengan, será independiente de
cualesquiera de las sanciones restrictivas de libertad o pecuniarias impuestas.
Artículo 217: Cuando proceda el comiso, los funcionarios competentes que lo practiquen, harán
entrega de los efectos decomisados a la máxima autoridad de la respectiva oficina de la
Administración Tributaria a través de la cual se vaya a tramitar el procedimiento.
En el momento de practicar el comiso, se levantará acta en la que se harán constar todas las
circunstancias que concurran y se especificará en la misma los efectos del comiso, su naturaleza,
número, peso y valor. Dicha acta se emitirá en dos ejemplares, los cuales deberán ser firmados
por el o los funcionarios actuantes y por el infractor o su representante legal, si estuvieren
presentes. En la misma fecha, el funcionario enviará a la respectiva oficina de la Administración
Tributaria, un informe, anexando uno de los originales del acta levantada, junto con los efectos en
comiso para su guarda y custodia, a los fines legales consiguientes.
Artículo 218: Cuando el acto administrativo en el que se impuso la pena de comiso haya
quedado firme, la Administración Tributaria podrá optar por rematar los efectos, de acuerdo con el
procedimiento establecido a tal efecto en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento.
Cuando las mercancías objeto de remate sean de evidente necesidad o interés social, la
Administración Tributaria, previa decisión motivada, podrá disponer de ellas para su utilización por
organismos públicos o por privados sin fines de lucro, que tengan a su cargo la prestación de
servicios de interés social.
En los supuestos de ejercicio clandestino de especies gravadas, distribución de cigarrillos y demás
manufacturas de tabaco ingresadas al país de contrabando, o de comercio de especies gravadas
adulteradas, la Administración Tributaria, ordenará la destrucción de la mercancía objeto de
comiso en un plazo no mayor de quince (15) días continuos contados a partir de la fecha en que
el acto administrativo en el que se impuso la pena de comiso haya quedado firme.
Artículo 219: En la destrucción de la mercancía establecida en el artículo precedente, deberá
estar presente un funcionario fiscal, quien levantará un acta dejando constancia de dicha
actuación. La referida acta se emitirá en dos ejemplares de los cuales, una se le entregará al
interesado, si estuviera presente, y la otra, será anexada al expediente respectivo.
SECCION DECIMA SEGUNDA
DE LOS ACUERDOS ANTICIPADOS SOBRE

55

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Artículo 220: Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán someter a la
Administración Tributaria una propuesta para la valoración de operaciones efectuadas entre partes
vinculadas, con carácter previo a la realización de las mismas.
La propuesta deberá referirse a la valoración de una o más transacciones individualmente
consideradas, con la demostración de que las mismas se realizarán a los precios o montos que
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables.
También podrán formular las propuestas a que se refiere el encabezamiento de este artículo, las
personas naturales, jurídicas o entidades no residentes o no domiciliadas en territorio venezolano,
que proyectaren operar en el mismo a través de establecimiento permanente o de entidades con
las que se hallaren vinculadas.
Parágrafo Único: Para la valoración de operaciones efectuadas entre partes vinculadas a que se
contrae el encabezamiento de este artículo, podrá utilizarse una metodología distinta a la prevista
en la Ley de Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando se trate de métodos internacionalmente
aceptados.
Artículo 221: El contribuyente deberá aportar la información, datos y documentación
relacionados con la propuesta, en la forma, términos y condiciones que establezca la
Artículo 222: Analizada la propuesta presentada, la Administración Tributaria podrá suscribir con
el contribuyente un acuerdo anticipado sobre precios de transferencia, para la valoración de
operaciones efectuadas entre partes vinculadas.
En dicho acuerdo podrá convenirse la utilización de una metodología distinta a la prevista en la
Ley de Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando se trate de métodos internacionalmente
aceptados.
En el acuerdo se omitirá la información confidencial proporcionada por terceros independientes
que afecte su posición competitiva.
Artículo 223: Los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia podrán derivar de un
arreglo con las autoridades competentes de un país con el que se haya celebrado un tratado para
evitar la doble tributación.
Artículo 224: Los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, se aplicarán al ejercicio
fiscal en curso a la fecha de su suscripción y durante los tres (3) ejercicios fiscales posteriores. La
vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento amistoso, en los términos de un
tratado internacional en el que la República sea parte.
Artículo 225: Las partes podrán dejar sin efecto los acuerdos anticipados sobre precios de
transferencia que hubieren suscrito, cuando se produzca una variación significativa en los activos,
funciones y riesgos en los cuales se basó la metodología y márgenes acordados en el mismo.
Artículo 226: La Administración Tributaria, unilateralmente, dejará sin efecto los acuerdos
suscritos, desde la fecha de su suscripción, en caso de fraude o falsedad de las informaciones
aportadas durante su negociación. En caso de incumplimiento de los términos y condiciones
previstos en el acuerdo, la Administración Tributaria, unilateralmente, dejará sin efecto el mismo
a partir de la fecha en que tal incumplimiento se hubiere verificado.

56

Artículo 227: Los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia no serán impugnables por
los medios previstos en este Código u otras disposiciones legales.
Artículo 228: Los gastos que se ocasionen con motivo del análisis de las propuestas presentadas
o de la suscripción de los acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, serán por cuenta
del contribuyente, sin perjuicio de los tributos previstos en leyes especiales.
Artículo 229: La suscripción de los acuerdos a que se contrae esta Sección, no limita en forma
alguna la potestad fiscalizadora de la Administración Tributaria. No obstante, la Administración no
podrá objetar la valoración de las transacciones contenidas en los acuerdos, siempre y cuando las
operaciones se hayan efectuado según los términos del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 226.
CAPITULO IV
DE LAS CONSULTAS
Artículo 230: Quien tuviere un interés personal y directo, podrá consultar a la Administración
Tributaria sobre la aplicación de las normas tributarias a una situación de hecho concreta. A ese
efecto, el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos
de la cuestión que motiva la consulta, pudiendo expresar su opinión fundada.
Artículo 231: No se evacuarán las consultas formuladas cuando ocurra alguna de las siguientes
causas:

1. Falta de cualidad, interés o representación del consultante.
2. Falta de cancelación de las tasas establecidas por la Ley especial.
3. Existencia de recursos pendientes o averiguaciones fiscales abiertas relacionadas con el
asunto objeto de consulta.

