Codigo procedimiento penal

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

R.O.S. 360 de 13 de Enero del 2000
(entró en vigencia 18 meses después: 13-jul-01)

LIBRO I: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 1.- Juicio previo.- Nadie puede ser penado sino mediante una sentencia
ejecutoriada, dictada luego de haberse probado los hechos y declarado la
responsabilidad del imputado en un juicio, sustanciado conforme a los
principios establecidos en la Constitución Política de la República y en este
Código, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y
de los derechos del imputado y de las víctimas.

Art. 2.- Legalidad.- Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle
expresamente declarado como infracción por la Ley Penal, ni sufrir una pena
que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada y la pena
establecida con anterioridad al acto. Deja de ser punible un acto si una ley
posterior a su ejecución lo suprime del número de las infracciones; y, si ha
mediado ya sentencia condenatoria, quedará extinguida la pena, haya o no
comenzado a cumplirse. Si la pena establecida al tiempo de la sentencia difiere
de la que regía cuando se cometió la infracción, se aplicará la menos rigurosa.

En general, todas las leyes posteriores que se dictaren sobre los efectos de las
normas del procedimiento penal o que establezcan cuestiones previas, como
requisitos de prejudicialidad, procedibilidad o admisibilidad, deberán ser
aplicadas en lo que sean favorables a los infractores.

Art. 3.- Juez natural.- Nadie puede ser juzgado sino por los jueces
competentes determinados por la ley.

Art. 4.- Presunción de inocencia.- Todo imputado es inocente, hasta que en
la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.

Art. 5.- Único proceso.- Ninguna persona será procesada ni penada, más de
una vez, por un mismo hecho.

Art. 6.- Celeridad.- Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los
actos procesales son hábiles todos los días y horas; excepto en lo que se
refiere a la interposición y fundamentación de recursos, en cuyo caso correrán
solo los días hábiles.

Art. 7.- Extradición.- Es obligación del juez solicitar en la forma prevista por la
ley y los convenios internacionales, la extradición del prófugo en los casos de
prisión preventiva o de sentencia condenatoria ejecutoriada.

Art. 8.- Conclusión del proceso.- El proceso penal sólo puede suspenderse o
concluir en los casos y formas establecidos expresamente en este Código.

Art. 9.- Notificaciones.- Toda providencia debe ser notificada a las partes
procesales. La notificación se hará mediante una boleta dejada en el domicilio
judicial o en la casilla judicial señalada para el efecto.

Art. 10.- Impulso oficial.- El proceso penal será impulsado por el Fiscal y el
juez, sin perjuicio de gestión de parte.

Art. 11.- Inviolabilidad de la defensa.- La defensa del imputado es inviolable.
El imputado tiene derecho a intervenir en todos los actos del proceso que
incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y
observaciones que considere oportunas. Si el imputado está privado de la
libertad, el encargado de su custodia debe transmitir acto seguido al juez, al
tribunal de la causa o al Ministerio Público las peticiones u observaciones que
formule.

Art. 12.- Información de los derechos del imputado.- Toda autoridad que
intervenga en el proceso debe velar para que el imputado conozca
inmediatamente los derechos que la Constitución Política de la República y
este Código le reconocen. El imputado tiene derecho a designar un defensor.
Si no lo hace, el juez debe designarlo de oficio, antes de que se produzca su
primera declaración. El juez o tribunal pueden autorizar que el imputado se
defienda por sí mismo. En ese caso el defensor se debe limitar a controlar la
eficacia de la defensa técnica.

Art. 13.- Traductor.- Si el imputado no entendiera el idioma español, podrá
designar un traductor. Si no lo hiciere, el Fiscal o el tribunal lo designará de
oficio. El Estado cubrirá los costos de las traducciones.

Art. 14.- Igualdad de derechos.- Se garantiza al Fiscal, al imputado, a su
defensor, al acusador particular y sus representantes y las víctimas el ejercicio
de las facultades y derechos previstos en la Constitución Política de la
República y este Código.

Art. 15.- Interpretación restrictiva.- Todas las disposiciones de esta ley que
restringen la libertad o los derechos del imputado o limitan el ejercicio de las
facultades conferidas a quienes intervienen en el proceso, deben ser
interpretadas restrictivamente.

TITULO I: LA JURISDICCIÓN Y LA COMPETENCIA

CAPITULO I
LA JURISDICCIÓN

Art. 16.- Exclusividad.- Sólo los jueces y tribunales penales establecidos de
acuerdo con la Constitución y las demás leyes de la República ejercen
jurisdicción en materia penal.

Art. 17.- Órganos.- Son órganos de la jurisdicción penal, en los casos, formas
y modos que las leyes determinan:

1) Las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia;

2) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia;

3) Las Salas que integran las Cortes Superiores de Justicia;

4) Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia;

5) Los tribunales penales;

6) Los jueces penales;

7) Los jueces de contravenciones; y,

8) Los demás jueces y tribunales establecidos por leyes especiales.

Art. 18.- Ámbito de la jurisdicción penal.- Están sujetos a la jurisdicción
penal del Ecuador:

1) Los ecuatorianos y extranjeros que cometan una infracción en el territorio de
la República.

Se exceptúan, con arreglo a las convenciones internacionales ratificadas por el
Ecuador, los Jefes de otros Estados que se encuentren en el país; los
representantes diplomáticos acreditados ante el Gobierno del Ecuador y
residentes en territorio ecuatoriano; y, los representantes diplomáticos
transeúntes de otro Estado que pasen ocasionalmente por el Ecuador. Esta
excepción se extiende al cónyuge e hijos, empleados extranjeros y demás
comitiva del Jefe del Estado o de cada representante diplomático, siempre que
oficialmente, pongan en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores la
nómina de tal comitiva o del personal de la Misión.

Se exceptúa también a los que cometieren una infracción dentro del perímetro
de las operaciones militares de un ejército extranjero, cuando el Estado
ecuatoriano haya autorizado el paso por su territorio, salvo que el presunto
infractor no tenga relación legal con dicho ejército;

2) El Jefe del Estado y los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia
y comitiva, que cometan un delito en territorio extranjero, y los Cónsules
ecuatorianos que, en igual caso, lo hagan en el ejercicio de sus funciones
consulares;

3) Los ecuatorianos o extranjeros que delincan a bordo de naves o de
aeronaves nacionales, en alta mar o en el espacio aéreo libre;

4) Los ecuatorianos o extranjeros que, en las aguas o en el espacio aéreo de
otro Estado, delincan a bordo de naves o aeronaves de guerra ecuatorianas;

5) Los ecuatorianos o extranjeros que cometieren un delito a bordo de naves o
aeronaves extranjeras que no sean de guerra, en las aguas o en el espacio
aéreo del Ecuador;

6) Los ecuatorianos o extranjeros que cometan delitos contra el Derecho
Internacional o previstos en Convenios o Tratados Internacionales vigentes,
siempre que no hayan sido juzgados en otro Estado; y,

7) Los nacionales o extranjeros que se hallen comprendidos en alguno de los
demás casos señalados en el Código Penal.

CAPITULO II
LA COMPETENCIA

Art. 19.- Legalidad.- La competencia en materia penal nace de la ley.

Art. 20.- Improrrogabilidad.- La competencia en materia penal es
improrrogable, excepto en los casos expresamente señalados en la ley.

Art. 21.- Reglas de la competencia territorial.- En cuanto a la competencia
de los jueces y tribunales penales, se observarán las reglas siguientes:

1.- Hay competencia de un juez o de un tribunal penal cuando se ha cometido
la infracción en la sección territorial en la que ese juez o tribunal ejerce sus
funciones. Si hubiere varios de tales jueces, la competencia se asignará por
sorteo, de acuerdo con el reglamento respectivo.

2.- Cuando el delito hubiere sido cometido en territorio extranjero, el imputado
será juzgado por los jueces o tribunales de la Capital de la República, o por los
jueces o tribunales competentes de la circunscripción territorial donde fuere
aprehendido. Si el proceso se hubiera iniciado en la Capital de la República, y
el imputado hubiese sido aprendido en cualquier otra sección territorial del país,
la competencia se radicará en forma definitiva a favor del juez o tribunal de la
Capital;

3.- Cuando una persona hubiera cometido infracciones conexas de la misma
gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso y
será competente el juez del lugar que prevenga en el conocimiento de la causa.
Cuando las infracciones fueren de distinta gravedad, conocerá el juez del lugar
en donde se haya cometido la infracción más grave;

4.- Hay conexidad cuando:

a) El hecho punible ha sido cometido por dos o más personas en concurso o
cooperación entre ellas o ha intervenido más de una a título de participación;

b) Se impute a una persona la comisión de más de un hecho punible con una
acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas con unidad de
tiempo y lugar;

c) Se impute a una persona, la comisión de varios hechos punibles, cuando
unos se han cometido con el fin de consumar u ocultar otros;

5.- Cuando la infracción se hubiera cometido en el límite de dos secciones
territoriales, será competente el juez que prevenga en el conocimiento de la
causa;

6. Cuando entre varios imputados de una infracción hubiera alguno que goce
de fuero de Corte, la Corte respectiva juzgará a todos los imputados. Si entre
varios imputados de una misma infracción hubiera alguno que goce de fuero de
Corte Suprema y otros de Corte Superior, será competente la Corte Suprema.
Si los imputados estuvieran sometidos a distintas Cortes Superiores será
competente la que previno en el conocimiento de la causa;

7. Cuando el lugar en que se cometió la infracción fuere desconocido, será
competente el juez o tribunal en cuyo territorio hubiese sido aprehendido el
infractor, a menos que hubiera prevenido el juez de la residencia del imputado.
Si posteriormente se descubriere el lugar del delito, todo lo actuado será
remitido al juez o tribunal de este último lugar para que prosiga el
enjuiciamiento, sin anular lo actuado; y,

8.- Cuando la infracción hubiese sido preparada o comenzada en un lugar y
consumada en otro, el conocimiento de la causa corresponderá al juez de este
último.

TITULO II: LA ACCIÓN PENAL

CAPITULO I
REGLAS GENERALES

Art. 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal
es de tres clases:

a) Pública de instancia oficial;

b) Pública de instancia particular; y,

c) Privada.

Cuando en las disposiciones de este Código se diga simplemente acción penal
pública o acción pública, ha de entenderse que se alude tanto a la acción
pública de instancia oficial, como a la acción pública de instancia particular.

Art. 33.- Ejercicio.- El ejercicio de la acción pública corresponde
exclusivamente al Fiscal. Sin embargo, el ejercicio de la acción pública de
instancia particular, procederá solamente previa denuncia del ofendido. Lo
dispuesto en el inciso anterior ha de entenderse sin perjuicio de los derechos
del ofendido para acceder al órgano judicial competente, según lo previsto en

este Código. El ejercicio de la acción privada corresponde únicamente al
ofendido, mediante querella.

Art. 34.- Casos en que la acción pública es de instancia particular.- La
acción pública es de instancia particular en los siguientes delitos:

* a) Violación de domicilio;

* b) Revelación de secretos de fábrica;

* c) Hurto;

* d) Estafa y otras defraudaciones; y,

* e) Robo con fuerza en las cosas.

Sin embargo, el Fiscal ejercerá la acción penal de oficio cuando el delito se
cometa contra un incapaz que no tenga representante, o cuanto haya sido
cometido por su guardador o uno de sus ascendientes.

REFORMA:

Art. 4.- En el artículo 34, suprímense los literales a), c) y e).

(L 2003-101. Registro Oficial No. 743 / 13 de enero de 2003)

Art. 35.- Actos urgentes.- En los casos de acción pública o de instancia
particular, el Fiscal podrá realizar los actos urgentes que impidan la
consumación del delito a los necesarios para conservar los elementos de
prueba pero sin afectar los derechos del ofendido.

CAPITULO II
LA DENUNCIA

Art. 42.- Denuncia.- La persona que conociere que se ha cometido un delito de
acción pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, puede presentar su
denuncia ante el Fiscal competente o ante la Policía Judicial.

Art. 43.- Denuncia ante la Policía Judicial.- Cuando la denuncia se presente
ante la Policía Judicial, se la debe remitir inmediatamente al Fiscal, único
facultado para proceder a su reconocimiento, con la documentación
correspondiente.

Art. 44.- Publicidad.- La denuncia será pública.

Art. 45.- Prohibición.- No se admitirá denuncia de descendientes contra
ascendientes o viceversa, ni de un cónyuge contra el otro, ni de hermano
contra hermano, salvo los siguientes casos:

a) Los previstos en las leyes de protección de la mujer y la familia; y,

b) Cuando entre ofendido e imputado exista uno de los vínculos mencionados
en el primer párrafo de este artículo.

Presentada la denuncia, el Fiscal asignado, salvo las excepciones
mencionadas, exigirá al denunciante que, bajo juramento, exprese si se
encuentra comprendido en algunas de las prohibiciones de este artículo.

Art. 46.- Reconocimiento.- El Fiscal ante quien se presente la denuncia hará
que el autor la reconozca sin juramento, advirtiéndole sobre las
responsabilidades penales y civiles originadas en la presentación de denuncias
temerarias o maliciosas.

Art. 47.- Acta.- La declaración juramentada y el reconocimiento serán
asentados en acta suscrita por el Fiscal y el denunciante. Si este último no
supiere o no pudiere firmar, estampará su huella digital y firmará por él un
testigo.

Art. 48.- Denuncia escrita.- La denuncia escrita deberá estar firmada por el
denunciante, si supiere firmar, si no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él
un testigo y además estampará la huella digital.

Art. 49.- Denuncia verbal.- Si la denuncia fuere verbal se la reducirá a escrito,
en acta especial, al pie de la cual firmará el denunciante. Si éste no supiere
firmar se estará a lo dispuesto en el artículo 47.

Art. 50.- Contenido.- La denuncia debe contener los nombres y apellidos, la
dirección del denunciante y la relación clara y precisa de la infracción, con
expresión de lugar y tiempo en que fue cometida. Además, en cuanto fuere
posible, se harán constar los siguientes datos:

1.- Los nombres y apellidos de los autores, cómplices y encubridores, si se los
conoce, o su designación; así como los de las personas que presenciaron la
infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella;

2.- Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños
causados; y,

3.- Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la
comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los
culpables.

La falta de cualquiera de estos datos no obstará la iniciación del proceso.

La denuncia por mandatario requiere poder especial.

Art. 51.- Responsabilidad.- El denunciante no será parte procesal, pero
responderá en los casos de denuncia declarada como maliciosa o temeraria.

CAPITULO III
LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Art. 52.- Ejercicio.- Puede proponer acusación particular el ofendido. Podrán
también proponer acusación particular los representantes de los órganos de
control distintos del Ministerio Público, a quienes la ley faculta para intervenir
como parte en los procesos penales que interesen a los fines de la institución
que representan. La persona jurídica ofendida podrá acusar por medio de su
representante legal, quien podrá actuar por sí mismo o mediante procurador
judicial.

Art. 53.- Prohibición.- No podrán acusarse particularmente, unos contra otros,
los ascendientes, los hermanos, los descendientes y los cónyuges. Se
exceptúan, asimismo, de esta prohibición los casos citados en el artículo 45 de
este Código.

Art. 54.- Sucesión.- En caso de muerte del acusador, cualquiera de sus
herederos o todos ellos podrán continuar la acusación propuesta, pero
responderán en caso de declararse maliciosa o temeraria la acusación. La
malicia de los sucesores, dependerá del conocimiento o descubrimiento que
tengan o hagan los sucesores, de la malicia de quien propuso la acción.

Art. 55.- Contenido.- La acusación particular será escrita y debe contener:

1.- El nombre, apellido, dirección domiciliaria y número de cédula de identidad
del acusador si la hubiere obtenido;

2.- El nombre y apellido del acusado, y si fuere posible su domicilio;

3.- La determinación de la infracción acusada.

4.- La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación del
lugar, el día, mes y año en que fue cometida.

5.- La justificación de la condición de ofendido y los elementos en los que este
funda la atribución de la participación del imputado en la infracción; y,

6.- La firma del acusador o de su apoderado con poder especial. En este poder
se hará constar expresamente el nombre y apellido del acusado y la relación
completa de la infracción que se quiere acusar. Si el acusador no supiere o no
pudiere firmar, concurrirá personalmente ante el juez y en su presencia,
estampará la huella digital. Todo acusador concurrirá personalmente ante el
juez para reconocer su acusación. El Secretario dejará constancia de este acto
procesal.

Art. 56.- Calificación.- La acusación se presentará ante el juez competente
quien la examinará. Si reúne los requisitos señalados en el artículo anterior la
aceptará al trámite y ordenará la citación.

Si la encuentra incompleta, el juez después de precisar la omisión con claridad,
dispondrá que el acusador la complete en el plazo de tres días. Si el acusador
no la completare, se le tendrá por no propuesta.

Art. 57.- Momento de la acusación.- La acusación particular podrá presentarse:

1. Al tratarse de los delitos de acción pública, una vez que el Fiscal haya
emitido su dictamen al término de la instrucción Fiscal, aunque el dictamen no
hubiere sido acusatorio. Esta acusación podrá presentarse dentro de los ocho
días posteriores a la notificación con el dictamen del Fiscal; y,

2. Al tratarse de los delitos de acción privada, el ofendido o las personas que
pueden ejercer sus acciones, podrán presentar su querella ante el juez penal
competente, durante el plazo máximo de seis meses a contarse desde el día en
que se cometió la infracción.

TITULO III: LOS SUJETOS PROCESALES

CAPITULO I
EL MINISTERIO PUBLICO

Art. 65.- Funciones.- Corresponde al Fiscal el ejercicio de la acción penal en
los delitos de acción pública. Además el Fiscal intervendrá como parte durante
todas las etapas del proceso penal de acción pública. No tendrá participación
en los juicios de acción privada. Es obligación del Fiscal, actuar con absoluta
objetividad, extendiendo la investigación no sólo a las circunstancias de cargo,
sino también a las que sirvan para descargo del imputado.

