Diego Cornejo Menacho CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS

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Diego Cornejo Menacho
CRONICA DE UN DELITO DE BLANCOS
1996

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Diego Cornejo Menacho (Quito, 1949), es escritor y comunicador
social, editor general del diario "Hoy". Para la elaboración de este
informe contó con la colaboración de Juan Francisco Freire y María
Gabriela Paz y Miño, periodistas de "Hoy". Las fuentes informativas
consultadas fueron, principalmente, varias ediciones de los diarios
"Hoy", "El Comercio", "Expreso", "El Universo" y revista "Vistazo".

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EL CASO: Fondos reservados de la Vicepresidencia
de la República del Ecuador en el Gobierno de Sixto
Durán Ballén.
LO PRESUNTOS DELITOS: prevaricato, cohecho,
soborno, utilización dolosa de fondos reservados,
concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento
ilícito
LA CIFRA: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres
LOS SINDICADOS: Alberto Dahik, ex presidente de la
República (con orden de prisión, prófugo, tramita un
estatuto de refugiado político en Costa Rica); Diego
Paredes, ex ministro de Relaciones Exteriores del
Ecuador (con orden de prisión, prófugo, destino
desconocido); Mauricio Pinto, ex ministro de Finanzas
(sin orden de prisión); Juan Carlos Faidutti, contralor
general del Estado (sin orden de prisión); Francisco
Costales, subcontralor (sin orden de prisión); Ricardo
Muñoz Chávez, ex superintendente de Bancos (sin
orden de prisión); Gladys Isabel Merchán Merchán, ex
secretaria de la Vicepresidencia de la República (con
orden de prisión, prófuga, destino desconocido); Juan
Mario Crespo Burgos, ex secretario de la
Vicepresidencia de la República (con orden de prisión,
prófugo, destino desconocido).
LA ACUSACION FISCAL: Autores de los delitos de
peculado y enriquecimiento ilícito: Alberto Dahik, Gladys
Merchán y Juan Mario Crespo. Autores del delito de
peculado: Diego Paredes Peña y Mauricio Pinto.
Cómplice del delito de peculado: Juan Carlos Faidutti.
Encubridores del delito de peculado: Ricardo Muñoz
Chávez y Francisco Costales.
LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS: 287 personas
naturales y/o jurídicas.

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LOS DENUNCIANTES: Xavier Neira y Rafael Cuesta,
los dos diputados del Partido Social Cristiano en el
periodo 1994-1996 del Congreso Nacional.
EL JUEZ: Carlos Solórzano Constantine, presidente de
la Corte Suprema de Justicia del Ecuador.
EL FISCAL: Fernando Casares, ministro fiscal general
de la Nación.

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CONTENIDO
Prólogo
1. El escenario
2. El pez por su propia boca muere
3. Los gastos reservados
4. La historia de Radio Democracia
5. El juicio en el Congreso
6. De acusado a acusador
7. Intermedio patético
8. Las cuentas secretas
9. La aritmética del contralor
10. La lista de Dahik
11. Un incidente procesal
12. Poder y clientelismo
13. La opinión pública
14. La teoría de la venganza
15. Posfacio
16. Anexos

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PROLOGO
Por Alberto Acosta
"Habían sido inútiles las muchas y arduas diligencias
oficiales para aplacar el ruido público de que la matriarca
de la patria se estaba pudriendo en vida, divulgaban
cédulas médicas inventadas, pero los propios bandos
confirmaban que era cierto lo que ellos mismos
desmentían, que los vapores de la corrupción eran tan
inmensos en el dormitorio de la moribunda que habían
espantado hasta a los leprosos, que degollaban carneros
para bañarla con la sangre viva, que sacaban sábanas
ensopadas en una materia tornasol que fluían de sus
llagas y por mucho que las lavaran no conseguían
devolverlas su color original..."
"El otoño del patriarca", Gabriel García Márquez
La corrupción se ha transformado en un tema de urgente
actualidad en el Ecuador. Los medios de comunicación están llenos
de denuncias y escándalos. Sin embargo, a pesar de la creciente
difusión, en pocas ocasiones se realiza un análisis profundo sobre
este fenómeno social y menos aún se llega a alguna sanción. La
mayoría de las veces las denuncias que devienen escándalos son
olvidadas por la llegada de nuevos escándalos, con lo que la
corrupción se complementa con una rampante impunidad.
En esta oportunidad Diego Cornejo Menacho, uno de los
investigadores periodísticos más perseverantes y profundos, nos

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ofrece una crónica pormenorizada de un delito de blancos. Una
crónica apasionante sobre la aritmética del poder, en la cual la suma
del despilfarro y del cinismo pretende ser minimizada o aún anulada,
restando las responsabilidades en el marco de leyes insuficientes y
confusas. Operación en la cual también se resta desde el exterior, a
través de un "asilo político", que hoy sirve para proteger a un reo de
la justicia...
En concreto estamos frente a un delito de blancos, digámoslo más
claramente de "cuello blancos", que implica a la cúpula del poder
gubernamental, empezando por su vicepresidente, ahora prófugo. Y,
a pesar de su resonancia, este es un delito que aparece condenado
a la desmemoria, perdido en los vericuetos legales que no
desembocarán en una sentencia legal contra sus implicados.
Algo que no es inédito en nuestra República. Cuántas veces los
implicados en un atraco, pasado el tiempo de la prescripción o aún
antes, retornan libres de cualquier sospecha, envalentonados para
volver a figurar en la vida pública: en la acción política, en la gran
empresa, en los mismos medios de comunicación... Si pudiéramos
escribir una historia de la corrupción y de su complemento, la
impunidad, ésta sería una suerte de telón de fondo del devenir en
nuestra sociedad. Corrupción e impunidad que serían impensables
sin el cinismo y la prepotencia.
A tal nivel hemos arribado que hay quienes reconocen haber
realizado prácticas corruptas y que, al mismo tiempo, intentan
erigirse como campeones en la lucha contra la corrupción: basta
observar la actuación del propio ex vicepresidente de la República,
Alberto Dahik Garzozi, quien pretendió liderar una gran campaña en
contra de los corruptos al tiempo de aceptar públicamente que su
Gobierno, en repetidas ocasiones, tuvo que recurrir a arbitrios poco
santos, digámoslo mejor, corruptos, al ceder ante diversas presiones
políticas o chantajes, según sus diversas versiones, destinados a
impulsar su programa "modernizador", entre otros a aprobar la ley
que permita privatizar la Empresa Estatal de Telecomunicaciones o a
reformar la Ley de Hidrocarburos, con el fin de crear las condiciones
para que las transnacionales del petróleo sienten sus bases
oligopólicas en el mercado doméstico.
Y este personaje poderoso, el de mayor trascendencia e influencia
en el Gobierno de Durán Ballén, desde su autoexilio en Costa Rica,
luego de recibir el malhadado asilo, no tiene empacho en afirmar que
"no me arrepiento de lo que dije y si se presenta la oportunidad, lo
diré las cien veces que sea".

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El pez por su propia boca muere, demuestra Cornejo en su texto.
El autodenunciante, que presidía el Consejo Directivo de
Transparencia Internacional, una organización creada para combatir
globalmente a la corrupción, acató, además, una norma generalizada
en los diversos gobiernos del mundo: en sus acusaciones de
corrupción no asomaron sus correligionarios y tampoco sus
compañeros de régimen, sino exclusivamente los opositores... Y por
igual, cual si fuera otra norma del oficialismo de todo tiempo y lugar,
los allegados a Dahik, empezando por el propio presidente, echan
tierra sobre los escándalos propios y desatan presiones para
propiciar su olvido. Lo cual es factible por la debilidad de las
instituciones y la fragilidad de la trama social.
Lo notable de este delito de blancos, deshuesado meticulosamente
por Cornejo, es que en pocas ocasiones como en ésta hemos
registrado una situación de corrupción tan flagrante como el manejo
de los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República:
apenas una tercera parte del problema, en tanto faltaría por indagar
el destino de los gastos reservados de la Presidencia y del Ministerio
de Gobierno; no se diga los gastos reservados correspondientes a
anteriores administraciones. Un acto de corrupción indudable y no
solo por estar vinculado al mal uso de recursos económicos o porque
habría provocado una serie de violaciones, susceptibles de ser
castigadas legalmente. Insisto, la corrupción no consiste sólo en la
comisión de actos ilícitos, que competen a los tribunales, o en el
simple mal manejo o malversación de recursos económicos. La
corrupción, en una amplia definición cultural, es la esencia del abuso
del poder e incluye también actos incorrectos, aunque éstos no sean
antijurídicos. Incluye, por tanto, abusos económicos, sociales y
políticos, sea en la órbita estatal o privada.
Y en este caso, que lo recordaremos simplemente como el caso
Dahik, se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. En tanto representa un
claro abuso del poder público, que alcanzó un inusitado nivel en
manos del vicepresidente Dahik. Abuso destinado a provocar una
serie de transformaciones para reorganizar la sociedad y la
economía en función de objetivos aperturistas y liberalizadores a
ultranza, útiles a los intereses de reducidos grupos dominantes y de
sus aliados externos. Abuso que favoreció a sus allegados políticos y
religiosos. Abuso que, también, habría funcionado en beneficio
particular de Dahik, de sus amistades y familiares.
A pesar de su singularidad, no es un acto de corrupción aislado el
que nos preocupa. Hay que ubicarlo en un contexto de multiplicación

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de casos corruptos, en un ambiente de clara consolidación del
individualismo y de una extrema valoración del dinero. En un
ambiente donde la modernidad justifica los medios, permitiendo que
demasiadas personas den muestras públicas de un endurecimiento
de su percepción sobre lo corrupto. Tanto, que algunos pretendieron
voltear apresuradamente la página del caso Dahik para no afectar la
estabilidad económica, otros no siquiera encontraron motivo de
crítica en la actuación del vicepresidente y no faltaron algunos -como
el cardenal- que se solidarizaron con el vicepresidente. Sin embargo,
así como afloró el declive moral o la simple conveniencia
crematística, experimentamos también una suerte de progreso social
que no podemos negar y que debemos destacar.
En esta ocasión, "los medios de comunicación del Ecuador, y
diversas organizaciones sociales, jugaron un papel importante para
que los presuntos delitos cometidos en el manejo de los fondos
reservados de la Vicepresidencia de la República fueran puestos en
evidencia y sometidos a los procesos político y penal". Esta acción -
según Diego Cornejo- articuló la opinión pública "que, a la larga,
imposibilitó que la verdad se esfumara en arreglos de personajes
'notables' y que se mantuviera en reserva, bajo la protección tutelar
del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, en una
inexpugnable bóveda del Banco Central del Ecuador". Episodio que
constituye otro de los capítulos bravos de este libro.
Libro escrito con fuerza y singular agilidad, que se inscribe como
un texto de obligada elaboración para consolidar la democracia. Sí,
la democracia. En tanto ésta no se caracteriza por la ausencia de
corrupción, sino por la forma en que la hace frente. Y, también, por
supuesto, por la forma en que se la sanciona. Importa, entonces,
rescatar la democracia, nuestro frágil y a veces tan vilipendiado
proceso democrático, como un espacio donde pueden aparecer y ser
denunciados los escándalos de la corrupción. Allí, a pesar de todas
las limitaciones, hay posibilidades para descubrirlos y combatirlos,
aún en los casos cuando en éstos están involucradas las altas
esferas del poder.
Si profundizamos nuestra reflexión desde la democracia, podemos
llegar a una serie de conclusiones renovadoras. En especial cuando
nos adentramos en la corrupción del poder. En ese terreno, la
corrupción, desde esta perspectiva democrática, no sería otra cosa
que la privatización del poder, en la medida que un burócrata del
nivel que sea, o indirectamente un agente privado, instrumenta el

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aparato estatal y sus recursos -los gastos reservados en el caso
Dahik- para su beneficio particular o de clase.
Entonces, el punto de partida pasa por descubrir e individualizar
estas prácticas corruptas, que dependen de mecanismos que
garantizan no sólo su funcionalidad sino también su ocultamiento y
olvido. Por eso resulta imprescindible reforzar la transparencia y la
memoria, como medios para robustecer los espacios orientados a
combatir la corrupción individual y la institucional. Entendiéndola en
su verdadera magnitud y comprendiendo sus repercusiones, para no
quedarnos en la simple denuncia de los culpables y menos aún solo
para contribuir a un vulgar ajuste de cuentas entre compadres
resentidos: hipótesis de la venganza, que también encuentra cabida
en estas páginas de Cornejo.
Busquemos la verdad y apoyemos su difusión. Que el control
social se concrete en primera línea a través de la opinión pública,
con una auténtica de libertad de prensa y de independencia para los
medios de comunicación. Permitamos a los comunicadores sociales
el acceso a la información. Acabemos con toda forma de secretismo.
En este empeñó la transparencia y la memoria asoman como las
herramientas de mayor importancia. La transparencia desbrozará el
camino si queremos que la corrupción sea la excepción y no la
norma. Y la memoria impedirá que la corrupción encuentre su asilo
en la impunidad...
Entonces, para no perder el sentido de violación moral del caso
Dahik, sobre todo cuando la violación política no fue censurada por
el Parlamento y la violación legal al parecer no encontrará una salida
adecuada, es preciso recurrir a este tipo de investigaciones
periodísticas que garanticen la sanción moral a los actores, tanto
como a sus pretensiones.
Reportajes como éste, de Cornejo, facilitan no solo un expansivo e
intensivo conocimiento de los casos de corrupción, sino que ofrecen
elementos para combatirlos. Son instrumentos para alertar y
comprometer a la sociedad sobre la necesidad de enfrentar a la
corrupción y a sus vapores. Un esfuerzo que crecerá en el futuro, en
la medida en se multipliquen trabajos como éste y en tanto nuevos
investigadores, contando con el respaldo de los medios de
comunicación, refuercen esta tarea.
20 de abril de 1996

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1. EL ESCENARIO
El 28 de septiembre de 1995, durante un "juicio popular" en la
Casa de la Cultura de Quito, un ciudadano hizo notar que ninguno
los sindicados en el escándalo del presunto mal uso de los gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República era de raza
negra.
La inesperada referencia parecería carecer de sentido alguno, si
no fuese porque quien habló era un negro y porque, pocos días
antes, el sábado 9 de septiembre de 1995, en un país que presume
de democrático e igualitario, como es el Ecuador, dos jefes
policiales -los coroneles Edmundo Egas, jefe del Regimiento Quito,
y Aníbal de la Torre, jefe de la Oficina de Investigación del Delito
(OID)- responsabilizaron a la "raza morena" de la ola de violencia
delincuencial que vivía la ciudad de Quito.
El juicio popular, organizado por la agrupación civil anticorrupción
"Manos Limpias", y varias otras organizaciones de la llamada
sociedad civil, fue denominado "Etica y Legalidad de los Fondos
Reservados".
El proceso fue representado al modo de los estrados
estadounidenses: un juez, el fiscal, un equipo de defensores y un
jurado encargado de evaluar los argumentos de la parte acusadora
y de la defensa, para emitir el veredicto.
Como juez actuó el escritor y periodista Simón Espinosa. El fiscal
fue el abogado Galo Chiriboga. La defensa no concurrió al juicio: se
había invitado a Jorge Zavala Egas (un político próximo al
vicepresidente Alberto Dahik), a Rodrigo Bucheli (para entonces
abogado de Dahik) y a Freddy Bravo (diputado conservador
estrechamente vinculado con el vicepresidente). Por ese motivo,
Raúl Moscoso hizo de defensor de oficio.
En calidad testigo de la parte acusadora actuó Alexis Ponce, de
la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.

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El fiscal admitió como válido el testimonio del coronel (r) Jorge
Cevallos F., ex director nacional del Movilización del Consejo de
Seguridad Nacional, con el cual se evidenció que cuando los gastos
reservados están sometidos a las leyes y a los fines y objetivos
lícitos que persigue un gobierno, "son éticos".
"Un país requiere tener una estructura jurídica que le permita
tener estos gastos de seguridad si se los utiliza para fines
absolutamente éticos en función del bien común de toda la
sociedad ecuatoriana y no de una parte de esta", según palabras
del fiscal Galo Chiriboga.
El Jurado estuvo conformado por personalidades de diversos
ámbitos de la cultura, la economía y la política ecuatoriana, como el
escritor Jorge Enrique Adoum, el vicealmirante (r) Raúl Jaramillo del
Castillo, la periodista Luz Elena Coloma y la economista y profesora
universitaria Zonia Palán, entre otros.
Mientras ellos deliberaban a puerta cerrada, el público debatió en
un foro abierto acerca de la crisis de corrupción que atraviesa el
país.
Fue en esas circunstancias que un ciudadano negro rechazó las
declaraciones racistas de la Policía, e insistió en que "los casos
Flores y Miel-Irandina, y gastos reservados, no los hemos cometido
los negros".
Madres de familia, trabajadores y profesores intervinieron y
rechazaron una posible renuncia del vicepresidente Dahik para
eludir el juicio político en el Congreso Nacional: a la sazón el
Parlamento se alistaba para la audiencia del juicio político al
vicepresidente.
Finalmente, el Jurado leyó su veredicto: "El Estado es culpable de
un manejo poco ético e ilegal de los fondos para los gastos
reservados."
Este hecho fue comentado por el diario "Hoy" así: "La sociedad se
divide. La clase política en el Parlamento, la sociedad civil en un
espacio cultural. En el juicio popular la gente tomó la justicia en sus
manos -aunque sea de forma simbólica-".
La dimensión escénica y teatral del juicio fue una expresión de la
crisis institucional que vivía -y vive- el Ecuador como consecuencia
de varios escándalos de corrupción y, especialmente, del
relacionado con la presunta utilización dolosa de los fondos
reservados de la Vicepresidencia de la República, al que, a nivel
penal, se añaden otros posibles delitos.

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En una dimensión propiamente política, las irregularidades
detectadas fueron juzgadas bajo los cargos de cohecho y grave
ofensa al honor nacional: el 5 de octubre de 1995, sin embargo,
aunque luzca paradójico, el Congreso Nacional absolvió al
vicepresidente Alberto Dahik de tales acusaciones.
Pero ya que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano Constantine, sindicó el 11 de octubre al vicepresidente
de la República como presunto autor de los delitos penales que
dieron lugar al proceso, y dictó orden de prisión preventiva en su
contra, Alberto Dahik renunció a su alta dignidad y fugó
subrepticiamente del país, refugiándose en San José de Costa
Rica, en donde tramitó con éxito un estatuto de refugiado político.
El polémico Alberto Dahik Garzozi, guayaquileño de ascendencia
árabe, es matemático y "master" en Economía, graduado en
Princeton, EEUU.
No tuvo éxito en la empresa privada pero sí en la vida política.
Asesor económico de León Febres Cordero, fue en el gobierno
socialcristiano de 1984-1988 presidente de la Junta Monetaria
(febrero-junio de 1986) y ministro de Finanzas (junio-agosto de
1986), antes de cumplir 35 años de edad.
Dahik -según lo reveló el ex presidente León Febres Cordero el 14
de julio de 1995- fue, luego de haber sido destituido, asesor del
Gobierno socialcristiano (aun cuando ya estaba imposibilitado
legalmente de serlo). "Se lo mantuvo a sueldo inclusive con gastos
de los fondos reservados", precisó Febres Cordero quien, por
añadidura comentó que, en una ocasión, como producto del juicio
político del que Dahik fue objeto como ministro de Finanzas, "sufrió
una crisis de nervios que lo llevó a llorar en mis hombros, por lo que
fue trasladado a una clínica ayudado de altos oficiales militares, en
una claro acto de cobardía".
Autor de radicales medidas de ajuste económico, Alberto Dahik
fue objeto de una de las interpelaciones parlamentarias más
importantes de la década. Destituido, su prestigio se acrecentó a tal
punto que en 1988 fue elegido diputado nacional por el Partido
Conservador, al que se había afiliado en julio de 1987.
Para 1992 estuvo ya enfrentado con León Febres Cordero y el
Partido Social Cristiano, quienes lo califican de "terrorista
económico". El Partido Conservador, en alianza con el Partido de
Unidad Republicana (PUR), tomó el poder el 10 de agosto de 1992,
luego de derrotar en las elecciones al socialcristiano Jaime Nebot:

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Sixto Durán Ballén asumió la Presidencia de la República; Alberto
Dahik la Vicepresidencia.
Antes de aquello Dahik tuvo notable éxito como diputado en el
Congreso Nacional, lo que le permitió "conseguir" presidente para
las elecciones de 1992. Según algunos analistas, Dahik buscó la
presencia de Sixto Durán Ballén como una alternativa a la
candidatura socialcristiana de Jaime Nebot, ya que por su escasa
popularidad necesitaba alguien que portara la banda presidencial
"en su nombre".
Tuvo más poder que cualquier otro vicepresidente de la época
republicana en el Ecuador. Cerebro del proceso de modernización y
de privatizaciones, su gestión y capacidad económica es destacada
por los analistas, incluso por los más críticos.
Su "fundamentalismo" ideológico lo condujo, sin lugar a dudas, a
concebir y desarrollar de una manera muy particular el ejercicio de
la segunda más alta magistratura de la Nación.

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2. EL PEZ POR SU PROPIA BOCA MUERE
Este delito de blancos, este penoso episodio de la historia política
nacional -quizás el más vergonzoso de los últimos años- empezó a
tomar la forma de un mayúsculo escándalo la tibia noche del 5 de
junio de 1995 en la ciudad de Guayaquil, cuando el vicepresidente
Alberto Dahik reveló a un selecto grupo de periodistas -entre los
que se encontraba el editorialista y subdirector del diario "Expreso",
Jorge Vivanco-, que ciertos diputados y magistrados de la Corte
Suprema de Justicia exigieron dinero al Gobierno para aprobar
leyes y dictar fallos de interés gubernamental.
La reunión, según lo reveló el periodista Jorge Vivanco, tuvo lugar
en la sala de sesiones de la Junta Monetaria, en el Banco Central
de Guayaquil, "una de las principales oficinas públicas del país".
A ella asistieron, además del vicepresidente de la República y de
Vivanco, Patricia Estupiñán de Burbano, editora general de la
revista "Vistazo"; Nicolás Ulloa Figueroa, director del diario "Extra";
Carlos Pérez Perasso, directo de "El Universo"; Roberto Hanze
Salem, director de "El Telégrafo"; Rafael Guerrero Valenzuela,
director de la radioemisora CRE; Armando Romero Rodas, director
de radio "Cristal"; Carlos Manzur, director de diario "El Meridiano";
Luis Hanna Musse, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión,
AER; Manuel Maldonado, editor de Noti 10, el noticiero de Canal 10
de TV y editorialista de diario "El Telégrafo"; Mario Valdez, de
Radio "Caravana"; y Carlos Gil Loor.
El asunto no tomó mayor gravitación en la opinión pública, hasta
que los comentarios de Vivanco sobre las revelaciones
vicepresidenciales trascendieron a otros medios. El diario "Hoy" dio
la campanada el 4 de julio: "Borrasca política en torno a Dahik",
tituló en la primera página.
Las denuncias del vicepresidente Dahik, recogidas por Jorge
Vivanco, eran las siguientes:

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1. Un bloque legislativo exigió 200 mil millones de sucres para ser
canalizados por los organismos seccionales controlados por él y
para realizar proselitismo político;
2. Deciséis diputados exigieron medio millón de dólares, cada
uno, para aprobar la ley de la Empresa Estatal de
Telecomunicaciones (EMETEL);
3. Ministros de la Corte Suprema exigieron dinero para declarar
constitucional una resolución que interesaba al Gobierno; y,
4. Se entregaron varios nombramientos en el Instituto Ecuatoriano
de Electrificación (INECEL) y Petroecuador a cambio de apoyos
legislativos.
Inmediatamente el régimen se percató de dos peligros, pues la
difusión de tales revelaciones obligaba al vicepresidente Alberto
Dahik a confirmarlas o negarlas. Si las negaba, varios periodistas
que estuvieron en la reunión junto a Jorge Vivanco podían
confirmarlas contra la versión de Dahik; si las aceptaba, admitía
implícitamente la participación del Gobierno en supuestos actos de
cohecho.
Entonces se abrió un periodo de silencio por parte del
vicepresidente, al que se añadieron maniobras defensivas de
funcionarios como Carlos Larreátegui Nardi, entonces secretario
general de la Administración, y del ministro de Gobierno para esa
fecha, Abraham Romero.
Poco después, el 10 de julio, Jorge Vivanco precisó ante la Corte
Suprema los términos de las denuncias formuladas por Alberto
Dahik.
Según Vivanco, el vicepresidente habría llegado a afirmar,
inclusive, que se entregaron cinco nombramientos a funcionarios
que "se dedicaron a robar desaforadamente".
Esa misma fecha, los diputados opositores Santiago Bucaram
(PRE), Oscar Célleri (PRE) y Juan José Castelló (MPD) iniciaron el
trámite constitucional para llamar a Alberto Dahik a juicio político en
el Parlamento.
Y tres días más tarde, dos testigos de la conversación en la sala
de sesiones de la Junta Monetaria, ratificaban lo afirmado por el
subdirector de "Expreso". Ellos fueron Nicolás Ulloa, director de
Diario "Extra", Carlos Armando Romero Rodas, director de radio
"Cristal".
Esto dio lugar a que el Gobierno, como tal, anunciara el apoyo al
vicepresidente. Sin embargo ello no pudo impedir que, el 19 de
julio, veinte diputados formalizan ante la Presidencia del Parlamento

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un pedido de enjuiciamiento político a Dahik, bajo las acusaciones
de cohecho y de atentado al honor nacional.
Como respuesta, Sixto Durán Ballén lanzó una campaña contra la
corrupción en las dependencias públicas, y ordenó el levantamiento
del secreto bancario de las cuentas personales de sus
colaboradores, los ex presidentes y los ex vicepresidentes, mientras
que Alberto Dahik admitía que el Gobierno cedió a presiones
políticas "para no poner en peligro el sistema democrático", pero
negando haber cometido cohecho.
Pero el 15 de agosto de 1995, los diputados socialcristianos
Xavier Neira y Rafael Cuesta denunciaron ante la Corte Suprema
de Justicia que dos secretarios de Alberto Dahik depositaron, en
cuentas privadas, 1.100 millones de sucres en veintisiete días, y
acusaron al vicepresidente de la República de manejo ilegal de
fondos del Estado.
Dahik replicó acusando a esos diputados de haber violado el sigilo
bancario de las cuentas de gastos reservados de la Vicepresidencia
en un banco privado.
Y el 16 de agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia -
entonces Miguel Macías Hurtado- abrió el sumario del juicio penal
contra Alberto Dahik y sus secretarios, Gladys Merchán y Juan
Mario Crespo. La acusación: prevaricato, cohecho, soborno,
utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado,
exacciones y enriquecimiento ilícito.
Luego de cinco días, el vicepresidente Dahik acudió al Congreso
Nacional a explicar cómo la Vicepresidencia usó los fondos
reservados, negándose así a comparecer ante la Corte Suprema,
como lo había solicitado su presidente.
En respuesta, Macías Hurtado dictó auto de prisión preventiva en
contra de los secretarios de Dahik, que desaparecieron de
inmediato.
Poco después, el 29 de agosto de 1995, el propio Miguel Macías
Hurtado fue censurado y destituido por el Congreso Nacional -por
razones aparentemente lejanas al caso fondos reservados de la
Vicepresidencia-.
Su censura se produjo en el marco de un juicio político a tres
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el fallo dentro de
un juicio que mantenían el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) y el constructor Jorge Aguilar.
El diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Juan
José Castelló, acusó a Miguel Macías Hurtado, Jorge Fantoni

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Camba y Alejandro Bermúdez Arturo, ministros jueces de la Sala de
lo Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, de "haber
incurrido y transgredido expresas disposiciones constitucionales y
legales, perjudicando deliberadamente los intereses del IESS y
contribuyendo, de esta manera, a desestabilizar económicamente a
esta institución de los trabajadores, para así continuar en la
campaña de desprestigio, orquestada con el objeto de pretender su
privatización."
Según el acusador, con el fallo judicial se pretendía que el IESS
pagara aproximadamente 9 mil millones de sucres, "no obstante que
la acción propuesta se encontraba prescrita".
El presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, negó que la
Legislatura pretendiera "descabezar" a la Corte Suprema de Justicia
para favorecer al vicepresidente Alberto Dahik.
Y, por fin, el Congreso, con una mayoría de cuarenta y ocho votos,
censuró y destituyó a los acusados. Votaron por la censura los
diputados del Movimiento Popular Democrático, Partido Roldosista
Ecuatoriano, Partido Conservador, Izquierda Democrática,
Democracia Popular, siete independientes, y el socialista Diego
Delgado. Por la absolución de los magistrados votaron los diputados
socialcristianos, los dos cefepistas y se abstuvo el ex conservador
Rodrigo Suárez Morales.

