Lc corrupcion

LEY CONTRA LA CORRUPCION
Gaceta Oficial N° 5.637 Extraordinario de fecha 07 de abril de 2003

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

la siguiente,

DECRETA
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN
TÍTULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de normas que
rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los
fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y
transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de
honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad,
rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos
contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes
infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al
patrimonio público.
Artículo 2. Están sujetos a esta Ley los particulares, personas naturales o
jurídicas y los funcionarios públicos en los términos que en esta Ley se
establecen.
Artículo 3. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley que establezca el Estatuto
de la Función Pública, a los efectos de esta Ley se consideran funcionarios o
empleados públicos a:
1. Los que estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias,
remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o
contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República,
de los estados, de los territorios y dependencias federales, de los distritos,

de los distritos metropolitanos o de los municipios, de los institutos
autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, de las
universidades públicas, del Banco Central de Venezuela o de cualesquiera
de los órganos o entes que ejercen el Poder Público.
2. Los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles,
fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con
recursos públicos o dirigidas por algunas de las personas a que se refiere el
artículo 4 de esta Ley, o cuando la totalidad de los aportes presupuestarios
o contribuciones en un ejercicio provenientes de una o varias de estas
personas represente el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto
o patrimonio; y los directores nombrados en representación de dichos
órganos y entes, aun cuando la participación fuere inferior al cincuenta por
ciento (50%) del capital o patrimonio.
3. Cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley.
A los fines de esta Ley deben considerarse como directores y administradores,
quienes desempeñen funciones tales como:
a) Directivas, gerenciales, supervisorias, contraloras y auditoras.
b) Participen con voz y voto en comités de: compras, licitaciones, contratos,
negocios, donaciones o de cualquier otra naturaleza, cuya actuación pueda
comprometer el patrimonio público.
c) Manejen o custodien almacenes, talleres, depósitos y, en general, decidan
sobre la recepción, suministro y entrega de bienes muebles del ente u
organismos, para su consumo.
d) Movilicen fondos del ente u organismo depositados en cuentas bancarias.
e) Representen al ente u organismo con autoridad para comprometer a la
entidad.
f) Adquieran compromisos en nombre del ente u organismo o autoricen los
pagos correspondientes.
g) Dicten actos que incidan en la esfera de los derechos u obligaciones de los
particulares o en las atribuciones y deberes del Estado.
Las disposiciones de la presente Ley se aplican a las personas indicadas en
este artículo, aun cuando cumplan funciones o realicen actividades fuera del
territorio de la República.
Artículo 4. Se considera patrimonio público aquel que corresponde por
cualquier título a:
1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público

Nacional.
2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público
Estadal.
3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los
distritos y distritos metropolitanos.
4. Los órganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en
las demás entes locales previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los
territorios y dependencias federales.
6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela.
8. Las universidades públicas.
9. Las demás personas de Derecho Público nacionales, estadales, distritales y
municipales.
10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se
refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social,
así como las que se constituyen con la participación de aquéllas.
11. Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con
fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los
numerales anteriores, o en las cuales tales personas designen sus
autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones
efectuadas en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a
que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento
(50%) o más de su presupuesto.
Se considera igualmente patrimonio público, los recursos entregados a
particulares por los entes del sector público mencionados en el artículo
anterior, mediante transferencias, aportes, subsidios, contribuciones o alguna
otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidades de interés o
utilidad pública, hasta que se demuestre el logro de dichas finalidades. Los
particulares que administren tales recursos estarán sometidos a las sanciones
y demás acciones y medidas previstas en esta Ley y en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Artículo 5. Cuando las personas señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 y 9 del artículo anterior tengan una participación accionaria menor al
cincuenta por ciento (50%) en cualquier sociedad, dicha participación se
considerará patrimonio público a los efectos de esta Ley y estará sujeto a las
normas y principios en ella establecidos. Su irregular o incorrecta
administración será penada de conformidad con lo previsto en esta Ley y las

sanciones administrativas establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Capítulo II
Principios para Prevenir la Corrupción
y Salvaguardar el Patrimonio Público
Artículo 6. En la administración de los bienes y recursos públicos, los
funcionarios y empleados públicos se regirán por los principios de honestidad,
transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de
cuentas y responsabilidad.
Artículo 7. Los funcionarios y empleados públicos deben administrar y
custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de
forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo
integran, se haga de la manera prevista en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y las leyes, y se alcancen las finalidades establecidas
en las mismas con la mayor economía, eficacia y eficiencia.
Artículo 8. Toda la información sobre la administración del patrimonio
público que corresponda a las personas indicadas en los artículos 4 y 5 de
esta Ley, tendrá carácter público, salvo las excepciones que por razones de
seguridad y defensa de la Nación expresamente establezca la ley.
Artículo 9. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior,
las personas a que se refieren los artículos 4 y 5 de esta Ley deberán
informar a los ciudadanos sobre la utilización de los bienes y el gasto de los
recursos que integran el patrimonio público cuya administración les
corresponde. A tal efecto, publicarán trimestralmente y pondrán a la
disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público o de
atención ciudadana que deberán crear, un informe detallado de fácil manejo y
comprensión, sobre el patrimonio que administran, con la descripción y
justificación de su utilización y gasto.
El informe a que se refiere este artículo podrá efectuarse por cualquier medio
impreso, audiovisual, informático o cualquier otro que disponga el ente, de
acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 10. Los particulares tienen el derecho de solicitar a los órganos y
entes indicados en los artículos 4 y 5 de esta Ley, cualquier información sobre
la administración y custodia del patrimonio público de dichos órganos y entes.
Asimismo, podrán acceder y obtener copia de los documentos y archivos
correspondientes para examinar o verificar la información que se les
suministre, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, salvo las

excepciones que por razones
expresamente establezca la ley.

