Ensayo concurso unphu2015 final

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¿Deben las empresas definir su política medioambiental?
El establecimiento de una política medioambiental constituye hoy en día una
necesidad, ya que esto implica realizar esfuerzos políticos para conservar las
bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. A
partir del 1972, fruto de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio
Humano que promovió una conciencia ambiental creciente, los gobiernos han
establecido políticas medioambientales a nivel regional, nacional e
internacional.
Los problemas ambientales que estamos viviendo han impulsado
a muchas empresas a nivel mundial a contribuir con su solución
mediante acciones específicas estrechamente ligadas a su
quehacer. De ahí que, por ejemplo, se espera que una
institución académica trace una política medioambiental
coherente con la misión, la visión y los principios que la
guían. En tal sentido, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU) desde el 2010 desarrolla una serie de acciones a través del
programa “Soy UNPHU, pienso en verde”, así como de la oferta de diversas
asignaturas relativas a la conservación del medio ambiente, lo cual muestra
una política ambiental institucional muy bien definida en el ámbito académico.
El programa “Soy UNPHU, pienso en verde” fue creado en el año 2010 por la
fundación PROUNPHU y el Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales.
Esta campaña innovadora refleja la filosofía de esta universidad para mejorar y
cuidar el entorno ecológico del campus. Además, esta estrategia de gestión
ambiental va encaminada a que nuestra sociedad optimice el uso de los
recursos naturales, mediante una labor académica que motiva a nuestros
estudiantes a comprometerse con acciones concretas como son la clasificación
de los desechos sólidos, la reutilización del papel y el uso de objetos plásticos
para artesanía, entre otras.

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Son nuestros estudiantes
y docentes universitarios
quienes que participan
con entusiasmo en
trabajos de investigación
en las áreas naturales
protegidas, actividades
ecológicas, artísticas y
teatrales, así como en
jornadas de reforestación y de limpieza de costas. Estas acciones puntuales
buscan optimizar el uso de los recursos naturales e impulsar y conducir la
sociedad dominicana hacia el desarrollo sostenible.
Por otro lado, a través de la Escuela de Graduados, la UNPHU presenta entre
sus opciones académicas la asignatura Políticas Medioambientales (POL-628)
y la maestría en Ciencias para Docentes, especialmente con su asignatura
Ecosistema y Entorno Dominicano (PPC-600), las cuales promueven principios
y estrategias que permitan a los estudiantes hacer eficiente la aplicación de
políticas medioambientales a todos los niveles, en beneficio de las
comunidades locales, las empresas y la sociedad en general.
Los maestrantes analizan los instrumentos teóricos y metodológicos relativos a
políticas de manejo sustentable de los recursos naturales, especialmente los
contemplados en la Ley 64-00, con miras a elevar el nivel del debate nacional
sobre la problemática medioambiental y aportar soluciones prácticas.
Entre los objetivos de la asignatura POL-628 se plantean, en primer lugar,
líneas de investigación relativas al diseño e implementación de políticas
vinculadas al uso racional de los recursos naturales y a la conservación de la
biodiversidad. En segundo lugar, se promueve el desarrollo e implementación
eficiente de los instrumentos de políticas dirigidas a lograr la sostenibilidad
social, económica y ecológica con un enfoque participativo; y, finalmente,
nuestros maestrantes elaboran, analizan y evalúan programas, planes y
proyectos vinculados a la gestión ambiental, con miras a mejorar la calidad de
vida de las comunidades locales.

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Principios de Política Ambiental
En la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales es la institución encargada de establecer las políticas ambientales.
Le corresponde planificar y ejecutar acciones para la prevención, el control y la
evaluación de la gestión ambiental en el país.
Por esa razón no se explica que
todos los años ocurran incendios
forestales incontrolados en gran
parte del territorio nacional, sin que
las autoridades muestren su
voluntad de evitarlos, mediante la
implementación de medidas
preventivas adecuadas.
Es competencia del Ministerio de Medio Ambiente registrar la evaluación de
impactos ambientales como una herramienta técnica de uso generalizado y
riguroso por parte de los sectores extractivos y productivos. Sin embargo, la
ciudadanía está lejos de ser escuchada en sus reclamos para que cese la
extracción indiscriminada de agregados que destruyen las fuentes de agua.
Según Gutiérrez et al. (2013) y Rodríguez-Becerra (1994; 2015), existe una
serie principios que deben guiar cualquier política ambiental, entre los cuales
seleccionamos los siete siguientes:
1) principio del desarrollo sostenible que busca detener los graves procesos de
deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente, restaurando muchos
de los daños infligidos y haciendo buen uso de los recursos;
2) principio de responsabilidad que lleva a los sectores a hacerse responsables
de las emisiones producidas por la generación de energía, industria, transporte,
edificios y construcción, así como la agricultura;
3) principio precautorio al que se recurre en caso de incertidumbre científica
sobre una sospecha de riesgo para la salud humana o el medio ambiente que
se derive de una acción o política determinada;

