DECLARATORIA OFICIO

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DECLARATORIA OFICIOSA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN MATERIA DE TRÁNSITO, EN EL
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA, AÑO 2008 - 2017
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JHONY ALEJANDRO OBANDO CARDONA
JHON WILLIAN SANDOVAL CRUZ
WILLIAN DE JESÚS RAMÍREZ
RESUMEN
La declaratoria oficiosa de la prescripción de los actos administrativos sancionatorios en
materia de tránsito le corresponde al Instituto Municipal de Transito de Pereira, disposición
emanada de los preceptos normativos de la Ley 769 de 2002 , el Decreto 019 de 2012, y el
Decreto 624 de 1989 - Estatuto Tributario, de allí que el presente documento se enfoque en
analizar y determinar la eficacia de la norma en la situación objeto de estudio y la eficiencia del
Instituto Municipal de Transito de Pereira en el cumplimiento de sus obligaciones por mandato
legal en la ejecución de las sanciones y prescripción oficiosa, máxime al revisar la ocurrencia del
fenómeno de la prescripción, en el entendido de, establecer si se presenta a raíz de la negligencia
de la aplicación de las normas por parte de las entidades públicas o por el contrario existe otro
factor que conlleve a la eventualidad de la prescripción en multas de tránsito, es decir, si hay un
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Abogados titulados
Universidad Libre Seccional Pereira
Facultad de Derecho
Especialización en Derecho Administrativo

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detrimento patrimonial en el Municipio de Pereira por la ocurrencia del fenómeno de la
prescripción, desde el año 2008 hasta el año 2017.
Es de reconocer que, la responsabilidad de actuar para la prevención del detrimento
patrimonial sobre la prescripción recae en el Municipio de Pereira y los entes de control,
reiterando que es una obligación por parte de los infractores ponerse al día por las multas de
tránsito y de allí la importancia de establecer la necesidad del estudio en mención, en el entendido
que, el Municipio de Pereira sufre un detrimento patrimonial al dejar de percibir ingresos por
factores sancionatorios en cabeza del Instituto Municipal de Tránsito, sin demeritar la
responsabilidad que tienen los asociados de cumplir sus obligaciones económicas en este caso el
cumplimiento de pago de las sanciones impuestas por las autoridades de tránsito debido a
infracciones normativas.
PALABRAS CLAVE: Tránsito, Comparendo, Prescripción, Acto Administrativo.
SUMMARY
The Unofficial Statement of the prescription of administrative penalties in transit, in the
Municipal Institute of Transit of Pereira, based on Law 769 of 2002, Decree 019 and the Tax
Statute, determine the effectiveness of this Normative, To review the occurrence of the
phenomenon of prescription, in the sense of establishing a root of the negligence of the
application of the rules by the public entities or, on the contrary, there is another factor that leads

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to the Eventuality of the prescription in fines of Transit and the reason for which it is of this
phenomenon, that is to say, if there is a patrimonial detriment in the Municipality of Pereira.
It is to be recognized that the responsibility to act for the prevention of the pecuniary crime on
the prescription rests with the Municipality of Pereira and the control entities, reiterating that it is
an obligation on the part of the violators to be updated by the traffic fines and There is the
importance of establishing the importance of the study in the mention, in the understanding that,
the municipality of Pereira suffers a deviation from its property by failing to receive income from
the sanctioning factors at the head of the Municipal Traffic Institute.
KEY WORDS: Transit, Comparison, Prescription, Administrative Act.

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INTRODUCCIÓN
El presente estudio aborda con mayor comprensión la figurada de la prescripción oficiosa por
parte de los contraventores en la ciudad de Pereira-Risaralda; analizando las diversas situaciones
que los originan y teniendo como punto de partida principal la cartera que se le adeuda al
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, teniendo en cuanta las estadísticas aportadas por la
entidad en los periodos comprendidos entre el año 2008 y el año 2017, ello con el fin de plantear
estrategias para formar al ciudadano con responsabilidad social a mediano y a largo plazo, a
través de formas favorables de pago que sensibilicen a la población y así poder contribuir de esta
manera a la reducción de los índices de prescripción de las sanciones impuestas por las
autoridades de tránsito en la ciudad de Pereira, de tal manera que, aparte de ser gran aporte a la
comunidad académica y a las autoridades públicas en cuanto a la aplicación y abordaje del
fenómeno jurídico en estudio, se logre generar un impacto de trascendencia social en los
asociados con el fin de generar consciencia ciudadana frente a las responsabilidades económicas
derivadas de su mala conducta.
La importancia del presente estudio radica en su utilidad social, puesto que, es un fenómeno
de actualidad que afecta tanto a la administración pública como a los asociados por ser un
fenómeno que extiende sus efectos a ambas partes, en el entendido que, es un deber de los
ciudadanos hacer los respectivos pagos por las infracciones de tránsito a las cuales se vean
expuestos, pero es obligación de la entidad pública ofrecer alternativas de pago para fomentar el
pago en los ciudadanos y de no ser así accionar de manera respectiva la jurisdicción coactiva, de
allí que, se precise lograr analizar las estadísticas aportadas por la entidad sobre los comparendos
emitidos por la entidad, los comparendos pendientes de pago y los prescritos entre el año 2008 y
el año 2017 con lo cual se determinará si la cartera del Instituto Municipal de Tránsito ha