de

seguridad

y

defensa

de

la

Nación

Artículo 11. El Ejecutivo Nacional deberá someter a consulta pública el
anteproyecto de Ley del Marco Plurianual del Presupuesto y el anteproyecto de
Ley de Presupuesto Anual, antes de su presentación a la Asamblea Nacional,
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Administración
Pública.
Artículo 12. Los particulares y las organizaciones de la sociedad tienen
derecho a participar en la formulación, evaluación y ejecución presupuestaria
de acuerdo con el nivel político territorial correspondiente, de conformidad con
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley.
A tal efecto, la Oficina Nacional de Presupuesto someterá periódicamente a
consulta pública, el diseño de los indicadores de gestión a que se refiere la
Sección Séptima del Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Título VI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública.
Artículo 13. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del
Estado y no de parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no
podrán destinar el uso de los bienes públicos o los recursos que integran el
patrimonio público para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a
intereses económicos particulares.
Artículo 14. El nombramiento y remoción o destitución de los funcionarios y
empleados públicos no podrá estar determinado por afiliación u orientación
política alguna y se realizará de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes.
Artículo 15. Las autoridades competentes establecerán sueldos y salarios a
los funcionarios y empleados públicos, suficientes para garantizar su
independencia política y económica en el ejercicio de la función pública.
Artículo 16. Los funcionarios y empleados públicos instruirán los
procedimientos y demás trámites administrativos procurando su simplificación
y respetando los principios de economía, celeridad, eficacia, objetividad,
imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza, establecidos
en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 17. Los funcionarios y empleados públicos deberán administrar los

bienes y recursos públicos con criterios de racionalidad y eficiencia,
procurando la disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos
disponibles en atención a los fines públicos.
Artículo 18. Los funcionarios y empleados públicos deberán utilizar los bienes
y recursos públicos para los fines previstos en el presupuesto correspondiente.
Artículo 19. Los funcionarios y empleados públicos actuarán de conformidad
con lo establecido en la ley. Cuando una disposición legal o reglamentaria deje
a su juicio o discrecionalidad una decisión, medida o providencia, ésta deberá
ser suficientemente motivada y mantener la debida proporcionalidad y
adecuación con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los
trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia.
Artículo 20. Los funcionarios públicos a que se refiere el Capítulo IV del Título
II de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal deberán rendir cuentas de los bienes y recursos
públicos que administren de conformidad con las disposiciones establecidas en
dicha Ley.
En todo caso, el informe de rendición de cuentas correspondiente será público
y a él tendrá acceso cualquier ciudadano.
Artículo 21. Los funcionarios y empleados públicos responden civil, penal,
administrativa y disciplinariamente por la administración de los bienes y
recursos públicos, de conformidad con lo establecido en la ley.
Artículo 22. Los funcionarios y empleados públicos ceñirán sus actuaciones a
las disposiciones del Código de Ética para el Funcionario Público, sin perjuicio
de las demás normativas aplicables.
Capítulo III
Declaración Jurada de Patrimonio
Artículo 23. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
las personas señaladas en el artículo 3 de esta Ley deberán presentar
declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes
a la toma de posesión de sus cargos y dentro de los treinta (30) días
posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos o funciones
públicas.

El lapso para presentar la declaración jurada de patrimonio de las personas
señaladas en el numeral tercero, del artículo 3 de esta Ley, se establecerá
mediante resolución motivada que dicte el Contralor General de la República,
a fin de exigirles la presentación de la situación patrimonial.
La declaración jurada de patrimonio estará exenta de todo impuesto o tasa.
Artículo 24. A quienes competa hacer los nombramientos o designaciones de
los funcionarios o empleados públicos, y a los presidentes de cuerpos
integrados por funcionarios electos, corresponderá participar, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal con respecto al registro de inhabilitados, a
la Contraloría General de la República las elecciones recaídas, los
nombramientos o designaciones hechos y las respectivas tomas de posesión
de cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de esta Ley, a los
fines de lo establecido en el artículo anterior y del registro correspondiente.
Tal participación deberá hacerla el obligado dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha en la cual el funcionario o empleado público asuma el
ejercicio del cargo.
Artículo 25. La Contraloría General de la República, en casos excepcionales y
justificados, podrá prorrogar mediante resolución los lapsos establecidos en
los artículos anteriores. La solicitud de prórroga deberá ser presentada antes
del vencimiento de dichos lapso.
Artículo 26. La declaración jurada de patrimonio deberá cumplir los
requisitos que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y los que mediante
Resolución señale el Contralor General de la República, de conformidad con lo
establecido en dicha Ley.
Los responsables del área de recursos humanos de los entes u órganos a los
que se refiere el artículo 4 de la presente Ley, están en la obligación de
requerir a los funcionarios o empleados públicos, copia del comprobante en el
que conste la presentación de la declaración jurada de patrimonio por ante el
funcionario competente para recibirla. Dicha copia se incorporará al
expediente del declarante en la Dirección de Recursos Humanos o en la
dependencia con competencia en esa materia.
Artículo 27. Las personas obligadas a formular declaración jurada de
patrimonio prestarán las facilidades necesarias para verificar la sinceridad de
ellas. A tal efecto, permitirán a los funcionarios competentes la inspección de

libros, cuentas bancarias, documentos, facturas, conocimientos y otros
elementos que tiendan a comprobar el contenido de la declaración.
Idéntica obligación estará a cargo de los funcionarios o empleados públicos y
de los particulares o personas jurídicas que tengan dichos documentos en su
poder, quienes quedarán obligados a enviarlos a la Contraloría General de la
República, dentro de los diez (10) días siguientes al requerimiento de las
mismas por parte del organismo y sujetos a la sanción prevista en esta Ley,
en caso de incumplimiento de dicha obligación.
La Contraloría General de la República podrá ordenar a cualquier organismo o
entidad del sector público, la práctica de actuaciones específicas, con la
finalidad de verificar el contenido de las declaraciones juradas de patrimonio.
Artículo 28. El Ministerio Público y los tribunales de la jurisdicción penal
podrán exigir la presentación de la declaración jurada de patrimonio a las
personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley o a otras personas, cuando de
las investigaciones que estén conociendo, surjan indicios de la comisión de los
delitos establecidos en esta Ley. La declaración solicitada deberá ser
presentada dentro del plazo que el Ministerio Público o el tribunal
correspondiente determine, el cual no podrá ser menor de quince (15) días
hábiles contados desde la fecha de la respectiva notificación, y una vez
recibida será enviada copia certificada de la misma a la Contraloría General de
la República.
Artículo 29. La Contraloría General de la República, recibida la declaración
jurada de patrimonio, procederá a verificar la veracidad de la misma y a
cotejarla, de ser el caso, con la declaración anterior.
El Contralor General de la República podrá solicitar directamente a las
respectivas embajadas, atendiendo a los convenios y tratados internacionales
sobre la materia, que le suministren los elementos probatorios que se
requieran con motivo del procedimiento de verificación de las declaraciones
juradas de patrimonio. Igualmente, podrá solicitar con ocasión a la verificación
de la declaración jurada de patrimonio del funcionario que haya cesado en el
ejercicio de sus funciones, la presentación de una nueva declaración
patrimonial, aun cuando no esté activo en la función pública.
Los informes de auditorías patrimoniales, así como las pruebas obtenidas por
la Contraloría General de la República para verificar y cotejar las declaraciones
juradas de patrimonio, tendrán fuerza probatoria mientras no sean
desvirtuadas en el debate judicial.

