MANUAL-DEL-PROCESOCIVIL-TOMOI.docx

MANUAL DEL PROCESO CIVIL
TODAS LAS FIGURAS PROCESALES A TRAVÉS DE SUS
FUENTES DOCTRINARIAS Y JURISPRUDENCIALES

DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS
DE GACETA JURÍDICA
MANUAL DEL

Todas las figuras procesales a través de sus fuentes
doctrinarias y jurisprudenciales
TOMO I
PRIMERA EDICIÓN ABRIL 2015
4,440 ejemplares
© División de Estudios
Jurídicos de Gaceta Jurídica
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
DERECHOS RESERVADOS
D.LEG. Nº 822

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HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
2015-04845
LEY Nº 26905 / D.S. Nº 017-98-ED
ISBN OBRA COMPLETA: 978-612-311-243-1
ISBN TOMO I: 978-612-311-244-8
REGISTRO DE PROYECTO EDITORIAL 11501221500441
DIAGRAMACIÓN DE CARÁTULA
Martha Hildago Rivero
DIAGRAMACIÓN DE INTERIORES
Miguel Ángel Salinas Arica
Gaceta Jurídica S.A.
Angamos Oeste 526-Miraflores
Lima 18-Perú
Central Telefónica: (01)710-8900 Fax: 241-2323
E-mail: ventas@gacetajuridica.com.pe
Impreso en:
Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L.
San Alberto 201–Surquillo Lima
34–Perú
PRESENTACIÓN
El proceso civil, como vía para discutir y resolver las pretensiones que
las partes ponen a conocimiento del juzgador, se manifiesta a través de una
secuencia de actos sucesivos, de fases concatenadas unas con otras o unas
después de otras, siguiendo un orden lógico, dentro de las cuales las partes y
los demás sujetos que intervienen en el proceso cumplen con el rol que a cada
uno le corresponde según las facultades, obligaciones, deberes, cargas o
derechos que la ley les impone.
La normativa sobre el proceso civil se ocupa de regular ordenadamente,
entre otros, los actos postulatorios, los actos probatorios, los actos
impugnatorios, los actos resolutivos y, en general, toda la actividad procesal
y sus diversas categorías, todos los cuales constituyen en el fondo una unidad.

El proceso civil visto así, como una unidad, representa una entidad jurídica
compleja conformada por una pluralidad de elementos, respecto de los cuales
es necesario conocer su esencia aisladamente considerada y sus múltiples
interrelaciones; de ahí la justificación de una obra como esta, en la que se
expone detalladamente la doctrina más representativa y actual relacionada con
todas las instituciones y figuras jurídicas del proceso civil.
Esta forma de desarrollar la disciplina permite poner al alcance del
lector, sea abogado litigante, asesor, magistrado o auxiliar de justicia, la
doctrina que da sustento a esa pluralidad de elementos que componen la
relación jurídica procesal, coadyuvando a la comprensión de su significado,
función y fines, así como destacando su carácter científico.
Pero, como es natural, todo estudio teórico no se considera completo si
no se manifiesta, a su vez, en el ámbito de la práctica; por eso es que en la
presente obra también se incluye esta visión, la cual está representada por la
jurisprudencia de los tribunales. En suma, la conjunción de las fuentes
doctrinarias y la jurisprudencia casatoria, permitirán al operador del sistema
de justicia

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entender mejor las disposiciones normativas del proceso civil y encontrarle su
verdadero sentido e interpretación.
No dudamos, pues, de que este nuevo esfuerzo editorial tendrá la misma
o mejor acogida que otras obras de este tipo que viene publicando nuestro sello
editorial.
GACETA JURÍDICA

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CAPITULO I
LOS ORGANOS JUDICIALES
Y SUS AUXILIARES
1. JURISDICCION
En palabras de Rosenberg, “... la jurisdicción en sentido estricto, llamada
también justicia o administración de justicia, poder tribunalicio, poder judicial
(...) o ‘poder de jurisdicción’ (...) consiste preferentemente en la aplicación del
derecho objetivo al caso concreto y es ejercida por los tribunales a petición de
una parte. Los tribunales a que pertenece la jurisdicción tienen por ello la
capacidad de resolución eficaz de las controversias abarcadas por la
jurisdicción...” (ROSENBERG, 1955, Tomo I: 46).
A criterio de Véscovi, “la jurisdicción (...) es la función estatal que tiene el
cometido de dirimir los conflictos entre los individuos para imponer el derecho.
Como su etimología lo expresa, significa ‘decir el derecho’ (juris dictio) aunque,
en la concepción más moderna, no sólo es eso (juzgar) sino también ejecutar lo
juzgado...” (VESCOVI, 1999: 5). Dicho autor precisa que “... la potestad
jurisdiccional (...) es el poder-deber de (...) imponer la norma jurídica resolviendo
los casos concretos con el fin de lograr la paz social mediante la imposición del
derecho. Naturalmente que en su realización satisface intereses privados (y
derechos subjetivos) al cumplir dicha función pública” (VESCOVI, 1999: 99).
Devis Echandía anota que, en sentido estricto, “... por jurisdicción se entiende
la función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y
ejercida por un órgano especial. Tiene por fin la realización o declaración del
derecho y la tutela de la libertad individual y del orden jurídico, mediante la
aplicación de la ley en los casos concretos, para obtener la armonía y la paz
sociales...” (DEVIS ECHANDIA, 1984, Tomo I: 73). El mencionado tratadista
termina definiendo a la jurisdicción como “... la soberanía del Estado, aplicada
por conducto del órgano especial a la función de administrar justicia,
principalmente para la realización o garantía del derecho objetivo y de la
libertad y de la dignidad humanas, y secundariamente para la composición de
los litigios o para dar certeza jurídica a los derechos subjetivos (...), mediante la

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aplicación de la ley a casos concretos, de acuerdo con determinados
procedimientos y mediante decisiones obligatorias” (DEVIS ECHANDIA, 1984,
Tomo I: 77).
En opinión de Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona
Vilar:
“… La jurisdicción es la potestad dimanante de la soberanía del estado, ejercida
exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por jueces y
magistrados independientes, de realizar el derecho en el caso concreto
juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado.
(…)
La jurisdicción para existir como tal tiene que referirse a un doble juego de
condiciones:
1.°) Los órganos a los que se atribuye la potestad no pueden ser cualesquiera,
sino que han de estar revestidos de una serie de cualidades propias que
los distinguen de los demás órganos del estado; estos órganos son los
juzgados y tribunales, en los que los titulares de la potestad son los
jueces y magistrados.
2.°) La función que se asigna a esos órganos cualifica también la potestad…”
(MONTERO AROCA; GOMEZ COLOMER; MONTON REDONDO;
y BARONA VILAR, 2003, Tomo I: 38).
Al respecto, Couture nos informa que el vocablo jurisdicción tiene, por lo
menos, cuatro acepciones: “... como ámbito territorial; como sinónimo de
competencia; como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder
público; y su sentido preciso y técnico de función pública de hacer justicia”
(COUTURE, 1985: 27). “La primera de las acepciones mencionadas es la que
dice relación con un ámbito territorial determinado” (COUTURE, 1985: 27). En
cuanto a la segunda acepción (jurisdicción como sinónimo de competencia),
Couture refiere lo siguiente: “La competencia es una medida de la jurisdicción.
Todos los jueces tienen jurisdicción; pero no todos tienen competencia para
conocer en un determinado asunto. Un juez competente es, al mismo tiempo, juez
con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin
competencia. La competencia es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez.
La relación entre la jurisdicción y la competencia, es la relación que existe entre
el todo y la parte. La jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un

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fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para
una parte del sector

LOS ORGANOS JUDICIALES Y SUS AUXILIARES
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jurídico: aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano
jurisdiccional. En todo aquello que no le ha sido atribuido, un juez, aunque siga
teniendo jurisdicción, es incompetente” (COUTURE, 1985: 29). Couture, acerca
de la tercera acepción de la jurisdicción (como conjunto de poderes o autoridad
de ciertos órganos del poder público), anota que “la noción de jurisdicción como
poder es insuficiente porque la jurisdicción es un poder-deber. Junto a la facultad
de juzgar, el juez tiene el deber administrativo de hacerlo. El concepto de poder
debe ser sustituido por el concepto de función” (COUTURE, 1985: 29-30).
Couture, en lo concerniente a la cuarta acepción de la jurisdicción (como función
pública de hacer justicia), concluye que la jurisdicción es la “... función pública,
realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la
ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes,
con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica,
mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de
ejecución” (COUTURE, 1985: 40).
Devis Echandía, acerca de los caracteres de la jurisdicción, afirma que ésta
“... es autónoma, puesto que cada Estado la ejerce soberanamente, y es exclusiva,
tanto en el sentido de que los particulares no pueden ejercerla, como porque cada
Estado la aplica con prescindencia y exclusión de los otros y debe ser
independiente, frente a los otros órganos del Estado y a los particulares. Es
también única, es decir, que sólo existe una jurisdicción del Estado, como
función, derecho y deber de éste; pero suele hablarse de sus varias ramas para
indicar la forma como la ley distribuye su ejercicio entre diversos órganos y
funcionarios especializados, para el mejor cumplimiento de sus fines” (DEVIS
ECHANDIA, 1984, Tomo I: 75).
Aldo Bacre asevera que son características de la jurisdicción las siguientes:
“- Es un servicio público, en cuanto importa (...) el ejercicio de una función
pública (...).
- Es primaria: Históricamente, inicia la actividad jurídica del Estado; el
juez nace antes que el legislador (...).
- Es un poder-deber: Del Estado, que emana de la soberanía, que se
ejercita mediante la actividad del Poder Judicial. Es un poder, porque el
Estado ha asumido el monopolio de la fuerza impidiendo la autodefensa
de los derechos, quienes estarán tutelados por el mismo Estado. Pero,
además, es un deber, porque al eliminar la razón de la fuerza por la fuerza
de la razón a través de la sentencia de un tercero imparcial, no pueden

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dejar de cumplir, los órganos encargados de administrar justicia, con su
misión de juzgar (...).
- Es inderogable: Tratándose de un poder-deber que emana de la
soberanía, los particulares carecen de la potestad de disponer de ella; la
jurisdicción es en este sentido ‘inderogable’ (...).
- Es indelegable: (...) El ejercicio de la jurisdicción es intransferible en
forma absoluta: la persona a quien el juez delegara el ejercicio de la
jurisdicción sería un no-juez, y sus actos ‘inexistentes’, jurídicamente
hablando.
- Es única: La jurisdicción es una función única e indivisible (...).
- Es una actividad de sustitución: No son las partes las que deciden quién
de las dos tiene razón en un concreto conflicto, sino el órgano
jurisdiccional, representado por el juez” (BACRE, 1986, Tomo I: 108-
110).
En lo que atañe a los poderes que emanan de la jurisdicción, Oderigo anota
lo siguiente:
“Generalmente se reconocen cinco elementos integrantes de la función
jurisdiccional, representativos de otras tantas aptitudes o potestades del juez
para el cumplimiento de su misión de administrar justicia; y se las menciona
siguiendo el orden temporal en que, esquemáticamente, éste las utiliza: notio,
vocatio, coertio, iuditium y executio.
a) Notio.- Es la aptitud judicial de conocer en el asunto de que se trate, de
conocer en la causa; aptitud imprescindible, indiscutible, porque el juez,
como todo el mundo, debe actuar con conocimiento de causa. Puesto
que se ha de ver en la obligación de dictar sentencia, de producir ese acto
culminante de su función que se llama sentencia, se debe poner en sus
manos las facultades necesarias para adquirir esa noción.
De esta necesidad, derivan las posibilidades instructorias del juez, que las
leyes reconocen y regulan, sea para actuar directamente en la
adquisición de las probanzas, o para atender los requerimientos
probatorios de las demás personas interesadas en el proceso (...).
(...)

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b) Vocatio.- Es la aptitud de convocar a las partes, de llamarlas, de ligarlas
a la empresa procesal, sometiéndolas jurídicamente a sus consecuencias.
(...)
c) Coertio.- Es la aptitud de disponer de la fuerza para obtener el
cumplimiento de las diligencias decretadas durante la tramitación del
proceso.
(...)
d) Iuditium.- Es la aptitud de dictar la sentencia definitiva que decida el
conflicto; la aptitud judicial más importante, porque se refiere al acto de
juicio hacia el cual se encamina toda la actividad procesal, del juez y de
las partes, y de sus respectivos auxiliares.
(...)
e) Executio.- Igualmente que la coertio, la executio consiste en la aptitud
judicial de recurrir a la fuerza; pero se diferencia de aquélla en que se
refiere a la fuerza necesaria para el cumplimiento de la sentencia
definitiva, y no a las diligencias decretadas durante el desarrollo del
proceso” (ODERIGO, 1989, Tomo I: 215-226).
2. ORGANOS JUDICIALES
2.1 Concepto de Juez u órgano judicial
Micheli señala que “... con la locución ‘juez’, la ley quiere, de ordinario,
referirse al órgano juzgador, considerado en su unidad (y, por consiguiente,
también si está compuesto de varios miembros) y en su continuidad en el tiempo,
prescindiendo, por consiguiente, de las personas físicas que, en un cierto
momento, personifican el oficio. En algunos casos, sin embargo, la ley procesal
toma en consideración directa la persona física del magistrado -que constituye o
concurre a constituir el órgano juzgador-, cuando esto es necesario a causa de una
relación particular entre magistrado y proceso, como ocurre en tema de
abstención, de recusación y de responsabilidad civil (...). Con el término ‘juez’ se
entiende normalmente el órgano que ‘administra justicia civil’ (...) ya esté
formado por uno o por varios miembros...” (MICHELI, 1970, Volumen I: 124-
125).
D’onofrio dice del Juez lo siguiente:

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“... (Es) una persona individual (o colegiada), que tiene por oficio propio
declarar, con fuerza obligatoria para las partes, cuál sea, en cada caso,
la voluntad de la ley (...).
(...) Ante todo, el juez debe ser Extraño a las Partes (...); el juez representa
un interés diverso, es decir, el del Estado en la actuación de la ley y,
generalmente, en la composición del conflicto surgido entre las partes
mediante la aplicación de una norma jurídica (...).
(...)
(...) La función específica del juez es la de declarar la voluntad de la ley,
con efecto vinculativo para las partes, en los casos concretos”
(D’ONOFRIO, 1945: 54-55).
Lino Palacio, en lo que concierne a la noción de órgano judicial, predica lo
siguiente:
“... Todo proceso requiere, como elemento subjetivo esencial, la
intervención de un órgano del Estado (o equiparado a esa categoría) a
quien incumbe como función primordial, la de dirimir conflictos
jurídicos suscitados entre partes (proceso contencioso), y,
eventualmente, la de constituir, integrar o acordar eficacia a relaciones
de derecho privado (proceso voluntario).
(...) Debe entenderse por órgano del Estado, en sentido jurídico material, al
funcionario público que actuando individualmente o en colegio con
otros de la misma jerarquía, se halla investido de la potestad de crear
normas provistas de fuerza obligatoria para sus posibles destinatarios.
En el proceso judicial, cada uno de los órganos del Estado a quienes
corresponde esa potestad se encuentra personificado en un funcionario,
o conjunto de funcionarios, denominados jueces, quienes revisten el
carácter de sujetos primarios de aquél y cumplen la función pública
procesal en los fundamentales aspectos de dirección, decisión y
ejecución.
(...) Cabe por lo tanto definir al órgano judicial como al sujeto primario del
proceso, representado por un juez o por un conjunto de jueces, investido
de la potestad de satisfacer la pretensión o la petición extracontenciosa
que constituye el objeto de aquél.
(...)

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(...) Desde otro punto de vista, la noción de órgano judicial comprende no
sólo al sujeto procesal primario que hemos caracterizado
precedentemente, sino también a otras personas que integran, junto con
aquél, aunque en una posición subordinada, cada una de las unidades
administrativas de que se compone el poder judicial. De conformidad
con esta segunda acepción, puede concebirse al órgano judicial como un
agregado o reunión de personas que se hallan adscritas a él con carácter
estable y cuyas respectivas actividades tienden, en forma coordinada, al
cumplimiento integral de la función pública procesal. Este concepto
resulta incluso aplicable a los denominados órganos judiciales
unipersonales, porque la unipersonalidad queda entonces referida a una
de las categorías en que revista el personal del órgano...” (PALACIO,
1979, Tomo II: 7-9).
2.2 Clases de órganos judiciales
Lino Palacio, en cuanto a las clases de órganos judiciales, señala que:
“Desde el punto de vista del carácter y del número de las personas que
integran la categoría que hemos llamado juzgadora, los órganos
judiciales pueden clasificarse, respectivamente, en técnicos y legos y en
unipersonales y colegiados.
Si nos atenemos, en cambio, a la índole definitiva o no de sus decisiones,
los órganos judiciales pueden ser de conocimiento en instancia única o
en instancia plural” (PALACIO, 1979, Tomo II: 12).
Véscovi, en relación con el órgano judicial unipersonal y el órgano judicial
colegiado, enseña lo siguiente:
“A favor del primero se aduce la rapidez, la sencillez, la economía. También
la responsabilidad, que queda bien perfilada y no se diluye como en el
otro sistema.
En defensa de la colegialidad se dice que se obtiene una mejor justicia, con
menos margen de error, producto no sólo del número sino de la
deliberación.
En la mayoría de los países se prefiere el sistema unipersonal para los
tribunales inferiores (generalmente de primera instancia), y el
colegiado, para los tribunales superiores (segunda instancia) o de
recursos extraordinarios (casación, revisión, etc.).

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Esto implica, en cierto modo, reconocer la superioridad del segundo
sistema, el colegiado, el cual se impone, inclusive, en los casos de
instancia única.
Lo importante en materia del tribunal colegiado, es que funcione como tal,
de modo que todos los integrantes tengan las mismas funciones y la
deliberación se realice efectivamente (y no mediante la sola adhesión
al voto de un ponente que lee el expediente, o por relatores que hacen
el resumen al magistrado y éste opina sobre el mismo)...” (VESCOVI,
1999: 118-119).
De acuerdo a lo normado en el artículo 49 del Código Procesal Civil, son
órganos jurisdiccionales en el área civil:
- Los Jueces de Paz (no letrados).
- Los Jueces de Paz Letrados.
- Los Jueces Civiles.
- Las Salas Civiles de las Cortes Superiores.
- Las Salas Civiles de la Corte Suprema.
También conocen de asuntos civiles los Jueces y Salas de Familia, los Jueces
y Salas Comerciales, así como la Sala de Derecho Constitucional y Social de la
Corte Suprema de Justicia. Esta última conoce, entre otras cuestiones: A. del
recurso de casación en las acciones de expropiación; y B. de los demás asuntos
que establece la ley (art. 35 -incs. 6) y 8)- de la L.O.P.J.).
2.2.1 Jueces de Paz (no letrados)
Por mandato del artículo 16 de la Ley de Justicia de Paz (Ley Nro. 29824,
del 02-01-2012), el juez de paz (no letrado) puede conocer las siguientes materias:
1. Alimentos y procesos derivados y conexos a éstos, cuando el vínculo
familiar esté fehacientemente acreditado, o cuando no estando
acreditado ambas partes se allanen a su competencia.
2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de
Referencia Procesal.

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3. Faltas (conocerá de este proceso excepcionalmente cuando no exista
juez de paz letrado, siendo las respectivas Cortes Superiores las que fijen
los juzgados de paz que pueden conocer de los procesos por faltas).
4. Violencia familiar, en los casos en que no exista un juzgado de paz
letrado.
5. Sumarias intervenciones respecto de menores que han cometido acto
antisocial y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes,
sobre tenencia o guarda del menor en situación de abandono o peligro
moral (concluida su intervención remite de inmediato lo actuado al juez
que corresponda); adicionalmente dicta medidas urgentes y de
protección a favor del niño o adolescente, en los casos de violencia
familiar.
6. Otros derechos de libre disponibilidad de las partes.
7. Las demás que correspondan de acuerdo a ley.
Además, conforme al artículo 17 de la Ley Nro. 29824, en los centros
poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para ejercer las
funciones notariales señaladas en dicho precepto legal.
Por último, el juez de paz (según el art. 18 de la Ley Nro. 29824) es
competente para tramitar exhortos por requerimiento de otro órgano jurisdiccional
en materia de notificaciones, declaración testimonial e inspección judicial, así
como para ejecutar (por delegación o encargo de otro juez) los actos previstos en
la ley que le sean requeridos.
2.2.2 Jueces de Paz Letrados
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, los Juzgados de Paz Letrados (además de contar con las funciones
notariales a que se contrae el art. 58 de la L.O.P.J.: sobre escrituras imperfectas,
protestos y legalizaciones) conocen:
- En materia civil:
1. De las acciones derivadas de actos o contratos civiles o
comerciales, inclusive las acciones interdictales, posesorias o de
propiedad de bienes muebles o inmuebles, siempre que estén dentro
de la cuantía señalada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

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2. De las acciones de desahucio y de aviso de despedida (léase
procesos de desalojo), conforme a la cuantía que establece el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
3. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la
ley, diligencias preparatorias (léase prueba anticipada) y
legalización de libros contables y otros.
4. De las acciones relativas al Derecho Alimentario, con la cuantía y
los requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial.
5. De las tercerías excluyentes de propiedad, derivadas de los
procesos de su conocimiento. Si en éstas no se dispone el
levantamiento del embargo (léase medida cautelar), el Juez de Paz
Letrado remite lo actuado al Juez Especializado que corresponda,
para la continuación del trámite. En los otros casos levanta el
embargo, dando por terminada la tercería.
6. De los asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes
de tránsito, siempre que estén dentro de la cuantía que establece el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
7. De los procesos ejecutivos (léase procesos únicos de ejecución),
hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
8. De las acciones de filiación extramatrimonial previstas en el
artículo 402 inciso 6) del Código Civil. El referido inciso prescribe:
A. que la paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente
declarada cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto
padre y el hijo a través de la prueba del ADN u otras pruebas
genéticas o científicas con igual o mayor grado de certeza; B. que
lo dispuesto en el inciso 6) del art. 402 del Código Civil no es
aplicable respecto del hijo de la mujer casada cuyo marido no
hubiese negado la paternidad; y C. que el juez desestimará las
presunciones de paternidad extramatrimonial de los incisos 1) a 5)
del art. 402 del Código Civil cuando se hubiera realizado una
prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado
de certeza. El presente inciso 8) guarda concordancia con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley Nro. 28457, del cual se
desprende que es el Juez de Paz Letrado el órgano jurisdiccional
competente para conocer del proceso de filiación judicial de

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paternidad extramatrimonial (regulado en la citada Ley Nro.
28457).
9. De los demás que señala la ley.
2.2.3 Jueces Civiles
Según el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados
Civiles conocen:
1. De los asuntos en materia civil, que no sean de competencia de otros
Juzgados Especializados.
2. De las acciones de amparo.
3. De los asuntos que les corresponden a los Juzgados de Menores (léase
Juzgados de Familia), de Trabajo y Agrario, en los lugares donde no
existan éstos.
4. De los asuntos civiles contra el Estado, en las sedes de los Distritos
Judiciales.
5. En grado de apelación, los asuntos de su competencia que resuelven los
Juzgados de Paz Letrados.
6. De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley.
2.2.4 Jueces de Familia
Conforme lo señala el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los
Juzgados de Familia conocen:
- En materia civil:
a) Las pretensiones relativas a las disposiciones generales del
Derecho de Familia y a la sociedad conyugal, contenidas en las
Secciones Primera y Segunda del Libro III del Código Civil y en el
Capítulo X del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños
y Adolescentes (la remisión actual debe entenderse hecha al
Capítulo IX - “Matrimonio de adolescentes”- del Título I - “La
familia y los adultos responsables de los niños y adolescentes”- del
Libro Tercero - “Instituciones familiares”- del Código de los Niños
y Adolescentes vigente: Ley Nro. 27337).

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b) Las pretensiones concernientes a la sociedad paterno-filial, con
excepción de la adopción de niños y adolescentes, contenidas en la
Sección Tercera del Libro III del Código Civil, y en los Capítulos
I, II, III, VIII y IX del Libro Tercero del Código de los Niños y
Adolescentes (la remisión actual debe entenderse hecha a los
Capítulos I, II, III, VII y VIII del Libro Tercero del Código de los
Niños y Adolescentes vigente: Ley Nro. 27337), y de la filiación
extramatrimonial prevista en el artículo 402 inciso 6) del Código
Civil. Sobre esto último, cabe indicar que, según se colige del
artículo 5 de la Ley Nro. 28457, el Juez de Familia es el órgano
jurisdiccional competente para conocer de la apelación de la
resolución que declara la paternidad, de la que ampara la oposición
y de la que se pronuncia sobre la pretensión acumulada de
alimentos, si fuera el caso (resoluciones emanadas del Juez de Paz
Letrado), en el proceso de filiación judicial de paternidad
extramatrimonial (regulado en la mencionada Ley Nro. 28457).
c) Las pretensiones referidas al derecho alimentario, contenidas en el
Capítulo I del Título I de la Sección Cuarta del Libro III del Código
Civil y en el Capítulo IV del Título I del Libro Tercero del Código
de los Niños y Adolescentes (la remisión actual debe entenderse
hecha al Capítulo IV del Título I del Libro Tercero del Código de
los Niños y Adolescentes vigente: Ley Nro. 27337).
d) Los procesos no contenciosos de inventarios, administración
judicial de bienes, declaración judicial de desaparición, ausencia o
muerte presunta y la inscripción de partidas a que se refiere la
Sección Sexta del Código Procesal Civil, si involucran a niños o
adolescentes; así como la constitución de patrimonio familiar si el
constituyente es un menor de edad.
e) Las acciones por intereses difusos regulados por el Artículo 204 del
Código de los Niños y Adolescentes (la remisión actual debe
entenderse hecha al art. 180 del Código de los Niños y
Adolescentes vigente: Ley Nro. 27337).
f) Las autorizaciones de competencia judicial para viaje con niños y
adolescentes.
g) Las medidas cautelares y de protección y las demás de naturaleza
civil.
- En materia tutelar:

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a) La investigación tutelar en todos los casos que refiere el Código de
los Niños y Adolescentes.
b) Las pretensiones referidas a la adopción de niños y adolescentes,
contenidas en el Título II del Libro Tercero del Código de los Niños
y Adolescentes (la remisión actual debe entenderse hecha al Título
II del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes
vigente: Ley Nro. 27337).
c) Las pretensiones relativas a la prevención y protección frente a la
violencia familiar.
d) Las pretensiones referidas a la protección de los derechos de los
niños y adolescentes contenidas en el Código de los Niños y
Adolescentes, con excepción de las que se indican en el Artículo 5
(la remisión actual debe entenderse hecha al artículo 5 de la Ley
Nro. 27337, según el cual: el niño y el adolescente tiene derecho a
la libertad, no pudiendo ser detenidos o privados de su libertad,
salvo los casos de detención por mandato judicial o de flagrante
infracción a la ley penal).
e) Las pretensiones concernientes al estado y capacidad de la persona,
contenidas en la Sección Primera del Libro I del Código Civil.
f) Las pretensiones referidas a las instituciones de amparo familiar,
con excepción de las concernientes al derecho alimentario,
contenidas en la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil y en
los Capítulos V, VI y VII del Título I del Libro Tercero del Código
de los Niños y Adolescentes (la remisión actual debe entenderse
hecha a los Capítulos V y VI del Título I del Libro Tercero del
Código de los Niños y Adolescentes vigente: Ley Nro. 27337).
- En materia de infracciones:
a) Las infracciones a la ley penal cometidas por niños y adolescentes
como autores o como partícipes de un hecho punible tipificado
como delito o falta.
2.2.5 Jueces Comerciales
De acuerdo a lo normado en el numeral 1 del apartado Primero de la
Resolución Administrativa Nro. 006-2004-SP-CS (del 30-09-2004), que crea la
subespecialidad comercial dentro de la especialidad civil de los órganos
jurisdiccionales, los Juzgados de la subespecialidad Comercial conocen:

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a. Las pretensiones referidas a la Ley de Títulos Valores y en general las
acciones cambiarias, causales y de enriquecimiento sin causa derivadas
de títulos valores y los procesos ejecutivos (entiéndase procesos únicos
de ejecución) y de ejecución de garantías.
b. Las pretensiones derivadas de la Ley General de Sociedades así como
las normas que regulan las empresas individuales de responsabilidad
limitada, las pequeñas y medianas empresas y las empresas
unipersonales de responsabilidad ilimitada.
c. Las pretensiones en materia financiera y de seguros derivadas de la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de
la Superintendencia de Banca y Seguros.
d. Las pretensiones derivadas de las actividades y operaciones reguladas
por el TUO (Texto Unico Ordenado) de la Ley del Mercado de Valores
y demás normas complementarias y conexas.
e. Las pretensiones derivadas de la contratación mercantil, entre otros,
comisión mercantil, prenda mercantil, leasing, factoring, franquicia
(franchising), licencia de transferencia de saber o de tecnología (know
how), edición, distribución, concesión comercial, auspicio o patrocinio
(sponsorship), riesgo compartido o aventura conjunta (joint venture),
agencia, corretaje y los contratos derivados de operaciones de comercio
exterior.
f. Las pretensiones referidas al transporte terrestre, marítimo, fluvial,
lacustre y aeronáutico de bienes en general.
g. La prueba anticipada, tercerías y las medidas cautelares referidas a las
materias antes señaladas.
h. Las pretensiones (sobre designación de árbitros, recusación de árbitros,
auxilio jurisdiccional para la actuación de pruebas y ejecución de
medidas cautelares, adopción de medidas cautelares y ejecución de
laudos arbitrales) señaladas en la novena disposición complementaria y
transitoria de la Ley General de Arbitraje (Ley Nro. 26572) que se
refieren a las materias señaladas en los incisos a) al f) del numeral 1 del
apartado Primero de la Resolución Administrativa Nro. 006-2004-
SPCS, citados anteriormente. Al respecto, cabe indicar que dicha Ley
fue derogada, por lo que hay que remitirse a lo dispuesto en el vigente

23
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje (Decreto Legislativo Nro.
1071, del 27-06-2008).
i. En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados de Paz
Letrados sobre los asuntos en materia comercial.
j. De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley.
Puntualizamos que, según se infiere del apartado Segundo de la Resolución
Administrativa Nro. 006-2004-SP-CS, en ningún caso, los Juzgados de la
subespecialidad Comercial conocerán procesos contenciosos administrativos ni
tampoco acciones de amparo derivados de las materias indicadas en el apartado
Primero de la mencionada Resolución Administrativa (ver, además, el punto 2.2.8
del presente Capítulo de la obra).
2.2.6 Salas Civiles de las Cortes Superiores
El artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial preceptúa que las Salas
Civiles de las Cortes Superiores conocen:
A) De los recursos de apelación de su competencia conforme a ley (art. 40
-inc. 1)- de la L.O.P.J.).
B) De las quejas de derecho y contiendas de competencia que les
corresponde conforme a ley (art. 40 -inc. 2)- de la L.O.P.J.).
C) De los demás procesos que establece la Ley (art. 40 -inc. 6)- de la
L.O.P.J.).
2.2.7 Salas de Familia
Con arreglo a lo previsto en el artículo 43-A de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, las Salas de Familia conocen:
1. En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados de
Familia.
2. De las contiendas de competencia promovidas entre Juzgados de
Familia del mismo distrito judicial y entre éstos y otros Juzgados de
distinta especialidad de su jurisdicción territorial.
3. De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelación.
4. De los demás asuntos que la Ley señala.

