Estado y medios de com en a l omar rincon

Omar Rincón
Editor
¿POR QUÉ NOS ODIAN TANTO?
[Estado y medios de comunicación
en América Latina]
Centro de Competencia en Comunicación
para América Latina
Friedrich Ebert Stiftung

Editor:
Omar Rincón
Autores:
José Natanson
Jacinto Rodríguez
Ramón Colombo
Marielos Monzón
Manuel Torres
Eduardo Marenco
Álvaro Murillo
Ricardo Valencia
Fernando Martínez
Elsa Cecilia Piña
Margarita Martínez
Gustavo Abad
Fernando Molina
Jacqueline Fowks
Silvia Páez
José Pedro Díaz
María Eugenia Ludueña
Francisco Martorell
Carlos Eduardo Lins
Ana Lucía Magrini
Ciudad:
Bogotá, 2010
Diseño:
Nelson Mora Murcia
Producción:
Centro de Competencia en Comunicación
para América Latina, C3 FES, www.c3fes.net.
ISBN 978-958-8677-00-2
Este texto puede ser reproducido con previa autorización con
un objetivo educativo y sin ánimo de lucro.

[ CONTENIDO ]
[Introducción]
¿HAY QUE DEFENDER A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO O AL ESTADO DE
LOS MEDIOS Y LOS PERIODISTAS? ................................................................................................................................... 5
Omar RINCÓN
[Prólogo]
MEDIOS Y “NUEVA IZQUIERDA”: ALGUNOS APUNTES IMPRESIONISTAS ...............................................................15
José NATANSON
MÉXICO
CRÓNICA DE UNA TRANSICIÓN FALLIDA........................................................................................................................23
Jacinto RODRÍGUEZ
REPÚBLICA DOMINICANA
UNA LOCURA MEDIÁTICA...................................................................................................................................................37
Ramón COLOMBO
GUATEMALA
CON LOS MISMOS ANTEOJOS..........................................................................................................................................55
Marielos MONZÓN
HONDURAS
GOLPE DE ESTADO, ELECCIONES Y MEDIOS EN UNA DEMOCRACIA FALLIDA........................................................71
Manuel TORRES
NICARAGUA
CONVIVIENDO CON EL ENEMIGO....................................................................................................................................89
Eduardo MARENCO
COSTA RICA
LA TENTACIÓN CONTENIDA................................................................................................................................................. 105
Álvaro MURILLO
EL SALVADOR
LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO............................................................................................................................................... 115
Ricardo VALENCIA
PANAMÁ
EL PODER DE LOS MEDIOS.................................................................................................................................................... 123
Fernando MARTÍNEZ
VENEZUELA
INTOLERANCIA A LA CRÍTICA Y HEGEMONÍA COMUNICACIONAL MENOSCABAN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN......................................................................................................................................................... 149
Elsa Cecilia PIÑA
COLOMBIA
ESPIONAJE, PRESIONES E INTIMIDACIONES AL RELATO PERIODÍSTICO ............................................................... 165
Margarita MARTÍNEZ
ECUADOR
EL CLUB DE LA PELEA… PODER POLÍTICO VS PODER MEDIÁTICO.......................................................................... 183
Gustavo ABAD

4]
BOLIVIA
DE LA POLARIZACIÓN A LA HEGEMONÍA....................................................................................................................... 199
Fernando MOLINA
PERÚ
EL PÚBLICO SIGUE PERDIENDO .......................................................................................................................................... 217
Jacqueline FOWKS
PARAGUAY
LA ENDOGAMIA DEL PODER (Ó) EN BUSCA DE UNA NUEVA IDENTIDAD DEMOCRÁTICA................................ 225
Silvia PÁEZ
URUGUAY
DESCUBRIENDO A LA CENICIENTA .................................................................................................................................... 245
José Pedro DÍAZ
ARGENTINA
TODO O NADA… ESTADO Y MEDIOS EN PIE DE GUERRA ........................................................................................ 263
María Eugenia LUDUEÑA
CHILE
LA SUMA DE LOS MEDIOS (Y DE LOS MIEDOS).............................................................................................................. 289
Francisco MARTORELL
BRASIL
ENTRE EL PLURALISMO INFORMATIVO, LA CENSURA JUDICIAL Y EL PRAGMATISMO POLÍTICO.................... 303
Carlos Eduardo LINS
[Ensayo]
Medios de comunicación y Estado en América Latina
MUCHO GOBIERNO Y MUCHOS MEDIOS, POCO PERIODISMO Y POCAS CIUDADANÍAS............................... 313
Ana Lucía MAGRINI – Omar RINCÓN

[5
[ INTRODUCCIÓN ]
¿HAY QUE DEFENDER A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DEL ESTADO
O AL ESTADO DE LOS MEDIOS
Y LOS PERIODISTAS?
omar rincón
Director del Centro de Competencia en Comunicación de la Friedrich Ebert www.c3fes.net
Profesor Asociado – Universidad de los Andes.
LAFUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT y su Centro de Competencia en Comunicación
(www.c3fes.net) han venido reflexionando sobre las relaciones entre MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA. La pregunta que nos hacíamos es
¿HAY QUE DEFENDER A LOS MEDIOS DEL ESTADO O AL ESTADO DE LOS MEDIOS? Y de
allí surge este texto. 18 países. 18 relatos periodísticos. 18 realidades político-
mediáticas. Cada historia nos cuenta en relato periodístico cómo se responde a
esta pregunta.
Nunca la comunicación fue tan importante, ni fue noticia de primera plana.
Los medios de comunicación producen mucho ruido político en nuestra América
Latina siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de
los medios y a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios
y dominio sobre la opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla
inédita por el relato de país. Y es que los modelos de medios son modelos de
país. En esta situación, hay que recuperar el sentido común, el de la gente, el de
los ciudadanos, el del bien público, el de la democracia.

6] INTRODUCCIÓN
EL ESTADO COMUNICADOR y la mediática del poder
“Una hegemonía comunicacional e informativa del Estado
que permita la batalla ideológico y cultural para impulsar nuestro modelo”
(Andrés Izarra, Venezuela)
En América Latina las relaciones entre medios y Estado son bien complejas,
ambiguas y contradictorias. Casi siempre es una relación entre medios de
comunicación y gobiernos porque hay pocas políticas de Estado, pues cada
gobierno acomoda leyes, poder y medios para asegurar su éxito. ¡La comunicación
como gobierno! ¡La efervescencia del Estado Comunicador!1
Y del otro lado el
gran poder de los medios de comunicación para incidir en la toma de decisiones;
los medios de comunicación han optado políticamente hacia la derecha para
defender al mercado; la crisis de la legitimidad del periodismo y el auge de los
medios comunitarios y digitales en el internet. ¡La mediática del poder!
El Estado comunicador y la mediática del poder son posibles porque los
medios de comunicación inciden en los modos de la política, la gobernabilidad
y la democracia; porque habitamos una democracia mediática, una política del
espectáculo y una gobernabilidad que se juega en encuestas de favorabilidad;
porque comunicación y política son juegos de afectos y celebraciones del ego.
La comunicación, por su gran capacidad de seducción pública y por su
valor estratégico en lo económico, tecnológico y político, despierta pasiones
excesivas y casi perversas por parte del poder. El poder del gobierno, el poder
de los empresarios, el poder de los políticos, el poder de los ciudadanos. Así,
en América Latina los medios de comunicación expresan y son escenarios de
conflicto y tensión que afectan la calidad de la democracia. Por ejemplo, en el
informe sobre calidad de la libertad de información de Reporteros sin fronteras
2009 se encontró que Venezuela ocupa el puesto 124, Colombia el 126, Honduras
el 128, México el 137 y Cuba el 170 (entre 175 países). Luego el papel del Estado
está en cuestionamiento en regímenes de izquierda y derecha por igual.
En este libro periodístico se busca contar en historias para comprender los
valores, las prácticas y las lógicas de producción de la mediática del poder
en la producción de la política, la gobernabilidad y la democracia en América
1
Ver: Rincón, Omar (editor), Los tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de
la democracia, C3FES, Bogotá, 2008 disponible en http://www.c3fes.net/docs/
lostelepresidentes.pdf

¿ Por qué nos odian tanto ?
[7
]
Latina. Tendremos relatos que nos dejarán ver cómo los gobernantes se están
divorciando de los medios, cómo los medios de comunicación se están divorciando
de los periodistas, cómo los ciudadanos se están divorciando de los medios de
comunicación y la política. Habitamos un continente donde la realidad supera a
la ficción y por eso nos importa el poder de los medios.
EL MAPA DE ASUNTOS de la relación entre medios de
comunicación y Estado en América Latina
“Cuando el periodista ataca, se suele pensar que busca la paga;
cuando aplaude, se dice que ya lo consiguió;
y si ni aplaude ni censura, se perderá en el anonimato”
Francisco Martínez de la Vega (México)
Una vez leídos todos los relatos periodísticos de las relaciones entre medios
de comunicación y Estado en América Latina es posible establecer un mapa de
asuntos y preocupaciones:
Estado y gobierno. En América Latina no hay políticas de comunicación en
perspectiva de Estado sino en función de los gobiernos. Luego no es posible hablar
de las relaciones entre medios de comunicación y Estado, sino entre medios de
comunicación y gobierno. Tal vez hay que destacar el caso de Uruguay, donde
más se acerca a pensar la comunicación y el sistema de medios como un asunto
de Estado.
Divorcio entre medios de comunicación y periodistas. Los medios son
distintos a los periodistas. En América Latina los medios de comunicación optaron
por defender el negocio y por eso se convirtieron en actores políticos con agenda
de modelo liberal de mercado. Los periodistas y la calidad de información no
interesan. Por tanto, los periodistas se están quedando sin credibilidad, sin
trabajo y sin lugar en el mundo. Los medios siguen siendo buenos negocios. La
noticia: el periodista es abandonado y asistimos a su separación de “su esposo”
los medios de comunicación.
La libertad de expresión y la información. “La mejor ley es la no ley”,
“la mejor política de comunicación es la que no existe”, afirman los dueños de
los medios. Y es que los medios privados han creado su propia realidad. Una
que se guía por una moral de clan que representa a los dueños del poder y que
expresa poca transparencia informativa y económica. Una que basándose en el
poder moral y la tradición liberal de la libertad de expresión afirma su derecho

8] INTRODUCCIÓN
a juzgar, condenar, absolver, ordenar o gobernar. Una libertad de información
que defiende posturas conservadoras y el libre mercado. Su modo de actuar es
la concentración mediática, pocos empresarios son dueños de muchos medios
y sólo les interesa el negocio e imponer un sistema de pensamiento y discurso
único; en general, la tendencia es que los medios informan y piensan y hacen
política de derecha, y no se quiere ofender ni al poder gobernante ni al poder
del anunciante… El resultado: desconexión de los medios con los ciudadanos y
conexión con el poder; los medios dejaron de ser contrapoder; baja credibilidad
y legitimidad social de los medios. Ahí es cuando surge la necesidad de regular
el poder de concentración y es ahí donde aparece el tema de las concesiones y
licencias de radio, televisión y telecomunicaciones. Una historia de lucha entre
gobiernos y medios con baja calidad periodística y baja tolerancia democrática.
Gobernar es ganar la batalla de la información. Y todo vale para comprar
la conciencia pública. Y los gobiernos desarrollan una obsesión por lo mediático.
Su justificación es que en los medios de comunicación privados se está jugando
con la salud mental de los ciudadanos porque se informa con propaganda
engañosa, basada en el terror mediático, la desinformación y la propiedad. Y
es que se cree que el poder se ha desplazado de los gobiernos hacia la opinión
pública… el poder reside, por tanto, en quienes informan. Por eso se considera
que tener a los medios de comunicación del lado del gobierno es indispensable
para la gobernabilidad de éxito en las encuestas y es una doctrina de seguridad
nacional frente al terrorismo mediático. Por eso, hacer política es estar/tener/
gobernar con los medios a favor. En este contexto, el gobierno tiene que orientar
el “mercado de la opinión pública” a través de incentivos, legislación especial
en nombre de los niños y la responsabilidad social, monitoreo de lo que los
medios informan, diseño estratégico de la propaganda, manejo discrecional
de la publicidad oficial, creación de un sistema estatal de medios, redes de
comunicadores populares como producción controlada de información a través
de un Centro de Información o una agencia de noticias. El gobierno se convierte
en un productor de información, no responde las preguntas de los periodistas,
pero acusa y crítica, persigue legal e ilegalmente al que piensa distinto, realiza
campañas de difamación contra los medios que no están con el gobierno, usan la
publicidad oficial para premiar/castigar/cooptar a periodistas y medios. Se busca
la dictadura mediática y el control de la libertad de información para comprar
conciencias y poner en escena el Estado Comunicador. La justificación es que se
está en una guerra mediática, en una lucha por la hegemonía comunicacional e
informativa y por el control de las ideas públicas y hasta de la vida privada. Hasta
ahora el gobierno va ganando la batalla y la iniciativa política.
Sistema de medios gubernamentales. Se les llama públicos o de los ciudadanos
o de Estado o que responden a la institucionalidad política. Pero no, son sólo de

[9
]
propaganda de gobierno. Como los medios son el escenario de la lucha política
desde los gobiernos se quiere tener medios propios para ganar las batallas. La
estrategia es no dar sosiego a la opinión pública, estar ahí siempre haciéndose
visible y gobernando en público. Así el sistema de medios de gobierno consiste
en crear un sistema de medios públicos, más un sistema de medios comunitarios,
más un sistema de medios privados pero controlados, más una altísima inversión
en publicidad y propaganda, más presencia permanente en cadenas que van
por todos los canales de televisión… La estrategia consiste en proveer mucha
información y promover mucha opinión. Lo cierto es que los sistemas de medios
gubernamentales se hacen para conversos, y enfatizan en lo informativo e
ideológico y tienen poco público, poco rating. Y tampoco hacen diferencia en los
criterios periodísticos.
El derecho ciudadano a la comunicación. La reacción ciudadana es huir y
desconectarse ante la manipulación mediática de los gobiernos, la corrupción
mediática de los privados y el periodismo ejercido como propaganda. Los
ciudadanos van quedando por fuera de la relación medios-gobierno. Así mismo,
la ciudadanía manifiesta una total hostilidad contra los medios de comunicación.
Entonces, surgen los modos del periodismo popular y el internet y el celular como
otros modos de comunicación que se conectan más con las necesidades ciudadanas.
Los periodismos ciudadanos evitan la retórica educativa, ideológica y contenidista
de los medios gubernamentales y asumen el tono del entretenimiento popular de
los medios privados, así la fórmula es combinar música popular, participación
ciudadana, pluralismo de ideas. Y aprovechar que la radio, el internet y el
celular son los medios que mejor se acercan a la ciudadanía y la diversidad. Una
esperanza. Eso sí hay que entrenar en ciudadanía, en ganar más conciencia y
movilización cívica, mayor juego del ciudadano en el control de los medios.
Calidad periodística. El elemento diferencial es la calidad… no hay calidad sin
libertad, ni libertad sin democracia. Hay que recuperar el periodismo de calidad,
el periodismo de combate y el humor que salva la dignidad de la profesión.
Calidad periodística que nos lleve a dejar el periodismo de propaganda (medios
públicos y privados), a aprender de la interpelación popular del periodismo
sensacionalista y de farándula, a incentivar la investigación para que los
periodistas (y ojalá los medios de comunicación) logremos más independencia
y calidad; para eso debemos dejar de “negociar” con el poder de los partidos,
los gobiernos y las fuentes… Se hace necesario la profesionalización y autocrítica
de los periodistas… Se debe practicar la calidad que consiste en diversificar
fuentes, brindar contexto, controlar al poder, generar marcos de interpretación,
conectarse con los intereses de la ciudadanía y contar bien.

10]
Y de qué VAMOS A LEER
“No por gastar más plata en comunicación mediática se gana
en popularidad y gobernabilidad...
Todo pasa por tener un vinculo más respetuoso con los periodistas…
Ya que frente a la hipermediatización de la política,
la gente está desenganchada”,
Adriana Amado (Argentina)
Este libro es entonces un documento 2010 sobre cómo se viven en América
Latina las relaciones entre gobiernos y medios de comunicación. Cada periodista
desde su realidad nacional nos cuenta cuál es el contexto político; cuál es el
papel de los medios en la política, la gobernabilidad y la democracia; cómo es
el mapa de la propiedad de los medios; cómo es la calidad de los medios de
comunicación; cómo es el sistema de medios estatales y/o públicos y su poder
en la ciudadanía y la democracia; cómo se respeta y promueve la libertad de
información; cómo se promueve el Derecho a la Comunicación; cuál es el uso
que los gobiernos hacen de la publicidad; qué leyes de medios tienen… Estas
preguntas guiaron los relatos, cada país presenta su historia. Y estas son:
[MÉXICO] O sobre cómo los medios y los periodistas se acostumbraron a
“negociar” con el poder de los partidos, los gobiernos y las empresas mediáticas…
tanto que lograron producir una nación silenciosa que mira mal a la libertad
de expresión y de información… una sociedad que respeta poco el derecho
ciudadano a la comunicación… Una historia espeluznante en la que los periodistas
se preguntan “¿por qué nos odian tanto?
[REPÚBLICA DOMINICANA] O cómo es que hay tantos medios en una isla tan
pequeña y que los medios siempre anden en amoríos con los gobiernos y que los
gobiernos tengan como eje de la política a los medios de comunicación… Una
historia de un amor casi perfecto, pero que para ser democrática, le hacen falta
los ciudadanos.
[GUATEMALA] O cómo los medios y los dueños del país piensan lo mismo e
informan con la misma perspectiva… O cómo un señor de Miami es dueño de toda
la televisión y decide apoyar siempre al gobierno de turno… O cómo los medios
informan y piensan y hacen política de derecha… Una historia trágica de cómo
para gobernar sólo hay dos opciones: o con los medios o contra los medios.
[HONDURAS] O cómo el golpe a la democracia del 2009 se hizo con la
complicidad de los medios de comunicación… O cómo los medios de comunicación
y las ideologías de derecha defienden los mismos valores… Una historia patética
de cómo los medios de comunicación son cómplices de la poca democracia.
INTRODUCCIÓN

[11
]
[NICARAGUA] O cómo el señor Presidente busca la dictadura mediática y
el control de la libertad de información a través de comprar medios, comprar
conciencias y apoyar a los medios amigos y perseguir a los periodistas
independientes… Una historia de horror democrático en la que los periodistas se
llevan la peor parte.
[COSTA RICA] O cómo este país es un oasis de “buenas ondas”, bien por dicha
para la gente y pura vida democrática… pero cómo los modos del periodismo
popular y el internet están buscando otros periodismos… Una historia de
convivencia democrática con muchas peleas de poder en el camino.
[EL SALVADOR] O cómo un presidente-periodista tiene controlados a los
medios de comunicación mientras pone molesto a su Partido, el FMLN… y sobre
cómo a los empresarios de medios les va bien y los periodistas están siendo
cuestionados… Una historia de un gobierno equilibrista con los medios.
[PANAMÁ] O cómo hay un nuevo Presidente encantado por los medios y el
poder, tanto que está convirtiendo a la información y a la institucionalidad del
país en su feudo de amigos y negocios… y hasta los medios de comunicación
siempre amigos de los gobiernos andan escandalizados… Una historia de tragedia
sobre la democracia panameña y el poder del Presidente.
[VENEZUELA] O cómo el Estado Comunicador controla la agenda mediática
vía legal, por la publicidad, por la creación de un sistema de medios, por la
capacidad informativa del Presidente… pensar/informar distinto es un ataque a
la gobernabilidad… Una historia épica en busca de la hegemonía comunicacional
e informativa para la batalla ideológico-cultural pero que no logra rating.
[COLOMBIA] O cómo los medios de comunicación ejercen poco la
independencia… de cómo el gobierno espía, presiona e intimida a jueces,
periodistas, oposición política… de cómo existe una espeluznante concentración
mediática e informativa… una historia de miedo sobre cómo un gobierno controla
todo, comenzando por la agenda mediática y terminando por la vida privada.
[ECUADOR] O cómo el gobierno invistió a los medios como la oposición
y los periodistas jugaron a políticos y perdieron… O cómo la ley de medios de
comunicaciónseconvirtióendebateapasionadoyvirulentoenelcuallosciudadanos
fueron meros espectadores… Una historia de lucha entre gobiernos y medios de
comunicación con baja calidad periodística y baja tolerancia democrática.
[BOLIVIA] O cómo el gobierno y los medios de comunicación han venido en
una confrontación permanente, una polarización clasista, étnica, regional e
ideológica... una lucha del gobierno contra las élites… una lucha de los medios
de comunicación contra el Presidente… hasta ahora el gobierno y el Presidente
van ganando la batalla… una historia de cómo la hegemonía comunicacional es
necesaria para obtener la hegemonía política.

12]
[PERÚ] O cómo el gobierno juega al ritmo del poder de los medios de
comunicación… O cómo el gobierno a través del “pagar favores” y hacer justicia
a su acomodo intenta ganar legitimidad pública… Una historia desconcertante de
un gobierno débil, una institucionalidad endeble y unos medios poderosos.
[PARAGUAY] O cómo los medios de comunicación no encuentran su lugar en
la nueva identidad democrática del país… O cómo el periodismo de combate y
con humor salva la dignidad de la nación… O cómo el paisaje mediático y de la
política debe incluir a los ciudadanos para ser posibles como democracia… Una
historia donde hablan los sujetos de la información y se imaginan que todo puede
ser mejor.
[URUGUAY] O cómo de modo democrático el gobierno ha venido legislando por
un sistema más plural, diverso y ciudadano de medios… O cómo un matrimonio por
conveniencia entre gobiernos y medios de comunicación fue roto por la incursión
de los movimientos ciudadanos de comunicación… Una historia ilustrativa sobre
cómo establecer una agenda política y legislativa que busca producir estándares
de respeto a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación de los
ciudadanos.
[ARGENTINA] O cómo se pasó de una relación amorosa y cómplice a una
lucha total entre gobierno y medios de comunicación… y cómo los medios de
comunicación invocaron a la libertad de información para defender sus privilegios
empresariales… y cómo el gobierno invocó a los ciudadanos para legislar… Una
historia apasionante que cuenta cómo la aprobación de la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual puso a hablar a todo un país y da mucho de qué hablar
en América Latina.
[CHILE] O cómo los gobiernos de la Concertación Democrática no tocaron
el poder de los medios de comunicación y hoy se encuentra en la oposición
y sin medios… O cómo Chile recuperó la democracia pero no el pluralismo en
los medios de comunicación… Una historia paradigmática sobre el poder de los
medios en el control de la política.
[BRASIL] O cómo existe una relación respetuosa, con algo de tensión, entre
los medios de comunicación y el gobierno… o cómo para los medios regionales es
difícil ser independiente de la publicidad oficial… o cómo los medios se posicionan
como conservadores y defienden el libre mercado… o cómo los ciudadanos son los
menos satisfechos con su comunicación pública… Una historia del tudo bem tudo
bem pero que deja ver las tensiones ciudadanas.
Y estos son los cuentos de la democracia hecha comunicación… de la obsesiva
lucha por el relato mediático en América Latina… de las guerras periodísticas de
la independencia de los medios frente al poder del gobierno… de los modos en
INTRODUCCIÓN

[13
]
que los gobiernos quieren dominar el mercado de la opinión pública… la respuesta
a la pregunta de ¿por qué nos odian tanto?
Nota aclaratoria. Todos los trabajos fueron escritos entre noviembre del 2009
y marzo del 2010, por lo tanto, no son responsables ni pueden dar cuenta por lo
que vino después, que en América Latina, casi siempre es mucho, ya que nada
permanece, todo muta.
Salvador de Bahía, mayo 29, 2010.

Estado y medios de com en a l omar rincon

[15
[ PRÓLOGO ]
MEDIOS Y “NUEVA IZQUIERDA”:
ALGUNOS APUNTES IMPRESIONISTAS
Los gobiernos de la “nueva izquierda” que hoy ejercen el
poder en buena parte de los países latinoamericanos libran
batallas cotidianas contra los medios. El quiebre del sistema
de partidos en algunos países como Venezuela, Bolivia o
Ecuador, abrió un espacio que fue ocupado por los medios,
que en algunos casos, lideraron a las fuerzas opositoras.
Pero incluso en aquellos países en donde el tránsito al pos-
neoliberalismo fue más gradual y sereno hay conflictos entre
el gobierno y los medios. Esto se verifica en la decisión de
muchos presidentes de crear un “by pass mediático” que
les permita comunicarse directamente con la sociedad, el
impulso a leyes regulatorias y la ampliación del complejo
de medios públicos. Y, como telón de fondo, el hecho de
que, por primera vez en décadas, el cuestionamiento a las
instituciones de la democracia afecta también a los medios
de comunicación.
José Natanson
jnatanson@nuso.org
Periodista y politólogo argentino, actualmente es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad.
Colabora con diversos medios de América Latina. Su último libro es La nueva izquierda. Triunfos
y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador
(Debate/Random House Mondadori)

16]
La política admite muchas cosas pero jamás el vacío. En las últimas décadas
se ha registrado un proceso —que es mundial pero que se manifiesta de
manera diferente de país en país— de desafección política, en el sentido de
una mayor distancia, a menudo teñida de desilusión, escepticismo y bronca,
entre representantes y representados, acompañada por un debilitamiento de
las tradiciones políticas clásicas: ser peronista o radical en Argentina, o adeco o
copeyano en Venezuela, o liberal o conservador en Colombia, ya no significa lo
mismo que en el pasado. Con los partidos desestructurados, a veces astillados
en mil pedazos incomprensibles, la política se asemeja a un proceso fluido, en
permanente cambio, sin marcos y difícil de decodificar.
Esta tendencia —que, insisto, es global— se ha verificado de manera extrema
en algunos países de América Latina. Entre mediados del siglo pasado y principios
del actual, varios países de la región vivieron crisis económicas que marcaron
el final del ciclo neoliberal en medio de estallidos sociales y represiones con
distintos grados de violencia. El tránsito del neolioberalismo a lo que yo llamo
“nueva izquierda” se procesó de manera más o menos constitucional, pero dejó
sus secuelas. Fue así como sistemas partidarios que venían funcionando desde
hacía años —a veces décadas— volaron por los aires: es el caso del Punto Fijo
venezolano, de la “democracia pactada” boliviana y del sistema ecuatoriano,
que en poco tiempo, a veces en cuestión de meses, dejaron de existir.
En estos países, el sistema político se recompuso a partir de la emergencia de
liderazgos de alta popularidad (Chávez, Evo, Correa, en algún sentido también
Kirchner), que supieron reconstruir la autoridad presidencial y se propusieron
un amplio programa de reformas institucionales (asambleas constituyentes) y
económicas. Pero tal recomposición abarcó sólo a una parte, la oficialista, del
sistema político, dejando a la oposición sumida en una maraña de enredos internos,
rencillas personales y desorientación. Este vacío fue ocupado por otros actores,
incluyendo, o comenzando por, los medios de comunicación, que en algunos
países, y en ciertos momentos, asumieron la conducción política de la oposición
(en algunos casos acompañados por otros poderes fácticos, como los gobiernos
autonómicos en Bolivia o la burocracia petrolera en la Venezuela del 2002).
Esto ha creado un clima de polarización y de enfrentamiento entre el Estado
y los medios, que es menos el resultado de los ánimos censuradores de los
gobiernos de izquierda o del espíritu desestabilizador de la prensa que de las
condiciones políticas que se viven en la actualidad. No es casual, en este sentido,
que los países que no registraron estallidos sociales ni quiebres políticos, en
donde el tránsito al pos-neoliberalismo se produjo de manera más serena y
gradual, la tensión gobierno-medios no haya adquirido semejante intensidad. Es
el caso de Chile, Brasil y Uruguay. Sin embargo, un repaso por varias experiencias
latinoamericanas revela parecidos incluso con estas naciones.
PRÓLOGO

[17
]
A continuación, algunas ideas acerca de la relación Estado-medios en América
Latina, que no deberían leerse como conclusiones cerradas sino como apuntes
impresionistas obtenidos a partir del análisis de la realidad regional y la lectura
de los artículos que integran este libro.
Evo con caso
Un primer dato a destacar, que a menudo se soslaya. Casi todos los presidentes
latinoamericanos son presidentes ultra-mediáticos, en un doble sentido: deben
parte de su ascenso al poder de los medios de comunicación y son muy conscientes
del peso e influencia de la prensa en el juego político (por supuesto, el hecho de
que sean presidentes ultra-mediáticos no impide que también puedan ser anti-
mediáticos).
El caso de Evo Morales es ilustrativo. Fundador de un movimiento indígena
que expresa valores milenarios y rescata tradiciones precolombinas, el
presidente boliviano es también un líder moderno, un hombre de su tiempo,
que conoce, y está dispuesto a utilizar, el poder de la imagen, como demuestra
la cuidadosa puesta en escena que acompañó el anuncio de la medida más
importante de su gestión. El 1 de mayo de 2006, sorpresivamente, Evo apareció
en el campo gasífero más importante del país acompañado por tropas militares
(algo totalmente innecesario desde el punto de vista militar) y rodeado por
sus funcionarios. Parado sobre un estrado, leyó por un altavoz los alcances del
decreto de nacionalización de los hidrocarburos. Vestía la pechera y el casco
amarillo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El ejemplo revela una clara conciencia acerca del poder de la imagen y la
voluntad de utilizarla a su favor. Se trata de imponer términos propios y evitar
que sean los medios quienes establezcan sus tiempos y sus formatos. Varios
presidentes de la región, incluyendo a Lula, Kirchner y Evo, se resisten a conceder
conferencias de prensa, y rara vez aceptan entrevistas. Prefieren evitar las
mediaciones —en una táctica que Fernando Molina define adecuadamente como
by pass— comunicándose directamente con la sociedad.
El uso y abuso de las cadenas nacionales es una muestra de ello: en Ecuador
hubo 233 cadenas obligatorias hasta 2009, que se suman a los “enlaces de los
sábados”, espacios en los que el presidente y los ministros explican su gestión
en la radio y la TV públicas, a las que los medios privados pueden engancharse
voluntariamente (160 hasta 2010). Lo mismo hace Evo cuando transmite
directamente un discurso desde un pueblo perdido del Altiplano. O Uribe, cuando
traslada su gabinete a las provincias, o los Kirchner, que anuncian las medidas
más importantes por cadena nacional. Pero el campeón de las cadenas es sin
dudas Chávez: desde su asunción, el 2 de febrero de 1999, hasta el 22 de enero

18]
de 2010, Chávez se encadenó 1995 veces, por un tiempo total de 1310 horas 36
minutos, según los datos de la consultora AGB incluidos en el artículo.
Esto se complementa con la decisión de potenciar y ampliar el complejo de
medios públicos. La estrategia, que revela la voluntad de aplicar una mayor
intervención del Estado, se comprueba fácilmente en otras dimensiones de la
economía, como la nacionalización de las empresas privatizadas en Venezuela,
Bolivia, Ecuador y Argentina; la potenciación de empresas y bancos públicos,
como el BNDES y Petrobrás en Brasil; la creación de nuevos impuestos, como
sucedió en Uruguay bajo el gobierno del Frente Amplio; y la extensión de los
planes sociales, como sucede en casi toda la región. La potenciación de los
medios públicos se inscribe entonces en un contexto de mayor presencia estatal
en la vida política y económica de América Latina.
Por otro lado, el hecho de que los mayores esfuerzos —y recursos— se hayan
orientado a los medios audiovisuales revela una conciencia clara acerca de su
importancia e impacto, sobre todo en los sectores populares, que se informan
básicamente a través de la televisión. Los ejemplos incluidos en este libro
son claros. El gobierno venezolano cuenta hoy con seis canales de televisión:
Venezolana de Televisión, Televisión Venezolana Social, que se difunde a través
de la señal de RCTV, Avila TV, que antes pertenecía a la Alcaldía de Caracas,
Asamblea Nacional Televisión, Vive TV y Telesur. En Ecuador, el gobierno controla
el periódico El Telégrafo, el canal Ecuador TV y la Radio Pública, a lo que se
suma la creación de una agencia de noticias estatal. En Bolivia, al relanzamiento
de Televisión Boliviana hay que añadir la transformación de Radio Illimani (hoy
Patria Nueva) y la creación del diario Cambio. En algunos países, el gobierno
mejoró los medios existentes: es el caso de Canal 7 de Argentina y de Televisión
Nacional de Uruguay, que la gestión frenteamplista modernizó mediante el
simple método de limpiar las válvulas de las cámaras (lo que le quitó la turbidez
característica a las transmisiones de la televisión pública).
Aunque a menudo se proclama que se trata de medios estatales y no
gubernamentales, y por más que se invoque el ejemplo de neutralidad política de
la BBC, en general los gobiernos le han imprimido a sus medios un tono claramente
oficialista, en algunos casos de un oficialismo exasperante. Quizás por ello, a
pesar de los esfuerzos los medios públicos tienen una penetración limitada. En
Venezuela, por ejemplo, las seis señales estatales apenas acumulan el 3 por ciento
del total de la audiencia. Como afirma Molina en su artículo, su efectividad se
limita a predicar a los ya conversos más que a conquistar nuevas voluntades.
Y, junto a ello, otras herramientas, más discutibles pero más sutiles, a través
de las cuales los gobiernos inciden en los contenidos de los medios privados. Me
refiero a la potestad del Estado de prorrogar las licencias y al uso discrecional
de la publicidad oficial. En países pequeños, con mercados de publicidad privada
PRÓLOGO

[19
]
reducidos, el Estado es el primer anunciador, por lo que los medios necesitan su
apoyo para sobrevivir. Un buen ejemplo es Nicaragua, donde la utilización de
esta herramienta por parte del gobierno sandinista permitió crear un poderoso
entramado mediático para-estatal.
Leyes regulatorias
La batalla entre el Estado y los medios ha asumido, en algunos casos, forma
legal, a través de la propuesta o sanción de leyes tendientes a regular la actividad
mediática. Se trata de un tema complejo que conviene estudiar caso por caso
y cuyo análisis en profundidad excede las posibilidades de este espacio. Sin
embargo, es posible apuntar algunas primeras conclusiones.
En general, la reacción ante estas iniciativas adquiere la forma de un reflejo
corporativo que asume como un atentado a la libertad de expresión cualquier
intento por regular las telecomunicaciones o la prensa. Pero no necesariamente
debería ser así. Existen, por ejemplo, razonables regulaciones de mercado, que
apuntan a evitar las posiciones monopólicas o dominantes. Es lo que sucede en
países muy celosos de la libertad de empresa y las garantías individuales, como
Estados Unidos, donde las normas establecen límites a la propiedad cruzada de
licencias de TV, radio y cable, fijan cuotas máximas de mercado y limitan la
posibilidad de que una misma empresa controle medios gráficos y audiovisuales.
El proyecto ecuatoriano, por ejemplo, prohíbe que una compañía dueña de
un banco sea también la propietaria de un medio, con el argumento de que la
orientación editorial del segundo puede quedar atada a los intereses del primero.
La ley de medios argentina, aprobada en el Congreso tras un largo debate, apunta
a desmonopolizar el panorama mediático estableciendo cuotas de mercado y
prohibiendo el control de cierto número de licencias en la misma área geográfica.
Como el universo de los medios argentinos se encuentra bastante concentrado,
esto obligará a las grandes empresas a darse estrategias de desinversión.
Las leyes y proyectos en debate establecen una distribución equitativa de
las frecuencias entre el Estado, el sector privado y el sector comunitario o de
la sociedad civil (es el caso de Argentina y Ecuador y también de los proyectos
que se discuten en Bolivia y Uruguay). Se fijan cuotas de producción nacional
(Argentina, Ecuador, Venezuela) y se establecen horarios y pautas para la
protección de los niños (todas).
El tema se torna más complejo al analizar los procedimientos sancionatorios,
en particular cuando éstos contemplan la suspensión —temporal o definitiva— de
las licencias. El caso extremo es Venezuela. En mayo de 2007, fortalecido tras
arrasar en la campaña por su reelección, Chávez decidió no renovar la licencia
de RCTV, el canal más antiguo del país, con el argumento de que había apoyado

20]
el fallido golpe de Estado del 2002. La licencia estaba vencida y el Estado tenía
la posibilidad de no renovarla. Por otra parte, el canal siguió transmitiendo por
cable. El trámite, sin embargo, fue irregular. Desde el punto de vista jurídico, si
había una responsabilidad debía recaer sobre personas naturales —los dueños del
canal— y no sobre la empresa. Desde el punto de vista político, la intencionalidad
está clara: el resto de los canales también habían acompañado la intentona
golpista, pese a lo cual el gobierno les permitió seguir operando, básicamente
porque, finalmente convencidos de que había Chávez para rato, decidieron
suavizar su línea editorial. El hecho de que Chávez haya formulado el anuncio de
RCTV en un establecimiento militar y vestido de uniforme no ayudó a tranquilizar
los ánimos. La OEA protestó, y el presidente respondió tildando de “insulso” a su
titular, José Miguel Insulza.
La decisión se suma al cierre de 32 radios primero y otras 29 después, con el
argumento de que no cumplían con los requisitos legales para operar, y las 40
causas —entre las iniciadas por funcionarios del gobierno y las presentadas por
particulares— contra el único canal claramente anti-chavista, Globovisión. Los
motivos son variados: durante una entrevista con el director de RCTV, Globovisión
difundió imágenes del atentado contra el Papa Juan Pablo II con la canción de
Rubén Blades “Eso no termina aquí” de fondo. El gobierno acusó a la emisora
de incitar subliminalmente al magnicidio. En otra oportunidad, el canal fue
denunciado por poner al aire un mensaje de texto de un televidente convocando
a un golpe de Estado. En las últimas elecciones, Globovisión recibió otra denuncia
por transmitir la reacción de un candidato a la gobernación de Carabobo que instó
a tomar las oficinas del Consejo Nacional Electoral disconforme con el resultado.
Estos procedimientos sancionatorios se encuadran en la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte). Aprobada en diciembre
de 2004, la norma prevé sanciones, que pueden llegar a la suspensión por 72
horas continuas de la señal, para “aquellos medios que difundan mensajes que
promuevan o hagan apología o inciten a la guerra o a la alteración del orden
público”. Por último, hay que señalar la decisión de la justicia de detener al
dueño de Globovisión. Aunque la causa judicial aparentemente no tendría
vinculación con su actividad periodística, la coincidencia es llamativa. Todo esto
sitúa a Venezuela en un lugar particular, diferente al de Argentina o Bolivia,
donde el Estado no ha decretado la suspensión de ninguna licencia y donde no
existen casos de periodistas presos.
Paradoja final
Vacíos políticos ocupados por los medios, presidentes ultra-mediáticos y anti-
mediáticos, leyes que apuntan a desregular el mercado y que en algunos casos se
acercan peligrosamente a la regulación de contenidos...
PRÓLOGO

[21
]
Los datos del Latinobarómetro 2009 confirman que los medios de comunicación
se encuentran a la cabeza de los rankings de confianza en diversas instituciones,
superados sólo por la Iglesia, y muy por arriba del gobierno, la empresa privada,
la policía o los sindicatos. Sin embargo, la confrontación, en algunos países muy
directa, con presidentes que gozan de una altísima popularidad ha contribuido
a ponerlos en cuestión por primera vez desde el inicio de la última ola de
democracia en América Latina.
La paradoja es que los medios, cada vez más centrales, también son más
discutidos. Existe hoy una conciencia, cada vez más amplia, en cuanto al
verdadero lugar de los medios en la democracia: no sólo una arena sino también
un actor en el debate político.
En su famoso libro La democracia y los partidos políticos, el sociólogo ruso
Moisei Ostrogorski afirmó: “La función de las masas en una democracia no es
gobernar sino intimidar a los gobernantes”. En tiempos de globalización y
auge de las nuevas tecnologías, no sólo gobiernan los políticos, sino también,
en algún sentido, los medios. La novedad es que la sociedad ha comenzado
a intimidarlos.

[23
MÉXICO
Medios de comunicación y Estado/gobierno
CRÓNICA DE UNA TRANSICIÓN FALLIDA
¿Cómo es que en México el periodismo y los medios de
comunicación llegamos a un estado de cosas que van del
control mediático concentrado en unas cuantas empresas, a la
indiferencia con que empresarios de medios y la sociedad en
general, enfrenta el asesinato permanente de periodistas a manos
del crimen organizado y de poderes políticos legales? ¿Cómo es
que llegamos a un silencio generalizado que pone en riesgo no
solamente la vida de más reporteros, sino sobre todo el derecho
de la sociedad a la libertad de expresión y de información?
Para el autor de este texto, en gran medida, el origen de esto y
otros problemas que viven los medios y periodistas en relación
con el Estado, se encuentran en dos décadas fundamentales para
la historia de México: los años 60’s y 70’s. Décadas en que las
tensiones sociales (la masacre del 2 de octubre de 1968 y la
represión y desaparición de cientos de presuntos guerrilleros
en los años 70’s) pusieron a prueba la independencia de los
medios y la prensa en general frente al Estado. La relación que
se estableció entre medios y Estado en esos años, los actos y
actitudes que se asumieron, son un eco que suena fuerte en lo que
hoy sigue siendo esa relación.
Jacinto Rodríguez Munguía
jrmunguia@hotmail.com
Periodista de investigación. Estudios de comunicación (UAM-X) y posgrado en letras (UNAM). Autor
de: La Otra Guerra Secreta. Los Archivos prohibidos de la prensa y en poder en México (Debate-
Mondadori); 1968: Todos los culpables (Debate-Mondadori) y Las nóminas Secretas de Gobernación. Ha
sido colaborador de Milenio Semanal, Milenio Diario, El Universal, Diario Reforma, Revista Proceso,
Newsweek, entre otras. Coordinador editorial de la revista independiente emeequis (www.m-x-com-
mx) y Coordinador del Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana.

24]
Las relaciones entre medios de comunicación y Estado en México, adquieren
otra dimensión cuando se revisan desde los efectos y consecuencias que este vínculo
implica, a la luz de una transición a la democracia. Por ejemplo: la democracia que
puede alcanzar un país tiene que ver inevitablemente con la independencia de los
medios de comunicación con el Estado y la calidad de información que los medios
transmiten a los ciudadanos. Si bien es cierto que en algunas sociedades esta relación
ha acompañado y consolidado procesos de transición democrática, en el caso
mexicano los saldos son negativos. Las consecuencias de este binomio no solamente
han implicado una mala fama para los medios de comunicación, y en particular la
prensa, que hasta nuestros días no se ha podido desprender, sino también que se
postergaran asuntos vitales que tarde o temprano pusieron en riesgo la existencia de
los medios de comunicación y la vida de muchos periodistas, como son:
–La prensa dejó de lado coberturas y denuncias (del crimen organizado,
particularmente, el narcotráfico) que ahora son parte de sus problemas, y de la que
depende la existencia de muchos periodistas.
–La sana competencia informativa entre medios se pospuso por la dependencia
de la publicidad oficial/Estado.
–Se dejó de lado una permanente actualización y profesionalización de los
periodistas, lo que impactaría en una mediana y mala calidad periodística.
–La llegada, muy tarde, de los medios de comunicación y los periodistas a las
nuevas herramientas tecnológicas.
****
Primero fueron las llamadas, luego los mensajes electrónicos. Después el miedo
en las palabras de los colegas amenazados. En algún momento llegó el primer anuncio
sobre un amigo asesinado, el mismo que alguna vez nos habría guiado por los terrenos
del narcotráfico para hacer un reportaje… Ya no habría tregua. Desde entonces, no
hay mes en que no reciba una llamada, un mensaje contándome sus historias de
miedo y sus espantos.
Y donde su pecado ha sido sólo uno: ser periodista.
Esta es la más reciente.
“Yo ya sabía que lo iban a matar. Bladimir me lo contó un 9 de octubre durante
una reunión que organizó la Procuraduría para festejar con los reporteros de la fuente
policiaca “la libertad de expresión”. En medio de los narcocorridos que amenizaban
la fiesta, me confesó que ya sentía la muerte cerca y que no faltaba mucho. ‘Pero
¿sabes a qué le tengo mucho miedo?’ Me preguntó, y mi rostro más desencajado no
supo qué contestar, él me dijo: ‘a la tortura’”.
MÉXICO

[25
]
“ ‘Como quiera si es una ráfaga, nada más sientes uno o dos disparos y te mueres’,
enseguida bajó su camisa y me enseñó la cicatriz de un impacto de bala que tenía del
lado del corazón. Entonces me repitió lo que anteriormente ya me había dicho por
teléfono varias veces: ‘Karlita cuídate mucho, si puedes cámbiate de fuente porque
ésta es muy mala y es más peligrosa, pero de veras cuídate, insistía’”.
Mónica se llama la que escribió esto y le pedí que me dejara incluirlo en este texto.
Mónica, así, sin más detalles, es una reportera del norte del país también amenazada
de muerte.
Ahora que comienzo este texto que me han invitado escribir, me vuelvo a preguntar
como lo he hecho en los últimos años: ¿en dónde comenzó todo? ¿qué hicimos o no
hicimos los medios y los periodistas para llegar a dónde estamos? ¿Por qué el Estado,
los dueños de los medios y la sociedad civil nos han dejado tan solos? ¿Cuándo fue
que nos comenzaron a odiar tanto?
Las siguientes, algunas posibles respuestas.
Aquellos (in) felices días
Nada y nadie está exento de un pasado.
La historia de la relación de los medios y el Estado se podría contar desde sus propias
imágenes y palabras. Esas mismas imágenes y palabras que al paso de los años cobran
otro sentido y son el espejo desde el cual inevitablemente nos miramos quienes hoy
ejercemos el periodismo y los que trabajan en los otros medios de comunicación.
Ninguna imagen como los encuentros del 6 de junio de cada año, por lo menos
hasta el año 2000, en donde el poder se encargaba de premiar lo que consideraba
los mejores periodistas y el mejor periodismo. El premio Nacional de Periodismo,
instituido el 31 de diciembre de 1975, se convertiría, al paso de los años, en una
afrenta, una piedra colgada en el cuello que ahorcaba la ética y la independencia del
ejercicio periodístico.
Había otro antecedente: el día de la Libertad de Expresión organizada y encabezada
por el mismo poder. ¡Sólo en México! “Es que así eran las cosas”, han sido las palabras
más socorridas de algunos de los periodistas de aquellos años.
Pero todo ese pasado no se puede reducir a esa frase que se parece más a una
justificación, a una coartada. Durante algunos años, inmerso en cientos de expedientes
que alguien olvidó destruir me encontré con documentos que desmienten esa
afirmación. No, las cosas que eran así y tienen explicaciones concretas.
Es importante traer a este contexto algunas de esas referencias localizadas en
un documento en el Archivo General de la Nación (AGN). Necesario citar algunos
fragmentos:

26]
Como complemento de este capítulo y para acentuar la necesidad de que el PRI
disponga de un instrumento organizado técnicamente que desarrolle en su favor una
propaganda institucional y no incidental, se consigna esta idea: «por la acción de la
propaganda política podemos concebir un mundo dominado por una Tiranía Invisible
que adopta la forma de un gobierno democrático.
Bajo esta condición, una democracia como la mexicana puede obtener niveles de
control popular equivalentes a los que lograría por la violencia y el terror, una dictadura
que solamente pudiera ofrecer a la ciudadanía espejismos y abstracciones.
El control de la opinión pública en un régimen totalitario es elemental.
–La propaganda política de una democracia no puede y no debe imitar la del
estado dictatorial pero sí aprenderle muchas cosas: fe en sus recursos; persistencia
en la acción; rapidez para proceder en los conflictos; interés por todos los problemas
políticos, sean éstos reducidos o gigantescos, y otorgar a todos el mismo trato urgente–
y a cambio en una democracia, como quedó dicho, se complica y en ocasiones resulta
imposible.
Las dictaduras reprimen por la fuerza las ideas y las expresiones populares.
En un gobierno democrático, este control debe alcanzar calidad de arte, toda
vez que intente manejar ciudadanos libres, capaces de resistirse a la acción de las
autoridades y capaces también de llevar el contagio de su resistencia a los demás.
…No obstante esta rápida selección de los métodos –todas las formas de la palabra
escrita para los mejor dotados; imágenes gráficas, los usos audibles y visuales de la
radio, la tv y el cine para los menos capacitados– que influyen los diferentes sectores
políticos para obtener resultados colectivos, la propaganda política debe utilizar todos
los vehículos de difusión: prensa, radio, cine, televisión, teatro, ediciones institucionales,
carteles y relaciones públicas.
Los párrafos de este documento son contundentes. Muchas de las respuestas no
estaban en la casualidad y donde el argumento: “así eran las cosas” se desbarata.
Pero como la historia no es lineal, ni sólo la escriben los malos, en ese amasijo de
papeles está también el incómodo rostro del otro lado de la moneda.
En esos documentos que guardan más de tres mil cajas en la Galería II del AGN,
están las huellas de las pruebas de cómo respondieron los empresarios y los periodistas
cuando el poder necesitó de ellos, cuando buscó la legitimidad de sus acciones y
decisiones, como durante el movimiento estudiantil de 1968 y los años de la guerra
sucia en los años 70’s. En La Otra Guerra Secreta. Los archivos prohibidos de la prensa
y el poder, (Debate/Mondadori 2007) están y sobran los ejemplos.
MÉXICO

[27
]
2000. Los amantes abandonan la alcoba
La tarde del 6 de junio del año 2000, desde la sede el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), me tocaría ver cómo se iba derrumbando un poder de más 70
años. Me tocó registrar cómo esa estructura de poder, eso que el escritor peruano
Mario Vargas llamó dictadura perfecta, llegaba a su fin, o por lo menos entraba en
una pausa.
Mientras miraba esos rostros de los colegas periodistas nacionales cargados
de desconcierto, me acordé de algunas frases que alguna vez leí en un viejo periódico,
uno de esos papeles que uno va guardando sin saber muchas veces para qué
podrían servir.
El periodista Francisco Martínez de la Vega había escrito:
“Nuestro oficio no es fácil ni tranquilo. Hay un innegable estado de mala fama
pública en el periodismo. Cuando el periodista ataca, se suele pensar que busca la
paga; cuando aplaude, se dice que ya lo consiguió: y si ni aplaude ni censura, el agua
tibia lo hará perderse en el anonimato… Pero es menester pensar que en nuestro
país, en trance de desarrollo, necesita de un periodismo capacitado en lo técnico
y noble en su orientación. Ese periodismo que han de ejercer los jóvenes que nos
reemplacen tendrá, además, la tarea de limpiar la estafeta que nuestra generación les
entregue y devolver al oficio sus originales funciones al servicio de las mejores causas
de la ciudad, del país, del mundo en que vivimos”.
Al menos en la última parte de su texto, Martínez de la Vega había fallado. Nuestra
prensa no habría de superar esa mala fama. Quienes tomaron la estafeta, quienes
reemplazaron a su generación, no lograron devolver al oficio sus originales funciones
al servicio de las mejores causas de la ciudad, del país, del mundo…
Traté de recordar la fecha. La busqué después. 1966. Esa tarde supe que la estafeta
pocos la habían tomado, que las generaciones que siguieron a Martínez de la Vega,
apenas habían escuchado su llamado y que esa misma realidad, de la que escribe, se
seguía reproduciendo.
Este texto lo realizó en enero del 2010. Y cuando uno podría creer que este
pasado se había ido, que los cambios globales en que se han metido los medios de
comunicación implicarían, casi en automático, un cierre definitivo y una vuelta al
pasado, a dos años de que se realicen las próximas elecciones para Presidente de la
República (2012), las encuestas hablan de un regreso del PRI.
Mario Vargas Llosa ha vuelto a clavar hondo con sus palabras sobre la posibilidad
de que el PRI esté de regreso:
“Sería una pena que México retornara a ser el monopolio de un partido tan
absolutamente corrupto como fue el viejo PRI; sería una pena que México, que
hoy es una democracia imperfecta, como lo son todas las latinoamericanas, pero

28]
democracia al fin y al cabo, retornara a ser el monopolio de un partido tan corrupto…
masoquismo colectivo, si es que es verdad y si es que es el mismo PRI que el pueblo
mexicano rechazó en unas elecciones”.
Hay en las palabras de Mario Vargas Llosa una verdad que incomoda a varios
actores políticos en México. En esas palabras está una hipótesis: si regresa el PRI,
los medios de comunicación volverán a vivir años de “tranquilidad” económica. Por
lo menos las referencias históricas y los documentos que se conocen ahora, dan
cuenta de lo cómodo que fue para las grandes empresas mediáticas la relación con
el Estado en los años en que gobernó el PRI al país. A diferencia del actual régimen
de derecha representado por el Partido Acción Nacional desde el año 2000, el PRI sí
supo cómo mantener una “sana” relación con los medios de comunicación, incluidos
los considerados más críticos. El factor clave para ello: el manejo a su antojo y a su
conveniencia de las concesiones de Radio y Televisión, pero sobre todo, el uso de
recursos para las pautas publicitarias tanto en medios electrónicos como impresos.
Otro elemento que para el caso México se debe tener en cuenta, es que varios
de los hoy propietarios de los principales medios de comunicación electrónicos
e impresos, son los mismos (o herederos) aliados naturales del PRI. Pero mientras
dejémoslo en hipótesis, aunque es una hipótesis que podría convertirse en una
desagradable verdad.
La democracia no tiene quién la cuente
¿Cuál es el papel de los medios y del periodismo en tiempos de democracia o
de transición democrática como la que viven algunos países de Latinoamérica y en
particular de México?, le pregunto a John Dinges, profesor de la Universidad de
Columbia, durante una conversación que tuvimos en una de sus visitas que hizo a
México en 2009.
En tiempos de democracia, explica, el rol de los medios de comunicación es distinto
y más complejo. La corrupción por parte del gobierno es más común que la represión;
la información pasa de ser un pequeño hilo de agua a un caudal que nos inunda;
la gente común no sólo necesita información confiable para ejercer su poder como
ciudadanos, sino además un foro adecuado para intercambiar ideas con sus líderes y
con el resto de la sociedad. El periodismo en libertad es más desafiante, y los periodistas
están llamados a desarrollar un kit de herramientas distinto y más sofisticado.
“Sobre todo, en tiempos de democracia se necesitan organizaciones de información
independientes y un periodismo vigilante que realice investigaciones confiables que
inspeccionen el trabajo del gobierno y de la empresa privada. Los ciudadanos exigen
leer y escuchar una diversidad de voces en un espectro político, étnico y social mucho
más amplio de lo que los medios han permitido en el pasado”.
MÉXICO

[29
]
“En resumen, la democracia exige una responsabilidad social de los medios mucho
más aguda. Pero los medios tienden a seguir preocupados por su conflicto de ganar
independencia, aun cuando muchas veces ya la tienen. El foco continúa siendo el resistir
regulaciones, censuras e intervenciones del gobierno, en vez de avanzar y reflexionar
sobre la responsabilidad social específica de los medios en una sociedad libre”.
“Tanto así, que cuando los ciudadanos y los grupos cívicos empiezan a clamar a
los medios por más responsabilidad, algunos medios del establishment reaccionan a
la defensiva, como si sus derechos constitucionales estuvieran siendo atacados”.
Las palabras de Dinges calan en nuestra realidad. La agenda de pendientes se
vuelve más compleja.
Empresarios, medios y poder
El año de 1968 fue uno de los más difíciles para la historia de México. El movimiento
estudiantil no solamente rompía las ventanas de una nación y un gobierno asfixiante.
Lo que pasó en esos días y su desenlace ha sido ampliamente documentado.
En ese mismo contexto, la relación de los medios con el Estado también pasaría
por momentos complicados. Uno de los episodios que incomodaría a los empresarios
de los medios electrónicos, fue la aplicación de un impuesto a finales de 1969.
Según los mismos empresarios, aquél habría sido en represalia por la cobertura y
el abrir sus espacios de radio y televisión al movimiento estudiantil. Nada más falso.
Sin embargo, más de 30 años después (octubre de 2002), los empresarios organizados
en la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión, en palabras de Bernardo Gómez,
en ese momento directivo de Televisa, quien agradecía al gobierno del presidente
Vicente Fox les restituyera el tiempo que como impuesto se venía pagando al Estado.
Acusaba a Gustavo Díaz Ordaz (presidente en 1968) de haberlos castigado con este
impuesto como represalia por las imágenes que Telesistema difundió sobre el 2 de
octubre en Tlatelolco. “Con esto –la devolución del 12.5 por ciento– se resarce el
adeudo histórico que se hizo a la industria por difundir los hechos de 1968”.
El discurso de Bernardo Gómez abre preguntas elementales: ¿Qué pasó después del
68 con la relación entre los empresarios de los medios y el gobierno de Luis Echeverría
Álvarez en la década de 1970? ¿Qué pasó con el papel asumido por éstos en los
años de la Guerra Sucia, cuando el gobierno aplicó una verdadera cacería contra la
subversión, donde el Estado hizo efectivas sus amenazas? De nueva cuenta la historia
archivada desdice el ajuste de la historia que quieren hacer en este nuevo siglo.
Hay suficientes referencias que demuestran que si alguien no ha perdido en este
proceso de transición y en los cambios de un partido en el poder a otro, son los
empresarios de los medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión, los

30]
grupos que detentan el grueso de las concesiones de radio-televisión y varios de los
grandes medios impresos.
En el caso mexicano, son dos las grandes empresas de la televisión que concentran
la mayor parte del mercado de televisión abierta: Televisa y Televisión Azteca. Existen
otras de menor alcance, pero ninguna por ejemplo como Televisa, considerada como
la empresa más grande en América Latina.
Sobrevivieron, y no sólo eso: aprendieron, además, que no era suficiente poseer
medios de comunicación, que no bastaba mantener una conveniente relación con el
poder político y con toda la estructura del poder. Que no había sido suficiente estar
de lado del Presidente de la República o del secretario de gobernación en turno.
Con el derrumbe (quizá no definitivo) del PRI, aprendieron que poseer un poder
económico a través de sus medios de comunicación, no es suficiente.
Que para mantener el poder económico era necesario instalarse en el poder
político.
En 2009, en lo que representa una de las operaciones silenciosas más efectivas,
los grandes empresarios de los medios de comunicación fueron sembrando hombres
clave en las estructuras del poder político, particularmente en aquellas áreas donde
se toman las decisiones, en donde se definen a quién se otorgan las concesiones de
radio y televisión y las nuevas tecnologías de la comunicación.
En el momento en que se elabora este trabajo, se tiene ampliamente documentado
que los empresarios de los principales medios electrónicos (Radio y Televisión), no
solamente cuentan con funcionarios afines en espacios clave como la Comisión Federal
de Telecomunicaciones (Cofetel), dependencia que se encarga de evaluar y definir la
distribución de concesiones de radio y televisión, sino además, han logrado instalar
una red de representantes en las cámaras de legisladores: Cámara de Diputados y la
de Senadores.
Otro modelo de corrupción y trampa muy a la mexicana. Por ejemplo, a través del
Partido Verde Ecologista (PVEM), las dos principales empresas de televisión en México,
Televisa y TV Azteca, infiltraron a sus propios representantes. Entre los candidatos que
impulsaron de manera subrepticia hacia la Cámara de Diputados estaba Ninfa Salinas
Sada, hija del empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca; a Miguel
Orozco Gómez, director jurídico de la Cámara Nacional de la Radio y la Televisión
(CIRT), quien antes de las elecciones era funcionario de ese organismo.
Otra variante de esa fórmula fue registrar como suplentes al cargo público
a un grupo de personajes ligados con las empresas, de tal modo que al ganar los
titulares, éstos últimos renunciarían para que quedara finalmente el puesto libre para
los primeros. Entre ellos: Roberto García Requena, ex coordinador ejecutivo de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a Juan Gerardo Flores Ramírez,
asesor de la Cofetel y representante del PVEM en el Comité de Radio y Televisión del
MÉXICO

[31
]
Instituto Federal Electoral (IFE), y Adriana Sarur, conductora de Proyecto 40 (Canal de
televisión que TV Azteca recuperó de manera violenta).
Por si fuera poco, quien en 2010 presidía la Cofetel, Héctor Osuna, había sido
consultor privado para las empresas Televisa y TV Azteca.
El mismo Osuna en 2006, siendo senador, asumió un papel activo a favor de lo
que en ese momento se le dio el nombre de Ley Televisa, una iniciativa de reformas
a la Ley Federal de Radio y Televisión. Esta ley sería aprobada en marzo de ese año
por el pleno de la Cámara de Diputados en un lapso récord de 7 minutos y después
confirmada por el Senado sin modificarle absolutamente nada. La actitud de los
legisladores, incluida la llamada oposición de los partidos de izquierda, quedó, por
lo menos, bajo sospecha.
Entre las modificaciones que en ese momento se aprobaron, estaba ceder a los
empresarios de la radio y la televisión el uso de las frecuencias casi de manera gratuita
y sin límite de tiempo. En otras palabras, el gobierno y los legisladores les estaban
regalando todo el espectro radioeléctrico a los empresarios. Se supo que Héctor Osuna
fue uno de los autores de esa iniciativa como consultor privado de las televisoras.
Una historia que todavía no termina, pero que sí da cuenta de cómo los grandes
empresarios de los medios van por todo. Que esta vez ya no le dejarán todo a los
vaivenes del poder político.
Periodismo de calidad, los cambios tecnológicos
y la democracia
La caída de un sistema político implicó, de facto, la desaparición de un determinado
número de medios de comunicación, sobre todo de periódicos que dependían casi
en lo absoluto de la publicidad oficial. La competencia informativa no había sido
hasta entonces un asunto que les preocupara.
Ernesto Villanueva, autor de Publicidad oficial: transparencia y equidad, dice que
en el Estado mexicano prevalece el criterio de absoluta discrecionalidad y densa
opacidad para disponer a entera conveniencia de recursos públicos que integran el
presupuesto de publicidad oficial y que sólo a nivel del gobierno federal ascienden a
3 mil 700 millones de pesos, algo así como 300 millones de dólares.
Cita en su libro que por ejemplo, de los cerca de 12 millones de dólares invertidos
en publicidad oficial en el 2007, el 72 por ciento correspondió a los medios
electrónicos, básicamente a dos televisoras (Televisa y Tv-Azteca); el 28 por ciento
restante se distribuyó entre los medios de comunicación impresos, de los cuales, 17
diarios recibieron el 88 por ciento de estos recursos.

32]
Es un hecho que sin el sostén del Estado y el tsunami tecnológico, las empresas
no tenían muchas opciones: o se ajustaban a los nuevos retos de la tecnología y la
comunicación o desaparecían. Hoy mismo sigue siendo un reto para muchos medios.
Hoy, las grandes empresas se debaten entre recortes de trabajadores, ajustes
tecnológicos e ingresos por publicidad. El problema no será de fácil solución. En
otros países, los mismos grandes medios de comunicación privados viven acosados
por esas sombras.
En el caso de México, la dependencia del Estado, algo que en muchos momentos
convenía a las dos partes, retrasó la entrada a un mundo de retos tecnológicos y de
competencia abierta entre los medios. Por lo que desde hace tiempo las noticias
sobre el futuro del ejercicio periodismo no son nada alentadoras. Aunque estas
“predicciones” se enfocan particularmente hacia los impresos, el impacto que
tendrá en el trabajo periodístico será igual para cualquier medio, sea este impreso o
electrónico.
Más allá de las profecías apocalípticas, y a pesar de los grandes avances tecnológicos
sigue vigente, por muchos años todavía, la pregunta: ¿cómo hacer de la información,
sea cual sea el formato de transmisión, una información de calidad?
Cómo hacer un periodismo de calidad, en todo el sentido de la palabra.
Ahora el reto de la prensa (impresa o electrónica, incluido el internet) ya no está
en cuánto se está informando y cuál es el medio que lo dice primero. Si de por sí esta
tesis ya no estaba vigente, ahora no tiene realidad que la sustente.
Ni la multiplicación de medios impresos y electrónicos, ni un crecimiento exponencial
de vías para la difusión de información, han podido sustituir lo elemental del periodismo:
quién, con qué elementos y parámetros de calidad procesa la información.
Soledad y muerte del mensajero
Y quien al final se quedaría solo, sería el reportero.
En la mudanza que han vivido las relaciones entre medios de comunicación/
Estado luego de la caída de un poder político de 70 años, quienes más perderían
serían los periodistas, los reporteros.
A una generación de periodistas sin duda sorprendió la caída inesperada del
sistema político con el que se habían consolidado, con el que no solamente habían
construido sus carreras y sus famas. La otra parte, una generación intermedia, vería
con asombro la caída, pero sin duda la mayor sorpresa vendría después: la aparición
de una inusitada violencia contra ellos de parte de un personaje que no era nuevo en
el escenario social: el narcotráfico.
MÉXICO

[33
]
El 2 de noviembre de 2009, otro periodista era asesinado. Se llamaba José Bladimir
Antuna Vázquez García y era reportero de El Tiempo de Durango. A este oficio le
había dedicado los últimos 20 años de su vida.
En éste, como en otros casos, las amenazas a su vida habían sido denunciadas. Las
autoridades sabían que estaba en peligro. Nadie hizo nada para impedirlo.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y otras tantas organizaciones nacionales e internacionales
no se han agotado de hacer llamados a las autoridades mexicanas para que investiguen
estos crímenes, capturen y sancionen a los responsables.
No se han cansado de exhortar al Estado a que impulse de manera decidida
las investigaciones existentes sobre los crímenes contra los comunicadores y a que
adopte medidas indispensables para proteger a la prensa, tales como la federalización
de los delitos contra periodistas y la implementación de mecanismos permanentes de
protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores
en riesgo.
Darío Ramírez, de Artículo 19, señala que en México seguimos contando víctimas
y recibiendo un mensaje de indolencia por parte de las autoridades encargadas de
procurar y administrar la justicia. “Seguimos viendo cómo la impunidad alimenta
e incita futuros actos de violencia. Seguimos preocupados por simular un México
democrático que no existe. Porque en toda democracia, ejercer la libertad de prensa
en un contexto de seguridad es un elemento indispensable”.
“Matar al mensajero tiene un efecto nocivo para toda la sociedad. La violencia
hacia nuestros comunicadores está generando un grado importante de autocensura.
Ésta no debe ser una medida de protección. Los periodistas están dejando de
investigar, corroborar, cuestionar y argumentar las piezas informativas porque ninguna
nota vale una vida. Mientras este fenómeno continúe asentándose la sociedad se
dirige al abismo de la ignorancia y nos alejamos de la información neutral, veraz
y oportuna que conmina a la reflexión sobre nuestro país, gobernantes, políticas
públicas y partidos políticos, entre otros muchos temas”.
Estas son algunas de las cifras de la muerte y la violencia contra los periodistas en
México, en los últimos años.
En 2006, nueve asesinatos y un desaparecido.
En 2007, tres homicidios y tres desaparecidos.
En 2008, cinco asesinatos y un desaparecido.
En 2009, nueve asesinatos.
Y apenas han pasado los primeros días de 2010 y la cuenta avanza. El pasado 8
de enero, era asesinado Valentín Valdés Espinoza, reportero del periódico Zócalo de

34]
Saltillo, Coahuila y el 18 aparecía el cuerpo sin vida de José Luis Romero, reportero
de Sinaloa. Había sido secuestrado dos semanas antes.
Otro elemento que trajo consigo el cambio de las relaciones entre los medios
y el Estado, fue sin duda el miedo de los gobiernos locales ante el trabajo de los
medios. La aparición de nuevos medios, algunos con mayor independencia, así como
la llegada de otra generación de reporteros que rompían con las formas y las reglas
de los viejos periodistas.
No ha sido nada fácil. Sin una violencia tan abierta como el narcotráfico, los
gobiernos locales y el mismo federal, han mantenido una presión permanente contra
medios y periodistas críticos a su ejercicio político y de poder.
Dos han sido esas formas de presión.
1. El retiro o condicionamiento de la publicidad oficial, y
2. La indiferencia o falta de compromiso para detener la violencia contra los
medios y periodistas en los estados de la República mexicana.
Ambos casos son de suma importancia. En el primero, dice Ignacio Rodríguez
Reyna, director de emeequis, una de las pocas revistas políticas independientes del
país: es urgente la creación de un órgano del Estado con autonomía constitucional
que se encargue de atender los asuntos de la promoción y difusión, de crear los
instrumentos para administrar y ejercer recursos públicos aprobados por el Congreso.
De modo que no sólo sirvan para reforzar a los medios dominantes, sino que permitan
que el debate público se enriquezca con voces distintas y plurales.
“Los recursos públicos tendrían que ser canalizados a los distintos medios, con
diferentes plataformas, atendiendo a criterios no sólo cuantitativos (audiencia, tiraje,
rating, etcétera) sino cualitativos (calidad de contenidos, pluralidad y atención) a
todos los grupos sociales que conforman al país”.
En el segundo caso, las consecuencias son de mayor responsabilidad. La
indiferencia con que el Estado ha asumido el ataque a los medios de comunicación
y periodistas, no deja de interpretarse como una actitud calculada, como parte de
una estrategia que a fin de cuentas beneficia a un poder en la medida de que esto
ha inhibido el trabajo de los periodistas, que ha modificado la agenda de muchos
medios, que el miedo es un factor que siempre le ha funcionado a los gobiernos poco
transparentes.
De manera indirecta, este temor en el que viven muchos periodistas ha afectado
algo fundamental para una sociedad en transición democrática como es México: la
libertad de expresión y el derecho a la información.
El efecto directo está en las cifras:
Aunque éstas varían de acuerdo con los criterios de las distintas organizaciones
no gubernamentales que hacen este seguimiento, hay coincidencia en que desde el
MÉXICO

[35
]
2000 han sido asesinados en México unos 55 periodistas, siete desparecidos, seis
ataques con explosivos… en total por lo menos 70 ataques graves contra periodistas
y medios, de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
***
Recuerdo el caso de un colega con quien trabajé hace unos años para un
reportaje en Ojinaga, Chihuahua. Él me apoyó para entender el mundo de un grupo
de narcotraficantes (Los Tres de la Sierra), que había sido detenido luego de exhibirse
en las Olimpiadas en Sidney, Australia en el año 2000.
Unos meses después de ese trabajo mientras daba clases de periodismo, y les
hablaba a mis alumnos de la importancia que tenía el periodismo digno y ético para
la construcción de la democracia, recibí una llamada. Me decían que aquel reportero
había sido asesinado. Se comenzaban a coser con furia las historias en la piel del
periodismo.
Han pasado 10 años de ese caso. Yo decidí no volver a involucrarme en
temas periodísticos sobre el narcotráfico, las circunstancias me llevaron por otras
investigaciones periodísticas hacia el pasado y la memoria de las relaciones de la
prensa y el poder en México.
Pero las llamadas no dejaron de llegar. Hace medio año una colega del periódico
Vanguardia de Coahuila llamaba para decirme que Jesús N. había sido secuestrado,
que estaba desaparecido. En ese caso, como en otros, me devoró el silencio. Le
ofrecí apoyo: difundir su caso en las redes de protección a periodistas, alertar a nivel
internacional.
“No”, dijo. Si está vivo podríamos arriesgar su existencia. “Esperemos un poco”.
Algunas señales daban esperanza. Una semana después apareció. Él se sumió en el
silencio.
Seis meses después, en una de esas tardes mientras él tomaba una beca para
periodistas en la Fundación Prensa y Democracia, narró lo que había vivido. Las
tardes y las noches encerrado en un cuarto vacío con él mismo, el sonido que apenas
alcanzaba a llegar a ese rincón, la oscuridad total en la que estuvo, el miedo de no
saber lo que seguiría, si volvería a caminar por las calles. El momento en el que lo
arrojaron de un auto a un baldío y la amenaza de que, a la próxima, no regresaría a
la vida.
Uno de sus “pecados”: haber investigado los nexos del narcotráfico con una red
de policías de seguridad pública.
Su peor “pecado”: ser periodista en México.

36]
Relación Medios y Estado en México
La mediática del poder consiste en (i) comprar la verdad periodística como
estrategia de gobernabilidad y (ii) el uso de la amenaza, el chantaje y el asesinato
de periodistas por parte de parapoderes, políticos y gobiernos.
Las principales características del régimen mediático son: (i) medios de comunicación
que dejaron de lado coberturas y denuncias del crimen organizado y el narcotráfico,
y ahora se dan cuenta que son parte de sus problemas para informar con libertad;
(ii) la sana competencia informativa entre medios se pospuso por la dependencia
de la publicidad oficial; (iii) la permanente actualización y profesionalización de
los periodistas ha sido deficiente; (iv) los medios de comunicación y los periodistas
se han incorporado tarde a las nuevas herramientas tecnológicas. El resultado es la
poca calidad periodística en los medios de comunicación.
Referencias bibliográfico-hemerográficas.
Cantú, María Elena. Medios y poder. El papel del la radio y la televisión en la democracia mexicana.
Córdova, Arnaldo. La formación del poder político en México, Ediciones Era. 1972.
Esteinou Madrid, Javier. Los medios de comunicación y la transformación de la sociedad civil.
Universidad Iberoamericana. 1982.
Musacchio, Humberto. Diccionario Enciclopédico del Distrito Federal. Editorial Raya en el Agua.
México. 2000.
Martínez de la Vega, Francisco. Escritos Escogidos. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana. México. 2003.
Rodríguez Castañeda, Rafael. Prensa vendida. Los periodistas y los presidentes: 40 años de relaciones.
Grijalbo. México. 1993.
Rodríguez Munguía, Jacinto. La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder.
Random House Mondadori-Debate. México. 2007.
Scherer, Julio. Los presidentes. Grijalbo. 1985.
Libertad de Expresión. Revista el Cotidiano No. 158. Universidad Autónoma Metropolitana.
Noviembre-Diciembre, México. 2009.
Villanueva, Ernesto. Publicidad oficial, transparencia y equidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM. México. 2010.
MÉXICO

[37
UNA LOCURA MEDIÁTICA
En una isla del Caribe hay un país de poco más de 48 mil
kilómetros cuadrados y diez millones de habitantes, 64 por
ciento en o por debajo de los límites de la pobreza, que
es líder mundial en número de medios de comunicación por
territorio y población. Posee 380 emisoras de radio, 180
empresas de televisión por cable, 8 diarios, 63 canales
de televisión en UHF, 8 canales en VHF, alrededor de
25 revistas y por lo menos 6 diarios electrónicos. Esto sin
considerar una cantidad incalculables de blogs. Un medio
de comunicación para cada 73 kilómetros cuadrados, o
un medio por cada 15 mil habitantes. 98 de cada cien
dominicanos dispone de un teléfono celular y el 12.50 por
ciento de la población cuenta con un ordenador personal.
¡Una verdadera locura mediática!
Ramón E. Colombo
rm.colombo@codetel.net.do
Periodista autodidacta. En México fue reportero de El Día, El Sol de México, Excélsior, Agencia
Mexicana de Noticias, Novedades de Acapulco y UnoMasUno, y en República Dominicana ha sido
reportero y/o columnista de los diarios El Sol, Última Hora, El Nuevo Diario, Listín Diario, Hoy, El
Siglo, La Información, El Caribe y las revistas Rumbo y Uno.
Ha desempeñado el oficio de productor y/o conductor de programas de radio y televisión.Actualmente
se desempeña en el Matutino de Teo Veras, por la 91 FM.

38]
Del dominio y el predominio a la manipulación
La alucinante estructura mediática dominicana no se corresponde con el hecho de
que este pequeño país cuenta con un 11 % de analfabetismo, apenas dispone de una
escuela por cada 5 kilómetros cuadrados y 10,000 habitantes. Pero paradójicamente
cuneta con un medio de comunicación para cada 73 kilómetros cuadrados, o un
medio por cada 15 mil habitantes.
Considérese que en este país se registra un galopante retroceso educativo y
cultural, con un índice de desarrollo humano que le asigna el lugar número 94 en el
mundo.
Los medios de comunicación generan un gran ruido consumista, una alta carga
de alienación cultural y, por supuesto, la machacona resonancia de la discursiva
política, proveniente abrumadoramente del Gobierno y del liderazgo de un sistema
de partidos imbuido de un alto grado de corrupción, clientelismo e impunidad.
La insólita expansión del sistema mediático dominicano tiene mucho que ver,
precisamente, con las deformaciones del sistema político, en el que los partidos y sus
facciones basan su accionar público en los espacios de difusión, a veces asumidos
directamente por los líderes o sus agentes, o comprados (literalmente) a dueños de
medios, productores de espacios y comunicadores.
La relación del Estado-Gobierno-Partido (conjunción que en este país se impone
en grave desmedro de la institucionalidad) se produce, no para estimular el libre juego
de las ideas que conduzca al perfeccionamiento de la institucionalidad democrática,
al fomento de valores humanos y al empoderamiento ciudadano, sino con el propósito
de dominar dicha estructura, con fines neutralizadores de su capacidad de denuncia y
fomento de conciencia pública contra la impunidad, la corrupción y la permisividad,
lacras que corroen el sistema y que eventualmente podrían conducir al país hacia la
ingobernabilidad.
Las relaciones entre el Estado, sus gobiernos y partidos, y el sistema mediático,
han discurrido según la naturaleza de cada época. La modernidad se inicia con la
llamada “Era de Trujillo”, en 1930, y se define en cuatro etapas:
1. La del dominio absolutista de Trujillo, con censura y represión directa;
2. La del inestable período de destape que sigue a su caída, en que se produce la
primera gran expansión mediática y el periodismo comprometido, y en el que
ninguno de los gobiernos que se suceden puede, por su brevedad, definir una
estrategia de medios;
3. La del período de despotismo ilustrado de los 12 años del primer gobierno
de Joaquín Balaguer, con concertaciones políticas y control de las empresas
propietarias y represión de la disidencia y el periodismo de denuncia, y

[39
]
4. La del período actual, en el que los mecanismos estatales de control y
manipulación han alcanzado niveles de sofisticación sin precedentes, basados,
no ya en la represión, sino en una estrategia de dominio de todas las instancias
mediáticas, desde la propietaria y ejecutiva media y superior, hasta las
infanterías reporteriles; una estrategia exhaustiva y profunda orientada por un
gobernante, Leonel Fernández, que es precisamente profesor universitario de
Sociología de la Comunicación.
*****
(Margarita Cordero, analista de temas públicos, ejecutiva de medios,
investigadora social: ¿Qué observamos, grosso modo, en la prensa dominicana de
hoy? Podríamos hablar de la autocensura como escamoteo de la verdad, fruto del
compromiso salarial o político del periodista con el sector a favor del cual se calla,
o producto de la determinación de los intereses empresariales que gravitan sobre la
política informativa del medio.
Muchas son las aristas de este problema, como muchas son también las de la
acentuada falta de formación académica, el precario manejo de la lengua, la tendencia
cada vez más marcada a la publicación de datos no constatados, la casi total ausencia
de contexto de los hechos, la acusada proclividad a recurrir siempre a los mismos
voceros –algunos convertidos forzosamente en personalidades– como si el elenco de
la realidad social dominicana no tuviera otros actores, lo que, por demás, sustituye
perniciosamente la opinión pública por una suerte de opinión publicitada: hablan los
de siempre como si habláramos todos).
*****
“En este medio Trujillo es el Jefe”
La estructura de medios no ha dejado de crecer desde la caída del régimen
dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo en 1961. Se ha dado en la misma medida
en que la estructura política y económica del país se ha venido expandiéndose y
modificándose, con sus grupos, corrientes y agentes a lo largo de más de cuatro
décadas.
En mayo de 1961 el país disponía de tres diarios, dos canales de televisión VHF y 33
emisoras de radio, 12 de las cuales operaban en la Capital, entonces Ciudad Trujillo.
Todos los medios eran dominados de manera directa o indirecta por el régimen
dictatorial, cuyos agentes eran propietarios de más del 75 por ciento de la riqueza
productiva del país, lo que se correspondía con un dominio político e ideológico

40]
absoluto, reforzado con implacables mecanismos de censura y autocensura que no
permitían ni mínimamente cualquier expresión de disidencia con el régimen.
La estructura mediática de entonces funcionaba totalmente al servicio del régimen y
sus principales componentes (la televisión, la prensa escrita y una parte de las emisoras
de radio) eran propiedad de la familia Trujillo y/o de colaboradores cercanos.
La sostenibilidad económica de los medios durante la llamada “Era de Trujillo”
se basaba fundamentalmente en el favor publicitario de las instituciones estatales
y de empresas en su mayoría propiedad del dictador y sus socios, con los insumos
propagandísticos de las “bondades” del régimen, a lo que sumaban una limitada difusión
publicitaria pagada por pequeños y medianos negocios de importaciones y servicios.
Entre las más grotescas excentricidades del régimen de Trujillo hubo una que
sintetizaba su absoluto dominio sobre la vida de cada dominicano: en cada hogar era
obligatorio exhibir en el lugar más visible una placa metálica con el rostro del dictador
acompañado de la frase “En esta casa Trujillo es el Jefe”.
Aunque la famosa placa no solía imponerse en los vestíbulos de las empresas,
tal mandato-consigna flotaba en las salas de redacción, en las cabinas de radio y en
los estudios de televisión… ¡Y ay de aquel que intentara negarla aunque fuera con
el pensamiento!
El destape: medios y compromiso social
Tras la caída del régimen se produjo la primera etapa de expansión mediática, con un
desarrollo bastante horizontal en el que irrumpieron pequeños y medianos empresarios,
especialmente comerciantes, que lograron numerosas frecuencias de radio.
Al final de la década de los 60 el espectro radiofónico registraba 34 nuevas emisoras,
para elevar el número a 77 estaciones, además de un tercer canal de televisión, una
revista semanal y otros dos diarios, lo que llevó a cuatro el número de periódicos. Ya
había desaparecido uno de los medios impresos de la dictadura.
Numerosos incidentes condicionaron esta etapa de la expansión mediática, entre
los que cabe mencionar el resurgimiento del Listín Diario, viejo matutino que fuera
sacado de circulación durante la dictadura, y el traspaso del también matutino El
Caribe, propiedad encubierta del dictador que pasó al dominio de un testaferro,
Germán Ornes, quien pocos años antes había defeccionado del régimen.
La virtual desestatización mediática se extendió a la radio, pues varias frecuencias
controladas directamente por el régimen y algunos de sus personeros fueron
traspasadas a empresas privadas, salvo La Voz Dominicana, que ha permanecido bajo
control directo del Estado, ahora bajo un régimen autonómico que desde 2003 la
designa como Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV).

[41
]
Otros incidentes importantes del proceso postrujillista fue el nacimiento de la
prensa partidista, como expresión del intenso debate ideológico, políticos y sociales
que tendría su máxima expresión durante la Revolución Constitucionalista de abril
de 1965, encabezada por el coronel Francisco Caamaño, y la subsiguiente invasión
de tropas de Estados Unidos y algunos países latinoamericanos convocados por
Washington a través de la Organización de Estados Americanos.
De abril a noviembre, cuando fue integrado un gobierno provisional encabezado
por Héctor García Godoy, se expresaron las primeras y más radicales manifestaciones
de la batalla de la información, reconociéndose el valor de los medios en los procesos
de movilización social, pues la Revolución Constitucionalista de abril, iniciada como un
contragolpe popular que exigía el restablecimiento del gobierno constitucional de Juan
Bosch, derrocado 16 meses antes, ejerció en la radio un gran poder de convocatoria.
En síntesis, los primeros cinco años del postrujillismo dan como resultado un
ostensible y lógico debilitamiento del Estado en su capacidad de dominio sobre
los medios, cuya multiplicidad en manos de empresarios privados, algunos de
ellos comunicadores y técnicos en manejo de medios, empieza a definir el sentido
mercantilista de la estructura.
La economía de los medios se sustentaba fundamentalmente en la publicidad
comercial proveniente de las empresas privadas, aunque se manifiesta todavía una
notable presencia de los presupuestos publicitarios estatales, principalmente invertidos
por unas cuarenta empresas industriales, agroindustriales y de servicios propiedad del
dictador y sus familiares.
Represión y resistencia
En junio de 1966, con el país todavía ocupado por las tropas interventoras, y
mediante unas elecciones realizadas bajo un ambiente de extrema represión (a tal
grado que se impidió, bajo permanente amenaza de muerte, la campaña del ex
Presidente Juan Bosch) resulto “electo” el ex presidente títere de Trujillo, Joaquín
Balaguer, representante de las fuerzas más conservadoras.
En armonía con la estrategia contrainsurgente diseñada por los Estados Unidos
tras la Guerra de Abril, Balaguer propició una sangrienta campaña de exterminio
de los remanentes de la resistencia revolucionaria y de represión sistemática contra
el principal bastión de la oposición, el socialdemócrata de centro-izquierda Partido
Revolucionario Dominicano.
Durante este período se pretendió el control de los medios de comunicación
mediante tres prácticas combinadas: intimidación contra medios y periodistas críticos
de las acciones del régimen; facilidades para la instalación de nuevas empresas de

42]
comunicación favorables al régimen y concertaciones con los propietarios de los
medios más importantes.
Durante esos 12 años surgieron nada menos que 165 emisoras de radio, entre ellas
las primeras 20 en frecuencia modulada, alcanzándose un total de 198 radiodifusoras,
así como dos nuevos canales de televisión VHF, para llevar el número a 5, y cuatro
nuevos diarios, por lo que la prensa escrita contaba ya con 7 medios, cuatro matutinos
y tres vespertinos.
En el primero de los tres cuatrienios del régimen de Balaguer dos medios fueron
objeto de atentados dinamiteros, la revista Ahora! y Radio Mil, mientras dos periodistas
cayeron asesinados, Gregorio García Castro y Orlando Martínez, y otros fueron objeto
de atentados intimidatorios por parte de grupos represivos militares y paramilitares.
*****
(Juan Bolívar Díaz, analista de temas públicos, ejecutivo de medios, profesor
universitario:
“En la medida en que Joaquín Balaguer no podía controlar a la generación de
periodistas galvanizados en las luchas de los años sesenta, su gobierno cultivó los
favores a los dueños de los medios. De ahí la política de incentivos a las empresas, lo
que permitió, por ejemplo, que el matutino más importante de la época, Listín Diario,
cambiara tres veces de tecnología entre 1963 y 1975…Lo que fue posible gracias a las
exoneraciones de impuestos de los equipos e importaciones de insumos, incluyendo
el papel, y otras facilidades.
Se daba la paradoja de que mientras un simple reporterito tenía que pagar los
impuestos de su modesto vehículo, los dueños andaban en carros de lujo totalmente
exonerados…A cambio, por supuesto, del apoyo que brindaban a aquel régimen
despótico y represivo.
Los favores eran tan excesivos y eran tan grandes las importaciones exoneradas de todo
tipo de impuestos, que hasta se generó un mercado secundario de papel y otros materiales
de impresión, hacia el cual los medios favorecidos canalizaban sus excedentes.
Otro incentivo que desde entonces han dado los gobiernos es la publicidad como
mecanismo de control…”).
*****
Es en ese gobierno que la publicidad estatal, sumada a los incentivos fiscales
en favor de las empresas periodísticas, constituye un vasto sistema clientelar que
envuelve a prácticamente todo el aparato mediático.

[43
]
Entonces era difícil concebir la permanencia de un medio de comunicación sin la
publicidad estatal, procedente de cincuenta instituciones descentralizadas y empresas
de todo tipo, la mayoría de ellas heredadas del régimen de Trujillo.
El segundo destape: entre la moderación y el exceso
En agosto de 1978 asume el poder, con Antonio Guzmán Fernández, la principal
fuerza opositora, el Partido Revolucionario Dominicano, que no gobernaba desde el
efímero gobierno de Juan Bosch de 1963.
Se inicia un período de amplias libertades públicas en que los medios de
comunicación no serían tocados por ningún tipo de coacción ni condicionamiento
en sus relaciones con el Gobierno.
En este período se produce un novedoso fenómeno, cuando los medios de
comunicación más importantes, principalmente los de la prensa escrita, definen
líneas frente al gobierno, fuera de manera franca o de forma implícita.
Así, órganos como El Sol, La Noticia, El Nacional, La Información de Santiago y El
Nuevo Diario definirían posiciones que en sentido general alentaban las ejecutorias
del nuevo gobierno, sin dejar de expresar críticas, mientras El Caribe definía una línea
adversa desde enfoques conservadores, y Hoy y Listín Diario asumían una posición
editorial ambivalente.
Por cierto, El Nuevo Diario, Hoy y El Día de Santiago (aunque este último de vida
efímera) eran nuevos medios, por lo que el país contaba entonces con diez diarios,
sumándose, además el sexto canal de televisión VHF, Teleantillas.
En el plano económico, las relaciones del Gobierno con el sistema mediático son
menos intensas que las del régimen de Balaguer, con una disminución ostensible de
la publicidad pagada, aunque sostenía los privilegios fiscales de las empresas.
El período de Guzmán termina sorpresivamente con su suicidio el 4 de julio de
1982, y tras una provisionalidad de 42 días, encabezada por el vicepresidente Jacobo
Majluta, asume el poder Salvador Jorge Blanco, que había triunfado en los comicios
del 16 de mayo en la boleta del mismo Partido Revolucionario Dominicano.
Con Jorge Blanco se prolonga el ambiente de libertades democráticas, con respeto
pleno a la libertad de los medios, con una más acentuada política de institucionalización
del aparato informativo estatal, aunque se introducen prácticas discriminatorias en la
asignación de la publicidad, que algunos agentes del gobierno instrumentalizan con
afán de dominio político de los medios más críticos y, por cierto, más débiles en
términos financieros.

44]
El mismo día de su juramentación y en medio de los festejos y primeras
designaciones ministeriales, Jorge Blanco emitió el Decreto número 13, que dispuso
una Política Nacional de Comunicación del Estado que centralizaría toda la estrategia
de prensa, imagen y publicidad en la Dirección General de Información y Relaciones
Públicas de la Presidencia, incluyendo presupuestos y designación del personal.
Se logró dotar al gobierno de una sóla voz, la de la Presidencia, con el propósito
de “orientar el mercado de la opinión pública sin distorsiones”, según definía el
discurso oficial.
El fenómeno más importante de estos cuatro años de gobierno es, pues, el inicio de
un acelerado proceso de corporativización y centralización del sistema mediático.
Dicho proceso se inicia con la incursión del empresario Leonel Almonte, asesor
económico del Presidente de la República, quien adquiere el Canal 7 de televisión
UHF, y el vespertino La Noticia, hasta entonces pertenecientes a profesionales de
la comunicación.
Los negativos efectos de una política económica fondomonetarista que causó
estragos en los niveles pobres de la sociedad (lo que en abril de 1984 hizo explosión en
una poblada de tres días que dejó decenas de muertos), combinados con las radicales
confrontaciones a lo interno del gobernante Partido Revolucionario Dominicano, que
tenían en el presidente Jorge Blanco uno de sus principales protagonistas, condujeron
en 1986 a una derrota electoral que reinstaló en el poder al ciego nonagenario Joaquín
Balaguer, cuya resurrección política fue alentada activamente por los sectores más
conservadores del espectro político.
Un cuarto de siglo de concentración
Hoy, a 25 años de iniciarse aquel proceso, cinco grandes grupos empresariales
concentran el dominio de los medios más importantes del aparato mediático.
Estos son los grupos Corripio, con 3 diarios, 2 canales VHF, y 1 de cable UHF, 2
emisoras de radio y 1 revista; Tricom-Omnimedia, 1 diario, un canal de Cable-UHF,
una empresa de televisión por cable y 1 revista; Listin Diario, 1 diario y 2 emisoras de
radio; Multimedios del Caribe, con 1 diario, dos canales de Cable-UHF y 2 emisoras, y
Mercasid, que posee 1 canal de televisión VHF, 1 canal de Cable-UHF y 4 emisoras.
*****
(Margarita Cordero: “Los medios de comunicación, incluidos los dominicanos,
pierden crédito frente los lectores, televidentes y radioescuchas porque, casi siempre
con razón, se los asocia a intereses para los cuales el beneficio público no es primordial.

[45
]
De recela de ellos, y con mayor frecuencia de lo admitido por el común de los opinantes
sobre el tema, su influencia sobre las opciones sociales de la gente pierde peso.
La verdad inapelable es que instalar medios es cada día más costoso. Las
inversiones de capital en periódicos impresos o en estaciones de televisión, escapan a
las posibilidades de grupos de interés ciudadano, por ejemplo. Los medios son pues,
negocios de los que sus inversionistas esperan beneficios, ora en el orden económico,
ora en el orden político. Casi siempre los esperan todos”).
*****
LaotrapartedelpodermediáticoconcentradoestáenmanosdelEstado,constituido
(además de los dos canales de televisión y cinco emisoras propiamente estatales) por
más de sesenta frecuencias de radio y tres canales de televisión, medios incautados
al Grupo Financiero Intercontinental tras la escandalosa quiebra fraudulenta de su
empresa líder, el Banco Intercontinental (Baninter) en 2003, que envolvió una suma
equivalente a 2,500 millones de dólares, con pérdidas incalculables para el Estado y
un daño social cuya reparación llevará décadas.
Diez años de concentración
El nuevo gobierno de Balaguer, quien se reiteraría otras dos veces en el poder
mediante escandalosos fraudes electorales, el último de los cuales por poco provoca
un golpe militar (a cambio de lo cual se le redujo a dos años su mandato, mediante un
acuerdo con la oposición), amplió todavía más la política de incentivos a los medios
como vía de amarre que garantizara el apoyo a sus ejecutorias.
Balaguer inscribió en su historial el caso del comunicador, activista social y
profesor universitario Narciso González, secuestrado y desaparecido por un comando
militar. El caso sigue sin solución, mientras sus asesinos han sido protegidos por los
gobiernos posteriores.
En estos diez años se acentuó el proceso de corporativización y concentración
mediatica, ahora con la participación directa de los más importante grupos bancarios
(Baninter, Bancrédito y Popular).
En ese marco se produce un hecho verdaderamente asombroso, sin precedentes en
el país y con escasos precedentes, si acaso, en el mundo: el inicio de la constitución de un
multimedios, el de Baninter, que en 2002 llegaría a contener 64 frecuencias radiofónicas,
cinco canales de televisión, uno de ellos en VHF, seis diarios (con lo que algún momento
el país llegó a tener 13 medios impresos) y una empresa de televisión por cable.
Tan poderosa estructura mediática hizo que su líder, Ramón Báez Figueroa, hoy en
prisión como principal responsable de uno de los fraudes bancarios más escandalosos

46]
de la historia, se planteara pretensiones presidencialistas y retara más adelante el
poder del presidente Hipólito Mejía.
Durante este período la facturación publicitaria general registró una disminución
de la participación estatal y un aumento considerable de la presencia de las empresas
ligadas, relacionadas o pertenecientes a los grandes consorcios propietarios de redes
de medios.
Impedido constitucionalmente de reelegirse, e interesado en impedir el ascenso
del líder opositor José Francisco Peña Gómez, Balaguer pacta una alianza con el
Partido de la Liberación Dominicana, la principal fuerza emergente, que en agosto de
1996 eleva al poder por primera vez a un joven abogado y teórico de la comunicación:
Leonel Fernández.
El recurso de la comunicación adquiriría con él, hasta el presente, la categoría de
insumo estratégico prioritario en el ejercicio del poder.
Leonel Fernández: inmovilismo social y poder mediático
En cuanto llegó al poder Leonel Fernández creó dos instrumentos concurrentes
a una estrategia de dominio mediático sin precedentes en la historia moderna: la
Dirección de Información Análisis y Planificación Estratégica (DIAPE), aparato de
monitoreo y procesamiento de toda expresión pública, y el Centro de Información
Gubernamental (CIG), órgano de propaganda dotado de un amplio presupuesto.
Esta estrategia mediática determinó un aumento extraordinario de la publicidad
estatal, esta vez proveniente en gran parte de las instituciones centralizadas del Poder
Ejecutivo, dado que habían quebrado las empresas estatales que antaño canalizaban
esa inversión.
El ejercicio publicitario está basado, en cuanto a sus contenidos, estrictamente en
las demandas propagandísticas de un proyecto permanente que busca, como es ya
tradición en este país, la reiteración en el poder del grupo y/o el partido gobernante.
Un componente sustancial del discurso comunicacional del gobierno plantea
un amplio argumentario sobre la modernización del Estado, como parte de los
llamados “Objetivos del Milenio”, en lo que la “cibernetización” del país constituye
un importante paradigma.
Los resultados de esa “cibernetización”, considerando los casi diez años de gestión
presidencial de Fernández (con el interregno del gobierno de Hipólito Mejía, 2000-
2004) no muestran resultados de amplio alcance social.
Un acontecimiento de especial importancia en las postrimerías de este período fue
la creación del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), que iniciaría
un accidentado proceso de reordenamiento legal y reglamentaciones sectoriales que

[47
]
ha permitido en los últimos años depurar el espectro radiofónico, sobrecargado de
emisoras ilegales.
INDOTEL también estableció las bases de un crecimiento racional del sector
telefónico, cuyo número de empresas se ha incrementado de 3, en 1999, a 17 en
la actualidad, estimulando la libre competencia y estableciendo por primera vez
mecanismos institucionales de defensa del consumidor.
(INDOTEL: Proporción de hogares con acceso a medios electrónicos)
Medio 2002 2005 2006 2007
Computador 5.45 8.70 10.00 12.50
Internet 2.81 3.10 S/D 5.70
Teléfono móvil S/D 44.30 57.00 * 68.80
Teléfono fijo 34.15 25.80 24.00 26.50
Televisión 68.39 75.80 77.00 83.00
Radio 49.11 61.50 64.00 48.30
* A fines de 2009 INDOTEL informó que el 98 % de la población tenía acceso a la red nacional de telefonía móvil).
Es durante este primer gobierno de Leonel Fernández cuando se acentúa el
desarrollo del más grande aparato mediático corporativo de la historia del país, el
de Baninter, un gigante desproporcionado frente a otros multimedios, que operaban
como instrumentos de una feroz competencia interbancaria como vías para ganar
influencia en todos los espacios de la actividad pública: desde el Estado y los partidos
políticos, hasta las instituciones más diversas de la sociedad civil.
Frente a tan abrumador fenómeno, no se concibió ninguna ley ni disposición
administrativa de gobierno que regulara o condicionara la participación del capital
bancario en la propiedad de medios.
Tuvo que producirse en 2003, ya en el gobierno sucesor encabezado por Hipólito
Mejía, la cadena de quiebras fraudulentas de tres bancos, entre ellos Baninter y
Bancrédito, para que se tomaran disposiciones que desde entonces impiden que
dinero de la banca sea invertido en medios de comunicación.
EnelgobiernodeFernández,comopartedeunareformafiscal,empiezanaeliminarse
los viejos incentivos y exoneraciones concedidos a las empresas de comunicación
desde los años setenta, lo que es compensado con el extraordinario aumento de la
publicidad estatal y otras ventajas, entre las que figuran la virtual exoneración del
pago de energía eléctrica que favoreció a los medios más importantes.

