Control social 10 preguntas

Control Social
en municipios
10preguntasfrecuentes

preguntasfrecuentessobre10
CONTROL SOCIAL
en municipios
Los derechos ciudadanos de participación y de ejercicio del
control social tienen tanta importancia para el avance de la
democracia en el país que incluso están reconocidos en la
Constitución Política del Estado, vigente desde el año 2009.
En julio de 2010 se aprobó la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización (artículos 138 a 143), que establece los
lineamientos de la participación y control social para los
municipios.
Esta ley instruyó que los Comités de Vigilancia estén vigentes
mientras se debata y apruebe una ley específica sobre el
control social, y ese plazo ya se ha cumplido.
En febrero de 2013 se aprobó la Ley Nº 341 de Participación
y Control Social, ratificando los derechos de la sociedad civil
organizada de intervenir en asuntos importantes de la gestión
pública.
Después de más de 18 años de aprendizajes para las
organizaciones sociales desde la experiencia de los comités
de vigilancia, surgen nuevas interrogantes sobre este proceso.
Este material presenta una guía de preguntas más frecuentes
sobre la relación entre la gestión pública municipal y las
organizaciones sociales.
Septiembre de 2013

¿Siguen vigentes los Comités de Vigilancia?
NO, los Comités de Vigilancia han pasado a la historia.
La Ley Nº 341 de Participación y Control Social anuló el Decreto
Supremo Nº 24447 sobre los Comités de Vigilancia. Esta ley menciona
que ”los Gobiernos Autónomos Municipales establecerán por ley
municipal, en un lapso no mayor a noventa (90) días, el funcionamiento
e implementación de la Participación y Control Social”, plazo que se
cumplió en julio de 2013. Muchos municipios todavía no han logrado
crear e implementar el control social.
Con la Ley Nº 341, los representantes del Comité de Vigilancia ya
no pueden asumir roles de representación de la sociedad civil ni
pronunciarse sobre la
gestión y los procesos
de planificación y
presupuesto del gobierno
autónomo municipal,
pues es una instancia
que ha dejado de existir
jurídicamente.
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¿Quién representa a la sociedad civil ante el
Gobierno Municipal y cómo se elige al nuevo
control social?
Al existir ese vacío, el primer paso es que cada municipio elabore su
propia ley de participación y control social. Mientras no se apruebe esta
ley, la sociedad civil organizada no estará representada ante el Gobierno
Autónomo Municipal.
Laspersonaselegidasparaelnuevocontrolsocialpodránserparticipantes
de cualquier tipo de organización de la sociedad civil.Anteriormente, sólo
podían ser electas personas vinculadas a organizaciones territoriales de
base, como juntas vecinales o comunidades campesinas. Ahora pueden
ser representantes quienes, por ejemplo, provengan de organizaciones
de productores, sindicatos, gremiales, mujeres, profesionales y otros
actores sociales organizados.
La nueva estructura, composición, funciones y competencias del control
social deben ser definidas en la Ley Municipal de Participación y Control
Social que cada municipio debe elaborar con participación de las
organizaciones sociales (Ver Art. 241 de la Constitución y Art. 25 de la Ley
Nº 341 de Participación y Control Social).
Porlastareasquedebecumplirelcontrolsocial,sepuedencrearinstancias
como una Asamblea Municipal, y rescatar partes de la estructura que
tenía el Comité de Vigilancia, pero ampliando la participación a otras
organizaciones sociales del municipio. Lo importante es que la ley
responda a la dinámica y características de cada municipio.
2

3
¿Qué sucede si no se elabora la Ley Municipal de
Participación y Control Social?
Si un municipio no elabora su propia Ley Municipal de Participación y
Control Social se incumple un mandato legal. Este incumplimiento recae
tanto sobre el Ejecutivo Municipal (alcalde) como del Concejo Municipal.
Al no existir una norma vigente para el ejercicio de la participación y
control social se genera un vacío jurídico en la relación entre la gestión
municipal y las organizaciones sociales. Este “vacío jurídico” puede
afectar la legitimidad y transparencia de la gestión municipal, pues los
servidores públicos municipales y sus autoridades no se verían obligados
a promover la participación y control social de la sociedad civil y sus
organizaciones.
Por otro lado, los representantes elegidos por la sociedad civil para
ejercer control social no serían atendidos y no tendrían respaldo legal
para ejercer su derecho a la participación y control social.
Como consecuencias pueden presentarse dificultades en la planificación
municipal y en la ejecución presupuestaria.
La propuesta de ley puede ser impulsada por el Concejo Municipal o por
el Ejecutivo municipal, pero también por la sociedad civil, en el marco de
la iniciativa legislativa ciudadana.