24
2.2.8 Salas Comerciales
Conforme lo establece el numeral 2 del apartado Primero de la Resolución
Administrativa Nro. 006-2004-SP-CS (del 30-09-2004), que crea la
subespecialidad comercial dentro de la especialidad civil de los órganos
jurisdiccionales, las Salas Superiores de la subespecialidad Comercial conocen:
a. En grado de apelación, los procesos resueltos por los Juzgados de la
subespecialidad Comercial, así como las quejas de derecho por
denegatoria del recurso de apelación.
b. De las contiendas de competencia que le son propias. Este trámite será
decidido por resolución inimpugnable.
c. De los recursos de anulación de laudos arbitrales y, en su caso, el de
apelación de laudos arbitrales referidos a las materias comerciales
señaladas en el numeral 1 del apartado Primero de la Resolución
Administrativa Nro. 006-2004-SP-CS (numeral que fuera visto en el
punto 2.2.5 del presente Capítulo de la obra). En general, las
pretensiones contenidas en la octava disposición complementaria y
transitoria de la Ley General de Arbitraje (Ley Nro. 26572). Sobre el
particular, cabe señalar que tal Ley fue derogada por el vigente Decreto
Legislativo que norma el Arbitraje (Decreto Legislativo Nro. 1071, del
27-06-2008), por lo que hay que remitirse a lo dispuesto en dicho
Decreto Legislativo (que, dicho sea de paso, únicamente contempla el
recurso de anulación de laudos arbitrales).
Es de destacar que, según se colige del apartado Segundo de la Resolución
Administrativa Nro. 006-2004-SP-CS, en ningún caso, las Salas de la
subespecialidad Comercial conocerán procesos contenciosos administrativos ni
tampoco acciones de amparo derivados de las materias indicadas en el apartado
Primero de la mencionada Resolución Administrativa (ver al respecto, el punto
2.2.5 del presente Capítulo de la obra).
2.2.9 Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia
El artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe que las Salas
Civiles de la Corte Suprema de Justicia conocen:
1. De los recursos de apelación y de casación de su competencia.
2. De las contiendas de competencia, conforme al Código Procesal Civil.

25
2.2.10 Jueces titulares
La Ley de la Carrera Judicial (Ley Nro. 29277, del 04-11-2008), en su
artículo 65 -inc. 65.1)-, establece que los Jueces Titulares son aquellos a los que
se nombra de manera permanente para el ejercicio de la función jurisdiccional en
el nivel que corresponde.
2.2.11 Jueces provisionales
Jueces Provisionales son aquellos Jueces Titulares que ocupan en caso de
vacancia, licencia o impedimento el nivel superior inmediato vacante (art. 65 -
inc. 65.2)- de la Ley Nro. 29277).
El juez llamado a cubrir provisionalmente una plaza superior será aquel que
ocupe el puesto más alto en el cuadro de méritos de su nivel, como consecuencia
del proceso de evaluación del desempeño parcial (art. 66 de la Ley Nro. 29277.
2.2.12 Jueces supernumerarios
Jueces Supernumerarios (según el art. 65 -inciso 65.3)- de la Ley Nro. 29277)
son aquellos que no habiendo obtenido la plaza de Juez Titular aceptan
incorporarse al registro de Jueces Supernumerarios en su nivel, siempre y cuando
se encuentren en el cuadro de aptos elaborado por el Consejo Nacional de la
Magistratura, a efectos de cubrir plazas vacantes conforme al artículo 239 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, numeral este último que prescribe que:
- El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombra Jueces
Supernumerarios Superiores y Especializados, de la lista de aptos
elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura, en estricto orden
de méritos y en número no mayor al treinta por ciento (30 %) de los
titulares, para cubrir las vacantes que se produzcan.
- Sólo asumen las funciones cuando no haya reemplazantes hábiles
conforme a ley, previa designación de la Presidencia.
- Los Consejos Ejecutivos Distritales o las Cortes Superiores en su caso,
reglamentan la aplicación del presente artículo 239 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
2.2.13 Candidatos en reserva
No puede dejar de mencionarse que, en aplicación del artículo 65 -inciso
65.4)- de la Ley Nro. 29277, Candidatos en Reserva son aquellos que no habiendo

26
obtenido un cargo como Juez Titular o Supernumerario opten por esperar la
existencia de una plaza vacante, siempre y cuando se encuentren en el cuadro de
aptos elaborado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta condición podrá
mantenerse solo por un (1) año, en tanto se cumpla con los requisitos para ser
juez, determinados por la Ley Nro. 29277, en estricto orden de mérito.
2.3 Competencia de los órganos judiciales
Lino Palacio denomina competencia a la “... capacidad o aptitud que la ley
reconoce a cada órgano o conjunto de órganos judiciales para ejercer sus
funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una
determinada etapa del proceso” (PALACIO, 1979, Tomo II: 366).
Rocco define a la competencia como “... aquella parte de la jurisdicción que
corresponde en concreto a cada órgano jurisdiccional singular, según ciertos
criterios a través de los cuales las normas procesales distribuyen la jurisdicción
entre los distintos órganos ordinarios de ella” (ROCCO, 1976, Volumen II: 42).
Rosenberg afirma que la “... competencia de una autoridad (aquí de un órgano
jurisdiccional...) es, en sentido objetivo, el círculo de negocios de la autoridad (del
tribunal)...” (ROSENBERG, 1955, Tomo I: 161). Dicho autor agrega que en
sentido subjetivo la competencia es:
“a) desde el punto de vista de la autoridad (del tribunal): derecho y deber
de entregarse al conocimiento de una causa (de una controversia civil).
b) desde el punto de vista de las partes, su sometimiento a esa actividad
de la autoridad (del tribunal)” (ROSENBERG, 1955, Tomo I: 161).
Pallares dice de la competencia lo siguiente:
“Subjetivamente la competencia es un poder-deber atribuido a
determinadas autoridades para conocer de ciertos juicios, tramitarlos y
resolverlos
(...).
Objetivamente, la competencia es el conjunto de normas que determinan,
tanto el poder-deber que se atribuye a los tribunales en la forma dicha,
como conjunto de jueces o negocios de que puede conocer un juez o
tribunal competente.
Lo anterior sirve de base para comprender la siguiente definición: la
competencia es la porción de jurisdicción que la ley atribuye a los

27
órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios...”
(PALLARES, 1979: 82-83).
En opinión de Lorca Navarrete:
“La competencia, como concepto procesal, alude a la atribución de
ejercicio de la función jurisdiccional a un concreto órgano jurisdiccional
de entre los de su mismo tipo o clase y grado o instancia procesal con
preferencia a los demás órganos jurisdiccionales de ese mismo tipo o
grado.
La competencia compendia la regla o conjunto de reglas establecidas en
nuestras leyes procesales, que permiten esa atribución con el fin de hacer
posible el principio general de inmediación y la garantía del servicio
público de la justicia en relación con el justiciable.
A través de la competencia procesal, al tiempo que se determina la génesis
de la prestación del servicio público de la justicia por los órganos
jurisdiccionales, surge la garantía de aquella prestación ya que, sin que
existan órganos jurisdiccionales competentes, no es posible que el
justiciable demande justicia.
La competencia procesal es la puerta de entrada por la que ha de
introducirse el justiciable en la garantía del servicio público de la
justicia y por tanto, es el vínculo de unión entre el órgano y la
función” (LORCA NAVARRETE, 2000: 242).
Como bien señala Véscovi, la competencia se caracteriza por lo siguiente:
“(...) La legalidad. (...) las reglas de competencia se fijan y modifican
mediante la ley. Por excepción, la distribución del trabajo entre los
juzgados por el criterio meramente temporal (turnos), puede quedar
librada a la reglamentación, o a las acordadas que dicten los tribunales
superiores en cada país.
(...) La improrrogabilidad. (...) salvo algún caso de excepción (...) como la
modificación territorial (...), la competencia, basada en reglas inspiradas
en la mejor organización del servicio público, no puede ser prorrogada
por voluntad de las partes.
(...) La indelegabilidad. La competencia, precisamente porque se funda en
(...) razones de orden público, no puede ser delegada por el titular del
órgano al cual se atribuye (...).

28
Se admite sí que los tribunales, por motivos de auxilio judicial, cometan a
otros (comisionados) la realización de alguno de los actos procesales
que no pueden efectuar por sí mismos. Así, por ejemplo, todo lo que
debe realizarse fuera de la jurisdicción que tiene cada tribunal, puede
ser cometido al del respectivo lugar.
No nos hallamos en este caso ante la figura de la delegación, sino ante la de
la comisión. El comisionado representa al comitente y está a lo que éste
decida.
(...)
(...) Inmodificabilidad. ‘Perpetuatio jurisdictionis’. La competencia es,
también, inmodificable, en el sentido de que una vez fijada no puede
variar en el curso del juicio. Este principio (...) es el de la llamada
perpetuatio jurisdictionis, que establece que la competencia está
determinada por la situación de hecho al momento de la demanda y ésta
es la que la determina para todo el curso del juicio, aun cuando dichas
condiciones luego variaran (...).
(...)
(...) Carácter de orden público. La competencia es de orden público, en
virtud de que la estructuración legal (...) se funda en principios de tal
orden (con alguna excepción que justifica los regímenes que admite, en
este caso, los pactos), que hace imposible que las reglas legales puedan
ser modificadas por convenio de partes...” (VESCOVI, 1999: 145-146).
El Código Procesal Civil regula la competencia de este modo:
- SECCION PRIMERA : JURISDICCION, ACCION Y
COMPETENCIA.
- Título II : Competencia (arts. 5 al 47 del C.P.C.).
- Capítulo I : Disposiciones generales (arts. 5 al 34 del
C.P.C.).
- Capítulo II : Cuestionamiento de la competencia (arts.
35 al 46 del C.P.C.).
- Capítulo III : Competencia internacional (art. 47 del
C.P.C.).

29
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la competencia,
ha establecido lo siguiente:
- “... La competencia es una institución procesal cuyo objetivo es
determinar la capacidad o aptitud del juzgador para ejercer la función
jurisdiccional en determinados conflictos, fijando los límites de la
jurisdicción a fin de hacer más efectiva y funcional la administración de
justicia. Es irrenunciable e inmodificable, conforme lo dispone el
artículo 6 del Código Procesal Civil, salvo los casos expresamente
permitidos por ley. [...] En ese sentido, la competencia es una institución
procesal cuyo objetivo es hacer más efectiva y funcional la
administración de justicia, surgiendo a partir de la necesidad de un
Estado de distribuir el poder jurisdiccional entre los distintos jueces con
los que cuenta y por la evidente imposibilidad de concentrar en uno solo
o en un grupo de ellos tan importante función pública; por tanto, las
disposiciones que hacen objetivo el ejercicio de la referida facultad por
parte del Estado, deben interpretarse de manera sistemática y,
básicamente, en orden a la necesidad de la resolución pronta e integral
de los conflictos que permita lograr un razonable grado de paz social
que, a su vez, coadyuve al desarrollo armonioso y sostenido de la
comunidad...” (Casación Nro. 2705-2007 / Lima, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 31-01-2008, págs. 21482-21483).
- “... Son principios rectores de la competencia, la legalidad y la
irrenunciabilidad; siendo el primero de ellos el que establece la vigencia
de aquella únicamente por disposición de la ley; y el segundo determina
que la competencia civil no será materia de renuncia ni modificación
por decisión judicial, excepto si la propia ley lo dispone, de
conformidad con el artículo 6 del Código Procesal Civil...” (Casación
Nro. 2581-2005 / Cono Norte de Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 02-102006, págs. 17133-17134).
- “... Cuando se presenta un asunto litigioso la competencia es establecida
por una serie de factores: por la materia, la cuantía, el turno, el territorio
y la función que desempeña el juez (grado)...” (Casación Nro. 2811-
2006 / Moquegua, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05-01-
2007, págs. 18372-18373).
- “... Los criterios que sirven para determinar la competencia son
esencialmente: la materia, la cuantía, la función, el turno y el territorio;
siendo los cuatro primeros absolutos e improrrogables, y el cuarto

30
relativo, y por lo tanto, prorrogable. El carácter absoluto de la
competencia responde a un interés público, en razón a la estructura y
funciones esenciales de los órganos jurisdiccionales; mientras que la
competencia relativa rige en atención a las necesidades, conveniencia e
intereses de las partes...” (Casación Nro. 114-2007 / Lima, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 03-12-2008, págs. 23590-23591).
- “... Dentro de los elementos que determinan la competencia del juez
unos son renunciables por las partes y otros no; los elementos de
naturaleza o materia, grado, monto de la causa y grado constituyen leyes
de orden público que no son renunciables (competencia absoluta) y
contra los cuales no vale la voluntad de las partes; en cambio, la
territorialidad, o sea la división de la competencia por razón de
territorio, se ha establecido por una razón práctica en beneficio de los
propios litigantes, y por eso éstos pueden renunciar a este beneficio,
constituyendo esto la prórroga de la competencia (competencia
relativa)...” (Casación Nro. 1901-2005 / Lima, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 01-08-2006, pág. 16872).
- “... Resulta determinante tener en cuenta el elemento de la competencia
por razón de la materia, la que se determina por la naturaleza de la
pretensión y por las disposiciones legales que la regulan (según lo
establece el artículo 9° del Código Procesal Civil), es decir, implica
identificar la relación jurídica de donde deriva el conflicto (de orden
civil, familiar, laboral, comercial, administrativo, etc.) y establecer la
naturaleza de la pretensión que de ella deriva, de acuerdo a sus
especiales características...” (Casación Nro. 2811-2006 / Moquegua,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05-01-2007, págs. 18372-
18373).
- “... La competencia por razón de la materia, conforme lo establece el
artículo nueve del Código Procesal Civil, se determina por la naturaleza
de la pretensión y por las disposiciones legales que la regulan. Por
‘naturaleza de la pretensión’ entendemos a la naturaleza del litigio o
conflicto de intereses; entonces, es la naturaleza del conflicto de
intereses que se lleva al órgano jurisdiccional, así como las normas
jurídicas materiales que regulan su desenvolvimiento y solución, las que
determinan la competencia por razón de la materia...” (Casación Nro.
2030-03 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-09-
2004, págs. 12718-12720).

31
- “... Considerando que en el presente caso no se ha respetado la regla de
la competencia por razón de la materia, evidentemente se ha infringido
una
de las normas que garantizan el derecho al debido proceso...” (Casación
Nro. 3009-2000 / Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
0107-2002, pág. 8900).
- “... De conformidad con el artículo 11 del Código adjetivo [C.P.C.],
para calcular la cuantía, se suma el valor del objeto principal de la
pretensión, los frutos, intereses y gastos, daños y perjuicios, y otros
conceptos devengados al tiempo de la interposición de la demanda, pero
no los futuros. Asimismo, si una demanda comprende varias
pretensiones, la cuantía se determina por la suma del valor de todas. Si
se trata de pretensiones subordinadas o alternativas, sólo se atenderá a
la de mayor valor. Si son varios los demandados, la cuantía se determina
por el valor total de lo demandado. [...] Conforme se desprende [...], la
norma no contempla el monto de la reconvención, al calcular la
cuantía...” (Casación Nro. 3453-2002 / Cono Norte, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 02-11-2004, págs. 12790-12791).
- “... Conforme lo establece el artículo 11 del Código formal [C.P.C.], si
una demanda comprende varias pretensiones, la cuantía se determina
por la suma del valor de todas; asimismo, si se trata de pretensiones
subordinadas o alternativas, sólo se atenderá a la de mayor valor. [...]
Siendo ello así, es evidente que la demanda ha sido interpuesta en
estricta observancia de la norma adjetiva acotada, ya que el monto de
su cuantía ha sido determinado por la suma del valor de todas las
pretensiones; por ende, resulta erróneo lo señalado por la Sala de mérito,
respecto a que en atención de los importes de las letras de cambio, las
mismas debieron ser accionadas en forma individual y ante Juzgados
diferentes...” (Casación Nro. 957-2001 / Ica, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 01-032002, págs. 8477-8478).
- “... La competencia por la cuantía en los procesos ejecutivos [entiéndase
procesos únicos de ejecución] se determina por el monto contenido en
el título valor presentado a ejecución u por [sic -léase o por-] los
intereses y gastos que se liquiden sobre dicho monto, ello en virtud a la
naturaleza de los procesos de ejecución...” (Casación Nro. 2398-01 /
Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-05-2002, págs.
8739-8740).

32
- “... En casos como el presente (consignación de inmueble arrendado),
la cuantía para determinar la competencia de los órganos
jurisdiccionales no queda establecida con la suma de dinero dado en
garantía sino por el valor estimado del bien arrendado”. (Casación Nro.
1042-99 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28-
11-1999, págs.
4180-4181).
- “... El grado o la instancia es un criterio para determinar la competencia
según que un litigio haya sido sometido o no al conocimiento de un
Juez; en tal sentido, el artículo veintiocho del Código Procesal Civil
prescribe que la competencia funcional queda sujeta a las disposiciones
de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de éste [sic
-léase este-] Código...” (Casación Nro. 2265-99 / Lambayeque,
6701).
- “... El [...] ordenamiento procesal ha regulado una fórmula ancha para
los casos de duda de determinación de competencia, como es el caso del
artículo catorce in fine del [...] Código adjetivo [C.P.C.], el cual señala
que si por la naturaleza de la pretensión u otra causa análoga no pudiera
determinarse la competencia por razón de grado, es competente el Juez
civil...” (Casación Nro. 2265-99 / Lambayeque, publicada en el Diario
- “... Los dos últimos criterios que se aluden [criterios o factores para
determinar la competencia], esto es grado y territorio, se les conoce
también como competencia funcional, pues dependen de la
organización del servicio de justicia mediante los cuales se atribuye a
un Juzgador el conocimiento de una litis en una determinada instancia
o grado y respecto de un territorio concreto...” (Casación Nro. 2265-99
/ Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-2001,
págs. 6700-6701).
- “... Conforme lo establece al artículo veintiocho del Código Procesal
Civil, la competencia por razón de la función queda sujeta a las
disposiciones de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y del citado Código; este criterio permite establecer en qué casos una
misma materia puede ser conocida por Jueces de distinta especialidad o
grado...” (Casación Nro. 2108-03 / Huánuco, publicada en el Diario

33
- “... En el caso de la prevención [de la competencia funcional] regulada
en el artículo treintiuno del Código Procesal Civil, esta se aplica cuando
encontrándose en trámite un proceso judicial existen más de dos
órganos jurisdiccionales de segunda instancia en aptitud legal de
conocer vía apelación, las incidencias que se produzcan en el proceso,
previniendo aquel que conoce primero dicho proceso...” (Casación Nro.
425-2002 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
30-09-2003, pág. 10904).
- “... Si bien constituye una facultad de los jueces de las instancias de
mérito, evaluar y declarar en cada caso concreto la existencia o no de la
competencia funcional, también lo es que dicha declaración tiene que
estar fundada en ley expresa, en mérito al principio de legalidad...”
(Casación Nro. 725-97 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 0510-1998, pág. 1773).
- “... De conformidad con lo previsto en el Artículo treintidós del Código
Procesal Civil concordado con el Artículo mil cuatrocientos veintiocho
del Código Civil, solamente cuando se demanda como pretensión
accesoria la indemnización por daños y perjuicios resulta aplicable la
competencia facultativa de la pretensión principal de cumplimiento de
la obligación o contrato. (...) Que, en sentido contrario, cuando se
demanda como única pretensión la indemnización por daños y
perjuicios derivados del cumplimiento defectuoso de una obligación no
resulta aplicable la competencia facultativa del lugar del cumplimiento
de la obligación”. (Casación Nro. 2365-99 / Lima, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 18-08-2000, pág. 5983).
- “... La competencia por razón de territorio tiene un carácter relativo en
razón de haberse dispuesto en atención al interés de las partes, de ahí
que sea susceptible de ser renunciada, según se desprende de lo
dispuesto por el artículo 25 del Código Procesal Civil...” (Casación Nro.
4683-2007 / Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-09-
2008, págs. 22899-22900).
- “... Respecto a la competencia, [...] la propia recurrente, de acuerdo con
la escritura pública, se sometió a la jurisdicción de los jueces del distrito
judicial de [...] lo que implica una prorroga [sic -léase prórroga-] de la
competencia...” (Casación Nro. 308-01 / Lima, publicada en el Diario

34
- “... El recurrente de manera voluntaria se sometió a la competencia del
Juez de [...]; con lo que se convalidó cualquier defecto por la
competencia territorial...” (Casación Nro. 702-2002 / Puno, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 31-07-2002, págs. 9067-9068).
- “... En el artículo 17 del [...] Código Adjetivo [C.P.C.], que prevé el
supuesto de las demandas interpuestas contra las personas jurídicas, no
se establece un supuesto de competencia territorial improrrogable, [...]
siendo así, la demandada tuvo la posibilidad de cuestionar la
competencia a través de la interposición de la excepción
correspondiente, lo que al no haber sido realizado, ha originado que se
esté ante un supuesto de prorroga tácita [sic -léase prórroga tácita-] de
la competencia territorial...” (Casación Nro. 4007-2007 / La Libertad,
21753).
- “... En lo relativo a la competencia territorial, el único supuesto previsto
por la ley para que el órgano jurisdiccional declare su incompetencia de
oficio es cuando ésta sea de carácter improrrogable, según se desprende
de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Procesal Civil, sin perjuicio
de que pueda ser invocada como excepción...” (Casación Nro. 4683-
2007 / Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-09-2008,
págs. 22899-22900).
- “... No encontrándose el presente caso en un supuesto de competencia
improrrogable, el órgano jurisdiccional ante el cual se presentó
inicialmente la demanda no se encontraba facultado para declarar su
incompetencia de oficio, por haberse configurado la prórroga tácita de
la competencia territorial consagrado [sic -léase consagrada-] en el
artículo 26 del Código Procesal Civil [...], por las razones expuestas la
sentencia recurrida ha incurrido en [...] contravención de normas que
garantizan el derecho a un debido [proceso]...” (Casación Nro. 4683-
2007 / Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-09-2008,
págs. 22899-22900).
- “... La competencia es un presupuesto procesal de las demandas y
resulta ser un requisito indispensable para establecer una correcta
relación jurídico procesal que permita luego una sentencia válida,
siendo que al emitirse el auto de saneamiento procesal es el momento
principal en el que se examinaran [sic -léase examinarán-] los referidos

35
presupuestos...” (Casación Nro. 750-2002 / Lima, publicada en el
- “... Dentro del saneamiento procesal el Juzgador debe examinar su
propia competencia...” (Casación Nro. 2108-03 / Huánuco, publicada
- “... Si bien el artículo 121 in fine del Código Procesal Civil faculta al
Juzgador a que excepcionalmente se pronuncie en la sentencia, sobre la
validez de la relación jurídico procesal; [...] tal previsión está señalada
únicamente para aquellos casos en los que la relación jurídica procesal
no se haya entablado adecuadamente o cuando no obstante el
saneamiento procesal se advierta que el demandante carece de interés o
legitimidad para obrar, que el derecho ha caducado o que el órgano
jurisdiccional resulte absolutamente incompetente...” (Casación Nro.
1267-2006 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
01-10-2007, págs.
20458-20459).
- “... El demandado se ha sometido tácitamente a la jurisdicción del Juez
[del proceso] [...] por no haber deducido dicha excepción [de
incompetencia]...” (Casación Nro. 3332-00 / Cono Norte, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 01-03-2001, pág. 7063).
- “... No puede proponerse recién en casación lo que pudo tramitarse vía
excepción, en este caso excepción de incompetencia, no estando el
juzgador en la obligación de declararla de oficio...” (Casación Nro.
2001, págs.
7235-7236).
2.4 Poderes del Juez
Devis Echandía sostiene que son poderes del Juez los de decisión, coerción,
documentación y ejecución, los mismos que explica de este modo:
“El poder de decisión comprende el ejercicio de la potestad jurisdiccional
para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual, para desatar
los conflictos y darle certeza jurídica a los derechos subjetivos y las
situaciones jurídicas concretas, mediante la sentencia, que cuando se
trata de procesos contenciosos reviste la calidad especial de cosa

36
juzgada, y para la resolución por providencias interlocutorias de los
problemas que se presenten en el curso del proceso.
En el poder de coerción se incluye el disciplinario, que le permite sancionar
con multas a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los
particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta
en ejercicio de sus funciones, o demoren su ejecución, y sancionar con
pena de arresto (...) a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio
de sus funciones o por razón de ellas, ordenar la devolución de los
escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros,
expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso y
sancionar con multas a los empleados y representantes legales que
impidan la comparencia al despacho judicial de sus trabajadores o
representantes, cuando éstos deban rendir declaración o atender
cualquiera otra citación que el juez les haga.
El poder de documentación faculta al juez para adoptar las medidas
conducentes a verificar los hechos que interesen al proceso, decretando
y practicando pruebas, allegando directamente documentos, no sólo a
instancia de parte sino oficiosamente en toda clase de procesos (...).
(...)
El poder de ejecución permite que él proceda a cumplir coercitivamente las
condenas impuestas en sentencias y en otras providencias judiciales...”
(DEVIS ECHANDIA, 1985, Tomo II: 342).
De la Plaza, en lo que toca a los poderes del Juez, manifiesta lo siguiente:
“... El ejercicio de los poderes está en íntima relación (...), por una parte,
con la condición dispositiva o inquisitiva del proceso, y, por otra, con
el predominio que en él se dé al principio de autoridad del organismo
jurisdiccional.
(...) Con referencia a ellos, el Juez tiene:
(...) Poderes de dirección para encausar los actos procesales, de tal modo
que, mediante ellos, se logre el fin que con cada uno se persigue.
(...) Poderes de investigación en la aportación del material de conocimiento,
más o menos amplios, según el principio predominante, y también
habida cuenta de la naturaleza de aquél, puesto que son más amplios

37
cuando se trata de la investigación de normas jurídicas, y lo son mucho
menos, cuando se pretende determinar los hechos y justificarlos.
(...) Poderes de impulsión, que en otro aspecto lo son también de dirección,
relacionados con la posibilidad, más amplia o más restringida, de
conducir el proceso hasta su fin, de su propio motivo, sin esperar el
apremio o la iniciativa de las partes; y
(...) Poderes disciplinarios, que ejerce en vía correctiva, por infracción de
las normas rectoras de los actos procesales que no constituyan vicios
que puedan invalidarlos” (DE LA PLAZA, 1951, Volumen I: 430).
2.5 Facultades del Juez
Alvarez Juliá, Neuss y Wagner dicen de las facultades de los Jueces lo
siguiente:
“... Las facultades de los jueces son de cuatro tipos: a) disciplinarias; b)
ordenatorias; c) instructorias; d) conminatorias.
a) DISCIPLINARIAS. (...) tiene el juez facultades o atribuciones de
carácter disciplinario, como ser:
1) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos
indecorosos u ofensivos.
2) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su
curso.
3) Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas (...).
b) ORDENATORIAS. Figuran dentro de esta categoría las siguientes:
1) Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso.
A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la
facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el
desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas
necesarias (...).
2) Corregir, a pedido de parte (...), y sin sustanciación, cualquier
error material, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier
omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas
en el litigio, siempre que la enmienda, aclaración o agregado
no altere lo sustancial de la decisión. También corregir los

38
errores puramente numéricos aun durante el trámite de la
ejecución de sentencia.
c) INSTRUCTORIAS. El juez podrá ordenar las diligencias
necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos,
respetando el derecho de defensa de las partes. A este efecto podrá:
1) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de
las partes para intentar una conciliación o requerir las
explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito (...).
2) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de los
testigos, de personas mencionadas por la partes en los escritos
de constitución del proceso o de otras pruebas producidas, si
resultase que tuviesen conocimientos de hechos que puedan
gravitar en la decisión de la causa. También podrá solicitar la
comparecencia de peritos y consultores técnicos para
interrogarlos acerca de lo que creyere necesario.
3) Mandar (...) que se agreguen documentos existentes en poder
de las partes o de los terceros, los cuales estarán obligados a
exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallen
los originales (...).
4) Ejercer las demás atribuciones que la ley le confiere.
d) CONMINATORIAS. Los jueces y tribunales podrán imponer
sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que
las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del
litigante perjudicado por el incumplimiento.
Podrá asimismo aplicar sanciones conminatorias a terceros en los casos en
que la ley lo establece” (ALVAREZ JULIA; NEUSS; y WAGNER,
1990: 63-64).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a las facultades del
Juez, ha establecido lo siguiente:
- “... El proceso y los actos procesales no son formalismos rígidos o
pétreos pues conforme al perfil ideológico de nuestra ley procesal el
Juez puede adecuar la exigencia de las formalidades procesales a los
fines del proceso...” (Casación Nro. 1817-2000 / Lima, publicada en el

39
- “... Si bien los jueces están facultados para adaptar la vía procedimental
como lo anota el artículo cincuentiuno inciso primero del Código
Procesal Civil, ello debe ser mediante resolución que lo justifique
siempre que sea posible su adaptación y antes del saneamiento del
proceso, pues luego de ello se declara la existencia de una relación
jurídico procesal válida...” (Casación Nro. 2506-2001 / Ica, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 01-04-2002, pág. 8519).
- “... El Artículo tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
prescribe que son fines del proceso el resolver un conflicto de intereses
o eliminar una incertidumbre jurídica y además lograr la paz social en
justicia; facultándose por ello al Juez a intervenir durante todo el
desarrollo del proceso para que éste se lleve de acuerdo a ley y poder
contar con elementos de convicción suficientes al momento de decidir
la controversia”. (Casación Nro. 799-99 / Arequipa, publicada en el
- “... Los magistrados cuentan con determinados poderes inquisitivos
para el esclarecimiento de la certeza de los hechos controvertidos,
poderes de iniciativa probatoria que son independientes de la carga de
la prueba que incumbe a las partes, y que se encuentran previstos en los
artículos cincuenta y uno inciso segundo y ciento noventa y cuatro del
Código Procesal Civil, los que debe ejercitar de ser necesario...”
(Casación Nro. 772-06 / Chincha, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-022007, pág. 18780).
- “... La apreciación y criterio razonado utilizado por los jueces para
resolver las causas es una de las facultades que la ley les otorga y su
aplicación
no constituye vulneración alguna al debido proceso, por lo que no se ha
configurado violación o transgresión al haberse expedido las
resoluciones materia del presente recurso [de casación], y por cuanto el
recurrente ha hecho uso de los medios impugnatorios que la ley le
concede...” (Casación Nro. 3073-2000 / Lima, publicada en el Diario
- “... La imposición de multa a las partes a fin de que se cumpla con algún
mandato es solo una facultad que tiene el Juez mas no una obligación,
por lo que no se advierte contravención al artículo cincuentitrés citado
[del C.P.C.]...” (Casación Nro. 3094-2001 / Ica, publicada en el Diario

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- “... La facultad otorgada al Juez de denunciar ante el Ministerio Público
la comisión de un delito, tiene como premisa la existencia de indicios
razonables del hecho en el proceso civil...” (Casación Nro. 3-2000 /
Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-06-2000, pág.
5451).
- “... Del análisis del último párrafo del artículo 50 del Código Procesal
Civil, se evidencia claramente que la repetición de las audiencias por el
Juez sustituto es una facultad discrecional del Juzgador...” (Casación
Nro. 2166-2006 / Sicuani, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
02-04-2007, pág. 19142).
2.5.1 Facultades genéricas
Según se desprende del artículo 51 del Código Procesal Civil, las facultades
genéricas con que cuentan los magistrados son las siguientes:
A) Adaptar la demanda a la vía procedimental que considere apropiada,
siempre que sea factible su adaptación.
B) Ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de los hechos
controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Al
respecto, cabe señalar que, en virtud de la presente facultad genérica
con que cuenta el Juez, éste puede disponer, por ejemplo, la actuación
de pruebas de oficio (art. 194 del C.P.C.); la confrontación entre
testigos, entre peritos y entre éstos, aquéllos y las partes y entre estas
mismas, para lograr la finalidad de los medios probatorios (art. 209 del
C.P.C.); etc.
C) Ordenar en cualquier instancia la comparecencia personal de las partes,
a fin de interrogarlas sobre los hechos discutidos, pudiendo las partes
concurrir con sus Abogados.
D) Rechazar liminarmente el pedido que reitere otro propuesto por
cualquier litigante y por la misma razón, o cuando a pesar de fundarse
en razón distinta, ésta pudo ser alegada al promoverse el anterior.
E) Ordenar, a pedido de parte y a costa del vencido, la publicación de la
parte resolutiva de la decisión final en un medio de comunicación
designado por el Juez, si con ello se puede contribuir a reparar el agravio
derivado de la publicidad que se le hubiera dado al proceso.