Art. 66.- Dictámenes.- El Fiscal debe formular sus requerimientos y
conclusiones

CAPITULO II
EL OFENDIDO

Art. 68.- Ofendido.- Se considera ofendido:

1. Al directamente afectado por el delito y a falta de este a su cónyuge o
conviviente en unión libre, a sus ascendientes o descendientes y a los demás
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

2. A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos

por quienes la administren o controlen;

3. A las personas jurídicas, en aquellos delitos que afecten a sus intereses;

4. A cualquier persona que tenga interés directo en caso de aquellos delitos
que afecten intereses colectivos o difusos; y,

5. A los pueblos y a las comunidades indígenas en los delitos que afecten
colectivamente a los miembros del grupo.

Art. 69.- Derechos del ofendido.- El ofendido tiene derecho:

1. A intervenir en el proceso penal como acusador particular;

2. A ser informado por el Ministerio Público del estado de la indagación
preprocesal y de la instrucción;

3. A ser informado del resultado final del proceso, en su domicilio si fuere
conocido, aún cuando no haya intervenido en él;

4. A presentar ante el Fiscal superior quejas respecto de la actuación del
agente del Ministerio Público, en los casos siguientes:

a) Cuando no proporcione la información sobre el estado de la investigación
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al momento en el que fue
solicitada;

b) Cuando de la información se desprenda falta de diligencia en la actividad
investigativa;

c) Cuando la inadecuada actuación del Fiscal ponga en riesgo la obtención o la
conservación de vestigios, evidencias materiales u otros elementos de prueba;
y, d) En general cuando hubiere indicios de quebrantamiento de las
obligaciones del Fiscal;

5. A solicitar al juez de turno que requiera del Fiscal que, en el término de
quince días se pronuncie sobre si archiva la denuncia o inicia la instrucción.
Para el ejercicio de este derecho se requiere haber interpuesto previamente la
queja a la que se refiere el numeral anterior y, que ésta no hubiere sido
resuelta en el término de quince días;

6. A que se proteja su persona y su intimidad, y a exigir que la policía, el Fiscal,
el juez y el tribunal adopten para ello los arbitrios necesarios, sin menoscabo
de los derechos del imputado; y,

7. A reclamar la indemnización civil una vez ejecutoriada la sentencia
condenatoria, conforme con las reglas de este Código, haya propuesto o no
acusación particular.

CAPITULO III
EL IMPUTADO

Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina imputado la persona a
quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, cómplice o
encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado auto de
llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una querella.

El imputado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la
Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la
finalización del proceso.

Art. 71.- Necesidad del defensor.- Ninguna persona podrá ser interrogada ni
aún con fines de investigación, sin la presencia de un abogado defensor de su
confianza. Si el interrogado no designa un abogado defensor privado, se
contará con un defensor público o de oficio.

El defensor está obligado a instruir al declarante de su derecho a guardar
silencio, así como de las consecuencias favorables o desfavorables de tal
decisión.

No tendrán valor probatorio alguno los actos preprocesales o procesales que
incumplan esta disposición.

Art. 72.- Incomunicación.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, nadie
podrá ser incomunicado, ni aún con fines de investigación.

Art. 73.- Comunicación del Fiscal con el imputado.- Ni el Fiscal, ni los
investigadores policiales podrán tomar contacto con el imputado, sin la
presencia de su defensor.

CAPITULO IV

EL DEFENSOR PUBLICO

Art. 74.- Defensoría Pública Nacional.- La Defensoría Pública Nacional
tendrá su sede en la Capital de la República y competencia en todo el territorio
del país; y, se encargará del patrocinio de los imputados que no hayan
designado defensor.

Art. 75.- Organización.- La Defensoría Pública Nacional se organizará de
acuerdo con la ley de la materia y su reglamento correspondiente.

Art. 76.- Designación.- En los lugares donde funcionen las Cortes Superiores,
los tribunales penales y, los juzgados de lo penal, la Defensoría Pública
Nacional nombrará el número necesario de defensores públicos.

Art. 77.- Vigencia del nombramiento del defensor.- El defensor público
deberá intervenir hasta la finalización del proceso, sin perjuicio del derecho del
imputado a sustituirlo. El imputado debe ser instruido sobre su derecho a elegir
otro defensor.

Art. 78.- Intervención y reemplazo del defensor.- El defensor público está
obligado a actuar hasta el momento en que el imputado designe su defensor
privado y éste asuma el cargo.

El defensor privado podrá renunciar a la defensa pero deberá continuar
actuando hasta el momento de ser legalmente reemplazado.

LIBRO II: LA PRUEBA

TITULO I: LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN

CAPITULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 79.- Regla general.- Las pruebas deben ser producidas en el juicio, ante
los tribunales penales correspondientes, salvo el caso de las pruebas
testimoniales urgentes, que serán practicadas por los jueces penales. Las
investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzarán
el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del
juicio.

Art. 80.- Ineficacia probatoria.- Toda acción preprocesal o procesal que
vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La
ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, de acuerdo con las
circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de
tales garantías.

Art. 81.- Derecho a no autoincriminarse.- Se reconoce el derecho de toda
persona a no autoincriminarse.

Art. 82.- Obtención de fluidos corporales.- Para la obtención de muestras de
fluidos corporales y componentes orgánicos de una persona, se precisa de su
consentimiento expreso, o del requerimiento del juez para que las proporcione,
sin que pueda ser físicamente constreñida. Este requerimiento judicial
procederá, a pedido del Fiscal, solamente si por la naturaleza y circunstancias
de la infracción, tales elementos de prueba fueren indispensables para evitar la
incriminación de un inocente o la impunidad del delito.

Art. 83.- Legalidad de la prueba.- La prueba solo tiene valor si ha sido pedida,
ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de
este Código. No se puede utilizar información obtenida mediante torturas,
maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que
menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida
mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito.

Art. 84.- Objeto de la prueba.- Se deben probar todos los hechos y
circunstancias de interés para la correcta investigación del caso, por cualquiera
de los medios previstos en este Código.

Art. 85.- Finalidad de la prueba.- La prueba debe establecer tanto la
existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado.

Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o
tribunal conforme a las reglas de la sana crítica.

Art. 87.- Presunciones.- Las presunciones que el juez o tribunal obtenga en el
proceso estarán basadas en indicios probados, graves, precisos y
concordantes.

Art. 88.- Presunción del nexo causal.- Para que de los indicios se pueda
presumir el nexo causal entre la infracción y sus responsables, es necesario:

1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a
derecho;

2.- Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en otras
presunciones; y,

3.- Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean:

a) Varios;

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros
indicios, esto es, que sean concordantes entre sí;

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola
conclusión;

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente.

Art. 89.- Clases de pruebas.- En materia penal las pruebas son materiales,
testimoniales y documentales.

Art. 90.- Aplicabilidad.- Las disposiciones relacionadas con la prueba serán
observadas y cumplidas en el juicio, durante la instrucción Fiscal, la etapa
intermedia y en el juicio, en lo que fuesen aplicables. La recepción de la prueba
durante la audiencia del juicio se regulará por las normas previstas en este
capítulo y en el capítulo relativo a la sustanciación ante el tribunal penal.

CAPITULO II
LA PRUEBA MATERIAL

Art. 91.- Prueba material.- La prueba material consiste en los resultados de la
infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió,

todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa
del juicio y valorado por los tribunales penales.

Art. 92.- Reconocimiento.- Si la infracción es de aquellas que, por su
naturaleza, produce resultados visibles o deja vestigios, el Fiscal o la Policía
Judicial irá al lugar en que se la cometió para practicar el reconocimiento. El
resultado, los vestigios, los objetos o los instrumentos de la infracción serán
descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y pasarán a custodia de la
Policía Judicial. Si hay necesidad de pericia, se observarán además las reglas
pertinentes. Si el Fiscal, el Juez o el Tribunal lo juzgaren conveniente, podrán
efectuar reconocimientos o inspecciones en secciones territoriales distintas a
las de su jurisdicción.

REFORMA:

Art. 6.- Al final del artículo 92, agrégase el siguiente inciso:

"Si han desaparecido los vestigios que debió dejar la infracción, o ésta se
hubiese cometido de tal modo que no los dejare, el Fiscal concurrirá al lugar de
la infracción en unión de los peritos de la Policía Judicial y se dejará constancia
en el acta de tal hecho.".


Art. 93.- Incautación.- Si el Fiscal supiere o presumiere que en algún lugar hay
armas, efectos, papeles u otros objetos relacionados con la infracción o sus
posibles autores, solicitará al juez competente autorización para incautarlos, así
como la orden de allanamiento, si fuere del caso. Si se trata de documentos, el
Fiscal procederá como lo dispone el Capítulo IV de este título, en cuanto fuere
aplicable.

Art. 94.- Peritos.- Son peritos los profesionales especializados en diferentes
materias que hayan sido acreditados como tales, previo proceso de calificación
del Ministerio Público.

Art. 95.- Designación de peritos.- Durante la indagación previa, o en la etapa
de instrucción, el Fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias
correspondientes. Para el efecto, el Fiscal designará el número de peritos que
crea necesario. El imputado o acusado, podrá designar un perito, mediante
petición al Fiscal, sin que por tal motivo se retarde la práctica del
reconocimiento. Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual deban
practicárselos, podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de
su mismo sexo.

Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos habilitados,
el Fiscal nombrará a personas mayores de edad, de reconocida honradez y
probidad, que tengan conocimientos en la materia sobre la que deban informar.
Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza
en las personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o

dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la
persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán
hasta que el Fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen al cuidado de
peritos para su examen. Los peritos están obligados a comparecer a
posesionarse y a informar, en los plazos señalados por el Fiscal. El Consejo
Nacional de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos.

Art. 96.- Obligatoriedad.- El desempeño de la función de perito es obligatoria.
Sin embargo, la persona designada deberá excusarse si se hallare en alguno
de los casos establecidos en este Código para la excusa de los fiscales.

CAPITULO III
LA PRUEBA TESTIMONIAL

Art. 117.- Clasificación.- La prueba testimonial se clasifica en testimonio propio,
testimonio del ofendido y testimonio del imputado.10

Art. 118.- Protección de testigos.- Los testigos tendrán derecho a la
protección del Ministerio Público para que se garantice su integridad personal,
su comparecencia al juicio y la fidelidad de su testimonio.

Art. 119.- Recepción.- La prueba testimonial se recibirá, por regla general en
la etapa del juicio ante el tribunal penal, pero durante la instrucción los jueces
penales pueden recibir los testimonios de los enfermos, de los que van a salir
del país y de aquellos que demuestren que no podrán concurrir al tribunal.

Los testimonios que se rindan ante el Tribunal serán grabados y las
grabaciones se agregarán al acta de la audiencia.

Sin embargo, el Fiscal antes del juicio podrá recoger las versiones del
sospechoso, del imputado, del ofendido, y de terceros sobre los hechos y
circunstancias materia de la investigación o de la instrucción. Estas
informaciones solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificadas
mediante testimonio rendido en la audiencia.

Art. 120.- Constancia escrita.- Toda declaración será oral, excepto la de
aquellos que pueden informar por escrito. El juez ordenará que se la reduzca a
escrito debiendo ser la diligencia un fiel reflejo de lo expuesto por el declarante.
La diligencia será firmada por el juez, el secretario, el intérprete o el curador, si
hubieran intervenido, y por el deponente. Si este no supiere, no quisiere o no
pudiere firmar, firmará por él un testigo en presencia del juez y del secretario,
quien dejará constancia de este hecho en la diligencia. Además, el testigo que
no supiere firmar estampará la huella digital del pulgar derecho.

Art. 121.- Designación de intérprete.- Cuando el declarante no sepa el idioma
castellano, el juez o el tribunal nombrará y posesionará, en el mismo acto, a un
intérprete para que traduzca las preguntas y las respuestas de quien rinde el
testimonio y, unas y otras se escribirán en castellano.

Art. 122.- Declarante sordomudo.- Si el declarante es sordomudo, rendirá su
testimonio por escrito; y si no sabe escribir, el juez o el tribunal recibirán la
declaración con el auxilio de un intérprete, o en su falta, de una persona
acostumbrada a entender al declarante. A uno u otro, se le posesionará en el
mismo acto.

Art. 123.- Testimonio propio.- Es el que rinde un tercero que no es parte en el
proceso ni ofendido por la infracción.

Art. 124.- Valor probatorio.- El testimonio propio no tendrá valor como prueba
de culpabilidad, si de las demás pruebas no aparece demostrada la existencia
de la infracción.

Art. 125.- Admisión.- Con excepción del testimonio de las personas
mencionadas en el artículo siguiente, no se rechazará el de persona alguna.

Art. 126.- Testimonio inadmisible.- No serán obligados a declarar los
parientes del acusado comprendidos dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en unión
de hecho. No se recibirá el testimonio de las personas depositarias de un
secreto en razón de su profesión, oficio o función, si la declaración versa sobre
la materia del secreto. En caso de haber sido convocadas, deben comparecer,
explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el secreto y
abstenerse de declarar.

Art. 127.- Testimonio de menores.- Los menores de dieciocho años
declararán sin juramento, pero con la presencia de un curador que en el mismo
acto nombrará y posesionará el tribunal.

Art. 128.- Testimonios individuales.- Los testigos declararán de uno en uno y
se les tendrá separados de modo que no pueda oír el uno lo que declara el
otro.

Art. 129.- Obligatoriedad.- Están obligados a comparecer personalmente a
rendir su testimonio todas las personas que conozcan de la comisión de la
infracción. El Fiscal, el Juez o el Tribunal pueden hacer uso de la fuerza pública
para la comparecencia del testigo que no cumpliere esta obligación.

Art. 130.- Residentes fuera del lugar.- Si el testigo no residiere en la provincia
en la que se tramita el proceso, no estará obligado a comparecer para rendir su
testimonio, sino ante el juez penal del lugar de su residencia, a quien se le
remitirán los despachos respectivos. Si el testigo consiente en concurrir a
declarar ante el tribunal, se estará a lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Civil, en cuanto a la indemnización. Si el testigo se halla en el
extranjero, se debe proceder conforme a los Convenios de Cooperación
Judicial suscritos por el Estado o la costumbre internacional.

Art. 131.- Testigo imposibilitado.- Si el testigo estuviere físicamente
imposibilitado para comparecer, el Tribunal Penal comisionará a un juez penal
para que reciba su declaración.

Art. 132.- Testimonio mediante informe.- Si la persona que ha de rendir el
testimonio fuere un funcionario que debe informar, se estará a lo dispuesto en
el Código de Procedimiento Civil.

Art. 133.- Juramento.- El Testigo, al declarar, prestará juramento, de acuerdo
con su religión o por su honor, de decir la verdad en todo cuanto supiere y
fuere preguntado. El Presidente del Tribunal, después de advertirle sobre las
penas con que se sanciona el perjurio, le preguntará sus nombres, apellidos,
edad, nacionalidad, domicilio y residencia, estado civil, oficio o profesión y si
está incurso en alguno de los casos del artículo 126.

Art. 134.- Declaración.- El Presidente dispondrá que el testigo relate todo lo
que sepa sobre la infracción objeto del proceso, con determinación de los
autores y partícipes, así como de las personas que vieron cometerla y del
lugar, fecha y hora en que se produjo. El testigo dejará constancia de la forma
cómo llegó a conocer lo que ha declarado.

Art. 135.- Preguntas de los jueces.- De inmediato los jueces del tribunal
preguntarán al testigo lo que creyeren pertinente, disponiendo que responda de
manera concreta y precisa.

Art. 136.- Prohibición de interrupción.- Las Partes procesales no podrán
interrumpir las declaraciones. Rendida la declaración, dichas partes podrán
interrogar el testigo, de manera oral, sin perjuicio de que si, con anterioridad, se
hubiesen presentado preguntas por escrito, deban también ser contestadas por
el testigo. No se podrán formular al testigo preguntas capciosas, sugestivas o
impertinentes. Cualquiera de las partes puede objetar una pregunta y el
Presidente del Tribunal quedará obligado a calificarla para que el testigo la
conteste o se abstenga de hacerlo.

Art. 137.- Detención de testigos sospechosos.- El Presidente del Tribunal
podrá ordenar la detención, como sospechoso de faltar a sabiendas a la
verdad, del testigo variante o que discordare consigo mismo, del que usare
respuestas evasivas o del que en su declaración vacilare de un modo
equívoco, siempre que estas circunstancias no procedan de la rusticidad o
torpeza del testigo.

Art. 138.- Obligatoriedad de nueva comparecencia.- Los testigos volverán a
declarar cuantas veces lo ordene el Presidente del Tribunal.

Art. 139.- Testimonio urgente.- Estas disposiciones se aplicarán al testimonio
urgente que reciba el juez durante la instrucción fiscal.

Art. 140.- Comparecencia obligatoria.- Cuando el ofendido haya presentado
acusación particular, estará obligado a comparecer ante el tribunal penal, para
rendir su testimonio con juramento.

La declaración del ofendido por sí sola, no constituye prueba.

Art. 141.- Contenido del testimonio del ofendido.- Una vez que el ofendido
haya declarado su nombre, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y
residencia, estado civil, oficio o profesión, será interrogado acerca de los datos
siguientes:

1.- Los nombres y apellidos de quienes participaron en la infracción;

2.- El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida;

3.- Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de
las que supieron que iba a ser cometida;

4.- Los nombres y apellidos de las personas que pueden dar datos para
descubrir a los que actuaron en la comisión de la infracción y que, hasta el
momento sean desconocidas;

5.- Los nombres y apellidos de quienes puedan suministrar datos para
descubrir el paradero de los imputados;

6.- La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción.

7.- Los daños sufridos como consecuencia de la infracción; y,

8.- La forma en que fue cometida.

Art. 142.- Derecho de las partes.- Las partes procesales pueden ejercer el
derecho que les concede el artículo 136 de este Código.

Art. 143.- Valor del testimonio.- El acusado no podrá ser obligado a declarar
en contra de sí mismo, pero podrá solicitar que se reciba su testimonio en la
etapa del juicio, ante el tribunal penal. Su testimonio servirá como medio de
defensa y de prueba a su favor, pero de probarse la existencia del delito, la
admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, dará al testimonio
del acusado el valor de prueba contra él.

Si así lo solicitare de manera expresa el acusado, su testimonio podrá
prestarse bajo juramento.

En todo caso, antes de comenzar la declaración, se debe comunicar
detalladamente al acusado el acto que se le atribuye, un resumen de los
elementos de prueba existentes y del tipo de infracción que se le imputa.

Art. 144.- Indivisibilidad.- El testimonio del acusado es indivisible; por lo tanto,
el tribunal penal debe hacer uso de toda la declaración o de ninguna de sus
partes, excepto cuando haya graves presunciones contra la parte favorable al
acusado.

LIBRO III: LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO I
REGLAS GENERALES

Art. 159.- Finalidades.- A fin de garantizar la inmediación del imputado o
acusado con el proceso, el pago de la indemnización de daños y perjuicios al
ofendido y las costas procesales, el juez podrá ordenar medidas cautelares de
carácter personal o de carácter real.

Su aplicación debe ser restrictiva.

Se prohíbe imponer medidas cautelares no previstas en este Código.

Art. 160.- Clases.- Las medidas cautelares de carácter personal son la
detención, la prisión preventiva y la detención en firme. Las medidas cautelares
de carácter real son la prohibición de enajenar bienes, el secuestro, la
retención y el embargo.

La detención en firme se dispondrá en todos los casos en que se dicte auto de
llamamiento a juicio, de conformidad con el artículo 232 de este código y sólo
podrá ser revocada mediante sentencia absolutoria y suspendida en los delitos
sancionados con prisión".