La Contraloría General de la República podrá verificar de oficio la situación
patrimonial de quienes estando obligados a presentar su declaración jurada de
patrimonio no lo hicieren.
Artículo 30. Cuando la Contraloría General de la República observe que la
declaración no se ajusta a las exigencias previstas en la ley o surjan dudas
acerca de la exactitud de los datos que ella contenga, ordenará al declarante
que presente los elementos probatorios del caso, dentro de los lapsos de
treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha en que haya sido
notificado, más el término de la distancia.
Artículo 31. El declarante podrá solicitar de la Contraloría General de la
República, después de su notificación, la concesión de un plazo adicional no
mayor de veinte (20) días continuos, para comprobar ante ella la veracidad de
su declaración jurada de patrimonio. Dicho organismo podrá acordar la
prórroga por resolución que notificará al solicitante.
Artículo 32. De las actuaciones realizadas con motivo del procedimiento de
verificación patrimonial previsto en esta Ley, se formará expediente y se
dejará constancia de sus resultados en un informe, con base en el cual, la
Contraloría General de la República, mediante auto motivado, decidirá si
admite o no la declaración jurada de patrimonio, procediendo al efecto de la
manera siguiente:
1. Si del análisis realizado se concluye que los datos contenidos en la
declaración jurada de patrimonio son veraces, será admitida y se ordenará
el archivo del expediente.
2. Si por el contrario se determina que la declaración jurada de patrimonio no
es veraz, por existir disparidad entre lo declarado y el resultado de la
auditoria patrimonial, la Contraloría General de la República remitirá las
actuaciones al Ministerio Público para que sea ejercida la acción pertinente,
a fin de hacer efectiva la responsabilidad del declarante.
3. Si el Ministerio Público considera necesarias otras diligencias a las
efectuadas por la Contraloría General de la República, podrá comisionar a
ésta para que las practique, en cuyo caso actuará bajo la rectoría y
dirección del Ministerio Público.
TÍTULO II
DE LAS SANCIONES
Capítulo I

De las Sanciones Administrativas y su Procedimiento
Artículo 33. Independientemente de la responsabilidad civil, penal,
administrativa o disciplinaria serán sancionados, con multa de cincuenta (50)
a quinientas unidades tributarias (500 U.T.):
1. Quienes omitieren presentar la declaración jurada de patrimonio dentro del
término previsto para ello.
2. Quienes omitieren presentar en el término que se le hubiere acordado, los
documentos solicitados con motivo del procedimiento de verificación
patrimonial.
3. Quienes se les exija mediante resolución, presentar la declaración jurada de
patrimonio y no lo hicieren.
4. Quienes no participen los nombramientos, designaciones, tomas de
posesiones, remociones o destituciones.
5. Los responsables del área de recursos humanos cuando no exijan al
funcionario público el comprobante que demuestre el cumplimiento de
haber presentado la declaración jurada de patrimonio.
6. Las máximas autoridades a quienes se les haya solicitado la aplicación de
medidas preventivas y no lo hicieren o a quienes éstos hayan encargado
su aplicación.
7. Los funcionarios públicos que ordenen la cancelación de prestaciones
sociales u otros conceptos con motivo del cese en el ejercicio de funciones
públicas por renuncia, destitución o porque se les conceda el beneficio de
jubilación, a funcionarios, sin antes haber exigido copia del comprobante
donde conste la presentación de la declaración jurada de patrimonio.
8. Cualquiera que de algún modo obstaculice o entrabe la práctica de alguna
diligencia que deba efectuarse con motivo de la auditoría patrimonial.
9. Cualquier persona que falseare u ocultare los datos contenidos o que deba
contener su declaración de patrimonio o la información o datos que se les
requiera con ocasión a su verificación.
10. Los titulares de los órganos y entes a que se refieren los artículos 4 y 5 de
esta Ley, que no publiquen y pongan a disposición el informe a que se
refiere el artículo 9.
11. Quienes la Contraloría General de la República les haya ordenado practicar
actuaciones específicas, con la finalidad de verificar el contenido de la
declaración jurada de patrimonio y no las hicieren.
Artículo 34. El Contralor General de la República o sus delegatarios
impondrán, previo el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en

este Capítulo, las sanciones señaladas en el artículo anterior.
Artículo 35. El procedimiento administrativo sancionatorio se iniciará con auto
motivado que contendrá una relación sucinta de los hechos, la base legal
presuntamente inobservada, el sujeto llamado a dar cumplimento a la misma y
los elementos probatorios correspondientes. Éste será notificado al presunto
infractor a objeto de que ejerza por escrito, dentro del lapso de diez (10) días
hábiles, su derecho a la defensa.
Una vez presentado el escrito de defensa por el presunto infractor, el Contralor
General de la República o sus delegatarios decidirán si imponen o no la sanción
prevista en artículo 33 de esta Ley, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, la cual será notificada al sancionado de acuerdo con la Ley Orgánica
de Procedimientos Administrativos. Dicha decisión agota la vía administrativa.
Cuando así lo considere procedente, el Contralor General de la República o sus
delegatarios podrán dictar auto para mejor proveer.
En la aplicación de la sanción se tomarán en cuenta las circunstancias
atenuantes y agravantes que correspondan. Se consideran atenuantes, la falta
de intención, dolo o culpa del contraventor y el no haber sido objeto de
sanciones durante los cinco (5) últimos años. Se consideran agravantes la
reincidencia, la reiteración y la resistencia o reticencia.
Artículo 36. Sin perjuicio del agotamiento de la vía administrativa, contra las
decisiones dictadas por el Contralor General de la República o sus delegatarios,
se podrá interponer el recurso de reconsideración, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a su notificación. Dicho recurso será decidido dentro de
los quince días (15) hábiles siguientes a su interposición. Asimismo se podrá
interponer recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el
lapso de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a su notificación.
Una vez firme en vía administrativa la decisión prevista en el artículo 35 de
esta Ley, se solicitará la expedición de la planilla de liquidación
correspondiente y se procederá a realizar la gestión de cobro.