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3. LOS GASTOS RESERVADOS
A lo largo de la época republicana, y especialmente en los últimos
gobiernos, los mandatarios han dispuesto de recursos del Estado
que se los ha manejado en secreto, pues se estima que sirven para
ejecutar acciones especificas que tienen que ver con la seguridad
pública.
Así se los ha venido entendiendo, y utilizando, conforme a un
reglamento expedido en 1967. Tal documento especificaba que los
fondos o gastos reservados son asignado en el Presupuesto
General del Estado y su inversión es necesaria para el
mantenimiento de la seguridad interior o exterior del Estado, y/o del
orden público.
Así, los funcionarios autorizados para disponer de estos fondos
tenían la obligación de mantenerlos en una cuenta especial, en el
Banco Central o en sus agencias, bajo la denominación de "Gastos
Secretos o Reservados del Ministerio" tal o cual.
El Reglamento advertía que para movilizar los fondos de esta
cuenta, tan pronto hubiesen tomado posesión para el desempeño
de su cargo, dichos funcionarios debían registrar sus firmas en la
institución bancaria depositaria, sin que esta facultad pudiera ser
delegada a persona alguna.
En cuanto al control de esos gastos, era el contralor general del
Estado quien tenía las atribuciones para adoptar las medidas
necesarias destinadas a conseguir la identificación de quien
suscribiría el o los documentos que respaldasen un egreso, o
evacuar las pruebas conducentes a establecer la legitimidad del
egreso.
Sin embargo, el 19 de julio de 1984 Pedro Pinto, ministro de
Finanzas en el Gobierno de Osvaldo Hurtado (DP), expidió una
resolución que estableció una nueva definición de los gastos
reservados.

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"Son gastos en que se incurre para asegurar la estabilidad del
Estado o del Gobierno", decía la referida resolución. "Incluyen
también los gastos que el presidente y vicepresidente de la
República y el ministro de Gobierno ordenen cubrir con este rubro,
así como el resto de ministros de Estado, previa autorización del
contralor general del Estado".
De modo que los gastos reservados de la Vicepresidencia de la
República se crearon en el mes de agosto de 1984, con el carácter
de asignación permanente en el Presupuesto General del Estado.
Aunque no se menciona expresamente en ninguna disposición
legal, los fondos reservados para la Vicepresidencia constan en una
partida del Presupuesto de la Vicepresidencia. Y seguían siendo
restringidos a fines específicos de seguridad, hasta que el 10 de
junio de 1993, ya bajo el Gobierno de Sixto Durán Ballén, otro
ministro de Finanzas, Mario Ribadeneira, expidió el llamado
"clasificador por objeto de gastos para el sector público" (COG),
como parte de las Ley de Presupuestos. Lo hizo con conocimiento -
y previa autorización- del contralor general del Estado, Juan Carlos
Faidutti.
El COG es un instrumento contable que rige obligatoriamente en
todas las entidades del sector público y busca actualizar los
códigos, clasificaciones y la nomenclatura de los gastos según su
objeto, para identificar el destino final de los recursos
presupuestarios.
En el anterior clasificador se tenía un renglón especial para los
gastos reservados. Con el COG, esos gastos se incorporaron a la
partida de "imprevistos", eliminándose su categoría de "rubro
especial".
Según explicó al autor de este informe uno de los técnicos que
elaboró el sistema, el COG es un instrumento que sirve para fines
de formulación presupuestaria, "pero los gastos reservados,
durante su ejecución, son desagregados en conceptos específicos
para dar mayor transparencia a la acción presupuestaria".
Lo claro, según el técnico, es que el clasificador no tiene otro
papel que el de nomenclator y codificador, lo que permite una
mayor transparencia en el registro de las operaciones
presupuestarias. También es evidente que, al momento de
ejecutarse la formulación presupuestaria, se les otorga conceptos
específicos, aunque estén dentro de la carpeta de imprevistos.
Desde ese punto de vista, tienen que ser supervisados por el
contralor general del Estado y el ministro de Finanzas.

22
Antes de la Ley de Presupuestos y de la vigencia del COG, los
gastos reservados de ciertos ministerios de Estado estaban -como
se ha dicho- en la categoría de imprevistos, con el carácter de
circunstanciales y, en consecuencia, no incorporados en la
programación presupuestaria.
Incluían también los gastos que el presidente de la República o el
ministro de Gobierno ordenaban cubrir con este rubro, así como el
resto de ministros, previa autorización del contralor.
Pero con el nuevo clasificador se trasladaron a la partida de
erogaciones globales, con el criterio de que son gastos que por su
naturaleza no son previsibles durante la formulación de los
presupuestos. Y solamente pueden ser presupuestadas por el
Ministerio de Finanzas. Es decir imprevistos, con un concepto
mucha más amplio: "gastos amparados en las leyes vigentes,
destinados a cubrir actividades y proyectos para gastos
circunstanciales no susceptibles de programación durante la
formulación del Presupuesto. Estos gastos se aplican en conceptos
específicos durante la ejecución presupuestaria".
Un punto de vista ilustrativo, de Andrés Vallejo, ex ministro de
Gobierno de Rodrigo Borja, consta en los anexos de este informe.
En medio del creciente escándalo que atrapó al ex vicepresidente
de la República, Alberto Dahik, el contralor general del Estado, Juan
Carlos Faidutti, explicó este tema del clasificador en una
comparecencia pública televisada, el 29 de agosto de 1995, y en
una entrevista en su despacho de la Contraloría, en Quito, con el
autor de este informe, el 11 de septiembre de ese mismo año.
Faidutti pretendió entregar toda la responsabilidad al Ministerio de
Finanzas respecto a la autoría del COG pero, después, admitió
haber puesto el visto bueno a esa ley: Faidutti había firmado un
oficio con observaciones al sistema.
El contralor insistió en que el nuevo clasificador amplió el
horizonte de los gastos reservados y rebasó el concepto de
seguridad interna y externa. Señaló, además, que él no había
justificado los gastos imprevistos de la Vicepresidencia. Y mencionó
que se debería dictar una nueva ley, que dividiera los gastos de
seguridad interna y externa del país y los imprevistos.
De cualquier manera, Faidutti se vio obligado realizar una serie de
reformas al "obsoleto" reglamento de gastos reservados el 25 de
noviembre de 1995. Se eliminó la disposición que permitía que la
Vicepresidencia de la República maneje dichos gastos y quedó
establecido que "los fondos asignados para gastos reservados o

23
secretos deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y
secretas del Banco Central del Ecuador o sus sucursales".
Pero ya era tarde. Durante la audiencia del juicio político en su
contra, los días 2 y 4 de octubre de 1995, el ex vicepresidente
Alberto Dahik insistió en el nuevo carácter "amplio" que se dio a los
gastos reservados, para lo cual recurrió al nuevo clasificador por
objeto del gasto. De ese modo, Dahik afirmaba que no había
cometido ningún delito sino, a lo sumo, ciertos "errores
administrativos": se refería con ello a la apertura de cuentas en un
banco privado (el Banco del Pacífico), a su nombre o el de sus
secretarios, cuentas que se alimentaron con fondos reservados que
los obtenía del Banco Central.
Según el diario "Expreso", del 22 de febrero de 1996, los peritos
designados por la Corte Suprema de Justicia para auditar los
microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia y los
documentos anexos, revelaron que Alberto Dahik y sus dos
secretarios, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, mantuvieron
siete cuentas en el Banco del Pacífico. En seis de las siete cuentas,
Dahik y sus secretarios depositaron un total de 9 mil 281 millones
de sucres; giraron 8 mil 798 millones de sucres. De la séptima
cuenta salieron 75 mil 681 dólares, en cheques (189 millones 204
mil 450 sucres, al cambio de 2 mil 500 sucres por dólar).
Gladys Merchán se desempeñaba de secretaria de la
Vicepresidencia de la República. Según diversas publicaciones, ella
fue asesora particular de Alberto Dahik desde antes de que Dahik
se iniciara en la política. Henry Raad ("El Telégrafo", 31 de agosto
de 1995) reveló que ella -que había sido secretaria del diario "El
Universo"-, seguía recibiendo sueldo de esa empresa periodística
para actuar de secretaria en la Vicepresidencia, donde manejaba
todos los asuntos o negocios políticos que tenía Alberto Dahik.
Merchán conocía también todos los asuntos privados y bancarios
del ex vicepresidente. A la vez, mantenía una estrecha relación con
la familia Dahik.
Juan Mario Crespo Burgos, especializado en Administración de
Empresas, actuó como secretario particular de Alberto Dahik.
Conforme a diversas informaciones, su vinculación con el ex
vicepresidente se inició cuando Crespo era secretario de Francisco
Swett, ex ministro de Finanzas del Gobierno socialcristiano de León
Febres Cordero. Cuando Dahik asumió el Ministerio de Finanzas,
en junio de 1986, Juan Mario Crespo quedó como legado de Swett
para el nuevo ministro. Desde esa época acompañó al ex

24
vicepresidente. Manejaba su agenda personal. Diseñaba cada día
de Dahik, minuto a minuto. Determinaba todas sus citas y
actividades.

25
4. LA HISTORIA DE RADIO DEMOCRACIA
El 24 de agosto de 1995, cuando se profundizaban las
indagaciones en torno a los gastos reservados de la
Vicepresidencia de la República, el conocido radiodifusor Gonzalo
Rosero -propietario de Radio Democracia, que emite su señal
desde Quito- denunció que el ex canciller de la República del
Gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes Peña, negoció la
compra de su radioemisora con fondos que él, Rosero, presumía
que provinieron de gastos reservados del Estado. Fue por esta
presunción, según él lo admitió, que decidió hacer público el
asunto.
El 25 de agosto, el diario "Hoy" registró el siguiente testimonio de
Rosero: "Para salvaguardar mi honor hago conocer al magistrado
mi preocupación por el origen de los fondos de un cheque girado a
mi favor por Gladys Merchán. Me anticipo a las indagaciones que
hagan las autoridades de justicia a las cuentas de la
Vicepresidencia".
Según se conocería más tarde, el 2 de agosto de 1995 el ex
canciller Paredes comunicó a Gonzalo Rosero que desechaba el
negocio. ¿Se veía venir el escándalo? La denuncia de "cheques
calientes" de las cuentas de la Vicepresidencia la hicieron los
diputados socialcristianos el 16 de agosto de 1995, catorce días
después de que Paredes abortó la compra de la radioemisora.
Diego Paredes Peña es un diplomático quiteño de carrera que,
siendo un personaje irrelevante de la derecha política, se había
desempeñado como subsecretario de Relaciones Exteriores en el
Gobierno de León Febres Cordero. También fue embajador del
Ecuador ante la Comunidad Económica Europea. Durante el
gobierno de Rodrigo Borja fue embajador en Guatemala.
Paredes se incorporó al grupo íntimo de Sixto Durán Ballén un
año antes de las elecciones presidenciales de 1992. Fue un activo
propulsor del llamado Partido de Unidad Republicana (PUR), tienda

26
política bajo cuyas banderas llegó el ex socialcristiano Sixto Durán
Ballén a la Presidencia de la República. Integró el comité que se
llamó el Grupo de los Nueve, que dirigía Mauricio Gándara. Luego
fue director de campaña electoral en la Sierra de Sixto Durán Ballén
y, tras la expulsión de Gándara, director del PUR.
Un hermano suyo está casado con Susana Durán Ballén
Villalobos, una de las hijas de Durán Ballén.
Desde el 10 de agosto de 1992, Diego Paredes fue integrante del
gabinete presidencial, ni más ni menos que en calidad de ministro
de Relaciones Exteriores.
Dos años después, el 30 de septiembre de 1994, el Congreso
Nacional lo censuró en un juicio político.
Los interpelantes fueron Mauricio Gándara (ex FRA y ex PUR) y
Rafael Cuesta (PSC). Entonces, desde el Gobierno se sostuvo que
el proceso respondía a "venganzas personales", pues había el
antecedente de que Rafael Cuesta recibió presiones para que
renunciara a su cargo, cuando era periodista en Gamavisión, luego
de una entrevista con el ex canciller; y Gándara -uno de los
fundadores del PUR- fue desplazado por Diego Paredes de la
Presidencia de ese partido.
La censura se produjo después de trece horas de sesión en el
Congreso. El Gobierno no pudo impedirlo, aun cuando alcanzó una
alianza con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y buscó por
todos los medios que Paredes no fuese destituido, pero la sanción
se produjo con cuarenta y dos votos a favor de la moción de
censura.
Los argumentos para procesarlo fueron que Paredes tenía
impedimentos legales para asumir el cargo de canciller, por un
documento -presentado por Rafael Cuesta- en que constaba como
deudor del fisco; se le acusó de "sospechosa" actuación en el
arreglo de la devolución de un terreno fronterizo que estaba en
manos peruanas; se aseguró que boicoteó la candidatura del ex
presidente de la República, Rodrigo Borja, a la Secretaría General
de la OEA; también de "política deficiente en la Cancillería" -sin más
explicaciones-; y de la compra e internación ilícita al país de un
vehículo de lujo, para su uso personal, cuando Paredes era
embajador en Guatemala.
También se presentaron acusaciones en contra de Paredes por su
vinculación con las financieras NAFINSA Y FINANSA, que
estafaron 18 mil millones de sucres a sus ahorristas, "sin considerar
la cuantiosa cifra en dólares con la que fueron embaucados

27
aquellos ecuatorianos ingenuos que a través de FINANSA
depositaron en Financiera del Centro de Panamá los ahorros de
toda su vida, los ahorristas que fueron engañados por la campaña
publicitaria de ECADFIN y NAFINSA y las entidades estatales que
adquirieron inexplicablemente certificados financieros cuando
FINANSA se hallaba en estado de coma", conforme lo afirma María
Albán Estrada en su libro "Las financieras. El atraco del siglo".
Luego de haber sido censurado y, por tanto, imposibilitado de
ejercer algún cargo público, este hombre de confianza del
presidente Durán Ballén mantuvo una oficina en la Presidencia de
la República, como discreto asesor político del primer mandatario,
invitado permanente a las cenas de Palacio.
Desde allí, según se puede presumir, planificó la compra de Radio
Democracia con gastos reservados, quizás para usarla como
instrumento de la política de difusión del Gobierno, posiblemente en
la campaña electoral de 1996.
La denuncia del radiodifusor Gonzalo Rosero tuvo repercusión en
el Congreso Nacional, donde el diputado Heinz Moeller (PSC) la
hizo pública ese mismo 24 de agosto.
Según testificó ante Fernando Casares, fiscal general de la
Nación, Gonzalo Rosero había convenido con Paredes un anticipo
de 50 mil dólares "previo a la suscripción de un compromiso de
compra-venta notariado y la entrega de alícuotas mensuales de 25
mil dólares cada una, hasta la cancelación definitiva".
Aunque las negociaciones del ex canciller empezaron en enero de
1995, el 27 de abril Rosero recibió la primera parte del anticipo, 66
millones 100 mil sucres, equivalente a 25 mil dólares a la cotización
de esa fecha.
El cheque, firmado y entregado por la secretaria de Alberto Dahik,
Gladys Merchán, provenía de la cuenta vicepresidencial en el
Banco del Pacífico: luego se llegaría a establecer que el referido
cheque era de la cuenta No. 2598377, calificada por el propio
vicepresidente Alberto Dahik como cuenta de gastos reservados.
De acuerdo a lo manifestado por el radiodifusor, el ex canciller
Paredes le informó -ese 27 de abril de 1995- que "en los próximos
ocho días se entregarían otros 25 mil dólares en el propósito de
suscribir y notarizar el compromiso".
Sin embargo, en los tres meses subsiguientes no se concretó
ninguna otra entrega. Y el 2 de agosto Diego Paredes descartó el
negocio: todo conduce a pensar que lo hizo porque el escándalo en
torno a los gastos secretos de Alberto Dahik sacaba del control del

28
vicepresidente y sus más cercanos colaboradores el manejo
secreto de esos fondos.
Nada de esto se pudiera registrar en este informe si no fuese
porque, curiosamente, los 25 mil dólares del primer cheque
quedaron en manos de Gonzalo Rosero, "como una reposición de
los daños y perjuicios causados" al abortar la negociación.
A día siguiente de que el asunto se hizo público, es decir el 25 de
agosto de 1995, Diego Paredes negó haber intervenido en
negociación alguna con el propósito de adquirir Radio Democracia
con dineros provenientes de fondos reservados. Y emplazó al
diputado socialcristiano, Heinz Moeller, a que demostrara
documentadamente sus afirmaciones.
Inclusive el ex canciller Paredes pidió ser sindicado en el proceso
penal por el presidente de la Corte Suprema y por el fiscal, con el
propósito de presentarse a declarar en la etapa sumarial del juicio.
Dijo, además, que las afirmaciones del propietario de Radio
Democracia no tenían fundamento alguno.
Las acciones legales anunciadas por Paredes para defender su
honorabilidad "hasta las últimas consecuencias" únicamente fueron
dirigidas en contra de Moeller, pero no incluyeron al director de la
emisora, Gonzalo Rosero, a quien calificó de "buen amigo" suyo.
En días posteriores, los abogados de Paredes procuraron
demostrar que el cheque entregado a Gonzalo Rosero correspondía
a pagos por servicios prestados durante el conflicto bélico entre
Ecuador y Perú.
Luego, el 24 de agosto, Diego Paredes testificó ante la Corte
Suprema de Justicia y rechazó la versión de una negociación de la
radiodifusora con fondos del Estado.
Durante el desenvolvimiento del sumario, el 6 de septiembre,
Gonzalo Rosero testificó ante el presidente de la Corte Suprema de
Justicia. El periodista nombró a varios testigos que podían rendir
testimonio sobre la frustrada compra de su emisora por parte del ex
canciller, y sobre las conversaciones que mantuvo con él con ese
motivo.
Según Rosero, el principal testigo era el abogado Julián Trueba,
funcionario la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.
Trueba había redactado la minuta de compra-venta de la radio y fue
la persona encargada de recolectar todos los documentos para la
transacción. El otro testigo citado por Rosero fue Judith Ramírez,
secretaria de los asesores de la Presidencia. Según el denunciante,

29
Ramírez incluso conversó con la esposa de Rosero y sus tres hijos
sobre los trámites de la venta de la radioemisora.
Asimismo, Rosero puso como testigo a Alberto Rivadeneira,
técnico de varias radios, quien hizo un informe junto con otro
técnico delegado por Paredes (cuyo nombre no recordó) de las
instalaciones de la radio.
Rosero desvirtuó las afirmaciones de los defensores de Paredes,
que afirmaron que a aquél se le pagó por trabajos cumplidos
durante el conflicto bélico: la prueba de descargo fue que su
emisora no estuvo en el aire durante el conflicto, por lo que rechazó
que hubiera podido cumplir cualquier trabajo durante esa
circunstancia.
También exhibió la minuta del contrato de compra-venta que no
se llegó a firmar porque Paredes desistió de la negociación, y
porque Juan Mario Crespo y Gladys Merchán -secretarios del
vicepresidente Alberto Dahik- desaparecieron.
Los testigos mencionados por Rosero, los periodistas Pilar Núñez
y Rubén Darío Buitrón -funcionarios de la Secretaría Nacional de
Comunicación (SENACOM)- confirmaron que vieron dialogando a
Gonzalo Rosero y Diego Paredes en la Vicepresidencia de la
República. Eso también lo ratificó el ex secretario de Comunicación
del Estado, Enrique Proaño.
Con esos antecedentes, el 20 de septiembre, Carlos Solórzano, el
nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, dictó orden de
prisión preventiva en contra de Diego Paredes. Esa misma fecha
Carlos Julián Trueba ratificó lo que había dicho doce días antes,
que redactó el proyecto de minuta compra-venta de Radio
Democracia.
Al día siguiente, el 21 de septiembre de 1995, Diego Paredes
también desapareció.