CAPITULO II
LA APREHENSIÓN

Art. 161.- Detención por delito flagrante.- Los agentes de la Policía Judicial o
de la Policía Nacional pueden aprehender a una persona sorprendida en delito
flagrante de acción pública o inmediatamente después de su comisión; y la
pondrán a órdenes del juez competente dentro de las veinticuatro horas
posteriores. En caso del delito flagrante, cualquier persona está autorizada a
practicar la aprehensión, pero debe entregar inmediatamente al aprehendido a
la policía y ésta, a su vez, al juez competente.

Art. 162.- Delito flagrante.- Es delito flagrante el que se comete en presencia
de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de
su comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos, huellas o
documentos relativos al delito recién cometido.

Art. 163.- Agentes de la aprehensión.- Nadie podrá ser aprehendido sino por
los agentes a quienes la ley impone el deber de hacerlo, salvo el caso de delito
flagrante, de conformidad con las disposiciones de este Código.

Sin embargo y además del caso de delito flagrante, cualquier persona puede
aprehender:

1. Al que fuge del establecimiento de Rehabilitación Social en que se hallare
cumpliendo su condena o detenido con auto de detención o con auto de prisión
preventiva; y,

2. Al imputado o acusado, en contra de quien se hubiere dictado orden de
prisión preventiva, o al condenado que estuviese prófugo.

Si el aprehensor fuere una persona particular, pondrá inmediatamente al
aprehendido a órdenes de un agente de la Policía Judicial o de la Policía
Nacional.
LIBRO III: LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO III
LA DETENCIÓN

Art. 164.- Detención.- Con el objeto de investigar un delito de acción pública, a
pedido del Fiscal, el juez competente podrá ordenar la detención de una
persona contra la cual haya presunciones de responsabilidad.

Esta detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes
requisitos:

1. Los motivos de la detención;

2. El lugar y la fecha en que se la expide; y,

3. La firma del juez competente.

Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a un
agente de la Policía Judicial.

Art. 165.- Límite.- La detención de que trata el artículo anterior no podrá
exceder de veinticuatro horas. Dentro de este lapso, de encontrarse que el
detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, inmediatamente se lo
pondrá en libertad. En caso contrario, de haber mérito para ello, se dictará auto
de instrucción Fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente.

Art. 166.- Comunicación.- Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a
conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad de la
autoridad que la ordenó, la de los agentes que la llevan a cabo y la de los
responsables del respectivo interrogatorio.

También será informada de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la
presencia de un abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier
persona que indique. Será sancionado quien haya detenido a una persona con
o sin orden escrita del juez, y no justifique haberla entregado inmediatamente a
la autoridad competente.

La misma comunicación se debe realizar a una persona de confianza que
indique el imputado y a su defensor.

CAPITULO IV
LA PRISION PREVENTIVA

Art. 167.- Prisión preventiva.- Cuando el juez o tribunal lo crea necesario para
garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso o para
asegurar el cumplimiento de la pena, puede ordenar la prisión preventiva,
siempre que medien los siguientes requisitos (Reformado por el Art. 12 de la
Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003):

1. Indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública;

2. Indicios claros y precisos de que el imputado es autor o cómplice del delito;
y,

3. Que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior
a un año. (Reformado por el Art. 11 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003)

Art. 168.- Competencia, forma y contenido de la decisión.- El auto de
prisión preventiva solo puede ser dictado por el juez o tribunal competente, por
propia decisión o a petición del Fiscal y debe contener:

1. Los datos personales del imputado o, si se ignoran, los que sirvan para
identificarlo;

2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le imputan y su
calificación delictiva;

3. La fundamentación clara y precisa de cada uno de los presupuestos
previstos en el artículo anterior; y,

4. La cita de las disposiciones legales, aplicables.

Art. 169.- Caducidad de la prisión preventiva.- La prisión preventiva no
podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con
prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión.

En ambos casos, el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la
fecha en que se hizo efectivo el auto de prisión preventiva.

Si se excedieren esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto,
bajo la responsabilidad del juez que conoce la causa.

Cuando se excedieren los plazos dispuestos por las normas constitucionales y
del Código del Procedimiento Penal y se produjere la caducidad de la prisión
preventiva, concediéndose, como consecuencia de ello la libertad de quien se
halle efectivamente privado de ella, el Juez o Tribunal competente, remitirá
obligatoriamente e inmediatamente el expediente completo de cada caso al

Consejo Nacional de la Judicatura, órgano que llevará un registro
individualizado de estos hechos. (inciso agregado por el Art. 13 de la Ley 2003-
101, R.O. 743, 13-I-2003)

Art. 170.- Revocatoria o suspensión de la prisión preventiva. La prisión
preventiva debe revocarse o suspenderse en los siguientes casos:

1. Cuando se hubieren desvanecido los indicios que la motivaron;

2. Cuando el imputado o acusado hubiere sido sobreseído o absuelto;
(Reformado por el Art. 14 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003)

3. Cuando el juez considere conveniente su sustitución por otra medida
preventiva alternativa; y,

4. Cuando su duración exceda los plazos previstos en el artículo 168. artículo
169 (Reformado por el Art. 14 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003)

Se suspenderá la prisión preventiva cuando el imputado o acusado rinda
caución.

Vencidos los plazos previstos en el numeral 4, no se puede decretar ninguna
medida cautelar, salvo la detención cuando fuere absolutamente indispensable
para asegurar la comparecencia del imputado al juicio.

Vencidos los plazos previstos en el numeral 4, no se puede decretar
nuevamente la orden de prisión preventiva, salvo la detención en firme.
(Reformado por el Art. 14 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003).

Art. 171.- Sustitución.- Siempre que se trate de un delito sancionado con pena
que no exceda de cinco años y que el imputado no haya sido condenado con
anterioridad por delito, el juez o tribunal puede ordenar una o varias de las
siguientes medidas alternativas a la prisión preventiva:

1. El arresto domiciliario, con la vigilancia policial que el juez o tribunal
disponga;

2. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante la
autoridad que él designe; y,

3. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito
territorial que fije el juez o tribunal.
Cualquiera que fuere el delito, la prisión preventiva será sustituida por el arresto
domiciliario en todos los casos en que el imputado o acusado sea una persona
mayor de sesenta y cinco años de edad o que se trate de una mujer
embarazada y hasta noventa días después del parto. En estos casos también
procede la caducidad prevista en el artículo 169 de este Código.

Art. 172.- (Primer inciso reformado por el Art. 15 de la Ley 2003-101, R.O. 743,
13-I-2003).- Apelación.- El imputado o el Fiscal, pueden apelar de la orden de

prisión preventiva impuesta o negada por el Juez, ante el superior de quien
dicte la medida.

Art. 172.- Apelación.- El imputado o el Fiscal, pueden apelar de las medidas
cautelares impuestas o negadas respectivamente por el juez o tribunal, ante el
Superior de quien dictó la medida. La impugnación no tendrá efecto
suspensivo.

Para conocer y resolver la apelación, se enviará copia del proceso al Superior.
La Sala a la que le corresponda, resolverá por el mérito de lo actuado en un
plazo de cinco días; de no hacerlo, el superior jerárquico impondrá a los
respectivos magistrados la multa de un salario mínimo vital por cada día de
retraso; si el atraso fuere causado por una de las salas de la Corte Suprema la
sanción será impuesta por el Tribunal en Pleno, con exclusión de los
magistrados que incurrieron en el retraso.

Art. 173.- Prohibición.- No se puede ordenar la prisión preventiva en los
juicios por delitos de acción privada, en los que no tengan prevista pena
privativa de libertad, ni en las infracciones que se sancionan con una pena que
no exceda de un año de prisión, independientemente de la pena que pueda
imponerse en la sentencia.

Capítulo ...
LA DETENCIÓN EN FIRME

(Capítulo agregado por el Art. 16 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003)

Art. 173-A.- Detención en Firme.- A fin de contar con la presencia del
acusado en la etapa del juicio y evitar en (sic) suspensión, en el auto de
llamamiento a juicio, el Juez que conoce la causa deberá obligatoriamente
ordenar la detención en firme del acusado, con excepción de los casos
siguientes:

1.- Para quien haya sido calificado como presunto encubridor; y,

2.- Para quienes estén siendo juzgados por una infracción cuya pena no
exceda de un año de prisión.

Si el acusado tuviera en su contra orden de prisión preventiva, al dictarse el
auto de llamamiento a juicio se le cambiará por la detención en firme.

Art. 173-B.- Apelación.- Si se interpusiese recurso de apelación del auto de
llamamiento a juicio, la orden de detención en firme no será suspendida.

CAPITULO V
LA CAUCION

Art. 174.- Suspensión.- Se suspenderán los efectos del auto de prisión
preventiva, o de la detención en firme cuando el imputado rindiere caución a
satisfacción del juez competente, caución que podrá consistir en dinero, fianza,

prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una institución financiera.
(texto en cursiva agregado por el Art. 17 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-
2003)

Art. 175.- Prohibiciones.- No se admitirá caución en los siguientes casos:

1. En los delitos sancionados con reclusión:

2. Cuando el imputado hubiera sido condenado anteriormente por delito de
acción pública; y,

3. Cuando el imputado o el acusado por cualquier motivo hubiese ocasionado
la ejecución de la caución en el mismo proceso.

Art. 176.- Aceptación y monto.- Ofrecida la caución, el juez la aceptará si la
considera ajustada a la ley, en caso contrario, la rechazará. En la providencia
que la admita, fijará su monto teniendo como base los siguientes rubros:

1. Un valor que vaya de uno a dos mil salarios mínimos del trabajador en
general, calculado cada salario en la suma de cuatro dólares, según la
gravedad del delito y la situación económica del procesado;

2. El máximo de la multa fijada para la infracción:

3. El valor estimativo de las costas procesales;

4. El valor estimativo de los daños y perjuicios causados al agraviado, cuando
haya acusación particular.

Art. 177.- Obligaciones del garante.- El garante se obliga a presentar al
imputado cuando el juez lo ordene o a pagar el valor total de la caución.

Para la imposición de estas obligaciones al garante bastará que transcurra el
tiempo señalado por el juez para la presentación del imputado, plazo que no
podrá exceder de diez días.

Art. 178.- Caución hipotecaria.- Si la caución fuere hipotecaria, la solicitud
para su aceptación deberá ser presentada ante el juez, acompañada del
certificado del Registrador de la Propiedad del cantón en donde estuvieren
situados los bienes del garante y del certificado del avalúo municipal
correspondiente.

Art. 179.- Fianza.- Si se ofreciere fianza, la solicitud para su aceptación estará
acompañada de la documentación que justifique el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 2276 del Código Civil.

Art. 180.- Caución prendaria.- Si la caución ofrecida fuere prendaria, la
solicitud estará acompañada de los documentos que acrediten el dominio
saneado del bien ofrecido en prenda.

Art. 181.- Instrumentación y sustitución.- Aceptada que fuere por el juez la
fianza, la prenda o la hipoteca, se otorgará por escritura pública. Las dos
últimas se inscribirán en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil
del respectivo cantón.

Las garantías otorgadas por las instituciones financieras no requieren escritura
pública.

Con aceptación del juez se podrán sustituir la caución o el garante.

Art. 182.- Garantía pecuniaria.- El imputado o acusado podrá, por sí mismo u
otra persona por él, dar garantía, consignando su valor en efectivo o en cheque
certificado.

Art. 183.- Valor.- El valor del bien hipotecado o prendado no será inferior al
monto de la garantía fijada por el juez. La fianza se dará presentando los
correspondientes certificados que acrediten que el garante es propietario de
bienes con un avalúo igual o superior al duplo del monto de dicha garantía.

Art. 184.- Domicilios judiciales.- El imputado y el garante, al momento de
ofrecer la caución, señalarán sus respectivos domicilios para las notificaciones
judiciales que deban hacérseles.
Las notificaciones se harán también al garante cuando se relacionen con sus
obligaciones.

Art. 185.- Efectos de la no comparecencia.- Si el imputado no compareciere
al llamamiento dentro del plazo fijado, se decretará orden de prisión contra él y,
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 177, se fijará
plazo al garante para que lo presente, bajo apercibimiento de ejecutarse la
caución.

Si en el plazo fijado el garante no presentare al imputado, se ejecutará la
caución. El garante podrá señalar, para el embargo, bienes del encausado.

Art. 186.- Destino de la caución.- Hecha efectiva la caución, su monto
corresponderá en un cincuenta por ciento a la Función Judicial y, en un
porcentaje igual, al Ministerio Público, excluyendo los valores estimados en el
numeral 4 del artículo 176 de este Código, que servirán para pagar daños y
perjuicios si los hubieren.

Art. 187.- Responsabilidad del Juez.- El juez que admita caución que no
reúna los requisitos prescritos en este capítulo, responderá por el monto de la
caución.

Art. 188.- Continuación del proceso.- El imputado no quedará liberado de la
pena por haberse hecho efectiva la caución, debiendo continuar la
sustanciación del proceso. Si el imputado o acusado fuere sobreseído o
absuelto, no tendrá derecho a la devolución de los valores erogados con motivo
de la ejecución de la caución.

Art. 189.- Cancelación de la caución.- El juez cancelará la caución en los
siguientes casos:
1. Cuando el garante lo pida, presentando al imputado;

2. Cuando el acusado se presentare al cumplimiento de la pena;

3. Cuando se dicte el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria;

4. Por muerte del imputado o acusado;

5. Cuando quedare firme la sentencia que imponga condena de ejecución
condicional;

6. Cuando se revoque el auto de prisión preventiva; y,

7. Cuando se dicte el auto de prescripción de la acción.

Art. 190.- Acción del garante.- Una vez pagada la caución, solo quedan al
garante contra el garantizado las acciones previstas en el Derecho Civil.

CAPITULO VI
LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES

Art. 191.- Modalidades.- Para asegurar las indemnizaciones civiles, las penas
pecuniarias y el valor de las costas procesales, el juez podrá ordenar sobre los
bienes de propiedad del imputado el secuestro, la retención o la prohibición de
enajenar. Estas medidas cautelares sólo podrán dictarse cuando se
encontraren reunidos los mismos requisitos previstos para la prisión preventiva.
Art. 192.- Monto.- Todas las medidas cautelares de carácter real comprenderán
bienes por valores suficientes para garantizar las obligaciones a las que se
refiere el artículo anterior, valores que serán fijados por el juez, con equidad, al
momento de dictar el auto en que ordene la respectiva medida.
Art. 193.- Embargo.- El embargo de bienes se dispondrá en todo caso en que
se expida el auto de apertura del juicio, por una cantidad equivalente al valor de
la multa, las costas procesales y las indemnizaciones civiles, si hubiere
acusación particular. El encausado puede rendir caución, si prefiere.
La prohibición de enajenar y el embargo de inmuebles se inscribirán
obligatoriamente y en forma gratuita por los registradores de la propiedad.

CAPITULO VII
EL ALLANAMIENTO

Art. 194.- Casos.- La vivienda de un habitante del Ecuador no puede ser
allanada sino en los casos siguientes:
1. Cuando se trate de aprehender a una persona contra la que se haya librado
mandamiento de prisión preventiva o se haya pronunciado sentencia
condenatoria a pena privativa de libertad;

2. Cuando se persiga a una persona que acaba de cometer un delito flagrante;

3. Cuando se trate de impedir la consumación de un delito que se está
cometiendo o de socorrer a las víctimas; y,

4. Cuando el juez trate de recaudar la cosa sustraída o reclamada o los objetos
que constituyan medios de prueba.

En los casos de allanamiento de domicilio de un tercero, se requerirá auto del
juez basado en indicios de que el prófugo estuviere ahí, salvo en los casos de
los numerales 2 y 3.

En los casos de los numerales 2 y 3 no se requiere formalidad alguna.

Para los efectos de este capítulo, se tendrá por vivienda a cualquier
construcción o edificación de propiedad privada.

Art. 195.- Auto.- El allanamiento de la vivienda del acusado o del sentenciado,
en los casos determinados del numeral 4 del artículo anterior, será autorizado
por el juez mediante auto fundamentado.

Para el allanamiento de la vivienda de otras personas, es necesario que el auto
tenga como antecedente presunciones graves respecto a que el imputado o los
objetos indicados en el numeral 4 del artículo precedente, se encuentran en
ese lugar.

Art. 196.- Desconocimiento de fuero.- El allanamiento se efectuará no
obstante cualquier fuero del habitante de la morada.

Art. 197.- Precauciones.- Para evitar la fuga de personas o la extracción de
las armas, instrumentos, objetos o documentos que se trate de aprehender, y
mientras se ordena el allanamiento, el juez podrá disponer la vigilancia del
lugar, con orden de detener y conducir a su presencia a las personas que
salgan y de aprehender las cosas que se extraigan.

Art. 198.- Participantes.- Al allanamiento irá el Fiscal, acompañado de la
Policía Judicial, sin que puedan ingresar al lugar que debe allanarse otras
personas que no sean las autorizadas por el Fiscal.
Art. 199.- Ejecución.- Si presentada la orden de allanamiento, el dueño o el
habitante de la vivienda se resistiere a la entrega de la persona o de las cosas,
o a la exhibición de aposentos o arcas, el Fiscal ordenará el quebrantamiento
de las puertas o cerraduras.

Art. 200.- Inspección e Incautación.- Practicado el allanamiento, el Fiscal
inspeccionará en presencia de los concurrentes las dependencias del local
allanado, las armas, documentos u objetos concernientes a la infracción y
entregará a la Policía Judicial lo que mandare a recoger a consecuencia del
allanamiento, previo inventario y descripción detallada.

Art. 201.- Documentos.- Los documentos que, por su naturaleza puedan
incorporarse al proceso, una vez rubricados por el Fiscal serán agregados a los

autos, después de cumplir lo dispuesto en este Código en relación con la
prueba documental.

Art. 202.- Acta.- Concluido el allanamiento, se harán constar en acta, que se
agregará al proceso, los incidentes y resultados de la diligencia.

Art. 203.- Lugares públicos.- Para allanar los lugares públicos como el
Palacio de Gobierno, los locales de los juzgados y tribunales de justicia, o las
oficinas públicas, el juez avisará, previamente, a los funcionarios respectivos,
haciéndoles conocer la necesidad del allanamiento.

Para allanar el recinto del Congreso Nacional se necesita el consentimiento
previo del Congreso o de su Presidente.

Art. 204.- Misiones diplomáticas.- Para extraer al prófugo del local de una
Misión Diplomática o Consular, o de la residencia de un Jefe de Misión
Diplomática, o Jefe de Oficina Consular, o de los miembros de las respectivas
Misiones, el juez se dirigirá con copia del proceso al Ministro de Relaciones
Exteriores, solicitándole que reclame su entrega.