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generado detrimento al Municipio de Pereira, ello con el fin de evidenciar el fenómeno jurídico
de la prescripción y procurar la protección del patrimonio económico colectivo, partiendo del
análisis de la prescripción oficiosa de los actos administrativos sancionatorios en materia de
multas de tránsito.
1. CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LAS SANCIONES DE TRÁNSITO
Durante cientos de años las sanciones por infringir normas de tránsito han existido, es ahí
donde surgió la idea de buscar un medio de coercitivo de hacer pagar las multas de tránsito.
Los primeros vehículos autopropulsados, con sus enormes calderas de vapor, aparecieron en el
siglo XVIII; el primer vehículo automóvil por motor de combustión interna con gasolina no
llegaría hasta 1885. Lógicamente, y ante aquellos nuevos protagonistas, hubo que cambiar las
normativas de circulación
El 28 de enero de 1896, Walter Arnold de East Peckham (en el condado de Kent) se convirtió
en la primera persona en Gran Bretaña que fue sancionada por exceso de velocidad. Circulaba a
unas 8 millas por hora (casi 13 km/h) cuando la velocidad máxima permitida en ciudad eran 2
millas (algo más de 3 km/h). La sanción que se le impuso fue de un chelín y las costas del
proceso. Lo curioso es que el policía que lo detuvo, tras la correspondiente persecución, iba en
bicicleta.

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Esto con el fin de traer a colación que hace más de un siglo se empezó a proceder con las
infracciones a las normas de tránsito y es ahí el comienzo de legislar sobre la recuperación de las
obligaciones adeudadas por los infractores.
1.2. MARCO NORMATIVO SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO
1.2.1. Marco normativo aplicable al fenómeno de la prescripción en materia de
tránsito.
A continuación, se relacionan las normas orientadoras del fenómeno de la prescripción en
materia administrativa, en el caso en específico la prescripción oficiosa de los comparendos de
tránsito emitidas por el instituto del Instituto Municipal de Transito de Pereira:
Bajo los preceptos superiores, la Constitución Política de Colombia establece en el art. 286
“son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios
indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que
se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley” (Constitución Política, 1991, art.
286), de allí se desprende la facultad que tiene el Municipio de Pereira para delegar sus funciones
propias de la administración en entidades públicas como lo es el caso del Instituto Municipal de
Transito de Pereira; ello en armonía con el art. 287, el cual según la Sentencia C-539 de 1995 del
Magistrado Ponente expone que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley (Corte Constitucional, Sentencia
C-539 1991). En tal virtud tendrán los siguientes derechos: Administrar los recursos y establecer
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

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Se encuentran dos normas aplicables al término de prescripción de los comparendos, en los
cuales la entidad de tránsito cuenta con el tiempo suficiente para ejecutar las sanciones impuestas
por sus agentes de tránsito. En primer lugar, se encuentra el Código Nacional de Tránsito Ley
769 de 2002 el cual en el art. 159 expone:
La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito,
estará a cargo de las autoridades de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho,
quienes estarán investidas de jurisdicción coactiva para el cobro, cuando ello fuere necesario
y prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con
la presentación de la demanda. (Alcaldía de Bogotá, Ley 769, 2002)
En segundo lugar, el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección
General de Impuesto Nacionales, en el art. 817, expone:
La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años,
contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u
obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de
la fecha de su ejecutoria.
La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor. (Alcaldía de Bogotá,
Decreto 624 de 1989, 1989)
De acuerdo con lo anterior es evidente que, el instituto de movilidad de transito Pereira cuenta
con los mecanismos jurídicos para hacer efectiva la imposición de comparendos de infracciones
de tránsito y coactivamente ejecutar las sanciones sobre las multas de tránsito. Por lo tanto, se
evidencia la necesidad de tomar medidas urgentes para recuperar la cartera y disminuir el alto
índice de prescripción como se evidencia en el estudio de las estadísticas aportadas por la entidad
en el periodo comprendido entre el año 2008 y 2017. También se evidencia que si bien el
Instituto Municipal de Tránsito cuenta con las herramientas y mecanismos jurídicos para ejercer
la ejecución de las acciones, los afectados también cuentan con las herramientas para solicitar a