Capítulo II
De las Medidas Preventivas
Artículo 37. El Contralor General de la República solicitará a la máxima
autoridad del ente u organismo de que se trate, la aplicación de las medidas
preventivas, con el objeto de asegurar la presentación de la declaración jurada
de patrimonio y/o los documentos que se exijan en el procedimiento de

verificación patrimonial.
La máxima autoridad aplicará la medida preventiva requerida al recibo de su
solicitud y deberá participar su ejecución a la Contraloría General de la
República en un lapso no mayor de tres (3) días hábiles.
Artículo 38. Sin perjuicio de las demás sanciones que sean procedentes, se
suspenderá sin goce de sueldo por un lapso de hasta doce (12) meses a:
1. El funcionario que no presente la declaración jurada de patrimonio, hasta
tanto demuestre que dio cumplimiento a la obligación.
2. El funcionario público que no suministre los documentos que exija la
Contraloría General de República, en la auditoría patrimonial.
3. El funcionario que no ejecute la suspensión acordada por el Contralor
General de la República.
4. El funcionario que de algún modo obstaculice o entrabe la práctica de
alguna diligencia que deba efectuarse con motivo de la auditoria
patrimonial.
Artículo 39. Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, quedará
inhabilitado para ejercer cualquier cargo público:
1. El funcionario público que cese en el ejercicio de sus funciones y no
presente declaración jurada de patrimonio.
2. El funcionario público que falseare u ocultare los datos contenidos en la
declaración jurada de patrimonio o los suministrados en el procedimiento
de verificación patrimonial.
3. Quienes hayan sido sancionados por el Contralor General de la República o
sus delegatarios, por no cumplir con la obligación de presentar declaración
jurada de patrimonio o documentación requerida en el proceso de
verificación patrimonial y se mantengan contumaces.
4. Los Fiscales o representantes del Ministerio Público que dolosamente no
interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones correspondientes,
no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad,
no cumplan los lapsos procesales o no coadyuven con la debida protección
del procesado.
5. El funcionario o empleado público que haya sido condenado por
cualesquiera de los delitos establecidos en la presente Ley.
La inhabilitación que corresponda según los numerales 1, 2 y 3 de este
artículo, será determinada por el Contralor General de la República en la
resolución que dicte al efecto, la cual no podrá exceder de doce (12) meses,
siempre y cuando sea subsanado el incumplimiento, y en los casos a que se

refieren los numerales 4 y 5, por el Juez que conozca el caso en sentencia
definitiva, a cuyo efecto establecerá un lapso no mayor de quince (15) años.
Artículo 40. Los funcionarios públicos que cesen en el ejercicio de sus
funciones públicas por renuncia, destitución, o porque se les conceda el
beneficio de jubilación, no podrán retirar los pagos que les correspondan por
cualquier concepto hasta tanto presenten la declaración jurada de patrimonio
correspondiente al cese de sus funciones.

TÍTULO III

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL MINISTERIO PÚBLICO
EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
Artículo 41. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones,
la Contraloría General de la República tendrá los siguientes deberes y
atribuciones en materia de corrupción:
1. Recibir, admitir, estudiar, cotejar, verificar, ordenar y archivar las
declaraciones juradas de patrimonio que le fueren presentadas.
2. Exigir la formulación y presentación de la declaración jurada del patrimonio
a las personas que deban hacerlo, en la oportunidad y condiciones que
juzgue necesario, de conformidad con la ley.
3. Enviar al Fiscal General de la República o a los tribunales competentes
todos los documentos o elementos que ellos exijan, así como los resultados
de las investigaciones que realice, sobre toda acción u omisión que
produjere un perjuicio al patrimonio público o pudiere comprometer la
responsabilidad civil o penal de las personas sujetas a esta Ley.
4. Investigar a las personas jurídicas que contraten con alguno de los entes u
órganos señalados en los artículos 4 y 5 de esta Ley, cuando en su capital
participe, directamente o por interpuesta persona, cualquier funcionario en
contravención con lo dispuesto en el artículo 145 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
5. Practicar las investigaciones pertinentes cuando fundadamente se presuma
que alguna de las personas sometidas a esta Ley, aun por medio de sujetos
interpuestos, hubiere efectuado remesas de fondos al exterior con el
propósito de ocultar su enriquecimiento ilícito.

Artículo 42. La Contraloría General de la República podrá aclarar las dudas
que puedan presentarse en la interpretación de la obligación de hacer
declaración jurada de patrimonio, en las investigaciones para determinar
responsabilidades administrativas, y en la sustanciación de aquellos casos en
que pueda derivarse responsabilidad penal o civil.
Artículo 43. La Contraloría General de la República tiene competencia para
investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relación con el patrimonio
público, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A estos
efectos, podrá realizar las averiguaciones que crea necesarias en los órganos y
entes que se mencionan en los artículos 4 y 5 de esta Ley.
Artículo 44. Cuando la Contraloría General de la República determine la
responsabilidad administrativa de un funcionario público de conformidad con
esta Ley, remitirá al Ministerio Público el resultado de sus actuaciones para
que éste ejerza las acciones correspondientes.
Artículo 45. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio
Público y en el Código Orgánico Procesal Penal, en materia de corrupción el
Ministerio Público tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
1. Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la
responsabilidad penal, civil, laboral, militar, administrativa o disciplinaria
en que hubieren incurrido las personas indicadas en el artículo 3 de esta
Ley.
2. Solicitar a los órganos de investigación penal, realizar actuaciones
complementarias que permitan recabar los elementos probatorios
conducentes a determinar la procedencia del ejercicio de las acciones a
que haya lugar, contra las personas sometidas a investigación por el
órgano contralor.
3. Informar a la Contraloría General de la República el resultado de las
acciones que hubiere intentado con fundamento en el resultado obtenido
en el procedimiento de auditoría patrimonial. En los casos en que
desestime el ejercicio de las acciones de su competencia, deberá participar
a la Contraloría General de la República a través de un informe los motivos
que asistieron la desestimatoria.
4. Recabar, conservar y estructurar cualesquiera elementos probatorios que
considere necesarios y útiles para el procesamiento de las personas
incursas en la perpetración de alguno de los delitos previstos en esta Ley.
5. Velar por la aplicación de las sanciones administrativas y disciplinarias que
sean procedentes.