41
F) Ejercer la libertad de expresión prevista en el inciso 4) del artículo 2 de
la Constitución Política del Perú, con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Sobre el particular, el primer párrafo del
inciso 4) del artículo 2 de la Constitución Política de 1993 preceptúa
que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión,
expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita
o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa
autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las
responsabilidades de ley.
G) Ejercer las demás atribuciones que establecen el Código Procesal Civil
y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Lo relativo a las facultades del Juez de Paz (no letrado) se encuentra normado
en el artículo 6 de la Ley de Justicia de Paz (Ley Nro. 29824, del 02-01-2012).
2.5.2 Facultades disciplinarias
Según se colige del artículo 52 del Código Procesal Civil, los Jueces cuentan
con las siguientes facultades disciplinarias (dirigidas a conservar una conducta
procesal correspondiente a la importancia y respeto de la actividad judicial):
A) Pueden (y deben) ordenar que se suprima la frase o palabra expresada o
redactada en términos ofensivos y vejatorios
B) Pueden (y deben) expulsar de las actuaciones a quienes alteren su
desarrollo, y, tratándose de alguna de las partes, pueden imponerles,
además, los apercibimientos que hubieran sido aplicables de no haber
asistido a la actuación.
C) Pueden (y deben) aplicar las sanciones disciplinarias que el Código
Procesal Civil y otras normas establezcan (comúnmente, se trata de
multas que obedecen, principalmente, a la adopción por parte del
sancionado de una conducta procesal temeraria o de mala fe).
2.5.3 Facultades coercitivas
A fin de conservar una conducta procesal correspondiente a la importancia y
respeto de la actividad judicial, los Jueces cuentan con facultades coercitivas que
pueden aplicar (según el penúltimo párrafo del art. 53 del C.P.C.) en forma
sucesiva (lo que implica una sanción seguida de otra, en caso que la primera no
produjera el efecto deseado), individual o conjunta (dependiendo la forma en que
se apliquen las sanciones de la trascendencia y/o urgencia del mandato judicial

42
respectivo). Así tenemos que, según se infiere del artículo 53 del Código Procesal
Civil, los Jueces están facultados para lo siguiente:
A) Imponer multa compulsiva (esta calidad está sobreentendida, pues tal
sanción se dirige a compeler u obligar al destinatario de la misma a
acatar la orden judicial de que se trate) y progresiva (lo cual significa
que su monto se va incrementando paulatinamente hasta que el
destinatario de la sanción cumpla el mandato judicial, o, también, que se
aplica tantas multas como sean las veces en que el obligado es requerido
judicialmente a algo sin que lo haga) dirigida a lograr que la parte o
quien corresponda (un tercero legitimado, por ejemplo) cumpla los
mandatos judiciales. La referida multa tiene carácter discrecional (no así
las multas que tienen un fin estrictamente sancionatorio cuya
imposición, por mandato expreso de la ley, sea obligatoria para el Juez
que dirige el proceso), tanto en su determinación como en la fijación del
monto respectivo, el mismo que deberá señalarse en función de los
parámetros establecidos en el Código Procesal Civil. Por otro lado, en
atención precisamente al carácter discrecional de la multa, el Juez está
autorizado para reajustar su monto e, incluso, para revocar dicha
sanción, siempre y cuando aquél adquiera el convencimiento de que el
incumplimiento del mandato judicial por parte del obligado no fue
intencional o deliberado sino que obedeció a causas justificantes (u
obedece a causas justificantes, si el impedimento continúa).
B) Ordenar la detención (que no deberá exceder de veinticuatro horas) de
la persona (parte, tercero legitimado, testigo, etc.) que incumple
permanente e injustificadamente un mandato judicial, causando agravio
a alguna de las partes o a la majestad del servicio de justicia. Sobre el
particular, el Código Procesal Civil establece lo siguiente:
- El testigo que sin justificación no comparece a la audiencia de
pruebas, será sancionado con multa no mayor de cinco Unidades de
Referencia Procesal, sin perjuicio de ser conducido al Juzgado
con auxilio de la fuerza pública, en la fecha que fije el Juez para
su declaración, sólo si lo considera necesario (art. 232 del C.P.C.).
- La ausencia o incumplimiento al reconocimiento por terceros, será
sancionada en la forma prevista para los testigos (en el art. 232 del
C.P.C.). Ello según el art. 254 del C.P.C.
2.6 Derechos del Juez

43
La Ley de la Carrera Judicial (Ley Nro. 29277, del 04-11-2008) regula lo
atinente a los derechos del Juez en el Capítulo II (“Derechos”) del Título III
(“Deberes y derechos, prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades de los
Jueces”), en los arts. 35 al 39.
De acuerdo a lo normado en el artículo 35 de la Ley Nro. 29277, son derechos
de los jueces:
1. La independencia en el desempeño de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante ellos o
interferir en su actuación.
2. La permanencia en el servicio hasta los setenta (70) años, de acuerdo a
la Constitución y a la ley.
3. Ser trasladados, a su solicitud y previa evaluación, cuando por razones
de salud o de seguridad debidamente comprobadas, no sea posible
continuar en el cargo.
4. No ser trasladados sin su consentimiento, salvo en los casos
establecidos por ley.
5. Integrar la carrera judicial, diferenciada del régimen general del empleo
público, conforme a la naturaleza especial de las funciones
jurisdiccionales y atribuciones consagradas en la Constitución.
6. La determinación, el mantenimiento y desarrollo de la especialidad,
salvo en los casos previstos en la ley. Sobre el particular, el artículo 38
de la Ley Nro. 29277 establece que la especialidad se determina por: 1.
la aprobación de los programas de especialización impartidos por la
Academia de la Magistratura; 2. la antigüedad en la especialidad
durante el ejercicio de la función jurisdiccional; 3. el ejercicio de la
docencia universitaria en la materia; 4. la realización de investigaciones
y otros trabajos académicos similares en la materia; 5. las publicaciones
sobre materia jurídica especializada; 6. los grados académicos de la
especialidad; y 7. los trabajos desempeñados en materias afines. Por su
parte, el artículo 37 de la Ley Nro. 29277, referido al mantenimiento de
la especialidad, preceptúa:
A. que la especialidad de los jueces se mantiene durante el ejercicio del
cargo, salvo que, por razones de necesidad en el servicio de impartición
de justicia, se requiera el cambio de especialización; B. que el ingreso a
una función especializada no impide postular a distinta especialidad; C.

44
que el juez puede recuperar su especialidad solamente cuando se
produzca vacante; y D. que en el caso de crearse nuevas especialidades,
el juez podrá solicitar su cambio de especialidad.
7. La evaluación de su desempeño a fin de identificar los méritos
alcanzados, garantizar la permanencia en la carrera y obtener
promociones. Al respecto, el artículo 36 de la Ley Nro. 29277 prescribe:
A. que los jueces comprendidos en la carrera judicial tienen derecho a la
evaluación del desempeño en forma periódica a través de un sistema
técnico, objetivo, imparcial y equitativo; y B. que los resultados de las
evaluaciones son publicados y constituyen el elemento central para los
ascensos y promociones.
8. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares,
cuando sea necesario.
9. La capacitación y especialización permanentes. En cuanto a la
capacitación de los magistrados, cabe señalar que el artículo 39 de la
Ley Nro. 29277 establece: A. que la capacitación de los jueces es un
derecho de su función y un factor indispensable para evaluar su
desempeño, estando a cargo, fundamentalmente, de la Academia de la
Magistratura; B. que todos los jueces tienen el derecho a perfeccionarse
y actualizarse continuamente, en igualdad de condiciones y
oportunidades; C. que la capacitación se realiza con el objetivo de
impulsar el desarrollo profesional pleno del juez y eliminar cualquier
deficiencia en el servicio de justicia; D. que la capacitación se puede
realizar a través de cursos y actividades académicas que brindan la
Academia de la Magistratura, universidades, centros de estudios
especializados, así como los que se dictan periódicamente en cada
distrito judicial.
10. Los permisos y licencias, conforme a ley.
11. Percibir una retribución acorde a la dignidad de la función jurisdiccional
y tener un régimen de seguridad social que los proteja durante el servicio
activo y la jubilación. La retribución, derechos y beneficios que perciben
los jueces no pueden ser disminuidos ni dejados sin efecto.
12. La libre asociación. Las asociaciones de jueces se constituyen y
desarrollan sus actividades conforme a las normas establecidas en el
Código Civil y se regulan conforme a sus disposiciones estatutarias.

45
13. Recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura, bajo
responsabilidad.
14. No ser detenidos sino por orden del juez competente o en caso de
flagrante delito. En este último supuesto, deben ser conducidos de
inmediato a la Fiscalía competente, con conocimiento del Presidente de
la Corte respectiva, por la vía más rápida y bajo responsabilidad.
15. Gozar de la cobertura de un seguro de vida cuando trabajen en zonas de
emergencia y en órganos jurisdiccionales declarados de alto riesgo por
el órgano de gobierno del Poder Judicial.
16. Los demás que señalen la Constitución y la ley.
Lo concerniente a los derechos del Juez de Paz (no letrado) se encuentra
regulado en el artículo 4 de la Ley de Justicia de Paz (Ley Nro. 29824, del 02-01-
2012).
2.7 Deberes del Juez
Para Devis Echandía, son deberes del Juez en el trámite del proceso los
siguientes: “... a) El deber de imparcialidad y honestidad; b) El deber de
abstenerse de actividades extraprocesales incompatibles con la dignidad y la
independencia de su cargo; c) Deber de utilizar las facultades oficiosas que la Ley
le otorga para la mejor marcha y solución del proceso; d) Deber de hacer efectiva
la inmediación y el impulso procesal; e) Deber de resolver dentro de los plazos
señalados en la Ley (...); f) Deber del juez de responder civilmente por los
perjuicios causados por su dolo, sus demoras injustificadas y sus errores
inexcusables” (DEVIS ECHANDIA, 1968: 10).
Conforme se desprende del artículo 50 del Código Procesal Civil, son deberes
procesales de los magistrados los siguientes: A) Dirigir el proceso.
B) Velar por la rápida solución del proceso.
C) Adoptar las medidas convenientes para impedir la paralización del
proceso.
D) Procurar la economía procesal.
E) Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, empleando las
facultades que el Código Procesal Civil les otorga.

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F) Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en las fechas
previstas y en el orden que ingresan al despacho, salvo prelación legal
u otra causa justificada
G) Decidir el conflicto de intereses o incertidumbre jurídica, incluso en los
casos de vacío o defecto de la ley, situación en la cual aplicarán los
principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia.
H) Sancionar al Abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o
fraude. Al respecto, el artículo 110 del Código Procesal Civil preceptúa:
A. que las partes, sus Abogados, sus apoderados y los terceros
legitimados responden por los perjuicios que causen con sus
actuaciones procesales temerarias o de mala fe; B. que cuando en el
proceso aparezca la prueba de tal conducta, el Juez, independientemente
de las costas que correspondan, impondrá una multa no menor de cinco
ni mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal; y C. que cuando
no se pueda identificar al causante de los perjuicios, la responsabilidad
será solidaria. Además de lo dispuesto en el artículo 110 del Código
Procesal Civil, cuando el Juez considere que el Abogado actúa o ha
actuado con temeridad o mala fe, remitirá copia de las actuaciones
respectivas a la Presidencia de la Corte Superior, al Ministerio Público
y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que
pudiera haber lugar (art. 111 del C.P.C.).
I) Fundamentar los autos y sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando
los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
Debe tenerse presente que, en aplicación del artículo 34 de la Ley de la
Carrera Judicial (Ley Nro. 29277, del 04-11-2008), son deberes de los jueces:
1. Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad,
razonabilidad y respeto al debido proceso.
2. No dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley.
3. Mantener un alto nivel profesional y preocupación por su permanente
capacitación y actualización.
4. Someterse a la evaluación del desempeño.
5. Observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el
fijado para las sesiones de audiencias, informes orales y otras

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diligencias. El incumplimiento injustificado constituye inconducta
funcional.
6. Observar con diligencia los plazos legales para la expedición de
resoluciones y sentencias, así como vigilar el cumplimiento de la debida
celeridad procesal. En caso de incurrir en retardo respecto a los plazos
legales, deben informar a la Oficina de Control de la Magistratura
(OCMA) las razones que lo motivaron, bajo responsabilidad
disciplinaria.
7. Respetar estrictamente y exigir a los auxiliares el cumplimiento del
horario de trabajo para la atención del despacho, informes orales y otras
diligencias.
8. Atender diligentemente el juzgado o sala a su cargo.
9. Guardar la reserva debida en aquellos casos que, por su naturaleza o en
virtud de leyes o reglamentos, así lo requieran.
10. Denegar pedidos maliciosos.
11. Sancionar a las partes cuando practiquen maniobras dilatorias.
12. Denunciar los casos de ejercicio ilegal de la abogacía, conductas que
contravengan la ética profesional y otros comportamientos delictivos de
los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
13. Dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional. No obstante,
pueden ejercer la docencia universitaria en materia jurídica, a tiempo
parcial, hasta por ocho (8) horas semanales de dictado de clases y en
horas distintas de las que corresponden al despacho judicial.
Igualmente, con las mismas limitaciones, pueden realizar labores de
investigación e intervenir, a título personal, en congresos y
conferencias.
14. Presentar una declaración jurada de bienes y rentas al inicio del cargo,
anualmente, al dejar el cargo y cada vez que sus bienes y/o rentas varíen
en más de un veinte por ciento (20 %).
15. Residir en el distrito judicial donde ejerce el cargo.
16. Seguir los cursos de capacitación programados por la Academia de la
Magistratura y los cursos considerados obligatorios como consecuencia
del resultado de la evaluación parcial.

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17. Guardar en todo momento conducta intachable.
18. Cumplir con las demás obligaciones señaladas por ley.
Puntualizamos que lo que atañe a los deberes del Juez de Paz (no letrado)
está contemplado en el artículo 5 de la Ley de Justicia de Paz (Ley Nro. 29824,
del 02-01-2012).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación con los deberes del
- “... De acuerdo con lo que dispone el artículo 50, inciso 6° del Código
Procesal Civil, a los jueces les asiste el deber de fundamentar los autos
y sentencias, tanto de hecho como de derecho, respetando los derechos
de jerarquía de las normas y el de congruencia, bajo sanción de nulidad;
siendo esta una garantía de la administración de justicia que es
trascendente, pues tiende a preservar tanto el derecho de defensa como
la eficacia y validez de los actos procesales...” (Casación Nro. 1147-
2008 / Ucayali, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-09-2008,
págs. 22885-22886).
- “... La motivación de las resoluciones judiciales es un principio con
garantía constitucional a tenor del artículo ciento treinta y nueve inciso
quinto de la Constitución Política del Estado, lo que es concordante con
el inciso sexto del artículo cincuenta del Código Procesal Civil e inciso
tercero del artículo ciento veintidós del glosado dispositivo procesal,
normas por las que se establece la obligación del juzgador de señalar en
forma expresa la ley que aplican al razonamiento jurídico aplicado, así
como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión[,] respetando
el Principio de Jerarquía de las Normas y de Congruencia, lo que
significa que el Principio de Motivación garantiza a los justiciables que
las resoluciones jurisdiccionales no adolecerán de defectuosa
motivación...” (Casación Nro. 4452-2006 / Piura, publicada en el Diario
- “... El principio de motivación de las resoluciones judiciales [...] tiene
rango constitucional, y [...] exige al juzgador exponer las razones que
justifican su decisión, la que debe ser cierta, coherente y verificable, la
que debe respectar [sic] el principio de congruencia procesal...”
(Casación Nro. 250-2007 / Callao, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 3009-2008, págs. 23128-23130).

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- “... La obligación de fundamentar las sentencias [...] implica que la
decisión judicial esté precedida de la argumentación que la justifique y
que la explique, para que el litigante pueda seguir el pensamiento del
juzgador, que concluye en el fallo...” (Casación Nro. 2535-2007 / Junín,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-06-2008, pág. 22397).
- “... El deber de fundamentación de las sentencias impone el respeto a las
jerarquías de las normas y la congruencia, basándose en las cuestiones
de hecho y de derecho...” (Casación Nro. 3267-2007 / Lambayeque,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04-09-2008, págs.
22975-22976).
- “... La motivación jurídica de las resoluciones judiciales es una exigencia
constitucional y procesal que obliga a los Jueces a citar expresamente la
ley aplicable...” (Casación Nro. 843-2000 / Callao, publicada en el
- “... El Juez como director del proceso tiene el deber de resolver el litigio
conforme a la norma sustantiva o material que verdaderamente
corresponda, a fin de efectivizar una justa composición del litigio, con
arreglo a derecho; por tanto, si la finalidad del proceso contencioso [...]
es no sólo la simple resolución de conflictos intersubjetivos de intereses
sino esencialmente la justa composición de este conflicto, entonces el
Juez resuelve la controversia inclusive en contra de las normas
invocadas por las partes, porque además de conocer el derecho,
interpreta y aplica el pertinente...” (Casación Nro. 3164-03 / Cusco,
13842).
- “... El Juzgador está obligado a sustentar suficientemente las razones de
su decisión, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho en los
que basa su fallo; sin embargo, ello no le impone la obligación de
sustentar por qué no aplica las demás normas del ordenamiento jurídico,
las que se entienden excluidas a través de una operación lógica
elemental...” (Casación Nro. 076-2000 / Chincha, publicada en el Diario
- “... El principio de congruencia [...] obliga a los jueces a fundar sus fallos
sin ir más allá del petitorio...” (Casación Nro. 2022-97 / Juliaca,
7151).

50
- “... Los jueces previamente antes de resolver un conflicto de intereses
deben establecer los hechos aportados en el proceso examinando los
medios probatorios. Una vez determinados los hechos con relación a las
pretensiones procesales propuestas, tiene que subsumirlos dentro del
supuesto fáctico del derecho de orden material aplicable al caso
concreto; que puede haber sido invocado por el demandante o por el
demandado y, en todo caso, por el propio Juez en aplicación del
principio iura novit curia consagrado en el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 3695-2007 /
22209-22210).
- “... Los argumentos de defensa de las partes antagónicas en un proceso,
salvo que exista allanamiento, siempre se encaminarán a desvirtuar
aquellos fundamentos de su parte contraria, siendo precisamente función
del Juez el resolver dicho conflicto de intereses, sin embargo, para
cumplir
con dicha función, el Juzgador no puede basarse únicamente en una parte
de lo dicho por alguna de las partes, sino que debe confrontar la versión
completa de la parte accionante y de la emplazada...” (Casación Nro.
3581-2007 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-
032008, pág. 21677).
- “... Siendo el fin del proceso resolver un conflicto de intereses o eliminar
una incertidumbre ambas con relevancia jurídica, es el deber del
juzgador hacer efectivos los derechos sustanciales y no emitir
resoluciones que resulten inejecutables...” (Casación Nro. 1337-2007 /
Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-10-2007,
págs. 20490-20491).
2.8 Prohibiciones impuestas a los Jueces
Las prohibiciones impuestas a los magistrados son objeto de tratamiento legal
en el artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial (Ley Nro. 29277), numeral que
dispone que está prohibido a los jueces:
1. Defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia, a su
cónyuge o conviviente y a sus padres e hijos.
2. Aceptar de los litigantes o sus abogados, o por cuenta de ellos,
donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en

51
su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Igual prohibición
se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes o
capacitaciones de cualquier institución nacional o internacional que
tenga juicio en trámite contra el Estado.
3. Aceptar cargos remunerados dentro de las instituciones públicas o
privadas, a excepción del ejercicio de la docencia universitaria.
4. Ejercer el comercio, industria o cualquier actividad lucrativa
personalmente o como gestor, asesor, socio, accionista (a excepción de
adquirirse tal condición por sucesión hereditaria o antes de la asunción
al cargo), empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas,
directorios o de cualquier organismo o entidad dedicada a actividad
lucrativa.
5. Variar su domicilio del lugar donde ejerce el cargo, salvo el caso de
vacaciones, licencia o autorización del órgano competente.
6. Participar en política, sindicalizarse y declararse en huelga.
7. Influir o interferir de manera directa o indirecta en el resultado de los
procesos judiciales que no estén a su cargo.
8. Ausentarse del lugar donde ejerce el cargo, salvo motivadas
excepciones.
9. Ejercer labores relacionadas con su función fuera del recinto judicial,
con las excepciones de ley.
10. Adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge o conviviente, sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, directamente o por intermedio de terceros, los bienes objeto de
litigio en los procesos que él conozca o haya conocido, y aunque hayan
dejado de ser litigiosos durante los cuatro (4) años siguientes a que
dejarán de serlo. Todo acto que contravenga esta prohibición es nulo, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a ley.
11. Conocer un proceso cuando él, su cónyuge o conviviente, su apoderados,
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, o estudio jurídico del que forme parte tengan o hubieran tenido
interés o relación laboral con alguna de las partes. En este último caso,
el impedimento se extiende hasta un (1) año después de producido el

52
cese de la relación laboral o la culminación de los servicios prestados
bajo cualquier modalidad contractual. Se exceptúan de la presente
prohibición los procesos en los que fuera parte el Poder Judicial.
12. Adelantar opinión respecto de los asuntos que conozcan o deban
conocer.
13. Lo demás señalado por ley.
Lo atinente a las prohibiciones impuestas a los Jueces de Paz (no letrados) se
halla previsto en el artículo 7 de la Ley de Justicia de Paz (Ley Nro. 29824, del
02-01-2012).
2.9 Responsabilidad del Juez
Casarino Viterbo, en lo que atañe a la responsabilidad de los Jueces, enseña
lo siguiente:
“... Los actos realizados por los jueces, como contrarios al buen
comportamiento que las leyes les exigen, pueden ser de naturaleza
variada; y de allí que las responsabilidades en que incurren sean
también de este carácter. Así, se habla de responsabilidad: disciplinaria,
política, penal y civil.
a) La responsabilidad disciplinaria reconoce su origen en faltas o
abusos que pueden cometer los jueces en el desempeño de sus
funciones. Como tales, son sancionadas, ya de oficio por los
tribunales superiores de justicia, ya a petición de parte interesada
mediante la interposición
de un recurso de queja, con las diversas modalidades que las leyes
establecen para estos casos (...);
b) La responsabilidad política tiene su origen en el notable abandono
de sus deberes en que pueden incurrir los miembros de los tribunales
superiores de justicia (...);
c) La responsabilidad penal, en cambio, obedece a los posibles delitos
que puede cometer un juez en el desempeño o con ocasión del
ejercicio de su ministerio. De allí que estas infracciones penales se
llamen también delitos ministeriales. Como se comprende, nada
tiene que ver esta responsabilidad con los delitos comunes que
puede cometer un juez, al igual que cualquier mortal. No se trata,
pues, de una falta o abuso que pueda ser castigada

53
disciplinariamente, sino de un delito funcionario que debe ser
sancionado con una pena;
d) Por último, la responsabilidad civil es una consecuencia de la
responsabilidad penal anterior. Obedece al principio de que de todo
delito puede nacer una acción civil tendiente a obtener la
correspondiente reparación del daño causado por medio de aquél.
También habrá responsabilidad civil en la comisión de un
cuasidelito...” (CASARINO VITERBO, 1983, Tomo II: 107-108).
La inobservancia de los deberes asignados a los Jueces y auxiliares de la
jurisdicción civil (en el C.P.C., en la L.O.P.J. y en la Ley Nro. 29277) trae como
consecuencia la imposición de la correspondiente sanción (art. 48 -parte final- del
C.P.C.).
La Ley Orgánica del Poder Judicial, acerca de la responsabilidad del Juez,
establece lo siguiente:
- Los miembros del Poder Judicial son responsables civilmente por los
daños y perjuicios que causan, con arreglo a las leyes de la materia. Son
igualmente responsables por los delitos que cometan en el ejercicio de
sus funciones. Las acciones derivadas de estas responsabilidades se
rigen por las normas respectivas (art. 200 de la L.O.P.J.).
- El que no se reincorpora al vencimiento de la licencia o en el plazo
máximo de los cuatro días siguientes, es separado del cargo (art. 243 -
parte inicial- de la L.O.P.J.).
En cuanto al régimen disciplinario y las sanciones aplicables a los Jueces de
Paz (no letrados), debe verse lo normado en los arts. 46 al 56 de la Ley de Justicia
de Paz (Ley Nro. 29824, del 02-01-2012).
Los miembros del Poder Judicial son responsables civil, penal y
administrativamente con arreglo a la ley de la materia. Así lo establece el artículo
43 de la Ley de la Carrera Judicial (Ley Nro. 29277).
Lo concerniente a las faltas de los Jueces se halla previsto en el Subcapítulo
I (“Faltas”) del Capítulo V (“Régimen disciplinario”) del Título III (“Deberes y
derechos, prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades de los Jueces”) de la
Ley de la Carrera Judicial (Ley Nro. 29277, del 04-11-2008), en los arts. 44 al 48.
En relación a las sanciones por faltas de los Jueces, cabe indicar que ello está
normado en el Subcapítulo II (“Sanciones”) del Capítulo V (“Régimen

54
disciplinario”) del Título III (“Deberes y derechos, prohibiciones, impedimentos
e incompatibilidades de los Jueces”) de la Ley de la Carrera Judicial (Ley Nro.
29277, del 04-11-2008), en los arts. 49 al 56.
El procedimiento disciplinario relacionado con los Jueces es materia de
tratamiento legal en el Subcapítulo III (“Procedimiento disciplinario”) del
Capítulo V (“Régimen disciplinario”) del Título III (“Deberes y derechos,
prohibiciones, impedimentos e incompatibilidades de los Jueces”) de la Ley de la
Carrera Judicial (Ley Nro. 29277, del 04-11-2008), en los arts. 57 al 62.
En cuanto a la responsabilidad penal en que puede incurrir el Juez, cabe
indicar, a manera de ejemplo, que dicha responsabilidad puede derivar de la
comisión por parte de aquél de los siguientes ilícitos penales:
- Prevaricato. Al respecto, el artículo 418 del Código Penal preceptúa
que el Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen,
manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita
pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o
derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de cinco años.
- Mandato malicioso o ilegal de detención u omisión de mandato de
libertad. Sobre el particular, el artículo 419 del Código Penal establece
que el Juez que, maliciosamente o sin motivo legal, ordena la detención
de una persona o no otorga la libertad de un detenido o preso, que debió
decretar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de cuatro años.
- Conocimiento de proceso en el que se participó como abogado. Al
respecto, el artículo 420 del Código Penal señala que el juez o fiscal que
conoce en un proceso que anteriormente patrocinó como abogado, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.
- Negativa a administrar justicia. En cuanto a este delito, el artículo 422
del Código Penal prescribe que el Juez que se niega a administrar
justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la
ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años.
2.10 Actos procesales del Juez
En lo que concierne a los actos procesales del Juez, Couture enseña lo
siguiente:

55
“Los actos del tribunal son (...) actos de los agentes de la jurisdicción.
Al tribunal incumbe, fundamentalmente, decidir el conflicto de intereses que
le es sometido. Pero no es esa su única actividad, ya que para llegar a la
decisión es necesario, como se dice en la doctrina francesa, mettre le
proces en état d’etre jugé.
Surge de aquí la siguiente clasificación:
a) Actos de decisión; por tales se entienden las providencias judiciales
dirigidas a resolver el proceso, sus incidencias o a asegurar el
impulso procesal.
b) Actos de comunicación; son aquellos dirigidos a notificar (notum
facere) a las partes o a otras autoridades, los actos de decisión.
c) Actos de documentación; son aquellos dirigidos a representar
mediante documentos escritos, los actos procesales de las partes, del
tribunal o de los terceros...” (COUTURE, 1985: 204-205).
Los actos procesales del Juez son objeto de regulación en el Capítulo I
(“Actos procesales del Juez”) del Título I (“Forma de los actos procesales”) de la
Sección Tercera (“Actividad procesal”) del Código Procesal Civil, en los arts. 119
al 128.
Véscovi señala al respecto que las resoluciones judiciales “... se dividen en:
de mero trámite, que sólo dan el impulso al proceso; interlocutorias (sentencias o
autos, según los códigos), que se dictan durante el procedimiento y se relacionan
con una cuestión conexa pero ajena a la principal (al objeto del proceso), y
definitivas, que son la sentencia final. Después de éstas siguen en importancia los
autos (...) interlocutorios, que, en ciertos casos, pueden tener carácter de
definitivos cuando, al resolver una cuestión accesoria (caducidad, prescripción,
cosa juzgada, etc.), ponen fin al proceso” (VESCOVI, 1999: 221).
El Código Procesal Civil (en su art. 120) solamente reconoce como
resoluciones judiciales las siguientes:
- Decretos.
- Autos.
- Sentencias.
2.10.1 Decretos

56
Los decretos suelen ser denominados también providencias o providencias
simples o providencias de mera tramitación o autos de trámite o autos de
sustanciación.
En opinión de Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, “los autos de trámite
disponen una simple impulsión del proceso, no requieren motivación...”
(QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 198).
A decir de Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández, las providencias
son “... resoluciones de tramitación o (...) de ordenación material. Y por
tramitación se ha de entender el desarrollo procedimental, el avance de los actos
conforme a la serie de ellos abstractamente prevista en la norma procesal. Esto
significa, ciertamente, un impulso procesal (y de oficio), es decir, paso de un acto
al siguiente o de una fase a la sucesiva cuando se producen los supuestos de hecho
(procesales) contemplados por la ley...” (DE LA OLIVA; y FERNANDEZ, 1990,
Tomo II: 134).
Conforme se desprende de nuestro ordenamiento jurídico, los decretos son
resoluciones expedidas por los auxiliares jurisdiccionales (obviamente por
indicación del respectivo magistrado, quien, como es sabido, es el director del
proceso) y orientadas a impulsar el proceso, que disponen la realización de actos
procesales de mero trámite, tan es así que, a diferencia de los autos y sentencias,
los decretos no requieren de fundamentación alguna (arts. 121 -primer párrafo- y
122 del C.P.C.).
2.10.2 Autos
Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández anotan que los autos (llamados
también providencias interlocutorias) “... son las resoluciones que se dictan para
resolver cuestiones de importancia, afectantes a intereses de los litigantes dignos
de protección, pero distintas de la cuestión principal o de fondo, distintas, por
tanto, del objeto principal y necesario del proceso. (...) los autos son las
resoluciones con las que, salvo que se indique expresamente que deben
solventarse mediante sentencia, se deciden las denominadas cuestiones
incidentales, que no pongan fin al proceso” (DE LA OLIVA; y FERNANDEZ,
1990, Tomo II: 135).
Devis Echandía sostiene que los autos o providencias interlocutorias “... son
decisiones pronunciadas en el curso de las instancias o del trámite de los recursos
extraordinarios de casación y revisión, o para el cumplimiento de la sentencia en
el mismo proceso, sobre puntos que no son del simple trámite que contienen
alguna cuestión de fondo distinta de resolver sobre las pretensiones de la demanda

57
y las excepciones de fondo o mérito opuestas a ellas y que en ocasiones le ponen
fin al proceso, por ejemplo, cuando se declara su perención o caducidad o se
acepta una transacción total o el desistimiento de la demanda o del recurso de
apelación o casación contra la sentencia” (DEVIS ECHANDIA, 1985, Tomo II:
456).
Se infiere del texto del segundo párrafo del artículo 121 del Código Procesal
Civil, que los autos son aquellas resoluciones expedidas por el Juez a través de
las cuales:
- Se resuelve la admisibilidad o inadmisibilidad y la procedencia o
improcedencia de la demanda.
- Se resuelve la admisibilidad o inadmisibilidad y la procedencia o
improcedencia de la reconvención.
- Se resuelve lo relativo al saneamiento del proceso (esto es, se determina
si existe o no una relación jurídica procesal válida).
- Se resuelve lo concerniente a la interrupción y conclusión del proceso
(con declaración sobre el fondo o sin ella).
- Se resuelve acerca de las formas especiales de conclusión del proceso
(conciliación, allanamiento, reconocimiento, transacción judicial,
desistimiento y abandono) que se hubieran presentado en el curso de la
causa.
- Se resuelve el concesorio o denegatorio de los medios de impugnación:
recursos (reposición, apelación, casación y queja) y remedios (solicitud
de declaración de nulidad procesal y cuestiones probatorias como la
tacha y la oposición).
- Se resuelve la admisión, improcedencia o modificación de medidas
cautelares (secuestro judicial o conservativo, embargo en forma de
depósito, embargo en forma de inscripción, embargo en forma de
retención, embargo en forma de intervención en recaudación o
información, embargo en forma de administración, medidas temporales
sobre el fondo, medidas innovativas, medidas de no innovar, etc.).
- Se adoptan todas las demás decisiones para las que se exige la debida
fundamentación (excluyéndose, obviamente, el pronunciamiento
judicial acerca de la cuestión controvertida en el que se declare el

58
derecho que corresponde a las partes, que no se hará mediante auto sino
a través de la sentencia).
2.10.3 Sentencias
Para Aldo Bacre, la sentencia es “el acto jurídico procesal emanado del juez
y volcado en un instrumento público, mediante el cual ejercita su poder-deber
jurisdiccional, declarando el derecho de los justiciables, aplicando al caso
concreto la norma legal a la que previamente ha subsumido los hechos alegados
y probados por las partes, creando una norma individual que disciplinará las
relaciones recíprocas de los litigantes, cerrando el proceso e impidiendo su
reiteración futura” (BACRE, 1992, Tomo III: 396).
En palabras de Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, “se denominan sentencias
las providencias que deciden las pretensiones de la demanda y las excepciones de
mérito, los extremos de la litis, es decir, bien sea que se pronuncien en primera o
en segunda instancia o en los recursos extraordinarios de casación y revisión...”
(QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 196). Los citados juristas añaden que
“la sentencia como manifestación jurídica es la voluntad plasmada de la solución
de una causa en su fondo mismo y presupone igualmente el agotamiento de un
proceso” (QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 197).
Devis Echandía, en relación a la sentencia, manifiesta lo siguiente:
“La sentencia es el acto por el cual el juez cumple la obligación
jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción, de
resolver sobre las pretensiones del demandante y las excepciones de
mérito o fondo del demandado.
Mediante la sentencia se convierte, para cada caso, en voluntad concreta la
voluntad abstracta del legislador que la ley contiene.
Toda sentencia es una decisión y el resultado de un razonamiento o juicio
del juez, en el cual existen las premisas y la conclusión. Pero al mismo
tiempo contiene un mandato, pues tiene fuerza impositiva, ya que
vincula y obliga. Es, por lo tanto, el instrumento para convertir la regla
general contenida en la ley, en mandato concreto para el caso
determinado. Pero no es en sí misma un mandato, ya que se limita a
aplicar el que contiene la ley” (DEVIS ECHANDIA, 1985, Tomo II:
515-516).
Aldo Bacre, en relación con la estructura de la sentencia, apunta lo siguiente:

59
“... La doctrina divide a la sentencia en tres partes: resultandos,
considerandos y fallo (...).
- Resultandos
En esta primera parte de la sentencia hay una exposición de las
cuestiones planteadas, es decir, el juez sintetiza el objeto del
proceso, su causa, señala quiénes intervienen en él y menciona las
etapas más importantes del trámite, como por ejemplo, si se abrió a
prueba o tramitó la causa como de puro derecho, si se alegó, si
hubieron incidentes durante su transcurso, etc.
El término ‘resultandos’ debe interpretarse en el sentido de ‘lo que
resulta o surge del expediente’, es decir, del conjunto de datos que
se pueden extraer del mismo y que el juez destaca en esta parte
introductoria de la sentencia. También, en la práctica se utiliza la
expresión: Y VISTOS.
(...)
- Considerandos
En esta segunda parte de la sentencia o ‘considerandos’, el juez no sólo
necesitará convencerse a sí mismo, sino también a los litigantes y a
la comunidad de la justicia de su decisión, por lo que tendrá que
exponer los fundamentos o razonamientos en que apoyará su fallo
o conclusión.
Los considerandos constituirán, entonces, la parte medular de la
sentencia. Aquí el juez desarrollará la fundamentación de su
decisión, operación que, a su vez, consta de tres fases o etapas: la
reconstrucción de los hechos, a través de la consideración por
separado de las cuestiones planteadas por las partes (...) y su cotejo
con las pruebas producidas; la determinación de la norma aplicable
(...) y el examen de los requisitos para la procedencia de la
pretensión.
(...)
- Fallo o parte dispositiva
Constituye la tercera y última parte de la sentencia (...).

60
El magistrado, luego de fundar su fallo en los hechos probados y en el
derecho vigente aplicable al caso, debe decidir (...) condenando o
absolviendo, en todo o en parte, en forma expresa, positiva y precisa,
con arreglo a las pretensiones planteadas” (BACRE, 1992, Tomo III:
416-425).
Conforme se desprende del texto del último párrafo del artículo 121 del Código
Procesal Civil, la sentencia es aquella resolución destinada a poner fin a la
instancia o al proceso, por la que el Juez decide, en forma expresa, precisa y
debidamente fundamentada, acerca de la cuestión controvertida, declarando el
derecho de las partes, dando solución de esa manera al conflicto de intereses o
incertidumbre jurídica de que se trate. Puntualizamos que, según se infiere de la
parte final del citado numeral, en la sentencia el Juez puede pronunciarse, de
modo excepcional, respecto de la validez de la relación jurídica procesal, estando
así facultado para declarar ésta inválida, no obstante haber expedido
anteriormente el respectivo auto de saneamiento en el que se determinó
precisamente que tal relación era válida. Por consiguiente, si en la sentencia el
Juez considera que la aludida relación no es válida, procederá a declarar la nulidad
de todo lo actuado, cuestión ésta muy grave que, en nuestra opinión, será
justificada solamente si los vicios o defectos en la relación jurídica procesal no
han podido ser advertidos antes por el juzgador en la etapa procesal
correspondiente por razones no imputables a este último.
2.10.3.1 Jurisprudencia casatoria relacionada con la sentencia en general
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la sentencia en
general, ha establecido lo siguiente:
- “... Si bien al resolver las causas el Juez aplica su criterio la Ley y las
fuentes formales del derecho, cierto es también que dicha decisión debe
hacerse en la sentencia que ponga fin a la instancia, declarando el
derecho sustancial” (Casación Nro. 1026-95 / Lima, publicada en el
- “... Mediante la sentencia el Juzgador da solución a un conflicto jurídico
o dilucida una incertidumbre jurídica, emitiendo un pronunciamiento
sustentado en el derecho, para lo cual aplica las normas que regulan la
materia del proceso a la base fáctica establecidas (sic) en el mismo”
(Casación Nro. 2890-99 / Lima, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 07-07-2000, págs. 5566-5567).

61
- “... La sentencia es el acto en cuya virtud el Juez, en un proceso de
cognición, declara la conformidad o disconformidad de una pretensión
con el derecho objetivo, para proceder en su caso a su actuación. La
sentencia no contiene otra voluntad que la de la ley, traducida en forma
concreta por obra del juez. Esto requiere la definición en forma previa
del juicio de hecho, y luego la determinación del Derecho aplicable, lo
que debe ser expresado en forma clara. Por tanto el juicio lógico es
elemento esencial y característico de la sentencia...” (Casación Nro.
3973-2006 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-
022007, pág. 18864).
- “... La sentencia exterioriza una decisión jurisdiccional del Estado,
consta en un instrumento público y es la materialización de la tutela
jurisdiccional que llena su función al consagrar un derecho mediante una
declaración afirmada de que la relación sustancial discutida se encuentra
en los presupuestos legales abstractos y como consecuencia de lo cual,
establece en la sentencia [...] una norma concreta para las partes, de
obligatorio cumplimiento...” (Casación Nro. 1383-2000 / Callao,
- “... En general, el juzgador cuando sentencia aplica el derecho al caso
concreto, según lo probado por las partes...” (Casación Nro. 23442000 /
7181).
- “... El proceso formativo de la sentencia tiene un iter procedimental
lógico, cronológico y teleológico, el mismo que tiene su base en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el cual es ineludible y de estricta
observancia; en sede civil, la sentencia es un acto jurisdiccional que pone
fin al proceso[,] la cual tiene como objetivo reconocer, modificar o
extinguir una situación jurídica así como formular órdenes y
prohibiciones, y como tal, por la importancia social que cumple, es
regida por normas de derecho público ya que es emanado [sic -léase
emanada-] por una autoridad pública en nombre del Estado y que se
impone no solo a las partes litigantes sino a todos los demás órganos del
poder público; y por normas de derecho privado en cuanto constituye
una decisión respecto de una controversia de carácter privado, cuyas
consecuencias se producen en relación a las partes litigantes...”
Peruano el 30-10-2006, págs. 17436-17437).

62
- “... La expedición de una sentencia es el resultado de una valoración
lógica, conjunta y razonada de los medios probatorios aportados al
proceso por las partes, conforme a las normas constitucionales y legales,
así como con arreglo a los hechos y petitorios formulados por las
mismas...” (Casación Nro. 4942-2006 / Cajamarca, publicada en el
- “... La estructura interna de la sentencia se manifiesta a través de un
silogismo, en donde el hecho real o acreditado debe ser subsumido en el
supuesto de hecho de la norma jurídica, de tal manera que se produzca
una consecuencia jurídica por lo que no es suficiente que el Juzgador
sólo cumpla con citar normas jurídicas, sino que es obligatorio que éstas
estén en relación con los hechos expuestos en la resolución...” (Casación
Nro. 3049-2006 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
31-08-2007, págs. 20132-20133).
- “... Las sentencias según la naturaleza de la pretensión, pueden ser
declarativas de derechos, constitutivas de derechos y de condena. Las
dos primeras (declarativas y constitutivas de derecho) con solo (sic)
declarar fundada una demanda llenan la finalidad del proceso, pues con
tal declaración el orden jurídico alterado queda restablecido, mientras
que la sentencia de condena al imponer al vencido una prestación -dar,
hacer, no hacer- crea un título ejecutivo judicial que puede ser ejecutado,
aun por la fuerza (en ejercicio del ius imperium) contra el condenado”
(Casación Nro. 1752-99 / Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 07-04-2000, págs. 4968-4969).
- “... Los efectos de la sentencia declarativa se proyectan hacia el pasado,
hasta el momento de la constitución del derecho, a diferencia de la
sentencia constitutiva que proyecta sus efectos hacia el futuro”
(Casación Nro. 2092-99 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 07-04-2000, pág. 4975).
- “... Toda sentencia es declarativa, en cuanto reconoce el derecho que el
actor tenía cuando inició la demanda y que la parte demandada le había
desconocido, y como consecuencia de lo cual sus efectos se proyectan
hacia el pasado, porque el transcurso del tiempo durante la tramitación
del juicio no debe perjudicar a quien tenía derecho, sino a quien obligó
al litigio para reconocerlo...” (Casación Nro. 3157-2003 / Cusco,
14049).

63
- “... La sentencia es un acto procesal único, conforme se infiere del
artículo ciento veintiuno del acotado Código [C.P.C.] y debe correr en
un solo cuerpo...” (Casación Nro. 2626-2001 / Santa, publicada en el
- “... Uno de los presupuestos para determinar si una sentencia ha sido
válidamente emitida es que reúna todos los requisitos exigidos por el
ordenamiento procesal tanto en su forma como en su contenido...”
Peruano el 01-03-2001, pág. 7001).
- “... Uno de los presupuestos necesarios para que pueda producirse
válidamente una sentencia, es la concurrencia de los denominados
presupuestos procesales, es decir, aquellas condiciones indispensables
para
que la relación procesal tenga existencia legítima y válida como vínculo
jurídico...” (Casación Nro. 1798-2000 / Tacna, publicada en el Diario
- “... Constituye un presupuesto indispensable para la emisión válida de la
sentencia, la existencia previa de un procedimiento completo en su
forma y grado, que no debe verse afectado por un mal ejercicio de la
acción u otros vicios que lo invaliden...” (Casación Nro. 2016-2000 /
7009-7010).
- “... Es presupuesto de validez de toda sentencia que los actos procesales
que le preceden hayan sido actuados conforme a ley...” (Casación Nro.
1138-2004 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-11-
2004, pág. 12943).
- “... La parte expositiva de una Sentencia conlleva la narración de los
hechos y actos sucedidos en la instancia respectiva hasta el momento de
emitirse pronunciamiento...” (Casación Nro. 518-02 / Ucayali, publicada
- “... Es claro que la sentencia impugnada al consignar el vocablo vistos
reproduce la parte expositiva de la sentencia de primera instancia...”
(Casación Nro. 506-99 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 14-06-1999, pág. 2993).

64
- “... La [parte] considerativa [de la sentencia] implica la relación
correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y los
respectivos de derecho que sustentan la decisión...” (Casación Nro. 518-
02 / Ucayali, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-10-2002,
págs. 9311-9312).
- “... Los fundamentos de hecho de las sentencias consisten en las razones
y en la explicación de las valoraciones esenciales y determinantes que
han llevado a la convicción de que los hechos que sustentan la pretensión
han sido verificados o no en la realidad...” (Casación Nro. 1201-2002 /
Moquegua, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-06-2004,
págs. 12085-12086).
- “... Los fundamentos de derecho [de la sentencia] consisten en las
razones esenciales que han llevado al juez a subsumir o no un hecho
dentro del supuesto hipotético de la norma jurídica, lo que supone
también que debe hacerse mención a la norma que resulta o no aplicable
al caso sub litis...” (Casación Nro. 1201-2002 / Moquegua, publicada en

-
65
“... La parte resolutiva o fallo de una sentencia, [...] además de que
exterioriza una decisión jurisdiccional debe ser el resultado o
consecuencia lógica de los aspectos tomados en cuenta por el juzgador
en la parte considerativa de la misma...” (Casación Nro. 2881-99 /
Tumbes, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-01-2001, págs.
6839-6840).
- “... La decisión contenida en la sentencia debe pronunciarse en forma
clara y no ambigua sobre todos los puntos controvertidos, debiendo
tener un nexo de causalidad con el razonamiento lógico jurídico
esgrimido en su parte considerativa...” (Casación Nro. 2733-2002 /
12637-12638).
- “... El ordenamiento jurídico exige a todo magistrado que, al momento
de resolver el conflicto intersubjetivo de intereses, expida una sentencia
que se encuentre ajustada no solo a las normas jurídicas pertinentes sino
que también se ajuste a los hecho [sic -léase hechos-] acaecidos tanto
dentro como fuera del proceso; [...] estos argumentos se encuentran
positivizados en el inciso tercero de artículo ciento veintidós del Código
Procesal Civil, [...] el mismo que reconoce, como contenido de la
resolución, el que se ajuste a lo actuado y al derecho, esto es, que se
presente una perfecta coherencia entre los hechos acaecidos y las
normas aplicadas con lo resuelto en el proceso...” (Casación Nro. 3202-
2002 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-09-
2003, pág. 10805).
- “... Al emitirse sentencia, las demandas pueden ser declaradas fundadas
en su totalidad o sólo en parte o infundadas o improcedente (sic)...”
Peruano el 07-04-2000, págs. 4986-4987).
2.10.3.2 Jurisprudencia casatoria relacionada con la sentencia de vista
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la sentencia de
vista, ha establecido lo siguiente:
- “... Cuando la sentencia deriva de un órgano o tribunal, son las normas
de derecho público las que regulan el modo como se forma y producen
sus efectos; así, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se

66
pueden advertir dos niveles de formación de sentencia de un órgano
colegiado: a) aquella emitida en el mismo día de la votación o vista de
la causa, conforme prevé el artículo ciento treintitrés de la citada norma,
y b) cuando es emitida una vez que el Colegido [sic -léase el Colegiado-
] decide dejar al voto en otro momento para mayor estudio del caso de
acuerdo al artículo ciento treintinueve de la misma ley; [...] en ambos
casos, se puede producir el acto de discordia por el cual un miembro del
Colegiado estima no estar de acuerdo con el voto del ponente, expone
su voto y las razones que lo motivan, el mismo que según el artículo
ciento cuarenticuatro de la citada Ley se notifica el punto que determina
la discordia y en la misma resolución se llama al vocal dirimente
expedito y se señala día y hora para la vista de la causa que será
conocido [sic] por bajo su dirección; [...] en tal sentido, las normas
citadas describen el iter formativo de la decisión de un órgano
Colegiado, así los actos que se desarrollan en dirección al nacimiento
de la sentencia se promueven en una dinámica concatenada de actos
vinculados el uno al otro (lógico), en un espacio temporal (cronológico)
y orientado a [un] fin (teleológico): el nacimiento de la decisión a través
de la cual ésta sólo será válida si observa el iter descrito que, por el
significado social que tiene al resolver el conflicto de intereses y
asegurar la paz social en justicia[,] es de interés público...” (Casación
Nro. 678-2005 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-
10-2006, págs. 17436-17437).
- “... El artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...] establece
que en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución,
tratándose de las resoluciones que ponen fin a la instancia; mientras que
en los demás casos, bastan dos votos conformes. El artículo 121 del
Código Procesal Civil, en su parte principal señala que, mediante los
autos, el juez resuelve la admisibilidad o el rechazo de la demanda o de
la reconvención, el saneamiento, la interrupción, la conclusión en
general y las demás formas de conclusión especial del proceso. La
doctrina jurisprudencial, en su orientación mayoritaria, asume que debe
distinguirse los autos que no deciden el fondo de la contradicción [sic],
de aquellos que, resolviendo un conflicto de intereses, de orden jurídico,
ponen fin al proceso; y que, por ende, en las Cortes Superiores se
requiere de tres votos conforme [sic -léase conformes-] cuando se trata
de resoluciones que ponen fin a la instancia; en cambio, los dos votos
que hacen resolución por mayoría relativa, son suficientes cuando se
trata de las demás situaciones incidentales o de trámite procesal

-
67
relevante, sin perjuicio de la motivación correspondiente en cada
caso...” (Casación Nro. 5619-2007 / Lima, publicada en el Diario
- “... Resulta evidente que la resolución de vista recaída en autos ha
puesto fin a la instancia, por consiguiente, resulta de ineludible
cumplimiento que la misma contenga tres votos conformes, pues de no
ser así, la decisión se torna en inválida...” (Casación Nro. 4557-2007 /
22898-22899).
“... El A’quo declara infundada la contradicción [...], resolución que es
apelada [...] y la [...] Sala Civil [...], vista la causa [...], dos vocales se
pronuncian porque se confirme la [resolución] apelada y uno porque se
declare nula. [...] Conforme a lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial se requiere de tres votos conformes para
hacer resolución [tratándose de resoluciones que ponen fin a la
instancia]. [...] En consecuencia, [...] la resolución impugnada de vista
debe ser declarada nula...” (Casación Nro. 5455-2007 / Lima, publicada
- “... La resolución materia del grado (...), aparece suscrita sólo por uno
de los miembros del colegiado, cuando dicha resolución debía ser
firmada por los tres miembros del Tribunal conforme lo establece el
Artículo ciento veintidós de la legislación Procesal citada (Código
Procesal Civil), y (...) el incumplimiento de los requisitos establecidos
en el numeral antes citado ocasiona que la resolución sea nula”
(Casación Nro. 734-95 / Piura, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 23-12-1996, pág. 2608).
- “... El artículo ciento cuarentiuno del Texto Unido [sic -léase Unico-]
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en las
Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de
las resoluciones que ponen fin a la instancia, estableciendo ese mismo
artículo que todos los votos se emiten por escrito, máxime cuando se
trata de la ponencia del Vocal Ponente que a tenor de lo previsto en el
artículo ciento treintiocho in fine de la acotada ley debe constar por
escrito, con la fecha de emisión, de entrega y la firma respectiva; [...]
en ese sentido, si bien el artículo ciento cuarentinueve del Texto Unico
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que no será

68
necesaria la firma del Vocal en la resolución respectiva, ello es siempre
y cuando obre en el expediente el voto por escrito del Vocal respectivo,
toda vez que será ese voto el que formará parte de la resolución a emitir,
no siendo necesario en este caso nuevamente la firma del Magistrado
referido...” (Casación Nro. 1660-01 / Amazonas, publicada en el Diario
- “... Si bien es cierto que la sentencia de vista no ha sido suscrita por el
Vocal [...], sin embargo, en la misma resolución se deja constancia que
tal situación responde a que dicho Magistrado fue trasladado a la Corte
Superior de [...], pero es el caso que cumplió con emitir su voto escrito,
en consecuencia se ha cumplido con lo establecido por el artículo ciento
cuarentinueve de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consecuentemente
no existe la irregularidad denunciada...” (Casación Nro. 2835-2000 /
San Román, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-01-2001,
pág. 6801).
- “... La resolución de vista [...] que pone fin a la instancia tiene la calidad
de sentencia y se pronuncia sobre el fondo de la pretensión
controvertida; sin embargo aparece suscrita solamente por dos
magistrados [...]; no apareciendo el voto del Vocal Ponente [...], tal
como lo exige el artículo ciento treintiocho de la Ley Orgánica del
Poder Judicial que establece que la ponencia debe estar escrita y firmada
por el vocal designado; asimismo el artículo ciento cuarentinueve del
Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial precitada
establece que aún en el caso de impedimento, traslado, licencia,
vacaciones, cese o promoción, los Vocales tienen la obligación de
emitir su voto por escrito en las causas que hubieren intervenido el que
forma parte de la resolución, no siendo necesario la firma de ésta por el
Vocal referido, supuesto que tampoco se produce en el caso de autos en
el que no obra agregado a sus antecedentes, el voto escrito del Vocal
[Ponente] [...]. [...] Que, bajo dicho aspecto, la sentencia de vista no
cumple con el requisito esencial que establece el artículo ciento
veintidós, inciso sétimo, del Código Procesal Civil concordado con el
artículo ciento cuarentiuno de la Ley Orgánica del Poder Judicial; [...]
en consecuencia, se ha incurrido en las causales de nulidad previstas en
los incisos cuarto y sétimo del artículo ciento veintidós del Código
Procesal Civil; por lo que siendo así y en virtud a lo preceptuado en el
artículo ciento setentiséis, in fine, del acotado Código Adjetivo, debe
declararse la nulidad de la sentencia de vista y renovarse el proceso a

-
69
fin de que la Sala Superior emita nueva resolución con arreglo a ley
subsanando los vicios procesales incurridos...” (Casación Nro. 1547-00
/ Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-04-2003,
págs. 10459-10460).
- “... La sentencia de vista no cumple con la exigencia de contener el
número de firmas necesarias para hacer resolución, incurriéndose por
tanto en causal de nulidad prevista en el artículo ciento veintidós del
Código Procesal Civil, por lo que corresponde declarar la nulidad de la
citada resolución a pesar de no haber sido alegada por el recurrente, ello
en virtud a que se trata de una nulidad insubsanable que atenta contra
las normas de orden público, siendo por ello aplicable la facultad de
declarar de oficio las nulidades insubsanables a que se contrae el
artículo ciento setentiséis in fine concordante con el artículo noveno del
título Preliminar del Código Adjetivo [C.P.C.]...” (Casación Nro. 1660-
01 / Amazonas, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-02-
2002, págs. 8338-8339).
“... El hecho de no hacerse público el nombre el Magistrado sobre el
cual recae la ponencia de la sentencia [de vista] impugnada no implica
la transgresión del artículo ciento treintiocho de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, pues esta norma no lo exige y tampoco se considera
como causal de nulidad; aún más, la carencia de tal publicidad no
impide a la recurrente iniciar las acciones que crea conveniente contra
el Vocal ponente de la mencionada sentencia...” (Casación Nro. 3674-
2002 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-03-2003,
págs. 10324-10325).
- “... Mediante resolución [...] se señaló nueva fecha para la vista de la
causa por haber sido devuelto el proceso sin resolver por el Vocal
Ponente que fue rotado a otra Sala, [y] ello no es mérito suficiente para
declarar vía casación la nulidad de la sentencia expedida, pues si bien
dicha irregularidad origina la aplicación de sanciones disciplinarias
contra el Vocal que omitió expedir su voto conforme a ley, el proceso
no se supedita a la voluntad del Vocal que incumple sus obligaciones,
pues ante tal omisión el Presidente de la Sala está facultado a integrar
el Colegiado con los llamados por ley, conforme lo establece el segundo
párrafo del artículo ciento cuarentinueve del Texto Unico Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial...” (Casación Nro. 1330-99 /

70
Tumbes, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-05-2002, págs.
8665-8666).
- “... El Vocal Dirimente se adhiere al voto de los señores [Vocales] [...],
conforme se aprecia en la sentencia [...], haciendo suyos los
fundamentos que contiene la citada resolución [...]; [...] la Ley Orgánica
del Poder Judicial en sus artículos ciento cuarenticuatro y ciento
cuarenticinco, no exige una nueva motivación para la adhesión al voto
de otro Vocal...” (Casación Nro. 1396-2007 / Cusco, publicada en el
- “... Del texto de la sentencia aparece una constatación de la secretaría
de la Sala de Familia que certifica que la vocal discordante ha emitido
un voto llamado ‘concordante’ por el cual su posición ha dado lugar a
la discordia, ésta vez [sic -léase esta vez-], en base a que tomado en
cuenta los nuevos argumentos que sobre la materia ha emitido la Corte
Suprema[,] es de opinión se confirme la sentencia en todos sus
extremos, variando el sentido de su posición; [...] como se advierte, la
posición por la [sic] Vocal dirimente constituye una modificación de su
voto anterior emitido en calidad de discordia; sin embargo, por
excepción la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo
ciento cuarentitrés, segundo párrafo, [...] permite emitir voto
concordante que se produce antes de la emisión del voto dirimente
cuando el discordante concuerde con el voto
del ponente; así, [...] la vocal dirimente [...] al cambiar su voto tomando
en cuenta [...] nuevos elementos [...], ha concordado con el voto del
ponente, lo que constituye una variación razonable de formación del
fallo; por consiguiente, ha operado la regla excepcional antes descrita, y
como tal, no se ha producido infracción al debido proceso; [...] la figura
del voto concordante es una figura establecida de manera excepcional
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por ello, su aplicación debe ser
sólo de manera restringida y en tanto se justifique razonablemente la
modificación del voto...” (Casación Nro. 678-2005 / Lima, publicada en
- “... El voto del doctor [Vocal] [...] no forma parte de la sentencia de
vista, sino es un voto singular...” (Casación Nro. 2732-2000 /
Ayacucho, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-04-2001,
págs. 7213-7214).