30
5. EL JUICIO EN EL CONGRESO
El mes de septiembre de 1995 se le abrió al vicepresidente de la
República, Alberto Dahik, con un desafío doble: las amenazas de
un juicio político con la intención de destituirlo, por un lado, y el
desarrollo del proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, por
otro.
En esos días ya Miguel Macías había sido relevado en la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por Carlos Solórzano
Constantine.
Solórzano es un abogado manabita (1939) que vivió en Guayaquil
desde los dos años de edad. Tiene fama de hombre duro -según
una crónica del 1º de enero de 1996 aparecida en "Hoy",
publicación que designó "el hombre del año" 1995, luego de una
encuesta interna entre 50 periodistas y editorialistas- y durante el
sumario del juicio penal contra Dahik se ha demostrado
absolutamente parco: "hablo a través de providencias", lo ha
repetido una y otra vez. Es un apasionado por lo que él llama "el
cumplimiento del deber".
Abrumado por los reconocimientos que ha recibido por su
insospechada lucha contra la corrupción, ha dicho que "lo que
ocurre es que en el Ecuador muy pocas personas cumplen con su
deber y cuando alguien lo hace parece algo de otro mundo".
Fue compañero de estudios de Derecho -Universidad de
Guayaquil- del ex presidente de la República Jaime Roldós (1979-
1981), embajador en Italia durante ese Gobierno. También gerente
regional del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (1988-1989), y por
25 años profesor universitario. Fue designado ministro juez de la
Corte Suprema de Justicia en 1991.
En septiembre de 1995 el Gobierno de la alianza PUR-Partido
Conservador pretendió entrampar en sus propios argumentos a la
oposición: el juicio político contra el vicepresidente -según los
abogados de Dahik- sólo podía tener sustento previa una sentencia

31
judicial que culpabilizara al segundo mandatario de cohecho. Ellos
consideraba que no tenían sustento las otras dos causales de
enjuiciamiento político del vicepresidente Dahik por el presunto mal
uso de los gastos reservados: atentado al honor nacional y traición
a la Patria. A la vez, argumentaban que el proceso penal tenía
inspiración política y que adolecía de errores jurídicos de fondo.
Es decir, como lo haría notar posteriormente uno de sus
acusadores, el diputado Xavier Neira (PSC), Alberto Dahik primero
pretendió tachar de incompetente al Congreso para juzgarlo,
aduciendo que el cohecho tenía que ser previamente establecido por
medio de una sentencia penal. Luego, cuando el juez Macías lo
procesó penalmente, dijo que su juez natural era el Congreso. Y
cuando compareció al juicio político declaró -y consta en actas- que
ni el Congreso ni la Corte eran competentes puesto que su único y
privativo juez era el contralor del Estado, ante quien ya había rendido
cuentas, éstas habían sido aprobadas, y los comprobantes
incinerados, por supuesto.
Pero el 8 de septiembre el abogado Carlos Julián Trueba, ex
asesor de la Presidencia de la República, admitió públicamente que
redactó la minuta de la fallida compra de radio "Democracia" por
parte del ex canciller Diego Paredes -lo que ratificó las versiones de
Gonzalo Rosero y puso en una situación insostenible al ex canciller-
. Esto condujo a que Solórzano pidiera la prisión del ex canciller
quien, ni corto ni perezoso, se dio a la fuga.
Luego, el 27 de septiembre, considerando que Ricardo Muñoz
Chávez, el superintendente de Bancos, obstruía la acción de la
justicia por no facilitar el acceso a los cheques de los gastos
reservados, el presidente de la Corte Suprema dictó orden de prisión
preventiva en contra de aquél. Ante esa situación Muñoz Chávez
renunció a su cargo y se refugió en una clínica de Cuenca -su ciudad
natal- para evitar la prisión en un centro penitenciario común.
Desde su aséptico refugio, Muñoz Chávez argumentó su rechazo a
la decisión del juez y dijo que "no se ha encontrado todavía delito
alguno contra el vicepresidente de la República Alberto Dahik", y que
el presunto mal manejo de fondos reservados "solo se trata, hasta
ahora, de fallas administrativas menores, que no constituyen delito
alguno, por lo que no entiende y le causa sorpresa el verse sindicado
en esta causa".
Muñoz dijo que él sí colaboró con la justicia, "pues en la
Superintendencia de Bancos se revisó más de 15 millones de
documentos, y se seleccionó únicamente lo que se necesitaba, labor

32
que hubiera demorado años a la Corte Suprema, y que solo con la
ayuda de los Bancos Central y del Pacífico, se pudo entregar al juez
Solórzano lo que éste pidió. Fácil hubiera sido hacer lo que me
aconsejaban muchos, que entregue todos los documentos y me
olvide del problema, pero no, eso demuestra mi ímproba actuación y
mi afán de colaborar, no de obstruir a la justicia", declaró.
Muñoz, sin embargo, anotó que había ordenado que los
microfilmes fuesen depositados en las bóvedas del Banco Central a
nombre de la Contraloría General del Estado, y no de la Corte
Suprema, y que había entregado al contralor la clave de la bóveda
del Banco Central donde se guardaron los microfilmes de los gastos
reservados de la Vicepresidencia. Se quejó de que la Contraloría no
le había proporcionado la ayuda adecuada.
Meses más tarde, en una comparecencia ante el juez (el 19 de
diciembre) Ricardo Muñoz Chávez ratificó que le insinuaron y
sugirieron cortar, destruir e incinerar los microfilmes de los gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República, antes de
depositarlos en las bóvedas del Banco Central. Pero no precisó los
nombres de las personas que le hicieron esa sugerencia.
Mientras esto sucedía en el ámbito jurisdiccional, en el Congreso
cuarenta y dos legisladores suscribieron la moción de censura y
destitución de Dahik y, enseguida, el presidente del Congreso,
Fabián Alarcón, citó a juicio político al vicepresidente para la tarde
del 2 de octubre.
En esas circunstancias, el presidente de la República intentó
recurrir a un viejo artificio que, en otras ocasiones y en otros
gobiernos, permitió superar los conflictos políticos graves: la
reunión de "notables". Pero a Durán Ballén no le dio resultado. Una
prolongada reunión en el Palacio de Gobierno, el 28 de septiembre,
entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente
del Congreso Nacional, los jefes de las FFAA y los jerarcas de la
Iglesia Católica no pudieron torcer el curso de los acontecimientos.
En una maniobra desesperada, Dahik intentó infructuosamente
que el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), el mismo que
el propio Gobierno había cuestionado en otras oportunidades,
evitara el desarrollo del juicio penal, argumentando la
inconstitucionalidad.
Y, en una polémica decisión, la noche del 29 de septiembre, tres
días antes de que Dahik compareciera a juicio político al Congreso,
haciendo uso de un enlace nacional de televisión, el presidente

33
Sixto Durán Ballén solicitó la renuncia del vicepresidente Alberto
Dahik "para que el país recupere la tranquilidad".

34
6. DE ACUSADO A ACUSADOR
Una carga de rumores y tensiones antecedieron al juicio político de
Alberto Dahik. En los últimos días de septiembre el escándalo se
tornó insostenible: la Policía se tomó las instalaciones del Banco
Central para impedir que el presidente de la Corte Suprema de
Justicia revisara los microfilmes de las cuentas reservadas; manos
fantasmas secuestraron un vehículo de Carlos Solórzano; en el
Congreso se cocinaban las posibilidades de que el vicepresidente
fuese absuelto de los cargos en su contra o depuesto del cargo.
Bueno, eso de "fantasmas" es un decir.
El 29 de septiembre los vehículos del presidente de la Corte
Suprema de Justicia y de los magistrados Carlos Julio Arosemena y
Raúl Coronel, fueron retirados de circulación y llevados a los patios
de la Contraloría, por orden del contralor Juan Carlos Faidutti, según
lo confesó un funcionario que no quiso identificarse ante los
periodistas.
El contralor, en apariencia inocente del incidente, explicó que el
operativo se hizo para sacar de circulación automóviles oficiales "que
no cumplían con las disposiciones vigentes" (la nota de prensa no
explicó cuáles).
"Vamos a ver si me detienen a mí", dijo Solórzano al ocupar el
vehículo a su servicio y ordenar al chofer conducirlo fuera de la
Contraloría. El incidente no pasó de lo anecdótico, aun cuando tuvo
el mismo sello autoritario de los piquetes de Policía que ocuparon -
"por órdenes superiores"- las bóvedas del Banco Central, donde
estaban los microfilmes de los cheques de los gastos reservados de
la Vicepresidencia.
En esos días se empezaban a sentir con más rudeza las
consecuencias de una recesión económica que afectó al sector
financiero e industrial del país. La crisis energética por la escasez de
lluvias en la central hidroeléctrica más importante del Ecuador y el
impacto del conflicto territorial con el Perú a inicios de año, reflejado

35
en tasas de interés bancarias inaccesibles para buena parte de los
sectores productivos, llevaba a la quiebra a dos mil empresas de la
mediana y pequeña industria.
Sin embargo, el ambiente noticioso tenía su escenario predilecto en
la política.
El país entero volvió la vista al Palacio Legislativo, lugar donde
Alberto Dahik debía comparecer el lunes 2 de octubre y responder a
la petición del presidente por su renuncia. El Partido Social Cristiano
(PSC), que había sido su padrino nueve años antes, ahora lo llevaba
al banquillo.
La noche del 2 de octubre su exposición podría resumirse como
una arremetida valiente, inusitadamente frontal, en contra de León
Febres Cordero -ex presidente de la República por el Partido Social
Cristiano y alcalde de Guayaquil a la fecha del juicio-, y sus más
cercanos colaboradores.
Jugó todas sus cartas para tomar la calidad de acusador del
Partido Social Cristiano, en lugar de la calidad de acusado. Tras una
primera parte destinada a defenderse de la acusación de cohecho,
Dahik entró a acusar al ex presidente León Febres Cordero y a sus
colaboradores por la corrupción de su gobierno.
Exigió que la esposa de Joffre Torbay abriese tres cuentas con
depósitos de millones de dólares en Miami. Luego reveló
documentos de los que se deduce que se depositó una comisión de
447.533 dólares por la compra de medicamentos a la empresa
MEDICORP de Hungría, previa la autorización decretada por Febres
Cordero para que se comprasen medicamentos por 11 millones 164
mil 95 dólares. "Todo esto ocurrió nueve días antes de que se
eligiera a un nuevo presidente del Congreso", recordó.
Insistió en que es un perseguido político en razón de haber pedido
que se investigaran las cuentas de Febres Cordero en el exterior.
"Todos los ex presidentes están dispuestos a abrir sus cuentas
menos Febres Cordero. Todos declararon sus bienes al entrar y salir
del poder, menos Febres Cordero", insistió.
Dahik también acusó a León Febres Cordero de haber casi
duplicado su patrimonio -solo en La Florida- en los cuatro años de su
Gobierno. Presentó una larga lista de empresas inmobiliarias y
cuentas bancarias de Febres Cordero en La Florida, sobre las cuales
se pidió información en un juicio que Febres Cordero tuvo con el
Banco de Bilbao. "Sin embargo el ex presidente -aseguró Dahik- se
opuso a la entrega de esa información". Tampoco -dijo- presentó el

36
pago de impuesto a la renta sobre ese patrimonio. "¿Si no tiene nada
que ocultar por qué no abre esas cuentas?", preguntó.
Luego se refirió a Miguel Orellana, secretario privado de Febres
Cordero durante su Gobierno. "En 1987 compró en Miami un
departamento en 140 mil dólares. Y luego se compró una casa en un
millón 200 mil dólares".
Además, apuntó: "Queda demostrado que la cifra de seis millones
de dólares (aceptada por Febres Cordero como su patrimonio) no es
cierta".
Al terminar la parte de su exposición dedicada a denunciar a los
socialcristianos, juró por Dios, con la mano sobre la Biblia, que
accidentalmente fue testigo de una llamada (se supone que de
Febres Cordero) al entonces gobernante panameño Manuel Noriega,
en que le manifestaba que le enviaba un emisario y que "lo que él le
pida será como si lo pido yo".
En algún momento dijo temer por su vida y la de sus hijos por
denunciar lo que estaba denunciando.
En la última parte de su intervención, el ex vicepresidente de la
República se refirió someramente al manejo que hizo de los gastos
reservados y dedicó buena parte de su tiempoa algunas
disquisiciones políticas, éticas y personales que, a momentos,
según las notas de prensa, "adquirieron un tono patético".
Al hablar sobre los gastos reservados, dijo que se han cometido,
por parte de sus detractores, abusos y violaciones contra los
derechos de las personas y del sigilo bancario, aunque al respecto
no aportó nuevos elementos distintos de aquellos que anteriormente
había esgrimido.
Argumentó que no ha habido transferencias de una cuenta a otra
de las abiertas en el Banco del Pacífico. "Esas cuentas no se han
utilizado en beneficio personal ni para obtener créditos en otros
bancos".
Además expresó que, tras las revelaciones contra Febres Cordero
y el Partido Social Cristiano, teme por su vida, la de su mujer y la de
sus hijos. Se declaró perseguido, aunque reafirmó su convicción de
que "era necesario" decirle al país lo que le había dicho.
Reveló también que durante el último conflicto con el Perú, en una
reunión en el Palacio presidencial se explicó a los legisladores la
verdad sobre el costo de la guerra: "ellos aceptaron las cifras y el
tamaño de la brecha fiscal", subrayó. Sin embargo, para que el
informe sobre la brecha se aprobara, algunos legisladores exigieron

37
nuevas partidas, reveló Dahik. "Ni la sangre del Cenepa sirvió para
que no nos chantajearan", dijo en tono dramático.
Luego manifestó que no se puede seguir con un sistema político
como el actual y terminó diciendo que él no guarda odio en su
corazón, "aunque es inconcebible que él sea una víctima expiatoria
de ese sistema".
Dahik también reveló que el Partido Social Cristiano pactó con el
gobierno a cambio de partidas presupuestarias y cargos en las
comisiones del Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, en el
Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal de Garantías
Constitucionales.
A cambio, la administración podría contar con el apoyo del Partido
Social Cristiano, el bloque legislativo con mayor número de
diputados para llevar a cabo sus proyectos.
La exposición de Dahik fue calificada de contundente por diversos
sectores de la opinión pública. Sorprendió por las denuncias.
Provocó la ira del ex presidente Febres Cordero, quien lo llamó
cobarde y cínico. En declaraciones televisivas hechas a Gamavisión,
la misma noche del juicio, León Febres afirmó: "He concluido que
Alberto Dahik o es un cómplice o es un cobarde, porque se quedó
callado. Hasta ahora no había tenido la oportunidad de escuchar a
un tipo de tal cinismo".
Apenas cumplida la primera jornada del juicio político en contra del
vicepresidente de la República, la suerte del acusado estaba
echada.
Dahik sería absuelto, no por su extraordinaria capacidad histriónica
y verbal demostrada en el banquillo, tampoco por la contundencia de
sus testimonios. Simplemente se había confirmado el respaldo del
Partido Roldosista Ecuatoriano, que su líder, Abdalá Bucaram, había
anunciado con antelación, mas los votos de los diputados
independientes.
Sin el apoyo de esos dos bloques, que contenían nueve votos
roldosistas y trece independientes -aunque al final de la contienda
solo serían once- y los ocho del Partido Conservador -que dirige
Alberto Dahik- no era posible alcanzar la suma de votos
indispensables para censurarlo (cincuenta y dos).
Sin embargo, los interpelantes dieron rienda suelta a sus
acusaciones a partir de las 17h50 del martes 3 de octubre.
Fueron seis diputados acusadores. Podemos decir que se trató de
tres legisladores socialcristianos, dos candidatos a la Presidencia y
el hermano de otro "presidenciable".

38
En la segunda jornada del juicio político intervinieron los tres
primeros: Juan José Castelló, del Movimiento Popular Democrático y
luego candidato a la Presidencia de la República; Frank Vargas
Pazzos, también candidato a la primera magistratura de país por el
APRE; y, Santiago Bucaram, hermano de Abdalá Bucaram y
dirigente del PRE, agrupación política que finalmente apoyó a Dahik.
Castelló denunció que el ex vicepresidente cayó en cohecho para
ejercer el poder. Hizo extensiva su acusación contra Sixto Durán
Ballén y pidió al Congreso iniciar un juicio político en su contra. Hizo
también acusaciones en contra de los líderes socialcristianos, para
quienes pidió investigaciones de sus cuentas bancarias.
Por su parte, Vargas Pazzos presentó 33 "pruebas" de la
culpabilidad de Dahik, de índole más bien administrativa y
fundamentadas en un informe de Contraloría. Entre ellas se
destacan partidas presupuestarias entregadas a municipios
presididos por socialcristianos, las declaraciones del periodista Jorge
Vivanco ante la Corte Suprema, pagos indebidos, acusaciones
contra los secretarios de Dahik por el manejo de fondos reservados.
En tanto, Santiago Bucaram fue concordante con la posición de
apoyo al ex vicepresidente, asumida por el líder de su partido,
Abdalá Bucaram. Sostuvo que primero debió darse el juicio penal,
que estableciera la culpabilidad de Dahik, para luego dar paso al
enjuiciamiento político.
A día siguiente tomaron la posta aquellos catalogados de
interpelantes "fuertes". Fueron los diputados socialcristianos Xavier
Neira, Rafael Cuesta y Marco Flores.
Sus acusaciones se dirigieron a responsabilizar a Alberto Dahik de
diversos delitos.
Cuesta denunció que el vicepresidente Alberto Dahik posee una
cuenta cifrada en un banco de Ginebra (Prive de Rothchild), la cual -
dijo- es manejada por el señor Pietro Solari. Dijo Cuesta que a dicha
cuenta no se hacen transferencias directas sino por medio del Banco
Lambert, de Bruselas. Pidió que Dahik dé el número de esa cuenta y
exigió que la abriera.
Además, solicitó que algunos de los amigos más íntimos del
segundo mandatario abrieran las cuentas que tienen en el país o en
el extranjero.
"Si ellos no son testaferros no tienen nada que temer", dijo Cuesta
y citó los nombres de Carlos Gil, Gladys Merchán, Jorge Carrillo,
Roberto Gómez, Luis Rueda, Mario Elgarresta, Franklin Maldonado,

39
Diego Paredes, Hernán Benítez, José Vicente Maldonado, Ana Lucía
Armijos, Mario Ribadeneira, Jacinto Jijón y Hernán Pérez.
En otra parte de su intervención, Cuesta señaló que Dahik es socio
de Matricsa, empresa encargada de fabricar losetas de hormigón,
creada con el objeto de ganar una licitación para la construcción del
terminal terrestre de Guayaquil. Matricsa -dijo Cuesta- estafó a la
ciudadanía porque la deficiente construcción de las losetas produjo
que el terminal esté en trance de destrucción. Expresó que el país no
ha conocido este hecho hasta el momento, "porque el socio de Dahik
en esa empresa es el dueño del diario 'El Universo', Carlos Pérez".
Cuesta se refirió también al patrimonio declarado por el
vicepresidente, que asciende a 600 mil dólares. Su vida de
funcionario público -dijo- merece que explique de dónde proviene
esa fortuna que, además, aseguró que es mayor.
El diputado también señaló que Dahik dispuso que durante el
conflicto bélico del Alto Cenepa (enero-febrero de 1995), se pagaran
100 millones de dólares de intereses de la deuda externa y que,
además, se hizo entregar 4,5 millones de dólares de fondos
reservados, que "no se gastaron en la defensa nacional".
Por su parte, Xavier Neira ocupó su tiempo en desmentir un
cogobierno entre Sixto Durán Ballén y el Partido Social Cristiano.
En cuanto a las denuncias vertidas por Dahik, Neira aseveró que
el contrato entre el Ministerio de Salud y MEDICORP no se ejecutó
durante el régimen de Febres Cordero, y que "por tanto no hay razón
para hablar de una comisión pagada por dicho contrato".
Desmintió también que la empresa Caribe National Rialty
pertenezca a Febres Cordero. Señaló también que el Partido Social
Cristiano solicitó abolir los gastos reservados y la facultad del
Congreso para designar a los jueces.
También comparó el volumen de 19 mil millones de sucres de
gastos reservados del vicepresidente Dahik, con un volumen de 329
millones de sucres de gastos reservados ejecutados durante el
régimen de Febres Cordero.
Neira denunció que mientras el Ministerio de Finanzas entregó a la
Vicepresidencia de la República 19 mil millones de sucres para
gastos reservados, apenas 8 mil millones fueron transferidos a las
dos cuentas de gastos reservados del Banco del Pacífico. "¿Qué
ocurrió con el faltante de 11 mil millones de sucres?", se preguntó el
diputado.

40
Sin embargo, la participación de los interpelantes fue, a voz de
muchos analistas, poco menos que la sombra del discurso del
vicepresidente.
La capacidad argumental de Dahik resaltó en los días de juicio
político y mantuvo a la opinión pública en expectación. Los
resultados, registrados por una encuestadora nacional, destacaban
que 66 por ciento de la población calificaba las declaraciones del ex
vicepresidente de buenas o muy buenas, aunque 78 por ciento de
los encuestados pedía su renuncia y 63 por ciento su destitución.
En los primeros tres días de juicio político se registró uno de los
mayores "ranking" de sintonía televisiva. Cerca de 85 por ciento de
hogares en Quito y Guayaquil tuvo encendido su televisor en la
primer jornada del suceso. Con el paso de los días el interés fue
bajando.
En la contrarréplica Dahik presentó una larga lista de denuncias de
inmoralidades y arbitrariedades que cometió el gabinete
febrescorderista en su gobierno. Sus declaraciones siguieron la
misma tónica con la que se presentó dos días antes, al inicio del
juicio.
A las 07h30 del viernes 6, luego de las discusiones de rigor, que
tardaron más de cuarenta y ocho horas, el Congreso concluyó la
votación de la moción de censura y destitución del vicepresidente de
la República.
El resultado no sorprendió a nadie. La acusación de cohecho
político y de lesión a la dignidad nacional, levantada contra el
vicepresidente de la República por socialcristianos, bucaramistas,
emepedistas y apreístas, no pudo ser sostenida con la misma fuerza
de los argumentos del acusado.
El PRE pagó el favor que recibió del Gobierno y de los diputados
oficialistas, qlos que días antes ayudaron a los roldosistas a
decapitar al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel
Macías Hurtando, quien mantenía vivo un juicio en contra de la
hermana de Abdalá Bucaram, Elsa, ex alcaldesa de Guayaquil quien,
así, se salvó de una acusación de peculado en la compra de carros
recolectores de basura cuando ocupó la Alcaldía.
El resultado final de las votaciones se compuso de nueve votos del
bucaramismo -ocho abstenciones (entre los que estaban los votos de
la Democracia Popular) y uno en contra de la moción de censura-,
once de los trece independientes y ocho del Partido Conservador,
por la absolución del vicepresidente.

41
Veintiún votos del Partido Social Cristiano, ocho del MPD, cinco de
la Izquierda Democrática, dos del APRE, uno de los socialistas, uno
del Frente Radical Alfarista y un independiente, sumaron los treinta y
nueve votos, que estuvieron muy lejos de los cincuenta y dos
necesarios para la censura, conforme lo dispone la Constitución.
Cuatro diputados se ausentaron. A dos de ellos, de la ID, se los
acusó de haber recibido 200 millones de sucres por cabeza para que
no asistieran a la sesión. La ID los expulsó de sus filas.
Dahik salvó el cuello, pero por muy poco tiempo. Cinco días
después fugaría del país en un avión de su propiedad, porque ya
había caído en las redes del juicio penal.

42
7. INTERMEDIO PATETICO
Las cuentas del precandidato presidencial independiente, que
luego confirmaría su candidatura, Ricardo Noboa Bejarano, fueron
sometidas a investigación en el mes de noviembre por el juez del
proceso penal contra Dahik, quien procesó, así, la denuncia de que
la campaña del referido candidato había recibido fondos reservados
de la Vicepresidencia.
Mientras, el contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti,
decidió realizar una serie de reformas al "obsoleto" reglamento de
gastos reservados.
Como ya se mencionó, uno de los principales cambios fue eliminar
la disposición de que la Vicepresidencia de la República manejara
dichos gastos. En las reformas se anotó -porque ya era inevitable-
que "los fondos asignados para gastos reservados o secretos
deberán mantenerse depositados en cuentas especiales y secretas
del Banco Central del Ecuador o sus sucursales".
Y José Iturralde, ex superintendente de Bancos encargado,
denunció que fue objeto de presiones de altas figuras del Gobierno
para obstaculizar el acceso a los microfilmes de los gastos
reservados. Pocos días después, ante el juez, daría los nombres de
quienes, presumiblemente, lo presionaron: los conservadores Ana
Lucía Armijos, presidenta de la Junta Monetaria, y José Vicente
Maldonado, ministro de Industrias; también el ex secretario general
de la Administración, Carlos Larreátegui Nardi.
Pero el aria más sonora en el intermedio sumarial de los meses de
noviembre y diciembre estuvo a cargo del cardenal Bernardino
Echeverría. Él afirmó, el 6 de diciembre, que diversas iglesias
recibieron recursos de los fondos reservados de la Vicepresidencia.
Sus revelaciones provocaron declaraciones de sorpresa por parte de
la jerarquía episcopal, por supuesto en sentido contrario. Y el
presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana insinuó,
públicamente, que Echeverría estaba trastornado por la senectud.

43
Esto, por supuesto, animó el debate nacional hasta que, el 22 de
diciembre, fue el propio Echeverría quien, en confesión judicial,
ratificó que templos parroquiales, capillas, escuelas y otras obras
sociales recibieron fondos reservados. La publicación de la "lista de
Dahik" -semanas más tarde- demostró que no era la senectud lo que
le hacía "cantar" de ese modo al cardenal pues, en efecto, algunas
iglesias recibieron dineros de los gastos reservados.
Pero lo más patético del episodio es que el cardenal también había
dicho otras palabras, meses atrás. Aparecieron publicadas
precisamente en "El Universo", el 25 de agosto de 1995: "El Ecuador
está viviendo momentos de confusión, de oscuridad, de caos. Como
nunca, hemos perdido los valores del respeto a la persona, del
respeto a nosotros mismos y a los demás; juzgamos sin madurez,
acusamos sin responsabilidad, sembramos el odio y así destruimos
la unidad nacional. Es muy doloroso lo que está ocurriendo con la
Segunda Autoridad del Pueblo Ecuatoriano, con el economista
Alberto Dahik Garzozi. Quienes hemos tenido la oportunidad de
tratarlo muy de cerca, hemos tenido el privilegio de apreciar la
profunda fe cristiana que inspira la rectitud de su conducta, la
firmeza de su criterio, la responsabilidad en el desempeño de sus
deberes sociales. Por esto, me ha causado un gran dolor presenciar
la campaña de desprestigio que se ha producido en contra de su
persona, de su honorabilidad, en general de su proceder como
Segundo Mandatario del Pueblo Ecuatoriano. Por lo que estima que
es una obligación solidarizarse con el Segundo Mandatario y
ratificarle los sentimientos de grande afecto y admiración por la altura
con que ha enfrentado todas estas duras pruebas de la vida,
manifestarle así mismo que hoy más que nunca se siente unido a su
persona".
Estas frases emocionadas del cardenal fueron reproducidas, poco
después, el 22 de septiembre de 1995 (también en "El Universo"),
seguidas de 400 firmas, en un remitido que se tituló "El cardenal se
solidariza con el vicepresidente".
El primer nombre de esa lista fue el de Mariana Argudo Chejín, ex
ministra de Bienestar Social del gabinete de Sixto Durán Ballén -
antes, en el Gobierno de Rodrigo Borja, ella había ocupado la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno-. Ese nombre
volvió a aparecer el 29 de enero de 1996, en el décimo quinto lugar
de la lista de presuntos beneficiarios de gastos reservados de la
Vicepresidencia (ver anexos). Junto a él una cifra: 10 millones de

44
sucres... Meses más tarde, el 23 de marzo de 1996, al ex ministra
devolvió el dinero recibido.