6. Intentar la acción civil de cobro de las multas administrativas impuestas por
la Contraloría General de la República como consecuencia de la declaración
de responsabilidad administrativa, y que no hubieren sido satisfechas.
7. Las demás que le señale la ley.
TÍTULO IV
DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE ESTA LEY
Capítulo I
Del Enriquecimiento Ilícito y su Restitución al Patrimonio Público
Artículo 46. Incurre en enriquecimiento ilícito el funcionario público que
hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial
desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar
requerido y que no constituya otro delito.
Para la determinación del enriquecimiento ilícito de las personas sometidas a
esta Ley, se tomarán en cuenta:
1. La situación patrimonial del investigado.
2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento en relación con el
importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios.
3. La ejecución de actos que revelen falta de probidad en el desempeño del
cargo y que tengan relación causal con el enriquecimiento.
4. Las ventajas obtenidas por la ejecución de contratos con alguno de los
entes indicados en el artículo 4 de esta Ley.
Artículo 47. Además de las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley,
podrán incurrir en enriquecimiento ilícito:
1. Aquellas a las cuales se hubiere exigido declaración jurada de patrimonio,
de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley.
2. Aquellas que ilegalmente obtengan algún lucro por concepto de ejecución
de contratos celebrados con cualquiera de los entes u órganos indicados en
el artículo 4 de esta Ley.
Artículo 48. Los bienes que constituyen el enriquecimiento ilícito, por el sólo
hecho de la sentencia ejecutoriada, pasarán a ser propiedad de la entidad
afectada, cuando se le produjere un perjuicio económico. En los demás casos,

ingresarán a la Hacienda Pública Nacional.
Artículo 49. Cuando por cualquier medio, el Ministerio Público conozca de la
existencia de indicios de que se ha incurrido en un presunto enriquecimiento
ilícito, acordará iniciar, por auto motivado, la investigación correspondiente y
ordenará practicar todas las diligencias encaminadas a demostrar dicho
enriquecimiento. El Ministerio Público, a fin de sustanciar la referida
investigación, podrá apoyarse en cualesquiera de los órganos de policía.
Artículo 50. Los funcionarios o empleados públicos y los particulares están
obligados a rendir declaración de los hechos que conozcan y a presentar a la
Contraloría General de la República o a sus delegados, al Ministerio Público y
al órgano jurisdiccional competente, según el caso, libros, comprobantes y
documentos relacionados con el hecho que se averigua, sin observar lo
pautado en el Título VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Cuando se tratare de inspección de cartas, telegramas, papeles privados y
cualquier otro medio de correspondencia o comunicación, se procederá de
conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, el Código Civil y el Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 51. Terminada la investigación, si no resultaren probados los hechos
averiguados, el Ministerio Publico hará declaración expresa de ello. En caso
contrario, procederá de la forma siguiente:
1. Si aparecieren fundados indicios de que el investigado ha cometido el delito
de enriquecimiento ilícito o cualquiera de los otros delitos contemplados en
esta Ley, intentará la acción penal correspondiente.
2. Si resultare que el investigado está incurso en la comisión de hechos
constitutivos de infracciones de índole fiscal, se remitirá a la Contraloría
General de la República, a fin de que decida lo correspondiente, de
conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
3. Si resultaren comprobados daños y perjuicios causados al patrimonio
público, bajo supuestos distintos a los contemplados en la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, ejercerá la acción civil respectiva.
Capítulo II
Otros Delitos Contra el Patrimonio Público
Artículo 52. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 de la
presente Ley que se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los
bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya
recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será
penado con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa del veinte por ciento

(20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. Se
aplicará la misma pena si el agente, aun cuando no tenga en su poder los
bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o
distraídos, en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le
proporciona su condición de funcionario público.
Artículo 53. Cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley
que teniendo, por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia
de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público,
diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de
leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan,
deterioren o dañen esos bienes, será penada con prisión de seis (6) meses a
tres (3) años.
Artículo 54. El funcionario público que, indebidamente, en beneficio particular
o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones
u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del
patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del
Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será
penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.
Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del
funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos.
Artículo 55. Cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los
artículos precedentes, antes de iniciarse la investigación, haya restituido lo
apropiado o distraído, o reparado enteramente el daño causado, en el caso de
que por la naturaleza del hecho o por otras circunstancias no fuere posible la
restitución, la pena se disminuirá en dos terceras (2/3) partes.
Si la restitución o la reparación se efectúa en el curso del juicio antes de
dictarse sentencia de primera instancia, la pena se podrá disminuir hasta la
mitad.
Cuando el reintegro fuere parcial en cualquiera de los dos casos señalados, se
podrá disminuir la pena hasta en una cuarta (1/4) parte, según la cantidad
reintegrada o el daño reparado y la gravedad y modalidades del hecho
punible.
Artículo 56. El funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas
a su cargo, una aplicación diferente a la presupuestada o destinada, aun en
beneficio público, será penado con prisión de tres meses a tres años, según la
gravedad del delito.

Artículo 57. El funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o
rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o
destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penado
con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años.
Artículo 58. El funcionario público que, con el objeto de evadir la aplicación
de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que
establece la ley para efectuar determinada contratación, o alegare ilegalmente
razones de emergencia, será penado con prisión de seis (6) meses a tres (3)
años. Con igual pena serán sancionados los funcionarios que otorgaren las
autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones.
Artículo 59. El funcionario público que excediéndose en las disposiciones
presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito
público, efectúe gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier
naturaleza que hagan procedente reclamaciones contra la República o contra
algunas de las entidades o instituciones indicadas en el artículo 4 de esta Ley,
será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años, excepto en aquellos casos
en los cuales el funcionario, a fin de evitar la paralización de un servicio,
obtuviere la autorización del gasto por parte del Presidente de la República en
Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta autorización a las Comisiones
Permanentes de Finanzas y de Contraloría o, en su defecto, a la Comisión
Delegada de la Asamblea Nacional.
Artículo 60. El funcionario público que abusando de sus funciones, constriña
o induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma
de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida, será penado con prisión
de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del
valor de la cosa dada o prometida.
Artículo 61. El funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba
para sí mismo o para otro, retribuciones u otra utilidad que no se le deban o
cuya promesa acepte, será penado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y
multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo recibido o prometido. Con
la misma pena será castigado quien diere o prometiere el dinero,
retribuciones u otra utilidad indicados en este artículo.
Artículo 62. El funcionario público que por retardar u omitir algún acto de
sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo
que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien
por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con
prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta el cincuenta por ciento
(50%) del beneficio recibido o prometido.

