El documento analiza los mecanismos de seguimiento y control de los fondos de servicios educativos en las instituciones educativas estatales, destacando la responsabilidad del rector o director rural en su administración. Establece la importancia de cumplir con la normativa vigente para garantizar la eficiencia en el uso de estos recursos públicos, que son esenciales para el funcionamiento adecuado de las instituciones. Además, se hace hincapié en la necesidad de formación para los integrantes de la comunidad educativa, promoviendo la transparencia y el control social sobre el manejo de estos fondos.