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4) principio de sustitución que nos lleva, por ejemplo, a reemplazar procesos de
alto consumo energético por otros más eficientes;
5) principio "el que contamina paga" que se aplica cuando no se puede prevenir
el daño ambiental causado a especies protegidas y hábitats naturales, el agua
y el suelo, entre otros;
6) principio de coherencia que requiere la coordinación interinstitucional y la
integración de asuntos ambientales en otros ámbitos; y
7) principio de cooperación que implica la integración de líderes de las
comunidades o grupos sociales en la definición y ejecución de metas
ambientales.
Estos principios tratan de garantizar que la protección del medio ambiente se
tome en cuenta a la hora de diseñar y aplicar el resto de políticas nacionales. A
nivel internacional, destacamos la Declaración del Milenio subscrita por
diversos países en Nueva York, en septiembre del 2000, que reafirma los
principios del desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 21. En ella, las
naciones se comprometieron a intensificar la cooperación y la coordinación de
acciones orientadas a la institucionalización de la gestión ambiental entre las
organizaciones internacionales y regionales en asociación con el sector público
y privado, con miras a reducir el número y efectos de los desastres naturales y
de las presiones antropogénicas (PNUMA, 2003).
Instrumentos de Política Ambiental
La política ambiental debe basarse siempre en los resultados de estudios
científicos que evalúen los instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos,
económicos y sociales. Gutiérrez et al.(2013) explican que los instrumentos
jurídicos comprenden un conjunto de normas y disposiciones legales sobre el
medio ambiente, mientras que los instrumentos administrativos corresponden a
las evaluaciones de impacto ambiental y auditorías ambientales. De hecho, la
política ambiental parte de lo establecido en la legislación, armonizando lo
económico con los objetivos sociales, mediante la aplicación normas que
permiten controlar los procesos productivos, promueven cambios tecnológicos
e inducen comportamientos hacia la protección ambiental.

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Lamentablemente hemos visto que en nuestro país muchas normas no se
aplican a los procesos productivos agropecuarios y de explotación minera, los
cuales provocan impactos ambientales de gran magnitud e irreversibles. Cabe
señalar el desorden en el uso de los suelos que impera en el campo
dominicano o en empresas mineras que adoptan normativas de otros países
con características geográficas muy diferentes, provocando resultados
contraproducentes.
En cuanto a los instrumentos técnicos, utilizados para prevenir y/o corregir los
daños ambientales, señalamos la aplicación de tecnologías para hacer
operativa la legislación dominicana que sustenta el sistema nacional de
evaluación de impacto ambiental. A esto se suma la necesidad de calificar los
consultores autorizados para realizar las evaluaciones y auditorías
ambientales, así como la obligatoriedad de realizar la consulta previa a los
sectores afectados directa e indirectamente.
Con respecto a los instrumentos económicos y fiscales (subvenciones,
impuestos, tarifas a pagar por el uso de servicios y bienes ambientales),
podemos señalar que nos permiten recompensar costes de acciones positivas
y penalizar los que perjudican al medio ambiente. Ocampo (1999) expresa que
en muchos casos se consigue financiar parte del desarrollo sostenible y cumplir
ciertos estándares de previsión de servicios asociados a la calidad ambiental y
conservación de recursos naturales.
Rodríguez-Becerra (2015) opina que se requiere de una institucionalidad fuerte
y eficiente, de la cual carecemos hoy en día, que garantice el control del
cumplimiento de la normativa, así como la aplicación de mecanismos de
penalización y multas que sustentan el principio de contaminador-pagador y el
principio precautorio. La descentralización en la toma de decisiones, por
ejemplo, permite al contaminador introducir cierta flexibilidad en las decisiones
de consumo o producción, minimizando el costo social de lograr un nivel de
calidad ambiental y transfiriendo parte del costo ambiental de la contaminación
hacia el individuo responsable de tal decisión. De ahí que es importante
considerar los instrumentos sociales que se apoyan en proyectos ambientales,