45
8. LAS CUENTAS SECRETAS
Según las investigaciones periciales ordenadas por el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, un total de siete cuentas corrientes
en el Banco del Pacífico, tres a nombre de Juan Mario Crespo, dos
a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y
Gladys Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys
Merchán, sirvieron para disponer de los gastos secretos de la
Vicepresidencia de la República entre 1992 y 1995.
Esas cuentas constan en el auto cabeza de proceso penal y, de
acuerdo a una certificación escrita por Luis Rueda, ex secretario de
la Vicepresidencia de la República, todas ellas fueron alimentadas
con fondos del Estado.
Una información publicada por Milton Arroba ("Expreso", 22 de
febrero de 1996), cuya fuente es la documentación del proceso
penal, aseguró que Juan Mario Crespo abrió tres cuentas a su
nombre. Dos de ellas el 27 de agosto de 1992 y la tercera al día
siguiente.
La misma fuente indicó que Gladys Merchán abrió una de sus
cuentas el 28 de agosto del mismo año, 17 días después de que
Dahik llegó a la Vicepresidencia. Casi un año después, Merchán
volvió a abrir otra cuenta, pero esta vez conjunta con Alberto Dahik.
La última fue abierta el 19 de mayo de 1994, conjuntamente por
Merchán y Crespo.
En estas siete cuentas del Banco del Pacífico se depositaron un
total de 9 mil 281 millones 308 mil 837 sucres. De ellas se giraron
cheques por 8 mil 798 millones 634 mil 379 sucres.
CUENTA FECHA TITULAR DEPOSITOS CHEQUES
2598361 28.08.92 Crespo 4.254.270.775 4.158.243.159*
2592495 27.08.92 Crespo 513.437.260 499.821.816*

46
2632939 27.08.92 Crespo 75.4681,78**
2598377 28.08.92 Merchán 4.032.641.720 3.583.410.871
2433729 30.07.92***Merchán 274.504.641 247.508.516
2955423 23.07.93 Merchán
y Dahik 145.754.441 120.445.567
2997843 19.05.94 Merchán
y Crespo****
TOTAL 9.281.308.837 8.789.634.379
* Hasta agosto de 1995
** Cifra en dólares. Los peritos designados por la Corte Suprema de Justicia
aplican l cotización de 2 mil 500 sucres por dólar.
*** Abierta 11 días antes de asumir el cargo de secretaria de la
Vicepresidencia.
**** No registra depósito ni cheques en el informe de los peritos, aunque sí un
saldo promedio de 596 millones 568 mil sucres.
Fuente: diario "Expreso" (22.02.96).

47
9. LA ARITMETICA DEL CONTRALOR
A las cuentas reservadas de la Vicepresidencia, manejadas por
los secretarios de Alberto Dahik, Mario Crespo y Gladys Merchán,
sólo se les hizo un peritaje "aritmético" en la Contraloría General del
Estado..
Esto se estableció solo el 31 de enero de 1996, cuando declaró
ante el presidente de la Corte Superior de Quito el director de
Control de Ingresos Públicos, Rafael Gutiérrez.
Según él, nunca se verificaron los saldos, ni se auditaron, ni se
revisaron justificativos, pues la solicitud del contralor, Juan Carlos
Faidutti, era que se limitara a un examen de los reportes
presentados por Mario Crespo y Gladys Merchán, los cuales solo
contenían cifras globales de ingresos y egresos por un determinado
lapso. Luego se procedía a comprobar si el saldo inicial
correspondía al saldo final del acta anterior.
El perito declaró, respecto a los ingresos por concepto de
intereses sobre saldos en cuentas corrientes y regulación anulación
de cheques, que aquellos sí constaban en los reportes de los
secretarios de Dahik, lo cual, incluso, quedó escrito en el acta del
19 de julio de 1994, que levantó este funcionario y donde se lee:
"valor que se ingresa por regulación anulación de cheque Nº 270
del 1 de julio de 1993, cuenta corriente 2598377 del Banco del
Pacífico."
Sin embargo, el contralor Juan Carlos Faidutti negó
insistentemente conocer sobre la existencia de las cuentas en
bancos privados.
Gutiérrez precisó ante el juez que "la cuenta de gastos reservados
estaba sujeta al juzgamiento del contralor, los demás elementos de
juicios relacionados con las cuentas privadas fueron examinadas
por el señor contralor general del Estado, doctor Juan Carlos
Faidutti".

48
El procedimiento regular del juzgamiento lo describió, ante la
misma instancia judicial, el ex contralor Oswaldo Molestina
(Gobierno de Rodrigo Borja, 1988-1990): "Se iniciaba con la
certificación de los saldos oficiales que informaba el Banco Central
del Ecuador, luego de lo cual comparecían los titulares de los
ministerios y organismos sometidos a control de los gastos
reservados, para proceder a hacer un examen pormenorizado de
dichas cuentas y, luego, proceder a solicitar justificativos
adicionales si así se lo consideraba procedente, una vez que se
estaba conforme con los resultados y estaban conciliados tanto los
ingresos como los egresos. Con la aceptación de las justificaciones
que se habían emitido se procedía a levantar el acta de juzgamiento
de los gastos reservados, conciliando de forma exacta las cuentas
y, una vez que la firmaba el contralor, se entregaba una copia al
declarante y otra quedaba archivada en el Registro de la
Contraloría para, finalmente, proceder a la destrucción de todos los
comprobantes que habían sido presentados para la debida
justificación dentro del período que estaba siendo revisado".
A pesar de estos testimonios, el contralor Juan Carlos Faidutti
insistió en que a él le correspondía únicamente examinar los
recibos y no los cheques.
Su opinión también entró en conflicto con la expresada por el ex
superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, también
sindicado en el caso, quien insistió en que Faidutti debió revisar los
microfilmes de los cheques girados contra las cuentas de gastos
reservados del Banco del Pacífico. Pero para el contralor Faidutti,
los microfilmes de los cheques eran parte de la esfera de acción del
superintendente, mientras que para Muñoz Chávez esos cheques
debían ser revisados por el contralor, "por ser de cuentas
reservadas".
Faidutti finalmente argumentó que él había sido engañado por los
ex asesores de la Vicepresidencia de la República, al momento de
recibir de ellos los justificativos de los gastos reservados. Pero la
defensa de Dahik insistió, una vez más, en que aquél sabía
perfectamente que los gastos reservados se manejaron en cuentas
del Banco del Pacífico y que, además, revisó todos los documentos
que justificaron los pagos.
"El contralor no puede dejarse engañar por ninguna persona, ni
engañar al pueblo ecuatoriano, cualquiera puede ser engañado,
menos el contralor", dijo el abogado Walter Guerrero Vivanco,
pocos días antes de que se cerrara el sumario.

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Las afirmaciones del contralor tuvieron consecuencias procesales.
A partir de ellas, el fiscal Fernando Casares sostuvo que las actas
de juzgamiento de los fondos reservados, de la Contraloría, no
tienen valor dentro del juicio penal, ya que el fue el propio contralor
que admitió que pudo ser engañado durante el proceso de
justificación de esas actas. Su criterio, por supuesto está reñido con
el del defensor de Dahik, Walter Guerrero, y el de Merchán y
Crespo, Rodrigo Bucheli.
Esta discrepancia se insertó en un marco estupendo: una
inspección de diez actas de juzgamiento -efectuada el 7 de marzo
de 1996- demostró que la suma total de las actas aprobadas por el
contralor Faidutti no coincidió con el determinado en el informe
contable de los peritos.
Según esos documentos, los ex secretarios de Dahik, Gladys
Merchán y Juan Mario Crespo, manejaron 17 mil 663 millones 51
mil 716 sucres; pero de acuerdo al peritaje usaron 19 mil 580
millones 500 mil 9 sucres. La diferencia es de 1.917 millones 448
mil 293 sucres. ¿Se despejará esta incógnita? Nadie lo sabe. Lo
cierto es que, como corolario de su polémica actuación, Juan Carlos
Faidutti renunció al cargo de contralor el 11 de marzo de 1996, ante
la inminencia de un juicio político en su contra, en el Congreso
Nacional, por motivos distantes al caso fondos reservados. Y,
después, el 2 de abril, un ausente Faidutti fue censurado y
destituido por el Congreso Nacional.
Al dimitir, Faidutti dejó una extensa carta para el presidente del
Congreso. En ella respondió a las preguntas planteadas del bloque
legislativo de la Izquierda Democrática. Al cargo de haber aceptado
la función de contralor a pesar de haber sido deudor moroso del
IESS, el ex funcionario señaló que su nombramiento emanó del
Congreso, en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución y por
reunir los requisitos específicos del artículo 307 de la Ley de Servicio
Civil y Carrera Administrativa. Además, puntualizó que el Seguro
Social no es parte del fisco.
Acerca de la deuda a la empresa CADASA, de la cual fue gerente,
por el supuesto incumplimiento de un convenio de purga de mora,
con el IESS, argumentó que esa firma contrajo una obligación antes
de su ingreso a ella, pese a lo cual, indicó, "cancelé la obligación que
se me imputó".
Faidutti también rechazó la acusación de haber incurrido en
perjurio al declarar sus bienes, omitiendo mencionar algunos bienes

50
de menor cuantía. "Más tarde amplié mi declaración juramentada",
aseguró en la carta.
A la tercera pregunta, sobre el supuesto pago de cinco mil dólares
por parte de la Cancillería, como cancelación de su menaje cuando
concluyó las funciones de embajador en Canadá, señaló que ese
portafolio le pagó apenas dos mil 500 dólares, "a pesar de haber
justificado un importe de siete mil dólares".
Sobre la base legal que lo llevó a vender una casa de propiedad
del Estado, en Guayaquil, el ex contralor indicó que se trataba de un
bien que no prestaba ningún servicio a la Contraloría, y que la venta
se la hizo mediante concurso público.
También explicó que fue el sub contralor, Jorge Cevallos, quien
dio informes favorables para la realización de dos contratos con la
compañía "MITSUI del Ecuador SA.", de la cual Faidutti -según él
mismo- es accionista en 0.20 por ciento.

51
10. LA LISTA DE DAHIK
El 29 de enero de 1996, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Solórzano Constantine, dictó una providencia por la
cual declaró la nulidad absoluta el decreto reservado Nº 64 del
presidente de la República, Sixto Durán Ballén, con el que se había
impuesto la reserva de los microfilmes y demás documentos de los
gastos reservados de la Vicepresidencia, bajo custodia del propio
Durán Ballén.
Además, el juez incorporó al proceso los informes periciales de
dichas cuentas.
De esa manera hizo públicos un total 287 nombres -de personas
naturales y jurídicas- que recibieron cheques de las cuentas
secretas de la Vicepresidencia de la República, y los involucró en el
juicio penal.
Así se estableció que los depósitos del Ministerio de Finanzas en
la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia de la
República, en el Banco Central del Ecuador, totalizaron 21 mil 527
millones de sucres (luego, la cifra sería precisada con exactitud por
los peritos: 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres).
"Si Dahik, como lo manifestó en cadena nacional de televisión,
manejó un tercio del total de gastos reservados del Gobierno, pues
el secretario de la Administración y la Presidencia de la República
tenían cuentas iguales, el total ascendería aproximadamente a 66
mil millones", escribió el 8 de febrero de 1996 la periodista Patricia
Estupiñán de Burbano, en la revista "Vistazo".
Ella también advirtió: "Una cifra escalofriante, que equivale a casi
dos años del presupuesto total del Ministerio de Relaciones
Exteriores: 35 mil millones en 1995. También lo es si se la compara
con lo que gastaron otros gobiernos de esta etapa democrática en
gastos reservados. La administración Durán Ballén-Dahik habría
gastado 21 millones de dólares frente a 9 millones del quinquenio

52
Roldós-Hurtado; 5,7 de León Febres Cordero y 12 de Rodrigo
Borja".
Al hacerse pública una primera lista de los beneficiados, en base
al informe pericial, se encontraron cantantes, restaurantes, tiendas
exclusivas, asesores políticos, diputados, grupos religiosos y otras
personas particulares.
Los personajes más conocidos que, inmediatamente, llamaron la
atención, fueron Pablo Lucio Paredes (ex secretario del CONADE),
el diputado conservador Freddy Bravo, el diputado conservador
Wilman Costa, el gerente del Banco Central Augusto de la Torre, el
consultor cubano Mario Elgarresta, el ministro de Industrias José
Vicente Maldonado (conservador), el político izquierdista René
Maugé, el ex canciller Diego Paredes, y el ex secretario de
Comunicación Enrique Proaño, entre muchos otros.
Según esa primera lista, 242 personas entre naturales y jurídicas
recibieron cheques en sucres de los fondos reservados de la
Vicepresidencia de la República que eran administrados por los dos
secretarios del ex vicepresidente Alberto Dahik en cuentas del
Banco del Pacífico. El monto total: 8 mil 832 millones 144 mil 102
sucres, en 834 cheques (ver anexos).
Una semana más tarde, el 6 febrero, se reveló una lista adicional
de 29 presuntos beneficiarios de la compra de divisas del Banco de
la Producción con cheques del Banco del Pacífico, de las cuentas
de gastos reservados manejadas por los secretarios Gladys
Merchán y Juan Mario Crespo. Suma un total de 276 mil 964
dólares con 3 centavos (ver anexos).
Sin embargo, el informe consolidado de la cuenta dólares,
realizado por los peritos Lionel López y Washington Pacheco,
conocido el 26 de febrero de 1996, estableció que se compraron
845 mil 564 dólares y, además, 12 mil 738 francos (el presunto
beneficiario de esta divisa es Maurice Roosin).
De acuerdo con los peritos, se realizaron las transacciones en los
bancos De la Producción, De Préstamos, Del Pacífico y la cambista
Casa Paz. Los cheques de dólares llegaron a 44 personas. Los
propios secretarios de Dahik, Juan Mario Crespo y Gladys Merchán
recibieron 208 mil dólares y 558 mil 535 dólares, respectivamente.
Se ratificó que Rodrigo Mera, esposo de la diputada conservadora,
Teresa Minuche, recibió 100 mil dólares; y que se entregaron 68 mil
113 dólares a la firma AFAC Cía. Ltda., de propiedad del ex
vicepresidente Alberto Dahik.

53
Entre otros presuntos beneficiarios de los dólares se mencionaron
también a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (101 mil 240 dólares); el
consultor político (ya mencionado) Mario Elgarresta (8 mil dólares);
la popular cantante Silvana Ibarra (10 mil dólares); el consultor
económico Fidel Jaramillo Buendía (22 mil 588 dólares); la
"University of Miami" (mil 820 dólares).
El 18 de febrero de 1996 el diario "Expreso" hizo pública una
información según la cual los secretarios de Dahik giraron 125
cheques por un total de 384 millones 923 mil 759 sucres, de dos
cuentas no auditadas, con las que, conforme a dicha publicación,
se pagaron "desde diputados hasta supermercados".
Ahora bien, si el total de depósitos del Ministerio de Finanzas en
la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia, en el Banco
Central, fue de 19 mil 580 millones 500 mil nueve sucres, y lo
detectado en las cuentas del Banco del Pacífico suman 9 mil 288
millones 862 mil 497 sucres, existe un saldo sin justificar de 10 mil
291 millones 637 mil 512 sucres: de ellos 1.324 en cheques a
nombre de o endosados por el modesto conserje de la
Vicepresidencia, Luis Andrade, y 8 mil 967 millones 637 mil 512
sucres que se manejaron en contante y sonante.
Además, los peritos informaron que los intereses que ganaron los
fondos reservados en el Banco del Pacífico totalizan 8 mil 305
millones de sucres. ¿Dónde está ese dinero? Por fin, los peritos no
pudieron aclarar cómo se realizaron transacciones bancarias por 3
mil 155 millones 145 mil 704 sucres: se giraron con cheques al
portador, que presumiblemente se hicieron efectivo.
RESUMEN DE LOS GASTOS RESERVADOS DE DAHIK
Agosto de 1992-septiembre de 1995
(en sucres)
Concepto Montos
Total de gastos 19.580'500.009
En actas de Faidutti 17.663'051.716
Diferencia 1.917'448.293
Gastos en cheques 9.288'862.497
Gastos sin respaldo 10.291'637.512
Gastos en cheques al portador 3.155'145.704*
Intereses según Dahik 30'000.000
Intereses según Faidutti 14'967.457
Intereses según los peritos 8'305.000

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Supuestos beneficiarios 287
Justificaron 250
*El dato es de "El Expreso". En "El Comercio" se señaló que no se conocía la
cifra en efectivo
Fuente: Diario "El Comercio" (14.03.96), que cita el informe de los peritos, las
actas de juzgamiento de la contraloría, y los documentos de la defensa de
Alberto Dahik.

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11. UN INCIDENTE PROCESAL
La decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano, de declarar nulo el decreto presidencial reservado Nº 64,
con lo que incorporó al proceso e hizo públicos documentos y
cuentas de los gastos reservados de la Vicepresidencia, fue
criticada de inconstitucional.
Según la Constitución, corresponde al Tribunal Constitucional o al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo la capacidad de declarar
si un decreto es constitucional o no.
Hernán Pérez Loose, consultado por Patricia Estupiñán en
"Vistazo" (Nº 683 de 8 de febrero de 1996), argumentó que "si bien
la Constitución prevé que los jueces pueden suspender la vigencia
de una norma inconstitucional, la misma ley suprema aclara que
esa facultad le está permitida solo a los tribunales de última
instancia, y el presidente de la Corte Suprema no lo es".
No opinó igual el rector de la Universidad de Guayaquil y ex
vicepresidente de la República, León Roldós: "Creo que el
presidente de la Suprema tenía facultad para descartar un decreto
al margen de la Constitución... creo que está haciendo bien a la
justicia", dijo.
Existía un antecedente: Italo Ordóñez (ID) y Diego Delgado (PS),
impugnaron ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) el
decreto reservado. Pero el TGC, como un perro que se muerde la
cola, no podía llegar a conocerlo por la propia calidad secreta del
decreto.
Según "Vistazo", los argumentos que tuvo Solórzano para tomar
una decisión que conmocionó al país y dio un salto en el proceso
penal, fueron: 1. El juez consideró la expedición del decreto
reservado como un incidente procesal, porque impidió el
reconocimiento de la prueba documental depositada en las
bóvedas de seguridad del Banco Central. Lo que, según el juez,
"traduce objetivamente la intención de incidentar el proceso,
estorbando y entorpeciendo el normal desarrollo del sumario,

56
puesto que al calificarla de secreta prohíbe su divulgación a través
de su incorporación a un proceso penal que es público". Y, 2.
Según Solórzano, el decreto reservado no tiene fuerza obligatoria,
debido a la nulidad absoluta y manifiesta que la invalida de pleno
derecho. Según el juez, el decreto vulneró la Constitución y varias
leyes secundarias. En consecuencia, "el decreto ejecutivo llamado
reservado no es más que una episódica y circunstancial
interferencia en el proceso penal, que proviene de una
inconstitucional intromisión del señor presidente de la República en
los asuntos propios de la administración de justicia".

57
12. PODER Y CLIENTELISMO
La publicación de la "lista de Dahik" permitió conocer la profunda
vocación clientelar del ex vicepresidente de la República, Alberto
Dahik, aun cuando su discurso público siempre fue el de un político
moderno, reñido, en teoría, con la corrupción política, sustentado en
firmes bases ideológicas. La publicación también mostró los
evidentes abusos de poder del Partido Conservador, en el Gobierno
de Sixto Durán Ballén.
El grueso de las cifras justificadas de los gastos reservados (no
hay que olvidar que 52 por ciento de lo que entregó a la cuenta de
gastos reservados en el Banco Central no están justificados por la
Vicepresidencia ni comprobados por los peritos designados por la
Corte Suprema de Justicia) se destinaron a compensaciones
salariales de ciertos funcionarios del Gobierno de Sixto Durán
Ballén.
La justificación es que los salarios nominales son
extremadamente bajos para expertos, profesionales y técnicos,
razón por la que sus sueldos deben ser cubiertos con asignaciones
adicionales. La pregunta es, ¿por qué esas asignaciones salieron
de fondos reservados y no de otras fuentes presupuestarios?
Además, estos fondos fueron manejados con un criterio laxo:
ayudas a actrices para actividades en el exterior, apoyo para la
atención de la salud del esposo de una ex diputada conservadora,
viáticos para los negociadores de la deuda externa, adquisición de
muebles, pago de hoteles y pasajes aéreos nacionales e
internacionales, publicidad, rastreo de información, propaganda
política, apoyo a judocas de la provincia del Guayas, compra de
libros, ayudas a iglesias, financiamiento para exposiciones florales y
para reuniones gremiales de choferes. Podríamos decir que se
usaron para todo lo imaginable: ayudas a ex funcionarios del
Gobierno para tratamientos médicos, a diputados próximos al
régimen, pagos de tarjetas de crédito, adquisición de combustible,

58
licores y alimentos, sondeos de opinión y estudios técnicos,
elaboración de esculturas bajo pedido y adquisición de obras de
arte, etc.
En otro importante momento de este melodrama, los familiares de
Alberto Dahik dijeron públicamente, luego de difundirse la lista de
presuntos beneficiarios, que se demostraba que el ex vicepresidente
no usó dineros del Estado para beneficiarse personalmente: su
nombre no aparecía en la lista. Esa es una cuestión -la de ausencia
de beneficio personal- que el propio Dahik hizo notar en una reunión
con periodistas del diario "Hoy", en pleno escándalo, el 11 de
septiembre de 1995. Y que siguió destacándola luego del 1 de abril
de 1996, en que recibió el amparo de Costa Rica como asilado
político.
Pero mientras no se aclaren las cuentas fehacientemente (lo cual
luce imposible), las suspicacias seguirán viviendo, a pesar de las
manifestaciones perfectamente explicables de la familia Dahik y del
ex vicepresidente.
No vamos a olvidar que, al desatarse el bochorno de los gastos
reservados, mucho se habló de la casa de habitación de Dahik en la
urbanización Biblos, en Guayaquil. Y, se dijo y se repitió y se
comprobó que el constructor -ConBaquerizo Cía. Ltda.- recibió
depósitos en efectivo.
Ya en los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1995
se acusó públicamente al vicepresidente de que, además de haber
depositado 270 millones 722 mil 837 sucres contantes y sonantes en
la cuenta 50099160 de la firma constructora en el Banco Amazonas,
hizo otros depósitos hasta llegar a un total de 771 millones 959 mil
587 sucres. Se exhibieron cheques del Banco del Pacífico, girados a
favor de ConBaquerizo, de una cuenta compartida por el propio
Alberto Dahik y su secretaria Gladys Merchán.
Estos cheques fueron identificados, luego, en febrero de 1996,
como parte de una cuenta "escondida" que había eludido la acción
pericial dispuesta por Carlos Solórzano y que, a la sazón, estaba en
"etapa preprocesal". Ese calificativo de "escondida" fue usado por el
diario "Expreso" del 17 de ese mes. Es la cuenta 2955423, cuyos
titulares son (o fueron) Alberto Dahik y Gladys Merchán.
De esa cuenta sus titulares giraron 52 cheques, pero 30 de ellos
están ilegibles: se presume que los microfilmes fueron velados o
alterados de alguna manera intencional. Pero, sin embargo, entre los
legibles aparece como beneficiaria la constructora ConBaquerizo.

