Este decreto supremo aprueba los montos de los haberes de los jueces del Poder Judicial peruano correspondientes al primer tramo de implementación progresiva establecido por la ley, así como una transferencia presupuestaria de S/ 4.4 millones para financiar los nuevos haberes. El decreto establece las escalas salariales de jueces superiores, especializados, de paz y supremos, prohibe que perciban ingresos adicionales y dispone que los nuevos fondos solo se utilicen para el pago de haberes.