48]
Hipólito Mejía: verbalismo y confrontación
Con Hipólito Mejía, el PRD ocupa nuevamente el poder en el 2000, después de
14 años de oposición.
Las líneas de acción del gobierno de Mejía frente al sistema mediático tuvieron
como eje su propia figura, siendo él mismo el principal y prácticamente único difusor
de las iniciativas de gobierno de cada día.
La locuacidad de Mejía contrastaba, empero, con una sustancial reducción del
gasto público en publicidad, mientras también se acentuaba la eliminación de las
exoneraciones fiscales y paridades cambiarias especiales que beneficiaban las
importaciones de materiales y bienes de capital de los medios.
Tocó a esta administración iniciar el desarrollo institucional del INDOTEL, mediante
el diseño de todas las normativas y reglamentaciones de la telefonía, la televisión y
la radiodifusión, esta última constituida por una embrollada maraña de frecuencias
prácticamente antojadizas y estaciones ilegales cuyo origen radicaba en el tráfico de
influencia y el favor político.
La aguda crisis económica desatada por las quiebras fraudulentas de los bancos,
unida a la decisión de Mejía de imponer su repostulación, no obstante el amplio
rechazo público de esa decisión y las críticas generalizadas a su manejo de la crisis,
determinó la derrota electoral del PRD y el retorno al poder de Leonel Fernández,
cuyo proyecto de “gobierno mediático” había quedado trunco cuatro años antes.
Leonel otra vez: manipulación y mucho dinero
El 16 de agosto de 2004 vuelve a la Presidencia de la República Leonel Fernández,
líder prácticamente único del Partido de la Liberación Dominicana, creado por Juan
Bosch en 1973 como organización de izquierda que, a partir de la alianza que lo
llevaría al poder de la mano de Joaquín Balaguer pasaría a representar los intereses
de la franja conservadora de la sociedad.
En su retorno, Fernández encuentra condiciones muy favorables para desarrollar un
ambicioso proyecto de dominio de la estructura mediática, lo que le es indispensable
para llevar a cabo una estrategia de fondo que pretende constituirlo en el caudillo
de la postmodernidad, en una sociedad cuya existencia se ha desenvuelto, desde la
fundación misma de la República, bajo el ominosa sombra del caudillismo político en
todas sus variantes: desde la dictadura más feroz hasta el despotismo más ilustrado.
Consciente de tal experiencia histórica, Leonel Fernández ha definido una nueva
variante del ejercicio caudillista: el Gobierno Mediático, cuya finalidad única es,

[49
]
igual que siempre, imponer por tiempo indefinido la hegemonía de un hombre y un
partido en el sistema.
Las nuevas condiciones que favorecen tal proyecto están dadas, primero, por la
debilidad de una oposición carente de liderazgos carismáticos capaces de impulsar
las soluciones al atraso y, segundo, por la disponibilidad de recursos verdaderamente
ilimitados para ser invertidos puramente en imagen, con el apoyo entusiasta de los
sectores más conservadores y retardatarios de la sociedad.
Bajo ese ambiente, el gobierno de Fernández avanza rápidamente en un nuevo
modelo de interacción con el dilatado sistema mediático que no deja ningún cabo
suelto en el propósito de dominar todas las instancias que operan en dicho sistema:
1) Los propietarios de los consorcios que concentran los medios más importantes; 2)
Los ejecutivos superiores de la gran fábrica de noticias en todas sus jerarquías; 3) La
mayoría de los líderes de opinión de los espacios informativos, y 4) Las infanterías
periodísticas y sus gremios.
Ahora encuentra, además, un magnífico legado del anterior gobierno: los medios
embargados al quebrado Baninter; es decir, más de sesenta emisoras de radio, cinco
canales de televisión y una empresa de televisión por cable de gran mercado, a los
que suma dos canales estatales de televisión y otras cinco emisoras de radio.
A la Dirección de Información, Planificación y Análisis Estratégico (DIAPE) y el
Centro de Información Gubernamental (CIG), instrumentos creados en su anterior
gestión, ahora formarían un trípode con la Dirección de Información y Publicidad de
la Presidencia de la República, recategorizada como Secretaría de Estado, entidad que
organiza los planes de las estructuras de difusión pública de todos los departamentos
del Gobierno, organizadas en “gabinetes de comunicación” sectoriales.
A lo anterior hay que agregar, además, la Oficina Presidencial de Tecnología
de la Información y Comunicación (OPTIC), que organiza y maneja el acceso a la
información pública, vía internet y teléfono, así como la agencia noticiosa “Antena”,
que difunde notas y reportajes basados en las ejecutorias de las instituciones del
Poder Ejecutivo.
Como órgano concurrente a la estrategia opera también la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), constituida y sostenida desde las postrimerías
del primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) con fondos aportados
principalmente por empresas privadas, especialmente las que manejan contratos por
obras y suministro de bienes y servicios de los organismos públicos.
Entre las actividades de FUNGLODE figuran muchas destinadas a entrenar en
cursos, talleres, seminarios y maestrías, tanto en el país como en el extranjero,
cuadros profesionales en el manejo de las más diversas prácticas comunicacionales:
periodismo, diseño gráfico, cine, fotografía, televisión, radio y publicidad.

50]
Con todo, el Gobierno no ha estructurado sobre papel, por lo menos que se
sepa públicamente, una estrategia de comunicación formal. Son sus prácticas las que
definen implícitamente tal estrategia.
*****
(Leonel Fernández, Presidente de la República: “Las estrategias de comunicación
conectan a las organizaciones con su entorno, facilitan los objetivos propuestos y crean
ventajas competitivas de una organización frente al resto.
En la democracia hay una cosa que es fundamental y se llama opinión pública, algo
muy difícil de definir pero que todos intuimos. La opinión pública es clave en todo lo
que tiene que ver con un sistema democrático, y quienes desafían la opinión pública
en un sistema democrático están condenados al fracaso.
Nosotros tenemos que decir siempre lo real, lo veraz, porque si nosotros mentimos,
desinformamos, manipulamos, descontextualizamos, perdemos credibilidad. Y si
perdemos credibilidad en nuestra capacidad para transmitir mensajes, perdemos
credibilidad como gobierno.
De lo que se trata es que a partir de un Programa de Gobierno que se segmenta
en cada una de las instituciones, cada una tiene que informar o comunicar su acción
para que la gente pueda ver versiones veraces que el gobierno tiene respecto de sus
ejecutorias.
El gobierno tendrá a los de la oposición, que dirán siempre lo contrario de lo que
el gobierno quiera decir. Y si el gobierno se descuida, al final lo que va a prevalecer y
se va a imponer es la versión del otro. Porque si usted deja el espacio vacío, alguien lo
va a llenar”).
*****
Sobre esa plataforma se edifica una política de dominio que consume una cantidad de
recursos económicos muy difícil de cuantificar en términos exactos, pues se realiza a través
de conceptos y partidas muy diversificados, muchos disimulados en nóminas, nominillas,
subsidios, exenciones, asesorías, ayudas y contratos de obras y adquisiciones.
(Diversas fuentes: Inversión publicitaria total, comercial, política y estatal, promediada con
diversas fuentes, de 2002 a 2005).
En miles de millones de RD$ (a precios del 2005)*
2002 2003 2004 2005
TV 4,720 4,686 4,955 6,271
Prensa 1,908 1,759 1,657 3,256
Radio 1,130 1,029 967 1,229
Total 7,758 7,474 7,579 ** 10,756

[51
]
* No incluye publicidad outdoor (vallas y otras modalidades no mediáticas)
** Este incremento se explica por el aumento de la inversión publicitaria de las instituciones del Poder Ejecutivo, al inicio
del segundo gobierno de Leonel Fernández).
AGB-CDI: Inversión publicitaria por principales categorías de anunciantes.
Inversion general en todos los medios año
2005 2006 2007 2008 2009
Automóviles 96,802,738 138, 294,387 174,209,918 174,943,022 80,449,647
Bancos 441,361,452 505,189,878 519,131,790 493,318,448 592,833,650
Cervezas 399,869,339 528,430,864 624,840,209 713,904,065 623,345,484
Gobierno 996,829,122 1,776,461,310 1,899,262,860 2,061,623,022 * 1,480,447,613
Telefónicas 533,372,017 794,923,185 1,162,111,539 1,712,072,426 1,570,722,491
Tiendas 425,392,746 498,267,143 518,572,159 666,028,469 669,846,900
Total
General
2,893,627,414 4,241,566,767 4,898,128,475 5,821,889,452 5,017.695.785
* Una reducción del volumen ascendente determinado por los efectos de la crisis financiera global.
Estos cuadros muestran claramente que el Gobierno es el principal cliente publicitario en todas las categorías de medios.

No resulta demasiado aventurado considerar para el 2008 un gasto estatal superior
a los seis mil millones de pesos en números redondos.
Esa cifra incluye la inversión en publicidad en medios (más de dos mil millones,
sin incluir la llamada publicidad en vallas y otras modalidades no mediáticas), y entre
otras cosas el sostenimiento de la red “Comunicadores con Leonel”, un sistema
retributivo que envuelve a unos 1,200 comunicadores en todo el país, en ejercicio
activo como reporteros, comentaristas de radio y televisión y ejecutivos medios en
publicaciones provinciales.
*****
(Rafael Núñez, Director de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia:
“La estrategia de comunicación gubernamental tiene como fin que los ciudadanos
comprendan qué hace el gobierno, para conseguir el apoyo de las iniciativas que les
son beneficiosas y rechazar las que consideren perjudiciales, lo que si representa un
verdadero ejercicio comunicativo.
No recuerdo ningún esfuerzo que se haya hecho en otro gobierno para articular
políticas de comunicación en una misma dirección.
Lo ideal para hacer una política integral de comunicación es que todas las oficinas
funcionen juntas, que sea una sola oficina, que no haya dispersión en el mensaje

52]
ni que haya esfuerzos disgregados, que no haya inventos y que haya una sola línea
comunicacional con un solo mensaje)”.
*****
Otro componente relevante en la intensiva ejecución de esta estrategia de dominio,
condicionamiento y manipulación de la información pública, está representada
en la Red de Comunicadores, que incorpora en nóminas estatales una proporción
mayoritaria de reporteros y editores de los medios más importantes del país,
situación que no obstante contener evidentes riesgos éticos, insólitamente celebran
los propietarios, que así se ven liberados de presiones salariales. Así, esta práctica
gubernamental equivale a otro subsidio a las empresas periodísticas.
Por cierto, el salario promedio de los reporteros se sitúa en los 12,000 pesos,
equivalentes a unos 350 dólares mensuales, mientras la canasta básica determinada
para el 2009 por el Banco Central se sitúa en 18,000 pesos mensuales, aunque Pro
Consumidor, organismo también gubernamental, la eleva a 20,000.
La generalidad de los directores de medios declara que aproximadamente el 80
por ciento de su personal, incluyendo ejecutivos medios, recibe en cualquier calidad
laboral, sea real o ficticia, por lo menos un ingreso proveniente de fondos estatales.
*****
(Juan Bolívar Díaz: “Ahora no hay represión, como en el pasado ya lejano, sino
compra de conciencia, que es más eficaz que los viejos métodos, porque la gente
depende más del dinero.
Hoy hay menos resistencia que en el período de los 12 años de Balaguer, cuando
fueron asesinados los periodistas Gregorio García Castro y Orlando Martínez.
Predominaba la represión sobre periodistas y medios, pero los periodistas tendían a
aglutinarse en su órgano de defensa común, que era el Sindicato Nacional de Periodistas
Profesionales.
Ahora, ante estas prácticas y conductas que tocan los valores éticos y morales, los
periodistas tienden a dispersarse, a inhibirse, a individualizarse con la miseria moral”).
*****
El libre acceso y el contrapeso de la opacidad
Uno de los hechos más importantes de la historia contemporánea dominicana se
produjo en julio del 2004, cuando el Congreso aprobó la ley 200-04, que consagra
el derecho de ciudadanos y medios de comunicación al libre acceso a la información
pública, en consonancia con lo que establecen la Constitución de la República y los
acuerdos internacionales contra la corrupción suscritos por el país.

[53
]
Según esta ley, toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información
completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado Dominicano,
y de todas las empresas y entidades sociales, entre ellas los partidos políticos, que
reciban fondos estatales.
Le impone a las instituciones del Estado la presentación de un servicio permanente
y actualizado de información referida a presupuestos y cálculos de recursos y
gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución; programas y proyectos, sus
presupuestos, plazos, ejecución y supervisión; llamado a licitaciones, concursos,
compras, gastos y resultados y listados de funcionarios, legisladores, magistrados,
empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada
patrimonial cuando corresponda.
Y especifica que para cumplir estos objetivos sus máximas autoridades están
obligadas a establecer una organización interna, de tal manera que se sistematice la
información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas,
como para su publicación a través de los medios disponibles.
“Se dispone la informatización y la incorporación al sistema de comunicación
por internet o a cualquier otro sistema similar que en el futuro se establezca, de
todos los organismos públicos centralizados y descentralizados del Estado, con la
finalidad de garantizar a través de éste un acceso directo del público a la información
del Estado”.
*****
(Participación Ciudadana y Capítulo Dominicano de Transparency
International. “Cuarto Monitoreo a la Aplicación de la Ley 200-04, de Libre Acceso
a la Información Pública”. Noviembre de 2009:
“El 40% de 85 entidades estatales consultadas no tienen Oficina de Libre Acceso a la
Información Pública (OAI), lo que coarta el derecho de la ciudadanía a obtener datos.
El 94% tienen página web, pero más del 40 por ciento de las mismas no presentan
informaciones completas como el organigrama, fax, correo electrónico, auditorías,
estados financieros, nóminas, cantidad de empleados, cargos, funciones, salarios,
declaración jurada de bienes y otros, mientras 48% de las instituciones públicas se ha
reservado la publicación de su presupuesto general y su ejecución, y sólo un 16% lo
han presentado de forma parcial.
Entre las Instituciones que no cuentan Oficina de Acceso a la Información se
encuentran el Banco Central, Banco de Reservas, Policía Nacional, Secretaría de
Cultura, Superintendencia de Seguros y otros organismos, mientras que entre las que si
tienen están las del Poder Judicial y las Secretarías de Turismo e Industria y Comercio”).
*****

54]
La pregunta final no puede ser otra: ¿Hacia dónde apunta el futuro de las relaciones
Estado-Medios de Comunicación en la República Dominicana?
A la luz de este corolario, la respuesta es más que obvia.
Relación Medios y Estado en Republica Dominicana
El control y la represión a los medios críticos ha sido evidente desde la dictadura de Trujillo
hasta el gobierno de Fernández.
En el gobierno actual los mecanismos estatales de control, silenciamiento y manipulación
informativa han alcanzado altos niveles de sofisticación a través de un sistema integral de
producción de información, propiedad de medios y redes de periodistas para determinar
el “mercado de la opinión pública” y promover la hegemonía política.

[55
GUATEMALA
CON LOS MISMOS ANTEOJOS
Como casi todo en Guatemala, la propiedad de los medios
está concentrada en pocas manos. La agenda mediática se
construye –casi por unanimidad– a partir de una única forma
de ver y entender el mundo. Temas, actores, actoras, sectores,
pueblos y comunidades, movimientos y organizaciones
sociales permanecen invisibilizados. Los medios existentes
reflejan una parte de la realidad, desde sus perspectivas
y valores, que coinciden –casi por completo– con la de los
sectores tradicionales de poder económico y político. La
libertad de expresión, se ve amenazada por la hegemonía
en el discurso y la concentración en la propiedad. El reto
para una democracia joven como la guatemalteca consiste
en abrir el espectro mediático a la diversidad política,
económica, social y cultural, que nos caracteriza; y esto
pasa necesariamente por democratizar la propiedad de los
medios y la forma de acceder a ellos.
Marielos Monzón
marielosmonzon@gmail.com
Guatemalteca, periodista y comunicadora social. Con amplia experiencia en producción y conducción
de radio y televisión. Columnista del diario Prensa Libre. Coordinadora del Círculo de Reflexión de
Columnistas. Integrante de la Red de Mujeres Periodistas de Guatemala. Consultora en Comunicación
para diversas organizaciones nacionales e internacionales. En el año 2003, recibió el premio al Coraje
Periodístico que otorga la Fundación Mujeres en los Medios (IWMF) con sede en Washington, DC,
Estados Unidos; y en el año 2005, el Premio al Periodismo En Derechos Humanos que otorga Amnistía
Internacional. En el año 2007 recibió el premio al periodismo de Investigación en Desarrollo Humano
“Irma Flaquer” que otorga el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala.

56]
Guatemala es un país con un poco más de 14 millones de habitantes. En un
territorio de 108 mil 889 kilómetros cuadrados convivimos cuatro pueblos: maya,
garifuna, xinca y mestizo. La mayoría de la población es de origen maya. En el país
se hablan 23 idiomas indígenas y el español, siendo este último el idioma oficial.
Durante 36 años (1960-1996) Guatemala vivió una guerra que dejó como saldo 250
mil muertos, 50 mil desaparecidos –entre ellos 5 mil niños y niñas– y un millón
de desplazados. Los Informes Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión de
Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas y el Informe Guatemala Nunca Más
de la Iglesia Católica dan cuenta de las atrocidades cometidas durante el conflicto.
Más del 95% de las violaciones a los derechos humanos (tortura, violación sexual,
masacres, ejecuciones extrajudiciales, entre otros) son atribuidas al Ejército de
Guatemala y a grupos paramilitares. Ambos informes reconocen que en el país se
cometió genocidio. Hasta ahora, no existe ninguna persona condenada por este delito.
En 1996, se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera que puso fin al enfrentamiento
armado. De los Acuerdos suscritos –doce en total– poco se ha cumplido. La agenda
de la paz sigue siendo una asignatura pendiente.
Las causas que originaron la guerra permanecen, y con el paso de los años, se
agravan. Según datos del último informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas
el 56% de la población del país vive en situación de pobreza (con menos de dos
dólares diarios para vivir) y de ésta el 34% vive en extrema pobreza (con menos de un
dólar diario para su subsistencia). Es en las comunidades indígenas rurales en donde
se concentra el mayor grado de pobreza: existen poblaciones en las que 9 de cada
diez personas son pobres. Más del 50% de los niños y niñas de Guatemala sufren de
desnutrición crónica, la tasa más alta en América Latina. La desigualdad es otro de
los males que históricamente aqueja al país: en Guatemala se concentra el mayor
número de aviones y jets privados por habitante de todo el continente. “El 62% de
la riqueza se queda en manos del 20% de la población, mientras que el 20% de la
población más pobre tiene acceso únicamente al 2.4% del ingreso nacional” señala el
Informe Guatemala: ¿Una economía al servicio del desarrollo humano? (2007-2008)
publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Instituto de Ciencias Forenses
de Guatemala (INACIF), un promedio de 17 personas son asesinadas diariamente,
el 80% con armas de fuego. En los últimos 5 años (2004-2009) 3.640 mujeres han
sido asesinadas. El 98% de los casos ha quedado en la impunidad. Los ataques a
defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales va en aumento, la Unidad
de Protección a Defensores y Defensoras a Derechos Humanos (UDEFEGUA) ha
verificado en el último decenio 1779 agresiones, entre las que se cuentan: detenciones,
allanamientos, amenazas, violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales. En el
mismo periodo, se han registrado 110 asesinatos de dirigentes sociales y defensores de
GUATEMALA

[57
]
derechos humanos –los sindicalistas son el sector más atacado–. Lo anterior, sumado
a la existencia de aparatos clandestinos y cuerpos ilegales (otrora escuadrones de la
muerte) que no fueron desmantelados luego de la firma de la paz, motivó la petición
del Estado de Guatemala a la Organización de Naciones Unidas para la instalación
de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que funciona desde hace
dos años y que tiene como mandato colaborar en la investigación, persecución penal
y desmantelamiento de estos grupos ilegales.
Ante este sombrío panorama de la joven democracia guatemalteca, al que se suma
un debilitado sistema de partidos políticos y un tejido social prácticamente destruido,
se requiere de medios de comunicación cuyo objetivo central sea la construcción de
ciudadanía, elemento estratégico para la transformación de esta realidad cotidiana,
tremendamente compleja.
Con los mismos anteojos
El panorama mediático guatemalteco no es muy diferente al que observamos en
otros sectores de la vida nacional. La concentración que caracteriza la propiedad de
la tierra, la producción agrícola e industrial, el sector financiero y de servicios, alcanza
también a los medios de comunicación. Y no es que –en todos los casos– los dueños
de las empresas mediáticas sean los mismos que los propietarios de consorcios o
corporaciones empresariales, más bien lo que sucede es que provienen de la misma
clase social, por lo que, en su gran mayoría, comparten una misma forma de ver y
entender el mundo.
En Guatemala se imprimen siete periódicos masivos: Prensa Libre, Siglo Veintiuno,
El Periódico, Nuestro Diario, Al Día y el Diario de Centroamérica, de circulación
matutina, y La Hora, el único vespertino local. El Grupo Prensa Libre es el propietario
de Nuestro Diario, el periódico de mayor circulación nacional (con un tiraje
aproximado de doscientos mil ejemplares diarios) y del periódico más influyente
del país, Prensa Libre; en la última década, también incursionó en el ámbito de la
televisión por cable a través del canal Guatevisión, cuya programación puede ser
vista en casi todas las cadenas de cable privadas. El Director Editorial de Prensa Libre
es el periodista Gonzalo Marroquín Godoy, quien fue director de los desaparecidos,
Diario La República y del noticiero de televisión Siete Días. Los orígenes de Prensa
Libre se remontan a los últimos años del gobierno del presidente Jacobo Arbenz
Guzmán, quien fuera derrocado por un golpe de Estado, promovido y amparado por
la Central de Inteligencia Americana (CIA). Los periodistas fundadores del matutino
se declararon abiertos opositores del régimen y así lo manifestaron en los editoriales
de la época.

58]
Corporación de Noticias está conformada por dos periódicos: Siglo Veintiuno y Al
Día propiedad de los hermanos Juan Carlos y Luis Marroquín Godoy. Anteriormente,
estos periódicos estaban en manos de varias familias del gran capital del país, entre
ellas la familia Castillo Monge, vinculada a la corporación CABCORP (Central American
Beverage Corporation) de bebidas y cerveza; y la familia Castillo Novela, hasta hace
poco propietaria de la Corporación Cementos Progreso.
Aldea Global es la propietaria del Diario El Periódico, cuyo presidente es el también
periodista José Rubén Zamora Marroquín. El vespertino La Hora, cuyos orígenes
se remontan al año 1920, fue fundado por el periodista y ex vicepresidente de la
República, Clemente Marroquín Rojas, y en la actualidad es propiedad del periodista,
Oscar Clemente Marroquín Godoy y de sus hijos.
Al Diario de Centroamérica se le conoce como el “diario oficial” ya que es el
órgano adscrito al gobierno de la República y en su edición se incluye la publicación
de las leyes, acuerdos y decretos emitidos por los tres poderes del Estado. Al inicio del
actual gobierno de Álvaro Colom Caballeros, se anunció la transición del periódico
hacia un diario público y se encargó la dirección del mismo, a la periodista y poeta,
Ana María Rodas.
El espectro radiofónico está dominado por seis corporaciones: Emisoras Unidas
de Guatemala, Central de Radios, Grupo Radial El Tajín, Grupo Radio Rumbos, Radio
Grupo Alius y Radio Corporación Nacional que concentran, en usufructo, la mayoría
de frecuencias radiales otorgadas por el Estado. A éstas hay que agregar, las frecuencias
adjudicadas a las iglesias católica y evangélica (en su mayoría de denominación
fundamentalista); también destacan un grupo de emisoras que se autodenominan
“libertarias”, desde donde se difunde la ideología ultraconservadora.
En un número muy limitado se han otorgado algunos usufructos de frecuencias
a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y al Instituto de
Educación Radiofónica (IGER), así como una frecuencia (que abarca escasamente dos
de los veintidós departamentos) a la Universidad de San Carlos de Guatemala, la
única pública del país. El Estado ha reservado un mínimo de frecuencias radiales
para la Dirección General de Radiodifusión, que constituyen la señal de TGW, la
emisora oficial del Estado, gestionada por el gobierno. Su alcance es limitado, ya que
no cuenta con suficientes repetidoras para cubrir todo el territorio. Una frecuencia
se otorgó al Ministerio de Cultura y Deportes desde donde emite señal Radio Faro
Cultural, que tiene cobertura en la zona central del país.
Históricamente, los títulos de usufructo de frecuencias eran entregados por el
presidente de la República a los particulares; a partir del mes de noviembre de 1996,
durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen, se promulgó una nueva Ley General de
Telecomunicaciones, que establece como única forma de adquisición de usufructos
GUATEMALA

[59
]
de frecuencias, la subasta económica1
. Esta medida formó parte de la estrategia de
privatización de los servicios públicos esenciales que esta administración realizó entre
los que se cuenta la telefonía, la luz y los ferrocarriles. El proceso lo dirigió Manuel
Ayau Cordón, uno de los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín, de
pensamiento ultraconservador, con intereses empresariales en diferentes sectores y
columnista del Diario Prensa Libre.
En palabras de Oscar Clemente Marroquín Godoy, presidente del Consejo de
Administración y Director General del Diario La Hora: “Hay una comunidad de
intereses, es casi una simbiosis entre los medios de comunicación (escritos) y el sector
privado. No hay necesidad que se giren instrucciones, ni que se pongan de acuerdo.
El acuerdo aparece, naturalmente, como algo de la misma esencia”.
La periodista Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana y coeditora
de la publicación feminista La Cuerda, califica la propiedad de los medios como
monopólica: “Más del ochenta por ciento de la producción impresa es manejada por
una empresa, diez familias controlan el espacio radial y hay un único dueño de cuatro
canales televisivos nacionales, lo que provoca que sus enfoques sean igualmente
concentradores e impide que éstos contribuyan a la transición democrática. El poder
de los medios es avasallador. Los voceros defensores del sistema han copado los
espacios: uno mismo escribe y tiene su programa radial o uno escribe y tiene su
programa televisivo. No importa la calidad de su trabajo periodístico, les otorgan los
espacios por la direccionalidad de sus enfoques”.
En la misma línea y refiriéndose a los medios escritos de circulación nacional,
Ronaldo Robles Bautista, Secretario de Comunicación de la Presidencia, señala: “Lo
que vemos en Guatemala, desgraciadamente, son medios hegemónicos y dominantes,
que tienen un accionar poco serio, inmaduro y superficial, que defienden los intereses
de ciertos actores políticos y económicos”. Estos medios, según Robles, son el reflejo
del interés de acumulación que pervierte el accionar de cualquier bien público, “son
empresas, no medios de comunicación (…) hay una confluencia histórica de intereses,
que promueve el discurso único, es ahí donde radica la hegemonía”. Aún y cuando
no necesariamente los capitales invertidos en medios de comunicación, provienen
del mismo grupo empresarial o económico, “son socios en otros negocios o se apoyan
1
En el año 2007, en México, se aprobó una legislación similar a la guatemalteca
en materia de frecuencias radioeléctricas; sin embargo, la Corte Suprema de
Justicia mexicana invalidó —entre otros artículos— el relacionado con el tema de
la subasta pública, en razón de que “el dinero es el único criterio para otorgar
una concesión, con lo que se violenta el artículo 28 de la Carta Magna, ya que se
asegura el acceso a los medios de comunicación sólo a los grupos más poderosos
y se fomenta la concentración en pocas manos de un bien público, como es el
espectro radioeléctrico”.

60]
a través de la compra de publicidad (…) hay medios muy poderosos, que incluso
administran la distribución del papel en el país, influyen en el espectro radiofónico,
los periodistas que trabajan para ellos, ocupan espacios en la radio y en la televisión
por cable, se han convertido en oligopolios que tienen influencia en el poder”.
Gonzalo Marroquín Godoy, director editorial de Prensa Libre y vicepresidente de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) califica a los medios escritos guatemaltecos
como “independientes” y sostiene que es válido –como ocurre en cualquier país–
que los medios tengan una ideología. Sin embargo, reconoce que lo ideal para una
democracia sería “que exista la más completa gama de medios de comunicación
de todas las ideologías, para que haya un libre flujo de información”. Marroquín
reconoce como principal obstáculo “los altos costos de inversión que se requieren
para fundar un medio, lo que limita el número de medios de comunicación en un
país pequeño como Guatemala”. A las críticas sobre la hegemonía en los medios
escritos, hechas por el Secretario de Comunicación de la Presidencia, Marroquín
responde que es un pretexto de los gobiernos para atacar a la prensa independiente:
“Es un discurso que no es nuevo, es el mismo de (Hugo) Chávez, de (Rafael) Correa,
es el mismo que se escucha en la Argentina” y señala que la convergencia de criterios
se debe a que “mucha gente está pensando lo mismo”.
Para el sociólogo y periodista Gustavo Berganza Jiménez, director de la Asociación
para el Desarrollo, la Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES) y
columnista de Diario El Periódico, lo que existe en Guatemala, “es una concentración
de los medios en cuanto al sector económico que reflejan y al sector ideológico
que los abraza”. Las afinidades ideológicas también se traducen en las preferencias
para pautar, señala Berganza. La necesidad de sobrevivir económicamente, hace que
aparte de la identificación que hay con ciertos temas, haya temor de ofender a quien
es un anunciante importante en los medios informativos. En resumen, Berganza
sostiene que “de lo que hay que hablar es de afinidades ideológicas, es decir, ven la
realidad con los mismos anteojos, sin que en realidad sean los anteojos propiedad
del sector privado”.
¿El “ángel” de la democracia?
La televisión abierta está constituida por los Canales 3, 5, 7, 9, 11 y 13, cuatro de
los cuales son comerciales y propiedad del mexicano Ángel Remigio González, que no
aparece como dueño formal, porque la ley no permite que un extranjero usufructúe
frecuencias radioeléctricas y la Constitución –al menos en el papel– prohíbe cualquier
tipo de monopolio. Esta situación que es vox populi se ha mantenido durante los
sucesivos gobiernos –militares y democráticos– y es aceptada públicamente por los
GUATEMALA

[61
]
partidos políticos y los gobernantes de turno, quienes manifiestan gran estima por
González. El pragmatismo de este empresario de las telecomunicaciones –que posee
más de 30 canales de televisión, varias cadenas radiales y salas de cine en América
Latina, pero cuya fuerza mediática se concentra sobre todo en Guatemala– le ha
permitido mantener el usufructo de las frecuencias.
En muchas ocasiones, desde los noticieros de televisión de los canales abiertos que
posee, son refutadas las informaciones publicadas en los medios impresos; y en época
electoral, todas las agrupaciones reciben una cuota para publicidad –en proporción
a sus posibilidades de triunfo–. El apoyo que brindan los noticieros de los canales de
televisión abierta a las autoridades gubernamentales de turno, a los partidos políticos
en campaña, a los alcaldes y corporaciones municipales, le ha valido el que muchos
políticos le califiquen como “el ángel de la democracia”.
El poder mediático de González no se limita únicamente a los cuatro canales de
televisión, sus inversiones alcanzan el espectro radiofónico, posee dos cadenas radiales
que incluyen a la emisora Radio Sonora, una estación de noticias de veinticuatro
horas, desde la que se sigue la línea periodística de los noticieros de televisión abierta.
El empresario es dueño también de la cadena de cines más grandes del país y de una
tienda por departamentos, entre otros prósperos negocios.
La influencia de González en la política nacional es tal, que en época de elecciones,
los candidatos presidenciales le visitan en su residencia de Miami, Florida para solicitar
un trato preferencial en materia de publicidad electoral. Los comerciales se incluyen
en las tandas publicitarias y también como “info-comerciales” en los noticieros de
televisión. Como es de esperar, la cuenta no sale gratis, la continuidad y renovación
de los usufructos de las frecuencias radiales y televisivas y el pago por la transmisión
de publicidad gubernamental, forman parte del pastel.
“El poder de decidir sobre las frecuencias es un elemento de negociación muy
importante, la necesidad de mantener las frecuencias tiene un precio y ese precio
es la complacencia frente al gobierno y los políticos” señala Oscar Clemente
Marroquín Godoy.
“Todos los gobiernos han tenido una relación con los canales, la política del dueño
de la televisión abierta es tener una buena relación, estar a favor del gobierno de
turno” aduce Gonzalo Marroquín, quien también explica que en ocasiones los canales
han sido utilizados por los políticos como un “arma”: “Los canales han sido usados
para atacarnos, para contrarrestar la libertad de expresión, porque en determinados
momentos han obedecido a los intereses de los partidos o del gobierno de turno”.
Pero la influencia política de los canales no se ha quedado allí. En el año 2009,
desde la televisión abierta se realizó una ofensiva para aprobar una ley que impedía
al Canal 5 obtener recursos por publicidad. La frecuencia de Canal 5 fue otorgada en

62]
usufructo a la Academia de Lenguas Mayas (ALMG), el 17 de octubre de 2003, por
el gobierno del presidente Alfonso Portillo Cabrera. En esa misma fecha, también se
otorgó el usufructo de la frecuencia de Canal 9 al Congreso de la República2
.
El Acuerdo Gubernativo 756-2003 señala que la decisión de entregar el canal 5 a
la ALMG se tomó en base a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que establece:
“A fin de favorecer el más amplio acceso a los medios de comunicación por parte
de las comunidades e instituciones mayas y de los demás pueblos indígenas, y la más
amplia difusión en idiomas indígenas del patrimonio cultural indígena, en particular
maya, así como del patrimonio cultural universal, el Gobierno tomará en particular
las siguientes medidas: a) Abrir espacios en los medios de comunicación oficiales para
la divulgación de las expresiones culturales indígenas y propiciar similar apertura en
los medios privados; b) Promover ante el Congreso de la República las reformas que
sean necesarias en la actual ley de radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar
frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no
discriminación en el uso de los medios de comunicación. Promover asimismo la
derogación de toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho
de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo
de su identidad; y c) Reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos,
científicos artísticos y educativos de las culturas indígenas en sus idiomas, por medio
de la radio, la televisión y los medios escritos nacionales”.
Es preciso recordar que los pueblos indígenas constituyen el porcentaje mayoritario
de la población guatemalteca y que sus derechos colectivos e individuales han sido
vulnerados históricamente por el racismo y la exclusión imperante en el país.
TV Maya, como se le ha denominado a Canal 5, funciona con un presupuesto que
alcanza el millón de quetzales anuales (unos 120 mil dólares americanos) que sale
del presupuesto general de la ALMG, que recibe una erogación estatal anual. Este
monto constituye escasamente el 10% de la inversión que necesitaría el canal para
su funcionamiento.
En el año 2009, y aún conociendo esta realidad, casi unánimemente, los diputados
y diputadas del Congreso, aprobaron el decreto 67-2008 que impedía a TV Maya
obtener recursos por concepto de publicidad. Un cable de la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias (AMARC) informa que: “Las autoridades de la ALMG calificaron
2
En enero de 2010, la Junta Directiva del Congreso lanzó a licitación pública la
compra del equipo técnico, de transmisión, iluminación, video y cómputo. Los
procesos de licitación podrían demorar hasta el mes de junio de 2010. La Dirección
de Comunicación Social del Congreso ha iniciado con la producción de material sobre
el quehacer del Organismo Legislativo.
GUATEMALA

[63
]
la decisión legislativa como excluyente, racista, amordazante y antidemocrática y
además tomó cuerpo la sensación en algunos sectores del país, que la medida fue
para favorecer al monopolio de hecho de la televisión abierta, que concentra más
del 95% de la pauta publicitaria del país”. La ley fue vetada por el Presidente Álvaro
Colom aduciendo ocho razones de forma y no de fondo, pero aún no se permite al
canal negociar pauta publicitaria.
A pesar de los esfuerzos de los personeros de la ALMG y de TV Maya, las dificultades
presupuestarias (escasos fondos asignados, recorte y retención presupuestaria e
ingresos nulos por conceptos de publicidad) les han impedido que la señal del canal
esté al aire a través de la frecuencia VHF. En la actualidad, TV Maya puede verse a
través de dos sitios de Internet: www.almg.org.gt y www.ustream.tv/channel/tv-maya
y cuenta con una parrilla de programación de ocho horas que se repite tres veces
al día y que incluye dos programas de producción propia –la telerevista Riqachoch
(Nuestra Casa) y el videoforo Kojtzijon (Conversemos)–. Los personeros del canal
explican que la transmisión por VHF está suspendida temporalmente y que están a la
espera de la conexión que debe realizar la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA)
ya que los trámites y el pago han sido efectuados. Entre abril y diciembre de 2009, se
transmitió la señal de TV Maya a través de la frecuencia VHF, su cobertura se limitó a
no más de cinco mil hogares del área metropolitana y escasamente se transmitió una
hora diaria de programación.
Para Gonzalo Marroquín, prohibir la publicidad a Canal 5 es condenarlo a la
muerte. “Todos sabemos las grandes inversiones que hay que hacer para poder equipar
un canal y producir programación (...) O el Estado le provee los fondos o le permite
obtenerlos a través de la publicidad; el afán de impedirle la publicidad a Canal 5
es mantener el estatus de los canales abiertos de televisión como está actualmente
(…) Darle el canal a la ALMG fue una estrategia para mantener controlado el
espectro y no generarle competencia a los canales de Ángel González; pero hay que
reconocer que en Guatemala tenemos una mayoría de habitantes que hablan más
de veintitrés lenguas diversas, y tener un canal de esta naturaleza, que refleje nuestra
multiculturalidad y multilingüismo, es sano, positivo y le hace muy bien al país”.
Aunque comparte la posición de Marroquín respecto a la importancia de contar
con un canal que refleje la diversidad étnica del país, a Gustavo Berganza le preocupa
la capacidad comunicativa que pueda tener una organización como la ALMG para
dirigir un canal de televisión: “Para hacer medios que no están dentro del esquema
comercial tradicional, hay que hacerlos atractivos y esto implica una gran inversión en
tecnología. El otro problema es la cuestión de la producción, está bien representar la
ideología de un lugar o de un pueblo, pero hay que tener competencia comunicativa,
hay que tener las habilidades para que el mensaje que se va a dar sea asequible a la
gente y atractivo para quien lo ve y lo escucha”.

64]
El Canal 9 de televisión abierta, adjudicado al Congreso de la República a finales
del año 2003, aún no está en funcionamiento. De acuerdo con Otto Zeissig, Secretario
de Asuntos Políticos de la Presidencia del Congreso de la República, el proceso de
licitación para la compra del equipo de transmisión, iluminación, video y cómputo
está en marcha y podría realizarse a mediados de este año. Con la intención de
echar a andar el canal lo más pronto posible, se concretó un acuerdo de asesoría con
personeros del canal del Senado y el Congreso mexicano, que según Zeissig contribuirá
a agilizar los procesos. “Se tiene previsto que (el canal) no sea exclusivamente para el
Congreso –transmisión de plenarias, audiencias, debates– sino que se abra también
al ámbito de la cultura nacional, televisión y cine, cultura cívica; con gran interés en
la juventud”.
El panorama en la televisión abierta podría cambiar a finales del próximo año,
si el gobierno de Guatemala decide no renovar los usufructos de las frecuencias de
los canales comerciales de televisión abierta al mexicano Ángel González, y abrir a
un proceso distinto al de la subasta económica para la licitación de las frecuencias.
De acuerdo con los registros de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) las
cuatro frecuencias entregadas en usufructo a González –Televisiete Sociedad Anónima
(Canal 7), Radio Televisión Guatemala, Sociedad Anónima (Canal 3), Trecevisión
Sociedad Anónima (Canal 13) y Tele Once Sociedad Anónima (Canal 11)– vencen el
17 de diciembre del 2011, un mes antes de que el actual gobierno deje el poder.
La voluntad política de romper el monopolio de hecho de la televisión abierta podrá
medirse en ese momento. El peligro es que las autoridades decidan no renovar las
licencias, pero utilizar únicamente el mecanismo de la subasta económica para acceder
al usufructo de las frecuencias, lo que reforzaría la concentración mediática existente.
Los grupos económicos que podrían pujar en la subasta –y hacerle competencia a
González– son los mismos que ya concentran la prensa escrita y radial.
El discurso del gobierno en torno a la necesidad de crear un sistema de medios
públicos e independientes del poder económico y político será puesto a prueba al
momento de tomar una decisión respecto a los canales comerciales abiertos, a través
de un proceso que privilegie el acceso democrático a las frecuencias y que permita
su sostenibilidad y autonomía.
Los medios y el Estado
La relación entre la prensa escrita y el gobierno guatemalteco es claramente
tensa. Si bien no existe un enfrentamiento abierto, las declaraciones del Presidente
y su Secretario de Comunicación, Ronaldo Robles, –por una parte– y los editoriales
de los medios –por otra– reflejan esa tensión. En palabras del Presidente Álvaro
Colom su gobierno no gozó de un periodo de gracia o “de luna de miel” con los
GUATEMALA

[65
]
medios. El mandatario ha declarado en varias oportunidades que desde que ganó
de las elecciones (en 2007) los medios no han dejado de atacarle. Por eso, explicó
recientemente en su programa radial semanal, se hace necesario contar “con un
sistema de información pública que complemente las informaciones de los medios”.
En varias ocasiones Colom ha arremetido públicamente en contra de lo que él
llama “los enemigos de la democracia” y ha salido a rebatir informaciones que para
él son tendenciosas y malintencionadas. “Si hacemos una cosa, nos critican porque la
hacemos, si dejamos de hacerla, nos caen duro porque no la hacemos. Pero nosotros
seguimos adelante, ayudando a los más pobres. Ellos, lo que quieren es que los pobres
sigan siendo pobres”. señaló Colom en una reciente visita a una comunidad rural, en
clara alusión a las informaciones vertidas en la prensa escrita sobre supuestos actos de
corrupción en los programas de transferencias condicionadas a las familias de escasos
recursos, que en Guatemala coordina el Consejo de Cohesión Social, que dirige la
esposa del mandatario.
Por su parte, en no menos de una ocasión, los editoriales de los matutinos han
señalado una “peligrosa tendencia” del gobierno guatemalteco a seguir los pasos
de otros presidentes del Continente a los que ellos califican como “dictadores y
populistas”. En su editorial titulado “Chávez insiste en su dictadura” del sábado 28
de marzo de 2010, en el que el diario Siglo Veintiuno se refiere a la detención del
presidente de la cadena venezolana de televisión privada Globovisión, el editorialista
señala: “No hay que ir muy lejos para darse cuenta cómo presidentes de otros países
ya han visto en él características dignas de imitarse, y lo menos que quisiéramos
es que ese entusiasmo con que se le mira se contagie en nuestro seno, pues, sin
exagerar, entre nuestras autoridades ya abundan indicios de semejante proceder”.
El punto más álgido del enfrentamiento entre la prensa escrita y el gobierno se dio
en el mes de mayo de 2009, a raíz del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg3
,
quien dejó grabado un video en el que acusaba de su muerte al presidente Álvaro
Colom, a su esposa, Sandra Torres de Colom, y al secretario privado de la Presidencia,
Gustavo Alejos. La cinta que dio la vuelta al mundo, causó una crisis política de tal
magnitud que por poco provoca un golpe de Estado. En su mayoría, la prensa escrita
y radial tomó como ciertas las denuncias del malogrado abogado y abrió sus páginas
3
El 10 de mayo de 2009 fue asesinado en ciudad de Guatemala el abogado Rodrigo
Rosenberg Marzano. En su funeral fue distribuido un video grabado por él mismo, en
el que acusaba al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a su esposa y a otros altos
funcionarios de gobierno de su asesinato. A partir de este momento iniciaron una
serie de movilizaciones para pedir la renuncia del Presidente, donde participaron
algunos dirigentes políticos de oposición, miembros de las cámaras empresariales,
columnistas y conductores de programas radiales, entre otros.

66]
de información y opinión a quienes pedían la renuncia del mandatario. La televisión
abierta, por su parte, no hizo siquiera alusión al tema.
La Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se hizo cargo de la
investigación, y ocho meses después del hecho, su director, el jurista español, Carlos
Castresana,dioaconocerlosresultadosdelainvestigación.Rosenberghabríaplanificado
su muerte y contratado a un grupo de sicarios para asesinarlo. El presidente Colom se
ha referido en varias ocasiones a la “crisis de mayo” como un intento por socavar
la institucionalidad del país y ha declarado que sigue a la espera de los pedidos de
disculpas por parte de quienes públicamente le acusaron y pidieron su destitución.
“Los esfuerzos por reconstruir el tejido social en Guatemala que se han llevado a
cabo tras la firma de la paz, están muy alejados de la agenda mediática. Los medios
masivos (tradicionales) muestran realidades distorsionadas o parciales, influyendo
en el imaginario social de manera negativa al descalificar o minimizar la acción
ciudadana de conglomerados opositores o con visiones de cambio. Contribuir a la
democracia requiere que todos los actores y actoras sociales se vean reflejados en
los medios sin estereotipos, cuestión que los monopolios mediáticos no hacen. Existe
una clara intención de inhibir la crítica, junto al interés por justificar el estado actual
de cosas. Es decir, se defiende un modelo económico (aunque critiquen a ciertos
políticos), cuya ideología está sustentada en las relaciones de poder desiguales que
descalifican lo diferente y los cambios, apoyan las jerarquías y fundamentalismos,
defienden la ganancia y la producción contaminante. Junto a ello, faltan sujetos
políticos contrarios a esa hegemonía que defiendan sus derechos de manera más
contundente. Los medios masivos gozan de un campo libre para imponer su agenda:
mienten, tergiversan o parcializan la información con toda impunidad”. Así describe
la periodista Rosalinda Hernández el panorama mediático guatemalteco y ante esta
realidad aboga por la construcción de medios masivos alternativos no marginales que
contrarresten las posiciones ultraconservadoras y que muestren otros puntos de vista
existentes en Guatemala.
Esta visión es compartida por la Secretaría de Comunicación Social del gobierno
de la República. Su director, Ronaldo Robles, explica que uno de los proyectos que
impulsó desde su llegada al gobierno es la construcción de un Sistema de Información
Pública, que implica, entre otras acciones, convertir a los medios oficiales –el Diario
de Centroamérica y la emisora TGW– en medios públicos. La estrategia también
contempla el fortalecimiento económico de los medios departamentales a través de
la pauta publicitaria del gobierno. “Le apostamos a la creación de medios de carácter
público, este año estaremos creando una agencia de noticias que está próxima a
lanzarse y es otro insumo dentro del sistema de información pública, que, de alguna
manera, contribuya a la circulación de las ideas para generar pluralidad”.
GUATEMALA

[67
]
Aunque la idea de crear medios públicos –como una vía para lograr la pluralidad
mediática y romper la hegemonía y el discurso único– es compartida por todas las
personas consultadas, existe un escepticismo en cuanto a su viabilidad, tomando en
cuenta las características de un país como Guatemala.
De acuerdo con el sociólogo y comunicador, Gustavo Berganza, este proyecto de
la Secretaría de Comunicación no tiene viabilidad y esto ha quedado demostrado,
porque tanto el Diario de Centroamérica y la emisora TGW hacen una defensa
oficiosa del gobierno, como siempre ha ocurrido. “Por la manera como se hace
política en Guatemala, yo no veo muy viables los medios públicos. Son un modelo
interesantísimo si lograra implantarse, pero aquí la política no es así (…) habría que
empezar por educar a la sociedad para que los medios públicos no se conviertan
en propagandísticos, como sigue pasando. Dentro del clima tan crispado que hay,
en donde la mayoría de medios de comunicación expresan una posición ideológica
específica, se dio conflicto con el gobierno, y como el gobierno no tiene como
defenderse, solamente con los canales de la televisión abierta, eso hizo que la idea
de los medios públicos colapsara”.
En el mismo sentido se pronuncia Oscar Clemente Marroquín: “Los medios
públicos serían una alternativa si no viviéramos en un país como Guatemala. Si uno
lee el Diario de Centroamérica ve que lo que hay es una que otra columna crítica,
para dar la apariencia de pluralidad, pero en el fondo es un medio de propaganda,
aunque sigan anunciándolo como un medio público (…) y esto sucede porque no hay
madurez política ni en el gobierno, ni en la oposición para entender la importancia
estratégica que tienen los medios de Estado”.
El propio Ronaldo Robles acepta que la tarea no ha sido fácil y que el proyecto
se enfrenta a múltiples problemas, incluso reconoce que la idea de crear medios
públicos no es aceptada en su totalidad ni por el gobierno, ni por amplios sectores de
la sociedad. “La creación de medios de carácter público tiene muchas resistencias,
cuesta tanto impulsarla dentro del gobierno como en la sociedad (…) el tema del
dinero –que es escaso– influye demasiado (…) Creo que el tiempo no será el mejor
amigo de esta iniciativa porque tiene demasiados obstáculos o dificultades que superar.
Aquí desgraciadamente el nivel de independencia que requiere y garantiza un medio
público no se entiende, se ve más el momento, la coyuntura y no la trascendencia de
este tipo de propuestas…”
La aprobación de una reforma a ley de telecomunicaciones, que permita ampliar
el acceso al espectro radioeléctrico es necesaria en Guatemala, en eso coinciden, de
una u otra forma, todas las personas entrevistadas.
“Si se quiere seguir impulsando el proceso democrático en este país, urge abrir
el acceso al espacio mediático (…) seguir tolerando como inevitable esta situación,

68]
limita la libertad de expresión y el libre acceso a la información” sentencia la periodista
Rosalinda Hernández Alarcón.
Ronaldo Robles asegura que la reforma a la ley de telecomunicaciones es una
medida estratégica para lograr la pluralidad informativa; sin embargo hace hincapié
en que el gobierno por sí solo no puede llevarla a cabo. “No tenemos la correlación
de fuerzas suficientes para impulsar una cosa así en el Congreso de la República,
esto debería ser un pacto entre las élites políticas, pero yo lo veo complicadísimo
(…) antes deberían comprender que la existencia de un sistema de medios plural es
fundamental para la democracia, para la construcción de ciudadanía”.
Gonzalo Marroquín apunta que la diversidad ideológica en los medios se logra a
través de la inversión en medios de comunicación: “El día que la gente de izquierda,
de centro quiera tener sus propios medios –como ocurre en Europa donde los
medios se identifican con una ideología– tiene que invertir”. Sobre la posibilidad de
abrir espacios a las radios comunitarias, Marroquín sugiere: “Hay que enfrentar con
madurez y seriedad el tema de las radios comunitarias, el primer paso es separar el
concepto de radios comunitarias del de las radios piratas. (…) Se debería propiciar
su apertura lo más posible, una vía sería la realización de un encuentro nacional para
abordar el tema (…) Hay quienes dicen que las radios comunitarias no pueden ser
comercializadas, pero si no se comercializan no pueden existir”.
Gustavo Berganza Jiménez sugiere que se sigan los pasos de Argentina, y que se
cree una nueva ley que regule de otra forma el espacio radioeléctrico, dando una
posibilidad de acceso a aquellos sectores que se han visto excluidos: “El modelo de
frecuencias de Argentina es proverbial4
. Permite abrir posibilidades de expresión a
sectores que tradicionalmente han estado minimizados (…) Las radios comunitarias
no pueden ser la punta de lanza para la renovación política del sistema de medios
tradicional, como ha pretendido hacer la cooperación internacional. Las radios
comunitarias son necesarias, pero no son la panacea para resolver todos los problemas
comunicativos de la sociedad; por eso la ley argentina les da un espacio, pero además
entra a resolver el problema de fondo en la entrega de frecuencias”.
Hasta ahora parece haber una inercia de conformismo ante la concentración
informativa y editorial de los medios en Guatemala. En el momento en que los
4
En octubre de 2009, fue aprobada la nueva Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. La ley tiene como finalidad regular los servicios de comunicación
audiovisual (incluidos la radio y la TV abierta), y se presenta como una norma
comentada que incorpora legislación comparada y las recomendaciones del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. En la ley se destaca el reconocimiento
expreso de tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la
participación de las entidades privadas sin fines de lucro con una reserva de 33% del
espectro radioeléctrico.
GUATEMALA

[69
]
conglomerados sociales y los actores políticos asuman como propios los derechos a
la información y a la democracia de la comunicación social y los incorporen a sus
agendas reivindicativas y estratégicas, el panorama podría empezar a cambiar. Para una
democracia como la guatemalteca, que necesita fortalecerse y crecer, el debate sobre
temas estratégicos, como el papel de los medios de comunicación, es impostergable.
¿Libertad de prensa o libertad de empresa?
Durante la época de la dictadura en Guatemala el ejercicio del periodismo
resultaba muy peligroso. Varias decenas de periodistas y comunicadores fueron
secuestrados, desaparecidos o asesinados o debieron salir al exilio. Otros más,
decidieron autocensurarse. Con la firma de la paz, la persecución y el acoso contra
el gremio periodístico por parte de actores estatales, prácticamente desapareció. Ya
no es una política de Estado el exterminio de comunicadores y periodistas, como sí
lo fue en el pasado.
Sin embargo, la libertad de prensa y de expresión sigue siendo limitada en el
país. Tienen posibilidades de acceder a una frecuencia radioeléctrica o establecer
un diario, grupos minoritarios de la población, que concentran el poder político y
económico. Las empresas periodísticas, son eso, empresas de la comunicación, y su
objetivo en el sistema económico imperante, es hacer negocios y generar ganancias,
y es a eso a lo que se dedican. Aquí tienen un medio quienes pueden pagar por él.
La afinidad o el antagonismo ideológico con el gobierno de turno condiciona su
agenda mediática y los medios se convierten en poderosas armas para ganar la batalla
de las ideas. Situación que no sería tan grave, si existiera en el país un sistema de
medios masivos con contenido alternativo que pudiera equilibrar la balanza.
Ni el gobierno, ni los partidos políticos de oposición representados en el Congreso
parecen darse cuenta de la imperiosa necesidad que para la consolidación democrática
representa el contar con medios independientes, autónomos y autosostenibles. El
incipiente proceso democrático guatemalteco se ve amenazado por la concentración
en la propiedad de los medios. El fortalecimiento de la institucionalidad y la
construcción de ciudadanía requieren urgentemente de la creación de nuevos medios
de comunicación que abran un abanico plural desde donde pueda verse la realidad
con distintos anteojos.

70]
Relación Medios y Estado en Guatemala
En Guatemala la concentración económica parece ir de la mano de la concentración de los
grupos mediáticos; por lo tanto, los medios producen un discurso único de corte neoliberal y
conservador y tienen alta influencia sobre la lógica de la democracia.
El caso paradigmático de control de la esfera política y gubernamental por parte de los medios
privados es el del magnate mexicano Ángel Remigio González, quien tiene cuatro de los
cinco canales de tv guatemalteca y a quien deben pedir apoyo todos los políticos de todos los
partidos. Por eso muchos lo califican como “el ángel de la democracia”.
El gobierno actual es poco apreciado por los medios de comunicación y por eso se le ataca
permanentemente. Sin embargo, este gobierno tampoco ha logrado crear un buen sistema de
información y medios.
Los medios poco han contribuido a fortalecer la democracia, al mostrar la realidad desde sus
pre-concepciones sesgadas y descalificando a los ciudadanos.
La gran damnificada de este sistema de medios es la calidad informativa y la ciudadanía.
Personas entrevistadas:
Gonzalo Marroquín Godoy, director editorial de Prensa Libre, vicepresidente de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP).
Gustavo Berganza Jiménez, sociólogo, columnista de Diario El Periódico, director de la Asociación para
el Desarrollo, la Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES).
Héctor Rodolfo Miculax Buch, Jefe Técnico TV Maya.
Oscar Clemente Marroquín Godoy, presidente y propietario de Diario La Hora.
Otto Zeissig Vásquez, licenciado en Ciencias Jurídicas, Secretario de Asuntos Políticos de la Presidencia
del Congreso.
Ronaldo Robles Bautista, Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República.
Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana, columnista de Diario El Periódico, coeditara de la
publicación feminista La Cuerda.
Material de consulta:
Informe Guatemala: ¿Una economía al servicio del desarrollo humano? (2007-2008) publicado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Diario Siglo Veintiuno, Editorial del 28 de marzo de 2010.
Diario La Hora. Edición del 31 de marzo de 2010. Página 31 http://www.amarc.org/
GUATEMALA

[71
HONDURAS

GOLPE DE ESTADO, ELECCIONES Y
MEDIOS EN UNA DEMOCRACIA FALLIDA
Un rasgo singular e históricamente novedoso de Honduras
es su transición democrática, iniciada en 1980, que le
había permitido elegir siete gobiernos constitucionales sin
interrupción hasta el 28 de junio de 2009 cuando un Golpe
de Estado derrocó al Presidente Constitucional, José Manuel
Zelaya Rosales, y originó un interregno dictatorial de siete
meses que pactó respetar el cronograma electoral con la
realización de comicios generales el 29 de noviembre y
entrega del poder el 27 de enero de 2010. ¿Qué ocurrió en
Honduras y cuál fue el papel de los medios de comunicación
social en los acontecimientos? ¿qué relaciones se entretejen
entre medios y gobiernos en Honduras? ¿cuál es el rol de
los medios en la democracia? son preguntas importantes
a las que hay que tratar de responder en el contexto de
una América Latina que se asomó al espejo de esta nación
centroamericana y no le gustó su rostro.
Manuel Torres Calderón
aaprensa@yahoo.es
Periodista hondureño. Ex corresponsal de varias agencias internacionales de prensa. Ex editorialista
de prensa escrita y radial en Honduras. Analista político y social, autor y co-autor de varios libros y
ensayos sobre medios de comunicación social y realidad nacional.

72]
Para empezar, Honduras es un país pequeño, similar a la extensión territorial de
Cuba, con 7,3 millones de habitantes, pero complejo en el juego de sus relaciones
políticas y sociales, formadas a la sombra de enclaves bananeros, una clase empresarial
autista, pactos que huelen a traición, ejércitos de ocupación, caudillos y un par de
partidos políticos que monopolizan el poder desde hace más de un siglo.
Junto a Bolivia, Honduras ocupa uno de los primeros lugares del continente
en “revueltas armadas”, “cuartelazos” y “madrugones”. El primer Golpe que se
registra se remonta a 1904 cuando el fundador del Partido Nacional, uno de los dos
partidos tradicionales, se alió con el dueño de la bananera United Fruit Company
para convertirse en dictador. Como no había ejército propiamente hablando, un
mercenario norteamericano, oficial sureño, dirigió las operaciones armadas. Hay que
reunir condiciones reales y surrealistas para volverse tierra fértil de Golpes de Estado.
Y los acontecimientos del 28 de junio lo confirman.
El Golpe
Un empresario de derecha lo define así: “o lo dábamos nosotros, o nos lo daba
Mel Zelaya”. El domingo 28/J, despuntando el día, un contingente militar al mando de
un coronel de infantería, teniendo como “juez ejecutor” a un magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, tomó por asalto la residencia de Zelaya Rosales, desmovilizó sus
custodios, lo capturó –aún en pijama, desvelado–, lo trasladó a la base de la Fuerza
Aérea y lo desterró inconstitucionalmente a San José de Costa Rica.
Por qué Mel Zelaya no intuyó, previó, anticipó o fue informado de la abultada
conspiración en su contra es otra historia, pero lo que tenía previsto ese día era
realizar su consulta popular de la “cuarta urna”, una especie de referendo no oficial
que promovía con el apoyo del movimiento social, para obtener respaldo a su
proyecto de instalar –sin una fecha precisa– una Asamblea Nacional Constituyente y
“refundar” Honduras.
La oposición que alentó y financió el Golpe sostiene que Zelaya Rosales tenía
previsto lograr unos dos millones de adhesiones y, con ese respaldo, anunciar a las
seis de la tarde la disolución del Congreso Nacional y la convocatoria inmediata a la
Constituyente, para después suspender el proceso electoral y ser reelecto en el cargo.
Hasta ahí el surrealismo –entendido como creación de la irracionalidad política–
los temores y los instintos conservadores de la derecha hondureña, puesto que no
mostró pruebas tangibles para sustentar sus cargos.
Sin embargo, los antecedentes inmediatos de ese surrealismo se encuentran en
el realismo de un país profundamente desigual, bajo control absoluto de unas 60
familias que dan vida a un poder fáctico asociativo que no reconoce la necesidad de
cambios en la estructura social, política, económica y cultural de Honduras.
HONDURAS

[73
]
Para afianzar los privilegios de un sector muy reducido de la población, durante la
transición democrática la Constitución fue violentada constantemente por la misma
clase política que la aprobó y que en lugar de apegarse a un Estado de Derecho,
afianzó su gobernabilidad en levantar un Estado patrimonial y clientelista que tutela,
en lugar de combatir, la corrupción pública y privada.
De esa evolución surge la contradicción de fondo de la democracia hondureña:
la consolidación de una democracia procedimental (siete elecciones generales
consecutivas y más de cuatro mil leyes que se incumplen) en desmedro de una
democracia integral. La crisis del Golpe de Estado ratificó la ausencia de una visión
compartida, de lineamientos y proyectos comunes en la sociedad hondureña,
altamente polarizada por la desigualdad acumulada, y constató que a una democracia
socialmente injusta, con alta concentración de la riqueza en pocas manos, corresponde
una institucionalidad débil.
El Golpismo
En un contexto de marcado desencanto social, Zelaya Rosales asumió la Presidencia
el 27 de enero de 2006 sin un programa de gobierno definido, con una sobrecarga
de ofertas electorales y bajo la presión de una fuerte demanda de mejoras visibles a
corto plazo, orientada a la reducción de la pobreza.
Tras el aumento de las expectativas con el inicio de gobierno, se comenzó a generar
un fenómeno de desilusión, se multiplicaron los conflictos sociales y el movimiento
popular intensificó sus críticas directas y movilizaciones de protesta. La mayoría de
los dirigentes populares que hoy le respaldan fueron duros censores y opositores de
sus primeros dos años de mandato. Eran tiempos en los cuales circulaba el rumor de
que Zelaya no terminaría su período, pero no por razones ideológico-políticas sino de
efectividad y eficiencia. Nada anticipaba lo que ocurriría poco después.
Zelaya Rosales, con aguda intuición política, percibió lo que algunos analistas
apuntaban: “no es que la situación objetiva del país esté necesariamente peor, sino que
los ánimos están peores”, así que a mediados del 2007 comenzó un lento movimiento
de aproximación al discurso y recursos del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Con ese paso Honduras entró, de puntillas, a la nueva geopolítica latinoamericana,
y provocó, como efectos colaterales que la elite de poder formara un bloque político
e ideológico de profunda vocación antidemocrática, al mismo tiempo que alentó en
los sectores sociales populares la demanda política de sus derechos sociales.
El golpismo surge precisamente de las filas del Estado patrimonial, convertido en
fuente interminable de beneficios, privilegios, concesiones y regalías para unos pocos,
entre quienes destacan los dueños del capital financiero, industrial, maquilador y
exportador, medios de comunicación y telecomunicaciones.

74]
Zelaya Rosales, en la práctica, no tomó ninguna decisión pública sustancial que
lesionara los intereses pecuniarios de esa elite. Los negocios y los capitales crecieron
al amparo de los contratos públicos y los beneficios fiscales. Ni siquiera su acuerdo de
aumentar 60% el monto del salario mínimo de los trabajadores afectó realmente los
bolsillos de los grandes empresarios, sí de los pequeños y medianos que tuvieron que
ajustar sus planillas para pagar lo que se les ordenaba. Tampoco la decisión presidencial
de cambiar las fuentes de aprovisionamiento de combustibles (Petrocaribe entró al
relevo de las transnacionales norteamericanas) significó un cambio en la correlación
de poder. Las principales ganancias del combustible venezolano fueron a parar a las
cuentas bancarias de los beneficiados de siempre; incluso acrecentó el poder de un
solo empresario: Fredy Nasser.
El Golpe no se perpetró por lo que estaba ocurriendo, sino por lo que podría
ocurrir, y más que un radicalismo de Zelaya Rosales lo que evidenció fue el extremo
conservadurismo, ostentación, banalidad, incultura y prepotencia de quienes se
consideran dueños del país. Ante ese sector y con el tiempo político a sus espaldas,
Zelaya propuso la construcción de un acuerdo nacional al margen de la agenda
inmediata del país, por encima del bipartidismo y de los procesos electorales: la
convocatoria (cuarta urna) a una Constituyente para aprobar una nueva Constitución,
cuyo proyecto fue expuesto como “la solución total a los problemas nacionales” y
que para la oposición conservadora era “la pérdida de la paz y libertad”.
El movimiento social hondureño no había propuesto antes la alternativa de
“refundar” Honduras por la vía constituyente, pero una vez que Zelaya lanzó la idea
al ruedo, la adoptó de inmediato y la mantuvo como su bandera de cohesión después
del Golpe. Uno de los máximos dirigentes de la Resistencia, Rafael Alegría, definió en
un discurso público la visión al respecto:
“Saben algo compañeros, los chafas (soldados) tienen cercado, militarizado
el Congreso, los lugares cercanos al mismo; hasta tanquetas han traído y lo hacen
porque nos tienen miedo, la Resistencia no tiene armas pero tiene güevos y no nos
rendimos, por eso también nos tienen miedo. Son 158 días de luchas en las calles
y aquí nadie se rinde, vamos para adelante, por la Constituyente, esa que puede y
debe elaborar el pueblo; ahora resulta que Pepe Lobo dice que no es prioritaria la
Constituyente, pero para el pueblo sí, porque allí vamos a cambiar todo, hasta la
forma de elegir a los diputados. La Constituyente establecerá que cada dos años habrá
un referéndum y quien no haya hecho nada ¡A la mierda! Ahí todo mundo tendrá
educación y les vamos a quitar las becas a los ricos para dárselas a los pobres y el que
sea becado por el Estado al terminar sus estudios debe servirlo y también al pueblo,
no como ahora que cuando se gradúan se van fuera del país. La salud también será
prioritaria, la vivienda y el trabajo se deben democratizar y que no haya más golpes
de Estado. Aquí vamos a estar un buen rato, esta papada viene empezando. Unidos,
movilizados, articulados y al poder de un solo cachimbazo”.
HONDURAS

[75
]
En el pensamiento de los grandes empresarios, Zelaya se excedió en su vinculación
con la oposición social, sobrepasó el margen de autonomía relativa que le conceden
a los políticos y lo consideraron un riesgo estratégico que debía ser resuelto. Y para
eso estaban los militares, quienes en el gobierno de Zelaya habían logrado duplicar su
presupuesto anual y recuperar un protagonismo político que extrañaban.
Las Fuerzas Armadas tenía mucho que agradecer al Presidente Zelaya, pero la
coyuntura nacional no reclamaba lealtad, sino ideología. Después de muchos años de
carecer de un enemigo claro, los militares se reencontraron de nuevo con la Doctrina
de la Seguridad Nacional y su fundamento anticomunista, esta vez antichavista.
El Golpe ejecutado por las Fuerzas Armadas y propuesto-financiado por los
empresarios desencadenó la peor crisis de la institucionalidad hondureña y situó uno
de sus más cuestionados actores a la cabeza, el presidente del Congreso Nacional,
Roberto Micheletti Baín, poniendo en peligro los pocos logros de la transición
democrática, entre ellos la desmilitarización de la sociedad.
En un marco de irrespeto generalizado a las leyes y de creciente ideologización
del conflicto, nadie midió las consecuencias de sus actos. Poco a poco, los sucesos del
28/J se convierten en parteaguas de la historia nacional.
Los medios y el Golpe: agresión y respuesta
El papel de los grandes medios de comunicación en la crisis no es disonante
a su comportamiento tradicional, pero sorprende el empeño golpista manifestado,
tanto que planteó en el debate el tema del terrorismo mediático, entendido como
el uso convencional o no convencional de los medios de comunicación como armas
de guerra.
Paradójicamente, en una crisis que demandaba el diálogo y el debate como
mecanismos de solución de controversias, desde el poder golpista se impuso la
incomunicación. Numerosas radioemisoras como Radio Globo, Radio Progreso, Radio
Juticalpa y Radio Uno, o televisivas, como Canal 36, Canal 22 de Santa Bárbara e
inclusive Canal 11 de San Pedro Sula o medios escritos como Diario Tiempo o El
Libertador fueron blanco de diversos tipos de represalias por su oposición (producto
en cada caso de consideraciones específicas). La lista de medios afectados es mayor
de la brevemente reseñada e incluye programas radiales bajo la responsabilidad de
comunicadores sociales que pagan sus propios espacios.
Con el operativo golpista se impuso un cerco mediático a la verdad de los
acontecimientos. Zelaya Rosales fue capturado entre 5:00 y 5:30 AM y ninguna de
las grandes cadenas radiales y televisivas informó de inmediato, sino que esperaron
un tipo de orden que las autorizara. En una de las principales radioemisoras el locutor
de turno dijo: “tenemos una información importante, pero no vamos a especular,

76]
sino a esperar la confirmación oficial”, y al finalizar su turno de noche, otro periodista
afirmó: “hemos tenido un lindo día”, definiendo un patrón de conducta inalterable
a lo largo del conflicto.
Como parte de la misma operación militar, la censura se impuso en todas las
manifestaciones posibles de resistencia, desde el cese brutal de empresas de
comunicación (por ejemplo, Radio Globo y Canal 36), agresiones físicas contra
comunicadores sociales, cortes de energía eléctrica hasta cadenas nacionales de radio
y televisión, culminando con un decreto de suspensión de garantías constitucionales
que fue certero en contra de la libertad de expresión.
Lo que se desencadenó con el Golpe fue una experiencia nefasta de los principales
medios de información: el olvido total de su razón de ser. La reacción de indignación
de la población ante la manipulación mediática tampoco tiene precedentes en el
país. Una lección interesante de la crisis hondureña es que pese al cerco noticioso, es
imposible en esta era tecnológica y en una sociedad mediática mantener una versión
monopólica de los hechos. La verdad de los hechos tiende a filtrarse, poco a poco,
como un rompecabezas que se arma.
Honduras mediática y mediatizada
Es conocido que en Honduras el Golpe lo acordaron los personajes y grupos
que controlan la banca, comercio, agroindustria, maquila, sector servicios, turismo,
generación de energía y telecomunicaciones. Si cada uno de esos rubros, muchas
veces monopólicos, da una cuota de poder inmensa a sus dueños, capaz de poner
y quitar gobernantes, resulta que la mayoría de propietarios de los medios de
comunicación y tecnologías mediáticas nuevas son a la vez inversionistas destacados
en todos los sectores mencionados y tienen estrechas conexiones con los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial para beneficiar sus proyectos e intereses.
Las modalidades en que esos conglomerados económicos manifiestan su poder y
control sobre el Estado son diversas, pero su común denominador es responder a un
criterio patrimonialista. El monto y auge de sus fortunas está estrechamente ligado al
control y decisiones del Presupuesto Nacional, lo que convierte la institucionalidad
pública en su oscuro objeto del deseo.
En esa perspectiva, los intereses privados condicionan, matizan o manipulan la
cobertura que hacen los medios sobre personas, organizaciones y propuestas en la
agenda nacional. Los temas de la agenda los pueden hacer aparecer o desaparecer,
aprobar o improbar, aceptar o rechazar.
Ese poder personal y/o familiar se fortalece con su capacidad de asociación o
de articulación con otros capitales y rubros económicos, de tal manera que forman
HONDURAS

[77
]
espacios comunes entre empresarios para evitar o controlar la competencia o para
apoyarse los unos a los otros cuando advierten un riesgo o una amenaza común a sus
beneficios, como ocurrió el 28/J.
La asociatividad o articulación es básica para entender el frente mediático común
orquestado en apoyo al Golpe. Los medios y sus periodistas incondicionales operaron
con una estrategia común; utilizaban similares argumentos, calificativos, fuentes
e informaciones.
Que el poder aspire a controlar los medios de comunicación no sorprende. Zelaya
Rosales lo intentó (la corrupción mediática es una de las sombras de su gestión) pero
no lo logró en tanto la corrupción en el Periodismo no crea fidelidades, y por encima
del Poder Ejecutivo se impone el poder de los propietarios.
El punto a debatir, en el contexto de la crisis hondureña, es que la mayor parte de
la sociedad percibe la “realidad” a través de esos medios; tiende a confiar en ellos y en
los periodistas, sin percatarse de que forman parte de una intrincada red de poder.
Honduras es una sociedad que durante años tuvo índices muy bajos de acceso a
las diversas tecnologías de comunicación, tanto en las relaciones interpersonales como
aquellas de carácter público. La telefonía estaba al alcance de pocos y la información
pública se concentraba en unos cuantos medios impresos y electrónicos, la mayoría
ubicados en las dos principales ciudades (Tegucigalpa y San Pedro Sula).
Ese panorama cambió de la mano de los avances tecnológicos. Desde mediados
de los años 90 la influencia de la era digital cobró intensidad en el país, estimulada
por la proliferación de medios electrónicos y la quiebra/ruptura del monopolio estatal
(Hondutel) en el dominio del espectro telefónico y radioeléctrico. A fines del 2009,
para citar un ejemplo, las telefónicas privadas de celulares sumaban más de seis
millones de líneas activas, muy superior al millón 221,140 abonados registrados a
finales del 2005.
El consumismo de tecnologías de la comunicación no se limita a la telefonía móvil.
Estadísticas oficiales revelan que entre 1996 y el 2005 el promedio de hogares en el
país que tenían al menos un receptor de televisión pasó de 31.6% a 62.7%, es decir,
se duplicó en apenas nueve años. Ese fenómeno es similar en cuanto al acceso a
computadoras. ¿Cómo ha sido posible ese auge en una sociedad con altas tasas de
pobreza y extrema pobreza?
El hecho que entre 1996 y el 2005 se duplicó el promedio de hogares en el
país que tenían al menos un receptor de televisión y aumentara sustancialmente el
acceso de la población a la comunicación telefónica móvil coincide con el período de
incremento de las remesas enviadas por los emigrantes, especialmente desde Estados
Unidos. De acuerdo con el Banco Central el ingreso de divisas por concepto de
remesas familiares como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 4% en
1998 a 27% en el 2009.

78]
El principal destino de las remesas familiares continúa siendo el consumo y esa es la
tendencia que las empresas estimulan a través de los medios masivos de información.
A los dueños de los medios les beneficia más un modelo expulsor de mano de obra
que un modelo incluyente y eso se refleja en sus líneas editoriales e informativas. En
su lógica ultra conservadora, el país está bien como está y no se necesitan grandes
reformas institucionales para que siga adelante. El discurso pro cambio de Zelaya es
para ellos una traición de clase.
Estimulados por el mercado de consumo, la proliferación de estaciones de radio y
de televisión (sobre todo por cable) es impresionante en los últimos años. Operan más
de 300 radioemisoras (bandas AM y FM), más de un centenar de canales de televisión
(nacionales, regionales y locales) y más de 600 empresas de cable, con una oferta
promedio de 28 canales de televisión cada una, entre nacionales e internacionales.
El control de la mayoría de esos medios está en manos de dirigentes políticos-
empresariales o de aspirantes a políticos, cuyos intereses influyen o determinan la
libre emisión del pensamiento en el área de su cobertura. En contraste hay una
ausencia casi total de medios radiales o televisivos comunitarios; fenómeno que
apenas comienza a surgir hasta después del Golpe.
En términos generales, en los pueblos y pequeñas ciudades se replica la
concentración de los medios de comunicación de cobertura nacional en pocos
propietarios. Seis son las grandes familias mediáticas de Honduras, las más influyentes
y ricas, y de ellas cinco asumieron compromisos activos a favor del Golpe.
Integrados en la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, como lobby
se caracterizan por: 1) estar organizados; 2) expresar conscientemente demandas
e intereses parciales o particulares; 3) ejercer presión sobre el poder público para
obtener sus fines; 4) no asumir la responsabilidad de las decisiones adoptadas bajo su
influencia y tampoco de los mensajes emitidos a través de sus medios.
Todos los grandes propietarios mezclan una gran variedad de negocios (bancos,
aseguradoras, exportadoras, procesadoras, importadoras, empresas de telefonía y
cable, transmisión de datos inalámbricos, gaseosas, comercializadoras de agua, etc.)
con el control de los medios masivos de comunicación. Ese es uno de los principales
problemas que afectan la calidad de la libertad de expresión en Honduras porque
los medios se convierten en punta de lanza de los otros negocios, muchos de los
cuales tienen como cliente al Estado o requieren del favoritismo del Estado para ser
altamente lucrativos. En ese sentido, los procesos electorales que se convocan cada
cuatro años representan una de sus principales fuentes de ingresos y de continuidad
en el poder. En Honduras no son los medios los que se adaptan a las reglas electorales
sino a la inversa.
HONDURAS

[79
]
Golpe y elecciones generales
Sin duda, el Golpe trazó una línea divisoria de un antes y un después en la historia
contemporánea de esta nación centroamericana y, como era de suponer, contaminó
el proceso político electoral del 29 de noviembre.
De hecho, el triunfo del candidato del Partido Nacional (derecha), Porfirio Lobo,
se ratificó en las urnas, pero en realidad se decidió el 28 de junio cuando el partido
gobernante, Liberal, se derrocó a sí mismo, abriendo un gran cisma interno que
culminó con la decisión de todos los seguidores de Zelaya Rosales de no votar por los
colores de su partido en protesta por lo ocurrido.
A Lobo el Golpe le cayó del cielo. Sondeos públicos de intención de voto realizados
antes del 28 de junio le ubicaban en una tercera posición de popularidad, entre 12%
y 15% atrás de su opositor liberal, Elvin Santos, y a más de 20% de distancia de Zelaya
Rosales, una especie de candidato sin candidatura.
La derrota del Partido Nacional parecía tan anunciada que Lobo resistió en mayo
maniobras internas que buscaban quitarle su candidatura, bajo el supuesto de que
tenía problemas de salud. Al final, Lobo sofocó la revuelta, pero no a los revoltosos,
dueños de una cuota de influencia significativa.
En el tablero de la política local todas las piezas cambiaron de sitio abruptamente
a partir del Golpe de Estado. Como en el alpinismo, la caída de Zelaya arrastró al
precipicio al candidato Santos, identificado como golpista, y de repente, a seis meses de
las votaciones, Lobo miró a su alrededor y se encontró solo, sin competidores de riesgo,
preocupado nada más por mantener su equilibrio electoral y evitar un resbalón.
Asesorado por un estratega electoral venezolano, opositor a Chávez, la táctica
mediática de Lobo fue simple: asumir el papel de aparente “conciliador” o “amable
componedor” en una sociedad que se polarizó de inmediato entre Golpistas y un
movimiento amplio antigolpista que encontró una causa y un nombre popular: la
Resistencia.
De Lobo se afirma que no fue un protagonista central de la conspiración anti-
Zelaya, pero, obviamente tuvo conocimiento previo de los hechos. Su partido,
en cambio, fue una pieza clave, ideológica y política, en la decisión del Congreso
Nacional que defenestró al Presidente Constitucional y nombró, como reemplazo, al
liberal Micheletti Baín.
Nacionalistas y liberales se fundieron en una sola causa anti-Zelayista y anti-
Chavista, incentivaron y respaldaron la salida de los militares de los cuarteles y
definieron un cronograma en el cual la Estación-Elecciones fue considerada una
parada vital para ganar el pulso político nacional.

80]
La ruta estaba clara, pero no despejada. La reacción nacional e internacional de
rechazo al Golpe les resultó inesperada por su beligerancia y hubiese sido muy difícil
consolidar sus objetivos sin la manipulación decisiva a su favor de la mayoría de los
grandes medios de comunicación social.
Bajo esa circunstancia, la frontera entre el periodismo y la propaganda se borró
por completo, como en tiempos de campaña militar. Ninguna regla ética o profesional
quedó en pié. Periódicos, radioemisoras y compañías de televisión desempolvaron
los códigos narrativos de la época de la “guerra fría” y definieron sus tres líneas de
acción principales:
a. Respaldar incondicionalmente el derrocamiento de Zelaya.
b. Apoyar la convocatoria a un proceso electoral “masivo, transparente y legítimo”,
como salida a la crisis, y;
c. Priorizar la imagen pública de Micheletti Baín con sus grupos cívicos de derecha,
y devaluar la de Zelaya Rosales y sus seguidores de la Resistencia
Bajo esas condiciones, se convocó la elección popular en los niveles electivos
siguientes:
1. Presidente de la República y Designados (vicepresidentes, tres) a la
Presidencia.
2. Ciento veinte y ocho (128) diputados propietarios y sus respectivos suplentes
al Congreso Nacional,
3. Doscientos noventa y ocho (298) corporaciones municipales.
En un contexto de suspensión de las principales garantías constitucionales, de
violación de derechos humanos y represión preventiva llegó el día de las elecciones:
29 de noviembre de 2009, con la participación de los candidatos de los cinco partidos
inscritos. Los dos mayoritarios: Partido Liberal (PL, Elvin Santos) y Partido Nacional (PN,
Porfirio Lobo), y los tres minoritarios, Partido Democracia Cristiana (PDCH, Felícito
Ávila), Partido Innovación y Unidad (PINU, Bernard Martínez) y Partido Unificación
Democrática (UD, César Ham).
Días antes el candidato presidencial independiente, el dirigente sindical de
izquierda Carlos H. Reyes, se retiró del proceso en protesta por el Golpe. En contraste,
la UD decidió participar, desoír el reclamo de “boicot” electoral de la Resistencia y
las críticas de Zelaya, con quien, previamente, se había identificado Ham y la mayor
parte de su partido.
HONDURAS

[81
]
Resultado de las elecciones generales presidenciales
Candidato Presidencial Total de votos obtenidos Porcentaje de votos
Porfirio Lobo Sosa, Partido Nacional 1,213,695 56.6%
Elvin Santos, Partido Liberal 817,524 38.0%
Bernard Martínez, Innovación y Unidad 39,960 1.8%
Felícito Ávila, Democracia Cristiana 38,413 1.7%
César Ham, Unificación Democrática 36,420 1.7%
Total votos válidos 2,146,012
Votos en blanco 61,440
Votos nulos 92,604
Gran total de votos 2,300,056
Fuente: a partir de los datos oficiales del TSE.
En base a los resultados, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró como
Presidente Constitucional de la República por un período de cuatro años, que se
inicia el 27 de enero de 2010 y terminará el 27 de enero de 2014 (en caso de que no
haya Golpe de Estado), a Porfirio Lobo Sosa, y como Designados (vicepresidentes) a
María Antonieta Guillén, Samuel Armando Reyes y Víctor Hugo Barnica.
Resultado de las elecciones para diputados al congreso nacional
Departamento Partido
Nacional
Partido
Liberal
Partido
Democracia
Cristiana
Unificación
Democrática
Partido
Innovación
y Unidad
Total 71 45 5 4 3
El Congreso Nacional de Honduras lo integran 128 diputados propietarios, con
lo cual el Partido Nacional al obtener 71 sobrepasó la mayoría simple (65), lo que le
otorga una cuota excepcional de poder.
Resultado de las elecciones para corporaciones municipales
Partido
Nacional
Partido
Liberal
Democracia
Cristiana
Unificación
Democrática
Innovación y
Unidad
Candidatura
Independiente
189 106 2 1

82]
A nivel municipal el Partido Nacional superó ampliamente las obtenidas por el
Partido Liberal, incluyendo la mayoría de las ciudades principales, a excepción de
San Pedro Sula, la segunda en importancia del país.
Características básicas de la cobertura mediática
Las siguientes son las características básicas de la cobertura mediática al proceso
electoral:
En la línea editorial
• No demandar de los partidos propuestas específicas, sino respuestas generales
y criterios políticos.
• Preferir el marketing político electoral que los contenidos en la promoción de
las candidaturas.
• No confrontar a los candidatos entre sí, sino armonizar criterios.
• Minimizar cualquier denuncia de fraude o irregularidad en el proceso
electoral.
• Promover los valores cívicos y de reconciliación de la democracia.
• Cerrar espacio a las críticas del movimiento ciudadano.
• Enfatizar la “transparencia” del proceso electoral.
• Incentivar acudir a las urnas y rechazar los llamamientos a la abstención.
• Presentar las elecciones como una prueba decisiva de la democracia.
En la línea informativa
De un monitoreo de 348 informaciones divulgadas por los medios electrónicos y la
prensa escrita en el mes de octubre se extraen las siguientes conclusiones relevantes:
• La información de las radioemisoras nacionales cubrió un porcentaje muy bajo
de las candidaturas a elección popular para alcaldes y diputados, equivalente
a 0.2% del total de candidatos.
• Las radioemisoras no mostraron interés porque sus corresponsales del interior
del país cubrieran informaciones sobre los candidatos a alcaldes y diputados
de sus respectivos municipios y departamentos, por lo que las noticias se
generaron mayoritariamente en Tegucigalpa.
HONDURAS

[83
]
• La cobertura informativa del período analizado puso en desventaja a las
mujeres candidatas a alcaldías y a diputaciones frente a los hombres.
• La televisión nacional siguió la tendencia de las radioemisoras y alrededor de
75% de las informaciones correspondieron a la cobertura presidencial.
• Similar a lo ocurrido con los medios radiales, la televisión no mostró interés
durante el período electoral por movilizar su equipo y periodistas al interior del
país para conocer las opiniones y acontecimientos alrededor de las candidaturas
en los municipios y departamentos del país, convirtiendo a Tegucigalpa en la
única generadora de información política electoral, seguida a larga distancia
por San Pedro Sula.
• La información de la prensa escrita hondureña cubrió un porcentaje muy bajo
de las candidaturas a elección popular para alcaldes y diputados, equivalente
al 1% en el caso del total de candidatos a alcaldes; y a 3.7%, de los candidatos
a diputados.
• Los candidatos a cargos elección popular a los que se dio cobertura informativa
fueron entrevistados mayoritariamente en Tegucigalpa, sin que en el período
monitoreado hubiera alguna demostración de la prensa escrita por desplazarse
a otras ciudades y departamentos del país.
• El Partido Nacional fue el más favorecido en cobertura noticiosa, con 34% de
las informaciones para su candidato presidencial; 50% para sus diputados y
32% para sus alcaldes.
• La cobertura informativa del período analizado puso en desventaja a las mujeres;
las que alcanzaron 8% de las noticias sobre alcaldías y 19% sobre diputaciones.
Saldo positivo de la crisis
Un saldo positivo de esta crisis es que potenció el derecho a opinar y disentir
y despertó en buena parte de la ciudadanía el reconocimiento a su Derecho a la
Información, como derecho fundamental y vinculante. Eso es muy importante en una
sociedad donde lo que impera es el pensamiento único o tradicional.
En Honduras, el cisma posgolpe fue tan traumático que rompió la línea generacional
conservadora de pensamiento. Muchos hijos decidieron no opinar como sus padres,
buscaron sus propias fuentes informativas y tomaron partido. La rebeldía generacional
adquirió un componente político; ideológicamente poco fundamentado; pero
consistente y determinado en lo esencial.
La juventud hondureña antigolpista reconoce la importancia de la democracia y
de estar debidamente informada. Es posible que haya surgido una tendencia firme

84]
para reclamarlas. Ese objetivo no será fácil de alcanzar porque el poder en Honduras
trata a las mayorías como si fueran minoría y les niega accesos y derechos.
Como se confirmó en el proceso electoral, los partidos políticos encontraron que
la manera de conservar sus privilegios no es hacer concesiones a la democracia, sino
pactar en base al clientelismo y al usufructo de los recursos públicos. Ese corral es tan
extenso que luego de las elecciones, los tres candidatos presidenciales de los partidos
minoritarios terminaron siendo nombrados ministros del gobierno de Lobo.
¿Qué ciudadanía sobrevivirá a esta crisis? ¿Será una ciudadanía decepcionada
o estimulada? ¿frustrada o esperanzada? ¿Individualista o colectiva? ¿interesada
en la política o reacia a la política? ¿informada o desinformada? ¿con criterios o
con prejuicios?
Lo más probable es que un cambio de actitud de la sociedad hondureña no sea
una consecuencia automática de los acontecimientos, sino que responderá a otra
lógica de provocación, convocatoria y formación en la que el libre flujo de sus ideas
y la calidad del debate serán determinantes.
A manera de conclusiones
Lo importante del conflicto hondureño, agudizado a partir del 28 de junio y no
resuelto por las elecciones generales del 29 de noviembre, es que si los elementos de
la crisis son visibles, con un desgaste abrumador de la vía electoral, también es visible
una realidad social rica y diversificada, cuyas prácticas de resistencia son portadoras
de valores de amplio y profundo arraigo esperanzador.
A partir de ellas se plantea que modernizar y democratizar el Estado (verdadero
objeto de la disputa) es, ante todo, un desafío político que tiene que ver con el
proceso de formación, toma e implementación de las decisiones públicas. Dicho
proceso manifiesta aún en Honduras altos grados de opacidad, de restricciones a la
ciudadanía, de vulnerabilidad ante los poderes fácticos y de ineficiencia. Los electores
votan, pero las decisiones están en pocas manos.
Un asunto central que aparece y desaparece de escena coyunturalmente es el
que tiene que ver con la reforma del Estado. El problema es que para los principales
grupos de poder que protagonizaron el Golpe “el país está bien así como está” y, bajo
esa lógica, no requiere cambios, reformas o transformaciones.
Pero existen riesgos cada vez más graves de erosión institucional a partir de los
acontecimientos del 28 de junio y que si no se corta esa tendencia, la perspectiva no
será más democracia, sino menos democracia, es decir, mayor autoritarismo. Entre
los signos evidentes de ese riesgo destacan:
• Multiplicación de demandas sociales, económicas y políticas de diversos sectores,
lo cual es positivo, pero fuentes de ingobernabilidad al no ser satisfechas.
HONDURAS

[85
]
• Desencanto y frustración creciente con la democracia representativa y los
sistemas electorales.
• Oferta política restringida, monopolizada por los partidos tradicionales.
• Partidos políticos y organizaciones ciudadanas con crisis de credibilidad.
• Corporativización de la política.
• Pobre renovación de liderazgos políticos y sociales.
• Falta de credibilidad en el sistema mediático.
Sobre la agenda nacional
Sin desconocer el plano macroeconómico, en lo que coinciden muchos analistas
es que la reforma fundamental de la sociedad hondureña debe empezar por la
dimensión política y, vinculada a ella, la recuperación del Estado para los fines que
constitucionalmente tiene. Bajo las reglas del sistema político y del Estado actual,
el país no podrá avanzar con éxito en la resolución de sus desafíos principales.
Destrabar lo político de sus vicios acentuados es una condición indispensable para
avanzar en lo económico y social. Implica, por ejemplo, la recuperación de una ética
pública perdida.
Hasta ahora los políticos y grupos privilegiados se aferran a un poder intocable,
impermeable a los reclamos, sin querer percatarse que la prolongada desigualdad
interna desgarró Honduras el 28 de junio casi con la intensidad de los conflictos
bélicos en los países vecinos y dividió profundamente a la población, dejando un
complejo legado de violencia estructural y fragmentación social.
Mirar al interior de Honduras significa advertir una enorme deuda social acumulada
y que reclama ser colocada en el centro de las prioridades, pero la vista de los sectores
de poder está más dirigida a perpetuar sus privilegios, no a mejorar las condiciones
de vida de todos. Así el país está partido en dos grandes bloques, entre quienes lo
ven con el optimismo de sus ganancias y quienes lo ven con el pesimismo de sus
precariedades. Ese es el país que preocupa y convoca a la reflexión y al cambio,
especialmente en un período histórico que parece marcar, poco a poco, la extinción
de los Estados-nación débiles.
La sociedad hondureña en su conjunto debe sentarse y tomar conciencia de los
grandes desafíos vigentes, entre ellos:
1. El desafío de responder a las nuevas exigencias de un mundo globalizado en el
cual el papel de los estados pierde peso relativo frente a centros transnacionales
de decisión, particularmente económicos, y a dinámicas socioculturales que se
gestan fuera de sus fronteras pero que igualmente le afectan.