La prisión será de cuatro (4) a ocho (8) años y la multa de hasta el sesenta
por ciento (60%), si la conducta ha tenido por efecto:
1. Conferir empleos públicos, subsidios, pensiones u honores, o hacer que se
convenga en contratos relacionados con la administración a la que
pertenezca el funcionario.
2. Favorecer o causar algún perjuicio o daño a alguna de las partes en
procedimiento administrativo o juicio penal, civil o de cualquier otra
naturaleza.
Si el responsable de la conducta fuere un juez, y de ello, resultare una
sentencia condenatoria restrictiva de la libertad que exceda de seis (6)
meses, la pena de prisión será de cinco (5) a diez (10) años.
Con la misma pena en cada caso, será castigada la persona interpuesta de la
que se hubiere valido el funcionario público para recibir o hacerse prometer el
dinero u otra utilidad, y la persona que diere o prometiere el dinero u otra
utilidad indicados en este artículo.
Artículo 63. Cualquiera que, sin conseguir su objeto, se empeñe en persuadir
o inducir a cualquier funcionario público a que cometa alguno de los delitos
previstos en los artículos 61 y 62 de esta Ley, será castigado, cuando la
inducción sea con el objeto de que el funcionario incurra en el delito previsto
en el artículo 61, con prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si fuere con
el fin de que incurra en el señalado en el artículo 62, con las penas allí
establecidas, reducidas a la mitad.
Artículo 64. Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del
indiciado, procesado o reo, por parte de su cónyuge o concubino en los
términos del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, de algún ascendiente, descendiente o hermano, se rebajará la
pena que debiera imponerse al sobornante, atendidas todas las circunstancias,
en dos terceras (2/3) partes.
Artículo 65. En los casos previstos en los artículos 61 y 62, el dinero u objeto
dados serán confiscados, previa sentencia firme que así lo acuerde.
Artículo 66. El funcionario público que utilice, para sí o para otro,
informaciones o datos de carácter reservado de los cuales tenga conocimiento
en razón de su cargo, será penado con prisión de uno (1) a seis (6) años y
multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del beneficio perseguido u
obtenido, siempre que el hecho no constituya otro delito.
Si del hecho resultare algún perjuicio a la Administración Pública, la pena será
aumentada de un tercio (1/3) a la mitad (1/2).

Artículo 67. El funcionario público que abusando de sus funciones, ordene o
ejecute en daño de alguna persona un acto arbitrario que no esté
especialmente previsto como delito o falta por una disposición de la ley, será
castigado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por un
interés privado, la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte.
Artículo 68. El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su
cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo,
partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a
tres (3) años.
Artículo 69. El funcionario público que arbitrariamente exija o cobre algún
impuesto o tasa indebidos, o que, aun siendo legales, emplee para su
cobranza medios no autorizados por la ley, será penado con prisión de un (1)
mes a un (1) año y multa de hasta el veinte por ciento (20%) de lo cobrado o
exigido.
Artículo 70. El funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en
la celebración de algún contrato u otra operación, se concierte con los
interesados o intermediarios para que se produzca determinado resultado, o
utilice cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, será penado con
prisión de dos (2) a cinco (5) años. Si el delito tuvo por objeto obtener dinero,
dádivas o ganancias indebidas que se le dieren u ofrecieren a él o a un
tercero, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el
cien por ciento (100%) del beneficio dado o prometido. Con la misma pena
será castigado quien se acuerde con los funcionarios, y quien diere o
prometiere el dinero, ganancias o dádivas indebidas a que se refiere este
artículo.
Artículo 71. El funcionario público que en forma indebida, directamente o por
interpuesta persona, con aprovechamiento de las funciones que ejerce o
usando las influencias derivadas de las mismas, hubiere obtenido ventaja o
beneficio económico u otra utilidad para sí o para un tercero, será penado con
prisión de dos (2) a cuatro (4) años.
Igual pena se aplicará a quien, en beneficio propio o de otro, haga uso
indebido de la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre algún
funcionario público para que éste ordene o ejecute algún acto propio de sus
funciones, para que lo omita, retarde o precipite o para que realice alguno que
sea contrario al deber que ellas impongan. El funcionario que actúe bajo estas
condiciones será castigado con la misma pena, aumentada de un tercio (1/3)
a la mitad (1/2), excepto si concurren las circunstancias previstas en la
segunda parte del artículo 60 de esta Ley, en cuyo caso se aplicará la sanción
prevista en ese artículo.
Artículo 72. Fuera de aquellos casos expresamente tipificados, el funcionario

público o cualquier persona que por sí misma o mediante persona interpuesta
se procure ilegalmente alguna utilidad en cualquiera de los actos de la
administración pública, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años y
multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad procurada.
Artículo 73. El funcionario público que hubiere obtenido en el ejercicio de sus
funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus
ingresos, que no pudiere justificar, y que haya sido requerido debidamente
para ello y que no constituya otro delito, será sancionado con prisión de tres
(3) a diez (10) años. Con la misma pena será sancionada la persona
interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.
Artículo 74. Los representantes o administradores de personas naturales o
jurídicas, así como los directores o principales de éstas, que, por actos
simulados o fraudulentos, se aprovechen o distraigan de cualquier forma, en
beneficio propio o de terceros, el dinero, valores u otros bienes que sus
administradas o representadas hubieren recibido de cualquier órgano o ente
público por concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación,
siempre que resulte lesionado el patrimonio público, serán penados con prisión
de dos (2) a diez (10) años.
Artículo 75. Los comisarios, administradores, directores o principales de
personas jurídicas en las que tenga interés algún órgano o ente público que, a
falta de balance legalmente aprobado, en disconformidad con él o con base a
balances insinceros, declaren, cobren o paguen utilidades ficticias o que no
deban distribuirse, serán penados con prisión de uno (1) a cinco (5) años.
Artículo 76. Cualquier persona que falseare u ocultare intencionalmente los
datos contenidos o que deba contener su declaración jurada de patrimonio, así
como los que se les requieran con ocasión de la verificación de la misma, o
estuviere en rebeldía en su presentación o en el suministro de información en
la auditoria patrimonial, será castigado con prisión de uno (1) a seis (6) meses
y se procederá a su destitución si se encuentra en el ejercicio del cargo.
Artículo 77. El funcionario público o particular que expida una certificación
falsa, destinada a dar fe ante la autoridad o ante particulares, de documentos,
actas, constancias, antigüedad u otras credenciales, que puedan ser utilizadas
para justificar decisiones que causen daños al patrimonio público, será penado
con prisión de seis (6) meses a dos (2) años.
Con la misma pena se castigará a quien forjare tales certificaciones o altere
alguna regularmente expedida, a quien hiciere uso de ello, o a quien diere u
ofreciere dinero para obtenerla.
Artículo 78. Cualquiera que ilegalmente ocultare, inutilizare, alterare,
retuviere o destruyera, total o parcialmente, un libro o cualquier otro
documento que curse ante cualquier órgano o ente público, será penado con