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¿El nuevo control social debe pronunciarse sobre
el POA (Plan Operativo Anual) y el Presupuesto
del Municipio?
SÍ. La Constitución Política del Estado, en el artículo 321, señala que
“la determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por
medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación
técnica y ejecutiva estatal”.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en el artículo 114,
también explica que “los gobiernos autónomos municipales deberán
presentar sus presupuestos institucionales aprobados por el concejo
municipal y con el pronunciamiento de la instancia de participación y
control social correspondiente”.
En las Directrices de Formulación Presupuestaria 2014, el artículo 17 sobre
la presentación del presupuesto institucional aclara que “las entidades
públicas deberán presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
el presupuesto institucional (…), adjuntando la siguiente documentación:
a) Disposición legal que apruebe el POA y el presupuesto institucional,
emitida por la MAE y/o por la instancia deliberativa o resolutiva según
corresponda. En el caso de los Gobiernos Autónomos Municipales,
adicionalmente, deberán remitir el pronunciamiento de la instancia de
Control Social (...)”.
Los gobiernos autónomos municipales están en la necesidad de contar
con su nuevo control social, puesto que el Comité deVigilancia, instancia
que se pronunciaba sobre el presupuesto, ya no existe; entonces el hecho

que no tengan conformada su nueva instancia de control social hace que
el municipio tenga dificultades para una gestión transparente y eficiente,
y sobre todo para cumplir con la norma y los requisitos al momento
de presentar su planificación de POA y Presupuesto al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Así también, un aspecto importante referente a las acciones y
pronunciamientos que pudiera tener la instancia de participación y
control social es que no deben tener injerencia de ningún tipo. El Art. 4
de la Ley Nº 341 establece como principios esenciales la independencia
y autonomía para el
ejercicio de la participación
y control social. La ley los
define como la “capacidad
de decidir y actuar con
libertad y sin depender de
un mando o autoridad. Las
acciones de la Participación
y Control Social no se
subordinan a ningún
Órgano y/o autoridad
del Estado, ni recibirá
instrucciones o presiones
de ningún poder fáctico,
que vele por intereses
particulares contrarios al
interés general”.

5
¿Es necesario hacer la Carta Orgánica Municipal
para luego realizar la Ley Municipal de
Participación y Control Social?
NO. Los gobiernos autónomos municipales tienen al Concejo Municipal
que elabora sus propias normas, en el marco de sus competencias,
atribuciones y responsabilidades asignadas por la Constitución y las
leyes.
Los gobiernos autónomos municipales pueden elaborar leyes
municipales que tienen la misma jerarquía legal que una ley
departamental o nacional, siempre que estas leyes municipales se
refieran a las atribuciones, competencias y/o responsabilidades del
municipio.
Para organizar su estructura jurídica, varios municipios aprobaron su Ley
Municipal de Ordenamiento Jurídico y Administrativo, en el cual definen
el tipo de normas y el procedimiento para su aprobación, dando un
orden jerárquico a las normas establecidas en su legislación municipal,
donde el nivel más alto es una Ley Municipal (la Carta Orgánica es la
Ley Fundamental del municipio), luego vienen las ordenanzas, decretos
municipales, reglamentos, etc.
Por último, al momento de la aprobación de la Ley Nº 341 (Ley de
Participación y Control Social), ningún municipio tenía aprobada su Carta
Orgánica, y aun así, la Ley Nº 341, en su disposición transitoria, plantea
un plazo de 90 días para la elaboración e implementación de la ley
municipal de participación y control social en cada municipio de Bolivia.

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¿Las decisiones de la Participación y Control
Social son vinculantes?, ¿las autoridades y
servidorespúblicosdelmunicipioestánobligadas
a su cumplimiento?
NO. La Ley Nº 031 (Ley Marco de Autonomías y Descentralización), en
el artículo 143, señala que “el control social no podrá retrasar, impedir o
suspender la ejecución o continuidad de proyectos, programas, planes
y actos administrativos; salvo que se demuestre un evidente y potencial
daño a los intereses y al patrimonio del Estado, y a los intereses y
derechos colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado.
El potencial daño deberá ser determinado por autoridad competente”.
Las decisiones y pronunciamientos de la Participación y Control Social, a
través de sus representantes, tienen un carácter de aprobación o sanción
social a la gestión de las autoridades electas y de los servidores públicos.
El ejercicio del derecho a la participación y control social implica acceder
a la información municipal y emitir criterios sobre la transparencia y
la buena gestión pública; así como es fundamental la participación de
las organizaciones sociales en las acciones del gobierno autónomo
municipal, tanto en la planificación, seguimiento, ejecución y evaluación
de la gestión.
La participación y control social, según el artículo 242 de la Constitución
Política de Estado, tiene el alcance de “denunciar ante las instituciones

correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos
que se considere conveniente”.
Así también, en el artículo 9 de la Ley Nº 341 se menciona que es
atribución de los actores de la participación y control social “denunciar
actos irregulares, promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de
resoluciones en contra de autoridades, servidoras o servidores públicos
y, de empleados y empleadas de entidades privadas que administren
recursos fiscales y/o recursos naturales, o presten servicios básicos, ante
las autoridades o instancias competentes”.
El único aspecto en el que las acciones y decisiones de la participación
y control social tienen carácter vinculante se menciona en el artículo 24
de la Ley Nº 341: “El Control Social coadyuvará y complementará a la
fiscalización y/o control gubernamental y recomendará, con carácter
vinculante a las autoridades competentes, el inicio de peritajes técnicos,
auditorias y/o, en su caso, los procesos correspondientes”.
Por autoridad competente se entiende, en primer término, al Concejo
Municipal que es la principal instancia de fiscalización del gobierno
autónomo municipal, le siguen otras instancias como la Contraloría
General del Estado y el Ministerio de Trasparencia y Lucha Contra la
Corrupción.

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¿Qué sucede con los recursos del Fondo de
Control Social que se entregaba a los Comités de
Vigilancia?
Según la Ley Nº 341 (Ley de Participación y Control Social), en el
artículo 41, inciso VI se señala: “Los recursos destinados a los Comités
de Vigilancia en los gobiernos autónomos pasan al fortalecimiento de
la participación y control social representado por los tipos de actores
establecidos en el artículo 7 de la presente Ley. El uso y destino de estos
recursos estará sujeto a fiscalización por parte de la Contraloría General
del Estado, de acuerdo a reglamentación”.
Estos recursos provenientes de la coparticipación de impuestos eran
asignados a los Comités de Vigilancia (según la Ley de Municipalidades
Nº 2028) en un porcentaje de acuerdo a la cantidad de habitantes.
· Hasta 10.000 habitantes 1%
· De 10.000 a 25.000 habitantes 0,75%
· De 25.000 a 100.000 habitantes 0,5%
· Más de 100.000 habitantes 0,25%
Estos recursos se mantienen en el presupuesto del gobierno autónomo
municipal, pero ya no son transferidos al Comité de Vigilancia porque
dejaron de existir legalmente; en su lugar, deben ser asignados a las
acciones que promuevan y fortalezcan la participación y control social en
el municipio.
En las Directrices de Formulación Presupuestaria 2014 del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, el artículo 6 de Participación y Control

Social dice:“En el marco de los artículos 241 y 242 de la CPE y el artículo 41
de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social, todas las entidades del
Sector Publico deben asignar recursos destinados a efectivizar el derecho
de la participación y control social, para lo cual deberán aperturar una
estructura programática especifica en sus presupuestos institucionales”.
Así también, en el Anexo IV de las Directrices, referido a la Estructura
Programática, en el capítulo III, punto 2, inciso vii sobre Recursos para la
Participación y Control Social dice: ”En el marco de la Ley Nº 341, de 5 de
febrero de 2013, de Participación y Control Social (PyCS), los gobiernos
autónomos municipales deben programar los recursos destinados
a la PyCS, asignando los mismos en el Programa 34 Fortalecimiento
Institucional, Actividad 99, Participación y Control Social.
En la elaboración de la Ley Municipal de Participación y Control Social
se pueden incluir artículos referidos a los recursos económicos con los
que debe operar el control social, velando porque esos fondos también
tengan un buen uso y sujetos a rendición de cuentas.