86]
2. El desafío de la ruptura de la centralidad hegemónica sobre la cual descansa el
Estado tradicional y asumir el reto de la descentralización, en una perspectiva
amplia y de poder.
3. El desafío de alcanzar una gobernabilidad democrática, entendida como
legitimidad, eficacia, inclusión del máximo de actores y capacidad de
reconocer y solucionar los conflictos sociales. Ello demanda crear capacidades
administrativas, pero también políticas incluyentes y que tengan continuidad.
4. El desafío de la vulnerabilidad ambiental, con una distancia cada vez más
reducida entre el riesgo y la amenaza. Ningún plan de mediano o largo plazo
puede concebirse con relativo margen de éxito si no toma en cuenta la variable
medioambiental.
5. El desafío de una profunda y progresiva reforma institucional que termine con
el Estado clientelar y que haga efectivo el estado de derecho mediante la real
independencia de los poderes y la autonomía de los organismos fiscalización y
de contraloría que cierren la brecha a la discrecionalidad y a la corrupción en
la administración de los bienes públicos.
6. El desafío de las desigualdades y la inequidad, valorado y enfrentado de forma
conjunta, no aislada entre sí.
7. El desafío de la democratización, que implica, transformar las actuales reglas
del juego político y de toma de decisiones. Exige pasar de una democracia de
electores a una democracia de ciudadanía.
Ante la hondura de los conflictos sociales existentes, se trata de generar soluciones
basadas en un fuerte consenso social, en la promoción de capacidades institucionales y
ciudadanas. El desarrollo de la gobernabilidad democrática implica, por tanto, un proceso
complementario y recíproco de fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil.
Sobre la agenda mediática
Cuatro desafíos centrales resaltan en la agenda mediática hondureña:
1. Enfrentar el poder e impunidad de los medios masivos de comunicación social.
Lo que implica afrontar: la manipulación de la información como factor que
impide o distorsiona el debate público democrático; complicidad entre medios
y clase política; poder de los medios para determinar la agenda pública;
la creciente pérdida ciudadana de libertad de expresión y democracia; la
politización/ manipulación de los medios públicos y privados.
2. La concentración de la propiedad de los medios como amenaza a la diversidad
informativa. Lo que implica afrontar: propiedad, concentración creciente y
HONDURAS

[87
]
conglomeración de medios en manos de políticos y empresarios; ausencia de
fiscalización a los medios.
3. Problemática de la relación entre medios, política y ciudadanía. Lo que implica
afrontar: calidad de los medios y calidad del periodismo como profesión social;
ampliación y reconocimiento de las fuentes informativas; mejoramiento de la
cobertura periodística y de los instrumentos de investigación y fiscalización del
poder; apertura mediática al pluralismo ideológico y electoral.
4. La democratización de la propiedad social de los medios. Lo que implica
afrontar: definición de una política pública de la comunicación; reconocimiento
del Derecho a la Información y el Derecho a la Verdad; respeto a los códigos
éticos y profesionales de la comunicación social; búsqueda de métodos
alternativos de información.
En resumen, de la coyuntura que vivió Honduras con el golpe mediático surge el
desafío en comunicación de crear condiciones informativas que promuevan un sistema
político que incluya, integre y que ofrezca un marco de convivencia democrático
indispensable para afrontar su progresivo debilitamiento de los últimos años. Honduras
requiere un nuevo enfoque público y privado de la comunicación, que tome en cuenta la
responsabilidad social de los medios y que conciba estrategias para el acceso ciudadano
a una información de calidad. Se hace necesario incorporar el Derecho a la Información
dentro de la canasta de derechos básicos o fundamentales de la ciudadanía hondureña.
Finalmente, se trata de reconocer a una ciudadanía con capacidades de debatir y exigir
políticas públicas nacionales y regionales que haga posible la autonomía y recree los
espacios políticos de decisión propia, nacionales y ciudadanos.
Relación Medios y Estado en Honduras
Los medios privados fueron afines al golpe de Estado y son fanáticos del nuevo gobierno
de derecha; y es que los dueños de los medios defienden a ultranza el poder de las elites
económicas, empresariales y políticas. El resultado: los periodistas se han convertido en
súbditos del poder.
La relación entre los medios y el gobierno actual es un matrimonio por conveniencia que se
consolida bajo mecanismos perversos: la alta concentración de la propiedad de los medios,
la escasa diversificación en ideologías, la promoción de los mismos valores y la ausencia
de ciudadanía. El resultado: negocio mediático + negocio político = mal negocio para
la democracia.
Afortunadamente, el golpe despertó un movimiento de ciudadanos y de medios comunitarios
dispuestos a defender a la democracia y su derecho a la palabra.

[89
NICARAGUA
Medios de comunicación y Estado/gobiernos
CONVIVIENDO CON EL ENEMIGO
Un nuevo panorama de la comunicación se configura en
Nicaragua. El presidente de la República compra medios
independientes para acallar voces críticas y para amplificar
su influencia en la opinión pública. El acceso a la información
pública cada vez es más precario. Las instituciones no
responden a las denuncias del periodismo de investigación. Y
cuando sí responden, lo hacen con campañas de difamación
o instigando la violencia en contra de los periodistas. A los
medios les quedan dos opciones: enfrentarse al poder o, como
hizo el dueño de Canal 8, vender el Canal al mejor postor:
allegados al presidente Daniel Ortega. De hostilizarlos ha
pasado a cooptarlos y a comprarlos a través de sociedades
anónimas. La ascensión al poder del presidente Ortega ha
trastocado la naturaleza de la relación de los medios con
todos los poderes del Estado. El mandatario tiene creciente
influencia en el Poder Judicial, Electoral, municipalidades,
Contraloría, Parlamento y el Gobierno Central. También lucha
por lograr su hegemonía en la opinión pública. Para ello tiene
que convivir con sus “enemigos”, los periodistas críticos.
Eduardo Marenco
guayo121075@gmail.com
Periodista de investigación con 16 años de experiencia. Magíster en Estudios Latinoamericanos por la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y miembro del Consejo Asesor del Observatorio
de Medios de Comunicación del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco).

90]
I. Un presidente asediado
El asedio que el presidente Daniel Ortega sufre por parte de los periodistas
nicaragüenses, según sus palabras, sólo es comparable al que padece el presidente
Barack Obama de Estados Unidos, quien no descansa ni un sólo día ante los ataques
cotidianos de la cadena conservadora Fox News. Al igual que Obama, Ortega dice
sufrir un empalamiento público que conduce a su propia muerte. Durante uno de
sus recientes monólogos televisados, un sábado por la noche mientras entregaba
200 motocicletas a la Policía Nacional de Nicaragua, se quejó de la perversidad del
periodismo nicaragüense:
“Hay una campaña sostenida a través de los más grandes medios de comunicación
en los Estados Unidos. Hay un medio de comunicación muy poderoso, la Fox, que
tiene una audiencia enorme, y ahí está la campaña todos los días ¡y es tan feroz la
campaña! que incluso incitan a asesinar al Presidente Obama; tal y como lo hacen
aquí también... incitan a asesinar al Presidente de Nicaragua, igual lo están haciendo
allá en los Estados Unidos. Y Obama se ha visto obligado a reaccionar frente a ellos,
y a decir: bueno, vamos a defendernos y cuando él dice voy a defenderme, entonces
vienen y dicen aquellos: ‘ve, ya va a atentar contra la libertad de expresión’”1
.
En Nicaragua hay una irrestricta libertad de expresión, dice el presidente Ortega:
“Aquí cada quien dice lo que le da la gana”. Sin embargo, su respuesta a sus críticos
es distinta a la del presidente Obama. El presidente Ortega no atiende a los medios
que le critican. No brinda entrevistas desde la campaña electoral de 2006 que lo llevó
a la presidencia. La única la realizó con el periodista David Frost para la cadena pan-
árabe Al-Jazeera. Tampoco brinda conferencias de prensa. No responde del todo a
las preguntas de los periodistas, puesto que para él son agentes de la CIA e hijos de
Goebbels, el célebre ministro de propaganda nazi.
¿Cuánto de lo dicho por el mandatario nicaragüense corresponde a la realidad?
En Nicaragua, ¿hay que defender a los medios del Estado o al Estado de los medios?
Si se tiene en cuenta que en los últimos cinco años han sido asesinados dos
periodistas por parte de simpatizantes de partidos políticos; y que en los últimos
doce meses se han producido más de 25 agresiones a periodistas en el cumplimento
de su deber, –ninguno de estos ataques debidamente investigados por el Estado–; es
posible sospechar que quienes deberían poner su barba en remojo en Nicaragua son
los periodistas.
1
Discurso del Presidente Daniel Ortega el sábado 14 de noviembre de 2009 durante
un acto oficial en Managua, de entrega de 200 motocicletas a la Policía Nacional de
Nicaragua.
NICARAGUA

[91
]
II. Ortega y sus medios
Intolerante de los medios críticos, el presidente Ortega pasó de criticarlos a
cooptarlos; y de cooptarlos a comprarlos con los fondos de la Alianza Bolivariana
de los Pueblos (Alba), cooperación administrada de forma privada-familiar y que
asciende a los 300 millones de dólares anualmente. Claro de que los medios son el
escenario de la lucha política, el presidente Ortega vive en campaña permanente en
contra de sus adversarios y a favor de su reelección.
Todavía bajo la influencia de los esquemas de la Guerra Fría, en el que los medios
son dispositivos de guerra ideológica, la primera dama Rosario Murillo diseñó una
Estrategia de Comunicación cuya esencia consiste en transmitir los mensajes del
presidente sin mediaciones de ningún tipo, a través de monólogos transmitidos en
vivo y en directo, en cadenas televisivas que los medios privados están obligados a
transmitir por disposición legal.
Desde enero de 2010, el gobierno del presidente Ortega tiene el control de Telenica
Canal 8 después de que su antiguo propietario, Carlos Briceño, la vendiese por diez
millones de dólares, según medios de prensa nacionales. Y aunque los detalles de la
transacción han sido herméticos, se sabe que quien dirige la estación ahora es Juan
Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente y que los fondos para la compra provinieron
del Alba, tal como lo confirmó a El Nuevo Diario, el venezolano gerente de Alba
de Nicaragua (Albanisa), Rafael Paniagua, lo que le valió su destitución. Albanisa
posteriormente emitió un comunicado negando la confesión de Paniagua, lo que
fue poco creído por la opinión pública2
. La compra de la estación provocó la salida
del aire de los programas Esta Noche y Esta Semana, producidos por el destacado
periodista independiente, Carlos Fernando Chamorro, quien ha sufrido persecución
oficial y campañas de difamación por parte de los medios oficiales del FSLN.
Al silenciar al menos temporalmente a Carlos Fernando Chamorro, el gobierno
de Ortega apagó las voces críticas en la televisión, pues las demás estaciones habían
cerrado los espacios de opinión que incomodaban al presidente, como es el caso del
programa de Jaime Arellano en Canal 2 en 2008. Y otras estaciones, como explica
Guillermo Rothschuh Villanueva, están bajo la influencia del FSLN o prefieren no
incomodar al gobierno.
De esta manera, el gobierno del presidente Ortega posee una artillería respetable
de medios de comunicación a su favor. En la televisión, la familia Ortega es propietaria
2
Galeano, Luis. “Cayó Paniagua”, El Nuevo Diario, 22 de enero de 2010.

92]
de Canal 4 Multinoticias “El canal de la dignidad sandinista”; de Telenica Canal 8
en sociedad con el Alba; y tienen excelentes relaciones con estaciones como 100
% Noticias, Canal 23, Canal 41, Canal Extra Plus y Canal 10 del mexicano Ángel
González. No hay un canal estatal y el canal legislativo por cable se limita a transmitir
las sesiones parlamentarias.
En la radio el gobierno cuenta con La Nueva Radio Ya, Radio Sandino, Radio
Primerísima, Radio 580, Radio Nicaragua (estatal) y decenas de radios locales. Vía on
line, el gobierno dispone de los portales de internet (El 19, El Pueblopresidente y La
Voz del Sandinismo); de medios televisivos (Multinoticias); de radios (La Sandino, La
Nueva Radio Ya).
En este nuevo panorama en donde los diarios nacionales El Nuevo Diario y La
Prensa, son los únicos que de manera abierta critican al gobierno del presidente
Ortega, junto a Radio Corporación y estaciones partidarias como La Poderosa y la
15 de Septiembre; de la televisión nacional ha desaparecido una visión crítica de las
acciones de gobierno.
Desde que regresó al poder, el presidente Ortega ha incrementado su influencia
política en todos los poderes del Estado: Gobierno Central, Parlamento, Poder Judicial,
Contraloría, Municipalidades y Poder Electoral. El único Poder que se le escapa del
control es el de la Opinión Pública. ¿A quién hay que defender en la Nicaragua
de hoy: a los medios del Estado o al Estado de los medios? “Hay que defender a
los medios del Estado y al Estado de los medios”, considera Guillermo Rothschuh
Villanueva, director del Observatorio de Medios de Comunicación del Centro de
Investigaciones de la Comunicación (Cinco). “Por un lado se debe garantizar la
existencia de los medios y la libertad de expresión que muchas veces se ve asediada
por el Estado y los poderes privados; y por el otro lado, hay que proteger al Estado
de los medios cuando éstos ocultan información, cuando dicen medias verdades o
cuando toman posicionamientos partidarios; en ese caso, hay que defender a uno y
a otro”, valora Rothschuh.
En la Nicaragua de hoy, para entender la relación del Estado con los medios,
conviene analizar la relación de los medios con el presidente Ortega, quien se ha
convertido en la fuerza política de mayor preeminencia en el Estado nicaragüense.
III. Medios: menos calidad, menos diálogo
y más polarización
¿Hay en Nicaragua –como insinúa el presidente Ortega– un sistema de medios
privados que propicia muros de contención a fuerzas progresistas al punto de llegar a
conspirar en su contra? La respuesta no es tan sencilla.
NICARAGUA

[93
]
Nicaragua cuenta con un mercado de industrias culturales pequeño debido a que
su economía es la menor de la región, su Producto Interno Bruto sólo es superior al de
Haití y alrededor del cuarenta por ciento de su población vive en pobreza extrema. No
hay grandes grupos de comunicación, a excepción del Grupo de América Móvil (del
magnate mexicano Carlos Slim), el cual con su marca Claro monopoliza la televisión
por suscripción (cable) y la telefonía fija, controlando ampliamente el mercado de la
telefonía móvil frente a Telefónica de España (Movistar); al mismo tiempo que disputa
el control de internet y se erige como el principal anunciante de los tres diarios
nacionales, de las aproximadamente 213 emisoras de radio, y de las 13 estaciones de
televisión (cable, UHF, VHF) con frecuencias asignadas3
.
En Nicaragua no hay medios públicos. El canal estatal salió del aire hace varios
años durante la administración de Enrique Bolaños. La radio estatal, Radio Nicaragua,
tiene muy bajo rating y es utilizada para promover al gobierno de turno. No hay
diarios públicos.
Tras la derogación de la Ley de Medios en 1990, el marco normativo para la
libertad de expresión descansa en la Constitución de la República de Nicaragua que
reconoce los derechos a la libertad de expresión, a la libre búsqueda de la información
y al acceso a la información pública. El país cuenta con una Ley de Colegiación
Periodística que regula el ejercicio profesional del periodismo, con una Ley de Acceso
a la Información Pública que norma el acceso a la información pública, un Código de
la Niñez y Adolescencia que vela por los derechos de la niñez y adolescencia cuando
son sujetos de noticia; y el Código Penal que regula los delitos de injurias y calumnias.
No hay en Nicaragua censura previa y la legislación prohíbe prácticas monopólicas y
que los medios sean supeditados a intereses económicos extranjeros.
Pese a contar con una moderna legislación, los medios de comunicación viven
en permanente tensión con los poderes públicos y la prevalencia de la nota roja, la
editorialización de la noticia y la polarización política, son reflejos de la necesidad de
la autorregulación periodística.
La calidad de la producción periodística ha declinado. La televisión ha hipotecado
buena parte de sus programas noticiosos y ocupa el prime time para rifar premios
en efectivo entre los televidentes, gracias a patrocinadores comerciales. Incluso,
noticieros como los de Canal 2 y Canal 10, inician sus emisiones anunciando como la
noticia del día, al feliz ganador de la promoción comercial del patrocinador de turno.
3
Para un estudio sobre la concentración de las industrias culturales en Nicaragua,
con datos al 2004, ver: Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo. Los monopolios de la
verdad: descifrando la estructura y concentración de los medios en Centroamérica
y República Dominicana, IPYS y Trust of The Americas, Prometeo Libros, 2009, 247
páginas.

94]
La nota de sucesos es predominante en Acción 10, el telenoticiero más popular, de
Canal 10. En sus emisiones se muestran cadáveres y escenas sin editar de cuerpos
ensangrentados por riñas callejeras y accidentes de tránsito. Canal 8 también tiene su
noticiero de sucesos. En muchas ocasiones, las presentadoras no son profesionales de
comunicación, sino modelos de pasarela.
Los medios de comunicación de mayor tradición y más influyentes son los dos
diarios nacionales, La Prensa (1926) y El Nuevo Diario (1980), los que en términos
prácticos constituyen un duopolio en la prensa escrita. El tercer diario, Hoy,
pertenece a la casa Editorial La Prensa. Los propietarios de La Prensa y El Nuevo
Diario pertenecen a la familia Chamorro. De hecho, El Nuevo Diario, nace como
una escisión de La Prensa, al dividirse en 1980 entre quienes apoyaban la revolución
sandinista y quienes le criticaban. Aunque estos diarios guardan enfoques distintos,
ambos son críticos e independientes de los poderes públicos y marcan la agenda
cotidiana de los medios de comunicación de Nicaragua. Su circulación en conjunto
no alcanza los 100,000 ejemplares diarios. En 2004 el mercado publicitario alcanzó
los 20 millones de dólares y emplean a unas 1.200 personas4
.
Aunque La Prensa y El Nuevo Diario son medios independientes, no hay una cultura
de rendición de cuentas debidamente cimentada de cara a la ciudadanía. El director
de El Nuevo Diario, Francisco Chamorro y el jefe de redacción de La Prensa, Eduardo
Enríquez, no respondieron, por ejemplo, a una solicitud de entrevista en función de
este informe. Tampoco respondió el presidente del Colegio de Periodistas, Leonel
Laguna. El ambiente periodístico está altamente polarizado y el diálogo informado e
inteligente es escaso.
Los canales de televisión más importantes son Televicentro Canal 2, propiedad
de la familia Sacasa, propietaria también de tres estaciones de radio; el Canal 8
ahora bajo la órbita oficial; el Canal 10 del empresario mexicano Ángel González
que también cuenta con seis estaciones de radio y próximamente una estación de
televisión en UHF; el Canal 12 de la familia Valle; el Canal 100% Noticias de Miguel
Mora; y Canal 4, propiedad de la familia Ortega Murillo en el poder, quien también
posee La Nueva Radio Ya y otras emisoras. En 2004, la televisión facturó alrededor
de 40 millones de dólares en publicidad en televisión abierta y otros 10 millones de
dólares en televisión por cable, controlado ahora por América Móvil del magnate
mexicano Carlos Slim.
Las principales estaciones de televisión en Nicaragua están a merced de las tenazas
de Telcor. Como explica Guillermo Rothschuh Villanueva, la prórroga automática de
4
Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo. Los monopolios de la verdad: descifrando la
estructura y concentración de los medios en Centroamérica y República Dominicana,
IPYS y Trust of The Americas, Prometeo Libros, 2009, 247 páginas.
NICARAGUA

[95
]
las licencias de televisión abierta de los Canales 2 y 8 no fue concedida a las familias
Sacasa-Pasos y Briceño-Montealegre, para enviarles un mensaje explícito así como
al resto de propietarios de estaciones de radio y televisión. Ante esa realidad, Canal
2 ha bajado completamente el perfil de sus espacios noticiosos mientras que Canal
10, explica Rothschuh, “nunca entrarán en contradicciones con el gobierno debido
a las distintas concesiones obtenidas y en Canal 12 su filosofía radica en no molestar,
ni incomodar al presidente Ortega”. Aunque este último caso, ha cambiado, como
veremos más adelante. En el caso de 100% Noticias, Canal 41 y Extraplus, guardan
una buena relación con el gobierno de Ortega.
Hay 213 estaciones de radio en el país, muchas de ellas locales y/o comunitarias
esparcidas en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista noticioso, las
emisoras más importantes son Radio Corporación de Fabio Gadea Mantilla, La Nueva
Radio Ya de la familia Ortega Murillo, Radio La Primerísima de una cooperativa de
trabajadores, Radio Maranatha del pastor Omar Duarte y Radio Sandino de la familia
Ortega Murillo. La gran mayoría de estaciones se encuentran en FM y su programación
es musical. La radio facturó 9.71 millones en publicidad en 2004.
Una encuesta realizada por el National Democratic Institute (NDI) y el Instituto
para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), dada a conocer a fines de julio de 2009,
mostró que la confianza pública en los medios de comunicación nacionales bajó de
un 89.3 por ciento en 2007, a un 79.3 por ciento5
en 2009. Sin embargo, como es
posible observar, la credibilidad en los medios de comunicación aún es alta.
IV. Cae la publicidad
En2009seconstatóunacaídaenpicadadelapublicidadcomercialygubernamental
a los medios de prensa debido a los recortes presupuestarios y los impactos de la crisis
económica internacional. El presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN),
Leonel Laguna, reconoció públicamente que decenas de radioperiodistas expresaron
su malestar por el recorte publicitario en la Alcaldía de Managua, dominada por
el FSLN. Los acuerdos suscritos entre el CPN y el presidente Ortega para brindar
publicidad a medios pequeños tampoco se cumplieron.
La crisis de la publicidad obligó a las estaciones de televisión y a los periódicos
a realizar concesiones a las empresas telefónicas América Móvil de Carlos Slim y
5
La encuesta fue aplicada a nivel nacional entre el 17 y el 26 de marzo de 2009 a
una muestra de 1,200 nicaragüenses, tiene un margen de error de +/- 3 por ciento.
Ver: Nevitte, Neil. The 2009 Nicaragua Democracy Survey Summary of Key findings,
Junio de 2009, National Democratic Institute (NDI) e Instituto para el Desarrollo y la
Democracia (IPADE), pág. 7 y 8.

96]
Telefónica, incluso en sus espacios noticiosos. Rothschuh Villanueva, director del
Observador de Medios de Comunicación de Cinco, hace notar que “uno de los
mayores estragos ocurridos durante 2009 fue la incidencia negativa que tuvieron los
anuncios de las telefónicas en los noticieros televisivos. La columna vertebral de los
informativos fueron sus patrocinios, anuncios y rifas (...) En los periódicos ocurrió algo
parecido. En el primer cuerpo en vez de colocar las noticias en la parte superior de
sus páginas, aparecían las telefónicas anunciándose”6
.
Sin embargo, durante la administración Ortega se ha utilizado la publicidad
estatal para beneficio de sus medios partidarios, en una tendencia similar a la de sus
antecesores. Una investigación de la revista Confidencial mostró cómo desde 2007
a 2008 el gobierno de Ortega gastó el 80 por ciento de 3.5 millones de dólares
en publicidad estatal en pagos a Multinoticias de Canal 4, estación de la familia
Ortega, que transmite actos oficiales y partidarios vía satélite y compra transmisiones
deportivas internacionales en donde el único patrocinador es el partido de gobierno
y los proyectos del Alba7
.
El uso de la publicidad estatal para castigar a los medios adversos es una
recurrencia histórica en Nicaragua. Por ejemplo, durante la revolución sandinista se
negó publicidad a La Prensa. En los noventa, el castigo fue para Barricada, periódico
sandinista. En la actualidad, la publicidad se otorga a los medios afines al gobierno,
a cuenta gotas. De la misma manera, no ha habido gobierno que no ocupe la
descalificación como arma predilecta contra sus adversarios y el presidente Ortega
reincide en esta práctica, explica Rothschuh Villanueva. Una encuesta de M&R
Consultores, indicó que el 58,9% de los nicaragüenses cree que el gobierno ataca a
los medios para controlarlos8
.
V. Sin tregua
Históricamente en Nicaragua la relación entre los medios de comunicación y
el Estado ha sido turbulenta, cargada de incomprensiones y de ataques, advierte
Guillermo Rothschuh Villanueva. Así fue la relación durante el régimen de los Somoza
(1936-1979) y durante la revolución sandinista (1979-1990). Durante el gobierno de
doña Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) hubo mayor tolerancia a la labor de
los medios de comunicación, probablemente debido a que la presidenta Chamorro
6
Rothschuh Villanueva, Guillermo. “Los medios en un año complejo”, El Nuevo
Diario, 11 de enero de 2010.
7
Lauría, Carlos y Simon, Joel. La Guerra de Daniel Ortega contra los medios,
Committe to Protect Journalists (CPJ), Managua, 24 de junio de 2009.
8
Informe país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el estado de la
libertad de expresión 2009 en Nicaragua.
NICARAGUA

[97
]
tuvo en cuenta el pensamiento de su esposo, el doctor Pedro Joaquín Chamorro
Cardenal, director de La Prensa hasta su asesinato en 1978, quien promulgaba que la
libertad de prensa es la base de todas las libertades públicas.
Durante el periodo de Arnoldo Alemán (1997-2001) los medios de comunicación
ejercieron una importante fiscalización de los poderes públicos la cual disminuyó
durante la administración de Enrique Bolaños (2002-2006).
En la actualidad, Rothschuh describe la relación del gobierno del presidente Ortega
con los medios de comunicación como muy tensa y llena de reproches mutuos:
“El presidente Ortega hace señalamientos concretos a los medios de comunicación
y éstos hacen cuestionamientos al presidente Ortega. Pienso que no existe de parte
del gobierno un verdadero entendimiento sobre el funcionamiento de los medios
de comunicación. Aspira como todo gobierno a cooptar o seducir a los medios para
alinearlos políticamente, y cuando esto no ocurre, trata de calificarlos”9
.
El gobierno califica a los medios de comunicación que le adversan, especialmente
los dos principales diarios nacionales (La Prensa y El Nuevo Diario), de ser actores de
una ‘dictadura mediática’. El periodista William Grigsby Vado, director de Radio La
Primerísima y uno de los principales impulsores del Foro de Periodistas Sandinistas,
explica así su visión de los medios privados de Nicaragua:
“Uno de los comentarios que con mayor frecuencia se escucha en el exterior, es
que no saben qué ocurre en Nicaragua, ni a quién creerle. Se declaran súbditos de
la confusión entre otras razones, porque cuando leen las versiones digitales de los
diarios de la oposición, creen que el país está rumbo al caos, que sufre una dictadura,
que hay represión y persecución políticas, que el gobierno es corrupto e incapaz, que
la gente empobrecida ha sido abandonada a su suerte, que los nicaragüenses están
peor que nunca. En suma, (los medios) han creado su propio país, una realidad virtual
acomodada exactamente a sus intereses y cuyo único objetivo es acosar y derribar un
gobierno democráticamente electo”10
.
¿Hay excesos de parte de los medios de comunicación en Nicaragua? A juicio
de Rothschuh Villanueva hay enormes vacíos en la cobertura de los medios de
comunicación alrededor de logros sociales del gobierno del presidente Ortega, como
inversiones en salud y educación. O, por ejemplo, si en una escuela le cae el techo
encima a los niños, los medios omiten informar que el mal estado en la infraestructura
escolar es responsabilidad de administraciones anteriores, descontextualizando los
9
Entrevista con el doctor Guillermo Rothschuh Villanueva, 29 de noviembre de
2009.
10
Grigsby Vado, William. Medios alternativos para una gran causa. Managua, Revista
Correo No. 5, 16 de septiembre de 2009.

98]
cuestionamientos al actual gobierno. Otra de las críticas que desde la academia se
le realiza a los medios de comunicación es que hay un notorio desbalance en la
fiscalización al poder público, respecto a la que se realiza al sector privado. Las energías
se concentran en la fiscalización de los poderes públicos, mientras los poderes privados
–principales anunciantes de los medios de comunicación– permanecen fuera de los
reflectores, advierte Rothschuh. Incluso, se conoce de casos en los que los medios
acceden a embargar una información a solicitud expresa de poderes privados.
Los medios, en cambio, se quejan de falta de acceso a la información pública.
Durante las emergencias del virus H1N1 y la ocasionada por el huracán Ida en
noviembre de 2009, el gobierno privilegió el acceso a la información a los medios
vinculados al FSLN. Los medios independientes no fueron invitados a conferencias de
prensa, práctica que aparentemente comienza a cambiar, después que el ministro de
salud se mostrase más abierto al acceso a la información, como señaló en un informe
de diciembre de 2009, el Observatorio de Medios de Cinco.
En un reporte del 2009 sobre el estado de la libertad de expresión en Nicaragua,
presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se describe así la relación
de los medios con el Estado:
“En este período, el gobierno siguió tratando de silenciar a los medios de
comunicación independientes mediante la represión, la negación de información
y el hostigamiento constante. (...) Entretanto, el gobierno sigue con su método de
ahogar económicamente a los medios más débiles, acosándolos y denigrándolos, a
fin de deteriorar su credibilidad. (...) En otra demostración de intolerancia a la prensa
independiente, el gobierno motivó la creación de un ‘Foro de periodistas sandinistas’,
en el que participaron muchos informadores simpatizantes del oficialismo. Dicho
foro se ha reunido varias veces para discutir cómo enfrentar lo que ellos llaman ‘La
dictadura mediática’. En estos foros el ideólogo y ex diplomático sandinista Aldo Díaz
Lacayo, invitó a ‘exprimir las neuronas para encontrar el equivalente de la propiedad
de las frecuencias radioeléctricas en los medios escritos’, según afirmó, para garantizar
el control de los medios escritos y la libertad de expresión”11
.
VI. Clima de impunidad
El Observatorio de Medios de Comunicación de Cinco ha registrado 26 agresiones
directas a periodistas durante el ejercicio de su labor en 2008 y 2009. El Estado no ha
investigado debidamente estas agresiones:
11
Informe país presentado por el Ingeniero Jaime Chamorro Cardenal, director de
La Prensa, sobre estado de la libertad de expresión en 2009 en Nicaragua.
NICARAGUA

[99
]
“Le compete al Estado por ley garantizar la vida de los periodistas y evitar que sean
objeto de agresiones. Pero las organizaciones gremiales hasta ahora no han hecho
absolutamente nada. Frente a unas condenas tímidas por parte de las organizaciones
gremiales, ha habido una absoluta falta de solidaridad gremial. Pero todavía es más
criticable que partida en dos como está la nación debido a la profunda polarización que
vive la sociedad nicaragüense, las voces que se alzan para defender a los periodistas
únicamente lo hacen cuando éstos trabajan en sus propios medios. Pareciera que
tenemos todavía una moral de clan y no una moral social”12
.
En los últimos años, las agresiones al periodismo nicaragüense han estado al borde
de quedar en la impunidad. Por ejemplo, el responsable de la muerte de la periodista
María José Bravo de La Prensa, asesinada durante la cobertura de las elecciones
municipales de 2004, podría ser liberado si la Corte Suprema de Justicia le reduce
la sentencia de asesinato a homicidio, basándose en una supuesta falta de pruebas
en el expediente del caso. Los magistrados sandinistas y liberales tercian sobre el
caso. Mientras tanto, el responsable de la muerte del periodista Carlos Guadamuz en
2006, obtuvo el beneficio de arresto domiciliar, lo que le permite asistir a fiestas y
encuentros sociales, gracias a una concesión legal del Sistema Penitenciario Nacional
(SPN). El diario La Prensa ha denunciado la existencia de preferencias políticas a favor
de los acusados en ambos casos, por parte del PLC y el FSLN respectivamente.
En el informe de la SIP se destacó que el 19 de junio de 2009 fue cancelada la
frecuencia de la Radio la Ley al periodista del Movimiento Vamos con Eduardo, Santiago
Aburto, opositor al gobierno de Ortega. “Más de 30 civiles armados decomisaron los
equipos, acción que contradice el Art. 68 de la Constitución que prohíbe decomisar
equipos de medios y a la Ley 670, que prorrogó todas las licencias hasta que no se
apruebe una nueva legislación sobre telecomunicaciones”, dijo en su informe la SIP.
Otras radio emisoras como Radio Corporación y Radio El Pensamiento también han
sufrido sabotajes por desconocidos y hostigamiento oficial.
De igual manera, el periodista Carlos F. Chamorro ha sido perseguido políticamente
después de que su programa Esta Semana documentara en 2007 un caso de extorsión
por parte de las altas esferas del FSLN; lo que ha implicado desde entonces, una
campaña oficial de difamación en su contra, la intervención de Cinco por parte del
Ministerio de Gobernación y la imputación de falsos ilícitos descartados por la Fiscalía
de la República. Chamorro, presidente de Cinco, goza de una enorme credibilidad a
nivel nacional. Durante una ponencia académica, Chamorro describió su visión sobre
la relación entre los medios de comunicación y el poder público:
12
Entrevista a Guillermo Rothschuh Villanueva, 29 de diciembre de 2009.

100]
“La prensa debe fiscalizar al poder público y servir como un contrapeso al poder,
pero necesita que funcionen adecuadamente la democracia, los congresos, la justicia
y los partidos políticos. Porque sin estado de derecho y sin democracia, la existencia
de la prensa libre está amenazada por la arbitrariedad de un poder sin límites
(...) Pero cuando el poder identifica a los periodistas no como adversarios en una
democracia, sino como enemigos, entonces entramos en un estado de guerra. Una
‘guerra mediática’ en la que el objetivo no es persuadir sino combatir sin cuartel al
‘enemigo’, hasta eliminarlo en el campo de batalla. Estos son los nuevos tiempos y los
nuevos riesgos que estamos viviendo en América Latina”13
.
VII. Los medios como actores democráticos
A juicio del director del Observatorio de Medios de Cinco, Guillermo Rothschuh
Villanueva, los medios constituyen el primer muro de contención para el ejercicio de
todas las libertades públicas en Nicaragua. Sin embargo, piensa que en ocasiones los
medios caen en la trampa de intolerancia al ponerse a tono con las críticas formuladas
por el presidente Ortega:
“Los medios tienen que moderar y modular su lenguaje e incluso hacer cambios
en sus políticas porque al fin y al cabo, el desarrollo de la democracia en Nicaragua
depende del desarrollo y apertura de los medios de comunicación. Los medios de
comunicación son hoy actores políticos privilegiados, gozan de alta credibilidad y
a partir de eso pueden hacer su propia lectura y enterarse que los señalamientos
realizados por el presidente no les han hecho mella, lo que les permitiría redefinir sus
políticas y hacer un periodismo diferente”14
.
Sin embargo, Rothschuh advierte que los medios de comunicación en general se
consideran infalibles y les cuesta mucho rectificar sus errores. El peso de la agenda
política es enorme. Las coyunturas se traslapan sin solución de continuidad. Los
medios frecuentemente toman partido. En los últimos veinte años, Rothschuh ha
insistido en distintas obras sobre la importancia de que los medios de comunicación
fomenten una cultura de tolerancia y pluralismo.
Según Carlos Fernando Chamorro, los medios de comunicación deben abrirse
a una rendición de cuentas a la ciudadanía puesto que carecen de una verdadera
cultura autocrítica para reconocer sus propios errores y abusos. Sin embargo, ante las
13
Chamorro, Carlos Fernando. La función crítica de los periodistas ante el poder en
América Latina. Ponencia presentada ante el Festival de Ideas Viva América, Casa
América, Madrid, 8 de octubre de 2009.
14 Entrevista con el doctor Guillermo Rothschuh Villanueva, 29 de noviembre de
2009.
NICARAGUA

[101
]
intimidaciones oficiales, Chamorro hace un llamado a no caer en la autocensura,
a fortalecer la independencia económica de los medios de comunicación, a ejercer
la fiscalización tanto de los poderes públicos como privados y más importante aún, a
que los medios deben consolidarse como actores democráticos:
“Empezando por su fuero interno, estableciendo normas de respeto a la autonomía
profesional de los periodistas, pero además practicando un periodismo cívico,
que promueva el pluralismo y el debate público, sin convertirse en una
plataforma partidaria”15
.
Sin embargo, el presidente Ortega tiene una visión completamente distinta
sobre el rol del periodismo en Nicaragua. En una de sus últimas comparecencias
de 2009, acusó a los periodistas de incitar a su magnicidio. En diciembre de 2007
había formulado la misma acusación para los grupos de oposición, quienes según
sus palabras, fraguaban la muerte de la primera dama Rosario Murillo, de la misma
manera que en Pakistán, se había atentado contra la vida de Benazir Bhutto, ex
primer ministra de aquella nación, víctima de un atentado terrorista. Precisamente,
el último señalamiento del mandatario en contra de los medios de comunicación se
dio a inicios de diciembre de 2009, cuando acusó al diario La Prensa de oponerse a
una reforma fiscal y de desatar una “campaña terrorista” en contra de la reforma, al
mismo tiempo que se negaba a pagar impuestos. La Prensa tomó los cargos como una
muestra más del ánimo ‘dictatorial’ del presidente Ortega. Ni las fiestas de diciembre
dan oportunidad al sosiego. En la relación entre medios y el Estado en Nicaragua, en
la actualidad, no hay por lo visto probabilidades de ninguna tregua.
VIII. Posdata: la compra de Canal 8
Las repercusiones de la compra de Canal 8 todavía se dejan sentir en el ambiente
periodístico de Nicaragua. El gobierno aprovechó las deudas de la estación de Carlos
Briceño con el seguro social y con la recaudación de impuestos para cercarlo y hacerle
una oferta que no podía rechazar. Se conoce que uno de los negociadores claves
por parte del gobierno fue el director del ente regulador de las telecomunicaciones
(Telcor), Orlando Castillo. Telcor tiene la potestad de prorrogar o cancelar las licencias
de operación de las estaciones de radio y televisión. Varias estaciones han preferido
no incomodar a la administración para no verse en aprietos. En el caso de la compra-
15
Chamorro, Carlos Fernando. La función crítica de los periodistas ante el poder en
América Latina. Ponencia presentada ante el Festival de Ideas Viva América, Casa
América, Madrid, 8 de octubre de 2009.

102]
venta de Canal 8, se desconoce cuál es la sociedad anónima que oficialmente
adquirió el canal, dato clave puesto que la Ley de telecomunicaciones prohíbe el
traspaso comercial de una licencia de operación a otro adquiriente, puesto que según
el artículo 67 de la Ley 200, las licencias son intransferibles. ¿Cómo legitimó esta
operación Telcor? Cero comentario público. Y aunque se desconocen los detalles de
la sociedad anónima adquiriente, parafraseando a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal,
todos saben en Nicaragua quién es ahora el accionista mayor de Canal 8.
Además de hacerse de una estación que había logrado ganar liderazgo noticioso
gracias en gran parte a la presencia de Carlos F. Chamorro con sus dos programas de
análisis e investigación periodística.
Rothschuh Villanueva explica que la compra de Canal 8 fue una maniobra
inteligente por parte del gobierno de Ortega, ya que “su adquisición significaba sacar
del aire a los programas Esta Noche y Esta Semana dirigidos por Carlos Fernando
Chamorro. Estoy convencido de que jamás pensaron que Chamorro Barrios se
quedaría en ese canal una vez sabido quiénes eran sus nuevos dueños. Mantenerse
en el canal hubiese resultado mortal para el periodista. Después de haber sostenido a
lo largo de casi tres años, una crítica constante a la gestión del Presidente Ortega, su
credibilidad hubiese quedado hecha pedazos”.
Carlos Fernando Chamorro explicó que su decisión fue basada en principios y
que la permanencia de sus programas en dicha estación pretendía convertirlo en
cómplice de la política de agresión del gobierno de Ortega en contra de medios y
periodistas. Los programas de Carlos F. Chamorro fueron sustituidos por el programa
Sin Fronteras del periodista William Grigsby Vado, quien hace una defensa ideológica
del gobierno de Ortega.
Losresultadossonnotables.Ahoracuandolosmediosoficialesemprendencampañas
en contra de las fuerzas de oposición, por ejemplo, la presencia es aplastante. Sus
voceros acaparan las principales estaciones en los programas de entrevistas televisivas.
Las radios sandinistas retransmiten a su vez dichas alocuciones. En el dial no quedan
opciones fuera de la órbita oficial. Es como si ya no hubiese necesidad de encadenar a
los medios oficialmente, pues de hecho ya se encuentran encadenados.
Se avizoran nuevos movimientos. El empresario Ángel González está por adquirir
Canal 11 (VHF) y 17 (UHF), que se sumaría a Canal 10, otra estación de su propiedad.
Se ha asegurado que a cambio de obtener esta nueva frecuencia, González habría
cedido sus acciones en Canal 4, el canal oficial del FSLN. Es visto como el futuro zar
de la televisión nacional.
El programa de William Grigsby Sin Fronteras, salió del aire apenas una semana
después, debido –según fuentes extraoficiales– a diferencias entre el Consejo de
Comunicación y Ciudadanía y el director del programa, quien alegó que se trataba
de una suplencia temporal de los programas de Carlos Fernando Chamorro. Este
NICARAGUA

[103
]
programa fue sustituido por Matrioski, una teleserie sobre trata de blancas con
imágenes explícitas de contenido sexual y de violencia. La programación de Canal
8 no ha tenido mayor variante que una mayor dosis de los enlatados noticiosos de
Telesur. Finalmente, a partir del domingo 28 y lunes 1 de marzo, Carlos Fernando
Chamorro reanudó sus emisiones a través de Canal 12, comprometiéndose con la
audiencia a conservar su independencia y espíritu crítico. De este modo, por ahora, el
presidente Ortega no tiene más opción que continuar conviviendo con el enemigo.
La relación Medios y Estado en Nicaragua
Un nuevo panorama de medios de comunicación se configura en Nicaragua cuya principal
característica es la creciente presencia de la familia Ortega Murillo y el FSLN en los negocios
y el control de la comunicación pública y privada.
La gobernabilidad del presidente Ortega se basa en la confrontación permanente, sobre
todo con los medios de comunicación que quieren hacer periodismo independiente.
La hegemonía política del gobierno se logra a través de campañas de difamación, la
persecución y la agresión a periodistas.
La democracia está en riesgo en Nicaragua. Se ha perdido el diálogo entre la opinión pública
y el gobierno. Las instituciones democráticas no responden a las demandas ciudadanas.
Referencias
Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo. Los monopolios de la verdad: descifrando la estructura y
concentración de los medios en Centroamérica y República Dominicana, IPYS y Trust of The Americas,
Prometeo Libros, 2009, 247 páginas.
Chamorro, Carlos Fernando. La función crítica de los periodistas ante el poder en América Latina.
Ponencia presentada ante el Festival de Ideas Viva América, Casa América, Madrid, 8 de octubre de
2009.
Discurso del Presidente Daniel Ortega el sábado 14 de noviembre de 2009 durante un acto oficial en
Managua, de entrega de 200 motocicletas a la Policía Nacional de Nicaragua.
Entrevista a Guillermo Rothschuh Villanueva, 29 de noviembre de 2009.
Galeano, Luis. “Cayó Paniagua”, El Nuevo Diario, 22 de enero de 2010.
Grigsby Vado, William. Medios alternativos para una gran causa. Managua, Revista Correo No. 5, 16
de septiembre de 2009.
Informe país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre estado de la libertad de expresión
2009 en Nicaragua.

104]
Lauría, Carlos y Simon, Joel. La Guerra de Daniel Ortega contra los medios, Committe to Protect
Journalists (CPJ), Managua, 24 de junio de 2009.
Nevitte, Neil. The 2009 Nicaragua Democracy Survey Summary of Key findings, Junio de 2009, National
Democratic Institute (NDI) e Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), pág. 7 y 8.
Rothschuh Villanueva, Guillermo. “Los medios en un año complejo”, El Nuevo Diario, 11 de enero
de 2010.
NICARAGUA

[105
COSTA RICA
LA TENTACIÓN CONTENIDA

El reconocimiento internacional de Costa Rica como escenario
de democracia no podría ser tal sin el aporte de los medios
de comunicación. La solidez histórica de sus instituciones
abarca también al buen ejercicio del periodismo. El modelo
liberal de medios de comunicación en el país basado en
capital privado y en un buen marco jurídico aún perfectible,
ha sabido jugar su papel de fiscalizador y dinamizador
de la agenda pública. La prensa en general se mantiene
distante de partidos políticos y de poderes estatales. De
ahí las fricciones y, por tanto, las tentaciones personalizadas
de recortar espacios. Sin embargo, se requiere un ejercicio
periodístico más profundo, vivaz y exigente ante el poder
político, más acorde a las exigencias de un público educado
y suficientemente astuto para detectar posibles abusos
desde la prensa o desde el Estado.
Álvaro Murillo
alvaromurillo@yahoo.com
Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica, con estudios en Relaciones Internacionales en
el Instituto Ortega y Gasset, de Madrid. Especialista en información política. Trabaja en el diario La
Nación desde el año 2001 y colabora con El País, de España, desde el 2006. Recibió en el 2009 en
premio Jorge Vargas Gené, del Colegio de Periodistas de Costa Rica.

106]
Nadie en Costa Rica estaba acostumbrado a un caso así. Ribetes de espionaje
político, estrategias maquiavélicas confesas y una honda división social se desnudaban
en un documento privado hecho público en el momento más caliente de la lucha
en torno al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Un memorando
extraído de un correo electrónico de la Casa Presidencial se publicaba con puntos y
comas en las páginas del Semanario Universidad, un periódico de alcance limitado
al que su adscripción a la Universidad de Costa Rica le provoca una clara inclinación
hacia las ideas de izquierda.
Era “el memorando”, un texto con los mandamientos propios de la “guerrilla
política” que dirigían el entonces vicepresidente de la República, Kevin Casas, y el
diputado Fernando Sánchez, dos figuras cercanas al presidente de la República, Óscar
Arias. El documento era un intento por evitar que los opositores al TLC siguieran
creciendo y lograran imponerse en el referendo nacional que se celebraría un mes
después, el 7 de octubre del 2007. Se trataba del primer referendo en la historia
de Costa Rica, una elección que intentaba dirimir, más que el TLC, el modelo de
desarrollo de un país acostumbrado a resultados aceptables en lo social y a escasos
conflictos políticos delicados.
Éste era un conflicto político de especial cuidado. Ante la decisión del Semanario
Universidad de hacer público el texto filtrado desde alguna oficina gubernamental, la
clase política quedó fría. Todos los medios de comunicación, favorables u opuestos
al TLC, reprodujeron la noticia y en cuestión de dos semanas cayó la cabeza de
Kevin Casas. La disyuntiva del Gobierno era sacrificar al joven político al que muchos
atribuían calidades presidenciales, o exponerse a que la opinión pública convirtiera
las urnas electorales en tumbas para un TLC plagado de significado ideológico.
El TLC condensó la sociedad costarricense. En un polo estaba el bloque del “sí”,
liderado por el Gobierno, el sector privado y muchos costarricenses que veían con
desagrado la posibilidad de un triunfo con ribetes de izquierda. En el otro polo
estaban algunos partidos políticos, dirigentes sociales y sectores diversos provenientes
del ambientalismo, el agro, universidades públicas y sindicatos, entre otros. En
medio estaban, o debían estar, los medios de comunicación de predominante capital
privado, de aceptable independencia frente a los partidos políticos y protagonistas
indiscutibles en la consecución de un desarrollo democrático que coloca a Costa Rica
en las partes altas de los escalafones en América Latina.
El TLC sirvió también como líquido revelador para los medios de comunicación.
La amplísima “auscultación social” pasó por la prensa e hizo de ella objeto de estudio.
Su capital de origen, los ligámenes políticos, la autonomía, los códigos de ética, el uso
de su poder, el marco legal, la distribución en el pastel ideológico... todo empezó a
generar signos de pregunta que permitieron afinar el diagnóstico de cómo juegan los
medios y el Estado en este país de instituciones consolidadas y niveles de libertad de
expresión envidiados por otros países de la región.
COSTA RICA

[107
]
La propiedad de los medios
El modelo liberal de medios de comunicación, de clara influencia estadounidense,
ha ido cayendo también en la tentación de los conglomerados, en la medida en
que el pequeño mercado de menos de cinco millones de habitantes lo permite.
En la televisión priman dos empresas que se disputan la audiencia con pasión. Una
de ellas es Representaciones Televisivas (Repretel), de capital base mexicano, dueña
de tres canales y conectada a varias radioemisoras. La otra es Televisora de Costa
Rica (Teletica), propietaria del Canal 7 y de una de las dos principales empresas de
televisión por cable, Cabletica.
LaradioenCostaRicaesterrenodeconstantesalianzas,encuentrosydesencuentros
corporativos que han minado la estabilidad, la credibilidad y la “institucionalidad” de
programas que hasta hace pocos años eran referenciales. Ahora subsisten reducidísimos
equipos periodísticos que producen noticieros básicos y algunos programas de mayor
arrastre en los cuales prima la opinión. Las radios regionales, sin embargo, conservan
arraigo y credibilidad en su público, en parte debido a esa lejanía con el vaivén
empresarial en torno a las frecuencias de alcance nacional. Su reto es saber esquivar
la tentación de hallar oxígeno financiero en alianzas con poderes políticos locales.
En la prensa, Grupo Nación y Grupo Extra son los líderes con recetarios diferentes.
Grupo Nación edita el influyente diario La Nación, con un tiraje cotidiano inferior
a los 100.000 ejemplares, así como un semanario especializado en economía, dos
periódicos de corte popular y varias revistas. Otros proyectos radiofónicos también
forman parte de la corporación a la cual algunos grupos de izquierda culpan de ser la
trinchera mediática de la clase adinerada más tradicional del país.
El Grupo Extra se formó alrededor del Diario Extra, una publicación de alta
lecturabilidad, en parte gracias a sus grandes letras rojas, su lenguaje fácil y la apertura
del “micrófono” a todas las voces políticas sin mayor procesamiento. Aunque su estilo
popular parece eximirlo de sospechas sobre vínculos con grupos determinados, son
notables algunos alineamientos con sectores, privados o públicos, que enfrentan
conflictos coyunturales con otros medios de relevancia, en especial cuando se trata
de La Nación.
Un ejemplo de esta dinámica ha sido la cobertura de los casos de presunta
corrupción de los ex presidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez,
ambos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), hasta hace pocos años protagonista
del bipartidismo nacional. La Nación reveló en el 2004 los cuestionamientos que
derivaron en procesos judiciales y ha dado un estricto y crítico seguimiento a ellos,
mientras Diario Extra más bien ha colmado sus páginas con enfoques y noticias
favorables para ambos.
Existen otros medios de comunicación de menor alcance y algunos de carácter
público o ligados a instituciones estatales, como es el caso del citado Semanario

108]
Universidad y del Canal 15 (universitario). El Sistema Nacional de Radio y Televisión
(Sinart) maneja también Radio Nacional y el Canal 13, dos medios que, si bien no se
caracterizan por la combatividad en sus productos periodísticos, tampoco funcionan
como altavoz de los gobernantes de turno. Esto pese a que la junta de accionistas la
compone el Consejo de Gobierno en pleno.
La independencia mediática
No hay, como se ve, forma de casar a partidos políticos con medios de
comunicación de manera directa. Las coincidencias ideológicas tienden a fatigarse
antes de convertirse en ligámenes formales entre agrupaciones políticas y medios de
comunicación. En el ambiente político tampoco se registran proyectos tendientes a
apropiarse de periódicos o emisoras, ni siquiera de apadrinarlos públicamente, como
ocurrió en los años 70 con el desaparecido diario Excelsior, que se quedó sin tintas el
día que acabó el gobierno de Daniel Oduber Quirós, en el 78.
Con el TLC quedó claro que varios medios de comunicación, quizás los más
poderosos, se matricularon de manera lógica con la telaraña de interesas empresariales
que se tejía en torno al TLC. Los medios en Costa Rica no tienen ya un color político,
como ocurría poco tiempo atrás con un bipartidismo consolidado, pero sí nexos con
sectores empresariales cuya capacidad de presión sobre los políticos es indudable.
Por esa lejanía entre la prensa y los partidos, son frecuentes los conflictos coyunturales
entre medios de comunicación y el gobierno de turno, en especial cuando se publican
investigaciones que erosionan la credibilidad de quienes estén en el poder. Es entonces
cuando desde las oficinas oficiales se intenta cuestionar la credibilidad y, sobre todo,
la intencionalidad del diario o el noticiario, o incluso directamente de sus periodistas,
cuando las autoridades pretenden entrar en disputa directa con la empresa.
“Supe que desde la Casa Presidencial intentaron callar mi trabajo hablando
directamente con los mayores responsables de la empresa. Mis jefes superiores
fueron llamados a cuentas y por suerte entendieron sus argumentos. Fue un voto de
confianza para ellos y para mí, para el tipo de trabajo que hemos hecho. Ahora puedo
ver que nada grave pasó y que hay factores estructurales en nuestro país que permiten
a los medios actuar con mucha independencia cuando quieren. El problema viene
cuando la actitud nuestra no es la correcta y se incurre en la autocensura, como una
forma de llevar la fiesta en paz (una relación sin conflictos)”, contó en diciembre del
2009 una periodista que prefirió omitir su nombre.
Las presiones existen. Con diplomacia o sin ella, los llamados a los directivos
de los medios, a sus directores e incluso a jefaturas de menor nivel son parte del
presupuesto trimestral de un medio de comunicación. La eficacia de esas presiones
puede variar, aunque la credibilidad en los medios de comunicación suele bastar para
COSTA RICA

[109
]
que una línea de informaciones, investigaciones o cuestionamientos persista indemne
y sin causarle perjuicios al medio de prensa.
Si la propiedad de los medios está desligada de las estructuras de poder político
y el sistema constitucional da una garantía regular al ejercicio de una prensa libre,
son pocas las palancas que el poder del Estado puede activar para intentar ejercer su
influencia sobre las informaciones, pero son latentes.
El poder de los gobiernos
En primer lugar, existe la posibilidad de los gobernantes de limitar la pauta
publicitaria estatal en determinados medios, a manera de castigo. Está documentado
el caso ocurrido en el 2003 durante la administración de Abel Pacheco, quien decidió
retirar toda publicidad oficial de las páginas del diario La Nación, con cuyas noticias
y autoridades editoriales mantuvo un conflicto constante. También hubo intentos de
un importante banco estatal contra el Canal 7 por los cuestionamientos periodísticos
a la forma como el gobierno atendió la emergencia surgida por un terremoto en los
primeros días del 2009. El país carece de una ley que regule la administración de la
publicidad oficial, por lo cual la administración de la pauta depende de la voluntad
de las autoridades políticas.
Otra posible traba del poder político al trabajo de los medios es la administración
de los contenidos, dificultando el acceso a la información pública. Esta dificultad, para
fortuna de la opinión pública, topa con la actitud garantista de la Sala Constitucional
en la materia. Numerosas resoluciones han sido emitidas a favor de la apertura de
caminos a datos de interés público que las autoridades pretendían ocultar.
Uno de los casos más recientes tenía interés más allá de las fronteras de Costa
Rica, pues los magistrados constitucionalistas acogieron el recurso de un periodista
que exigía conocer detalles de una transacción financiera por 300 millones de dólares
entre el gobierno costarricense y el de China Popular, como parte de la cooperación
bilateral surgida del turbio establecimiento de relaciones diplomáticas en el año
2007. El Ministerio de Hacienda se vio obligado a entregar detalles de la operación
crediticia, lo cual generó el interés de medios financieros internacionales, por tratarse
de pruebas sobre el uso político que Pekín da a sus reservas.
La resolución constitucional, sin embargo, tardó meses en llegar. El gobierno logró
ocultar durante un tiempo considerable información a los periodistas, como uno de
los depositarios del derecho popular a la información. “Aunque cada vez hay una
mayor conciencia, lamentablemente por burocracia o por intereses deliberados,
hay instancias que prefieren esperar la orden de la Sala Constitucional. Todavía no
estamos en el punto de transparencia que se merece este país”, opinó la directora de
la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la UCR, Carolina Carazo.

110]
La calidad del periodismo
Otro factor que juega en contra de la función democrática de los medios de
comunicación atañe directamente a la formación del periodista, quien es finalmente
el que investiga e interpreta la realidad política. En el caso del “memorando” de Kevin
Casas, de nada hubiera servido la estructura del Semanario Universidad y el marco
legal protector si el periodista no hubiera tenido la noción de lo que tenía en sus
manos y de las graves consecuencias que iba a provocar en la tarima política.
“Hay varias escuelas de periodismo en el país, pero en la mayoría de ellas hay
una deuda en lo correspondiente a la cultura general, al pensamiento crítico y a
las nociones de la ética. Eso está flojo. Eso facilita que en el seno de los medios
de comunicación sea exagerada la tendencia hacia el show, las noticias triviales o
incluso las no triviales, pero intrascendentes. Claro, que el medio de comunicación
debería tener también la responsabilidad de desarrollar a sus reporteros. Puede haber
periodistas bien formados que no alcanzan su potencial”, comentó Eduardo Ulibarri,
exdirector de La Nación, profesor, actual consultor y una de las voces más respetadas
en el ambiente periodístico y político.
Una nueva legislación presiona
Una traba adicional que podría complicar el trabajo periodístico se halla en
el marco legal, pues aunque hay garantías constitucionales y estructura legal que
permite la relación Estado-medios con un balance aceptable y la carga de la prueba
de la verdad sigue corriendo en contra del comunicador, a pesar de un proyecto
de ley que divaga en el Congreso en medio de las promesas políticas y la dejadez.
Los delitos contra el honor fueron punibles con cárcel hasta febrero pasado, cuando
una resolución de la Sala de Casación reformó la norma, para agrado del gremio
periodístico.
En lugar de más avances en los obstáculos legales para el ejercicio libre y completo
del periodismo, hay deseos de algunas autoridades por estrechar los espacios. Así lo
dejó ver el Presidente de la República en agosto del año 2009, cuando en ocasión
de un foro sobre los 60 años de la Constitución Política recogió la idea de convocar a
una asamblea constituyente que ya había lanzado su hermano, Rodrigo Arias, como
ministro de la Presidencia. ¿Para qué una constituyente? Para hacer más gobernable al
país ¿Cómo se hace más gobernable? Restringiendo los controles, incluido el papel de
vigilante y método de presión ciudadana que realizan los medios de comunicación.
“De poco sirve un marco normativo ejemplar de tutela de la libertad de prensa si
los medios de comunicación están monopolizados, son unicolores o, peor aún, actúan
en franca colusión con quienes ejercen el poder. Esta es, tristemente, la situación en
muchos países de América Latina”, intentó diagnosticar el gobernante frente a varios
COSTA RICA

[111
]
políticos, en un discurso que la mayoría de los medios de comunicación recogieron
al día siguiente.
El discurso daba para más. “La prensa contemporánea no solo informa, sino también
influye, decisiva y casi siempre deliberadamente, sobre las opiniones políticas de las
personas. Lo hace a través de su línea editorial, lo hace a través del tratamiento que
da a las noticias y lo hace, sobre todo, en la inevitable selectividad de la cobertura
noticiosa”, leyó en el marco de un mensaje sobre la necesidad de reformar el marco
constitucional costarricense. La observación no pasó a más. Hay poco respaldo social
para modificar las reglas más fundamentales, recordó Ulibarri.
Es cierto que los medios presionan con fuerza a favor de determinadas decisiones
políticas desde sus enfoques informativos y editoriales, como ocurre en todas las
latitudes. El poder político, sin embargo, suele también mantener la autoridad de sus
territorios, lo que en criterio del presidente del Colegio de Periodistas, Raúl Silesky,
evidencia que los criterios de los medios de comunicación no son determinantes.
Un ejemplo muy claro se vivió a finales del 2009, cuando la fracción legislativa de
Gobierno eligió a una de sus diputadas como Defensora de los Habitantes, pese a la
fuerte presión que la opinión pública ejerció desde periódicos y noticiarios.
Esas posturas críticas contenidas en los medios tradicionales encuentran a menudo
eco en las plataformas informativas de internet, aún más dispuestas a la combatividad
y a las opiniones disidentes. Proyectos serios pero de poco impacto han intentado
proponerse como medios de comunicación inclusivos, pero el impacto sigue siendo
limitado por factores diversos como la escasa penetración de internet en la población,
la incertidumbre sobre modelos de financiamiento, el débil hábito popular de
informarse por esta vía y la ausencia de referencias de credibilidad.
Las nuevas redes
El criterio de los expertos indica que los medios digitales refuerzan la legitimidad
que ante el grueso de la opinión pública poseen los medios tradicionales, aunque
también les inyecta presión para ideas y formatos más dinámicos mediante los cuales
conquistar a las nuevas generaciones. Sin embargo, la calidad de algunos medios
en línea va creciendo como opciones adicionales a los medios ya constituidos y va
adquiriendo autoridad social. Es el caso de www.fusildechispas.com, un sitio que
comenzó como un blog más, pero cuyos contenidos y formas se fueron desarrollando
hasta ser una de las referencias costarricenses de la web y recibir el principal premio
periodístico nacional, el Pío Víquez. Su lema es “aquí falta la objetividad que en otros
lados sobra”, una confesión de género periodístico tendiente a la opinión, pero sobre
todo una ironía contra la supuesta imparcialidad de los medios tradicionales, sobre
todo en temas políticos.

112]
Estos medios modernos, más los tradicionales de “la capital”, y más de 30 de
carácter regional inscritos ante el Colegio de Periodistas, subsisten con limitaciones
que, aunque obstaculicen de manera relativa su trabajo, no impiden su existencia y
menos aún su participación en un sistema abierto, en toda la amplitud del espectro
político y social que se pueda abrir en Costa Rica. Falta aún profundizar en su
agenda y sus contenidos, en formatos de mayor debate político, una demanda real
de distintos públicos inconformes con la liviandad informativa y la prensa “show”.
El nivel educativo costarricense parece poder soportar, y por tanto querer recibir,
noticias más analíticas y con ángulos más abiertos, aunque al poder político no
siempre le convenga. Parece claro que en este país el sistema funciona de manera
aceptable con los medios y el Estado haciendo lo suyo, sin caer en la tentación de
usurpar espacios ajenos. Más bien, lo necesario sería que sin salirse de sus predios,
los métodos se perfeccionen y se adapten a una sociedad más compleja y dinámica,
más demandante de agudeza y menos paciente.
La relación Medios y Estado en Costa Rica
Las relaciones medios-gobierno en Costa Rica están caracterizadas por presiones mutuas
que no llegan a representar atentados directos a la democracia.
Las principales formas de presión del gobierno a los medios van de los llamados de
atención a los directivos de los medios y en los modos de administrar el acceso a la
información pública.
La Sala Constitucional se ha mostrado como garantista para defender el derecho a la
información y la libertad de expresión.
La mayor debilidad de la mediática del poder es la baja calidad periodística, ya que
hay superficialidad en el modo de informar, presión a favor de determinadas decisiones
políticas, presentación de historias sin pensar en los ciudadanos y en formatos show que
no facilitan el debate político.
Referencias
“El precio del silencio: Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América
Latina”, de la Asociación por los Derechos Civiles, Open Society Justice Iniciative, de Nueva York.
Carazo, Carolina. “La cultura de acceso a la información en las instituciones públicas de Costa Rica”.
En Revista Reflexiones, número 85, 2006. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
Sala Constitucional, Voto 13658-08
http://www.poder-judicial.go.cr/prensa/observatoriojudicial/vol77/noticias_prensa/np31.htm
Estudio “Población costarricense, libertad de expresión y acceso a la información”, 2008. Instituto de
Estudios en Población (IDESPO). Universidad Nacional.
COSTA RICA

[113
]
http://www.iplexcr.org/downloads/Encuesta%20IDESPO.pdf
Entrevista a Eduardo Ulibarri, exdirector del diario La Nación, presidente de IPLEX, profesor y consultor
en comunicación.
Entrevista a Raúl Sileski, presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica
Entrevista a Alfonso Estevanovich, director del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), estatal.
Entrevista a Carolina Carazo, directora de la Escuela de ciencias de la Comunciación Colectiva de la
Universidad de Costa Rica (UCR).

[115
EL SALVADOR
LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO
Reporteros y jefes de redacción de medios de las más diversas
líneaseditorialescoincidenenunpunto:elnuevopresidentede
El Salvador, Mauricio Funes, ha desarrollado una estrategia
comunicacional en la que controla sus apariciones y evita así
la sobreexposición. En marzo de 2009, Funes, un periodista
con más de dos décadas en la televisión, arrebató el Ejecutivo
salvadoreño a ARENA, un partido conservador que comandó
el Ejecutivo durante 20 años.
Ricardo Valencia
ricardovalp@gmail.com
Egresado de la maestría Erasmus Mundus en Medios y Periodismo ofrecida por las universidades
de Hamburgo (Alemania), Amsterdam (Países Bajos) y Aarhus (Dinamarca). Especialista en análisis
cuantitativo de coberturas de medios. En 2007, fue ganador del estipendio Erasmus Mundus de la
Comisión Europea. Fue reportero de La Prensa Gráfica, El Faro y la Agencia Alemana de Prensa (DPA).
Ha colaborado con medios de habla española e inglesa como el periódico Clarín de Argentina, Radio
y Televisión Española, Journal of Radical Mass Media Criticism, y la Revista de Estudios Sociales de
Colombia. En 2005, fue el primer reportero centroamericano en tener acceso a las prisiones de la
base naval estadounidense de Guantánamo.

116]
Durante el 2008, la posibilidad de que el candidato del ex guerrillero, Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ganara la presidencia salvadoreña
disparó las suspicacias de algunos medios de comunicación. Lafitte Fernández, asesor
editorial del Diario El Mundo (EDM) explicaba sus temores. “La radicalidad del FMLN
endurece la posición de los medios y de los publishers. No hay ningún medio que
orine agua bendita. El peor periodismo es el que hacen los medios alternativos porque
es propaganda”, advertía en agosto de 2008. Antes de trabajar en El Diario El Mundo,
matutino de centro derecha, Fernández fungió como gerente de redacción de El
Diario de Hoy, uno de los periódicos más conservadores y críticos del FMLN y de
Funes. Los temores de los medios conservadores al respecto del FMLN provenían, en
parte, del intenso pasado del partido. Entre 1980 y 1992, el FMLN fue un movimiento
guerrillero que intentó tomar el poder hasta enero de 1992, cuando firmaron un
extenso y complejo acuerdo de paz con un Ejecutivo salvadoreño dominado por
la derecha. Durante la época del conflicto armado, los periódicos conservadores,
El Diario de Hoy (EDH), El Diario El Mundo (EDM) y La Prensa Gráfica (LPG) fueron
acérrimos enemigos del FMLN.
Para Francisco Valencia, director del izquierdista Diario Co Latino (Co Latino)
cualquier intento de criticar la línea editorial de los medios cercanos al FMLN solo
justifica una táctica de engañar a la gente con el arma de la objetividad periodística.
“Yo prefiero que la gente sepa quiénes están detrás del medio, así la gente sabe qué
distancia poner con el contenido. Otros se dicen objetivos, pero publican información
falsa y engañosa. Tienen una doble moral. Nosotros tenemos un compromiso social
con las mayorías populares”, reiteró el director de Co Latino, un periódico que desde
que cayó en quiebra a finales de los ochentas ha sido manejado por una cooperativa.
Durante su juventud, Valencia fue parte de la estructuras de propaganda de una de
las organizaciones que conformaron al FMLN como guerrilla en 1980.
Valencia le ilusionaba la necesidad de un “cambio” para “instaurar una sociedad
nueva”. Con esas palabras, el jefe de Co Latino parafraseaba las promesas de cambio
de Funes. Las ilusiones de Valencia, eran las preocupaciones de Fernández: “Si gana
el FMLN habrá crecimiento en el periodismo. Ahí se pondrán a prueba los medios,
ya que se tratara de escribir contra el poder. Entonces, no habrá anclas como las que
hay ahora”.
A mediados de 2008, aquella contradicción entre los que temían y los que miraban
con esperanza la posible victoria de la izquierda, se extendía al resto de medios
ubicados en un mercado de medios altamente concentrado. Según las Naciones
Unidas, dos periódicos conservadores, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy concentran
juntos el 87 por ciento del mercado de periódicos. El resto es repartido por otros
dos periódicos: Diario El Mundo y Diario Co Latino. En televisión, Telecorporación
Salvadoreña (TCS) acapara el 90 por ciento de la audiencia del país. En radio, la
Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) cuenta entre sus socias a 65
EL SALVADOR

[117
]
radios de un total 195 que reporta el libro de estadísticas de la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos (CIA).
En Julio de 2008, ASDER advirtió que en caso de ganar Funes, su entidad temía
la intervención estatal de las comunicaciones. En una nota, el director de ASDER,
Charlie Renderos aseguró que “hay que determinar bajo qué punto se están haciendo
las propuestas (del FMLN sobre medios de comunicación). Hay que profundizar estos
temas, para no caer en la monopolización “. Ricardo Chacón, editor jefe de El Diario
de Hoy, aseguró que un gobierno del FMLN trataría con “bastante dureza” a los
medios y promovería el control sobre la libertad de expresión.
En diciembre de 2009, Fernández había cambiado de tono. El 15 de marzo de
2009, Funes ganó las elecciones por dos puntos porcentuales sobre la derechista
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un partido conservador que nació en
1981 con una clara ideología anticomunista. En las elecciones, ARENA lanzó como
candidato presidencial al ex director de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila. El
primero de junio de ese año, el postulado por el FMLN asume la presidencia de las
manos de su predecesor, Antonio Saca. Fernández aceptaba que lejos de una embestida
contra Funes, los medios habían asumido una posición más condescendiente con el
nuevo presidente. “No hay mucho cambio ni tampoco mucho sobre lo que se debe
protestar, a excepción de algunos funcionarios. Los medios de comunicación han
asumido que la información está marcada porque los propietarios, de alguna manera,
han entendido las diferencias ideológicas entre Funes y su partido. Por eso se habla
de un gobierno sin partido”, revelaba.
La periodista de radio Maya Visión, Victoria Monge coincide con Fernández,
aunque ella trabaja en una radio aliada del FMLN: “he observado que los medios
de comunicación han tenido una buena relación. Ellos (los medios grandes de
comunicación) mantienen su política a pesar que esta no se identifica con el gobierno
actual pero tratan de hacer lo mejor posible”. Para Adriana Valle, investigadora
independiente que ha colaborado con la Universidad de Oslo, los cambios
“temporales” en las líneas editoriales no son algo nuevo. Valle rescata que un día
después de la victoria del FMLN hasta el conservador, El Diario Hoy, escribió un
editorial deseándole buena suerte al presidente.
Ricardo Vaquerano, jefe de redacción del periódico en internet El Faro, recuerda
dos momentos en las cuales los medios salvadoreños modificaron sus posiciones
editoriales al respecto del Ejecutivo. Vaquerano, quien laboró por años como editor
de La Prensa Gráfica, asegura que “los primeros dos meses vimos en general que el
presidente quedó tranquilo, sin que nadie los incomodara. Poco a poco, sin embargo,
las cosas fueron migrando hacia un estadio de hostilidad gratuita de parte de El Diario
de Hoy, que ha vuelto a sus niveles de irresponsabilidad de la campaña electoral. En
cambio, La Prensa Gráfica se mantiene con una actitud displicente”.

118]
Al mismo tiempo que el Ejecutivo logró sortear lo que se auguraba como una
aplanadora mediática, Funes crecía en las encuestas. LPG DATOS, unidad de
investigación social de La Prensa Gráfica, reportó, el primero de diciembre de 2009,
que un 78% de los salvadoreños aprobaba el trabajo de Funes en sus primeros seis
meses. Una aprobación que superaba cualquier récord de aprobación durante la
última gestión arenera de Antonio Saca (2004-2009). Un mes antes, la encuestadora
CID GALLUP había catalogado a Funes como el jefe de estado más popular de
Latinoamérica con un 85% de aprobación. El presidente superaba por poco a los
mandatarios de Panamá, Ricardo Martinelli, y de Chile, Michelle Bachelet.
Pese a las diferencias entre la gestión de Funes y el FMLN, el partido de izquierda
también se ha visto beneficiado de la gestión del Ejecutivo. Si Funes crece, parece que
el FMLN sigue el mismo camino en los estudios de popularidad. LPG DATOS asegura
que la simpatía de los salvadoreños por el FMLN se ha disparado tras la llegada de
Funes. Antes de las elecciones de marzo de 2009, el FMLN y el conservador ARENA
tenían las misma simpatía, pero seis meses después, el FMLN alcanzaba un histórico
41.6% frente a un pobre 19% de ARENA. “La cifra muestra que el ensanchamiento
de la ventaja a favor del FMLN no se debe a un trasiego neto de simpatizantes, ya
que este partido solo ha ganado 8.5 puntos porcentuales desde marzo. ARENA, en
cambio, ha caído 18.1 puntos en el mismo periodo”, sostuvo en una nota periodística,
Edwin Segura, jefe de LPG Datos. En otro estudio del Instituto de Opinión Pública
de la Universidad Centroamericana (IUDOP) señalaba que el 51.3% de la población
creía que el FMLN había mejorado su imagen, contra un 7.3% que pensaba lo mismo
sobre el partido conservador.
La caída de ARENA en los estudios coincide con la mayor crisis política de su
historia. El partido de derecha ha perdido 13 de los 32 diputados con los que comenzó
la presente legislatura. Además, a mediados de diciembre de 2009, el partido de
derecha expulsó al ex presidente Antonio Saca, por cargo “conducta contraria a los
principios” del partido y “traición”. Los 13 diputados disidentes areneros crearon una
nueva facción en la Asamblea Legislativa, que ha logrado acuerdos políticos con el
FMLN y otras fuerzas minoritarias en un Congreso conformado por 84 legisladores,
34 de los cuales pertenecen al FMLN.
¿Cuál ha sido la estrategia del Ejecutivo para poder mantener los niveles de
popularidad del presidente? Contrario a Saca, el nuevo gobierno ha seguido una
estrategia de dosificar su presencia pública y las entrevistas a los medios. Tras
el primero de junio de 2009, Funes ha concedido algunas entrevistas en medios
electrónicos y ninguna a un medio escrito. Fernández asegura que mientras Saca
era más activo en su relación con los medios, “Funes es más recatado, pero, no veo
problemas sustanciales en eso. Claramente son dos estilos muy diferentes. Ahora, Saca
se lanzó la lucha de la imagen hacia su figura. Funes hacia los proyectos o conceptos
EL SALVADOR

[119
]
más institucionales”. De acuerdo con las palabras de Fernández, pareciera que el
presidente intenta construir una percepción de mas institucionalidad por lo que evita
la sobre exposición. Pero, de acuerdo con Vaquerano, el Presidente también se ha
vuelto el protagonista de dar las noticias más importantes de todo su gobierno. Por
lo que el jefe del Ejecutivo, al mismo tiempo, que enfatiza su presencia personal en
los medios, controla su presencia pública para protegerse de una prensa que fue
fuertemente crítica durante su candidatura.
Sobre el control de las apariciones del jefe de Estado, Carlos Portillo, corresponsal
de la Agencia EFE, asegura que la cantidad de actividades públicas del nuevo Presidente
han sido reducidas significativamente en comparación a las del gobierno arenero.
“Destaco que el presidente no ha cumplido con la promesa de realizar conferencias de
prensa periódicas en la Casa Presidencial”, sostiene Portillo. Vaquerano asegura que la
estrategia del nuevo Ejecutivo “es comunicar unidireccionalmente, usar la publicidad
y la propaganda como herramientas fundamentales de exposición pública, y solo muy
marginalmente aparecer de manera fugaz y en condiciones muy controladas”.
Los nuevos medios estatales
El Ejecutivo también ha dado un giro en la forma con que se manejan los medios de
comunicaciónestatal.Funeshadecididoagruparbajolapresidencialosmediosestatales,
que antes estaban bajo el control de otros ministerios. Radio Nacional, que antes era
manejado desde el Ministerio de Gobernación, y el Canal 10, adscrito anteriormente
al Ministerio de Educación, pasaron bajo el control directo del Presidente. El cambio
en las programaciones de estos dos medios estatales es evidente.
Se ha aumentado la carga informativa y se ha estimulado la cobertura de sucesos
que en administraciones pasados eran ignorados. Portillo enumera algunas de las
novedades en las agendas informativas de los medios estatales: “El canal ha transmitido
en vivo en los últimos meses eventos importantes como el inicio del mes cívico, la
entrega del premio de cultura a (el poeta) Alfonso Kijadurias o el homenaje póstumo
a los jesuitas asesinados en la UCA (en 1989). Se ha empezado a hablar de temas
antes vetados como la ofensiva de 1989”. El 16 de noviembre de 1989, un grupo de
militares asesinó a seis jesuitas y dos colaboradoras en su residencia en la Universidad
Centroamericana (UCA) de San Salvador.
Radio Nacional ha encontrado nuevos aliados. Uno de sus principales proveedores
de información internacional en la actualidad es la cadena Telesur. Fuentes cercanas
a la dirección de Radio Nacional aseguran que buscan que su noticiero se vuelva más
dinámico en la forma de presentar sus noticias, para forzar a las radios privadas a que
modifiquen la forma de presentación de las mismas. Sin embargo, la radio mantiene,

120]
afirman, su línea comercial de programación de música salsa y promociona la
participación ciudadana y el pluralismo de ideas. “En las anteriores administraciones,
el pluralismo no existía”, sostiene uno de los funcionarios de Radio Nacional.
Desde del nuevo gobierno, el Canal 10 ha hecho únicamente cambios en la
programación. El nuevo Ejecutivo quiere que los “medios sean públicos, y no
medios estatales o voceros estatales partidistas”, asegura la misma fuente. El Canal
10 transmite diecisiete horas, de las cuales el mayor porcentaje es de espacios o
programas producidos en otros países, la mayoría son donados o canjeados con
alguna embajada. En los pocos espacios producidos en casa, el canal aspira a que
estos programas busquen el rescate de la memoria histórica, el pluralismo de ideas, el
debate político, la culturización y la inclusión de sectores marginados.
Para alcanzar esas metas, uno de los cambios significativo en el canal es la ampliación
del noticiero “Panorama”, que antes se llamaba “Panorama Cultural”. Antes, el programa
se dedicaba a cubrir y transmitir únicamente eventos culturales, sin embargo, en la
actualidad, se ha convertido en un noticiero de contenido diverso en donde se cubre
una pauta informativa similar a la de cualquier otro medio de comunicación comercial
y privado. El nuevo “Panorama” realiza avances informativos en horas pico, y despliega
una importante cobertura en temas de trascendencia nacional.
Las diferencias
Valle asegura que los grandes medios han hecho una distinción clara en sus
páginas entre la posición del Presidente Funes, que en general es descrita de una
forma más positiva, y las autoridades del FMLN, que en general es en tonos negativos.
Valle sostiene que “hay un mayor énfasis en la cobertura de las divisiones al interior
del nuevo gobierno, principalmente en lo que respecta a las diferencias entre el
presidente Funes y el FMLN”.
Los medios han recogido las diferencias entre la opinión del Ejecutivo y del
FMLN. Uno de los hechos más sonado ha sido el choque entre los diputados de la
Asamblea Legislativa con el presidente durante la última semana de enero de 2010.
Los partidos representados en la Asamblea aprobaron un decreto que eliminaría la
cuota de telefonía fija que beneficiaba a un grupo de empresas desde la privatización
de ese sector a principio de los años noventa. Funes calificó la medida de “populista”
e “irresponsables” y que al llevarse a cabo se perderían “12 mil empleos”. En su
edición del 27 de enero, El Diario de Hoy aseguró que el impulso del FMLN para
eliminar el cargo básico por uso de la telefonía “agudizó los constantes choques entre
el Presidente Mauricio Funes y el partido que lo llevó al poder”. El 28 de enero, El
Diario El Mundo le dio relevancia al hecho de que el FMLN llamó a sus organizaciones
sociales a defender el decreto. El matutino cita a Roberto Lorenza, diputado del
EL SALVADOR

[121
]
FMLN, haciendo un llamado “todos los sectores populares, a las organizaciones
sociales, a las comunidades, a las capas medias, a los estudiantes, a todos los sectores
de la sociedad, a que también asuman una defensa más protagónica de estas medidas
que van en rescate de sus intereses”.
Fernández explica la lógica detrás de las líneas editoriales de algunos medios
conservadores: “Los constantes choques entre Funes y su vicepresidente y algunos
dirigentes del FMLN han demostrado (a los medios) que el gobernante es un muro
de contención frente a los compromisos ideológicos de su agrupación (FMLN). Eso
se puede observar en temas (importantes para el FMLN) como el Socialismo del siglo
XXI, la relación con Caracas, La Habana, y los Estados Unidos. El representante de El
Diario El Mundo asegura que las diferencias entre el líder del Ejecutivo y el partido
“han llevado a los medios a no enderezar duros ataques a Funes, aunque sí con el
FMLN y algunos miembros del gabinete” que pertenecen a ese partido”.
Para Vaquerano, las diferencias entre el nuevo jefe del gobierno y el FMLN van
más allá de los manejos mediáticos. Él asegura que en el nuevo gobierno sucede un
fenómeno interesante: un claro distanciamiento entre el Presidente y el partido FMLN.
“Esas diferencias han quedado claras desde el inicio del gobierno, y han sido unas 10
ocasiones cuando Funes ha tenido que negar lo que dirigentes de su partido o miembros
del gabinete han dicho sobre diversidad de políticas o postura”, calcula Vaquerano.
Sin embargo, Nelson Rentería, corresponsal de la agencia Reuter para El Salvador,
sostiene que los medios buscan sistemáticamente las diferencias entre el Ejecutivo
y FMLN. “Ellos buscan reproducir la misma estrategia que ocuparon y ocupan con
el FMLN. Esperan un desliz o un error para lanzarse (contra ellos). En los temas más
delicados siempre respaldan la postura de los empresarios”.
El ex jefe de información de La Prensa Gráfica, José Luis Sanz, se niega a aceptar
que las líneas políticas de los periódicos puedan predecir con seguridad el tratamiento
de los medios al respecto del Ejecutivo y del partido de izquierda. Para Sanz, hay algo
más que política en la relación entre medios y gobierno. “Ese grado de simplificación
(política) impide captar los matices en el pensamiento de quienes toman las decisiones
en estos medios, y distinguir el impacto de sus perfiles ideológicos, miedos irracionales,
defectos de procedimiento o juegos de intereses, que determinan en conjunto el
periodismo que ofrecen y que en cada acaso, operan de forma diferente”, sentencia
Sanz, quien ahora trabaja como periodista free lance y profesor universitario.
Casi a un año desde que Funes ganara las elecciones, el Presidente ha evitado
un choque frontal con los medios de comunicación. Su estrategia ha logrado que,
aumenten simultáneamente sus niveles de popularidad y los del FMLN. Todo esto,
en un contexto en que su principal adversario político, ARENA, parece dividido y
debilitado. Sin embargo, el eslabón más débil de la estrategia comunicacional del
Ejecutivo son las divergencias entre el nuevo mandatario y FMLN. Ciertas o infundadas,
reales o fingidas, los medios de comunicación han encontrado en la distancia entre

122]
el Presidente y su partido una de las perspectivas favoritas desde donde escribir o
producir sus notas.
Como conclusión, el nuevo Ejecutivo salvadoreño tendrá que construir una
nueva estrategia en la que aproveche la prudencia de una parte de los medios
de comunicación conservadores, sin minar su relación con el FMLN. Un delicado
equilibrio que pondrá a prueba la habilidad política y mediática del primer gobierno
de izquierda en la historia salvadoreña.
La relación Medios y Estado en El Salvador
La asunción del Presidente de izquierda Mauricio Funes en el 2009 modificó las tradicionales
relaciones entre medios y gobiernos en El Salvador, país que mantenía una tradición
conservadora en el gobierno y en los medios.
El nuevo presidente ha desarrollado una estrategia comunicacional en la que controla sus
apariciones y evita la sobreexposición mediática. Los medios se han portado bien con el
presidente pero mal con su partido el FMLN. Informan desde la lógica de la confrontación
entre el Presidente y su partido.
Un delicado equilibrio en el juego mediático del poder pondrá a prueba la habilidad política
del primer gobierno de izquierda en la historia salvadoreña.
EL SALVADOR

[123
PANAMÁ
EL PODER DE LOS MEDIOS
En la presidencialista sociedad panameña, en la que todo
gira en torno al ocupante del Palacio de las Garzas, los
ciudadanos son vistos desde el poder como una clientela a
la que hay que seducir cada cinco años, con promesas a los
que todavía creen en ellas o con dinero y prebendas a los
que entienden que mentir es un comportamiento consustancial
al político. En el mundo de hoy, los medios se han convertido
en el principal instrumento de esa seducción. A pesar de
que en campaña han sabido utilizar a los medios como una
herramienta eficaz del clientelismo político, una vez en el
gobierno, descubiertas sus verdaderas intenciones, poder y
medios terminan irremediablemente enfrentados.
Fernando Martínez García
jornando@cwpanama.net
Periodista y cineasta. Ha sido corresponsal en Panamá del diario La Jornada de México (1990 a 2002),
correalizador del programa diario de radio Análisis de la Noticia dirigido por Mario Velásquez entre
2004 a 2009. Ha escrito y publicado crónicas y artículos de análisis en revistas y medios locales.
Como cineasta ha sido fotógrafo, camarógrafo, guionista y realizador de documentales y videos de
distintos géneros. Subdirector del Sistema Estatal de Radio y Televisión (2004-2009) y actualmente es
subdirector del Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá. Coautor de
El libro de la Invasión, Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Firme, México, 1998.

124] PANAMÁ
La historia por repetirse
Si es cierto que la historia se repite en espiral y si, como afirmó Marx, esta se repite
primero como tragedia y luego como comedia, la trayectoria de la sociedad panameña
de los últimos cuarenta años es una nítida demostración de este principio.
La tragedia comenzó en 1968, cuando el pequeño grupo de familias acostumbrado
a disputarse entre sí el poder, caracterizado por el presidencialismo y un arraigado
clientelismo político, condujo al país a la mayor y más profunda crisis de la historia
republicana1
.
Los procesos electorales se habían degradado al punto de convertirse en subastas
públicas y los políticos recurrían al electorado cada cuatro años para realizar promesas
que nunca cumplirían. Los medios de comunicación, la mayoría en manos de esas
mismas familias, también habían sucumbido a la tentación de apostar desde ellos a favor
de sus intereses, sacrificando la imparcialidad que debía regirlos. La libertad de expresión
era un mito, puesto que cada gobierno hacía lo posible por acallar a sus adversarios
políticos y los medios alternativos, especialmente los de organizaciones populares o
de izquierda, estaban prohibidos y, en consecuencia, circulaban en la clandestinidad.
Especialmente, el período comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial
(conocido también como el macartismo) y los años finales de la década de los sesenta,
fueron los de mayor agitación social, confrontaciones callejeras y represión.
Adicionalmente, Panamá era, desde inicios de siglo, el portaviones de la estrategia
intervencionista de Estados Unidos en el continente y su dinámica interna –política,
económica, social y cultural– estaba supeditada a los intereses norteamericanos.
Panamá era un laboratorio de pruebas y una escuela de formación permanente de
todos los ejércitos latinoamericanos en la represión y persecución de la llamada
amenaza comunista en la región.
La del 1968 fue una crisis política, resultado del agotamiento de un modelo
autoritario de gestión.
Por esa razón, esos comicios considerados entre los más sucios de la historia del
país, estuvieron empañados por la violencia y la represión, los abusos desde el poder,
la falta de garantías, numerosas y sustentadas denuncias de compra de votos, actos de
coacción, robo de urnas, entre muchas otras formas fraude de ilegalidad.
A las fuerzas armadas, la mayoría de las veces aliadas y cómplices del poder,
represores oficiosos del descontento popular, también les correspondía actuar
1
El capítulo XV de la obra Estudios sobre el Panamá Republicano, de Celestino
Araúz y Patricia Pizurno se califica al período de 1964 a 1968 como: Descomposición
crisis política y social. Ediciones Manfer, 1996.

[125
]
como árbitro obligado y no necesariamente imparcial de las confrontaciones entre
los partidos o clanes económicos que cada cuatro años se disputaban el favor del
electorado2
. Si bien es cierto que la fuerza pública da el golpe de estado, primero
como un acto de supervivencia coyuntural, porque su propia institucionalidad
y autonomía castrense estaba amenazada, también lo hace para aliviar el enorme
desgaste y llenar el vacío que las pugnas interoligárquicas había provocado.
Los militares no tenían en ese momento un proyecto político, ni la intención de
permanecer en el poder indefinidamente, simplemente se dan cuenta de que los
partidos políticos tradicionales, tampoco tenían un plan para sacar al país de la crisis.
Por ello, Torrijos decide ponerse al frente de un proceso social y político inédito en
la historia, buscando establecer alianzas con los sectores populares, tradicionalmente
marginados. Algunos analistas e historiadores sostienen que la intención originaria de
este nuevo pacto, denominado por Torrijos como “yunta pueblo-gobierno”, era dar
legitimad al golpe, pero los cambios ocurridos en la década siguiente demuestran una
trascendencia mucho mayor.
Hoy, a más de 40 años, pareciera que las causas que condujeron a aquella crisis,
a saber, el desprestigio y total desconfianza en los partidos políticos, la democracia
limitada a lo electoral, la institucionalidad secuestrada por el presidencialismo
autoritario, y la postergación de una angustiante y creciente deuda social, emergen
nuevamente. ¿Está la historia por repetirse?
Proyecto Torrijista y medios de comunicación
Una de las primeras acciones del golpe militar fue el cierre y control de los
principales medios masivos de comunicación (el caso más notorio fue la Editorial El
Panamá América, propiedad de la familia Arias, pasó al control de los militares).
A pesar del carácter represivo de los primeros años que siguieron al golpe y
aunque la relación gobierno y medios no fue una prolongada luna de miel, durante
el gobierno de Omar Torrijos3
, quizás como resultado de la necesidad de legitimar el
2
“Las contradicciones en el seno de la clase dominante llegaron a tal gravedad
que meses antes de la definición electoral de 1968 Panamá tuvo dos presidentes, el
electo en 1964, Marcos Robles y Max Del Valle, nombrado como tal por la Asamblea
Nacional. La Guardia Nacional hubo de dirimir la disputa a favor de Robles asumiendo
así una función de arbitraje (…)” Ricaurte Soler, Panamá, historia de una crisis. Siglo
XXI Editores. México, 1989.
3
Torrijos asume el control político del país el 16 de diciembre de 1969, da inicio
a un “repliegue” de los militares a los cuarteles tras la firma de los tratados el 7
de septiembre de 1977. Torrijos muere en un sospechoso accidente aéreo el 31 de
diciembre de 1981. Aristides Royo como figura de transición asume la presidencia
en 1978.

126]
proceso de transformaciones sociales puesto en marcha, se produjo un crecimiento
significativo de los medios.
Persistierontentativasdelimitarlalibertaddeexpresiónycontrolaralosmediosdesdeel
Estado, incluidos hechos lamentables como, por ejemplo, el ataque realizado contra
Radio Impacto, una emisora del dirigente civilista Alberto Quirós Guardia, pero también
se dieron esfuerzos sostenidos por tener una relación armoniosa y de respeto.
En algunas coyunturas, la agenda de Estado, en especial la lucha y las negociaciones
para la firma y ratificación de los nuevos tratados del Canal, por su magnitud a
escala nacional e internacional, dominó en períodos importantes el contenido de
los medios, convirtiéndose en el eje articulador de un debate nacional en el que
participó oficialismo y oposición. El gobierno propició ese debate, incluso lo usó de
herramienta de presión hacia su contraparte norteamericana en el proceso negociador
(visibilizando la existencia de posiciones mucho más radicales que las del gobierno,
que no creían en la negociación como método de lucha) y se puede afirmar que
todos los medios en ese momento consideraron inconveniente tratar de imponer una
agenda distinta. Mario Velásquez gerente de noticias de uno de los dos canales de
televisión locales (RPC, Canal 4 y Televisora Nacional TV2), informa que el gobierno
contrató espacios en la programación de TV-2 y los puso a la disposición de quienes
se oponían a los tratados.
Aunque no existían partidos políticos legalmente constituidos, algunos de sus
dirigentes recurrieron a los medios de comunicación para oponerse a Torrijos y a los
tratados que su gobierno negociaba con Estados Unidos. La mayoría no creía que los
panameños fueran capaces de administrar el Canal y no consideraban conveniente
proponer la salida de las bases militares del país. Para ellos la lucha por la soberanía
de Panamá sobre la totalidad de su territorio era una consigna comunista. Otro sector
de la oposición, basado en la tesis de que primero era “el retorno a la democracia” y
después la recuperación del Canal, se abstuvo.
El caso del Partido Demócrata Cristiano es ejemplar porque nunca abandonó su
rol de oposición al régimen militar en todos los terrenos, pero no desperdició las
rendijas que le abría el sistema y continuó organizándose y movilizándose, cosa que
no hizo el resto de los partidos (que prefirieron permanecer en un virtual estado
de hibernación). Se ensanchó entonces el espacio para la comunicación ciudadana
gracias a la proliferación de las organizaciones sociales, estudiantiles (de distintas
tendencias ideológicas), sindicatos (antes de 1968 eran tan perseguidos que casi
no existían en el país), organizaciones campesinas (asentamientos, juntas agrarias,
cooperativas), juntas comunales y locales, comités de salud, organizaciones gremiales
de profesionales, femeninas, etc.
Todo este activismo generó formas propias de comunicación, mucho más directas
y horizontales que las tradicionales. De este período es el quincenario Bayano (1974-
1989), que se convierte en expresión de un influyente sector de izquierda dentro
PANAMÁ

[127
]
del torrijismo y que jugó un papel destacado en la movilización social que sirvió de
soporte a las negociaciones con Estados Unidos.
Torrijos, que no tenía dotes de oratoria, sí sabía, en cambio, encontrar la cercanía
necesaria para establecer una identificación personal con sus interlocutores, no
tenía facilidad de palabra, pero tenía la magia de saber aproximarse, escuchar y ser
escuchado y convencer al panameño popular. Su “patrullaje doméstico” inaugura
una forma de gobernar/comunicar, de contacto directo con la gente, inédita en la
historia nacional.
Es durante este período que se realizan los primeros esfuerzos por crear medios
de comunicación estatales, prensa, radio y televisión.
En el caso de la Editora Renovación (ERSA) –empresa creada para sustituir en 1969
a la empresa de la familia Arias–, edita los diarios Matutino, Crítica y La República.
Según la familia Arias, su empresa fue expropiada por los militares, para Rubén Darío
Murgas, director del diario Crítica (1974-1981), “la Editorial El Panamá América estaba
en una virtual quiebra financiera, con una gran morosidad en la deuda que mantenía
con el Chase Manhattan Bank, y los militares, a través de un grupo de empresarios
asumen la deuda y a la empresa”4
.
Se crean una agencia estatal de noticias, Panapres, adscrita a la Cancillería y luego
a la presidencia de la república. Según el periodista David Carrasco, Panapres es un
esfuerzo por romper el aislamiento informativo al que eran sometidos nuestros países
y proyectar internacionalmente la lucha por la recuperación del Canal sin depender
exclusivamente de las agencias de prensa comerciales5
.
Radio Libertad, se convierte en un poderoso medio de difusión del movimiento
social que acompaña al torrijismo. Dotada de la mayor potencia y cobertura de la
historia nacional, con programación totalmente propia y noticieros regionales para
cada provincia, gracias a que funcionaban como radios separadas que se encadenaban
en determinados horarios para los noticieros y la transmisión de eventos especiales.
La cadena estaba integrada por Radio Guaymí en la provincia de Chiriquí, Radio
Urracá en Veraguas, La Voz del Teribe en Bocas del Toro, La Voz de Herrera para
Herrera, Radio Victoriano Lorenzo para Coclé, Radio Cristobal Colón para Colón, y la
estación central, Radio Libertad en la ciudad de Panamá.
4
ERSA recibía un subsidio estatal que consistía en la exoneración del impuesto de
introducción del papel que era pagado al Estado con publicidad en las páginas de sus
diarios.
5
La tesis central era romper el aislamiento informativo en el que se encontraba,
no solo Panamá, sino toda Centroamérica. Entrevista con el autor, 31 de marzo 2010.
Según Rubén Murgas, Torrijos aprovechó su amistad personal con Zoilo Martínez de
la Vega, corresponsal en la región de la Agencia Española de Noticias, para impulsar
el surgimiento de la Agencia Centroamericana de Noticias, Acan-Efe.

