Facultad de derecho computoi

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DERECHO
CURSO: COMPUTACIÓN I
DOCENTE: OMAR CASTAÑEDA SÁNCHEZ
ALUMNA: ESTEFANY VÁSQUEZ SUÁREZ
GRUPO: 06
Trujillo - 2014
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
INDICE
INTRODUCCION .................................................................................I
CAPITULO I: LA JURISDICCION.........................................................1
1. Concepto de Jurisdicción...........................................................2
2. Diferencias entre funciones .......................................................3
2.1.1. Jurisdiccional y Legislativa ...................................................3
2.1.2. Jurisdiccional y Administrativa .............................................4
2.1.3. Jurisdiccional (Judicial) y Arbitral .........................................6
CAPITULO II: LA COMPETENCIA.......................................................7
1. Concepto de Competencia ........................................................8
2. Clasificación de Competencia ...................................................9
2.1. Pautas Objetivas.............................................................9
2.1.1. Competencia personal...............................................9
2.1.2. Competencia material................................................10
2.1.3. Competencia por valor ..............................................10
2.1.4. Competencia territorial ..............................................11
2.1.5. Competencia funcional ..............................................11
2.1.6. Competencia por turno ..............................................12
2.2. Pautas Subjetivas ...........................................................13
BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN
a función primordial de los juzgados y tribunales consiste en resolver,
definitiva y mediante, los diferentes conflictos que ante ellos se
plantean, a través de la aplicación del derecho positivo, para lograr su
cometido y con el fin de hacer llegar la aplicación de justicia a cualquier
nivel de la población, el poder judicial basa uso de estructura organizativa en
Jurisdicción y competencias; en el presente trabajo de investigación se pretende
profundizar en diversos aspectos relacionados con la jurisdicción, la competencia,
los elementos que la determinan. Las diferencias entre ambas, así como los deberes
y obligaciones de los encargados de impartir justicas, es decir de los jueces y juezas,
de su inhibición y/o recusación.,
Otro punto importante a investigar, es todo lo relacionado a proceso,
y procedimiento, entendiendo que el primero es la suma de todos actos realizados
para la composición del litigio, estando incluido dentro de él el segundo, es decir
que dentro del proceso existen diferentes procedimientos: En vista de lo
entrelazados uno del otro es necesario en este trabajo establecer las diferencias
entre ambos, los lapsos y términos, además, es necesario conocer los diferentes
criterios, reglas, orientaciones y/o directrices que van orientados a regir y regular las
diferentes situaciones que pueden surgir ante el proceso, así como las actuaciones
de todos y cada uno de actores, es decir de las partes, de los representantes
judiciales y de operadores de justicias, garantizando así
los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir garantizando
los principios procesales.
Por último pero no menos importante, es necesario tener en claro conceptos tales
como la acción, la cual se puede definir como el poder jurídico que tiene las
personas para reclamar la prestación de una función jurisdiccional, por otro lado,
la pretensión.
L

1. CONCEPTO DE JURISDICCIÓN:
Lamentablemente y como una muestra más del actual carácter acientífico del
derecho, el vocablo jurisdicción refiere a varios fenómenos que poco o nada
tienen que ver entre sí, por lo cual su uso cotidiano produce serios equívocos
que es necesario elucidar: Indica el ámbito territorial en el cual el Estado
ejerce su soberanía, señala el territorio dentro del cual cumple sus funciones
un Juez, muestra el conjunto de poderes de un órgano del poder público
(legislativo, ejecutivo, judicial), refiere a la aptitud que tiene un Juez para
entender en una determinada categoría de pretensiones y, por fin, tipifica la
función de juzgar.
Solo en este último sentido –que es el verdadero y propio –utilizaremos el
vocablo, descartando las demás acepciones que antes señalamos.
A base de esta premisa, se acepta mayoritariamente que jurisdicción es la
facultad que tiene el Estado para administrar justicia por medio de los
órganos judiciales instituidos al efecto, los cuales –en función pública –tienen
por finalidad la realización o declaración del derecho mediante la actuación
de la ley a casos concretos.
Para que dicha función pueda ser adecuadamente cumplida, se reconoce
que su ejercicio admite ser descompuesto en los siguientes elementos (o
atribuciones de los jueces).