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Con cheque del mismo libretín también se pagaron -entre otras
cosas- cuentas de tarjetas de crédito: Cash, 9 millones 327 mil
sucres; Magna, 2 millones 86 mil; Filancard, un millón 618 mil 910;
Visa B.G., 5 millones 218 mil 687; y, Diners, 900 mil sucres. Una
segunda cuenta de estas (2592495), a nombre de Juan Mario
Crespo, sirvió para que él, según el Partido Social Cristiano, hiciera
pagos para su vivienda y para tarjetas de crédito, igualmente.
En lo que tenía que ver con su persona, la explicación del ex
vicepresidente fue que el dinero en efectivo -el de las bolsas de
papel- provenía de un negocio que compartía con su primo,
Alejandro Dahik, en La Libertad. Lo que es ilógico, y se lo manifestó
en su oportunidad, era que desde tan lejos se trajeran bolsas de
billetes -30 millones de sucres cada mes-, en vez de usar los
modernos sistemas que dispone la red bancaria nacional para hacer
giros entre distintas ciudades.
La hielera no ha sido investigada en profundidad. Solo se supo que
en 1992 soportó problemas financieros y judiciales. Tanta plata en
efectivo, que no deja rastro, permite mantener la duda: ¿Levantó
Dahik su casa con plata de los fondos reservados? ¿Usó para ello
parte de los 10 mil 291 millones y pico, que, según parece, nadie
nunca justificará? ¿Qué más hizo con esos sucres?
De cualquier modo que haya sido, la mayoría de los presuntos
beneficiarios de la generosidad de Dahik dijo que no conoció de
dónde provenían los dineros ni tenía por qué saberlo. Todos
suponían la legalidad de procedimientos del segundo mandatario.
La lista, en toda su extensión, consta en los anexos de este
informe. Sin embargo, a modo de ilustración, se desmenuzan seis
casos:
1. LA HACIENDA CHILLO JIJON: Los gastos reservados de la
Vicepresidencia de la República sirvieron, entre otras cosas, para
hacer mejoras a la hacienda Chillo Jijón, ubicada en el Valle de los
Chillos, y lugar de descanso del ex vicepresidente Alberto Dahik.
Varias de las personas, cuyos nombres constan en la lista de los
beneficiarios de los gastos reservados de la Vicepresidencia, por
llamado de Carlos Solórzano acudieron a la Corte Suprema de
Justicia para presentar los justificativos de por qué recibieron el
dinero.
Uno de ellos, Wilson Velásquez, secretario de la empresa
Eléctrica Quito, precisó que los 7 millones 896 mil sucres, que
recibió la empresa, correspondieron a un pago por concepto de un
estudio de transmisión eléctrica en la hacienda Chillo Jijón. De igual

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manera, Franklin Canelos dijo que recibió un millón 245 mil sucres
por el mejoramiento de la cancha de tenis de la casa descanso de
Dahik.
2. LA CAMPAÑA SUCIA: La publicación de la "lista de Dahik"
permitió confirmar que con gastos reservados de la Vicepresidencia
de la República se financió la campaña de un llamado Comité de
Información y Contacto Externo (CICE) contra los partidos políticos
y el Congreso, que se difundió en diversos medios, pero
especialmente en televisión, antes de la consulta popular del 28 de
agosto de 1994. Parte de esos fondos también se usaron en la
campaña del Partido Conservador para renovar diputados el 1 de
mayo de ese año.
La confirmación la realizó Horacio Chavarría, gerente de la
agencia de publicidad Veritas que, en un primer momento, admitió
haber recibido alrededor de 663 millones de sucres de la
Vicepresidencia de la República, a veces bajo el membrete del
CICE, para producir y difundir la campaña de la Consulta Popular
de 1994.
Sin embargo, ante el juez y luego -seguramente- de haber hecho
bien las cuentas, el 26 de febrero de 1996, Chavarría precisó haber
recibido dos cheques de 250 millones de sucres cada uno, y no
cuatro por un total de 660 millones. La pregunta que queda es:
¿dónde están los 160 millones restantes? ¿Qué se hizo con ellos?
Chavarría, al igual que otros supuestos beneficiarios, dijo que no
sabía que esos cheque provenían de la cuenta de gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República, "que se nos
entregaron para cancelar las planillas de los diferentes medios de
comunicación".
Ya en octubre de 1994, el diario "Hoy" había revelado que el CICE
jamás tuvo una cuenta bancaria y que los fondos para financiar la
campaña provenían, según se presumió, de los gastos reservados
de la Presidencia y de la Vicepresidencia.
Estos gastos, según la información que publicó el suplemento
"Blanco y Negro", había crecido en 1994 un 385 por ciento en
relación a 1993. Añadido este crecimiento a los montos de las
cuentas denominadas "Inversiones y aportaciones especiales el
Estado" y "Asignación Global", sumaban la cantidad de 161 mil
millones de sucres.
La mayor parte de estos recursos, según una denuncia
presentada por el entonces director de la Izquierda Democrática,
Jorge Gallardo, habían sido destinados a financiar la campaña

61
electoral de los actuales diputados conservadores y, más adelante,
la campaña del CICE.
El 18 de octubre de 1994, el entonces ministro de Gobierno,
Marcelo Santos, se negó a emitir comentario alguno. "Sobre gastos
reservados, de acuerdo con las regulaciones y las normas vigentes,
quienes manejamos gastos reservados respondemos única y
exclusivamente ante el contralor general del Estado", declaró en
esa oportunidad.
El CICE, según la información oficial, era un organismo privado
financiado por los directivos de las Cámaras de la Producción, lo
cual fue oportunamente desmentido por los gremios empresariales.
Se conformó, entonces, una comisión especial en el Congreso,
presidida por el socialcristiano Rafael Cuesta, para investigar qué
era, cómo, cuándo y de dónde provenían los fondos del CICE.
Entonces, Víctor Manuel Peñaherrera, quien aparecía como
presidente del CICE, aseguró que las Cámaras de la Producción
financiaban la campaña (incluso cuando ya lo habían desmentido).
Pero no pudo establecer de dónde provenían los fondos. Ocultó
información sobre los costos de la campaña, y dijo que ni siquiera
conocía el presupuesto de la entidad que presidía y aseguró que
las cuentas estaban a nombre del CICE (aun cuando la
Superintendencia de Bancos ya había señalado que no existía en
ningún banco del país una cuenta corriente a nombre de esa
institución).
Fue cuando Rafael Cuesta (quien después, con Xavier Neira,
presentó ante la Corte Suprema de Justicia la denuncia sobre los
gastos reservados de la Vicepresidencia de la República) estableció
que "si bien es imposible comprobar el destino de los fondos
reservados, resulta sumamente extraño que las fechas de la
campaña publicitaria firmada por el CICE coincide con las
transferencias del Ministerio de Finanzas de las cuentas
especiales."
3. UNA PELEA PERDIDA: La "lista de Dahik" reveló que se
usaron gastos reservado para financiar un encuentro boxístico del
peleador ecuatoriano Segundo Mercado con el norteamericano
Bernard Hopkins, en diciembre de 1994. El espectáculo estuvo
"garantizado" por el conocido empresario estadounidense Don King
y, por si fuera poco, condimentado con la presencia del ex campeón
mundial Mohamed Alí -ya lamentablemente afectado por el mal del
Alsenheimer- en Quito.

62
Como dato anecdótico hay que recordar que Don King no
consignó los impuestos en el Ministerio de Finanzas sobre lo que
obtuvo de la taquilla y de su contrato. Se le permitió salir del país
con su promesa de liquidarlos en la pelea de revancha, que se la
realizaría en Quito. El desquite se dio en abril de 1995, solo que en
la ciudad de Nueva York: allí volvió a perder el púgil ecuatoriano y
también el Estado, que vio producirse una evasión tributaria bajo
sus propias barbas.
En febrero de 1996, Flérida Alicia de Mercado, esposa del
boxeador, dijo en la Corte Suprema de Justicia que Segundo
Mercado no recibió ni endosó el cheque por 22 millones de sucres
de la cuenta de gastos reservados manejada por Juan Mario
Crespo, secretario personal de Alberto Dahik, como apareció en la
lista. Señaló que el dinero fue directamente a la cuenta de Marco
Aguirre, el promotor y empresario de la pelea.
Marco Aguirre aseguró, en el diario "Hoy", que Mercado endosó
el cheque y que éste fue depositado en una cuenta abierta en
Filanbanco con ese valor y denominada "Marco Aguirre-
Campeonato Mundial de Box".
Aguirre presentó una copia del cheque con una firma y el número
de cédula del boxeador. Afirmó también que invirtió 100 mil dólares
en peleas preliminares para la preparación de Mercado y que
durante ese tiempo la manutención del púgil y su familia corrió de
su cuenta.
Aguirre aseguró que fue el propio Alberto Dahik, "interesado por la
promoción del país", quien le invitó a ser el promotor de la pelea
entre Mercado y Hopkins.
Según Aguirre, el diputado conservador Leonardo Escobar sirvió
de enlace entre él y Dahik, y el director de DINADER, Miguel
Nasser, estuvo directamente encargado del apoyo oficial al evento.
Además, ambos estuvieron presentes en la entrega del cheque.
En compañía de Leonardo Escobar y de Miguel Nasser, Aguirre
realizó varios viajes y contactos internacionales para organizar la
pelea. En su informe a Dahik el propio Aguirre aseguró que el
aporte de DINADER, que es como le llegó el dinero de gastos
reservados, fue utilizado para pagar los hoteles de un viaje de
promoción a México.
El empresario afirmó que en julio de 1995 habló con Dahik, quien
le ofreció que el Estado asumiría las deudas de la pelea perdida.
Aguirre añadió que nunca supo que el cheque de Juan Mario
Crespo fue de gastos reservados y que no recibió más dinero del

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Gobierno. Sin embargo, mencionó que "le llamó la atención" que no
fuera un cheque del Banco Central.
5. TRANSPARENCIA INTERNACIONAL: "Gracias al
vicepresidente Alberto Dahik, Ecuador fue el primer país que
implantó el pacto anti soborno concebido por la organización", dijo
Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional, el 1 de
septiembre de 1995, cuando anunció que el vicepresidente del
Ecuador había sido removido de la organización internacional de
lucha contra la corrupción.
Para esa fecha, Dahik estaba ya enfrentando los momentos más
altos del escándalo público por el supuesto mal uso de los fondos
reservados de la Vicepresidencia de la República: el 26 de
septiembre cuarenta y dos legisladores cumplieron con los
requisitos reglamentarios para instaurar el juicio político, y el 27 el
presidente del Congreso, Fabián Alarcón, llamó a Dahik a
comparecer en una audiencia para la tarde del 2 de octubre.
De modo que siempre quedará abierta la posibilidad de que la
remoción de Alberto Dahik de la Presidencia Consultiva de
Transparencia Internacional, estuvo directamente vinculada con los
acontecimientos que sucedían en el Ecuador.
Peter Eigen, quien según los peritos que revisaron los microfilmes
de los gastos reservados, recibió dos cheques de 10 mil dólares
adquiridos con correspondientes de la cuenta del Banco del
Pacífico que giraba la secretaria Gladys Merchán, anunció que
Dahik sería sustituido por Olusegun Obasanjo, ex presidente de
Nigeria, a la fecha en prisión. Su elección fue decidida por el
Consejo Consultivo de Transparencia Internacional, cuya sede está
en Berlín.
Alberto Dahik presidió Transparencia Internacional desde la fecha
de su fundación, en mayo de 1993.
Otros miembros del Consejo Consultivo son los ex presidentes
Oscar Arias, de Costa Rica; Richard von Weizsaecker, de
Alemania; y, Amadú Tumani Ture, de Mali. También lo es el
vicepresidente de Botswana, Festus Mogae.
Transparencia Internacional es una organización multinacional no
gubernamental, incorporada como una entidad sin fines de lucro por
las leyes de Alemania. Uno de sus objetivos es construir una
coalición internacional de países desarrollados y en vías de
desarrollo, con el apoyo de lo que denomina "capítulos nacionales"
en diferentes países.

64
"Transparencia Internacional se opone a la corrupción en
transacciones internacionales de negocios y está lista para
colaborar con todos aquellos que compartan sus objetivos", señaló
un documento divulgado por la propia organización en 1994. Lo
paradójico de la situación es que una organización como
Transparencia Internacional recibía financiamiento de dineros del
Estado ecuatoriano, cuyo uso esta restringido a otros fines. Es
decir, el dinero provenía de una situación de abuso del poder, de
uso "alegre" de los dineros públicos, de un procedimiento corrupto
en las más alta esferas gubernamentales del Ecuador.
La revista "Vistazo", del 8 de febrero confirmó, además, que 15
millones 243 mil 720 sucres, que se pagaron a la Hostería La
Mirage, fueron destinados a cubrir los costos de la convención de
Transparencia Internacional en ese lugar.
El "contacto" de Transparencia Internacional en el Ecuador es
Valeria Merino, pero no su vocero o representante oficial, según
precisó. Ella dijo al autor de este informe que la entrega de 10 mil
dólares al presidente del Directorio de esa Organización, Peter
Eigen, posiblemente se debía a una contribución del Gobierno del
Ecuador al organismo anti corrupción -cuando hizo estas
declaraciones por vía telefónica, el 6 de febrero de 1996, solo se
conocía que un primer cheque de 10 mil dólares había sido
entregado a Transparencia Internacional; la noticia del segundo
cheque fue revelada por los peritos el 21 de febrero-.
Según la información recibida de los peritos por el presidente de la
Corte Suprema de Justicia, esos 10 mil dólares fueron transferidos
a la cuenta Nº 0219094-, del Bank Food Staff Federal, en
Washington D.C.
Valeria Merino explicó que no había ninguna razón para que
Eigen o cualquier otro miembro de Transparencia Internacional
pudieran conocer que esos fondos provenían de la cuenta de
gastos secretos de la Vicepresidencia que, conforme a la ley, lo
repetimos una vez más, solo podían ser destinados al
mantenimiento de la paz pública o a la defensa de la seguridad
interna y/o externa del Estado.
Peter Eigen hizo públicas las cuentas de banco que muestran
esos depósitos. "El pago que recibimos del ex vicepresidente fue
una contribución", ratificó al diario "Hoy" a través del teléfono,
desde Berlín. Eigen mostró preocupación por el hecho de que, a
raíz de esto, se pudiera insinuar que la organización que él preside
hubiese actuado de manera irregular.

65
Según Eigen, Alberto Dahik anunció en la reunión anual de
Transparencia Internacional en Quito, en marzo de 1994, que el
Gobierno de Sixto Durán Ballén haría una contribución de 10 mil
dólares. "El dinero fue utilizado en las gestiones regulares de
Transparencia", precisó Eigen. "Nosotros siempre reconocimos
públicamente que el Gobierno ecuatoriano hizo ese pago de 10 mil
dólares, dijo, mencionando que la contribución consta en el Informe
Anual 1994 de su organización.
Sobre el hecho de que la estadía también fue sufragada con
fondos reservados del Gobierno ecuatoriano, Eigen dijo que él no
tenía ninguna razón para cuestionar "la hospitalidad" de Dahik.
"Si esto no es legal, entonces por supuesto que vamos a aceptar
el mandato de la Corte Suprema y devolveremos el dinero.
Nosotros aceptamos el dinero de buena fe ya que la donación fue
pública", dijo.
6. EL NEGOCIO DE LA FAMILIA.- Las siglas SAID aparecieron
entre los beneficiarios de la "lista de Dahik", con tres millones 500
mil sucres. ¿Qué es SAID? Según una certificación de la
superintendencia de Bancos, son las siglas de "Sociedad Anónima
Importadora Dahik". SAID se constituyó mediante escritura pública
otorgada en la Notaría Segunda del cantón Guayaquil, el 16 de
agosto de 1963. Su vigencia legal expirará el 16 de agosto del
2013. Según el balance de 1994, en la nómina de accionistas
aparecen Alberto Dahik Safadi (gerente), Eduardo Dahik Safadi,
Alberto Dahik Garzozi, Ricardo Dahik Garzozi y María E. Dahik
Garzozi. Cada uno tiene acciones por dos millones de sucres.
El defensor de Dahik -el ex presidente de la Corte Suprema
Walter Guerrero Vivanco- no negó que SAID recibió esa suma. Pero
explicó -6 de marzo de 1996- que usó ese dinero para comprar
casimires destinados a 25 policías de Guayaquil, quienes
componían la guardia del ex vicepresidente, y que se los
entregaron en la Navidad de 1994. "Se adquirieron en esa empresa
por agilidad y facilidad. Se pensó que hacer un trámite para
adquisición en otra casa comercial (no dijo cuál) tenía sus
problemas por falta de agilidad", fue el argumento que se publicó en
los periódicos.

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13. LA OPINION PUBLICA
Los medios de comunicación del Ecuador, y diversas
organizaciones sociales, jugaron un importante papel para que los
presuntos delitos cometidos en el manejo de los fondos reservados
de la Vicepresidencia de la República fuesen puestos en evidencia
y sometidos a lo procesos político y penal.
Además de la información cotidiana acerca de los pormenores del
caso, los medios fueron articulando una opinión ciudadana crítica
que, a la larga, imposibilitó que la verdad se esfumara en arreglos
de personajes "notables" y que se mantuviera en reserva, bajo la
protección tutelar del presidente de la República, Sixto Durán
Ballén, en una inexpugnable bóveda del Banco Central del Ecuador.
La clave explicativa del escándalo fue buscada en el enorme
poder de hecho conferido por el presidente Durán Ballén al
vicepresidente Dahik, no solo en el manejo de la economía
nacional, sino en el de las relaciones del Gobierno con las demás
funciones públicas.
De otro modo no se entiende cómo el Ministerio de Finanzas le
entregó cifras tan altas a título de esos fondos y que, incluso, el
contralor Faidutti fue tan permisivo.
A propósito volvamos a recordar que, según "Vistazo", la
administración Durán Ballén-Dahik habría gastado un total de 21
millones de dólares en fondos reservados, mucho más que las
administraciones que la precedieron.
El inusitado poder político de Dahik le llevó, muy posiblemente, a
usar dinero de cuentas reservadas para comprar mayorías en el
Congreso que le permitieran impulsar allí, por ejemplo, la Ley de
Modernización y la de Reforma Tributaria que permitió la
privatización de las aduanas, la aprobación de la Ley de EMETEL,
la reforma a la Ley de Hidrocarburos para conseguir la ampliación
del sistema del oleoducto transecuatoriano.

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¿Sujeto activo de corrupción o víctima del chantaje de los
diputados que lo tenían como rehén en el proceso de
modernización? Algunos medios no dejaron de apuntar este tema,
por la sui géneris correlación de fuerzas políticas que condujeron a
afirmar que se suscribió un "contrato colectivo" con el mayor partido
de la oposición, precisamente el Partido Social Cristiano que, así,
obtuvo grandes asignaciones presupuestarias para los gobiernos
seccionales sometidos a su control.
"El vicepresidente ha jugado un papel relevante en el Gobierno...
el modelo económico que impulsó ha contribuido a la estabilidad y
confianza... tras una Vicepresidencia poderosa, (Dahik) tiene ahora
que responder a una serie de acusaciones y jugar a su futuro. El
país necesita normalidad", dijo "El Comercio".
Mientras empezaba a desenvolverse el escándalo, ya surgió en
medios de prensa la hipótesis de que el origen de la crisis política e
institucional se reducía al enfrentamiento entre el ex presidente
socialcristiano León Febres Cordero y el vicepresidente
conservador Alberto Dahik.
Igualmente se debatió acerca de la existencia y sentido de los
gastos reservados. Rápidamente se conformó un consenso en
torno a la necesidad de revisar la ley de gastos reservados y los
reglamentos, más allá de los ecos del escándalo.
Esta opinión fue compartida por varios editorialistas, entre ellos
Roque Espinosa ("Hoy") que, en su editorial del 22 de agosto de
1995, sostuvo: "después del escándalo de la Vicepresidencia, la
existencia de fondos reservados ha quedado cuestionada... porque
toda clase de 'enjuages y chanchullos', toda clase de cosas turbias
e, incluso, siniestras, pueden justificarse y de hecho se han
justificado por este mecanismo. No existe nada más peligroso que
disponer de carta blanca para hacer cosas que aparecen como
oscuras en la medida que están asociadas a la 'reserva' y al
'secreto' especialmente, cuando se disponen de recursos
ilimitados".
"El Comercio" opinó: "además de los procesos en contra de Dahik,
se hace necesario regular adecuadamente los gasto reservados."
Ernesto Albán, también de "Hoy", cuestionó la conveniencia de los
fondos reservados. "¿Existen o no gastos, indispensables para el
mantenimiento del orden público y de la estabilidad política, que no
podrían realizarse ni justificarse a través del manejo ordinario del
presupuesto del Estado y dentro de las partidas previstas en el

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mismo y que requieren por tanto de un tratamiento excepcional?
¿Qué clase de gastos podrían pertenecer a esta categoría?"
La opinión pública se consolidó, también, alrededor de la
necesidad de contar con evidencias concretas, con los nombres de
los supuestos beneficiarios de los gastos reservados y los
responsables de supuestos delitos en su manejo.
Ya el 21 de agosto de 1995, el constitucionalista Julio César
Trujillo planteaba la necesidad urgente de que el vicepresidente de
la República y el contralor general del Estado rindieran cuentas ante
el país sobre el destino que tuvieron los gastos reservados de la
Vicepresidencia. Trujillo se sumó a la corriente que exigía ir hasta el
fondo del asunto.
"El vicepresidente de la República, el presidente de la Corte
Suprema de Justicia y el contralor general del Estado están
obligados a revelar los nombres de las personas que han sido
beneficiadas con este dinero", dijo.
Del mismo modo, todos los comentaristas consideraron poco
menos que "obvio" que el vicepresidente estaba impedido de
manejar los gastos reservados a través de chequeras otorgadas por
bancos privados.
A propósito, Julio César Trujillo expresó: "Sin embargo, 'en el
supuesto' de que alguna norma jurídica reconociese alguna facultad
al vicepresidente para el manejo de gastos reservados, debieron
haber sido manejados por él en cuentas bancarias a nombre de la
Vicepresidencia o del CONADE. Dahik permitió que los fondos
públicos se conviertan en privados al haberlos colocado en las
cuentas personales de sus secretarios".
Y para todos fue claro que el Partido Conservador participó del
manejo alegre de los fondos. "Deben ser muy pocos los
ecuatorianos que aún duden respecto del hecho de que los 'gastos
reservados' fueron utilizados por el grupo conservador para
financiar al partido y a sus dirigentes", editorializó "El Comercio".
La reacción de indignación que ocasionó el conocimiento de los
pormenores del uso de los fondos reservados de la
Vicepresidencia, produjo un espontáneo agrupamiento de
expresiones inorgánicas de la llamada "sociedad civil" identificadas
por su repudio a la corrupción. La más importante de ellas es el
movimiento anticorrupción "Manos Limpias", que se formó en Quito.
"Manos Limpias" recogió el repudio generalizado: "no hay plata
para la salud, no hay plata para la educación, pero hay plata para el

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cohecho, para permitir la gobernabilidad del país a través de los
gastos reservados".
Humberto Vacas Gómez editorializó el 2 de septiembre en "El
Comercio": "Durante los tormentoso días que ha vivido y vive el
país por consecuencia de los escándalos producidos en el tema de
los gastos reservados se ha generado una corriente monotemática
altamente generalizada: en las plazas y en las calles, en las casa y
en las oficinas se habla, desde los más diversos ángulos, del mismo
asunto"
Además, como era de esperarse, el problema fue asumido desde
un plano moral. El arzobispo de Cuenca, Luis Alberto Luna Tobar,
editorialista de "Hoy", en su artículo del 19 de agosto, fue duro en
sus conceptos: "Las consignas reservadas, los gastos reservados
constituyen signos de inequívoca degradación moral, en el orden
social, político, económico y hasta religioso; sobre todo en lo
religioso..." Añadió: "La reserva en el ejercicio del poder es la
descalificación moral más grave que el poder se hace a sí mismo",
dijo.
También produjo polémica la decisión del presidente Sixto Durán
Ballén de autoasignarse la custodia exclusiva de la documentación
y microfilmes de los gastos reservados de la Vicepresidencia.
Muchos no dudaron en decir que, por esa decisión, el propio Durán
Ballén debía ser sindicado por obstruir el funcionamiento de la
justicia
La decisión del presidente de la República fue rechazada de modo
unánime por la oposición. El candidato socialcristiano a la
Presidencia, Jaime Nebot, dijo que "con esta acción el presidente
de la República, Sixto Durán Ballén se ha convertido en el
cancerbero del delito. Se quiere interferir con la justicia y eso es
absolutamente deshonesto e injurídico".
Por su parte, el candidato presidencial independiente, Jacinto
Velázquez, dijo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia
debía sindicar a Sixto Durán Ballén, "a quien han hecho firmar un
irracional y disparatado decreto, que lo conducirá a la cárcel si no
rectifica a tiempo". "Es una lástima que a este hombre bueno la
naturaleza no lo haya dotado de carácter", señaló Velázquez en
tono compasivo.
Y el candidato presidencial de la Democracia Popular (DP),
Rodrigo Paz: "El presidente de la República ha cometido un error
que ojalá lo rectifique, y pronto".