128]
Del lado de la oposición, dos figuras del panameñismo, Louis Martins y Miguel
Ángel Moreno Góngora fundaron el diario Ya, de corta duración.
El8deagostode1980ungrupoimportantedefigurasdeoposicióneindependientes
(sin militancia partidista previa) encabezados por Roberto Eisenman funda el diario La
Prensa, medio que muy rápidamente pasa a jugar un papel central en la lucha contra
el proyecto político liderizado por Torrijos.
El norieguismo, nueva crisis e invasión
Cuando Torrijos muere el 31 de julio de 1981, había iniciado el proceso que
el mismo denominó el “repliegue de los militares a los cuarteles”, que implicaba
preservar parte de la institucionalidad construida durante la década de los setentas
(sistema de representantes de corregimiento, juntas comunales y locales, más de mil
comités de salud, más de 300 asentamientos campesinos, etc.) y la transición gradual
hacia las formas convencionales de institucionalidad democrática liberal. Se parte
del supuesto de que con la legalización de los partidos políticos, de la Asamblea
Nacional y la convocatoria a elecciones generales directas el poder comenzaría a
gravitar nuevamente en los civiles y en la clase política. Para Torrijos este proceso
no implicaba sacrificar lo esencial de lo alcanzado por el movimiento social que
hizo posible el pacto social que condujo a la firma y ratificación de los Tratados
Torrijos-Carter, por el contrario, construir un nuevo acuerdo nacional, para enfrentar
el problema de la deuda social, debía ser el nuevo gran objetivo del torrijismo. Es
decir, Torrijos confiaba en el liderazgo político alcanzado y en la acumulación de casi
una década de lucha y agitación a favor de la principal causa de los panameños, pero,
al mismo tiempo entendía que, para concretar este nuevo consenso nacional, no se
podían seguir utilizando los mismos “instrumentos de navegación”. Adicionalmente,
una nueva ola conservadora se inauguraba en el mundo con la llegada al poder
de Ronald Reagan, un acérrimo enemigo de los Tratados Torrijos-Carter6
y de la
devolución del canal a los panameños.
La cúpula militar que se instala en la comandancia tras su muerte, no solo abandona
la visión y compromiso de Torrijos sino que toma la dirección contraria para mantenerse
en el poder. Con este alejamiento de la ruta propuesta por Torrijos, a partir de la
convocatoria a elecciones generales directas en 1984, se fue acentuando el clientelismo,
tanto en lo interno de las fuerzas torrijistas como en la renacida partidocracia.
6
Los tratados establecían, además del traspaso de la administración de la vía
interoceánica, un cronograma de entrega gradual de tierras, aguas, instalaciones
civiles y militares a Panamá que culminó el 31 de diciembre de 1999.
PANAMÁ

[129
]
No debe desconocerse que los gobiernos republicanos de Estados Unidos, Reagan-
Bush, hicieron cuanto estuvo a su alcance para revertir el calendario descolonizador
pactado en los Tratados Torrijos-Carter y apoyaron por todos los medios a las fuerzas más
conservadoras a lo interno del país para evitar la continuidad del proyecto torrijista7
.
Tras un accidentado camino de represión en las calles, renuncias de mandatarios
civiles, de golpes y contragolpes a lo interno de las Fuerzas de Defensa, la cúpula
militar encabezada por Noriega, alegando la amenaza real del gobierno de Estados
Unidos de mantener bases militares en el país, emprende el camino de regreso al
autoritarismo más rampante, desconoce el mandato popular y anula los resultados
de las elecciones de 1989, pasa a controlar los tres poderes del Estado (cierra la
Asamblea) y, finalmente, asume personalmente la conducción del país.
Como era de esperar, lo que caracteriza a este período norieguista, es su abierta
confrontación con los medios de comunicación (aquellos que no controlaba el
gobierno). Los medios, a su vez, reflejan las tensiones políticas y sociales por las
que pasaba la sociedad, y se convierten en uno de los principales mecanismos
de denuncia y oposición al poder. No hay duda de que los medios contribuyeron
decisivamente a dibujar el perfil negativo del régimen y a aislarlo políticamente
nacional e internacionalmente. Especialmente el diario La Prensa, tuvo una gran
beligerancia y se convirtió en una poderosa herramienta de movilización ciudadana.
Esta confrontación condujo a acciones de abierta represión y censura (ataques y
cierres de La Prensa), la persecución y exilios de dirigentes de oposición.
Es importante destacar, ahora que se considera imprescindible, tanto para gobernar
como para hacer oposición, el acceso a los medios masivos de comunicación, que,
cuando hay motivos y no hay medios, los movimientos sociales son capaces de
generar sus propios medios alternativos de comunicación eficaces en la canalización
del descontento y en la movilización ciudadana. Ese es el caso del movimiento de la
llamada Cruzada Civilista, principal fuerza opositora a Noriega, que estando cerrado
el diario La Prensa, en la coyuntura que antecedió a la invasión militar norteamericana
del 20 de diciembre de 1989, supo crear sus propios medios, como la reproducción
de hojas volantes que se distribuyeron por miles en todo el país.
La mayoría de los panameños que protestaron en las calles buscaba una salida a
la crisis y veían al militarismo como el principal enemigo de la democracia. Otros, se
oponían al militarismo nacional y favorecían una acción militar extranjera: pidieron
la invasión militar del 20 de diciembre de 1989.
7
El gobierno de George Bush padre (1989-93) aportó diez millones de dólares
a la campaña de Guillermo Endara, bloqueó los activos panameños en la banca
norteamericana, realizó toda clase de acciones desestabilizadoras del país, incluidas
incursiones militares en territorio bajo jurisdicción panameñas, en la fase previa
a la invasión.

130]
El uso desproporcionado del poderío militar norteamericano, las numerosas
muertes y heridos, en su gran mayoría civiles inocentes, la destrucción de barrios
enteros, de infraestructura estatal y privada, la proliferación de armas en las calles,
la desaparición intempestiva de toda autoridad en el país, todos los elementos y
consecuencias de una agresión a gran escala sin precedentes en la historia de las
intervenciones militares en América Latina, configuraron un trauma para la nación
que dejó secuelas en su autoestima de las que todavía, 20 años después, muchos
panameños no quieren ni hablar.
La democracia mediatizada
La intervención militar norteamericana puso fin al gobierno de Noriega, provocó
la recomposición y reagrupamiento de los actores políticos, destruyó algunas
instituciones y permitió el surgimiento de otras. El fin de la crisis, aunque traumático
y doloroso, abrió una nueva gama de oportunidades para hacer avanzar el país.
La invasión también le sirve a la dirigencia ultraconservadora de Estados Unidos
para recuperar a un país –de gran importancia geoestratégica– a su esfera de control.
Eso explica las tentativas norteamericanas, durante los gobiernos de Endara y Pérez
Balladares(1994-99),derenegociarlosTratadosdelCanalylasuscripcióndenumerosos
acuerdos bilaterales destinados a garantizar formas disimuladas de presencia e
intervención en su sistema jurídico, en su espacio aéreo y aguas territoriales. Gracias a
ello, Panamá regresa a participar activamente de todas las formas de “cooperación” y
alineamiento con Estados Unidos en la región (Plan Colombia, Puebla Panamá, etc.),
incluidas las militares, a pesar de que una reforma constitucional, aprobada mediante
un consenso entre todos los partidos políticos, proscribió la formación de un ejército
nacional en el país.
En materia de medios de comunicación, los diarios de la Editorial El Panamá América
(Epasa) son devueltos a la familia Arias y se reabre La Prensa. Se inicia un período
de desarrollo cuantitativo y cualitativo de los medios y se inauguran nuevas formas
de relacionarse con el poder. Paralelo a este crecimiento, se acentúa la tendencia
de concentración de la propiedad de los medios en cada vez menos manos, al
tiempo que desaparecen las pocas formas de comunicación alternativa existentes. En
Panamá, por ejemplo, en términos comparativos con sus vecinos Colombia y Costa
Rica, prácticamente no existen medios de comunicación alternativos ajenos a los
poderes fácticos (político o económico) y el espacio para la comunicación ciudadana
se ha ido reduciendo.
Esto explica que ningún partido político publique en la actualidad un periódico
o revista, ninguno mantiene un programa de radio o televisión, ninguno posee una
estrategia permanente de comunicación y propaganda.
PANAMÁ

[131
]
Salvo algunos pocos programas de radio (espacios pagados) de muy poca audiencia
de organizaciones gremiales, no hay en el país medios o espacios con algún nivel de
permanencia e influencia en manos de grupos de ciudadanos. Poseer medios de
comunicación propios y alternativos no aparece como uno de sus propósitos.
En ese contexto, a los medios de comunicación corresponde –si es verdad
que, como predican, tienen un compromiso social– crear espacios efectivos de
participación, generar vocerías sociales y ganar independencia de los intereses
políticos-económicos. Pero no ha sido así.
La agenda de los medios y la de los ciudadanos
Esta nueva fase –de 1990 a nuestros días– se caracteriza por un cada vez
mayor protagonismo de los medios masivos de comunicación en la vida nacional,
principalmente en la política. Como señala Omar Rincón, “mas que gobernar o hacer
política desde la izquierda o la derecha o desde las ideas, se hace comunicación,
televisión, melodrama”8
. En ese nuevo escenario se es consumidor o mercancía, lo
demás sobra.
A escala global, la televisión afinca su dominio en el panorama mediático y en la
captación del tiempo libre de las personas. Por esta razón, a pesar de lo reducido del
mercado interno (la población es de 3.5 millones de habitantes), la oferta televisiva
se ha multiplicado, no solo el número de canales, sino la extensión de los horarios
de programación. De 1961 a 1980 solo existían dos canales de televisión comercial
de cobertura nacional, RPC TV y TVN9
, en 1981 abren Panavisión Canal 5 y Telemetro
Canal 13 (ambas empresas dirigidas por personas vinculados al gobierno de ese
momento) y en los años subsiguientes abren seis canales comerciales de televisión
abierta más, a saber, RCM (Radio Cadena Milenium), Hosana Visión, Mas 23, TV7, TV
Max y Mix TV (Canal 33).
Un canal educativo-cultural manejado por la Iglesia Católica, FETV Canal 5,
sustituyó en 1992 a Panavisión del Istmo (empresa controlada de forma indirecta por
los militares hasta la invasión del 20 de diciembre de 1989).
El 28 de diciembre de 2005 se crea por ley el Sistema Estatal de Radio y Televisión,
que fusiona las estaciones de radio y la televisión estatales. SERTV, también de carácter
educativo y cultural, es el resultado de un largo proceso iniciado en la Universidad de
8
Omar Rincón. El juego político de los medios. Periódico El Tiempo. Bogotá,
Colombia, sept. 29 de 2008.
9
También existió una radio y un canal de teleision del Comando Sur del Ejército de
Estados Unidos acantonado en Panamá, de cobertura en las ciudades de Panamá y
Colón y un canal estatal educativo de cobertura en la ciudad capital.

132]
Panamá a inicios de la década de los setenta. Este proyecto entre el 2004 y el 2009
intenta ganar autonomía (y en efecto la gana desde el punto de vista administrativo y
financiero) y zafarse del enfoque de medios dedicados exclusivamente a la promoción
gubernamental para convertirse en un proyecto más diversificado de televisión
cultural, de televisión de servicio público, y radioemisoras especializadas con
franjas de programación diseñadas y abiertas al debate y la participación ciudadana.
Lamentablemente, esta visión colisiona con el enfoque utilitario de usarlo como
simple emisor de la comunicación gubernamental.
En general, el incremento de la oferta de canales no se traduce en una mayor
diversificación de la propiedad de los medios. Por ejemplo, el 22 de noviembre
de 1995 los propietarios de dos de las tres cadenas mas grandes del país, Nicolás
González Revilla y Fernando Eleta anuncian la fusión de sus empresas al crear la
Corporación Medcom que, además de controlar a RPC TV y Telemetro Canal 13,
suma a los nuevos Tele 7 y, dos cadenas de radio RPC Radio y Caliente, tres canales de
cable, Eco Tv, Mall Tv y Travel Panamá y es uno de los dos proveedores del servicio de
televisión por cable del país. En el caso de TVN, obtiene la concesión para la creación
de un nuevo canal, TVmax, que inicia operaciones en el 2005 con una programación
dedicada principalmente al deporte.
En la medida en que crece la industria, se va desdibujando más la pretendida
función social de los medios. Por ello, aunque hay cada vez más talento nacional
preparado y especializado, principalmente jóvenes egresados de escuelas de cine y
televisión de otros países, los nuevos canales prefieren surtirse de enlatados baratos y, en
consecuencia, hay mas empresas televisoras panameñas, pero no necesariamente mas
producción de televisión nacional. Por ejemplo, en el país no se hacen documentales
para la televisión comercial (y cuando los hay, esta se niega a pasarlos), ni videos de
ficción cortos o largos y los pocos programas de factura local están dedicados al humor,
a una visión costumbrista del folklore o son copias malas de los de competencias que
se hacen en todos nuestros países, tipo “¿quién quiere ser millonario?”.
Sí se han multiplicado los espacios informativos y de opinión, pero la agenda de
los medios no es igual a la de los ciudadanos. Las noticias se centran en personajes o
individualidades y “sólo leen lo que hacer el poder”, porque “la visibilización de lo
que hace el poder ha sido una de las funciones importantes del periodismo”10
.
La contraparte de esa tendencia es la invisibilización de aquello que representa
el interés del ciudadano, su suplantación deliberada (por versiones adulteradas de
10
Ana María Miralles. Periodismo y opinión pública. La agenda Ciudadana de los
Medios. Editorial Norma. Bogotá Colombia, 2002.
PANAMÁ

[133
]
su realidad) y, en el peor de los casos, la silenciación sistemática de aquellas voces
críticas y discrepantes.
Panamá sigue estando entre los tres países con peor distribución de la riqueza
en el continente a pesar del crecimiento sostenido de su economía, el aumento
significativo de la inversión extranjera la multiplicación de los altos y lujosos edificios,
principalmente en la estrecha franja que comprende la zona de tránsito. El 56% de
los que ingresan al sistema educativo no termina la secundaria. En Panamá el 40% de
las familias de menos recursos recibe el 10.4% del producto interno bruto mientras
que el 10% de las familias ricas recibe el 38.6% del PIB11
.
En esa realidad, la radio y la televisión (la prensa escrita en una proporción menor)
se convierten en mecanismo de desahogo del malestar ciudadano. Los medios
devienen en eficientes administradores del descontento. Peor aún, esta función se
vende como una forma de participación de la gente aunque es, en realidad, una
mercancía, un procedimiento para llamar la atención, ganar audiencia.
Implica también sacrificar el sometimiento del contenido de los medios a fines
mercantiles (no publicar o emitir aquello que afecta a sus anunciantes es una práctica
inveterada de muchos medios en Panamá) y renunciar a la pretensión de chantaje
hacia el poder basada en que la influencia de los medios es imprescindible para gozar
una percepción favorable, hasta el punto de que nuestra clase política asume que
“tener buen prensa” es un atributo indispensable para la gobernabilidad.
Los medios se tiñen de rojo
La crónica roja es la otra dinámica movilizadora de las franjas informativas de los
medios. En Panamá, siempre existió crónica roja pero, desde la invasión militar de
1989, se viene registrando un aumento sostenido de la violencia en todas sus formas
con un reflejo, a menudo desproporcional, en casi todos los medios. El espacio que
los noticieros dedican a la crónica roja no sólo ha aumentado como resultado del
incremento mismo de la criminalidad sino por el uso de la repetición como técnica
para mantener al telespectador pendiente de un desenlace. De esta forma, por
ejemplo, un mismo crimen se anuncia hasta cinco veces en el mismo noticiero antes
de que se puedan conocer los detalles en la nota completa.
11
Según datos de la Cepal citados por Martes Financiero. La Prensa. 15 de sept.
2009. Pag. 25.

134]
Pero no hay duda de su incremento objetivo, en especial, la violencia asociada
al narcotráfico, incluida una de sus derivaciones principales, el pandillerismo, el
sicariato (principalmente las ejecuciones por los llamados “tumbes” en el trasiego
de la droga o cuentas pendientes). Panamá como país de tránsito, ruta privilegiada
del comercio mundial, también es paso obligado de la droga que se produce en el
sur (principalmente Colombia) y busca en los Estados Unidos su principal mercado
de consumo. A su vez, su centro bancario y financiero, el dólar como divisa de uso
corriente, su zona libre de Colón (la mayor de Latinoamérica) y el boom inmobiliario,
convierten al país en una atractiva plaza para lavar el dinero del narcotráfico. Las
autoridades actuales estiman que se movilizan a través de Panamá 250 toneladas de
droga al año. En el 2009 se incautaron en el país 54 toneladas de cocaína y en sólo
los dos primeros meses de 2010, han sido decomisadas 6 toneladas12
.
En el caso de los diarios, los de más circulación nacional son los que consagran la
mayoría de sus espacios a la crónica roja. En el caso de la televisión, también se vienen
registrando cambios en la narrativa mediática misma. Los canales compiten para llegar
primero al sitio de la tragedia, hasta el punto que, a menudo, llegan primero que las
autoridades y las mismas se ven obligadas a reconocer que se enteraron por la tele.
Las autoridades policiales, que antes se irritaban por la puntual y contaminadora
presencia de cámaras en la escena del crimen, ahora agradecen la “cooperación”
de los medios y ocasionalmente les invitan a participar de operativos policiales
“televisados en vivo y a todo color”, en los que se puede ver cámara y periodista
correr en medio de tiroteos y persecuciones.
Mucho se debate sobre la sensación de inseguridad. El temor se convierte en
un catalizador social que genera impotencia, pasividad, destruye la autoestima y la
voluntad de participar del cambio social. Otro efecto perjudicial que acompaña a las
doctrinas de mano dura aplicadas por gobiernos de corte derechista y autoritario.
Otro resultado de esta consciente práctica de enajenación es la evidente
discriminación social y étnica que se refleja en la cobertura de los medios de la
violencia. La propia dinámica comunicacional ha ido generando nuevas formas, mucho
más elaboradas que el simple reporte de un delito o crimen y la nueva tendencia es
la judicialización del periodismo, es decir, el proceso mismo se convierte en pasto
del sensacionalismo. Se impone una marcada tendencia en los abogados a ganar sus
pleitos legales a los medios antes que a los tribunales.
12
Fabio Agrana. Carteles mexicanos bajan hasta el Canal de Panamá. Agencia EFE,
13 de marzo de 2010.
PANAMÁ

[135
]
El clientelismo y los medios
El otro gran tema de los medios en Panamá es la “politiquería criolla”. Los medios
siguen a los políticos con avidez porque muchos tienen conductas inapropiadas,
lo que permite construir historias de intrigas entre personajes a menudo corruptos,
pintorescos, burdos y hasta procaces.
Adicionalmente,lasencuestasdeopiniónqueserealizanenelpaísindicanqueclase
política recibe siempre una mala calificación. Para contrarrestar tanta animadversión,
se recurre al marketing político convertido en una especie de superciencia moderna.
Los asesores de imagen y la publicidad que puedan pagar sustituyen, en buena
medida al proyecto, las ideas o las cualidades objetivas del candidato, del diputado,
del ministro. De esta forma, para los políticos los medios se convierten en el tinglado
en el que se libra la lucha entre lo que se percibe y lo que se es, entre lo que se dice
y lo que se hace.
En el caso de Panamá, el resultado de este proceso es una mayor concentración
del poder en torno a la figura presidencial, la administración del Estado camina hacia
un modelo cada vez mas autoritario en el que, como antes de 1968, la democracia
se limita al sufragio y los ciudadanos son meros espectadores, receptores de uno
u otro subsidio, actos de beneficencia demagógica que en nada contribuyen a la
disminución objetiva de su pobreza.
El poder y los medios en la era de los telepresidentes13
Ninguno de los gobernantes de la democracia post-invasión –Guillermo Endara,
Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos– gozó de una prolongada
luna de miel con los medios. Todos, con distintos énfasis y capacidades, actuaron con
apego a las recetas impuestas por la economía global, sin realizar transformaciones
de fondo, capaces de cambiar las enormes desigualdades. Más allá de sus intenciones
declaradas, de los avances modernizadores del Estado y el desarrollo de proyectos
y la construcción de necesarias obras de infraestructura, el alcance de las políticas
económicas y sociales no ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la
pobreza y pobreza extrema.
Por ello, no se puede afirmar que las contradicciones entre poder político y los
medios de comunicación tengan un fondo económico-sistémico, al contrario, la
13
Tomado de Los tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia.
Friedrich Ebert. Bogotá, 2008.

136]
mayoría de los medios en Panamá están fuertemente vinculados a grandes firmas de
abogados, empresas inmobiliarias, del sistema financiero, banca y seguros, principales
beneficiaros de las políticas económicas de impuestas por los gobiernos.
El control de los medios, como tendencia generalizada en el mundo, a su vez,
refleja un cada vez mayor grado de concentración en pocas manos. En el caso de la
televisión, el 95% del mercado está en manos de tres grandes empresas: Corporación
Medcom, Televisora Nacional-TVN y Cadena de Radio y Televisión Milenium-RCM.
Los diarios, a su vez están controlados por tres empresas: Corporación La Prensa (La
Prensa y Mi diario), Editora El Panamá América (El Panamá América, Crítica y Día a día)
y el Grupo Wisa-Cima (La Estrella de Panamá y El siglo).
De distintas maneras dueños, directivos o gerentes de estas empresas han formado
parte de distintos gobiernos o forman parte, a su vez, de empresas que contratan con
el Estado.
Por otro lado, como un claro indicio de los niveles de influencia que ha ido
ganando de la magia de la televisión, presentadores de programas de televisión sin
trayectoria, incursionan con cada vez más éxito en la política y muchos han sido
y son hoy diputados y ministros. En el actual gobierno se pueden mencionar: el
ministro de desarrollo social, Guillermo Ferrufino, –quien es el presentador de un
programa que se llama Que tal si te digo, en el que cada semana se materializa la
aspiración de una persona abatida por la pobreza, enfermedad o tragedia–, la titular
de educación, Lucinda Molinar, –quien era la periodista/presentadora de un noticiero
de denuncias de problemas de ciudadanos y persecución de respuestas inmediatas de
funcionarios14
–, los diputados oficialistas, Luis Eduardo Quirós, –que era presentador
de Éntrese a ganar–, Victor Juliao Hijo, de Un día de suerte y Luis “agapito” Cleghorn,
–exdiputado y hoy embajador de Panamá en Cuba, era uno de los personajes del
programa de sátira y humor denominado La cáscara–.
La manzana de la discordia en la relación entre el poder político y los medios ha sido
y es la corrupción. Sobre este tema, la capacidad de denuncia de los medios (a pesar
de que a menudo ha sido tendenciosa y sesgada) ha tenido y tiene mucha importancia
para el país frente a la impunidad reinante, hasta el punto de que los ciudadanos
perciben que es mayor el castigo a la corrupción que proporcionan los medios (una
sanción moral) que el que da un sistema de justicia inoperante y corrupto.
La paradoja radica en que los medios pasan de ser herramienta del clientelismo del
candidato durante su campaña, a auditores de su gestión, cuando éste llega al gobierno.
14
En el caso del ministro Ferrufino pasó de ser modelo de modas a presentador de
televisión, no ha estudiado o tenido experiencia previa en disciplinas vinculadas
a su cartera y la ministra Molinar, estudió periodismo en Chile y ha reconocido
en numerosas ocasiones que no estaba preparada para asumir un cargo de tanta
complejidad, no obstante, decidió asumir el reto.
PANAMÁ

[137
]
Es importante destacar que todos los gobiernos de estos últimos 20 años, unos más
que otros, mantuvieron coqueteos, contradicciones y hasta enfrentamientos con los
medios, pero ninguno sucumbió a la tentación de tratar de imponer censura o represión
desde el poder. Se interpusieron demandas de calumnia e injuria contra periodistas
o propietarios de medios, y estos han tenido que responder ante los tribunales, se
hicieron declaraciones airadas contra ellos, pero no se llegó a mayores.
Los gobiernos en esta nueva fase recurren a la Secretaría de Comunicación del
Estado, una especie de superministro sin cartera, para manejar las relaciones del
gobierno con los medios y administrar la inversión de importantes sumas de pauta
publicitaria destinada a defender o promover su gestión. Curiosamente, las funciones
de esta secretaría no están claramente definidas en el ordenamiento jurídico (no existe
una ley que la regule), ni sus titulares han actuado, en propiedad, como portavoces
del gobierno o del presidente de la república o respondiendo a una política pública
propuesta o debatida con la sociedad.
Esta secretaría, adicionalmente, concentra y supervisa la labor de las direcciones
de relaciones públicas o de comunicación de todos los ministerios y entidades del
gobierno. Esta función ha llegado a ser tan centralizada y acuciosa que todos los
productos y servicios de publicidad, pauta de publicidad en medios, anuncios (avisos
pagados, baners, afiches, que se insertan en publicaciones), la vallas o letreros de calle
y todo lo que se imprime o edita requieren primero el visto bueno de la secretaría.
Por absurdo que sea, este control se ha mantenido de gobierno a gobierno.
En el caso de la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), cuyo
rasgo distintivo fue aplicar las recetas y cumplir los compromisos del llamado
consenso de Washington (principalmente la privatización de las empresas de servicio
público, rebaja de aranceles y facilitar la inversión extranjera), da el primer gran
impulso modernizador del modelo de gestión del Estado, la construcción de algunas
importantes obras de infraestructuras (corredores y carreteras) y prepara con eficiencia
las condiciones para el traspaso de la administración del Canal a manos panameñas
el 31 de diciembre de 1999.
Durante los cinco años de su gobierno, Pérez Balladares se esmeró por proyectar
un perfil afable, pero su personalidad –calificada de arrogante por los medios–
y el impacto negativo de sus políticas económicas en el bienestar de los sectores
medios y pobres disminuyó su popularidad. Aunque se produjeron acusaciones de
corrupción contra su gobierno, estas fueron quedando entrampadas en el frondoso
sistema judicial panameño15
. Adicionalmente, casi al final de su mandato, intentó,
15
Pérez Balladares es investigado actualmente por el delito de blanqueo de
capitales.

138]
proyectando una costosa campaña de publicidad, aprobar una reforma constitucional
para su reelección inmediata que resultó en un estrepitoso fracaso.
En el caso de la administración de Mireya Moscoso (1999-2004), que heredó de
la administración anterior la ley de Transparencia (una conquista de organizaciones
de la llamada sociedad civil), uno de sus primeros actos de gobierno fue inhabilitar su
aplicación y así se mantuvo durante los cinco años de su gestión, pese a la permanente
presión de los medios que veían, como quedó demostrado, que esta medida no tenía
otra intención que la de ocultar numerosos actos de corrupción gubernamental.
Mientras los escándalos de corrupción se multiplicaban, la presión a favor de
la institucionalización de las herramientas de transparencia fue en aumento,
especialmente desde los medios de comunicación.
La administración de Martín Torrijos (2004-2009) levantó el cerco sobre la ley de
transparencia y eliminó las llamadas leyes mordaza mediante la aprobación de la ley
22 de 2005 que deroga la Junta Nacional de Censura y elimina la figura del desacato
que permitía a cualquier funcionario con mando y jurisdicción imponer sanciones
(pecuniarias o de privación de libertad) si consideraba que periodistas en el ejercicio
de sus funciones le calumniaba o injuriaba.
Torrijos también adoptó, como resultado de la necesidad de modernizar la gestión
del Estado, mecanismos promotores de la transparencia y la rendición de cuentas
(Panamá Compra, Panamá Tramita, Sígueme, Denuncia ciudadana, etc.) que facilitan
la labor de los ciudadanos y los medios para investigar y detectar el desgreño o la
corrupción en los procesos de compras y contratación del Estado.
Se fortalecen las instancias de participación ciudadana y los mecanismos de
promoción del consenso sobre problemas de gran calado. Se dieron garantías y
abrieron espacios para el debate nacional que antecedió al referéndum de aprobación
de la ampliación del canal, se convocó a la discusión y aprobación del llamado Pacto
de Estado por la Justicia y se realizó el esfuerzo de Concertación Nacional para el
Desarrollo con una amplia participación de representantes de organizaciones de la
sociedad civil. Este último esfuerzo culminó con una agenda de compromisos, plazos
y la consignación de los aportes que debía hacer el Estado para el financiamiento de
los proyectos.
No obstante, la gestión de Martín Torrijos no estuvo exenta de acusaciones de
corrupción, principalmente se le ha cuestionado el otorgamiento oneroso para el
Estado de concesiones a grandes empresas y la contratación de empresas de dudoso
origen o trayectoria que incumplieron la realización de obras como la reparación de
escuelas y otras.
PANAMÁ

[139
]
Las elecciones de 2009, el salto al pasado
Si algo define el torneo electoral que culminó el 3 de mayo de 2009 es la total
ausencia de ética y la prevalencia absoluta del dinero como motor principal de los
comicios.
En palabras del sociólogo Raúl Leis: “En Panamá inscribir partidos, candidatizarse,
propagandizar, en otras palabras agitarse decisivamente en el campo político, pasa
por las altas cifras de las cuentas bancarias. Esto es esencialmente antidemocrático y
abre las puertas para la corrupción”16
.
Es cierto que la palanca principal del discurso del candidato del Partido Cambio
Democrático, Ricardo Martinelli, ultraderechista y dueño de la principal cadena de
supermercados del país, fue capitalizar el descontento acumulado por los gobiernos
anteriores en el seno del electorado. Que el electorado comprara la promesa de
Martinelli de ser un empresario multimillonario “distinto a los políticos de siempre,
que entran pobres al gobierno y salen millonarios”, a pesar de que su trayectoria
personal y política decía exactamente lo contrario17
, fue el resultado de una operación
mediática de gran escala.
No se puede medir con exactitud el costo de una campaña política en el país,
pero numerosos medios locales coinciden en que el candidato Ricardo Martinelli
gastó 40 millones y su adversaria, Balbina Herrera, 4 millones. En el caso de Martinelli
el costo real es mucho mayor si se toma en cuenta que su campaña duró ocho años
(ya que fue candidato perdedor de las elecciones anteriores) durante los cuales nunca
dejó de pautar publicidad a favor de su candidatura.
De acuerdo con Contraloría General, durante el primer trimestre de 2009 la
inversión publicitaria fue de 100 millones 113 mil dólares mientras que en el mismo
período del año anterior fue de 67 millones 679 mil, lo que refleja un incremento
de 47.9% en comparación al mismo período del año anterior18
. Según datos de la
empresa Ibope-Panamá, se destinaron 248 millones de dólares a publicidad durante
el año 2009, de ellos 159.9 en televisión y 48 en diarios19
.
Si tomamos en consideración que solo los 4 primeros meses del año 2009
corresponden al período de campaña (las elecciones fueron el 3 de mayo) y los efectos
16
Raúl Leis. Retrato escrito de la corrupción. Fundación Friedich Ebert. Primera
edición. Oct. 2009.
17
Martinelli, ha sido presidente y candidato presidencial de su partido, Cambio
Democrático, desde su fundación. Fue director de la Caja de Seguro Social en el
gobierno de Pérez Balladares y ministro del canal del de Mireya Moscoso.
18
La Estrella de Panamá, 23 de mayo de 2009.
19
El Panamá América, 5 de noviembre de 2009

140]
que sobre el mercado publicitario debía tener la crisis financiera global, podemos
concluir que buena parte de ese incremento es atribuible a las elecciones20
.
El dinero también resulta imprescindible para armar las llamadas campañas
sucias (el uso sistemático de la mentira, las calumnias, el insulto, la fabricación o
falsificación de expedientes, ataques a la vida personal, difusión de rumores, etc.).
Este tipo de estrategia se impuso en el proceso electoral desde las primarias tanto
dentro del oficialismo (el candidato Juan Carlos Navarro echó mano de ella) como
en la oposición (Martinelli usó todas las armas, lícitas o no, para atacar de forma
inmisericorde al candidato del Panameñismo y, después de doblegarlo, sumarlo a
su candidatura, estrategia que le aseguró el triunfo). En ambos casos, Juan Carlos
Navarro y Juan Carlos Varela terminaron siendo candidatos a la vicepresidencia de las
dos alianzas participantes.
El espectáculo de las campañas sucias –en su edición del 2009– no tuvo límites
porque, por primera vez en veinte años, uno de los candidatos, Ricardo Martinelli,
se negó a suscribir el pacto ético promovido por el Tribunal Electoral con la Iglesia
Católica como garante.
Por otro lado, aunque no se conocen estudios en rigor, el desbalance no fue solo en
materia de pauta publicitaria contratada, también la mayoría de los propios medios,
sus franjas o secciones de noticias dedicadas a la cobertura del proceso electoral, se
parcializaron a favor de una candidatura, lo que implica una zona gris respecto a si
también se compró esta parcialización en forma invisible.
De acuerdo a Vielka Vásquez, exdecana de la Facultad de Comunicación Social
de la Universidad Nacional y actual presidente del Consejo Nacional de Periodismo,
“hubo manipulación de los medios a favor de una candidatura” y “para nada se buscó
la objetividad y el equilibrio informativo”21
.
Un ejercicio simple de monitoreo cuantitativo y cualitativo de los espacios
dedicados a informar del proceso electoral da cuenta de una evidente inclinación a
favor del candidato Martinelli (principalmente en los canales de televisión).
Quizás el mejor ejemplo de esta parcialización sea la cobertura del caso de David
Murcia Guzmán, un colombiano acusado de lavado de dinero en Colombia, Estados
Unidos y Panamá, detenido y entregado –de forma expedita– por el gobierno de
Martín Torrijos al gobierno colombiano y extradictado luego a Estados Unidos donde
espera juicio.
20
La comparación entre el 2008 y 2009 es un indicador pero no refleja la realidad
del gasto en publicidad electoral porque el candidato Martinelli mantuvo publicidad
pagada en los medios durante los cinco años de la administración de MartínTorrijos y
las elecciones primarias del PRD también significaron cifras millonarias en este rubro
durante todo el 2008.
21
Entrevista con el autor. 1 de marzo de 2010.
PANAMÁ

[141
]
Estando en la cárcel de mayor seguridad de Colombia y habiéndose negado, al
menos dos ocasiones, a declarar ante las autoridades panameñas, Murcia es trasladado
a una especie de suite para que conceda una entrevista exclusiva a un canal de
televisión panameño, del cual es accionista el candidato Martinelli, en la que acusó
a la candidata oficialista a la presidencia, Balbina Herrera, y al candidato oficialista a
la alcaldía capitalina, Roberto Velásquez, de haber recibido millones de dólares para
sus respectivas campañas.
La entrevista arreglada, dada en condiciones inexplicablemente especiales, editada
convenientemente (omitiendo los comentarios de Murcia a favor de Martinelli) tuvo
un efecto demoledor en ambas campañas, en especial para el candidato a alcalde
Roberto Velásquez debido a que tres escoltas del Servicio de Protección Institucional
(responsables de proteger al presidente, sus ministros, etc.), declararon haberlo visto
salir con un maletín de una reunión con Murcia en un hotel de la localidad. Como era
de esperarse, el escándalo se convirtió en el centro del debate electoral.
Sospechosamente, los guardaespaldas que acusaron a Velásquez, estaban asignados
al servicio de la ex-presidenta panameñista Mireya Moscoso (dirigente del partido
más grande de la alianza que apoya a Martinelli). Estando al servicio de Moscoso, los
agentes fueron “recomendados” a Murcia para que trabajaran para él “en sus horas
libres” en su custodia personal.
Vencido el valor de uso del escándalo, al inicio del nuevo gobierno, los tres
agentes del Servicio de Protección Institucional, que habían sido destituidos de sus
cargos por una clara violación al reglamento interno que les prohibe servir como
guardaespaldas de terceros (mucho menos a un capo mafioso), fueron premiados por
Martinelli con su reintegro al servicio activo y el fiscal que llevaba el proceso contra
Roberto Velásquez, decidió, finalmente, el archivo del proceso por falta de evidencias
y ordenó su sobreseimiento definitivo. Los medios, que en campaña hicieron por
semanas sus primeras planas con el caso Murcia, apenas consignaron la información
del pronunciamiento final de la justicia panameña.
El nuevo gobierno y los medios de comunicación
Una vez en el poder, el presidente Martinelli (2009-2014) ha asumido en el gobierno
el mismo método y estilo mediático que mantuvo en campaña. Ha continuado el
bombardeo frecuente de spots publicitarios de radio y televisión narrados en primera
persona y en persona por el propio presidente. El manejo mediático es una coreografía
que encubre la personalización del poder.
Para marcar la diferencia, para dejar de parecer un candidato y parecer un
presidente, asume un tono autoritario y en algunas de sus apariciones televisadas,
mazo en mano, derriba muros o cercas de propiedades que considera ocupadas
ilegalmente por empresarios, transgrede la separación de poderes y hace declaraciones

142]
amenazantes a sus adversarios políticos, a la dirigencia sindical que protesta en las
calles, a los delincuentes comunes.
Aunque el presidente sigue disciplinadamente una elaborada agenda mediática,
la abismal contradicción entre lo prometido en campaña y lo hecho en el gobierno
ha puesto a los medios de comunicación en estado de alerta y las denuncias de actos
contra derecho, de abuso de autoridad y de corrupción comienzan a multiplicarse.
La primera falta a sus promesas de campaña fue el traslado directo de personal de
su entorno y confianza de sus empresas a la dirección del gobierno, incluidos cargos
cuya designación no corresponde al ejecutivo como el de la contraloría general de
la nación, en el cual impuso a la contadora de su cadena de supermercados y el
designado para encargarse de la procuraduría general de la nación, un abogado que
durante más de un año fue portavoz de su candidatura en un programa de televisión.
Lo mismo ocurrió con el servicio exterior y los consulados que fueron repartidos entre
las familias que apoyaron económicamente su candidatura.
El designado para la secretaría de comunicación del Estado es Alfredo Prieto
(empresario español, exdueño de RCM, un canal de televisión, una tienda de
licores que surte a la presidencia y un push-boton o motel de ocasión) acusado por
numerosos periodistas locales de presionar a los medios por la publicación o emisión
de informaciones cuyo contenido considera lesivo a la imagen del gobierno (el
periodista Álvaro Alvarado y el comentarista político Juan Carlos Tapia se han quejado
públicamente de la presión y hasta amenazas del secretario Prieto).
Preguntada sobre la relación del gobierno con el presidente Martinelli, Vielka
Vásquez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo dijo que “es muy fría y
tensa y de total indiferencia hacia los gremios de periodistas”. Vásquez dijo conocer
de tentativas de limitar e interferir en la labor de los medios de comunicación,
“conocemos de presiones a ciertos periodistas y medios manejadas por debajo de la
mesa” que no han llegado a presentarse formalmente.
Prieto, igual que sus antecesores, centralizó el presupuesto publicitario del Estado
pero, en vez de someter la pauta a un criterio de selección, decidió negociar y
contratar directamente con los dueños de los medios.
La mayor prueba de la manipulación en el manejo de la publicidad del Estado
la dio el propio presidente Martinelli cuando, a cuestionamiento de periodistas por
un contrato directo dado por su gobierno a una empresa de su hermana respondió
airado: “¿y el millón de dólares que el Estado contrata directamente con TV2, TV4 y
TV13?”22
. Solo el diario La Prensa se rehusó por razones éticas a aceptar la oferta de
22
Citado por Roberto Eisennman, La Prensa, 26 de febrero de 2010.
PANAMÁ

[143
]
un contrato directo por un millón de dólares para publicidad del Estado. Más adelante
en esas mismas declaraciones, Martinelli, afirmó que los canales de televisión “por el
vil metal y la búsqueda del rating practican un periodismo de pacotilla”.
La bronca del nuevo gobierno con los medios había tenido un capítulo previo con
unas declaraciones de su ministro de gobierno y justicia, José Raúl Mulino, en las que
afirmó que la mayoría de los periodistas eran unos emplanillados (léase asalariados)
del gobierno. Mulino trató de negar las declaraciones pero varias personas presentes
en el momento de sus declaraciones lo refutaron tajantemente: Vielka Vásquez,
según relata el diario La Estrella de Panamá del 12 de noviembre de 2009, se presentó
al noticiero de Telemetro junto a Guido Rodríguez, vicepresidente regional de la
Sociedad Interamericana de Prensa y director del Panamá América y coincidieron en
que Mulino dijo que “entre los periodistas panameños lo que impera es la ética del
billete (…) y que existe una lista de periodistas emplanillados”.
La lucha contra la corrupción fue encargada a un primo del presidente, Fernando
Núñez Fabrega23
, que sólo ha perseguido los supuestos actos de corrupción del
gobierno anterior e hizo modificar el decreto que crea el Consejo Nacional de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para, entre otras cosas, eliminar la
participación de todos los representantes de organizaciones de la sociedad civil, a
saber: Transparencia Internacional, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Consejo
Nacional de Trabajadores Organizados, Defensoría del Pueblo y de gremios de
periodistas.
Los primeros meses del gobierno han develado una estrategia dirigida al control
de todos los órganos del estado. El caso más emblemático es la complicada maraña
de maniobras que condujo al control de la Corte Suprema de Justicia (designando
a contrario sensu de sus promesas electorales a dos allegados del presidente de
cuestionada trayectoria) y la separación forzada del cargo de la procuradora general
de la nación, Ana Matilde Gómez, con lo cual, Martinelli se asegura el control del
sistema judicial, concentración de poder sólo comparable a la que, en su momento,
tuvieron los gobiernos militares.
El procurador encargado por Martinelli, Giuseppe Bonissi, ha removido, trasladado
o provocado la renuncia de decenas de fiscales, pero la inestabilidad también
amenaza a jueces y magistrados ya que en octubre de 2009, con apenas 100 días de
gobierno, el ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriu dijo al diario La Prensa
que “el ejecutivo analiza una fórmula que permita dejar en la interinidad a los jueces
23
Núñez Fábrega fue cónsul de Panamá durante el gobierno de Martín Torrijos en
Tampa, Florida y en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y
director financiero de seguridad pública del gobierno de Mireya Moscoso.

144]
y magistrados que hoy forman parte de la Carrera Judicial, a fin de llegar a los niveles
de satisfacción y seguridad en términos de calidad, eficacia y eficiencia”24
.
Aunque la injerencia del ejecutivo en el sistema judicial ha servido inicialmente
para perseguir a dirigentes del principal partido de oposición investigados por actos
de corrupción, nada impide que ese control pase a constituirse en un blindaje de
impunidad para su propia gestión en el futuro.
Algo similar ocurre con el legislativo, puesto que, no conforme con tener mayoría
en la Asamblea de Diputados, la actual administración ofrece abiertamente prebendas
a los diputados de oposición a cambio de su adhesión (provocando deserciones en el
opositor PRD). El comercio de prebendas alcanza por igual a alcaldes y representantes
de corregimiento de los partidos que no forman parte de la alianza gobernante,
pero la “piratería política”, como se ha bautizado localmente a estas prácticas, se da
incluso entre miembros de la alianza oficialista en la que actualmente se libra una
encarnizada batalla por evitar que el partido de Martinelli termine devorándose a sus
aliados.
El gobierno también le ha declarado la guerra a las organizaciones de la llamada
sociedad civil que se han atrevido a calificar de arbitrarias sus actuaciones y advertir
sobre el peligro que ellas entrañan. La Alianza Ciudadana Pro Justicia, integrada por
15 organizaciones de la sociedad civil panameña y la Fundación para el Debido
Proceso (Ong domiciliada en Washington DC) se presentó el 22 de marzo ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la crisis institucional
por la que atraviesa la administración de la justicia en Panamá.
En nota de solicitud de audiencia temática, dirigida a su secretario ejecutivo,
Santiago Cantón, la Alianza Ciudadana Pro Justicia sostiene: “unido a esta situación
de crisis que vive el poder judicial, la actitud del poder ejecutivo frente a la sociedad
civil, negándole participación real en los temas y acusándola de buscar atención por
temas políticos es otra razón de mucha preocupación”25
. Mas adelante en la misiva
se enumeran las “serias e infundada inculpaciones” contenidas en pronunciamientos
públicos del ejecutivo contra la sociedad civil, las que, “por su fuerza, tienen el efecto
de amenazar la libertad de expresión de estos grupos y sus integrantes”.
24
La Prensa, 30 de diciembre de 2009. Sección Panorama, nota de José González
Pinilla: Cambios a la constitución. También el presidente de la Alianza Ciudadana Pro
Justicia, Víctor Lewis, envió una carta al ministro Papadimitriu en la que sostiene
que su propuesta de borrón y cuenta nueva de magistrados y jueces atenta contra
independencia del poder judicial y crea un clima de inseguridad jurídica que daña la
imagen del país.
25
Versión en PDF del www.alianzaprojusticia.org.pa
PANAMÁ

[145
]
El propio presidente Martinelli intentó descalificar la audiencia temática ante la
CIDH, afirmando que se trataba de “tres personas armando un zaperoco” y agregó
que “ese alboroto es para buscar atención, porque creen que no los toman en
cuenta”26
. Por su parte, el ministro de la presidencia, Demetrio Papadimitriu califico la
comparecencia como “un show en el que hay muchos intereses de por medio” y “un
disparo en el pie” porque afecta nuestra imagen ante los inversionistas extranjeros.
También la Cruzada Civilista, la misma que encabezó la lucha en las calles
contra el general Noriega entre 1987 y 1989, convocó a una movilización el 3 de
febrero pasado para protestar por la “peligrosa concentración de poder de Ricardo
Martinelli”27
. Los enfrenamientos también alcanzan a las organizaciones sindicales,
cuyas manifestaciones han sido reprimidas violando sus derechos constitucionales28
y el gobierno ha anunciado cambios en el Código del Trabajo destinados a anular su
capacidad de presión y movilización.
Los medios tampoco quedan por fuera, Ebrahim Asvat, presidente de los diarios El
Siglo y La Estrella de Panamá, señaló que el gobierno sigue “una dirección equivocada”
y está “llevando al país hacia un régimen totalitarista”. También el diario La Prensa ha
dedicado numerosos editoriales al rumbo que sigue el gobierno, en su edición del 4
de febrero se afirma: “Martinelli será recordado como el mayor defraudador de la fe
y la esperanza de los panameños”.
El desenfado que ha caracterizado las declaraciones del presidente contra aquellos
que considera sus adversarios, tiene réplicas en el plano internacional. Martinelli se ha
esforzado por ocupar un lugar destacado dentro de la ultraderecha más recalcitrante
y su principal referente es Silvio Berlusconi, personaje hacia el cual ha declarado su
mayor admiración. Con apenas 60 días en el gobierno viajó junto a su familia a Italia
y aprovechó ese escenario para autoproclamarse “el antichavez de América”.
En ese mismo contexto, rompiendo una tradición de, al menos 30 años de política
exterior panameña basada en el principio de neutralidad (consagrado en el Tratado de
Neutralidad Permanente del Canal), Martinelli ha emprendido una peligrosa carrera
de alineación a la ultraderecha, sin importar las consecuencias que pueda tener
para las relaciones de Panamá con el mundo. Su declaración, durante su visita a ese
26
Marzo 25, diario La Prensa.
27
Declaraciones de su dirigente, Aurelio Barría al noticiero Telemetro Reporta del 1
de febrero.
28
Mas de 200 personas —incluidos algunos no relacionados con las protestas—
arrestados durante enfrentamientos callejeros con la Policía Nacional. Estas personas
fueron privadas de su libertad ilegalmente durante cuatro días consecutivos, sin que
se le formularan cargos formalmente, sin derecho a defensa legal y sin derecho a
visita de sus familiares.

146]
país, de que “Israel es el guardián de Jerusalén” provocó la ira del mundo árabe. Su
defensa del gobierno golpista de Honduras y su adhesión al gobierno colombiano de
Alvaro Uribe son claros ejemplos de este contrasentido29
.
A manera de conclusión
El ingreso al nuevo siglo significó para Panamá, gracias a la recuperación del Canal
y la salida de las bases militares norteamericanas de su territorio, la mayor oportunidad
de su historia para forjar un nuevo pacto social destinado a construir un modelo de
desarrollo incluyente, capaz de derrotar la pobreza y pobreza extrema.
Hoy, en vez de fortalecer la institucionalidad e incrementar la participación
ciudadana para profundizar nuestra democracia, el país vuelve a encaminarse por
la senda de un presidencialismo concentrador de todos los poderes del Estado. En
vez de incrementar cualitativa y cuantitativamente la participación ciudadana para
fortalecer la democracia, se profundiza el proceso de creciente privatización de lo
público basado en la creencia de que todo, incluido el beneficio de los votantes, se
puede comprar o vender.
La premisa parece ser que, si los medios sirvieron tan eficazmente para ganar
las elecciones, también deben servir para conservar el poder. Por ello, las presiones
dirigidas a silenciar su capacidad crítica han arreciado hacia sus propietarios y hacia
sus periodistas. El sesgo y la manipulación de la información sobre la gestión del
gobierno se hacen evidentes pero, aunque los medios pueden magnificar o disminuir
el impacto de un acontecimiento o una declaración, no pueden inventar la realidad
y, siempre que tenga valor, están obligados a difundirla toda vez que el derecho a la
información es un derecho humano elemental.
En efecto, se requiere una conducta ética en los medios porque el clientelismo
puede alcanzar a periodistas y dueños. De hecho, el presidente, el vicepresidente de
la república y el secretario de comunicación de la presidencia son codueños de canales
de televisión, radioemisoras y las empresas de muchos de los integrantes del gobierno
actual son patrocinadores importantes de los medios de comunicación. De allí la
gravedad que representa la intención manifiesta de utilizar la pauta publicitaria del
Estado o privada como mecanismo de coacción de los medios. Esta práctica –que no
es exclusiva del gobierno actual– constituye una amenaza al ejercicio del periodismo,
a la independencia de los medios y al principio de libertad de expresión.
29
Adicionalmente, la persona más influyente del gobierno, el ministro de la
presidencia, Demetrio Papadimitriu milita en el Partido Republicano de los Estados
Unidos, una empresa norteamericana de asesoría de imagen, contratista de ese
mismo partido, trabaja para Martinelli. Para su seguridad personal, Martinelli
contrató a una empresa israelí que utiliza agentes de la Mossad.
PANAMÁ

[147
]
Si la libertad de expresión está amenazada para dueños de medios y periodistas,
¿qué decir de la libertad de expresión de los ciudadanos?
Finalmente, sin desestimar la importante tarea de democratizar el acceso a los
grandes medios y defender su independencia, urge construir medios de comunicación
alternativos eficaces que acompañen al proceso de construcción de un poder
ciudadano llamado a hacer la transformación total del sistema político. Este esfuerzo
implica crear una nueva cultura política.
La relación Medios y Estado en Panamá
Los medios de comunicación reflejan las tensiones políticas y sociales por las que pasa la
sociedad panameña y se convierten en uno de los principales mecanismos de denuncia y
oposición al poder.
En la siempre presidencialista sociedad panameña, los ciudadanos son vistos desde el poder
como una clientela a la que hay que seducir cada cinco años y los medios de comunicación
se han convertido en el principal instrumento de esa seducción. Pero una vez en el gobierno,
descubiertas sus verdaderas intenciones, poder y medios terminan irremediablemente
enfrentados.
Los medios están pasando por un mal momento ante el poder cínico y totalitario del actual
presidente… y a los ciudadanos les va peor.

[149
VENEZUELA
INTOLERANCIA A LA CRÍTICA
Y HEGEMONÍA COMUNICACIONAL
MENOSCABAN LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En un entorno de polarización política, los derechos
ciudadanos de expresión e información están seriamente
afectados en Venezuela, gracias a la consolidación de
una plataforma de medios estatales, paraestatales y
el establecimiento de un entramado legal que directa e
indirectamente limita el desenvolvimiento de las empresas
de comunicación. En las próximas líneas abordaremos esta
situación y sus implicaciones en la vida democrática y el
ejercicio del periodismo.
Elsa Cecilia Piña
elsacecilia.pina@gmail.com
Periodista. Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello-UCAB (2006).
Diplomado de Educación en Derechos Humanos (UCAB, 2009). Ha trabajado con organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos y ha ejercido como reportera en varios medios de
comunicación en Venezuela. Actualmente trabaja como periodista independiente.

150] VENEZUELA
Al igual que en el resto de América Latina, Venezuela ha vivido en los últimos
años una reconfiguración del sector de medios, caracterizada en este caso por el
reimpulso de los espacios estatales, la incorporación formal de decenas de señales
alternativas y comunitarias, y el establecimiento de nuevas normas para las empresas
de comunicación privadas, las cuales también se han visto afectadas por acciones
de amedrentamiento y censura por parte de particulares y del Estado mismo. Estos
cambios, sin embargo, no han significado una mejoría en la calidad de los contenidos
y mucho menos una mayor pluralidad informativa.
Luego del revertido golpe de Estado de 2002 y del paro empresarial que
comenzó a finales de ese año y culminó a principios de 2003, el gobierno nacional,
encabezado por el presidente Hugo Chávez Frías, inició una nueva etapa en su política
comunicacional. Desde esa fecha y hasta el momento, el Estado ha fortalecido su red
de medios en dos vías: consolidando los espacios con los que ya contaba, dotándolos
de una mejor infraestructura y tecnología, y adquiriendo nuevos órganos de difusión,
al punto de sextuplicar el número de medios en su poder.
En palabras de Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación e Información y
presidente de Telesur, el gobierno venezolano se dirige hacia la construcción de una
“hegemonía comunicacional e informativa del Estado que permita la batalla ideológica
y cultural para impulsar el socialismo”.
En una entrevista publicada en el diario El Nacional, el 8 de enero de 2007, Izarra
explicó que “en la hegemonía comunicacional va a haber varios niveles: integración
de los sistemas de los medios públicos, articulación de un plan estratégico que permita
la orientación de esos medios públicos; la creación de un sistema nacional de medios
comunitarios y alternativos; el impulso hacia una producción independiente”.
Marcelino Bisbal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ha
documentado esta situación y señala que en Venezuela existe un Estado-Comunicador,
que a la fecha cuenta con seis canales de televisión abierta: Venezolana de Televisión
(VTV), el único canal estatal antes de 2002; la Televisora Venezolana Social (TVES), que
se difunde a través de la frecuencia radioeléctrica que durante medio siglo utilizó la
privada RCTV; Ávila TV, antiguamente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y ahora
del Ejecutivo nacional; Asamblea Nacional Televisión (ANTV), el canal del parlamento;
Vive TV, y Telesur, que tiene su señal local gracias a la adquisición del canal privado
CMT. Las dos primeras señales son de cobertura nacional y el resto de alcance sólo en
la capital de la República, pero con presencia en los servicios de cable y satélite.
En el ámbito radiofónico, cuenta con dos circuitos: Radio Nacional de Venezuela
(RNV) y YVKE Mundial, con cuatro canales cada uno; una emisora en manos de la
Fuerza Armada Nacional, Radio Tiuna, y otra administrada por la Asamblea Nacional y
usará la señal del privado Circuito Nacional Belfort (CNB). En el caso de los impresos, el
Ministerio de Comunicación e Información (Minci) publica un periódico de circulación
nacional, El Correo del Orinoco, y el municipio Libertador de la capital, el diario local

[151
]
y gratuito Ciudad Caracas. De igual forma, el Estado cuenta con la Agencia Venezolana
de Noticias (AVN), el servicio de noticias bilingüe (inglés y español) VenGlobal News y
el satélite Simón Bolívar, además de las páginas web correspondientes a cada uno de
estos medios y a las distintas instancias del aparato estatal.
El presupuesto de la Nación para 2010 asigna poco más de 167 millones 795 mil
dólares1
(Bs. 721.518.864) al sector de las comunicaciones estatales. En el siguiente
cuadro pueden observarse las cantidades asignadas a cada medio de comunicación,
según una investigación del académico Marcelino Bisbal.
Medio Estatal Asignación para 2010
(EN DÓLARES)
VTV 5.128.525
Tves 2.944.153
Ávila TV 3.229.071
Telesur 3.798.907
Radio Nacional de Venezuela 5.033.552
YVKE Mundial 2.469.289
Correo del Orinoco 2.469.289
Agencia Venezolana de Noticias (AVN) 3.798.907
Fortalecimiento de los medios alternativos
y comunitarios
1.149.701
A pesar de todo el esfuerzo del Estado, los medios públicos tienen poca popularidad.
De acuerdo con la encuestadora Datanálisis, para noviembre de 2009, sólo 45% de la
población evaluó como positiva la labor de estas instituciones en favor del bienestar
del país, a diferencia de sus pares privados, que concentraron 70%.
Además de la plataforma mediática antes detallada, el profesor Bisbal resalta la
existencia de medios “paraestatales”, conocidos formalmente como alternativos y
comunitarios, “que nacen por iniciativa del gobierno, quien los aúpa jurídicamente,
publicitariamente y además los ayuda en la compra de los equipos requeridos para
su instalación e inmediata puesta en producción”.
1
El gobierno nacional anunció el 8 de enero de 2010 el establecimiento de dos
tipos de cambio oficiales para la moneda, uno de 2,60 bolívares por dólar para
las importaciones oficiales, y otro de 4,30 bolívares por dólar para el resto de
transacciones con divisas, por lo que se consideró esta última equivalencia como la
más idónea para hacer los cálculos señalados en este trabajo.

152]
Indica que en el país existen bajo esta categoría cerca de 400 emisoras de radio,
36 televisoras y 100 publicaciones impresas de distinta periodicidad, que directa e
indirectamente dependen del Estado para su existencia. Datos de la Conatel señalan
que entre 2004 y 2006 un total de 108 medios radioeléctricos recibieron cerca de
950 mil dólares. Para 2010, el Estado presupuestó poco menos de un millón 150 mil
dólares, para apoyar a 510 espacios alternativos y comunitarios.
El Movimiento Nacional de Medios Alternativos y Comunitarios señala en la
declaración de su Asamblea Nacional Constituyente que su función “está y estará
destinada a la confrontación ideológica, a contrarrestar la acción mediática burguesa
e imperialista en el seno del pueblo, a promover la visión contrahegemónica,
alternativa, emancipadora y revolucionaria de la realidad social; a difundir en el seno
de las comunidades a lo largo y ancho del país la versión y la política bolivariana”.
Sin embargo, David Tarazona, director del impreso comunitario El Parroquiano,
aseguró que “no es del todo cierto” que los medios comunitarios sean un instrumento
del gobierno. “Los alternativos son otra cosa, son más políticos, ideológicos. No sé
qué pasará con ellos, pero la mayoría de nosotros tenemos los mismos problemas que
los privados, nos restringen la información oficial y nos niegan la publicidad estatal si
somos críticos. Apoyamos al presidente, pero denunciamos si es necesario”.
El impacto de los medios alternativos y comunitarios es muy bajo. De acuerdo con
una investigación adelantada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
de la UCAB (IIES-UCAB), las emisoras de radio comunitarias no son sintonizadas
nunca por 75% de los venezolanos, y eventualmente por 11%; mientras que los
periódicos son leídos todos los días por 1,40%, y casi todos los días 2%.
Por su parte, la empresa AGB, especializada en el monitoreo de la televisión en
Venezuela, reporta que las señales estatales apenas tienen un rating global de 3%, en
gran medida gracias a su programación, que a juicio de Bisbal tiene un marcado acento
político, es de baja calidad y con una estética fuera de tiempo, a excepción de Telesur.
De acuerdo con un estudio elaborado en 2004 por Bernardino Herrera,
investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad
Central de Venezuela (Ininco-UCV), más de 70% de la programación regular de
VTV era información-opinión sesgada, propaganda partidista-gubernamental y la
repetición de las alocuciones presidenciales.
En el caso de TVES, otra investigación de Herrera y de su par Gustavo Hernández,
desarrollada en 2007, concluyó que 60% de su programación era extrajera, en
esencia telenovelas, series, variedades2
y programas científicos; que no tenía ningún
2
Esta categoría agrupa los programas que incluyen diferentes secciones.
VENEZUELA

[153
]
tipo de espacio educativo; que las propagandas a favor del socialismo del siglo XXI
aparecían en promedio 50 veces al día, y que sus informaciones eran sesgadas a favor
del gobierno.
Para Andrés Cañizález, investigador del Centro de Investigaciones de la
Comunicación (CIC) de la UCAB, este estudio evidencia que TVES no era en realidad
una televisora de servicio público, como se quiso promocionar inicialmente, sino una
excusa para justificar la decisión política del gobierno de no renovar la concesión de
Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal privado más antiguo y popular del país, por
su línea editorial crítica contra el gobierno.
Caso RCTV
La salida del aire de RCTV fue objeto de un amplio debate nacional, dadas las
implicaciones de la medida. Mientras para el gobierno sólo se trató de la no renovación
de una concesión radioeléctrica llegado el tiempo de su vencimiento; para expertos,
gremios y asociaciones nacionales e internacionales vinculadas al sector de las
comunicaciones y a los derechos humanos, la acción significó un acto de censura
contra la disidencia política del país, dada la inconsistencia de las razones esgrimidas.
La medida fue anunciada por el presidente Chávez el 28 de diciembre de 2006.
En aquel momento, el funcionario sustentó la decisión alegando que “no se va a
tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra
el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de
la República”.
Posteriormente, el Minci apuntó en su “Libro Blanco sobre RCTV” que era “una
prerrogativa legal del gobierno, pero, además, una exigencia de la sociedad civil
venezolana ante las graves faltas en materia de responsabilidad social de la empresa
mediáticaRCTV”.Noobstante,nuncaseconociódealgúnprocedimientoadministrativo
sancionatorio o penal, ni de ningún expediente que sustentase esas “graves faltas”. Así
lo ratificó Carlos Lauría, director del Centro de Protección para Periodistas (CPJ, por
sus siglas en inglés), en una entrevista al diario El Tiempo de Anzoátegui, quien visitó
el país junto con otros expertos a propósito de esa situación.
“Después de ir a Venezuela (…) publicamos un informe, ‘Estática en Venezuela’,
el cual concluye que el gobierno ha tomado una decisión arbitraria, que no se basó
en ningún proceso de revisión transparente para tomar la decisión, y que estuvo
motivada por cuestiones políticas para sacar del aire al principal canal crítico.
Tomaron una decisión política y después quisieron cubrirla con un barniz, pero muy,
muy delgado de legalidad, que no alcanza para tapar que es una decisión arbitraria”,
indicó Lauría.

154]
En su momento, altos funcionarios también señalaron que la decisión se sustentaba
en la necesidad del Estado de cumplir con su deber de ofrecer a la ciudadanía una
señal de servicio público con alcance nacional. Sin embargo, para ese momento el
proyecto de la Televisora Venezolana Social aún no tenía forma. Su propuesta de
programación apenas se conoció quince días antes de que RCTV saliera del aire.
Incluso, los equipos de transmisión que ha utilizado TVES desde su nacimiento, el
28 de mayo de 2007, son los de RCTV, los cuales le fueron asignados “temporalmente”
mediante una medida cautelar de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), para garantizar que la señal de la nueva televisora llegase a todo el país.
Casi dos meses después, el 16 de julio de 2007, RCTV reinició actividades bajo
el carácter de “internacional” en los sistemas de televisión por suscripción. Sin
embargo, su señal fue retirada de allí el pasado 24 de enero de 2010, luego de que la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenara a los cableoperadores
sacarlo de su grilla de programación, alegando que el canal habría incumplido las
leyes venezolanas.
De acuerdo con la Conatel, el alto porcentaje de programas venezolanos
que transmitía RCTV Internacional le otorgaba el carácter de “productor nacional
audiovisual”, figura contemplada en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión (LRSRT), y con ello el deber de cumplir con la legislación nacional, que entre
otras cosas obliga la transmisión de las “cadenas”3
y apenas un único corte comercial
por espacio, lo que –según un comunicado de la televisora– hacía insostenible la vida
de la empresa.
Pues bien, la noche del sábado 23 de enero de 2010, apenas dos días después
de que se anunciara que RCTV Internacional estaba incluido en una lista de 24
productores nacionales audiovisuales, el director de la Conatel, Diosdado Cabello,
informó que ya se había dado la orden a las empresas de televisión por suscripción
para que retiraran de su oferta a Radio Caracas Televisión y a otros seis canales más,
pues habrían incumplido con la LRSRT al transmitir más de dos horas de telenovelas
en horario “Todo Público”, no haber informado el tipo de “lenguaje, salud, sexo y
violencia” de cada espacio, y no haber transmitido una cadena presidencial.
Esta situación generó acciones de protesta ciudadana y el pronunciamiento
de organizaciones nacionales e internacionales, tales como el Colegio Nacional de
Periodistas, la Federación Internacional de Periodistas, Human Rigths Watch, Reporteros
Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
3
Una cadena es la transmisión que hacen en un momento dado todos los medios
de comunicación radioeléctricos del país (de cualquier alcance y frecuencia) de
un mensaje elaborado por el Estado, en teoría de interés colectivo y de gran
importancia para los ciudadanos al momento de emitirse. Este recurso tiene carácter
de obligatoriedad para todas las televisoras y emisoras de radio venezolanas, según
el artículo 192 de la Ley de Telecomunicaciones.
VENEZUELA

[155
]
El comisionado para los asuntos de Venezuela de la CIDH, Paulo Sérgio Pinheiro,
y la Relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, señalaron que “la
decisión de sacar un canal de cable del aire por el presunto incumplimiento de la
LRSRT equivale, para todos los efectos, al cierre del medio por el incumplimiento de
dicha Ley. Esta decisión, en consecuencia, tiene enormes repercusiones en cuanto
al derecho a la libertad de expresión y, por lo tanto, debe cumplir con todas las
garantías consagradas en la ley (…). En particular, para que resulte legítimo el cierre
de un medio de comunicación, es necesario que, previo el agotamiento de un debido
proceso, un órgano estatal independiente e imparcial verifique que se cometió una
falta claramente establecida en la ley y que la autoridad de aplicación de la ley motive
de manera adecuada y suficiente la correspondiente decisión. Estas garantías mínimas
del debido proceso no pueden ser soslayadas bajo el pretexto de que se trata de un
canal de televisión por cable”.
Sin embargo, la diputada Rosario Pacheco, integrante de la Comisión de Ciencia,
Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional, aseguró que el Ejecutivo lo único que
ha hecho es sincerar el uso del espectro radioeléctrico al distinguir entre productores
nacionales e internacionales, y exigirle a los primeros el cumplimiento de la Ley.
Para Cañizález, el gran perjudicado con esta medida es el ciudadano, porque se
afectó su libertad para escoger cómo informarse y entretenerse en la televisión paga,
cuya penetración se incrementó considerablemente luego de la incorporación de
RCTV Internacional en la oferta de canales. Según cifras de la Cámara Venezolana de
Televisión por Suscripción (Cavetesu), llega a cerca de 40% de la población, pero al
considerar las conexiones informales la cifra podría superar 60%.
“El crecimiento vertiginoso del número de abonados a la televisión por suscripción
es resultado de tres factores: la salida del aire de RCTV; el surgimiento del sistema
prepago, que le ha permitido a las familias pobres comprar el servicio sin necesidad
de tener una tarjeta de crédito, y la saturación del espectro radioeléctrico con las
cadenas”, explicó Cañizález.
Según datos de AGB, entre el 2 de febrero de 1999, cuando tomó posesión
el presidente Chávez, y el 22 de enero de 2010, el gobierno se ha encadenado 1
mil 995 veces, por un tiempo total de 1 mil 310 horas con 36 minutos, siendo el
promedio de duración de cada uno de estos espacios 39 minutos con 25 segundos.
De acuerdo con la IIES-UCAB, 90% de los venezolanos dice no ver nunca o sólo de
forma eventual las cadenas y los programas gubernamentales.
Con la decisión de la Conatel sobre los canales de TV paga, al momento de
difundirse un mensaje en cadena, ningún canal de señal abierta o por suscripción, con
producción nacional, podrá difundir imágenes distintas a las oficiales, lo que a juicio
de varios expertos constituye una violación al derecho a la libertad de expresión.

156]
Voces perdiendo volumen
De acuerdo con el ranking de la organización internacional Reporteros Sin
Fronteras, sobre la calidad de las libertades de expresión, información y prensa, en
2009 Venezuela ocupó el lugar 124 entre un total de 175 países, sólo en una mejor
posición que su pares latinoamericanos Colombia (126), Honduras (128), México
(137) y Cuba (170).
La Comisión Nacional de Protección de Periodistas (Conapro), una iniciativa del
Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de
la Prensa (SNTP), el Círculo de los Reporteros Gráficos y la asociación civil Espacio
Público, contabiliza más de 800 casos de violaciones a la libertad de expresión entre
2002 y 2008.
El último informe de Espacio Público, referido a 2008, acusa 120 casos de acciones
contra el derecho a la libertad de expresión e información en el país, de los cuales se
desprenden 186 violaciones, siendo las más frecuentes: agresiones contra periodistas
(52), intimidación (47) y amenazas (21).
En ese informe, la organización explica que “desde 2004, los registros de casos
de violaciones a la libertad de expresión han sido marcadas por un fuerte acento
político y sensible a la tensión social que ha estado presente desde entonces (…) Los
hechos aglutinantes con una significación política importante llegan a conformarse
como el contexto frecuente que da paso a la tensión social, y en consecuencia en el
deterioro de la sociedad democrática, de la libertad de expresión específicamente.
Las jornadas electorales, por ejemplo, suelen ser el centro de gravedad en las que
orbitan numerosas violaciones a la libertad de expresión (…)”.
Carlos Correa, director de Espacio Público, detalló que el ejercicio de la libertad
de expresión e información en Venezuela se ha visto afectado durante los últimos
años por acciones de violencia contra periodistas y medios de comunicación sin la
debida sanción a los agresores, la aplicación de instrumentos legales restrictivos y
nuevas formas de censura.
Las acciones violentas afectan a reporteros de medios oficiales y privados por
igual. Sin embargo, el presidente del CNP, William Echeverría, aclara que “el
discurso violento del presidente Chávez tiene un efecto cascada entre los demás
funcionarios y sus simpatizantes, quienes se sienten con luz verde para agredir”.
Por ejemplo, el colectivo “La Piedrita”, identificado con el proyecto gubernamental,
ha sido responsable de un puñado de agresiones contra periodistas y medios de
comunicación.
Respecto a los instrumentos legales, los medios de comunicación se rigen en el
país por la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), la
Ley de Ejercicio del Periodismo y la Ley de Responsabilidad Social (LRSRT), así como
el Código Penal, la Ley Orgánica de Protección a los Niños y Adolescentes (Lopna), la
VENEZUELA

[157
]
Ley Orgánica de Educación (LOE) y demás reglamentos y providencias administrativas
dictadas por la Conatel.
De todas las normas antes mencionadas, la más emblemática es la LRSRT. El
profesor Andrés Cañizález hace un balance negativo de la Ley, aprobada en 2004.
Reconoce que existen aspectos positivos, como la incorporación obligatoria de la
producción nacional y la producción nacional independiente, pero destaca que
la LRSRT se ha usado con fines políticos. “Los mecanismos sancionatorios no son
aplicados por organismos independientes del Ejecutivo, por lo que existe un claro
sesgo a la hora de vigilar y aplicar la norma. Además, no hay regulación hacia los
medios del Estado. Pareciera que no tuviera que ver con ellos”.
De acuerdo con Carlos Correa, la aplicación de la LRSRT no ha incidido
positivamente en la programación de los medios radioeléctricos, sino, por el contrario,
ha restringido la creatividad y la diversidad de la oferta. Añadió que “a condición de
los derechos de los niños, esta Ley establece disposiciones orientadas a castigar y
censurar los medios críticos”.
No obstante, la diputada Rosario Pacheco aclara que la LRSRT efectivamente está
diseñada para incidir en la calidad de la programación de los medios radioeléctricos,
pero que ello no ha ocurrido porque “el Estado está en mora con su aplicación en su
justa dimensión”.
Una investigación elaborada por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela
en 2006 reveló que un año después de la entrada en vigencia de la LRSRT los canales
de televisión privados habían reducido en 45% su programación diaria de información
y opinión, al pasar de 21 horas 10 minutos a 11 horas 45 minutos. Cifras de Conapro
revelan que, en comparación con 2004, 80% de los espacios de opinión/información
de la televisión están fuera del aire.
El fenómeno de la autocensura ha venido creciendo en tipos y formas, aunque
para algunos expertos se trata de censura sutil o indirecta por parte del gobierno.
Echeverría indicó que los gobiernos nacional, regional y municipal están utilizando
la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios por sus líneas editoriales.
Incluso, denunció que desde los órganos del poder político se está presionando a la
empresa privada para que deje de anunciar en espacios de opinión críticos.
El CIC-UCAB desarrolló un estudio sobre los avisos oficiales publicados en dos
medios impresos nacionales y dos regionales en 2006, y concluyó que los diarios
Últimas Noticias y Panorama, de tendencia oficialista, concentraron 43,60% y 45,80%
del centimetraje de publicidad estatal, respectivamente; mientras que El Nacional y
Correo del Caroní, de línea editorial crítica, 10,50% y 0,1%, respectivamente.
En octubre de 2008, el para entonces encargado del Minci, Andrés Izarra, declaró
públicamente que durante su gestión, “y mientras el Presidente de la República
delegue en mí la potestad de administrar los presupuestos del Estado, los medios

158]
golpistas no contarán con un solo bolívar del pueblo de Venezuela para publicitar la
gestión gubernamental”. Destacó que sería una “irresponsabilidad” invertir en medios
de comunicación que “atentan contra la estabilidad democrática”.
David Natera, presidente del Bloque de Prensa y dueño del Correo del Caroní,
aseguró que desde que el chavismo asumió el poder (nacional y regional) se le retiró
todo tipo de publicidad oficial al diario, y que en la medida en que empresas privadas,
como la telefónica Cantv y la siderúrgica Sidor, han sido nacionalizadas han retirado sus
anuncios. Explicó que aunque este impreso nunca dependió del Estado, sus ingresos
han mermado significativamente, lo que les ha llevado a reducir su paginación.
También se han presentado dificultades para la adquisición de insumos para la
prensa, especialmente papel periódico, dado el control cambiario establecido en el
país desde febrero de 2003, que obliga a los importadores a realizar una serie de
trámites ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para obtener monedas
extranjeras al valor oficial, muy por debajo de la cotización en el “mercado negro”4
.
En Venezuela existen 111 periódicos, de los cuales 21 se editan en Caracas y el
resto en el interior del país. Los ocho diarios regionales más importantes (Panorama,
El Carabobeño, Notitarde, Correo del Caroní, La Nación, El Impulso, El Informador y
El Tiempo) concentran una tirada de 225 mil ejemplares al día, mientras que los tres
periódicos de Caracas (El Nacional, El Universal y Últimas Noticias) suman 322 mil.
El documento “Los medios en Venezuela y la formación de una cultura
democrática. ¿Hacia donde va la comunicación social en el país?”, elaborado por
el profesor Bisbal, explica que la estructura de propiedad de la prensa en el país se
organiza en torno a dos tipos de grupos de negocios: El primero es el formado por
diarios que provienen de empresas familiares tradicionales, y el segundo, tiene un
origen netamente empresarial y busca diversificar su producción y extender su poder
económico dentro del medio impreso.
En el primer grupo se encuentran El Nacional, propiedad de la familia Otero; El
Universal, de los Mata; El Carabobeño, de los Alemán; El Tiempo, de los Márquez,
y Panorama, de los Pineda. “Estos medios, que viven una fase de expansión y
modernización desde los años sesenta, se caracterizan por realizar un periodismo
objetivista, es decir, sobrio en su presentación y tratamiento y dirigido a un perfil de
lectores ubicados en las clases media y alta”.
En la segunda categoría entran la Cadena Capriles, editora de Últimas Noticias
y El Mundo, y el Bloque de Armas, casa matriz de los diarios Meridiano y 2001. El
4
En aquel momento el dólar paralelo o negro podía cotizarse a un precio casi tres
veces superior al oficial.
VENEZUELA

[159
]
periodismo que desarrolla este grupo “tiene un estilo de corte popular y una mayor
penetración entre las clases medias y bajas”.
Sin embargo, la “guerra mediática” que asegura el gobierno se está desarrollando
en el país, con el objetivo de sumar adeptos a la visión pro o anti gobierno según sea
el caso, está centrada principalmente en el sector radioeléctrico, pues es el que tiene
mayor impacto, penetración y fuerza económica, especialmente la televisión.
Radio y TV bajo la lupa
Muchas han sido las acciones gubernamentales que han afectado a la radio y
la televisión durante los últimos diez años. Una de las más emblemáticas ocurrió
a mediados de 2009, cuando la Conatel anunció que revocaría los permisos de
transmisión de 240 concesionarios de emisoras de radio –154 de la banda Frecuencia
Modulada (FM) y 86 de Amplitud Modulada (AM)–, y 45 de televisión, por no actualizar
sus datos ante el organismo. Esta decisión afectaba a 35% del total de las frecuencias
asignadas a particulares, cuyo universo estaba compuesto por 209 estaciones AM y
472 FM. La radio en Venezuela llega a 90% de la población.
El 31 de julio de 2009, Cabello anunció el cese de transmisiones de las primeras
34 emisoras, por considerar que habían faltado a los requisitos legales para operar.
Entre las estaciones notificadas se encontraban cinco del Circuito Nacional Belfort,
propiedad de Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de
la Radiodifusión, y tribuna del periodista William Echeverría, presidente del CNP, dos
alcaldes de oposición y la versión radiofónica de “Aló Ciudadano”, espacio de fuerte
crítica gubernamental transmitido por la televisora Globovisión.
Belfort rechazó la medida y aseguró que el Estado busca “callar a aquellos que lo
critican”; mientras que Anahí Arizmendi, vocera del Frente de Mujeres Socialistas,
respaldó la decisión, por considerarla un avance hacia la democratización del
espectro radioeléctrico.
Días después, el 5 de septiembre, se anunció el cierre de un segundo lote de
emisoras, integrado por 29 estaciones, pero estas aún están al aire. La incertidumbre
reinante en el sector por el desconocimiento de los nombres de las emisoras, así
como el momento en que podrían salir del aire, ha generado “silencio en la radio”,
según afirma Echeverría.
La televisión atraviesa por una situación similar. Los canales han “reajustado” su
programación, especialmente luego del anuncio de la no renovación de la concesión
a RCTV y la reducción de 20 a 5 años de las licencias de transmisión. Esto cobra una
mayor significación cuando se sabe que tres de cada cinco venezolanos sintonizan la
TV todos los días y la mitad de la población utiliza este medio para “seguir al país”,
según el IIES-UCAB.

160]
Dada la importancia de este medio de comunicación, que además acapara el
50,6% de la torta publicitaria, el gobierno ha puesto la lupa sobre las principales
cadenas privadas: Venevisión, del grupo Cisneros, cuya figura más visible es Gustavo
Cisneros; Televén, propiedad de Omar Camero, y Globovisión, una sociedad de
Guillermo Zuloaga, Alberto Federico Ravell y Nelson Mezeranhe. Las dos primeras
tienen alcance nacional por señal abierta y son en esencia de entretenimiento, mientras
que la tercera es 24 horas de información y sólo tiene cobertura en Caracas y los
estados Carabobo y Zulia, al centro y occidente del país, respectivamente. Todas están
incluidas en los sistemas TV por suscripción.
Desde la entrada en vigencia de la LRSRT, son comunes las acciones oficiales contra
los canales de televisión nacionales. Una de las últimas ocurrió en julio de 2009,
cuando la Conatel abrió procedimientos administrativos contra Venevisión, Televén,
Globovisión, el canal deportivo Meridiano y las emisoras de radio Onda 107.9 FM
y Fiesta 106.5 FM, por difundir cuñas sobre la defensa de la propiedad privada,
elaboradas por las asociaciones civiles Cedice y Asoesfuerzo, argumentando que “se
está jugando con la salud mental de los venezolanos con una propaganda engañosa”,
basada en el “terror mediático”, la desinformación y la deformación de la realidad
sobre el proyecto de Ley de Propiedad Social que discutía el parlamento.
Sin embargo, el canal más vigilado por el gobierno es sin duda Globovisión, de
línea editorial crítica. Contra el canal cursan 40 causas, entre juicios y procedimientos
administrativos, iniciados por organismos públicos o por seguidores del presidente
Chávez ante diferentes instancias. En 2009, la Conatel abrió seis procedimientos
administrativos en su contra, lo que la pone en riesgo de salir del aire, pues la LRSRT
establece como sanción el cierre por 72 horas y la suspensión de la licencia en caso
de reincidencia. Ana Cristina Núñez, representante legal de la televisora, afirmó que el
gobierno busca la censura previa, a pesar de estar prohibida en la Constitución.
Desdesuvisiónacadémica,elcatedráticoAntonioPasqualievalúaelcomportamiento
de las empresas de comunicación privadas diciendo que “políticamente, los medios
nacionales han mejorado su comportamiento, cosa que el público aprecia altamente.
Durante la dictadura de (Marcos) Pérez Jiménez5
todos ellos se plegaron a las razones
de la supervivencia; la autocracia chavista ha producido en una parte importante de
ellos una abierta reacción oposicionista, un jugársela por la libertad de expresión,
cosa que se les agradece”.
No obstante, a consecuencia de esa “abierta reacción oposicionista”, el ejercicio
del periodismo se ha visto afectado directa e indirectamente en su calidad,
5
Último dictador de Venezuela, derrocado el 23 de enero de 1958.
VENEZUELA

[161
]
especialmente por su falta de pluralidad y equilibrio, pues a la ya complicada
búsqueda de información oficial se le suma la variable de trabajar para un medio
incómodo para el gobierno.
En octubre de 2009, por ejemplo, la periodista Adriana Salazar y el camarógrafo
José Luis Zambrano, de Globovisión, no pudieron entrar a una rueda de prensa que
ofrecería Jesse Chacón, ministro de Ciencia y Tecnología, en el Palacio de Miraflores,
en Caracas. Según se les informó en la entrada, sus nombres no estaban asentados en
la lista de asistentes al evento, a pesar de que enviaron sus datos en dos oportunidades,
luego de recibir la respectiva convocatoria. Este canal fue el único medio impedido
de cubrir la alocución.
Echeverría resume que ser periodista en Venezuela es enfrentarse día a día, entre
otras cosas, a cada vez más obstáculos para contactar a funcionarios que ofrezcan
información sobre los asuntos públicos, cierres de salas de prensa, trabas en actos
oficiales, violencia en la calle y el fantasma de la autocensura.
El profesor Cañizález explica que el presidente Chávez declaró a los medios de
comunicación enemigos del “proceso revolucionario” en 2001 y que desde ese
momento comenzó a actuar en su contra. “De su lado, los medios se colocaron en
una trinchera de oposición radical, que en un contexto de polarización política, los
mantiene cerrados a mostrar otros puntos de vista”.
Explica que un par de investigaciones en las que participó demostraron que en
Venezuela el periodismo es muy pobre en dos sentidos: cantidad de fuentes y calidad
de los textos. Detalló que 90% de las noticias evaluadas en 2007 y 2009 sobre la
cobertura electoral de esos años sólo contaba con una sola fuente informativa, y que en
un análisis de la prensa regional en 2006 y 2007 se evidenció el uso casi exclusivo de la
noticia, en detrimento de otros géneros periodísticos, como la crónica y el reportaje.
En cuanto a los temas, asegura que los medios no tienen una agenda propia.
“Los medios desarrollan a lo largo de la semana los asuntos que señala el presidente
Chávez en su programa Aló, Presidente, los días domingo. La agenda no la marca ni
siquiera el gobierno, sino una persona, el presidente, desde la televisión”.
La situación descrita a lo largo de este trabajo evidencia la relación de hostilidad que
entre medios de comunicación y gobierno existe en Venezuela. El uso propagandístico
e ideológico de los cada vez más numerosos espacios estatales y paraestatales, así
como las constantes acciones de amedrentamiento y censura de los poderes públicos
contra las empresas de comunicación privadas, no sólo no han incidido positivamente
en la calidad de los contenidos, sino que por el contrario han afectado el derecho
de todos los ciudadanos a la libertad de expresión, a recibir información completa y
equilibrada de los asuntos de la vida pública nacional, lo que ciertamente ha incidido
negativamente en la vitalidad de la democracia.

162]
La relación Medios y Estado en Venezuela
Las relaciones entre medios y gobierno en Venezuela se caracterizan por el fuerte
enfrentamiento entre el gobierno de corte socialista y bolivariano de Hugo Chávez y los
pocos medios críticos que quedan.
La estrategia no fue la cooptación ni el enfrentamiento verbal como en otros casos en
los que la problemática se manifiesta en una expresión casi que de debate democrático,
sino que ha ido de la persecución y cierre de los medios privados a la estatización casi
total de los mismos.
Venezuela es ahora un Estado-comunicador cuyo gobierno ha construido un sistema
monopólico de los medios de comunicación, incorporando señales alternativas y
comunitarias, medios comerciales y el establecimiento de nuevas normas para las
empresas de comunicación privadas. Sin embargo, estos cambios no han significado
una mejoría en la calidad de los contenidos y, mucho menos, una mayor pluralidad
informativa.
La comunicación gubernamental es reducida a propaganda y se encuentra lejos de
configurar una comunicación pública y ciudadana.
Referencias
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Venezuela: República Democrática. Grupo Jirahara. Caracas, Venezuela.
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WEFFER, Laura. “El socialismo necesita una hegemonía comunicacional”. Entrevista a Andrés Izarra
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PIÑA, Elsa. “Los medios deben reflexionar sobre su rol en las democracias”. Entrevista a Carlos Lauría.
Publicada en El Tiempo, el 3 de septiembre de 2007.
VENEZUELA

[163
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THEIS, Reyes. “Obligados a transmitir cadenas 58% de canales de TV por cable”. Publicado en El
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DE LA ROSA, Alicia. “Cabello: El Gobierno no ha tomado ninguna acción para cerrar RCTV”. Publicado
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CIDH. “El comisionado para los asuntos de Venezuela y la relatora especial para la libertad de expresión
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RSF. Clasificación Mundial 2009 de Reporteros Sin Fronteras. Disponible en: http://www.rsf.org/es-
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que lo critican”. Publicado el 31 de julio de 2009. Disponible en: http://informe21.com/presidente-
camara-nacional-radiodifusion/nelson-belfort-estado-quiere-callar-aquellos-critican.
“Movimientos socialistas piden profundizar democratización del espacio radioeléctrico”. Publicado el
6 de agosto de 2009. Disponible en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?30084
“Suspenden campañas de Cedice y Azoesfuerzo por atentar contra salud pública”. Publicado el 3 de
julio de 2009. Disponible en: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=189241&lee=10.
Globovisión en la Mira (Documento web). Actualizado por última vez el 12 de noviembre de 2009.
Disponible en: http://www.globovision.com/news.php?nid=132791.
IPYS Venezuela. “Niegan acceso de Globovisión a rueda de prensa en palacio presidencial”. Publicado
el 17 de octubre de 2009. Disponible en: http://www.ipys.org.ve/2009/Alertas%20Octubre%20
2009/a_171009.htm
“Conatel abre quinto procedimiento administrativo contra Globovisión en seis meses”. Publicado el 3
de julio de 2009. Disponible en: http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/88206/
Nacional/Conatel-abre-quinto-procedimiento-administrativo-contra-Globovisi%C3%B3n-en-seis-meses.
Entrevistas realizadas:
Marcelino Bisbal, 11 de enero de 2010.
Carlos Correa, 8 de enero de 2010.

164] VENEZUELA
William Echeverría, 8 de enero de 2010.
Rosario Pacheco, 15 de enero de 2010.
Andrés Cañizález, 16 de enero de 2010.
Antonio Pasquali, 24 de enero de 2010.
David Tarazona, 26 de enero de 2010.
David Natera, 22 de noviembre 2009.

[165
COLOMBIA
Medios de Comunicación y Estado/gobierno
ESPIONAJE, PRESIONES
E INTIMIDACIONES
AL RELATO PERIODÍSTICO
En Colombia las presiones económicas, las presiones de las
fuentes y las intimidaciones del gobierno a sus críticos son
centrales en las limitaciones para la libertad de prensa:
dos grupos económicos son dueños de casi la totalidad de
la audiencia televisiva y desde la policía secreta adscrita
a la Presidencia hay una campaña de espionaje contra
los periodistas y otros opositores. Así gana el poder del
gobierno y su verdad.
Margarita Martínez Escallón
margmart@yahoo.com
Periodista y documentalista

166] COLOMBIA
El periodismo colombiano superó la época de silencio o bala. Aparentemente
pasamos de 9, 10 asesinatos en promedio a principios del siglo a uno el año pasado.
Pero una mirada más cuidadosa muestra fuertes presiones para los periodistas desde
el poder, principalmente de la Presidencia y los grupos económicos, pero mucho
también de los violentos, los narcos y los políticos corruptos. Amenazar periodistas es
una práctica extendida y parece que funciona.
Pero no hay problemas, los periodistas han aprendido a obedecer, y hacen caso
porque la prensa y los medios se han convertido en unidades de negocios de grandes
grupos y tiende a primar el cálculo económico y político por encima de la calidad de
la información. Y además tenemos pocos medios y todos en muy pocos dueños; la
disculpa es que son pocos pero grandes y poderosos.
Solo los periodistas estamos preocupados porque no podemos informar con
calidad y nos estamos quedando sin donde trabajar. En este contexto los medios
independientes, especialmente los emergentes en internet son una ventana de
oportunidad para los ciudadanos.
¿De dónde venimos?
Y todo se ve con esperanza por el pasado al que pertenecemos. Durante años
Colombia fue el país con más periodistas muertos, exiliados o amenazados por
razones del conflicto armado, las mafias y la política.
El dilema para la libertad de prensa con la que los periodistas conviven es la
violencia en todas sus formas, la de los narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y
el propio Estado.
Por ejemplo en las zonas de fuerte influencia del narcotráfico es común encontrarse
con que los redactores para informar sobre un asesinato de un narco, escribían frases
que todo el mundo en la región entendía pero que implicaban un riesgo menor. “Un
señor de actividad desconocida, que manejaba una camioneta lujosa y que estaba en
un restaurante exclusivo, fue baleado por un par de sicarios”, por dar un ejemplo de
cómo se trataba de informar en un diario de Pereira, donde opera el cartel del Norte
del Valle.
El diario El Pilón de Valledupar, tierra de la música vallenata, parecía reflejar que
en la región sólo ocurrían festivales y encuentros musicales, luego del asesinato de su
subdirector y amenazas a periodistas por los paramilitares. La muerte de más de 300
indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada y campesinos y su masivo desplazamiento
prácticamente no fueron registrados por este diario.
Esta es la misma situación en diarios y emisoras de ciudades como Neiva y Florencia
con las acciones de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras guerrillas.

[167
]
Colombia ha vivido por más de 60 años un conflicto interno que alcanzó uno
de sus picos de violencia a finales del siglo XX al punto que era el país del mundo
donde más se asesinaban defensores de derechos humanos, sindicalistas, jueces y
periodistas. El secuestro alcanzó cifras cercanas a 3.000 personas por año, las masacres
de campesinos eran cosa diaria y el desplazamiento de personas que abandonaron
sus veredas y pueblos se contabiliza en alrededor de tres millones de personas.
Luego de un fracasado intento de negociación con la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2002, subió al poder el presidente
Álvaro Uribe con la consigna de derrotar a los rebeldes y restablecer el orden.
En estos ocho años, casi todos los indicadores de violencia han disminuido, aunque
en el último par de años se estancaron y las ciudades se convirtieron en escenarios
de las mafias y el crimen. Uribe logró despoblar y pacificar el campo pero convirtió
a las ciudades en invivibles. Sin embargo, como el presidente tenía alta popularidad
en las encuestas y defendía la democracia de opinión buscó nuevamente cambiar
la constitución para elegirse por tercera vez, ahí vino la debacle de corrupción y los
medios se portaron valientemente y denunciaron. Finalmente, la Corte Constitucional
no lo permitió. Triunfó la legalidad. Y ahora el presidente será su heredero de los
falsos positivos (hacer pasar a jóvenes por guerrilleros y matarlos) y perteneciente al
poder del multimedio El Tiempo.
El periodismo colombiano enfrenta cuatro escenarios complicados: los intereses
económicos y políticos de los grupos de medios; el abuso de poder por parte del
gobierno frente a la prensa; y la captura de la libertad de información por la vía de la
pauta; y sigue la presión de los corruptos, las mafias, los criminales. Luego informar
con libertad en Colombia sigue siendo una esperanza.
Intereses económicos
Hasta los 80, los diarios y medios eran negocios de prensa familiares, ligados a
la aristocracia política y con interés en hacer buen periodismo y buenos negocios
políticos. Se hacía periodismo. Pero esto ha cambiado dramáticamente, ahora la
propiedad es de grupos que quieren ganancia y no calidad periodística. La influencia
de los intereses económicos en la información es la realidad en mayor o menor grado
de los medios de televisión, la radio y la prensa escrita.
Un ejemplo reciente de este entramado entre poder económico e independencia
en la información fue el cierre el pasado febrero de la revista Cambio, caracterizada
por una postura crítica y de denuncia al gobierno. El semanario de la Casa Editorial
El Tiempo era la segunda publicación de su tipo en circulación nacional, ahora con
mayoría accionaria del grupo español Planeta.

168]
En sus últimas ediciones destapó uno de los escándalos del gobierno de Álvaro
Uribe que más ha calado en la opinión pública: el llamado Agro Ingreso Seguro, una
política por la que se le daban regalos de gruesas sumas de dinero a algunas de las
familias más ricas del país ligadas a la tierra, en forma de subsidios que no debían
devolver, regalos públicos entre amigos.
Cambio pertenecía al grupo que por décadas fue de la familia Santos, y cuyo
negocio principal es el diario El Tiempo, el mayor periódico del país. En el 2007 la
Casa Editorial El Tiempo fue vendida al Grupo Planeta de España, que tiene puestos
sus ojos en ganar la licitación estatal para adjudicar un tercer canal de televisión en
el 2010.
Planeta parecía estar adelante en los afectos del gobierno, según decían los
conocedores. Era claro que los nuevos dueños españoles estaban trabajando en eso.
Su interés es el negocio.
La Casa Editorial El Tiempo, contrató como asesor a José Obdulio Gaviria,
considerado el ideólogo del presidente Álvaro Uribe. La gana por el tercer canal de
este grupo español, cercano al franquismo, debía ser tal, que pasaron por alto que
Gaviria es primo hermano del difunto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y que
varios de sus familiares pagaron cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. De él
mismo se dice que fue el abogado de su primo en una época temprana de su famosa
carrera criminal.
A El Tiempo se le acusó de parcializarse en su información para no enojar al
gobierno. Pero no así la revista Cambio, de este grupo.
En medio de este panorama, la adjudicación del tercer canal fue suspendida por
pedido del Procurador que encontró irregularidades, cambios en el proceso licitatorio
y en general faltas de transparencia en las reglas del juego.
Tal vez la furia del grupo Planeta llevó a que pocos días después decretaran el
cierre de Cambio, que empezaba a dar utilidades luego de años en rojo.
“El grupo Planeta tuvo personas que consideraban que Cambio –que hacía
periodismo investigativo– era un obstáculo para la consecución de objetivos
estratégicos muy importantes, como el tercer canal”, dijo su director Rodrigo Pardo
en entrevista.
Pardo, ex canciller, ex embajador y directivo de varios medios de comunicación
del país, fue notificado tres horas antes que se hiciera público el cierre de la revista,
que atravesaba un gran momento periodístico.
“Es más fácil atacar al gobierno que al capital”, dijo Pardo, tal vez resumiendo la
situación actual del periodismo en Colombia y la suya personal en el entramado entre
medios de comunicación independientes y el poder económico.
COLOMBIA

[169
]
Pardo también fue director de El Espectador, cuando la familia Cano, dueña
tradicional de este diario, tuvo que venderlo al grupo económico Santodomingo,
luego que un grupo financiero de la prestigiosa familia Michelsen ante una denuncia
de malos negocios hecha por este diario le quitar toda su pauta e invitara a otros
empresarios hicieran lo mismo… y que los narcotraficantes asesinaran a su director,
a varios periodistas y pusieran una bomba en sus instalaciones. Por hacer periodismo
de calidad terminaron muertos y en la bancarrota.
“Terminé despedido de ambos medios, esto es una realidad muy elocuente.
En el grupo Santodomingo no se podía ser crítico del gobierno de Andrés Pastrana
(1998-2002), al que se estaban acercando por los múltiples intereses que tiene con
el gobierno. Es similar la situación con el Grupo Planeta. Cuando un grupo es tan
grande, siempre depende del estado. Aunque los niveles de independencia varían en
diferentes épocas”. Y es que el grupo Santodomingo es dueño del canal de tevé más
grande del país, Caracol.
Pocos días después del cierre de Cambio, la Corte Constitucional determinó que
Uribe no podía volver a reformar la constitución para aspirar a su tercer periodo
presidencial. Y esto a pesar del amplio apoyo de las encuestas y de los medios como
El Colombiano, Canal RCN, El Tiempo.
A toda esa historia que ejemplifica cómo el periodismo independiente es castigado
cuando interfiere con otros intereses estratégicos de los grupos económicos, se le
agregan los intereses en lo político. Dos miembros de la familia Santos tienen altos
cargos en el gobierno y aspiran a continuar.
Francisco Santos es el vicepresidente de Colombia desde hace ocho años. Juan
Manuel Santos, su primo hermano, fue Ministro de Defensa de Uribe y presidente de
Colombia para el periodo 2010-2014.
Roberto Pombo, el director de El Tiempo, afirma que el diario ha vivido uno de los
periodos más difíciles con dos de sus accionistas minoritarios en altos cargos del ejecutivo,
pero que ha cumplido su labor de fiscalizar al gobierno, aunque no es opositor.
“El mayor valor de un periódico es su credibilidad. Así nosotros hayamos destapado
escándalos como los ‘falsos positivos’ (por los que miembros de la fuerza pública
asesinaban civiles y los hacían pasar por guerrilleros) o Agro Ingreso Seguro, la gente
sigue pensando que estamos parcializados”, afirmó Pombo en entrevista. “No quiero
ni pensar cuál sería la situación del periódico si Juan Manuel Santos ganara,” afirmó
Pombo. Y ganó. Y ahora El Tiempo es más gobierno. Y su credibilidad periodística
está en riesgo pero su negocio vive los buenos tiempos en referencia a uno de los dos
candidatos que puntea en las encuestas.