En caso de negativa o silencio del agente diplomático o consular el
allanamiento no podrá realizarse.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en las Convenciones y normas
internacionales vigentes en el Ecuador sobre la materia.

Art. 205.- Naves y aeronaves.- Para aprehender a los prófugos que se
hubieran refugiado en una nave o en una aeronave de guerra extranjeras que
estuvieran en el territorio de la República, la reclamación de entrega se hará
siguiendo las disposiciones del artículo anterior, inclusive en los casos de
negativa o silencio del comandante de la nave o aeronave.

LIBRO CUARTO

ETAPAS DEL PROCESO
TITULO I
LA INSTRUCCION FISCAL Y LA POLICIA JUDICIAL

Art. 206.- Etapas.- Por regla general el proceso penal se desarrolla en las
etapas siguientes:

1. La Instrucción Fiscal;

2. La Etapa Intermedia;

3. El Juicio; y

4. La Etapa de Impugnación.

CAPITULO I
POLICIA JUDICIAL

Art. 207.- Policía Judicial.- La Policía Judicial es un cuerpo auxiliar del
Ministerio Público, integrada por personal especializado de la Policía Nacional.
Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones contempladas en la
Constitución Política de la República, en este Código y el reglamento
respectivo.

Art. 208.- Investigación.- La Policía Judicial realizará la investigación de los
delitos de acción pública y de instancia particular, bajo la dirección y control del
Ministerio Público, a fin de reunir o asegurar los elementos de convicción y
evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, en el tiempo y según las
formalidades previstas en este Código.

Art. 209.- Deberes y atribuciones de la Policía Judicial. Corresponde a la
Policía Judicial lo siguiente:

1. Dar aviso al Fiscal, en forma inmediata y detallada, de cualquier noticia que
tenga sobre un delito de acción pública;

2. Recibir y cumplir las órdenes que impartan el Fiscal y el juez competente;

3. Proceder a la aprehensión de las personas sorprendidas en delito flagrante,
y ponerlas dentro de las veinticuatro horas siguientes a órdenes del juez
competente, junto con el parte informativo para que el juez confirme o revoque
la detención de lo cual informará en forma simultánea al Fiscal;

4. Auxiliar a las víctimas del delito;

5. Proceder a la identificación y examen del cadáver, en la forma establecida
en este Código.

6. Preservar los vestigios del delito y los elementos materiales de la infracción,
a fin de que los peritos puedan reconocerlos y describirlos de acuerdo con la
ley: y,

7. Realizar la identificación de los imputados.

Art. 210.- Actos probatorios urgentes.- En caso de urgencia, la policía debe
requerir directamente al juez que practique algún acto probatorio, sin perjuicio
de notificar de inmediato al Fiscal.

Art. 211.- Respeto de los derechos humanos.- Los miembros de la Policía
Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales y
reglamentarias en cuantas diligencias les corresponda practicar y se
abstendrán, bajo su responsabilidad, de usar medios de averiguación
violatorios de los derechos humanos consagrados por la Constitución Política
de la República, los Convenios Internacionales y las leyes de la República.

Art. 212.- Ocupación de objetos y valores.- Las armas u otros instrumentos
con que se hubiese cometido el delito y los objetos y valores que provengan de
su ejecución serán ocupados por la policía y puestos a disposición del Fiscal,
mediante inventario. La policía extendera el correspondiente recibo de las
armas, instrumentos, bienes o valores materia de la incautación.

Art. 213.- Incumplimiento de deberes.- Los funcionarios de la Policía Judicial
que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias que omitan o retarden la
ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente,
serán sancionados con multa no inferior al cincuenta por ciento de un salario
mínimo vital, ni mayor a dos salarios mínimos vitales generales, sin perjuicio de
las sanciones disciplinarias a que haya lugar si el acto estuviere considerado
como infracción por las leyes policiales.

Art. 214.- Valor de la investigación.- Las diligencias investigativas actuadas
por el Ministerio Público, con la cooperación de la Policía Judicial constituirán
elementos de convicción y servirán para que el Fiscal sustente sus
actuaciones.

CAPITULO II
LA INDAGACION PREVIA Y LA INSTRUCCION FISCAL

Art. 215.- Indagación previa.- Antes de resolver la apertura de la instrucción,
si lo considera necesario, el Fiscal con la colaboración de la policía judicial que
actuará bajo su dirección, investigará los hechos presumiblemente constitutivos
de infracción penal que por cualquier medio hayan llegado a su conocimiento.

Si durante la indagación previa tuvieren que adoptarse medidas para las cuales
se requiera de autorización judicial, el Fiscal deberá previamente obtenerla.

La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos
sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos
sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha
en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho.

Sin embargo, si llegaren a poder del Fiscal elementos que le permitan imputar
la autoría o participación en el delito a persona determinada, iniciará la
instrucción aunque el plazo hubiere fenecido, siempre que la acción penal no
hubiere prescrito según las reglas generales.

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso, las actuaciones del Ministerio
Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la
indagación previa, se mantendrán en reserva. Sus resultados serán conocidos
durante la etapa de instrucción. Los fiscales, los investigadores, los jueces, el
personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas
actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier otro modo en peligro el éxito
de la investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código
Penal.

Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa; las
actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial para el
esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrán en
reserva del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido y de las
personas a las cuales se investiga de tener acceso inmediato, efectivo y
suficiente de las investigaciones. Los fiscales, los investigadores, los jueces, el
personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en estas
actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la
investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.
(Reformado por el Art. 19 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003)

Art. 216.- Atribuciones del Fiscal.- El Fiscal deberá, especialmente:

1. Recibir las denuncias presentadas por delitos de acción pública;

2. Reconocer los lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e
instrumentos conducentes a establecer la existencia del delito e identificar a
sus posibles responsables, conforme a lo dispuesto en el capítulo de la prueba
material;

3. Recibir del ofendido y de las personas que hubiesen presenciado los hechos
o de aquellas a quienes constare algún dato sobre el hecho o sus autores, sin
juramento, las versiones que dieren. Se les advertirá de la obligación que
tienen de presentarse a declarar ante el juez o ante el tribunal penal. Estos
datos se consignarán en el acta que será suscrita por las personas
intervinientes;

4. Solicitar al juez que con las solemnidades y formalidades previstas en el
capítulo de la prueba testimonial, reciba el testimonio de quien se encuentre
imposibilitado de concurrir cuando procesalmente le corresponda;

5. Impedir por un tiempo no mayor de seis horas que las personas cuya
información sea necesaria se ausenten del lugar sin haberla proporcionado;

6. Ordenar la detención de la persona sorprendida en delito flagrante y ponerla,
dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, a órdenes del juez competente;

7. Solicitar al juez que realice la identificación del sospechoso o del imputado,
cuando el agraviado o los declarantes no conozcan el nombre y apellido de la
persona a la que consideran incriminada en el delito que es objeto del proceso,
pero aseguren que la reconocerían si volvieran a verla. Esta diligencia, se
cumplirá en presencia del abogado de la defensa de acuerdo a las siguientes
reglas:

a) El juez, el secretario y el agraviado, o el declarante en su caso pasarán al
lugar donde se encuentre el sospechoso y, colocado éste en el puesto que
hubiere escogido entre diez o más individuos, lo más análogamente vestidos, el
juez preguntará a la persona que debe realizar la identificación, si en el grupo
que tiene frente a él se encuentra el sospechoso;

b) Si el agraviado o el declarante respondiere afirmativamente, el juez ordenará
que señale a la persona a quien se refirió en el momento de declarar; y,

c) De lo practicado en el acto de identificación se sentará el acta
correspondiente, con las firmas del Juez, Secretario e identificante. Este mismo
procedimiento de identificación se observará cuando se tratare de personas
homónimas.

8. Disponer que la Policía Judicial recoja, custodie y preserve los objetos,
documentos e instrumentos que puedan servir para asegurar las pruebas del
delito y la identidad de sus autores; y cuide que tales señales no se alteren,
borren u oculten. De ser posible y necesario, realizará u ordenará que se
realice el levantamiento de un croquis del lugar donde se cometió el delito y
que se obtengan fotografías, grabaciones u otras pericias criminalísticas;

9. Solicitar al Juez que dicte las medidas cautelares, personales y reales que el
Fiscal considere oportunas. Igualmente deberá pedir la revocatoria o cesación
de dichas medidas, cuando estime que la investigación practicada ha permitido
desvirtuar los indicios que las motivaron. En estos casos, deberá remitir al Juez
copias certificadas de lo actuado; y,

10. Practicar todas las demás investigaciones que juzgare necesarias para el
esclarecimiento del hecho delictivo y para la fundamentación de la acusación.

El Fiscal podrá delegar la práctica de las diligencias a que se refieren los
numerales 2, 3 y 5 a la Policía Judicial o a investigadores especializados bajo
la dirección de ésta. El denunciante o cualquier persona que, a criterio del
Fiscal deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, está obligado a
concurrir a la fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo, para cuyo fin
el Secretario le notificará personalmente o por una boleta dejada en la
residencia del notificado.

En caso de incumplimiento, el Fiscal o Tribunal pueden hacer uso de la fuerza
pública.

Art. 217.- Inicio de la instrucción.- El Fiscal resolverá el inicio de la
instrucción en cuanto considere que existen fundamentos suficientes para
imputar a una persona participación en un hecho delictivo. Si como medida
cautelar o por tratarse de un delito flagrante se hubiere privado de la libertad a
alguna persona, el Fiscal deberá dictar la resolución de inicio de la instrucción
dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al momento de la aprehensión.

La resolución del Fiscal contendrá:

1) La descripción del hecho presuntamente punible;

2) Los datos personales del imputado;

3) Los elementos que le han servido de sustento para hacer la imputación;

4) La fecha de inicio de la instrucción; y,

5) El nombre del Fiscal a cargo de la instrucción.

El Fiscal notificará la resolución al Juez, quien dispondrá que se notifique al
imputado, al ofendido y a la Oficina de la Defensoría Pública, para que designe
un defensor.

Es obligación del Fiscal poner a disposición del imputado, del ofendido y de sus
defensores todas las evidencias que tenga en su poder, incluyendo las de
naturaleza exculpatoria, de manera que el imputado ejerza su derecho de
examinar todos los objetos, instrumentos y documentos recogidos durante la
investigación. Si es requerido, el Fiscal deberá entregar al imputado copias de
todos los documentos relacionados con la infracción.

Art. 218.- Declaración del imputado.- Durante la etapa de instrucción el Fiscal
recibirá y reducirá a escrito con fidelidad y en presencia del abogado defensor,
la versión libre que sin juramento proporcione el imputado sobre las
circunstancias y móviles del hecho y sobre su participación o la de otras
personas.

La versión será firmada por el imputado, el agente Fiscal y el defensor. Si el
imputado no supiere o no pudiere firmar, se hará constar este particular y a
nombre suyo firmará un testigo. Si no quisiere firmar, sé hará constar este
particular, y firmará un testigo.

El imputado podrá abstenerce de declarar.

Art. 219.- Imputado con síntomas de enfermedad mental.- Si el imputado
mostrare síntomas de enfermedad mental, el Fiscal ordenará su inmediato
reconocimiento, para cuyo fin nombrará y posesionará a dos médicos
psiquiatras, quienes presentarán su informe por escrito, en el plazo que
determine el fiscal; mientras tanto, no se le recibirá su declaración.

Si el informe pericial establece que la enfermedad mental es transitoria, el
Fiscal postergará la recepción de la versión hasta el restablecimiento del
imputado y proseguirá la substanciación de la instrucción.

Si el informe establece que la enfermedad mental es permanente, el Fiscal
remitirá un informe al juez junto con la documentación respectiva a fin de que
ordene el internamiento previsto en el Código Penal. De ser del caso, el Fiscal
continuará con la etapa de la instrucción.

Art. 220.- Garantías del imputado.- En ningún caso se obligará al imputado,
mediante coacción física o moral, a que se declare culpable de la infracción.

Por lo mismo, queda prohibido, antes o durante la tramitación del proceso, el
empleo de la violencia, de drogas o de técnicas o sistemas de cualquier
género, que atenten contra la declaración libre y voluntaria del imputado. Los
funcionarios, empleados o agentes de policía, del Ministerio Público y de la

Policía Judicial que contravengan a esta disposición incurrirán en la sanción
penal correspondiente.

Art. 221.- Vinculación con la instrucción.- En cuanto aparezcan en el
proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una persona, el
Fiscal dictará resolución haciéndole extensiva la instrucción.

Art. 221.- Vinculación con la instrucción.- En cuanto aparezcan en el
proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una persona, el
fiscal dictará resolución haciéndole extensiva la instrucción. En tal caso, la
instrucción tendrá un plazo adicional de treinta días de duración, a partir de la
notificación con esa resolución al nuevo imputado o al defensor público o de
oficio designado por el Juez.

Art. 222.- Intervención del imputado.- El imputado puede presentar al Fiscal
los elementos de descargo que considere convenientes para su defensa. Si
para obtenerlos se requiere de orden judicial, el Fiscal la obtendrá del Juez.

Art. 222-A.- (Agregado por el Art. 21 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-
2003).- Intervención del Ofendido.- El ofendido puede solicitar al Fiscal los
actos procesales que considere necesarios para comprobar la existencia del
delito, así como la responsabilidad del imputado. Si para obtenerlo se requiere
la orden judicial, el Fiscal la obtendrá del Juez.

Si el Juez considera que los resultados de la instrucción fiscal no amerita el
auto de llamamiento a juicio, podrá archivar el proceso.

Para el caso de los delitos penados con reclusión, el Juez tiene la obligación de
elevar en consulta su providencia a la Corte Superior de Justicia, que será
confirmada o revocada por el inmediato superior.

Art. 223.- Duración.- La Etapa de la Instrucción Fiscal concluirá dentro del
plazo máximo de 90 días, improrrogables, a partir de la fecha de notificación al
imputado o, de ser el caso, al defensor público o al defensor de oficio
designado por el Juez.

CAPITULO III
LA CONCLUSION DE LA INSTRUCCION FISCAL

Art. 224.- Conclusión.- Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos
los actos de investigación o cuando hubiere fenecido el plazo, declarará
concluida la instrucción y emitirá su dictamen dentro del plazo de seis días.

Cuando el Fiscal considere que se han realizado todos los actos de
investigación o cuando hubiere fenecido, plazo, declarará concluida la
instrucción y emitirá su dictamen.

Si hubiere sido necesaria la intervención del juez para disponer la conclusión
de la instrucción, el Fiscal deberá emitir su dictamen en el término plazo de
seis días.

Si no lo hiciere, el juez comunicará el particular al Fiscal General, quien
impondrá al Fiscal inferior una multa equivalente a cinco salarios mínimos
vitales y le concederá un nuevo plazo de tres días para que cumpla su
obligación. Si fenecido este plazo persistiere el incumplimiento, el Fiscal será
destituido de su cargo y el expediente entregado a otro Fiscal, quien deberá
dictaminar dentro del plazo que le señale el Fiscal superior, el cual no podrá
exceder de treinta días.

Art. 225.- Dictamen acusatorio.- Cuando el Fiscal estime que los resultados
de la investigación proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito
y fundamento grave que le permita presumir que el imputado es autor o
partícipe de la infracción, debe requerir por escrito al juez que dicte el auto de
llamamiento a juicio, mediante dictamen acusatorio que contendrá:

1. La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias;

2. El nombre y los apellidos del imputado;

3. Los elementos en los que funda la acusación al imputado. Si fueren varios
los imputados, la fundamentación deberá referirse, individualmente, a cada uno
de ellos; y,

4. La disposición legal que sanciona el acto por el que acusa.

Con la acusación, deberá remitir al juez el expediente que tenga en su poder.

Art. 226.- Falta de acusación.- Cuando el Fiscal estime que no hay mérito
para promover juicio contra el imputado emitirá su dictamen absteniéndose de
acusar y pasará el expediente al juez.

TITULO II
LA ETAPA INTERMEDIA
SECCION I
LA AUDIENCIA PRELIMINAR

Art. 227.- Consulta del expediente.- Presentado el dictamen Fiscal, el juez
mandará que se lo notifique al imputado y al ofendido. Dispondrá además que
el expediente se ponga a disposición de éstos, para que puedan consultarlo.

Art. 228.- Convocatoria.- Dentro de los diez días posteriores a la notificación
con el dictamen Fiscal, el juez convocará a las partes a la audiencia preliminar,
la misma que se realizará dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de
20, a contarse desde la fecha de la convocatoria.

Art. 229.- Audiencia.- En el día y hora señalados, el juez declarará instalada la
audiencia y dispondrá que se escuche al imputado, al Fiscal y al acusador
particular directamente o a través de sus abogados defensores, a fin de que
presenten sus alegaciones con respecto a la existencia de requisitos de

procedibilidad o de cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de
procedimiento que puedan afectar la validez del proceso.

A continuación, el juez concederá la palabra al Fiscal, al acusador particular y
al defensor del imputado o al mismo imputado, a fin de que aleguen sobre los
fundamentos del dictamen Fiscal y de la acusación particular, si la hubiere.

Las partes pueden presentar la evidencia documental que sustente sus
alegaciones.

Art. 230.- Resolución.- Inmediatamente después de escuchar a las partes
según lo previsto en el artículo anterior, el juez leerá a los presentes su
resolución, la que versará sobre todas las cuestiones planteadas, debiendo
resolver previamente las cuestiones formales.

De considerarlo necesario, el juez puede suspender la resolución y la audiencia
hasta por veinticuatro horas hasta por setenta y dos horas. Reinstalada la
audiencia, el juez procederá a leer a las partes su resolución, conforme se
dispone en el inciso anterior.

La resolución será también notificada a las partes por boleta.

El Secretario dejará constancia en acta de la organización y desarrollo de la
audiencia.

Art. 231.- Consecuencia de la falta de acusación fiscal.- Cuando el Fiscal
no haya acusado, el Juez, si considera necesaria la apertura del juicio o si se
ha presentado acusación particular, ordenará que se remitan las actuaciones al
Fiscal superior para que acuse o ratifique el pronunciamiento del inferior.
Si el pronunciamiento del inferior es ratificado, el juez debe admitir el dictamen
Fiscal y dictar auto de sobreseimiento.

Tratándose de delitos sancionados con pena de reclusión, la consulta al Fiscal
Superior, de parte del Juez será obligatoria.

SECCION II
AUTO DE LLAMAMIENTO A JUICIO

Art. 232.- Auto de llamamiento a juicio.- Si el juez considera que de los
resultados de la instrucción Fiscal se desprenden presunciones graves y
fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación del imputado
como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento a juicio.

Si el Juez considera que los resultados de la Instrucción Fiscal no ameritan el
auto de llamamiento a juicio, podrá archivar el proceso. Para el caso de delitos
penados con reclusión, el Juez tiene la obligación de elevar en consulta su
providencia a la Corte Superior de Justicia que será confirmada o revocada por
el inmediato superior.