70
Luego, a raíz de las declaraciones del cardenal Bernardino
Echeverría, quien admitió que la Iglesia fue receptora de dinero
proveniente de los gastos reservados, las opiniones fueron de este
tono: "Sería muy lamentable que la Iglesia ecuatoriana, que ha
mantenido un liderazgo dentro del país, esté involucrada de alguna
manera, aunque sea indirectamente, en este tema tan penoso de
los gastos reservados. En el supuesto de que se comprobase que
la Iglesia ha recibido esas asignaciones, se debería aplicar el
mismo procedimiento que se ejecutó en el caso de la fallida venta
de radio 'Democracia', es decir, que se devuelvan esos dineros"
("Hoy").
También la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores
(UNE): "La Iglesia Católica del Ecuador está moralmente
comprometida a demostrar en qué y cómo usó los gastos
reservados recibidos del ex vicepresidente Alberto Dahik".
Y sectores cristianos de base en Quito y organizaciones de
derechos humanos: "Es un deber moral -para quien lo haya hecho-
restituir los fondos recibidos."
Asimismo: "El abusivo manejo de los fondos reservados salta a la
vista. Parecería que la obsesión privatizadora del por entonces
todopoderoso vicepresidente Dahik se anticipó como en arca propia
en las cuentas del escándalo. Las donaciones a las iglesias
pudieron ser incluso para obras de beneficencia. No pocos hábitos
religiosos se regocijarían con la generosidad del vicepresidente que
permitía concluir la obra parroquial. Pero esa munificente limosna
no era de sus bolsillos, y pertenecía a unos dineros que por ley
debían tener otros destinos. Limosna con dinero ajeno más tiene de
atraco que de obra pía". La opinión fue de Diego Araujo Sánchez, el
6 de diciembre de 1995, en "Hoy".
Al conocerse el pedido de renuncia de Dahik, formulada por el
presidente Durán Ballén en el umbral del juicio político en el
Congreso, "El Comercio" comentó: "El vicepresidente mantiene la
posibilidad de defenderse política y judicialmente. La decisión
presidencial de pedirle la renuncia pesa en un momento tan crucial,
pero no desentona con el marco democrático. La caída por
sorprendente que sea, de una figura, viene a ser parte de la
posibilidad de juzgar y separar aún a los más altos mandatarios".
Es decir, a inicios de octubre de 1995, era ya "inevitable" el
abandono de la Vicepresidencia de la República por parte de
Alberto Dahik, como parte de una solución extrema a la crisis
política. La situación fue tan dramática, que algunas

71
manifestaciones recesivas de la economía, según los agentes
económicos, fueron ahondados por el escándalo de los gastos
reservados.
"La virtual caída del vicepresidente Alberto Dahik -tras la orden de
prisión preventiva- presenta clara relación con el anhelo nacional de
una inequívoca transparencia en la conducción del país", dijo "El
Comercio" el mismo día en que el vicepresidente fugó hacia Costa
Rica.
Luego de la fuga de Alberto Dahik, ya era natural para ese
periódico admitir que "la renuncia del vicepresidente cierra un ciclo
de profunda inquietud interna... corresponde esperar que el
desenlace contribuya a la normalización nacional".
Los medios de comunicación nunca dejaron de expresar su
preocupación por las resonancias internacionales, negativas para el
Ecuador, que provocó el escándalo a lo largo de la segunda mitad
de 1995: "En el exterior: la impresión de que es un caso de
corrupción en que encuentra implicada la cúpula del gobierno. En el
interior: la impresión de que lo único que se pretende es esconder
los gastos reservados. De fondo, lo único que parece ser el destino
de este melodrama es averiguar y calificar los candidatos a la
Presidencia para 1996, como partidarios o no de los supuesto
hechos de corrupción." ("El Comercio").
Es importante, igualmente, destacar la unanimidad de la opinión
pública en torno al juez de la causa, el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine.
El movimiento ciudadano "Manos Limpias" expresó su total apoyo
a las medidas tomadas por la Corte Suprema de Justicia en relación
a la orden de prisión preventiva para Alberto Dahik. Destacó el
ejercicio independiente de la justicia, y pidió "declarar
inconstitucional el decreto del presidente de la República, que
obstaculiza la labor de los magistrados (el decreto ejecutivo Nº 64").
En general, la opinión pública apoyó su gestión; tanto que varios
medios de comunicación declararon al presidente de la Corte
Suprema de Justicia el "personaje del año". ¿Las razón? "Haber
sido el primero en enfrentar con dureza a los corruptos y ser uno de
los pocos que todavía no está involucrado en ningún escándalo de
corrupción"; "haber insistido en el tema de los microfilmes y la
independencia de la justicia frente al ejecutivo"; "haber logrado
crear otra imagen de la justicia, frente al deterioro general del sector
público".

72
14. LA TEORIA DE LA VENGANZA
Siempre se dijo que una "compleja trama" envolvió al ex
vicepresidente Alberto Dahik entre los meses de junio y octubre de
1995, quizás los más dramáticos de su existencia.
Esa trama contenía episodios sorprendentes, que iban desde las
propias revelaciones del ex vicepresidente a un grupo selecto de
periodistas -el 5 de junio-, en el sentido de que ciertos diputados y
magistrados cobraron por aprobar leyes y dictar fallos de interés del
Gobierno, al pedido formal de renuncia -por parte del presidente de
la República- apenas dos días antes de que se iniciara el juicio
político en contra de Dahik en el Congreso, y a la fuga del país.
En sendas conversaciones del autor de este informe con Ana
Karina López y Alberto Acosta sobre el tema, se fortaleció la
disparatada idea de que la complejidad del escándalo político no
fue más que una apariencia entre esos meses de 1995 (el disparate
es que nos acerca a la argumentación de Dahik en su defensa en el
Congreso). Es decir, que todo fue -y sigue siendo- mucho más
sencillo y claro. Es algo que, inclusive, ya lo habían insinuado
algunos análisis de la revista "Vistazo".
Se trata de la hipótesis de la venganza de una personalidad tan
fuerte y rencorosa como la del ex presidente León Febres Cordero,
contra otra, tan "fundamentalista" y audaz como la del ex
vicepresidente Alberto Dahik, bajo cuya tónica -la de la venganza-
se movilizó el país entero para "derrotar" a la corrupción política,
puesta manifiesto más que nunca antes en el presunto mal uso de
los fondos reservados de la Vicepresidencia.
Si esto es así, ni la llamada sociedad civil ni los medios de
comunicación, ni los jueces ni los diputados son actores con
suficiente capacidad como para llevar adelante verdaderas
iniciativas contra la corrupción en el Ecuador. No, si es que no
cuentan con el aliento de un personaje político que, en la última

73
década, se ha convertido en algo así como el "dueño" del país: el
ex presidente socialcristiano León Febres Cordero.
Solo eso, y nada más, explica que estas dos figuras de la
derecha, involucradas en casos de corrupción, que incluso han
llegado a los tribunales de justicia, protagonizaran su
enfrentamiento cada cual en nombre de la transparencia y de la
lucha contra la corrupción. Es decir, en los dos casos, el Diablo
hablando de escapularios...
La hipótesis de la venganza nace con la faltas de explicaciones
satisfactorias que permitan entender desde un punto de vista
sociológico el furibundo ataque del Partido Social Cristiano en
contra de Alberto Dahik, tanto más cuanto que el "fundamentalista"
-y su selecto equipo de visires del neoliberalismo en el Gobierno de
Sixto Durán Ballén- puso en marcha mecanismos y reformas que
están en perfecta armonía con las propuestas económicas
socialcristianas, dichas por Febres Cordero, por el candidato
presidencial Jaime Nebot, por los documentos de ese partido.
Esas propuestas en esencia son: apertura de la economía a la
inversión extranjera, desinversión de las empresas estatales,
control del déficit fiscal, estímulos al sector exportador,
desregulación del comercio exterior, gobierno fuerte.
Pero, también es cierto, existen diferencias de estilo. Si Dahik
representa al "capitalismo salvaje", Nebot al "capitalismo con rostro
humano". Si los conservadores -los políticos seudofanáticos de la
derecha-, con su intransigencia e intolerancia en materia económica
provocan dificultades en el control social y ponen en crisis la
llamada gobernabilidad, los socialcristianos -los políticos "realistas"
de la derecha- están persuadidos de que garantizan una vialidad
efectiva, terrenal, del proyecto.
Esto en el plano ideológico. Pero hay otro plano, el de los
negocios, donde también pudieron entrar en conflicto.
Esa dimensión es mucho más prosaica, por supuesto. Y más
cifrada. Tiene que ver con qué grupos económicos se concretaría el
negocio de la privatización de las empresas estatales: Ecuatoriana
de Aviación, EMETEL, EMELEC, la ampliación del oleoducto
transecuatoriano, las cementeras, etc. Ese es el poliedro de los
intereses económicos concretos, sin los cuales el programa
reformista de la derecha no puede tener consecución práctica: la
política es ahora una extensión de los negocios, y no al revés.
Pero, ¿hay diferencias en los negocios que no se arreglen con las
palabras? No. Y por ello estos conflictos lucen insuficientes como

74
para justificar que se coloque a un país entero en vilo, diríamos, por
unos dólares más... o menos.
De modo que el sesgo íntimo es el más confiable: Febres Cordero
no podía admitir que un "advenedizo" viniera a disputarle su
singular liderazgo en la derecha política del Ecuador. Mucho peor si
él (Dahik) había comido de su mano en el Gobierno de la llamada
"reconstrucción nacional". Menos si ese liderazgo, como todos
sabemos, se ejerce al estilo de Marlon Brando en la película de
Francis Ford Coppola: "El Padrino".
Si acaso todo fue así, la suerte del ex vicepresidente Alberto
Dahik se jugó, seguramente, en una propiedad, en un sueño, o en
una mala digestión de Febres Cordero, y desde entonces ya nadie
podía salvarle (un interesante comentario de la "bronca" entre Dahik
y el Partido Social Cristiano consta en los anexos de este informe).
El mecanismo había sido puesto en marcha, y funcionó alentado
por el partido del vengador, pero también por distintas fuerzas
(medios de comunicación, organismos no gubernamentales,
partidos políticos, gremios, personalidades públicas, etc.),
dispuestas a saciar su hambre contra uno, ¿el más grande?, de los
corruptos de este país. En ese propósito era inevitable que
estuvieran unidos el agua y el aceite aunque, a la larga, la
corrupción no resultará derrotada y solo un hombre podrá decir que
la venganza, esta venganza, es dulce.
Mientras se cocinaban los dos juicios, ya fue evidente que Dahik
había incurrido en violaciones al reglamento del manejo de los
gastos secretos. Luego, con la publicación de la "lista de Dahik", se
hizo nítido que los dineros no se dedicaron a la seguridad interior o
exterior o al mantenimiento del orden público y que fueron
manejados por los asesores o funcionarios o secretarios sin estar
autorizados a disponer de fondos secretos.
Dahik intentó justificar sus decisiones en el plano legal y
reglamentario pero, sobre todo, dijo que era la víctima de una
persecución política.
Con ese argumento, precisamente, solicitó el asilo político en San
José de Costa Rica. Y en ello fue secundado por el propio
presidente Sixto Durán Ballén.
Por fin, Costa Rica le concedió asilo político el 1 de abril de 1996.
Todos los periódicos del Ecuador publicaron, entonces, que el
presidente Sixto Durán Ballén "celebró" el otorgamiento del asilo.
"Dahik es mi amigo y yo creo que al cabo de los tiempos, el pueblo

75
ecuatoriano se percatará de que se ha magnificado el proceso de
gastos reservados con mala fe", dijo Durán Ballén.
Es un caso para Ripley. En nuestro continente piden asilo los
opositores que son víctimas de la persecución gubernamental. Pero
en este país de las paradojas, un vicepresidente como Dahik -el
hombre más poderoso del Gobierno- pide asilo porque le acosa el
hombre más poderoso de la oposición...
Si todo esto resulta finalmente cierto, y no un ludo de palabras,
Dahik tuvo razón cuando dijo que no era más que una pobre víctima
del canibalismo político.
Pero nunca cuando -en el segundo día de su comparecencia ante
el Congreso, el 5 de octubre de 1995- echó la culpa "al miedo" por
no haber hablado con anterioridad sobre las "corruptelas" del
febrescorderato. Tampoco el 2 de abril de 1996 cuando, desde San
José de Costa Rica, nos hizo saber que no se arrepentía de nada
de lo hecho y dicho por él.
"Soy un ser humano", dijo Alberto Dahik en el epílogo del juicio
político en el Congreso, "no soy de acero ni inmortal", antes de
concluir histriónicamente: "Yo, señores, podré haber cometido
errores, pero estas manos están limpias y sin sangre".

76
15. POSFACIO
Este informe -cuyas fuentes fundamentales fueron las principales
publicaciones periódicas de Quito y Guayaquil- abarca un lapso que
va desde junio de 1995 a abril de 1996.
En ese periodo el escándalo por el presunto uso indebido de los
gastos reservados ocupó la atención nacional, y se mantuvo
inclusive compitiendo, en los últimos meses, con la propaganda
electoral para las elecciones presidenciales.
Así, este informe se cierra con el dictamen del fiscal general de la
Nación, Fernando Casares, y con una gran temor: una sombra de
impunidad podrá extenderse sobre el caso, hasta sacarlo de la
memoria nacional, sin que se apliquen las sanciones previstas por
la ley.
Casares emitió su dictamen de 38 páginas el 15 de abril de 1995,
en el que argumenta por qué acusó a los sindicados. Según él, se
comprobó el cometimiento del delito de peculado. Por eso acusó de
ser autores al ex vicepresidente Alberto Dahik, a sus más íntimos
colaboradores, Juan Mario Crespo y Gladys Merchán, y a los ex
ministros Mauricio Pinto (Finanzas) y Diego Paredes (RREE).
Casares dictaminó que Dahik, Crespo y Merchán incurrieron
también en el delito de enriquecimiento ilícito, porque no justificaron
de dónde obtuvieron grandes sumas de dinero, "los cuales no
podían provenir de sus sueldos".
En el dictamen se explica la acusación contra Pinto porque él no
examinó los saldos de la cuenta especial abierta en el Banco
Central del Ecuador, para manejar los fondos reservados.
El ex contralor Juan Carlos Faidutti fue acusado de cómplice, y
como encubridores Ricardo Muñoz Chávez, ex superintendente de
Bancos, y Francisco Costales, el subcontralor.
Los delitos están tipificados y sancionados en los artículos 257 del
Código Penal, en concordancia con el artículo 397 de la Ley

77
Orgánica de Administración Financiera y Control y de un artículo
innumerado, que consta a continuación del 296 del Código Penal.
Casares explicó que "la infracción no solo se comete cuando el
funcionario se aprovecha de los fondos públicos, sino cuando se
permite que terceros se beneficien de los fondos del Estado".
También precisó que en el caso del delito de enriquecimiento
ilícito "se invierte la carga de la prueba y el acusado tiene que
demostrar la licitud del origen de los fondos con los que ha
manejado cuentas".
"El Comercio" destacó que en el dictamen no se dijo nada sobre
los presuntos beneficiarios de los cheques de la Vicepresidencia.
"¿Por qué?" -preguntó ese matutino-. Y respondió: "Según Casares,
el presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, no se
pronunció sobre ello y por lo tanto él no tenía capacidad legal para
juzgar a los receptores de fondos del Estado".
El autor de este informe pidió al presidente de la Corte Suprema
conocer los justificativos, sin que el magistrado otorgara la
autorización necesaria. De igual manera lo hizo con el fiscal general
de la Nación, con iguales negativos resultados. Eso explica que tal
información no consta en estas páginas.
De manera que quienes recibieron cerca de 20 mil millones de
sucres en total, la gran mayoría sin justificaciones que se ajustaran
a la venta bienes o a la entrega de servicios destinados al
mantenimiento de la seguridad pública, podrían salir inermes de
todo este escándalo. Este es un punto que la opinión pública no ha
podido entender claramente en las últimas actuaciones del "hombre
del año 1995", el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Carlos Solórzano Constantine.
Sin embargo, queda la posibilidad de que el juez decida acciones
contra los supuestos beneficiarios en el auto de llamamiento al
plenario, que es la fase intermedia del juicio
Según se puede prever, el Congreso tampoco levantará la
inmunidad parlamentaria de los diputados artilleros del ex
vicepresidente, como lo había solicitado el fiscal: Wilman Costa,
Freddy Bravo, Leonardo Escobar y Marcelo Saltos. Manteniendo su
inmunidad, conseguirán su impunidad, y luego, cuando dejen de ser
diputados en agosto de 1996, posiblemente activarán en la política
nacional como si nada hubiese sucedido.
Además, desde febrero de 1996 en algunos medios de prensa -
como el diario "El Universo"- se advirtió que el juicio penal contra el

78
ex vicepresidente Dahik podrá quedar suspendido una vez que se
dicte la providencia por la cual se llama a plenario.
Según el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal "si en el
momento en que se dicte el auto de apertura a plenario, el
sindicado estuviere prófugo, el juez luego de dictar dicho auto,
ordenará la suspensión de la etapa plenaria, hasta que el
encausado sea aprehendido o se entregue voluntariamente".
En este caso están sindicados con orden de prisión Alberto Dahik,
Diego Paredes, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. Ninguno de
ellos fue apresado y se presume que, igual que Dahik, todos se
encuentran fuera del Ecuador.
El trámite del proceso únicamente puede sustanciarse para los
sindicados que hayan sido detenidos. En el caso de varios
sindicados, según el artículo 255, se suspenderá el trámite para
quienes estén prófugos y continuará para quienes estén presentes.
Por otra parte, ninguna instancia jurídica o política del país ha
tomado en sus manos la investigación las graves denuncias que
realizó Alberto Dahik en la tribuna del Congreso Nacional, durante
el juicio político en su contra.
La sombra de la impunidad conduce a alimentar un pensamiento
pesismista: el escándalo de los gastos reservados fue posible solo
porque uno de los hombres más poderosos del país, si no el más
poderoso, el ex presidente León febres Cordero, ejecutó una
venganza personal y una maniobra amplia, que permitió que su
delfín, el candidato presidencial Jaime Nebot Saadi, pasara
intocado durante casi un prolongado año mientras toda la atención
nacional se subyugó con el escándalo.
De ese modo, Nebot se presentará a la primera vuelta electoral
del 19 de mayo prácticamente incólume, sin que su imagen se
hubiese deteriorado en el fragor de la campaña, lo que es una
ventaja cualitativa que podría acarrear consecuencias profundas
para el futuro político del Ecuador.
Diego Cornejo Menacho
20 de abril de 1996

79
16. ANEXOS
ANEXO 1
LA LISTA DE LOS GASTOS RESERVADOS
CUADRO CONSOLIDADO DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS
CON LOS CHEQUES DE LAS CUENTAS DE GLADYS MERCHAN
Y JUAN MARIO CRESPO BURGOS
(En sucres)
MONTO No. de cheques
A
Andrade Luis 1.324.815.000,00 68
Armijos Fabián 80.000.000,00 15
Adoum Alfredo 25.000.000,00 5
Arosemena Fabiola 14.486.880,00 12
Avilés Amada 1.000.000,00 1
Andreta Antonio Ab. 1.054.122,00 1
Aulestia Verónica 5.500.000,00 11
Allauca Segundo L. 6.000.000,00 1
Aguinaga Karen 6.050.000,00 12
ATU Cía. Ltda. 11.576.000,00 4
Amersa Soc. Ltda. 2.645.000,00 1
Almacenes Chimborazo 142.000,00 1
Agencia Díaz 50.606.758,00 6
Arosemena Guillermo 50.000,00 1
Argudo Cheine Mariana Dra. 10.000.000,00 1
Avilés Mayra Plaza de 1.500.000,00 1
Arteta Carlos Ing. 8.705.600,00 1
Alpha's 38.010.000,00 3
Asociación Provincial Judo Gyas. 10.000.000,00 1
Asociación Damas Salesianas 50.000,00 1
Avila Rommel 900.000,00 1
B
Baquero María Augusta 22.456.120,00 33
Benítez Carlos 7.200.000,00 12
Bravo Freddy 500.000,00 1
Bravo Carlos 1.500.000,00 1
Barros Gualberto 15.269.000,00 27
Briz María del Pilar 38.100.000,00 19
Bon Appetit 1.377.000,00 1
Banco de la Producción 958.367.916,40 57
Banco del Pacífico 219.800.426,00 16
Banco de Préstamos 179.776.493,00 6
Banderines Gutiérrez 2.748.000,00 2
Bentley's Restaurant 2.096.700,00 2
Baquerizo Yolanda de 23.000.000,00 1
Bravo Nelo 400.000,00 1
Biblioteca General Ecuatoriana 96.750.000,00 1

80
C
Cabrera Julio 47.745.000,00 38
Canelos Franklin 1.245.000,00 3
Costa Wilman Ing. 91.918.000,00 36
Crespo Juan Mario 61.538.186,00 32
Cedatos 120.768.000,00 9
Consultor 552.000,00 1
Cabezas Eduardo 296.040,00 2
Comandancia General de Policía 2.472.500,00 1
Cesantía Policía Nacional Servicio 22.000.000,00 2
Corte Suprema de Justicia 30.000.000,00 1
Casa César 10.000,00 1
Camposano Marcela 1.500.000,00 1
0049 Compañía Ltda. 345.000,00 2
Costur 30.088.083,00 11
CPV Publicidad & RR.PP. 161.780.184,00 3
Chauca César 1.755.000,00 1
Cayetano Metolicoreria 2.080.900,00 1
Corporación para el Desarrollo de la
Educación Universitaria 5.765.050,00 1
Club de Jardinería de Portoviejo 10.000.000,00 2
Crespo Julio Ing. 12.226.550,00 1
Cabrera Julio 4.200.000,00 4
Carrasco Santiago Dr. 4.400.400,00 1
Cevallos Marcela 400.000,00 1
Corporación de Estudios y Publicac. 125.000.000,00 1
Casa Paz S.A. 119.217.010,80 4
D
Dinners Club del Ecuador 5.235.678,00 2
Dávila Eugenia 4.670.000,00 8
De la Torre Augusto 108.455.000,00 14
Dávalos Remigio 5.027.935,00 1
Dávila Peralta Elías (Monseñor) 20.000.000,00 3
Defaz Jorge 2.002.500,00 1
Dávalos Rosa 11.837.007,00 1
E
Ecuafuel 132.000,00 1
Ediciones Rodin 23.500.000,00 4
El Universo 6.480.000,00 1
Elgarresta Mario 60.400.000,00 9
Equear Cía. Ltda. 3.115.330,00 2
Ecuadorian Tours 192.800,00 1
Ecuapanorama Agencia de Viajes 455.000,00 1
Ecir 746.141,00 1
El Mercurio Ltda. 1.478.400,00 1
El Comercio 7.500.000,00 1
Editorial Centenario 750.000,00 1
Empresa Eléctrica Quito S.A. 7.896.372,00 2
Edel del Ecuador 11.278.000,00 1
Escobar Leonardo 10.000.000,00 1
F

81
Federación Deportiva del Azuay 20.000.000,00 1
Flor Delia 50.000,00 1
Firmesa 338.500,00 1
Federación de Ligas Barriales de Quito 24.000.000,00 3
Filantravel 96.000,00 1
Fundación Presley Norton 15.000.000,00 1
Floklor Olga Fisch 3.055.000,00 2
Fundación Compartiendo 28.000.000,00 2
Federación Cooperativas de
Ahorro y Crédito del Ecuador 8.000.000,00 1
Fichamba Jesús 3.500.000,00 1
Fundación de Hogar de Ancianos
San Pedro 2.000.000,00 1
G
Gerarca El Prado Cía. Ltda. 2.707.000,00 2
Garzón Vinicio 57.680.504,00 23
Garzón Marco Arq. 2.100.000,00 3
Granda Paulina 3.910.000,00 7
Guamán Manuel 3.108.000,00 14
Gagliardo Jorge 15.115.000,00 17
Galería del Mueble 35.820.700,00 3
Gobernación Provincia Chimborazo 37.500.000,00 3
González Gustavo 10.000.000,00 1
Gráficos Nacionales 1.890.000,00 1
Galería Latina 945.000,00 1
García Marco Arq. 217.220,00 1
García Herrera Ing. 3.705.600,00 1
Guerrero Alexis 3.705.600,00 1
Gómez de la Torre Joaquín Lic. 5.000.000,00 1
Guerrero Walter Dr. 15.000.000,00 1
H
Hotel Colón 39.494.916,00 8
Hajj Violeta 7.412.000,00 30
Hostal Viscaya 372.460,00 2
Hotel Amaranta 1.740.960,00 2
Hotel Oro Verde 64.365.232,00 3
Hostería San José 682.660,00 2
Hurel Eduardo Arq. 1.697.000,00 1
Hotelería Guayaquil C. A. 5.780.718,00 2
I
Informe Confidencial 283.800.000,00 22
INDEGA 60.000,00 1
Invercopia 6.000.000,00 1
INNFA Imbabura 2.000.000,00 1
Instituto de Altos Estudios
Nacionales 5.000.000,00 2
Instituto de Urología 3.200.000,00 1
Instituto Nuestra Sra. de Fátima 10.000.000,00 1