Artículo 232: La formulación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni exime al
consultante del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Artículo 233: La Administración Tributaria dispondrá de treinta (30) días hábiles, para evacuar la
consulta.
Artículo 234: No podrá imponerse sanción a los contribuyentes que en la aplicación de la
legislación tributaria hubieren adoptado el criterio o la interpretación expresada por la
Administración Tributaria en consulta evacuada sobre el asunto.
Tampoco podrá imponerse sanción en aquellos casos en que la Administración Tributaria no
hubiere contestado la consulta que se le haya formulado en el plazo fijado, y el consultante
hubiere aplicado la interpretación acorde con la opinión fundada que el mismo haya expresado al
formular la consulta.
Artículo 235: No procederá recurso alguno contra las opiniones emitidas por la Administración
Tributaria en la interpretación de normas tributarias.
TITULO V
DE LA REVISION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION

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TRIBUTARIA Y DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CAPITULO I
DE LA REVISIÓN DE OFICIO
Artículo 236: La Administración Tributaria podrá convalidar en cualquier momento los actos
anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
Artículo 237: Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses
legítimos, personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento,
en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico.
Artículo 238: No obstante lo previsto en el artículo anterior, la Administración Tributaria no
podrá revocar por razones de mérito u oportunidad, actos administrativos que determinen tributos
y apliquen sanciones.
Artículo 239: La Administración Tributaria podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de
los interesados, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.
Artículo 240: Los actos de la Administración Tributaria serán absolutamente nulos en los
siguientes casos:

1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional; o sea violatoria
a una disposición constitucional.

2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo y que haya
creado derechos subjetivos, salvo autorización expresa de la Ley.

3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución.
4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con
prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido.

Artículo 241: La Administración Tributaria podrá en cualquier tiempo corregir de oficio o a
solicitud de la parte interesada, errores materiales o de cálculo en que hubiere incurrido en la
configuración de sus actos.
CAPITULO II
DEL RECURSO JERARQUICO
Artículo 242: Los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares, que determinen
tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados,
podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo, personal y directo mediante la
interposición del recurso jerárquico regulado en este Capítulo.
Parágrafo Único: No procederá el recurso previsto en este artículo:

1. Contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso
previsto en un tratado para evitar la doble tributación.

2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus
3.

accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República de conformidad con lo dispuesto
en los respectivos tratados internacionales.
En los demás casos señalados expresamente en este Código o en las leyes.

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Artículo 243: El recurso jerárquico deberá interponerse mediante escrito razonado en el cual se
expresarán las razones de hecho y de derecho en que se funda, con la asistencia o representación
de abogado o de cualquier otro profesional afín al área tributaria. Asimismo deberá acompañarse
el documento donde aparezca el acto recurrido o, en su defecto, ést e deberá identificarse
suficientemente en el texto de dicho escrito. De igual modo el contribuyente o responsable podrá
anunciar, aportar o promover las pruebas que serán evacuadas en el lapso probatorio.
El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su
tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.
Artículo 244: El lapso para interponer el recurso será de veinticinco (25) días hábiles contados a
partir del día siguiente a la fecha de notific ación del acto que se impugna.
Artículo 245: El recurso jerárquico deberá interponerse ante la oficina de la cual emanó el acto.
Artículo 246: Interpuesto el recurso jerárquico, la oficina de la cual emanó el acto, si no fuere la
máxima autoridad jerárquic a, podrá revocar el acto recurrido o modificarlo de oficio en caso de
que compruebe errores en los cálculos y otros errores materiales, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes contados a partir de la interposición del recurso. La revocación total produce el
término del procedimiento. En caso de modificación de oficio, el Recurso continuará su trámite por
la parte no modificada.
Artículo 247: La interposición del recurso suspende los efectos del acto recurrido. Queda a salvo
la utilización de las medidas cautelares previstas en este Código.
Parágrafo Único: La suspensión prevista en este artículo no tendrá efecto respecto de las
sanciones previstas en este Código o en leyes tributarias, relativas a la clausura de
establecimiento, comiso o retención de mercaderías, aparatos, recipientes, vehículos, útiles,
instrumentos de producción o materias primas, y suspensión de expendio de especies fiscales y
gravadas.
Artículo 248: La suspensión de los efectos del acto recurrido, en virtud de la interposición del
recurso jerárquico no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de la porción no
objetada.
Artículo 249: La Administración Tributaria, admitirá el recurso jerárquico dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la interposición del mismo.
En los casos que la oficina de la Administración Tributaria que deba decidir el recurso, sea distinta
de aquella de la cual emanó el acto, el lapso establecido en este artículo se contará a partir del día
siguiente de la recepción del mismo.
Artículo 250: Son causales de inadmisibilidad del recurso:

1. La falta de cualidad o interés del recurrente.
2. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.
3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del
recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación
que se atribuye o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.

1. Falta de asistencia o representación de abogado.

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La resolución que declare la inadmisibilidad del recurso jerárquico será motivada y contra la
misma podrá ejercerse el recurso contencioso tributario previsto en este Código.
Artículo 251: La Administración Tributaria podrá practicar todas las diligencias de investigación
que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos y llevará los resultados al
expediente. Dicha Administración está obligada también a incorporar al expediente los elementos
de juicio de que disponga.
A tal efecto, una vez admitido el recurso jerárquico, se abrirá un lapso probatorio, el cual será
fijado de acuerdo con la importancia y complejidad de cada caso y no podrá ser inferior a quince
(15) días hábiles, prorrogables por el mismo término según la complejidad de las pruebas a ser
evacuadas.
Se prescindirá de la apertura del lapso para evacuación de pruebas en los asuntos de mero
derecho y cuando el recurrente no haya anunciado, aportado o promovido pruebas.
Artículo 252: La Administración Tributaria podrá solicitar del propio contribuyente o de su
representante, así como de entidades y de particulares, dentro del lapso para decidir, las
informaciones adicionales que juzgue necesarias, requerir la exhibición de libros y registros y
demás documentos relacionados con la materia objeto del recurso y exigir la ampliación o
complementación de las pruebas presentadas, si así lo estimare necesario.
Artículo 253: La decisión del recurso jerárquico corresponde a la máxima autoridad de la
Administración Tributaria, quien podrá delegarla en la unidad o unidades, bajo su dependencia.
Artículo 254: La Administración Tributaria dispondrá de un lapso de sesenta (60) días continuos
para decidir el recurso, contados a partir de la fecha de culminación del lapso probatorio. Si la
causa no se hubiere abierto a prueba, el lapso previsto en este artículo se contará a partir del día
siguiente de aquel en que se hubiere incorporado al expediente el auto que declare no abrir la
causa a pruebas.
Artículo 255: El recurso deberá decidirse mediante resolución motivada, debiendo, en su caso,
mantener la reserva de la información proporcionada por terceros independientes que afecte o
pudiera afectar su posición competitiva. Cumplido el término fijado en el artículo anterior sin que
hubiere decisión, el Recurso se entenderá denegado, quedando abierta la jurisdicción contenciosa
tributaria.
Cumplido el lapso para decidir sin que la Administración hubiere emitido la Resolución y si el
recurrente ejerció subsidiariamente recurso contencioso tributario, la Administración Tributaria
deberá enviar el recurso al tribunal competente, sin perjuicio de las sanciones aplicables al
funcionario que incurrió en la omisión sin causa justificada.
La Administración Tributaria se abstendrá de emitir resolución denegatoria del recurso jerárquico,
cuando vencido el lapso establecido en el artículo 254 de este Código, no hubiere pronunciamiento
por parte de ella y el contribuyente hubiere intentado el recurso contencioso tributario en virtud
del silencio administrativo.
CAPITULO III
RECURSO DE REVISION
Artículo 256: El recurso de revisión contra los actos administrativos firmes, podrá intentarse
ante los funcionarios competentes para conocer del recurso jerárquico, en los siguientes casos:

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1. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no
disponibles para la época de la tramitación del expediente.

2. Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva, documentos o testimonios
declarados falsos, por sentencia judicial definitivamente firme.

3. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra
manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial
definitivamente firme.

Artículo 257: El Recurso de Revisión sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a la
fecha de la sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo anterior, o de haberse
tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el numeral 1 del mismo artículo.
Artículo 258: El Recurso de Revisión será decidido dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de su presentación.
TITULO VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
CAPITULO I
DEL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
SECCION PRIMERA
DE LA INTERPOSICION Y ADMISION DEL RECURSO
Artículo 259: El recurso contencioso tributario procederá:

1. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación
mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho Recurso.

2. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado
3.

recurso jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente conforme al artículo 255 este
Código.
Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el recurso
jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.

Parágrafo Primero: El recurso contencioso tributario podrá también ejercerse subsidiariamente
al recurso jerárquico, en el mismo escrito, para el caso de que hubiese expresa denegación total o
parcial, o denegación tácita de éste.
Parágrafo Segundo: No procederá el recurso previsto en este artículo:

1. Contra los actos dictados por la autoridad competente en un procedimiento amistoso
previsto en un tratado para evitar la doble tributación.

2. Contra los actos dictados por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus
3.

accesorios, cuya recaudación sea solicitada a la República de conformidad con lo dispuesto
en los respectivos tratados internacionales.
En los demás casos señalados expresamente en este Código o en las leyes.

Artículo 260: El recurso se interpondrá mediante escrito en el cual se expresarán las razones de
hecho y de derecho en que se funda, debiendo reunir los requisitos establecidos en el artículo 340

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del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, el recurso deberá estar acompañado del documento
o documentos donde aparezca el acto recurrido, salvo en los casos en que haya operado el
silencio administrativo.
El error en la calificación del recurso no será obstáculo para su sustanciación, siempre que del
escrito y de las actas procesales se deduzca su verdadero carácter.
Artículo 261: El lapso para interponer el recurso será de veinticinco (25) días hábiles, contados a
partir de la notificación del acto que se impugna o del vencimiento del lapso previsto para decidir
el recurso jerárquico en caso de denegación tácita de éste.
Artículo 262: El recurso podrá interponerse directamente ante el Tribunal competente, o por
ante un juez con competencia territorial en el domicilio fiscal del recurrente. Asimismo, podrá
interponerse ante la oficina de la Administración Tributaria de la cual emanó el acto.
Cuando el recurso no hubiere sido interpuesto ante el Tribunal competente el juez o funcionario
receptor deberá remitirlo a aquél dentro de los cinco (5) días siguientes. El recurrente podrá
solicitar del Tribunal competente que reclame al juez o funcionario receptor el envío del recurso
interpuesto.
Artículo 263: La interposición del recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin
embargo a instancia de parte, el Tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del
acto recurrido, en el caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la
impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Contra la decisión que acuerde o
niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto procederá recurso de apelación, el cual
será oído en el solo efecto devolutivo.
La suspensión parcial de los efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria
exigir el pago de la porción no suspendida ni objetada.
Parágrafo Primero: En los casos en que no se hubiere solicitado la suspensión de los efectos en
vía judicial, estuviere pendiente de decisión por parte del Tribunal o la misma hubiere sido
negada, la Administración Tributaria exigirá el pago de las cantidades determinadas siguie ndo el
procedimiento previsto en el Capítulo II del Título VI de este Código, pero el remate de los bienes
que se hubieren embargado se suspenderá si el acto no estuviere definitivamente firme. Si entre
los bienes embargados hubieren cosas corruptibles o perecederas, se procederá conforme a lo
previsto en el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, en casos excepcionales, la Administración Tributaria o el recurrente, podrán solicitar
al Tribunal la sustitución del embargo por otras medidas o garantías.
Parágrafo Segundo: La decisión del Tribunal que acuerde o niegue la suspensión de los efectos
en vía judicial, no prejuzga el fondo de la controversia.
Parágrafo Tercero: A los efectos de lo previsto en este artículo no se aplicará lo dispuesto en el
artículo 547 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 264: Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso
el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte
único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su
domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio. En caso que no haya sido posible la
notificación del recurrente, el Tribunal dejará constancia de ello en el expediente y fijará un cartel

62

en la puerta del Tribunal, dándose un término diez (10) días de despacho, vencido los cuales se
entenderá que el recurrente está a derecho.
Parágrafo Único: Cuando el recurso contencioso tributario no haya sido interpuesto en la forma
prevista en el parágrafo primero del artículo 259 de este Código, el Tribunal deberá notificar
mediante oficio a la Administración Tributaria, con indicación del nombre del recurrente, el acto o
los actos cuya nulidad sea solicitada, órgano del cual emana y la materia de que se trate, y
solicitará el respectivo expediente administrativo.
Artículo 265: La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado
ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la
perención.
Artículo 266: Son causales de inadmisibilidad del Recurso:

1. La caducidad del plazo para ejercer el Recurso.
2. La falta de cualidad o interés del recurrente.
3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del
recurrente, por no tener capacidad necesaria para comparecer en juicio o por no tener la
representación que se atribuye o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea
insuficiente.
Artículo 267: Al quinto día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las
notificaciones de ley, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad del recurso. Dentro de este
mismo plazo la representación fiscal podrá formular oposición a la admisión del recurso
interpuesto.
En este último caso, se abrirá una articulación probatoria que no podrá exceder de cuatro (4) días
de despacho, dentro de los cuales las partes promoverán y evacuarán las pruebas que consideren
conducentes para sostener sus alegatos. El Tribunal se pronunciará dentro de los tres (3) días de
despacho siguientes al vencimiento de dicho lapso.
Parágrafo Único: La admisión del recurso será apelable dentro de los cinco (5) días de despacho
siguientes, siempre y cuando la Administración Tributaria hubiere formulado oposición, y será oída
en el solo efecto devolutivo. Si el Tribunal resuelve inadmitir el recurso se oirá apelación en
ambos efectos, la cual deberá ser decidida por la alzada en el término de treinta (30) días
continuos.
En ambos casos, las partes deberán presentar sus informes dentro de los diez (10) días de
despacho siguientes al recibo de los autos por la alzada.
Artículo 268: Vencido el lapso para apelar de las decisiones a que se refiere el artículo anterior, o
desde que conste en autos la devolución del expediente del Tribunal de Alzada que admitió el
recurso, quedará el juicio abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del juez, a
menos que las partes solicitaren que se decida la causa como de mero derecho o sólo con los
elementos de prueba que consten ya en autos, en cuyo caso el juez lo declarará así.
SECCION SEGUNDA
DEL LAPSO PROBATORIO
Artículo 269: Dentro de los primeros diez (10) días de despacho siguientes de la apertura del
lapso probatorio las partes podrán promover las pruebas de que quieran valerse.