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petición de parte la prescripción de los comparendos a su cargo ante la entidad de tránsito
correspondiente; máxime cuando transcurridos los 8 años a que se puede extender la entidad
pública, es de oficio que el Instituto Municipal de Tránsito debe aplicar la prescripción de sus
actos administrativos sancionatorios, debido a la inoportuna ejecución de los mismos.
A ello se suma lo expuesto por la Resolución del Ministerio de Transporte con radicado MT
N° 20171340037321 del 8 de febrero de 2017, en el cual emite concepto respecto a la figura de la
prescripción de las infracciones de tránsito; concepto emitido en virtud a la solicitud de
información del ciudadano Juan Carlos Celemin Gonzáles respecto al tiempo de prescripción de
las infracciones de tránsito y la caducidad de los mismos, a lo cual el MinTransporte se pronuncia
en los siguientes términos.
Respecto a la prescripción de las infracciones de tránsito, preceptúa el Ministerio de
Transporte que lo establecido por el art. 159 de la Ley 769 de 2002 modificado por el art. 206 del
Decreto 019 de 2012 (Legal Legis, 2012), se constituye como norma especial, máxime cuando el
H. Consejo de Estado en Sentencia del 29 de septiembre de 2006 dentro del proceso
SENTENCIA Nº 11001-00-00-000-1997-02002-01 DE CONSEJO DE ESTADO - SALA
PLENA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - SECCIÓN con ponencia del Consejero
Darío Quiñonez Pinilla, se pronunció al respecto en los siguientes términos:
Como lo expone la Sentencia del Consejo de Estado 14807 de 2006 con ponencia de Hernán
Enríquez, Alier Eduardo “En los procesos por jurisdicción coactiva en los que se persiga la
ejecución de multas impuestas por violación de normas de tránsito existe norma especial que
regula la prescripción de la acción y es la contenida en el artículo 159 de la Ley 769 de
2002” (Consejo de Estado, Quiñonez Pinilla, 2002).
Ahora bien, respecto a la acción ejecutiva el Consejo de Estado es claro al expresar que:

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Dicha norma prevé que la acción ejecutiva a través de la cual se pretenda el cumplimiento de
las sanciones impuestas por violación de las normas de tránsito prescribirá en tres años
contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la
demanda. Así las cosas, para efectos de la contabilización del término de prescripción de la
acción ejecutiva se deben tener en cuenta dos aspectos: (i) que dicho término empieza a
contarse a partir de la ocurrencia del hecho por el cual se impuso la sanción y (ii) que se
interrumpe con la presentación de la demanda. En relación con esto último, se precisa que
como en los procesos de jurisdicción coactiva no se procede mediante demanda, debe
entenderse, entonces, que el término de prescripción se interrumpe desde cuando se dicta el
mandamiento de pago”. (Consejo de Estado, Quiñonez Pinilla, 2002).
Ello aunado a la facultad coercitiva que al respecto procesa la Sala Plena Contenciosa
Administrativa, citada por el Ministerio de Transporte (2017):
Es necesario señalar que las autoridades de tránsito de la respectiva jurisdicción tienen la
facultad de exigir el cobro, producto de la infracción que se cometió, si ello no ocurre
durante el término señalado anteriormente, es decir, tres, tres (3) años contados a partir de la
ocurrencia del hecho, prescribe la acción, ya que la prescripción extingue el derecho por no
haberse hecho uso del mismo, y se interrumpirá con la prestación de la demanda. La facultad
señalada se deriva de la autonomía que tienen las entidades territoriales en desarrollo de lo
establecido en el artículo 287 de la Constitución Política e el Código Nacional de Tránsito.
La Ley 1066 de 29 de julio de 2006, mediante la cual se dictan normas para la normalización
de la cartera pública, establece en el artículo primero lo siguiente:
“ARTÍCULO 1o. GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA. Conforme a
los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la
Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de
obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz,
eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público”. (Revista
Legislación Económica, 2006).
Con la entrada en vigencia de la Ley 1066 de 2006 el procedimiento aplicable a los procesos
que por jurisdicción coactiva deban adelantar los organismos de tránsito, es el establecido en
el Estatuto Tributario, por expreso mandato del artículo 5 de la ley en mención, que señala:
Como lo enuncia Legal Legis (2006) “ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO
COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. Las