2. DIFERENCIA ENTRE FUNCIONES:
3.1. JURISDICCIONAL Y LEGISLATIVA:
A la altura actual de conocimiento jurídico parece ocioso ocuparse de este
tema: No se cree que nadie pueda confundir ambas actividades.
Por tal razón, solo diré que el acto legislativo se caracteriza por ser general,
ya que las normas sancionadoras por los legisladores contemplan
determinadas conductas de los individuos en forma genérica (sin hacer
referencia a casos concretos), autónoma (pues la fuerza obligatoria de sus
disposiciones emana del carácter soberano del que haya investido el órgano
que las dicta) y previa (regula conductas para lo futuro).
El acto jurisdiccional (concepto en el cual se incluye aquí la sentencia, como
antes lo hemos señalado), en contraposición con el anterior, es concreto
(pues la ley prohíbe a los jueces pronunciarse en los negocios de sus
competencia por vía de disposición general y reglamentaria).
Complementario (pues el juez aplica el derecho, naciendo de este la fuerza
obligatoria de su mandato: La sentencia no crea derechos, los declara) y
posterior (regula conductas cumplidas en el pasado).
Claro está, tal criterio no es compartido por toda la doctrina. Así, Carnelutti
sostiene que solo es posible establecer la distinción desde un punto de vista
casual. Sin embargo, nos parece claro que casa uno de los fenómenos
descriptos se halla suficientemte singularizado y que no saben dudas
respecto de la identificación de uno frente al otro.

3.2. JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA:
El problema deja de ser sencillo en este caso, Lo que a nuestro modo de ver
complica notablemente el panorama es la insistencia con la cual todos los
autores –especialmente los administrativistas –han sostenido que a
Administración realiza válidamente función jurisdiccional cuando resuelve los
conflictos que ella misma tiene con sus administrados: En cualquier biblioteca
puede hallarse una profusa bibliografía sobre el tema, respecto del cual
abundan en argumentos.
El tema es de la mayor importancia en nuestro derecho pues solo
determinando cabalmente el concepto de acto jurisdiccional puede
conocerse a ciencia cierta cuáles son sus efectos y cuales los medios que
otorga la ley para impugnarlos.
Para nosotros, atendiendo que los fines de uno y otro puedan ser confundidos
desde que es factible analizarlos desde varios puntos de vista, cabe analizar
el tema en cuanto a la esencia misma del acto.
Parece obvio señalar que si estudia detenidamente esta postura doctrinal,
puede afirmarse que el autor refiere la sustitución en el doble plano
intelectivo-volitivo, con lo cual deja a salvo la jurisdiccionalita de la tare
inherente a la ejecución de la sentencia.
Sin embargo, como el punto no ha sido exhaustivamente analizado en la
doctrina nacional. Y es que una observación atenta dela realidad jurídica
actual muestra que un número más que considerable de procesos
(originados en pleitos nacidos del tráfico comercial internacional o propios del
comercio nacional pero en los cuales una de las partes es una gran empresa
a cuyos directivos no interesa la trascendencia pública del litigio, etc.) son
sustraídos de la órbita estatal ya que en lugar de tramitar ante los jueces
establecidos al efecto derivan hacia el arbitraje privado, con elección por las
partes no solo de la figura del juzgador sino también de trámites, medios de

impugnación y, a veces, del modo por el cual se llevará a cabo la ejecución
misma de la sentencia.
Tan vasta e importante es la trascendencia del tema en cuestión que no
puede ser ignorado por la doctrina para singularizar la actividad en estudio.
El problema, por cierto no es novedoso. Abundando en esta idea agregamos
que si el poder público no tuvo la función de decidir el juicio, menos poseyó
la función coercitiva en interés del particular. De ahí la importancia que el
antiguo Derecho romano tuvieron las cauciones generales para asegurar
tanto la comparecencia del demandado como la ejecución de la sentencia.
Atendiendo lo expuesto, resulta evidente que todo concepto que –partiendo
de la distinción óptica entre acto administrativo y acto jurisdiccional –asigne
este de modo excluyente al Estado, no conduce con la realidad jurídica
imperante. De tal modo, para singularizar esta actividad en el plano corriente
en el cual se desenvuelve la doctrina mayoritaria que se maneja con lo que
podría llamar criterio tradicional, no debe concretarse a mostrar lo judicial
diferenciado de lo administrativo sino también de lo arbitral.