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la información y la participación con miras a concienciar a la sociedad a través
de la educación ambiental.
Responsabilidad Estatal en las Políticas Medioambientales
Las políticas nacionales ambientales desarrolladas en los países, en general,
han surgido de las convenciones y acuerdos jurídicamente no vinculantes
suscritos en la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y
Desarrollo: biodiversidad, bosques, cambio climático y Agenda 21.
Rodríguez-Becerra (2015) considera que las políticas ambientales que están
formalmente establecidas en Brasil, Chile, Colombia, México y Panamá
enfatizan la adaptación y mitigación de las amenazas ambientales globales, el
desarrollo sostenible y las políticas derivadas de tratados multilaterales que
fueron consecuencia de la Cumbre de la Tierra. En adición, recogen, adecúan y
adicionan aquellas políticas sobre convenios globales previos, como las del
Protocolo de Montreal, dirigidas a disminuir la emisión de las sustancias que
generan la destrucción de la capa de ozono.
En la República Dominicana, las políticas ambientales oficiales van dirigidas a
lograr el uso racional de los recursos naturales y la conservación de la
biodiversidad en las áreas protegidas, como se refleja en la Ley 64-00 sobre
Medio Ambiente y Recursos Naturales. En tal sentido, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales es la institución encargada de trazar y ejecutar
una serie de acciones o esfuerzos políticos con el objetivo de lograr el uso
racional y sostenible de los recursos naturales, en el marco de la Ley 64-00 y
otras regulaciones vigentes. Asimismo, este ministerio está obligado a diseñar
e implementar políticas y estrategias de conservación -coherentes y orientadas
a la sostenibilidad- en el manejo de los recursos naturales.
En el 2010, nuestra Carta Magna establece en sus artículos 66 y 67 que la
conservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente es
responsabilidad del Estado. Por lo tanto, debe prevenir la contaminación,
proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras
generaciones. Se consigna, además, que toda persona tiene derecho,

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individual y colectivamente, al uso y goce sostenible de los recursos naturales,
así como a habitar en un ambiente sano.
Específicamente en el Art. 67 de la Constitución se prohíbe la introducción,
desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento
y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados
internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y
peligrosos. El Estado se compromete a promover el uso de tecnologías y
energías alternativas no contaminantes e imponer las sanciones legales por los
daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales. Finalmente, la
constitución establece la necesidad de cooperación con otras naciones en la
protección de los ecosistemas a lo largo de nuestra frontera marítima y
terrestre.
De igual modo hay que considerar la Ley 01-12 que contempla la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030 que en su cuarto eje plantea una
serie de políticas tendentes a lograr un manejo sostenible del medio ambiente y
una adecuada adaptación al cambio climático. Asimismo, en el sector
agropecuario, el Ministerio de Agricultura ha incorporado en forma muy tímida
la dimensión ambiental y mucho menos tecnologías para promover la
agricultura sostenible.
Ha sido notoria la debilidad del Ministerio de Medio Ambiente para ejercer el
control ambiental de las actividades agropecuarias, como el caso reciente de la
mosca del Mediterráneo y los problemas frecuentes de abuso en la utilización
de agroquímicos en los cultivos. A esta deficiencia se añade la baja integración
interinstitucional para conservar y hacer uso sostenible de la diversidad
biológica en los planes nacionales y políticas sectoriales en las políticas de
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Todo esto contrasta
con la frecuencia en que documentos y organigramas oficiales incluyen esas
políticas ambientales, mientras predomina la visión extractivista de los recursos
naturales. Es decir, la conservación se considera un asunto secundario frente
al de la explotación.
En general, observamos que los gobiernos locales y municipales se han
preocupado muy poco por incorporar la dimensión ambiental para enfrentar la