63

A tal efecto serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción del juramento y de la
confesión de funcionarios públicos, cuando ella implique la prueba confesional de la
Administración. En todo caso, las pruebas promovidas no podrán admitirse cuando sean
manifiestamente ilegales o impertinentes.
Parágrafo Único: La Administración Tributaria y el contribuyente, deberán señalar, sin
acompañar, la información proporcionada por terceros independientes que afecte o pudiera
afectar su posición competitiva, salvo que les sea solicitada por el juez.
Artículo 270: Dentro de los tres (3) días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de
promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas cuando aparezcan
manifiestamente ilegales o impertinentes. Al vencimiento de este lapso, el juez dentro de los tres
(3) días de despacho siguientes providenciará los escritos de pruebas admitiendo las que sean
legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Parágrafo Único: Haya habido o no oposición, tanto la negativa como la admisión de las pruebas
serán apelables dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes. En ambos casos la apelación
se oirá en el solo efecto devolutivo.
Artículo 271: Admitidas las pruebas o dadas por admitidas, conforme a los artículos
precedentes, se abrirá un lapso de veinte (20) días de despacho para la evacuación de las
pruebas, pero si hubieren de practicarse algunas mediante comisión dada a otro Tribunal, se hará
el cómputo conforme lo prevé el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 272: El Tribunal podrá dar comisión para la práctica de cualesquiera diligencias de
sustanciación o de ejecución a los que le sean inferiores, aunque residan en el mismo lugar, a
cuyo efecto no serán aplicables las excepciones establecidas en el aparte único del artículo 234
del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 273: A los efectos de la promoción, evacuación y valoración de las pruebas, los jueces
tendrán por regla las disposiciones que al efecto establezca el Código de Procedimiento Civil, el
Código Civil y otras leyes de la República.
SECCION TERCERA
DE LOS INFORMES DE LAS PARTES Y DEL
AUTO PARA MEJOR PROVEER
Artículo 274: Al decimoquinto día de despacho siguiente del vencimiento del lapso probatorio, las
partes presentarán los informes correspondientes, dentro de las horas en que despache el
Tribunal.
Artículo 275: Cada parte podrá presentar sus observaciones escritas sobre los informes de la
parte contraria, dentro de los ocho (8) días de despacho siguientes, durante las horas en que
despache el Tribunal, y siempre que hubiesen presentado sus correspondientes informes.
Parágrafo Único: El Tribunal, cuando el caso así lo amerite, podrá disponer que tanto los
informes como sus observaciones sean expuestos en forma breve y oral.
Artículo 276: Vencido el término para presentar informes, dentro del lapso perentorio de quince
(15) días de despacho siguientes, podrá, el Tribunal, si lo juzgare conveniente, dictar auto para

64

mejor proveer, con arreglo a la disposición contenida en el artículo 514 del Código de
Procedimiento Civil.
Parágrafo Único: La evacuación de las pruebas acordadas en el auto para mejor proveer, no
podrá exceder en ningún caso de quince (15) días de despacho.
SECCION CUARTA
DE LA SENTENCIA
Artículo 277: Presentados los informes, o cumplido que sea el auto para mejor proveer, o
pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su fallo dentro de los
sesenta (60) días continuos siguientes, pudiendo diferirlo por solo una vez, por causa grave sobre
la cual el Juez hará declaración expresa en el auto de diferimiento y por un plazo que no excederá
de treinta (30) días continuos.
Parágrafo Primero: En caso que el Tribunal dicte la sentencia dentro este lapso, el mismo
deberá dejarse transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación. Los jueces procurarán
sentenciar las causas en el orden de su antigüedad.
La sentencia dictada fuera del lapso establecido en este artículo o de su diferimiento deberá ser
notificada a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para interponer la apelación.
Parágrafo Segundo: Dictada la sentencia fuera de los lapsos establecidos en este artículo, el
lapso para interponer la apelación empezará a correr una vez que conste en autos la ultima de las
notificaciones.
Artículo 278: De las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de la causa, o de las
interlocutorias que causen gravamen irreparable, podrá apelarse dentro del lapso de ocho (8) días
de despacho, contados conforme lo establecido en el artículo anterior.
Cuando se trate de la determinación de tributos o de la aplicación de sanciones pecuniarias, este
recurso procederá sólo cuando la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributarias (100 UT)
para las personas naturales y de quinientas unidades tributarias (500 UT) para las personas
jurídicas.
Artículo 279: El procedimiento a seguir en la segunda instancia, será el previsto en la ley que
rige el Tribunal Supremo de Justicia.
SECCION QUINTA
DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA
Artículo 280: La ejecución de la sentencia corresponderá al Tribunal Contencioso Tributario que
haya conocido de la causa en primera instancia, una vez que la sentencia haya quedado
definitivamente firme, pasada con autoridad de cosa juzgada. En este caso, el Tribunal, a petición
de la parte interesada, decretará su ejecución.
Declarado sin lugar o parcialmente con lugar el recurso ejercido, el Tribunal en dicho decreto,
fijará un lapso que no será menor de tres (3) días de despacho ni mayor de (10) diez, para que la
parte vencida efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzar la ejecución forzosa hasta
que haya transcurrido íntegramente dicho lapso.

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A los efectos de suspender la ejecución se seguirá lo establecido en el artículo 525 del Código de
Procedimiento Civil.
Parágrafo Único: En los casos que existieren bienes embargados en virtud de lo establecido en
el artículo 263, y los mismos resultaren suficientes para satisfacer el crédito tributario, se
procederá inmediatamente al remate de los mismos conforme a lo establecido en los artículos 284
y siguientes de este Código.
Artículo 281: Transcurrido el lapso establecido en el artículo anterior sin que se hubiese cumplido
voluntariamente la sentencia, se procederá a la ejecución forzada. Dentro de esta oportunidad el
representante del Fisco solicitará, y el Tribunal así lo acordará, el embargo ejecutivo sobre bienes
propiedad del deudor que no exceda del doble del monto de la ejecución más una cantidad
suficiente estimada prudencialmente por el Tribunal para responder del pago de intereses y costas
del proceso. Si el embargo se realiza sobre dinero en efectivo, se limitará al monto de la demanda
más la estimación de los intereses y costas.
En caso de que los bienes del deudor sean de tal naturaleza que no pudieren hacerse dichas
evaluaciones, se embargará cualquiera de ellos, aun cuando su valor exceda de la operación de
que trata este artículo.
Artículo 282: El deudor, en el lapso concedido para el cumplimiento voluntario, podrá hacer
oposición a la ejecución demostrando fehacientemente haber pagado el crédito fiscal, a cuyo
efecto deberá consignar documento que lo compruebe.
Asimismo, podrá alegar la extinción del crédito fiscal conforme a los medios de extinción previstos
en este Código.
Parágrafo Único: En estos casos, se abrirá de pleno derecho una articulación probatoria que no
podrá exceder de cuatro (4) días de despacho, para que las partes promuevan y evacuen las
pruebas que consideren convenientes. En todo caso, el Tribunal resolverá al día de despacho
siguiente del lapso concedido.
El fallo que declare con lugar la oposición planteada será apelable en ambos efectos y, el que la
declare sin lugar será apelable en un solo efecto. La decisión que resuelva cualquiera de los casos
previstos en este artículo, no impedirá el embargo de los bienes, pero no podrá procederse al
remate de éstos hasta tanto la segunda instancia resuelva la incidencia.
Artículo 283: Ordenado el embargo, el Juez designará como depositario de los bienes al Fisco,
cuando el representante de éste lo solicitare.
Artículo 284: Vencido el lapso para el cumplimiento voluntario, o resuelta la incidencia de
oposición por la Alzada, sin que el deudor hubiere acreditado el pago, se ordenará el remate de
los bienes embargados, el cual se seguirá por las reglas del Código de Procedimiento Civil.
Las formalidades del cartel de remate se seguirán por la disposición contenida en el artículo 286
de este Código.
Artículo 285: El Tribunal procederá a nombrar un solo perito avaluador a objeto de que efectúe
el justiprecio de los bienes embargados, quien deberá presentar sus conclusiones por escrito en
un plazo que fijará el Tribunal y que no será mayor de quince (15) días de despacho contados a
partir de la fecha de su aceptación.