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¿El municipio debe entregar recursos a la
participación y control social como lo hacía con
el Comité de Vigilancia?
Sobre el manejo o administración de los recursos del control social, la
nueva instancia de representación de la sociedad no tendrá que abrir una
cuenta separada como lo hacia el Comité de Vigilancia; en su lugar, el
gobierno autónomo municipal puede abrir una libreta en la cuenta única
municipal donde se administren los recursos asignados a la participación
y control social.
Varios aspectos del manejo de los recursos para la participación y control
social serán reglamentados progresivamente.
Una propuesta es que esos gastos y procedimientos administrativos
puedan ser operados desde la instancia de administración del gobierno
autónomo municipal, según las necesidades y gastos programados por
la instancia de participación y control social.
Este proceso debe tener dos condicionantes: en primer lugar, que la
instancia de participación y control social cuente con una planificación
de actividades y presupuesto; y, en segundo lugar, que se normen
las obligaciones para la parte administrativa del gobierno autónomo
municipal que garantice el flujo de recursos y atención oportuna a las
solicitudes de gastos que requiera la participación y control social.
Otro aspecto importante sobre los recursos asignados a la participación
y control social es que, más allá de los fondos para el Fortalecimiento de

la Participación y Control Social, se puede contar con mayores recursos;
ya que, según su estructura, acciones y finalidades, la participación y
control social pueden requerir más recursos para su implementación.
En ese sentido, la Ley Nº 341 establece, en el artículo 41, que “las
máximas autoridades de los Órganos del Estado, en todos los niveles
y ámbitos territoriales (…), garantizarán que en todos sus planes,
programas y proyectos se contemple dentro su presupuesto anual los
recursos necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho de
la participación y control social”.
Una prohibición en los gastos de estos recursos para la participación
y control social es que, “en ningún caso, los recursos destinados al
ejercicio de la participación y control social serán asignados al pago
de remuneraciones” (Ley Nº 341, artículo 41, inciso V). Es decir, los
operadores del control social no reciben sueldo.
Así también, todos los recursos destinados a la participación y control
social estarán sujetos a fiscalización, según reglamentación especial.

¿Quéderechosyatribucionestienelaparticipación
y control social?
Para identificar mejor los derechos y atribuciones de la participación y
control social primero es necesario conocer el ámbito de aplicación de
este derecho de la sociedad civil organizada.
Hasta hace poco, el Comité de Vigilancia concentraba su acción de
vigilancia ciudadana exclusivamente a la gestión del gobierno autónomo
municipal y al cumplimiento de sus competencias y responsabilidades
de acuerdo a la ley.
La Constitución Política del Estado, artículo 241, ha ampliado sus
funciones: “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a toda
la gestión pública en todos los niveles de Estado, y a las empresas e
instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos
fiscales”.
La Ley Nº 341, en el artículo 2, especifica como ámbito de aplicación a“las
empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas,
autárquicas, empresas mixtas y empresas privadas que presten servicios
básicos o que administren recursos fiscales y/o recursos naturales”.
Es decir que la participación y control social en el municipio no solo
puede ejercer su rol sobre la gestión pública del gobierno autónomo
municipal, también tiene derecho a un ejercicio más amplio y cualitativo
de la participación y control social.
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Sobre los derechos y atribuciones, la Ley Nº 341 establece entre los más
importantes, aplicados a la realidad municipal, los siguientes:
Derechos de los actores de la participación y control social (Artículo 8):
• Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos
y en la toma de decisiones en los procesos de planificación, seguimien-
to a la ejecución y evaluación de la gestión pública en todos los niveles
del Estado.
• Realizar control social a la ejecución de planes, programas y proyectos
en todos los niveles del Estado y/o de las entidades privadas que
administran recursos fiscales y/o recursos naturales.
• Realizar control social y acceder a información documentada sobre la
calidad de los servicios básicos que prestan las empresas públicas,
privadas, incluyendo las cooperativas u otro tipo de entidades.
• Ser informados sobre los convenios que se suscriban con las
instituciones y agencias de cooperación externa que desarrollen
actividades en el territorio del Estado Plurinacional.
• Acceder a información documentada y estadística de todas las
entidades públicas y de las privadas que administran recursos fiscales
y/o recursos naturales.
• Participar en los procesos de rendición pública de cuentas de las
entidades del Estado Plurinacional.
• Participar en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema
público de salud.
• Participarenelsistemaeducativo,medianteorganismosrepresentativos
en todos los niveles del Estado.
• Participar en la gestión ambiental, y ser consultado e informado
previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del
medio ambiente y la conservación de los ecosistemas.
Atribuciones de los actores de la participación y control social (Artículo 9):
• Denunciar actos irregulares, promover el procesamiento y exigir el
cumplimiento de resoluciones en contra de autoridades, servidoras o