170]
Televisión: el medio donde se informan los colombianos
Luego de la avalancha del Internet y cambios de tecnología, el único poder que
se mantiene sólido en Colombia es la televisión, donde hay gran concentración. Dos
canales dominan el 80% del mercado.
En Colombia la pauta publicitaria televisiva en el 2008 era de 953.300 millones
de pesos, unos 500 millones de dólares que se reparte en cerca del 85% entre dos
canales, según un informe de la Comisión Nacional de Televisión. Un canal, Caracol TV,
pertenece al grupo Santodomingo, dueño también de cerveceras, jugos, concesiones
estatales en vías, televisión, petróleo, hoteles, etc, y el otro, RCN TV a la organización
Ardila Lulle, propietaria de gaseosas, ingenios azucareros, ventas de carros, equipos
de fútbol, concesiones de carreteras, etc. La puja por el tercer canal, es decir por la
división en tres de la jugosa pauta publicitaria, ha tenido interesados al grupo Planeta-
El Tiempo y Prisa-Caracol Radio así como al grupo Cisneros de Venezuela.
Antes de la televisión privada (1995) en Colombia existía un modelo mixto, el Estado
era dueño de dos canales nacionales en los cuales otorgaba espacios de emisión para
que productoras independientes produjeran, programaran y comercializarán esos
espacios. En cada canal había 12 productoras. En cada canal existían 6 informativos
diferentes. Luego de la televisión privada, hoy solo queda un canal, cuatro productoras
y dos noticieros.
Daniel Coronell, dueño y director de Noticias Uno, uno de los dos noticieros
independientes que todavía quedan, opina que el sistema de la televisión colombiana
estructuralmente va en contra de la libertad de prensa. “Los periodistas que trabajan
en esos medios terminan no pudiendo hacer notas de nada importante, porque es la
única manera de no meterse con algún interés de los propietarios” afirmó. Y él fue
director de Noticias RCN.
Por ejemplo, cada vez que hay toma de tierras en el sur del país, los periodistas
de RCN no entrevistan a los indígenas porque los dueños del canal también lo son de
ingenios azucareros. Tampoco se cubre la huelga de los corteros de caña, a quienes
no los tienen directamente vinculados laboralmente, porque esto también está en el
centro de los intereses del grupo.
Otro caso que ilustra el nivel de las limitaciones de los temas y el tratamiento que
se le da, es el caso de un periodista deportivo caracterizado por su lenguaje mordaz
y agresivo en la crítica deportiva. Sin embargo, cuando se refiere al equipo de su
dueño (RCN es dueño del Nacional) su tono se vuelve generoso y comprensivo ante
los resultados discretos que ha tenido en el campeonato.
“Yo les digo a los periodistas que acá no hay nada prohibido, hasta que
explícitamente así se manifieste”, dice Clara Elvira Ospina, la directora del noticiero
RCN desde hace casi dos años. Ospina, una aguerrida periodista, ha buscado llevar al
COLOMBIA

[171
]
canal a un periodismo más independiente, más en la sintonía con la filosofía liberal
de ser un contra peso al poder y no su vocero.
Ospina remplazó a Alvaro García, quien dirigió por seis años la información del
Canal RCN, que informaba a favor del gobierno y fue tan evidente que logró que se
denominara “Radio Casa de Nariño”, parodiando con sus iniciales RCN el nombre
del palacio presidencial. García desde su renuncia es el embajador del presidente
Uribe en Argentina. Pasó del periodismo a ser parte del gobierno Uribe. ¡Y no le
vio inconveniente!
Además de los conflictos de intereses o precisamente por eso, los noticieros por
los que se informa la abrumadora mayoría de los colombianos no tienen estructura
informativa, afirma el estudioso de los medios de comunicación Germán Rey.
Rey dice que los noticieros son rápidos en su reacción para cubrir los
acontecimientos, tienen un sentido acendrado de la oportunidad y que se han
actualizado tecnológicamente. Pero son de registro y no de análisis o contexto.
El sello informativo es el protagonismo de la farándula, la pérdida de densidad
de la investigación de los grandes problemas nacionales y un enfoque en que en
ocasiones se le da más importancia al espectáculo que a la noticia.
“Los noticieros tienen una información absolutamente deleznable: abren con un
niño asesinado y la noticia número seis es una importante noticia política. Eso no
tiene un futuro y van a caer más rápido que lo que cree”, vaticina Rey.
Héctor Rincón, columnista, periodista y miembro del equipo de la “Luciérnaga”,
el programa radial más escuchado de la tarde, que se burla del poder, tiene una
percepción parecida.
“Las estructuras del noticiero son casi de telenovela: transmite emociones,
melodrama, no tiene mas de dos o tres informaciones importantes. Abren con una
tragedia, donde hay sangre y cierran con reinas de belleza”, dice.
La Misión de Observación Electoral –MOE- al informar sobre el monitoreo realizado
a los medios con relación al cubrimiento informativo en las elecciones del 2010
encontró que en el mes de marzo, por ejemplo, Noticias RCN 7:00 pm distribuyó
su agenda así: 30 minutos para farándula, 20´deportes, 15ńoticias generales,
5élecciones, 3´ la cosa política. Caracol Noticias 7 pm distribuyó su agenda así: 20
minutos para farándula, 15´deportes, 16ńoticias generales, 6´ elecciones, 3ćódigo
secreto. Las elecciones son apenas algo interesante después de la farándula y el fútbol.
¡Esta es la calidad de la información!
Esto no siempre fue así. La concentración de la televisión colombiana en dos grupos
tiene casi 15 años. En 1996 la televisión colombiana tenía 32 espacios periodísticos
en los canales públicos. Para el 2001, luego de una aguda recesión económica,
sobrevivieron solo los dos canales privados RCN y Caracol, de los grupos económicos.

172]
De las 24 productoras de televisión que programaban los canales hasta 1995,
quedaron tres. Los 12 noticieros de ese momento pertenecían a los llamados
“delfines”, los hijos de los ex presidente y de algunos políticos prominentes. Se sabía
que informar era “cuota política”. Pero eso que parecía tan perverso, no lo era tanto:
había transparencia de los intereses desde donde se informaba.
“A comparación con lo que tenemos ahora –sólo dos noticieros que acumulan
casi toda la audiencia– parece más sano este modelo porque cada noticiero tenía
una línea diferente y se hacían contra peso con feroces críticas. Ahora estamos en
un sistema en que dos señores deciden lo que ven el 85% de los colombianos”, dice
Coronell, el director de Noticias Uno y columnista más leído del país.
Coronell es el periodista que mayores escándalos ha revelado y denunciado sobre
el gobierno Uribe. Tanto denunció que le toco vivir dos años en el exilio luego de
amenazas contra su familia provenientes de un amigo del presidente Álvaro Uribe,
que incluyeron seguimientos a sus pequeños hijos. La virtud de Coronell: investigar,
presentar datos y documentos. Hacer periodismo de calidad.
Prensa escrita: información para incidir en la
toma de decisiones
La prensa escrita tradicional está en franca decadencia, en particular los diarios,
perdiendo lectores y pauta de manera acelerada, a tal punto que su lectura ha caído
en un 30%, según Germán Rey.
Colombia, con 44 millones de habitantes, sólo tiene 32 periódicos y no llegan a
un millón de copias diarias.
“Los periódicos tuvieron un poder intensísimo, incluso de miedo. Ese poder de
lo escrito ha claudicado por su mismo estancamiento, por haber renunciado al buen
uso de la palabra, por el poder del Internet. Su audiencia no crece, disminuye”, dice
Héctor Rincón.
Los diarios han ido quedando relegados no sólo por el poder político, sino por la
misma audiencia, afirma Rincón.
Las dos grandes familias dueñas de los que fueron los diarios más tradicionales
de Colombia por décadas, El Tiempo y El Espectador, los vendieron a grupos
económicos.
La misma práctica del periodismo ha decaído. Importa el negocio. El negocio es
ganar dinero. El negocio es incidir en la toma de decisiones del poder. El periodismo
de calidad no interesa.
Se realizan pocas investigaciones, crónicas, análisis. Las antiguas unidades
investigativas desparecieron. Los periodistas buscan fuentes que les filtren información
COLOMBIA

[173
]
y no realizar sus propias pesquisas. Hay pocas noticias internacionales. Se informa sin
contexto. No se analiza. Poco se pone a pensar.
Germán Rey considera que el periodismo tiene prácticas internas preocupantes no
sólo por la influencia de lo económico o lo político sino por la falta de profesionalismo
con que se ejerce el oficio en muchas ocasiones.
“Fuentes poco diversas, con géneros muy reducidos, sea que se refieran al
conflicto armado interno, a la pobreza o a la educación. No hay investigación, análisis,
contextos informativos más exigentes y enfoques en tanto más complejos y matizados
en las notas periodísticas”, dijo.
Sólo hay un diario nacional, El Tiempo, del grupo Planeta. En las regiones se repite
la tendencia de concentración. Las principales ciudades tienen un diario significativo.
Pocos medios para un país tan diverso y de más de 46 millones de habitantes.
El Espectador, que fue otro de los diarios nacionales tradicionales, quebró
después de resistir el sabotaje de un grupo económico al que denunciaban por
sus irregularidades y sobre todo, luego de que Pablo Escobar ordenara el asesinato
de periodistas, pusiera una bomba en sus instalaciones y finalmente asesinara a su
director, Don Guillermo Cano. La familia Cano lo vendió al grupo Santodomingo que
lo convirtió en semanario, para luego volverlo nuevamente diario. Sin embargo, su
poder de penetración regional, que era uno de sus fuertes, desapareció y ahora casi
sólo se vende en la capital o se lee por Internet.
Uno de los casos interesantes es el del diario El Colombiano de Medellín, el segundo
más leído del país. En la década del 90 constituyó una de las unidades de derechos
humanos más comprometidas y profesionales, en medio de aterradores índices de
violencia. Estas eran secciones en las que se publicaban historias con contexto y
profundidad sobre el conflicto armado que se estaba viviendo.
En la actualidad El Colombiano cerró el espíritu de lo que fueron estas unidades y
volvió nuevamente a ser un diario parroquiano, conservador, católico y alineado sin
cuestionamientos a la presidencia de Álvaro Uribe; del nuevo presidente Santos; que
públicamente expulsa columnistas por ir contra el gobierno y prohíbe hasta hablar de
telenovelas que no le gustan como Rosario Tijeras.
Jorge Iván Bonilla, de la Universidad EAFIT de Medellín e investigador de medios
sugiere que el cambio ocurrido en este periódico muestra el giro que dio el país de
un intento de apertura que trajo la Constitución de 1991, a la derechización y la
búsqueda de la paz únicamente por la vía militar, que simboliza el gobierno Uribe.
En la época de los diálogos con la guerrilla y la zona desmilitarizada, la directora de
este diario conservador, Ana Mercedes Gómez, fue garante de los fracasados acuerdos
de paz. Se escribieron crónicas e historias que hablaban de las causas de la guerra, de
los contextos regionales y de las búsquedas de soluciones más allá de lo militar.

174]
Sin embargo, desde la llegada a la presidencia en el 2002 de Uribe, también de
Medellín y coincidiendo –o precisamente por el fracaso en las negociaciones de paz
con la guerrilla– , el periódico limitó poco a poco sus espacios para la diversidad de
opiniones y volvió a una cerrada línea conservadora.
Incluso, su directora recibió subsidios de la política de Agro Ingreso Seguro, detalle
que no divulgó cuando escribió artículos para apoyar esta desprestigiada política
gubernamental. El periodista Daniel Coronell la denunció y Gómez Martínez en su
respuesta explicó la cantidad que recibió y otros detalles sobre el contexto, pero no
el por qué no había revelado esta información por la que evidentemente tendría
conflictos de intereses.
“El Colombiano volvió a ser un periódico parroquial, se derechizó y se uribizó
e incluso está a la derecha del consenso de ciudad que hay en Medellín”, dijo el
profesor Bonilla.
La decadencia de los diarios es tal que, Germán Rey opina que los tiempos en que
la prensa escrita daba utilidades en Colombia están contados.
“El Tiempo va a cumplir 100 años. No creo que llegue a 120 con la estructura actual,
si es que llega”, afirmó Rey. En España, el diario La Razón, del grupo Planeta está dando
pérdidas. Rey dice que el interés del grupo en Colombia es tener una entrada para el
tercer canal de televisión y con ello al mundo de las telenovelas con el que pueda entrar
al lucrativo mercado hispano de Estados Unidos y en los medios electrónicos.
Una excepción es un nicho que sí ha crecido, pero que no toca al “poder” es el de
los periódicos populares, que publican los grandes diarios y que en muchas ocasiones
se distribuyen de manera gratuita.
Luego del cierre de la revista Cambio, sólo queda Semana como la única revista
nacional de análisis y profundidad. Semana ha sido por más de dos décadas la revista
con la mayor circulación y se podría decir que tiene el mayor nivel de independencia
de la prensa escrita.
La revista en medio de la tolerancia y complicidad de las clases dirigentes con
el fenómeno del paramilitarismo, denunció sus masacres, los nexos de su accionar
con las estructuras políticas y económicas del país. Aunque no se podría catalogar de
opositora, fue el medio que destapó la campaña de espionaje, descrédito y amenazas
que el gobierno Uribe realizó en contra de opositores.
El nicho de Semana es informar a los más instruidos, por tanto al grupo más
poderoso.
“Quien mayor ha mantenido y ejercido el contra poder es Felipe López, hijo y
nieto de ex presidentes de Colombia, porque él es dueño de su negocio y desdeña
por completo a todo ser humano”, dice Héctor Rincón. “Esto es una cualidad
fundamental para un periodista independiente”.
COLOMBIA

[175
]
Radio: el medio más popular y cercano a la vida
de los colombianos
La radio también tiene concentración en dos grandes cadenas nacionales Caracol
Radio, del grupo español Prisa y de RCN radio, de la Organización Ardila Lulle. Sin
embargo, hay un fenómeno reciente, en el que por primera vez hay asignación de
radios comunitarias, incluso para Bogotá. Hay 500 radios, casi la mitad relacionadas
con la iglesia católica, dijo Rey.
“La radio sigue desarrollándose. Se está digitalizando por lo que hay archivos de
voces. Yo creo que la radio sigue cumpliendo un rol muy importante y la veo como
uno de los medios con mayor futuro”, agrega Rey.
En sus estudios, el Internet y la radio son los dos medios con los que la gente más
se identifica y más solidez le ven a futuro.
Tres emisoras radiales prácticamente acaparan toda la audiencia radial de la
mañana, donde se entrevistan miembros del gobierno, oposición, con algunas notas
de entretenimiento.
Héctor Rincón, quien fue director de Caracol Radio afirma que estos espacios de
la mañana tienen “el poder del sobresalto, se buscan para saber qué ha pasado, pero
se encuentran con unos personajes muy gastados”.
“La radio nacional está poblada de engreimientos citadinos, con una opinión
pública citadina muy influyente, pero sin conciencia de ser un contrapoder a los
poderosos, sino otro más de los poderosos”. Y es que informar en la radio colombiana
se volvió entrevistar al poder. No hay diversidad de fuentes, ni de formatos, ni de
modos de preguntar. Periodismo de entrevista. Periodismo de sumisión.
Y para salirse de esa sumisión está el humor informativo. El programa radial de
La Luciérnaga es caso aparte. En estos ocho años del gobierno de Álvaro Uribe,
marcados por la falta de crítica, del cheque en blanco al poder y en algunos casos del
arrodillamiento, este fue uno de los pocos espacios de mirada crítica, de entrega de
información entre la parodia y la burla.
Internet: donde se comienzan a informar los colombianos
El Internet en Colombia, como en todo el mundo es imparable, y cambió la forma
como las personas nos comunicamos. En el país todavía la penetración en la población
no es masiva y se mantiene como un fenómeno urbano.
Los grandes medios de comunicación son concientes de la importancia del Internet
y superaron los tiempos en que simplemente se subía lo impreso. Ahora tienen una
estética y un formato más adecuado al medio, pero todavía están lejos de entender
el negocio y los modos de informar.

176]
El potencial de audiencia es grande porque tienen además una diáspora
de cuatro millones de colombianos que viven por fuera del país y que consultan
permanentemente las páginas web.
“En los medios tradicionales el periodismo de Internet es como periodismo de
radio, que informa sobre las instantáneas”, dice la periodista Juanita León, directora
de www.lasillavacia.com, la página de Internet independiente más importante sobre
política en el país y ex directora de semana.com.
Como en todo el mundo, para los medios de comunicación tradicionales el
Internet es una oportunidad, pero también es una amenaza al negocio porque la
publicidad no compensa todavía lo que pierden en el impreso.
“En general las páginas son muy poco interactivas, no hay investigación, no se
incluyen otras voces, no incluyen links a otros medios porque creen que así los
usuarios se salen de su página. Las historias son lineales, no se aprovecha los formatos
circulares que permite el Internet, ni crean comunidades”, agrega León, cuyo portal
tiene más de 400.000 usuarios al mes y más de un millón por página vista.
La otra cara son los medios no tradicionales donde empieza a haber una explosión de
páginas de Internet de calidad de nicho. Estos van desde páginas como www.lasillavacia.
com, www.laverdadabierta.com sobre los crímenes del paramilitarismo, hasta www.
actualicese.com sobre información contable y tributaria, pasando por páginas de música.
“En la Sillavacia.com, ya tenemos una comunidad activa que incluso nos escriben
con información. Casi el 30% de la información que publicamos tiene su origen en
los usuarios y nosotros la confirmamos”, dice León, cuya página es financiada por
la cooperación internacional y que busca que para el próximo año se sostenga con
aportes de usuarios y la publicidad.
Uno de los problemas que enfrenta el Internet para competir con los otros medios
es la pauta. En Colombia las empresas le entregan el dinero para publicidad a una
central de medios que los asigna y cobra por eso una comisión. La televisión, que
tiene la pauta más cara, es donde más anuncian, para ganar más.
La central de medios les piden hasta 40% de la comisión, por lo que las páginas
de Internet de nicho están buscando agruparse para poder que se les cobre una
comisión más baja por más volumen.
Esta es otra de las trampas contra el periodismo independiente en la estructura
económica del país.
Álvaro Uribe: espionaje y abuso de poder
Colombia tenía el record mundial de asesinatos de periodistas por parte de la
guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, particulares, políticos corruptos y el
COLOMBIA

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propio Estado durante años. El Comité para la Protección de Periodistas, con sede en
Nueva York, y que lleva estadísticas mundiales de homicidios, afirma que entre 1992
hasta el 2009, en Colombia se asesinaron 42 periodistas por razones directamente
relacionadas con el oficio y 31 en el que no se han podido establecer el motivo, uno
de los tres más altos a nivel global.
Sin embargo, aunque la seguridad física de los periodistas ha mejorado, los
protegidos han aumentado, con más de 78 periodistas que tienen esquemas de
protección.
Más allá de las cifras, en los últimos meses se ha descubierto la magnitud de la
campaña de espionaje, desprestigio y amenazas de muerte que realizó la policía
secreta de la presidencia de Álvaro Uribe contra comunicadores, defensores de
derechos humanos y políticos opositores, entre otros.
Uno de los casos más dramáticos es el de Claudia Julieta Duque, corresponsal
de Radio Nizkor en Colombia y quien destapó un montaje de la policía secreta (el
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), en el asesinato de un periodista y
humorista Jaime Garzón, aparentemente ordenado por el subdirector de esta entidad.
A raíz de su investigación, en un grueso expediente con su nombre se encontraron
seguimientos desde el año 2002 a sus conversaciones telefónicas, correos y amenazas
en contra de ella y su hija, en ese entonces de 10 años.
La relatora para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Catalina Botero, afirmó que éste no era un caso aislado.
“Se trata de una práctica sistemática, con papel membreteado de una entidad,
con oficinas enteras dedicadas a eso, que sienten que puede actuar con impunidad,
que sienten que estaban haciendo lo correcto, que estaban persiguiendo a enemigos
del estado. Eso muestra que la peor amenaza eran esos funcionarios del DAS. ¿Cuál
es la idea de democracia que tienen esas personas?”, se preguntó la relatora.
Duque ha salido tres veces al exilio e incluso cuando estaba en España hay folios
sobre su seguimiento.
Algunos de los extremos más estremecedores que se han encontrado en los más
de 103 carpetas que tiene en su poder la Fiscalía sobre la campaña de espionaje son
las amenazas de descuartizar a la hija de Duque, las fotos del salón de clases de los
hijos de Hollman Morris, otro de los periodistas críticos y perseguidos por el gobierno.
También se encontró un manual con instrucciones para amenazar, desprestigiar, e
incrementar la presión sicológica, entre otros.
“Esto quita la respiración. Eso no se compara con nada con lo que esta pasando
en la región”, afirmó la relatora Botero. “Cuantas vidas fueron destruidas, cuántos
matrimonios acabaron, eso hay que repararlo”.

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El director de derechos humanos del gobierno, Carlos Franco afirmó que “el
gobierno condena estos hechos. La Fiscalía es la responsable de las investigaciones
y nosotros reiteradamente lo que hemos planteado es la ineficacia de la justicia
para mejorar muchos problemas. Si alguien dio la cara y pide los correctivos, es el
gobierno”, dijo Franco.
Ignacio Gómez, miembro de la junta directiva Fundación para la Libertad de Prensa
(FLIP), afirmó que este comportamiento no cae en el vacío, sino que corresponde a
una mentalidad de gobiernos populistas como los de Colombia y Venezuela que
piensan que la prensa debe cumplir un papel activo en la consolidación de la
seguridad democrática o en la revolución bolivariana y no el de entregar información
con imparcialidad y objetividad.
El presidente Uribe en un pronunciamiento en una ceremonia militar en el 2002
–al principio de sus ocho años de gobierno– acusó a las organizaciones de derechos
humanos de estar al servicio del terrorismo. También en varias oportunidades ha
estigmatizado la labor de periodistas, palabras que han conllevado después a
amenazas contra los comunicadores e incluso al exilio.
“El irrespeto por el trabajo del periodista del Presidente para abajo, crea un
ambiente tal que un concejal se siente que pueda agarrar a patadas a un periodista o
más”, afirmó Gómez, también subdirector del noticiero independiente Noticias Uno.
“Es un estilo de gobierno por el que se mantiene al pueblo desinformado. El mito
de populismo: ‘tranquilos que yo soy el iluminado, yo soy la inteligencia superior,
síganme sin preguntar’”.
Esto afecta toda la libertad de prensa, desde la adjudicación de espacios, hasta lo
que se escribe y reporta diariamente.
Otro caso en el que el jefe del estado colombiano se ha referido a la labor de un
periodista es el de Gonzalo Guillén del diario El Nuevo Herald de Miami. Guillén
escribió un libro sobre una amante de Pablo Escobar, donde relaciona al jefe de
estado y recibió fuertes amenazas luego que Uribe afirmara que “ha dedicado una
carrera periodística a la infamia y a la mentira”.
Guillén luego recibió protección oficial, aparte de la solidaridad de organizaciones
nacionales e internacionales.
Uribe no sólo ha atacado a periodistas independientes. De forma reiterada, el
presidente ha buscado desprestigiar públicamente a periodistas como Alejandro
Santos, director de Semana, a quien en frente de la audiencia televisiva “regañó” por
sus preguntas, a Claudia López, columnista e investigadora de los nexos profundos
entre paramilitares y la clase política, en su mayoría cercana a Uribe.
“Resulta por lo menos paradójico que mientras el periodista recibe protección
oficial y su caso merece consideración especial por las amenazas e intimidaciones
COLOMBIA

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recibidas, el primer mandatario estigmatice su labor. En estas circunstancias, ese tipo
de declaraciones aumentan la vulnerabilidad y el riesgo del periodista”, dijo la FLIP
en su momento.
La pauta oficial para comprar modos de informar
Otro aspecto económico que afecta a los medios de comunicación es la pauta
oficial o mejor la relación de los medios con el estado y su abundante chequera para
anunciar en los medios privados.
Este fenómeno es más evidente en pueblos y ciudades medianas donde el estado
es el principal o único anunciante. Pero naturalmente también se encuentra a niveles
nacionales con otras connotaciones.
También y como otro lado de la moneda, cuando un medio es excluido del
reparto, las críticas a la administración local o regional o las empresas que operan en
la región se vuelve incisiva, para luego callar cuando se les incluye.
“La asignación amañada de la pauta publicitaria oficial sin criterios claros ni
objetivos, es otra forma de afectar la libertad de prensa y es una práctica nociva para
el derecho a la información en Colombia”, ha dicho la Fundación para la Libertad de
Prensa, (FLIP).
“Las modalidades más comunes para abusar de esos fondos públicos consisten en
su asignación o retiro para beneficiar a medios y periodistas afines al gobernante o
castigar a los críticos,” agregó la Fundación en uno de sus estudios.
Uno de los casos más nombrados es el del gobernador del Valle, Juan Carlos
Abadía que designa millonarios recursos del presupuesto regional para publicitar su
accionar tanto en medios locales como nacionales.
Además, según denuncias recogidas por la FLIP, en la licitación para los espacios
que se ven dentro del canal Telepacífico, el noticiero crítico fue desplazado a un
horario menos bueno que otro amigo del gobierno regional.
“El noticiero Occinoticias, hasta ahora desconocido en el medio noticioso, ocupó
el primer lugar, obteniendo el horario de la una de la tarde, el de más audiencia en
la región. Directivos del noticiero 90 minutos denunciaron que fueron relegados por
la línea editorial del medio”, dijo la FLIP.
Luz Adriana Betancourt, directora de 90 Minutos, le comentó a la FLIP que por
ejemplo, la licitación exigía que los noticieros garantizaran cubrimiento regional,
sin embargo, Occinoticias sacó el mismo puntaje de 90 Minutos, a pesar de que el
primero no tiene corresponsales y 90 Minutos sí.

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La influencia de la publicidad oficial es tal, que la embajada Británica, tratando
de fortalecer la libertad de expresión de los periodistas, creó un proyecto para que
comunicadores regionales reciban un apoyo económico y con ello tengan un margen
mayor de independencia frente a las presiones políticas y económicas de sus regiones.
Recientemente, la alcaldesa de Cartagena, un puerto Caribe caracterizado por la
corrupción de su clase política, y quien fue elegida con la bandera de la transparencia,
determinó que la repartición de la torta de publicidad gubernamental se dividiría de
acuerdo con un criterio objetivo: audiencia, circulación. Esto se consideró un avance
aunque todavía hay dificultades en su implementación. Lo mismo hizo la alcaldía de
Manizales, ciudad de la zona cafetera en Colombia.
La impunidad para meterle miedo a los periodistas
Los asesinatos de periodistas se mantienen en la impunidad con respecto a los
autores intelectuales en casi el 100% de los casos, dice Diana Calderón, de la Sociedad
Interamericana de Pensa (SIP) en Colombia.
En la actualidad esta siendo investigado el subdirector de la policía secreta (DAS)
por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.
Otro de los casos emblemáticos es el de Orlando Sierra, subdirector del diario La
Patria, de Manizales. A pesar de que en la ciudad es vox populi que fue asesinado
por la clase política para acallarlo y se señala al ex diputado Ferney Tapasco como el
autor intelectual, sólo el sicario que lo asesinó frente a la sede del diario pagó unos
años de cárcel. Tapasco fue apresado recientemente por su presunta relación con
el paramilitarismo.
En varias de las declaraciones de los jefes paramilitares desmovilizados a partir del
2003, hay varias confesiones de asesinatos de periodistas y señalamientos a la clase
política, al estamento militar y policial sobre su complicidad.
Panorama de la esperanza
La pérdida de espacios periodísticos desde hace más de quince años y de los
espacios de investigación en el último lustro ha tenido como consecuencia que haya
mayor laxitud en los criterios de lo que es publicado. También la autocensura es parte
integral de la vida de casi todos los periodistas, según se puede apreciar en formularios
que han llenado los comunicadores para organizaciones de libertad de prensa.
“Vemos cada vez más espacios de opinión, pero pocos de información”, dice
Martha Ruiz, periodista de Semana. “Ya no se encuentran reportajes desde las
montañas de Colombia, tiene mucho peso el análisis y menos la información”.
COLOMBIA

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]
Los cambios de tecnología nos llevan a un panorama totalmente cambiante y
por supuesto ante una nueva relación de los medios de comunicación y el poder en
Colombia, que es difícil imaginar como evolucionará.
El antiguo defensor del lector de El Tiempo, Germán Rey afirma que no es claro
a donde vamos, pero estos son algunos datos que muestran la magnitud de la
transformación.
“En cinco años la telefonía celular logró la penetración que la televisión logró en
30 años. Se comprobó que cada vez más el celular es utilizado más que para hablar,
para escuchar música, leer, jugar”.
Entre el año 2000 y el 2005, bajó en un 30% la lectura de libros, la de periódicos
y revistas subió un punto. Pero en el país subió en 25% la lectura en Internet y 50%
en Bogotá.
Medios centenarios como el único diario nacional El Tiempo podrían dejar de
existir en su forma actual en una década y pequeñas páginas de Internet ya empiezan
a dar la pelea con tradicionales medios de prensa.
En televisión va a haber un sistema más competido con un tercero o incluso un
cuarto canal y la llegada de la Televisión Digital Terrestre.
Esta “destrucción creativa” como la describió el economista Joseph Schumpeter de
los medios tradicionales puede abrir una oportunidad de diversidad e innovación.
El internet está cambiando también la forma de hacer política en Colombia, como
fue el caso de Estados Unidos con el presidente Barak Obama y en Corea del Sur con
Roh Moo. En la campaña presidencial 2010, el movimiento de Antanas Mockus, dos
veces ex alcalde de Bogotá, un filósofo y matemático, pasó a segunda vuelta y estuvo
alto en el debate con un discurso de legalidad y no corrupción gracias a su creativa
campaña de internet.
El apoyo de los jóvenes que se ve reflejados en cientos de grupos en Internet y
su entusiasmo parece haber quebrado lo que iba a ser una campaña presidencial
previsible.
No se sabe la forma que tomará el Internet, pero lo que se perfila es que puede ser
un canal para la lucha por la independencia de grupos ciudadanos y periodistas y desde
ya está teniendo impacto en la manera de relacionarse e incluso de que los ciudadanos
participen en política: una manera más horizontal, independiente. Tal vez esto haga
que los grandes medios para perdurar, hagan una apuesta por la credibilidad.
Colombia requiere más medios de comunicación, más periodismo, más calidad
informativa, más control del poder para hacer que la democracia sea buen negocio
ciudadano. Por ahora, a los medios solo les interesa el negocio del poder y del dinero.
El gobierno va bien, los medios van mejor, los periodistas vamos mal.

182]
La relación Medios y Estado en Colombia
Los medios de comunicación manifiestan alta concentración de propiedad en tres grupos
de poder que transmiten un solo discurso político y una baja calidad del periodismo.
El gobierno y los medios de comunicación trabajan como aliados por el mismo proyecto
de hegemonía política: sociedad de mercado y privilegio para los más ricos.
El gobierno persigue e intimida a periodistas y medios de comunicación que buscan ser
críticos a su labor.
El gobierno ha usado la asignación de un canal privado de televisión como instrumento
de control de agenda mediática, ya que los tres grupos de medios tienen intereses en
el sector.
El periodismo independiente ha cumplido una gran labor al denunciar los grandes
escándalos políticos, de corrupción y derechos humanos del gobierno. Sin embargo,
estas denuncias han tenido poco entusiasmo en la sociedad, lo cual demostraría el poco
impacto ciudadano de los medios.
COLOMBIA

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ECUADOR
EL CLUB DE LA PELEA…
PODER POLÍTICO VS PODER MEDIÁTICO
Las acusaciones del Presidente Rafael Correa contra los
medios privados sorprendieron a éstos poco preparados
para la crítica y menos para la autocrítica. En lugar de
periodismo han hecho oposición y propaganda en contra
de la Ley de Comunicación y se niegan a someterse a
mecanismos de regulación. El gobierno, por su parte, no ha
podido garantizar un debate nacional de gran altura sobre
este tema. El oportunismo de ciertos funcionarios pone incluso
en peligro el proyecto de los medios públicos. Fortalecer
la investigación así como recuperar las normas éticas del
buen oficio son para algunos periodistas y académicos las
tareas más urgentes para salir de la crisis y estancamiento
del periodismo ecuatoriano.
Gustavo Abad
gabad@andinanet.net
Periodista e investigador social, se ha desempeñado como reportero y editor en varios diarios
ecuatorianos, principalmente en las áreas de Investigación y Cultura. Actualmente combina el
periodismo con la docencia universitaria. Ha publicado “El monstruo es el otro: la narrativa social
del miedo en Quito” (2005). Entre otros trabajos académicos y periodísticos están: “El periodismo
olvidado: las instituciones mediáticas ante la rebelión de las audiencias” (2006); “Entre la indignación
moral y la corrección política: el melodrama como recurso mediático” (2007); “Comunicación y
política: el surgimiento del periodismo público en el Ecuador. Caso El Telégrafo” (2009). Docente
asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y de la Universidad Andina
Simón Bolívar. Colabora con El Telégrafo.

184]
La sensación de estar en medio de dos fuegos es inevitable al mirar los noticieros
o leer los diarios en el Ecuador. Por la mañana, junto con el baño de agua y jabón,
fatalmente viene el de noticias. Los residuos del primero se van por la cañería, pero
los del segundo se quedan pegados todo el día a modo de preocupación ideológica
y política. Cada día, gobernantes y medios de comunicación conforman un coro de
voces alteradas en medio del cual resulta difícil encontrar orientación. Es como si
entre los dos hubieran construido un tinglado exclusivo para dejar al resto el papel
de espectadores.
El motivo más reciente de este enfrentamiento es el proyecto de Ley de
Comunicación, que se debate accidentadamente desde diciembre pasado en la
Asamblea Nacional. Esta es una aspiración histórica del país, que alcanzó el estatus de
Mandato Constitucional en la última Asamblea Constituyente de 2008 y consta en la
nueva Constitución (artículo 19 y transitoria primera) Eso significa que en el Ecuador
existe una conciencia mayoritaria a favor de una ley que regule la actividad de los
medios y otros actores de la comunicación. En cambio, la mayoría de los medios
privados está en contra.
Sin embargo, ni el gobierno ni los medios privados han logrado proponer un
debate de gran altura al respecto. En su lugar, mantienen una atmósfera de tensión.
El discurso recurrente del gobierno es que la ley permitirá frenar los “abusos de
la prensa corrupta”. Los medios han puesto todo su esfuerzo en demostrar que se
trata de una maniobra del “régimen dictatorial” del presidente Rafael Correa, quien
gobierna desde el 15 de enero de 2007 bajo el lema de la “Revolución Ciudadana” y
un discurso radical de izquierda.
Por primera vez en la historia de este país, los medios ocupan el banquillo de
los acusados. Al contrario de sus antecesores, el actual mandatario tiene un discurso
crítico y muchas veces descalificador respecto de los medios privados. Pero estos no
se quedan atrás y responden de manera visceral. Entre ellos no hay posibilidad de
diálogo, porque cada uno se declara víctima del otro. Por eso, la clave de todo esto
parece estar en la manera cómo cada uno construye y vende su propia imagen y la
de su oponente. ¿A qué se refiere Correa cuando habla de “prensa mediocre”? ¿A
qué se refieren los medios privados cuando hablan de “gobierno autoritario”? Veamos
algunas pistas.
Políticos y periodistas en deuda con el derecho
a la información
Es la mañana del 12 de junio de 2007. Set de entrevistas del canal Teleamazonas.
A un lado, Ricardo Patiño, entonces ministro de Economía. Al otro, Jorge Ortiz,
entrevistador principal de ese canal y uno de los más críticos al gobierno.
ECUADOR

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]
Patiño le debe al país una explicación de por qué se reunió, cuatro meses antes,
con empresarios de la firma Abadi & Company, en un cuarto de hotel, para escuchar
una propuesta sospechosa sobre renegociación de la deuda externa. El video de esa
conversación llega a los canales de manos de un ex asesor de Patiño, como represalia
por haber sido despedido. Los medios bautizan el caso como los “Pativideos” y lo
tratan más como un espectáculo que como una investigación periodística.
Todo indica que el ministro está a punto de perder los privilegios que otorga el
poder. Lo que el periodista no sabe es que el entrevistado está más convencido que
nunca de que la mejor defensa es el ataque.
A la primera oportunidad, el ministro saca sus cartas:
Ricardo Patiño: Usted está desinformado (…) no sabe lo que dice, está mal
informado, nervioso (…) Usted es el autor intelectual de esto, el presentador oficial
de los “Egasvideos” (en alusión al banquero Fidel Egas, dueño del canal)…
Jorge Ortiz (con risa nerviosa): Ja, ja, ja…
RP: … ¡Sonríase!…
JO: No me sonrío, me río a carcajadas…
RP: Así como el señor Egas es dueño de este canal, es dueño del Banco del
Pichincha, y está organizando una campaña fenomenal en contra del gobierno, de la
cual usted es, lastimosamente, el artífice material…
Los televidentes asisten a un intercambio, no de preguntas y respuestas, sino
de acusaciones entre un funcionario agresivo y un periodista nervioso. Patiño no le
responde al país por qué manejó de manera poco clara un tema de interés público.
Ortiz no puede refutar la acusación de que trabaja en un canal de propiedad de
un banquero y que participa en una campaña mediática contra el gobierno. El
derrame de bilis continúa de parte y parte. El público recibe espectáculo en lugar de
información. Sigamos:
RP: Para encontrar a los corruptos hay que hacerlo a escondidas…
JO: ¿Y ya los ha encontrado?
RP: Ya encontramos a los primeros (…) Tengo ya la información de cuántos
millones de dólares tenía el notario Cabrera −el fallecido notario José Cabrera, autor
del delito de captación ilegal de dinero, conocido como sistema piramidal− en la
banca ecuatoriana. El famoso notario Cabrera tenía cientos de millones de dólares
aupados por algunos segmentos de la banca y nunca le preguntaron: mire señor
Cabrera ¿Usted cobra tanto por dar las certificaciones de un título de propiedad?
Estaban más preocupados por tener depósitos (…) ¿Por qué no les pregunta a los
señores de la banca cuántos presos hay por el caso Cabrera?…
JO: ¿Y cuántos presos hay por el caso Abadi? Pero le contesto…

186]
RP: ¡Contésteme qué pasó con esos depósitos millonarios en la banca! ¿Usted se
ha preocupado de investigar eso, tan acucioso que es?
JO: ¿Ha visto que en Teleamazonas presentamos incluso una serie sobre el caso
Cabrera?
RP (casi gritando): ¡Escondiendo a la banca! ¡Dígalo con claridad! Escondiendo
a la banca (…) porque ustedes son propiedad de la banca... ¡Desenmascárense!
Nosotros somos abiertos, francos y claros. Ustedes ¡Desenmascárense!
JO: Abiertos, claros y francos poniendo cámaras ocultas en un cuarto y grabando
a la gente. Nadie les cree ese cuento…
RP: La mayor parte de los ecuatorianos nos creen. Vea usted todas las
encuestas…
JO: Eso no significa que tengan razón…
RP: Pregunte por su credibilidad…
JO: Seguramente está por debajo de la suya…
RP: ¡Por los suelos!…
JO: Sí, debe estar por los suelos…
El periodista no puede evitar pasar de cuestionador a cuestionado. Después,
no puede rebatir la acusación –por segunda vez– de que existe una vinculación de
intereses entre el medio de comunicación y la banca privada. Finalmente, admite que
su credibilidad está por los suelos y comienza a interceder por la banca privada:
JO: La Asociación de Bancos Privados quiere que se bajen las tasas de interés y las
comisiones pero no por imposición sino por diálogo. ¡No me interrumpa!…
RP: Pero usted interrumpe siempre. Yo también lo voy a interrumpir. Le pregunto
¿Cuántos años han dialogado y no han bajado las tasas de interés?…
JO: (nervioso) Yo no trabajo con la banca…
RP (sorprendido): ¿No trabaja con la banca?
JO: No trabajo con la banca…
RP: Pero si usted es empleado del señor Egas…
JO (más nervioso): Pero en Teleamazonas, no en el banco…
RP (irónico): Aaah, no están relacionados lo uno con lo otro. Aaah ya, siga
nomás…
Ortiz pierde completamente el libreto. No logra que su entrevistado lo respete.
Sonríe nervioso y avergonzado por quedar expuesto públicamente. Entonces opta
por la sumisión. Baja la vista y acepta el castigo:
RP: Estoy seguro que usted, cuando me vaya, hablará pestes de mí…
ECUADOR

[187
]
JO: Ni una palabra…
RP: Semanas enteras…
JO: Ni una palabra…
Así, la autoridad elude su obligación de rendir cuentas gracias a que tiene al frente
a un periodista disminuido, sin argumentos, a quien resulta fácil poner a la defensiva
con solo mencionar la vinculación de su medio con un sector cuestionado en el
Ecuador, como la banca privada. Los dos pierden credibilidad y le quedan debiendo
al país su derecho a la información.
Detrás del ruido están las debilidades
En este cruce de discursos emocionales, el gobierno solo reconoce una condición
de los medios: “corruptos”; y los medios una sola del gobierno: “dictatorial”. La
munición gruesa que intercambian día a día parece el reflejo de dos grandes poderes
en pugna. El ruido se asemeja al de un choque de trenes con toda su potencia. Sin
embargo, cuando se hace el silencio, salen a flote las debilidades de parte y parte.
La principal debilidad del gobierno es no tener otro narrador de su propuesta
que el presidente Correa, cuyo temperamento siempre lo pone al borde de la
confrontación en lugar del diálogo. La debilidad de los medios consiste en su baja
credibilidad debido a los casos en que se encuentran claramente vinculados con el
poder económico. También en el hecho de no haber podido desembarazarse de
ciertas figuras que acaparan el discurso, como Jorge Ortiz (Teleamazonas), Emilio
Palacio (El Universo), quienes aportan más rabia y escándalo que ideas. Tres años
después de iniciada la pelea, siguen en lo mismo.
Un caso ilustrativo de periodista con aspiraciones políticas es el de Carlos Vera,
una figura de la televisión que renunció a su trabajo como entrevistador del canal
Ecuavisa para iniciar su carrera política como opositor de Correa. Vera, famoso en otros
tiempos por acorralar y no dejar hablar a sus entrevistados, ahora es uno de los que
más reclaman libertad de expresión. Para ello, ha organizado varias concentraciones
y encabezado marchas “en defensa de la libertad”. Los periodistas acuden, pero no
en calidad de manifestantes, sino a trabajar en la cobertura del proselitismo de un
político en ciernes.
“Esta es una pelea de machos. Ahí está lo anacrónico” dice Ana Karina López,
Defensora del Lector del diario Hoy, uno de los medios más críticos al gobierno.
Se refiere a la encarnizada disputa entre el presidente y ciertas figuras mediáticas.
López realiza una actividad complicada en la que un cuestionamiento a los medios
puede ser interpretado como favorable al gobierno y viceversa. Para ella, lo que
ocurre se explica, en gran parte, porque los medios han ocupado el vacío dejado
por la oposición. “La prensa ha sido el único espacio que le ha dicho al poder aquí

188]
hay problemas. Eso se debe al vacío que existe en un país que está tan huérfano de
políticos, no sólo de oposición sino de todas las tendencias”.
La apreciación de López coincide con el argumento del gobierno de que los medios
son sus principales opositores. Pero esto tiene su explicación. “El Ecuador implosionó
políticamente. Las cúpulas que dirigían los partidos ya no existen, se perdieron o
fueron desacreditadas. Entonces la única correspondencia del poder viene a ser la
prensa”, señala la defensora, y aclara que la prensa no se reduce a los Palacio, Vera,
Ortiz, sino que está en los cientos de periodistas menos visibles que hacen el oficio
día a día.
Aunque no hay una entidad que lleve datos exactos, las cifras aproximadas señalan
que en el Ecuador funcionan alrededor de mil medios de comunicación, entre radio,
prensa y televisión. No hay registro certero de medios digitales. El Consejo Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel) registra 849 radios y 84 canales de televisión abierta.
Se calcula que los medios impresos de carácter masivo bordean los cien en todo el
país, entre diarios y revistas. La gran mayoría, alrededor del 90%, es de propiedad
privada. El resto se divide entre públicos y comunitarios.
Pese a ello, el debate parece haber quedado secuestrado entre la figura dominante
del presidente Correa y algunas figuras sobredimensionadas de los medios, que
defienden el discurso corporativo de sus empresas. Así, la calidad del debate se acerca
más al de una batalla premoderna con hachas de piedra. Entre el poder político y
mediático parecen haber conformado una especie de “club de la pelea”, como si el
uno representara toda la política y el otro toda la comunicación.
El falso dilema de la Ley de Comunicación
La tensión entre medios y gobierno alcanza su clímax en 2009, en torno a la Ley
de Comunicación. En este debate se juegan aspectos cruciales para el mejoramiento
del periodismo en el Ecuador. Entre ellos, las medidas antimonopolio; la prohibición
de que los dueños de bancos sean también dueños de medios; la figura de la
responsabilidad ulterior respecto de las consecuencias sociales de los mensajes
mediáticos; la distribución equitativa de frecuencias entre medios públicos, privados y
comunitarios; la cláusula de conciencia y las condiciones laborales de los trabajadores
de prensa; el derecho a la réplica y la rectificación; el acceso a las nuevas tecnologías;
los derechos de los niños; la producción nacional; el control de la publicidad estatal;
los organismos reguladores; la Defensoría del Público; las veedurías ciudadanas.
Sin embargo, el gobierno no ha podido alcanzar grandes acuerdos sociales en
torno a estos temas. Esto ha facilitado a los medios construir la versión de que se trata
de un atentado a la libertad de expresión. En los titulares no se habla de proyecto de
ley, sino de “Ley mordaza”. A la larga, ni el gobierno ni los medios le han propuesto a
ECUADOR

[189
]
la población un mecanismo claro para deliberar. Lo único que ha recibido el público
es un cruce de acusaciones entre ambas partes.
Las noticias de los medios muchas veces son refutadas por el mandatario durante
los llamados enlaces nacionales de los sábados –160 hasta febrero de 2010– que
son espacios de rendición de cuentas en directo por radio y televisión, sin que las
emisoras y canales privados estén obligados a transmitirlos. Sí lo hacen la radio y la
televisión públicas. No obstante, la mayoría de medios elabora noticias a partir de
esos enlaces.
Otro espacio donde el gobierno genera su discurso son las cadenas nacionales
–233 en 2009– a las que tiene derecho por ley para dar a conocer sus obras. También
está la publicidad oficial contratada en diversos medios –5,8 millones de dólares en
2009 según datos oficiales citados por la prensa– que colocan al gobierno como el
mayor anunciante en el país. Los medios privados son los mayores beneficiarios de
esta inversión publicitaria a la que nunca han cuestionado en términos de rentabilidad
sino políticos.
“Yo creo que, en el fondo, existe una competencia por la construcción de la
realidad. El gobierno quiere construir su relato cuando los constructores tradicionales
del relato han sido los medios”, dice César Ricaurte, director de la organización
Fundamedios, entre cuyos objetivos están el mejoramiento del ejercicio periodístico
y la defensa de la libertad de expresión.
Ricaurte escarba en la historia reciente y saca en claro que, entre las causas de
este enfrentamiento, está una saga de gobiernos débiles, ante los cuales los medios
aparentaban una fuerza que en realidad no tenían. “En medio de esa debilidad de los
gobiernos, los medios fueron los únicos dueños del relato. El momento en que surge
el gobierno de Correa, con una fortaleza enorme, comienza a disputarle a los medios
ese relato. Al parecer, el presidente piensa que el acto de gobernar también implica
el acto de editar la realidad”, reflexiona Ricaurte, quien proviene del periodismo y
actualmente ejerce también como Defensor del Televidente en Ecuavisa, uno de los
canales privados más antiguos del país.
El proyecto que se discute en la Asamblea Nacional es el resultado de la fusión
de tres proyectos anteriores, impulsados por los asambleístas, Rolando Panchana
(oficialista), César Montúfar (oposición) y Lourdes Tibán (oposición). El legislativo
nombró una comisión encargada de juntar las mejores ideas en una sola propuesta. El
resultado, un proyecto que disgusta tanto a los medios como al gobierno debido a sus
múltiples defectos desde el procedimiento (nunca se propició un debate social) hasta
los contenidos (confunden comunicación con información mediatizada). La intención
de crear un Consejo de Comunicación con capacidad reguladora y sancionadora
agudizó la discordia debido al peligro de crear un ente concentrador de poderes.

190]
Mientras el gobierno y las organizaciones sociales procuran reencauzar el debate
y mejorar el contenido de la ley, los medios privados hacen activismo en contra de la
existencia misma de ésta, bajo la premisa de que “la mejor ley es la que no existe”.
Los medios afiliados a la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP)
mantienen hace varios meses una publicidad bajo el lema “+RESPETO”, orientada
a convencer a los lectores de las bondades del actual sistema de medios privados.
Nunca antes había sido tan evidente la propaganda en lugar de la información.
En medio de estas tensiones, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel)
impuso una suspensión de 72 horas a Teleamazonas (del 22 al 25 de diciembre de
2009) por acumulación de tres infracciones. El canal no ha podido demostrar con
argumentos periodísticos la validez de la información por la que fue sancionado, que
demuestra apresuramiento, descontextualización y tendencia a afectar políticamente
al gobierno.
Un primer amparo solicitado por la estación ante un juzgado fue negado por
improcedente. Esto puso en riesgo los primeros acuerdos legislativos en torno a la
Ley de Comunicación, cuyo debate, aprobación y reglamento se prevé que tardará
hasta mediados de 2010. No obstante, la televisora insistió y logró que el Tribunal
de lo Contencioso y Administrativo declarara inejecutables las sanciones por errores
de procedimiento.
Periodismo y no proselitismo
El 14 de junio de 2009, diario Expreso publicó un reportaje titulado “Las obras que
ejecuta el hermano del presidente”. El trabajo periodístico, que tuvo un despliegue de
cinco entregas durante la semana siguiente, reveló que un grupo de empresas, a las
que estaba vinculado Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente, habían obtenido
contratos con el Estado por un monto de entre 80 y 100 millones de dólares.
Aunque la información no revelaba delitos específicos, sí ofrecía pistas acerca de
un tema clásico en el manejo de la cosa pública en el Ecuador: el tráfico de influencias.
El ambiente cargado de suspicacias motivó al editor del diario a insertar un párrafo
inusual en los textos periodísticos: “EXPRESO publica desde hoy el resultado de una
investigación que ha tomado más de tres meses. No es, como dice el presidente Correa,
por ‘una revancha’ por su maltrato a la prensa. Es porque son recursos públicos, y
porque nada menos que empresas vinculadas con el hermano del Presidente tienen
grandes contratos en su Gobierno. Algo que no tiene antecedentes ni parangón en
la historia del Ecuador. Y lo hacemos porque es la ineludible responsabilidad de una
prensa libre en bien de la ética del poder”.
La reacción inicial del gobierno fue decir que se trataba de otra maniobra mediática
para desacreditarlo. Pero ese argumento apenas duró unas horas, pues los datos
ECUADOR

[191
]
del reportaje no pudieron ser desmentidos. Se trataba de una investigación nítida,
madurada durante un año e intensificada durante los últimos tres meses. El equipo
de investigación, liderado por el periodista Juan Carlos Calderón, buscó documentos,
contrastó cifras, verificó escrituras, entrevistó a funcionarios públicos y privados y,
sobre todo, contrastó sus descubrimientos con las versiones de los involucrados.
Con ello, el país tuvo una demostración de la diferencia entre hacer política contra
el gobierno desde los medios y hacer periodismo de investigación siguiendo las normas
del buen oficio. “Nadie ha podido decir que la investigación que hicimos sobre los
negocios de Fabricio Correa es falsa. Ni el propio Presidente. Lo que ha hecho (el
Presidente) y a mí me parece gravísimo, es considerar que lo hicimos de mala fe,
para joderlo…”, asegura Calderón, uno de los pocos periodistas en el Ecuador que
ha logrado capitalizar el resultado de su trabajo en textos de largo aliento. Su libro
“Naufragio: migración y muerte en el Pacífico” es un trabajo revelador sobre el tráfico
de migrantes, víctimas por igual de los traficantes como de las autoridades corruptas.
A Calderón le resbalan las críticas del gobierno a los medios. “Es que yo no
trabajo para él. No estoy para caerle bien ni para caerle mal. Tampoco trabajo
para el dueño del medio. Yo he dicho siempre que mi único jefe es el lector y mi
obligación es garantizar su derecho a estar bien informado”. Y es de los que creen
que la única opción que le queda al periodismo ecuatoriano es mejorar su calidad
para recuperar la confianza del público. “La confianza es como un banco en el que
el periodista es el depositario de la verdad y eso implica una enorme confianza del
lector. Su responsabilidad social es mantener la confianza. Yo creo que el periodismo
ecuatoriano, en este momento, 18 de noviembre de 2009, vive un estancamiento
filosófico, porque nadie se ha puesto a pensar en el oficio”.
El trabajo liderado por Calderón obligó a la Fiscalía General del Estado a iniciar
una investigación respecto de los negocios del hermano del mandatario. El propio
presidente Correa se apresuró a tomar distancia y ordenar que se anulen todos los
contratos entre el Estado y las empresas de su hermano. Sin embargo, no pudo evitar
el costo político para el gobierno. Como estrategia de defensa, el mayor de los Correa
es ahora una de las voces más visibles de la oposición y un entrevistado constante
en los medios más críticos al gobierno. “Correa versus Correa” es uno de los titulares
más recurrentes.
Calderón y su equipo –integrado por periodistas de bajo perfil y solo conocidos entre
su círculo de amigos– hicieron lo que tenían que hacer: periodismo y no proselitismo.
La mayoría de medios privados, donde se impone un discurso corporativo de defensa
del negocio, ha hecho lo contrario: proselitismo y no periodismo.
Durante los tres años del gobierno de Correa la prensa ecuatoriana exhibe pocos
trabajos de investigación contundentes. Ha perdido muchas oportunidades de
reivindicar su lugar. La cobertura del conflicto entre Ecuador y Colombia ha estado
marcada más por el deseo de los medios de demostrar alguna complicidad entre el

192]
gobierno y la guerrilla de las FARC que por mostrar la dimensión geopolítica del tema.
La intención de afectar políticamente al gobierno ha disminuido notablemente la
calidad de la información –conclusiones apresuradas, falta de correspondencia entre
titulares y contenidos– y ha permitido al mandatario ponerla fácilmente en duda.
La investigación periodística como salida
Otro de los que no se resignan a que todo se quede en una pelea entre el
presidente y los dueños de los medios es Arturo Torres, coordinador de investigación
del diario El Comercio. Torres cumple con el perfil del investigador forjado en el
propio oficio. Junto con Calderón, cierran la lista de los periodistas que han publicado
libros de reportajes en la última década. Su libro “El juego del camaleón: los secretos
de Angostura” es un relato acerca de las operaciones de inteligencia que facilitaron el
bombardeo que acabó con la vida del líder guerrillero Raúl Reyes, el 1 de marzo de
2008 y que significó la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia.
Quizá por su condición de investigadores, Torres y Calderón coinciden en que
la única respuesta apropiada de parte de los medios es fortalecer su capacidad
investigativa. Proponen que el periodismo ecuatoriano debe trazarse otras metas,
relacionadas con la investigación y el servicio público. A los dos les molesta que el
debate se haya reducido a una tira y afloja entre el gobierno y las corporaciones. Están
convencidos de que es posible abrir un amplio debate por fuera de esos límites.
Según Torres, “Es necesario que la sociedad entienda que dentro de los medios
existen diversas corrientes de pensamiento”. Está convencido de que solo a los
periodistas les corresponde sacar a flote esa diversidad, opacada por los discursos
dominantes tanto del gobierno como de las empresas mediáticas. “Creo que los
periodistas hemos limitado nuestro papel y no hemos querido jugar el rol que nos
corresponde. Hemos delegado todo a los editores, a los dueños y nosotros hemos
quedado relegados”.
Uno de los pocos investigadores de casos de corrupción, Torres está dispuesto
a invertir los años que sean necesarios en el fortalecimiento de una nueva cultura
periodística en el Ecuador. “Los periodistas no tenemos claro cuál es nuestro oficio,
no somos suficientemente autocríticos, nos falta trabajar en los conceptos y en las
teorías acerca de cuál es nuestra posición. En las salas de redacción pocas veces aflora
el tema de la responsabilidad social”.
Torres no se siente aludido por las críticas del gobierno. “Particularmente, creo
que esta es una excelente oportunidad para demostrar cuál es el periodismo que
sirve. Que este momento sirva como una catarsis para que hagamos una limpieza de
las malas prácticas y nos pongamos a reinventar y potenciar el buen periodismo”.
ECUADOR

[193
]
Aunque no está de acuerdo con que la regulación venga del Estado, tampoco se
opone a la existencia de una Ley de Comunicación. “Oponerse a la existencia de esa
ley es atemporal. Ya que hemos llegado a esto, veamos cuánto podemos hacer para
que la ley sea un producto útil y no el resultado de algún interés político”.
Antes de Correa los medios ya estaban en el banquillo
Aunque los protagonistas más visibles de este enfrentamiento son el actual
presidente Rafael Correa y los medios tradicionales, el desgaste de la credibilidad de
estos últimos se puede rastrear en episodios ocurridos varios años atrás.
Uno de ellos es la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 2005.
Esa tarde de lluvia en Quito, la gente volcó su indignación no solo contra un gobierno
desprestigiado por sus actos de corrupción, sino también contra los medios, por haber
dado la espalda a las protestas. Miles de personas rodearon Teleamazonas para exigir
que ese canal enviara reporteros a la calle. Después, varios reporteros y camarógrafos
estuvieron a punto de ser agredidos por una multitud como demostración extrema de
indignación generalizada respecto de los medios.
Esa inconformidad latente fue hábilmente usada por Correa luego de su llegada
al poder. El mandatario necesitaba posicionarse ante la población como un símbolo
radical de cambio. Ya había criticado a los partidos tradicionales, a los banqueros
corruptos, a los empresarios inmorales. Tenía que cerrar el círculo enfrentando a
unas instituciones respecto de las cuales había la sensación de que eran intocables:
los medios tradicionales. Y la arremetida verbal los sorprendió poco preparados para
la crítica.
El académico Hernán Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar, intenta
resumir las causas del cuestionamiento público a los medios. Primero, “Cada vez
es mayor la participación de los medios como actores políticos, es decir, como
defensores del statu quo y de los valores del sistema dominante e injusto”. Segundo,
continúa Reyes, “Se ha profundizado el divorcio entre la realidad social y la realidad
expuesta por los medios. Eso les ha generado un paulatino descrédito especialmente
a partir de la década de los 90. Las instituciones mediáticas ya no están exentas de un
juicio negativo por parte de la ciudadanía”. Y un tercer elemento, señala el sociólogo
y comunicador, “Los vientos de cambio a nivel político en América Latina. Gobiernos
como el de Chávez, Correa, Morales explican los fracasos de las democracias, del
orden constituido y del rol que han jugado los medios en ese orden. Esto ha hecho
que se produzca un cuestionamiento frontal hacia los medios, que no se había visto
en décadas anteriores”.
En efecto, ante la crítica del gobierno, los medios han puesto en su defensa un
principio tan universal como abstracto: la libertad de expresión. Asumieron que su

194]
manera de entender la libertad es la misma que la del resto de la sociedad. Entonces
cayeron en la tentación de demostrarle al poder político quién era el más fuerte. La
excesiva confianza en su posición como formadores de opinión pública los llevó a
cometer un acto de poca modestia. Aceptaron pelear en el terreno del adversario, es
decir, en el campo de la política en lugar de hacerlo desde el campo del periodismo
y la información.
Reyes ensaya una segunda explicación para el caso ecuatoriano. “El gobierno
ha planteado una visión demasiado maniqueísta y está ayudando a confundir a la
ciudadanía, a crear odios viscerales antimedios. Por su parte, los medios se han
negado a la autocrítica. Eso los ha puesto contra la pared porque han actuado como
juez y parte. Han hecho mal en responder en términos políticos y no periodísticos”.
Según datos de la encuestadora Informe Confidencial, en febrero de 2007, en
Quito, el 20% de la población confiaba “mucho” en los medios y el 33% confiaba
“algo”, es decir un 53% de valoración positiva. En tanto que el 33% confiaba “poco”
y el 13% confiaba “nada”, es decir, un 46% de valoración negativa. Los datos en
Guayaquil son más favorables para los medios con un 66% positivo y un 34%
negativo. De todos modos, no demuestran ser incuestionables. En julio de 2009,
según la misma encuestadora, los medios tenían un 55% de valoración positiva y un
43% de valoración negativa en Quito. Mientras en Guayaquil alcanzaban un 68%
positivo y un 31% negativo. La confrontación con el gobierno de Correa casi en nada
ha mejorado su valoración social.
Una cultura periodística forjada en los medios privados
El investigador Guillermo Navarro en su libro “Los poderes fácticos”, publicado
en 2006, se refiere, entre otras cosas, a la estructura de propiedad de los principales
medios en el Ecuador. Navarro registra varios grupos cada uno con diversas empresas,
entre medios y de otra naturaleza: Isaías (tv abierta, tv por cable, radios, actualmente
incautadas por el Estado), Eljuri (tv abierta, tv por cable), Vivanco (diario, radios),
Egas (tv abierta, revistas, empresa editorial, cines), Mantilla (diarios, empresa editorial,
radios, servicio de datos, seguros, automotores, inmobiliaria) Mantilla Anderson (tv
abierta, diario, empresa editorial, radio, servicio de datos, automotores), Alvarado (tv
abierta, revistas), Pérez (diario), Martínez (diarios, radio, industria gráfica). El trabajo
de Navarro ofrece múltiples datos sobre la conexión entre los principales medios
privados y los grupos económicos.
En el Ecuador es famosa la época de la guerra informativa entre los medios
controlados por el grupo Isaías (dueño de Filanbanco y de medios como TC Televisión)
y los medios controlados por el grupo Egas (dueño del Banco del Pichincha y de
medios como Teleamazonas). Cada uno dirigía su información a convencer al público
ECUADOR

[195
]
de que las empresas de su contrincante estaban al borde de la quiebra. Así, los
medios vinculados con grupos económico libraron una batalla grotesca y jugaron con
el derecho a la información durante por lo menos una década desde mediados de los
90 hasta bien entrado el nuevo siglo.
La intensidad de la batalla no aminoró ni siquiera cuando los líderes del grupo
Isaías, los hermanos William y Roberto Isaías, huyeron a Miami para ponerse a salvo
de la justicia en varios juicios iniciados contra ellos como principales causantes de
la crisis bancaria de 1999. Cuando la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD)
incautó, el 8 de julio de 2008, 195 empresas de ese grupo —entre ellas, los canales
TC Televisión, Gamavisión y Cable Noticias— la población reaccionó con entusiasmo.
No obstante, muchos medios hablaron de un “atentado a la libertad de expresión”.
Los medios privados no son el paraíso de la libertad de expresión que dicen ser. La
organización Fundamedios aplicó entre 2008 y 2009 una encuesta a 372 periodistas
de cinco ciudades (Quito, Guayaquil, Machala, Manta y Nueva Loja) sobre el respeto
a las libertades en su trabajo.
A la pregunta “¿En alguna ocasión alguna nota periodística de interés público no se
publicó por presiones de alguna naturaleza?” 109 (29,2%) de los consultados responden
“sí” y 42 (11,2%) responden “a veces”, lo cual también es una respuesta afirmativa.
Esto significa que 151 (40,4%) de los consultados considera que existe censura en la
información. A la pregunta “¿De qué sectores suelen provenir más estas presiones
o amenazas?” 107 (28,7%) responden “del gobierno”, 106 (28,4%) señalan a “los
directivos del propio medio”, y 94 (25,2%) a “las empresas privadas o anunciantes”.
De todas maneras, César Ricaurte, director de esa organización señala que no
necesariamente todos los casos significan censura, sino que también los periodistas
pueden confundir una exigencia de mayor calidad con un acto de censura.
Por su parte, un informe de 2008, del Observatorio de Medios de la Universidad
de las Américas (UDLA) firmado por el investigador Fernando Checa, señala que
las mayores amenazas al trabajo de los periodistas no provienen del poder político
sino de factores internos y externos relacionados con los propios medios. Según el
informe, el 38% de 120 periodistas consultados afirma haber tenido que “sacrificar
principios profesionales por temor a perder su trabajo”. Señala también que el 44%
de los periodistas se autocensura por presión de los dueños y directores. Además, el
78% asegura que la mayor amenaza proviene de grupos de poder.
Los medios públicos, un proceso en consolidación
El Ecuador cuenta desde 2008 con tres medios de comunicación públicos: diario
El Telégrafo, canal Ecuador TV y emisora Radio Pública del Ecuador, un quiebre dentro
de una cultura informativa dominada históricamente por los medios privados. Los

196]
medios públicos surgen en medio de una gran tensión entre un gobierno con discurso
revolucionario y unas fuerzas políticas y económicas alineadas con la derecha
empresarial y con una marcada influencia en la agenda de los medios privados.
Esto significa que en el Ecuador de inicios del siglo XXI no solo está en disputa un
modo de hacer y gobernar –función del campo político– sino también un modo de
pensar y decir –función del campo mediático– y más todavía cuando el poder político
ha identificado, tanto a los partidos como a los medios tradicionales, como parte del
pasado que propone dejar atrás.
Los medios públicos nacen ligados económicamente al Estado. Los medios
privados usan ese argumento para cuestionar la legitimidad de los públicos y dan por
hecho que esa dependencia económica los compromete con el discurso oficial.
“Los medios públicos están en construcción. El diario, la radio y la televisión
tienen procesos separados. En ningún caso funcionan como un ‘pool’ de medios”
aclara de entrada, Carol Murillo, subdirectora de El Telégrafo. Para ella, lo que está en
juego en el Ecuador no es la libertad de expresión sino la posibilidad de construir un
periodismo de servicio público, puesto que “Los medios privados siempre fueron el
brazo ideológico de los grupos económicos de este país”.
En rigor, El Telégrafo, Radio Pública y ECTV son los tres únicos medios públicos
del Ecuador, puesto que han sido declarados como tales y procuran sacar adelante
una propuesta acorde a su condición. Uno de sus principales escollos es que la
mayoría de sus periodistas se formaron en los medios privados. Los públicos no han
logrado todavía trazar las líneas maestras de un periodismo marcadamente distinto.
Tampoco han logrado mejorar sus niveles de audiencia ni proponer otros modelos de
producción. Es cuestión de tiempo, dicen sus directivos.
No entran en este grupo otros medios que están bajo administración del Estado
como resultado de procesos de incautación a los banqueros causantes de la crisis de
hace una década. Los privados los acusan de ser favorables al gobierno y reclaman que
sean devueltos a sus dueños anteriores. Hasta ahora, el gobierno no ha podido vender
esos medios para devolver el dinero a los perjudicados por la banca quebrada.
El aparecimiento de los medios públicos abre grandes expectativas respecto de la
construcción de una agenda periodística basada en la observación de las demandas
sociales y las respuestas políticas. “Lo público, en unos casos, había sido borrado de
las ideas. En otros casos había sido asociado con lo burocrático y lo que no funciona.
Pero lo público son las políticas de educación, de salud, lo que tiene que ver con las
mayorías. El medio público tiene que recuperar la información como un servicio a la
sociedad”, dice Murillo, como una declaración de principios.
Un ejemplo de la importancia del periodismo público se dio a fines de enero de
2010, cuando los reporteros y columnistas de El Telégrafo rechazaron públicamente
la intención del gobierno de crear un nuevo medio “de corte popular” bajo la
ECUADOR

[197
]
infraestructura del diario público. El proyecto de ciertos funcionarios es contar con
un medio obsecuente con su proyecto político, bajo la etiqueta de “popular”. En ese
mismo contexto, un intento de censura fue denunciado por el director de El Telégrafo
y propició un amplio debate nacional. En este país, no existe memoria de que los
medios privados hayan denunciado con la misma frontalidad un acto de censura o
injerencia de los poderes políticos o económicos.
Al final de cuentas, entre la nula capacidad del gobierno y los asambleístas para
gestionar una Ley de Comunicación de consenso social, la información distorsionada
y la propaganda opositora de los principales medios privados, más el oportunismo
de ciertos funcionarios cercanos al poder, la relación entre medios y gobierno en
el Ecuador permanece estancada en una furiosa tensión. Así, las posibilidades de
asumir la información como un bien o un servicio público, sujeto a regulación, queda
relegada en medio del ruido generado por este singular “club de la pelea”.
Quito, febrero de 2010
Cuando la emoción ahoga la reflexión: varios
casos sintomáticos
El rasgo que mejor caracteriza a los medios privados tradicionales en su
confrontación con el gobierno es la emoción, que anula la investigación. Por lo
menos eso ocurrió en varios casos en los que la mayoría de esos medios perdieron la
oportunidad de hacer un buen trabajo periodístico porque su interés era capitalizar
políticamente los hechos.
La relación Medios y Estado en Ecuador
El gobierno ha escogido a los periodistas y a los medios como LA oposición política. Y
los periodistas se creyeron políticos. La lucha es sin reglas y por ahora va ganando el
presidente.
Hay un estilo de gobierno basado en la confrontación y desde esa lógica se informa.
El proyecto de ley del sistema de comunicación social tiene al país enfrentados en dos
bandos: los que quieren controlar el poder “corrupto” de los medios y los que quieren
controlar la “dictadura” del presidente.
El gobierno ha diseñado un sistema integral de control de la esfera pública basado en
la alta propaganda, la creación de medios públicos y la contundencia comunicativa del
presidente.

[199
BOLIVIA
DE LA POLARIZACIÓN A LA HEGEMONÍA
La relación entre la prensa y el Estado boliviano ha sido, en
los últimos cuatro años, de polarización y graves conflictos.
Para el gobierno de Evo Morales y quienes simpatizan
con él, esto se debió a la resistencia de los propietarios
de los medios a los cambios socioeconómicos que se están
produciendo en el país. Sin embargo, la confrontación
reflejó las peculiaridades de la política boliviana: una
polarización clasista, sí, pero también étnica, regional
e ideológica. Este artículo describe la contribución del
gobierno, de las asociaciones de prensa y de los propios
periodistas a mantener la polarización, que generó el
peor ambiente para el ejercicio de la profesión desde la
conquista de la democracia en 1982. También registra los
últimos sucesos que alteraron el curso de esta relación y
acabaron con la polarización social y mediática. Hoy en
Bolivia se observa una creciente hegemonía gubernamental,
que se manifiesta en la definición y el debate de la agenda
pública, y la normalización del trabajo periodístico, aunque
probablemente con un incremento de la autocensura.
Fernando Molina
fermolina2003 yahoo.com.ar
Periodista y escritor. Autor de El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (2009),
Conversión sin fe – El MAS y la democracia (2007), Bajo el signo del cambio (2006), Evo Morales y el
retorno de la izquierda nacionalista (2006) y de varios otros libros. También ha publicado numerosos
artículos en libros, revistas, periódicos y sitios web de La Paz, Santiago de Chile, México y Madrid.
Algunos de ellos han sido traducidos al francés y al inglés. Ganó importantes premios periodísticos y
literarios bolivianos. Actualmente es asesor editorial del diario Página 7.

200] BOLIVIA
“La prensa es la principal enemiga del gobierno”. La frase que el presidente Evo
Morales lanzó en radio Fides poco después de asumir su cargo, el 18 de enero de
2006, hizo patente que un cambio importante se había dado en la relación entre el
poder político y la prensa. Dos años antes, una alusión más bien confusa del presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada a la posibilidad de que apareciera una “superintendencia
de medios”, había obligado al gobierno a retractarse de inmediato para evitar la
indignación de los periodistas. Y un año antes, otro antecesor de Morales, Carlos
Mesa, tuvo que retirar, por la misma razón, un decreto que declaraba “clasificada”
la información de ciertos tipos, como la militar, la bancaria en tiempos de crisis
financiera, la judicial cuando pudiera alterar el resultado justo de un proceso, etc. Estos
gobernantes, con una popularidad frágil o, en cambio, muy poco apoyo de los aparatos
del poder, no podían darse el lujo de malquistarse con los periodistas. Mucho menos
de declararlos sus “enemigos”. Morales, que ganó su primer período presidencial con
el 53 por ciento de los votos, pertenece a una estirpe política muy diferente.
En general, desde que el país recuperara la democracia en 1982, los mandatarios
y sus ministros procuraban alabar y cortejar a la prensa en público, aunque no
dejaran de presionarla y de criticarla –incluso acremente– en privado, como recuerda
el veterano periodista y actual Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de la
Prensa (ANP), Javier Zevallos. “La relación entre periodistas y políticos siempre ha
sido difícil, pero nunca como ahora”, dice. Hay en esta materia, entonces, un “antes
y después de Evo”.
¿Por qué Morales se estrelló desde el principio contra los medios? El periodista
Hugo Moldis, que en 2005 formó parte de la comisión del MAS1
durante la transición
de gobiernos, cree que las élites del país, asustadas por los cambios impulsados y
simbolizados por el nuevo Presidente, apelaron a los periódicos y las televisoras
de su propiedad para desestabilizar al gobierno, lo que explica, como respuesta, la
exclamación presidencial al principio de este artículo.
Digamos que ésta ha sido hasta ahora la “explicación oficial” del gobierno respecto
a sus problemas con la prensa. En varias ocasiones, Evo y sus voceros (Alex Contreras,
primero, e Iván Canelas, después) han tratado de diferenciar a los reporteros de los
dueños de los medios, quienes estarían comprometidos en una conspiración en su
contra. Para el oficialismo, éstos forman parte de las élites que “pierden” con un
Estado capaz de controlar y redistribuir la riqueza nacional, como el que se está
construyendo en Bolivia. Aquellos, en cambio, son los beneficiarios por este cambio
y, por eso, debieran simpatizar con él.
1
Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos es
el partido de Evo Morales y, por tanto, constituye el oficialismo desde 2005.

[201
]
Con el tiempo, sin embargo, el gobierno no pudo mantener esta distinción, ya
que la misma exigía de los periodistas “de base” una adhesión que muchos de ellos
estuvieron lejos de hacer. En los últimos cuatro años, la polarización de la sociedad
entre partidarios y adversarios del “evismo” no se tradujo, dentro de la prensa, en
una lucha entre “periodistas proletarios” y “burgueses de la comunicación”, como
se imaginó el discurso oficial. Periodistas de todas las “clases” se alinearon en el
bando “progubernamental” (por ejemplo, la ex dueña de un canal de televisión y
controvertida periodista, Amalia Pando, o, ya retirada de la profesión, Ana María de
Campero ex directora de Presencia, el principal periódico boliviano de los años 70 y
80, quien se convirtió en senadora del MAS); así como en la facción “opositora”, en
cuya vanguardia se hallaban los medios de Santa Cruz, la región más reacia al modelo
izquierdista del MAS, militaron hasta los periodistas más modestos.
Esta confusión, por llamarla así, llevó a Morales a declarar, en agosto de 2008,
que “los periodistas son sucios”, sin salvedades, y, en diciembre del mismo año, que
“sólo el 10 por ciento de los periodistas tiene dignidad”, pues el resto obedecería
las órdenes de políticos y patronos opositores. Y ya pasado el peor momento de
la relación, el Presidente, en la última campaña electoral (diciembre de 2009), se
mostró extrañado de que los periodistas de base no lo hubieran proclamado para
la reelección, como sí hicieron los demás “sectores sociales”; expresó entonces su
“molestia” por esta conducta que, por lo visto, Evo considera antinatural (se podría
decir que “desclasada”). Por eso también es que en enero de 2010 pidió que los
periodistas se sumaran “a la tarea de luchar contra el capitalismo”.
Durante el periodo de peor enfrentamiento, entre 2006 y 2008, las afirmaciones
del Presidente indujeron a los movimientos sociales, esto es, de los sindicatos y
grupos de presión que lo siguen, a sentir una fuerte susceptibilidad respecto al trabajo
de la prensa; crearon un clima de opinión que se tradujo en una ola de acciones
intimidatorias, ataques físicos, vejaciones e incluso un asesinato2
perpetrados contra
periodistas por gente movilizada y por algunos activistas violentos que, casi siempre sin
autorización superior, aprovecharon las circunstancias para desquitarse de las ofensas
reales o supuestas de los medios. El Observatorio Nacional de Medios y la Asociación
Boliviana de Carreras de Comunicación contaron 245 ataques contra periodistas entre
octubre de 2007 y noviembre de 2008. La mayoría de las víctimas de estas agresiones
no fueron, por supuesto, dueños de medios, sino que salieron de entre los encargados
de la cobertura callejera, es decir, de quienes, por ocupar el primer escalón de la
pirámide profesional, debían teóricamente ser amigos del régimen.
2
El periodista Carlos Quispe Quispe murió como resultado de las heridas que le
causó una muchedumbre que atacó la radio en la que trabajaba (Radio Municipal),
en la localidad rural de Pucarani.

202]
Esta situación, a su vez, como es lógico, incrementó la siempre inflamable
susceptibilidad de los periodistas y sus organizaciones respecto del poder. En los
cuatro años de la gestión de Evo las entidades gremiales nacionales e internacionales
elevaron más quejas a las autoridades que durante ningún otro lapso de la historia
democrática del país. En algunos casos, estas quejas no se limitaron a mencionar los
hechos ya reseñados, sino que llegaron a conclusiones más subjetivas, como que en
Bolivia estaba en riesgo la libertad de expresión, acusaciones que fueron fácilmente
refutadas por el gobierno.
En suma, la polarización del periodismo no siguió un esquema prefijado por
una ideología, sino que respondió a las características peculiares de la polarización
boliviana (que dividió a viejas y nuevas élites políticas, a sectores pro creación privada
de la riqueza versus sectores pro redistribución pública de la riqueza, y a regiones del
occidente contra las del oriente y el sur); por esto, cuando la tensión social tendió a
resolverse, desde 2009 hacia adelante, la contradicción periodística se debilitó junto
con ella y ahora parece estar cediendo completamente, para ser sustituida por un
panorama bastante diferente.
La contribución de los medios a la polarización
De acuerdo a un estudio de la encuestadora Mori, los principales anunciantes
bolivianos no superan las dos centenas y gastan la esmirriada cifra de 70 millones
de dólares por año en publicidad. Este “pastel” debe repartirse entre 20 diarios,
55 semanarios y revistas, 160 estaciones de televisión y 940 radios. Como puede
suponerse, el resultado es que la mayoría de los medios del país se encuentra en una
situación de “quiebra crónica”, es decir, sobreviviendo apenas y con muchas deudas.
En Bolivia, las empresas periodísticas que logran éxito financiero pueden contarse
con los dedos de la mano.
Esta situación explica la gran vulnerabilidad de las salas de redacción: los periodistas
no pueden cumplir con su trabajo por falta de recursos, y necesitan extremadamente
de las contribuciones de sus propietarios, que así disponen de un mecanismo para
intervenir en sus decisiones. Unos y otros dependen, a su vez, de la voluntad de
estos 200 grandes anunciantes. (Y junto a ellos hay que poner a los ministerios y
otras reparticiones del gobierno, así como a algunos gobiernos regionales y locales
controlados por la oposición…)
Son condiciones propicias para que los periódicos y noticiarios pierdan la
función cognoscitiva (conocimiento de la realidad) que idealmente debieran tener y
comiencen a cumplir una función distinta, convirtiendo las noticias en instrumentos
para lograr objetivos de pedagogía y acción política.
BOLIVIA

[203
]
“Te tienes que alienar en determinado bando por los avisos, porque nadie vive
de las ventas”, resume Ricardo Bajo, subdirector de la edición boliviana de Le
Monde Diplomatique.
Y esto es justamente lo que ocurrió con la llegada de Evo al poder. “(A partir del)
derrumbe del consenso neoliberal, los medios han empezado a tomar partido y han
defendido intereses políticos más directamente que nunca”, dice Raúl Peñaranda,
un seguidor de los procesos político-comunicacionales del país. En una investigación
reciente, Peñaranda analizó el tratamiento dado por la prensa al intenso conflicto social
que sacudió a la nación en los últimos tres años, como resultado de la polarización
política existente.3
Descubrió que, además de retratar esta polarización, los medios
contribuyeron a ella en dos campos: la línea editorial, que se orientó a la defensa o la
crítica del “evismo” por lo que éste implicaba para el futuro de las élites y las contra-
élites, de unas regiones y otras, y para el tipo de desarrollo del país. Y, también, esto
es lo más interesante, en las prácticas informativas, pues los medios concentraron
toda su atención en las manifestaciones más negativas de la lucha entre las partes, sin
capacidad ni ganas para situar los problemas en su contexto y, por tanto, darles una
justa dimensión.
“En los medios televisivos es prácticamente nula la relación o descripción de la
naturaleza, alcance y causas de un conflicto. Las noticias se limitan a reflejar las
manifestaciones de los mismos, sus consecuencias inmediatas y la opinión de alguna
de las partes confrontadas, dejándose de lado cualquier otra consideración que
permita una comprensión más o menos cabal del fenómeno”, dice la investigación.
“En el 86% de los casos, los medios recurren a una sola fuente de información, lo que
proporciona una visión parcelada e interesada de los conflictos”.
Las causas de estas carencias son mezcladas: las simpatías políticas de los
encargados de tal o cual medio, por supuesto, pero también “el tiempo reducido
para presentar una nota y el escaso conocimiento y mínima especialización de los
periodistas en determinados temas”, es decir, fallas que tienen un origen anterior y
diferente a los cambios políticos de estos años4
.
Al mismo tiempo, la parcialización editorial, al expresarse en el producto
periodístico, adquiere la forma de precariedad técnica: “Aunque la mayoría de las
3
Del conflicto al entendimiento, La Paz, FDMP, 2009.
4
La calidad del trabajo periodístico nunca ha sido satisfactoria. Problemas como
la falta de ingresos de los medios, el muy bajo nivel educativo en el que tienen
que moverse (el país ni siquiera figura en el ranking de resultados académicos en la
escuela) y la politización del oficio generan un periodismo superficial, que carece
de investigación propia, que se limita a registrar declaraciones, confunde opinión
con información, depende de los gobiernos y las empresas privadas para las más
básicas operaciones logísticas, y es fácilmente manipulable por los gabinetes de
prensa externos.

204]
notas informativas analizadas (en la investigación que estamos resumiendo, que se
efectuó en julio de 2008) pretendía mostrar neutralidad en la presentación de los
conflictos, fue notoria la parcialización hacia una de las posiciones. Los elementos
que nos permiten concluir este extremo son el uso de una sola fuente, el tiempo
dedicado a una determinada información y el uso de afirmaciones subjetivas que
inducen al receptor a la toma de posiciones parcializadas”, dice Peñaranda. Este
analista también observó el uso de recursos no verbales para “favorecer a uno de
los actores en detrimento del otro, como la selección de imágenes, el corte de una
declaración, la selección de entrevistados, etc.”
Con estos métodos y otros, concluye, los medios privados se parcializaron contra el
gobierno, y los estatales a favor de éste. Una conclusión parecida pueden encontrarse
en los informes del Observatorio de Medios que depende de la Fundación Unir, de
tendencia progubernamental.
Zevallos, quien en este caso expresa la posición de los dueños de periódicos,
rechaza esta clase de análisis. Según él, tanto el oficialismo como algunos expertos
“tratan de mostrar a la prensa independiente como opositora, sin que esto sea así”.
Zevallos reconoce deficiencias materiales en la prensa, que en ocasiones la llevan a
cometer errores, pero no acepta que la parcialización ideológica sea generalizable
más allá de un reducido grupo de medios; en su opinión se trata de un fenómeno
acotado, porque “todos pueden comprar y poner medios de comunicación, los
políticos también, pero (en la mayoría de los casos) igualmente deben hacer
periodismo para sobrevivir”. Esa es la diferencia con los medios estatales, y por esta
razón, dice Zevallos, “cualquier medio privado es más periodístico y pluralista que los
arbitrariamente manejados por el Estado, donde no se da cabida a la oposición”.
Como podemos ver, no solamente se observa una polarización de los medios,
también está polarizada la evaluación del papel que éstos desempeñaron. Es lógico:
como un remolino, la confrontación política y social se traga todo lo que toca.
La contribución de Evo a la polarización mediática
Si los medios contribuyeron a la polarización del país, la naturaleza y el estilo de
Evo ayudaron a polarizar a los medios.
¿Cuál es la “naturaleza y el estilo” del Presidente en este campo? A diferencia de
sus antecesores inmediatos, Evo ha construido y renueva su legitimidad fuera de los
espacios periodísticos tradicionales (lo que por supuesto no quiere decir que prescinda
de los medios, porque esto ya resulta imposible en el mundo actual). Aunque gusta
de aparecer en los titulares, las pantallas y las ondas de radio, no necesita que lo
bendigan los famosos ni los jerarcas de la comunicación boliviana. Antes de ser
Presidente, a lo largo de su accidentada carrera sindical y política, apareció mucho
BOLIVIA

[205
]
en los medios pero siempre recibió palo editorial. Tal cosa no afectó su creciente
popularidad. Tampoco lo han logrado, en este último tiempo, los serios ataques que
le propinaron algunos de los principales medios del país. Después de semejante
batalla, el Presidente fue reelecto en el 2009 con un mayor respaldo que cuatro años
antes; pasó del 53 al 64% de los votos.
¿Por qué Morales puede darse el lujo de, por ejemplo, nunca haberse reunido con
los directores de los medios? He aquí su secreto: este político no requiere la aprobación
de las élites que fabrican la opinión, puesto que su voluntad es desplazarlas, igual que
quiere anular a todas las élites tradicionales del país: la políticas, las económicas…
“ElparticularestilodelPresidentehaechadomásleñaalfuegodeestaconfrontación,
porque éste no necesita estar bien con determinados medios”, dice Bajo.
Tanto el primer vocero de Morales, Alex Contreras, como su superior, el primer
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, han contado que al comienzo de
su gestión recibieron la visita de los dueños de periódicos, televisoras y radios, así
como de algunos importantes periodistas, todos los cuales se ofrecieron a “ayudar”
al gobierno a cambio de prebendas. Según ellos, fue a partir de su negativa a realizar
este tráfico que comenzó la campaña antioficialista de los medios privados.5
Sea esto
verdad o no, de todas formas la historia es expresiva de la falta de relaciones entre el
gobierno boliviano y los otrora todopoderosos jefes de la prensa.
La antipatía por las élites es un sentimiento que Evo comparte con muchos otros
políticos rebeldes del mundo, por supuesto. Lo interesante es que en este caso no se
trata del programa de un grupúsculo universitario, sino de lo que la gente quiere en
Bolivia, a causa de la deprimente evolución de la historia nacional. Y esta sintonía
ideológica con la mayoría de la población es uno de los componentes fundamentales
de la popularidad de Evo.
El otro componente es el carismático. El atractivo del Presidente se asienta en su
singularidad, pero ésta arranca de su parecido, biográfico, físico e intelectual, con
cualquier boliviano pobre. Sólo gracias a este parecido aquello que Evo Morales
ha logrado adquiere una dimensión grandiosa (un antiguo pastor de llamas que se
convirtió en un líder de trascendencia internacional).
La identificación carismática de la base con su líder provoca que aquella rechace
toda crítica en contra de éste. He ahí la explicación de este fenómeno enigmático:
mientras más golpes recibe Morales, más popular se vuelve.
5
La Razón, 25 de enero de 2010.

206]
Hugo Moldis resume lo dicho así: “Evo basa su legitimidad en una comunicación
directa con la base social e incluso con la sociedad, por métodos no convencionales
que descolocan a los propietarios de los medios. Esto los molesta porque pone en
cuestión el sistema político (del que la prensa forma parte junto con los partidos y las
organizaciones sociales). Evo le quita a los medios su papel en la reproducción del
poder: con él tienen menos peso y por tanto menos poder”.
Al mismo tiempo que menosprecia los “canales regulares” de comunicación con
el público, el Presidente boliviano, al igual que varios de sus colegas andinos, ha
abierto muchas vías directas, decenas de “by passes” para lograr un contacto directo
con los hogares rodeando a los medios. Morales no tiene un programa presidencial
como el “Aló Presidente” del venezolano Hugo Chávez, pero en cambio pronuncia
al menos un discurso diario (de un promedio de una hora) en los más diversos y
alejados puntos del país, por lo común en pequeños pueblitos rurales. Este discurso
es retransmitido por la televisión y la radio estatales. De esta manera Evo logra, lo
mismo que Chávez en “Aló Presidente”, dirigirse a la gente sin tener que responder a
preguntas incómodas como las que seguramente harían periodistas bien informados,
si tuvieran la oportunidad de formularlas. Es cierto que en estas largas transmisiones se
escuchan otras voces además de las presidenciales, pero son voces sin motivaciones ni
recursos para ejercer una crítica seria. Las nuevas formas “directas” de comunicación
gubernamental debilitan el monopolio mediático pero no necesariamente son más
democráticas, porque al mismo tiempo que amplían el alcance, reducen la calidad
heurística de lo informado. En otras palabras, conceden al gobierno el control de lo
que puede decirse y finalmente se dice6
.
Para que este “rodeo” de los medios tradicionales del país surta efecto, se requiere
de un potente aparato de “amplificación” del mensaje unidireccional del oficialismo.
De ahí que el gobierno haya invertido una cantidad de recursos que hubiera sido
improbable en el pasado en el fortalecimiento y la ampliación de la red de medios
estatales: Televisión Boliviana fue relanzada, Radio Illimani convertida en una emisora
llamada Patria Nueva, que multiplica su alcance mediante convenios de suministro
de programación con decenas de “radios comunitarias” (es decir, locales). También
se creó el diario Cambio, el primero de propiedad pública que el país tiene desde
mediados del siglo XX.
La ruptura con los medios “de antes” y la comunicación directa con el pueblo
son diferentes en Bolivia que en Venezuela. Y no sólo porque en la primera no existe
un “Aló Presidente”, como ya hemos señalado. Además, ni aún en el peor momento
6
Seminario latinoamericano “Latinoamérica: gobernantes y periodistas en tiempos
de cambio”, Quito, 28 y 29 de abril de 2009, Fundación Konrad Adenauer.
BOLIVIA

[207
]
de la polarización el gobierno boliviano pudo dejar de interactuar con los medios
privados (no por falta de deseos, sino porque esto no es posible en la práctica: pese
a todo, los medios tradicionales siguen teniendo cierta influencia sobre el público y
el propio gobierno), pero sobre todo no intentó cerrar ninguno, sino que se limitó a
arremeter verbalmente contra los más belicosos.
En la práctica es imposible prescindir completamente del periodismo profesional,
incluso para líderes tan sui generis como Morales. Lo prueba el hecho de que, pese
a todo, éste haya comparecido a las conferencias de prensa (excepto por un breve
intervalo). Pero esto no se dio sin lucha. Primero el gobierno tuvo que evitar que
estas conferencias fueran excesivamente disfuncionales para sus propósitos políticos.
Y lo logró con un proceso largo y conflictivo en el que Morales se comprometió
personalmente.
Al comienzo de la gestión de éste, las ruedas de prensa de los presidentes del país
habían degenerado hasta convertirse en la “granja de pollos” de la que se quejó Evo
a la Sociedad Interamericana de Prensa. Los reporteros preguntaban todos al mismo
tiempo y sin escucharse unos a otros ni a su entrevistado, pues las emisoras exigían
que las preguntas que salieran al aire fueran únicamente las planteadas por sus propios
periodistas; exigencia que fue la “versión local” de la clásica demanda de primicias del
periodismo universal. Otro factor que descompuso las conferencias de prensa fue la
actitud instrumental-polarizada de los medios, que impelió a los periodistas acreditados
en Palacio Quemado a comentar/respaldar/denegar antes que a inquirir.
Elgobiernotrabajópor“disciplinar”alaprensa(laexpresiónpertenecealpresidente
Morales), lo que se tradujo en un sinnúmero de conflictos. Evo tuvo altercados con
reporteros de medios nacionales e incluso internacionales, porque encontró que
sus preguntas eran inadecuadas, lo ofendían, etc. También aprovechó las ruedas de
prensa para “reprender” a los periodistas de los medios que el Presidente considera
opositores, como la televisora Unitel y el diario La Prensa. El caso de este último fue
particularmente doloroso: Morales perdió los estribos con un reportero de base, a
causa de un titular –que este periodista no había elaborado– en el que se acusaba al
Presidente de haber autorizado la llegada al país de mercaderías de contrabando.
Luego de estos altercados, los periodistas organizaron demostraciones de protesta
y prepararon documentos en los que expresaban su desacuerdo con la conducta del
Mandatario. Por su parte, el gobierno espació sus encuentros con la prensa nacional
y, a fines de 2008, los suspendió del todo (aunque manteniendo las reuniones con la
prensa internacional). Esto creó un vacío de información que sin duda ejerció presión
sobre los medios y los preparó para aceptar la solución a la que finalmente se llegaría
casi medio año después.

208]
La contribución de la estrategia gubernamental
a la polarización
Describamos ahora los esfuerzos del gobierno para frenar “el poder sin control,
no democrático e impune de los grandes medios de comunicación que intentan
imponer su visión de la realidad y sus valores”, como reza la declaración del quinto
encuentro de intelectuales y artistas (de varios países) que se realizó en la ciudad
boliviana de Cochabamba, en mayo de 2007, para respaldar a Morales dentro de la
lucha general por “identificar quiénes son los aliados de los pueblos en los medios, y
quiénes sus enemigos”, y en contra de “los mercenarios intelectuales que alquilan su
pensamiento a las grandes transnacionales”.
La estrategia general del oficialismo consistió en el equivalente a la suspensión
de las ruedas de prensa presidenciales: la información pública se usó como un
arma para forzar a la actividad periodística a “disciplinarse”, a fin de resolver la
polarización mediática y política del país. Así que sólo quedó disponible para quienes
se consideraba, con razón o sin ella, “aliados”. Éstos eran: los medios estatales y los
privados pro-oficialistas (y también, aunque por otros motivos y en menor medida,
los corresponsales internacionales. Lo veremos más adelante). Lo mismo ocurrió con
la abundante propaganda gubernamental, que se distribuyó con un clarísimo sesgo.
De este modo, el polo “evista” de la polarización, que en 2005 era con diferencia el
más débil, terminó siendo, en 2010, el predominante.
El ocultamiento de la información pública a quienes se consideraba que no iban
a ser justos con ella y su entrega exclusiva a destinatarios que no cuestionaban su
fondo surgió de la susceptibilidad del gobierno respecto a la parcialización mediática.
Pero al mismo tiempo alimentó la polarización que le servía de justificativo: primero,
creó resentimiento en los medios; segundo, al hacer imposible que muchos de
ellos accedieran a las versiones oficiales, los empujó a prescindir de la contraparte
gubernamental.
Hasta ahora, la información pública “sectaria”, la falta de acceso a las fuentes y
los ataques a los periodistas han sido los peores menoscabos a la libertad del periodo
evista. Los golpes del oficialismo contra la prensa (verbales y psicológicos, en su mayor
parte) no impidieron que se oyeran voces críticas e incluso extremistas en contra de
aquel, lo que implícitamente descarta la existencia de formas “duras” de censura.
Respetados periodistas como Pedro Rivero Jordán y Juan Carlos Rocha han calificado
la libertad de prensa del país con 7 y 8 sobre 10.
Los déficit mencionados son propios de un escenario de enfrentamiento político
y mediático, en el que, como dice Juan Cristóbal Soruco, director de la carrera de
Comunicación de la UCB, “la primera víctima es la verdad”, pues lo que interesa es
persuadir y movilizar multitudes, incluso al costo de la desinformación.
BOLIVIA

[209
]
Excepciones en la estrategia gubernamental
Hemos visto que los gobiernos populares son inusualmente independientes del
periodismo profesional, porque pueden y quieren dirigirse directamente a la gente.
Sin embargo, esta independencia no puede ser absoluta, porque en ese caso estos
gobiernos simplemente hubieran sustituido a los medios y ya no necesitarían luchar
contra ellos, como en cambio ocurrió durante todo este tiempo: pensemos por ejemplo
en el cierre y el enjuiciamiento de medios opositores en Venezuela y Ecuador.
¿A qué se debe esta imposibilidad de prescindir completamente de los espacios
periodísticos institucionales? Lo que ocurre es que la comunicación directa exige una
movilización de fuerzas que no se encuentra al alcance de todos los miembros del
gobierno y, si ésta debe ser permanente, ni siquiera de los principales jerarcas. Por
otra parte, tampoco es conveniente para la propaganda recurrir exclusivamente a los
medios progubernamentales, pues éstos tienen un defecto: sirven únicamente para
“predicar a los conversos”, no interpelan a los ciudadanos apolíticos y mucho menos
a quienes son contrarios a las políticas estatales. Es importante notar que, pese a no
poder contar con información oficial, la prensa independiente se ha mantenido en
este tiempo como la más influyente. Al mismo tiempo, los medios en general aún se
ubican entre las instituciones más confiables del país7
.
“Los medios de gobierno no son del Estado. Sólo llegan a la gente que piensa
ya lo que ellos dicen; por tanto… ¿qué ganan? No forman opinión. Si fueran más
imparciales serían útiles para captar adhesiones al gobierno, porque tendrían lectoría
y audiencia diferente”, señala el veterano periodista Juan León.
Otro aspecto de la mencionada imposibilidad se observa en la necesidad del líder
boliviano de “cortejar” la opinión pública internacional, a fin de asegurarse apoyo
diplomático a sus polémicas reformas socio-económicas. Ésta es la razón por la que Evo
siente una especial consideración por los corresponsales, a los que, por ejemplo, no dejó
de invitar a sus ruedas de prensa, incluso en el periodo en el que las había suspendido
con los periodistas nacionales. También es interesante observar que casi todas las
exclusivas que concedió hasta ahora las pactó con enviados de medios extranjeros.
Esta especial sensibilidad respecto a la opinión internacional se tradujo también,
en el caso boliviano, en un encuentro con la Sociedad Interamericana de Prensa (que
en el bloque “bolivariano” se considera normalmente una institución conservadora
y puramente empresarial). En esta reunión, realizada en mayo de 2009, Morales
mostró la virulencia de algunos de los ataques mediáticos que se habían dado en su
7
Encuesta Nacional de Valores y Actitudes, Fundación por la Democracia
Multipartidaria, 2009.