-
71
- “... La sentencia [de vista] representa la decisión del Colegiado
integrado por los tres Vocales; [...] los considerandos contenidos en el
voto dirimente no son parte integrante de los fundamentos de la
resolución impugnada, por lo que no existe la contradicción o
incoherencia aludida por la recurrente...” (Casación Nro. 2256-2000 /
Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-01-2001, pág.
6866).
- “... En el presente caso no se trata de que hay dos sentencias, sino que
al haber coincidido los señores vocales respecto de uno de los extremos
de la demanda y habiendo discordia sobre el otro extremo, cuando se
resuelve esta discordia, se complementa el fallo y constituye uno sólo y
en él se han resuelto todos los puntos controvertidos, por lo que no
existe infracción a las formas esenciales para la eficacia y validez de los
actos procesales...” (Casación Nro. 4024-2001 / Arequipa, publicada en
- “... De acuerdo al artículo ciento cuarentiuno del Texto Unico Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en las Cortes Superiores tres
votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la
instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes;
estableciendo el artículo ciento veintidós quinto párrafo del Código
Procesal Civil, que cuando los órganos jurisdiccionales colegiados
expidan autos, sólo será necesaria la conformidad y firma del número
de miembros que hagan mayoría relativa; preceptos estos de los cuales
se concluye indubitablemente que en las Salas Civiles de las Cortes
Superiores se requieren de tres votos conformes para arribar a una
sentencia; [...] en ese orden, el artículo ciento cuarenticuatro de la
misma Ley Orgánica

-
-
72
[...] prescribe que: ‘Si resulta discordia, se publica y notifica el punto
que la motiva, bajo sanción de nulidad. En la misma resolución se llama
al Vocal dirimente expedito y se señala día y hora para la vista de la
causa por él’; lo que significa que la discordia se puede producir sobre
uno [o] más puntos de lo resuelto en la sentencia impugnada; y si ello
es así, la discordia en uno de dichos puntos puede ser superada si se
produce un voto conforme con otros dos anteriores, haciendo resolución
en ese punto o extremo, sin perjuicio de continuar con la discordia
respecto del otro u otros puntos hasta que la discordia desaparezca en
definitiva...” (Casación Nro. 1758-2005 / Ica, publicada en el Diario
- “... En cuanto al voto discordante del Vocal [...], tal voto no es
susceptible de dejar sin efecto la votación en mayoría que ha dado
lugar a la resolución cuestionada [resolución de vista]...” (Casación
Nro. 3224-2006 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 03-01-2008, págs. 21372-21373).
- “... Los artículos 141 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
[...] señalan que en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen
resolución, precisando que en caso de existir discordia, se pública
[sic -léase se publica-] y notifica el punto que la motiva, bajo
sanción de nulidad, llamándose al vocal dirimente. [...] Que, en el
caso de autos, se aprecia que con la expedición del voto suscrito por
el Doctor [Vocal] [...] la opinión de confirmar la sentencia apelada
en el extremo que declaraba infundada la demanda de nulidad de
acto jurídico, contaba con tres votos válidos que hacían resolución,
de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. [...] Que, sin embargo al subsistir la discordia en cuanto al
extremo de la reconvención formulada por la recurrente, el vocal
llamado por Ley para dirimir dicho aspecto, omitió pronunciarse
sobre dicho punto, y contrariamente se adhirió a la opinión de que
la apelada sea declarada nula, lo que trajo consigo que se expidieran

73
dos resoluciones con decisiones contradictorias. [...] Que, siendo
ello así, es evidente que la Sala de mérito ha incurrido en infracción
de las formas esenciales contenidas en los artículos 141 y 144 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial...” (Casación Nro. 1389-2001 /
Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-03-2002,
págs. 8485-8486).
- “... Esta Sala Suprema ha señalado que hay infracción de las formas
esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales, cuando
las resoluciones sobre discordias han sido suscritas únicamente por
el relator y no por todos los integrantes de la Sala...” (Casación Nro.
438-96 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
30-01-1998, págs. 375-376).
“... Conforme lo establece el penúltimo párrafo del artículo ciento
treintiocho de la [...] Ley Orgánica del Poder Judicial, en las
resoluciones que emitan las Salas deben consignarse expresamente los
votos discordantes y los singulares. Tal mandato legal, sin embargo, no
se ha cumplido en autos, [...] en ese orden de ideas, se concluye que la
sentencia impugnada [sentencia de vista] se encuentra viciada de
nulidad, en atención a lo dispuesto en el artículo ciento setentiuno del
Código Procesal Civil, toda vez que ha sido emitida en forma
incompleta, con transgresión de las formas esenciales para su validez y
eficacia; siendo así no cumple con su finalidad, como es el de [sic -léase
como es la de-] otorgar garantías mínimas que aseguren un juzgamiento
imparcial y justo...” (Casación Nro. 1554-04 / Piura, publicada en el
- “... Se aprecia que por resolución [...] se corrigieron los votos
discordantes [...] pero sin sustento alguno, toda vez que de lo
actuado no aparecen los fundamentos de dichos votos, más aún si
se tiene en cuenta que ésta resolución [sic -léase esta resolución-]
no ha sido notificada a ninguna de las partes procesales; [...] se debe
agregar a ello, que el artículo ciento cuarentitrés, segundo párrafo,
del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
señala que: ‘Una vez emitidos los votos, no pueden ser modificados
salvo que el voto discordante concuerde con el voto del ponente,
antes que emita su voto el dirimente, de lo que se deja constancia
en autos’; empero, en el presente caso no se advierte que se haya
presentado dicha situación a fin de que se justifique la alteración de

-
-
74
los votos tantas veces citados; [...] en tal sentido, se concluye que
las graves irregularidades incurridas por la Sala Superior importan
afectación al derecho de defensa y al debido proceso de la
recurrente, los que determinan la nulidad de la resolución...”
Peruano el 01-12-2006, pág. 18036).
- “... El llamamiento de un Juez de Primera Instancia para completar
Sala Superior, aun cuando sea temporal, es una promoción...”
(Casación Nro. 5941-2007 / Cusco, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 31-032008, pág. 21764).
“... De los actuados y de las copias solicitadas por este Supremo Tribunal
[...] se advierte que [...] el señor vocal [...] dejó su voto escrito y firmado
en el sentido de que se confirme la sentencia apelada que declara
infundada la demanda en donde se advierte también los votos de los
señores vocales [...], en donde se adhieren al voto del aludido
magistrado; con lo que se evidencia que se dio cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. [...]
Que, el hecho que el señor vocal [...] no firmara la resolución que hace
sentencia final por motivo de su fallecimiento, no la invalida por cuanto
la Sala de mérito al sobrevenir tal hecho, dio estricto cumplimiento a lo
normado en el artículo 149 primer párrafo del Texto Unico Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. [...] Que, además, es de acotar que
los votos de los señores vocales son archivados en Relatoría, votos que
sólo son consignados en el expediente principal hasta que se dirima la
causa, luego de lo cual son sacados los originales y archivados; por lo
que la Relatora cuando señala que el señor vocal [...] ha dejado suscrito
su voto se encuentra de acuerdo a los hechos [...]. [...] Siendo así, la
resolución [...] se encuentra de acuerdo a ley y al proceso, no siendo
susceptible de causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 122
del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 1621-2004 / Lima,

75
17330).
- “... La expedición de la sentencia [de vista] impugnada se encuentra
viciada de nulidad, en atención a lo dispuesto en los artículos ciento
setentiuno y ciento veintidós inciso séptimo del Código Procesal
Civil, toda vez que ha sido suscrita por un Vocal que no ha
intervenido en la vista de la causa ni escuchado los argumentos de
defensa de la parte demandada, con transgresión de las formas
esenciales para su validez y eficacia; siendo así no cumple con su
finalidad, como es el de otorgar garantías mínimas que le aseguren
un juzgamiento imparcial y justo...” (Casación Nro. 2448-03 / La
Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-11-2004,
págs. 13118-13119).
- “... Como es de verse de autos, se tiene que el doctor [Vocal] [...] ha
emitido su voto sin haber escuchado el Informe Oral [...], siendo
esto así la Sala Superior debió haber declarado nula dicha vista de
la causa y señalar con ello nueva fecha con los Vocales
conformados [...], lo que no ocurrió; por lo que se estaría vulnerando
el Principio de Inmediatez, que tiene por objeto que el Juez, quien
en definitiva va a resolver el conflicto de intereses o la
incertidumbre jurídica tenga mayor contacto posible con todos los
elementos subjetivos (partes, terceros) y objetos (documentos,
lugares), que conformen el proceso, por esta razón el Juez puede
participar en la realización de todos los actos procesales y es que la
cercanía puede proporcionar mayores y mejores elementos de
convicción; [...] en consecuencia [...] se [...] estaría recortando el
derecho de defensa...” (Casación Nro. 2848-2003 / Amazonas,
13459-13460).
“... Es el caso que mediante escritos [...], tanto la parte demandante como
la demandada, [...] solicitaron se les conceda el uso de la palabra a fin
de que sus abogados informen oralmente el día que se señale para la
vista de la causa, pedido que fue acogido [...] concediéndoles el uso de
la palabra que en efecto hicieron ante el Colegiado integrado por los
señores [...], siendo que posteriormente [...] los dos primeros [Vocales]
fueron reemplazados por Vocales Suplentes, quienes sin escuchar a las
partes expidieron sus votos concordantes con el del Vocal Ponente [...]

-
-
76
formando sentencia que es materia de impugnación. Entonces, si se tiene
en cuenta que a los abogados defensores de las partes les fue concedido
el derecho de informar oralmente ante el Colegiado primigenio, igual
derecho les asiste para exponer sus alegatos de defensa ante los nuevos
Magistrados que, por impedimento sobreviviente de los llamados por
ley, se avocaron al conocimiento de la presente causa, tanto más si se
advierte que el segundo párrafo del artículo ciento cuarentinueve del
Decreto Supremo cero diecisiete - noventitrés - JUS no prevé
expresamente que la integración de los nuevos Magistrados ante el
incumplimiento de los llamados a emitir su voto importe la nulidad de
la vista de la causa, por lo que correspondía al Colegiado suplir el vacío
previsto en la ley, a fin de salvaguardar el derecho de defensa y al debido
proceso que asiste a las partes...” (Casación Nro. 2728-03 / Amazonas,
13398).
- “... El hecho de que la Sala no haya enumerado los fundamentos de
la sentencia impugnada no puede acarrear la nulidad de la misma,
en aplicación del principio de subsanación que consagra el Artículo
ciento setentidós del Código Adjetivo” (Casación Nro. 1631-99 /
Tumbes, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21-01-2000,
pág. 4628).
- “... La resolución recurrida carece de motivación jurídica y a pesar
de confirmar la sentencia de Primera Instancia, no ha recogido sus
fundamentos de hecho y de derecho; contraviniendo las normas que
garantizan el derecho al debido proceso...” (Casación Nro. 664-99 /
Canchis Sicuani, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06-
10-1999, págs. 3681-3682).
“... La sentencia de vista recoge los fundamentos de la apelada y agrega
otros adicionales, con lo que cumple la garantía constitucional de la
fundamentación en los hechos y en el derecho...” (Casación

-
77
Nro. 3170-99 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 08-
04-2000, pág. 5024).
“... No se incurre en incongruencia por fallo extra petita cuando la Sala
Superior, además de reproducir los fundamentos de la apelada,
introduce los suyos propios sin modificar la parte dispositiva de la
citada resolución...” (Casación Nro. 2673-99 / Lima, publicada en el
- “... Si bien la resolución de vista reproduce los fundamentos de la
apelada, tal circunstancia no le exime de la obligación procesal de
fundamentar correctamente su fallo, si la resolución que confirma no
apoya su decisión en norma de derecho material alguna, tanto más si
como sucede en el presente caso lo que ordena es distinto a lo que manda
la resolución que confirma...” (Casación Nro. 1678-97 / Cono Norte,
1276).
- “... La falta de fundamentación de la resolución superior impide hacer
uso adecuado del Recurso de Casación...” (Casación Nro. 986-98 /
Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06-04-2000, pág.
4959).
- “... Formulada la apelación el Superior puede anular, revocar o
confirmar la resolución materia de grado de acuerdo a lo que señala el
artículo 364 del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 2735-2006 /
20087-20088).
- “... La Sala Superior al resolver en grado de apelación conoce de la causa
ex novo, y puede según el caso confirmar, revocar o anular la
[resolución] apelada...” (Casación Nro. 1431-2007 / Arequipa,
- “... Se constata de la resolución impugnada que su parte resolutiva
contraviene flagrantemente el [...] principio de plenitud, pues, es un
hecho incuestionable que el impugnante apeló contra la totalidad de la

-
-
78
sentencia [de] primera instancia por no encontrarla conforme y no sólo
sobre algunos aspectos de la misma, como equívocamente ha
considerado la Sala Superior al absolver el grado. Es que [...] de la parte
resolutiva de la sentencia de vista no aparece que se haya confirmado,
revocado o anulado la sentencia apelada, no bastando para ello que se
declare la improcedencia del recurso de apelación para concluir en que
el organismo revisor ha emitido una resolución en plena observancia de
lo prescrito en el artículo 122 inciso 4° del Código Procesal Civil. [...] la
resolución impugnada se ha tornado en nula por la deficiencia procesal
antes anotada, no existiendo pronunciamiento válido...” (Casación Nro.
4301-2007 / Puno, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-03-
2008, págs. 21704-21705).
“... Si el Colegiado Superior advertía prueba que desvirtuara el derecho
de la demandante, lo que le correspondía era emitir un pronunciamiento
de fondo y no sancionar una nulidad...” (Casación Nro. 257-2005 / Lima,
18015).
- “... Si el Colegiado Superior considera que la conclusión a la que arribó
el Juez de la causa es errada, pues debe resolver conforme a lo que
indique su criterio jurisdiccional y a lo que aparezca de las pruebas
incorporadas al proceso, pero no es viable declarar la nulidad de una
resolución por el hecho de tener una apreciación diferente de los
hechos...” (Casación Nro. 3672-2006 / Lima, publicada en el Diario
- “... Existe una afectación del debido proceso, cuando indebidamente la
Sala [Superior] pretende anular una sentencia cuyos defectos son
subsanables...” (Casación Nro. 1466-2005 / Lima, publicada en el Diario
- “... Las anteriores resoluciones emitidas por la [...] Sala Civil [...] no
resultan vinculantes para los Magistrados que suscriben la [resolución]

-
79
recurrida, en razón de [...] tratarse de diferentes miembros de dicho
órgano jurisdiccional...” (Casación Nro. 1321-07 / Lambayeque,
21257).
- “... En cuanto a la alegada omisión de los Relatores de suscribir
resoluciones, se trata de una deficiencia de estos auxiliares de justicia
que no constituye una transgresión al derecho al debido proceso...”
Peruano el 0212-2002, pág. 9628).
2.10.3.3 Jurisprudencia casatoria relacionada con las resoluciones
inhibitorias
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a las resoluciones
inhibitorias, ha establecido lo siguiente:
“... [Los pronunciamientos de naturaleza inhibitoria] son aquellos que se
pronuncian respecto a un obstáculo de carácter procesal, ya sea por la
ausencia de algún presupuesto procesal o de alguna condición de la
acción...” (Casación Nro. 2421-2000 / Lima, publicada en el Diario
“... Las resoluciones como actos procesales se clasifican, atendiendo al
alcance del fallo, en sentencias o autos de mérito y en sentencias o autor
inhibitorios, siendo estas últimas cuando las instancias de mérito no
resuelven sobre las pretensiones demandadas sino sobre aspectos de la
relación jurídica procesal...” (Casación Nro. 2581-2007 / Arequipa,
22209).
- “... La resolución objeto del presente recurso [de casación] declara
improcedente la demanda, básicamente [...]; [...] estamos frente a lo que
en doctrina procesal se denomina ‘resolución inhibitoria’, es decir,
aquellas [sic -léase aquella-] en cuya virtud, por diversas causas, el juez
pone fin a una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar
en la materia del asunto que se le plantea, dejando de adoptar resolución

-
-
80
de mérito, esto es, ‘resolviendo’ apenas formalmente...” (Casación Nro.
1056-2006 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
0309-2007, págs. 20273-20274).
- “... Las sentencias como acto procesal se clasifican, atendiendo al
alcance del fallo, en sentencias de mérito y en sentencias inhibitorias,
siendo estas últimas cuando las instancias de mérito no resuelven sobre
las pretensiones demandadas sino sobre aspectos de la relación
procesal...” (Casación Nro. 244-2001 / Cusco, publicada en el Diario
- “... Una sentencia inhibitoria se caracteriza porque no contiene
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino que se resuelve
sobre la validez de la relación jurídica procesal y entonces declara
improcedente la demanda...” (Casación Nro. 1338-2006 / Cono Norte,
- “... El hecho que la Sala de vista se haya pronunciado sobre los medios
probatorios aportados al proceso, ello no lo [sic] constriñe
necesariamente a emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto
cuando advirtiera en su calidad de director del proceso [...] alguna
formalidad procesal imperativa incumplida por las partes que impida
continuar con la prosecución normal del proceso...” (Casación Nro.
2007, págs. 19797-19798).
- “... La resolución materia de impugnación [...] no se trata de una
sentencia que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, por lo que
resulta

81
inviable que los juzgadores analicen o examinen las pruebas ofrecidas
por las partes en el decurso del proceso relacionadas con el asunto en
controversia...” (Casación Nro. 1056-2006 / Arequipa, publicada en el
- “... Excepcionalmente se puede emitir una sentencia inhibitoria, cuando
se trate de establecer la validez de la relación jurídica procesal, según
lo regula el artículo 121 in fine del Código Procesal Civil. En
consecuencia, al haberse emitido una sentencia inhibitoria no es posible
sostener que existe una deficiente apreciación de los medios
probatorios, [...] porque no ha existido pronunciamiento sobre el fondo
de la controversia...” (Casación Nro. 2190-2006 / Cusco, publicada en
- “... La recurrida es una resolución inhibitoria; por lo que, al no existir
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, no requiere de una
fundamentación jurídica, ni tampoco de valorización de los hechos ni
de las pruebas actuadas en el proceso...” (Casación Nro. 775-2007 /
19924).
- “... Para efectos de otorgar a la parte que resulte vencida la tutela
efectiva de sus derechos, con sujeción a un debido proceso, la
resolución que expida el Colegiado Superior necesariamente debe
respetar el principio de congruencia procesal, y en ese sentido, la parte
considerativa debe guardar perfecta concordancia con la parte
resolutiva; razón por la cual, si una demanda se desestima por ausencia
de un requisito intrínseco, la parte decisoria no puede juzgar el fondo
de la pretensión, y al existir tal divergencia, la misma debe ser
enmendada; [...] en consecuencia, al verificarse la contravención de
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, y
particularmente, al haberse conculcado el principio de congruencia
procesal previsto en el inciso sexto del artículo cincuenta del Código
Procesal Civil, debe ampararse el recurso de casación...” (Casación Nro.
2424-05 / Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-10-
2006, pág. 17509).
- “... Una demanda puede ser declarada improcedente en sentencia,
cuando se determina que carece de un requisito de fondo, lo que no
afecta el derecho al debido proceso...” (Casación Nro. 1030-99 / Lima,

-
82
- “... El hecho de resolver las excepciones y defensas previas deducidas
por la parte demandada no precluye, ni es impedimento, para que el Juez
declare la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso...”
(Casación Nro. 184-95 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 09-10-1996, pág. 2338).
- “... La decisión de las instancias de mérito es inhibitoria y no impide a
la entidad recurrente volver a demandar la misma pretensión, una vez
superado el hecho que impide su viabilidad...” (Casación Nro.
27242007 / Ucayali, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-09-
2008, pág. 22742).
- “... La resolución [...] se trata de una sentencia inhibitoria que no se
pronuncia sobre el fondo de la materia controvertida, y, por lo tanto, no
tiene la calidad de cosa juzgada...” (Casación Nro. 5277-06 / Lima,
20644).
- “... La recurrida se encuentra arreglada a lo actuado y el derecho, porque
el último párrafo del artículo ciento veintiuno del Código adjetivo
[C.P.C.], permite excepcionalmente resolver sobre la validez de la
relación procesal, lo que es conocido en la doctrina como la Sentencia
Inhibitoria, y que se caracteriza por no contener una decisión sobre el
fondo de la litis; [...] la sentencia inhibitoria no constituye cosa
juzgada...” (Casación Nro. 2072-2000 / Ayacucho, publicada en el
- “... El pronunciamiento inhibitorio de las instancias de mérito emitido
en el proceso [...] seguido entre las mismas partes, sobre la misma
materia, respecto del presente proceso, que declaró improcedente la
demanda al considerar que su pretensión era un imposible jurídico,
constituye un fallo que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada
formal, no contando con la nota de inmutabilidad [...]; por tanto nada
impide que la demandante inicie un nuevo proceso...” (Casación Nro.
2372-2006 / Apurímac, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-
01-2008, pág. 21324).
- “... La Sala [Superior] no puede condicionar el pronunciamiento de
fondo a las resultas de otro proceso, no admitido por el a-quo,
desnaturalizándose el mismo, incurriendo en causal de nulidad prevista

83
en el Artículo 171 del Código Adjetivo [C.P.C.]...” (Casación Nro.
3083-2007 / Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
31-01-2008, págs. 21487-21488).
- “... Conforme al artículo 121 del Código Procesal Civil, nada impide al
Juez pronunciarse en la sentencia respecto de la validez de la relación
procesal...” (Casación Nro. 254-2008 / Lima Norte, publicada en el
“... Sostiene [el recurrente] que se ha infringido la última parte del
artículo ciento veintiuno del Código Procesal Civil, indicando que la
sentencia recurrida además de no pronunciarse sobre el fondo de la litis,
consigna argumentos extraños que conducen a una decisión de la misma
índole, sin embargo, es necesario precisar que la norma que invoca
define lo que es una sentencia, y la facultad del juzgador para
pronunciarse sobre el fondo de la litis o eventualmente sobre la validez
de la relación procesal, siendo esto último lo que realizó el superior
colegiado, por lo que no se observa que se hubiese incurrido en causal
de nulidad alguna...” (Casación Nro. 1667-99 / Lima, publicada en el
- “... La sentencia de mérito no contraviene dicho principio [principio
iura novit curia]; pues de conformidad con el artículo ciento veintiuno
in fine del Código Adjetivo [C.P.C.], [se] permite excepcionalmente
pronunciarse en la sentencia sobre la validez de la relación procesal,
cuando advierta la falta de conexidad entre lo peticionado, los
fundamentos fácticos y medios probatorios que lo sustenta [sic -léase
sustentan-]...” (Casación Nro. 3402-2000/ Cono Norte, publicada en el
- “... Tampoco se ha afectado el principio de preclusión del proceso, pues
la facultad del Juez de declarar la improcedencia de la demanda en la
sentencia está expresamente concedida por el último párrafo del artículo
ciento veintiuno del Código Adjetivo [C.P.C.]...” (Casación Nro.
10192000 / Cono Norte - Lima, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-03-2001, págs. 7068-7069).
- “... Si bien es verdad que, como dispone el Artículo cuatrocientos
sesentiséis del Código Procesal Civil, consentida o ejecutoriada la
resolución que declara el saneamiento procesal precluye toda petición
referida a impugnar la validez de la relación jurídica procesal, esto no

-
84
limita la facultad del juzgador, concedida por el Artículo ciento
veintiuno ‘in fine’ del mismo Código, para en sentencia,
excepcionalmente, revisar nuevamente dicha relación y pronunciarse
sobre ella, por lo que habiendo el juzgador de mérito obrado en ejercicio
de sus facultades, no se contraviene el derecho del recurrente al debido
proceso” (Casación Nro. 1136-99 / La Libertad, publicada en el Diario
- “... El devenir del proceso de acuerdo a lo regulado por nuestro
ordenamiento procesal importa, evidentemente, que para llegar a la
etapa resolutiva, en que se dicta la sentencia, se debe haber transitado,
entre otras, por la fase del saneamiento probatorio [sic -léase
saneamiento procesal-], en que el juzgador se pronuncia sobre la validez
de la relación jurídica procesal. [...] No obstante, este Supremo
Colegiado, aplicando un criterio de orientación sistemática, estima
[que] la existencia de la norma que faculta al juez a pronunciarse sobre
la validez de la relación jurídica en la sentencia, [...] comporta que tal
pronunciamiento de improcedencia de la demanda puede hacerse aún
cuando en la etapa de saneamiento procesal se ha declarado la validez
de la relación procesal, ello por cuanto la expedición de la sentencia, al
ser el acto que, en principio, pone fin al proceso, implica aún antes de
hacer el examen sobre las pretensiones, los hechos probados y las
pruebas aportadas al proceso, un nuevo juicio sobre la validez de la
relación jurídica procesal, dictando una sentencia inhibitoria cuando
corresponda...” (Casación Nro. 824-2007 / Lima, publicada en el Diario
- “... En aplicación del artículo cuatrocientos sesentiséis del Código
adjetivo [C.P.C.] se entiende que con la resolución firme de
saneamiento [...] precluye toda referencia a la validez de la relación
procesal; [...] encontrándose saneado el proceso, el Ad - Quem debió
limitarse a emitir un pronunciamiento de fondo, por tanto la decisión de
éste, de eludir tal decisión, contraviene el Principio de Economía y
Celeridad Procesal, y aún vulnera la Tutela Jurisdiccional Efectiva del
actor...” (Casación Nro. 3570-2002 / Ucayali, publicada en el Diario
- “... Tal y como lo expresa el último párrafo del artículo 121 del Código
en comento [C.P.C.], el Juez en la sentencia, puede pronunciarse de

85
manera excepcional sobre la relación jurídico procesal válida,
encontrándose facultado incluso para declarar su invalidez, declarando
la nulidad de todo lo actuado respecto de graves vicios o defectos en la
citada relación que no pudieron ser advertidos antes por el Juez...”
(Casación Nro. 1144-2004 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 04-07-2006, págs. 16503-16504).
- “... Es posible que el juez excepcionalmente pueda examinar la validez
de la relación jurídica procesal en la sentencia en uso de la prerrogativa
que le reconoce el artículo 121 tercer párrafo del Código Procesal Civil,
salvo que exista pronunciamiento con autoridad de cosa juzgada que
haya definido tal circunstancia...” (Casación Nro. 202-2006 / Puno,
“... El artículo 121 in fine del Código Procesal Civil dispone que
mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al proceso en
definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada
sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o
excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal; en
consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional de instancia quiere hacer
uso de la facultad conferida en la precitada norma adjetiva al expedir la
sentencia definitiva -pronunciarse de manera excepcional sobre la
validez de la relación procesal- debe motivar debidamente su fallo, esto
es, indicar las razones que justifican la expedición de un fallo
excepcional...” (Casación Nro. 2747-2007 / Ica, publicada en el Diario
- “... Si bien es cierto que el tercer párrafo del artículo ciento veintiuno
del mismo cuerpo normativo [C.P.C.] dispone que, excepcionalmente,
el Juez a través de la sentencia puede pronunciarse sobre la validez de
la relación jurídica procesal, se exige para ello que la decisión así
expedida sea expresa, precisa y motivada, y en tal circunstancia, que se
funde en una causal expresamente prevista por ley; entonces, debe
concluirse que la facultad del Juzgador para emitir una resolución
inhibitoria se circunscribe a criterios de razonabilidad debidamente
justificados, los que, resulta evidente, no se han respetado en este caso,
violándose así los derechos fundamentales relativos al debido proceso
y a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el inciso tercero del
artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política vigente...”