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entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y
que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional,
territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la
Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones
exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el
Estatuto Tributario” (Revista Legislación Económica, 2006).
Como lo enuncia Legal Legis (2006) “PARÁGRAFO 1o. Se excluyen del campo de
aplicación de la presente ley las deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas
derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en
este artículo desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a los particulares,
en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios,
cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la
sociedad” (Revista Legislación Económica, 2006).
Como lo enuncia Legal Legis (2006) “PARÁGRAFO 2o. Los representantes legales de
las entidades a que hace referencia el presente artículo, para efectos de dar por
terminados los procesos de cobro coactivo y proceder a su archivo, quedan
facultados para dar aplicación a los incisos 1o y 2o del artículo 820 del Estatuto
Tributario” (Consejo de Estado, 2015).
Como lo enuncia Legal Legis (2006) “PARÁGRAFO 3o. Las Administradoras de
Régimen de Prima Media con Prestación Definida seguirán ejerciendo la facultad de
cobro coactivo que les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas
reglamentarias” (Consejo de Estado, 2015).
En cuanto a la vigencia de la Ley 1066 de 2006, ésta se encuentra clara y
expresamente regulada en su art. 21, la que quedó sujeta a su promulgación, es decir,
el 29 de julio de 2006, fecha en la que fue publicada en el Diario Oficial 46.344.
(Consejo de Estado, citado por MinTransporte, 2017)
Teniendo en cuenta los lineamientos del Consejo de Estado, el MinTransporte (2017) expone
que la acción ejecutiva a través de la cual se pretenda el cumplimiento de las sanciones impuestas
por violación a las normas de tránsito prescriben en tres años contados a partir de la ocurrencia

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del hecho y se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. En tal sentido para el
Ministerio de Transporte las autoridades de tránsito de la respectiva jurisdicción tienen la facultad
de exigir el cobro, producto de la infracción que se cometió, si ello no ocurre durante el término
señalado anteriormente, es decir, tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho, prescribe
la acción, ya que la prescripción extingue el derecho por no haberse hecho uso del mismo. La
facultad señalada se deriva de la autonomía que tienen las entidades territoriales en desarrollo de
lo establecido en el artículo 287 de la Constitución Política y el Código Nacional de Tránsito.
2. CAPÍTULO 2: DESARROLLO TEMÁTICO
2.1. LA POTESTAD SANCIONADORA Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS
En el Estado Social y Democrático de Derecho convergen diferentes potestades, de las cuales
se hace relevancia a la potestad sancionatoria del Estado en cabeza de sus diferentes entidades, es
decir, el iuspuniendi. De allí que, existan diferentes maneras de ejercer el poder sancionador
como en el área penal, administrativa, disciplinaria, fiscal, etc., siendo cada una diferentes pero
pertenecientes al mismo género de la potestad sancionatoria, como lo expone la Corte
Constitucional en Sentencia C-406 de 2004, con ponencia de la magistrada ponente Clara Inés
Muñoz Carrillo:
En relación con la potestad sancionadora del Estado, pueden distinguirse diversas especies,
las cuales se diferencian entre sí por las materias reguladas, la determinación de los sujetos o
las sanciones consagradas respecto de las conductas sancionables. Esta distinción ha sido
reconocida de tiempo atrás por esta Corporación, acogiendo los criterios utilizados por la

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Corte Suprema de Justicia cuando ejercía el control de constitucionalidad, según los cuales
"el derecho sancionador del Estado es una disciplina compleja pues recubre, como género, al
menos cinco especies, a saber: el derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el
derecho disciplinario, el derecho correccional y el derecho de punición por indignidad
política o "impeachment". (Corte Constitucional, Sentencia C406 2004)
Así las cosas, al existir un poder sancionador dividido en algunas especies, se ha determinado
una potestad sancionadora a diversos funcionarios administrativos, a quienes se les ha asignado y
facultado atribuciones de investigación, ejecución e imposición de sanciones con el fin de
garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal, como sucede en el caso particular del
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, el cual cuenta con esa potestad con el fin de garantizar
el cumplimiento de las sanciones de transito impartidas a particulares y su debida ejecución de
serlo necesario. A ello la Corte en Sentencia C-214 de 1994 con ponencia del Magistrado
Antonio Barrera Carbonel, ha expresado:
El poder del Estado, aun siendo concebido como un todo unitario, debido a la división y
especialización del trabajo, se desdobla en una serie de atribuciones, facultades o
competencias institucionalizadas en el ordenamiento constitucional, que se radican en cada
una de las ramas del poder público. (Corte Constitucional, Sentencia C-214, 1994)
En tal sentido, la potestad sancionadora faculta al Instituto Municipal de Tránsito de Pereira
para imponer sanciones respetando principios propios del proceso como lo son el debido proceso,
legalidad y publicidad, entre otros. De tal manera, la administración debe ser consecuente con sus
actuaciones administrativas, de lo cual para la imposición de sus diferentes actos sancionatorios
debe emitir actos administrativos motivados con el fin de establecer la sanción a imponer, los
hechos relevantes de su adquisición y la sanción pecuniaria o educativa, para el caso en concreto
de los comparendos de tránsito. Para tal efecto, Parejo (1997) enuncia que los actos
administrativos sancionatorios son “un mal infligido a un administrado en el ejercicio de la