210]
contra y probó así, de paso, que en el país existía libertad de expresión. Acusó a los
periodistas de “indisciplina”, como hemos dicho, y, en términos generales, dejó a los
representantes de la SIP sin argumentos para criticarlo. Éste fue uno de los principales
eventos de la polarización mediática y lo ganó el gobierno; enseguida logró hacer un
pacto, diseñado por el propio Presidente, con los periodistas acreditados en Palacio
Quemado, con el que se reanudaron las ruedas de prensa, pero esta vez de una
manera más ordenada.
“Al debate con la SIP ambas partes fueron a pelearse. Primero parecía un
enfrentamiento a muerte, pero no fue así, más bien hubo un intercambio de cortesías.
Esto muestra que se trataba de ‘champaguerras’ (guerras ínfimas), que se deben a
la necesidad de ambos lados de tener enemigos. El gobierno saca del armario al
imperialismo, la derecha, etc. A ambas partes del interesa vivir en la polarización,
porque ambas ganan posición política con ella”, dice Bajo.
El fin de la polarización
Cuando se acabó la polarización socio-política del país, a fines de 2008, también
comenzó a desmoronarse la polarización mediática. Pero una caída no sólo refleja
la otra; el gobierno tomó medidas que le dieron el triunfo en ambos campos. Las
medidas mediáticas, ya lo hemos dicho, consistieron en: fuerte crítica a la prensa,
potenciamiento de los canales estatales y manejo político de la información y la
publicidad públicas. A esto hay que añadir, ahora, la compra de medios privados.
En conjunto, estas acciones dieron un resultado exitoso para el gobierno. En este
momento la polarización ha sido sustituida por una creciente hegemonía oficialista.
Un golpe maestro que contribuyó decisivamente a este logro fue la compra al grupo
español Prisa de la decana de las televisoras privadas, ATB, y de La Razón, el principal
periódico de La Paz, por el banquero venezolano Carlos Gil, que tiene cercanía con
el gobierno de Hugo Chávez. Como resultado de esta operación, dos periodistas de
izquierda, Jaime Iturri y Edwin Herrera, dirigen estos medios desde hace algunos
meses. A partir de entonces su línea editorial tiende a limar los puntos de controversia
con el poder, aunque no se ha convertido en abiertamente oficialista.
Por otra parte, los otros dueños de medios parecen haber comprendido que
mantenerse en una posición intransigente representaría un riesgo considerable para
sus empresas y para ellos mismos. Desaparecido el polo político-regional que hacía
contrapeso con el polo gubernamental, los medios opositores no pueden ni quieren
sustituirlo: esto es algo que quedaría muy lejos de sus objetivos y pretensiones. Luego
de un periodo de fiebre cívica, los propietarios de la comunicación han comenzado a
recordar que su principal interés son los negocios, no la política; y han comprendido
BOLIVIA

[211
]
que el manejo imprudente de sus medios puede perjudicar la marcha del resto de sus
negocios, generalmente más importantes.
Según Hugo Moldis, “la caída de la polarización implica el final de los bolsones
de atrincheramiento poco racional (contra el gobierno); en lugar de eso se producirá,
en la mayor parte de los casos, un alineamiento con la hegemonía (del presidente
Morales). Ojalá que no implique el fin de toda mirada crítica, que siempre es un
deber: hay que apoyar lo que está bien y llamar la atención sobre lo malo. El riesgo
es que los fanáticos opositores se conviertan ahora en leales incondicionales”.
A lo que Javier Zevallos añade, con el tono que se ha impuesto en este tiempo:
“Nosotros esperamos más comprensión… El gobierno debe usar a la prensa para
corregir sus políticas. Ojalá que los medios sean contribuciones para un uso eficiente
del poder”.
¿Será así o no? ¿El gobierno aprenderá a convivir con el pluralismo de los medios
o acentuará su hegemonía hasta eliminar las voces disidentes? Y en este caso, ¿tendrá
fuerza para lograrlo?
“Así como la sociedad se acomoda a una larga convivencia con el proceso de
cambio, los medios también se van a acomodar… Esto no es bueno ni malo per se: si se
acomodan perdiendo el poco espíritu crítico que hay, va a ser malo, si es para mejorar
el periodismo, evitar las ‘champaguerras’ y la polarización, será bueno…”, opina Bajo.
¿Qué pasará finalmente: lo “bueno” o lo “malo”? Sólo sabemos que actualmente
la agenda pública, que durante la polarización se establecía a consecuencia de los
choques de los dos adversarios, el gobierno y la oposición, hoy está siendo definida
casi exclusivamente por el primero. Es fácil saber por qué. El gobierno se apropió de
la iniciativa política, por lo que la actualidad noticiosa gira casi enteramente alrededor
de aquello que decide o hace. También “ha disciplinado” a los reporteros que cubren
la información oficial, que lo incomodan cada vez menos. Mantiene, aunque algo
más relajada, su estrategia de instrumentar la información oficial de modo que
beneficie solamente a los medios “aliados”. Y, como remate, controla un aparato
de amplificación que, a esta altura, resulta mucho mayor que el que poseía al inicio
de su gestión y que seguramente ya es algo más fuerte que el conjunto de medios
privados. La agenda pública, por tanto, se encuentra literalmente en sus manos.
Además, el gobierno está tratando de pasar de la regulación “de facto” ejercida
por los movimientos sociales que frenaban a los medios “a pedradas” durante los
tiempos de polarización, a una regulación legal, para lo cual planea reformar la muy
permisiva Ley de Imprenta actual. Este intento de institucionalizar la presión sobre los
medios es lógico, si pensamos que los movimientos sociales no pueden mantenerse
movilizados por siempre. Sin embargo, esta iniciativa aún ambigua (se supone que la
nueva ley limitará el uso de fuentes secretas, pero nada se sabe a ciencia cierta) no
ha sido bien acogida por los periodistas, pese al excelente momento político que vive

212]
el presidente Morales, y por eso ha quedado condicionada a un eventual consenso
futuro con las organizaciones del gremio. En el retroceso que dio el gobierno en
esta área se constata, una vez más, la dificultad de prescindir completamente de los
periodistas y su estado de ánimo, incluso cuando la correlación de fuerzas políticas
ha disminuido fuertemente el poder de éstos.
El fin de la polarización plantea una serie de riesgos y dudas sobre la autonomía
política del periodismo boliviano en el futuro. Al mismo tiempo, abre una posibilidad
para que se revisen ciertas prácticas que funcionaban bien en medio de la tensión
social, pero que ahora resultan extemporáneas e inútiles. Hace un año bastaba
alinearse con uno de los bandos para obtener audiencia y publicidad; actualmente ha
perdido sentido pretender este tipo de adhesión ideológica. La posición de un medio
resulta menos importante; con ello, es posible que el elemento diferencial tenga que
ser, por fin, la calidad. Aunque, claro, al mismo tiempo, no hay calidad sin libertad,
y si ésta llegara a faltar...
Epílogo: efectos de la polarización mediática sobre la de-
mocracia
Desde siempre, los mundos de la política y prensa intercambian flujos y
humores, el uno dependiendo del otro. A veces lo intercambiado son detritos, como
“trascendidos” destinados a usar la prensa para dañar a los rivales políticos, o, del otro
lado, acusaciones sin fundamento y generalizaciones sobre la moral de la clase política.
A veces, en cambio, lo que se intercambia entre estos dos ámbitos son sustancias
nutritivas, necesarias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Esta vinculación, a ratos provechosa y a ratos no, es la normal y la que ocurre
en todas partes. En tales circunstancias, el desafío general consiste en desarrollar
procedimientos para detectar y eliminar los detritos, a fin de robustecer la asociación
benéfica entre la política y los medios.
Pero en ocasiones hay problemas más profundos que los derivados del intento, por
parte de la política y la prensa, de usarse mutuamente. Ocurre a veces, como pasó
estos años en Bolivia, que se produce un descrédito exagerado del sistema político
(al que contribuye la prensa) y al final este sistema se desploma catastróficamente,
dando paso a un nuevo orden que no sólo implica un cambio de los grupos y las
instituciones del poder, sino también de los hábitos y formas de trabajo. Las nuevas
élites ascendentes, apoyándose en los avances técnicos de la comunicación, e
impulsadas por su repugnancia ante las formas indirectas y delegadas de la política,
que son las máculas del antiguo régimen que se proponen limpiar, no sólo tratan de
pasar por encima del Parlamento y de los tribunales para llegar directamente a la
gente y hacer justicia, sino también sobre los periodistas para informar y construir un
sentido común “no meditático”.
BOLIVIA

[213
]
Está claro que los medios y los periodistas no están preparados para este cataclismo.
Cuando ocurre, se produce una reacción desordenada. Algunos no coinciden con los
sujetos de la revolución y quieren oponérseles; otros simplemente resultan ofendidos
y zarandeados por la lógica de los sucesos, que así los pone en contra; otros más, en
fin, tratan de impulsar los cambios sociales y políticos. En los tres casos ni los medios
ni los periodistas cumplen su verdadera misión, sino un papel clara y directamente
político. Así, en lugar del intercambio normal entre dos campos del quehacer humano,
próximos pero distintos, se produce su fusión.
Esta indistinción provoca graves peligros para la democracia, entendida como
control y disminución del poder mediante la separación de las tareas y los deberes
públicos entre distintas instituciones independientes unas de otras. Al convertirse en
emisores de mensajes políticos, o al dejar su puesto en la relación entre gobernantes
y gobernados, los medios se despojan de su facultad de evaluar lo que los políticos
hacen y dicen, y con ello los ciudadanos pierden una referencia insustituible para
interpretar la realidad. La población, entonces, comienza a relacionarse directamente
con el campo político, sin la mediación especializada e institucional de los periodistas,
y eso la vuelve más vulnerable ante la manipulación y la desinformación.
Además, como desaparecen los instrumentos que permitían distinguir la verdad de
la mentira, aumenta la arbitrariedad y la impunidad de los actores del indiferenciado
campo político-mediático, el poder se independiza de la opinión y los periódicos
dejan de representar a una parte de ésta para convertirse en representantes exclusivos
de sí mismos, de sus intereses y decisiones.
Estas nuevas condiciones no sólo impiden que las personas participen en la
elaboración de la política pública, sino que hace imposible incluso que la puedan
juzgar. Por tanto, se trata de una situación que perjudica y, en casos extremos, anula
las dos formas de democracia moderna: la participativa y la representativa.
La fusión de los campos político y mediático, característica de las revoluciones, y
la imposición absoluta del primero de estos campos sobre el segundo, propia de las
dictaduras, constituyen disfunciones o alteraciones simétricas de la democracia.
La relación Medios y Estado en Bolivia
La lógica de la confrontación guía la política boliviana, se gobierna contra los medios y los
ricos, se informa en los medios contra el presidente y su proyecto de país.
Los medios de comunicación han desarrollado una estrategia de lucha clasista étnica, regional
e ideológica como criterio de información.
El presidente ha dominado y controlado la agenda política y ha logrado que los medios pasen
del ultraje contra a él a aceptar sus reglas, lo cual es signo de autocensura.
La calidad periodística y el diálogo público son los grandes damnificados de la confrontación
medios – gobierno.

214] BOLIVIA
RECUADRO1:
La relación prensa y Estado en tiempos de polarización política
El gobierno… Los medios…
Trata de prescindir de los medios y
relacionarse directamente con la población.
Critican que no se los use exclusivamente.
Emplea medios alternativos, como Internet
y encuentros directos, y crea sus propios
medios de masas estatales.
Acusa a los medios del gobierno de no cumplir con los
protocolos periodísticos y legales, y hacer propaganda
política.
Acusa a los medios de ser enemigos
políticos.
Abandonan su objetivo cognoscitivo (comprender al
mundo) y adoptan otro de carácter instrumental (cambiar
al mundo). Unos a favor y otros en contra del gobierno.
Condena a los dueños de medios, llama a
los periodistas a sumarse a su causa.
La mayoría de los medios se politiza en conjunto, sin
grandes distinciones internas. Hay dueños a favor del
gobierno y periodistas modestos a favor de la oposición.
La línea de organización más importante es la regional.
Moviliza a los sindicatos y grupos de presión
contra los medios. Se producen agresiones
a los reporteros que cubren información en
las calles.
Algunos medios dejan de cubrir manifestaciones y
protestas.Losreporterosdelosmediosoficialesparticipan
en manifestaciones y protestas. Las asociaciones de
periodistas formulan constantes quejas al gobierno y a
las instituciones internacionales del sector.
Usa la información pública y la publicidad
oficial de forma sectaria: sólo la entrega a
los medios “aliados”.
Por falta de información, comienzan a deslizarse a la
opinión pura, lo que consolida su papel político. La falta
de publicidad estatal los radicaliza.
Esconde y hace opaca la información
delicada. Intenta “disciplinar” a los
periodistas para que no hagan preguntas
incómodas.
Pierden capacidad para investigar; dejan de buscar
hechos y se entregan a las opiniones. Los medios
oficialistas le siguen la corriente al gobierno y muestran
un inusitado interés por los temas de interés humano, las
crónicas, etc.
No puede controlar la agenda pública: debe
ceder una parte de ella a los medios.
Tampoco pueden definir la agenda: deben reaccionar ante
los eventos que se producen en el campo político.

[215
]
RECUADRO 2:
Los principales medios privados bolivianos
Principales redes de televisión
ATB: Antigua propiedad del empresario boliviano Raúl Garafulic, los primeros años del siglo fue adquirida
por el grupo español PRISA, que la manejó hasta 2009, cuando la vendió al mismo grupo empresarial que
también compró La Razón (ver más abajo). Su línea, que durante la polarización fue de crítica moderada,
se ha movido hacia otra de apoyo moderado (es decir, sin caer en la propaganda) al proceso que dirige
Morales.
UNO: Esta red pertenece al empresario cruceño Ivo Kuljis, que tiene múltiples intereses en la agroindus-
tria, la industria y el comercio. En 2002, Kuljis candidateó a la Vicepresidencia con Manfred Reyes Villa,
quien ese año quiso coquetear con la creciente crítica de los sectores populares al neoliberalismo, pero
que terminó siendo la “carta dura” de la oposición a Morales. Después de las elecciones de diciembre de
2009, Reyes Villa tuvo que escapar al extranjero para ser encarcelado por acusaciones de corrupción que
le hizo el gobierno. Durante la polarización, la red UNO expresó el discurso cruceño, aunque de una forma
menos protagónica que UNITEL.
UNITEL: Pertenece a la familia cruceña Monasterio, una de las más ricas del país, que también se dedica
a la banca y la ganadería. Los Monasterio militaron en el MNR del antiguo presidente Gonzalo Sánchez
de Lozada, derrocado en octubre de 2003 por el levantamiento popular que dio origen al proceso actual.
Durante la polarización se la consideró la “portaestandarte” de la oposición a Evo Morales.
Principales diarios
El Deber de Santa Cruz, La Prensa de La Paz: Estos periódicos son controlados por los Rivero, tradicional
familia de prensa. El Deber es el periódico de mayor circulación del país (se supone que vende alrededor
de 40 mil ejemplares diarios; en Bolivia no se realiza un control público de los tirajes). Incluso en lo más
agudo de la polarización, mantuvo una posición moderada, de crítica ponderada al Gobierno. La Prensa,
en cambio, tuvo mayores roces con las autoridades, en especial cuando intentó implicar al presidente
Morales con un caso de contrabando. Esta implicación no se sostuvo y el Gobierno inició un juicio de
imprenta contra este periódico, que sigue en trámite.
La Razón: Propiedad de Raúl Garafulic, primero, y de PRISA, después, La Razón es el mayor periódico
de La Paz (alrededor de 20 mil ejemplares diarios). En 2009 fue vendido por los españoles al empresario
venezolano Carlos Gil, como se menciona en el texto principal de este artículo. Su línea, de crítica antiofi-
cialista aguda pero que no abandonaba los protocolos periodísticos, está derivando desde su venta hacia
un apoyo moderado a las autoridades y sus políticas.
Los Tiempos- Correo del Sur- El Potosí: Estos diarios del interior pertenecen a la familia Canelas, también
tradicionalmente dedicada a esta actividad. Su línea es de crítica moderada y, por la ubicación de los
periódicos, tiene poca influencia sobre la agenda pública nacional.

[217
PERÚ
EL PÚBLICO SIGUE PERDIENDO
El Estado es una entidad débil, con poca institucionalidad
y ello se traslada al plano de sus relaciones con los medios
de comunicación. Cada Gobierno en Perú ha tenido la
potestad y la forma de gestionar de manera irregular, ilegal
o informal sus vínculos e intereses con los medios privados,
y viceversa. Este texto intenta presentar esas relaciones
y relata, además: Un caso reciente en el cual los medios
pudieron escapar de condicionamientos oficiales para
fiscalizar los poderes públicos. Tres casos recientes en los
cuales el Gobierno ha podido orientar o influir en instancias
del Poder Judicial para presionar o castigar a propietarios
de medios de comunicación o periodistas opositores o que
no se alinean con los puntos del vista del oficialismo.
Jacqueline Fowks
jfowks@gmail.com
Autora de ‘Suma y resta de la realidad. Medios de comunicación y elecciones generales 2000 en
el Perú’, editado por la Fundación Friedrich Ebert. Forma parte del equipo de IDL-Reporteros,
publicación en internet de reportajes de investigación. Es profesora de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú
(APEP). Maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y licenciada en la misma disciplina por
la Universidad de Lima.

218] PERÚ
Para aproximarnos a la situación de medios y Estado es importante tener en cuenta
un antecedente que impone un sello distintivo al caso peruano: el carácter delictivo de
las relaciones entre los medios y el régimen autoritario de Alberto Fujimori entre 1998
y 2000, que compró líneas editoriales de televisoras de señal abierta y de diarios (serios
y populares) a favor de la reelección de dicho ex mandatario. Dichas negociaciones
fueron reveladas en videos grabados subrepticiamente, conocidos como ‘vladivideos’, en
alusión al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, preso desde junio 2001.
“En el Perú en los últimos años, hemos tenido oportunidades perdidas de mejorar
la televisión. Todo el mundo se queja de lo que pasó en la época de Fujimori, eso se
pudo resolver y no se hizo. Acá hay un problema de voluntad política real”, señaló el
investigador Rafael Roncagliolo durante un seminario sobre ‘Televisión y Democracia’
realizado en noviembre 2009.
Roncagliolo recordó, en marzo 2010, que hace sólo diez años, “un ejemplo
dramático y extremo del rol pernicioso y antidemocrático que pueden jugar los medios
privados ocurrió durante las elecciones peruanas en el 2000, cuando todos los canales
comerciales decidieron mantener fuera del aire a los candidatos presidenciales de la
oposición, así pagaran (por avisos publicitarios). El único candidato que tuvo tiempo
de emisión fue el presidente Alberto Fujimori. Los otros, si aparecían, no era para
presentar sus puntos de vista, sino como objetos de difamación”.
A su vez, el sociólogo y profesor universitario Javier Protzel sostiene que en el
Perú “estamos frente a una televisión a la cual no le sobran los recursos. Esa es una
de las razones por las cuales vemos que la televisión se termina de una manera u
otra ligándose a intereses ya sean corporativos o políticos”. Y agrega: “Como no hay
una accountability con la televisión, es un cuarto poder sin redición de cuentas y no
sabemos cómo funcionan los distintos pactos”, dijo en noviembre 2010 al comentar
la intervención de Roncagliolo.
Pese a que ha transcurrido ya una década de esas prácticas nefastas en los medios,
persiste un aire viciado en el vínculo entre las partes. Entrevistado para este reportaje,
el autor de una investigación histórica sobre la TV peruana, el periodista Fernando
Vivas, indicó que las empresas peruanas de medios no están suficientemente saneadas
y por ello son más vulnerables a las presiones políticas, especialmente del Gobierno.
Así, se inclinan o coinciden con la política oficial. Pocas se distancian de los intereses
de los actores institucionales e informales del oficialismo y cubren información desde
otros ángulos.
La confluencia de intereses y la posibilidad de fiscalización del Gobierno desde los
medios podremos revisarla a partir de historias cortas:
El indulto presidencial a un ex broadcaster anulado tres meses después, el 13 de
marzo 2010, en medio de un escándalo que señaló al jefe de Estado y el entonces
ministro de Justicia.

[219
]
La tragedia del 5 de junio 2009 en Bagua: el aviso publicitario del Gobierno y la
línea informativa de los medios de comunicación capitalinos.
La renuncia del ministro de Vivienda Francis Allison en 2009: La capacidad eventual
de los medios privados para fiscalizar a un Gobierno a pesar de parece ‘blindado’
debido sus alianzas políticas y al respaldo de los grupos de poder económico.
CASO 1: El Gobierno en la disputa por la administración
de un canal de TV
Al cierre de este informe, el caso más fuerte que ha confrontado a los medios con
el Gobierno de Alan García Pérez en lo que va de su gestión, se inició en diciembre
2009 pero generó una crisis política de tono muy elevado la segunda semana de
marzo 2010.
José Enrique Crousillat, un ex broadcaster que recibió 60 millones de soles por
poner a disposición de Vladimiro Montesinos la línea editorial de América TV entre
1999 y 2000, y que fue extraditado desde Argentina, recibió la gracia presidencial del
indulto humanitario en diciembre último, supuestamente por su delicada condición
de salud. Desde enero 2010, el ex empresario tuvo la confianza de aparecer en
supermercados, playas y restaurantes exclusivos, en buena condición física, y los
medios volvieron a publicar informes médicos del año pasado: estos indicaban que
podía volver a prisión y abandonar la exclusiva clínica donde estaba recluido y donde
incluso recibía visita femenina.
En enero 2010, luego de una pregunta no tan amable de una reportera de América
TV, el presidente García le replicó que tuviera cuidado dado que su canal tenía aún
pleitos judiciales. Analistas y medios entendieron, que el indulto era una forma del
Gobierno de presionar la línea editorial de América TV, para que se inclinara un
poco más hacia el oficialismo. Y a la vez era un guiño a los fujimoristas, aliados del
Gobierno, quienes también desearían un indulto para el ex presidente, hoy preso.
El 8 de marzo, tras las vacaciones del Poder Judicial, Crousillat entabló un recurso
legal contra los administradores actuales de América TV, para recuperar el poder. El
jefe de Estado dijo que se sentía “burlado” pues había concedido ese indulto de
“buena voluntad” y no por algún compromiso o cercanía con los Crousillat.
Lo cierto es que el 10 de marzo, un medio independiente recordó que el presidente
condecoró a la hija de Crousillat, quien se desempeña ya más de medio año como
asesora en el canal del Estado con el sueldo más alto en dicha entidad pública.
Marisol Crousillat, además, se encargó de velar por los intereses empresariales de su
padre y su hermano desde que huyeron a Argentina hasta que fueron extraditados.
El viernes 12 de marzo, la justicia dictó una orden de captura contra el ex hombre

220]
de televisión por faltar a una diligencia judicial y por supuestamente haber pagado
coimas a cambio de privilegios mientras purgaba cárcel. El sábado 13, Presidencia de
la República anunció –vía Twitter– que anulaba el indulto. Crousillat está aún como
no habido. Según una fuente periodística que sigue el caso, el presidente García
instruyó a la Policía Nacional para que lo capture y pueda dar esa noticia durante los
programas dominicales nocturnos. Pero eso no ocurrió.
Alan García condecoró en 2008 a Marisol Crousillat, empleada del canal del Estado e hija
del ex broadcaster que recibió –en 1999– 21 millones de dólares para respaldar el régimen
autoritario de Alberto Fujimori en 2000. (Foto: agencia oficial Andina).
Desde que los medios denunciaron que los informes médicos descartaban una
condición de salud grave, el ministro de Justicia y otros altos funcionarios de Gobierno
respaldaron el indulto y sostenían que la decisión presidencial era irreversible. La
supuesta rigidez de la gracia presidencial desapareció súbitamente. Si no se hubiera
tratado de un ex empresario en pleito con el canal de antena caliente y poseedor del
más importante staff de prensa de la televisión abierta, ¿lo hubieran indultado?.
CASO 2: La tragedia del 5 de junio 2009 en Bagua:
el aviso publicitario del Gobierno y la línea informativa
de los medios capitalinos
A diferencia del anterior, en que una significativa parte de los medios se
manifestaron en contra de la posición del Gobierno, en este segundo caso la gran
mayoría respaldó las ideas del presidente García quien firmó en el diario El Comercio,
dos artículos de opinión conocidos como el esquema del ‘perro del hortelano’. El jefe
de Estado criticó en dichos textos del año 2007 a quienes se oponían a las inversiones
extranjeras para el comercio y la extracción de recursos naturales, indicando que
no querían el desarrollo del Perú. Se refería despectivamente a los defensores del
PERÚ

[221
]
medio ambiente y de los derechos indígenas, en particular, y agregaba que intereses
foráneos querían impedir la superación del país.
Entre 2007 y 2008, los principales medios de referencia –capitalinos– promovieron
dicho discurso oficial coincidiendo con negociaciones de los tratados de libre
comercio (TLC) y la realización de cumbres de jefes de Estado y de Gobierno en Lima
(de la UE y APEC).
Esta visión del perro del hortelano se materializó en 102 decretos legislativos
aprobados por el Ejecutivo, para poner en vigencia el TLC con Estados Unidos. En
agosto 2008, organizaciones de pueblos amazónicos, representadas por la Asociación
Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), convocaron a protestas para exigir la
derogatoria de dos de esos decretos1
aunque consideraban que nueve amenazaban
sus derechos y territorios. Luego de desmanes en ciudades de la selva y declaratorias
de estado de emergencia, fueron derogados dos decretos y se formó una comisión
parlamentaria multipartidaria que concluyó su informe en diciembre 2008: ésta
recomendó la derogatoria de diez dispositivos.
El presidente de Aidesep inició diálogos con el Ejecutivo y Legislativo en marzo
2009 dado que no se concretaba la modificación o anulación de las normas. En junio
2008, el Tribunal Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad contra
el DL N°1064 interpuesta por la Defensoría del Pueblo (DP) y la admitió, lo cual
significaba que luego el Congreso tenía 30 días para adoptar una decisión. En mayo
del 2008 la DP había hecho lo propio contra el decreto N°1015. No hubo decisión.
Cuando el 24 de abril 2009 un grupo de nativos paraliza una estación de bombeo
de petróleo en la selva norte del país, para exigir atención a sus reivindicaciones, muy
pocos medios difundieron la información: en los diarios siempre apareció en páginas
interiores y en espacios reducidos que no llegaban a media página (en tabloides).
Comenzó un paro en la selva.
En mayo, la información sobre la paralización de la estación de bombeo apareció
aisladayespaciadamente:losmediosnoleprestaronmuchaatención,losdosprincipales
noticieros nocturnos de TV no lo abordaron. Ello obligó a los dirigentes amazónicos
a viajar a Bagua -“porque allí hay corresponsales y al menos hay un medio”2
- para
captar la atención de los periodistas y seguir presionando a que el Gobierno tomara la
decisión de derogar algunos de los decretos legislativos cuestionados.
1
Para detalle sobre los decretos y antecedentes del paro amazónico ver: Naciones
Unidas-Asamblea General. “Informe del relator especial James Anaya- Observaciones
sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de
junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú”. En http://
www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A.HRC.12.34.Add.8_
sp.pdf consultado el 15 marzo 2010.
2
De entrevista personal realizada a mujer dirigente en Yamakayat, Imacita
(Amazonas), 21 de Julio 2009.

222]
En Bagua, cerca de tres mil ciudadanos bloquearon la carretera Fernando Belaúnde,
como en agosto 2009. La decisión del Gobierno Central de desalojar la carretera y
enviar un mensaje de fuerza al país, con un fallido operativo el 5 de junio, trajo como
consecuencia una gravísima tragedia: 23 policías y diez civiles muertos, un efectivo
del orden desaparecido y casi 200 civiles heridos de bala.
Desde que el paro amazónico se inició, los medios de comunicación no informaron
sobre el origen de tal medida: que los decretos legislativos no habían sido consultados
a las comunidades de la Amazonía –de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, del cual
el Perú es signatario–. Una mezcla de ignorancia y coincidencia con la visión del
Gobierno, despectiva hacia las comunidades nativas amazónicas y sus dirigentes, fue
visible en la cobertura informativa capitalina.
El 7 de junio, un par de días después del enfrentamiento en Bagua, el Gobierno
emitió spots de televisión acusando de terroristas a los ciudadanos que protestaban
en Bagua y a los que mataron a los policías. Decían además que los nativos fueron
manipulados por intereses extranjeros. Incluyeron imágenes crudísimas de los
policías asesinados cerca de la estación de bombeo de petróleo. No reconocían que
el Ejecutivo y el Legislativo estaban en falta por no haber consultado los decretos ni
haber llegado a una negociación efectiva con los representantes de los nativos. Los
medios emitieron dicho spot –como publicidad oficial– un par de días, pero dada la
violencia de las imágenes y los reclamos de la ciudadanía tuvieron que retirar la pauta
del aire. Hasta enero 2010, el Ministerio del Interior no quería pagar la emisión de
dicho aviso.
En la coyuntura previa al 5 de junio, y en los días inmediatos posteriores a la
tragedia en Bagua predominaron las fuentes de información oficiales en la mayoría
de medios de comunicación de Lima. A partir del 6 de junio la mayoría de medios
coincidía con la versión oficial en destacar que las víctimas principales –y las que más
condolencia debían generar en los peruanos– eran las de la Policía Nacional. Hacia
agosto del 2009, algunos medios empezaron a moderar su posición, dar espacio a los
representantes de las organizaciones amazónicas, abogados y académicos3
.
Como saldo de esta coyuntura, el Gobierno ha dispuesto el cierre de dos medios
locales y un periodista fue detenido: La Voz de Utcubamba, una radio de Bagua, fue
clausurada a pocos días del enfrentamiento del 5 de junio, por orden del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) debido a una falta administrativa. Sin embargo,
los principales gremios de periodistas y comunicadores han evidenciado que fue una
sanción política por haber informado con detalle el paro y el posterior enfrentamiento.
3
Para mayor detalle sobre cómo los medios se comportaron en este caso, ver http://
notasdesdelenovo.wordpress.com/2009/11/18/capitalinos-discutimos-como-cubrir-
conflictos-en-adelante/
PERÚ

[223
]
El canal de TV Oriente, del obispado de Yurimaguas, fue clausurado en enero
2010 por el MTC que alegó una falta administrativa. Según Reporteros sin Fronteras,
la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, sostuvo que radio La Voz y TV Oriente
azuzaron y respaldaron la violencia contra los efectivos policiales el 5 de junio.
Por último, el editor del semanario NorOriente de Jaén, Alberto Carrascal, fue
detenido en enero 2010 por un caso de supuesta difamación agravada del año 2005.
La publicación tuvo una línea muy crítica contra el Gobierno de Alan García desde
la convocatoria al paro amazónico y luego de las muertes de policías y ciudadanos
en Bagua.
CASO 3- La renuncia del ministro de Vivienda Francis
Allison en 2009 y la capacidad eventual de los medios
privados para fiscalizar a un Gobierno que parece
‘blindado’ por sus alianzas políticas y respaldado por los
grupos de poder económico.
El ministro Francis Allison llegó al gabinete de Alan García tras la crisis política que
se desató en octubre 2008, cuando se dieron a conocer conversaciones telefónicas
grabadas ilegalmente –denominadas petroaudios– en las cuales miembros del
Gobierno trataban con empresarios e intermediarios nacionales y extranjeros sobre
negocios con el Estado peruano, especialmente en hidrocarburos y construcción de
obras públicas. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, intervenía
en varias de dichas conversaciones y con él cayeron varios titulares de otras carteras.
La empresa que realizó las interceptaciones telefónicas, Business Track, había sido
formada por oficiales de la Marina en el retiro quienes fueron detenidos mientras se
realizaban las investigaciones fiscales. Casi un año después, el 18 de setiembre de
2009, el diario La República reveló que Allison, mientras era alcalde de un distrito
limeño, había dado servicios como abogado a Business Track.
Según informó en su momento el diario El Comercio, el ministro dijo que no
consideró relevante decirle al presidente García que prestó servicios para la empresa
de interceptación telefónica cuando fue convocado al gabinete. “El presidente lo
sabe ahora y no hay problema”, declaró luego al quedar en evidencia con la
denuncia periodística.
El ministro recibió en un primer momento el respaldo del premier, en tanto que la
mayoría de medios de comunicación exigían que Allison dejara el cargo y explicara
su vínculo con los operadores de los petroaudios. Pese a que el respaldo oficialista se
mantuvo y que el cuestionado reiteraba que García le había renovado su confianza,
la presión de los medios y de los líderes de opinión fue intensa y el 27 de setiembre
el titular de Vivienda tuvo que renunciar.

224]
Estos tres casos dejan ver un juego de presiones mutuas, especialmente entre los
medios ‘tradicionales’ y el Gobierno: en ciertos momentos actúan situados en un
mismo lado, preservando o defendiendo intereses que comparten. Es importante
notar que el Estado en relación a los medios de comunicación está presente siempre
en coincidencia con los lineamientos del Gobierno de turno, tanto en la producción de
contenidos (en radio, televisión y el diario oficial) como en las instancias de regulación
(disposiciones administrativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) o de
Justicia (Ministerio de Justicia, Poder Judicial).
Hay excepciones en las cuales los medios tradicionales ejercen una fuerte presión
fiscalizadora al Gobierno: en pocas oportunidades logran resultados concretos, como
por ejemplo, la salida de un ministro o la rendición transparente de gastos de un
congresista. La actitud fiscalizadora hacia el Estado y el Gobierno es continua en
medios comunitarios, pero su incidencia pública es bastante menor y, además, son
bastante vulnerables a los cierres y sanciones, tanto administrativos como judiciales.
El esquema de propiedad
Según el abogado Baldo Kresalja, ex ministro de Justicia, como en Argentina, Bolivia, Ecuador,
España y México, en el Perú se permiten todas las formas de propiedad en los medios: estatal,
privada o mixta.
La participación de extranjeros en radio y TV debe canalizarse a través de personas jurídicas
constituidas en el Perú. No es posible que una persona natural extranjera sea titular de
concesiones de radio o TV.
DeacuerdoaKresalja,noexistenrestriccionesparalaexistenciadepropiedadcruzada(titularidad
de señales televisivas, radiales y de otros medios). Aunque sí se observa una regulación menos
permisiva para la concentración (acaparamiento de señales de un mismo medio)”, agrega. El
artículo 22 de la Ley de Radio y TV considera acaparamiento cuando una persona natural o
jurídica es titular de más del 30% de las frecuencias disponibles técnicamente, asignadas o no,
en una misma banda de frecuencia en una misma localidad para TV o 20% para radio.
Como requisito para la transferencia de las señales o concesiones el Estado obliga a la obtención
de la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estas concesiones o licencias
están sujetas a plazos de vigencia determinados y que pueden ser renovados y obligan al pago
de derechos por la explotación de las señales.
La precisión sobre el número de emisoras de radio y estaciones de TV por tipo de propiedad es
presentada por un alto funcionario del MTC.
PERÚ

[225
PARAGUAY
Medios de Comunicación y Estado/gobierno
LA ENDOGAMIA DEL PODER (Ó) EN BUSCA
DE UNA NUEVA IDENTIDAD DEMOCRÁTICA
¿Cómo se pueden describir las relaciones actuales entre el
Estado y los medios de comunicación paraguayos? de tantas
inenarrables maneras, que es mejor ser precisos y reducir ese
universo al gobierno que nos tocó el del 2009 en adelante.
Aquí se va a dialogar con los más respetados y reconocidos
profesionales del periodismo del Paraguay, para evaluar
las relaciones entre periodismo y el Estado. Este texto es una
apuesta por los consejos de colegas con más experiencias
profesionales; sumados a los pensamientos del ciudadano
común y el de la colectividad Social Media. La tesis es que
el ciudadano ha sido ninguneado y expulsado de la relación
entre sociedad-prensa-Estado. Una invitación: al rescate de
la sociedad perdida.
Silvia Páez Monges Guanes
paezmonges@gmail.com
Periodista y Politóloga, especializada en TICs y estudios de Estado. Lic. en Ciencias Políticas por la
Universidad Nacional de Asunción (U.N.A. 2006). Realizó estudios de Defensa Nacional, Estrategia y
Geopolítica en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos (I.A.E.E. 2009); donde prosigue estudios de
Post-grado en Historia Militar (2010). Profundizó el Periodismo, la Comunicación Digital y Tecnologías
para la Comunicación en la Universidad de Guadalajara (Centro de Periodismo Digital) y la Universidad
de Austin, Texas (Centro Knight para el Periodismo en las Américas), entre otras. Publicó libros de
literatura tradicional e historia paraguaya. Representante de Juventud CNC-UNESCO/Comunicación.
Desde el año 2000 y hasta la fecha, trabaja en varios de los medios escritos, radiales, televisivos y
digitales más importantes del Paraguay. Es Consultora en Comunicación Estratégica y TICs.

226] PARAGUAY
Probablemente El Paraguay sea la cuna del periodismo sudamericano. Fue hacia
el año 1560 que en Asunción, nació el mestizo Ruy Díaz de Guzmán, el primer
cronista del Río de la Plata. En 1612, Díaz de Guzmán terminó de escribir “Anales del
descubrimiento, población y conquista del Río de la Plata”; reunía las crónicas de los
acontecimientos de la conquista, por primera vez narrados con la visión del mancebo
de esta tierra. El ilustrado cronista paraguayo, se convirtió de esa manera en el primer
escritor e historiador sudamericano.
Dos siglos y unos cuantos años después, –y ya con el Paraguay hecho república–
apareció la prensa casi como hoy la conocemos. El presidente Carlos A. López, creó
El Paraguayo Independiente. Era el año 1845, la Independencia Nacional debía ser
consolidada dentro y fuera del Estado, por lo que no podría haber otra denominación
más acertada y oportuna para ese periódico; principal instrumento de difusión y
propaganda del gobierno carlista. El semanario realizado en la imprenta del Estado,
llevaba la inscripción: “¡Viva la República del Paraguay!” e “Independencia o Muerte”.
Entonces, el novel periodismo paraguayo, tuvo como primera tarea defender
y difundir los derechos indiscutibles del Paraguay sobre su soberanía territorial e
Independencia. La naturaleza combativa de ese periodismo, respondía a la actitud
injuriosa de la prensa –y la sociedad– porteña, que no aceptaba aún la idea de una
nación paraguaya independiente.
La relación prensa-ciudadanía fue fortificándose con la aparición del Semanario
de Avisos y Conocimientos útiles que comenzó a perfilar el rol social del periodismo:
un medio de la ciudadanía para manifestarse.
Y desarrolló ese papel hasta el estallido de la Guerra contra la Triple Alianza, en 1864,
cuando por imperiosa necesidad volvió a convertirse en un elemento de propaganda
del Estado. Puede decirse que no fue un retroceso, pues el periodismo de la época
escribió orientado a la necesidad primera del pueblo paraguayo: la Defensa Nacional.
El Centinela, se llamó el primer periódico de trinchera, con el cuál el gobierno de
Francisco S. López intentó mantener en alto la moral en el frente de batalla y en los
pueblos. Fue editado en Asunción a partir del 25 de abril de 1867 y le sucedieron
otros periódicos más. Un detalle acertado de comunicación estratégica del gobierno
lopizta, fue la utilización del idioma guaraní en los periódicos de trinchera; y por
primera vez en el periodismo paraguayo en forma sistemática. El lazo pueblo-prensa,
entonces quedó fortificado.
En esta etapa, el periodismo fue heroico. Se redactó e imprimió en el frente de
batalla; con el enemigo pisándoles los talones a los grabadores de las caricaturas
que ridiculizaban al enemigo procurando algún aliento popular. Allí nació el humor
político paraguayo; expresión periodística que desde entonces, marcó su presencia
en nuestra historia.

[227
]
En este momento, aparece y con fuerza el primer periodismo contestatario al
poder: El grito paraguayo, escrito por los emigrantes y exiliados paraguayos en Buenos
Aires. Las duras críticas al gobierno lopizta y su gestión en guerra, llegaban a oídos de
López, pero nada podía hacer en contra, dentro de aquellas fatídicas circunstancias.
Desde 1870, la postguerra, puede señalarse el inicio de una etapa que definió
–lastimosamente para mal– el destino de la prensa en Paraguay: apareció la prensa
politizada. En cuanto subían o bajaban gobiernos del partido liberal o colorado, la
prensa respondía a favor o en contra de los personajes políticos del momento. Los
dueños de los diarios, en mayoría, eran los activistas políticos de los partidos.
Con la Guerra del Chaco (1932-1935), reaparece el periodismo enfocado en la
Defensa Nacional, y como bien evolucionado estaba por el incidentado escenario:
el humor político. Vale subrayar en este punto, la gran influencia directa que tuvo
esta expresión sobre los gobernantes o figuras de turno. Sobre todo, en la percepción
popular sobre ellos.
En las décadas del 50 y 60 la prensa dio un giro en función al mercado. Con
La Tribuna, por primera vez se implementaron estrategias de ventas y se intentó un
periodismo independiente de los poderes. A pesar de ello, no se podía ejercerlo con
una línea editorial directamente en contra de Alfredo Strossner. La libertad de prensa,
era letra muerta.
Sin embargo, ya en los 80’ diarios como Patria o Noticias tuvieron el privilegio de
la seguridad, por definirse editorialmente a favor del régimen dictatorial. Mucho mal
le hizo al periodismo este retroceso, tanto que hoy –20 años después– la ciudadanía
no terminó de reconocer a la prensa como aliada.
Desmenuzando la relación Prensa-Estado del Paraguay con sociólogos, politólogos,
maestros y líderes. Nos queda el esqueleto de una verdad de aciertos y culpas, y de
grandes esperanzas.
Nuevos periodistas para el nuevo periodismo
Poco se recuerda, así que vale rescatar que la expresión “Cuarto Poder” se acuñó
a finales del siglo XVIII, con Edmund Burke. El político anglosajón, fue quien en
la Cámara de los Comunes mencionó en su discurso a unos periodistas del Times
presentes, a quiénes dijo: “¡Ustedes son el cuarto poder!”.
Vale repetir, que ocurrió en el siglo XVIII.
Infelizmente, con el transcurso de los años, esta idea se empotró en el pensamiento
periodístico al punto de convencerlos de que la prensa era efectivamente, el cuarto de
los poderes del Estado; con derecho a juzgar, condenar, absolver, ordenar o gobernar.

228]
Así avanzó, y atravesó el portal del siglo XXI, hasta el momento en el que
probablementesepercatódequeibasolo;yporsobretodo,queelmodelodemocrático
no contempla un extrapoder en competencia con el Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
A pesar de que cambiaron los tiempos y paradigmas, El abogado y periodista
férreo defensor del Acceso a la Información y su reglamentación Benjamín Fernández
Bogado no duda: “El papel de los medios siempre va ser el mismo: ser el contrapoder.
Contestar, cuestionar al poder, controlar al poder. Esa es una necesaria tarea de la
prensa en democracia. Lastimosamente es algo que todavía hay que explicar una
cosa elemental como esa: la prensa no tiene otro objetivo si no servir al ciudadano
para que éste sí sea el poder; y no la prensa. Para que participe y tenga una mejor
democracia”, asegura.
Pero el Estado, ¿tiene responsabilidad en la calidad de los medios de
comunicación?
“Si tuviéramos un instrumento legal que reglamente el Acceso a la Información
y una ciudadanía entrenada para usarlo en provecho de la transparencia, de seguro
la calidad de los medios sería mayor. La reglamentación es una poderosa aliada
para concluir con el esquema de hacer noticia con las declaraciones de las personas
públicas, de las acusaciones mutuas que distraen o del rumor maledicente que no
construye ni crea nada a partir de su publicación”, asegura Fernández Bogado.
El Artículo 28 de la Constitución Nacional –Del Derecho a Informarse– reconoce
el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime; y
que las fuentes públicas de información son libres para todos. A pesar de ello, advierte
una carencia: “La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes
a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo.” Y como era de esperarse en un
Estado burocrático; hasta hoy los mecanismos de regulación no fueron creados.
Dice Fernández que con una reglamentación del artículo 28 tendríamos un
periodismo más investigativo, de mayor calidad y de una cercanía escrutadora con
los hechos.
Ante los ojos del común esta lucha es ajena. ¿A quién defendería esta Ley; a los
medios del Estado o al Estado de los medios?: “Ni lo uno ni lo otro. –responde– Hay
que defender el derecho ciudadano a la Información”.
A su criterio, el gobierno de Fernando Lugo, presidente electo en mayo de 2008, “No
tiene respuesta a la altura de lo que había prometido. Un fraude al Estado”, sentencia.
Crónica de la Generación Gutenberg a la 2.0
Como era de previsible en un país en vías de desarrollo, la incursión de tecnologías,
la web y otras herramientas digitales afectaron contundentemente al periodismo
PARAGUAY

[229
]
paraguayo. No sólo por verse obligado a una migración digital, si no por encontrarse
despojado de una identidad que –erróneamente– creía suya.
La participación ciudadana es la esencia de la democracia, pero paradójicamente,
los medios de comunicación –tan identificados en su defensa– pecaron de exclusión.
Dejaron a la ciudadanía fuera de la relación Medios-Estado. Mientras la prensa
y los gobiernos se disputaban el poder, los ninguneados adelantaron el paso. Los
excluidos llegaron primero a la Era de la Información y las Tecnologías.
Benjamín Fernández lo sabe: “La ciudadanía se ha incorporado hace rato al
proceso de comunicación. La intermediación de la noticia hoy no es exclusividad ni
monopolio de los medios tradicionales. Al contrario, cada vez más ciudadanos van a
participar en la comunicación, así que si la prensa cree que su labor de intermediación
va seguir siendo la misma está equivocada”, advierte a tiempo.
La Era Digital tambaleó al sistema de medios privados. Su poder en la vida pública
y su acción por la democracia. En el año 2009, se acentuó el efecto: “Supuso el ocaso
y fin de esa intermediación única entre la gente y la información. Acabó la elección
monopólica de lo que `es noticia y no es noticia’. Ahora, gran parte de la información
no aparece únicamente en la prensa que conocemos: la escrita, oral, televisiva. Si
no aparece en Internet, que es el medio que ha democratizado el conocimiento, la
producción y difusión de información”.
Asegura que si hubiese aprendido algo en este escenario y ante este gobierno,
en 5 años el perfil evolucionado de un periodista paraguayo en la relación Estado-
Medios, sería así de simple y complejo: “Alguien con sentido cultural de la percepción
del cambio en el que el mundo está sometido. Necesitará ser una persona culta. En
la cuestión de la percepción política, histórica, social y de la dirección que cambios
anteriores dieron a la humanidad”.
Añade a la descripción un por qué fundamental: “Este es el tercer gran temblor a
nivel social y económico que sufre el mundo. Los dos anteriores fueron la revolución
industrial y la invención de la imprenta. Y el periodista deberá ser acucioso para
poder sobrevivir”, vaticina.
“Lo que vamos a ver, es que mucha gente que estudió para periodista, estará
trabajando como relacionista público o seguirá haciendo alguna labor para la
comunicación de una empresa, o terminará haciendo alguna tarea que no es la que
aprendió en las escuelas de comunicación”.
Fernández Bogado es tajante y realista: “El Paraguay tendrá que adaptarse a eso.
Le guste o no. Ese cambio ya está entre nosotros. El que se de cuenta podrá sobrevivir,
el que no, terminará engrosando la lista de desempleados que van a aparecer cada
vez en mayor cantidad. O sea que van a tener que adaptarse no por una cuestión
racional, si no por imperio de la realidad”.

230]
Subraya que la realidad es la que impone el cambio siempre: “Cuando la realidad
empieza a decirnos que no hay suficiente espacio en las redacciones, y que realmente
las redacciones del futuro no van a funcionar como las conocemos si no que habrá
periodistas desde sus casas que estarán informando. Ese es el futuro que vendrá a
Paraguay. Habrá algunos que se opondrán a ello, pero vendrá”.
Con la mente abierta, es un poco difícil creer que exista gente que se oponga al
avance tecnológico y desarrollo profesional; pero la capacidad de asombro no tiene
límites. Benjamín lo tiene confirmado: “Yo recuerdo que el Sindicato de Periodistas
del Paraguay organizó una manifestación en frente a Diario Hoy cuando entraron las
computadoras. Fue porque dijeron que `afectaban a los ojos’ de las personas que
iban a usarlas”. Testifica, “Eso ocurrió hace 20 años”.
El impacto provocado por la incursión masiva de informaciones generadas
en Internet, descolocó a la prensa tradicional. Se perdió incluso en el detalle de
discutir cómo deberían ser llamados estos nuevos informantes. La denominación de
“periodistas ciudadanos”, no gustó a muchos, argumentando la capacidad improbable
de estos para ejercer periodismo.
Del otro lado de la vereda, no se pierde tiempo. Al día nacen páginas, blogs,
canales, redes y la Social Media afianza su imperio de unos y ceros sin discriminaciones.
El poder del pensamiento web 2.0 radica en difundir, democratizar, compartir el
conocimiento. Esta maquinaria imparable, ya desplazó a la televisión como principal
soporte de información elegida por la audiencia a nivel mundial.
A pesar de la subestimación local hacia el periodista digital, las cartas están echadas.
“Acá hay mucha gente que se opondrá al ingreso del periodista multimedia, –advierte
Fernández Bogado– pero algunos podrán sobrevivir. Quienes puedan hacer 4 o 5
cosas”. El periodista multimedia está trabajando en aguas nuevas. Con el tiempo, la
consideración le vendrá por la calidad de su trabajo. Así que, eso dependerá de lo
que ofrezca. Si no ofrece nada innovador, nadie le dará la consideración especial”.
En un horizonte que puede ser muy confuso para migrantes digitales y periodistas
obtusos. “El desafío es prepararse, formarse. Entender el proceso cultural de manera
amplia y comprender que estamos en un periodo de reformas en el que el periodista
es parte. Hay que prepararse”, concluye Fernández.
Culpas y resarcimientos
Por años, el ojo crítico de Roque Acosta recorrió las estructuras del Estado y de
la propia prensa. No pocas fisuras encontró, y advirtió sobre ellas incluso en una
minuciosa tesis sobre la Investigación Periodística en Paraguay.
PARAGUAY

[231
]
“Hay buenos y relevantes trabajos de investigación periodística –asegura el docente
de docentes– que cumplen a cabalidad con las exigencias del rigor, la exactitud, la
veracidad y la responsabilidad de un periodismo serio. No obstante, en muchos casos,
bajo el rótulo de periodismo de investigación se emprenden campañas de demolición
de la honra y el prestigio de las personas y de las instituciones, sin contrastes de
fuentes ni verificación seria de la información”.
Acosta acusa. “El periodismo de investigación ha sido muy útil para controlar
la voracidad de los funcionarios públicos; pero no se ha animado a develar a las
empresas y empresarios del sector privado, muchas veces grandes auspiciantes de los
medios, que son los corruptores. La corrupción, como el tango: se baila de a dos”.
“En general, la calidad de la información periodística y el nivel de los periodistas
dejan mucho que desear. La Prensa paraguaya está en un momento crítico de su
historia”, advierte el Director de Carrera de la Universidad Católica de Asunción.
La incidencia de la Prensa en escenarios políticos
Elcasomásnotableehistóricodeincidenciaperiodísticaenlaopiniónpúblicayelescenario
político, se registró en marzo de 1999, en un caldeado ambiente de convulsión nacional.
Por la mañana del martes 23 de marzo, fue asesinado el vicepresidente Luis María
Argaña. Durante todo el día, así como lo hicieron en la semana, los medios de comu-
nicación más importantes emitían mensajes sostenidos de defensa a las instituciones
democráticas. El llamado a la ciudadanía era uno: “Defender la democracia”. Por la
noche, 20 mil jóvenes y campesinos se volcaron a las Plazas del Cabildo, para defender
el Congreso Nacional, amenazado por un golpe de Estado a la cabeza del ex –General
Lino Oviedo.
En la noche del 25 y madrugada del 26 de marzo se produjo lo que se conoce como “La
Masacre del Marzo Paraguayo” donde ocho jóvenes, fueron asesinados por francotira-
dores. Toda esa semana, medios de prensa, y por sobre todo, el Diario Última hora, fue
rodeado, agredido y por poco, sitiado. Por ello, éste medio se identifica hasta hoy con la
causa del “Marzo Paraguayo”; que terminó con el dolor de un pueblo sobre sus muertos
y un nuevo presidente -electo por el sistema democrático- por el Congreso Nacional.
“Basta de dictadura de la prensa”, dijo el presidente, Fernando Lugo en cuanto
asumió la Presidencia de la República.
Es que las relaciones actuales entre el gobierno y los medios de comunicación
paraguayos no están bien. El periodista radial lo diagnostica: “Un sector de los medios
de comunicación está embarcado en la orquestación de una campaña de desprestigio
del Gobierno de Lugo. Es el caso concretamente del diario ABC Color y, en menor
medida e intensidad los otros medios escritos y algunas emisoras radiales. Ya no se
trata –afirma– de una sana actitud crítica, vigilante, correctiva, constructiva. Se trata

232]
de magnificar hasta los errores más pequeños para inducir a pensar que el país y la
República están en grave peligro, añade.
Para Roque, el papel de los medios en la política, la gobernabilidad y la democracia
es fundamental. Dice que la sociedad necesita de una Prensa que informe con
veracidad y objetividad; porque con la información se construye opinión pública y
con ésta, se apuntala la democracia. Echa la culpa a que en nuestro país, este aspecto
se ve resentido porque la gente lee poco. Lamenta el analfabetismo funcional,
que conspira contra una ciudadanía informada que puede llegar a exigir calidad y
responsabilidad a la Prensa.
Expone: “Una prensa sin control de calidad, favorece el rumor, al periodismo
negligente. Una prensa que contrasta, que investiga en profundidad, que propone
soluciones en función del bien colectivo, es la que puede ayudar a fortalecer la
democracia”, diferencia.
Y dice más, “Ciertos periódicos y, dentro de ellos, ciertas secciones y determinados
periodistas, realizan una tarea de sana orientación de la opinión pública a través de
su labor informativa, sus trabajos de investigación o sus columnas de opinión. Sin
embargo, en esos mismos periódicos y en otros, hay secciones y políticas informativas
que, definitivamente, atentan contra la responsabilidad social de la Prensa, porque
desinforman y manipulan las noticias, acción con la cual no se construye ciudadanía”,
acusa el radialista.
Acosta analizó la gestión gubernativa referente a una posible Ley de Medios. Como
fenómeno regional, el tema comienza a discutirse en Paraguay. No sólo en el sentido
regulatorio del Acceso a la Información; si no en alguna posible Ley de Medios en
defensa de la comunicación de los ciudadanos según el gobierno o “Ley Mordaza”
según los empresarios de medios.
Prefiere ser preciso y escribe que “es necesario diferenciar claramente entre
libertad de expresión y derecho a la información. La primera idea parte de la
perspectiva del emisor, en tanto que la segunda tiene como referencia al perceptor
o el destinatario del mensaje. La prensa tiene derecho a la “libertad de expresión y
de opinión” consagrada por la Constitución Nacional (Artículo 26, CN) pero, como
contrapartida, debe respetar “el derecho de las personas a recibir información veraz,
responsable y ecuánime” (Artículo 28, CN).
Según Pellegrini (1993) la libertad de prensa es el concepto que traspasa a las
empresas parte del poder individual de la libertad de expresión. Esto es legítimo, si se
resguardan los intereses del público, o sea los intereses de los hombres, más aún de
cada hombre. No lo es si solamente genera un grupo de poder.
Ahora analiza, “En nuestro país tenemos ejemplos claros de que algunos medios
periodísticos son subvencionados por la rentabilidad política que ella implica para
sus propietarios, pues, desde el punto de vista financiero son deficitarios”. Añade
PARAGUAY

[233
]
que el fortalecimiento de las instituciones democráticas tiene en la Prensa libre e
independiente una aliada fundamental.
A pesar de que el nuevo gobierno fue el primero en crear una Secretaría de
Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM), no se visibiliza una
Comunicación Estratégica del Estado. Desde su nombramiento, Augusto Dos Santos
–titular de la secretaría con rango de ministro– propuso lineamientos que si bien
están enfocadas al desarrollo sostenible de las bases comunitarias, no están a la altura
de las circunstancias.
Sobre todo, porque las acciones realizadas y previstas, responden simplemente a
necesidades básicas insatisfechas de la comunicación (como capacitación, formación,
intermediación para la gestión comunicacional, etc). La ausencia de propuestas macro,
como Políticas de Estado para la Información y Comunicación aún no han llegado.
Roque Acosta expresa que: “En el Paraguay todavía no se nota que el Gobierno
tenga una estrategia clara de comunicación. Los acontecimientos y las características
del Gobierno de Lugo y de la composición de su Gabinete –impredecible,
descoordinado, sin liderazgo claro, dubitativo– hacen inviable cualquier estrategia
de comunicación”.
No es posible saber si por carencias, incapacidad o falta de voluntad política, el
sistema de medios estatales no ejerce parte del poder que podrían ejercer en la vida
pública y en la democracia. La disputa principal –actual– entre la SICOM y el sistema
de los medios privados, es por el otorgamiento y regulación de licencias de “radios
comunitarias”. Al igual que en gobiernos anteriores, el criterio para la administración
de estas frecuencias, es político.
Sistema de Medios de Comunicación del Estado
Sostenidas con
presupuesto público Radios Comunitarias (Licencias
radiofónicas concedidas por
el Estado. Sin posibilidad de
explotación comercial)
Radio Nacional
del Paraguay
IPP Paraguay.
(Sitio Digital)
Arandurape
Canal Educativo

234]
La concesión de frecuencias y la regulación de las radios comunitarias por parte
del gobierno es, como se advirtió, una de las piedras con la que tropezó la prensa
en su relación con el Estado. El 3 de diciembre de 2009, CONATEL –ente regulador
del sistema radioeléctrico– anunció la resolución por la cual se permitirá a las radios
comunitarias obtener recursos provenientes de aportes solidarios, anuncios de entidades
públicas o de otras fuentes, que sean generados dentro de su área de cobertura. El
gremio de radios comerciales se opuso a la medida, por considerarla competencia
desleal para los medios comerciales. Los mismos, pagan los cánones correspondientes
por habilitación y mantenimiento en el aire. No así las comunitarias, que exentas de
esas trabas, actualmente incluso perciben ingresos por publicidad de entes estatales.
Aunque ya se advirtieron amparos judiciales, esta disputa apenas comienza.
Grupo Multimedia
(Edgardo Wasmosy)
Diario Popular
Radio Uno
Holding de Radio
(Humberto Rubín)
Radio Ñandutí
Radios A.M
de mayor audiencia
Radio 1º de marzo
Radio Cardinal
Radio 970.
Sistema de Medios de Comunicación Privados
Medios financiados por la venta de publicidad privada o estatal
e inversiones particulares de sus propietarios
Editorial AZ
(Aldo Zucolillo)
Diario ABC Color
Abc Digital
Grupo Vierci
(Antonio J. Vierci.)
Diario Última Hora.
Uhora Digital.
Canal Telefuturo.
Radio Urbana.
Grupo La Nación
(Osvaldo Domínguez
Diario La Nación
Diario Crónica
Radio Montecarlo
Acosta entiende la gravedad de la desidia y disputa. Y sabe, que una comunicación
pública eficiente y efectiva es factible. “Los medios de comunicación de bien público
son necesarios –afirma– pues, los medios privados tienen como objetivo fundamental
el lucro, no siempre el bien común de la sociedad. Ejemplos hay en el mundo de
que estos medios realizan una importante tarea de cara a la sociedad como la BBC de
Londres, Radio Nederland, La Deustche Welle, entre otros”, referencia.
La relación Prensa-Estado, fue descripta en sus conclusiones: “La prensa es un
reflejo del estado de la democracia paraguaya, después del largo periodo autoritario.
Se han ampliado los horizontes de la libertad de prensa y de expresión que, sin
embargo, no ha sido acompañada por una Prensa más responsable e independiente
de intereses ajenos a su función primordial de informar con calidad a la ciudadanía,
para generar una participación informada de la misma en la construcción de la
sociedad democrática”.
PARAGUAY

[235
]
Roque nota una percepción general de que la Prensa paraguaya es sectaria,
sentimental, y altamente dependiente de los actores económicos. El objetivo es
vender, sin importar los medios que sean necesarios, entre ellos la manipulación,
la espectacularización, el escándalo, las ofensas”. El resultado: la existencia actual
de una opinión pública muy desencantada con la democracia y muy temerosa del
ejercicio de la libertad creativa”.
“El ejercicio de la libertad de prensa y de expresión de la prensa –no teme
asegurar– ha estado y está al servicio de intereses vinculados con organizaciones
mafiosas, autoridades corruptas y un empresariado con un excesivo afán de negocios
y lucros, relegando el precepto central de que la comunicación es de interés público,
que exige responsabilidades que hoy están ausentes de la práctica de la Prensa”.
Roque Acosta no pierde las esperanzas de ver un periodismo auténtico y potable;
capaz de enfrentar con autoridad al Estado y sus gobernantes de turno: “Se está
en un lento proceso de decantación y depuración en cuanto al objetivo de llegar a
tener una Prensa seria, responsable y patriótica. Es un camino largo que sólo se ha
empezado a transitar”, finaliza.
La tarea de la eterna vigilia
Para Mario Rubén Álvarez el poder en la vida pública de los medios estatales, es
trascendental. “Deben servir a la gente con información y formación. Lo ideal es que
no tenga la atadura de la publicidad sino la independencia que tendría que dar el ser
solventado por dinero público. Eso es un peligro, porque los medios estatales pueden
volver a ser de un partido, del gobernante o del dictador”, advierte. Es que todavía
queda latente el mal recuerdo de la Prensa estatal utilizada como herramienta de
difusión la dictadura Stronista.
A su criterio, el Estado tiene una obligación simple y directa en relación a la
Prensa: ofrecer las condiciones necesarias para que la ciudadanía esté informada.
Álvarez también conoce de la misma influencia de los medios privados. “Es
esencial para controlar el poder. Pero también debe controlarse a sí misma para que
no aparezcan los que pretenden amordazarlos con la excusa que dan los transgresores
de la ética periodística”. El profesor y editor indica que la democracia se construye
con libertad, pero también con responsabilidad. También cree que el rol principal de
la Prensa ante el Estado sigue siendo el de veedor: controlar el poder para que no
haya discrecionalidad y abuso.
Él encuentra las relaciones Prensa-Estado normales. “Si bien hay algunos roces,
–dice– son insignificantes. Hasta ahora no hay signos alarmantes que amenazan las
libertades de expresión y de prensa”. Pero, ¿hay que defender a los medios del Estado
o al Estado de los medios?, –reaparece la pregunta insistente.

236]
Mario Rubén contesta: “Las dos cosas: los medios tienen que mantener su
independencia para ser un eficaz contralor del Estado, pero también el Estado
tiene que defenderse de la irresponsabilidad periodística”. Agrega, “ejercer el
periodismo en cualquiera de sus formas no es una carta blanca para mentir, difamar y
calumniar impunemente”.
Allí ahondamos con un ejemplo concreto: “Ñe’embeguepe” y “Cuarto Oscuro”. Se
tratan de espacios dentro de las primeras páginas de los diarios ABC y Última hora,
destinados a las acusaciones “vox pópuli”, que son escuchadas o recogidas en el día a
día. Más allá de consistir en acusaciones directas, no elaboradas ni respaldadas profe-
sionalmente; estos espacios se convirtieron en mecanismos de hostigamiento y extor-
sión por sobre todo, a funcionarios públicos y autoridades gubernamentales.
El lenguaje vulgar, utilizado adrede y a discreción en ellos, como la existencia en sí
de estos espacios destinados a venganzas personales y otra pasiones, no tienen justi-
ficación ni cabida en un periodismo serio y en verdad contestatario. Esta percepción,
–incluso del común de la gente– lejos de encontrarle gracia cómplice pasada, hoy
genera un rechazo y reclamo contra ello.
Álvarez no considera capacitados en temas de Estado a la mayoría de los periodistas
“Se toca mucho de oído. Hay mucha visceralidad y poco rigor en las opiniones”.
Ante el próximo gobierno, el periodista deberá haber desaprendido y aprendido
mucho. La apuesta del maestro es lógica: “Deberá ser siempre crítico y al servicio
de la verdad para hacer pesar la diferencia, un mejor profesional paraguayo tendrá
“mayor compromiso con su sociedad para transformarla hacia valores esperados.
Honesto, dominador del nuevo lenguaje, globalizado pero al mismo tiempo con
fuerte identidad local y conocedor al menos cuatro lenguas, incluyendo obviamente
las dos suyas”, finalizó.
La paradoja del conocimiento inconveniente
Resulta agradablemente cómica la conversación con Gustavo Laterza sobre lo
investigado. Es que él lo analiza con una visión casi antropológica, y responde no
siempre lo esperado.
Para el historiador y periodista político, ser un intelectual fue un perjuicio a la
hora de calificar para Embajador del Uruguay con el Gobierno de Fernando Lugo.
El Congreso dijo “no”. Preguntados por qué, uno de los senadores respondió: “Es el
perfil intelectual y no diplomático del candidato”.
El abogado, profesor universitario, historiador, periodista, ensayista, miembro de la
Academia Paraguaya de la Historia, de la Lengua, etc., etc., etc. era un “inepto” para
ocupar un cargo que por costumbre, se convirtió en botín político de gobernantes de
PARAGUAY

[237
]
turno. Y aquí quedó, para pena suya y felicidad de este informe, del cual dijo mucho
en pocas palabras.
Laterza tiene el criterio de que los medios juegan un papel preponderante pero
poco asumido en la política, la gobernabilidad y la democracia. “En general, –dice–
creo que son los principales responsables de que nuestra ciudadanía se haya educado
respecto a esos valores políticos. El Estado, la escuela y las universidades no lo hicieron.
La iglesia católica persiste con sus viejas y repetidas fórmulas retóricas, como las de
`llamar al diálogo´, `llamar a la reconciliación´, en un país donde ninguna de estas
dos cosas constituyen realmente problemas graves”, acusa.
A diferencia de los demás intelectuales conversados, el no cree que el Estado
tenga incidencia alguna en la calidad de los medios: “Las personas que disponen de
funciones o instrumentos políticos para ejercer alguna influencia en la opinión pública,
como los miembros del Congreso y los dirigentes partidarios que pasan a ocupar cargos
públicos relevantes, no cumplen ningún rol en materia de comunicación masiva; más
bien la entorpecen y la desordenan”. Dice más, “Procuran ocultar información o
suministrarla en dosis ajustadas a su conveniencia. Lo peor de todo: los gobernantes
y sus equipos consideran a los medios periodísticos sus depredadores naturales. La
calidad de los medios de comunicación, baja, mediana o alta, es resultado exclusivo
de la evolución cultural de la ciudadanía”, asevera.
Hace un recuento histórico sobre el sistema de comunicaciones nacionales. El
investigadornoseapresuraenjuzgaralosmediosdeconcesiónestatal.Prudentemente,
habla de su poder en la vida pública y la democracia: “Radio Nacional nunca tuvo
influenciaporsuobviainstrumentaciónpropagandística.Losmediosescritosensayados
fueron un fracaso, quizás por la misma razón que los periódicos corporativos, como los
de organizaciones políticas, eclesiásticas, etc. Ahora surgen las `Radios comunitarias’,
que formalmente no son estatales pero que sobreviven gracias al dinero estatal, como
muchas ONG. Hay que esperar más tiempo y reunir más experiencia histórica para
formarse un juicio cabal sobre ellas”, reflexiona.
Sin embargo, para el sistema de medios privados tiene claras consideraciones.
Gustavo conoce el poder que ejercen en la vida pública y la democracia. Dice que
es un poder pleno en nuestro país, “y hasta ahora, sin ninguna competencia de parte
del sector público, pese a los anuncios que cada nuevo gobierno hace de que va a
`equilibrar la información’ destinada a la sociedad, creando sus propias agencias de
noticias, medios, etc.”, recuerda.
“La democracia paraguaya actual le debe su existencia, su salud y su eventual
progreso, mucho más a la prensa que a las organizaciones sociales y políticas. Y ni
qué decir al Estado y sus organismos públicos. Esto es un hecho innegable”, asegura y
sigue conversando. Incluso habla del futuro: la prensa paraguaya en 10 años.
No sabe cuál ni cómo será el próximo gobierno, pues en este momento es casi
imposible predecirlo. Pero cree que un periodista paraguayo evolucionado ante el

238]
siguiente gobierno, debe ser plástico y ajustarse a las circunstancias y no adoptar
una posición irreductible. “Su primera obligación es informar verazmente, lo cual no
inhibe su derecho a opinar. Aunque debería opinar firmando, no entrelineando su
criterio personal entre los hechos que relata”.
Añade que, “su segunda tarea es expresar cabalmente las tendencias de la
opinión pública, si es que esta existe. Quizás la tercera, sea ser coherente con la
posición de su medio. Es decir, si este tiende a ser oficialista, por ejemplo, no debería
apartarse demasiado ostensiblemente de esta línea (si tiene la opción de mudarse a
otro medio)”, aclara.
Para el docente universitario, las capacidades y aptitudes del nuevo periodista en
su relación con el Estado son múltiples y obligatorias. Comienza: “Desideologización
(eliminación de prejuicios, de conclusiones preestablecidas, de imágenes
estereotipadas, de propagandismo); búsqueda permanente de perfeccionamiento en
su formación profesional (aunque sea autodidacta); más conciencia profesional en
lo que atañe a su responsabilidad ante la sociedad; mayor formación intelectual en
general; mejor conocimiento de historia nacional, universal y de idiomas extranjeros;
intercambio de experiencias con colegas de otros países; autocrítica permanente”,
sentencia con optimismo.
“Manden sus dibujos Stop yo me encargo de poner la
guerra Stop”
“Lo más logrado y afianzado con el golpe del 89, fue la libertad de expresión.
Hasta ahora fue respetado y tolerado por todos los gobiernos que vinieron después;
pero debido a la tendencia `Chavista’ del actual gobierno, la libertad de expresión
está en peligro de ser quebrantado en cualquier momento,” Nicodemus Espinosa
testifica sin risas.
Cuando el humorista político recuerda la transición democrática, se pone serio.
Vivió en la antesala dictatorial y supo sobrellevar la profesión con dignidad y juego
de cintura: “A pesar de haber publicado en épocas de la dictadura Stronista, en un
periódico cuyo propietario era pariente del dictador, siempre intenté ser crítico en lo
que me estaba permitido y nunca complaciente con el poder”.
Tragicómico dependiendo de cómo se la mire: la producción de los cronistas y
dibujantes dependía de la pelea del momento o la designada víctima de turno.
No era el Ciudadano Kane, ni habrá enviado telegramas ordenando: “Manden sus
dibujos. Stop. (…)” pero Espinosa recuerda al casi legendario Humberto Domínguez
Dibb, entonces dueño del `Diario Hoy´: “En ese tiempo y debido a extrañas
coyunturas, el propietario del periódico estaba enfrentado con ciertos personajes
encumbrados del poder. Eso abrió para nosotros, los caricaturistas y periodistas, una
brecha que era aprovechada al máximo para desarrollar nuestro trabajo”.
PARAGUAY

[239
]
Recuerda que entonces, como ahora, los directores de medios creaban y sostenían
sus propias guerras con distintos objetivos e intereses; económicos o políticos.
El popular “Nico” se deleita al acordarse de algunos de los muchos chistes y
caricaturas que sacudieron no pocas veces a los gobiernos anteriores. Pero la ironía y
el sarcasmo en sus parodias también hizo reír hasta a los afectados.
Duda al apostar sobre la tolerancia de los actuales poderes del estado: “Veremos
hasta donde este gobierno soporta las humoradas y las críticas. Y vengan de donde
vengan, sean de donde sean, ya que ningún gobierno anterior ofreció cotidianamente
como el actual, tantos flancos a ser aprovechados para el humor político y de toda
clase”, asegura el caricaturista.
La relación que mantuvo el gobierno lugista con la prensa, dice que fue llevadera,
pero no productiva. Nicodemus no quiere arriesgarse a hacer adivinación en un país
donde la Ley de Murphy es casi Carta Magna: “Actualmente y aparentemente no les
afecta, lo pasan por alto. Pero hay indicios de que no es así en realidad, y que llegará
un momento en que sí, la libertad de expresión será cercenada por este gobierno de
seudo izquierda. Dios y la Patria no lo permitan, y que mi teoría vaya a ser una más,
en este Paraguay: el país en donde mueren las teorías”.
“Sigue el dinero”: Argumento de silencio o investigación
Mark Felt no les dio el mismo consejo que a Carl Bernstein y Bob Woodward.
A ninguno, pero todos los medios –a su manera– siguieron la pista del dinero. Las
publicidades y auspicios de los entes estatales –sobre todo las binacionales– son hasta
hoy la piedra del escándalo en la discusión ética del periodismo paraguayo. Además,
constituye el principal escollo en la relación con el Estado.
Un caso para el análisis
En 1998, el Presidente Raúl Cubas anunció a principios de su gestión la eliminación de publicidades
estatales, consideradas superfluas, en medios privados. No tardó la reacción de los periodistas y
dueños de la mayoría de los medios más influyentes: escándalos de supuesta indignación.
Se desató entonces la polémica discusión sobre si era éticamente correcto que los medios –en su
función crítica al Estado– reciban dineros posiblemente condicionantes, en concepto de publicidades
otorgadas por los gobiernos. No se resolvió el dilema periodístico mediante alguna postura única, en
los organismos de representación. Quedó a libre albedrío.
En el año 2007, la investigación periodística de Luis Bareiro, de ABC Color, dejó al descubierto la
nómina de periodistas que recibían dinero de Itaipú Binacional, en concepto de “auspicio o apoyo”.
En la oportunidad, la investigación acusaba a los beneficiados, de omisión por conveniencia ante los
hechos de corrupción generados en la entidad.
Con la caída del gobierno de Cubas, hasta nuestros días, la oferta estatal de dinero público en, sigue
siendo la manzana de la discordia. Ante todo, entre medios privados y las radios comunitarias.

240]
El 26 de Diciembre de 2009 y en 60 mil ejemplares, el diario ABC Color editorializó
el concepto que tiene de sí mismo como medio y de la sociedad. Por ello se adjunta
el editorial:
* La opinión pública es el contrapoder
Chateaubriand, el célebre escritor y periodista francés del siglo XIX, fue, bajo la restauración
monárquica, un ferviente defensor de la libertad de prensa en un tiempo en que el absolutismo
aún imperaba en Europa y en otras partes del mundo. Fue también uno de los primeros en
esbozar los modernos contornos del “cuarto poder”.
Y cuando plantea, en otro pasaje, la cuestión del “gobierno por los medios de comunicación”,
dice: “El vicio radical de este eterno razonamiento de los enemigos de la libertad de prensa
consiste en tomar a los periódicos por la causa de la opinión pública, cuando no son más que el
efecto de la misma. Tened ministros hábiles, monárquicos y nacionales, y veréis si los periódicos
consiguen hacerlos impopulares: muy al contrario, tales periódicos se volverán ellos mismos en
impopulares al atacar a hombres que el público había tomado bajo su protección”.
(…) En efecto, en las democracias la prensa libre es la portadora y potenciadora de la opinión
pública; el contrapoder que protege a la sociedad contra los abusos y desaciertos de los poderes
del Estado.
Pero la opinión pública es un poder virtual que necesita de la prensa libre para transformarse en
ese poder real al que tanto temen los regímenes autoritarios. Necesita del espejo que la concentre
y refleje como poder político ponderable. Es así como, mediante el concurso de los medios de
comunicación en sus diferentes opciones, la opinión pública se convierte en el contrapoder
ciudadano, al evaluar continuamente el comportamiento de las personas escogidas por el pueblo
en elecciones igualmente libres para servir a sus intereses (…)”.
Puede ser considerada desfasada la idea de que “la opinión pública necesita de la
prensa para transformarse en poder real”, sorprende desde el inicio; para pasar a un
enunciado no real y contradictorio sobre los medios como “…convirtiéndose estos así
de hecho en el cuarto poder mencionado desde hace siglos, pero que en realidad es
el contrapoder ejercido por la propia opinión pública…”.
Afortunadamente,comopudimosapreciaraprincipiodelinforme,lascircunstancias
de los pensadores que acuñaron el término comparativo “Cuarto Poder”, cambiaron.
Evolucionaron al punto de dejar obsoleta la auto denominación. Y no por evolución
propia del periodismo, si no por la inercia obligatoria de una sociedad que ya no
necita de intermediarios.
Desde el momento en que la auto designación de “Cuarto Poder” aparece hoy en
día, expresado en algún medio; se excluye inmediatamente al pueblo del contexto.
En la concepción actual del común, esa lucha de “Poderes del Estado”, es ajena al
colectivo público.
PARAGUAY

[241
]
En un intento desesperado de mostrar representatividad –puede notarse en el
editorial– hoy la Prensa invoca a los que en general, hasta ayer ninguneó al ciudadano.
Pero se le hizo tarde.
A diferencia de éstos, el Director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, sí
está consciente de la rebelión de los ninguneados y sugiere la creación de un “Quinto
Poder”. ¿Para qué? Para contrapeso de las acciones de la prensa.
De hecho, varias sociedades instalaron desde hace años iniciativas de alguna
contraloría de medios, pero no funcionó. “En los últimos veinte años, –dice Ramonet–
muchos países se han dotado de un Ombudsman (defensor del lector) o de códigos
deontológicos, porque han visto que es necesario que haya límites a la práctica
mediática; pero también hemos visto que no funcionan. Por ejemplo, el Ombudsman
del New York Times, no denunció a tiempo las imperfecciones de la información de ese
periódico con respecto a la Guerra de Irak. Lo ha hecho ahora, pero ya la guerra lleva
años. El ombudsman del Washington Post, tampoco denunció la misma situación”.
Señala lo obvio: que ante la instalación inamovible del pensamiento de igualdad
y competencia de la prensa con los Poderes del Estado, la gente no insistió en ser
escuchada. Sencillamente, creó su propia voz.
Abandonados por el pueblo en las disputas que hoy los ocupan con el Estado,
los medios –y periodistas– tradicionales compiten salvajemente entre ellos, en
un escenario nuevo y desconocido. Mientras que a contrario; los miembros de la
Sociedad de la Información se colaboran en aportes mutuos e inacabables, para el
empoderamiento colectivo en la nueva comunicación.
Ellos están en otra cosa. Podría apostarse incluso, que el título de “Quinto
Poder”, otorgado por Ramonet, no les interesa. La denominación de “Sociedad de la
Información”, ya es lo suficientemente poderosa.
“Cúmplase el destino”
Sobran experiencias recientes que pueden ser evaluadas y aplicadas en la relación
paraguaya Prensa-Estado. Ante el caso, el pensador Manuel Castells propone una
vía para la autonomía y la autoprogramación personal y social: “Participando en
la producción cultural de los medios de comunicación de masas y desarrollando
redes independientes de comunicación horizontal, los ciudadanos de la Era de
la Información son capaces de inventar nuevos programas para sus vidas con los
materiales de sus sufrimientos, miedos, sueños y esperanzas”.
El escritor advierte, “si no conocemos las formas de poder en la sociedad red, no
podremos neutralizar el ejercicio injusto de dicho poder; y si no sabemos exactamente
quienes tienen el poder y dónde encontrarlos, no podremos desafiar su oculta pero
decisiva dominación”.

242]
La nueva era, la de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones,
impuso la revolución social de la Información; y esperamos produzca la verdadera
democratización de los medios.
En el aspecto político se impuso un nuevo contexto democrático, participativo,
legal y gubernativo, para lo cual –por cierto– la estructura del Estado no estaba
preparada. Y ha existido indecisiones sobre cuestiones vitales para la garantía del
derecho a la Información; la defensa de los medios de prensa.
Alosperiodistas,nosquedalaparadójicarespuesta,“…NoestáenlasestrellasBrutus;
está en nosotros”5
. Para enfrentar al Estado, la Prensa primero debería responderse
por qué, y en qué momento se perdió la relación solidaria, correspondiente y de
confianza que existió entre la sociedad y ella. Y debería recordar que una nueva
Prensa, con solvencia moral y representatividad social, sí puede enfrentar al Estado y
sus gobiernos.
El retorno a su verdadero lugar, a la ciudadanía, se impone por supervivencia.
Porque la evolución de las especies, es decisiva.
La relación Medios y Estado en Paraguay
El periodismo paraguayo ha instalado la idea de la denuncia ciudadana de las corrupciones
públicas.
El periodismo ha tenido alta incidencia en la orientación de la opinión pública a la defensa
de las instituciones democráticas y legalmente constituidas.
En lo gubernamental se han visto avances en cuanto existe una reglamentación de la Ley
de Acceso a la Información y un Plan Nacional de Tecnologías de la Información.
El gobierno hizo un ajuste jurídico en cuestión de subvenciones a medios estatales,
privados y radios comunitarias.
Hay un buen signo en la intervención de una veeduría ciudadana sobre los medios en su
relación con el Estado.
Existe un código de ética periodístico efectivo, e incluso vinculante, al menos en los
medios más influyentes.
Por ahora, la relación gobierno – medios de comunicación es una en la que ninguna de
las partes está conforme, cada vez más se percibe menor calidad periodística y mayor
confrontación emocional.
5
Frase atribuida de Casio a Brutus. Roma, 42 a.C.
PARAGUAY

[243
]
Contribuciones del Periodismo paraguayo al sistema democrático
La instalación de la idea del derecho a la denuncia ciudadana de las corrupciones públicas.
La información sostenida sobre el Estado de Derecho y sus particularidades.
La difusión de los Derechos Constitucionales desde sus diversas áreas y productos agregados.
La incidencia directa en la orientación de la opinión pública a la defensa de las instituciones
democráticas y legalmente constituidas.
El sistema de investigación periodística instalado como mecanismo de control al Estado, sus
funcionarios y entes.
La intervención judicial, remoción o afectación de figuras gubernamentales ligadas a hechos de
corrupción denunciados por investigaciones periodísticas legales y válidas.
Bibliografía
Carlos R. Centurión, Historia de las Letras Paraguayas. Época Precursora. Época de Formación, Buenos
Aires, ed. Ayacucho, 1947, p. 283-289.
Josefina Plá, Obras completas-Historia Cultural, Vol IV. Asunción, RP ed.-Instituto de Cooperación
Iberoamericana, s/f, p.14-15.
Alfredo Seiferheld, «El Cabichuí en el contexto Histórico de la Guerra Grande» en Edición Facsimilar
de El Cabichuí, Asunción, Museo del Barro, 1984.
Hérib Caballero Campos y Cayetano Ferreira Segovia. “El Periodismo de Guerra en el Paraguay (1864-
1870)”.
Manuel Castells. “Comunicación y poder”. La metáfora de la sociedad-red. Madrid, Alianza, 2009.
Sitios WEB
http://manuelgross.bligoo.com
http://www.ultimahora.com.py
http://www.abc.com.py
http://www.monde-diplomatique.fr

[245
URUGUAY
DESCUBRIENDO A LA CENICIENTA
Medios de comunicación públicos
Mientras se instalaba la primera Corte Internacional de Justicia en Holanda, Benito
Mussolini se erigía como primer ministro en Italia y Estados Unidos asistía a una gigantesca
huelga minera, en defensa de sus salarios; James Joyce publicaba su Ulises y T. S. Eliot,
Un mundo perdido. En Uruguay, la ciudadanía votaba por primera vez para elegir de
manera directa a su próximo presidente, Eduardo Fabini se consagraba definitivamente
como compositor con el estreno de su poema sinfónico Campo y el pintor Pedro Figari
ganaba el siempre buscado reconocimiento francés, con su exposición en París.
Después de más de 80 años de estar presentes, los medios de comunicación
públicos parecen haber resurgido en la consideración del gobierno.
De manera incipiente se observa un intento de posicionar a las radios y el
canal de televisión en la consideración de la población y de mostrar otras
dimensiones de la realidad, esas ignoradas sistemáticamente por el sistema
de medios privados, los verdaderos dueños del aire uruguayo.
El desafío, no obstante, no es menor: lograr una verdadera democratización
del sistema de medios de comunicación que asegure una plena representación
ciudadana.
José Pedro Díaz
jpdiazm@gmail.com
Tiene más de 20 años de trayectoria en los principales medios de comunicación de Uruguay. Ha
trabajado en los diarios La República, La Mañana (hoy desaparecido) y El Observador, y en los
semanarios Alternativa y Zeta, cumpliendo tareas desde cronista hasta responsable de sección. En
televisión, fue responsable del informativo matinal de Canal 4 y de un magazine en el canal oficial,
mientras que en radio se desempeñó como director de noticias y gerente de programación en una de
las principales emisoras informativas, El Espectador. En los últimos cuatro años se desempeñó como
asesor en Comunicaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

246] URUGUAY
Corría el año 1922 y entre resonantes noticias en el campo de la política, la
cultura y la sociedad, otro suceso ocurría en silencio, ignorado en la ciudad de
Montevideo: con apenas dos años de existencia1
, la radiofonía estaba haciendo sus
primeras trasmisiones de prueba para, un año después, instalarse definitivamente en
la vida ciudadana.
La historia tiene, en este inicio, poco de épica cultural y mucho de mercadeo:
las pruebas eran realizadas por los grandes fabricantes de receptores de radio, que
rápidamente intuyeron que esta innovación tecnológica les estaba poniendo delante
de sus ojos un negocio de dimensiones muy apetecibles.
Así, la compañía estadounidense General Electric fue la encargada de realizar
aquellas pruebas y, luego, de instalar su propia estación de radio en Uruguay, en
19232
. La idea no era, claro está, convertirse en radio-operadores sino simplemente
crear un mercado de aparatos receptores para luego abastecerlo.
Su objetivo era clara y explícitamente comercial. Y si bien luego el botín a conquistar
trascendió a los objetos, este hecho presagió el modo de desarrollo posterior de la
radiodifusión en el país.
No sería sino hasta 1929 que el Estado resolvería ocupar una frecuencia3
, y
ello se hizo –originalmente– para trasmitir programas culturales e informativos,
“espectáculos o audiciones de carácter artístico, científico, ilustrativo o ameno con
fines de mejoramiento espiritual de los habitantes del país”, entre otros.
La primera emisora de las radios estatales (hoy llamada radio Clásica, en 650 AM)
se concentró en la música “culta”, que se emitía (para no pensar mucho en cómo
armar la programación) siguiendo el orden en que las grabaciones estaban archivadas
en la Discoteca Nacional.
Un par de emisoras más en AM y luego una FM abrieron el abanico temático y
completaron el panorama de la radiodifusión estatal (siempre concentradas debajo
del paraguas del Sodre) por el resto del siglo XX.
1
La radiodifusión se inauguró en la ciudad norteamericana de Pittsburg (Pensilvania)
en 1920, cuando la emisora KDKA trasmitió las elecciones nacionales de ese país.
2
Si bien es discutible que la “Radio Sud América General Electric” haya sido
estrictamente la primera en trasmitir en Uruguay, sí es un hecho que es la decana
entre las actualmente activas, en la banda de 810 AM (radio El Espectador).
3
Por Ley se creó, en 1929, el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica (Sodre),
organismo donde se concentraron los cuerpos sinfónicos, de baile —clásico, por
supuesto— y de radios del Estado. El significado de la sigla cambió luego a “Servicio
Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos”.

[247
]
Pero mientras la radiofonía pública se desperezaba, en la década de 1930 el
sector privado se anotaba resonantes éxitos: la transmisión en directo del primer
partido de fútbol, el inicio de los servicios informativos radiales, la incorporación de
los servicios de agencias internacionales de noticias (hasta entonces, reservada para
la prensa escrita exclusivamente) fueron jalonando el crecimiento y prestigio de la
radio uruguaya.
Y este crecimiento se registró tanto en calidad, en capacidad de realización, como
en cantidad, porque el espacio radioeléctrico se fue poblando progresivamente por
operadores privados hasta ocupar prácticamente todos los rincones aptos para acoger
a una frecuencia radial.
En las tres décadas siguientes, la radio (privada) dominó el mundo del
entretenimiento y la información en el país, nucleando a los principales artistas
nacionales y convocando a estrellas internacionales para alimentar las fonoplateas4
,
formato entonces inmejorable para los más selectos recitales musicales que se
realizaban en el país.
La irrupción de la televisión (a fines de los 505
) siguió los primeros pasos de la
radio, con el mismo espíritu innovador y el entusiasmo por aventurarse en un nuevo
medio, donde todo estaba por crearse.
La diferencia estaba en que la disponibilidad de frecuencias para instalar canales
era sustancialmente menor y en que aquellos 3 grupos empresariales pioneros en
el mundo de la imagen –que eran ya veteranos en la radio o prensa– vieron la
importancia de cuidar su negocio.
Así, incluso hoy existe una frecuencia para la televisión abierta (lugar
correspondiente al Canal 8) que nunca ha sido adjudicada, casi como un alarde
del poder de un oligopolio que ha manejado a la televisión uruguaya con absoluta
libertad y según sus propios intereses.
El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 que arrasó a la tradicional –aunque
entonces bastante venida a menos– democracia uruguaya y las libertades civiles
impactó de lleno en todos los ámbitos de la vida del país, y obviamente los medios
de comunicación no fueron una excepción.
4
Desde Marlene Dietrich a Mercedes Sosa, desde Nat King Cole a Carlos Gardel,
todos los artistas de proyección internacional que pisaron estas costas –que fueron
muchos—consolidaron su consagración en una fonoplatea radial.
5
Canal 10 es el primero en inaugurar sus transmisiones, en 1956, luego de 7 años
de pruebas técnicas. Le siguen el Canal 4 (1961) y Canal 12 (1962). El canal estatal
—Canal 5— no surgió sino hasta 1963.

248]
Doce años de un oscurantismo casi total envolvieron la vida del país y su gente
contaminando todos los ámbitos y disciplinas, de la mano de la persecución de sus
mejores exponentes y, sobre todo, de la generalización del miedo6
.
Con la restauración democrática, a partir de 1985, el sistema de medios de
comunicación de Uruguay pareció volver a la normalidad.
La novedad venía de la mano de la irrupción de la FM en el espacio radioeléctrico,
que posibilitó varias tandas de adjudicaciones sucesivas por parte de distintos
gobiernos. A nivel de radio, la lógica dominante seguía siendo ocupar todos los
espacios disponibles y la modalidad, por supuesto, la de atender la conveniencia
política del gobierno y sus aliados, y las necesidades económicas y aspiraciones de
los amigos.
De esta manera, se saturaba el dial y las gremiales de operadores privados
mostraban esta multiplicación como la prueba incontrastable de la diversidad y
pluralidad que el sistema uruguayo contenía.
A mediados de los 90, además, se habilitaban los servicios de televisión por
abonados (fundamentalmente por cable), que en pocos años alcanzó una cobertura
impresionante, superior al promedio del continente.
Mirando sólo estas referencias, el mapa comunicacional no podía aparecer más
abierto. Pero la realidad, como siempre, muestra su verdadera cara después de rascar
un poco más allá del titular.
Muchos medios, pocas manos
Si se atiende a que en Uruguay viven unas 3.200.000 personas, muy desigualmente
distribuidas en los 177.000 km2
de territorio7
, el siguiente cuadro seguramente
parecerá excesivo:
6
Una radio (Radio Nacional, CX 30, en 1130 AM) jugó un papel especialmente
destacado en la resistencia a la dictadura y como medio de comunicación para la
sociedad en su conjunto, opositora a los detentores del poder. Pero si su actuación
merece un destaque tan especial es, justamente, por la excepcionalidad de su
postura. Desde los comienzos de los años 80, algunos semanarios independientes
abrieron espacios de pensamiento opositor a la dictadura y cumplieron una función
también de primera importancia para la organización social y la movilización en pos
de la recuperación de las libertades democráticas.
7
Aproximadamente la mitad de la población del país está concentrada en la capital,
Montevideo; el 80% se distribuye en la mitad sur del país, a lo largo de la costa sobre
el Río de la Plata y el Océano Atlántico y el resto. En la costa se concentra también
la abrumadora mayoría de la actividad económica del país.
URUGUAY

[249
]
Cantidad de medios de comunicación electrónicos en el país
Emisoras AM Emisoras FM Canales TV Radios comunitarias
89 188 61 38
Una investigación llevada adelante en 2007 por la ONG Grupo Medios y Sociedad
(GMS)8
confirmó lo que siempre se supuso pero hasta entonces no se había logrado
demostrar: la concentración de los medios de comunicación en Uruguay era muy alta
y las regulaciones existentes no resultaban apropiadas para el efectivo control de la
legalidad del sector.
Gustavo Gómez9
, uno de los autores de la investigación, reconocía que el trabajo
se había iniciado con algunas hipótesis “que se han confirmado. La concentración de
medios en manos de unos pocos es grave en el Uruguay”.
“Aunque haya una numerosa cantidad de radios en todo el país, cuando uno se pone
a mirar más de cerca la propiedad de los medios, no hay tanta diversidad como la que
parece. Las radios son más que nada comerciales, salvo algunas emisoras públicas”.
Además, confirmaba las carencias en materia de regulación. “En general se
controla muy poco. Se les da (a los adjudicatarios de una frecuencia) un contrato que
no tiene plazo, es eterno y muchas veces, hereditario10
. Eso no está previsto en la
legislación, pero por vía de autorizaciones sucesivas los hijos heredan lo de los padres.
En muchos casos sigue figurando en los papeles el titular original pero uno sabe que la
gestión de la emisora ya fue vendida, en más de una oportunidad a otra persona que
no es la autorizada”.
En 2007, el diario La República11
editorializaba sobre el panorama que exhibían
los medios electrónicos en estos términos. “El afán de lucro –presentado como el
gran motor del desarrollo– prevalece de tal modo en la mentalidad de los propietarios
de los medios masivos, que la programación está en función no del interés cultural
o de los valores a ofrecer a los televidentes, sino al servicio del interés financiero de
los dueños. Es así que ofrecen la peor basura enlatada proveniente de otros países,
promoviendo antivalores y embruteciendo a las gentes”.
8
GMS es una organización no gubernamental integrada por periodistas y
comunicadores, especializada en temas de regulación y políticas de medios de
comunicación (www.forocom.org.uy)
9
Gómez era, además, director del programa de Legislaciones y Derecho a la
Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
10
La herencia del uso de frecuencias radioeléctricas no es legal en Uruguay, aunque
el Estado nunca haya controlado este aspecto.
11
La República fue, desde poco después de la salida de la dictadura hasta 2006, el
único diario afín a la izquierda en Uruguay.