3.3. JURISDICCIONAL (JUDICIAL) Y ARBITRAL:
Nótese que si la idea de sustitución resulta suficiente –a nuestro juicio –para
explicar la esencia del acto jurisdiccional, ella sirve también para demarcar la
estructura del acto arbitral.
Se desprende de ello que el quid deferencia se halla en la fase de ejecución,
cuando ella es necesaria: En tanto que el Juez tiene facultades suficientes
para ejecutar (consecuencia de la atribución que antes hemos referido con la
denominación de executivo) no solo no las posee el árbitro sino que ello le
está vedado de modo expreso.
Cierto es que la ejecución no se presenta en todo proceso. Pero ello no
empecé la tarea propuesta ya que, bien mirado el problema, tampoco la
sentencia es el punto final de todo litigio, que bien puede auto componerse
por alguna de las vías que entraña la conciliación: Renuncia del actor
(desistimiento), del demandado (allanamiento) o ambas (transacción). De
aquí que no veamos óbice alguno en la eventualidad o potencialidad de la
idea de investigación de sentencia como para hacer fincar en ella la nota
distintiva entre la tarea propia del juez y la del árbitro.
Y aquí volvemos a la idea de fuerza que presentamos en el capítulo
preliminar de esta exposición: Hicimos allí especial hincapié en que cabía
dividirla en ilegitimo, legitimada y legitima, adjudicando la primera
adjetivación a la que –como regla –efectivizaban los particulares.
No se nos escapa que la doctrina no acepta el carácter jurisdiccional de la
ejecución de la sentencia penal (al igual que los llamados por la ley “actos de
jurisdicción voluntaria”).
Para nosotros la solución es la contraria pues vemos actividad sustituida en
la que cumple el juez de lo penal (salvo el de instrucción, dentro de la
normativa actual, que le permite llevar de oficio la acción penal).

1. CONCEPTO DE COMPETENCIA:
Desde el momento histórico o hipotético en que hubo necesidad de más de
un juez para resolver los litigios que las relaciones intersécales plantaban,
fue menester la creación de distintos órganos munidos de la posibilidad de
actuar jurisdiccionalmente para entender en asuntos de diversa índole.
En rigor, para que jurisdicción y competencia pudieran superponerse sería
necesaria la existencia de un solo juez. Pero debe aclararse que la
coexistencia de más de un juzgador no implico de manera alguna que la
jurisdicción como función, cual lo admiten algunos autores, ni tampoco que
se repartiera, porque el poder jurisdiccional del Estado obviamente es único
y como tal no puede ser fraccionado, repartido, limitado, etc.
Lo que ocurre es que el desarrollo del Estado moderno ha impuesto la
necesidad de dividir el trabajo de la administración de justicia y, por ende ha
reglamentado el ejercicio de la jurisdicción que, sin embargo, sigue siendo
única.
De tal suerte, podemos entender por competencia la extensión funcional del
poder jurisdiccional, existiendo entre jurisdicción y competencia una relación
cuantitativa y no cuantitativa, de género a especie.
Por ello ha podido decir con acierto Costure que todos los jueces tienen
jurisdicción (en rigor, posibilidad de realizar actos con estructura sustitutiva)
pero no todos tienen competencia para conocer un determinado asunto. Un
juez competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción; pero un juez con
jurisdicción y sin competencia.

2. CLASIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA:
2.1. PAUTAS OBJETIVAS:
2.1.1. COMPETENCIA PERSONAL:
De acuerdo con la estructura política que la Constitución Nacional
impone para la república, existe una competencia de excepción la
federal que atiende exclusivamente a la persona que afirma o
contra quien se afirma la existencia de un conflicto.
Los supuestos se encuentran enunciados en el ART. 100 CN, y se
reducen a lo siguiente:
a) Causas concernientes a embajadores.
b) Ministros Públicos.
c) Cónsules extranjeros.
Asuntos en los que la Nación sea parte, causas que se susciten
entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de
otra, entre vecinos de diferentes provincias y entre una provincia y
los vecinos contra un Estado o ciudadanos extranjeros.
Dentro de la provincia de Santa Fe, responde a este criterio
clasificador en razón de las personas: En cuanto a la materia penal,
la especifica contencioso administrativa y expropiatoria, como uno
de los sujetos del litigio es necesariamente la provincia o uno de
sus entes descentralizados, por tenerse en consideración la
calidad de estas personas concurrentemente con la materia
litigiosa, se presenta la específica competencia de la Corte
Suprema.

2.1.2. COMPETENCIA MATERIAL:
Este criterio mira a la materia a que pertenece la pretensión
deducida. Esto es: La pertenencia de la pretensión a una materia
determinada la realizan las leyes de fondo que señalan el radio de
acción, en el círculo dentro del cual todos los hechos, actos o
negocios jurídicos serán alcanzados por ellas.
Por tanto, la fijación de la materia surge ab initio según sea civil,
penal, laboral, contencioso administrativo, etc., el hecho, acto o
negocio jurídico constituido de la pretensión.
Pero independientemente de que la clasificación material
corresponda en principio a las leyes procesales efectúan a veces
una reclasificación de esta índole al atribuir determinados asuntos
a ciertos tribunales.
2.1.3. COMPETENCIA POR VALOR:
El valor económico del pleito, o sea la cuantia de la pretensión o
de la sima de cada una de las pretensiones deducidas si son
varias, además de construir un elemento que el legislador merita
para establecer el procedimiento que debe seguirse (a mayor valor
se otorga mayor amplitud en el ejercicio del derecho de defensa).
Sirve también para determinar la competencia del juez.