66

Cualquiera de las partes puede impugnar el avalúo en cuyo caso se procederá a la designación de
peritos conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 286: Consignados los resultados del avalúo, se procederá dentro de los diez (10) días de
despacho siguientes, a la publicación de un solo cartel de remate en uno de los diarios de mayor
circulación en la ciudad sede del Tribunal.
Dicho cartel deberá contener:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificación del ejecutante y del ejecutado.
Naturaleza e identificación de los bienes objeto del remate.
Certificación de gravámenes, cuando se trate de bienes inmuebles.
El justiprecio de los bienes.
Base mínima para la aceptación de posturas, la cual no podrá ser inferior a la mitad del
justiprecio tratándose de bienes inmuebles.
Lugar, día y hora en que haya de practicarse el remate.

Copia de dicho cartel deberá fijarse a las puertas del Tribunal.
Artículo 287: Cumplidas las formalidades establecidas anteriormente, se procederá en el día,
lugar y hora señalados, a la venta de los bienes en pública subasta, por el Juez u otro funcionario
judicial competente.
Artículo 288: Si no quedase cubierto el crédito fiscal y sus accesorios, el representante del Fisco
podrá pedir al Tribunal que decrete los embargos com
plementarios hasta cubrir la totalidad de los
mismos.
CAPITULO II
DEL JUICIO EJECUTIVO
Artículo 289: Los actos administrativos contentivos de obligaciones líquidas y exigibles a favor
del Fisco, por concepto de tributos, multas e intereses, así como las intimaciones efectuadas
conforme al parágrafo único del artículo 213 de este Código, constituirán título ejecutivo, y su
cobro judicial apareja embargo de bienes, siguiendo el procedimiento previsto en este Capítulo.
Artículo 290: El procedimiento se iniciará mediante escrito en el cual se expresará la
identificación del Fisco, del demandado, el carácter con que se actúa, objeto de la demanda y las
razones de hecho y de derecho en que se funda.
Artículo 291: La solicitud de ejecución del crédito deberá interponerse ante el Tribunal
Contencioso Tributario competente.
En la misma demanda el representante de Fisco solicitará, y el Tribunal así lo acordará, el
embargo ejecutivo de bienes propiedad del deudor que no exceda del doble del monto de la
ejecución más una cantidad suficiente estimada prudencialmente por el Tribunal para responder
del pago de intereses y costas del proceso. Si el embargo se realiza sobre dinero en efectivo, se
limitará al monto de la demanda más la estimación de los intereses y costas.
Parágrafo Único: En aquellos casos en que se hubiere iniciado el proceso contencioso tributario
y no se hubieren suspendido los efectos del acto, la solicitud de ejecución deberá realizarse ante
el mismo Tribunal que esté conociendo de aquél.

67

Artículo 292: Ordenado el embargo, el Juez designará como depositario de los bienes al Fisco,
cuando el representante de éste lo solicitare.
Artículo 293: Cuando un tercero pretenda ser preferido al demandante o que son suyos los
bienes embargados, propondrá demanda ante el Tribunal, del cual se pasarán copia a las partes y
la controversia se sustanciará según su naturaleza y cuantía, de conformidad con lo dispuesto en
el Código de Procedimiento Civil en materia de tercería.
Artículo 294: Admitida la demanda, se acordará la intimación del deudor para que pague o
compruebe haber pagado, apercibido de ejecución, y en el lapso de cinco (5) días contados a
partir de su intimación.
El deudor, en el lapso concedido para pagar o comprobar haber pagado, podrá hacer oposición a
la ejecución demostrando fehacientemente haber pagado el crédito fiscal, a cuyo efecto deberá
consignar documento que lo compruebe.
Asimismo, podrá alegar la extinción del crédito fiscal conforme a los medios de extinción previstos
en este Código.
Parágrafo Único: En caso de oposición, se abrirá de pleno derecho una articulación probatoria
que no podrá exceder de cuatro (4) días de despacho, para que las partes promuevan y evacuen
las pruebas que consideren convenientes. En todo caso, el Tribunal resolverá al día de despacho
siguiente.
El fallo que declare con lugar la oposición planteada será apelable en ambos efectos y, el que la
declare sin lugar será apelable en un solo efecto. La decisión que resuelva cualquiera de los casos
previstos en este artículo, no impedirá el embargo de los bienes, pero no podrá procederse al
remate de éstos hasta tanto la segunda instancia resuelva la incidencia.
Artículo 295: Vencido el lapso establecido en el encabezamiento del artículo anterior o resuelta
la incidencia de oposición por la Alzada, sin que el deudor hubiere acreditado el pago, se aplicará
lo previsto en los artículos 284 y siguientes de este Código, pero el remate de los bienes se
suspenderá si el acto no estuviere definitivamente firme. A estos efectos, no se aplicará lo
dispuesto en el artículo 547 del Código de Procedimiento Civil.
CAPITULO III
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Artículo 296: Cuando exista riesgo para la percepción de los créditos por tributos, accesorios y
multas, aun cuando se encuentren en proceso de determinación, o no sean exigibles por causa de
plazo pendiente, la Administración Tributaria podrá pedir al Tribunal competente para conocer del
Recurso Contencioso Tributario que decrete medidas cautelares suficientes, las cuales podrán ser:

1.
2.
3.
4.

Embargo preventivo de bienes muebles.
Secuestro o retención de bienes muebles.
Prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Cualquier otra medida, conforme a las previsiones contenidas en el Parágrafo Primero de
artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.