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correspondiente potestad administrativa por un hecho o una conducta constitutivos de infracción
administrativa tipificada legal y previamente como tal” (p. 12).
Algunas entidades estatales como el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira están revestidas
de funciones de inspección vigilancia y control, como lo es en el caso de la ejecución de
sanciones por infracciones de tránsito, prevención a la infracción de normas de tránsito,
normalización del flujo vehicular en la ciudad y en sí las demás disposiciones legales a las cuales
se le haya atribuido a la entidad, de allí que, en el cumplimiento de sus funciones la autoridad
administrativa está facultada para iniciar y ejecutar procesos sancionatorios en contra de
particulares por estar facultados por el legislador bajo la jurisdicción coactiva. Ello respetando
garantías constitucionales como la aplicación del debido proceso establecido en el art. 29 de la
Carta Política, el Principio de legalidad, favorabilidad, publicidad, presunción de inocencia,
defensa y contradicción etc., ello con el fin de garantizar el respeto de las autoridades
administrativas a las garantías constitucionales y legales.
Así mismo, los actos administrativos sancionatorios deben ser motivados y estar fundados y
respetar principios aplicables en la materia, como los son el debido proceso, legalidad, publicidad
y el principio de favorabilidad. Al respecto la jurisprudencia se ha pronunciado y ha establecido
concepto, parámetros y alcances de los mismos; respecto al concepto de principio del debido
proceso en materia administrativa la Corte Constitucional en Sentencia T-051 de 2016 con
ponencia del Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo ha expuesto:
La Corte señaló que el debido proceso administrativo ha sido definido jurisprudencialmente
como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está

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previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que
con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración,
(ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica
y a la defensa de los administrados. (Corte Constitucional, Sentencia T-051, 2016)
Ello, en desarrollo del derecho constitucional fundamental del debido proceso impetrado en el
art. 29 superior, el cual según la Sentencia C-980 de 2010 con ponencia del Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO “se hace extensivo a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas” (Corte Constitucional, 2010). Es así, como los actos administrativos
sancionatorios expedidos por la entidad de tránsito deben ceñirse a las reglas generales y
específicas del principio del debido proceso como lo ha expuesto la Corte en su línea
jurisprudencial, de tal manera, la Corte en sentencia C-980 de 2010 expuso:
La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como el conjunto
de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante
su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La misma
jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le
impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de
observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los
reglamentos, “con el fin de preservar las garantías -derechos y obligaciones- de quienes se
encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación
conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una
sanción". (Corte Constitucional, Sentencia C-980, 2010)
De lo anterior se dirime que a la luz de la Constitución Política por expresa disposición del
artículo 29 y 209, el principio del debido proceso en materia administrativa impone la publicidad
como principio rector de las actuaciones y acciones administrativas, permitiendo que la
administración ponga en conocimiento aquellos actos que supongan una afectación directa
jurídica en contra de un destinatario, máxime cuando en Sentencia T-616 de 2006 con ponencia

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del magistrado Jaime Araujo Rentería estableció que “la Carta Política exige que, cuando se trata
de definir o derivar la responsabilidad de las personas que pueden ser sujetos de una sanción, la
actuación correspondiente se surta respetando el principio de la publicidad” (Corte
Constitucional, 2006).
Ahora bien, de la mano del principio del debido proceso se encuentra el principio de legalidad
de lo cual la Corte en Sentencia C-713 de 2012 con ponencia del magistrado Mauricio González
Cuervo ha establecido que:
“El principio de legalidad exige: “(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho
directamente por el legislador; (ii) que éste señalamiento sea previo al momento de comisión
del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se
determine no solo previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no
determinable” y tiene como finalidad proteger la libertad individual, controlar la
arbitrariedad judicial, asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo
estatal y en su materialización participan, los principios de reserva de ley y de tipicidad”
(Corte Constitucional, 2012).
De allí que, lo expuesto por la Corte en Sentencia T-1087 de 2005 con ponencia del
Magistrado Álvaro Tafur Galvis, se encuentre ligado al principio de favorabilidad en el entendido
que, “el principio de favorabilidad opera en el derecho administrativo sancionador, hasta dar
lugar i) al decaimiento del acto, así la sanción estuviere ejecutoriada y la jurisdicción contenciosa
se hubiere pronunciado sobre su legalidad y ii) a su revocatoria” (Corte Constitucional, Sentencia
T-1087, 2005).