250]
Muchos medios pero concentrados en pocas manos; manos que habían sido
escogidas según criterios de amistad o camaradería partidaria en su mayor parte;
manejo del sector en función de criterios comerciales principalmente (nunca
educativos o culturales, obviamente) y ausencia del Estado como regulador del
sector redondearon el marco en el que se desarrollaron y multiplicaron los medios
electrónicos en Uruguay.
Pero si a nivel de radios fue preciso una investigación reciente para confirmar lo que
hasta entonces no era más que una hipótesis, a nivel de la televisión el panorama nunca
fue vidrioso: tres grupos económicos reinaban en el país12
, cada uno de ellos desde un
canal de televisión abierta, tolerando a su lado, con piadosa lástima, al históricamente
pobre canal estatal (que nunca pudo ser ni competencia ni ente testigo).
En la década de 1990, cuando hubo condiciones para incorporar la televisión
por abonados, el resultado fue previsible: Montevideo (el mercado más grande
y apetecible y por ello, donde se inauguró este servicio) fue compartido por tres
empresas en la modalidad de televisión por cable, integrantes de cada uno de los tres
grupos económicos de la televisión privada. Entre ellos se asociaron para otra oferta
por aire y se permitió una quinta opción por aire, de alcance muy limitado13
.
Los tres grupos se consorciaron para manejar la infraestructura (una sola para todos,
como para evitar multiplicar costos innecesariamente) y, además, para comercializar
sus señales en el resto del país.
Otra vez, si bien en lo formal se habían sumado muchísimas empresas al universo
nacional de la radiotelevisión, el oligopolio siguió intacto, ahora incluso fortalecido
por la nueva vertiente de negocios.
Muchas voces en apariencia pero concentradas en un alto grado, y coincidentes
en su mayoría en la visión general del país, no hacen sino instalar una única agenda
pública; el panorama siempre estuvo lejano a lo que podía ser un fiel reflejo de la
complejidad social y cultural uruguaya.
El cambio de escenario
“La relación apacible entre un gobierno y un medio de comunicación debería
ser siempre alarmante y sospechosa”, razona el periodista Marcelo Pereira desde el
12
La referencia es a los canales instalados en Montevideo; si bien en el interior hay
canales locales, su incidencia está acotada a la ciudad de referencia y, en muchos
casos, hay relaciones de dependencia con los canales de la capital del país.
13
En el camino quedaron propuestas de otros grupos económicos —entre ellas,
una asociada al diario La República—, según criterios de capacidad del mercado
débilmente defendidas y poco creídas en general.
URUGUAY

[251
]
periódico que dirige, La Diaria, en su editorial del 12 de diciembre de 2007. “Para
que se instale, una de las partes debe estar haciendo mal su trabajo. Y lo más probable
es que sea el medio”.
Pero probablemente pocas expresiones resultan más ajustadas a la realidad general
que “relación apacible”, cuando se trata de caracterizar el vínculo entre el gobierno
y la mayoría de los medios de comunicación desde la salida de la dictadura (1985)
hasta el inicio del siglo XXI.
Si bien todos los gobernantes mostraron estar pendientes a lo que los medios
reflejaban y en no pocas ocasiones recurrieron a “tirones de oreja” a directores o
periodistas, lo cierto es que –en términos generales– la convivencia fue muy apacible.
Algún encontronazo esporádico servía para recordar que el sistema político y
los medios de comunicación ocupan lugares diferentes, pero lo cierto es que esas
tensiones ocasionales no llegaban a constituir una línea divisoria firme y clara.
Pero el inicio del tercer milenio trajo consigo una feroz crisis económica y
financiera que asoló al país y dejó al Estado uruguayo en un pozo profundo como no
había memoria.
Los medios de comunicación veían cómo el mercado publicitario se vaporizaba
pero, peor aún, descubrían que el entonces tan despreciado Estado tenía límites, y
ante la crisis el gobierno decidía cortar de plano todas las partidas que en publicidad
volcaba generosamente a los medios de comunicación.
Claro que, al no estar regulada la actividad de manera alguna, la generosidad era
discrecional; y como suele suceder cuando nada impide atender a criterios subjetivos,
el sistema de premios y castigos funcionaba sin problemas ni objeciones.
Ahora, si algunos medios venían beneficiándose de manera especial por la publicidad
oficial, resulta claro que la interrupción de este flujo implicó perjuicios especiales.
En algunos casos (radios, en particular), estos recortes representaron una
interrupción de hasta el 75% de los ingresos.
Pero si en ese olvidable año de 2002 –la cresta del tsunami financiero que asoló al
país al inicio del siglo XXI– los medios sufrieron un cimbronazo de dimensiones inéditas,
otro sacudón estaba por llegar: el triunfo de la izquierda en las elecciones nacionales.
Si bien había algún entrenamiento de convivencia con la izquierda (el Frente
Amplio gobernaba el departamento de Montevideo ininterrumpidamente desde
1990), el gobierno nacional tenía otra dimensión.
Y el programa de gobierno que el Frente Amplio había presentado a la
ciudadanía en la campaña electoral no incluía muchas menciones a este tema en
particular, aunque sí algunas líneas que, para muchos, ya eran motivo suficiente de
preocupación: “democratizar la comunicación social” aparecía como un compromiso

252]
con la población. Porque en Uruguay, se agregaba, “no existe libertad de prensa sino
libertad de empresa”.
En relación al uso de la publicidad oficial, no se dudaba en afirmar que “es
esencial para la supervivencia financiera de muchos medios de comunicación”, lo que
acrecienta la presión que puede realizarse a través de la pauta”14
.
De las críticas a la conspiración
Durante el primer año del gobierno del Frente Amplio (2005) el relacionamiento
con los medios de comunicación no fue un tema de atención pública, a pesar de que
algunos medios habían variado –o fortalecido– de manera notoria su línea editorial.
La magnitud de algunas líneas de acción del gobierno, sin embargo, era tan
importante que el gobierno logró imponerlas como parte indisoluble de la agenda
pública. Otros temas, por el contrario, se le escaparon de control y fueron explotados
como debilidades, errores o peligros para la sociedad.
Inesperadamente la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, puso la bomba
sobre la mesa. “Los detractores de los cambios se reúnen los jueves para ver cómo
trabajan contra el gobierno. Hay periodistas que se reúnen a almorzar todos los jueves
que se autodenominan el eje del mal”.
La hasta entonces tensión más o menos evidente entre el Poder Ejecutivo y los
principales medios de comunicación (privados, opositores) se materializó con una
violencia impensada, generando todo tipo de reacciones y respuestas por parte de los
directamente señalados, y muchos más.
A mediados del año siguiente fue el ex-presidente de la República, Tabaré
Vázquez, quien retomó el tema. “Hay medios de información que además de informar
(...) hacen oposición sistemática al gobierno. Lo que a mí me parece es que está mal
que no asuman que son oposición al gobierno”. Vázquez agregó, para no dejar lugar
a dudas, los medios y programas a los cuales se refería.
En marzo de 2007, el representante del principal socio de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) en Uruguay, el semanario Búsqueda15
, denunciaba
14
Programa del Frente Amplio propuesto a la ciudadanía en 2004, para el período
2005 – 2009.
15
El semanario Búsqueda es considerado el exponente más serio y firme del
liberalismo en Uruguay, y reconocido por el volumen y calidad de su información.
Su fundador, Ramón Díaz, fue presidente de la fundación Van Hayek y su sucesor
en la dirección del semanario, Danilo Arbilla, fue un muy destacado dirigente de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Búsqueda no posee sitio web.
URUGUAY

[253
]
ante la asamblea del organismo en Cartagena (Colombia) que “la situación de la
libertad de prensa en Uruguay se vio afectada por el hostigamiento contra la prensa
independiente desde el poder, mediante la continuidad incesante de acusaciones
infundadas, agravios e insultos contra medios y periodistas”.
Esta visión fue recogida por la SIP y se usó en foros internacionales para cuestionar
las políticas oficiales hacia los medios de comunicación, aún cuando fuera cuestionada
por el sindicato de trabajadores de la comunicación (la Asociación de la Prensa
Uruguaya, APU) y referentes internacionales de primer nivel16
.
Aquellacalmaapaciblequerodeabaalmatrimonioporconvenienciaentregobierno
y medios de comunicación parecía entrar en crisis, y con pronóstico reservado.
La confrontación
Los intereses de los dueños de los medios –razonaba el vicepresidente de la
República, Rodolfo Nin Novoa, en agosto de 2007– no coinciden con los del gobierno.
Y esto no sólo no está mal sino que, en definitiva, es como debería ser.
Pero agregaba: “hay circunstancias en las que se puede presumir que lo que se
quiere es desestabilizar, poner en aprietos al gobierno” y, con esto, “se hace daño al país”
porque, obviamente, no es esta la función básica de los medios de comunicación.
La reacción no se hizo esperar. Pocos días después, los principales diarios
editorializaban sobre el tema.
El País se quejaba de que el gobierno acusaba a determinados medios de que “en
vez de cumplir con sus tareas naturales, se dedican a hacerle oposición al gobierno”.
“Ante tan desatinados ataques –agregaba–, vale recordar que las funciones básicas
de la prensa consisten en informar y opinar ante los sucesos corrientes. Y es el público,
con su preferencia, quien juzga si tales o cuales medios cumplen adecuadamente
su misión”.
Razonamientos semejantes aportaba el diario El Observador. “Para que
la democracia funcione adecuadamente el ciudadano tiene que acceder a la
información. No puede decidir bien, quien no sabe lo que pasa. De ahí que los medios
16
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina
Botero, hizo una visita académica a Uruguay en noviembre de 2008 y fue entrevistada
por numerosos medios de la región. En entrevistas concedidas a los diarios Página
12 y Clarín de Argentina, destacó que Uruguay es “un modelo” para la región pues
desde el último año y medio viene llevando adelante “la agenda más completa de
libertad de expresión”.

254]
de comunicación tienen el deber de informar. Si se oculta información, se oculta la
realidad. Si se deforma la realidad para hacerla coincidir con los deseos del poder, se
hace demagogia, proselitismo o propaganda, pero no periodismo. Por eso los gobiernos
autoritarios temen más a la información que a la opinión. Y por eso es tan importante
la libertad de prensa para la democracia”.
La mesa estaba servida para incursionar en el debate de fondo.
¿Intencionalidad política o servicio público?
Una de las primeras iniciativas del gobierno del Frente Amplio fue aprobar una ley
llamada de “Modernización y humanización del sistema carcelario”.
Descongestionar al sistema, mejorar las condiciones de vida de los reclusos (cuya
situación venía siendo cuestionada largamente por organismos internacionales de
DDHH) y explorar nuevas modalidades de penas para delitos menores o para presos
de edad avanzada eran objetivos de la nueva norma.
Tema urticante si los hay, divisoria de aguas entre las sensibilidades de “derecha”
y de “izquierda”, la seguridad pública irrumpió con toda su fuerza en el escenario
mediático.
Y apareció como una preocupación, como un emergente insoslayable y, además,
como un área en la que el gobierno “no daba pie con bola”. Un flanco débil, en
definitiva y, por tanto, una trinchera de confrontación política.
Es objetivo que la seguridad pública en Uruguay, si bien destacada en el marco
continental, ha retrocedido significativamente si se compara con sí misma17
.
La extensión del consumo de pasta base de cocaína podría ser un factor relevante
en esta tendencia (al menos, este elemento ha sido uno de los grandes inculpados
por la opinión pública, los medios y algunos expertos en el tema), al modificar los
comportamientos de los delincuentes y empujar a cada vez más jóvenes a cometer
actos sin medida, donde la reacción no guarda relación alguna con la acción.
Estostemascoparonlosinformativosdetelevisiónfundamentalmente,convirtiéndose
en apertura sistemática y en no menos de un tercio de los contenidos.
17
Las estadísticas oficiales registran aumentos significativos en los delitos de hurto y
rapiña en los últimos años, hechos que han sido ampliamente reconocidos, además,
por las autoridades. (http://www.minterior.gub.uy/index.php/es/observatorio).
URUGUAY

[255
]
El diario El Observador afirmaba, en un editorial en 2008, que “los medios no
inventan hechos delictivos sino que informan cuando ellos ocurren. Se puede disentir
con la forma y amplitud de la cobertura.
Ciertamente muchos televidentes consideran excesiva la abundancia de noticias
policiales, a veces comparativamente menores, cuando preferirían informaciones
sobre tópicos más variados”. Su conclusión no podía ser otra que “la solución a la
inseguridad y el miedo de la gente no es que los medios informen menos sino que
haya menos delitos”.
El novel director de informativos de Canal 4 de Televisión18
, Adrián Vallarino,
planteaba el tema con mayor simpleza y claridad. “Creo que es lo mismo que cuando
viene un mundial de fútbol: el deporte toma más protagonismo por la sencilla razón de
que hay más información. Cuando de golpe la crónica policial empieza a ocupar más
es, sencillamente, porque hay más información; los noticieros tratamos de ser un poco
un reflejo de la realidad. Nadie lo ha planificado, es una cuestión natural de cómo ha
evolucionado la información”.
Tan discutible es la afirmación de que los informativos televisivos son un “reflejo
de la realidad” como la inclusión, en algún informativo de Canal 4, de la “noticia” de
un “casi robo”, frustrado por la policía antes de ser cometido…19
El debate sobre si la acumulación de información de un tipo incide o no en la
opinión pública no está laudado en el mundo.
¿Muchos delitos mostrados en la televisión generan sensación de inseguridad?
Las respuestas son, sin dudas, más complejas y sutiles que este planteo, bastante
maniqueo y de dudosa utilidad.
Pero lo que difícilmente pueda negarse es que las tendencias marcadas por los
medios, cuando tienen una base real sobre la que construir su credibilidad, refuerzan
visiones sociales.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi, afirma que
existe una construcción de la noticia desde lo negativo.
18
Históricamente, el Canal 4 (Montecarlo Televisión) apunta a ser el de mayor
audiencia. Esta búsqueda de televidentes lo ha llevado a identificarse con “lo
más popular” y, por supuesto, con lo más taquillero. En esta línea se inscribe su
programación de telenovelas durante toda la tarde, e informativos con dominio
claro de la información “policial”, que no siempre resiste al amarillismo.
19
Por absurdo que parezca, este tipo de “noticias” no son excepcionales: Canal 4
incorporó en 2009 una móvil nocturno, con la misión de atender tanto como fuera
posible el accionar de la policía en Montevideo. Y rellenar la cantidad de minutos
que diariamente se le asignan termina por incluir, en horarios centrales y con el
mayor destaque, hechos como el mencionado en el párrafo anterior.

256]
En el mismo sentido se expresa el director del programa Infamilia del Ministerio
de Desarrollo Social, Julio Bango. “No es admisible que los medios digan que no
influyen en la construcción de la realidad”.
“Cómo van a decir que no influyen si estigmatizan a los adolescentes con el tema
de la violencia”, agrega.
No es casualidad que ambos funcionarios revistan en el Ministerio responsable de
impulsar políticas de integración social y, por lo tanto, de trabajar con los segmentos
menos beneficiados de la sociedad uruguaya.
Si durante la dictadura militar ser joven y usar el pelo largo era casi sinónimo de
militante de izquierda y conspirador contra el gobierno, hoy ser joven y “plancha”20
es sospecha segura de ser drogadicto, rapiñero y potencial asesino.
A nivel político, el intento de construir noticias desde lo negativo tuvo menos
éxito, tal vez porque el estado de ánimo de la población fuera en sentido contrario,
y porque el gobierno al cual se atacaba había contado con más del 50% de respaldo
en las elecciones nacionales y el apoyo a la gestión del gobierno y al presidente en
particular, no cesó de crecer desde entonces.
Pero no por ello dejó de ser una constante para los medios opositores.
La respuesta oficial
El diagnóstico del oficialismo (históricamente hablando, desde las épocas en que
era oposición y, por lo tanto, todo era más simple, duro y directo) estaba claro: en
Uruguay no hay una política de medios.
Desde los sectores más liberales siempre se defendió esta posición (“la mejor ley
de prensa es aquella que no existe”, afirman una y otra vez los voceros más relevantes
del liberalismo a nivel de los medios de comunicación).
El resultado no es distinto al logrado en otras latitudes. En palabras de Ignacio
Ramonet, ex director de Le Monde Diplomatique, “la información está circulando
como una mercancía, no según las leyes de la información sino según las leyes de la
oferta y la demanda y para mejor funcionar están cambiando su naturaleza y se están
20
La cultura “plancha” es la dominante entre los estratos sociales más pobres y,
en la simplificación general, se contrapone con la cultura “cheta”, de los jóvenes
de los barrios más ricos de la costa montevideana: gusto por marcas prestigiosas en
la ropa y calzados, vestimenta asimilable a la cultura rapera, pelo teñido de rubio
rabioso (o con mechitas), y gusto por la música tropical son algunos de sus íconos
mejor identificables.
URUGUAY

[257
]
adaptando para venderse mejor; se adaptan a las leyes retóricas, no de la información,
sino las dominantes de la esfera de la cultura de masas”.
Sin espectacularidad, el gobierno impulsó una serie de medidas que, en su
conjunto, exhibían un cambio en la tendencia histórica.
Gustavo Gómez21
afirma que “hubo un paquete de legislaciones aprobadas que
ubican a Uruguay como referente en la región en materia de libertad de expresión”.
“Arrancaron en el 2007 con las radios comunitarias, reconocido como un modelo
para otros países por organizaciones de libertad de expresión como Reporteros sin
Frontera”.
A esto se agrega la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública
–vinculada con la Ley de Archivos– la despenalización de delito de información de
injuria y desacato, y el proyecto de Ley de Asignación de Publicidad Oficial”.
Gómez destaca especialmente las impresiones de la relatora de libertad de
expresión de la OEA. “Dijo que el ejemplo en la región es Uruguay, porque ha impulsado
una agenda en materia de libertad de expresión que asume todos los debates que
hay a nivel latinoamericano. Uruguay está cumpliendo con la adecuación necesaria a
estándares en materia de libertad de expresión”.
Un discutido proyecto sobre regulación de contenidos de producción nacional en
la televisión, anunciado a fines del primer gobierno del Frente Amplio, completan el
panorama que, visto en su conjunto, no resulta menor.
¿Qué pasaba mientras tanto con los medios manejados por el Estado?
Los nuevos criterios
Cenicientas históricas, la televisión y las radios estatales fueron encargadas a
reconocidos periodistas con una vasta trayectoria para su renacimiento.
El primer golpe de efecto se vio –literalmente– en el Canal estatal (que en este
período empezó a denominarse Televisión Nacional de Uruguay, TNU), cuando
la imagen dejó de lado la turbidez que históricamente la caracterizaba y resultó
asimilable a la del resto de los canales.
21
Gustavo Gómez asumió, el 8 de marzo de 2010, como Director Nacional de
Telecomunicaciones (dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería);
este es el órgano responsable de la definición de las políticas regulatorias del
sector.

258]
La magia respondió a una tarea de mantenimiento tan simple como una limpieza
de válvulas, y fue demostrativa de la desidia (por no entrar en teorías conspirativas)
con que hasta entonces se había administrado esta potencialmente formidable
herramienta cultural y política.
En lo conceptual, la premisa que orientó la gestión fue la de convertir al canal
oficial en el canal de la información.
El resultado, sin embargo, no fue el esperado. Una acumulación de noticieros
y programas periodísticos (que, al no contar con demasiados recursos, eran una
sucesión de entrevistas mano a mano asimilándose más a una programación radial
que televisiva) y sus repeticiones, hicieron que TNU no lograra levantar cabeza en
términos de consideración ciudadana, de generador de nueva agenda pública o
–menos aún, aunque menos importante también– de rating.
La confusión que llevó a reducir el concepto de “información” a la mera producción
de noticias desplazó cualquier intento de generar conocimientos, fortalecer ciudadanía
o potenciar valores democráticos a través de otros formatos o productos culturales
que, literalmente, desaparecieron del aire22
.
En las radios hubo preocupación por mejorar la propuesta cultural y profesionalizar
la información.
Sin embargo, los criterios periodísticos no marcaron diferencia con las radios
comerciales, razón por la cual no fueron sino un punto más en el ampliamente
saturado espectro nacional.
Tampoco hubo intentos de potenciar a los medios entre sí, complementándose o
compartiendo espacios (como se podría haber hecho en la web, por ejemplo).
En síntesis, los medios del Estado lograron salir del fondo del pozo pero sin un
rumbo definido y, por lo tanto, sin ninguna capacidad de marcar una nueva agenda
informativa.
¿Dónde está el problema de fondo?
Todo lo anterior, sin embargo, tiene alternativas técnicas accesibles, de no
demasiado costo –sobre todo si se piensa en función de los beneficios que puede
reportar–, que dependen básicamente de la voluntad política y de la capacidad de
quienes se pongan al frente de los medios.
22
Esto cambió en el último año de gestión del gobierno —en 2009— cuando cambió
la dirección de TNU. Entonces se incorporaron a la programación espacios de tipo
cultural y educativos de buen nivel, concebidos además específicamente para ser
emitidos por televisión.
URUGUAY

[259
]
Sin embargo, queda la sensación de que no todo se resuelve tan sencillamente.
El periodista y asesor en comunicaciones de izquierda Esteban Valenti23
sostiene la
necesidad de generar un debate “que tenga continuidad”, porque se debe dar “una
gran batalla cultural” en el terreno de los medios de comunicación.
El sistema de información en Uruguay –agrega- es “la expresión más acabada del
parasitismo más absoluto de la deformación, de eso que cuando conviene se llama el
mercado y cuando no conviene le ponen cualquier otro tipo de nombre”.
El director del diario La República, Federico Fasano24
, lo plantea en estos términos:
“es abrumador el poder de fuego del establisment conservador sobre una opinión
pública maniatada ante el aluvión imparable de medios hegemónicos, muchos de ellos
monopólicos que coordinadamente programan el consumo cultural y modelan gustos
y conciencias a su antojo, vendiendo modos de vida, estilo de consumo, aspiraciones
sociales, percepciones de sí mismos y del mundo y datos políticos para la organización
vertical de la sociedad”.
Fasano se pregunta dónde reside el poder, para concluir en que “el poder hoy reside
en quienes informan”. Y la gravedad de esta constatación está en que en Uruguay
“los medios no son representativos de las distintas fuerzas sociales que componen
la Nación”.
“Es necesario descifrar las claves del modelo hegemónico en la comunicación y la
información”, razona el periodista. “Comencemos por entender que el poder se ha
desplazado de los gobiernos hacia la opinión pública. El poder, decía McBride, se ha
desplazado de los gobiernos hacia la opinión pública. Y si es verdad que la opinión
pública pasó a ser el poder, quiere decir que el poder reside hoy en quienes informan”.
Pero quienes informan no son una corporación despegada de su entorno, con
intereses propios, cerrados e independientes.
“No son los medios los poderes alienantes, es el sistema de dominación el que aliena
y somete”, afirma Fasano. “Los medios carecen de virtudes y poderes autónomos, son
meros instrumentos del sistema. En realidad el cuarto poder es un poder de cuarta
pero al servicio del poder en serio, el poder del sistema”.
23
Dirigente importante del Partido Comunista del Uruguay hasta el cisma de 1989,
Valenti posee una extensa y exitosa trayectoria en medios de comunicación y
como asesor en campañas electorales, tanto en Uruguay como fuera de fronteras
(Argentina, Paraguay, etc.). Fue asesor destacado de Tabaré Vázquez en la campaña
electoral de 2004; dirige el suplemento Bitácora del diario La República.
24
Federico Fasano dirige diarios con afinidades explícitas hacia la izquierda desde
la década de 1960. Censurado definitivamente cuando el golpe de Estado de 1973,
pasó el exilio en México, donde llegó a ser asesor en comunicaciones del Poder
Ejecutivo y director de la edición latinoamericana de Le Monde Diplomatique. A
poco de su regreso a Uruguay fundó, en 1988, el diario La República, que dirige
hasta la actualidad.

260] URUGUAY
Citando al sociólogo Ramiro Taufic, el director de La República agrega que “no
es que millones de personas estén sometidas por la televisión, sino que millones de
personas están sometidas por el capitalismo”.
Con este panorama, ¿es el dilema central definir si hay que defender a los medios
del Estado o al Estado de los medios?
Para Fasano la cuestión central está en “la desigual distribución de la escritura, la
palabra y la imagen en el país de los uruguayos”.
En el mismo sentido, Esteban Valenti propicia “abrir el espectro a todas las voces
para que se expresen”.
Si bien las nuevas autoridades de Telecomunicaciones no han presentado
formalmente todavía su plan estratégico para el quinquenio, se conoce la intención
de avanzar en función de premisas muy similares a las anteriores.
Universalizar el acceso a Internet (incluso se está trabajando en la instalación de
Wi Fi en asentamientos irregulares, donde se accedería desde las laptop distribuidas
gratuitamenteatodoslosescolaresdelpaísduranteelgobiernoanterior),ampliarelancho
de banda disponible, aprovechar las oportunidades que ofrece la incorporación de la
televisión digital para ampliar la cantidad de operadores, mejorando la representatividad
social de estos, son objetivos que figuran destacados en la lista de tareas.
Reglas claras, parejas para todos, apertura a la inclusión de todas las voces, un
sistema de medios que refleje realmente el universo de los actores sociales que
componen al país son, así, los objetivos para construir un sistema de medios que
acompase las líneas de desarrollo sobre las que se aspira a transitar.
En definitiva, democratizar el sistema.
La relación Medios y Estado en Uruguay
El sistema de medios de comunicación de Uruguay es de “de muchos medios pero
concentrados en pocas manos”.
Después de más de 80 años de estar presentes, los medios de comunicación estatales parecen
haber resurgido en la consideración del gobierno en Uruguay para mostrar otras dimensiones
de la realidad, esas ignoradas sistemáticamente por el sistema de medios privados.
En la formulación de leyes como las de medios comunitarios, Uruguay es ejemplo de
democracia y criterio político de respeto e incentivo a la libertad de información.
El desafío futuro es lograr una verdadera democratización del sistema de medios de
comunicación que asegure una plena representación ciudadana.

[261
]
Referencias
Asociación de la Prensa Uruguaya (www.apu.org.uy)
Canal 4 (www.canal4.com.uy)
Canal 10 (www.canal10.com.uy)
Canal 12 (www.teledoce.com)
Diario Clarín (www.clarin.com)
Diario El Observador (www.observa.com.uy)
Diario El País (www.elpais.com.uy)
Diario La Diaria (www.ladiaria.com.uy)
Diario La República (www.larepublica.com.uy)
Diario Página 12 (www.pagina12.com.ar)
Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, Ministerio del Interior (Uruguay):
www.minterior.gub.uy/index.php/es/observatorio
ONG Grupo Medios y Sociedad (www.forocom.org.uy/index.php)
Semanario Búsqueda (Montevideo, Uruguay)
Televisión Nacional de Uruguay (www.tnu.com.uy)
Radio El Espectador (www.espectador.com)
Radio Nacional (www.radionacional.com.uy)
Radio Sarandí (www.sarandi690.com.uy)
Radiodifusión Nacional SODRE (http://www.sodre.gub.uy.asp1-4.websitetestlink.com/
Sodre/Sodre/Servicios/Radiodifusi%C3%B3nNacionalSodre/tabid/55/Default.aspx)
Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC).- www.ursec.gub.uy

[263
ARGENTINA
TODO O NADA…
ESTADO Y MEDIOS EN PIE DE GUERRA
La relación entre Estado y medios se venía cocinando a fuego lento, casi
siempre, a espaldas de la ciudadanía. Esto se plasmó en un mapa de
industrias comunicacionales concentrado y monopólico. La sanción de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se convirtió en el debate
del 2009 y eje de un enfrentamiento.
La nueva ley de medios limita la concentración del mercado, exige cuotas
de producción propia y reserva un tercio del espectro radioeléctrico para
las organizaciones sin fines de lucro. Establece nuevas reglas del juego,
inéditas en América Latina. Impulsada por el gobierno y muchos sectores
de la sociedad civil en nombre del derecho a la comunicación, fue resistida
por la mayoría de los dueños de los medios, que decidieron pintarse para
ir a la guerra y enfrentar al gobierno a través de sus canales de televisión,
diarios y radios. Lo hicieron sin mencionar, salvo en contadas ocasiones,
sus intereses afectados por la Ley y manipulando la información. Así, se
convirtieron en el principal partido de oposición del mismo gobierno que
antes había aprobado tantas medidas para beneficiarlos.
Las leyes de Acceso a la Información Pública y de regulación equitativa
de la pauta oficial quedaron fuera de la nueva normativa y siguen siendo
deudas pendientes en una sociedad polarizada por el Medios versus
Gobierno, el todo o nada.
María Eugenia Ludueña
meluduena@gmail.com
Periodista, Lic. en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en las
editoriales Perfil y Atlántida, ha colaborado con las revistas Gatopardo y Travesías, entre otras.
Recibió una beca AVINA de Investigación Periodística, el Pléyade al Mejor Equipo de investigación,
la distinción Orgullo Ciudadano. Una nota para Hecho en Buenos Aires fue distinguida como Best
Feature Story: Writing for social impact por International Street Papers Network. Realizó cursos de
perfeccionamiento en la Fundación para Nuevo Periodismo Iberoamericano. Escribe en La Nación
Revista del diario homónimo y en el Suplemento Las Doce de Página/12. Coordina un taller de
periodismo ciudadano en Isla Maciel, y realiza la producción de documentales televisivos con Anima
Films para History Channel.

264] ARGENTINA
“Votando por favor”, ordenó grave la voz. Eran las 2 y 26 de la madrugada. Un
silencio envolvió la cámara de senadores. Fue como si dijera “disparen”. Aquel 10
de octubre de 2009 varios grupos de gente esperaban en las escalinatas húmedas
y frías del Congreso de la Nación. Tenían banderas, cansancio y ansiedad. En el
interior del edificio las butacas hervían. Llevaban 15 horas de debate cuando las luces
del tablero se encendieron: 44 votos positivos, 24 negativos. La Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual quedó aprobada.
Nunca habíamos hablado tanto. En la pantalla, en los kioscos de los diarios, en
las radios de los taxis, en los blogs, en las universidades, en las legislaturas. Nunca
en la Argentina se habló tanto sobre los medios como en 2009. Nunca hubo tantos
fanáticos del “periodismo independiente” y de la “libertad de expresión”. Nunca se
invirtió tanto en pauta oficial y agentes de prensa. Nunca los medios de comunicación
estuvieron tan empecinados en dar malas noticias como en los tiempos de aprobarse
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522. Pocas veces las relaciones
entre Estado y medios estuvieron tan tensas como al momento en que se escribe este
trabajo. Al menos en su retórica.
El 10 de octubre muchos diarios del mundo dedicaron su tapa a Barack Obama,
ganador del Nobel de la Paz. Al sur del río Bermejo, la prensa informaba de una
guerra: la ley más debatida de la historia argentina. Hablaban de “la batalla madre”
–como la bautizó el gobierno– con los medios. Clarín, el diario de mayor circulación,
tituló con letras pesadas como el aire de esos días: “Kirchner ya tiene la ley de control
de medios”. La Nación, alertó en una columna: “La democracia se suicidó”. Días
después fui convocada a escribir este artículo. Imposible abstraerlo de la nueva ley de
medios y los debates que aún genera.
Para empezar, acudí a dos de los investigadores que mejor conocen del tema:
Martín Becerra y Guillermo Mastrini, ambos profesores de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
¿Cuáles son los principales cambios de la nueva Ley?
“Dispone de límites a la concentración. Exige cuotas de producción propia.
Habilita la participación de operadores no lucrativos de la sociedad civil. Y dispone
la creación de medios públicos no gubernamentales. Es un triunfo haber doblegado
cierta idea de que no había que regular al sector. Ningún país de América Latina tuvo
una ley integral como ésta. Es muy buena, pero necesita leyes complementarias para
no quedar en letra escrita”, sintetizó Becerra, Doctor en Ciencias de la Comunicación
por la Universidad Autónoma de Barcelona.
A favor o en contra: así se respira la batalla. A favor está el gobierno, principal
impulsor, pero también la comunidad académica en general y un vasto sector de la

[265
]
sociedad civil. Sus adherentes coinciden en que la normativa que nos regía –la vieja
Ley de Radiodifusión 22.285– era obsoleta y autoritaria, promulgada por la dictadura
militar en 1980. En la necesidad de garantizar el derecho a la comunicación y combatir
los monopolios. De esto trató uno de los artículos más resistidos: el que fija topes a la
cantidad de licencias de radio y televisión1
. En contra de la ley se mostró gran parte
de la oposición política y de los dueños de medios. Alegaron una amenaza del Estado
por controlar y censurar, falta de debate y tiempo de análisis.
Si a los argentinos nos costó entender de qué hablamos cuando decimos nueva ley
de medios, para quienes no vivan en el país, va este resumen a vuelo de pájaro:
• Hasta octubre de 2009, regía la Ley de Radiodifusión 22.285, modificada sin
debates, en sucesivas oportunidades, por sucesivos gobiernos desde 1980. La
vieja normativa restringía las licencias sólo para las personas físicas o jurídicas
con fines de lucro.
• Muchos de los emparches que se le hicieron facilitaron la concentración. Las
evidencias están a la vista en el mapa de medios actual.
• Apartirdelasancióndelaley,lostitularesquenocumplanlosrequisitosprevistos,
o superan la cantidad de licencias permitidas, tienen un año para ajustarse a
la nueva normativa, desde que la Autoridad de Aplicación establezca los
mecanismos de transición.
Mapa de medios
Al momento de sancionarse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el
mapa de medios de la Argentina se parecía a una guía de constelaciones. Estrellas de
todo brillo y tamaño, en sistemas con efectos de gravitación mutua, agujeros negros
e intercambios de materia imperceptibles al ojo humano del ciudadano común. En
ese mapa, la nueva ley parecía un asteroide, amenaza potencial a una veintena de
grupos de medios e industrias afines, donde los más grandes concentran gran parte
del mercado.
La galaxia mediática de América Latina es objeto de estudio de Becerra, director
del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ, y Mastrini, a cargo de las cátedras
1
Establece un límite para las licencias del ámbito nacional y provincial: sólo se
podrá tener una licencia de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, 10
de los servicios de radiodifusión sonora, televisión abierta o cable (antes eran 24) y
24 licencias de servicios de radiodifusión por suscripción. Los operadores no podrán
prestar servicios a más de 35% del total de los habitantes del país o abonados a esos
servicios. Las restricciones limitan la tenencia combinada de un servicio de cable y
un canal de televisión abierta local.

266] ARGENTINA
de Políticas de la Comunicación y Economía de la Comunicación en la UBA. En el
libro Los dueños de la palabra, investigación del Instituto de Prensa y Sociedad (IPyS),
los académicos llegaron a una conclusión: en la Argentina2
el 84% de la facturación
se concentra en los primeros cuatro operadores de industrias infocomunicacionales3
,
que dominan el 83% del mercado.
Al hacer ese trabajo, cuenta Mastrini, se toparon con un obstáculo: “Los medios
no informan sobre ellos. Algunas empresas al cotizar en Bolsa debieron publicar sus
balances. Eso ha arrojado una mínima transparencia. Pero quienes están a cargo de
informar, no informan sobre sí mismos”.
En el mapa mediático de la Argentina cuatro grandes grupos privados manejan las
principales empresas de comunicación4
.
• El Grupo Clarín5
. De origen, capital mayoritario y gerenciamiento nacionales,
tiene presencia en la prensa escrita, ámbito que lidera con el diario Clarín, y
también en radio, televisión por aire y cable (radio Mitre, Canal 13, la señal de
noticias TN son sus principales referentes), producción audiovisual, industria
gráfica e Internet.
• El Grupo Telefónica. Con protagonismo en telecomunicaciones (telefonía fija
y móvil, transmisión de datos). Algunas de sus empresas son Telefé (televisión
abierta, productora de contenidos, cine, marketing) y el portal web Terra.
• El Grupo Vila-Manzano-De Narváez. Varios grupos de los empresarios
mendocinos Daniel y Alfredo Vila, y José Luis Manzano (ex ministro del
interior de Carlos Menem) integran el Grupo Uno6
. En algunos conglomerados
2
El libro toma datos de 2004 para analizar las relaciones de propiedad de medios
en Argentina.
3
Becerra y Mastrini definen la noción de “info-comunicación” para aludir, en un
mismo concepto “a todas las industrias y actividades de información y comunicación
(por ejemplo, industria gráfica —libros, revistas, diarios—; industria audiovisual
—televisión; cine; radio; fonográfica—, industria de telecomunicaciones; industria
de informática y microinformática, etcétera)”.
4
Los datos acerca de los grupos fueron tomados de Los dueños de la palabra y
actualizados a partir de fuentes propias.
5
Según Becerra y Mastrini: “en casi todos los mercados culturales el grupo logró
una posición privilegiada con los grandes anunciantes y su acceso a las fuentes de
distintos estamentos. Cuenta con pocos activos en telecomunicaciones y su intención
es lograr en el mediano plazo extenderse a la prestación de telefonía”.
6
Uno tiene su central en la provincia de Mendoza. Opera a nivel nacional en
televisión abierta y por cable, y en telecomunicaciones. Posee radios y diarios en el
interior del país. Sus titulares supieron tener estrechas relaciones con gobiernos de
turno y han registrado un crecimiento vertiginoso y cuestionado.

[267
]
comparten sociedad con el empresario Francisco de Narváez, como en
Multimedios América (canales América TV, América 24, Canal 10 de Junín, y
radio La Red y FM Milenium), pero también en rubros como el sector energético,
entre tantos. De Narváez fue una de las revelaciones de las últimas elecciones
al ganar una banca de diputado y es uno de los líderes de la oposición.
• El Grupo Hadad. En manos de Daniel Hadad7
, empresario y abogado. Desde
que compró su primera radio en 1998, durante la presidencia de Carlos
Menem, sus contenidos se alinearon, en general, con el oficialismo. Hadad
es dueño de medios gráficos (Infobae, Tendencias), radios (Radio 10, es líder
desde hace diez años), dos canales de televisión abierta nacional (C5N y Canal
9) y varios en el interior, además de emprendimientos digitales.
También operan dos ex banqueros en expansión, ex socios de Hadad: Sergio
Szpolski y Raúl Moneta. Vinculado a la quiebra del Banco Patricios, Szpolski se hizo con
un multimedios en pocos años: las revistas Veintitrés, Siete Días, Newsweek Argentina,
Contraeditorial; los diarios Buenos Aires BAE, El Argentino, Miradas al Sur, Diagonales
(de La Plata) y El Atlántico (Mar del Plata), las radios América 1190 del dial de AM
y Aspen, FM 102.3. Sus medios simpatizan con el oficialismo y reciben abundante
publicidad oficial8
. El grupo de Raúl Moneta, símbolo de las privatizaciones y dueño
de empresas energéticas y agropecuarias, crece. Además de las revistas Infocampo,
El Federal, Bacanal, El Tradicional, Dinámica Rural y Tierra de Jinetes, compró (en
sociedad con el empresario Matías Garfunkel) radios muy escuchadas: La Metro,
Splendid, Rock & Pop, Belgrano y Blue, entre otras.
También operan Televisa (dueña de la histórica Editorial Atlántida, editora de
Para Ti, Gente, Billiken, entre otras), Telecom, Prisa, Razetto, Gollan, Cadena 3. Y
Editorial Perfil (diario Perfil, revista Noticias, Caras, entre otras) en manos de Jorge
Fontevecchia (cuando su empresa tuvo apremios económicos, intentó derogar el
Estatuto del Periodista).
Están, además, los medios públicos. Con la nueva Ley, Canal Siete, la agencia
de noticias Télam y la red de emisoras de Radio Nacional, pasó a llamarse Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), a cargo de los servicios de
radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional.
7
Hoy sus medios son criticados por oficialistas, aunque Hadad, en términos
tradicionales, se ubica políticamente a la derecha.
8
Según datos de laAsociación por los Derechos Civiles (ADC) en 2008 las publicaciones
de Spolski, junto con Página/12, fueron las más favorecidas por publicidad oficial.

268]
La prensa
Si bien la nueva ley no afecta de modo directo a la prensa gráfica, el diario de
mayor circulación nacional es históricamente Clarín9
, del grupo más afectado. Y
Clarín es uno de los que mayor impacto tiene en la construcción de agenda. Sus
noticias resuenan a lo largo del día en canales de televisión y radios de todo el país.
Según el IVC (Instituto Verificador de Circulaciones) sus ventas caen desde 2006.
Algunos lo atribuyen a la baja de diarios general y, en menor medida, a la pérdida de
credibilidad. Le siguen en circulación La Nación10
y el periódico Perfil11
. Clarín y La
Nación son socios en Papel Prensa (Clarín 49% de las acciones y La Nación 22%), junto
con el Estado (28%). Papel Prensa abastece de materia prima a 170 periódicos, con
tarifas y modalidades preferenciales para sus socios desde la dictadura militar. Hoy
está en el centro de un conflicto político con el gobierno12
. Clarín y La Nación además
comparten sociedad en CIMECO (Compañía Inversora de Medios de Comunicación
SA), con la mayoría de acciones de los diarios La Voz del Interior, de Córdoba, y Los
Andes, de Mendoza.
También circulan en el mercado nacional: Página/12, el más criticado por “oficialista”
y por recibir gran parte de la publicidad oficial; Crónica y Diario Popular, de los pocos
cuyas ventas crecen13
. La Razón es el principal diario gratuito de la argentina y está en
manos de Clarín. ¿Cuánta prensa se vende en el país? Misterio. “La industria no dice
cuántos diarios se venden en total. Los datos disponibles son los de Instituto Verificador
de Circulaciones (IVC). Pero es un servicio privado y algunos periódicos no están
suscriptos, por lo tanto, no hay datos públicos totales”, dice Becerra. En la investigación
con Mastrini en 2004 contabilizaron 180 diarios privados.
9
Vende 662.100 ejemplares el día domingo, según datos de IVC, diciembre 2009.
10
En diciembre de 2009 el diario La Nación promedió los 148.000 ejemplares diarios
según datos del IVC, siendo su día de venta pico el domingo con un promedio de
262.000 ejemplares.
11
Perfil es un periódico que se publica en papel sólo los fines de semana. Vende un
promedio de 51.700 ejemplares los domingos y 30.000 los sábados, según datos del
IVC.
12
Por un lado, un funcionario polémico como Guillermo Moreno, Secretario
de Comercio Interior, realizó una presentación judicial por supuestos manejos
irregularidades en el directorio de Papel Prensa. Los accionistas privados denunciaron
ante la Justicia a Moreno por supuestas presiones. El 7 de enero de 2010, el ministro
de Economía, Amado Boudou, anunció que el Gobierno intervendría en la fijación del
precio del insumo producido por Papel Prensa a fin de garantizar el mismo precio a
grandes y pequeños diarios.
13
En diciembre de 2009 vendió un promedio de 89.300 ejemplares diarios, según
datos del IVC.
ARGENTINA

[269
]
“A pesar de la tendencia a la desaparición de pequeños medios, lo cual incrementa
la posición de los más grandes, en la ciudad de Buenos Aires se dio un fenómeno
contrahegemónico: surgieron diarios y periódicos de baja tirada, sin impacto masivo
en el consumo, pero que diversificaron el panorama. Perfil, Miradas al Sur, El Argentino,
Crítica de la Argentina. A diferencia de lo que pasa con radio y televisión, en prensa
la concentración se da en un grado muy menor”, destaca Mastrini. Y elogia un rasgo
de la prensa en las provincias: “si bien existe menor diversidad de oferta, los diarios
locales reflejan mejor los contenidos de su territorio que los canales de televisión”.
Radio y televisión
Dos de los emparches más resonantes de la vieja legislación ocurrieron
bajo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007): la prórroga de las licencias de
radiodifusión14
y la fusión de las dos principales operadoras de televisión por cable,
en el país de la región con mayor con tasas de abono. El gobierno alegó que prorrogó
las licencias porque los titulares no habían superado la crisis económica post 200115
y necesitaban más tiempo para refinanciar sus deudas. En diciembre de 2007, días
antes de colocarle la banda presidencial a Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno
de Néstor aprobó la compra de Multicanal por parte de CableVisión. Así, Cablevisión
se quedó con el 47% del mercado y se convirtió en el mayor operador de cable de
la Argentina y Latinoamérica. Dos años después el gobierno les negó el permiso para
operar juntos y el caso está abierto en la Justicia.
La concentración no es la única dolencia del sistema de radio y televisión. “En
la Argentina hay 44 canales de televisión, de los cuales 17 son públicos. Pero los
que manejan el 80% de la audiencia son los cuatro16
del área metropolitana” detalla
Mastrini. Se refiere a los canales privados de televisión abierta que emiten desde la
ciudad de Buenos Aires: Telefé (Telefónica de Argentina), Canal 13 (Clarín), Canal 9
(Hadad) y América TV (Manzano-Vila-De Narváez), vinculados a mega-corporaciones
con negocios diversos.
14
Por diez años más.
15
Cuando el país abandonó la Ley de Convertibilidad del Peso, por la cual un peso
argentino era equivalente a un dólar estadounidense, generando una grave crisis
económica.
16
Según datos del Grupo Ibope, en octubre de 2009 el canal más visto fue Telefé
(11% de rating promedio mensual), seguido por Canal Trece (10,2%), Canal Nueve
(5,6%), América TV (4,6%) y Canal Siete (Televisión Pública) 4,2%. Canal 13 y Telefé
lideran la pantalla desde los años 90.

270]
El sector radiofónico se divide en dos frecuencias, que se reparten en 150 radios.
La AM es líder en audiencia y noticias. Las que concentran el mercado17
irradian su
programación desde Buenos Aires al interior a través de repetidoras. Por eso, tantos
habitantes de la Patagonia como de la selva misionera, desayunan escuchando el
pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires o el estado del tráfico porteño.
A excepción de Radio Nacional, con 40 emisoras en el interior y un informativo en
mayor contacto con las provincias.
“En la Argentina hay 264 licencias de radio y televisión. Alrededor del 70% de ellas
son del Grupo Clarín y cerca del 15% son del grupo Vila-Manzano. Escándalo que
no sucede en ningún país del mundo”, dice Eduardo Aliverti, el mismo hombre que
defendió la nueva ley y paga un espacio en la radio AM La Red (Grupo De Narváez)
para mantener el programa que conduce hace 12 años, Marca de Radio. Aliverti tiene
una voz estereofónica, dos espacios semanales en la radio pública (AM 870 Nacional)
y un despacho de director en la Escuela Éter. Ahí, con espíritu didáctico ofrece la
historia de los medios en versión exprés.
ETAPA 1: medios unipersonales. “Cuando los medios estaban en manos de una
persona, en los años 80. Uno sabía que el diario Crónica era de Héctor Ricardo
García, Canal 9 de Alejandro Romay.
ETAPA 2: multimedios. El gobierno de Carlos Menem en los 90 dio lugar a una
etapa de multimediatización, con la posibilidad de que los grupos puedan controlar
diferentes tipos de medios: radio, televisión, prensa.
ETAPA3:megacorporatización.Desdeprincipiosdeestesiglo,megacorporaciones
y conglomerados que, entre otros negocios, manejan medios. En el caso de Clarín:
industria del entretenimiento, editorial, producción de papel. El enchastre que se ha
producido entre lo que es la actividad periodística de núcleo duro y las actividades
conexas ha dado lugar al momento más operativamente angustioso que haya vivido el
periodismo argentino, en términos de ni siquiera saber quién es tu propio patrón”.
¿Cómo percibe la relación Estado y medios?
“En su peor etapa. A partir de la afectación corporativa que supuso para Clarín
la sanción de esta ley. Es básicamente una guerra con Clarín. Pero éste es el mismo
gobierno que hace poco renovó licencias al grupo. Creo que entre los motivos del por
17
Según Ibope, en julio, agosto y septiembre de 2009, la más escuchada fue Radio
Diez (32.5% de la audiencia), de Daniel Hadad. Le siguieron Mitre (19,7%) del Grupo
Clarín; Continental (14,61) vendida por Telefónica al grupo Prisa; La Red (9,81%), de
Vila-De Nárvaez; Del Plata (5,41%), de Szpolski, y Radio Nacional (3,5%).
ARGENTINA

[271
]
qué se sancionó la ley, hay razones de revanchismo personal. Los Kirchner resolvieron
encarar una batalla inédita en la Argentina. Hoy los medios están jugando un papel
de actor político de derecha”.
En su despacho en Casa de Gobierno, Gustavo López, subsecretario de Presidencia
de la Nación, recuerda que cuando se permitió la fusión de Cablevisión y Multicanal,
él escribió un artículo en el diario La Nación, “De eso no se habla”. Decía: “las
modificaciones18
que sufrió la Ley de Radiodifusión, casi todas por decretos de
necesidad y urgencia, no fueron hechas pensando en los ciudadanos, sino en
los dueños de los medios”. Y ahora, desde su oficina en el pulmón de la Casa de
Gobierno, amplía: “Cada vez que los medios no querían cumplir la ley, presionaron
al poder para cambiarla19
. Existe una relación de tensión entre política y medios que
nunca se va a resolver. La única manera es tener leyes que se cumplan. Los medios
reclaman institucionalidad, pero cada vez que salió un decreto que los benefició, no
la cuestionaron”.
Mientras se debatía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, López, que
supo ser periodista y funcionario de medios públicos, se encontró con representantes
del Grupo Clarín en el Congreso. Discutieron el plazo de desinversión para los casos
en que la ley obliga a desprenderse de licencias.
– ¿Cuál es el plazo razonable para desinvertir?, preguntó López.
– Nohayplazorazonable,sonderechosadquiridos,contestaronlosrepresentantes
de Clarín.
– ¿Hasta cuándo duran esos derechos?
– Hasta el 2024, respondieron los del Grupo.
– ¿Cuál sería el plazo razonable para sentarnos a negociar?
– No hay plazo razonable.
18
“La Ley 23.696, en el período Menem-Cavallo, de Reforma del Estado, permitió
la conformación de los grupos multimedia al quitarse la prohibición que pesaba
sobre los diarios para adquirir radios o canales. El decreto 1062/98 facilitó la
transferencias de los paquetes accionarios en momentos en que se conformaba el
grupo CEI- Citicorp, que auspiciaba la segunda reelección del entonces presidente,
y, en 1999, el decreto 1005 consolidó la conformación de monopolios al ampliar la
cantidad de estaciones de radiodifusión por cada dueño, pasando de 4 a 24 en todo
el país. De esta forma, se legalizaba la situación irregular del CEI y se abrían las
puertas para la concentración. Sin debate parlamentario”, La Nación, “De eso no se
habla”, Gustavo López, 21 de marzo de 2007.
19
La Ley de Reforma del Estado de 1989, permitió a los medios gráficos tener
medios audiovisuales. Un decreto del año 1998 permitió la transferencia de acciones
prohibidas para los operadores de cable. Un decreto de 1999 que permitió pasar de
4 licencias permitidas a 24. Un decreto de 2005 prorrogó una década las licencias de
radiodifusión.

272]
“Entonces ¿cuál era la estrategia? No cambiar nada. Esos puntos no se pudieron
negociar porque no había contraparte. Por años el todo o nada resultó. Esta vez no”,
remata López.
Después de más de una veintena de mails durante dos meses, el contacto
con el Grupo Clarín para este informe estuvo por concretarse. Finalmente la cita
fue cancelada. El Grupo Uno Vila-Manzano no respondió al requerimiento. Jorge
Fontevecchia, director de Perfil se disculpó por no tener tiempo ni para una sola
pregunta por mail. Uno de los pocos dueños de los medios que aceptó responder fue
Fernán Saguier, subdirector de La Nación y accionista. “La relación estado y medios
hoy es hostil y de intromisión. Por acción u omisión, el Estado avala una serie de
acciones contra los medios de comunicación independientes, como por ejemplo,
la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”. Saguier opina que
“si bien ha seguido todos los trámites legales dentro del Congreso, se ha hecho a
espaldas de los medios. Nada de lo que volcaron, se trasladó a la ley. Al cuotificar la
adjudicación de licencias y obligar a desguazar a los grandes multimedios, constituye
un elemento de inseguridad jurídica para inversiones en ésta u otras áreas. ¿Otro
ejemplo? La ofensiva gubernamental sobre Papel Prensa”.
Más tarde, Mastrini dirá que el debate del proyecto fue abierto. “Los intereses de
las empresas no siempre coinciden con los de la sociedad. Hay zonas comunes y de
conflicto. Entre marzo y julio de 2009 se hicieron audiencias públicas que los medios
de comunicación negaron. No informaron sobre ellas ni participaron. Nadie puede
decir que una ley presentada en marzo y aprobada en octubre no tuvo tiempo de ser
discutida. Con ejemplos claros de modificaciones, entre el proyecto original y el final”.
La era de las telecomunicaciones
El gran cambio entre el texto original y el final tuvo que ver con seres como
Amanda O. Amanda O fue una criatura futurista. Diva de la primera telenovela
hecha para internet y telefonía celular. No salía de su casa sin su cámara de video,
se filmaba sin parar. Amanda O fue una novela con capítulos de 7 minutos que se
bajaban al teléfono de una página de internet y un resumen semanal por televisión.
Un experimento de medios y telecomunicaciones. La encarnó Natalia Oreiro, actriz
popular de telenovelas. Al estrenarse en 2008, Oreiro dijo a la prensa: “Todo lo
que Amanda filma se podrá ver por los celulares. Es tan novedoso que hasta que
no empiece a funcionar no vamos a tener dimensión”. Su galán Luciano Castro se
sorprendía: “El aluvión de nuevas tecnologías es una locura. ¿Dónde va a salir la tira?
¿En relojes, en vinchas, en teléfonos? Es increíble, es el futuro”.
¿Es audiovisual? ¿Es televisión? ¿Es telefonía? Se preguntaban los académicos. “¡Es
todo junto!, ejemplo de convergencia de las nuevas tecnologías”, se respondía Martín
ARGENTINA

[273
]
Becerra. Y analizaba datos. “En 2004 la telefonía móvil desplazó a la básica. Telmex
y Telefónica tenían presencia. En 2008 están instaladas en América Latina. Intentan
avanzar. Están en internet, en 2012 probablemente estén en televisión por cable, con
lo cual los servicios audiovisuales van a ser servicios de Triple Play. Y la disputa entre
los grandes multimedios (Clarín, Globo) y las telefónicas (Telefónica, Telmex) va a estar
más desenfocada. En Argentina la discusión sobre la Ley de Servicios Audiovisuales
llevaba como plataforma semioculta la disputa con las telefónicas”, dice Becerra.
Convencido de que la convergencia es irreversible, le parecía mejor regularlas ya.
Los políticos no lo entendieron así: semanas antes de aprobarse la ley, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner anunció la eliminación del proyecto original del
artículo que habilitaba a las compañías de telecomunicaciones (Telefónica y Telecom)
a brindar servicios audiovisuales a través de sus redes. La decisión sumó votos y críticas.
“Para mí fue una equivocación, necesita una ley complementaria”, dirá Becerra. En la
Casa Rosada, Gustavo López piensa diferente: “las telefónicas van a entrar, pero fue
prudente quitarlas. Tal como estaba escrita la ley, no exigía la desmonopolización del
servicio telefónico. Hay que desmonopolizar el 25% del mercado para que entren en
condiciones de competencia”.
Mientras Clarín titulaba “Cristina inhabilitó a las telefónicas para tener más votos”,
Edi Zunino, secretario de redacción de Perfil, tecleaba las últimas líneas de Patria o
Medios. El libro en un mes fue best seller. Tema central: la relación cambiante entre el
gobierno y los dueños de los medios. Zunino tiene una hipótesis. “Para los K gobernar
es editar. Como muchos presidentes de Latinoamérica, tienen la obsesión del relato.
Acá no llegaron a sacar el diario oficial, pero imprimieron una tónica oficialista y
cultural a los medios estatales”. En cientos de páginas Zunino cuenta: que “los K”
editan todo, hasta las cifras de inflación del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y
Censos). Que hubo periodistas expulsados de medios públicos y privados por pensar
diferente a “los K”. Que Clarín y “los K” tuvieron, entre 2003 y 2008, una relación
muy amistosa, y que ese intercambio de favores se repitió con otros empresarios.
Que “los K” leyeron bien la situación de los medios. En 2001 y 2002 la tirada de
los diarios cayó el 50%, las deudas en dólares, la salida de la convertibilidad y la
crisis económica general pusieron a muchas empresas periodísticas al borde de la
quiebra. Que “los K” buscaron seducirlas, comprarlas con medidas administrativas o
pauta oficial. Que “los K” quisieron comprar Clarín (la familia Kirchner lo niega). Que
Telefónica y Telecom fueron grandes aliados del gobierno.
“La telefonía es el sector de las comunicaciones que más creció. En el 2000
las telefónicas, en su mayoría de capitales extranjeros, cambiaron la estrategia. Se
plantearon desde afuera de los medios. Apostaron a una buena relación con el
gobierno, porque administran redes públicas –explica Zunino–. Hoy el principal
negocio no es la usina sino la distribución electrónica del cable”.

274]
¿Qué opina de que las telefónicas no estén incluidas en esta ley?
Aldejarlasafuera,elgobiernoalejóalagentedelaccesoaserviciosdecomunicación.
Esto deschavó a los Kirchner: no piensan en la comunidad. Buscan poder. Desnudaron
a Clarín como un malo, apoyados por asociaciones civiles periféricas. Reivindicaron
el derecho de los postergados a tener sus medios. No es una lógica real, la mayoría
de los medios dan pérdida, y es falso que no exista pluralidad de voces. “Los K”
manipulan a la opinión pública con el verso de que los wichís (pueblo originario)
tengan su radio, opina Zunino.
Pluralismo y derechos
La hipotética radio de los wichís refiere al artículo de la nueva ley que reserva
un tercio del espectro radioeléctrico para medios de comunicación gestionados por
entidades sin fines de lucro. Esta idea era uno de los “Veintiún puntos básicos para
el derecho a la comunicación” que la Coalición para una Radiodifusión Democrática
presentó a la presidenta en 2008. A Guillermo Mastrini le parece de lo más innovador,
pero también básico: que el Estado cumpla con su tarea de “garantizar el acceso
de la población y la diversidad de producción. No sólo reconoce la capacidad de
otros de estar, sino que les asegura estar. Si no se complementa con políticas activas
promoción cultural, va a ser un buen decálogo pero no va tener efecto. Hay tendencias
económicas que restringen el funcionamiento de la diversidad”, expresa Mastrini.
Desde su óptica, Libertad de Expresión es un concepto vetusto, que debería ser
reemplazado por Derecho a la Comunicación”. “El Estado debe garantizar capacidad
comunicativa: los medios para expresar las ideas, individual o colectivamente”.
¿Hay pluralidad de voces? Jorge Muracciole, sociólogo, del área gremial de la
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) cree que no. “Hay
muchos diarios y canales, pero no están representados todos los sectores. Muy pocos
pueden sostener un medio, incluso en gráfica, donde el insumo lo vende a altos
precios Papel Prensa. Los medios tienen que democratizarse. La comunicación es un
derecho humano”. En Suecia, recuerda, una ley garantiza que cualquier colectivo
publique su periódico. Así financió a exiliados el periódico que distribuían por Europa
en castellano. “Hay cuestiones del bien común que no dan dinero. La nueva ley es
sólo una parte de lo que hay que hacer: garantizar la voz de todos”, dice Muracciole.
Por estos días está en el corazón de otro conflicto. “En los medios del Grupo Clarín se
está discutiendo la libertad de conciencia. Hay muchos trabajadores que no piensan
como el grupo y no tienen por qué defender la posición del medio”.
ARGENTINA

[275
]
Medios públicos
La historia de Canal Siete, la Televisión Pública, está cosida a la historia del poder.
Su primera transmisión fue un 17 de octubre de 1951 desde Plaza de Mayo. Mostró
a una Evita piel y huesos, de trajecito negro, pronunciando su discurso póstumo. El
edificio donde todavía funciona se inauguró en 1978, cuando la dictadura militar inició
las transmisiones color de la Copa Mundial de Fútbol, con objetivos nada deportivos
como desviar los ojos de sus crímenes de lesa humanidad. Pasaron por allí decenas
de gestiones vinculadas al poder de turno. Atravesó mejores y peores momentos (casi
siempre peores). Hoy está en manos de gente con méritos, experiencia y trayectoria,
como Tristán Bauer, que presidió el Sistema de Medios Públicos después de una
gestión aplaudida en Canal Encuentro20
. Pegada a la oficina de Bauer está la de Martín
Bonavetti, Director Ejecutivo de Canal Siete. Bauer y Bonavetti van y vienen por los
pasillos, entusiasmados con la instalación del primer transmisor de TV Digital Terrestre
para la televisión pública21
.
En la oficina de Bonavetti hay un plasma gigante sintonizado en el Canal Siete. Los
ojos del directivo buscan por instinto esa pantalla, mientras dice: “el Estado aparece
otra vez como sujeto importante de la vida del país. El hecho de que no se haya
legislado sobre medios dio como resultado una deformación el desarrollo de los
contenidos y de la propiedad de los medios. Al querer recuperar ese rol, aparece lo
violento del debate”.
Habían pasado pocos días de la aprobación de la ley de medios, cuando en el
plasma de esta oficina y en cualquier televisor clavado en Canal Siete, se vio un
material polémico, difundido en el programa “Seis-siete-ocho” (que simpatiza sin
ocultarlo con el gobierno). Un video anónimo grabado con una cámara oculta acusaba
a un periodista del diario La Nación de recibir sobornos para escribir notas contra la
petrolera Repsol-YPF.
En aquel momento Martín Becerra envió una carta a Canal Siete y publicó
columnas de opinión. Habló de una práctica aberrante para un canal público: pasar
un video anónimo y no dar la palabra al acusado. “La reflexión sobre periodistas
empresarios hay que hacerla, pero no es el método. Decir que otros canales pasan
videos similares es desconocer lo que es un canal público. Como ciudadano, no hay
20
Canal Encuentro es el primer canal de televisión del Ministerio de Educación
de Argentina. Funciona en el marco de Educ.ar Sociedad del Estado. Fue creado
en mayo de 2005, a través del Decreto N.° 533/05. Comenzó su transmisión el 5
de marzo de 2007 y se distribuye por televisión por cable.
21
Canal Siete realizaría las primeras transmisiones oficiales de televisión digital
para la Copa Mundial de Sudáfrica. Con la televisión digital llegan nuevos negocios y
señales de televisión en manos del estado: un canal infantil, un canal de cine, otro
de noticias. También está en marcha la transmisión satelital.

276]
vías de discusión sobre estos temas, ni sobre la política de tercerización de Canal
Siete y Canal Encuentro. ¿Cómo llegan las productoras que aportan la programación?
El acceso no es igual para todos. Ni siquiera podemos participar del cuestionamiento
de un video. A Canal Siete lo gestiona un grupo con sensibilidad artística, capacidad
de gestión y la pantalla es muy buena. Pero no es un medio público”.
Muchas voces coinciden con Becerra: los medios administrados por el Estado aun
tienen una lógica de operación gubernamental. “En Latinoamérica no hay un solo
medio público. Incluso en Chile, con un directorio definido por el parlamento para
Televisión Nacional, está en manos del sistema político. La sociedad civil no participa.
No debe rendir cuentas a nadie. En la Argentina, con la nueva ley eso va a cambiar un
poco,”. Con la creación de Radio y Televisión Argentina, se conformó un directorio
cuya integración22
garantiza presencia de minorías parlamentarias. Pero la diversidad
es limitada: representarán a diferentes partidos, pero todos fueron y serán designados
en el ámbito político.
En pleno debate por la ley, Pablo Sirvén, editor de Espectáculos de La Nación,
escribió la columna “¿Canal 7 es tv pública o propaladora oficial?”, criticando la
cobertura y reconociendo méritos al canal: “es la emisora con mayor diversidad
temática”, “tiene la mejor programación fílmica”, “muestra paisajes, oficios y personas
de todo el país que no suelen verse en otras pantallas”. “¿No debería cubrir los
temas con la amplitud para abarcar todas las voces y no sólo las del oficialismo?” se
preguntaba Sirvén.
“Trabajamos el slogan de ‘Televisión Pública’ básicamente desde los contenidos.
Están orientados a la formación del ciudadano, no del cliente. Que la sociedad reflexione
sobre el valor de un medio de comunicación a través de la televisión es un gran ejercicio
de la política. Pero un medio público no se construye en un año. Está dado el primer
paso: se ha legislado, ahora es responsabilidad nuestra”, dice Bonavatti.
¿Por qué un canal público emite un video anónimo con cámara
oculta?
Fue una decisión de la producción del programa. ¿Es muchas veces afín al gobierno?
Sí. Pero está en manos de una de las productoras que mejor trabaja el archivo. Como
productor no sé si lo hubiera pasado. El canal público no necesita esos instrumentos.
22
Siete miembros: el presidente y uno de los directores son designados por el
Poder Ejecutivos, tres directores se eligen a propuesta de la Comisión Bicameral
de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera
minoría, uno por la segunda minoría y otro por la tercera minoría de los bloques
parlamentarios. Dos directores son elegidos a propuesta del Consejo Federal de
Comunicación Audiovisual.
ARGENTINA

[277
]
Pero se da en el contexto de un programa muy provocativo, genera tantas adhesiones
como críticas. El día que se levanta por el fútbol, también recibimos un montón de
mails criticándonos, cuenta Bonavetti.
Las mujeres se quejan: ahora hay mucho fútbol en la televisión abierta. Desde
que en agosto de 2009 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rescindió el contrato
que tenía con Televisión Satelital Codificada (sociedad del Grupo Clarín y TyC Sports)
por los derechos de transmisión de partidos de primera división23
. Sólo se emitían
por televisión por cable y además codificada. Hasta que el presidente de la AFA,
Julio Grondona y la presidenta anunciaron “Fútbol para Todos”: la posibilidad de
verlos por televisión abierta y gratuita, por un contrato entre la Jefatura de Gabinete
y a AFA. El gobierno es hasta 2020 el explotador y comercializador de esos derechos
exclusivos, a cambio de 600 millones de pesos. El día del anuncio Diego Maradona
acompañó a los portadores de la buena nueva y regaló a la presidenta una camiseta
de la selección nacional que en la espalda decía “Cristina”.
Pauta oficial y acceso a la información
¿Para qué sirve la pauta oficial? “Su fin es dar a conocer información relevante
para el ciudadano. En la Argentina se desvirtuó. Se usa para financiar causas: fútbol,
medios, periodistas amigos. No es casual que una partida sin regulación crezca como
creció”, dice María O´Donnell. Durante más de dos años la periodista escribió varios
pedidos de acceso a la información pública y armó una base de datos con planillas de
la organización Poder Ciudadano sobre el reparto de la publicidad oficial. Los datos y
las conclusiones están en su libro Propaganda K. “En el primer año de gestión Néstor
Kirchner destinó 64 millones de pesos a publicidad oficial. En 2009 se estimó que ese
gasto en 1000 millones de pesos”, dice O´Donnell.
La pauta oficial no fue un tema del que se ocupara la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. Tampoco el acceso a la información. En enero de 2010,
en el Congreso duermen diez proyectos que proponen regular la publicidad estatal y
una docena acerca del derecho a acceder a datos del gobierno. En 2009 Argentina no
está entre los once países de América Latina24
que regularon el acceso a la información
pública, aunque en 2003 Néstor Kirchner firmó un decreto25
que la reglamentaba
en el Ejecutivo. Es una de las áreas más cuestionadas del gobierno en lo que atañe
23
El contrato se firmó en 1984 y se extendía hasta 2014.
24
Chile, Colombia, México, Perú, Panamá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago,
Ecuador, República Dominicana y Antigua y Barbuda.
25
El decreto 1172/2003, Acceso a la Información Pública habilita a cualquier
ciudadano a reclamar y obtener información del Estado.

278]
a documentación pública, y también porque tanto Néstor Kirchner como Cristina
Fernández casi no dan entrevistas. Cambiaron las conferencias de prensa por un estilo
de comunicación focalizada en actos de obras públicas, donde buscan dirigirse a la
gente sin intermediación del periodismo. En octubre de 2009 ocho organizaciones
no gubernamentales26
alertaron en un comunicado sobre el retroceso en información
pública, entre otros motivos, por la baja de la web www.mejordemocracia.gov.ar, que
facilitaba el ejercicio y ya volvió a funcionar. “En el gobierno no contestan pedidos
de información. Yo hoy no podría hacer un libro como el que hice, no tendría acceso
a los datos” decía María O´Donnell por los mismos días en que la funcionaria que
custodiaba el cumplimiento del decreto, Marta Oyhanarte, dejaba su puesto.
Para O´Donnell, autora de El Aparato, los intendentes del conurbano y las cajas
negras de la política, el condicionamiento de la pauta oficial “se agrava en provincias
y municipios, donde muchas veces los políticos son dueños de medios y hay menos
fuentes alternativas de financiamiento. En San Luis hay una cláusula por la cual un
porcentaje de la obra pública va a publicidad oficial y el único medio que existe es el
diario La República, de la familia del gobernador Rodríguez Saá. Que, a su vez, maneja
la televisión. Desvincular a la política de la propiedad de los medios es fundamental.
¿Cómo analiza esta relación en el conurbano27
?
En el conurbano bonaerense es muy difícil que exista un medio independiente.
La pauta se direcciona a medios promocionales de los municipios. La colocación de
publicidad oficial en la web, supuesta vía de democratización, se convierte en formas
de sobornar a los periodistas municipales.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), del cual O´Donnell es miembro, realiza
monitoreos sobre la Libertad de Expresión. Llega siempre a la misma conclusión: en
el interior del país los periodistas sufren mayores presiones y de todo tipo.
Martín Caparrós anduvo por las rutas argentinas más allá de la provincia de Buenos
Aires.
En el periplo escribió El Interior y estuvo ahí, en las esquinas, bares, calles donde se
vive lo que mañana será historia. “La paradoja menemista durante los 90, so pretexto
de achicar el Estado, fue incrementar la dependencia del Estado de buena parte de la
26
Asociación por los Derechos Civiles, Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia, Poder Ciudadano, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación
Mujeres en Igualdad, Periodismo Social y accesolibre.org.
27
Se denomina conurbano bonaerense al sector conformado por los 24 partidos que
rodean a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARGENTINA

[279
]
sociedad. Es curioso, se hizo en nombre del liberalismo. En las provincias argentinas
el 40 ó 50% de la población vive del empleo público. No ocurría cuando había
fuentes productivas. Los medios no fueron ajenos”.
El conflicto entre un diario y la pauta de un gobierno provincial marcó un hito. En
septiembre de 2007 la Corte Suprema determinó que el gobierno de la provincia de
Neuquén había violado el derecho a la libre expresión del diario Río Negro al retirarle
la pauta publicitaria, en represalia por sus críticas. Lo consideró censura indirecta.
El dictamen tomó las recomendaciones de la Asociación por los Derechos Civiles
(ADC) en el informe Una Censura Sutil. Fue la primera vez que un Tribunal Superior
de América Latina decidió que los medios tienen derechos ante la asignación de
pauta oficial. “Es una práctica enquistada. Atraviesa jurisdicciones, habilita actos
de corrupción y condiciona. Es un doble juego, no sólo del gobierno, también de
los medios, que extorsionan con un manejo selectivo de noticias —dice Eleonora
Rabinovich, directora del Área de Libertad de Expresión de ADC—. En Argentina
vemos muchas radios que no tienen una programación estable y periodistas en
blanco, lotean espacios con contratos publicitarios. El Estado tiene que tener un rol
activo para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y diversidad de voces”.
La provincia de Tierra del Fuego quiso ser pionera. En febrero de 2007 la
gobernadora Fabiana Ríos firmó un decreto para regular la pauta de organismos
provinciales. Su puesta en marcha se retrasó y enfrentó la oposición “especialmente
de los dueños de los medios de comunicación”28
.
Editorial Perfil demandó al gobierno nacional por excluir de la pauta oficial a la
revista Noticias y al periódico Perfil. En febrero de 2009, un dictamen ordenó al Poder
Ejecutivo que la incluyera. Perfil volvió a recibir publicidad oficial, pero el fallo fue
apelado y está en la Corte. Dice Gustavo López: “Yo no defino la política comunicacional
del gobierno pero estoy de acuerdo en la necesidad de regular la publicidad oficial y el
acceso a la información. Son temas importantes, no los más graves”.
En los últimos años el dinero gastado por el Estado nacional en publicidad oficial
pasó de ser el 0,04% del presupuesto de la Administración Nacional en 2001 al
0,25% en 200829
, “superando el monto destinado a Cultura”, dice Adriana Amado
Suárez, profesora de la Universidad Nacional de La Matanza. Según datos de Poder
Ciudadano, desde 2002 el gasto del Poder Ejecutivo en publicidad se duplicó
año tras año y casi se triplicó en 2004. En el primer semestre de 2009, el gasto en
28
El precio del silencio, ADC, p. 105.
29
Los datos citados son del Observatorio de Industrias Creativas del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

280]
publicidad oficial se incrementó en un 243% en relación a 2008. Amado Suárez lee
estos números a la luz de otras variantes. “Existe un gran incremento de los gastos
nacionales y provinciales en publicidad oficial. Pero la política nunca estuvo menos
legitimada. Hay un estado de crispación de las voces que circulan en el espacio
público. Los gobiernos ¿están usando las estrategias de comunicación adecuadas?
Quizás no pase por gastar plata en comunicación mediática sino en tener un vínculo
más respetuoso con los periodistas. Frente a esta hipermediatización de la política,
la gente está desenganchada: las investigaciones hablan de muy baja participación
ciudadana”, señala Amado Suárez, directora de la licenciatura en Comunicación de
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).
¿Periodismo de calidad?
EnsusinvestigacionesAmadoSuárezobservólasprácticasdelotroladodelescritorio.
Y encontró que pocos medios pasarían un control de calidad de la información.
“Buena parte tiene a sus colaboradores en distintos grados de precarización laboral,
la mayoría tiene una deuda con el Estado por aportes previsionales e impositivos.
Justificándose en los apremios financieros, han institucionalizado prácticas contrarias
al periodismo de calidad (pagar por la publicación de información, priorizar
información de sus anunciantes, no publicar lo que podría comprometerlos). El poder
ha sido partícipe necesario de estos crímenes en la medida en que alentó muchas de
estas circunstancias. Con el agravante de que ante los ojos de la sociedad el poder
político está más débil que los medios al momento de hacer regir la normativa30
”.
Al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) lo integran 270 periodistas. FOPEA
participó de los debates por la ley de medios. Uno de sus integrantes, Néstor
Esclauzero, enuncia una realidad: “no hay debate en profundidad sobre los medios
de comunicación. En general estamos de acuerdo con el cambio de ley, y con que
el Estado debe ser independiente del poder político. Pedimos que se contemplen
aspectos de la profesión y también que cada medio tenga la figura del ‘defensor’.
Resaltamos la importancia del desarrollo local de contenidos. Pero creemos que no
fuimos escuchados por la mayoría de los legisladores, sino por un grupo”. En 2007
FOPEA organizó un Congreso Nacional e Internacional sobre calidad periodística.
Se habló de cómo impactaron las tecnologías en la profesión. De cuánto cambiaron
las empresas periodísticas. De la relación entre ellas y la búsqueda de calidad. De
30
“La prensas de la prensa. Poder y periodismo en la Argentina 2009”, Adriana
Amado Suárez.
ARGENTINA

[281
]
noticias y negocios. De cómo en los últimos años la mayoría de las más rimbombantes
investigaciones periodísticas de denuncia fueron producto de filtraciones políticas
intencionadas. Del manejo discrecional de la información pública, cultivado por los
propios periodistas. Se habló también del Premio de la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano en radio, que por esos días ganó una investigación de FM La Tribu,
una radio comunitaria de baja potencia. Todo un indicador de por dónde circula la
calidad periodística.
Los medios comunitarios
En el bar de la entrada de FM La Tribu 88.7, Ernesto Lamas –uno de sus fundadores–
espera a Manu Chao, que el día anterior celebró con un concierto multitudinario los
20 años de proyecto colectivo y barrial.
–¿No es irónico?– pregunta Lamas. FM La Tribu aún opera con un permiso
precario provisorio. Propone: imaginemos que aquellos fundadores, estudiantes de
comunicación, esperaban que el parlamento aprobara una ley de medios. Imaginemos
que esos jóvenes hubiesen priorizado atender a una ley decretada por dictadores y no
hacer caso a las múltiples declaraciones universales que plantean a la comunicación
como un derecho humano.
Por FM La Tribu pasaron personajes de diferentes colores, tintes y timbres.
Periodistas, vecinos, artistas, inmigrantes, campesinos. Con el sello de esta radio se
editaron 7 libros, 10 discos compactos, se alentó la inserción en redes nacionales
e internacionales de medios alternativos. Hoy tiene 30 trabajadores asalariados y
200 voluntarios. “La Tribu existe porque esos jóvenes ejercieron su derecho a la
comunicación consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”,
dice Lamas, coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
“Se debatió sobre la naturaleza de los medios en tanto empresas con objetivos políticos,
económicos y comunicacionales. Se corrió el velo que muchas empresas colocaron
sobre su dimensión político/cultural, para tapar subjetividades y posicionamientos
interesados. El modelo de medios deseados es también un modelo de país. Ahora
hay mejores condiciones para que la relación entre Estado y Medios sea con reglas
democráticas”. Empieza lo más difícil: “el desafío será que no se permitan testaferros y
que la desinversión de los multimedios se haga efectiva, que los medios comunitarios
logren aprovechar la reserva de espectro que se ha logrado, que no se permita el
disfraz de “sin fines de lucro” a organizaciones dudosas”.

282] ARGENTINA
La cobertura
Pocas veces quedó tan claro: los medios construyen noticias. ¿La cobertura fue
equilibrada? No. Los medios fueron máquinas frenéticas de generar sentido. Su
agenda temática señala por encima de todo al enemigo, busca el rating y, por descarte,
el morbo. A veces combina dos en uno: la inseguridad y el hambre aparecen y se
desvanecen con liviandad. En el debate de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, los canales América y Todo Noticias, utilizaban zócalos y videographs
que decían “la ley mordaza” o “la ley de medios K”. Los conductores editorializaban
con chistes malos. Los medios públicos no invitaron a senadores de la oposición. “La
cobertura fue uno de los mejores elementos para justificar por qué había que aprobar
la ley. El diario La Nación fue mucho más diverso que Clarín, lo que decía éste diario
se reflejaba en la radio, la tele, el cable. Hubo sectores negados sistemáticamente: los
que estaban a favor”, dice Mastrini.
Según Amado Suárez, los medios tardaron en plantear los intereses en juego. “Fue
un debate entre correligionarios, de consignas y slogans. Del lado del gobierno era “la
liberación por medios comunitarios”. Del otro, “la ley de control de los K”. Los medios
privados no ofrecieron opiniones alternativas”. Caparrós dice que la cobertura fue
didáctica: “por fin los medios dejaron de lado esa gastada careta de la objetividad, e
incluso cualquier maquillaje de neutralidad, y se pintaron la cara para ir a la guerra.
Fue muy educativo, al hacer de forma tan extrema lo que suelen hacer de forma tan
delicada, pusieron en evidencia sus intereses”.
“Los grandes medios son el gran antagonista del gobierno, más que la oposición
política. Hay una retórica de enfrentamiento y sin embargo, son muy beneficiarios de
las acciones del gobierno”, advierte Becerra. “Esto marca lo difícil que es regular la
comunicación al punto que ha llevado a los medios a encabezar la ofensiva opositora”,
agrega Mastrini.
La madrugada en que se votó la ley, la senadora María Eugenia Estenssoro31
, llevaba
15 horas sentada en su banca. Defendió la idea de que la ley no era necesaria si se
hubieran cumplido otras (como la ley antimonopolios) y votó en contra. “El gobierno
confunde gobierno y Estado. Néstor Kirchner deslegitimó el rol de los medios al
cancelar las conferencias de prensa. A los gobiernos autoritarios les molesta el rol del
periodismo, lo devalúan. Dicen ‘No necesitamos intermediarios para hablar con la
gente’. El siguiente paso es decir que los medios tienen intereses económicos y no
son confiables”.
31
Senadora del bloque Alianza Coalición Cívica, opositor al partido gobernante.

[283
]
¿Hay que defender a los medios del Estado o al Estado de los medios? “Es un debate
de las sociedades modernas. En Argentina tenemos un Estado cooptado por organismos
del gobierno y grandes conglomerados que pueden tener más poder que el gobierno. Sin
leyes antimonopólicas, crecen al amparo del poder. La multiplicación de multimedios
con intereses cruzados pone en riesgo la libertad de prensa”, considera Estenssoro.
En la Cámara de Diputados, Eduardo Macaluse32
, apretó el botón a favor. “Esta ley
rompe la oscuridad de una relación opaca entre medios y Estado. Durante años hubo
acuerdos de los que nos enteramos tarde. El gobierno y los medios están desmadrados
en su vínculo. Deberían recuperar el sentido común. El problema del mundo es cómo
hacer si existe concentración para que la política no quede subsumida en un supra-
poder. Berlusconi en Italia, Piñera en Chile, y muchos intentan este camino: no es el
poder que gobierna detrás del trono, quieren asumir el trono”.
Propone un ejercicio Amado Suárez: revisar las teorías de la comunicación. “Los
presidentes de América Latina están fascinados por la lógica de los medios. En sociedades
hipermediatizadas, las organizaciones de la sociedad civil consolidaron un espacio muy
fuerte por fuera de los medios, pero apenas aparecen en un 5% como fuentes”.
¿Qué pasó con los efectos superpoderosos de los medios?
El efecto es cada vez más bajo. Los medios se consolidaron como vehículo de
consumo y entretenimiento. En eso son muy poderosos. Para la política no tienen esa
llegada –comenta Amado Suárez–. Ella no tiene dudas: la agenda de los medios es la
agenda del poder. Los medios no se ocupan de los intereses de la mayoría sino de los
temas que incumben a quienes pueden consumirlos. “Esta elite superinformada es
la menos permeable a la información. La gran mayoría de la población no utiliza los
diarios y revistas que le preocupan al poder para informarse de política”.
Dos países virtuales. El país dorado de los gobernantes y el país devastado de la
oposición mediática. Un clásico de la argentinidad: grandes disputas dicotómicas,
endogámicas. Mucho ruido. En el medio, los periodistas precarizados como tantos
trabajadores. La baja calidad periodística. Los ciudadanos alejados del sueño digital,
más preocupados por cómo van a conseguir algo para comer al día siguiente que
por conectarse a las nuevas tecnologías. Es raro que las voces crispadas no sean las
de ellos. Viene lo más difícil: que la ley que se aprobó siguiendo todos los pasos
parlamentarios se cumpla. Pero los sectores más afectados recurrieron a la Justicia
para pedir su suspensión y derogación. Todo o nada.
32
Diputado del bloque Solidaridad e Igualdad, muchas veces opositor al partido
gobernante.

284] ARGENTINA
Es probable que los motivos por los cuales tantos ciudadanos deseamos una ley
de medios democrática no sean exactamente los mismos que llevaron a los Kirchner
a impulsarla con tanta determinación. Los gobernantes pasan y las leyes quedan, y
muchos medios se burlaron no sólo de los gobernantes sino de todos los ciudadanos
que apoyamos la ley. No es la ideal pero es un enorme avance de cara a uno de los
rasgos más primitivos y futuristas del ser humano: el derecho a comunicarse. Una guía
con nuevas orientaciones en la noche mediática.
Relación Medios y Estado en Argentina
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nro. 26522) aprobada en 2009 promete correr
un velo: el de la relación oscura entre el gobierno y los medios de comunicación. Durante años
negociaron normativas y favores en función de intereses económicos. Eso derivó en una estructura
de propiedad de medios monopólica, concentrada, centralizada en Buenos Aires y de alto impacto
sobre la calidad del periodismo.
La nueva legislación pone límites a la cantidad de licencias con vistas a desconcentrar el mercado, exige
cuotas de producción propia y reserva un tercio del espectro radioeléctrico para las organizaciones sin
fines de lucro. No permite a las empresas de telecomunicaciones la posibilidad de brindar servicios
de Triple Play (internet, telefonía, televisión por cable).
En el 2009 el debate sobre esta ley acaparó la atención de diarios, radios y canales de televisión,
polarizando las posiciones. De un lado el gobierno y del otro, los dueños de los medios, que
utilizaron todos los recursos a su alcance para expresar sus posiciones dicotómicas. Los medios se
convirtieron en el principal partido de oposición y manipularon la información en función de sus
intereses económicos.
En la Argentina la radio y la televisión pública tienen contenidos más diversos y pluralistas que en el
pasado, pero continúan con su lógica de operación gubernamental.
La calidad periodística está en crisis. La agenda es de contenidos centralistas y hay exceso de fuentes
intencionadas políticamente a favor y en contra.
El gobierno controla la esfera pública vía acceso a la información pública y la distribución de la pauta
oficial.
El exceso de gasto en propaganda y la profesionalización del sistema comunicativo del gobierno no
han producido la buena imagen esperada para el gobierno.

[285
]
Referencias
AMADO SUÁREZ, ADRIANA “La prensas de la prensa. Poder y periodismo en la Argentina 2009”.
ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC) Y OPEN SOCIETY.
INSTITUTE, (2008), “El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura
indirecta en América Latina”, Buenos Aires y New York.
ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC) Y OPEN SOCIETY INSTITUTE, (2005), “Una
censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en la Argentina”,
Buenos Aires.
ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC) (2008), “Periodismo por el acceso a la información
pública, dossier de casos”, Buenos Aires.
ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES (ADC) INSTITUTE, (2008), “La publicidad oficial del
Poder Ejecutivo Nacional durante 2007”, Buenos Aires.
BAUMGRATZ, MONICA (2008) “Memoria del Monitoreo de Libertad de Expresión 2006-2008”, Foro
de Periodismo Argentino (FOPEA), Buenos Aires.
BECERRA, MARTIN y GUILLERMO MASTRINI (2009), Los dueños de la palabra, Una investigación del
Instituto de Prensa y Sociedad, Prometeo, Buenos Aires.
BECERRA, MARTIN y GUILLERMO MASTRINI (2006), Periodistas y Magnates: estructura y concentración
de las industrias culturales en América Latina, Prometeo, Buenos Aires.
FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA) (2007), “Estándares profesionales e indicadores de
calidad periodística: II Congreso Nacional e Internacional del Foro de Periodismo Argentino”.
O´DONNELL, MARIA (2007), Propaganda K, Planeta, Buenos Aires.
ZUNINO, EDI (2009), Patria o Medios, Sudamericana, Buenos Aires.
Otros recursos consultados
Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
http://www.afsca.gob.ar/
Cátedra/a
http://www.catedraa.com.ar/
Cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación (UBA)
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/
Comisión Nacional de Comunicaciones
http://www.cnc.gov.ar/
Foro Periodismo Argentino
http://www.fopea.org/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “Observatorio de Industrias Creativas”.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/industrias/observatorio/estadisticas.php
Grupo Ibope (medición de audiencias)
http://www.ibope.com.ar/

286]
Instituto Verificador de Circulaciones (medición de tiradas de medios gráficos)
http://www.ivc.org.ar/
Quipu: Políticas y Tecnologías de Comunicación (UNQ)
http://mbecerra.blog.unq.edu.ar
Listado de personas entrevistadas
Eduardo Aliverti. Periodista, locutor, profesor universitario, conduce desde hace 12 años el programa
Marca de Radio. En 1997 creó la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), de la que es
director y docente. Es autor de cuatro libros de la serie El Archivo de la Década, que condensan notas
de investigación y opinión radiofónicas, por las que fue distinguido en todo el mundo. Es columnista
del diario Página/12 desde su fundación; y realizador de cine y video documental.
Adriana Amado Suárez. Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza, y
docente de posgrado en universidades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Realizó una maestría
en Comunicación Institucional y un doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Columnista en medios gráficos y radio, es consultora en comunicación pública. Dirige
una web de intercambio académico (www.catedraa.com.ar) y un observatorio de medios (www.
alosmedios.com.ar). Publicó varios libros, entre ellos El periodismo urgente (Libros del Rojas, 2005),
Periodismo de calidad: debates y desafíos (FOPEA, La Crujía, 2007).
Martín Becerra. Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de
Barcelona, es investigador de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas),
profesor de posgrado en universidades nacionales y en la Universidad Diego Portales (Chile). Dirige la
maestría en Industrias Culturales de la UNQ. Entre otras publicaciones, es coautor con de los libros Los
dueños de la palabra (Prometeo, 2009); Los monopolios de la verdad (Prometeo, 2009) y Periodistas y
magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina (Prometeo, 2006),
con Guillermo Mastrini.
Martín Bonavetti. Productor de televisión, director ejecutivo de Canal Siete, la Televisión Pública,
anteriormente estuvo a cargo de la gerencia artística de la emisora y de la de programación.
Martín Caparrós. Escritor y periodista, licenciado en Historia, trabajó en prensa, radio y televisión.
En Argentina dirigió El Porteño, Babel, Página/30, Cuisine & Vins. Ha publicado más de veinte libros:
de crónica (Larga distancia, La guerra moderna, El interior, entre otras), novelas (por Valfierno ganó el
Premio Planeta 2004), ensayos y traducciones. Ha recibido, entre tantas distinciones, el Premio de
Periodismo Rey de España por sus crónicas de viajes, y la beca Guggenheim. Es autor de historias de
jóvenes de todo el mundo para publicaciones del Fondo de Población para las Naciones Unidas, y
columnista del diario Crítica de la Argentina.
María Eugenia Estensoro. Emprendedora social, periodista y senadora de la Nación (2007/2013)
electa por la Coalición Cívica. Estudió Literatura Inglesa y Francesa en Smith College, Massachussetts,
ARGENTINA

[287
]
y Ciencias Políticas en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Hizo un posgrado en Harvard y una
maestría en Periodismo en Columbia. Trabajó como periodista para publicaciones de Argentina y
Estados Unidos. Creó y dirige la Fundación Equidad, que promueve la inclusión social y educativa
utilizando las nuevas tecnologías de la información. En 2003 fue legisladora de la ciudad de Buenos
Aires a través de la Alianza Unión para Recrear Buenos Aires.
Ernesto Lamas. Director para América Latina de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias,
(AMARC) y profesor universitario en la carrera de Comunicación en la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Es uno de los fundadores y directivos de FM La Tribu, radio comunitaria con sede en la ciudad
de Buenos Aires, que en 2009 cumplió 20 años y dispone de un centro cultural, departamento de
capacitación, biblioteca y bar donde confluyen ciclos de diferentes disciplinas.
Gustavo López. Abogado y periodista, es subsecretario general de la Presidencia de la Nación
desde julio de 2008. Fue presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, ministro de Cultura
y subsecretario de Gestión e Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, e interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Es profesor universitario y se ha
desempeñado como columnista en diversas radios y medios gráficos.
Guillermo Mastrini. Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), donde está a cargo de las cátedras de Política y Planificación de la Comunicación
y de Economía de la Comunicación. Imparte cursos de posgrado en las universidades nacionales
de La Plata, Córdoba, UNQ y UBA. Dirige proyectos de investigación académica sobre economía
política de la comunicación. Compilador de varios libros, entre ellos Globalización y monopolios en
la comunicación en América Latina, publicó también Los dueños de la palabra, Los monopolios de la
verdad y Periodistas y Magnates, junto a Martín Becerra, como consultores del Instituto de Prensa y
Sociedad (IPyS).
Eduardo Macaluse. Diputado nacional (2007/2011) de Solidaridad e Igualdad (SI), espacio de
concertación. Profesor de Castellano y Literatura, fundó en 1986 SUTEBA (Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires). En enero del 2002 coordinó del panel de legisladores
del Foro Social Mundial en Porto Alegre sobre las luchas contra la globalización. Integra, entre otras
comisiones, la de Libertad de Expresión.
Jorge Muracciole. Sociólogo, investigador, docente de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador
del área gremial de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), columnista del
diario El Argentino y de la revista Contraeditorial.
María O´Donnell. Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y egresada del
posgrado en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, trabajó
en los diarios Página/12 y La Nación, del que fue corresponsal en los Estados Unidos. Es autora de dos
libros: Propaganda K (Planeta, 2007) donde investiga el reparto de publicidad oficial en el gobierno
de Néstor Kirchner y El aparato (Aguilar, 2005), sobre los intendentes del conurbano bonaerense. Es
columnista política y conductora en programas de radio Continental.
Fernán Saguier. Es desde 2006 el subdirector del diario La Nación, fundado en 1870 por el ex
presidente Bartolomé Mitre, de quien es descendiente. Licenciado en Psicología, fue redactor y editor

288] ARGENTINA
del Suplemento Infantil, y corresponsal en los Estados Unidos, México y Canadá. En 1995 regresó a la
Argentina y asumió la Secretaría General de Redacción. Dirige el Máster en Periodismo de La Nación
y la Universidad Torcuato Di Tella.
Eleonora Rabinovich (ADC). Abogada, estudió periodismo en TEA (Taller-Escuela-Agencia) y cuenta
con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la New York University. Participó del Media Law
Advocates Training Programme en la Universidad de Oxford y es miembro de la International Media
Lawyers Association (IMLA). En 2006 se incorporó a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
donde dirige el programa de Libertad de Expresión.
Néstor Sclauzero (FOPEA). Periodista, profesor universitario, integrante del Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA). Se desempeña en televisión (América 24) y radio Rivadavia. Fue conductor de
noticieros en Canal 26 y América 2, presentador de “UBA XXI”, programa televisivo de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) y realizó coberturas desde distintos países del mundo. Realizó estudios en
Alemania y EE.UU y recibió una Beca Avina de Investigación Periodística.
Edi Zunino. Es secretario de redacción del periódico Perfil. Ha trabajado como periodista y editor en
diferentes medios gráficos, también en radio y televisión. En 1995 recibió el Premio a la Ética Periodística
de la Universidad de Florida y en 1998 el premio ADEPA/Clarín a la Libertad de Prensa. Autor del libro
Patria o Medios (Sudamericana, 2009) cuyo eje es la relación entre los gobierno de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner y las empresas periodísticas y de telecomunicaciones.

[289
CHILE
LA SUMA DE LOS MEDIOS
(Y DE LOS MIEDOS)
En Chile, tras el golpe militar de 1973, el pluralismo en
los medios de comunicación fue herido de muerte. A más
de 20 años de la recuperación de la democracia todavía
persiste una sola prensa que, fortalecida durante los 17
años de dictadura, ha contado ahora con la complicidad
de los gobiernos de la Concertación Democrática para
impedir el nacimiento de nuevos medios de comunicación
que representen, de una u otra forma, al 50 por ciento de
los chilenos que no vota por los partidos de derecha. En
estas líneas, la forma en que se llevó a cabo este proceso,
las trabas que se imponen a los medios emergentes, la
responsabilidad de la ciudadanía y cómo la situación se
complicó a partir del 11 de marzo de 2010 con la llegada
a La Moneda de Sebastián Piñera Echenique.
Francisco Martorell Cammarella
director@elperiodista.cl
Lic. en Periodismo y Comunicaciones, Universidad Argentina John F. Kennedy. Ex colaborador del
diario Clarín de Argentina. Además de corresponsal de los diarios Uno de Mendoza y Olé de Buenos
Aires. En Chile, fue editor general de la revista Análisis; fue productor periodístico del programa
Mea Culpa de TVN. Fue guionista de la serie infantil Los Vigías del Sur. Editor general y director (s)
del diario Publimetro. En el ámbito gremial fue vicepresidente nacional del Colegio de Periodistas
de Chile (2006-2008). Docente universitario, tanto en Chile como Argentina. Ha publicado tres libros:
Impunidad diplomática (1993); El caso de Gloria Stockle (1998) y Operación cóndor: el vuelo de la
muerte (1999). Actualmente dirige la revista quincenal El Periodista.