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vulnerabilidad socio-ambiental frente a fenómenos naturales, como los
huracanes y sequías que ocasionan desastres. Todo esto se vincula tanto con
la pobreza como a la destrucción y el deterioro de fuentes de agua y
ecosistemas boscosos, la degradación de suelos ambientalmente frágiles, la
ocupación de áreas expuestas a las inundaciones y deslizamientos, el
hacinamiento y la pérdida de bienes culturales e históricos.
Las políticas medioambientales en nuestro país básicamente están orientadas
en regulaciones que buscan minimizar los daños causados por la deforestación
irracional, la contaminación del agua y del suelo, la disposición inadecuada de
los desechos sólidos, entre otros problemas ambientales. Aunque el país ha
logrado reducir los procesos de deforestación y cuenta con un marco legal
favorable para la adopción
de políticas ambientales, su
incidencia ha sido mínima en
la reducción de los hornos de
carbón vegetal y de las
emisiones de los gases de
invernadero provenientes de
la quema de combustibles
fósiles con fines energéticos para electricidad y transporte, por citar un ejemplo.
Pero, ¿estamos conscientes de que los problemas del medio ambiente se
resuelven a largo plazo? Las decisiones y programas de gestión ambiental
necesitan tiempo para mostrar resultados. Sin embargo, podrían ser más
eficientes si logramos coordinar nuestros esfuerzos en la búsqueda de
soluciones internacionalmente aceptables y aplicables tanto a los países
industrializados como a los de en vía de desarrollo.
La República Dominicana es signataria de varios acuerdos y convenios, entre
ellos el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Este acuerdo
internacional busca reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero
que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O). Adicionalmente, el Ministerio de Medio Ambiente

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está adherido a varias convenciones ambientales globales, como la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC, 1998), la Convención de Lucha contra la Desertificación (UNCCD,
1997), y el Anexo III de la Declaración de Río sobre el Manejo, Conservación y
Desarrollo Sustentable de los Bosques (1992), que tratan aspectos
directamente relacionados con los recursos naturales.
Importancia de Políticas Medioambientales en las Empresas
Igual que los gobiernos han definido un marco regulativo de protección al
patrimonio natural de la nación y están obligados a formular y establecer sus
políticas medioambientales, las empresas también deben contribuir a mejorar
las condiciones ambientales a lo interno y en las comunidades donde operan.
Pero, ¿por qué una empresa o institución privada debe definir su política
ambiental? ¿No es suficiente que el Estado aplique las políticas
medioambientales?
Es indudable que el sector privado empresarial dominicano viene realizando
una serie de esfuerzos técnicos y económicos a fin de mejorar la gestión
ambiental y acceder a nuevos mercados. Tanto es así que muchas empresas
han modificado su forma de actuar hacia el medio ambiente y procuran cumplir
las normas ambientales emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente.
Como una respuesta a los tratados internacionales, las empresas han
adoptado tecnologías de menor impacto ambiental y medidas para ahorrar
energía y agua. De igual modo, prestan mayor atención a los impactos
ambientales de las actividades productivas, dados los costos que impone la
competitividad, la normatividad ambiental y la responsabilidad social
empresarial asumida en sus políticas ambientales.
En nuestro país, igual que en otros países latinoamericanos, el sector
empresarial exige seguridad jurídica en materia ambiental y con este propósito
implementa sistemas básicos de gestión ambiental o mecanismos de
producción limpia. A este sector se suman los medios de comunicación masiva,
así como organizaciones no gubernamentales u ONG especializadas que
inciden en la toma de decisiones políticas relativas a problemas ambientales
locales específicos.

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La definición de una política ambiental a nivel de empresa es un requisito de
los sistemas de gestión medioambiental certificados como ISO-14001 y EMAS,
que evidencian su forma de contribuir con una gestión ambiental eficaz en la
comunidad donde lleva a cabo sus operaciones. El EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme o Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) es
una normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas
organizaciones con un SGA y han adquirido un compromiso de mejora
continua, verificado mediante auditorías independientes (Clemente, 2007;
Dourojeanni y Quiroga, 2006; Martín, 2006).
La política ambiental empresarial debe partir desde dentro, con la participación
activa de la gerencia y de cada uno de sus empleados en las políticas
ambientales trazadas. Es decir, debe ser elaborada por un equipo en el que
estén representados todos los niveles jerárquicos, concienciados sobre la
importancia de mantener un ambiente sano. Conviene realizar talleres o
conferencias sobre temas como la conservación y uso eficiente del agua, la
generación y disposición de los desechos sólidos propios de la empresa, la
producción sostenible y el impacto del cambio climático, entre otros.
Una vez elaborada la política ambiental de la empresa, se requiere orientar e
informar a los empleados sobre cómo implementar las acciones propuestas
para mejorar la calidad medioambiental en la empresa y en la comunidad. Es el
momento de estimular la creación de una empleomanía con una cultura de
producción y consumo sostenible, basada en una gestión que minimiza los
daños al medio ambiente. De esta manera, la gestión ambiental de la empresa
puede llegar a ser eficaz, mostrando su responsabilidad social y ambiental al
minimizar las pérdidas humanas y económicas, así como evitando o
remediando los daños ambientales.
Sistemas de Gestión Ambiental en las Empresas
¿Cómo obtener el desarrollo económico, la eficiencia y la innovación propios de
la competencia y, al mismo tiempo, orientar las fuerzas hacia la protección del
medio ambiente? La respuesta a esta pregunta nos conduce a reconocer la
necesidad de las regulaciones y de la intervención del gobierno para conciliar el
desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Según Herrera y