prisión de tres (3) a siete (7) años. Podrá disminuirse hasta la mitad la pena
prevista en este artículo si el daño o perjuicio causado fuese leve y hasta la
tercera parte (1/3) si fuese levísimo.
Artículo 79. La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de
importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga
prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como
estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el
logro de favores, será penado con prisión de dos (2) a siete (7) años; y con
prisión de seis (6) meses a dos (2) años, a quien dé o prometa el dinero o
cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo, a menos que
haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación
del correspondiente proceso judicial.
Artículo 80. Serán penados con prisión de tres (3) meses a un (1) año los
funcionarios públicos que:
1. Por sí o por interpuesta persona se procuren alguna utilidad, ventaja o
beneficio económico con ocasión de las faltas administrativas previstas en
el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
2. Ordenen pagos por obras o servicios no realizados o defectuosamente
ejecutados.
3. Certifiquen terminaciones de obras o prestación de servicios inexistentes o
de calidades o cantidades inferiores a las contratadas, sin dejar constancia
de estos hechos.
Artículo 81. El funcionario público que abra cuenta bancaria a su nombre o al
de un tercero utilizando fondos públicos, aun sin ánimo de apropiárselos, será
penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años.
Cuando dichos fondos sean depositados en cuenta particular ya abierta, o
aquel que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias
instituciones bancarias mantenga el organismo o ente confiado a su manejo,
administración o giro, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2)
años.
Artículo 82. Cualquiera que falsamente denunciare o acusare a otra persona
de la comisión de alguno o algunos de los hechos punibles previstos en la
presente Ley, será castigada con prisión de uno (1) a tres (3) años.
Capítulo III
De los Delitos contra la Administración de Justicia

en la aplicación de esta Ley
Artículo 83. El Juez que omita o rehúse decidir, so pretexto de oscuridad,
insuficiencia, contradicción o silencio de esta Ley, será penado con prisión de
uno (1) a dos (2) años. Si obrare por un interés privado, la pena se
aumentará al doble.
El Juez que viole esta Ley o abuse de poder, en beneficio o perjuicio de un
procesado, será penado con prisión de tres (3) a seis (6) años.
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia,
tomará las previsiones necesarias para destituirlo, pudiendo permitir su
reingreso a la carrera judicial, luego del transcurso de veinte (20) años
después de cumplida la pena, siempre y cuando haya observado conducta
intachable durante ese tiempo.
Artículo 84. El Juez que retarde la tramitación del proceso con el fin de
prolongar la detención del procesado o de que prescriba la acción penal
correspondiente, será penado con prisión de dos (2) a cuatro (4) años; igual
pena le corresponderá a las personas que hubieren intervenido en el delito en
calidad de cooperadores inmediatos. Igualmente, todo funcionario público de
instrucción, o de policía judicial que, en el ejercicio de sus funciones, tuviere
conocimiento de algún hecho punible por el cual ordene esta Ley proceder de
oficio y omita o retarde indebidamente dictar las actuaciones
correspondientes o dar parte de ello a la autoridad competente, será
sancionado con suspensión del cargo por seis (6) meses, sin goce de sueldo
y, en caso de gravedad o de reincidencia reiterada, con destitución, previo
procedimiento disciplinario, en ambos casos, por la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, si es empleado judicial o por la
autoridad competente, si es algún órgano de policía.
Artículo 85. Los fiscales o representantes del Ministerio Público, que
dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones
penales o civiles, o no promuevan las diligencias conducentes al
esclarecimiento de la verdad, a la rectitud de los procedimientos, al
cumplimiento de los lapsos procesales y de la protección debida al procesado,
serán penados con prisión de dos (2) a cuatro (4) años.
Artículo 86. El funcionario público por sí o por interpuesta persona, en
contravención a lo consagrado en el artículo 145 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, siempre y cuando se demostrare su
influencia o injerencia en el proceso de contratación, o contrate con
sociedades mercantiles que tengan su domicilio fiscal o constitución en países
donde no se guarden las formalidades y prerrequisitos de ley consagrados en

la legislación nacional, será penado con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Igual pena será aplicada a las personas involucradas en el proceso de
contratación.
TÍTULO V
PROCEDIMIENTO PENAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Artículo 87. Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar
el daño o indemnizar los perjuicios inferidos al patrimonio público, por quienes
resultaren responsables de las infracciones previstas en esta Ley.
A estos efectos, el Ministerio Público practicará de oficio las diligencias
conducentes a la determinación de la responsabilidad civil de quienes
aparecieren como copartícipes en el delito. En la sentencia definitiva, el
tribunal se pronunciará sobre la responsabilidad civil del o de los enjuiciados.
Si en el expediente no estuviere determinada la cuantía del daño, reparación,
restitución o indemnización que corresponda, la sentencia ordenará proceder
con arreglo a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Civil.
Artículo 88. El Fiscal del Ministerio Público, en capítulo separado del escrito
de acusación, propondrá la acción civil que corresponda para que sean
reparados los daños, efectuadas las restituciones, indemnizados los perjuicios
o pagados los intereses que por los actos delictivos imputados al enjuiciado
hubieren causado al Patrimonio Público, observándose al respecto los
requisitos establecidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Los intereses se causarán desde la fecha de la comisión del acto de
enriquecimiento ilícito contra el patrimonio público o desde el inicio de dicho
acto, si fuere de ejecución continuada, y se calcularán conforme a la tasa o
rata que fije el Reglamento de la Ley, pero en ningún caso será inferior al
doce por ciento (12%) anual.
Artículo 89. En el mismo acto se opondrán todas las excepciones
establecidas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal y las
indicadas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, conjuntamente
con todas las defensas de fondo, en cuanto fueren procedentes.
Las excepciones o cuestiones previas se contestarán por la parte a quien
corresponda en la misma audiencia, y serán resueltas al concluir la misma,
conforme a lo dispuesto en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal.