2.1.4. COMPETENCIA TERRITORIAL:
Centralizar en un lugar la sede de todos los jueces de la provincia
seria obrar con una total ausencia de criterio practico, por cuanto
los litigantes deberían movilizarse ineludiblemente para lograr la
garantía jurisdiccional que el Estado les asegura y, a veces, poner
en tambaleante equilibrio a justicia, ya que defensa de los
derechos se haría muchas veces ilusoria en razón del mayor costo
y la mayor lentitud de los procedimientos.
Por esta razón, en homenaje a la economía y celeridad principios
tan caros al moderno proceso, después que se ha logrado
entender que justicia onerosa y lenta no es justicia se acepta,
obviamente que el juez que debe entender en un litigio sea el más
próximo al domicilio de los litigantes, o al de la realización o
cumplimientos del hecho o contrato, o al de la ubicación de los
bienes.
2.1.5. COMPETENCIA FUNCIONAL:
Ya definitivamente erradicado el antiguo criterio de carácter político
para determinar el grado de conocimiento de un litigio (criterio a
través del cual se robustecía la autoridad del rey), se acepta por
razones de falibilidad humana antes que científicas que a los
efectos de una justa composición de la Litis sea conveniente que
esta se someta al juzgamiento de por lo menos dos tribunales de
distinta gradación en orden a la función que ejercen.
Y así en nuestro país, desde la Constitución Nacional y las
provinciales sancionadas en su consecuencia, se asegura la
posibilidad de un doble grado de conocimiento ordinario.

2.1.6. COMPETENCIA POR TURNO:
Este criterio mira las pautas objetivas que indican ante qué juez ha
de proponerse el conocimiento de un litigio cuando existen varios
que resultan al mismo tiempo competencia para ello en razón de
que los sujetos intervinientes, de la materia cuestionada, de la
cuantía del pleito, del territorio donde se asientan los sujetos u
objetos o nace el conflicto y del grado de conocimiento funcional.
Cuando se habla de competencia por turno, como criterio
repartidor de la labor jurisdiccional entre ellos, pero en rigor de
verdad, no se trata de una autentica clase o tipo de competencia
sino de una distribución interna.
De tal suerte, parece claro que el turno es una forma de (asimilable
a la competencia), creada a favor de los jueces y que, por tanto,
no es de orden público, de donde surge que ellos pueden aceptar
un proceso que no les corresponda por razón de turno y que una
vez aceptado, carecen de facultades para repelerlo oficiosamente
o estimando una excepción de incompetencia fundamentada en no
haberse respetado el orden respectivo y todo ello en razón de que
este es de carácter preventivo (competencia preventiva), lo que
supone que para un asunto existen varios jueces competentes,
pero el primero que lo hace previene en su conocimiento e impide
a los demás que lo hagan.
La competencia preventiva adquiere carácter de privativo una vez
que se asume el conocimiento por uno de los jueces.

2.2. PAUTAS SUBJETIVAS:
Estas pautas tienen en cuenta la persona del juzgador, con
prescindencia absoluta de las que ya hemos presentado como
objetivas. Un juez puede ser objetivamente competente para
conocer de un litigio, en razón de las personas, de la materia, del
valor del territorio y del grado, sin embargo, no serlo
subjetivamente, por encontrarse comprendido respecto del alguno
de los litigantes o de sus representantes o latrocinantes, en uno
de los supuestos.
Como lo hace a la esencia del acto jurisdiccional que sea realizado
por un tercero en la Litis, parece claro que el juez órgano a través
del cual se ejercita la actividad jurisdiccional debe actuar en el
proceso en forma completamente imparcial e independiente de las
partes litigantes, respecto de las cuales no debe estar sometido a
factores emocionales, anímicos, económicos, etc.
Congruente con lo expuesto, doctrina obviamente pacífica se
otorga a los litigantes la facultad de desplazar la competencia del
juez subjetivamente incompetente hacia otro juez que no lo es y,
correlativamente, la ley impone a este el deber de excusarse a fin
de asegurar una correcta Administración de Justicia.
 función
 ejecución
 rigor

BIBLIOGRAFIA
 (P. Mariano
http://unslgderechoquinto.es.tripod.com/ProcesalPenal2/dpp2_6.htm)
 (L. Octavio http://campus.academiadederecho.org/upload/Cvaav/Pdf/NF%20-
%20AD/Ad/Jurisdiccion_y_Competencia__AAV.pdf)

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