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Gutiérrez (2011), esto implica adoptar medidas de eficiencia energética,
innovaciones en la tecnología y en las técnicas administrativas, minimización
de los desperdicios y otras prácticas ambientalmente racionales que demandan
la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
El SGA permite a las empresas identificar y evaluar sus impactos ambientales
reales y potenciales, logrando una mayor eficiencia y un mejor desempeño en
materia ambiental. De hecho, al definir una política ambiental, la empresa
puede reducir costos y prevenir gastos asociados a deficiencias en el
desempeño ambiental, así como detectar, eliminar y controlar gastos excesivos
de materias primas, insumos y los asociados a la generación de residuos.
Entre los beneficios de establecer un SGA en la empresa podemos citar: a) la
optimización en el uso de la energía y el consumo de recursos naturales no
renovables; b) la valorización de los residuos por medio del reciclaje; y c) la
utilización de materiales alternativos menos contaminantes. Asimismo,
identificar los requisitos legales aplicables, nacionales e internacionales, a los
que la empresa puede suscribirse para darle cumplimiento. En tal sentido,
llama la atención como las empresas embotelladoras de agua han disminuido
el grosor del plástico como una manera de facilitar su degradación en un menor
tiempo.
Fernández (2002) opina que las empresas certificadas pueden obtener con
mayor rapidez los permisos y autorizaciones por parte de las autoridades y
entidades acreditadoras, al mismo tiempo que mejoran el ambiente laboral y su
relación con los empleados, quienes han de comprometerse e involucrarse en
la consecución de los objetivos ambientales.
Es de suma importancia que cada empresa transmita su compromiso de cuidar
al medio ambiente a su personal, proveedores, clientes y a la comunidad a la
que pertenece. Su personal debe recibir la capacitación pertinente, de manera
que se solidarice con la empresa y se involucre en lograr el uso racional de los
recursos naturales y un mejor desempeño ambiental en la disposición final de
los desechos sólidos y otras medidas.
Muchas empresas extranjeras establecidas en nuestro país se encuentran
certificadas por la Norma Internacional ISO 14001 en todas sus instalaciones,

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lo cual significa que poseen un SGA adecuado para disminuir los impactos que
producen en sus instalaciones, su entorno y la comunidad.
ISO 14001 especifica los requerimientos para el desarrollo de un sistema de
administración ambiental y es aplicable a cualquier organización que desee
establecer, implementar, mantener y mejorar su sistema. A nivel internacional
existen más de 285,000 empresas certificadas en ISO 14001.
La norma ISO 14001 permite incorporarse en cualquier sistema de
administración ambiental. El alcance de la aplicación dependerá de factores
tales como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus
actividades, sus productos y servicios, la ubicación del lugar, así como las
condiciones en las que opera. Proporciona a las organizaciones los elementos
de un sistema de gestión ambiental efectivo, armonizando algunos beneficios
ambientales y económicos.
La ISO 14001 es completamente voluntaria, por lo que no tiene la fuerza de la
ley, es decir, su incumplimiento no significa castigos legales. Sin embargo, su
obtención proporciona a las organizaciones el reconocimiento a nivel
internacional de su cumplimiento con una política ambiental que toma en
cuenta la preservación del medio ambiente y de las comunidades vecinas. Esto
refleja el compromiso de la mejora continua de su desempeño ambiental y de
mantener su preocupación por mejorar el medio ambiente y su entorno en los
sitios donde realiza sus actividades.
Otro ejemplo que podemos analizar es el de una empresa de embutidos que
desea cumplir con los requisitos de la
norma ISO 14001. Esta debe asumir las
medidas sanitarias de preservación,
restauración y mejora de las condiciones
del medio ambiente relacionadas con la
salud humana. De mismo modo debe
apegarse a la legislación vigente para el
sacrificio de animales de abasto público y
el procesamiento, transporte y comercialización de su carne.