Artículo 90. Ningún procedimiento administrativo o de cualquier otra
naturaleza impedirá el ejercicio de la acción penal y de la civil que de ella se
derive.
Artículo 91. Los juicios que se sigan por la comisión de los delitos previstos
en esta Ley se regirán por las disposiciones previstas en ella y las contenidas
en el Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 92. Las instituciones bancarias están obligadas a abrir las cajas de
seguridad de sus clientes sometidos a averiguación por la presunta comisión
de delitos contra la cosa pública y mostrar su contenido cuando así lo exija el
Ministerio Público, previa orden judicial emitida por el Juez de Control, a
solicitud de aquél. La apertura se hará en presencia del funcionario respectivo
y del titular de la caja de seguridad o de su representante. En caso de que
alguno de éstos no concurriere al acto de apertura o se negare a abrir la caja
de seguridad, la misma será abierta en su ausencia o rebeldía,
inventariándose su contenido, de todo lo cual se levantará acta. Dicha caja,
luego de sellada, no podrá abrirse nuevamente sin orden expresa del tribunal
competente a solicitud del Ministerio Público.
Artículo 93. Cuando a juicio del Ministerio Público existan fundados indicios
de la responsabilidad del investigado, podrá solicitar al Juez de Control que se
retengan preventivamente las remuneraciones, prestaciones o pensiones del
funcionario, en el caso que la investigación se refiera a fondos de los cuales
éste aparezca directamente responsable en la averiguación. Dicha retención se
hará en la forma y porcentaje previstos en la legislación especial.
Esta retención podrá hacerse extensiva a los pagos que los órganos y entes
mencionados en el artículo 4 de esta Ley, adeuden a contratistas, cuando
éstos aparezcan directamente implicados en las investigaciones que se
practiquen.
Artículo 94. Cuando existieren indicios graves, el Ministerio Público podrá
solicitar al Juez de Control, el aseguramiento de bienes del investigado hasta
por el doble de la cantidad en que se estime el enriquecimiento ilícito o el
daño causado por el investigado al patrimonio público. La medida será
acordada con sujeción a los trámites previstos en el Código de Procedimiento
Civil. Introducida la solicitud, de considerarla procedente, el Juez decretará en
la misma fecha la medida preventiva de aseguramiento solicitada.
Artículo 95. En la sentencia definitiva el Juez podrá ordenar, según las
circunstancias del caso, la confiscación de los bienes de las personas naturales
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incurran o sean responsables de
delitos establecidos en esta Ley que afecten gravemente el patrimonio público,
a cuyo efecto solicitará ante las autoridades competentes, la repatriación de
capitales de ser el caso.

Asimismo, el Juez podrá ordenar, según la gravedad del caso, la confiscación
de los bienes de las personas que hayan incurrido en el delito de
enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 46 de esta Ley, y
consecuencialmente la repatriación de capitales.
Artículo 96. El funcionario o empleado público que haya sido condenado por
cualesquiera de los delitos establecidos en la presente Ley, quedará
inhabilitado para el ejercicio de la función pública y, por tanto, no podrá optar
a cargo de elección popular o a cargo público alguno, a partir del
cumplimiento de la condena y hasta por cinco (5) años, a excepción de lo
establecido en el artículo 83 de esta Ley, caso en el cual se aplicará el tiempo
establecido en esa norma.
El lapso de inhabilitación a que se refiere este artículo será determinado por el
juez, de acuerdo con la gravedad del delito, en la sentencia definitiva que se
pronuncie sobre el mismo.
Artículo 97. Las acciones penales y civiles derivadas de los delitos tipificados
en el Capítulo III del Título IV de la presente Ley prescribirán conforme a las
reglas establecidas en los Códigos Penal y Civil, respectivamente. Sin
embargo, cuando el infractor fuere funcionario público, la prescripción
comenzará a contarse desde la fecha de cesación en el cargo o función, y si se
tratare de funcionarios que gocen de inmunidad, se contará a partir del
momento en que ésta hubiere cesado o haya sido allanada.
Artículo 98. La Contraloría General de la República establecerá un sistema
estadístico y de información sobre las denuncias, procedimientos, juicios,
faltas, delitos, sanciones y penas que se impongan contra los funcionarios
públicos por actos contrarios a esta Ley o por incurrir en las sanciones
administrativas establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público y en la Ley que establece el
Estatuto de la Función Pública.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se deroga la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
publicada en la Gaceta Oficial Nº 3.077 Extraordinario, del 23 de diciembre de
1982.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única. El Consejo Moral Republicano adaptará el Código de Ética para el

Funcionario Público, dictado por la Contraloría General de la República
mediante Resolución Nº 000019 de fecha 12 de mayo de 1997, y publicada en
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.268 del 13 de agosto de
1997, el cual desarrollará los principios y valores consagrados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. En todo cuanto sea procedente se aplicará lo previsto en la
Convención Interamericana Contra la Corrupción, publicada en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 36.211 del 22 de mayo de 1997.
Las autoridades venezolanas competentes adoptarán especialmente, de
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las
leyes, todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivo lo previsto
por dicha convención en las materias de extradición, medidas sobre bienes y
secreto bancario, reguladas por sus artículos XIII, XV y XVI.
Segunda. La comisión de los delitos contemplados en esta Ley se tendrá
como de lesa patria.
Tercera. Los funcionarios públicos no podrán abrir cuentas innominadas en el
exterior.
Cuarta. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas a los veinte días del mes de marzo de dos mil tres. Año
192º de la Independencia y 144º de la Federación.

FRANCISCO AMELIACH
Presidente
RICARDO GUTIERREZ
Primer Vicepresidente

EUSTOQUIO CONTRERAS
Secretario

NOELI POCATERRA
Segunda Vicepresidenta

ZULMA TORRES DE MELO
Subsecretario

Palacio de Miraflores, en Caracas a los siete días del mes de abril de dos mil
tres. Años 192° de la Independencia y 144° de la Federación.
Cúmplase,
(L.S.)

HUGO CHAVES FRIAS
Refrendado:
Siguen firmas.
Rev. 21-10-04 CGR/CIT

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