El auto debe contener:

1. La identificación del acusado;

2. El análisis prolijo de los resultados de la instrucción fiscal;

3. La descripción clara y precisa del delito cometido y la determinación del
grado de participación del acusado;

4. La orden de detención en firme del acusado como autor o cómplice, y la de
secuestrar, retener o prohibir la enajenación de sus bienes, precisándolos, si
antes no se hubieren dictado; y,

5. La cita de las disposiciones legales aplicables.

Art. 233.- Suspensión.- Si al tiempo de dictar el auto de llamamiento a juicio,
el acusado estuviere prófugo, el juez después de dictado dicho auto, ordenará
la suspensión de la etapa del juicio hasta que el encausado sea aprehendido o
se presentare voluntariamente, excepto en los procesos penales por delitos de
peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

Art. 234.- Suspensión y continuación.- Si fueren varios los encausados, y
unos estuvieren prófugos y otros presentes, se suspenderá la sustanciación
para los primeros y continuará respecto de los segundos.

Art. 235.- Encausado con caución.- Si el encausado hubiere rendido caución,
se notificará al garante con el auto de llamamiento a juicio en el domicilio
judicial señalado, a fin de que haga comparecer al garantizado a la audiencia
del tribunal penal, bajo las prevenciones legales.

Art. 236.- Archivo de copia.- Dictado el auto de llamamiento a juicio, el
Secretario del juzgado sacará copia de dicho auto para el archivo antes de
efectuar las notificaciones correspondientes.

Art. 237.- Rechazo de incidentes.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a
juicio no se admitirá ningún incidente, y de suscitarse alguno, el juez penal lo
rechazará de plano e impondrá una multa equivalente al valor de hasta la
cuarta parte de un salario mínimo vital del trabajador en general, a quien lo
provocó sin ningún recurso.

Art. 238.- Revocabilidad.- Las declaraciones contenidas en el auto de
llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio.
Art. 239.- Envío del proceso.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el
juez remitirá de inmediato el proceso al tribunal penal, o si hubiere más de un
tribunal penal, a la oficina de sorteos o a la que corresponda, donde no
existiere dicha oficina.

SECCION III
DEL SOBRESEIMIENTO

Art. 240.- Clases.- El sobreseimiento puede ser:
1. Provisional del proceso y provisional del imputado;

2. Definitivo del proceso y definitivo del imputado; y,

3. Provisional del proceso y definitivo del imputado.

Art. 241.- Sobreseimiento provisional.- Si el Juez considera que los
elementos en los que el Fiscal ha sustentado la presunción de existencia del
delito o la participación del imputado, no son suficientes, dictará auto de
sobreseimiento provisional bien sea del proceso, bien del imputado, o de
ambos, declarando que, por el momento, no puede continuarse con la etapa
del juicio.

Art. 242.- Sobreseimiento definitivo.- El sobreseimiento del proceso y del
imputado será definitivo cuando el juez concluya que los hechos no constituyen
delito, o que los indicios existentes no conducen de manera alguna a presumir
la existencia de la infracción.

El juez dictará también auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del
imputado; si encuentra que se han establecido causas de justificación que
eximan de responsabilidad al imputado.

Art. 243.- Sobreseimiento provisional del proceso y definitivo del
imputado.- Si el juez hubiere llegado a la conclusión de que los elementos que
permiten presumir la existencia del delito son suficientes, pero no existen
indicios de responsabilidad del imputado, dictará auto de sobreseimiento
provisional del proceso y definitivo a favor del imputado.

Art. 244.- Sobreseimiento por falta de acusación.- Así mismo el juez, en
mérito de la instrucción Fiscal, dictará el correspondiente sobreseimiento
provisional o definitivo, del proceso o del imputado, si el Ministerio Público se
ratificare en su decisión de no acusar.

Art. 245.- Calificación de la denuncia y la acusación.- El juez que dicte
sobreseimiento definitivo declarará si la denuncia o la acusación particular han
sido temerarias o maliciosas.

El condenado por temeridad pagará las costas judiciales, así como la
indemnización por daños y perjuicios.

En caso de que el juez también las hubiere calificado de maliciosas, el
acusador o el denunciante responderá, además, por el delito previsto en el
artículo 494 del Código Penal.

Art. 246.- Efectos del sobreseimiento.- Sea provisional o definitivo el
sobreseimiento del proceso o del imputado, el juez revocará el auto de prisión
preventiva y ordenará la inmediata libertad del imputado si estuviere bajo
prisión preventiva, sin perjuicio de que se vuelva a ordenarla si el auto de
sobreseimiento fuere revocado, o si siendo provisional, resultaren nuevos
cargos contra el sindicado.

El sobreseimiento definitivo del proceso da fin al juicio y, en consecuencia,
impide iniciar otro por el mismo hecho.

El sobreseimiento definitivo del imputado impide que éste, en el futuro, pueda
volver a ser encausado en el mismo proceso o en otros que se inicien por el
mismo hecho.

El sobreseimiento provisional del proceso suspende la sustanciación del mismo
durante cinco años; y, el sobreseimiento provisional del imputado lo suspende
por tres años. Estos plazos se contarán desde la fecha de expedición del
respectivo auto de sobreseimiento.

Art. 247.- Nueva acusación.- Dentro de los plazos a los que se refiere el
artículo anterior y sobre la base de nuevas investigaciones, el Fiscal podrá
formular una nueva acusación.

Art. 248.- Sobreseimiento en firme.- Si se hubieran cumplido los plazos a los
que se refiere el artículo 246 y no se hubiere formulado una nueva acusación,
el juez dictará auto de sobreseimiento definitivo del proceso y del imputado, a
petición de parte o de oficio, observando lo prescrito en el artículo 245 de este
Código.

Art. 249.- Acciones por denuncia o acusación temerarias o maliciosas.- Si
la denuncia o la acusación particular han sido calificadas en el auto de
sobreseimiento definitivo como maliciosas o temerarias el que obtuvo a su
favor el sobreseimiento podrá ejercer contra el denunciante o el acusador, las
acciones respectivas conforme a lo establecido en este Código.

TITULO III
LA ETAPA DEL JUICIO
CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 250.- Finalidad.- En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales
necesarios para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y
la responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o
absolverlo.

Art. 251.- Necesidad de la acusación.- La etapa del juicio se sustanciará a
base de la acusación fiscal. Si no hay acusación Fiscal, no hay juicio.

Art. 252.- Existencia del delito y culpabilidad.- La certeza de la existencia
del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo
y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de
los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa
de instrucción Fiscal, de la iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia o
de las nuevas pruebas que ordene el tribunal penal.

Art. 253.- Inmediación.- El juicio se debe realizar con la presencia
ininterrumpida de los jueces y las partes.

Si el defensor del acusado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se
debe proceder en la forma prevista en los artículos 129 y 279 de este Código.

Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del Tribunal
designará un defensor de oficio para que asuma la defensa, con el carácter de
obligatorio para el acusado.

Art. 254.- Comparecencia del acusado.- El acusado debe comparecer a
juicio. Si estuviera bajo prisión preventiva, se tomarán las medidas necesarias
para asegurar su comparecencia y evitar su evasión.

Art. 255.- Publicidad.- La audiencia del tribunal penal será pública; pero será
reservada cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de los delitos
comprendidos en los Títulos I y VIII del libro Segundo del Código Penal, y se
realizará con la sola presencia del acusado, del acusador particular si lo
hubiere, de los defensores, del Fiscal, y del secretario, y si fuere del caso, de
los peritos y de los testigos, sin que pueda violarse la reserva, durante o
después de la audiencia. No se admitirá la transmisión de la audiencia, a través
de los medios de comunicación.

En ningún caso, el juez o magistrado que conozca de una causa penal
sometida a su resolución puede formular declaraciones públicas o privadas a
los medios de comunicación social, ni antes ni después del fallo. La violación
de esta prohibición será sancionada con su destitución, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que hubiere.

Art. 256.- Continuidad.- El juicio debe continuar ininterrumpidamente hasta su
conclusión. Excepcionalmente, y solo por una vez, se puede suspender por un
plazo máximo de cinco días, en los casos siguientes:

1. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala
de audiencias;

2. Cuando no comparezcan testigos, peritos o traductores. Si en la reanudación
tampoco comparecen, el juicio debe continuar sin su presencia, luego de
haberse dejado constancia de que fue imposible lograr su comparecencia;

3. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el Fiscal, por cualquier
impedimento insuperable no puedan continuar interviniendo en el juicio.

El tribunal debe notificar, junto con la suspensión, el día y hora en que debe
continuar la audiencia.

Si la audiencia se prolongare excesivamente, el tribunal ordenará que se
suspenda y dispondrá su continuación para el siguiente día hábil.

Art. 257.- Suspensión del juicio.- La rebeldía o la incapacidad sobrevinientes
del acusado, interrumpen el juicio, el que deberá reiniciarse tan pronto cesen
las circunstancias que motivaron la interrupción.

Art. 258.- Oralidad.- El juicio es oral; bajo esa forma deben declarar las partes,
los testigos y los peritos. Las exposiciones y alegatos de los abogados, serán
igualmente orales.

Las resoluciones interlocutorias deben pronunciarse verbalmente, pero debe
dejarse constancia de ellas en el acta del juicio.

Art. 259.- Imposibilidad de asistencia.- Los testigos que no pudieren
concurrir al juicio por un impedimento justificado, deben ser examinados en el
lugar en donde se hallen, por uno de los jueces del tribunal u otro juez, según
el caso, y pueden participar en el acto todas las partes.

CAPITULO II
TRIBUNAL PENAL

Art. 260.- Tribunales penales.- La integración, el nombramiento, los requisitos
y la distribución territorial de los Tribunales Penales, se regirán por lo que
disponga la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Art. 261.- Designaciones.- Cada Tribunal Penal contará con el personal
auxiliar que determinen las normas que rigen la organización administrativa de
la Función Judicial.

CAPITULO III
SUSTANCIACION ANTE EL PRESIDENTE

Art. 262.- Convocatoria para la audiencia.- Transcurrido el plazo al que se
refiere el artículo anterior, el Presidente señalará el día y la hora en que el
Tribunal debe instalarse en audiencia pública o privada, según el caso.

Si no hubiese excusas o recusaciones, la audiencia se instalará no más tarde
de diez días ni antes de cinco, contados desde la fecha de la providencia que la
convoque.

Esta providencia se notificará inmediatamente a los otros jueces del tribunal, al
Fiscal, al acusado o a su defensor y, si los hubiere, al acusador particular y al
garante.

Art. 263.- Excusa.- Si notificados los jueces del tribunal penal con la
providencia en la que se convoca a la audiencia, alguno de ellos tuviere una
causa de excusa, la pondrá en conocimiento del presidente, dentro del
segundo día, para que, de ser legal, se llame al que deba remplazarlo.

Si el presidente tuviere motivo de excusa, lo hará conocer al juez segundo del
tribunal, para los efectos determinados en el inciso anterior.

Art. 264.- Causas de excusa y recusación.- Son causas de excusa y
recusación de los jueces del tribunal penal las determinadas en el Código de
Procedimiento Civil y además, las siguientes:

1. Ser cónyuge o pariente del acusador, del ofendido, del acusado o de sus
defensores, o del Fiscal, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad;

2. Haber intervenido en el proceso, como juez, testigo, perito, intérprete,
defensor, acusador o secretario; y,

3. Estar ligado a las partes, al ofendido o a sus defensores por intereses
económicos o de cualquier índole.

Los jueces del Tribunal Penal presentarán sus excusas con juramento.

Art. 265.- Recusación.- La parte que pretenda tener motivo de recusación
contra los jueces del tribunal podrá proponerla dentro de tres días, contados
desde la fecha de notificación del señalamiento para la audiencia. Propuesta la
recusación, el presidente ordenará citar al juez a quien se recusa y, concederá
tres días para la prueba, concluida la cual dictará sentencia dentro de cuatro
días, la misma que no será susceptible de recurso alguno.

La recusación al presidente deberá presentarse ante el juez segundo del
tribunal penal, quien procederá conforme lo dispuesto en el inciso anterior.

Art. 266.- Juez ad hoc.- Si por cualquier causa faltare un juez para integrar el
tribunal, el presidente o quien haga sus veces designará a un abogado de
reconocido prestigio profesional como juez ad hoc, sin que, en ningún caso
pueda integrarse el tribunal con más de un juez así designado.

El juez ad hoc actuará previo juramento y posesión ante el presidente.

Art. 267.- Lista de testigos y petición de pruebas.- Dentro del plazo fijado
para que se reúna el tribunal, las partes presentarán una lista de los testigos
que deben declarar en la audiencia, expresando la edad, los nombres, los
apellidos, la profesión y residencia de ellos, y pedirán las demás pruebas a fin
de que se practiquen durante la audiencia.

Art. 268.- Orden de comparecencia.- Mientras transcurre el plazo señalado
para la audiencia, el presidente dará las órdenes convenientes para la
comparecencia de los testigos y fijará día y hora en que deben comparecer
ante el tribunal, previniéndoles que, de no hacerlo, se procederá contra ellos en
la forma prevista en el artículo 129 de este Código.

Art. 269.- Cooperación policial.- Las autoridades y agentes de policía
auxiliarán obligatoriamente al presidente del tribunal penal para conseguir la
comparecencia de los testigos, bajo sanción de una multa de hasta el
equivalente a la tercera parte de un salario mínimo vital del trabajador en
general, que impondrá a quienes incumplieren la orden o actuaren
negligentemente.

Art. 270.- Notificación a los testigos.- El secretario o el encargado de
notificar a los testigos deberá comprobar la notificación con la firma de los

notificados, o con la de un testigo conocido, si se hubiesen negado a firmar. La
ausencia, el impedimento físico del testigo o la negativa de éste para firmar,
constará en el acta respectiva, bajo la responsabilidad penal del secretario.

Art. 271.- Testigos residentes en otro lugar.- Si los testigos estuvieran
ausentes del lugar del proceso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 130 de
este Código. Pero si el presidente considera indispensable la presencia del
testigo, ordenará que comparezca a la audiencia del tribunal, bajo
prevenciones legales.

Art. 272.- Juez comisionado.- El juez comisionado recibirá el testimonio
inmediatamente de llegado el despacho y lo devolverá al tribunal. Devuelto lo
actuado, se agregará al proceso.

El Tribunal Penal no podrá dictar sentencia mientras no se haya recibido y
agregado al proceso el despacho indicado.

Art. 273.- Testimonios urgentes.- En caso de enfermedad de los testigos o
cuando éstos deban ausentarse del lugar del proceso, se les recibirá
inmediatamente sus declaraciones. Si el testigo pretende ausentarse y su
testimonio se considera fundamental, el presidente prohibirá que se ausente,
aun haciendo uso de la fuerza pública.

Art. 274.- Disciplina.- Corresponde al presidente del tribunal el control de la
disciplina en la audiencia.

El presidente del tribunal puede limitar el ingreso del público a una cantidad
determinada de personas, según las posibilidades de la sala de audiencia.

Puede también imponer arresto de hasta veinticuatro horas por la violación de
los deberes previstos en el artículo siguiente.

Art. 275.- Deberes.- Quienes asistan a la audiencia deben permanecer en
silencio y comportarse respetuosamente.
No pueden llevar amas u otros elementos para molestar u ofender, ni adoptar
un comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, ni producir
disturbios.

Art. 276.- Dirección de la Audiencia.- El presidente rechazará todo lo que
prolongue inútilmente el debate y lo terminará oportunamente. Está investido
de facultades para disponer cuanto estime necesario, recurriendo a todo lo que
la ley no prohíbe expresamente.

CAPITULO IV
SUSTANCIACION ANTE EL TRIBUNAL PENAL

Art. 277.- Comparecencia.- En el día y hora señalados para la celebración de
la audiencia del tribunal comparecerán los jueces, el o los acusados, el
acusador particular o el procurador común, si hubiere, los defensores, el fiscal y
el secretario.

Si transcurridos diez minutos después de la hora señalada para la audiencia no
concurrieren uno o más de los miembros del tribunal, el presidente en el acto,
dispondrá que el secretario siente la razón correspondiente e impondrá a los
ausentes una multa de hasta cuatro salarios mínimos vitales del trabajador en
general salvo que la ausencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor y,
señalará nuevos día y hora para la audiencia del tribunal, audiencia que deberá
realizarse dentro de los cinco días siguientes.

Lo mismo dispondrá en el caso de que no pueda celebrarse la audiencia por la
causa señalada en el artículo siguiente.

Art. 278.- Audiencia fallida.- El presidente no podrá instalar la audiencia si no
estuvieran presentes, además de las personas indicadas en el artículo anterior,
el ofendido, los testigos, peritos e intérpretes que hubieran sido notificados para
que se presenten a dicha audiencia, cuya presencia considere indispensable el
tribunal.

Si por causa injustificada no concurrieren el fiscal, el secretario o el defensor
del acusado, el tribunal les impondrá la multa indicada en el artículo anterior.
De no haberse celebrado la audiencia por falta de los testigos, peritos o
intérpretes, el presidente ordenará la detención de los que no hubiesen
concurrido, hasta que se celebre la nueva audiencia del tribunal; pero los
nombrados podrán evitar la detención justificando una evidente causa de
fuerza mayor o caso fortuito, o si rinden caución que garantice su concurrencia
a la nueva audiencia, caución que será fijada por el presidente, en la cantidad
que estime justa, de acuerdo con las posibilidades económicas del afectado.

Art. 279.- Procedimiento contra el rebelde.- Si un testigo, perito o intérprete
se hubiera ocultado para no comparecer a la audiencia del tribunal, el
presidente oficiará al fiscal que corresponda para que inicie la instrucción
contra el rebelde, a fin de que sea sancionado según lo previsto en el Código
Penal.

Art. 280.- Ausencia del acusado o del acusador.- Si el acusado estuviera en
libertad bajo caución y no se presentare a la audiencia en la hora señalada, el
tribunal dictará auto suspendiendo la sustanciación de la causa hasta que se
presente voluntariamente, o sea aprehendido y además, hará efectiva la
caución.

Si el acusador particular no compareciere personalmente, el tribunal penal
declarará abandonada la acusación particular, sin que esta circunstancia obste
la prosecución del juicio.
De las providencias previstas en este artículo y en los tres anteriores, no habrá
recurso alguno.

Art. 281.- Ubicación de las partes.- Constituido el tribunal, el presidente
ordenará que el acusado y su defensor, se sitúen a su izquierda, frente al
tribunal; y que el fiscal, el acusador particular y su defensor, se sitúen a su
derecha, frente al tribunal.

El público estará convenientemente separado.

Art. 282.- Incomunicación de los testigos.- Los peritos y los testigos
permanecerán en una habitación destinada al efecto, de la que no podrán salir
mientras se cumpla la diligencia, sino para declarar. El presidente tomará las
medidas necesarias para impedir que los peritos y los testigos hablen entre sí
antes de haber declarado.