servidores públicos y, de empleados y empleadas de entidades privadas
que administren recursos fiscales y/o recursos naturales, o presten
servicios básicos, ante las autoridades o instancias competentes.
• Promover políticas públicas nacionales, departamentales, regionales,
municipales e indígena originario campesinas, orientadas a la
prevención y lucha contra la corrupción.
• Articular a la sociedad civil con las entidades del Estado Plurinacional.
• Gestionar demandas de la sociedad civil ante los diferentes niveles del
Estado y las entidades territoriales autónomas, y las entidades privadas
que administren recursos fiscales y/o recursos naturales.
• Coadyuvar a las autoridades competentes en los procesos
administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción.
• Identificar y denunciar hechos de corrupción, falta de transparencia y
negación de acceso a la información ante las autoridades competentes,
conforme a la Constitución Política del Estado y a las leyes vigentes.

¿Qué desafíos tiene la participación y control
social en el ámbito municipal?
La nueva normativa legal plantea propuestas interesantes, algunas ya
se implementan, pero requieren ser mejoradas y otras están en proceso.
Se identifican al menos tres desafíos esenciales para las autoridades y
para el control social:
1. La rendición pública de cuentas
2. Planificación participativa que incluye el presupuesto
3. Control social a la calidad de los servicios públicos y servicios
básicos
1. La rendición pública de cuentas (artículo 37 de la Ley Nº 341) establece
que los gobiernos autónomos municipales informarán sobre sus acciones
y recursos, en especial ante los actores del control social. Este informe
deberá ser por escrito, entregado 15 días antes del evento o acto público.
Esta rendición de cuentas se realizará al menos dos veces al año, bajo la
responsabilidad del Alcalde municipal. Esta rendición pública debe contar
luego con el pronunciamiento de la sociedad civil y del control social.
Así también, existe la Rendición Pública de Cuentas Especifica que se aplica
a solicitud de los actores de la participación y control social a un proyecto
específico que ejecute el gobierno municipal, una empresa pública u otros
del ámbito de aplicación de la participación y control social.
2. Sobre la planificación participativa, la Ley Nº 031 (Ley Marco
de Autonomías y Descentralización), en el artículo 114, señala que
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“las entidades territoriales autónomas elaborarán el presupuesto
institucional, considerando la integralidad y articulación de los procesos
de planificación, programación, inversión y presupuesto, incorporando
los mecanismos de participación y control social, en el marco de la
transparencia fiscal y equidad de género”.
La Ley Nº 341, en el artículo 36, dice que ”las autoridades del Estado,
en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, elaborarán políticas,
planes, programas, proyectos y presupuestos con participación activa
de los actores de la participación y control social”. Es decir, se plantea
una experiencia nueva en el país que es conocida también como el
presupuesto participativo.
3. Control social a la calidad de los servicios públicos y servicios básicos,
según la Ley Nº 341, se entiende por servicios públicos “aquellos
servicios que pueden ser prestados tanto por instancias públicas como
por instancias privadas, incluyendo las cooperativas, que buscan el bien
común y son de interés colectivo”; y, por servicios básicos, “aquellos que
se refieren a agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario,
postal y telecomunicaciones”.
Los actores de la participación y control social, así como los usuarios de
los servicios públicos y servicios básicos pueden ejercen control social
a la calidad de los servicios prestados por empresas públicas y privadas
sujetas a autorización y fiscalización del Estado.
La experiencia boliviana en participación y control social tiene un nuevo
ciclo, dejando atrás la Ley de Participación Popular, resultado también del
proceso histórico marcado por el protagonismo de las organizaciones y
movimientos sociales, donde el derecho de la participación, así como
el ejercicio de control social, son procesos logrados desde la presión,
pero también desde la propuesta social. Lo fundamental es asumir a
la participación y control social como un instrumento para lograr un
objetivo mayor que es el desarrollo humano integral.

Bibliografia
· Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de
febrero de 2009.
· Ley Marco de Autonomias y Descentralización Nº 31, de
19 de julio de 2010.
· Ley de Participación y Control Social, Nº 341, de 5 de
febrero de 2013.
· Directrices de Formulación Presupuestaria 2014,
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas -
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal,
Resolucion Ministerial N° 555, de 11 de julio de 2013.
www.jubileobolivia.org.bo
FUNDACIÓN JUBILEO
Director Ejecutivo: Juan Carlos Núñez V.
Coordinador General: Waldo Gómez R.
Elaboración: Herbert Irahola
Edición: Jorge Jiménez Jemio
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2013

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