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2.2. PRESCRIPCIÓN OFICIOSA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS
En el Decreto Nacional 019 de 2012, el legislador estableció en el art. 206, el cual modificó el
art. 159, la figura jurídica de la prescripción oficiosa, de los actos administrativos sancionatorios
que se profieren como resultado de la imposición de una orden de comparendo y en los que se
establece una obligación pecuniaria, por la infracción de una norma de tránsito; así mismo, la Ley
769 de 2002 establece el procedimiento de intervención del agente de tránsito en vía pública
cuando observa la comisión de una infracción a las normas que regulan la actividad del tránsito,
iniciando por la imposición de la orden de comparendo, donde se describen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos, y la cual se entiende notificada en el
momento en que el presunto infractor recibe copia de la misma; una vez se surte esta etapa el
presunto contraventor, tiene dos caminos, cancelar de contado la contravención o activar la
jurisdicción administrativa para que se inicie el proceso contravencional que concluirá con un
fallo de carácter sancionatorio o absolutorio, si sucede lo primero, el fallo o la decisión se
convierte en el titulo valor que le permite a la entidad administrativa, cobrarle al infractor un
valor determinado de acuerdo a la falta cometida. Desde ese momento, las autoridades de transito
quedan investidas de la jurisdicción coactiva para ser efectivo el pago de la multa impuesta en el
titulo valor y para ello tiene un plazo de tres años, toda vez que de no hacerlo se configuraría el
fenómeno de la prescripción.
Así mismo, es importante denotar que la figura jurídica de la prescripción, solo se configura o
se presenta, si la administración en el lapso de los tres años no profiere el mandamiento de pago o
cuenta de cobro, en la que se le exige al conductor infractor cancelar la obligación adquirida

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mediante el incumplimiento de la norma de tránsito y contenida en el título valor, que se
constituyó a través de la sentencia y en la que aparecen los elementos constitutivos del mismo.
Ahora bien, para el caso concreto del Instituto Municipal de Movilidad de Pereira, se
encuentra que en la actualidad existe la unidad de cobro coactivo, dependencia que está
encargada de adelantar los procesos y procedimientos requeridos para que los conductores que
tienen cuentas por pagar a favor de la entidad lo hagan a la menor brevedad posible; pero hoy no
se puede determinar si los procesos y procedimientos establecidos para el cobro de cartera
contenidos en el estatuto tributario están siendo bien aplicados institucionalmente, de manera que
eviten que el titulo valor y el mandamiento de pago pierdan su fuerza ejecutoria a través de la
figura jurídica de la prescripción oficiosa.
Desde esa perspectiva, surgen varios interrogantes, que reflejan el detrimento que sufre el
Municipio de Pereira por el fenómeno de la prescripción, a razón de saber, ¿Cuál es la causa de
los altos índices de prescripción de los actos administrativos sancionatorios en Pereira?, ¿Cómo
favorecer al organismo de tránsito para que su unidad de cobro coactivo recupere la cartera?, ¿Se
está aplicando las condiciones de prescripción oficiosa establecidas en la Ley 769 de 2002, el
Decreto 019 de 2012 y el Estatuto Tributario?, ¿Qué tanto conocen los operarios del Instituto
Municipal de Tránsito de Pereira las normas establecidas por el legislador sobre prescripción?,
¿Cuáles son las razones que orientan la no aplicación de la prescripción oficiosa de los actos
administrativos sancionatorios por parte del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, como lo
exige la ley?. Y ello se materializa en un solo interrogante que permite abarcar el objeto del
estudio y es determinar si la ocurrencia de la figura de la prescripción, en el Instituto Municipal
de Tránsito de Pereira es una omisión o una ausencia en la implementación de políticas por parte
de la alta dirección.

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3. CAPÍTULO 3: DISCUSIÓN Y RESULTADOS
3.1 RELACIÓN DE COMPARENDOS IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA, ENTRE LOS AÑOS 2008 – 2017
El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, cuenta con una estructura orgánica dividida en 6
dependencias, una junta directiva y una dirección, los cuales están estructurados de la siguiente
manera:
Figura 1. Estructura orgánica del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira.