Art. 283.- Facultades del presidente.- El presidente adoptará todas las
medidas necesarias para garantizar la normal realización de la audiencia.

Art. 284.- Comparecencia del acusado.- El acusado debe comparecer a la
audiencia.

Art. 285.- Comienzo del juicio.- En el día y hora fijados, el presidente del
tribunal después de verificar la presencia del acusado, del fiscal, del acusador
particular si lo hubiere, del ofendido, de los testigos, peritos o traductores, debe
declarar abierto el juicio, advertir al acusado que éste atento a lo que va a oír y,
ordenar la lectura del auto de llamamiento a juicio.

Art. 286.- Exposición del Fiscal.- A continuación, el fiscal expondrá el motivo
de la acusación relatando los hechos, circunstanciadamente, sin emplear
invectivas contra el acusado, y concluirá solicitando la práctica de las pruebas
que determinará expresamente.

Art. 287.- Testimonio del ofendido.- A continuación de la intervención del
Fiscal, rendirá su testimonio el ofendido.

Art. 288.- Interrogatorio del Presidente.- Una vez que el ofendido hubiese
declarado su nombre, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio, residencia,
estado civil, oficio o profesión, el presidente si fuere necesario le interrogará
para obtener los datos siguientes:

1. Los nombres y apellidos de quienes participaron en infracción;

2. El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida;

3. Los nombres y apellidos de las personas que presenciaron la infracción y de
los demás testigos referenciales;

4. La forma en que fue cometida; y,

5. La indicación de los instrumentos usados por el autor de la infracción.

Art. 289.- Interrogatorio de los demás jueces y de las partes. Los demás
jueces del tribunal y las partes procesales pueden interrogar al ofendido. El
presidente del tribunal cuidará que las preguntas sean legales.

Art. 290.- Exposición del acusador particular.- El acusador particular, por sí
mismo o a través de su abogado defensor, expondrá el motivo de su

acusación, relatando los hechos de manera circunstanciada, sin emplear
invectivas contra el acusado y concluirá solicitando la práctica de las pruebas
que determine específicamente.

Art. 291.- Testimonio de los peritos y testigos pedidos por el Fiscal y por
el acusador particular.- El presidente dispondrá de inmediato que el
secretario llame uno a uno a los peritos y testigos solicitados por el Fiscal y el
acusador, en el orden establecido en la lista prevista en el artículo 267 de este
Código.

El presidente tomará juramento a los peritos y a cada testigo, advirtiéndoles de
su obligación de decir la verdad de todo cuanto supieren y fueren preguntados,
bajo las prevenciones de ley. A los peritos y testigos les interrogará si están
comprendidos en las prohibiciones del artículo 126.

Los peritos y los testigos declararán en presencia del tribunal y no podrán ser
interrumpidos por persona alguna.

Art. 292.- Lectura de testimonios anticipados.- Si el testigo hubiera
declarado en la etapa de instrucción como anticipo jurisdiccional de prueba, se
ordenará que el secretario lea esa declaración, antes de recibir el nuevo
testimonio. Si en este nuevo testimonio se advirtiera alguna contradicción o
variación, entre una y otra, se le hará notar al testigo para que explique la
diferencia.

Art. 293.- Presunción del perjurio.- Si el tribunal observare que el declarante
ha incurrido en alguno de los casos previstos en el artículo 137 de este Código,
el presidente ordenará la detención para los efectos señalados en dicho
artículo.

Art. 294.- Interrogatorios.- Concluida la declaración del perito o del testigo, el
presidente y los miembros del tribunal podrán interrogarles para que amplíen o
aclaren puntos especiales de su declaración.

Terminado el interrogatorio de los jueces, podrán interrogar al testigo el Fiscal,
el acusador particular mediante su defensor y el acusado o su defensor.

El presidente cuidará que las preguntas no sean capciosas, impertinentes o
sugestivas.

Art. 295.- Declaración del acusado.- Al rendir su testimonio el acusado
indicará sus nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio residencia,
estado civil, oficio u ocupación. El Presidente dispondrá que el acusado haga
una exposición completa sobre el hecho que motiva su presencia en el tribunal
y le hará las preguntas conducentes, cuidando en todo caso que, las preguntas
sean directas acerca de la infracción e indirectas respecto del acusado y, en
ningún caso, capciosas, sugestivas o que tiendan a incriminarle.

Luego de su declaración, pueden interrogarlo los demás jueces del tribunal, el
Fiscal, el acusador particular y su propio defensor, en ese orden. En cualquier

momento, el acusado puede consultar con su defensor antes de responder una
pregunta o puede negarse a contestar las preguntas que se le formulen. El
Presidente calificará la procedencia de las preguntas.

Art. 296.- Reconocimiento de objetos y vestigios.- Concluida la declaración,
cuando sea del caso, se hará que el acusado, si lo quisiere, reconozca los
instrumentos con que se hubiese cometido la infracción, los vestigios que ésta
haya dejado y los objetos que hubieren quedado en el lugar en que se
perpetró. Reconocidos que fueren, le preguntará el presidente si anteriormente
ha conocido los mencionados instrumentos u objetos, en poder de qué
personas, en qué lugar, en qué fecha y en qué circunstancias.

De todo lo que dijere el acusado se dejará constancia en el acta de la
audiencia.

Art. 297.- Exposición del Defensor.- El defensor hará una exposición
detallada de los hechos y circunstancias que fueren favorables para su
defendido y concluirá pidiendo la práctica de las pruebas que determinará
expresamente.

Art. 298.- Testimonios solicitados por el acusado.- El presidente ordenará
que el secretario llame uno a uno a los peritos y testigos de la lista presentada
por el acusado, según el orden que conste en la lista prevista en el artículo 267,
para que también sean examinados, en la misma forma en que se procedió con
los testigos propuestos por el Fiscal y el acusador particular.

Art. 299.- Testimonios solicitados en la audiencia.- Examinados los peritos y
los testigos anteriores, el presidente ordenará que se llame a los propuestos
por las partes dentro de la audiencia, debiendo observarse las mismas reglas
previstas para los testigos que les precedieron.

Art. 300.- Ampliación de los testimonios.- Terminada la declaración, el perito
o el testigo regresará al lugar en que se encontraba antes de salir a declarar,
del que no podrá retirarse hasta que el presidente declare abierto el debate.

El presidente, por sí o a pedido de las partes, podrá ordenar que los peritos y
los testigos que ya hubiesen declarado se presenten para ampliar sus
declaraciones.

Art. 301.- Otras pruebas.- El presidente tendrá la facultad de llamar a
cualquier persona para interrogarla y de ordenar que se exhiban ante el tribunal
los objetos o documentos que considere necesarios para esclarecer el hecho o
alguna circunstancia alegada por las partes.

Art. 302.- Inicio del debate.- Concluida la prueba, el presidente mandará que
se inicie el debate. Si fueren varios los acusados, habrá un debate particular
sobre cada uno de ellos, en el orden que indique el presidente.

Art. 303.- Alegatos.- El Fiscal será oído primeramente, y su alegato se
reducirá a una exposición clara y metódica de los hechos imputados al

acusado; de las pruebas rendidas durante la audiencia y de las que constan en
el proceso, con el análisis que creyere conveniente hacer, pudiendo manifestar
al tribunal el valor procesal de las circunstancias alegadas por las partes;
determinará si el acusado es autor, cómplice o encubridor y pedirá la
imposición de la pena correspondiente, en caso de encontrarle responsable.

Cuando haya acusador particular, hablará después del fiscal. En su exposición
observará las normas establecidas en el inciso anterior y concluirá solicitando
las penas y el pago de las indemnizaciones civiles que crea procedentes.

Contestará, después el defensor. Será permitida la réplica, pero concluirá
siempre el defensor.

Art. 304.- Conclusión del debate.- Una vez que concluya de hablar el
acusado o su defensor, el presidente declarará cerrado el debate.

CAPITULO V
LA SENTENCIA

Art. 304-A.- Reglas Generales.- La sentencia debe ser motivada y concluirá
condenando o absolviendo al procesado. Cuando el Tribunal tenga la certeza
de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es
responsable del mismo dictará sentencia condenatoria. Si no estuviere
comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o
existiere duda sobre tales hechos, o el procesado hubiere acreditado su
inocencia, dictará sentencia absolutoria.

Si el Tribunal al momento de sentenciar, observare que existe alguna causa de
nulidad la declarará a costa de quien la hubiese provocado ordenando que se
reponga el proceso desde la actuación en que se produjo la nulidad inclusive.

Art. 305.- Deliberación.- Terminado el debate y una vez elaborada el acta del
juicio, el Presidente ordenará a las partes y al público que se retiren. A
continuación, el tribunal procederá a deliberar con vista del proceso y de las
pruebas practicadas durante la audiencia.
Mientras dure la deliberación no se permitirá la entrada a ninguna persona y el
presidente dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de este
precepto.

Art. 306.- Expedición de la sentencia.- Luego de la deliberación, el tribunal
dictará la sentencia, pero podrá suspender su pronunciamiento para el día
siguiente.

Art. 307.- Acta del Juicio.- El secretario debe elaborar un acta sobre el juicio
que contendrá:

1. Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de su
suspensión y reanudación;

2. El desarrollo del juicio, con mención del nombre y apellido de los jueces, de
las partes, testigos, peritos, traductores, los elementos de prueba producidos
durante la audiencia y las grabaciones magnetofónicas, de video, o
electrónicas efectuadas, que se anexarán al acta; y,

3. Las peticiones y decisiones producidas en el curso del juicio, y las
conclusiones finales de las partes.

El acta debe ser firmada por el secretario.

Art. 308.- Votos necesarios y pena favorable.- Tanto para la absolución
como para la condena se necesitan dos votos. Si la mayoría hubiere
condenado, pero se produjere disparidad en la tipificación del delito, en la
calificación de la responsabilidad o en la determinación de la pena, se aplicará
lo que fuere más favorable al reo.

Art. 309.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia deberá contener:

1. La mención del tribunal, el lugar y la fecha en que se dicta; el nombre y,
apellido del acusado y los demás datos que sirvan para identificarlo;

2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y
circunstanciada del hecho punible y de los actos del acusado que el tribunal
estime probados;

3. La decisión de los jueces, con la exposición concisa de sus fundamentos de
hecho y de derecho;

4. La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas;

5. La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción; y,

6. La firma de los jueces.

Art. 310.- Varios acusados.- Si fueren varios los acusados, el tribunal debe
referirse en la sentencia a cada uno de ellos, indicando si son autores,
cómplices o encubridores, o declarando, en su caso, la inocencia.

Art. 311.- Absolución.- La sentencia absolutoria no puede estar sujeta a
condiciones. Debe ordenar la cesación de todas las medidas cautelares y
resolver sobre las costas.

Art. 312.- Condena.- La sentencia condenatoria deberá mencionar como se ha
comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad
del acusado; determinará con precisión el delito por el cual se condena y la
pena que se impone. También debe determinar, cuando corresponda, la
suspensión condicional de la pena y debe fijar el plazo dentro del cual se ha de
pagar la multa.

Se debe decidir sobre las costas, la entrega de objetos incautados, el decomiso
y la destrucción de objetos, según lo previsto en la ley.

Art. 313.- Pronunciamiento.- La sentencia debe expedirse dentro del tercer
día posterior a la clausura del juicio. La sentencia se debe pronunciar siempre
en nombre de la República y por Autoridad de la Ley.
Redactada la sentencia, el tribunal debe regresar a la sala de audiencia,
después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el juicio y, el
documento debe ser leído ante los que comparezcan.

Art. 314.- Notificación.- La sentencia será notificada dentro de los tres días
posteriores al pronunciamiento, bajo sanción de una multa equivalente a la
cuarta parte de un salario mínimo vital del trabajador en general, que se
impondrá al secretario, por cada día de retraso.

Art. 315.- Limitación de la sentencia.- El tribunal no podrá pronunciar
sentencia sobre hechos que no tengan relación o conexión con los
determinados en el auto de llamamiento a juicio; ni dejar de pronunciarse sobre
todos y cada uno de ellos.

Art. 316.- Firma de la sentencia.- La sentencia se firmará por todos los jueces
del tribunal, aun cuando alguno haya sido de opinión contraria a la mayoría. Si
alguno se negare o no pudiere firmar, el secretario anotará esta circunstancia
en el proceso y la sentencia expedida seguirá su curso normal. Puesto el hecho
en conocimiento de la respectiva Corte Superior, esta destituirá al infractor. El
juez sancionado no podrá ser elegido miembro de ningún Tribunal Penal de la
República.

En todos los casos en que, por imposibilidad física o fuerza mayor debidamente
comprobadas, alguno de los jueces no pudieran firmar la sentencia luego de
haber sido expedida y firmada por los otros dos, sentada la respectiva razón de
este particular por el secretario, dicho fallo surtirá efecto y seguirá su curso
legal.

Art. 317.- Votos salvados.- Cuando algún juez haya sido de opinión contraria
a la mayoría, esa opinión deberá constar en voto salvado, que será firmado por
todos los jueces del Tribunal.

Art. 318.- Delito diverso.- Si hallándose la causa ante el tribunal, aparece
prueba de que el acusado ha cometido otro delito diverso de la infracción por la
que se le juzga, el tribunal pronunciará la respectiva sentencia, absolviendo o
condenando, y ordenará que se siga un nuevo proceso por el delito o delitos
que se hubieran descubierto.

Si mientras se sustancia el nuevo proceso transcurriese el tiempo al que fue
condenado el reo, se le pondrá en libertad si en dicho proceso no se hubiera
dictado auto de prisión preventiva.

Art. 319.- Libertad inmediata.- Si el acusado fuere absuelto, el presidente
ordenará su inmediata libertad, a pesar de cualquier recurso que se

interpusiere, sin perjuicio del cumplimiento de la pena que se llegare a imponer
si la absolución fuere revocada.

La sentencia condenatoria no se ejecutará mientras no se encuentre
ejecutoriada.

Art. 320.- Prohibición.- En ningún caso le será permitido al tribunal ni a juez
alguno hacer calificaciones ofensivas respecto del acusado, debiendo limitarse
a un examen escueto de los hechos y a las conclusiones jurídicas que de ello
se deriven.

CAPITULO VI
DEL RECURSO DE HECHO

Art. 321.- Procedencia.- El recurso de hecho se concederá cuando el Juez o
el Tribunal Penal hubieren negado los recursos oportunamente interpuestos y
que se encuentran expresamente señalados en este Código.

Este recurso se interpondrá ante el Juez o Tribunal que hubiere negado el
recurso oportunamente interpuesto, dentro de los tres días posteriores a la
notificación del auto que lo niega.

Interpuesto el recurso, el Juez o Tribunal, sin ningún trámite, remitirá el proceso
a la Corte Superior, la que admitirá o denegará dicho recurso.

Art. 322.- Recurso infundado.- Si el recurso de hecho hubiera sido
infundadamente, interpuesto, la Corte Superior lo desechará e impondrá al
recurrente una multa de hasta tres salarios mínimos vitales del trabajador en
general.

Si el recurso de hecho fuere aceptado y se tratare de apelación o de nulidad, la
Corte Superior entrará a conocer y resolver la causa en lo principal; o remitirá
el proceso a la Corte Suprema de Justicia si se tratare de los recursos de
casación o de revisión.

El Superior, al aceptar el recurso de hecho, impondrá una multa equivalente a
la mitad de un salario mínimo vital del trabajador en general al Juez o Tribunal
que ilegalmente negó el recurso.

De las multas impuestas no habrá recurso alguno.

Art. 323.- Resolución del recurso.- La Corte Superior resolverá el recurso de
hecho sin ningún trámite, dentro del plazo de ocho días contados desde el
momento en que recibió el proceso.

TITULO IV
ETAPA DE IMPUGNACION
CAPITULO I
REGLAS GENERALES

Art. 324.- Facultad de impugnar.- Las sentencias, autos y resoluciones son
impugnables solo en los casos y formas expresamente establecidos en este
Código.

Cuando la ley no distinga, el derecho a impugnar corresponde a las partes.
El defensor puede interponer los recursos, pero el imputado o acusado puede
desistir de los recursos interpuestos por su defensor.

Art. 325.- Interposición.- Para ser admisibles, los recursos deben ser
interpuestos dentro del plazo y según la forma que determine la ley.
Al concederse un recurso se emplazará a las partes para que concurran ante el
Superior para hacer valer sus derechos.

Art. 326.- Desistimiento.- Quien haya interpuesto un recurso, puede desistir
de él.

El defensor no puede desistir de los recursos sin mandato expreso del
imputado o acusado.

Art. 327.- Efectos.- Cuando en un proceso existan varios coacusados, el
recurso interpuesto por uno de ellos, beneficiará a los demás, siempre que la
decisión no se funde en motivos exclusivamente personales.
Este beneficio será exigible aunque mediare sentencia condenatoria
ejecutoriada en contra de uno de los acusados.
La interposición de un recurso suspende la ejecución de la decisión, salvo que
expresamente se disponga lo contrario.

Art. 328.- Limitación.- Ningún Tribunal Superior podrá empeorar la situación
jurídica del acusado, si fuere el único recurrente.

Art. 329.- Excarcelación.- Cuando hallándose el proceso ante un juez
superior, por haberse interpuesto algún recurso, venciere el tiempo de la pena
impuesta, el juez inferior ordenará que se excarcele al correspondiente penado,
en cuanto hubiese cumplido la condena, con la obligación de presentarse, una
vez por semana, ante el juez, si fuere posible, o ante la autoridad de policía que
él señale, hasta que el Superior devuelva la causa.

La autoridad de policía designada será advertida en la correspondiente
comunicación de este deber del excarcelado y tal autoridad fijará día y hora de
la presentación.

CAPITULO II
RECURSO DE NULIDAD

Art. 330.- Causas de nulidad.- Habrá lugar a la declaración de nulidad, en los
siguientes casos:

1. Cuando el juez o el tribunal penal hubieren actuado sin competencia;

2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de
este Código; y,

3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite previsto
en la ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa.

Art. 331.- Declaración de nulidad.- Si al momento de resolver un recurso, la
Corte respectiva observare que existe alguna de las causas de nulidad
enumeradas en el artículo anterior, estará obligada a declarar, de oficio o a
petición de parte, la nulidad del proceso desde el momento en que, se produjo
la nulidad a costa del funcionario u órgano jurisdiccional que la hubiere
provocado.

Sin embargo, se declarará la nulidad solamente si la causa que la provoca
tuviere influencia en la decisión del proceso.

Si se hubiere omitido algún acto procesal necesario para la comprobación de la
existencia de la infracción, en cualquier etapa del proceso, se mandará a que
se lo practique, sin anularlo.