-
86
Peruano el 01-04-2008, págs. 21969-21970).
- “... Conforme a lo dispuesto en la última parte del Artículo ciento
veintiuno del Código Procesal Civil el Juez al momento de sentenciar
puede pronunciarse excepcionalmente sobre la validez de la relación
procesal. (...) debe precisarse atendiendo a la orientación de nuestra
novísima legislación procesal que esta facultad debe ejercerse
restringidamente a la existencia de vicios de carácter insubsanable”
Peruano el 01-01-1998, págs. 343-344).
- “... Si bien el artículo 121 del Código Procesal Civil in fine ha previsto
que los Jueces excepcionalmente pueden expedir sentencia inhibitoria,
pronunciándose acerca de la validez de la relación jurídico procesal, tal
posibilidad debe entenderse que está prevista sólo para aquellos casos
en los que al momento de expedir sentencia se advierta la existencia de
vicios insubsanables que afecten gravemente la validez de la relación
jurídico procesal...” (Casación Nro. 557-2008 / Junín, publicada en el
- “... La última parte del Artículo ciento veintiuno del Código Procesal
Civil autoriza al Juez para que emita sentencia pronunciándose sobre la
validez de la relación procesal. (...) dicha norma debe ser concordada
con el último párrafo del Artículo ciento setentiséis del Código Procesal
Civil, que establece que los jueces sólo declararán de oficio las
nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el
proceso al estado que corresponde. (...) Que, por lo tanto, cuando el Juez
o la Corte se pronuncia sobre la invalidez de la relación procesal por
encontrar la existencia de un vicio de naturaleza insubsanable no
contraviene ni el principio de congruencia, ni el carácter dispositivo del
proceso civil, ni desconoce las etapas preclusivas del proceso ni el
efecto del saneamiento” (Casación Nro. 841-99 / Cusco, publicada en
- “... Si bien el artículo 121 in fine del Código Procesal Civil faculta al
Juzgador a que excepcionalmente se pronuncie en la sentencia, sobre la
validez de la relación jurídico procesal; [...] tal previsión está señalada
únicamente para aquellos casos en los que la relación jurídica procesal
no se haya entablado adecuadamente o cuando no obstante el

87
saneamiento procesal se advierta que el demandante carece de interés o
legitimidad para obrar, que el derecho ha caducado o que el órgano
jurisdiccional resulte absolutamente incompetente...” (Casación Nro.
1267-2006 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
01-10-2007, págs. 20458-20459).
- “... El último párrafo del artículo 121 del Código Procesal acotado
[C.P.C.] señala que con la sentencia el juez pone fin a la instancia
pronunciándose sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho
de las partes o excepcionalmente la validez de la relación procesal; cabe
precisar que la excepcionalidad prevista, sólo procede por la carencia
evidente de alguno de los presupuestos procesales de forma o de fondo
que le impidan al juzgador emitir pronunciamiento sobre el fondo de la
cuestión controvertida; de presentarse duda, al respecto debe preferirse
resolver el fondo de la litis buscando la solución del conflicto de
intereses, en virtud de lo dispuesto por el artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 1565-2008 /
pág. 23397).
“... El Código Procesal Civil [...] establece en su artículo ciento
veintiuno parte in fine la facultad que tiene el Juez para pronunciarse en
la sentencia excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídico
procesal; [...] dicha facultad del Juez de la causa resulta extensiva al
Colegiado Superior que absuelve el grado de apelación de la sentencia,
coligiéndose de ello que si bien el artículo cuatrocientos sesentiséis del
Código Procesal Civil establece que saneado el proceso precluye el
cuestionamiento a la validez de la relación jurídica procesal, sin
embargo el artículo ciento veintiuno parte in fine establece una
excepción en mérito del cual los jueces de mérito tienen la facultad de
pronunciarse excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídica
procesal en la sentencia...” (Casación Nro. 1866-2004 / La Libertad,
16268).
- “... Si bien de acuerdo con el Artículo ciento veintiuno del Código
Procesal Civil, la sentencia de vista podía pronunciarse sobre la validez
de la relación procesal y declarar improcedente la demanda (...), para
ello tenía que declarar nula la apelada o revocarla, lo que implica que la
apelada contenía una causal de nulidad o la Sala modificaba la misma,

-
88
pero al declarar improcedente la demanda, sin anular o revocar la
apelada, se mantiene la misma, lo cual importa un absurdo jurídico y no
existe pronunciamiento en la parte resolutiva sobre la sentencia apelada,
incumpliendo lo dispuesto en el inciso cuarto del Artículo ciento
veintidós del Código acotado e incurriendo en la causal de nulidad
contemplada en el Artículo ciento setentiuno de dicho Código”
(Casación Nro. 3016-99 / Huaura, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 04-07-2000, pág. 5528).
2.10.4 Contenido y suscripción de las resoluciones
El artículo 122 del Código Procesal Civil trata sobre el contenido de las
resoluciones. Así tenemos que todas las resoluciones (decretos, autos y
sentencias) deben contener, bajo sanción de nulidad, la indicación del lugar y
fecha en que se expiden (art. 122 -inc. 1)- del C.P.C.). En cuanto al lugar, se
entiende que es aquel donde tiene su sede el órgano jurisdiccional unipersonal o
colegiado que emite la resolución.
Todas las resoluciones (decretos, autos y sentencias) deben contener,
además, bajo sanción de nulidad, la indicación del número de orden que les
corresponde dentro del expediente principal del proceso o cuaderno especial en
que se emiten (art. 122 -inc. 2)- del C.P.C.). Las resoluciones judiciales, dicho sea
de paso, deben ser numeradas correlativamente en el día de su expedición, bajo
responsabilidad (art. 125 del C.P.C.).
Sólo los autos y sentencias (y no los decretos) deben contener, bajo sanción
de nulidad, conforme lo señala el inciso 3) del artículo 122 del Código Procesal
Civil, la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución.
Sólo los autos y sentencias (estando excluidos los decretos) deben contener,
bajo sanción de nulidad, las consideraciones, en orden numérico correlativo, de
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión (lo que implica,
en este último caso, la cita de la norma o normas aplicables en el respectivo
considerando), lo que debe guardar correspondencia con el mérito de lo actuado
(art. 122 -inc. 3)- del C.P.C.).
de nulidad, la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de
todos los puntos sobre los que versa la resolución judicial de que se trate (art. 122
-parte inicial del inc. 4)- del C.P.C.). Es de destacar que, según se desprende de

89
la parte final del inciso 4) del artículo 122 del Código Procesal Civil, en caso de
que el órgano jurisdiccional desestimara un pedido determinado debido a la
inobservancia de algún requisito o a la cita errónea de la norma aplicable a su
criterio, tiene la obligación de señalar de manera expresa cuál es el requisito
omitido o defectuosamente cumplido o, según el caso, la norma legal aplicable al
asunto de que se trate. Naturalmente, el requisito aludido debe ser uno previsto
por la ley y, en cuanto al precepto legal aplicable a criterio del juzgador, cabe
señalar que éste tiene que explicar por qué resulta aplicable.
de nulidad, el plazo para su cumplimiento, si fuera el caso (art. 122 -inc. 5)- del
C.P.C.).
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 122 del Código
Procesal Civil, únicamente las sentencias deben contener, bajo sanción de
nulidad, la condena en costas y costos y, si procediera, de multas, o la indicación
de la exoneración de su pago (que, en el caso de las costas y costos procesales,
debe ser, además de expresa, debidamente fundamentada: art. 412 -primer
párrafo- del C.P.C.).
Todas las resoluciones (decretos, autos y sentencias) deben contener, bajo
sanción de nulidad, la firma del Juez y del auxiliar jurisdiccional correspondiente
(art. 122 -inc. 7)- del C.P.C.). Lo señalado constituye la regla general respecto de
la cual los tres últimos párrafos del artículo 122 del Código Procesal Civil
establecen las siguientes precisiones: A. en primera y segunda instancia, así como
en la Corte Suprema, las sentencias deben contener la firma completa del Juez o
Jueces que las emiten (en este último caso, si se trata de órgano jurisdiccional
colegiado); B. en primera y segunda instancia, así como en la Corte Suprema, los
autos llevan media firma del Juez o Jueces que los expiden (en este último caso,
si se trata

90
de órgano jurisdiccional colegiado); C. si se trata de autos emitidos por órganos
jurisdiccionales colegiados, solamente se exigirá la conformidad y la suscripción
del número de miembros que hagan mayoría relativa; y D. Los decretos, que, por
lo general, son expedidos por los auxiliares jurisdiccionales, deben contener la
firma completa de éstos, a no ser que hayan sido emitidos por el Juez en el curso
de alguna audiencia, en cuyo caso el acta que recoge lo acontecido en la audiencia
de que se trate, incluyendo, obviamente, a los decretos que se expidan dentro de
ella, será suscrita por el Juez y por el auxiliar jurisdiccional respectivo (además
de los sujetos procesales intervinientes en la audiencia).
Conforme lo señala el artículo 122 del Código Procesal Civil, la sentencia
exige en su redacción la separación de las partes que la conforman, a saber:
A) Parte expositiva
B) Parte considerativa.
C) Parte resolutiva.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al contenido y
suscripción de resoluciones, ha establecido lo siguiente:
- “... Las resoluciones judiciales constituyen un solo cuerpo, unitario,
siendo improcedente su fragmentación...” (Casación Nro. 1598-2006 /
Huaura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-05-2007, págs.
19600-19601).
- “... El recurrente ha invocado una norma [art. 122 -inc. 2- del C.P.C.,
referido al requisito del número de orden que le corresponde a la
resolución] cuya inobservancia no compromete el derecho al debido
proceso que se pretende proteger...” (Casación Nro. 3093-2000 / Lima,
7672).
- “... La errónea numeración de una resolución no constituye nulidad
insalvable que afecte su contenido, ni el proceso, de conformidad con lo
preceptuado en el cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal
Civil...” (Casación Nro. 2717-2006 / Lima, publicada en el Diario
- “... No cabe la declaración de nulidades superfluas o sin interés si se
tiene en cuenta que la subsanación en la numeración que le corresponde
al auto de vista dentro del proceso no ha de influir en el sentido de lo

91
resuelto, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 172, cuarto
párrafo, del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 1633-2006 / Lima,
- “... Si bien se verifica que la sentencia de vista [...] carece de número de
orden dentro del proceso, dicha circunstancia no acarrea su nulidad a
tenor de lo previsto en el artículo 122 del Código Procesal Civil...”
Peruano el 3011-2001, págs. 8044-8045).
- “... Si bien en la resolución (que rechaza un medio probatorio) expedida
en la audiencia única no alude (sic) al número que le correspondería y
no se precisa la fecha de su expedición, resulta que pese a que dichas
formas se inobservan, el acto ha cumplido su finalidad y aún (sic)
cuando se subsane el vicio ello no va a cambiar el sentido de la
resolución, debiendo advertirse además que la exigencia sobre la
precisión de la fecha como se denuncia es un excesivo tributo al
ritualismo o formalismo por cuanto se ha expedido dentro de la
audiencia única en cuya acta y en el exordio aparece la fecha
correspondiente...” (Casación Nro. 3323-99 / Lima, publicada en el
- “... No se afecta los artículo [sic -léase artículos-] ciento veintidós y
ciento veintitrés del Código Procesal Civil, porque si bien la recurrida
no contiene número de resolución ni parte expositiva en forma[,] ello no
ocasiona la nulidad de la resolución, porque no afecta el sentido del fallo,
siendo aplicable en este extremo el artículo ciento setentidós [del C.P.C.]
[...] en su cuarto párrafo...” (Casación Nro. 3188-01 / Lima, publicada
- “... Si bien existen errores en la transcripción de la resolución de vista,
se tratan de errores mecanográficos pero no de errores sustantivos, los
que no invalidan el sentido de la resolución, por ende no se advierte la
contravención al debido proceso que alega el impugnante...” (Casación
2012, pág. 38440).
- “El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión, estas razones,
deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al
caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite

92
del proceso, a través de la valoración conjunta de los medios
probatorios...” (Casación Nro. 738-2012 / Tacna, publicada en el Diario
- “...El artículo 139, inciso 5º de la Constitución Política del Estado,
contempla el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, que comprende que la decisión judicial debe contener una
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones
oportunamente propuestas por las partes...” (Casación Nro. 407-2012 /
46184).
- “... En un pronunciamiento judicial, se debe distinguir el juicio de hecho
del de Derecho. El primero corresponde a la reconstrucción de lo
acaecido que hace el magistrado en base al caudal probatorio, y el
segundo al Derecho que estima pertinente a esos hechos, en ejercicio de
la facultad iura novit curia recogida en los artículos VII del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, y VII del Título Preliminar del
Código Civil...” (Casación Nro. 1231-2007 / Huaura, publicada en el
- “... El juicio de hecho consiste en una declaración histórica, que el Juez
de instancia elabora sobre la base de los hechos alegados y la prueba
actuada por las partes, y que por tanto es particular del caso y hasta
irrepetible; mientras que el juicio de derecho corresponde a la
subsunción de la norma que el Juzgador considera aplicable a los hechos
que se han determinado” (Casación Nro. 582-99 / Cusco, publicada en
- “... Los fundamentos de hecho de una resolución judicial consisten en
las razones y en la explicación de las valoraciones esenciales y
determinantes que han llevado al juez, a la convicción de que los hechos
que sustentan la pretensión se han verificado o no en la realidad...”
(Casación Nro. 2177-2007 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 01-09-2008, págs. 22489-22490).
- “... No conteniendo la sentencia de vista ningún fundamento de hecho
(...), se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en los Artículos
ciento veintidós y ciento setentiuno del Código Procesal Civil...”
(Casación Nro. 3100-99 / Chincha, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-06-2000, págs. 5448-5449).

93
- “... Los fundamentos de derecho [de las resoluciones judiciales] [...]
consisten en las razones esenciales que el juez ha tenido en cuenta para
subsumir o no [...] un hecho dentro de un supuesto hipotético de la norma
jurídica, para lo cual requiere hacer mención de la norma aplicable o no
al caso sub litis...” (Casación Nro. 2177-2007 / La Libertad, publicada
- “... Los fundamentos de derecho deben contener tanto el análisis y
pronunciamientos (sic) de las cuestiones de derecho relevantes para la
solución del caso, como la identificación de las normas jurídicas
objetivas y/o principios generales del derecho a partir de las cuales se
elaboró dicha decisión” (Casación Nro. 597-97 / Tacna, publicada en el
- “... De la lectura de la sentencia recurrida (...), se advierte que ella
incurre en nulidad, toda vez que sus fundamentos -sin calificar el valor
de éstos- no se encuentran apoyados en ninguna cita legal, o en su
defecto en la doctrina jurisprudencial aplicable, lo que invalida todo el
cuerpo de la sentencia...” (Casación Nro. 283-95 / Cañete, publicada en
- “... No siempre la falta de citas en números o guarismos puede significar
la carencia de fundamentos de derecho, cuando en los criterios legales
que sustentan un fallo, subyace inexorablemente la norma material de su
referencia, que en consecuencia no es exacta la afirmación que con la
recurrida se han infringido normas que garantizan el derecho a un debido
proceso...” (Casación Nro. 1948-96 / Lima, publicada en el Diario
- “... La motivación de los fundamentos de derecho es el resultado del
análisis de los hechos que se da en forma conjunta y no de modo
independiente por cada considerando...” (Casación Nro. 178-2000 /
5419).
- “... La sentencia de vista recurrida contiene sus propios fundamentos de
hecho y de derecho, los cuales no necesariamente deben concurrir en
forma simultánea en un mismo considerando; por ende, dicha resolución
ha sido emitida dentro de los cauces que exige nuestra normatividad
constitucional y procesal...” (Casación Nro. 4389-2007 / Lima,

94
- “... Si bien el A-quem del considerando quinto se pasó al sétimo, ello
constituye tan sólo un error material que no acarrea en absoluto la
nulidad de la [resolución] impugnada...” (Casación Nro. 2024-2001 /
7885-7886).
- “... Revisada la [resolución] recurrida se aprecia que la falta de su sexto
considerando obedece a un error material que no afecta el contenido y
sentido de la resolución, pues tiene coherencia lógica y suficiente
motivación fáctica y jurídica que sustenta la decisión de la Sala Superior
[...], guardando correspondencia con el mérito de lo actuado...”
Peruano el 02-02-2004, pág. 11407).
- “... No basta que la sentencia tenga fundamentos, sino que debe
sustentarse en el mérito del proceso y ser ordenada, fluida, lógica, esto
es que no vulnere los principios del buen razonar” (Casación Nro. 2896-
98 / Ayacucho, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27-09-1999,
págs. 3588-3589).
- “... Las resoluciones judiciales se expiden en mérito de lo actuado en el
proceso y en la ley [...]. Es que todo proceso judicial tiene como
finalidad concreta la de resolver un conflicto de intereses o dilucidar una
incertidumbre jurídica y como finalidad abstracta la de lograr la paz
social en justicia, para cumplir con tales fines ineludiblemente debe
existir mutua correspondencia entre lo qué [sic] se razona como
resultado de las conclusiones a las que arriba el Juzgador y lo que se
decide como consecuencia de tal razonamiento...” (Casación Nro. 4197-
2007 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-03-
2008, págs. 21689-21690).
- “... Los pronunciamientos jurisdiccionales son construcciones jurídicas
basada [sic -léase basadas-] en conceptos en las que se asientan. En ellos
se distinguen los fundamentales, de aquellos en abundancia, ‘obiter
dicta’ o ‘ex abundantia’ que no trascienden el fallo, el que se seguiría
sosteniendo en atención a los fundamentos jurídicos principales. Así, un
motivo puede ser erróneo, pero al mismo tiempo innecesario o
superfluo...” (Casación Nro. 899-2007 / Lima, publicada en el Diario
- “... El inciso 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil [...] establece
que las resoluciones contienen la expresión clara y precisa de lo que se

95
decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos, norma que
también contiene la congruencia que debe de existir entre lo resuelto en
la sentencia, el petitorio y la actividad desarrollada por las partes que se
refleja fundamentalmente en los puntos controvertidos...” (Casación
092008, págs. 22671-22672).
- “... Aparece de la resolución impugnada que el Colegiado Superior no
ha cumplido con la disposición que contienen los incisos 3° y 4° del
artículo 122 del Código Procesal Civil, los cuales establecen que todas
las resoluciones que expidan los jueces deberán contener, bajo sanción
de nulidad, los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los
respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en
cada punto, según el mérito de lo actuado; y la expresión clara y precisa
de lo que decide u ordena, respecto de los puntos controvertidos. [...]
Que, siendo esto así, la actuación de los jueces del Colegiado Superior
contraviene lo previsto en los dispositivos procesales antes referidos,
afectando el derecho al debido proceso del demandante...” (Casación
Nro. 1053-2008 / Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04-
09-2008, págs. 22985-22986).
- “... Esta deficiente apreciación de los hechos por parte del Colegiado
Superior, torna en nula la decisión impugnada, pues, conlleva a colegir
de que lo resuelto no se ajusta al mérito de lo actuado en el proceso y en
tal virtud, es manifiesto el agravio que se le ha causado a la entidad
recurrente...” (Casación Nro. 2087-2007 / Callao, publicada en el Diario
- “... La sentencia impugnada no está debidamente motivada, por lo que
el vicio denunciado determina que la Resolución de Vista infringe el
principio de congruencia procesal, con lo cual se produce la infracción
al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales...” (Casación
Nro. 2690-2012 / Amazonas, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 02-01-2014, pág. 47615).
- “... La resolución impugnada incumple la formalidad prevista en el
artículo ciento veintidós inciso tercero del Código Procesal Civil, el cual
señala que las resoluciones contienen los fundamentos de hecho que
sustentan la decisión, y los respectivos de derecho, según el mérito de lo
actuado, razón por la cual aquella se encuentra afectada de nulidad...”

96
Peruano el 30-052008, págs. 22084-22085).
- “... Uno de los requisitos esenciales para la validez de una resolución, y
en especial, de una sentencia, es que ella se pronuncie sobre todos y cada
uno de los puntos controvertidos...” (Casación Nro. 01-96 / Tacna,
- “... Siendo uno de los requisitos esenciales para la validez de una
resolución y en especial de una sentencia, que en ella se pronuncie sobre
todos los fundamentos expuestos por las partes en la que [sic -léase en
los que-] sustentan su derecho, conforme a lo previsto en el inciso 4 del
artículo 122 del Código Procesal Civil, dicha omisión se sanciona con
nulidad...” (Casación Nro. 2744-2006 / Arequipa, publicada en el Diario
- “... La sentencia es el resultado de un proceso dialéctico sujeto a la
observancia de las normas establecidas en la ley y exterioriza una
decisión jurisdiccional, por tanto, la omisión o falta de pronunciamiento
de algunos de los puntos de la controversia da lugar a la nulidad del
fallo...” (Casación Nro. 4147-2001 / Ica, publicada en el Diario Oficial
- “... Al no haber existido pronunciamiento expreso sobre la totalidad de
la materia controvertida difiriendo así la solución final de la litis, se ha
transgredido las normas que garantizan el derecho a un debido
- “... La sentencia es el resultado de un proceso dialéctico sujeto a la
observancia de las normas establecidas en la ley y exterioriza una
decisión jurisdiccional, por tanto, la omisión o falta de pronunciamiento
de alguno de los puntos de la controversia altera la relación procesal
válida dando lugar a la nulidad del fallo...” (Casación Nro. 1921-2000 /
pág. 6838).
- “... Del contenido de la resolución de vista [...] resulta evidente que el
fallo no contiene pronunciamiento expreso y motivado acerca de la
pretensión contenida en el escrito de la demanda [...]; ésta omisión [sic
-léase esta omisión-], desde luego, vulnera lo establecido en el artículo
122 inciso 4° del Código Procesal Civil que exige que las resoluciones

97
judiciales necesariamente contengan ‘la expresión clara y precisa de lo
que se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos’, por
tanto se incurre en contravención de normas que garantizan el derecho
al debido proceso...” (Casación Nro. 1174-2007
/ Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04-09-2008, págs.
23100-23102).
- “... Si bien es cierto se incurre en causal de nulidad cuando se omite la
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena respecto de todos
los puntos controvertidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
ciento veintidós del Código Procesal Civil; no es menos cierto que
desaparece legalmente la misma, cuando tales puntos se encuentran
debidamente apreciados por las instancias de mérito o subyacen de lo
allí resuelto...” (Casación Nro. 2002-2005 / Lambayeque, publicada en
- “... No puede tener validez alguna un procedimiento judicial en el que la
sentencia no aparece firmada por el Juez y Secretario...” (Casación Nro.
327-96 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13-01-1997,
págs. 2793-2794).
- “... En este caso la resolución (...) no ha sido suscrita por el Juez, sino
por el Secretario de Juzgado por disposición del A quo, lo cual
constituye una seria irregularidad procesal que origina una nulidad
insubsanable, que puede declararse de oficio de acuerdo con la última
parte del Artículo ciento setentiséis del Código Procesal Civil, porque el
auto carece de la media firma del Juez y el Secretario del Juzgado no
está facultado para sustituir al Juez en esta obligación” (Casación Nro.
1954-98 / Tacna, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13-01-
1999, págs. 2465-2466).
- “... No habiendo ejercido función jurisdiccional el Magistrado citado
con motivo de la licencia que se le concediera [...], es obvio que no podía
suscribir resolución alguna, máxime si a dicha fecha ejercía funciones
otro Magistrado, resultando nula la resolución [...] por no haberse
expedido por el Juez respectivo, conforme lo dispone el inciso sétimo
del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil, incurriéndose en
[...] causal de nulidad...” (Casación Nro. 3856-01 / Jaén - Lambayeque,
13640).

98
- “... En cuanto a la actuación del Secretario Judicial, [...] tampoco podía
autorizar resolución judicial con anterioridad a su nombramiento como
auxiliar judicial, incurriéndose [...] en [...] causal de nulidad...”
(Casación Nro. 3856-01 / Jaén - Lambayeque, publicada en el Diario
- “... La sentencia de primera instancia [...] contiene la firma y el nombre
del Juez, con la suscripción del respectivo auxiliar jurisdiccional,
conforme al artículo 122 inciso 7° del Código Procesal Civil, resultando
que para los fines de la notificación se acompañó una copia de la referida
sentencia solamente con la firma del especialista legal, lo cual no afecta
la validez de la citada resolución...” (Casación Nro. 2233-2007 /
pág. 20364).
2.10.5 Resoluciones con autoridad de cosa juzgada
Lino Palacio concibe a la cosa juzgada como “... la inmutabilidad o
irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva cuando contra
ella no procede ningún recurso (ordinario o extraordinario) susceptible de
modificarla, o ha sido consentida por las partes” (PALACIO, 1979, Tomo V:
498).
Según se desprende del artículo 123 del Código Procesal Civil, una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada: a) cuando no proceden contra
ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; y b) cuando las partes
renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir
los plazos sin formularlos. Como se observa, la cosa juzgada no alcanza
únicamente a la sentencia sino a toda resolución que se encuentre comprendida
dentro de los supuestos del artículo citado. Así, por ejemplo, tienen calidad de
cosa juzgada:
- La conciliación (art. 328 del C.P.C.).
- La transacción (arts. 337 -segundo párrafo- del C.P.C. y 1302 -último
párrafo- del C.C.).
- El desistimiento de la pretensión (art. 344 -primer párrafo- del C.P.C.).
- Los laudos arbitrales (art. 59 -inciso 2)- del Decreto Legislativo Nro.
1071).

99
De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 123 del Código
Procesal Civil, la cosa juzgada alcanza: a) a las partes; y b) a quienes de ellas
deriven sus derechos. Siempre que hubieran sido citados con la demanda, pueden
extenderse los efectos de la cosa juzgada: a) a los terceros cuyos derechos
dependen de los de las partes; y b) a los terceros de cuyos derechos dependen los
de las partes. Como se observa, la certeza y carácter incuestionable de una
determinada situación ventilada judicialmente, derivados de la cosa juzgada, son
en realidad relativos por no ser oponibles a todas las personas al contraerse
solamente a los litigantes o a quienes de ellos emanan sus derechos.
El último párrafo del artículo 123 del Código Procesal Civil establece dos
restricciones a la inmutabilidad de la resolución que adquiere la autoridad de cosa
juzgada, a saber: la nulidad de cosa juzgada fraudulenta (art. 178 del C.P.C.) y la
corrección de resoluciones (art. 407 del C.P.C.).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a las resoluciones
con autoridad de cosa juzgada, ha establecido lo siguiente:
- “... Uno de los principios que conforman el derecho procesal es el
principio de la cosa juzgada, que consiste en revestir a las sentencias de
una calidad especial, en virtud del cual [sic -léase en virtud de la cual-]
no se permite que las partes frente a quienes se profiere puedan volver a
instaurar un segundo proceso con base en los mismos pedimentos y
sobre iguales hechos. Este principio obedece a la necesidad de darles el
carácter de definitivo a las sentencias y evitar así que se susciten por las
mismas cuestiones otros procesos...” (Casación Nro. 2212-2006 /
Huánuco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-07-2007, págs.
19861-19862).
- “... El principio constitucional de cosa juzgada, mediante el cual el
Estado protege la eficacia e inamovilidad que adquiere la sentencia o
resolución que pone fin a un litigio o controversia y contra el cual no
cabe nuevo pronunciamiento o recurso impugnatorio alguno, porque ya
se agotaron los que procedían o se dejaron pasar los plazos legales para
interponerlos...” (Casación Nro. 3901-2000 / Junín, publicada en el
- “... El principio de cosa juzgada constituye uno de los principios de la
función jurisdiccional, cuya observancia se encuadra dentro del respeto
a un debido proceso, y por lo tanto no constituye una forma procesal...”
(Casación Nro. 3047-99 / Piura, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 22-02-2000, pág. 4666).

