El decreto prorroga el estado de emergencia económica y financiera de la provincia de Río Negro hasta el 31 de diciembre de 2013, justificando la medida bajo la constitucionalidad y la necesidad de proteger el orden público. Se busca garantizar los derechos esenciales de los individuos y mantener la continuidad de servicios básicos en medio de una crisis estructural. Además, se establece la creación de una comisión de transparencia en el empleo público y se detalla la modificación presupuestaria correspondiente para enfrentar la situación.