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Fuente: Página web Instituto Municipal de Tránsito de Pereira.
En la estructura organizacional del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira la dependencia
asignada para registros de información de tránsito, cuenta con la oficina de procedimientos y
sanciones, de la cual se desprende la Subdirección de Sistemas de Información y Telemática a
cargo de la Ing. Marisol López, la cual facilitó la información estadística para determinar las
condiciones de los comparendos realizados entre el año 2008 y 2017, los cobros coactivos que se
han realizado y los pagos pendientes por hacer, de lo cual se evidencia la carencia de una oficina
independiente de la dependencia de procedimientos y sanciones que sea exclusivamente dirigida
al cobro de cartera pendiente de las personas sancionadas por la autoridad de tránsito en el
Municipio de Pereira.
A continuación, se presenta el balance aportado por la entidad correspondiente respecto a los
comparendos impartidos por el Instituto de Municipal de Tránsito de Pereira, en el periodo
comprendido entre los años 2008 y 2017.
Tabla. 2. Relación del Estado de los comparendos impartidos por el Instituto Municipal
de Tránsito de Pereira, año 2008 -2017.
RELACIÒN ESTADO DE COMPARENDOS 2008 AL 2017
VIGENCIA ESTADO TOTAL DE COMPARENDOS TOTAL VALOR
2.008 FIRME 42 11.706.717
2.008 COACTIVO 9.477 2.576.958.310
2.008
ACUERDO EN
FIRME 1.126 356.065.748
2.008
ACUERDO
COACTIVO 903 257.840.090
TOTAL 2008 11.548 3.202.570.865
2.009 FIRME 5 1.800.435
2.009 COACTIVO 14.764 4.096.439.945
2.009
ACUERDO EN
FIRME 1.006 335.770.412
2.009
ACUERDO
COACTIVO 1.256 374.394.318

22
TOTAL 2009 17.031 4.808.405.110
2.010 FIRME 7 3.127.081
2.010 COACTIVO 14.216 4.019.176.983
2.010
ACUERDO EN
FIRME 294 94.983.135
2.010
ACUERDO
COACTIVO 1.510 635.601.598
TOTAL 2010 16.027 4.752.888.797
2.011 FIRME 3 1.606.800
2.011 COACTIVO 11.487 3.278.046.477
2.011
ACUERDO EN
FIRME 438 167.194.610
2.011
ACUERDO
COACTIVO 1.162 503.998.173
TOTAL 2011 13.090 3.950.846.060
2.012 COACTIVO 14.326 4.118.802.652
2.012
ACUERDO EN
FIRME 1.531 543.137.627
2.012
ACUERDO
COACTIVO 1.058 487.846.846
TOTAL 2012 16.915 5.149.787.125
2.013 FIRME 11 3.104.700
2.013 COACTIVO 9.085 2.971.311.830
2.013
ACUERDO EN
FIRME 1.320 476.066.472
2.013
ACUERDO
COACTIVO 438 231.840.011
TOTAL 2013 10.854 3.682.323.013
2.014 FIRME 4.112 2.463.825.123
2.014 COACTIVO 4.950 2.752.882.133
2.014
ACUERDO EN
FIRME 1.085 523.090.337
2.014
ACUERDO
COACTIVO 86 51.062.683
TOTAL 2014 10.233 5.790.860.276
2.015 FIRME 13.634 7.724.129.723
2.015
ACUERDO EN
FIRME 910 394.421.927
2.015
ACUERDO
COACTIVO 1 464.646
TOTAL 2015 14.545 8.119.016.296
2.016 FIRME 21.992 9.897.989.543
2.016
ACUERDO EN
FIRME 679 280.880.630
TOTAL 2016 22.671 10.178.870.173
2.017 FIRME 304 160.133.896
2.017
ACUERDO EN
FIRME 10 4.447.466
TOTAL 2017 314 164.581.362
Fuente: Subdirección de Sistemas de Información y Telemática.

23
De la información aportada se puede notar que en el año 2008 se realizaron un total de 11.548
comparendos por valor de $3.202.570.865 millones de los cuales sólo se pudo recuperar
$613.905.838 millones, es decir, $2.588´665.027 millones no se pudieron recuperar en el proceso
de cobro coactivo.
Seguidamente en el año 2009 se realizaron un total de 17.031 comparendos por valor de
$4.808´405.110 millones de los cuales sólo se pudo recuperar $710.164.730 millones, es decir,
$4.098.240.380 millones no se pudieron recuperar en el proceso de cobro coactivo.
$4.752.888.797 millones de los cuales sólo se pudo recuperar $730.584.733 millones, es decir,
$4.022´304.064 millones no se pudieron recuperar en el proceso de cobro coactivo.
$5.149´787.125 millones de los cuales sólo se pudo recuperar $1.030´983.687 millones, es decir,