68

Artículo 297: El Tribunal, con vista al documento del que conste la existencia del crédito, o la
presunción del mismo, decretará la medida o medidas, graduadas en proporción del riesgo,
cuantía y demás circunstancias del caso.
El riesgo deberá ser justificado por la Administración Tributaria ante el Tribunal competente, y
éste practicará la medida sin mayores dilaciones.
Artículo 298: El juez decretará la medida dentro de los dos (2) días de despacho siguientes, sin
conocimiento del deudor. Estas medidas tendrán plena vigencia durante todo el tiempo que dure
el riesgo en la percepción del crédito y sin perjuicio que la Administración Tributaria solicite su
sustitución o ampliación. Asimismo, el juez podrá revocar la medida, a solicitud del deudor, en
caso que éste demuestre que han desaparecido las causas con base en las cuales se decretó la
medida.
Artículo 299: Para decretar la medida no se exigirá caución. No obstante, el Fisco será
responsable de sus resultados.
Las medidas decretadas podrán ser sustituidas, a solicitud del interesado, por garantías que a
juicio del Tribunal sean suficientes, y siempre que cumplan las formalidades previstas en el
Artículo 300: La parte contra quien obre la medida podrá oponerse a la ejecución de la misma
conforme a lo previsto en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 301: En los casos en que medie proceso cautelar y se ejerza posteriormente el recurso
contencioso tributario contra los actos de determinación que dieron lugar a la medida cautelar, a
solicitud de la representación fiscal, el tribunal que decretó la medida remitirá el expediente al
Juzgado que conozca del juicio de anulación o condena, a fin de que se acumule a éste y surta
plenos efectos ejecutivos mientras dure el proceso. Esta acumulación procederá en todo estado y
grado de la causa.
CAPITULO IV
DEL AMPARO TRIBUTARIO
Artículo 302: Procederá la acción de amparo tributario cuando la Administración Tributaria
incurra en demoras excesivas en resolver peticiones de los interesados y ellas causen perjuicios
no reparables por los medios establecidos en este Código o en leyes especiales.
Artículo 303: La acción podrá ser interpuesta por cualquier persona afectada, mediante escrito
presentado ante el Tribunal competente.
La demanda especificará las gestiones realizadas y el perjuicio que ocasiona la demora. Con ella
se presentará copia de los escritos mediante los cuales se ha urgido el trámite.
Artículo 304: Si la acción apareciere razonablemente fundada el Tribunal requerirá informes
sobre la causa de la demora y fijará un término para la respuesta no menor de tres (3) días de
despacho ni mayor de cinco (5), contados a partir de la fecha de notificación. Vencido el lapso, el
Tribunal dictará la decisión que corresponda dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes.
En ella fijará un término a la Administración Tributaria para que se pronuncie sobre el trámite
omitido. Asimismo, el Tribunal podrá, cuando el caso así lo amerite, sustituir la decisión
administrativa previo afianzamiento del interés fiscal comprometido. Las fianzas serán otorgadas
conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de este Código.

69

De la decisión dictada se oirá apelación en el solo efecto devolutivo dentro de los diez (10) días de
despacho siguientes.
CAPITULO V
DE LA TRANSACCION JUDICIAL
Artículo 305: Las partes podrán terminar el proceso judicial pendiente mediante transacción
celebrada conforme a las disposiciones de este Capítulo, la cual deberá ser homologada por el
juez competente a los fines de su ejecución.
Artículo 306: La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.
Artículo 307: La transacción deberá ser solicitada por la parte recurrente, antes del acto de
informes y mediante escrito que consignará al Tribunal de la causa, exponiendo los fundamentos
de su solicitud.
El Tribunal al recibir el escrito le dará curso mediante auto en el cual ordene dar aviso a la
Administración Tributaria. Una vez notificada ésta, se suspenderá la causa por un lapso de
noventa (90) días continuos, con la finalidad que las partes discutan los términos de la
transacción.
Las partes de mutuo acuerdo podrán solicitar una prorroga, la cual no podrá exceder de treinta
(30) días continuos.
Artículo 308: La Administración Tributaria, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a
aquel en que haya recibido la notificación del Tribunal, procederá a formar expediente del caso, el
cual enviará dentro del mismo plazo a la Procuraduría General de la República, junto con su
opinión sobre los términos en que considere procedente la transacción.
Sin mayores dilaciones, cuando la Administración Tributaria considerase totalmente improcedente
la transacción propuesta, lo notificará al Tribunal dentro del referido plazo, solicitando de éste la
continuación del juicio en el estado en que se encuentre.
Artículo 309: La Procuraduría General de la República, dentro de los treinta (30) días continuos
siguientes al recibo del expediente, emitirá opinión no vinculante sobre la transacción propuesta.
La falta de opinión de la Procuraduría General de la República dentro del referido lapso, se
considerará como aceptación de llevar a cabo la transacción.
Parágrafo Único: No se requerirá la opinión de la Procuraduría General de la República cuando el
asunto sometido a ella no exceda de un mil unidades tributarias (1.000 U.T.) si se trata de
personas naturales y de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) si se trata de personas
jurídicas.
Artículo 310: Si la Administración Tributaria considera procedente la transacción propuesta,
redactará el acuerdo correspondiente y lo comunicará al interesado dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes al recibimiento de la opinión de la Procuraduría General de la República o al
vencimiento del lapso previsto en el artículo anterior.
El interesado responderá por escrito a la Administración Tributaria, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes, si se acoge o no al acuerdo comunicado.

70

En caso que el acuerdo no fuese aceptado por el interesado, el Tribunal ordenará la continuación
del juicio en el estado en que se encuentre.
Artículo 311: La Administración Tributaria conjuntamente con el interesado suscribirán el
acuerdo de transacción, el cual una vez homologado por el Tribunal pondrá fin al juicio.
CAPITULO VI
DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO
Artículo 312: La Administración Tributaria y los contribuyentes o responsables de mutuo
acuerdo, podrán someter a arbitraje independiente las disputas actuales surgidas en materias
susceptibles de transacción, de conformidad con lo establecido en el artículo 305 de este Código.
El arbitraje podrá proponerse y deberá acordarse una vez interpuesto y admitido el recurso
contencioso tributario. Las partes de mutuo acuerdo formalizarán el arbitraje en el mismo
expediente de la causa, debiendo expresarse con claridad las cuestiones que se someterán al
conocimiento de los árbitros.
Artículo 313: En ningún caso por vía del arbitraje previsto en este Código, podrán reabrirse los
lapsos para la interposición de los recursos administrativos y judicia les que hubieren caducado por
inactividad del contribuyente o responsable.
Artículo 314: El compromiso arbitral celebrado conforme a lo dispuesto en este Capítulo, será
excluyente de la jurisdicción contencioso tributaria en lo que concierne a la materia o asunto
sometido al arbitraje.
Artículo 315: El compromiso arbitral será suscrito por el contribuyente o responsable o su
representante judicial debidamente facultado para ello por el poder respectivo y, por el
representante judicial del Fisco de que se trate. El representante judicial del fisco requerirá en
todo caso la autorización de la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria.
Artículo 316: Cada parte designará un árbitro, y estos últimos convendrán de mutuo acuerdo en
la designación del tercero. De no existir consenso en la designación del tercer árbitro, la
designación la hará el Tribunal. En todo caso los árbitros deberán ser abogados.
Parágrafo Único: Los honorarios de los árbitros y demás gastos que ocasione el arbitraje, serán
sufragados en su totalidad por el contribuyente o responsable. En caso que el compromiso arbitral
haya sido celebrado a petición de la Administración Tributaria y ello se haga constar en el mismo,
los honorarios de los árbitros y demás gastos serán sufragados en su totalidad por la
Administración Tributaria, salvo que ésta y el contribuyente o responsable hayan convenido de
mutuo acuerdo en sufragarlas por partes iguales.
Artículo 317: Los árbitros designados deberán manifestar su aceptación dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su designación, ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario.
Los árbitros en materia tributaria, serán siempre y en todo caso, árbitros de derecho.
Artículo 318: El cargo de árbitro, una vez aceptado, es irrenunciable. El árbitro que sin causa
legítima se separe de su cargo, será responsable penalmente por el delito de denegación de
justicia, sin perjuicio de que se haga efectiva su responsabilidad administrativa o civil.
Si murieren o faltaren por cualquier otro motivo, los árbitros nombrados, o alguno de ellos, se les
sustituirá del mismo modo como se les hubiere nombrado.