82
IGM 300.000,00 1
J
Jaramillo Iván 6.447.200,00 27
Játiva Lorena 1.600.000,00 7
Jaramillo Hugo 360.000,00 1
K
Klaere Adolfo 6.722.400,00 2
KLEIN TOUR S.A. 414.000,00 1
KAO 84.000,00 1
KADEPO C. Ltda. 10.500.000,00 1
L
La Compañía 2.460.000,00 2
Leoro Franco Juan 23.350.000,00 16
Lamprea Lora de 2.295.000,00 1
La Oficina 7.751.587,03 2
Le Petit 2.820.000,00 2
La Ronda S. A. 622.800,00 1
Landívar César (Padre) 60.000.000,00 8
LIBRIMUNDI 500.100,00 1
León Germania de 400.000,00 1
La Galería 9.475.600,00 1
Lucio Paredes María Elena de 227.000,00 1
Lucio Paredes Pablo Econ. 32.000.000,00 11
M
Memorias 7.387.300,00 2
Merchán Gladys 88.762.518,00 39
Merchán Jaime 9.550.000,00 9
Mera Connie 10.000.000,00 11
Minuche Teresa de Mera 7.000.000,00 1
Monroy Borja Bolívar Dr. 4.000.000,00 1
Maldonado Ximena de 1.800.000,00 1
Maldonado José Vicente 6.000.000,00 2
Maldonado Franklin Dr. 63.800.000,00 20
Mesón Las Flores 840.000,00 1
Metropolitan Touring 212.762,00 1
Morlas Molina Luis Alfredo 8.000.000,00 1
MERPUBLI 5.540.112,00 1
Mendoza Carlos, General 2.000.000,00 2
Medina María 675.500,00 1
Morales Carlos 300.000,00 1
Municipalidad de Pujilí 3.000.000,00 1
Maugé René Dr. 6.000.000,00 2
Mercado Segundo 22.000.000,00 1
N
Naranjo Janina 40.413.000,00 38
Naser Gina de 71.004.000,00 34
Nieto Iván 62.102.632,00 3

83
Novaclínica 2.079.082,00 1
Nacer Miguel 1.000.000,00 1
Navarrete Vicente Cap. 2.000.000,00 1
O
Ortiz Paulina 4.700.000,00 11
Orquesta de Cámara Rommelieus 3.170.000,00 2
Ortiz Mónica (Mónica de Yacelga) 5.459.110,00 1
P
Prodefensa Cía Ltda. 6.103.200,00 2
Plaza Mayra 1.500.000,00 2
Pesantes Ernesto 2.180.990,00 3
Pesantes Rodrigo 1.050.000,00 1
Proaño Carlos 800.000,00 3
Parrilla del Ñato 235.080,00 1
Panamotor 1.994.916,00 1
Parroquia Nuestra Señora del Cisne 12.000.000,00 3
Proaño Enrique 6.000.000,00 1
Parroquia San Antonio María Coret 145.000.000,00 3
Palacios Edgar 10.000.000,00 1
Pacheco Silvana de 4.500.000,00 1
Pazmiño Guzmán Roberto (Monseñor) 25.000.000,00 1
Policía Nacional Escuela Superior 12.000.000,00 1
Q
QSS Producciones Cía. Ltda. 13.000.000,00 2
R
Richardson Henry 34.359.200,00 12
Rosero Luis G. 66.100.000,00 1
Ribadeneira Vicente 5.000.000,00 2
Rivera Fernando 1.494.000,00 1
Rueda Luis, Arq. 137.396.000,00 34
Ruiz de María de Lourdes 122.500,00 2
Rex Plastics Cía. Ltda. 1.201.750,00 1
Restaurant Don Ramón 796.600,00 1
Roche Mario 10.000.000,00 1
Recalde Hugo 1.409.000,00 1
Reyes Pablo 6.788.556,00 1
Robalino Hugo Mayor 6.000.000,00 1
S
Salas Eduardo 3.000.000,00 2
Saltos Marcelo 4.000.000,00 1
Sempértegui Walter Ab. 8.000.000,00 2
Servicios Sociales del Ejército 1.052.500,00 1
Sindicato de Choferes del Carchi 10.000.000,00 1
Santos Clorinda de 120.000,00 2
Saeta 5.210.832,00 1
Seitur 6.370.927,20 1
Simba Alvaro Econ. 2.750.000,00 1

84
Said 3.500.000,00 1
Sercoin 1.050.000,00 1
Settling 20.991.435,00 6
Son Producciones 8.000.000,00 2
Servicios Especializado Automotriz 420.000,00 1
Sociedad de madres Salesianas 130.000.000,00 2
T
Tamayo Galo 5.847.200,00 29
Turisa 9.371.961,20 7
Trofeos Castro 686.000,00 1
Televisión Corporativa del Ecuador 4.179.000,00 2
Tapia Luis Eduardo 480.000,00 1
Tenorio Juan 100.000,00 1
U
Unicredi 108.928,00 1
Unidad de Política Social 40.000.000,00 1
V
Veritas Publicitaria 663.126.818,37 4
Vera Zambrano Carlos 9.329.500,00 31
Valenzuela Byron 2.600.000,00 5
Vivar Efrén (Padre) 18.000.000,00 2
Visa BG 1.251.748,00 3
Viajes Americanos Cía. Ltda. 7.728.089,00 4
Vera Trávez Jorge 164.000,00 1
Voluntariado Servicio y Solidaridad 10.000.000,00 1
Vásconez Patricia Dra. 4.000.000,00 1
Valencia Diana Arévalo de 3.000.000,00 1
Villacreses Rodrigo 400.000,00 1
W
Wandember Martha 1.351.000,00 1
X
Xerox del Ecuador 5.700.000,00 1
Z
Zac Cía. Ltda. 1.428.180,00 4
Zambrano Carlos ----------
Zevallos Marcela 250.000,00 1
SUB TOTAL 7.152.115.102,00 1
CHEQUES AL PORTADOR 1.680.029.000,00 63
TOTAL 8.832.144.102,00 834

85
ANEXO 2
BENEFICIARIOS DE LA COMPRA DE DIVISAS DEL BANCO DE LA PRODUCCION
GIRADOS CON CHEQUES DEL BANCO DEL PACIFICO
(en US dólares)
BENEFICIARIO CON LA CTA. CON LA CTA. TOTAL NUMERO
DE GLADYS DE JUAN CRESPO COMPROB.
MERCHAN
AFAC Cía. Ltda. 24.899,00 12.239,00 37.138,00 12
Andrade Luis 12.094,81 ------- 12.043,81 5
Arteta Rivera
Federico 6.000,00 ------- 6.000,00 1
Astudillo Vicente 1.000,00 ------- 1.000,00 1
Amuhategui Miguel ------- 2.466,00 2.466,00 1
Del Bc. Internacional ------- 9.915,00 9.915,00 1
De Moscoso Miriam 400,00 400,00 800,00 2
De Cobo Flores Alicia 400,00 ------- 400,00 1
De Bueno Iturralde
Rossana 3.000,00 1.000,00 4.000,00 3
Fuerza Aérea Ecua-
toriana 39.000,00 3.034,00 42.034,00 2
Eigen Peter 10.000,00 ------- 10.000,00 1
Ibarra C. Silvana 10.000,00 ------- 10.000,00 1
Jaramillo Buendía Fidel 22.288,00 ------- 22.288,00 2
LACSA 5.588,00 3.720,40 9.308,40 5
Maldonado Franklin 3.800,00 3.200,00 7.000,00 6
Merchán Gladys 35.000,00 13.600,00 47.540,00 17
Merchán Gladys y
Andrade Luis 5.660,00 --------- 5.660,00 4
Nieto Iván 14.486,00 --------- 14.486,00 2
Ordóñez Tamara 4.600,00 --------- 4.600,00 1
Richard Wagner 918,00 --------- 918,00 1
Riofrío Pablo 4.500,00 3.000,00 7.500,00 5
Secretej Cía Ltda. 1.400,00 --------- 1.400,00 1
Tobar Andrés 1.300,00 --------- 1.300,00 1
Tobar José 1.300,00 --------- 1.300,00 1
Tobar Rodrigo 2.600,00 --------- 2.600,00 2
Joice Poewted Technology ------- 448,70 448,70 1
Vivanco Manuel 10.000,00 --------- 10.000,00 1
Yanes Milton 3.000,00 --------- 3.000,00 1
Yac. Cía. Ltda. 1.560,00 260,00 1.820,00 7
TOTAL 224.780,81 52.183,22 276.694,03 89

86
ANEXO 3
EL CLASIFICADOR DEL GASTO
La defensa de los acusados en el juicio por el manejo de los gastos
reservados, ante el cúmulo de evidencias sobre la alegría con que se
manejaron, ha centrado su defensa en el argumento de que los
gastos se hicieron amparados en lo que dispone el Clasificador por
Objeto del Gasto para el sector público, que no es más que un
catálogo de cuentas para contabilizar los egresos que efectúa el
sector público, de acuerdo a un orden establecido.
Ni es la base legal para que se realice el gasto, ni puede autorizar
nada que no sea legal. Simplemente es la norma para contabilizar el
gasto "satisfaciendo los requerimientos de carácter presupuestario y
contable". Como lo tienen las empresas, según normas de la
Superintendencia de Compañías o los bancos, según normas de la
Superintendencia de Bancos.
Los dos organismos de control dictan normas a las que deben
someterse los controlados, para que el balance refleje, según esas
normas, la realidad. El hecho de que un banco o una compañía
tengan que adecuar su contabilidad a esos catálogos de cuentas, no
quiere decir que se les autorice a realizar operaciones que no estén
contempladas en las leyes respectivas.
Equiparando al sector público ese comportamiento, el clasificador
del gasto ordena la forma en que se realizará la contabilización de
los egresos que el sector público realice. La demostración de que es
un elemento de orden y control está en que para modificarlo se
requiere la opinión previa del contralor general del Estado. Y en que
después de que estallara el escándalo, el contralor dictó un nuevo
reglamento, disponiendo, como siempre sucedió antes, que los
gastos reservados se utilizarán exclusivamente en la seguridad
interna y externa.
El presupuesto del Estado contempló siempre el rubro
correspondiente a gastos reservados, definidos como los fondos que
se destinan a la seguridad interna y externa del Estado. Este
gobierno modificó, mediante acuerdo 376 expedido por el ministro de
Finanzas el 15 de junio de 1993, con opinión adversa del contralor
en oficio 15112 de 10 de junio de 1993, aunque solo haya sido por
considerar que no reformaba sino aspectos de forma, el Clasificador
por Objeto del Gasto, introduciendo una profunda modificación en el

87
concepto del gasto reservado. Se lo incluyó en el rubro de
"Imprevistos", definido como "Gastos reservados amparados en las
leyes vigentes, destinados a cubrir actividades y proyectos o para
gastos circunstanciales no susceptibles de programación durante la
elaboración del presupuesto".
Es decir, que todo lo que no se haya presupuestado podría ser
concebido como gasto reservado. Y en esta absurda e inconveniente
definición, que no puede tener ningún otro alcance que el de sus
efectos contables, se basan quienes sostienen que es la base legal
que permite hacer lo que al funcionario se le ocurra. Como lo
demuestran los detalles, todavía incompletos, del destino de una
parte de los gastos reservados manejados desde la Vicepresidencia
de la República. Incompletos, porque todavía no se conocen en su
totalidad ni esos, ni los correspondientes a la Presidencia y al
Ministerio de Gobierno, que insistentemente fueran referidos, por el
vicepresidente Dahik, como parte de una política de gobierno y como
manejados en forma tripartida.
La ética -o la falta de ella- se revela en los actos diarios de los
gobernantes. No en sus proclamas. Cuando se cree que el acceso al
poder permite hacer lo que a cada quien se le ocurra, es imposible
que no suceda lo que ha sucedido. Tanto por los montos manejados,
que es imposible que se hayan dedicado a lo único que los justifica,
como por la concepción con que se lo ha hecho.
El juez tiene que llegar hasta el final para que estos hechos no
vuelvan a suceder. Si se queda por las ramas, se habrá
institucionalizado la corrupción. (Andrés Vallejo, diario "HOY", 27 de
febrero de 1996, pagina 4-A).

88
ANEXO 4
DAHIK-PSC: EL "SHOW" SIN JUEZ
Da vergüenza escribir "bronca" pero se trata de eso: de una
bronca entre Alberto Dahik y los socialcristianos. O de los
socialcristianos contra Dahik. Los amigos de ayer se desgarran
públicamente desde el año pasado y, ahora, tras el asilo en Costa
Rica, deciden prolongar el juego sangriento.
Cualquier ecuatoriano debería sentirse satisfecho con esta
lavandería pública. Se sacan informes, se exhiben contratos y
números de cuentas, se muestran cheques de lo que -para
permanecer en los límites de la decencia- es un atraco contra las
finanzas del país.
Ese fue el escenario que el país vio durante el "show" organizado
por Dahik y los socialcristianos durante el juicio del ex
vicepresidente. ¿Operación transparencia, con pruebas y juicios y
cárcel para los responsables? Qué va. Una operación de diversión.
¿Qué quedó de ese inmenso destape? nada. Ni el procurador ni el
fiscal ni el Congreso han investigado las denuncias de Dahik. El
presidente de la Corte inició el juicio contra el ex vicepresidente y,
por sus primeros pasos, fue nombrado, por algunos diarios, hombre
del año. Ese juicio está a punto de cerrarse, sin responsables ni
condenados.
Ahora se reabre el mano a mano. Desde Costa Rica, el ex
vicepresidente va a hablar, está hablando. Eso significa que va a
contraatacar. Lo hará olvidando que su situación de prófugo le quita
categoría moral a sus actos. Y aquí los socialcristianos van a darse
otro baño de moralidad haciéndole la vida imposible al hombre que
el país critica por su conducta licenciosa con los fondos reservados.
Se van a ampliar las "pruebas" de lado y lado. ¿Para qué? El
procurador ni el fiscal no harán nada (porque nadie dizque ha
puesto denuncia alguna). Los diarios se van a llenar de uno dice y
otro agrega. El uno responde y el otro exhibe. Como durante el
juicio. Pero la opinión sabe que por más "pruebas" que se
acumulen, no pasará nada. Los compadres de antes, que sabe
cómo funciona y cómo se gobierna en este país, tienen ases para
prolongar su "show".
La opinión (los medios de comunicación) solo están convidados a
contar los puntos, jamás a saber la verdad. Y menos a ver
condenados por indelicadezas de esos calibres.

89
¿Caer en ese juego? ¿Entrevistar a Dahik y después ir donde
Xavier Neira, Rafael Cuesta, León Febres Cordero y los otros? La
verdad lo requeriría. Pero la verdad ante quién, si el Estado, por sus
propios amarres, no puede buscarla, y cuando la encuentra no sabe
qué hacer con ella.
El país vive dos dramas ente la búsqueda de la verdad: no saber
quién la dirime y saber que la impunidad campea en esferas donde
servicio y transparencia deberían ir de la mano. Así la prensa y la
opinión viven entre la perplejidad y el desencanto.
El "show" entre el PSC y Dahik sigue... sin juez. (Comentario en
diario "El Comercio", de 3 de abril de 1994, página A-2)

90
ANEXO 5
CRONOLOGIA DEL CASO GASTOS RESERVADOS
JUNIO
05. En una reunión con periodistas ecuatorianos, Alberto Dahik
revela que ciertos diputados y magistrados de la CSJ exigieron
dinero para aprobar leyes y dictar fallos de interés para el Gobierno.
06. El contralor del Estado, Juan Carlos Faidutti, envía al
Parlamento un proyecto de ley para combatir la corrupción que,
afirma, "se ha convertido en un cáncer que devora todo el sistema
democrático".
09. El periodista Jorge Vivanco Mendietta ("Expreso") escribe un
artículo en que revela que el Gobierno ha sido chantajeado por un
bloque legislativo a cambio de votos y por algunos ministros de la
Corte Suprema, a cambio de declarar constitucional una resolución
favorable al Gobierno.
JULIO
10. Jorge Vivanco, periodista y subdirector del diario "Expreso",
luego de haber escrito en su medio diversas denuncias de
corrupción, admite que su fuente afirmativa fue el vicepresidente
Alberto Dahik. Insiste en que el Gobierno cedió al chantaje de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de diversos diputados. Los
diputados opositores Santiago Bucaram (PRE), Oscar Célleri (PRE)
y Juan José Castelló (MPD), inician trámite legal para llamar a
Dahik a juicio político.
11. Vivanco comparece ante la Corte Suprema de Justicia y
ratifica sus afirmaciones.
13. El director de diario "Extra", Nicolás Ulloa, y el director de
"Radio Cristal", Carlos Armando Romero Rodas, confirmaron ante
la CSJ que Alberto Dahik confió a un grupo de periodistas las
denuncias sobre corrupción.
16. El gabinete del presidente Sixto Durán Ballén anuncia su
apoyo a Dahik.
19. Veinte diputados formalizan ante la Presidencia del Congreso
Nacional un pedido de enjuiciamiento político a Dahik bajo las
acusaciones de cohecho y de atentar al honor de la nación.

91
20. El fiscal general de la Nación, Fernando Casares, considera
que existen suficientes elementos como para procesar penalmente
a Dahik por propiciar la corrupción mediante el cohecho.
23. Sixto Durán Ballén lanza una campaña contra la corrupción en
los organismos del Estado, la Justicia y el Legislativo, y ordena el
levantamiento del secreto bancario de las cuentas de sus
colaboradores, los ex presidentes y los ex vicepresidentes.
28. Alberto Dahik admite que el Gobierno cedió a presiones
políticas para no poner en peligro el sistema democrático, pero
niega haber cometido cohecho.
AGOSTO
15. Los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta
denuncian ante la CSJ que dos secretarios de Alberto Dahik
depositaron en cuentas privadas 1.1OO millones de sucres en 27
días, y acusan al vicepresidente de manejo ilegal de fondos del
Estado.
16. Dahik acusa a Neira y Cuesta de violar el secreto bancario de
cuentas de "gastos reservados" de la Vicepresidencia. El entonces
presidente del la CSJ, Miguel Macías Hurtado, ordena un juicio
penal en contra de contra Dahik y sus secretarios Gladys Merchán y
Juan Crespo, a quienes acusa de prevaricato, cohecho, soborno,
utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado,
exacciones y enriquecimiento ilícito.
18. Macías llama a Dahik y sus secretarios a rendir declaración en
la CSJ.
23. Dahik se niega a declarar ante Macías y acude al Parlamento
para explicar su empleo de fondos reservados.
24. Macías dicta auto de prisión preventiva en contra de los
secretarios de Dahik, quienes fugan ese mismo día. El conocido
radiodifusor Gonzalo Rosero -propietario de "Radio Democracia",
que emite su señal desde Quito- denuncia que el ex canciller de la
República del Gobierno de Sixto Durán Ballén, Diego Paredes
Peña, negoció la compra de su radioemisora con fondos que él,
Rosero, presumía que provenían de gastos reservados del Estado.
El ex canciller Diego Paredes rechaza toda responsabilidad en la
negociación. Y Dahik declara al diario "El Comercio" que usó
cheques y no efectivo en los gastos reservados "por delicadeza".
25. El cardenal monseñor Bernardino Echeverría Ruiz se
solidariza con el vicepresidente Alberto Dahik.

92
29. Miguel Macías es censurado y destituido por el Parlamento
por dictar un fallo contra el estatal Seguro Social. Carlos Solórzano
Constantine es elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia.
30. Dahik informa que sus secretarios "tienen un mes de
vacaciones, legalmente aprobado".
SEPTIEMBRE
07. El vicepresidente Dahik, en cadena de radio y televisión,
califica de infamia las acusaciones y anuncia que continuará
combatiendo la corrupción. Dice que "solo dos de las siete cuentas
son de gastos reservados".
08. Carlos Julián Trueba, ex asesor de la Presidencia de la
República, admite en una carta enviada a diversos medios de
comunicación, que él redactó la minuta de compra-venta de "Radio
Democracia".
12. El vicepresidente Alberto Dahik y el ex canciller Diego Paredes
acuden a la CSJ a rendir testimonio. El ex canciller, implicado por
Solórzano en la querella penal, rechaza toda responsabilidad en
una negociación para comprar "Radio Democracia" con fondos del
Estado. El entonces vicepresidente insiste en que su juez natural
es el Congreso.
19. Comparece ante la CSJ Carlos Trueba. Ratifica que él elaboró
la minuta.
20. El ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, sindicado por la CSJ
en el juicio penal, es censurado y destituido por el Congreso en un
proceso político relámpago. De los 77 diputados, 63 votan en contra
del funcionario. Carlos Solórzano dicta orden de prisión preventiva
para el ex canciller Diego Paredes.
21. Diego Paredes fuga e inicia su defensa "desde la
clandestinidad". Dahik declara a "El Telégrafo" que hay solo una
cuenta de gastos reservados, "y esa es la cuenta que está en el
Banco Central del Ecuador".
26. Cuarenta y dos legisladores firman una moción de censura y
destitución de Alberto Dahik.
27. El presidente del Parlamento, Fabián Alarcón, llama a juicio
político al vicepresidente Dahik para la tarde del lunes 2 de octubre.
La CSJ dicta orden de prisión preventiva en contra del
superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, quien renuncia
a su cargo y se refugia en una clínica en Cuenca para evitar la
prisión en un centro de detención común.

93
28. Sixto Durán Ballén sostiene una reunión con miembros de la
CSJ, el Congreso, las FFAA y la Iglesia Católica, para "buscar
caminos que conduzcan a la superación de la situación actual".
28. Alberto Dahik solicita al Tribunal de Garantías
Constitucionales (TGC) que ordene la anulación de su juicio penal
en la CSJ.
29. Trabajadores e indígenas exigen al Legislativo la destitución
de Dahik. El TGC rechaza el pedido de Dahik, respecto a la
anulación de su juicio penal. Sorpresivamente, por televisión, Sixto
Durán Ballén pide al vicepresidente que renuncie "para que el país
recupere la tranquilidad".
OCTUBRE
02. Dahik acude al Congreso Nacional y, en una intervención de
seis horas, -durante las cuales se registra un sismo en el Ecuador-
se defiende pasando de reo a fiscal. Se declara un "perseguido
político" y denuncia que teme por su vida y la de su familia.
03. En el Congreso intervienen tres de los seis diputados
interpelantes del vicepresidente: Juan José Castelló (MPD), Frank
Vargas Pazzos (APRE) y Santiago Bucaram (PRE).
04. En el Congreso, en el marco del juicio político en contra de
Dahik, intervienen los interpelantes del PSC: Xavier Neira, Rafael
Cuesta y Marco Flores..
05. El presidente de la República, Sixto Durán Ballén, dicta el
decreto ejecutivo "reservado" Nº 46, por el que los microfilmes de
los cheques de los gastos reservados pasan a su custodia. En el
Congreso Dahik realiza la contrarréplica contra sus interpelantes.
06. El Congreso declara inocente a Dahik: 39 diputados votan a
favor de la moción censura y destitución, 20 en contra y 14 se
abstienen. Para destituirlo se requerían de 52 votos a favor de la
moción de censura y destitución. El resultado final de las votaciones
se compuso de nueve votos del bucaramismo -ocho abstenciones y
uno en contra de la moción de censura-, 11 de los 13 independientes
y ocho del Partido Conservador, por la absolución del vicepresidente.
Veintiún votos del Partido Social Cristiano, ocho del MPD, cinco de la
Izquierda Democrática, dos del APRE, uno de los socialistas, uno del
Frente Radical Alfarista y un independiente, formaron los 39 votos a
favor de la moción de censura y destitución..
10. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos
Solórzano, no puede inspeccionar los microfilmes de cuentas

94
reservadas de Dahik. Renuncia el ministro de Gobierno, Abraham
Romero.
11. El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, dicta orden de
prisión preventiva en contra del vicepresidente Dahik, quien
presenta su renuncia al Parlamento. Durán Ballén está de acuerdo
con dimisión y anuncia que propondrá al legislativo candidatos para
el cargo.
12. Dahik fuga a Costa Rica, donde pide asilo por considerarse
un "perseguido político".
16. El Congreso acepta la renuncia del vicepresidente Dahik.
19. El Congreso elige a Eduardo Peña Triviño como nuevo
vicepresidente de la República. Peña fue ministro de Educación de
Sixto Durán Ballén.
25. El ex superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez,
revela ante el presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, que observó
un cheque por 900 millones de sucres de la cuenta de gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República. Estos dineros
habían servido para la compra de dólares en un banco local, cuyo
nombre omitió.
30. La comisión fiscalizadora de los gastos reservados de la
Vicepresidencia no pudo encontrar ni actas, ni estados de cuenta,
ni cheques, ni microfilms originales durante las investigaciones
realizadas en el Banco del Pacífico.
NOVIEMBRE
02. Carlos Solórzano investiga las cuentas bancarias del
precandidato presidencial Ricardo Noboa que, según declaraciones
de una ex colaboradora suya, habrían sido alimentadas con fondos
reservados manejados por Gladys Merchán, secretaria del ex
vicepresidente Dahik.
10. El presidente Sixto Durán Ballén entrega al Tribunal de
Garantías Constitucionales el texto del decreto reservado a través
del cual se declaró custodio de los microfilmes. El suceso es
producto de los reclamos hechos por el presidente de la CSJ, quien
no tenía acceso a las cuentas bancarias de gastos reservados de la
Vicepresidencia.
21. Sixto Durán Ballén defiende el decreto reservado. Solórzano
ofrece secreto para algunos cheques.