24
$10.178´870.173 de los cuales $280.880.630 se encuentran en acuerdo en firme y $9.897.989.543
se encuentran en estado firme en el cual se presentan 2 situaciones administrativas: 1) Pasados 30
días la persona no cancela el valor del comparendo, 2) el usuario solicita fijar fecha para
audiencia de apertura del proceso contravencional y la decisión final es sancionar al contraventor.
Seguidamente en el año 2017 se realizaron un total de 314 comparendos por valor de
$164.581.362 de los cuales $160.133.896 están en firme es decir la misma situación que sucede
con los comparendos en firme del año 2016 y se lleva a la fecha $4.447.566 acuerdos en firme.
Lo que arrojan las estadísticas son un total de 133.228 comparendos impartidos por el Instituto
Municipal de Tránsito entre los años 2008 y 2017, de los cuales se arroja un total de
$16.714.710.832 pesos, total del cual entre los años 2008 y 2017 el departamento encargado de
cobrar la cartera del Instituto Municipal de Transito de Pereira sólo recuperó $5.719´060.043
pesos, lo que demuestra que el Municipio de Pereira ha sufrido un detrimento de
$10.995´650.789 pesos en el periodo comprendido entre 2008 y 2017, teniendo en cuenta que
hay comparendos que se encuentran en firme y pueden estar en transcurso de cobro coactivo,
peor que evidencia la ineficiente labor que cumple el Instituto Municipal de Tránsito en el
manejo de cobro de cartera.

25
3.2. ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN
Se presentan de manera enunciativa las siguientes estrategias para el cumplimiento de los
pagos de las multas por infracciones de tránsito en beneficio de la institución y del usuario, como
referencia del plan estructural e integral recomendado al Instituto Municipal de Tránsito:
ESTRATEGIAS PARA EL RECAUDO DE LA CARTERA DEL INSTITUTO DE
MOVILIDAD DE PEREIRA SOBRE LAS MULTAS DE TRÁNSITO EN PEREIRA:
 Reforma al sistema de recaudo sobre las multas de tránsito.
 Licencias de conducción por puntos.
 Seguridad y capacitación a los conductores.
 Más control de los entes encargados.
 Campañas comunicacionales.
 Reducción de la mora en multas de tránsito.
 Más Personal idóneo y capacitado para ejecutar a los infractores.
 Beneficios a los conductores que estén a paz y salvo.
 Cruzar bases de datos para el mejor cobro de la cartera.

26
CONCLUSIONES
 El fenómeno de la prescripción se evidencia con alta presencia en la recuperación de la
cartera del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, lo que genera un detrimento
patrimonial al Municipio de Pereira, máxime cuando las estadísticas evidencian un
detrimento de $10.995´650.789 pesos en el periodo comprendido entre 2008 y 2017
equivalente a un 70% del total de sanciones de tránsito impuestas.
 Si bien el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira cuenta con las herramientas y
mecanismos legales como el Código Nacional de Tránsito, el Estatuto Tributario y la
misma Constitución Política de Colombia de 1991, suficientes para sancionar las
infracciones de tránsito, ejecutar las sanciones y realizar los cobros coactivos respectivos,
no cuenta con un departamento exclusivamente designado para recuperar la cartera
adeudada de los comparendos impuestos por sus agentes.

27
 Aunque las estadísticas aportadas por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira,
demuestran un ineficiente proceso de recuperación de cartera, en notable evidenciar que
se han realizados en menor cantidad acuerdos en firme y acuerdos coactivos que han
permitido recuperar dineros en favor del municipio, pero que no abarcan la totalidad de la
cartera a recuperar.
 De allí, que el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira este en la obligación por
mandato legal en declarar de manera oficiosa la prescripción de los actos administrativos
sancionatorios cuando pasado los términos legales para ejercer el cobro de los mismo, la
entidad no ha logrado adelantar las acciones judiciales correspondientes, lo cual genera
que la entidad deba acogerse a lo dispuesto por la ley y exonerar al implicado en la
infracción de tránsito de las actuaciones administrativas y legales correspondientes.
 Es necesario que el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira estructure su organización y
se cree un departamento de cartera que se designe exclusivamente a la recuperación de los
dineros adeudados por los infractores de las normas de tránsito. Así, evitar el detrimento
patrimonial que está sufriendo el municipio de Pereira en el recaudo de estos dineros.
 Igualmente, es preciso resaltar que es deber también de la comunidad ejercer la cultura del
pago, en el entendido que, al ejercer infracciones de las normas de tránsito, es deber
asumir esas responsabilidades y generar el pago oportunamente; claro está, haciendo la
salvedad de la oportunidad de poder acudir a un proceso con todas las garantías
constitucionales y legales en procura de demostrar su inocencia frente a la imposición de
las sanciones por parte del personal de la entidad, si este considera que no es merecedor
de esas sanciones.

28
BIBLIOGRAFÍA
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29
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www.legal.legis.com.co/document.legis/ley-1066

30
CONSEJO DE ESTADO, (2010). Auto 2008-01250 noviembre 2010. Cosejero ponente: Enrique
Gil Moreno. Disponible en:
http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_966e6d959de4103ae0430a
010151103a
CORTE CONSTITUCIONAL, (2010). Sentencia C-980 de 2010, M.P. GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO. Disponible en:
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