71

Artículo 319: Los Tribunales ordinarios y especiales, así como las demás autoridades públicas
están en el deber de prestar a los árbitros toda la cooperación para el desempeño de la actividad
que le ha sido encomendada.
Artículo 320: En cualquier estado de la causa del proceso contencioso tributario en que las
partes se hayan sometido a arbitraje, se suspenderá el curso de ella y se pasarán inmediatamente
los autos al Tribunal Arbitral.
Artículo 321: El procedimiento arbitral culminará con un laudo, el cual será dictado por escrito,
motivado y firmado por los miembros del Tribunal Arbitral, quien lo notificará al contribuyente o
responsable y a la Administración Tributaria. El laudo se pasará con los autos al Tribunal Superior
de lo Contencioso Tributario, quien lo publicará al día siguiente de su consignación.
El laudo arbitral será de obligatorio cumplimiento tanto para el contribuyente o responsable como
para la Administración Tributaria.
Artículo 322: Los árbitros deberán dictar su decisión en el término de seis (6) meses contados a
partir de la constitución del Tribunal Arbitral. Dicho lapso podrá ser prorrogado hasta por seis (6)
meses má s, de oficio, o a solicitud del contribuyente o responsable o de la Administración
Tributaria.
Artículo 323: Las decisiones que dicte el Tribunal Arbitral serán apelables ante el Tribunal
Supremo de Justicia, en los casos que las mismas se hubieren dictado sin el acuerdo unánime de
los árbitros. El lapso de apelación comenzará a correr desde el día siguiente en que el laudo
hubiere sido publicado por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario.
Parágrafo Único: La ejecución del laudo corresponderá a los Tribunales Superiores de lo
Contencioso Tributario, de acuerdo con las normas de ejecución de sentencia establecidas en la
Sección Quinta del Capítulo I del Título VI del presente Código.
Artículo 324: Contra el laudo arbitral procederá el recurso de nulidad, el cual deberá
interponerse por escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ocho (8) días hábiles
de su publicación por el juez contencioso tributario. El expediente sustanciado por el Tribunal
Arbitral se acompañará al recurso de nulidad interpuesto.
Artículo 325: El laudo dictado por el Tribunal Arbitral se podrá declarar nulo:

1. Si la sentencia decisoria no se hubiere pronunciado sobre todas cuestiones sometidas a
2.
3.

arbitraje, o si estuviere concebida en términos de tal manera contradictorios que no
pudiere ejecutarse.
Si el Tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprueba que según el
ordenamiento jurídico, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje.
Si en el procedimiento no se hubieren observado las formalidades sustanciales, siempre
que la nulidad no se haya subsanado por el consentimiento de las partes.

Artículo 326: Los aspectos no regulados en este Capítulo o en otras disposiciones del presente
Código, se regirán, en cuanto sean aplicables, por las normas de la Ley de Arbitraje Comercial y el
Código de Procedimiento Civil.
CAPITULO VII

72

Artículo 327: Declarado totalmente sin lugar el recurso contencioso, o en los casos en que la
Administración Tributaria intente el juicio ejecutivo, el Tribunal procederá en la respectiva
sentencia a condenar en costas al contribuyente o responsable, en un monto que no excederá del
diez por ciento (10%) de la cuantía del recurso o de la acción que de lugar al juicio ejecutivo,
según corresponda. Cuando el asunto no tenga una cuantía determinada, el tribunal fijará
prudencialmente las costas.
Cuando, a su vez la Administración Tributaria resultare totalmente vencida por sentencia
definitivamente firme, será condenada en costas en los términos previstos en este artículo.
Asimismo, dichas sentencias indicarán la reparación por los daños que sufran los interesados,
siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Tributaria.
Los intereses son independientes de las costas pero ellos no correrán por el tiempo durante el cual
esté paralizado el juicio.
Parágrafo Único: El Tribunal podrá eximir del pago de costas, cuando a su juicio la parte
perdidosa haya tenido motivos racionales para litigar, en cuyo caso se hará declaración expresa
de ello en la sentencia.
Artículo 328: En los procedimientos judiciales consagrados en este Título, el Fisco podrá desistir
de cualquier acción o recurso, o convenir en ellos, previa instrucción del Poder Ejecutivo.
Artículo 329: Son competentes para conocer en primera instancia de los procedimientos
judiciales establecidos en este Título, los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, los
cuales los sustanciarán y decidirán con arreglo a las normas de este Código.
De las decisiones dictadas por dichos Tribunales podrá apelarse dentro de los términos previstos
en este Código, por ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Parágrafo Primero: Se exceptúan de esta disposición los procedimientos relativos a los ilícitos
sancionados con penas restrictivas de libertad, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción
penal ordinaria.
Parágrafo Segundo: Los jueces superiores de lo contencioso tributario incurrirán en
responsabilidad disciplinaria, administrativa y penal, de conformidad con las leyes respectivas
Artículo 330: La jurisdicción y competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso
Tributario se ejercerán en forma excluyente de cualquier otro fuero, por lo que no podrá atribuirse
la competencia a otra jurisdicción ni a otros Tribunales de distinta naturaleza.
Los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario serán unipersonales y cada uno de ellos
tendrá competencia en los procedimientos relativos a todos los tributos regidos por este Código.
Artículo 331: La creación de Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario, la fijación y la
designación de los respectivos jueces titulares, suplentes y demás funcionarios y empleados, y en
general todo lo relativo a su organización y funcionamiento, se regirá por las leyes especiales en
la materia.
No obstante, para ser designado Juez Superior de lo Contencioso Tributario, Suplente o Conjuez,
se requerirá especialización en Derecho Tributario, la cual se acreditará con título de post-grado
en Derecho Tributario o Financiero, expedido por universidad legalmente autorizada y la
comprobación de por lo menos cinco (5) años de ejercicio profesional en la especialidad, bien sea
libremente o al servicio de la Administración Tributaria Nacional, Estadal o Municipal, o con diez