290]
El silencio en Dictadura: de 1973 a 1988, un ataque feroz
a la libertad de expresión.
El 11 de septiembre de 1973, apenas producido el golpe militar, el nuevo Estado
autoritario que dirigió el general Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990) decidió qué
medios seguirían y cuáles serían silenciados.
En pocas horas, no sólo fueron bombardeadas las antenas de las radios que
adherían al gobierno que estaba siendo depuesto y que encabezaba el presidente
Salvador Allende Gossens (1970-1973) sino que patrullas militares desalojaron por la
fuerza las redacciones de los medios partidarios al régimen socialista e impusieron una
censura total en los canales de TV chilenos, hasta entonces universitarios o estatales.
Chile entero, no sabía entonces que recuperaría antes la democracia –un 11 de
marzo de 1990– que el pluralismo en la prensa.
Ya en dictadura, el Estado se encargó de dejar que irrumpieran aquellos medios
opositores que no significaban un peligro masivo, como las revistas Análisis, Apsi,
Cauce, Hoy y Fortín, guardándose para sí el control absoluto de la mayoría del espacio
radial y televisivo. Los diarios, férreamente controlados y adherentes en su mayoría
del régimen imperante, se prestaron para campañas de propaganda o montajes
periodísticos que hoy han sido descubiertos y condenados por la ciudadanía.
No es materia de artículo, pero el Colegio de Periodistas de Chile sancionó a
periodistas y directores de medios que se prestaron para montajes de las represivas
Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones
para hacer creer a la ciudadanía que los fusilamientos eran “enfrentamientos” y que
las personas cuyos familiares habían denunciado como detenidos y desaparecidos
no existían, habían pasado a la clandestinidad o se estaban matando entre ellos
en Argentina1
.
El secuestro de periodistas, la detención y hasta el asesinato (José Carrasco Tapia
fue secuestrado y asesinado de 13 balazos en hora de toque de queda en 19862
) fue
la tónica del periodo 1973-1990.
Para muestra un botón: en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP) de noviembre de 1987, el director del diario La Época, Emilio Phillipi, vinculado
a la Democracia Cristina, sostuvo que “en Chile no existe libertad de prensa. A la
ya abundante legislación restrictiva, 34 leyes coaccionan la libertad de prensa, se
ha sumado ahora la promulgación de una nueva ley, que establece la censura a
1
www.colegiodeperiodistas.cl
2
El Periodista José Carrasco Tapia, asesinado en septiembre de 1986, tras el fallido
atentado contra el dictador Augusto Pinochet, era editor internacional de la revista
Análisis y consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile. Investigaciones
judiciales determinaron que su homicidio fue obra de agentes del Estado de Chile.
CHILE

[291
]
determinadas informaciones y opiniones. Se ha anunciado oficialmente, además, la
promulgación de otra ley de prensa que se teme tenga adicionales y graves restricciones
al ejercicio del Periodismo”3
.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos registró el año que asesinaron a
Carrasco otras 19 amenazas de muerte, 11 detenciones y 12 procesamientos contra
profesionales de la prensa. Además se produjeron 2 allanamientos a medios de
comunicación, 15 clausuras o suspensiones y 12 requisiciones de ejemplares4
.
¡Quema la radio! Pero no la nuestra: 1988-1990… El régi-
men militar prepara su retirada y se asegura una prensa
afín robusta
Conscientes de la importancia de los medios, especialmente la prensa diaria y
la TV, próximo a su retiro, obligado luego de un plebiscito en que el dictador fue
rechazado por la ciudadanía (octubre de 1988), el régimen militar ordenó las finanzas
de los diarios que adhirieron a su quehacer, permitió el funcionamiento de la TV
privada y se aseguró la autonomía del único canal estatal.
Un día antes de dejar el Palacio La Moneda, casa de los mandatarios de Chile,
el presidente del Banco del Estado, Álvaro Bardón5
, se encargó de potenciar a El
Mercurio y La Tercera para la función que debían cumplir en democracia.
“El proceso judicial 133.428-6 demuestra fuera de toda duda que al momento del
cambio de régimen, las empresas periodísticas El Mercurio SAP6
y Copesa7
estaban
técnicamente quebradas, que fueron favorecidas por una compleja y refinada serie
de operaciones del Banco del Estado orientadas a extinguir su deuda, y que sin ese
gran ‘perdonazo’, que tuvo severo compromiso del patrimonio público, no hubieran
logrado sobrevivir en las actuales condiciones de propiedad, ni, desde luego, emitir
sus severos anatemas contra la corrupción. De paso, queda refrendado el principio
neoliberal de que mientras las ganancias son privadas, las pérdidas son frecuentemente
endosadas al sector público”8
.
3
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/cifras.html
4
http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/represion/cifras.html
5
Presidente del Banco del Estado hasta 1990 y columnista de El Mercurio.
6
Empresa Periodística El Mercurio, propiedad de la familia Edwards, es propietaria
de los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda y más de una docena de
periódicos regionales. También posee radios.
7
Consorcio Periodístico de Chile, controla los diarios La Tercera, La Cuarta y La
Hora, así como la revista Qué Pasa y la radio FM Zero.
8
El día en que el Estado salvó de la quiebra a El Mercurio y La Tercera. Francisco
Herreros. Revista El Periodista Nº 34 Abril 14 de 2003.

292]
La cita del artículo anterior, muestra cómo el gobierno entrante quedó con sus
manos atadas y se vio obligado a seguir financiando, vía el único banco estatal, a las
dos principales cadenas de diarios, fuertemente vinculadas al régimen militar, por casi
una década.
En “Las dos caras de la libertad de expresión”, investigación realizada por el
periodista Walter Krohne, se puede leer, además, que tanto El Mercurio como La
Tercera, se beneficiaron con “los favores de la dictadura militar y, liberados de toda
competencia, se fortalecieron gracias al avisaje, la publicidad oficial y los créditos
preferentes, así como su renegociación”.
Así, el 11 de marzo de 1990, al asumir la presidencia de la República el
democratacristiano Patricio Aylwin Azocar, encabezando una coalición de 17 partidos
opositores a la dictadura, se encontró con otro impedimento más para profundizar la
democracia en Chile.
A la desigual situación de la prensa, controlada en su mayoría por los partidarios
del régimen anterior, se sumaban la existencia de senadores designados por Augusto
Pinochet9
, que le otorgaban mayoría en el Congreso a la derecha, un sistema electoral
que beneficiaba a la minoría, donde el 33 por ciento de los votos, era igual que
el 65 por ciento10
y otros enclaves autoritarios en entidades de Gobierno: Tribunal
Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, Banco Central y Poder Judicial.
Tal panorama, entonces, obligó a consensuar con los otrora partidarios de
la dictadura, ahora en el Congreso Nacional, un itinerario político que se alejó
del ideario y programa electoral de la llamada Concertación de Partidos por la
Democracia, alianza de gobierno que integraban, entre otros, los partidos Socialista
(PS), Democracia Cristina (DC), Radical (PR) y por la Democracia (PPD).
Antes de que terminara el gobierno de Aylwin (marzo de 1994), ya habían
desaparecido casi todas las revistas que encabezaron la oposición a Pinochet y el
único diario existente, La Época, estaba prácticamente quebrado.
El gobierno de Eduardo Frei, puso el acento en la infraestructura, especialmente vial
y caminera, pero no fue capaz de modificar el alambicado entramado constitucional
9
La institución de los senadores institucionales o designados se mantuvo hasta
marzo de 1998. Eran 9 y diversas entidades, Corte Suprema, Fuerzas Armadas y Poder
Ejecutivo, los elegían, produciendo una distorsión en un Senado con 38 miembros
elegidos. Los primeros 9 eran partidarios acérrimos del régimen militar.
10
El sistema binominal de mayorías, que rige desde 1989, obliga a la creación de
alianzas y los candidatos de una misma lista compiten porque la única manera de
elegir a los dos integrantes de una coalición es que doblen en votos a la que lo sigue.
De ahí que la derecha, en sucesivas elecciones y con menos del 35 por ciento de
los sufragios, prácticamente obtenía la mitad de la representación parlamentaria.
El sistema, además, dejó fuera por largos años a fuerzas como el Partido Comunista
que, obteniendo un 10 por ciento de los votos, no pudo elegir parlamentarios hasta
el 2009, cuando sus candidatos fueron en la lista de la Concertación.
CHILE

[293
]
heredado de Pinochet quien, durante la mayor parte de este sexenio, fue comandante
en Jefe del Ejército, cargo que ostentó hasta 1997.
Tampoco hubo preocupación por la libertad de expresión ni el pluralismo, incluso
un libro (El libro negro de la Justicia, de la periodista Alejandra Matus) fue prohibido por
decisión de la Corte Suprema de Justicia y requisado, situación que le significó una condena
al Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Durante el gobierno de Eduardo Frei, además, cierra definitivamente el diario
La Época y continúa fortaleciéndose la prensa de derecha que sigue recibiendo los
aportes publicitarios del Estado. Un intento del grupo Hites, (vinculado al retail y
políticamente de derecha), por crear un diario que rompa el duopolio, finaliza con la
fundación de El Metropolitano.
Un hecho fortuito, como fue la detención de Augusto Pinochet en Londres (octubre
de 1998), permite una apertura a temas de Derechos Humanos y si bien genera una
amplia polarización en el país por la medida adoptada en Europa por orden del
juez español Baltasar Garzón, genera un movimiento mediático y el nacimiento de
dos nuevos periódicos, uno satírico (The Clinic) y otro Cultural (Rocinante). Ambos,
especialmente el primero, se fortalecerán recién en el sexenio de Ricardo Lagos
(2000-2006), el primer socialista electo después de Salvador Allende (1970-1973).
Si bien su periodo se caracterizará por una apertura cultural y mayor pluralismo,
con un acento puesto en las reivindicaciones de DDHH, se diluyen en el Estado
y en el mundo privado pro-gobierno, diversas iniciativas para crear un diario
que representará a más del 50 por ciento del electorado que se inclinaba por la
Concertación en las elecciones.
En este periodo, desde el Gobierno se privilegian las radios Cooperativas y
Biobío, ambas cercanas a la Concertación, el Presidente Lagos apoya indirectamente
la aparición del diario gratuito Publimetro11
y se fortalece la edición dominical del
periódico semiestatal La Nación. Nace también la revista El Periodista12
(noviembre
de 2001) y, meses más tarde (marzo de 2002), el semanario Siete+7, periódico con
fuerte apoyo oficial que se transforma en diario en enero de 2005, año de elecciones
presidenciales, pero que no puede competir con las reglas del mercado y sucumbe
al poco andar, en mayo de 2006 cuando ya estaba en el gobierno la presidenta
Michelle Bachelet Jeria. Tanto sus propietarios13
, como periodistas, reclaman por el
11
El Presidente Lagos, rompiendo la tradición de que los mandatarios al mes de Gobierno
le otorgaban su primera entrevista a El Mercurio, la concedió al diario gratuito.
12
El Periodista, fundada en noviembre de 2001, es una revista quincenal que dirige
el autor de la nota.
13
Uno de los propietarios del diario Siete era el ex ministro de Eduardo Frei, Genaro
Arriagada, quien en su afán por editar un diario se asoció con el dueño de Copesa,
Álvaro Saieh, poniendo éste la mitad del capital y la logística para su impresión y
distribución. El matutino circuló desde enero de 2005 hasta mayo de 2006.

294]
cero aporte del Estado para el periódico, repitiendo el mismo discurso que antes se pudo
escuchar cuando cerró El Metropolitano en 2002 o La Época. “Sin duda, el panorama
de los medios de comunicación en nuestro país es feroz y no se condice con los avances
que como sociedad hemos experimentado en otros planos. La ausencia de pluralismo
y diversidad, la falta de calidad de lo que se lee y ve no son precisamente atributos
de la prensa chilena hoy por hoy. La actual situación es dañina para la democracia y
asfixiante para los que consideramos la libertad de expresión como piedra fundamental
de ella y como oxígeno para nuestra propia actividad”, señaló en una columna en el
diario electrónico El Mostrador la periodista María Olivia Mönckeberg14
.
Los trabajadores del diario Siete intentaron realizar acciones para que el gobierno de
Michelle Bachelet mediara en el conflicto, incluso iniciaron una huelga y se tomaron las
instalaciones del periódico, pero no hubo respuesta desde La Moneda. “No podemos
dejar de expresar nuestra indignación frente a miembros de un directorio compuesto
mayoritariamente por personeros de la Concertación cuyo gobierno defiende tesis
como ciudadanizar la política, abrirse al diálogo, mejorar los espacios de participación
y hablar a cara descubierta. Indignación porque en este conflicto nada de ello ocurrió
de parte de los directores concertacionistas. Lamentamos que el señor Ricardo Lagos
Weber15
, vocero de La Moneda, se negara a recibir a los dirigentes del sindicato y
que la señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República, ni siquiera respondiera
nuestra carta”, denunció el sindicato en una carta abierta a los chilenos.
Esa situación, denunciada por los trabajadores del diario Siete y generada al inicio
de su administración (2006-2010) fue la tónica del quehacer de Michelle Bachelet
en La Moneda: en los cuatro años de gestión no hubo una acción, ley, proyecto o
iniciativa que ayudará al nacimiento de medios o el fortalecimiento de las iniciativas
ya existentes. Por el contrario, la publicidad estatal se concentró aún más en los
medios de El Mercurio o Copesa.
Cabe destacar, sin embargo, los avances en acceso a la información, gracias a la
ley Nº 20.285 sobre “transparencia y acceso a la información pública”, promulgada
durante su gobierno, que establece los siguientes principios:
• La transparencia de la función pública
• El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del
Estado
• Los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo
14
Periodista, ex editora general de La Nación y la revista Análisis, obtuvo el Premio
Nacional de Periodismo 2009. Es autora del libro Los Magnates de la Prensa en Chile
(Random House Mondadori 2009).
15
Hijo del ex Presidente Ricardo Lagos, fue ministro secretario general de Gobierno
(vocero) durante el gobierno de Michelle Bachelet y en diciembre de 2009 resultó
electo senador por la V Región (Valparaíso).
CHILE

[295
]
• Las excepciones a la publicidad de la información16
.
Salvo lo último, que obedece a otros intereses, tanto la distribución de la publicidad
como la ausencia del Estado en la generación de espacios y el pluralismo, muestra
que éste no ha percibido el rol que debe jugar para terminar con la “desigualdad de
cuna”17
que existe hoy entre los medios en Chile, donde un grupo ideológico recibió
todo el apoyo del Estado autoritario y se fortaleció y los otros ni siquiera han podido
iniciar una recuperación desde que fueran duramente golpeados en 1973.
Esta situación, que preocupa, debe ser reparada y uno de los caminos elegidos
por el director de la Revista Punto Final18
, Manuel Cabieses, fue presentar una
demanda contra el Estado por la distribución nada de equitativa de la publicidad que
proviene de los ministerios, las reparticiones públicas o las empresas estatales y se
encuentra apelando una resolución de la Fiscalía Nacional Económica que rechazó
sus reclamos.
Según el director del periódico, Manuel Cabieses, quien firma la denuncia en trámite
desde septiembre de 2006, la inversión publicitaria del Estado de Chile, en prensa
escrita, se realiza “de manera preferente en las cadenas periodísticas de El Mercurio
y La Tercera –Copesa– en desmedro de la prensa independiente”, lo que acarrearía
–según el escrito acusatorio– “que sólo las cadenas periodísticas mencionadas, que
representan casi los mismos intereses y visiones políticas, utilicen cuantiosos recursos
fiscales para copar mediante métodos en que imperan abusivas ventajas, el mercado
de diarios y revistas, haciendo de la libre competencia una absoluta ficción”.
La Cámara de Diputados, por su parte, también investigó el tema de la distribución
de la publicidad estatal y, coincidiendo con la denuncia de Cabieses, concluyó que la
misma no era distribuida por “criterios técnicos ni pluralistas”.
La investigación de la Cámara de Diputados, que presidió el legislador y luego
candidato presidencial en las elecciones de diciembre de 2009, Marco Enríquez-
Ominami, tuvo como punto de partida un estudio del observatorio de medios
Fucatel, entidad que cuantificó la inversión publicitaria fiscal en 2005 y concluyó que
“el Estado discrimina a los medios independientes cuando invierte recursos para la
difusión de sus programas o campañas en los medios de comunicación social”.
“Esta inversión según el Observatorio de Medios, Fucatel, asciende a más de
$10.730 millones de pesos (20 millones de dólares) sólo en televisión y prensa
escrita durante el año 2005. Por ejemplo, en lo que se refiere a la televisión, un
16
Resumen de la Ley en: http://www.bcn.cl/ley-transparencia/resumen-ley-
transparencia.
17
Expresión que se usa para graficar que los medios en Chile que nacen no cuentan
con el apoyo estatal que tuvieron en su momento El Mercurio y La Tercera.
18
Periódico de circulación quincenal fundado en los años 60 y que fue funcional a
las políticas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

296]
sólo canal TVN, se lleva el 50% de la inversión publicitaria, en tanto que en prensa
escrita la cadena El Mercurio recibe el 48% de estos recursos”, señaló el diputado
socialista Marcelo Schilling cuando, 4 años después del estudio, todavía perduraba la
discriminación en el tema.
El propio Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, a través de
diversas directivas y en periodos distintos, ha manifestado su preocupación por esta
situación y levantado la voz para hacer notar la concentración de la publicidad en
medios como El Mercurio y La Tercera.
“En nuestro país, el 77% del avisaje del gobierno central beneficia a los consorcios
de El Mercurio y Copesa, que controlan más del 90 % de la prensa escrita, situación
que lesiona gravemente el derecho a la libertad de expresión y la libre competencia”
señaló en 2009 un comunicado de la entidad para referirse a la situación de los
medios en Chile.
Tal escenario, contraría la ley 19.733 sobre Libertad de Opinión e Información,
que entre otras cosas prohíbe “hechos, actos o convenciones que tienden a impedir
la libre competencia los que entraben la producción de informaciones, el transporte,
la distribución, circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de
comunicación.
“Para garantizar la libre competencia y el pluralismo de información y opinión en
Chile, es importante asegurar un acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes
del avisaje publicitario”, asegura el Colegio de Periodistas, porque “si el Estado no
garantiza el ejercicio de los derechos y garantías individuales, entre ellos, la libertad
de expresión y el derecho social a la información, los consorcios periodísticos
continuarán imponiendo un discurso noticioso de carácter hegemónico, orientado a
cautelar determinados intereses políticos y económicos”.
2010: el año que viviremos en peligro
En 20 años de democracia y tras cuatro victorias electorales de la oposición a
Augusto Pinochet no retornó el pluralismo en la Prensa chilena y la situación se
agravó con el triunfo del candidato de la Coalición por el Cambio, alianza de derecha,
Sebastián Piñera Echenique19
, el que asumió la presidencia el 11 de marzo de 2010.
En estas dos décadas, la coalición que gobernó con Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet,
contó con la estructura del Estado para asegurar cierto equilibrio en la prensa (la señal
19
El actual Presidente Piñera obtuvo la primera mayoría electoral en las elecciones
de diciembre de 2009 y en una segunda vuelta o ballotage, el 17 de enero de 2010,
derrotó al concertacionista Eduardo Frei por casi 3 puntos.
CHILE

[297
]
estatal Televisión Nacional de Chile y el diario La Nación) pero fue incapaz, repetimos,
de generar nuevos medios de comunicación que le garantizarán la presencia a sus
dirigentes y cobertura a sus ideas en el caso de convertirse en oposición.
“Todo el interés mostrado por los partidos políticos en posicionarse a nivel
parlamentario, se transformó en desinterés a la hora de plantearse con una mínima
seriedad el desarrollo de medios alternativos a los grandes monopolios”, señaló el
columnista de Fucatel, Álvaro Cuadra, en la nota “una oposición sin medios”20
.
Y ahora, la pesadilla, tantas veces anunciada por periodistas y expertos, se convirtió
en realidad para la Concertación, tras el triunfo electoral de Sebastián Piñera.
“Ninguno de los gobiernos concertacionistas se preocupó de proteger los precarios
medios de comunicación desarrollados durante los años de la dictadura militar, más
bien se los dejó al arbitrio del mercado, frente a poderosas y voraces empresas
periodísticas nacionales y extranjeras. En pocas palabras, la Concertación renunció a
una política comunicacional digna de tal nombre, y hoy, convertida en oposición, su
negligencia se convierte en un costo político. No obstante, de poco sirve llorar sobre
la leche derramada, la cuestión de fondo es cómo articular una política consistente
para el desarrollo de medios opositores”21
.
Hoy, el panorama de medios escritos en Chile, comprende a dos cadenas que
controlan prácticamente casi toda la prensa nacional.
El Mercurio, de gran influencia, no tiene competidor en regiones y La Tercera,
con sus revistas y diarios, entre ellos el popular y masivo La Cuarta, se ha fortalecido
desde que el empresario Álvaro Saieh, vinculado al gobierno militar y cercano a uno
de los partidos de la coalición de Piñera, la Unión Demócrata Independiente, tomó el
control de Copesa, la empresa periodística que más ha crecido en los últimos años.
Otros diarios, como Financiero (vinculado a un grupo económico marcadamente
conservador) y Estrategia, están dirigidos a sectores muy específicos, como es el caso
de los dos últimos o pertenecen a una cadena extranjera que no tiene por opción
influir en la política local.
Sólo La Nación, donde el Estado mantiene un 68 por ciento de la propiedad, y
Publimetro, gratuito de la cadena sueca Metro, escapan a estos consorcios, pero desde el
11 de marzo de 2010 el presidente del directorio del primero es Daniel Platovsky, hombre
de confianza del Presidente Piñera y militante del partido Renovación Nacional22
.
20
Una oposición sin medios. Álvaro Cuadra. Fucatel/ marzo de 2010. http://www.
observatoriofucatel.cl/una-oposicion-sin-medios.
21
Ídem.
22
Partido del Presidente Piñera, uno de los más importantes de los que conforman
la Coalición por el Cambio. Actualmente es dirigido por Carlos Larraín. El origen de
RN puede encontrarse en el viejo Partido Conservador, luego llamado Nacional, que
opuso gran resistencia al gobierno de Salvador Allende.

298]
El panorama se complica aún más para la Concertación en la televisión donde,
ad portas de una nueva ley que regulará el sistema, uno de los canales23
pertenece
al mismísimo Presidente de la República quien, si bien últimamente se abrió a la
posibilidad de venderlo, desea mantenerlo bajo su influencia. En el caso de venderse,
sin embargo, el principal interesado es el mencionado Álvaro Saieh o su competidor,
el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, concentrándose aún más la información.
Los otros canales nacionales están en manos de la Iglesia Católica (13 y 5), un
grupo empresarial denominado Claro (9)24
y otro es de propiedad del mexicano
Ángel González (4). El Estado, con un sistema de administración autónomo, mantiene
el control de la señal 7 o Televisión Nacional de Chile.
En el cable chileno, prácticamente se repiten los mismos canales, con programación
más cultural, pero donde un nuevo actor: CNN Chile, le ha dado mayor pluralidad a
las transmisiones. Sin embargo, las audiencias todavía son muy bajas.
Es en la radio, entonces y en los portales de noticias de internet, donde la actual
oposición espera contar con mayor apoyo, especialmente por los micrófonos de radio
Cooperativa, una emisora (AM y FM) que desde el gobierno militar despliega un
trabajo incesante por mantener un medio de comunicación amplio y democrático,
defensor de los derechos humanos y fuertemente unida a la Democracia Cristiana.
La radio, sin bien es un poco más pluralista, ha visto “extranjerizar” su propiedad.
El 70 por ciento de la audiencia la concentran las emisoras de propiedad de
IberoAmericana Radio Chile, empresa que “pertenece al Grupo Latino de Radio
(GLR), filial de Unión Radio, el mayor consorcio de radiodifusión de habla hispana,
compuesto por más de mil 200 emisoras y, a través de este conglomerado se integra
a Prisa, una empresa líder en distribución de contenidos en español en más de 20
países en el mundo”25
.
Cooperativa es una de las 4 radios informativas que existen, las otras son Agricultura,
vinculada a la derecha; ADN, que pertenece al Prisa de España y Biobío, una emisora
independiente que se unió a CNN y ha potenciado su marca e influencia política de
sus voces o rostros.
Enelciberespacio,porsuparte,dondelospartidosdelaConcertaciónesperanaumentar
su presencia, fundando nuevos portales, existen el periódico electrónico El Mostrador, la
versión diaria de los periódicos El Periodista y El Ciudadano, Cambio 21, además de las
web de todos los medios tradicionales que aglutinan al grueso del público.
23
El canal Chilevisión fue adquirido por Sebastián Piñera en 2005.
24
Grupo económico vinculado al fallecido empresario Ricardo Claro, propietario
de Cristalerías Chile y Sudamericana de Vapores. Fuertemente vinculado a la
Iglesia Católica. Claro acompañó a la presidenta Bachelet a una cita con el Papa
Benedicto XVI.
25
www.iberoamerican.cl.
CHILE

[299
]
Fue una información publicada en El Mostrador, apenas asumido el gobierno
de Sebastián Piñera, la que obligó a la flamante administración a remover a un
gobernador recién designado por sus vinculaciones con la Colonia Dignidad, un
enclave de colonos alemanes en el sur del país cuyo líder está acusado de graves
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y abusos deshonestos contra
menores de edad.
Tal situación, que le mostró el poder de la prensa al nuevo gobierno también sirvió
para graficar la orfandad mediática de la recién estrenada oposición, cuyos dirigentes
no participaron en el hecho y se enteraron sólo cuando fue publicada.
A manera de epílogo: crisis de pluralismo
La concentración del avisaje publicitario en los medios de derecha y el abandono
del Estado en este tema (“la mejor política de comunicaciones es la que no existe”,
dijo el secretario de Comunicaciones del primer gobierno de la Concertación, el
sociólogo Eugenio Tironi en 1990), produjeron una crisis de pluralismo, sin precedente
en el país.
Pero, además, hay otros puntos. El Estado también se ha desentendido de algunos
canales que ayudan a garantizar la libertad de expresión, como son la distribución y
los puestos de ventas de ejemplares periódicos.
Respecto al primero, por ejemplo, la empresa Vía Directa de propiedad mayoritaria
del Estado, subcontrata los servicios de Copesa (La Tercera) y distribuye a través de
ella los medios de su competencia. En relación a suplementeros y puestos de diarios,
las municipalidades han permitido que amplíen sus rubros, convirtiendo los quioscos
en verdaderos supermercados de ventas de productos que poco y nada tienen que
ver con la prensa. Además su estructura y diseño fueron realizadas por agencias
de publicidad para fortalecer la imagen de una bebida gaseosa y no para exponer
diarios o revistas.
El mantenimiento del IVA (19 por ciento) a los impresos es otro elemento a
considerar en este tema.
No existen, además, créditos o subvenciones para el nacimiento de nuevos
medios de comunicación ni para los existentes. Ni la Corporación de Fomento ni el
BancoEstado han generado mecanismos de apoyo para el surgimiento de medios o el
fortalecimiento de los ya existentes.
Ya en 1998, el profesional que hoy preside el Colegio de Periodista de Chile,
Abraham Santibáñez, había denunciado esta situación y cómo el Estado se había
desentendido de un problema que generó en 1973 a partir del Golpe Militar: “El rol
del Estado es presentar una alternativa, ser una voz distinta, la intervención de éste se

300]
plantea no con la propiedad de un medio, sino que con la generación de espacios y
condiciones aptas para el pluralismo”, señaló26
.
Para los investigadores Jorge Muñoz Cerda y César Jiménez Yáñez, siempre en
el mismo sentido, “el Estado aparece como un promotor de la desigualdad y de la
concentración de la propiedad. Otro aspecto no menor es que el Estado chileno
también es parte de este sector económico, jugando el papel de un empresario más
dentro del campo de las empresas de comunicación”.
Pero, los investigadores mencionados, avanzan hacia otros responsables de la
situación, argumentando que no sólo pueden ser culpados el mercado, los dueños de
los medios de comunicación o el Estado.
“En otros lugares del mundo la ciudadanía juega un rol protagónico y fundamental
a la hora de exigir sus derechos frente a la libertad de información, la veracidad y
la representación. En Chile, en cambio, parece no existir una cultura de exigencia
de derechos en este sentido, nuestro país adolece de una conciencia social cívica
respecto del tema del pluralismo y de la comunicación, se confunde mucho con
diversidad. La gente cree que es plural que existan varios medios de comunicación,
muchos diarios o canales de televisión, no les importa quiénes son sus dueños o que
todos pertenezcan a una u dos empresas. Falta en la construcción de ciudadanía
un componente fundamental y es que efectivamente un Estado democrático sea
democrático en la medida en que sus espacios autónomos de comunicación social
permitan la construcción de nuevos espacios donde puedan operar diversos actores
de forma libre y plural”27
.
Para Muñoz y Jiménez, siempre en el mismo sentido, “este fenómeno mediático
sólo contribuye a mantener un status quo social que favorece a ciertos sectores
económicos y políticos, los cuales sólo responden a sus propios intereses dificultando
en gran medida cambios sociales de vital importancia que potencien el desarrollo
tanto humano, local y regional de nuestro país”.
Y agregan: “Por otra parte, dado que el sistema mediático nacional sea
extremadamente concentrado y funcionalmente centralista, muchos de los temas
importantes para la sociedad quedarán supeditados a los intereses editoriales del
dueño o dueños de las empresas de comunicación. Es aquí donde se extraña el
rol del Estado como promotor de las políticas públicas e interlocutor válido para
la representación de la ciudadanía para posicionar, a través de los medios de
comunicación, temas de necesidad pública como lo son el desarrollo local y regional
del país”.
26
La invisible Mordaza. Hernán Uribe. Editorial Cuarto Propio 1998.
27
www.atinachile.cl
CHILE

[301
]
Lo anterior muestra claramente que en Chile, el tema del pluralismo es un problema
y que, además, está presente en la discusión tanto académico como periodística,
máxime hoy cuando la derecha en el gobierno concentra “la suma de los medios” y
genera, por ello, “la suma de los miedos”.
Pero, salvo iniciativas individuales y algunas discusiones colectivas, como la
organizada a fines de marzo por la Fundación Ebert para analizar el estado de la prensa
alternativa en Chile, no se ve en el horizonte una salida a una crisis de pluralismo que
debiera acentuarse con el paso de los meses en la medida que el nuevo gobierno se
empodere en el ejercicio del cargo y utilice a su antojo el aparato estatal.
Con un empresariado fuertemente ideologizado y una oposición (la Concertación)
extremadamente débil para conseguir fondos en el país para la creación de medios,
además con una muy mala performance en la materia, la mirada se torna hacia el
exterior. Pero el mundo, hoy, tiene demasiados problemas, como para aportar recursos
para un sector que, cuando fue gobierno y por espacio de 20 años, desaprovechó la
oportunidad de haberle dado a Chile una democracia, fuerte y pluralista.
La relación Medios y Estado en Chile
Chile se caracteriza por una alta concentración en la propiedad de los medios de comunicación, y
una orientación ideológica de los mismos poco diversa. A más de 20 años de la recuperación de la
democracia todavía persiste una sola prensa con un discurso único de derecha.
A la modernidad chilena en lo social y económico se contrapone la baja calidad y diversidad de su
escena mediática y periodística.
Desde la vuelta de la democracia en 1990, la Concertación Democrática fue incapaz de generar
nuevos medios de comunicación que le garantizarán la presencia a sus dirigentes y cobertura a sus
ideas en el caso de convertirse en oposición.
La situación mediática y política actual en Chile se agravó con el triunfo del candidato de la Coalición
por el Cambio, alianza de derecha, Sebastián Piñera Echenique, que asumió la presidencia el 11 de
marzo de 2010.

[303
BRASIL
ENTRE EL PLURALISMO INFORMATIVO,
LA CENSURA JUDICIAL
Y EL PRAGMATISMO POLÍTICO
Desde o fim do regime militar em 1985 o jornalismo brasileiro
vem agindo de modo independente, por vezes agudamente
crítico, de governos em todos os níveis, instituições, pessoas,
empresas.Semembargo,namaioriadosEstados,emespecial
nas cidades pequenas, a qualidade do jornalismo não é tão
boa e a sua dependência em relação aos governos locais é
muito maior. É sintomático que haja uma relação direta entre
o nível de qualidade do jornalismo e o produto interno bruto
dos Estados e municípios. No entanto, a ascensão de Lula ao
poder abriu algum espaço nesses veículos a pessoas e idéias
que antes estavam completamente afastadas deles. Embora
o pluralismo ainda não seja dominante, é indiscutível que
até os veículos mais conservadores são hoje mais abertos,
menos monolíticos do que eram 25 anos atrás.
Carlos Eduardo Lins da Silva
linsdasilva@uol.com.br
Ombudsman do jornal Folha de S. Paulo, livre-docente e doutor em Comunicação pela Universidade
de São Paulo e mestre em Comunicação pela Michigan State University.

304] BRASIL
As relações entre os meios de comunicação e o Estado no Brasil têm sido decisivas
para o jornalismo desde a sua mais remota origem no país, em 1808 quando
começaram a circular os dois primeiros jornais brasileiros.
Um era redigido e impresso na Inglaterra e vendido clandestinamente na única
colônia portuguesa nas Américas. Chamava-se Correio Braziliense e defendia a
independência do Brasil.
O outro era a Gazeta do Rio de Janeiro, órgão oficial da Coroa, que havia acabado
de transferir a metrópole de Lisboa para o Rio, devido à invasão de Portugal pela
França napoleônica.
Antes da vinda da família real lusitana para o Brasil, era proibida qualquer
atividade de imprensa no território brasileiro, que foi um dos últimos nas Américas a
ver iniciada a atividade do jornalismo.
A independência veio em 1822, não devido à força de mobilização que o Correio
Braziliense pudesse ter tido junto à sociedade, mas por uma decisão do príncipe
regente português que ficara no Rio após o retorno do pai a Lisboa.
Durante 67 anos, o Brasil foi a única monarquia americana, e esta foi uma das
muitas razões por que o país demorou tanto a se preocupar com a integração com
os seus vizinhos.
Nesse período, a imprensa se exerceu em condições mais ou menos similares às
da mesma época em outros países, tanto os desenvolvidos quanto as ex-colônias: os
jornais existiam basicamente para fazer proselitismo de causas ou partidos políticos
(no caso brasileiro, a abolição da escravatura e a república, principalmente) e sem
relação com o mercado. Nenhum deles se mantinha graças à receita obtida com
circulação ou publicidade. Todos davam prejuízos a quem o sustentava por razões
estritamente ideológicas ou políticas.
O confronto de ideias fora do Parlamento se fazia por meio dos jornais. Quando
as tensões se acumulavam muito, e o governo se sentia ameaçado, ele podia
eventualmente responder com pressões ou censura para tentar calar os adversários
mais incômodos e às vezes ocorriam também agressões físicas e empastelamentos de
jornais promovidos por grupos que se opunham às suas ideias e programas.
Depois da república
O panorama não mudou muito após a proclamação da República, em 1889. A
economia se manteve essencialmente agrária, apenas uma pequena elite era capaz
de ler e de gastar dinheiro com jornais, que continuavam a existir exclusivamente
para propagar o ideário de seus proprietários e aliados.

[305
]
A Revolução Industrial, que proporcionou na América do Norte e na Europa
Ocidental uma conjugação de fenômenos sociais (urbanização, fim do analfabetismo,
ensino básico universal, diminuição da jornada de trabalho, melhores salários) e
tecnológicos (linotipo, rotativas, meios de transporte mais rápidos e eficientes) suficiente
para o surgimento do jornalismo de massa, dependente do mercado, não ocorreu no
Brasil a não ser de modo localizado e incipiente até meados dos anos 1950, quando de
fato o país começou a se industrializar, urbanizar e crescer economicamente.
Por isso, apenas na segunda metade do século XX começaram a surgir meios
impressos de comunicação com características de massa, embora já na década de
1940 o rádio atingisse vastas camadas da população (por ser um veículo cujo consumo
é relativamente barato e dispensa a leitura).
Aliás, num processo típico de países em que o capitalismo evoluiu de modo
assimétrico, a chegada de novas tecnologias de comunicação antes da universalização
da alfabetização fez com que aqui etapas do desenvolvimento “natural” da indústria
da comunicação nos países centrais fossem puladas, o que criou um ambiente de
mídia muito peculiar, em que convivem veículos de alta e baixíssima qualidades,
independentes ou absolutamente nas mãos de governos regionais.
A República brasileira se instaurou sob forte inspiração do modelo dos EUA. A
primeira Constituição republicana foi quase uma cópia da concebida em Filadélfia
no final do século XVIII. Muitos dos princípios da democracia adotada nos EUA foram
pelo menos (e muitas vezes apenas) formalmente também tidos como dominantes
no Brasil.
Assim, o respeito à liberdade de expressão e de imprensa consta da estrutura
jurídica do país como cláusula essencial em todas as Constituições que o país teve, e
quando os veículos eletrônicos (rádio e TV) começaram a operar comercialmente no
Brasil (em 1930 e 1950, respectivamente), o modelo adotado para sua exploração
foi calcado no americano (ou seja, concessões do Estado para exploração das ondas
a empresas privadas com objetivo de lucro e eventualmente a fundações sem fins
lucrativos por período de tempo limitado, mas renovável).
Veículos estatais
O Estado quase nunca operou como proprietário de veículos de comunicação no
Brasil. Algumas rádios e emissoras de TV chamadas de “públicas” ou “educativas”
(mas na verdade totalmente estatais) passaram a ser criadas a partir de 1960, tanto
em nível federal quanto estadual, mas sempre poucas e sem nenhuma delas jamais
conseguiram atrair audiência significativa.
Meios impressos, estatais então, são mais raros ainda na história, com exceção
dos diários oficiais (federal, estaduais e municipais), destinados à publicação de atos

306]
legais. Uma exceção significativa foi o diário Última Hora, na década de 1950, que
embora oficialmente fosse propriedade de empresa privada, de fato era controlado
quase diretamente pelo governo federal no período do mandato constitucional do
presidente Getúlio Vargas (1951-1954).
Em novembro de 2009 foram revelados ao público bilhetes que Vargas mandava
ao editor-chefe da Última Hora, o jornalista Samuel Wainer, que mostram como era
enorme a influência pessoal do presidente sobre o jornal. Ele chegava a reclamar
que uma edição tinha notícias esportivas demais e interferia diretamente na pauta,
mesmo de assuntos corriqueiros, que não eram de interesse político imediato.
Com o advento da tecnologia da TV paga (por cabo ou satélite), aumentou muito
o número de emissoras que pertencem aos diversos ramos do Estado (Câmara dos
Deputados, Senado, órgãos do Poder Judiciário, Legislativos dos Estados, Câmaras
Municipais, universidades federais ou estaduais), mas embora elas atualmente sejam
diversas, nenhuma tem audiência minimamente expressiva, o que resulta em influência
política praticamente nula. Mesmo a rede de televisão criada por iniciativa do governo
de Luiz Inácio Lula da Silva em 2007, chamada TV Brasil, tem pequeníssima repercussão
devido ao número irrisório de pessoas que assistem sua programação.
Interferência do Estado
Isso não significa que o Estado não tenha tentado com frequência interferir nas
atividades dos veículos de comunicação, às vezes com grande força e pequena
sutileza. O Estado é importante anunciante numa sociedade em que ele desempenha
relevantes atividades econômicas ou diretamente ou por meio de empresas sob seu
controle (como a Petrobras, por exemplo).
A seletividade política na escolha de quais veículos recebem mais ou menos verba
publicitáriatemsidoumdosmecanismosdeinfluênciaecontrolemaiseficazesutilizados
pelo Estado, independentemente da época ou do partido político no poder.
Outra forma de influência estatal na comunicação de massa tem sido historicamente
a concessão de emissoras de rádio e televisão a grupos que pertencem a políticos ou
seus afilhados alinhados com o grupo no governo. Esses mesmos grupos também
costumam ser donos de jornais e revistas, em especial em nível regional. Pelo menos
um terço das emissoras de TV no Brasil atualmente está em mãos de políticos.
Esse fenômeno é particularmente sentido nas regiões mais pobres e nos Estados
e cidades de menor porte. Líderes políticos como os ex-presidentes José Sarney e
Fernando Collor de Mello, por exemplo, controlam emissoras de rádio e TV em seus
Estados de origem, no Nordeste brasileiro, por meio de familiares ou prepostos. A
maioria dos senadores e deputados do Nordeste e do Norte do país idem.
BRASIL

[307
]
Os políticos raramente têm vínculos formais com essas emissoras, mas poucos
desconhecem que são eles que estão por trás delas. Às vezes, como em janeiro de
2010, ocorrem gafes que desnudam essas associações. Nesse mês, um erro de alguém
no Ministério das Comunicações fez com que ficasse disponível no seu site com os
processos de concessão de emissoras de TV o nome de um deputado federal do Rio
Grande do Sul como o beneficiário de uma concessão, em vez da fundação que
oficialmente a recebeu.
Mas nenhum dos mais influentes veículos de influência nacional se inclui entre
esses que são controlados por políticos. As grandes redes de TV (Globo, Bandeirantes,
SBT), os jornais de influência nacional (Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O
Globo, Valor Econômico), as principais revistas de informação (Veja, Exame) são de
empresários que nunca fizeram política, embora um deles, Silvio Santos, do SBT,
tenha sido tentado a disputar a Presidência do Brasil em 1989, mas afinal não se
lançou candidato.
Uma única exceção ocorreu nos anos 1950, quando os Diários Associados, uma
cadeia de jornais, revistas e emissoras de rádio e TV com enorme audiência e que
atingia todo o território nacional, pertencia a um jornalista, Assis Chateaubriand, que,
depois de rico e famoso, resolveu entrar na política e se elegeu senador. Além disso,
Chatô, como era conhecido, e que foi uma espécie de Cidadão Kane brasileiro, foi
embaixador em Londres e tinha enorme influência sobre decisões de governos até
sofrer um derrame em 1962.
Uma situação nova que vem tendo crescente relevância é a propriedade informal
de emissoras de rádio e TV por denominações religiosas, em especial as evangélicas.
A segunda rede de TV com maior audiência no país atualmente, a Record, pertence
(ainda que não oficialmente) a uma dessas igrejas, as quais também têm atuado para
formar poderosas bancadas nos Legislativos dos Estados e da Federação. A militância
não apenas religiosa, mas também política dessas igrejas é extremamente reforçada
pelos seus meios de comunicação, que também por vezes incluem os impressos.
Regime militar
Durante o regime militar (1964-1985), as máscaras caíram todas, e o Estado exerceu
do modo mais bruto possível a sua autoridade sobre os meios de comunicação. Os que
não se alinharam com a ordem dominante de modo voluntário foram simplesmente
submetidos à censura prévia. Muitos jornalistas foram presos e alguns até mortos.
Algo similar havia ocorrido durante a ditadura do civil Getúlio Vargas (1937-1945).
Mas esses são os dois únicos períodos em que esse tipo de controle ostensivo ocorreu
de modo sistemático.

308]
A censura prévia vigeu sobre alguns jornais da chamada “imprensa alternativa”,
em geral semanários de forte teor político (Movimento”, “Opinião) ou conteúdo de
cultura e humor (Pasquim), três tradicionais diários de influência nacional (O Estado
de S. Paulo, Jornal do Brasil e Jornal da Tarde), uma revista semanal de informação
(Veja). Os demais veículos se deixavam submeter à censura (militares ou agentes dos
serviços de segurança ligavam por telefone aos editores e lhes diziam quais assuntos
não podiam ser noticiados naquele dia, e os editores acediam).
Mesmo na ditadura de 1964 a 1985, as formas de pressão eram com frequência
menos acintosas. Por exemplo, a Rede Globo de Televisão se tornou o principal veículo
de comunicação do país nesse tempo por ter se beneficiado de grandes investimentos
tecnológicos feitos pelo governo na área de telecomunicações (uma rede de torres
de microondas permitiu que o sinal de TV pudesse ser recebido simultaneamente em
todo o vasto território nacional) e das vistas grossas das autoridades federais quando a
emissora recebeu recursos financeiros e técnicos de grupos estrangeiros (em especial
o americano Time-Life), o que era proibido pelas leis em vigor. Em troca, a Globo
sempre deu apoio ideológico ao regime militar em seus telejornais.
O principal acionista da Rede Globo, Roberto Marinho (1904-2003) tinha grande
ascendência sobre alguns ministros dos governos militares, em especial os que lidavam
com assuntos referentes a comunicação, e a manteve nos governos civis após o fim
da ditadura.
Período democrático
Desde o fim do regime militar em 1985 – e mesmo nos seus anos derradeiros,
quando o processo de abertura política se intensificou, em especial a partir de 1979
– o jornalismo brasileiro vem agindo de modo independente, por vezes agudamente
crítico, de governos em todos os níveis, instituições, pessoas, empresas. Durante
o processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello no início da
década de 1990, o papel da imprensa foi particularmente importante.
O extraordinário crescimento econômico do país durante a década de 1970
permitiu que os principais veículos de comunicação se capitalizassem e quase todos
investiram pesadamente para melhorar a qualidade de seus recursos técnicos e
humanos. Embora o nível de qualidade do jornalismo brasileiro não seja uniforme
nacionalmente, os mais importantes têm nível de excelência bastante alto e podem
ser colocados no mesmo padrão dos melhores do hemisfério ocidental.
Na maioria dos Estados, no entanto, em especial nas cidades pequenas, a qualidade
do jornalismo não é tão boa e a sua dependência em relação aos governos locais é
muito maior. Isso se dá porque em muitos desses lugares a atividade econômica não
é suficientemente vigorosa para manter os veículos de maneira independente.
BRASIL

[309
]
É sintomático que haja uma relação direta entre o nível de qualidade do jornalismo
e o produto interno bruto dos Estados e municípios. Fora de São Paulo e Rio de
Janeiro, os melhores meios de comunicação estão em Estados mais ricos, como
Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e no Distrito Federal. Nos Estados do Norte
e do Nordeste, o nível de qualidade decai.
O posicionamento editorial dos grandes veículos é em geral conservador embora
haja nuances. Alguns se posicionam mais liberalmente em política e cultura, mas
em questões econômicas, há quase uma uniforme defesa do modelo capitalista de
livre mercado. No entanto, a ascensão de Lula ao poder abriu algum espaço nesses
veículos a pessoas e ideias que antes estavam completamente afastadas deles.
Embora o pluralismo ainda não seja dominante, é indiscutível que até os veículos
mais conservadores são hoje mais abertos, menos monolíticos do que eram 25 anos
atrás. Uma comparação de como foi a cobertura da eleição presidencial de 1989
com a de 2006 não deixará margem a dúvidas. Na mais recente, o espaço para todos
os principais partidos e candidatos foi muito mais equânime e a cobertura muito
menos enviesada.

Situação atual
A Constituição vigente, de 1988, assegura da maneira mais enfática possível, em
seu artigo 220, a liberdade de expressão: “A manifestação do pensamento, a criação,
a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição”. E o artigo 5 diz: : “É livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. A
Lei de Imprensa do regime militar, uma das mais punitivas e drásticas jamais impostas
a uma sociedade, só deixou de viger formalmente em 2009, mas na prática não vinha
sendo aplicada fazia pelo menos 25 anos.
Isso não significa que atualmente não ocorram situações de restrição à liberdade
de expressão porque o artigo 5 da Constituição também assegura o direito à imagem,
à privacidade, à honra, ao bom nome. Assim, têm ocorrido situações, e não poucas
(cerca de três mil em vinte anos), em que juízes de instâncias inferiores proíbem
veículos de comunicação de tratarem de determinados assuntos ou pessoas devido a
ações impetradas com base nessas garantias dadas pelo artigo 5. Em geral, os tribunais
superiores vêm derrubando essas decisões, mas às vezes pode levar meses até que os
recursos sejam julgados definitivamente.
Esses casos de censura judicial têm se verificado em especial em nível regional e em
favor de poderosos líderes políticos locais, mas também ocorrem em nível nacional.
O de maior repercussão foi o de um dos mais importantes diários brasileiros, O Estado
de S. Paulo, que em 30 de julho de 2009 foi proibido (e assim ficou até pelo menos

310]
o fim de janeiro de 2010) de publicar textos sobre investigações da Polícia Federal a
respeito de atividades suspeitas de membros da família de José Sarney, presidente do
Senado Federal e aliado de ocasião do presidente Lula.
O acirramento de tensões entre o governo federal e os meios de comunicação
pertencentes a empresas privadas (em geral familiares) que se verifica em diversos
países da América do Sul em que o poder vem sendo exercido por políticos de
tendência esquerdista também ocorre no Brasil desde a posse de Luiz Inácio Lula
da Silva em 2003, embora não seja tão intenso quanto o verificado na Venezuela,
Argentina, Bolívia e Equador.
Lula é um líder político extremamente pragmático e ele demonstra essa sua
característica na maneira como lida com a mídia. Em todas as eleições de que
participou (em especial a de 1989, contra Fernando Collor de Mello), Lula viu a Rede
Globo de Televisão se alinhar com seu adversário, ainda que não de maneira formal.
No entanto, uma vez eleito, ele passou a manter com ela as melhores relações.
Na noite em que foi eleito, em 2002, Lula participou da transmissão do principal
telejornal da emissora em seus estúdios.
Ainda assim, no início da administração de Lula, especialmente durante o
episódio de denúncias de corrupção que envolviam diversas figuras de seu primeiro
escalão, parecia que se poderia chegar a uma situação de confronto aberto. O núcleo
mais ideológico e principista de seu governo, que ainda era forte naquela época,
capitaneado pelo seu então chefe da Casa Civil, José Dirceu, fez diversas articulações
para ampliar o controle estatal da mídia.
Foi quando ocorreram situações como a decisão de cancelar o visto de trabalho
do correspondente do jornal americano The New York Times e a tentativa de criar
organismos governamentais como um Conselho Federal de Jornalistas e uma Agência
Nacional do Audiovisual que, temia-se, pudessem a se tornar instrumentos de
controle da liberdade de expressão. O presidente, que discretamente apoiava esses
projetos, dava poucas entrevistas a meios de comunicação, nenhuma coletiva por
anos, e criticava constantemente de modo muito áspero a atuação do jornalismo.
Mas o fim das investigações dos escândalos sem que o prestígio de Lula fosse
abalado e com a derrocada de José Dirceu (que enfraqueceu o grupo mais à esquerda
no governo), sua reeleição por larga margem em 2006, a fase de bonança econômica
de todo o segundo mandato, seu crescente prestígio internacional e a maneira
tranquila pela qual o país superou a crise financeira internacional de 2008 atenuaram
bastante o clima entre o governo federal e os meios de comunicação, embora as
divergências tenham se mantido, por vezes expressadas de modo contundente, e o
governo não tenha desistido de procurar fórmulas para se comunicar diretamente
com a população.
BRASIL

[311
]
Protagonismo presidencial
Além da já citada TV Brasil, que tem sido um fracasso em termos de número de
espectadores, o presidente tem um programa semanal de rádio, de grande repercussão,
um blog, uma coluna semanal publicada em centenas de jornais populares. Um filme
apologético sobre sua biografia, feito com o patrocínio de muitas grandes empresas,
inclusive estatais, e com benefícios fiscais para os apoiadores, foi lançado, com grande
polêmica, no final de 2009.
Além disso, foi realizada em dezembro de 2009 uma Conferência Nacional de
Comunicação, que as empresas do setor decidiram boicotar, em que foram discutidos
diversosprojetosdeleiououtrasiniciativascomoobjetivodeaumentarosinstrumentos
de controle do Estado sobre os meios de comunicação, sob o manto do que os aliados
de Lula chamam de “controle social da comunicação” e que seus inimigos acham que
se constituiriam em simples formas de domínio estatal da mídia.
Alguns veículos mais conservadores atacaram com virulência essas iniciativas, o que
provocou reação não menos agressiva das ONGs desse setor e partidos políticos de
esquerda que acusam os meios de comunicação de serem parciais a favor da oposição.
O agravamento dos conflitos entre governo e mídia na Venezuela, Argentina, Bolívia
e Equador incentiva o acirramento dessa retórica no Brasil, mas com poucos efeitos
práticos até agora. Nenhum analista isento acredita que os meios de comunicação
constituam um risco à governabilidade do país atualmente nem que o governo Lula
esteja de algum modo empenhado em qualquer plano para restringir a liberdade de
expressão no Brasil, que tem sido quase absoluta durante todo o seu governo.
A hostilidade retórica contra os meios de comunicação tradicionais por parte de
integrantes e apoiadores do governo Lula (às vezes por parte do próprio presidente)
continua, no entanto, a ocorrer. Algumas revistas semanais ou mensais (em especial
“Carta Capital” e “Caros Amigos”), emissoras de TV (em especial as da Rede Record,
acima citada, que pertence a uma Igreja evangélica que apóia o governo) e especialmente
blogueiros com públicos de tamanho variado (mas nunca expressivo) são os pontas de
lança desses ataques. Tem sido raro desde 2007 um ministro de Estado ou o presidente
partir para o ataque contra a mídia tradicional, embora às vezes aconteça.
Perspectivas futuras
Apesar disso, não parece haver razão para se temer agravamento da situação no
curto prazo, embora a eleição presidencial de 2010, na qual Lula não concorrerá,
embora se mostre empenhadíssimo na campanha de sua candidata, a ministra
Dilma Roussef, seja um fator que levará naturalmente à elevação da assiduidade e
intensidade dos conflitos, o que já se pode ver.

312]
As razões principais para a relativa calmaria predominante são a boa situação
econômica do país, que beneficia a todos os setores da população, e os elevadíssimos
índices de aprovação do desempenho do presidente pela opinião pública (na média
em torno de 80%). Mas também contribui para isso a constatação de que o poder
efetivo dos veículos de comunicação para afetar o resultado de eleições não é tão
grande como muitos por muito tempo imaginaram, já que, apesar da simpatia da
maioria deles pelos candidatos de oposição a Lula em 2002 e 2006, este se sagrou
vencedor nos dois pleitos, com folgada margem de vantagem (quase dois terços dos
votos no segundo turno dos dois pleitos).
O futuro de médio prazo, no entanto, pode se mostrar menos sossegado. A saída
de Lula do primeiro plano da cena política é muito preocupante. Se a oposição vencer,
é bastante provável que os agrupamentos ideológicos mais aguerridos que sempre o
apoiaram e ficaram contidos em seus dois mandatos partam para a luta política de
modo radical contra o novo governo. Se Dilma Roussef ganhar, é um enigma como ela
irá se comportar, já que este é o primeiro cargo eletivo que disputa e é uma questão
em aberto saber qual será o seu grau de flexibilidade no embate político, quesito em
que o presidente Lula se tem mostrado um grande mestre. As primeiras indicações de
seu comportamento na condição de candidata, como contínuas demonstrações de
irritabilidade com perguntas de jornalistas que a contrariam, não são muito expressivas
de tolerância e nem de gosto pelo diálogo de ideias.
Assim, embora não haja razão nenhuma para alarmismo, não é absurdo imaginar
que a segunda década do século XXI contém o potencial para situações difíceis na
relação entre mídia e Estado no Brasil, seja qual venha a ser o resultado da eleição
presidencial de outubro de 2010.
La relación Medios y Estado en Brasil
Desde el retorno a la democracia en 1985 el periodismo brasileño se caracteriza en términos
generales por su independencia y los medios más grandes y más reconocidos se encuentran en
manos privadas.
Existe una relación directa entre el nivel de calidad del periodismo y el producto interno bruto de
los Estados y municipios. Esta relación sintomática se evidencia en la baja calidad periodística de los
Estados respecto a los Estados más ricos dentro de la Federación.
La línea editorial de los grandes medios es en general de orientación conservadora, aunque desde la
asunción de Lula como Presidente se observan nuevas tendencias.
Si bien se evidencian avances respecto a la concentración en la propiedad de los medios, el pluralismo
aún no es una tendencia dominante.
Una tendencia creciente es la compra de carácter informal de empresas mediáticas por parte de los
políticos.
Otra tendencia reciente ha sido la propiedad informal de emisoras de radio y tv para el discruso
religioso, en especial evangélico.
BRASIL

[313
ENSAYO
Medios de Comunicación y Estado en América Latina
MUCHO GOBIERNO Y MUCHOS MEDIOS,
POCO PERIODISMO
Y POCAS CIUDADANÍAS
La mediática del poder en América Latina expresa un mapa
más bien extraño, lleno de acusaciones e intimidaciones por
parte de los gobiernos y de los medios de comunicación.
Este mapa expresa una batalla por el poder. Más que
Estado, hay gobiernos; más que libertad de información,
hay medios de comunicación. Y más que de verdades el
mapa está hecho de preguntas: ¿Estados/gobiernos asesinos
de periodistas? ¿Estados/gobiernos autoritarios que minan
la libertad de expresión? o ¿medios monopólicos y nocivos
para la democracia? o mejor ¿medios que piden libertad de
empresa en nombre de la libertad de prensa?... y a todas
estas ¿la democracia? y ¿los ciudadanos? y ¿el derecho
a la información? En este ensayo de análisis se intentarán
respuestas a estas cuestiones sobre las malas relaciones
entre medios y Estado/gobiernos en la coyuntura actual de
América Latina.
Omar Rincón
orincon.rincon@fescol.org.co
Profesor Asociado Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Director de Competencia en
Comunicación de la Fundación Friedrich Ebert www.c3fes.net. Crítico de medios de El Tiempo.
Blogger de lasillavacia.com. Editor de Tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia,
C3FES, Bogotá, 2008. Autor de Narrativas mediáticas o cómo cuenta la sociedad del entretenimiento,
Barcelona, Gedisa, 2006.
Ana Lucía Magrini
analucia.magrini@gmail.com
Magíster en Comunicación, Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Doctorando en Semiótica,
Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Politóloga, Universidad
Católica de Córdoba, Argentina. Blogger de lasillavacia.com.

314] ENSAYO
El poder es siempre una relación de dominación y resistencia (Foucault, 1977).
El Estado1
es el poder de lo institucional, de los acuerdos comunes de una sociedad,
de la legalidad que cada comunidad nacional se da. La democracia es el poder
del pueblo, la convivencia regulada y dialogal entre diferentes. Se supone que un
Estado democrático basa su poder en la legalidad que se otorga y en el modo en
que resuelven sus conflictos. “Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener
mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino
productiva e inteligentemente en ellos. Que solo un pueblo escéptico sobre la fiesta
de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz” (Zuleta,
2005). Y nuestros Estados en América Latina han devenido gobiernos y los gobiernos
se han hechos presidencialistas y los presidentes viven del rating que les dan las
guerras mediáticas. Y estos conflictos mediáticos son los conflictos que nos estamos
dando como sociedades llamadas democráticas. Y la guerra cotidiana que nos habita
es gobiernos contra medios, medios contra gobiernos, un combate en el que todo
vale. Y los ciudadanos como espectadores, y los periodistas como malhechores. Y la
guerra es por el poder.
Pero en América Latina hemos dejado de pensar Estado para diseñar políticas
públicas en función de los intereses específicos de un gobierno2
. Los gobiernos
1
Desde la perspectiva del sociólogo alemán Max Weber (1964) el Estado es una
comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí
el monopolio de la violencia física legítima. Así, todo Estado supone una forma
de dominación. Es decir, que a las demás asociaciones o individuos solo se les
concede el derecho a la coacción física en la medida en que el Estado lo permite.
Si consideramos esta definición en términos estrictos podríamos decir que muchas
naciones latinoamericanas que por diferentes motivos no logran mantener el
monopolio de la fuerza, no sería en realidad Estados. Un elemento importante de
esta concepción del Estado es que la dominación a la que se refiere Weber debe ser
una coacción legítima, es decir, de acuerdo a las normas y leyes imperantes. Para
que esta dominación subsista y sea efectiva es necesario además que los dominados
consientan en someterse a la autoridad.
2
¿Estado y gobierno son lo misma cosa? ¿Presidente y gobierno son equivalentes?.
Estas confusiones son bastante comunes en la realidad latinoamericana, que por
efectos nocivos del sistema político al que asistimos parecen ser lo mismo, aunque
estas instituciones, que están íntimamente relacionadas, para ser democráticas
deben NO ser equivalentes. En democracia el gobierno o institución encargada de
la administración del Estado, es el resultado de la mediación de la representación
política. Así, un gobierno democrático será en términos estrictos un partido político
que ha competido en elecciones libres y que ha resultado electo por una mayoría
para administrar la estructura del Estado en un periodo limitado de tiempo. Dentro
de la división de poderes el Ejecutivo es asumido en América Latina por la figura del
Presidente (sistemas presidencialistas). Pero el poder del Presidente, debe ejercerse
en el delicado juego de pesos y contrapesos (Poder Legislativo y Poder Judicial).

[315
]
tienen poder en un periodo limitado, aunque la tendencia es que los presidentes
quieran quedarse para siempre. Por su parte, el adversario en esta batalla, que son
los medios de comunicación, siguen teniendo mucha incidencia en los mundos del
poder (gobiernos, políticos, empresarios, movimiento social). El poder en los medios
surgió de una lógica militante, pro-independentista, revolucionaria y democrática, y
paulatinamente ha ido migrando a formas más capitalistas de poder, fundadas en la
lógica empresarial y en la información como mercancía. Los medios eran escenarios
de la lucha por el poder, hoy son actores de la batalla por el poder.
¿Cómo podemos comprender las batallas por el poder entre medios de
comunicación y gobiernos en América Latina? He aquí un intento de respuestas que
surgen de la teoría y de los relatos periodísticos que contiene este libro ¿POR QUÉ
NOS ODIAN TANTO?
EL CONTEXTO mediático y político en América Latina
Pensando en unas sociedades democráticas, a unas sociedades construidas con
base en derechos, a unas naciones autofundadas en los valores de la modernidad
la pregunta es ¿a quién debemos defender? ¿a los medios del Estado/gobierno? o
¿al Estado/gobierno de los medios?... Esta es la pregunta que está en el centro de la
discusión democrática en América Latina. El debate actual sobre las relaciones entre
los medios de comunicación y gobiernos en América Latina nos remite a la célebre
frase de semiólogo italiano Umberto Eco (1968) “¿apocalípticos o integrados?”, en
eso hemos caído. Las respuestas están bien polarizadas: los medios dicen que hay
que defenderse del Estado que está adoptando formas autoritarias de gobierno;
los gobiernos de la región aducen que los medios se han convertido en cuervos
mercantilistas de la información y que tras la libertad de prensa esconden la libertad
de empresa y las cuantiosas ganancias que gozan a espaldas de los ciudadanos.
Gobiernos y medios de comunicación afirman y denuncian públicamente que “el
otro” es el poder, se está jugando con “la salud mental de los ciudadanos” y con “el
proyecto democrático” porque se informa con propaganda engañosa, basada en el
terror mediático, la desinformación y en intereses particulares y egoístas. Medios y
gobiernos se acusan de lo mismo y en los mismos términos. He ahí la paradoja de esta
batalla, ambos actores exigen para sí el adjetivo de buenos y heroicos.
La tesis que guía este análisis plantea que se trata de un problema mal planteado:
no es una guerra entre buenos y malos, no es una batalla a matar, es un asunto de
modelo de sociedad, de modos de actuar la democracia y de modos de incluir a los
ciudadanos en la vida pública. Comenzaremos por una breve reconsideración de las
relaciones entre el contexto mediático y el contexto político en América Latina, a
través de cinco momentos.

316]
Primer momento, la emergencia de los Estados independientes y la emergencia
de la prensa escrita. Este momento da cuenta de la función militante de la prensa
escrita en pos de los procesos independentistas en la región. Medios y Estado en
América Latina fueron instituciones que nacieron de la mano. Las incipientes
democracias y la prensa se levantaron en defensa del proyecto moderno, tanto que
publicar en los diarios era hacer política y defender la democracia. La prensa ilustrada
nació, entonces, como lugar de la política.
Segundo momento, la ola autoritaria… Estados represores y menos medios:
desde principios de siglo XX, para ser más específicos entrados en la década del 30’ y
posteriormente hacia mediados de siglo XX, se producen reiterados golpes de Estado
en el continente que claramente restringen las libertades civiles (como el derecho a la
vida y la detención forzosa de los ciudadanos), las libertad políticas (como el derecho
al voto, la libertad de expresión, el derecho a la libre reunión con fines políticos,
etc.) evidenciando un control total sobre el contenido de lo que se informaba, sobre
los periodistas o personas que estaban autorizadas por el poder represivo a llevar a
cabo tal función, así como sobre la estructura de los medios que se caracterizaba por
su alta concentración en grupos o familias, política y económicamente hegemónicas
y aliadas con el poder estatal autoritario. En este tiempo los medios se convirtieron
en su mayoría en aliados del poder represivo. Hubo quienes resistieron, quienes
no acordaron con este modelo, lamentablemente terminaron retirados del oficio,
exiliados o exterminados. Por lo tanto en este contexto la resistencia democrática
debe buscarse por fuera de la visibilidad mediática, aunque se reconoce el valor de
la prensa de resistencia.
Aunque quisiéramos decir que este periodo es ya pasado y que representa una
página que hemos superado en la historia de América Latina; en junio de 2009 tuvimos
un episodio golpista en Honduras, un golpe militar, pero también empresarial y
también mediático derrocó al Presidente Constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.
Y sigue el control totalitario de los medios y de los modos de informar en Cuba. Y
cada vez más regímenes llamados de izquierda como los de Nicaragua y Venezuela
buscan el control total de los modos de informar; y regímenes de derecha como los
de Panamá y México intentan lo mismo. El autoritarismo es un modo de gobernar,
no una ideología.
Tercer momento, la vuelta a la democrática: hacia principios de los 80’ e incluso
hasta entrados los 90’ se produce el proceso de transición de nuestros Estados a la
democracia. El retorno a la democracia trajo consigo valores como el respeto a las
instituciones, a los derechos humanos, la libertad de expresión y la condena a todo
tipo de censura. Ello llevó a una suerte de proliferación de medios, aunque ésta no
sería muy equitativa y pluralista por largo tiempo. La vuelta a la democracia coincidió
con la decadencia de la prensa como referente principal de la sociedad y el paso al
dominio de lo público por parte de la televisión.
ENSAYO

[317
]
Cuarto momento, la hegemonía del mercado y el neoliberalismo de la
información: hacia los 90’ asistimos a un marcado “giro a la derecha”, presenciamos
cada vez menos Estado frente a leyes que paulatinamente producen un achicamiento
de sus funciones y la privatización de las anteriores empresas estatales. El resultado
mediático… la mercantilización de los medios, estos se asumen como grandes empresas
y grupos económicos, que llevan a la alta concentración, ya no en pos de una ideología
autoritaria, sino de una ideología del mercado y la pauta publicitaria. Los medios de
comunicación se convierten en el escenario prioritario del poder y de la democracia.
La libertad de expresión se concreta en la libertad de empresa. Y los medios de
comunicación gozan de un gran control de todos los poderes; son el gran poder.
Quinto momento, los presidentes y los gobiernos definen a los medios como
sus mayores enemigos y los medios se asumen como actores políticos: esta es la
coyuntura actual y la que nos interesa pensar aquí, porque nos encontramos frente a
un fenómeno nuevo para la lógica de lo político y para la gramática de la mediática:
los papeles se han invertido, la política se dirime en, desde y con los medios de
comunicación, los presidentes de la región y los gobiernos ya no se enfrentan
con feroces enemigos partidarios, ahora los enemigos políticos son los medios. La
democracia ha devenido una batalla mediática. Medios de comunicación y gobiernos
luchan por el amor del pueblo ¿por qué?, porque los medios se retiraron de su rol
de contrapoder y se asumieron como actores políticos; creyeron tanto en sí mismos
que decidieron que con base en su poder moral y su tradición liberal y su libertad
de expresión tenían derecho a juzgar, condenar, absolver, ordenar o gobernar. Y a los
gobernantes no les pareció bien este superpoder y los metieron en la batalla por el
rating en que se ha convertido la democracia.
Nos encontramos así frente a un alto nivel de tensión en la relación entre medios de
comunicación y gobiernos. La polarización está dada en términos de mercantilización
vs. estatización de la comunicación. La guerra está declarada, los medios no retroceden
en insultos e injurias a todo lo que se asimile a una postura que pueda beneficiar en
algún aspecto a los gobiernos (ya no importa que estas realmente sean beneficiosas
para la ciudadanía, se adopta maniqueamente una postura anti-gobierno o anti-
Presidente) y los gobiernos comienzan a poner en acción el aparato del Estado, usan
su poder económico, producen regulaciones y legislaciones, intimidan y acosan a los
periodistas, todo para controlar la acción de los medios.
El régimen mediático actual en América Latina pasó, entonces, “de militantes
periodísticos y libertarios a medios políticos y empresarios”. En esta línea podría
caracterizarse el sistema de medios de comunicación en América Latina por algunos
elementos sintomáticos:
• Los medios son empresas, por lo que sus objetivos se orientan a la maximización
de beneficios en detrimento de su antigua “función militante” por la libertad
de información y la calidad periodística.

318]
• Escasa independencia respecto a las instituciones públicas o privadas que los
financian.
• En sus prácticas de información están marcados apego al poder político cuando
la pauta oficial es determinante.
• Convergencia empresarial. Tendencia creciente a dominar el mercado por
dinero y no por calidad; así nacen los multimedios monopólicos con alta
concentración de la propiedad. La información mediática se convirtió en un
negocio empresarial. Algunos ejemplos ilustrativos en la región son el caso de
Televisa en México, Globo en Brasil, Grupos Cisneros en Venezuela, el Grupo
Clarín en Argentina, Grupo El Tiempo-Planeta en Colombia, Grupo Prisa en
todo América Latina, Grupo El Mercurio en Chile.
• Convergencia tecnológica y en los soportes, los soportes tradicionales dialogan
y se remiten a los nuevos soportes, como internet.
• Convergencia informativa. El modelo de producción de la información se
estandariza en procesos de producción contenidos multimedios; la calidad
de cada soporte (radio, tevé, prensa, internet) disminuye, aumenta la
autoreferencialidad, la información circula como mercancía.
• La alta dependencia de los medios locales y regionales respecto a la pauta
oficial.
• Crecimiento de los medios regionales y locales; los medios gratuitos; los medios
ciudadanos; las comunidades periodísticas on-line.
Los periodistas:
• Precarización del oficio del periodista frente al declive de los medios
tradicionales y la emergencia de nuevos medios en formatos on line.
• Migración del perfil del periodista tradicional al “periodista comodín” o
“multimedio” que debe realizar múltiples funciones desde su casa.
• Baja calidad periodística: no hay investigación, no hay contexto, no hay
diversidad de fuentes, no hay marcos de interpretación, es escribe mal, se
narra peor.
• Prevalencia de la lógica de la denuncia sensacionalista y farandulera frente a la
de la investigación.
• Pérdida de credibilidad en los medios y declive del interés público.
• Noticias que se presentan bajo la lógica del entretenimiento.
• El periodista ya no importa, interesa el negocio económico y político de la
empresa mediática.
ENSAYO

[319
]
• El periodista se está quedando sin lugar en el mundo; por ahora trabajan en
oficinas de prensa, en empresas, dando clases en las universidades y los más
independientes publicando libros; en las empresas mediáticas están llenas de
jóvenes inexpertos que obedecen bien y hacen mucho con poca paga.
En este contexto, la crisis del periodismo es real, no funciona su modelo de negocio,
ni su modelo periodístico, ni su modelo de formación. Los medios se convirtieron en
actores políticos que defiende una ideología de libertad de mercado. Su legitimidad
está en descenso por la ausencia de transparencia económica e informativa de los
medios. Así llegamos a un momento político extraño en el cual hay exceso de opinión
en los medios pero poco periodismo; y los medios de comunicación tienen poco que
ver con los ciudadanos, se desconectaron de la sociedad.
El resultado final es que los medios de comunicación están siendo un muy buen
negocio para los empresarios y gobernantes pero no funcionan ni para los periodistas,
ni para los ciudadanos, ni para la democracia. Entonces, los medios hacen parte de
lo que hay que cambiar en la política, estamos viviendo un difícil divorcio entre
medios y periodistas, el valor social de la información es muy bajo y la calidad de la
democracia muy débil.
LOS ACTORES de las relaciones entre los medios y
gobiernos en América Latina
Lo que nos muestran las 18 crónicas sobre la relación entre medios y gobiernos en
América Latina, es que a pesar del concentrado y monopólico régimen mediático de
nuestros países y a pesar del precario sistema estatal y la corrupción gubernamental
a la que asistimos, el poder que circula en los medios no es muy diferente del poder
que circula por las estructuras de los gobiernos. ¿Por qué? ¿a qué se debe esta
vinculación?, en muchos casos a que las estructuras de poder y las elites en América
Latina se caracterizan por una cosa muy peculiar… son siempre las mismas, son unos
pocos los que ejercen el poder en lo público y que además lamentablemente son los
dueños de los negocios más cuantiosos.
El último ejemplo lo tenemos en el nuevo gobierno de derecha en Chile. El actual
presidente chileno, Sebastián Piñera, tiene entre sus negocios más jugosos acciones
en la aerolínea LAN y además es dueño de un canal privado de tv, Chilevisión.
Debido a las fuertes críticas que ha recibido, el Presidente Piñera dijo públicamente
que vendería sus acciones de LAN. Pero la venta de la aerolínea no hace más que
ratificar la idea… la hegemonía gubernamental está emparentada con la hegemonía
empresarial y con la hegemonía mediática. En Colombia el próximo Presidente tiene
acciones en el grupo más potente de medios del país: El Tiempo.

320]
¿Qué sucede en las estructuras del poder cuando la hegemonía gubernamental
se convierte en la hegemonía mediática?... pues simplemente no hay oposición, no
hay formación de la opinión pública crítica, y los ciudadanos deben convivir con
una democracia monocromática y débil y dócil a los dueños de la propiedad y los
privilegios.
El mapa de las principales características de los presidentes, los gobiernos, los
medios, los periodistas y los ciudadanos que nos cuentan las crónicas de este libro
¿POR QUÉ NOS ODIAN TANTO? son:
Los presidentes: la tendencia está marcada por un fuerte presidencialismo y por el
uso estratégico que hacen los gobernantes de los medios de comunicación: seducción
y compra o sino garrote y persecución. Sin embargo, dichos enfrentamientos pasan
más por el orden de declaraciones, en producir un espectáculo político, en divertir
a los ciudadanos con consignas y afrentas, que a plantear un nuevo modelo de
sociedad, democracia y medios. Por ahora, los presidentes han devenido actores
mediáticos, celebrities, héroes melodramáticos que van ganando la batalla de las
apariencias democráticas.
Los gobiernos: como nunca antes se gobierna para los medios de comunicación.
Gobernar es estar en pantalla. Se gobierna en vivo y en directo. Y si los medios no se
dejan seducir y convertir en parte del proyecto de poder, se les ataca y manipula y
se crea el relato de la lucha contra el poder monopólico de los grandes medios, que
desde esta perspectiva atenta contra la calidad de la información que los ciudadanos
reciben y se convierte en un sistema injusto, ya que solo unos pocos tienen acceso
a la difusión de la información. A la mayor profesionalización en la producción de
información desde los gobiernos, el uso estratégico de la pauta publicitaria oficial,
el diseño de leyes, se agrega la tendencia a la creación de medios gubernamentales
llamados públicos. Medios gubernamentales en nombre de la ciudadanía vs medios
privados en nombre de la libertad de empresa y de información.
Los medios: el régimen o sistema mediático en la región se enfrenta a una serie de
vicios que han llevado a su débil credibilidad y a convertirse en un actor nocivo para
la democracia, poco informa a los ciudadanos sobre los hechos que les interesan,
se convierten en agentes de posiciones maniqueas, simplistas y poco transparentes.
Los medios se han convertido en actores políticos, elemento que lleva naturalmente
a la perdida de aquel papel casi imparcial del periodista como quien se orienta a la
búsqueda de la verdad, develando los lugares más oscuros del poder, aquellos que se
tejen a puertas cerradas y al margen de los intereses de la ciudadanía. Así los medios
de comunicación no están cumpliendo con la democracia ya que no defienden a
los ciudadanos y lo público, y mucho menos brindan marcos interpretativos para
que los ciudadanos puedan tomar posición frente a los fenómenos políticos y la
realidad social.
ENSAYO

[321
]
Respecto al régimen comunicativo preponderante se observa la escasa diversidad
de posturas y lecturas críticas. Sin embargo, ha comenzado a emerger un debate sobre
la relevancia de los sistemas de comunicación mixtos, que combinen medios privados
y medios públicos. En Argentina por ejemplo, recientemente el congreso aprobó la
“Ley de medios” que otorga un tercio de frecuencias al sector social y comunitario,
en Ecuador se acordó una ley que busca limitar el poder sin control de los medios
privados y meter en el sistema a los medios públicos y comunitarios, y en Uruguay se
han concretado proyectos de ley ejemplares sobre los medios comunitarios y ahora el
actual gobierno de centro-izquierda de José Alberto Mujica Cordano, quien asumió
como Presidente en marzo de 2010, ha enfatizado sobre el papel democrático que
deben cumplir los medios públicos. Estas nuevas perspectivas sobre la estructura de
los medios de comunicación rompen con una idea hasta entonces instaurada en la
región: “la mejor política de comunicaciones es la que no existe”. En este marco,
podemos decir que más allá de las discusiones respecto a la capacidad de influencia
mediática, los medios de comunicación siguen siendo poderosas herramientas para la
lucha de las ideas en democracia. Y lo van a seguir siendo por mucho tiempo más.
Los periodistas: el gran “ninguneado” de esta crisis de los medios de comunicación
y la democracia han sido los periodistas. Se les llama a ser trabajadores de los intereses
económicos y políticos de los empresarios de medios o a ser militantes de los intereses
gubernamentales. Ni a medios, ni a gobiernos les interesa la calidad de la información;
les interesa la ganancia política. Los periodistas están más solos que nunca, sin negar
los atentados y asesinatos perpetuados contra periodistas en la región, parece que
la sociedad no sale en defensa del periodismo. Pero ¿por qué?... algunas respuestas
también las podemos encontrar en la falta de criterios éticos respecto a la manera de
informar, a las denominaciones estigmatizantes que los periodistas utilizan para referirse
a las personas que son “objeto” de sus historias, y sobre todo a la falta de responsabilidad
en la que incurren al desconocer las incidencias nocivas que muchas de estas acciones
tienen en la vida privada de las personas. Otros factores más estructurales respecto
a la precariedad del periodismo en la región, refiere a las deficiencias del sistema
educativo y de la débil formación de las escuelas de periodismo, a la baja salarial y
a la precariedad de tiempos y recursos para investigar. Las principales debilidades se
identifican en escasa formación en periodismo de investigación, en producción de
contextos y en conocimiento de las estructuras de poder.
Los ciudadanos: el actor no invitado a esta batalla por el poder es el ciudadano.
Tanto gobierno como medios lo nombran y dicen defenderlo pero solo lo toman como
espectador. Pero los ciudadanos se están cansando y cada vez son más hostiles con
los medios de comunicación. Cada vez son más conscientes de la falta de veracidad
de la información que se transmite en los grandes medios; del divorcio entre “la
realidad” y las representaciones que se exhiben en los medios; y de cómo los intereses
empresariales dominan la función de los medios. Los ciudadanos sienten que sus

322]
problemas no aparecen en los medios o aparecen atravesados por la ideología de los
medios como empresas, y es aquí donde emergen las demandas sobre el derecho a la
comunicación frente a la libertad de prensa. Así la sociedad civil cada vez más aspira a
crear sus propios medios, como los medios ciudadanos o comunitarios y en internet.
MARCAS COMUNES en las relaciones entre MEDIOS Y
GOBIERNOS EN AMÉRICA LATINA
Las 18 crónicas sobre las relaciones entre medios y gobiernos en América Latina
llevan MARCAS comunes que construyen un mapa de los modos de producción
mediática de la política y un mapa de los modos en que los gobiernos usan la mediática.
¡El mundo al revés! Los medios de comunicación haciendo de actores políticos frente
a los gobiernos [Periodismo de suplantación]. Y los presidentes/gobiernos haciendo
de actores mediáticos frente a los ciudadanos [Gobierno de simulación].
PERIODISMO DE SUPLANTACIÓN. Ante la debilidad de los partidos políticos,
ante la ausencia de una oposición con ideas y propuestas, ante la ausencia de
alternativas… los medios de comunicación y sus periodistas se han convertido en
actores políticos.
GOBIERNO DE SIMULACIÓN. Ante la debilidad de los actores políticos, el
presidente y su gobierno viven para actuar en los medios, en sus propios medios,
haciendo siempre noticias, estando siempre con la gente, proporcionando
entretenimiento a la población… puro gobierno de simulación, y cuando los medios
no se prestan para esta simulación… pues los insulta, no les responde, los manipula
con licencias, los acorrala con su falta de amor. Así hemos llegado a una democracia
mediática o democracia de opinión. Ni modo en esas andamos: en simulaciones,
suplantaciones y complacencias.
En concretos las MARCAS más comunes en el mapa de la mediática del poder en
América Latina son:
i. En América Latina no hay políticas de comunicación en perspectiva de Estado
sino en función de los gobiernos y las lógicas electorales.
ii. Los gobiernos han logrado convertir la batalla por la información en el lugar
de la gobernabilidad y de la hegemonía política. Por eso, hacer política es
gobernar en y con los medios. Todo vale para orientar el “mercado de la
opinión pública”.
iii. El gobierno se ha convertido en el mayor productor profesional de información,
y en eso que se ha dado a llamar el Estado Comunicador.
iv. Se está pasando de “la mejor ley es la no ley”, o “la mejor política de
comunicación es la que no existe”, que defiende posturas conservadoras y
ENSAYO

[323
]
el libre mercado… a “la mejor ley es la que es tripartita: medios privados,
medios públicos y medios comunitarios”, o “la mejor política de comunicación
es limitar el poder de los medios privados”.
v. Los periodistas se están quedando sin credibilidad, sin trabajo y sin lugar en el
mundo. La gran damnificada de la lucha radical entre medios de comunicación
y gobiernos es la calidad periodística… nos estamos contando mal, muy mal, y
el periodista viene sobrando.
vi. El derecho ciudadano a la comunicación es el más nombrado en toda la
lucha por la mediática del poder pero es el menos desarrollado. Luego los
ciudadanos buscan medios alternativos para contar sus historias, hacer visibles
sus problemas en la esfera pública y construir agenda ciudadana, ¿cómo? Con
el internet, el celular y las redes sociales.
vii. El gran debate es, entonces, cómo entrenar en comunicación ciudadana, en
ganar más conciencia y movilización cívica, y mayor juego del ciudadano en el
control de los medios.
Tipologías de LAS RELACIONES entre Medios y Gobiernos
en América Latina
Entonces ¿de qué hablamos cuando hablamos de relaciones entre medios y Estado
en América Latina?... ¿de presidentes que intentan limitar la acción de la oposición
que ejercen los medios? ¿de gobiernos que limitan a los medios? ¿De estructuras del
Estado que atentan contra la libertad de prensa? ¿de Estados que deben proteger a
los ciudadanos de la irresponsabilidad de los medios?, realmente de todo esto y más.
Vemos cómo son estas relaciones en un juego de tipologías3
:
3
Hay que recordar que una tipología son tipos ideales que sirven para mirar la
realidad aunque como tales no dejan de ser “ideales”… en la realidad los encontramos
más o menos, nunca tal cual.

324]
Tipología de relaciones Medios – Gobiernos en América Latina
Relación Medios-Gobiernos Casos más relevantes Efectos para la
democracia
Presidentes que dominan a los
Medios: son presidentes que tienen
un estilo personalista con alto carisma
y gran oportunidad mediática y de
entretenimiento, casi siempre dicen
ser de izquierda (pero que aplica muy
bien la derecha) y que rompen con los
parámetros tradicionales en los que se
exhibe el poder en los medios.
Evo Morales en Bolivia,
Correa en Ecuador, Chávez en
Venezuela, Lula en Brasil. Uribe
en Colombia es un ejemplo de
presidentes que dominan a los
medios, pero desde la derecha.
La lucha lleva a una
polarización extrema
alrededor de la figura
presidencial que resulta
nociva para la acción
política en democracia y
para el actuar libre de los
medios de comunicación.
Gobiernos que quieren dominar la esfera
pública: Aquí la lucha no se da solamente
a nivel de la figura presidencial sino que
trasciende a las demás estructuras del
gobierno, como el legislativo o el poder
judicial. Se busca crear un sistema integral de
dominio del “mercado de la opinión pública”.
Fernández en República Dominicana
y Cristina Fernández en la Argentina
(por el mismo camino van Correa
en Ecuador y Evo en Bolivia). En
estas realidades se ha pasado del
enfrentamiento al control vía pauta
publicitaria, legislación y creación
de sistema gubernamental de
medios y información.
Los medios de comunicación
privados son la oposición. Y se
gobierna contra ellos. Gobernar
es dominar a los medios
privados y estar siempre
“gobernando” en los medios.
La democracia se convierte
en una batalla de egos y
visibilidades.
Medios “en-cama-dos” con el gobierno.
Los presidentes y gobiernos casi siempre
conservadores o de derecha comparten
intereses políticos, modos de ver el mundo
y son parte de las elites de poder. Es un
sistema homogéneamente privado, los
medios públicos son inexistentes o muy
escasos, y domina la producción de un
discurso único.
Honduras del golpe y con el
presidente Lobo, México en
la lucha contra los carteles de
Calderón, Colombia y su seguridad
democrática de Uribe, Chile y la
gerencia de Piñera, Panamá y el
control total de Martinelli.
Creación de una democracia
de discurso único, feliz y
progresista. Las elites son los
buenos, los villanos los ponen
los pobres y el narco y los
criminales. Escasa diversidad
en la formación de la opinión
pública y la representación
social que resulta un sistema
nocivo para la democracia.
El Estado Comunicador: Es el caso opuesto a
los anteriores. Aquí la comunicación solo es
un recurso del Estado, no hay prácticamente
medios privados. Como resultado los
medios funcionan más como propaganda
del gobierno que como medios públicos,
-que como tales deberían mostrar también
voces opuestas al gobierno-. Sistema de la
propiedad de los medios homogéneamente
público.
En América Latina tenemos dos
casos plenos: Cuba y Venezuela. Y
van por ahí Nicaragua y República
Dominicana.
La democracia no existe porque
sólo se reconoce una sola voz,
un solo discurso, una sola visión
y el disenso es visto como
antipatriótico y terrorista.
ENSAYO

[325
]
De la tipología anterior podemos observar dos desplazamientos en el mapa de
relaciones entre medios y gobiernos en América Latina. Por un lado nos encontramos
casos que advierten una suerte de homogeneidad subyacente en las relaciones
medios-gobiernos: los sistemas homogéneamente privados, –casi no existen los
medios públicos–, se corresponden con un tipo de comunicación vinculada a
gobiernos de derecha o conservadores. Hay poco espacio para la oposición y las
críticas, por lo que la contribución de los medios a la democracia se ve claramente
limitada. En el extremo opuesto, aunque igualmente homogéneo encontramos “el
Estado Comunicador”, aquí el sistema de medios es completamente público, y se
muestra como propaganda del gobierno ya que tampoco hay espacio para la crítica
y la formación de opinión pública diversa a la gubernamental. El caso más extremo
es el cubano y recientemente el venezolano ha adoptado medidas restrictivas de los
medios privados que llevan a la existencia muy reducida de esos medios en el país.
Estas restricciones a la diversidad en la estructura de la propiedad de los medios y en
la diversidad de la información resultan nocivas para la democracia.
Por otro lado, tenemos un grupo de países en los que los medios se enfrentan
a los gobiernos. En primer lugar se encuentran casos como el boliviano, en el que
la contienda es mediática y el gobierno no ha adoptado medidas para modificar la
estructura de su propiedad. En segundo lugar se observan casos de sistemas mixtos
en la propiedad de los medios que permiten la coexistencia de medios privados y
medios públicos, el caso más reciente es “la ley de medios” en Argentina. En este
último grupo hay mayor diversidad, aunque se han unificado medios en contra del
gobierno por lo que la contribución de los medios a la democracia disminuye.
En todos los casos el asunto es la polarización como eje de la democracia, de la
gobernabilidad, de la acción pública. La polarización extrema resulta poco ventajosa
para “la gramática de la acción política en democracia”.
El tiempo de LAS LEYES DE MEDIOS en América Latina
¿Debemos defender a los medios del Estado o al Estado de los medios?... Para
dirimir la confrontación entre gobiernos y medios y para determinar las estructuras
de poder que hagan posible la idea de nación que tiene cada sociedad se está
recurriendo en la región a la promulgación de leyes acerca del sistema de medios de
comunicación. Así, la legislación de la comunicación social se convierte en la arena
de la lucha política y democrática.
Y es verdad de oportunidad política que debemos avanzar en regulaciones
gubernamentales que nos permitan tener un mejor un sistema de medios, más
equitativo, más competitivo y diversificado, pero que al mismo tiempo cumpla con
su función primordial, que los medios sean contrapoder al gobierno de turno y sean

326]
oposición con calidad, con argumentos y con investigación. Lo mejor sería regular en
democracia y para beneficio de los ciudadanos, los periodistas y la industria mediática.
Porque como lo expresa la analista argentina Adriana Amado, no por gastar más plata
en comunicación mediática se gana en popularidad y gobernabilidad… no por tener
más medios del gobierno se domina el escenario de la opinión… “todo pasa por en
tener un vínculo más respetuoso con los periodistas… y por volver a enganchar al
ciudadano con la política y la democracia”.
Y es por esto que las nuevas legislaciones de sistema de medios de comunicación
en América Latina tienen sentido, son necesarias y se requieren por varios motivos:
• La necesidad de tener POLÍTICAS COMUNICACIONALES y de transparencia
mediática.
• NUEVAS TECNOLOGÍAS que posibilita más comunicación y requieren
pensarlas en SISTEMA.
• Habitamos una sociedad de los DERECHOS y una política de los derechos que
debe ser desarrollada en el campo de la comunicación.
• El Estado debe defender LO PÚBLICO en las tecnologías de comunicación para
que el ciudadano tenga más posibilidades de participar en la vida pública.
• Estamos asistiendo a nuevas relaciones entre poder político, DEMOCRACIA y
ciudadanía.
• La pregunta es por EL PAPEL DEL ESTADO EN LA COMUNICACIÓN que
lleven a fomentar la profundización de la democracia.
Lo que se quiere y se busca son reglas claras, transparentes y ciudadanas y para
todos. Una legislación de sistema de medios de comunicación debería tener en
cuenta criterios como:
i. Libertad de información: no intervención del Estado pero si debe promover la
industria de medios.
ii. Sistema de medios: bebe incluir todos los soportes de transmisión incluido lo
digital, debe promover la igualdad y la diversidad de medios.
iii. Derecho a la comunicación: el Estado sí debe intervenir para promover la
ciudadanía.
iv. Contenidos: no intervención del Estado pero sí debe fomentar contenidos
específicos como los infantiles.
v. Profesionalización del periodismo: no se debe exigir tarjeta profesional, la
comunicación es un derecho de todos.
vi. Publicidad oficial: el Estado debe regular la inversión de la pauta publicitaria
de origen estatal para fomentar la diversidad de medios y la libertad de
expresión.
ENSAYO

[327
]
vii. Medios públicos: deben existir pero financiados por el Estado y para ofertas de
públicos no atendidos como niños, poblaciones indígenas y las negritudes. Se
debe evitar el sesgo educativista.
viii.Licencias: la concesión de medios y licencias deben seguir el principio de
control antimonopolios
ix. Autoridad: el órgano de gestión del sistema de medios debe tener autonomía del
gobierno e independencia económica y tener requisitos de alta profesionalidad
en políticas públicas y comunicación en sus miembros. Esta autoridad no
es para controlar sino para fomentar más democracia y ciudadanía en la
comunicación.
x. Industria: el Estado debe fomentar el movimiento de la creatividad de los
profesionales de comunicación, la generación de contenidos apropiados y la
promoción de otras estéticas, formatos y narrativas.
Estas nuevas legislaciones urgentes para todos los países de América Latina deberían
ser leyes minimalistas que incluya los criterios y acuerdos esenciales que permitan
imaginar futuro; deben ser acuerdos entre legisladores (abogados) y comunicadores
(productoresdemensajes);sedeberecordarquesonleyesquedesarrollanDERECHOS,
democracia, ciudadanía y que en la comunicación el derecho fundamental es el
DERECHO AL ENTRETENIMIENTO. Otro aspecto importante es que el concepto de
Medios Comunitarios no basta, habría que diversificar incluyendo en su identidad
a medios INDÍGENAS, medios de las NEGRITUDES… por ejemplo. Y de pronto se
podría intentar crear la figura del DEFENSOR DEL PERIODISTA.
APUNTES FINALES:
Lógicas políticas y fabricaciones mediáticas
El contexto de la política y la democracia en América Latina está dado por gobiernos
obsesionados por el relato mediático como táctica para ganar el dominio sobre la
opinión pública; los medios de comunicación, a su vez, se han desenganchado de
la ciudadanía y del periodismo de calidad para convertirse en negocio empresarial
(ganancia económica) y negocio político (incidencia en la toma de decisiones). En
este contexto, las relaciones gobierno y medios de comunicación se juegan entre
dos estrategias: control total y estratégico desde el Estado a los modos de informar
y a la propiedad, y en el otro lado, hegemonía privada y del mercado que controla
los modos de informar y de gobernar. ¿Dónde se dirime el modelo la mediática del
poder? En la producción de legislaciones.

328]
Los 18 relatos periodísticos sobre las relaciones entre medios de comunicación y
Estado en América Latina respondieron a la pregunta ¿Por qué nos odian tato? con
un mapa de poderes que va de lo homogéneamente público a lo homogéneamente
privado… en el medio están las heterogeneidades y mixturas de lo público y lo
privado, algunas más plurales que otras, algunas con matices un poco más polarizadas
y menos tolerantes que otras, luego menos democráticas.
Quizás la MARCA que reclama más narración en estas 18 crónicas sobre medios
y gobierno en América Latina sean los ciudadanos, los que no han sido invitados a
participar de la batalla, pero sirven de justificación última, y les han dejado como papel
estelar ser espectadores. Lo más nocivo para la democracia es que los ciudadanos
se quedaron sin los “perros guardianes”, porque los periodistas han dejado de hacer
periodismo de calidad para convertirse en propagandistas de empresarios y gobiernos.
Pero como todo adquiere sentido frente a la democracia, queremos hacernos una
pregunta final: ¿cómo los medios de comunicación pueden profundizar la democracia
y la sociedad de los derechos y la ciudadanía participativa?. He aquí algunas pistas a
tener en cuenta:
Los medios y los periodistas ocupan el banquillo de los acusados… y los ciudadanos
actúan como espectadores. Entonces, los ciudadanos deben ser más activos y los
medios y periodistas aumentar su accountability y transparencia.
Ninguna nota vale una vida, pero la democracia exige valor a los periodistas; por
eso, el miedo y la autocensura de los periodistas van en contra de la democracia y del
oficio de la libertad de expresión.
Los periodistas debemos aumentar nuestra conciencia del oficio, hacer más
procesos de auto-crítica, y luchar desde el terreno de la investigación y el buen
periodismo, no en el terreno de la política.
La publicidad oficial no se puede usar como premio o castigo de los medios, que
se invierta más en publicidad que en cultura es un pecado, y hay que tener claro que
mayor publicidad no significa mayor aprobación de gobierno.
La mediática del poder es una batalla cultural entre INFORMACIÓN (los
gobiernos buscan crear sistemas públicos de información que nadie ve, ni oye, ni
lee) y ENTRETENIMIENTO (los medios de comunicación privada se especializan en
el entretenimiento y dominan el consumo cultural y modelan gustos a su antojo). Hay
que pensar la democracia en términos de la lógica del entretenimiento.
La esperanza: “ciudadanizar” la política y la comunicación, abrirse al diálogo
entre los diferentes, mejorar la participación de los ciudadanos y hablar con cara
descubierta.
ENSAYO

[329
]
Referencias bibliográficas
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Barcelona, España.
Foucault, Michel. 1977. Historia de la Sexualidad. v.1. La voluntad de saber. Siglo Veintiuno Editores.
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para América Latina Fredrich Ebert Stiftung. Documento Nº 7-FES-CE. Bogotá, Colombia. http://www.
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Zuleta, e (2005) Sobre la guerra; En: Elogio a la dificultad y otros ensayos. Hombre Nuevo. Medellín,
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Weber, Max. 1964. Economía y sociedad esbozo de sociología comprensiva. Fondo de Cultura
Económica. México.

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