Art. 332.- Interposición del recurso por las partes.- El recurso de nulidad
podrá interponerse por las partes, dentro de los tres días posteriores a la
notificación de la sentencia, del auto de sobreseimiento, o de llamamiento a
juicio, haciendo constar la causa de la nulidad.

Art. 333.- Otorgamiento del recurso.- El juez o el presidente del tribunal, en
su caso, concederán el recurso de nulidad si se lo hubiere interpuesto en el
plazo legal; y, en la misma providencia, recibirá la causa a prueba por el plazo
de seis días, si la nulidad alegada contuviere hechos sujetos a justificación.

Art. 334.- Conclusión del plazo y remisión del proceso.- Concluido el plazo
de prueba, se remitirá inmediatamente el proceso original a la respectiva Corte
Superior, previa notificación a las partes, dejando copia de auto o sentencia
recurridos.

Art. 335.- Interposición conjunta de los recursos de nulidad y apelación.-
Si en el proceso se hubieren interpuesto tanto el recurso de nulidad, como el de
apelación, la Corte Superior resolverá en primer término el de nulidad y, si el
mismo fuese desechado, resolverá sobre el de apelación.

Art. 336.- Sustanciación del recurso.- La Corte Superior, sustanciará el
recurso de nulidad, ordenando que el recurrente fundamente el mismo dentro

del plazo de tres días. Realizada la fundamentación, se correrá traslado con la
misma a las otras partes procesales para que la contesten, así mismo en el
plazo de tres días.

Art. 337.- Interposición del recurso por parte del Agente Fiscal.- Si el
recurso lo hubiere interpuesto el Agente Fiscal, la Corte oirá, en primer lugar, al
Ministro Fiscal, concediéndole un plazo de tres días dentro del que podrá
insistir en el recurso o desistir del mismo. Si insiste en el recurso, deberá
fundamentarlo, hecho lo cual se correrá traslado a las otras partes para que lo
contesten también en el plazo de tres días.

Art. 338.- Desistimiento del recurso.- Si el Ministro Fiscal desiste del recurso
de nulidad, y siempre que el mismo no hubiere sido interpuesto por ninguna de
las otras partes, la Corte ordenará que se devuelva el proceso para que se
ejecute la providencia recurrida.

Art. 339.- Resolución sobre el recurso.- Con la contestación de los traslados
previstos en los artículos 336 y 337 o en rebeldía, la Corte Superior
pronunciará la resolución correspondiente, de la que no podrá interponerse
recurso alguno.

Art. 340.- Rechazo del recurso.- Si el recurso de nulidad fuere rechazado, se
devolverá el proceso al inferior que corresponda, para que ejecute la
providencia impugnada.

Art. 341.- Aceptación del recurso.- Si la Corte Superior aceptare el recurso
de nulidad, y ésta se hubiera producido total o parcialmente en la etapa de
instrucción Fiscal, la Corte remitirá el proceso a un juez penal diferente del que
dictó el auto de llamamiento a juicio o de sobreseimiento, para que sustancie
dicha etapa, desde el momento procesal en que se produjo la causa que dio
lugar a la nulidad. Si la nulidad se hubiere producido en la etapa del juicio, el
proceso será remitido a otro tribunal penal, para que proceda a sustanciar
dicha etapa, así mismo a partir del momento procesal en que se produjo la
causa que generó la nulidad.

Art. 341.- Aceptación del Recurso.- Si la Corte Superior aceptare el recurso
de nulidad, y ésta se hubiera producido total o parcialmente en la etapa de
instrucción fiscal, la Corte remitirá el proceso a un Fiscal Penal diferente, para
que sustancie dicha etapa, desde el momento procesal en que se produjo la
causa que dio lugar a la nulidad. Si la nulidad se hubiere producido en la etapa
del juicio, el proceso será remitido a otro tribunal penal, para que proceda a
sustanciar dicha etapa, así mismo a partir del momento procesal en que se
produjo la causa que generó la nulidad.

Art. 342.- Condena en costas.- Siempre que se reponga el proceso por causa
de nulidad, se condenará en costas al funcionario, juez o tribunal que hubiera
causado la nulidad

CAPITULO III
RECURSO DE APELACION

Art. 343.- Procedencia.- Procede el recurso de apelación cuando alguna de
las partes lo interponga en los siguientes casos:

1. Del auto de sobreseimiento;

2. Del auto de llamamiento a juicio;

3. De los autos de nulidad, de prescripción, y de inhibición por causa de
incompetencia;

4. De las medidas cautelares impuestas o negadas respectivamente por el
Juez o Tribunal, conforme al procedimiento previsto en este Código;

5. De la sentencia de acción privada;

6. De la sentencia sobre la reparación del daño; y,

7. De la sentencia dictada en el proceso abreviado.

Art. 344.- Interposición.- El recurso de apelación se debe interponer mediante
escrito fundamentado, ante el juez o tribunal, dentro de los tres días de
notificada la providencia.
Interpuesto el recurso el juez o tribunal, sin dilación alguna, elevará el proceso
al superior.

Art. 345.- Trámite.- Una vez recibido el proceso, la Sala de la Corte Superior
respectiva debe resolver el recurso por el mérito de los autos, dentro del plazo
de quince días, contados desde la fecha de recepción del proceso.

Previamente debe resolver, como cuestión previa, sobre la admisibilidad del
recurso.

Art. 346.- Resolución de la Sala.- Si al resolver la apelación, la Corte Superior
considera que no procede el sobreseimiento sino el auto de llamamiento a
juicio, lo debe dictar conforme lo previsto en este Código.

Art. 347.- Decisión Definitiva.- De lo que resuelva la Corte Superior respecto
de la apelación no cabe recurso alguno. Ejecutoriado el fallo se debe remitir el
proceso al juez o tribunal para su inmediato cumplimiento.

Art. 348.- Confirmación por el Ministerio de la Ley.- Si la Corte Superior no
resolviera la apelación del auto de sobreseimiento en el plazo máximo de
noventa días, éste quedará confirmado en todas sus partes. El plazo correrá a
partir de la fecha de recepción del proceso en la sala respectiva.

CAPITULO IV
RECURSO DE CASACION

Art. 349.- Causales.- El recurso de casación será procedente para ante la
Corte Suprema de Justicia cuando en la sentencia se hubiera violado la Ley, ya
por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa
aplicación de ella; ya, en fin, por haberla interpretado erróneamente.

Art. 350.- Plazo.- El recurso de casación se concederá si se lo interpone dentro
de los tres días posteriores a la notificación de la sentencia, y se remitirá el
proceso de inmediato a la Corte Suprema de Justicia.

Art. 351.- Titulares.- El recurso de casación podrá ser interpuesto por el
agente fiscal, el acusado o el acusador particular.

Art. 352.- Plazo para fundamentar.- Recibido el proceso y si el recurso
estuviere debidamente interpuesto, la Sala de Casación dispondrá que el
recurrente fundamente el recurso dentro del término de diez días. Si no lo
fundamentare, declarará de oficio o a petición de parte, la deserción del
recurso.

Art. 353.- Fundamentación.- recurso se fundamentará por escrito.

Art. 354.- Fundamentación por el Ministerio Público.- Si el recurso se
hubiere interpuesto por el Ministerio Público, quien deberá fundamentarlo será
el Ministro Fiscal General.

Art. 355.- Traslado.- El escrito de fundamentación, se pondrá en conocimiento
de las otras partes que intervinieren en el proceso, para que lo contesten en el
plazo de diez días.

Art. 356.- Señalamiento de audiencia.- Con la contestación o en rebeldía, la
Corte Suprema señalará fecha para oír alegatos en audiencia, si lo solicitare
alguna de las partes.

Art. 357.- Trámite.- Instalada la audiencia, el Presidente concederá el uso de
la palabra al recurrente y a continuación, a las otras partes procesales en el
orden que señale. En todo caso, el defensor del acusado será oído al último.

Art. 358.- Sentencia.- Si la Corte Suprema estimare procedente el recurso
pronunciará sentencia enmendando la violación de la ley. Si lo estimare
improcedente, lo declarará así en sentencia y devolverá el proceso al inferior
para que ejecute la sentencia. Si la sala observare que la sentencia ha violado
la ley, admitirá la casación, aunque la fundamentación del recurrente haya sido
equivocada.

CAPITULO V
RECURSO DE REVISION

Art. 359.- Objeto.- El recurso de revisión por una de las causas previstas en el
artículo siguiente, podrá proponerse en cualquier tiempo, después de
ejecutoriada la sentencia condenatoria.

Art. 360.- Causas.- Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte
Suprema de Justicia, en los siguientes casos:

1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta;

2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo
delito contra diversas personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen
que una de ellas está errada;

3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de
informes periciales maliciosos o errados;

4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por
el que se lo condenó;

5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y,

6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del
delito a que se refiere la sentencia.

Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas
pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.

Art. 361.- Recurrente.- La revisión por el primer caso la intentará el reo, o
cualquier persona, o el mismo tribunal de oficio, cuando resulte la aparición del
que se creía muerto, o se presenten pruebas que justifiquen plenamente la
existencia del que se creía muerto con posterioridad a la fecha de la supuesta
infracción.

En los demás casos sólo podrá interponerlo el condenado; pero si hubiera
fallecido, podrán hacerlo su cónyuge, sus hijos, sus parientes o herederos.

Art. 362.- Fundamentación.- La solicitud de revisión estará debidamente
fundamentada y deberá contener la petición de prueba, así como el
señalamiento de la casilla judicial en la Capital.

Art. 363.- Remisión del proceso.- Presentado el recurso, el presidente del
tribunal penal o el presidente de la Corte respectiva, en los casos de fuero,
remitirá el proceso, sin dilación alguna a la Corte Suprema de Justicia.

Art. 364.- Término de prueba.- El presidente de la Sala de la Corte Suprema
de Justicia pondrá en conocimiento de las partes la recepción del recurso y del
proceso y abrirá la causa prueba por diez días.

Art. 365.- Dictamen.- Fenecido el término de prueba se llevará el proceso a
conocimiento del Ministro Fiscal General para que emita su dictamen en quince
días.

Art. 366.- Audiencia.- Con el dictamen Fiscal, o en rebeldía, el presidente de
la Sala convocará a una audiencia en la que el recurrente, por sí mismo o por
medio de su defensor, alegará verbalmente. Podrá también intervenir el
Ministro Fiscal General, o su delegado debidamente acreditado, pero el
recurrente tendrá derecho a la réplica.

Art. 367.- Sentencia.- Cuando la Corte Suprema de Justicia encuentre que es
procedente la revisión dictará la sentencia que corresponda. Si la estimara
improcedente lo declarará así, y mandará que el proceso sea devuelto al
tribunal de origen.

Art. 368.- Nueva revisión.- Ni el rechazo de la revisión, ni la sentencia
confirmatoria de la anterior, impedirá que pueda proponerse una nueva revisión
fundamentada en una causa diferente.

TITULO V
LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPITULO I
PROCEDIMIENTO ABREVIADO

Art. 369.- Admisibilidad.- Hasta el momento de la clausura del juicio, se
puede proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este
título cuando:

1. Se trate de un delito que tenga prevista una pena máxima inferior a cinco
años;

2. El imputado admita el acto atribuido y consienta la aplicación de este
proceso; y,

3. El defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su
consentimiento libremente.

La existencia de co-imputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno
de ellos.

Art. 370.- Trámite.- El Fiscal o el imputado deben presentar un escrito,
acreditando todos los requisitos previstos en el artículo anterior.

El juez debe oír al imputado y dictar la resolución que corresponda, sin más
trámite. Si lo considera necesario puede oír al ofendido o al querellante.

El juez puede absolver o condenar, según corresponda. Si condena, la pena
impuesta no puede superar la requerida por el fiscal.

La sentencia debe contener los requisitos previstos en el artículo 309 de modo
conciso.

Si el juez no admite la aplicación del procedimiento abreviado, debe emplazar
al Fiscal para que concluya el proceso según el trámite ordinario. En este caso,
el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Fiscal durante el juicio, ni
la admisión de los hechos por parte del imputado puede ser considerada como
una confesión.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE ACCION PENAL PRIVADA

Art. 371.- Querella.- Quien pretenda acusar por un delito de acción privada,
debe proponer la querella por sí o mediante apoderado especial directamente
ante el juez la querella constará por escrito y contendrá:

1. Nombre, apellido y dirección domiciliaria del acusador;

2. El nombre y apellido del acusado y, si fuere posible, su dirección domiciliaria;

3. La relación circunstanciada de la infracción, con determinación del lugar y la
fecha en que fue cometida:

4. La protesta de formalizar la acusación una vez concluida la prueba; y,

5. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial, el cual deberá
acompañarse. El poder contendrá la designación precisa del acusado y la
relación completa de la infracción que se requiere acusar.

Si el acusador no supiere o no pudiere firmar, concurrirá personalmente ante el
juez y en su presencia estampará la huella digital del pulgar derecho.

Todo querellante concurrirá personalmente ante el juez, para reconocer su
acusación.

Art. 372.- Conciliación.- Admitida y citada la acusación particular, el juez
convocará a una audiencia de conciliación.

Por acuerdo entre acusador y acusado el juez puede designar un amigable
componedor para que realice la audiencia de conciliación.

Si se logra la conciliación termina el proceso y deberá cumplirse lo que las
partes acuerden.

Art. 373.- Procedimiento posterior.- Si no se logra la conciliación en la
audiencia el juez recibirá la causa a prueba por el plazo de quince días, durante
el cual se practicarán todas las que pidan las partes.
Concluido el término plazo probatorio, el juez ordenará que el acusador
formalice su acusación en el plazo de tres días. Del escrito de formalización se

correrá traslado al acusado, para que lo conteste en igual plazo. (Texto en
cursiva reformado por el Art. 32 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003)

Si el acusador particular no formaliza la acusación dentro del plazo indicado en
el inciso anterior, el juez de oficio, la declarará desierta, con los mismos efectos
del abandono, sin perjuicio de calificarla de temeraria o maliciosa, si es que
hubiera mérito para ello.

Art. 374.- Sentencia.- Contestado que fuere el traslado, o en rebeldía, el juez
pronunciará sentencia en el plazo de cuatro días.
Nota: Incluye Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 14 de 10 de Febrero
del 2000.

Art. 375.- Desistimiento o abandono.- En los juicios de que trata este
parágrafo no se ordenará la prisión preventiva del acusado; y pueden concluir
por abandono, desistimiento, remisión de la parte ofendida, o cualquier otra
forma permitida por la ley.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTO POR RAZON DEL FUERO

Art 376.- Fuero y competencia.- Cuando se deba juzgar penalmente a
funcionarios que por mandato de la ley gozan de fuero de Corte Superior o de
Corte Suprema de Justicia, el Ministro Fiscal del Distrito o el Ministro Fiscal
General, según el caso, llevarán adelante la etapa de instrucción, de acuerdo
con las normas generales de este Código, en lo que fueren aplicables.

Art. 377.- Control de la instrucción.- El control de la instrucción fiscal y la
sustanciación de la etapa intermedia estarán a cargo del Presidente de la Corte
Superior o de la Corte Suprema, según el caso.

Art. 378.- Auto de llamamiento a juicio.- Si el presidente considera que los
resultados de la instrucción fiscal contienen fundamentos graves que le
permitan presumir que el imputado ha cometido un delito pesquisable de oficio
como autor, cómplice o encubridor dictará auto de llamamiento a juicio
conforme a lo establecido en el artículo 232.

Art. 379.- Auto de Sobreseimiento.- Si el presidente no ha logrado establecer
las comprobaciones del artículo anterior, dictará el auto de sobreseimiento que
corresponda.

Art. 380.- Apelación.- Las partes podrán interponer el recurso de apelación del
auto de sobreseimiento o del de llamamiento a juicio para ante la Sala de la
Corte Superior o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, que se determine
por sorteo.

EI recurso de apelación se sustanciará de acuerdo a lo previsto en la sección
segunda del Título Cuarto del Libro Cuarto de este Código.

De lo que resuelva la sala sobre el recurso de apelación, no habrá recurso
alguno.

Art. 381.- Juicio.- Ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio, el presidente
remitirá el proceso a la Sala de la Corte Superior o de la Corte Suprema que
corresponda a fin de que sustancie la etapa del juicio, de acuerdo a las normas
previstas en el Título III del Libro Cuarto de este Código, en lo que fueren
aplicables.

Art. 382.- Recursos.- De la sentencia que expida la Sala las partes podrán
interponer los recursos de casación y de revisión para ante la Sala que no
hubiese intervenido en el trámite del proceso. Estos recursos se sustanciarán
según las normas previstas para el procedimiento ordinario, en lo que fueren
aplicables.

Cuando se trate de delitos de acción privada, se aplicará por el juez del fuero el
procedimiento previsto en el Capítulo precedente, debiendo actuar como juez
de primera instancia el Presidente de la respectiva Corte y como tribunal de
segunda instancia, una de las Salas de la Corte Superior o la Sala de lo Penal
de la Corte Suprema que se determinen por sorteo.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO PARA LOS DELITOS COMETIDOS MEDIANTE LOS
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

Art. 383.- Reglas especiales.- Para el juzgamiento de los delitos cometidos
por medio de la imprenta, la radiodifusión, la televisión y otros medios de
comunicación social, se aplicarán las normas generales de este Código y,
además las reglas especiales previstas en este parágrafo.

Art. 384.- Responsabilidad de los Directores.- El director, editor, dueño o
responsable de un medio de comunicación responderá por la infracción que se
juzga y contra él se seguirá la causa, si no manifestare, cuando el Fiscal lo
requiera, el nombre del autor, reproductor o responsable de la publicación.

Igualmente serán responsables cuando el autor de la publicación resultaré o
fuere persona supuesta o desconocida, menor de dieciocho años o personas
con manifiesta y conocida alteración de sus facultades mentales.

Los directores, administradores o propietarios de las estaciones de radio y
televisión están obligados a remitir, cuando el Fiscal lo requiera, los filmes, las
videocintas o las grabaciones de sonidos. De no hacerlo, el proceso se seguirá
contra ellos.

Art. 385.- Término para remisión.- El Fiscal concederá el término de tres días
para la remisión, previniéndole de su responsabilidad en caso de
incumplimiento.

Art. 386.- Exhibición previa.- Antes del ejercicio de la acción penal, el Fiscal
de oficio o a petición de la persona que se considere afectada requerirá al

director, editor o responsable del medio de comunicación enviándole una copia
del escrito considerado punible para que informe el nombre del autor o
responsable del escrito. En los demás casos pedirá, además del nombre, la
remisión de los filmes, videocintas y grabaciones mencionadas en el artículo
384.

Art. 387.- Transcripción del original.- La presentación del original cuando el
delito se ha cometido por medio de la radiodifusión o la televisión puede
suplirse con una transcripción judicial o extrajudicial obtenida, de la grabación o
filmación previstas en la Ley de Radiodifusión y Televisión.