100
- “... La cosa juzgada es una garantía procesal por la cual se dota a ciertas
resoluciones, generalmente sentencias, de una autoridad especial que
impide que entre las mismas partes se vuelva a debatir sobre el mismo
asunto [...] (igual causa o hechos o igual objeto o pretensión), y dictarse
una nueva resolución también sobre lo mismo que pueda resultar
contradictoria, atentando y alterando la seguridad jurídica...” (Casación
Nro. 1933-2007 / Cañete, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
01-042008, pág. 21913).
- “... La res iudicata es una garantía procesal mediante la cual se dota a
ciertas resoluciones generalmente sentencias de una especial calidad que
impide que entre las mismas partes se vuelva a debatir sobre el mismo
asunto, igual causa (hechos) y objeto (pretensión), y dictarse nueva
resolución; éste es un principio del debido proceso que da seguridad a
las decisiones judiciales” (Casación Nro. 3338-98 / Lima, publicada en
- “... La cosa juzgada es un instituto procesal que constituye uno de los
fundamentos de la seguridad jurídica consistiendo en la inmutabilidad
de las ejecutorias judiciales...” (Casación Nro. 1370-03 / Cusco,
11953).
- “... La cosa juzgada se asienta en dos principios: a) La extinción de la
acción con su ejercicio, lo que impide su renovación en otro proceso,
salvo excepción legal expresa; y b) La seguridad jurídica, a fin de dar
estabilidad a las relaciones de Derecho. Por eso los efectos de la cosa
juzgada obligan a toda autoridad y el artículo 139 de la Carta Política,
en sus incisos 2 y 13, prohíbe dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada y revivir procesos fenecidos. De
aquí sigue que son caracteres de la Cosa Juzgada, la inmutabilidad y la
coercibilidad...” (Casación Nro. 724-2006 / Lambayeque, publicada en
- “... La cosa juzgada es uno de los fundamentos de la seguridad jurídica
y consiste en la inmutabilidad de las ejecutorias judiciales...” (Casación
Nro. 2839-2007 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
0201-2008, pág. 21274).
- “... No se debe confundir la cosa juzgada con la preclusión, pues la
primera sólo corresponde a la sentencia definitiva, mientras que la
segunda es un estado que también puede referirse a las resoluciones

101
interlocutorias y que no permite discutir de nuevo la cuestión procesal
decidida, pero no produce cosa juzgada, porque sus efectos no son
extraprocesales” (Casación Nro. 2056-98 / Lima, publicada en el Diario
- “... En materia procesal el principio de la cosa juzgada tiene dos
aceptaciones [sic -léase acepciones-]: la cosa juzgada formal entendida
como preclusión, es decir que una resolución no puede ser atacada más
dentro de un proceso, sea auto o sentencia; y la cosa juzgada material o
verdadera cosa juzgada que solamente produce la sentencia que se
pronuncia sobre el fondo del asunto y respecto de la cual la decisión
contenida en ella resulta irrevocable y supone la vinculación con
respecto a otro proceso...” (Casación Nro. 3426-00 / Huánuco, publicada
- “... La doctrina ha distinguido la cosa juzgada material de la cosa
juzgada formal. Esta última se puede definir como la decisión judicial
que se cumple y es obligatoria tan sólo en relación al proceso en el cual
se ha dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento
de decidir; pero nada obsta para que en un procedimiento posterior,
mudado el estado de cosas que se tuvo presente al tomar la decisión, la
cosa juzgada pueda modificarse. En cambio, existe cosa juzgada
material, cuando a la condición de inimpugnable en el mismo proceso,
se une la inmutabilidad de la sentencia en otro proceso posterior...”
(Casación Nro. 2372-2006 / Apurímac, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 02-01-2008, pág. 21324).
- “... En materia de Cosa Juzgada, se distingue la formal de la material. La
primera se refiere a la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo
proceso; la segunda en cambio se produce cuando a la irrecurribilidad
de la sentencia se agrega la inmutabilidad de la decisión; debiendo
significarse que un conflicto de intereses con relevancia jurídica
adquiere la autoridad de cosa juzgada material cuando aquella ha sido
objeto de jurisdicción definitiva y cobra fuerza obligatoria respecto a la
materia contenida en la sentencia...” (Casación Nro. 354-02 / Ayacucho,
- “... En materia de cosa juzgada, [...] debe distinguirse la cosa juzgada
formal y la cosa juzgada material; entendida la primera, cuando produce
sus consecuencias en relación al proceso en que ha sido emitida, pero
que no impide su revisión en otro distinto, en el cual puede reabrirse el

102
debate; y la segunda, sustancial, cuando la resolución es inimpugnable,
produciendo sus efectos tanto en el proceso en que ha sido emitida, como
en cualquier otro distinto o posterior, impidiendo que el tema de fondo
se someta a nueva [...] discusión...” (Casación Nro. 771-2007 / Lima,
20402).
- “... Es principio de derecho que el Juez no puede anular o revocar sus
propias resoluciones por contrario imperio, y que por lo demás es una
garantía de la cosa juzgada formal” (Casación Nro. 794-94 / Ica,
- “... Un conflicto de intereses con relevancia jurídica adquiere la
autoridad de cosa juzgada material cuando aquélla (sic) ha sido objeto
de jurisdicción definitiva y cobra fuerza obligatoria respecto a la materia
contenida en la sentencia, y al adquirir la categoría de irreversibilidad,
no procede contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos”
(Casación Nro. 1971-98 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 18-10-1999, pág. 3760).
- “... La cosa juzgada significa que no se puede seguir otro proceso
idéntico a uno anterior que ha terminado por sentencia firme, lo que se
aprecia en función de la triple identidad que reconoce la doctrina: partes,
objeto y acción, como establece el artículo cuatrocientos cincuentitrés
del Código Procesal Civil que se debe concordar con el artículo ciento
veintitrés del mismo Código...” (Casación Nro. 2164-00 / Lima,
- “... Para identificar la existencia de la autoridad de la cosa juzgada es
menester analizar el criterio denominado de la triple identidad por el cual
se entiende que entre el proceso juzgado y el nuevo tiene que existir una
identidad de sujetos, el mismo petitorio y el mismo interés para obrar,
es decir, la misma causa petendi...” (Casación Nro. 2345-2001 / Junín,
9179).
- “... Habrá identidad jurídica de los sujetos cuando una misma persona es
parte demandante y una misma persona es parte demandada en los dos
procesos. Hay identidad del petitorio cuando en una primera demanda la
petición concreta como elemento constitutivo de la pretensión procesal
es la misma que la de la segunda demanda, esto es, que la motivación
fáctica y jurídica con que se han propuesto las pretensiones procesales y

103
su respectivo petitorio son las mismas en ambas demandas. Hay
identidad de interés para obrar cuando en ambos procesos se constata la
existencia de la misma necesidad ineludible del titular de la pretensión
procesal de acudir al organismo jurisdiccional en busca de la tutela
judicial...” (Casación Nro. 2817-2001 / Piura, publicada en el Diario
- “... La declaración de cosa juzgada está sujeta a límites objetivos y
subjetivos, los primeros referidos al objeto y la causa del que deriva la
pretensión constituidos por la identidad del objeto de la pretensión y la
identidad de la causa petendi, en tanto que el límite subjetivo está
referido a la identidad de las partes intervinientes, los que deben
constituirse de manera concurrente para alegarse la pretendida calidad
de cosa juzgada, conforme a lo preceptuado en el artículo cuatrocientos
cincuentidós del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 2678-2002 /
Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-05-2005, págs.
14087-14088).
- “... La cosa juzgada establece como supuesto de su contenido, la
existencia de un proceso idéntico a otro en el que también se haya
obtenido una sentencia firme, siendo que [...] han sido considerados
como límites de la cosa juzgada, los límites subjetivos, entendidos como
identidad jurídica de las partes que intervienen en el proceso, y los
límites objetivos, considerados como: la identidad de la cosa u objeto -
que es el derecho discutido en el proceso respecto de una o varias cosas
expresadas en pretensiones-, y la identidad de la causa -considerada
como los hechos determinantes en que se sustenta la pretensión-...”
(Casación Nro. 1188-2007 / Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 03-12-2008, págs. 23608-23609).
- “... Los límites objetivos de la cosa juzgada se circunscriben a la materia
que es tema del pronunciamiento: objeto procesal. Tal objeto tiene las
siguientes vertientes: identidad de la cosa o petitum e identidad de la
causa de pedir o causa petendi. La autoridad de la cosa juzgada se
extiende a todas aquellas cuestiones que han sido debatidas en el proceso
y decididas por la sentencia. Desde luego, dentro de una perspectiva
global, la identidad de objeto se encuentra indisolublemente ligada a la
identidad de partes, o sus sucesores procesales, y al interés para obrar
como precisa el artículo 452 del Código Procesal Civil. La identidad de
la cosa se plasma en la pretensión y su correspondiente resistencia. La

104
cosa debe ser entendida como el objeto corporal o incorporal, o
cualquier otra situación que emane una relación jurídica...” (Casación
Nro. 724-2006 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 02-07-2007, págs. 19647-19648).
- “... Una sentencia expedida en juicio contradictorio adquiere la calidad
de Cosa Juzgada, cuando ya no es posible recurrirla, o cuando las partes
no la impugnan, como establece el artículo 123 del Código Procesal
Civil. La Cosa Juzgada otorga a la sentencia dos caracteres que la
cualifican: la inmutabilidad y la certeza. La inmutabilidad impone a los
Organos Jurisdiccionales la prohibición de revivir un proceso fenecido;
la certeza le confiere al contenido de la sentencia el carácter de verdad,
haciéndola indiscutible en nuevos procesos. La cosa juzgada cubre lo
deducido y lo deducible...” (Casación Nro. 1077-2007 / Ica, publicada
- “... La autoridad de la cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres
son la inmutabilidad y la coercibilidad...” (Casación Nro. 2056-98 /
2832-2833).
- “... Los efectos de la cosa juzgada obligan a toda autoridad con los
caracteres de inmutabilidad y coercibilidad a tenor de lo dispuesto en los
incisos segundo y décimo tercero del artículo ciento treinta y nueve de
la Constitución Política del Estado...” (Casación Nro. 1188-2007 / Ica,
23609).
- “... La inmutabilidad [como característica de la cosa juzgada] confiere
declaración de certeza al contenido de la sentencia, haciéndola
indiscutible en nuevos procesos...” (Casación Nro. 724-2006 /
págs. 19647-19648).
- “... La referida sentencia tiene la calidad de cosa juzgada, lo que significa
que es inmutable jurídicamente (...); y la que debe acatarse y cumplirse
en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo la (sic)
responsabilidad civil, penal o administrativa...” (Casación Nro. 234-95 /
Huaura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11-02-1997, pág.
2834).

105
- “... El principio de cosa juzgada se produce respecto de las sentencias
firmes que resuelven la cuestión planteada por las partes, cuyo efecto
procesal estriba en la invariabilidad de la misma y su permanencia en el
tiempo...” (Casación Nro. 1167-2000 / Huánuco, publicada en el Diario
- “... No resulta factible revisar resoluciones que tiene [sic -léase que
tienen-] la autoridad de Cosa Juzgada...” (Casación Nro. 4242-2007 /
Loreto, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-12-2008, pág.
23642).
- “... Este principio [de cosa juzgada] no es universal, ni erga omnes, pues
como establece el [...] artículo 123 [del C.P.C.] [...], en su segundo
párrafo, la cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas
deriven sus derechos, y es posible extender sus efectos a los terceros,
cuyos derechos dependan de las partes, si hubieran sido citados con la
demanda. Es que, al igual que un contrato, una sentencia es
jurídicamente indiferente para los terceros extraños al acto. La sentencia
es res inter alios iudicata, y los terceros son [...] todos aquellos que no
han sido parte en el proceso y que tengan una acción propia que ejercitar,
o una excepción propia que proponer sobre la misma cosa, pero que
están fuera de la esfera subjetiva de la acción ya ejercitada. Todo
Sistema Procesal está pensado para resolver un conflicto entre dos
intereses opuestos: entre dos partes, aún cuando en cada parte puede
haber pluralidad de sujetos, por tanto, será tercero, quien no es parte en
el proceso, por no ser demandante ni demandado...” (Casación Nro.
2008, págs. 21635-21636).
- “... La cosa juzgada se circunscribe en la parte resolutiva de una
resolución y no en su parte considerativa...” (Casación Nro. 3812-02 /
págs. 11009-11010).
- “... Lo efectos [sic -léase los efectos-] de la cosa juzgada solamente
afectan al fallo en si mismo [sic -léase en sí mismo-], pero no se
extienden a los hechos...” (Casación Nro. 1696-01 / Lima, publicada en
- “... Debe tenerse presente que la cosa juzgada es entendida como el
efecto característico de las sentencias que deciden la pretensión hecha
valer en el proceso, excluyendo la cosa juzgada de las llamadas

106
resoluciones interlocutorias. [...] Que, siendo esto así, se desprende que
en el caso de autos no se ha afectado el principio aludido [principio de
cosa juzgada], puesto que la resolución que corre a fojas [...] no es una
sentencia...” (Casación Nro. 1075-2000 / Callao, publicada en el Diario
- “... La calidad de cosa juzgada material solamente la tienen las
sentencias que se pronuncian sobre el fondo del asunto...” (Casación
Nro. 1047-2004 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 01-12-2004, págs. 13216-13217).
- “... La resolución que admite la demanda no causa cosa juzgada en los
términos del Artículo ciento veintitrés del Código Procesal Civil, pues
su validez puede ser analizada por el Juzgador con oportunidad del
saneamiento conforme al Artículo cuatrocientos sesenticinco del mismo
Código, e inclusive, excepcionalmente al momento de sentenciar, en
virtud de lo dispuesto por el Artículo ciento veintiuno del Código
Adjetivo...” (Casación Nro. 1769-99 / Santa, publicada en el Diario
- “... Las resoluciones indicadas en el recurso [de casación] no constituyen
cosa juzgada pues son emitidas en ejecución de sentencia...” (Casación
Nro. 254-01 / ICA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-
072001, pág. 7379).
- “... Si bien es cierto no hay norma específica que defina si la cosa
juzgada se da en todos los procedimientos jurisdiccionales, tanto
contenciosos como no contenciosos, no es menos cierto que [...] los
procedimientos no contenciosos tienen caracteres especiales que lo [sic
-léase los-] distinguen de los contenciosos ya que en el primero las
resoluciones que dan término a un procedimiento de este tipo no
constituyen cosa juzgada, habida cuenta que no obligan o vinculan a
determinada persona o personas, advirtiéndose la falta del carácter
sustancial de la cosa juzgada a que se refiere la segunda parte del artículo
123 del Código formal [C.P.C.]...” (Casación Nro. 1111-2001 / Lima,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 0511-2001, pág. 7986).
- “... Aunque se considere que la función del juez en un procedimiento no
contencioso no deja de ser jurisdiccional, como así lo es, es forzoso
concluir que las resoluciones que dan término a un procedimiento de
este tipo, no constituye cosa juzgada pues no obligan o vinculan a

107
determinada persona o personas...” (Casación Nro. 1464-99 / Tumbes,
- “... La tenencia de la menor a cargo de su progenitor es por naturaleza
de carácter provisoria, supeditada a la buena formación, enseñanza,
educación y buenos modales que se le implanta y como tal no causa cosa
juzgada” (Casación Nro. 1909-97 / Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 05-12-1998, pág. 2151).
- “... Denuncia [el recurrente] [...] que la Sala [Superior] habría revivido
procesos fenecidos cuestionando una sentencia que ha adquirido la
calidad de cosa juzgada con el fin [de] fundamentar su decisión;
analizando la recurrida se aprecia que el Colegiado ha valorado la
sentencia dictada en el proceso [...] sobre nulidad de acto jurídico
seguido entre las mismas partes [...], por cuanto fue admitida como
prueba en el proceso, lo que de ninguna manera se puede considerar
como la revisión de un proceso fenecido, sino como la valoración de una
prueba en forma razonada, tal como lo dispone el ordenamiento
procesal...” (Casación Nro. 997-2003 / Huánuco, publicada en el Diario
- “... La referida resolución [...] ha contravenido las normas que garantizan
el derecho al debido proceso al pronunciarse sobre un extremo que ya
había sido materia de pronunciamiento, vulnerándose el principio de la
cosa juzgada que protege nuestra Carta Magna, consagrado en el inciso
13 del artículo 139...” (Casación Nro. 3901-2000 / Junín, publicada en
- “... La resolución recurrida en casación al dejar sin efecto una sentencia
con la calidad de cosa juzgada por medio de un auto, ha incurrido en
causal de nulidad...” (Casación Nro. 1999-2000 / Piura, publicada en el
- “... No puede constituir cosa juzgada lo resuelto con infracción de las
Normas Procesales” (Casación Nro. 1380-T-97 / Junín, publicada en el
- “... Una resolución [...] no puede quedar firme si ha sido expedida
contraviniendo la ley y afectando el derecho de toda persona a un debido
proceso...” (Casación Nro. 2372-2001 / Callao, publicada en el Diario

108
- “... La cosa juzgada supone un proceso regular, en que las partes puedan
ejercitar libremente su derecho de defensa, por lo que no puede haber
cosa juzgada en un procedimiento irregular, seguido contra una persona
absolutamente incapaz y que posteriormente fue declarada interdicta,
infringiendo la garantía constitucional de la observancia del debido
proceso consagrada en el inciso tercero del artículo ciento treintinueve
de la Constitución Política del Estado...” (Casación Nro. 636-2002 /
Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-2003,
págs. 9754-9755).
- “... La Sala de mérito al declarar improcedente la demanda, por
determinar que se ha configurado la cosa juzgada ha analizado
erróneamente los elementos de identidad del actual proceso con un
proceso anterior, por lo que ha incurrido en afectación del derecho del
demandante a la tutela jurisdiccional efectiva, pues al sostenerse una
supuesta cosa juzgada inexistente se estaría limitando el derecho del
recurrente para acceder a la jurisdicción, lo que constituye contravención
del inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución
Política del Estado y, por ende[,] determina la nulidad de la resolución
de vista, a tenor del artículo ciento setenta y uno del Código Procesal
Civil...” (Casación Nro. 1188-2007 / Ica, publicada en el Diario Oficial
2.11 Impedimento del Juez
El impedimento es aquella circunstancia que imposibilita el conocimiento del
proceso por parte de un magistrado u otro miembro del Poder Judicial. Es un
instituto procesal que implica el mandato legal expreso referido a la exclusión de
las personas mencionadas precedentemente, por estar inmersas dentro de
situaciones que ponen en duda su imparcialidad y la objetividad que debe reinar
en el conocimiento del litigio.
A criterio de Couture, “el impedimento es un motivo grave de inhibición:
configura una circunstancia que obsta en modo absoluto al conocimiento de un
asunto determinado, por parte del juez. Ni aun mediando acuerdo de partes, es
posible que entienda en el asunto un juez impedido. Su deber de alejamiento es
inmediato. No necesita esperar que las partes se manifiesten a este respecto, ni
requiere autorización del superior para desprenderse del conocimiento del asunto”
(COUTURE, 1950, Tomo III: 133).

109
En opinión de Devis Echandía, “los impedimentos consisten en situaciones
personales del juez o magistrado que la ley contempla como motivo para que se
abstengan de administrar justicia en un caso determinado; se refieren a
parentesco, amistad íntima, enemistad grave con alguna de las partes o sus
representantes y apoderados, a interés personal en el asunto y a haber dictado la
providencia cuando eran funcionarios inferiores y corresponderles luego su
revisión como superior jerárquico. En esas condiciones hay una especie de
inhabilidad subjetiva del funcionario para administrar justicia en el caso concreto
y su separación es una garantía de la imparcialidad indispensable para que la
sociedad y las partes tengan confianza en los jueces...” (DEVIS ECHANDIA,
1984, Tomo I: 132).
Las causales de impedimento (así como las de recusación) se aplican a los
Jueces de todas las instancias y a los de la Sala de Casación, vale decir, a los
Vocales de la Corte Suprema (art. 311 -parte inicial- del C.P.C.).
Las causales de impedimento del Juez se encuentran reguladas en el artículo
305 del Código Procesal Civil, conforme al cual el Juez se encuentra impedido de
dirigir un proceso cuando:
1. Ha sido parte anteriormente en éste.
2. El o su cónyuge o concubino, tiene parentesco dentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o de adopción con alguna de las
partes o con su representante o apoderado o con un abogado que
interviene en el proceso. Es de resaltar que, por disposición del último
párrafo del artículo 305 del Código Procesal Civil: A. el impedimento
previsto en esta segunda causal sólo se verifica cuando el abogado ya
estaba ejerciendo el patrocinio de la causa; y B. está prohibido al
abogado asumir una defensa que provoque el impedimento del Juez.
3. El o su cónyuge o concubino, tiene el cargo de tutor o curador de
cualquiera de las partes.
4. Ha recibido él o su cónyuge o concubino, beneficios, dádivas de alguna
de las partes, antes o después de empezado el proceso, aunque ellos sean
de escaso valor.
5. Ha conocido el proceso en otra instancia, salvo que haya realizado
únicamente actos procesales de mero trámite.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al impedimento
del Juez, ha establecido lo siguiente:

110
- “... El impedimento es el instituto procesal por el cual la ley, de modo
expreso y terminante, aparta al juez del conocimiento de determinado
proceso, por estar vinculado a hechos tan fuertes que se duda que pueda
proceder con imparcialidad...” (Casación Nro. 646-98 / Lambayeque,
6422).
- “... Por el impedimento, la ley, de forma expresa y determinante, aparta
al Juez del conocimiento de determinado proceso por estar vinculado al
mismo por lazos ineludibles (por haber sido parte del mismo, por ser
pariente de una de las partes o de su abogado, por haber obtenido dádivas
de aquéllos, por haber conocido antes el mismo proceso en otra
instancia, entre otros)...” (Casación Nro. 2246-04 / Piura, publicada en
- “... Las causales de impedimento y recusación se establecen entre las
partes y los jueces y no con los juzgados que éstos despachan, que son
los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial...” (Casación Nro.
182896 / Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17-07-
1998, pág. 1465).
- “... Si bien el inciso segundo del artículo trescientos cinco acotado [del
C.P.C.] establece el impedimento del Juez cuando éste tiene parentesco,
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el
abogado que interviene en el proceso, también lo es que el parentesco
en alusión no se extiende al cónyuge o concubino de este último...”
Peruano el 30-05-2003, pág. 10584).
- “... El impedimento a que se refiere el inciso quinto del [...] artículo
trescientos cinco [del C.P.C., sobre el impedimento del Juez por haber
conocido el proceso en otra instancia] está dirigido a los Jueces y no a
los auxiliares jurisdiccionales...” (Casación Nro. 26-04 / Cerro de Pasco,
14186).
- “... El artículo trescientos cinco inciso quinto del Código Procesal Civil
establece que ‘El Juez se encuentra impedido de dirigir un proceso
cuando: (...) Ha conocido el proceso en otra instancia’. Como se puede
ver al exigir que el juzgador haya conocido el mismo proceso ‘en otra
instancia’ éste (sic) artículo está dirigido sólo a Jueces de Revisión y a
los de la Corte Suprema, cuando actúan conociendo, respectivamente,

111
del recurso de apelación y del de casación, pues lo que se quiere evitar
es que un mismo juzgador participe reiteradamente en el conocimiento
del proceso, pues con ello se vulneraría la garantía constitucional de
‘pluralidad de instancias’...” (Casación Nro. 646-98 / Lambayeque,
6422).
- “... La recurrente considera que la Vocal [...] debía inhibirse del
conocimiento de la causa por haber intervenido en el proceso
acompañado y que ha servido de sustento de la sentencia; [...] ello
determina que en la sentencia de vista se ha incurrido en la causal de
nulidad contemplada en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal
Civil...” (Casación Nro. 522-2002 / Piura, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 0110-2002, pág. 9312).
- “... Conforme lo establece el artículo 305 del Código Procesal Civil en
su inciso 5°, el magistrado que ha conocido el proceso en primera
instancia está impedido de conocerlo en segunda instancia, y es su
obligación declararse impedido y abstenerse de seguir conociendo la
causa conforme a lo preceptuado por el artículo 311 del Código acotado;
[...] en el caso de autos, el magistrado [...] ha conformado el Colegiado
[Superior] que absolviendo el grado de apelación expidió la sentencia de
vista impugnada, actuando inclusive en calidad de Ponente, a pesar de
haber conocido el mismo proceso en primera instancia, en el cual si bien
es cierto que no emitió pronunciamiento sobre el fondo, sin embargo su
actuación no ha sido de mero trámite, [...] actuación que le impedía
conocer la causa en segunda instancia, por lo que al haber integrado la
Sala [Superior] emitiendo la Sentencia de Vista actuando en calidad de
ponente, ha incurrido en causal de nulidad insalvable prevista en el
artículo 171 del Código Procesal Civil, que no puede verse convalidada
[...], [...] tampoco convalida dicho acto el hecho de que los abogados
informaran ante el Colegiado [Superior] conformado por el referido
magistrado sin recusarlo, pues es deber del magistrado que se encuentre
comprendido en causal de impedimento, declararse impedido y
abstenerse de seguir conociendo el proceso...” (Casación Nro. 1700-
2003 / Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-2006,
págs. 17341-17342).
- “... La impugnante cuestiona la intervención del señor Vocal [...],
refiriendo que por haber suscrito la anterior sentencia de vista que fue
declarada Nula por este Supremo Tribunal, se encontraba incurso en

112
impedimento previsto en el artículo trescientos cinco del Código
Procesal Civil; sin embargo, la intervención previa del magistrado en
una misma causa configura causal de impedimento cuando aquél
conoció el proceso en otra instancia, conforme lo regula el inciso quinto
de la norma acotada, que no es el caso, pues el citado magistrado viene
conociendo nuevamente los autos sub materia como integrante del
Colegiado en segunda instancia...” (Casación Nro. 2206-03 / Callao,
12737).
- “... La abstención por decoro está prevista cuando en el curso del proceso
se presentan motivos que perturban la función del Juez, por lo que éste
puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada
conforme lo señala el artículo 313 del Código Procesal Civil; caso
distinto es cuando ha conocido el proceso en otra instancia donde ya
emitió una opinión, y hace que se pueda dudar de su imparcialidad como
magistrado, ya que teniendo una posición definida puede inclinarse por
una de las partes lo que se encuentra previsto entre las causales de
impedimento que señala el artículo 305 del Código acotado...”
(Casación Nro. 1745-04 / Puerto Maldonado - Madre de Dios, publicada
2.12 Excusación del Juez
Lino Palacio sostiene que “la excusación se configura (...) cuando las
mencionadas circunstancias (relaciones de Juez con alguna de las partes o con la
materia controvertida) determinan el apartamiento espontáneo del juez”
(PALACIO, 1979, Tomo II: 304).
Flores Trejo asevera que la excusa “... es el acto en virtud del cual, el titular
de un órgano jurisdiccional, se abstiene de conocer determinado asunto, por
considerar él mismo, que existe una causal (impedimento) que perturbará su
imparcialidad para juzgarlo” (FLORES TREJO, 1985: 506). El mencionado
jurista distingue entre impedimento y excusa diciendo que “... el primero es la
causa que imposibilita al juzgador para conocer del negocio, la segunda es el acto
que realiza el juez para no conocer del asunto, por presentarse alguna de las causas
señaladas en el ordenamiento jurídico, es decir no se avoca al conocimiento del
negocio por existir un impedimento para ello, y en base a éste, se excusa”
(FLORES TREJO, 1985: 506).

113
“Constituye un deber de los jueces abstenerse de conocer de un proceso ante
determinadas circunstancias previstas por el ordenamiento, para no llegar a
comprometer su posición de tercero imparcial...” (BACRE, 1986, Tomo I: 596).
Como se aprecia, el magistrado que se encuentre inmerso en una causal de
impedimento (contemplada en el art. 305 del C.P.C.) tiene la obligación de
abstenerse o excusarse de seguir conociendo el proceso, declarándose, pues,
impedido para conocerlo, lo cual hará tan pronto como advierta la existencia de
alguna causal legal de impedimento (art. 311 -in fine- del C.P.C.). Si el
magistrado que se encuentra en tal situación incumple su deber de abstenerse de
seguir conociendo el litigio, entonces, puede ser recusado por las partes en base a
la causal de impedimento de que se trate (art. 312 del C.P.C.), pero esto no
significa que ellas puedan participar en el trámite de excusación del Juez, pues,
conforme lo hace notar Aldo Bacre, “las partes carecen de legitimación para
intervenir en la excusación del juez ni dispensar las causales invocadas, ya que se
trata de un problema del juez, no de las partes...” (BACRE, 1986, Tomo I: 597).
El citado jurista concluye que “el juez de la causa es el único legitimado para
excusarse; es, al mismo tiempo, sujeto activo y pasivo de la excusación”
(BACRE, 1986, Tomo I: 597).
La Corte Suprema de Justicia, respecto de la excusación del Juez, ha
establecido lo siguiente:
- “... El Artículo trescientos seis del Código Procesal Civil regula el
trámite cuando el Juez se reconoce impedido de conocer un caso. En el
artículo bajo estudio se concede al juzgador la facultad de analizar las
diversas causales de impedimento, y si en ellas encuentra algún motivo
que lo alcanza, surge en él el deber de excusarse de seguir conociendo
el caso; pero si el juzgador no encuentra motivo de impedimento, las
partes ni ningún otro juez puede instarlo a que se declare impedido,
pudiendo en todo caso hacer uso de los recursos que la ley procesal les
concede...” (Casación Nro. 646-98 / Lambayeque, publicada en el Diario
- “... El párrafo segundo de la parte in fine del Artículo trescientos seis del
Código Procesal Civil establece que las resoluciones que resuelven las
abstenciones son inimpugnables; no obstante, la Sala (...) de oficio
modifica la resolución recurrida, fundándose en una causal de
recusación situación distinta a la abstención por decoro. (...) Que, siendo
así, se ha transgredido el derecho constitucional al debido proceso, que
es una de las garantías del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, con
la secuela de infringir los principios de dirección, economía y celeridad

114
procesales...” (Casación Nro. 1145-99 / La Libertad, publicada en el
2.13 Recusación del Juez
Según Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín, la recusación “...
constituye el único remedio arbitrado legalmente para apartar del conocimiento
del proceso a aquellos Jueces y Magistrados que, por tener una especial relación
con las partes o con el objeto del proceso, su imparcialidad haya quedado cues-
tionada …” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ; y PEREZ-CRUZ MARTIN,
2000, Tomo I: 116).
Flores Trejo dice de la recusación que:
“... Es la facultad que tienen las partes, de solicitar ante el propio juzgador o
ante su superior, para que no conozca de determinado asunto, puesto que
considera (n) existe alguna circunstancia (impedimento) que puede
poner en tela de juicio su imparcialidad.
(...) La recusación es en sí un recurso, que cualquiera de las partes tiene,
para que un órgano jurisdiccional, no conozca de un asunto
determinado, desde luego, en base a un impedimento” (FLORES
TREJO, 1985: 510).
Para Lino Palacio, “... denomínase recusación al medio acordado por la ley
para apartar del conocimiento de un determinado proceso al juez cuyas relaciones
o situación con alguna de las partes, o con la materia controvertida en aquél, sean
susceptibles de afectar la garantía de imparcialidad que es inherente al ejercicio
de la función judicial” (PALACIO, 1979, Tomo II: 304).
Como se ha podido apreciar, la recusación es un acto procesal de parte
orientado a conseguir el apartamiento del proceso -y su consiguiente reemplazo-
de un magistrado o de un miembro del Poder Judicial que se encuentra inmerso
dentro de alguna causal de impedimento o recusación. Procede cuando el
impedido no se ha eximido (excusado) voluntariamente del conocimiento del
proceso o de su intervención en el mismo. La recusación tiene por finalidad
garantizar la imparcialidad y la objetividad en la administración de justicia.
Resulta, pues, la recusación un medio para denunciar una situación (causal de
impedimento o de recusación) que imposibilita un juzgamiento idóneo.
Cabe indicar que, conforme se desprende del artículo 311 del Código
Procesal Civil, las causales de recusación (así como las de impedimento) resultan
aplicables a los magistrados que conocen el proceso, ya sea en primera o segunda