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En este caso, la empresa de embutidos buscará modernizar y actualizar las
normas internas que regulan el sacrificio de animales para consumo humano,
mejorando la calidad e inocuidad en productos y procesos que avalen la
protección ambiental y de la salud humana. Debe considerar las normas
relativas al uso del agua y los vertimientos al medio acuático y el sistema de
alcantarillados, así como a la gestión integral de los residuos sólidos.
El Banco Interamericano de Desarrollo plantea que antes de establecer su
política ambiental, cada empresa debe identificar los impactos que genera y los
que potencialmente podrían generarse. Luego, ha de reducir las perturbaciones
del equilibrio ecológico, dirigiendo sus esfuerzos y recursos hacia las áreas
más vulnerables a esos impactos. Igualmente, deberá buscar nuevas
alternativas para lograr la disminución, reutilización y eliminación de residuos
de manera ambientalmente responsable y viable económicamente (BID, 2003).
Cuando una empresa produce cuidando el medio ambiente en cada una de las
etapas de fabricación del producto, también mejora su calificación y su imagen:
demuestra un compromiso real en su deseo de reducir los impactos
ambientales generados por sus actividades. Los proveedores, la comunidad y
sus clientes reconocen su responsabilidad social corporativa de llevar un
desarrollo económico compatible con el ambiente y valoran su liderazgo en el
cuidado ambiental respecto de otras empresas del mismo rubro.
Corresponde a las empresas continuar impulsando planes de manejo ambiental
y el uso de herramientas de producción más limpia, si desean mejorar sus
estándares de productividad, competitividad y rentabilidad. De esta manera se
disminuyen los riesgos socioambientales y se hace uso eficiente de materias
primas y recursos naturales, se reduce la contaminación en la fuente de sus
procesos, productos o servicios, evitando así sanciones económicas por parte
de las autoridades ambientales y ofreciendo al mercado productos fabricados
bajo tecnologías limpias.
Cabe señalar que para lograr el desarrollo sostenible, una gestión ambiental
exitosa sólo será posible mediante el trabajo conjunto de las instituciones del
Estado, las empresas y la comunidad. En tal sentido, la empresa que define su
propia política ambiental, asegura el compromiso de la dirección en cuanto a la

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protección ambiental, el compromiso de mejora continua y el cumplimiento de
los requisitos legales. De ahí que debe lograr que los objetivos ambientales
contemplados en nuestra legislación sean integrados a los empresariales
dentro de la planificación estratégica, con un buen plan de acción. La ejecución
de este plan implica determinar los objetivos y metas, establecer prioridades,
designar responsabilidades y destinar los recursos humanos, técnicos y
económicos necesarios para su cumplimiento.
Conclusión
Los principales actores de la política ambiental son el gobierno, los
empresarios y la población. Dadas las exigencias de mejor calidad ecológica
del producto y un ambiente sano por parte de la población, los empresarios se
ven motivados a satisfacerlas. Reconocen que el uso de tecnologías limpias y
el manejo sustentable de los recursos naturales que usan como materia prima
implica mayores inversiones, pero está asociado a mayores rendimientos,
productividad y rentabilidad de sus empresas.
Cada empresa deberá generar una política ambiental conforme a su propia
naturaleza y disponer de los mecanismos pertinentes para la implementación
exitosa y control de su SGA. Ese sistema de gestión ambiental ha de orientar
los procesos productivos hacia la conservación de materias primas y energía,
la eliminación de materias primas tóxicas, así como a la reducción de la
cantidad y toxicidad de emisiones contaminantes y de los desechos.
Las empresas, a través de su política ambiental, se ven obligadas a dar
cumplimiento a las normas ambientales que tienen efectos económicos en los
costos de operación, ya que son reconocidas y validadas por el público y en el
comercio internacional. Las normas ISO 14000 y las EMAS son instrumentos
que garantizan el adecuado funcionamiento ambiental de los procesos
productivos de una empresa en particular. Es importante que las empresas
midan, monitoreen y evalúen su desempeño ambiental de forma continua, a fin
de asegurar su efectividad en el logro de sus objetivos ambientales y cumplir
con su compromiso de mejora continua expresada en su política ambiental.

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