Art. 388.- Comienzo de la instrucción o del juicio.- Exhibido el original de la
cinta o la grabación, si se tratare de un delito de acción pública, el Fiscal
iniciará la instrucción como está previsto en el Capítulo II del Título I del Libro
Cuarto de este Código.

Pero si se tratare de un delito de acción privada, la persona que se considere
afectada presentará su acusación particular y el juicio se tramitará conforme a
las reglas propias de esta clase de juicios.

Art. 389.- Otros medios de comunicación.- Las reglas precedentes regirán
también, en lo que sean aplicables, en el juzgamiento de delitos cometidos por
cualquier otro medio de comunicación social.

LIBRO QUINTO
JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES

Art. 390.- Competencia.- Para conocer y juzgar las contravenciones son
competentes los jueces de contravenciones que establezca la Ley Orgánica de
la Función Judicial, dentro de la respectiva jurisdicción territorial.

Art. 391.- Daños y perjuicios.- El juez que sentencie una contravención es
también competente para conocer de la acción correlativa de daños y
perjuicios, la que se sustanciará en juicio verbal sumario y en cuaderno
separado. De la sentencia que dicte en este juicio no habrá recurso alguno.

Art. 392.- Remisión al Fiscal.- Si al juzgar una contravención el juez
encontrare que se ha cometido también un delito, juzgará la primera y enviará
el expediente al Fiscal competente para la investigación del delito.

Art. 393.- Jueces especiales.- Las contravenciones militares, policiales, de
tránsito, de violencia intrafamiliar o de cualquier otra naturaleza, serán juzgadas
por los jueces especiales respectivos.

Art. 394.- Iniciativa.- Las contravenciones pueden juzgarse de oficio o a
petición de parte.

Art. 395.- Citación.- Cuando el juez competente llegare a tener conocimiento
que se ha cometido alguna contravención, mandará citar al acusado para el
respectivo juzgamiento.

La citación se hará por medio de una boleta, en que conste el día y la hora en
que debe comparecer el citado, la misma que será entregada a este por el
secretario del juzgado o por algún agente la autoridad. Si el acusado no fuere
encontrado, la boleta será entregada a cualquier persona que se halle en el
domicilio del citado. En la boleta a la que se refiere este artículo se hará
constar el motivo de la citación. Si el acusado no tuviera domicilio conocido, se
lo hará comparecer por medio de los agentes de la autoridad.

Art. 396.- Arresto del rebelde.- Si el acusado no compareciere en el dia y la
hora señalados y no hubiera justificado su inasistencia, el juez ordenará el
arresto del rebelde, para su inmediato juzgamiento.

Art. 397.- Contravenciones de primera clase.- Cuando se tratare del
juzgamiento de las contravenciones de primera clase, comprobada por el juez
la existencia de la contravención, luego de escuchar al acusado, dictará
sentencia, la que se hará constar por escrito en un libro especial que el juez
deberá firmar y rubricar junto con el secretario, en cada folio.

La sentencia deberá contener la relación del hecho que constituye la
contravención, el modo como llegó a conocimiento del juez, así como la
declaración de la responsabilidad del acusado y la pena impuesta, con
señalamiento de la disposición penal aplicada.

La sentencia deberá ser firmada por el juez y autorizada por el secretario.

Art. 398.- Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase.- En el
juzgamiento de una contravención de segunda, de tercera o de cuarta clase,
sea de oficio o mediante acusación particular, entregada la boleta de citación al
acusado, se pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y se le
citará la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el plazo de
veinticuatro horas.

Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de
seis días, vencido el cual el juez dictará sentencia.
Si no hubiere hechos justificables el juez dictará sentencia en el plazo de
veinticuatro horas.

Art. 399.- Expediente.- Los procesos que se formen para el juzgamiento de las
contravenciones se tramitarán en papel simple y se conservarán en el archivo
del juzgado, bajo la responsabilidad del secretario.

Art. 400.- Rechazo de incidentes.- Los jueces están obligados a rechazar, de
plano, todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso.

Art. 401.- Acuerdo transaccional.- Cuando se tratare de contravenciones que
se refieran a la propiedad, a la honra de las personas o a lesiones que no
excedan de tres días de curación, el juez podrá autorizar que el proceso, si lo
hubiere, o la reclamación, en caso contrario, concluyan mediante transacción
entre las partes o por desistimiento.

Las multas que se impongan los que transijan se cobrarán por apremio real,
por parte del propio juez que autorizó la transacción.

El acuerdo transaccional se hará constar en acta que será firmada por el juez,
las partes y el secretario.

Art. 402.- Sentencia.- La sentencia dictada por el juez será motivada y deberá
condenar o absolver.

En caso de sentencia condenatoria se ordenará el pago de costas y se
mandará pagar los daños y los perjuicios, si se hubiera propuesto acusación
particular.

En caso de sentencia absolutoria se condenará en costas al denunciante o
acusador particular que hubiese procedido temerariamente.
La liquidación de las costas la hará el mismo juez de la causa.

En cuanto a los honorarios de los abogados defensores, se los fijará de
conformidad con la ley.

Art. 403.- Inadmisibilidad de recurso.- En las sentencias dictadas por
contravenciones no habrá recurso alguno, quedando a salvo el ejercicio de la
acción de indemnización por daños y perjuicios contra el juez que la dictó.

Art. 404.- Indemnización.- La acción de indemnización a la que se refiere el
artículo anterior se podrá ejercer dentro de los quince días contados desde la
fecha de la última notificación de la sentencia.

Art. 405.- Acción de reclamo.- La indicada acción se deducirá ante el juez de
lo penal de la jurisdicción respectiva, quien, presentada la demanda, pedirá
informe al juez de contravenciones contra el que se la intentare, concediéndole
el término de tres días para que lo emita; junto con el informe se enviará copia
de todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo expediente original.

Si hubiere hechos que deban justificarse se concederá el plazo de prueba por
seis días, después de lo cual se dictará sentencia, de la que no habrá recurso
alguno. El juicio se sustanciará en papel simple.

Art. 406.- Contravención flagrante.- Si una persona es sorprendida
cometiendo una contravención será aprehendida por los agentes de la
autoridad y llevada inmediatamente ante el juez competente para su
juzgamiento, conforme a las reglas establecidas en este Título.

Pero si la contravención fuere cometida por un Legislador, por un Ministro de
Estado; por un Magistrado de los Tribunales de Justicia o cualquier otra
persona que ejerza autoridad o representación dentro de las funciones del
Estado, la autoridad o el agente de la autoridad, no le detendrá; pero le citará
para que comparezca ante el Presidente de la Corte respectiva, a quien
presentará un informe circunstanciado sobre la contravención, determinando el
lugar, día, mes, año y hora en que fue cometida; los nombres, apellidos y

dirección domiciliaria de las personas que la vieron cometer y de la persona
que la cometió.

LIBRO SEXTO

DISPOSICIONES FINALES
TITULO I
EJECUCION DE LA SENTENCIA CONDENATORIA

Art. 407.- Ejecutoriedad.- Las condenas son ejecutables cuando la sentencia
ha causado estado.

Para ejecutarlas, el secretario del tribunal o juzgado debe remitir las
comunicaciones correspondientes; practicar el cómputo definitivo y extender
copia certificada de la sentencia para las autoridades administrativas
encargadas de la ejecución de la pena.

Si el condenado está en libertad, se debe ordenar su detención para que
cumpla la condena.

Art. 408.- Rehabilitación.- En el caso de privación del ejercicio de una
profesión u oficio el reo puede solicitar su rehabilitación cuando haya
transcurrido la mitad del tiempo de la privación siempre que haya reparado
totalmente, el daño causado.

TITULO II
COSTAS

Art. 409.- Costas Procesales.- Las costas procesales consisten en:

1. Las costas judiciales;

2. Los gastos originados durante la tramitación del proceso; y

3. Los honorarios de los abogados, de los peritos y consultores técnicos.

Art. 410.- Costas Judiciales.- En todo proceso penal las partes deben pagar
las costas judiciales, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.

Las costas judiciales son una parte del gasto que realice el Estado en la
tramitación de los procesos.

La Corte Suprema debe expedir la reglamentación para determinar el valor de
las costas judiciales, el momento procesal en el que las partes deben
sufragarlas, el sistema de recaudación y de actualización.

Art. 411.- Destino.- El valor que se recaude en concepto de costas judiciales
debe ingresar directamente a la Caja Judicial.

Art. 412.- Imposición.- Toda decisión que ponga fin al proceso o que resuelva
algún incidente, debe determinar la condena en costas procesales.

Las costas están a cargo del vencido, pero el juez o tribunal puede eximirlo,
total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias y fundadas para
promover o intervenir en el proceso.

La condena en costas debe ser fundamentada.

Las costas serán liquidadas por los liquidadores de costas.

Art. 413.- Denuncia maliciosa o temeraria.- Cuando el denunciante, o
acusador particular, hayan provocado el proceso por medio de una denuncia o
acusación particular maliciosa o temeraria, el juez o tribunal debe imponerle el
pago total o parcial de las costas procesales, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales a que hubieren lugar.

Art. 414.- Recursos.- La decisión sobre las costas es impugnable
autónomamente, siempre que sea posible recurrir de la sentencia condenatoria
por la vía prevista para ello.

Art. 415.- Queja por la liquidación.- Toda observación o queja sobre la
liquidación de costas debe ser resuelta por el juez o el presidente del tribunal.

TITULO III
INDEMNIZACION AL IMPUTADO, ACUSADO O CONDENADO

Art. 416.- Caso de revisión.- Cuando la Corte Suprema, aceptando el recurso
de revisión, revoque o reforme la sentencia recurrida, el injustamente
condenado tiene derecho a una indemnización equivalente al duplo de los
ingresos percibidos según su declaración de impuesto a la renta,
correspondiente al año inmediato anterior de su privación de libertad,
indexados en UVCs o si es un período anterior a la creación de la UVC
indexado en base a los indicadores del Banco Central del Ecuador, en
proporción al tiempo que haya permanecido preso. Además será obligación del

Estado proporcionar al injustamente condenado un trabajo acorde con sus
antecedentes, formación y necesidades.

Si no existe declaración de impuesto a la renta, la indemnización debe ser igual
al duplo del salario mínimo vital y demás remuneraciones complementarias
establecidas al momento de ingresar a prisión indexadas en UVCs, por todo el
tiempo que haya permanecido privado de su libertad.

Art. 417.- Reclamo.- La indemnización puede ser reclamada por el
injustamente condenado o por sus herederos, dentro del plazo de tres años,
contado desde la fecha en que se ejecutorio el fallo que aceptó el recurso de
revisión.

Art. 418.- Pago.- Si presentado el reclamo administrativo en la forma prevista
en la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Estado no paga la indemnización
dentro de los sesenta días posteriores a la reclamación, el injustamente
condenado o sus herederos deben demandar su pago a quien ejerce la función
ejecutiva y representa al Estado, ante el juez o tribunal que sentenció la causa.

La sentencia que pronuncie el citado juez o tribunal será susceptible del
recurso de apelación, por parte del injustamente condenado.

Art. 419.- Casos de prisión preventiva o internación provisional.- Cuando
el imputado sea absuelto o sobreseido, debe ser indemnizado por los días de
privación de libertad sufridos, conforme lo previsto en los artículos anteriores.
La indemnización será pagada por el acusador particular. Si no lo hubiere, la
pagará el Estado, que tendrá derecho a repetir contra quien haya inducido la
acusación fiscal.

Art. 420.- Repetición.- El Estado puede repetir la indemnización pagada de
quienes hayan contribuido dolosamente al error judicial. En el caso de las
medidas cautelares sufridas injustamente, el juez o tribunal debe imponer, al
denunciante o al querellante que hayan alterado los hechos o litigado con
temeridad, la obligación de indemnizar.

Art. 421.- Ley más benigna.- La aplicación de una ley posterior más benigna,
no genera la obligación de indemnizar.

TITULO IV
AMPARO DE LA LIBERTAD

Art. 422.- Procedencia.- Toda persona privada de su libertad o que crea
amenazada su libertad por un abuso de poder o violación de la ley por parte de
un juez o autoridad pública; puede interponer, por sí misma o por terceros, una
acción de amparo de libertad ante cualquier juez o tribunal penal del lugar
donde se encuentre el recurrente.

Art. 423.- Reglas de competencia.- Si la orden de prisión ha sido dispuesta
dentro de un proceso, el recurso se interpondrá ante el juez o tribunal superior,
de la siguiente manera:

a) Si la orden es de un juez penal, lo conocerá el Presidente de la respectiva
Corte Superior;

b) Si, la orden es de un Presidente de Corte Superior, el recurso será resuelto
por una de sus Salas; y,

c) Si la orden es del Presidente de la Corte Suprema, lo conocerá una de las
Salas de lo penal.

Art. 424.- Solicitud.- La solicitud de amparo puede ser propuesta, oralmente o
mediante escrito, sin formalidades. Si se propone oralmente, se debe elaborar
un acta.

De ser posible la solicitud debe contener:

1. Nombre y domicilio del solicitante:

2. Nombre y domicilio de la persona en cuyo favor se propone;

3. Designación de la autoridad contra quien se propone el amparo;

4. Descripción del acto lesivo y, la causa de su ilegitimidad; y,

5. Si estuviere privado de la libertad se indicará el lugar de la detención.

Art. 425.- Auto de amparo y audiencia.- Cuando la persona esté privada de
su libertad, el juez o tribunal debe ordenar, de inmediato, que el detenido sea
llevado a su presencia. De ser necesario, se puede constituir en el lugar de la
privación de la libertad.

Asimismo, debe convocar a una audiencia, que debe realizarse dentro de las
inmediatas doce horas, para que, en presencia del detenido, la autoridad
denunciada informe.

El juez o tribunal puede ordenar la producción de prueba durante la audiencia.
Si se desconoce la identidad de la autoridad que ordenó la privación de
libertad, se debe convocar a la audiencia al funcionario responsable de la
dependencia indicada por el solicitante y en su falta al jefe de la dependencia
donde guarda prisión.

Art. 426.- Ausencia del imputado.- No será necesaria la presencia física del
imputado cuando se encontrare prófugo, pero intervendrá en la audiencia su
defensor.

Art. 427.- Resolución.- Finalizada la audiencia el juez o tribunal debe resolver
inmediatamente, sobre el amparo de libertad. Si se constata la ilegitimidad
debe ordenar la libertad del detenido o la revocatoria de la orden de prisión.

Art. 428.- Amparo Preventivo.- Cuando se denuncie una amenaza actual e
inminente de privación de libertad, el juez o tribunal debe ordenar a la autoridad
que la dispuso que informe en un plazo de doce horas, y posteriormente
convocará a la audiencia para sustanciar el amparo.

Cuando se trate de una orden de prisión preventiva no ejecutada, el amparo
debe ser conocido por la Corte Superior correspondiente.

Se puede realizar una investigación sumaria para comprobar la existencia de la
amenaza. Si se constata, se debe ordenar que la fuerza pública proteja a la
persona, durante el tiempo que indique la resolución.

Art. 429.- Efectos.- La resolución no es susceptible de recurso. El rechazo de
la solicitud no impide su nueva presentación por otra causa.

Art. 430.- Desaparición de personas.- Cuando se haya propuesto un amparo
y no se conozca el lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se
propuso y existan sospechas fundadas de que ha sido privada de su libertad
por algún funcionario público o miembro de la fuerza pública, el juez o tribunal
debe ordenar una investigación urgente para ubicarla.

Se puede encargar esta investigación al Defensor del Pueblo, quien debe
informar sobre los resultados en el plazo de cinco días.

Asimismo, puede nombrar auxiliar de la investigación a la persona o asociación
de personas que hayan propuesto la solicitud de amparo.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- En cuanto a los delitos cometidos dentro de una comunidad
indígena se estará a lo dispuesto en la ley especial que se dicte de acuerdo
con lo previsto en la Constitución Política de la República.

SEGUNDA.- En lo no previsto en este Código, se observará lo previsto por el
Código de Procedimiento Civil, si fuere compatible con la naturaleza del
proceso penal acusatorio.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los procesos penales que estén tramitándose cuando entre en
vigencia este Código de Procedimiento Penal, seguirán sustanciándose de
acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio
del acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la Constitución
Política de la República.

En la etapa del plenario, la medida cautelar de orden personal que se dicta
para asegurar la comparecencia del acusado al proceso se denominará,
detención en firme, siendo su naturaleza diferente a las que se dicta en el
sumario. (Inciso agregado por el Art. 34 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-
2003).

SEGUNDA.- Mientras no se organice plenamente la Defensoría Pública
Nacional, cuando no se pueda contar con un defensor público o fuese
imposible designarlo inmediatamente, se nombrará un defensor de oficio, que
será abogado en el libre ejercicio de su profesión.

El cargo de defensor de oficio es obligatorio. El nombrado sólo podrá
excusarse legalmente por enfermedad grave, incompatibilidad de intereses, ser
empleado público, o tener a su cargo tres o más defensas de oficio.

El defensor designado de oficio que no actuare sin justa causa, será requerido
por el Fiscal, el juez o el tribunal para que ejerza el cargo y en caso de renuncia
será sancionado con una multa equivalente a dos salarios mínimos vitales.

TERCERA.- Cuando la Policía Nacional haga las veces de Policía Judicial,
debe someterse a las regulaciones establecidas en el Capítulo I del Libro IV de
este Código.

CUARTA.- Mientras no se dicte la Ley Especial a que se refiere la Disposición
General Primera, se aplicará este Código de Procedimiento Penal.

QUINTA.- Si al entrar en vigencia este Código no se ha expedido todavía la
nueva Ley Orgánica de la Función Judicial, la Corte Suprema de Justicia
dictará las normas transitorias que sean necesarias para la organización,
integración, distribución territorial y funcionamiento de los Tribunales Penales.

DISPOSICION FINAL.-

Deróganse, todas las disposiciones generales y especiales que se opongan a
este Código, y de manera expresa el Código de Procedimiento Penal (Ley No.
134), publicado en el Registro Oficial 511 del 10 de junio de 1983 y, todas sus
reformas posteriores. Este Código entrará en vigencia luego de transcurrido
dieciocho meses desde su publicación en el Registro Oficial.

Lo previsto en el inciso anterior no será aplicable al Capítulo IV, Título IV del
Libro Cuarto y a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 407, 408,
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429 y 430, que, por desarrollar los principios del debido
proceso reconocidos por la Constitución Política de la República, entrarán en
vigencia a partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL

1. - Ley s/n (Registro Oficial 360-S, 13-I-2000)

2.- Fe de erratas (Registro Oficial 14, 10-II-2000)

3.- Ley 2003-101 (Registro Oficial 743, 13-I-2003) 1.

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Texto tomado de SILEC

Codigo procedimiento penal

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