73

(10) años de ejercicio profesional en la especialidad o al servicio de dicha Administración, o por
haber ocupado anteriormente el cargo de juez de lo contencioso tributario.
Artículo 332: En todo lo no previsto en este Título, y en cuanto sea aplicable, regirán
supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
TITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 333: Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de este Código en la
Gaceta Oficial, deberán crearse o ponerse en funcionamiento Tribunales Contenciosos Tributarios
en diferentes ciudades del país, con la finalidad de garantizar la tutela judicial efectiva de las
partes y el adecuado desenvolvimiento de los procedimientos judiciales. Los tribunales de la
jurisdicción civil ordinaria seguirán conociendo del juicio ejecutivo previsto en este Código, hasta
tanto se creen los Tribunales Contenciosos Tributarios previstos en el encabezamiento de este
artículo.
Parágrafo Único: Hasta tanto se dicte la ley que regule el funcionamiento de la jurisdicción
contencioso tributaria, corresponderá a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario el
conocimiento de los recursos establecidos en el Capítulo I del Título VI de este Código.
Artículo 334: Hasta tanto se cree la jurisdicción penal especial, conocerán de los ilícitos
sancionados con pena restrictiva de la libertad, los tribunales de la jurisdicción penal ordinaria.
Artículo 335: Hasta tanto se dicte el Código Orgánico Aduanero, se aplicará respecto de los
tributos aduaneros lo previsto en el artículo 1 de este Código.
Artículo 336: Hasta tanto se dicten las normas respectivas en la Ley de Impuesto Sobre la
Renta, se aplicarán en materia de acuerdos anticipados sobre precios de transferencia, las
disposiciones establecidas en los artículos 220 al 229 de este Código.
Artículo 337: Para las infracciones cometidas antes de la entrada en vigencia de este Código, se
aplicarán las normas previstas en el Código Orgánico Tributario de 1994.
Artículo 338: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 79 de este Código y hasta tanto se
reforme la legislación especial que regula los ilícitos aduaneros, será sancionado con multa
equivalente al 300% del valor de las mercancías declaradas y perderá el derecho a recibir
cualquier beneficio fiscal durante un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha en
que la infracción fuere comprobada, el que mediante acción u omisión incurra en alguno de los
siguientes ilícitos:

1. La simulación de una exportación con el objeto de obtener un beneficio fiscal.
2. Cuando el volumen o el valor de las mercancías declaradas no se correspondan con las
mercancías exportadas.

3. La desviación de las mercancías exportadas a cualquier lugar del territorio nacional.

74

4. La introducción de mercancías al territorio nacional destinadas al extranjero con el objeto
5.
6.

de obtener un beneficio fiscal, cuando no se haya declarado la reintroducción o
reimportación de las mismas.
La omisión en la declaración de reintroducción o reimportación de mercancías sin haber
manifestado la obtención de un beneficio fiscal.
El que mediante documento forjado, falsificado, adulterado o no emitido por el órgano o
funcionario autorizado, o emitido por éste en forma irregular, obtengan o intenten obtener
un beneficio fiscal.

Parágrafo Único: La sanción prevista en este artículo se aplicará sin perjuicio de la pena de
comiso o de cualquier otra sanción administrativa o penal a que hubiere lugar de conformidad con
lo establecido en la normativa especial aduanera.
Artículo 339: Mediante ley podrá establecerse un régimen simplificado de tributación sobre base
presuntiva, el cual será autónomo e integrado que sustituirá el pago de tributos que ella
determine. Dicha ley deberá consagrar normas relativas a los sujetos pasivos, determinación de la
obligación, facultades de la Administración Tributaria, y en general todas aquellas disposiciones
que permitan la aplicación y cumplimiento del régimen.
Igualmente, la ley establecerá las sanciones pertinentes de manera excepcional y exclusiva para
los supuestos en ella previstos.
CAPITULO II
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 340: No son aplicables a la materia tributaria regida por este Código los artículos 4°, 5°,
7° 10, 18 45, 46, 49, 55, 56, 58, 69, 79, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104 numeral 10°, 105, Título
X, artículos 272 al 303, Título XI, artículos 304 al 316 y Título XII artículos 317 al 426 de la Ley
Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, y cualesquiera otras disposiciones de naturaleza
tributaria contenidas en dicha ley.
Igualmente, no serán aplicables a la materia tributaria las disposiciones relativas al procedimiento
de ejecución de créditos fiscales establecido en el Código de Procedimiento Civil. Asimismo, no
será aplicable a la materia tributaria estadal y municipal lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Parágrafo Único: Los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes para la fecha de entrada en
vigencia de este Código, en los tribunales de la jurisdicción ordinaria, en primera o segunda
instancia, continuarán en dicha jurisdicción hasta su conclusión definitiva.
Artículo 341: Hasta tanto se dicte la ley a que se refiere el artículo 317 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, permanecerán en vigencia los artículos 225, 226 y 227 del
Decreto-Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario del 25 de mayo de 1994, así como
todas las normas de carácter sublegal que se hubieren dictado en cumplimiento de lo establecido
en los referidos artículos.
Se destinará directamente a la Administración Tributaria Nacional, un mínimo del tres por ciento
(3%) hasta un máximo del cinco por ciento (5%) de los ingresos que generen los tributos que ella
administre, con exclusión de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y actividades conexas,
para atender el pago de las erogaciones destinadas al cumplimiento de sus funciones.

75

Artículo 342: Se derogan los parágrafos tercero y sexto del artículo 87 de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.340 Extraordinario de fecha 22 de octubre de
1999, el numeral 3 del artículo 43 de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado,
publicada en la Gaceta Oficial N° 37.002 de fecha 28 de julio de 2000, y todas las disposiciones
legales relativas a las materias que regula el presente Código, las cuales estarán regidas
únicamente por sus normas y por las leyes a las que este Código remita expresamente. Queda a
salvo lo dispuesto en el artículo 340 de este Código.
Artículo 343: Las disposiciones establecidas en el Título I, Título II, Sección Primera, Segunda,
Tercera, Quinta, Octava, Novena, Décima y Décima Segunda del Capítulo III del Título IV, y los
artículos 122, 340 y 342 de este Código, entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial. Las disposiciones establecidas en la Sección Cuarta del Capítulo II del Título III,
así como el artículo 263 de este Código, entrarán en vigencia trescientos sesenta días (360)
continuos después de su publicación en la Gaceta Oficial. El resto de las disposiciones de este
Código entrarán en vigencia noventa (90) días continuos después de su publicación en la Gaceta
Oficial.

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