95
25. El contralor general del Estado, Juan Carlos Faidutti, decide
realizar una serie de reformas al "obsoleto" reglamento de gastos
reservados;. Uno de los principales cambios es eliminar la
disposición de que la Vicepresidencia de la República maneje
dichos gastos. En las reformas se anota que "los fondos asignados
para gastos reservados o secretos deberán mantenerse
depositados en cuentas especiales y secretas del Banco Central del
Ecuador o sus sucursales".
28. El ex superintendente de Bancos encargado, José Iturralde,
denuncia a la CSJ que recibió presiones del Gobierno para que los
fiscalizadores no puedan revisar el contenido de los microfilmes.
Dice que existían 1.287 cheques y 108 depósitos en las cuentas del
Banco del Pacífico y que 10 personas entraban y salían de las
bóvedas antes que Solórzano pudiera acceder a ellos.
30. Walter Guerrero, abogado de Dahik, revela que el contralor
Faidutti conocía todos los movimientos de las cuentas de gastos
reservados de Dahik. Anteriormente, el contralor había negado
conocer las cuentas del Banco del Pacífico. Las declaraciones de
Guerrero motivan que Faidutti sea sindicado por la CSJ.
DICIEMBRE
06. El cardenal Bernardino Echeverría dice que diversas iglesias
recibieron dineros de los fondos reservados que manejó la
Vicepresidencia de la República. Monseñor Mario Ruiz, presidente
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se muestra sorprendido
por esa declaración porque días atrás los prelados -reunidos en
asamblea general, Echeverría incluido- habían afirmado que no
recibieron ni un centavo de aquellos fondos.
09. Los peritos designados por la CSJ concluyen las inspecciones
físicas de los microfilmes de las cuentas de los gastos reservados
de la Vicepresidencia. Según las actas de gastos autorizadas por el
contralor, enviadas por el propio Dahik desde Costa Rica, la
Vicepresidencia habría gastado aproximadamente 20 mil millones
de sucres de fondos reservados.
11. José Iturralde, ex superintendente de Bancos encargado,
ratifica ante la Corte que fue presionado por tres funcionarios del
gobierno -José Vicente Maldonado, Ana Lucía Armijos y Carlos
Larreátegui- para evitar la revisión de los microfilmes de los gastos
reservados.

96
14 . En declaraciones ante la CSJ, el contralor Faidutti dice que
desconocía que el dinero de los fondos reservados fue manejado
en cuentas privadas. Indica que esta dispuesto a someterse a un
detector de mentiras.
15. Fernando Casares, fiscal general de la Nación, indica que las
cuentas reservadas de la Presidencia de la República podrían ser
investigadas si existen pruebas que respalden las afirmaciones de
los perjudicados por la financiera Irandina -varios de ellos habrían
sido indemnizados con gastos reservados-. Dos asesores del ex
vicepresidente Dahik dicen ante la Corte que "el contralor conocía
los gastos" y que Dahik tuvo una cuenta bancaria con el diputado
Wilman Costa. El periódico "El Nuevo Herald", de Miami, publica un
reportaje sobre el presidente de la CSJ con el título: "Juez
ecuatoriano libra batalla contra la impunidad".
18. El informe de la CSJ dice que faltan justificar siete mil millones
de sucres, de los 19 mil millones de gastos reservados que manejó
el vicepresidente de la República.
19. Dahik desautoriza a un abogado de su defensa, Italo
Sotomayor, que pidió que se revocara el decreto de custodia de los
microfilmes de la cuenta secreta de la Vicepresidencia. El ex
superintendente de Bancos, Ricardo Muñoz Chávez, ratifica que le
insinuaron y sugirieron cortar, destruir e incinerar los microfilmes de
los gastos reservados de la Vicepresidencia de la República, antes
de depositarlos en las bóvedas del Banco Central. No precisa los
nombres de las personas que le hicieron esa sugerencia.
21. El presidente de la CSJ denuncia la existencia de una
"campaña sucia" en su contra. El diputado conservador Freddy
Bravo sostiene que Solórzano ha llamado a comparecer a varios
funcionarios del Gobierno, "resentido con publicaciones de prensa"
que han aparecido pagadas en contra del juez. Luis Andrade, el ex
conserje y mensajero de la Vicepresidencia, comparece ante el
presidente de la CSJ. Declara que el era el encargado de cambiar y
depositar millonarias sumas de dinero que las entregaba a los ex
secretarios de Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo.
22. Monseñor Bernardino Echeverría se ratifica en sus
declaraciones: "templos parroquiales, capillas, escuelas y otras
obras sociales pudieron haber recibido ayudas procedentes de
gastos reservados".
27. Carlos Solórzano indica que está por cerrarse la etapa
sumarial del juicio penal en contra del vicepresidente de la
República.

97
31. Varios medios de comunicación declaran "hombre del año" a
Carlos Solórzano Constantine, presidente de la Corte Suprema de
Justicia.
ENERO
03. El presidente de la CSJ informa que la Policía Nacional habría
recibido 350 millones de sucres de gastos reservados para la
realización obras. Indica que los ministerios de Relaciones
Exteriores y Defensa no recibieron dineros de esa índole.
Solórzano estudia la posibilidad de extradición de Alberto Dahik.
12. El ministro de Gobierno, Xavier Ledesma, mantiene silencio
sobre las acciones que lleva adelante para capturar a los prófugos
ex funcionarios sobre los que pesan órdenes de detención a causa
del escándalo de los gastos reservados.
15. El abogado del ex vicepresidente Alberto Dahik, Walter
Guerrero, reclama que se debe cerrar la etapa sumarial del
proceso, pues el Código de Procedimiento Penal prevé un plazo
máximo de 60 días. En el caso gastos reservados se llevan ya 150
días.
16. El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, dice que se cerrará
el sumario del proceso de los gastos reservados una vez que se
cumplan varias diligencias pendientes.
17. Diputados conservadores acusan a Carlos Solórzano,
presidente de la CSJ, de haber incurrido en prevaricato, al señalar
en un informativo de televisión -Noticiero Nacional Al Aire,
Gamavisión, el 12 de enero- que algunos microfilmes de los gastos
reservados "no son santos". Los diputados conservadores dejan
entrever la posibilidad de pedir la salida de Solórzano de la CSJ.
18. Carlos Solórzano llama a dar testimonio a Ana Lucía Armijos,
presidenta de la Junta Monetaria, a José Vicente Maldonado,
ministro de Industrias, y a Carlos Larreátegui, ex secretario general
de la Administración, a fin de que respondan a las denuncias que
formuló José Iturralde, ex superintendente de Bancos encargado,
de que recibió presiones de ellos para que no entregara la llave y
clave de la bóveda del Banco Central.
19. El fiscal general de la Nación, Fernando Casares, revela que
varios diputados recibieron dinero proveniente de los gastos
reservados. Dice que a través del Banco de la Producción también

98
se han manejado dineros de la Vicepresidencia. No señala
nombres.
22. Declara Luis Andrade, ex conserje y mensajero de la
vicepresidencia, quien cambiaba y depositaba los cheques de Juan
Mario Crespo y Gladys Merchán. Andrade destaca que en alguna
ocasión llevó cheques en dólares -aproximadamente 40 mil- a la
FAE, a la Zona militar y al Ministerio de Defensa.
23. Declaran Ana Lucía Armijos y Carlos Larreátegui. La
presidenta de la Junta Monetaria especifica que nunca se presionó
al ex superintendente de Bancos, José Iturralde, para que no
entregara las llaves y claves de las bóvedas del Banco Central. Lo
mismo dice Larreátegui. El ex secretario general de la
Administración se niega a revelar nombres de los funcionarios de la
Presidencia que fueron pagados con los fondos reservados.
Armijos, por su parte, destaca que el único funcionario que recibió
pagos adicionales a su sueldo fue el actual gerente del Banco
Central, Augusto de la Torre.
24. Augusto de la Torre señala que no sabía que sus
compensaciones salariales provenían de gastos reservados.
30. Se revela la "lista de Dahik", con 242 nombres de beneficiarios
de fondos reservados. Es la consecuencia de que el presidente de
la CSJ levanta el sigilo sobre los microfilmes -con una providencia
que deroga el decreto Nº 64 del presidente de la República-. "La
lista de Dahik" consta de nombres que van desde cantantes y
restaurantes a personas particulares y funcionarios del Gobierno.
Queda establecido que los depósitos del Ministerio de Finanzas en
la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia totalizaron 21
mil 257 millones de sucres.
31. Sixto Durán Ballén se allana a la providencia de Solórzano
que deroga el decreto mediante el cual el presidente se declaró
custodio de los microfilmes.
FEBRER0
01. Se revela que los gastos reservados sirvieron para hacer
mejoras en la hacienda Chillo Jijón, ubicada en el Valle de los
Chillos, y que fue el lugar de descanso del ex vicepresidente de la
República. También se confirma que con gastos reservados de la
Vicepresidencia se financió la campaña del fantasma Comité de
Información y Contacto Externo (CICE) contra los partidos políticos
y el Congreso, que apareció previa a la consulta popular del 28 de

99
agosto de 1994. Igualmente, se revela que se financió con fondos
reservados la campaña del Partido Conservador para renovar
diputados el 1 de mayo de 1994.
02. Juan Carlos Faidutti dice que el instrumento denominado
clasificador por objeto de gastos, incluía no solo inversiones en
seguridad interna y externa del Estado, sino también los gastos que
los únicos tres administradores de fondos reservados -presidente,
vicepresidente y ministro de Gobierno- "ordenen cubrir con ese
rubro". Señala que "el cheque solo da cuenta de una entrega de
dinero del girador al beneficiario, pero no indica el motivo del pago".
04. Desde Costa Rica, Alberto Dahik acusa a la CSJ de actuar "al
margen de la ley", de cometer "graves violaciones a la Constitución"
y "errores de Derecho". En un escrito presentado por su abogado,
Francisco Tinajero, el ex vicepresidente precisa que Solórzano "no
tiene competencia legal para pronunciarse sobre la validez o
invalidez de un acto administrativo". La defensa de Dahik insiste,
una vez más, que el único juez de los gastos reservados es el
contralor.
05. El contralor Faidutti destaca que para él era nuevo ver la lista
de personas beneficiadas con fondos reservados. "A mí se me
presentaron justificativos y observé que se encuadraban en el
reglamento". Dice saber cuáles son las razones por las cuales "le
persigue" un medio de comunicación, pero no hace precisiones.
Ratifica que él no hizo auditoria del manejo de los fondos
reservados y que jamás conoció los nombres que aparecieron
publicados en "la lista de Dahik". Desde su autoexilio en Costa
Rica, el ex vicepresidente justifica el pago a instituciones y
personas con fondos de las cuentas de gastos reservados.
06. El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, denuncia un
complot en su contra, de "varios grupos de personas interesados en
sacarlo de la Presidencia de la Corte por la labor que ejecuta para
erradicar la corrupción y la inmoralidad en el país". Se revela una
lista de 29 presuntos beneficiarios de la compra de divisas del
Banco de la Producción con cheques del Banco del Pacífico,
manejadas por los ex secretarios de Dahik, por US 276.964,03
dólares El presidente de la Corte Suprema llama al gerente de la
empresa Veritas Publicitaria, Horacio Chavarría, para que explique
por qué recibió gastos reservados de la Vicepresidencia. Se
descubre que un empleado del Partido Conservador paga los
remitidos de prensa contra el presidente de la Corte Suprema de
Justicia.

100
07. Se confirma que diversas actividades de una reunión
internacional anticorrupción, propiciada por el ex vicepresidente de
la República en Quito, el 2 de marzo de 1994, fueron financiadas
con fondos reservados de la Vicepresidencia. La reunión fue
organizada por Transparencia Internacional, de la que Dahik fue
presidente consultivo hasta el 2 de septiembre de 1995.
08. El ex vicepresidente Alberto Dahik demanda, ante el
presidente subrogante de la Corte, 5 mil millones de sucres como
indemnización por supuestos daños y perjuicios causados en su
contra por el presidente de la CSJ, Carlos Solórzano. La demandas
del ex vicepresidente es calificada como absurda por parte de
Solórzano y Casares. En Berlín, el alemán Peter Eigen, presidente
de Transparencia Internacional, dice que su organización está
dispuesta a devolver los 10 mil dólares donados por el ex
vicepresidente Dahik con fondos reservados del Estado, "si así lo
dispone el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador".
09. Varios especialistas, entre ellos el jurista Julio César Trujillo,
así como el fiscal general de la Nación, consideran absurda y sin
fundamento jurídico la demanda del ex vicepresidente Dahik en
contra del presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, para obtener
una indemnización de 5 mil millones de sucres.
13. Alvaro Dahik, hermano del ex vicepresidente, solicita al fiscal
Casares que excite al presidente de la Corte a entablar un juicio
penal en contra de los diputados socialcristianos Xavier Neira y
Rafael Cuesta, por los delitos de violación del sigilo bancario y
prevaricato. Asimismo, indica que su hermano pasa por un periodo
de austeridad económica en Costa Rica.
17. Se revela que un retrato del ex presidente de la República,
José María Velasco Ibarra, fue comprado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores con fondos provenientes de gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República, cuando era
canciller Diego Paredes.
19. El cardenal ecuatoriano Bernardino Echeverría, asegura que
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha enviado al poder judicial
los justificativos de las donaciones que recibió la Iglesia de manos
del ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik, y que habrían
sido parte de gastos reservados. El prelado dice que no considera
que la Iglesia pueda devolver tales donaciones, en virtud de que
han sido empleadas en obras "que hacían falta"
22. Un informe de los peritos designados por la CSJ para analizar
los gastos reservados de la Vicepresidencia, revela que

101
Transparencia Internacional recibió un segundo cheque por 10 mil
dólares. Se determina, también, que se entregaron 100 mil dólares
a un hospital de EEUU por el tratamiento médico que recibió
Rodrigo Mera, esposo de la ex diputada conservadora Teresa
Minuche.
23. Se conoce que 237 personas de la "lista de Dahik" han
presentado justificativos y que está próximo el cierre de la fase
sumarial del juicio penal por presunta malversación de gastos
reservados de la Vicepresidencia de la República.
26. Horacio Chavarría, de Veritas Publicitaria, ratifica ante el juez
que los gastos reservados se usaron en la campaña de los
diputados del Partido Conservador y, a través del CICE, en la
consulta popular del 28 de agosto de 1994. El Congreso anuncia
para el mes de marzo la interpelación al contralor general de la
Nación, Juan Carlos Faidutti.
MARZO
04. El ministro juez Rodrigo Varea niega por tercera vez el
recursos de apelación presentado por Alberto Dahik en contra del
presidente de la Corte Suprema. Varea argumenta que no es el
ministro más antiguo de la Corte y, por lo tanto, carece de la calidad
de presidente subrogante.
05. Se realiza un nuevo reconocimiento pericial de los microfilmes
en la bóveda Nº 10 del Banco Central. Se establece un plazo de
cuatro días para que los peritos entreguen las conclusiones de su
inspección. En su reporte ampliatorio los peritos deberán precisar si
los 19 mil 580 millones 500 mil 69 sucres manejados por los
secretarios Crespo y Merchán coinciden con los montos aprobados
por la Contraloría en las actas de juzgamiento entre 1992 y 1995.
De esa cifra, dicen los peritos, solo se han justificado 9 mil 288
millones 862 mil 497 sucres. Se establece que la empresa SAID,
que recibió fondos reservados, corresponde las siglas "Sociedad
Anónima Importadora Dahik", uno de cuyos socios es el ex
vicepresidente de la República.
06. El abogado defensor de Dahik admite que con fondos
reservados se compraron casimires en la firma SAID, de propiedad
de Dahik y su familia. Dice que las telas se las obsequió en la
Navidad de 1994 a un grupo de guardias personales del ex
vicepresidente, en Guayaquil. El defensor rechaza la versión del
contralor Juan Carlos Faidutti, de que fue engañado por los

102
asesores del ex vicepresidente. Se anuncia que se notificará a 55
personas que aún no han justificado la recepción de fondos
reservados de la Vicepresidencia, luego de que hoy vence el plazo
para hacerlo.
07. Una inspección de diez actas de juzgamiento de los gastos
reservados estableció que existe una diferencia mil 917 millones
448 mil 293 sucres entre el informe de los peritos
De "prueba básica para la defensa" calificaron los abogados
Walter Guerrero y Rodrigo Bucheli el reconocimiento de las actas
de juzgamiento de los gastos reservados, aprobados por el
contralor. El fiscal difiere de este criterio: dijo que las actas no
tienen valor procesal ya que el contralor aceptó que pudo haber
sido engañado durante la justificación de esas actas.
11. Renuncia el contralor Juan Carlos Faidutti. Desde Costa Rica
se informa que antes de que finalice este mes se decidirá si ese
país concede el asilo al ex vicepresidente del Ecuador, Alberto
Dahik. Hasta la fecha se han presentado 245 personas a la Corte
para entregar justificativos de la recepción de gastos reservados; 15
no lo han hecho. Los peritos informan que los intereses que
ganaron los fondos reservados en el Banco del Pacífico suman 8
mil 305 millones de sucres.
12. Se informa que podrían instaurarse juicios de coactiva, por
parte de la Contraloría, contra las personas naturales o jurídicas
que no han justificado la recepción de gastos reservados de la
Vicepresidencia.
13. Alvaro Dahik Garzozi, hermano del ex vicepresidente de la
República, Alberto Dahik, formalizó la acusación particular en contra
de los diputados socialcristianos Xavier Neira y Rafael Cuesta, por
presunta violación del sigilo bancario, con el que obtuvieron
información del banco del Pacífico para demandar penalmente al ex
vicepresidente.
14. El presidente de la Corte Suprema de Justicia cierra el
sumario del juicio que sustancia por el presunto mal uso de la
cuenta de fondos reservados. Dispone, además, que el ministro
fiscal general emita su dictamen en un plazo de seis días. El fiscal
no descarta la posibilidad de pedir la reapertura del sumario con el
fin de sindicar a otros implicados en el caso.
15. El fiscal responde al cierre del sumario solicitando que se
sindique con prisión a Augusto de la Torre, gerente del Banco
Central; a los ex funcionarios de la Vicepresidencia Luis Rueda,
Franklin Maldonado y Vinicio Garzón; asimismo a Rodrigo Mera,

103
esposo de la ex diputada conservadora Teresa Minuche. También
pide sindicación sin prisión de los diputados conservadores Wilman
Costa, Freddy Bravo, Marcelo Saltos y Leonardo Escobar, previo al
pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Además
solicita la extensión del sumario a Mariana Argudo, ex ministra de
Bienestar Social. Demanda que se llame nuevamente a declarar al
contralor Faidutti, a fin de que conteste cuatro nuevas preguntas
formuladas por el fiscal. Si se aceptan sus pedidos, el sumario se
extenderá por diez días más. "El Partido Social Cristiano quiere
impedir que el contralor Juan Carlos Faidutti comparezca ante el
Congreso", dicen diputados de ID, DP, y APRE .
16. El diputado conservador Freddy Bravo rechaza la sindicación
de que fue objeto por el fiscal.
19. El presidente de la Corte Suprema reabre el sumario, ante la
petición del fiscal. Dispone que el contralor Faidutti amplíe su
testimonio y que se recepte el correspondiente de Fabián Rojas y
de María Noboa (hermana del candidato presidencial Ricardo
Noboa). El gerente del Banco Central deberá informar sobre la
recepción de 108 millones de sucres. Se da plazo de tres días para
que los diputados Freddy Bravo, Leonardo Escobar y Marcelo
saltos informen sobre la recepción de fondos reservados.
20. El fiscal se muestra inconforme con la decisión del presidente
de la Corte Suprema. "Este juicio podría quedar en nada si en el
momento de llamar a la etapa plenaria no existe un solo detenido",
dice. Casares considera que el juez no acogió lo medular de sus
pedidos y que su acción El ministro juez Carlos Romo Morán se
abstiene de iniciar el juicio penal en contra del presidente de la
Corte Suprema de Justicia, quien fue querellado penalmente por el
ex vicepresidente Alberto Dahik. Francisco Tinajero, defensor de
Dahik, anuncia que enjuiciará penalmente al contralor Faidutti, "por
el delito de injurias calumniosas".
21. "El fiscal se precipitó", argumentan juristas. El contralor
Faidutti se acoge al derecho al silencio al negarse a contestar las
preguntas que le formula el fiscal.
22. El defensor del ex secretario de Dahik, Juan Mario Crespo,
dice que el contralor "no impugnó varios gastos reservados porque
participó en ellos".
23. Mariana Argudo, la ex ministra de Bienestar Social, devuelve
10 millones de sucres que recibió de la Vicepresidencia para cubrir
gastos de salud. María Noboa dice que el cheque de 100 millones

104
de sucres lo recibió de la compañía "Silvercorp", de propiedad de su
hermano Luis.
24. Desde Costa Rica se anuncia que está listo el asilo de Alberto
Dahik.
25. El gerente del Banco Central, Augusto de la Torre, dice que
los 108 millones de sucres, que recibió de la cuenta de gastos
reservados, "fueron bien ganados"
26. Teresa Minuche, la ex diputada conservadora, devuelve 100
mil dólares que recibió de la Vicepresidencia para un tratamiento de
la salud de su esposo, Rodrigo Mera, en el exterior.
27. Se anuncia que una mayoría de diputados votará por la
censura del contralor Faidutti. Teresa Minuche devolvió 19 sucres al
ciudadano Diego Cárdenas: ella había dicho que la suma recibida
para un tratamiento de su esposo correspondía "apenas" a 19
sucres por cada ecuatoriano, en retribución a una larga vida de
trabajo en el sector público de ella y de su marido.
28. El presidente de la Corte Suprema llama a que rinda
testimonio a Rodrigo Mera. "De no haber detenidos, el caso de los
fondos reservados podría prescribir en 20 años", advierte el fiscal
general de la Nación. El inminente asilo de Dahik causa polémica
en el Ecuador.
29. Augusto de la Torre, gerente del Banco Central, devuelve 108
millones de sucres que recibió de la cuenta de gastos reservados
de la Vicepresidencia de la República.
ABRIL
01. El Gobierno de Costa Rica otorga el asilo político a Alberto
Dahik. El fiscal Casares dice que no entiende por qué el presidente
de la Corte Suprema no solicitó la extradición de Dahik en octubre
de 1995, cuando la prisión preventiva en contra del ex
vicepresidente "quedó en firme".
02. El presidente de la Corte Suprema cierra por segunda vez el
sumario del juicio de los gastos reservados, sin aceptar ninguno de
los pedidos del fiscal. El Congreso Nacional, en periodo
extraordinario de sesiones, censura y destituye al contralor general
del Estado, Juan Carlos Faidutti, quien no acude a ejercer su
defensa. Dahik asegura que la concesión del asilo político
"demuestra que en el Ecuador existe una conspiración política en
su contra".

105
03. Dahik admite que utilizó fondos de los fondos reservados en
gastos que no eran para seguridad "porque el clasificador de gastos
se lo permitía".. El ministro juez Carlos Romo Morán ordena
archivar la demanda de Dahik contra el presidente de la Corte
Suprema.
04. El presidente de la Corte Suprema se pronunciará sobre la
situación jurídica de los presuntos beneficiarios de los gastos
reservados durante la etapa intermedia del juicio, es decir en el
auto de llamamiento a plenario.
05. Varios partidos políticos rechazan el asilo otorgado a Dahik. El
presidente de la Corte dice que Dahik continua siendo un prófugo y
un reo de la justicia.
07. Dahik asegura que está dispuesto a retornar al país si se
anula el juicio en su contra. Insiste que es víctima de la hipocresía
ecuatoriana.
09. El Gobierno resolvió entregar la pensión vitalicia al ex
vicepresidente de la República, Alberto Dahik, luego de que recibió
asilo político en Costa Rica.
15. El fiscal Fernando Casares emite un dictamen en que acusa
de peculado al ex vicepresidente Dahik y a todos los otros
sindicados en el juicio penal por la presunta utilización ilegal de los
fondos reservados de la Vicepresidencia. El dictamen acusa de
autores a Dahik, a sus ex secretarios privados, Gladys Merchán y
Juan Mario Crespo, al ex ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, y al
ex canciller Diego Paredes Peña. Dahik, Merchán y Crespo también
son acusados de enriquecimiento ilícito. El contralor Juan Carlos
Faidutti es acusado de cómplice. Entre tanto, el ex superintendente
de Bancos, Ricardo Muñoz, y el subcontralor Francisco Costales,
son acusados de encubridores.
16. Dahik manifiesta que el dictamen "es una prueba contundente
de la politización de la justicia". El contralor Juan Carlos Faidutti
dice que a través del dictamen el fiscal busca notoriedad política y
presencia en el futuro régimen, "ya que su periodo termina el 10 de
agosto". El ex ministro de Finanzas, Mauricio Pinto, dice que se
sorprendió del dictamen: "Si yo voy a la cárcel, tendrán que
acompañarme todos los ex ministros de Finanzas", manifiesta. El
defensor del ex canciller Diego Paredes declara que "el Derecho ha
muerto". El vicepresidente de la República, Eduardo Peña,
manifiesta que el Gobierno acatará y respetará el dictamen del
fiscal.

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