115
instancia, incluyendo a los Vocales de las Salas de la Corte Suprema de Justicia
de la República que conozcan del trámite de un recurso de casación.
El artículo 307 del Código Procesal Civil regula las causales de recusación,
estableciendo que las partes pueden solicitar que el Juez se aparte del proceso
cuando:
1. Es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las partes,
demostrado por hechos inequívocos.
Sobre el particular, Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández apuntan
lo siguiente: “No podrán entenderse como ‘amistad íntima’ las
relaciones cordiales (no ya, por supuesto, las corteses) entre el juez y
sus conciudadanos (...). En cuanto a la enemistad, no se requiere, en
realidad, que sea ‘manifiesta’, esto es, aparente para terceros o conocida
de la generalidad o de un sector de la sociedad. Con el adjetivo
‘manifiesta’ se ha querido establecer la exigencia de que la
animadversión sea real y seria y no imaginaria o insignificante” (DE
LA OLIVA; y FERNANDEZ, 1990, Volumen I: 366).
2. El o su cónyuge o concubino o su pariente en la línea directa o en la
línea colateral hasta el segundo grado, primero de afinidad o adoptado,
tienen relaciones de crédito con alguna de las partes; salvo que se trate
de persona de derecho o de servicio público.
Lino Palacio, acerca de la circunstancia de ser el Juez acreedor, deudor o
fiador, sostiene que esta causal “... contempla la posibilidad de que la
actuación del juez se encuentre afectada por intereses económicos
susceptibles de crear presiones o favoritismos con relación a cualquiera
de las partes...” (PALACIO, 1979, Tomo II: 320).
3. El o su cónyuge o concubino, son donatarios, empleadores o presuntos
herederos de alguna de las partes.
4. Haya intervenido en el proceso como apoderado, miembro del
Ministerio Público, perito, testigo o defensor.
Lino Palacio, en lo concerniente a la causal de recusación consistente en
haber sido el Juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión
o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito (antes o después
de comenzado éste), señala que “... las circunstancias descriptas (...)
configuran la causal corrientemente llamada ‘prejuzgamiento’, en cuya
virtud es admisible apartar del conocimiento del proceso al juez que, sea

116
como apoderado, letrado, perito o funcionario judicial, haya
exteriorizado su opinión acerca de las formas de resolver las cuestiones
debatidas en aquél” (PALACIO, 1979, Tomo II: 321-322).
5. Tiene interés directo o indirecto en el resultado del proceso.
Al respecto, Lino Palacio considera que “... el ‘interés’ puede ser directo o
indirecto, material o moral, y se configura toda vez que la sentencia a
dictar sea susceptible de beneficiar o de perjudicar al juez o a sus
parientes, como ocurriría en el supuesto de que aquélla engendrara una
responsabilidad subsidiaria o refleja para uno u otros” (PALACIO,
1979, Tomo II: 319).
6. Exista proceso vigente entre él o su cónyuge o concubino con cualquiera
de las partes, siempre que no sea promovido con posterioridad al inicio
del proceso.
Lino Palacio dice de esta causal que “... es necesario que el juicio se haya
promovido antes de haber tomado el juez intervención en la causa, pues
en caso contrario estaría en manos de cualquiera de las partes crear una
causal de recusación mediante el simple arbitrio de entablar una
demanda contra el juez. Distinto sería el caso, naturalmente, si fuese el
propio juez quien iniciase el pleito” (PALACIO, 1979, Tomo II: 320).
Puntualizamos que el interesado puede basar la recusación que haga del Juez
en las causales contempladas en el artículo 307 del Código Procesal Civil y,
también, en las causales reguladas en el artículo 305 del indicado Código adjetivo,
que versa sobre las causales de impedimento, cuando el Juez impedido no
cumpliera con su deber de abstención o excusación (art. 312 del C.P.C.).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la recusación del
- “... Por la recusación, son las partes quienes cuestionan la intervención
del magistrado por hechos que, no configurando causales de
impedimento, consideran que puedan influenciar en su decisión (como
el ser amigo o enemigo manifiesto de una de las partes, tener relaciones
de crédito con alguna de las partes, ser donatarios, empleadores o
presuntos herederos de aquellos, tener interés en el resultado del
proceso, etcétera); tales hechos requieren ser probados por quien los
alega con medios pertinentes y suficientes...” (Casación Nro. 2246-04 /

117
Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-06-2006, págs.
16119-16120).
- “... El inciso 1) del artículo 307 del Código Adjetivo [C.P.C.] establece
que las partes pueden solicitar [vía recusación] que el Juez se aparte del
proceso cuando se demuestre por hechos inequívocos que es amigo
íntimo o enemigo manifiesto ‘de cualquiera de las partes’, no existiendo
referencial [sic -léase referencia-] alguna en la glosada norma adjetiva
a la amistad o enemistad con representantes de personas jurídicas...”
Peruano el 02-10-2007, págs. 20647-20648).
- “... El doctor [...], al haber actuado como abogado de doña [...] en otro
proceso, ha tenido relación laboral con dicha persona que a su vez es
demandada en este juicio; [...] por ello, dicho Magistrado se encontraba
prohibido de intervenir en este proceso [...] y a pesar de ello, ha resuelto
él mismo como integrante de la Sala Superior, lo que determina que se
ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo ciento
setentiuno del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 1278-2001 /
San Román, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-11-2001,
págs. 8128-8129).
- “... De acuerdo con el artículo trescientos diez del Código Procesal
Civil, el trámite de la recusación no suspende el proceso principal, pero
el recusado deberá de abstenerse de cualquier resolución que ponga fin
al proceso; [...] a pesar de este dispositivo y que el Juez a quien se había
remitido el cuaderno de recusación para resolverlo no lo había hecho,
la juez expidió sentencia [...]; [...] recién por resolución [...] se resolvió
la recusación rechazándola liminarmente [...]; [...] en consecuencia,
cuando la juez emitió sentencia, y todavía no se había resuelto su
recusación, infringió lo dispuesto por el artículo trescientos diez del
Código Procesal Civil, incurriendo en la causal de nulidad contemplada
en el artículo ciento setentiuno del Código acotado...” (Casación Nro.
2002, pág. 8348).
- “... La recusación fue interpuesta después de emitida la sentencia, por
lo que no cabía ningún trámite...” (Casación Nro. 4166-2001 / Ucayali,
- “... Al variarse la conformación de la Sala [Superior], se ha impedido a
los justiciables la posibilidad de recusación, que permite el artículo

118
trescientos siete del Código Procesal Civil, porque sólo se han enterado
de ello al realizarse la vista de la causa, por lo que se ha incurrido en la
causal de nulidad contemplada en el artículo ciento setentiuno del
Código acotado...” (Casación Nro. 2046-2002 / La Libertad, publicada
2.14 Abstención del Juez
Si en el curso del proceso hubiere circunstancias que pudieran afectar de una
u otra manera y seriamente la función que ejerce el Juez del proceso, entonces,
éste, aduciendo razones de decoro o delicadeza, tiene la potestad (y no el deber,
como ocurre tratándose de las causales de impedimento y recusación previstas en
los arts. 305 y 307 del C.P.C.) de abstenerse de seguir conociendo el litigio, para
lo cual emitirá el respectivo auto motivado y enviará el expediente del proceso al
órgano jurisdiccional que deba sustituirlo (art. 313 -primer párrafo- del C.P.C.).
Si este último estima que los motivos invocados por el Juez que se abstuvo de
seguir conociendo la causa no son lo suficientemente serios como para ameritar
su apartamiento del proceso, deberá seguir el trámite señalado en el artículo 306
del Código Procesal Civil (art. 313 -in fine- del C.P.C.), numeral que versa acerca
del trámite de la excusación.
Couture apunta que “la abstención no configura una causal de inhabilidad, ni
siquiera un motivo de sospecha. Es una situación de conciencia que autoriza al
juez a ser relevado de la intervención en el asunto. Es un derecho de tipo
administrativo que tienen todos los funcionarios públicos, y que consiste,
sustancialmente, en liberarlos del conflicto moral que representa tener que decidir
en asuntos en los cuales razones de decoro o de delicadeza les crean un estado
particular de violencia moral. Este tipo de derecho no alcanza a las partes en
ningún sentido. Estas son ajenas a una situación que se produce exclusivamente
dentro de la conciencia moral del magistrado. No pueden requerir a éste su
alejamiento del asunto, ni les es dado tampoco obtenerlo por intermedio de su
superior jerárquico” (COUTURE, 1950, Tomo III: 134).
Sobre el particular, Aldo Bacre anota lo siguiente:
“Con respecto a los motivos graves de decoro o delicadeza, debe
interpretarse como aquellas circunstancias que originan una violencia
moral en el juzgador, perturbando su seriedad, al encontrarse con un
escrúpulo, o sea cuando considera que su conocimiento en la causa
afectaría su propia estimación como hombre o como juez. Deben ser
causas que afecten a su propio decoro.

119
Los motivos graves de delicadeza están, en el orden de la moralidad íntima
del juez, un peldaño más abajo que la afectación del decoro, pues
constituyen una agudización del sentimiento, que debe respetarse.
Estos motivos deben existir con anterioridad al proceso, pues no pueden ser
consecuencia de actitudes o expresiones ofensivas de las partes, quienes
de esta manera podrían separarlo del juicio. En estos casos, el juez debe
hacer valer su autoridad manteniendo el buen orden del proceso y
aplicando las sanciones que correspondan” (BACRE, 1986, Tomo I:
596-597).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la abstención del
- “... Por la abstención, es el Juez quien de oficio, sin requerírselo las
partes, procede a apartarse del proceso en los casos que: a) advierta que
concurre alguna causal de impedimento, o b) por existir motivos que,
considera, perturban su función jurisdiccional...” (Casación Nro. 2246-
04 / Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-06-2006,
págs. 16119-16120).
- “... Este [...] supuesto, conocido como ‘abstención por decoro o
delicadeza’, constituye una potestad inherente al Juez por la cual se le
faculta a apartarse del proceso por causa debidamente justificada que
sólo él conoce y que, por tanto, no se encuentra expresamente prevista
en la ley, dado que comprende su esfera subjetiva. Los supuestos
justificantes que alegue el Juzgador, mediante resolución motivada,
deben ser tales que perturben su función, y no sólo meros enunciados
por los que pretenda apartarse de su deber de administrar justicia en un
caso concreto. Desde que la ‘abstención por decoro o delicadeza’
constituye una potestad del Juez, es a éste a quien le corresponde decidir
si se aparta del proceso, y no a las partes...” (Casación Nro. 2246-04 /
Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-06-2006, págs.
16119-16120).
- “... El artículo trescientos trece del Código Procesal Civil regula la
abstención por decoro o delicadeza, que es aquel supuesto donde el
magistrado hace conocer que pesan en su ánimo consideraciones que
pueden perturbar su imparcialidad. Este artículo supone que el juzgador
tiene la facultad de analizar si concurren en él causales que ameriten su
abstención, y si ese es el caso, seguir con el trámite que establece el
artículo bajo comento, pero si el juzgador considera que éste no es el

120
caso, mal puede considerarse que se ha infringido dicha norma...”
Peruano el 30-10-2000, págs. 6421-6422).
- “... El solo hecho de haber compartido un inmueble con el letrado [...],
lo cual ha sido reconocido por el propio Vocal [...], no puede dar lugar a
la abstención del mismo por decoro o delicadeza, ya que no se ha
acreditado que tengan vínculo de orden profesional ni de otro tipo que
perturbe la función del magistrado...” (Casación Nro. 2786-2007 /
Loreto, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-12-2008, págs.
23277-23278).
- “... Al ser la abstención por decoro una facultad y no un deber de los
juzgadores no puede acarrear sanción de nulidad...” (Casación Nro.
24552004 / El Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-09-
2005, pág. 14674).
3. AUXILIARES JURISDICCIONALES
De acuerdo a lo normado en el artículo 54 del Código Procesal Civil, son
auxiliares de la jurisdicción civil:
- Los Secretarios de Sala.
- Los Relatores.
- Los Secretarios de Juzgado.
- Los Oficiales auxiliares de justicia.
- Los Organos de auxilio judicial (perito, depositario, custodio,
interventor, martillero público, curador procesal, policía judicial,
traductor, intérprete, entre otros).
Los deberes y responsabilidades de los auxiliares de la jurisdicción civil se
rigen por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal
Civil y demás normas pertinentes.
3.1 Secretarios de Sala
Los Secretarios de Sala (de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema) son
aquellos funcionarios públicos nombrados previo concurso por el Consejo

121
Ejecutivo del distrito judicial correspondiente (art. 258 de la L.O.P.J.), que tienen
como funciones u obligaciones (a tenor del art. 259 de la L.O.P.J.) las siguientes:
1. Atender en su oficina dentro del horario establecido.
2. Recibir mediante Mesa de Partes, los expedientes que los Magistrados
o Salas envíen en grado o en consulta y los escritos o recursos que
entreguen los interesados.
3. Consignar al margen de las notas de remisión y de los escritos y
recursos, cuando sean de término o lo pida el interesado, bajo su firma
o la del empleado que los recibe, la fecha y hora que llegan a la Mesa
de Partes y anotar en la correspondiente libreta, los procesos y copias
que sean entregados.
4. Entregar diariamente a la Sala los expedientes que están al despacho.
5. Refrendar las resoluciones el mismo día que se expidan y autorizar las
actas de comparendos, poderes y declaraciones en el acto en que se
lleven a cabo, después de obtener las firmas de las personas que
intervengan en dichas diligencias.
6. Recibir de Relatoría, bajo cargo, el despacho de cada día para la
prosecución de su trámite.
7. Devolver inmediatamente a los Juzgados y Cortes Superiores de su
procedencia los expedientes resueltos, después que estén vencidos los
términos de ley, sin retardo alguno, bajo responsabilidad.
8. Vigilar que se cumplan en el menor tiempo posible, las peticiones y
devoluciones de expedientes en trámite para mejor resolver.
9. Informar diariamente al Presidente de la Sala sobre los procesos en que
hayan vencido los términos, para que sean resueltos.
10. Guardar secreto de lo que ocurra en la Sala.
11. Facilitar a los interesados y a sus abogados, en las Oficinas de la
Secretaría, el estudio de los expedientes.
12. Cuidar que se notifiquen las resoluciones en los términos y formas de
ley.
13. Ejercer las demás atribuciones que señala la ley.

122
3.2 Relatores
Los Relatores son funcionarios públicos letrados adscritos a las Salas de la
Corte Suprema o de las Cortes Superiores que tienen las siguientes funciones u
obligaciones (según el art. 263 de la L.O.P.J.):
1. Concurrir a las Cortes antes de que comience el despacho.
2. Guardar secreto de lo que ocurre en la Sala.
3. No dar razón del despacho antes de que las resoluciones hayan sido
autorizadas.
4. Recibir, bajo constancia, los procesos que deben ser tramitados o
resueltos durante las horas de despacho, dando cuenta a la Sala el mismo
día.
5. Hacer presente a la Sala y al Vocal ponente en su caso, las nulidades y
omisiones que adviertan en los autos y las insuficiencias de los poderes.
6. Hacer presente a la Sala, antes de empezar la audiencia, si de autos
resulta que alguno de los Vocales está impedido.
7. Hacer relación verbal de las causas en el acto de su vista.
8. Escribir las resoluciones que expide la Sala.
9. Cuidar que no quede ninguna resolución sin ser firmada por los
Magistrados, el mismo día que se dicta.
10. Cuidar que la nominación de los Vocales, al margen de las resoluciones,
corresponda exactamente a los miembros de la Sala que las hayan
dictado, bajo responsabilidad que les es exclusiva y que hace efectiva la
misma Sala aplicando la medida disciplinaria que corresponda.
11. Devolver los expedientes a la Secretaría, el mismo día en que son
despachados bajo cargo firmado en el libro respectivo.
12. Registrar en los libros respectivos, con el visto bueno del Presidente de
la Sala, la distribución de las causas entre los ponentes y su devolución,
así como los votos en caso de discordia.
13. Llevar un registro en que se anota diariamente, con el visto bueno del
Vocal menos antiguo de la Sala, las partidas relativas a los autos y
sentencias que se dicten, extractando la parte resolutiva e indicando los

123
nombres de los litigantes objeto de la causa y los nombres de los
Magistrados.
14. Comunicar de palabra a los Magistrados llamados a dirimir discordia, el
decreto por el que se les llama y poner en autos la constancia respectiva.
15. Presentar semanalmente al Presidente de la Sala una razón de las causas
que hayan quedado al voto, con indicación de las fechas en que se vieron.
16. Concurrir a las audiencias e informes orales y leer las piezas del proceso
que el Presidente ordene.
17. Llevar un libro en que se anote el día y hora señalados para las
audiencias o informes orales, con indicación del nombre de las partes,
su situación procesal, del Fiscal que debe actuar, si fuera el caso, y de
los defensores designados, así como el Juzgado del que proviene la
causa.
18. Las demás que correspondan conforme a la ley y al Reglamento.
3.3 Secretarios de Juzgado
Para Devis Echandía, son funciones de los Secretarios judiciales:
“1) Autorizar con su firma todas las sentencias, autos, declaraciones,
despachos, exhortos, diligencias, copias y notificaciones;
2) dar los testimonios o certificaciones que se pidan sobre hechos del
juzgado, tribunal o Corte, previa autorización del magistrado o juez, y
cuando lo permita la ley;
3) servir de auxiliares de los magistrados o jueces en los asuntos de que
éstos conocen, con facultad de dar fe en los mismos asuntos y en todos
los actos que les correspondan;
4) pasar al despacho los asuntos en que deba dictarse alguna resolución sin
necesidad de petición de las partes y los memoriales que éstas presenten,
so pena de multa por cada omisión;
5) dar las informaciones sobre el estado de los asuntos que cursan en la
oficina y manejar la secretaría con sus archivos, libros, etc.;
6) custodiar y mantener el orden el archivo del despacho;

124
7) hacer las notificaciones, citaciones y emplazamientos y autorizar las que
practiquen sus subalternos” (DEVIS ECHANDIA, 1985, Tomo II: 355).
Los Secretarios de Juzgado son aquellos funcionarios públicos que tienen por
obligaciones y atribuciones genéricas, según el artículo 266 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, las siguientes:
1. Actuar únicamente en su Juzgado y residir en la localidad donde aquél
funciona.
2. Cumplir estrictamente el horario establecido y atender personalmente a
abogados y litigantes.
3. Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo, hasta cuando se hayan
traducido en actos procesales concretos.
4. Vigilar se coloque al margen de los escritos y recursos el día y hora en
que se reciben, firmando la constancia respectiva cuando no existe
control automático de recepción.
5. Dar cuenta al Juez de los recursos y escritos a más tardar dentro del día
siguiente de su recepción, bajo responsabilidad.
6. Autorizar las diligencias y las resoluciones que correspondan según la
ley y el reglamento.
7. Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en
los casos en que por disposición de la ley o mandato del Juez pueda
comisionarse a los Oficiales Auxiliares de Justicia u otro persona de
auxilio judicial.
8. Vigilar que se notifique la resolución al día siguiente de su expedición,
salvo el caso de sentencia en que la notificación se debe hacer dentro de
dos días de dictada.
9. Emitir las razones e informes que ordene su Superior.
10. Facilitar el conocimiento de los expedientes a las partes y a sus
abogados, y a las personas que tienen interés legítimo acreditado, con
las respectivas seguridades (en el caso de expedientes archivados,
pueden facilitar
el conocimiento a cualquier persona, debidamente identificada, que los
solicite por escrito).

125
11. Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran
a su cargo, siendo responsables por su pérdida, mutilaciones o
alteraciones, sin perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar.
12. Llevar los libros o tarjetas de control que establece el Consejo Ejecutivo
Distrital, debidamente ordenados y actualizados.
13. Expedir copias certificadas, previa orden judicial.
14. Remitir los expedientes fenecidos, después de cinco años, al archivo del
juzgado.
15. Admitir, en casos excepcionales, consignaciones en dinero efectivo o
cheque certificado a cargo del Banco de la Nación, con autorización
especial del Juez, que contiene al mismo tiempo, la orden para que el
Secretario formalice el empoce a la entidad autorizada, el primer día
útil.
16. Cuidar que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo
de presentación de los escritos y documentos, y que las resoluciones se
enumeren en orden correlativo.
17. Guardar los archivos que por orden judicial reciban de otros Secretarios.
18. Atender con el apoyo de los Oficiales Auxiliares de Justicia del Juzgado,
el despacho de los decretos de mero trámite y redactar las resoluciones
dispuestas por el Juez.
19. Confeccionar trimestralmente la relación de los procesos en estado de
pronunciar sentencia, colocando la tabla de causas cerca de la puerta de
la Sala de actuaciones del Juzgado.
20. En los Juzgados Penales, confeccionar semanalmente una relación de
las instrucciones en trámite, con indicación de su estado y si hay o no
reo en cárcel, colocándose dicha relación cerca de la puerta de la Sala
de actuaciones del Juzgado.
21. Confeccionar trimestralmente la relación de las causas falladas y
pendientes, con las referencias que sirven para distinguirlas, a fin de que
oportunamente sean elevadas por el Juez al Consejo Ejecutivo Distrital.
22. Compilar los datos necesarios para la formación de la estadística
judicial, en lo que respecta al Juzgado, con indicación del número de
causas ingresadas, falladas y pendientes; de las sentencias que hayan

126
sido confirmadas, revocadas o declaradas insubsistentes por la Corte
Superior y de aquellas en las que la Corte Suprema interviene conforme
a ley, consignando el sentido de las resoluciones.
23. Cuidar que los subalternos de su dependencia cumplan puntualmente las
obligaciones de su cargo, dando cuenta al Juez de las faltas u omisiones
en que incurran en las actuaciones y de su comportamiento en general,
a fin de que aquél imponga, en cada caso, la medida disciplinaria que
corresponda.
24. Cumplir las demás obligaciones que impone la ley y el reglamento.
3.4 Oficiales auxiliares de justicia
Los Oficiales auxiliares de justicia son los servidores y empleados que se
hallan al servicio del Poder Judicial y que tienen como obligaciones y atribuciones
genéricas (según el art. 272 de la L.O.P.J.) las siguientes:
1. Actuar únicamente en la Sala, el Juzgado o en la Secretaría a la que se
encuentran adscritos y residir en el lugar en que aquéllos funcionan.
2. Cumplir estrictamente el horario establecido.
3. Asistir a los Jueces, Secretarios y Relatores de Sala y a los Secretarios
de Juzgado, en las actuaciones o diligencias que se realizan en o fuera
del local jurisdiccional respectivo.
4. Emitir las razones o informes que se les soliciten.
3.5 Organos de auxilio judicial
En lo que respecta a los Organos de auxilio judicial, el artículo 55 del Código
Procesal Civil establece que son los siguientes:
- El perito.
- El depositario.
- El interventor.
- El martillero público.
- El curador procesal.
- La policía (judicial).

127
- Los otros órganos que determine la ley (como, por ejemplo, el custodio,
los traductores e intérpretes).
3.5.1 Perito
El perito es aquella persona que cuenta con conocimientos especializados
sobre alguna ciencia, arte, oficio o materia y que es llamado por el órgano judicial
a fin de que le auxilie sobre algún hecho que escapa a su saber y exponga sus
observaciones y exámenes realizados, así como sus conclusiones sobre lo
analizado, todo lo cual estará contenido en su informe pericial o dictamen (el
mismo que no es determinante como prueba, pues será debidamente valorado por
el juzgador como cualquier otro medio probatorio).
Cardoso Isaza opina que los peritos “... son auxiliares del juez y su dictamen
un medio de prueba, que si bien presenta a veces características que lo asemejan
más que todo a la declaración del testigo, difiere de ella no sólo por su aspecto
formal, sino por razón de su contenido, como que no sólo envuelve un mero relato
de hechos previamente percibidos, fijados y conservados, sino que involucra
conclusiones originadas en razonamientos abstractos para los cuales se requieren
especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos” (CARDOSO ISAZA,
1979: 358).
El perito es un órgano de auxilio judicial, un colaborador técnico del
magistrado o un órgano de prueba, como se quiera, cuya participación es
imparcial y -en ocasiones- necesaria. Así lo deja entrever Nelson Suárez cuando
afirma que “el perito es un auxiliar de justicia, que debe actuar con absoluta
imparcialidad, comprometiéndose solamente con su inteligencia, ciencia o saber,
y suministrando verazmente los informes técnicos que se le requieran, con
abstracción del origen de su nombramiento y sin otro interés que el de colaborar
con la justicia, la ley y la paz social” (SUAREZ, 1972: 67).
La Ley Orgánica del Poder Judicial regula lo concerniente a los peritos en el
Capítulo I (“Peritos”) del Título II (“Organos de auxilio judicial”) de su Sección
Sexta (“Organos auxiliares”), en los arts. 273 al 280. Por su parte, el Código
Procesal Civil regula la pericia en el Capítulo VI (“Pericia”) del Título VIII
(“Medios probatorios”) de su Sección Tercera (“Actividad procesal”), en los arts.
262 al 271.
3.5.2 Depositario
El depositario es el órgano de auxilio judicial (art. 55 del C.P.C.) que recibe
la cosa sobre la cual recae el embargo en forma de depósito con la obligación de

128
cuidarla diligentemente y conservarla en su poder, haciendo entrega de ella
cuando el órgano jurisdiccional se lo ordene.
Será siempre depositario el afectado con la medida, porque si tal función la
ejerce una tercera persona se le denominaría custodio y se estaría ante otra forma
de medida cautelar: el secuestro, pues el depósito judicial no supone la
desposesión del bien, sino su conservación por parte de quien sufre la medida
preventiva.
Son obligaciones del depositario, entre otras, las siguientes:
- Cuidar y conservar el bien de manera responsable, evitando su
transmisión, deterioro, pérdida o destrucción.
- No desplazar el bien fuera del lugar en que se encuentre, a no ser por
orden del Juez o cuando sea necesario para evitar su deterioro, pérdida
o destrucción.
- Llevar a cabo los actos necesarios para obtener y brindar protección a
los frutos o beneficios que produzca el bien.
- Permitir la fiscalización del bien por parte del veedor (si lo hubiere), el
peticionante de la medida o el Juez, y suministrar la información que con
respecto a él le exija el magistrado.
- Poner en conocimiento del Juez que el bien materia de depósito se
encuentra deteriorándose o corre el peligro de perderse o destruirse, o
que resulta onerosa su conservación, con la finalidad de que tome el
magistrado las medidas del caso (como, por ejemplo, disponer su
enajenación).
- Facilitar el acceso al bien para que las personas interesadas en participar
del remate lo examinen.
- Entregar el bien apenas le sea requerido por el Juez y a la persona que
éste expresamente le indique.
El depositario incurrirá en responsabilidad civil y/o penal en caso de evadir
sus obligaciones, y de deterioro, pérdida o destrucción del bien depositado, salvo
que ello se deba a causas no imputables a él. También será responsable si
transfiere a tercero (sin orden judicial) el bien materia de depósito.
3.5.3 Custodio

129
El custodio es el órgano de auxilio judicial encargado de cuidar, conservar y
restituir -cuando le sea requerido y en el estado que lo recibió- el bien sobre el
cual recae una medida cautelar en forma de secuestro, ya sea judicial o
conservativo.
Una vez nombrado el custodio y aceptado el cargo por éste, asume, bajo
responsabilidad civil y penal, una serie de obligaciones contempladas en los
artículos 649 -segundo párrafo- y 655 del Código Procesal Civil, a saber:
- Debe conservar los bienes en custodia en el mismo estado en que los
recibe y a la orden del Juzgado.
- Tiene que velar por los bienes secuestrados en el local destinado para
ello, estando impedido entonces de trasladarlos a un lugar distinto sin
autorización del Juez (salvo que tal traslado sea necesario para evitar su
deterioro, pérdida o destrucción).
- Está obligado a facilitar el acceso permanente al local donde se hallan
los bienes secuestrados, tanto a las partes como al veedor (si lo hubiere),
con la finalidad de que puedan observar tales bienes.
- Debe presentar los bienes sobre los que recae la medida cautelar de
secuestro dentro del día siguiente al de la intimación del Juez, sin poder
invocar derecho de retención (aun en el supuesto de que no se le haya
retribuido por su labor).
- Está sujeto a dar cuenta inmediata al Juez de todo hecho que pueda
significar alteración de los objetos en secuestro.
- Debe observar todo lo demás que regulen otras disposiciones.
3.5.4 Interventor
El interventor (órgano de auxilio judicial: art. 55 del C.P.C.) es la persona
designada por el Juez en caso de trabarse un embargo en forma de intervención,
que tendrá a su cargo la labor de recaudar los ingresos (interventor recaudador) u
obtener información (interventor informador) sobre el movimiento económico de
una empresa de persona natural o jurídica.
Según Alvarez Juliá, Neuss y Wagner, el interventor recaudador “... es el
auxiliar que el juez designa para materializar la recaudación de fondos o frutos.
Carece de injerencia en la administración del ente o persona afectada...”
(ALVAREZ JULIA; NEUSS; y WAGNER, 1990: 440-441).

130
Son obligaciones del interventor recaudador las siguientes:
- Verificar el funcionamiento y conservación de lo intervenido, sin
interferir ni interrumpir sus labores propias (art. 662 -inc. 1)- del C.P.C.).
- Llevar control de ingresos y egresos (art. 662 -inc. 2)- del C.P.C.).
- Proporcionar, de los fondos que recauda, lo necesario para la actividad
regular y ordinaria de lo intervenido (art. 662 -inc. 3)- del C.P.C.).
- Poner a disposición del Juez, dentro de tercer día, las cantidades
recaudadas, consignándolas a su orden en el Banco de la Nación. A
pedido propio o de parte, puede el Juez modificar el plazo para consignar
(art. 662 -inc. 4)- del C.P.C.).
- Informar, en los plazos señalados por el Juzgado, el desarrollo regular
de la intervención (especialmente los hechos a que se refieren los tres
primeros acápites). Así lo establece el inciso 5) del artículo 662 del
Código Procesal Civil.
- Debe (como obligación especial) informar de inmediato sobre aspectos
que considere perjudiciales o inconvenientes a los intereses de quien ha
obtenido la medida cautelar, entre ellos la falta de ingresos y la
resistencia e intencional obstrucción que dificulte o impida su actuación
(art. 663 del C.P.C.).
El interventor informador “... es el auxiliar que el juez designa para investigar
el estado de bienes, negocios, operaciones o actividades, pero sin importar
interferencia en la administración de la sociedad o persona física afectada”
(ALVAREZ JULIA; NEUSS; y WAGNER, 1990: 441).
El interventor informador está obligado a:
- Informar por escrito al Juez, en las fechas señaladas por éste, respecto
de las comprobaciones sobre el movimiento económico de la empresa
intervenida, así como otros temas que interesen a la materia
controvertida (art. 666 -inc. 1)- del C.P.C.).
- Dar cuenta inmediata al Juez sobre los hechos que considere
perjudiciales al titular de la medida cautelar, o que obsten el ejercicio de
la intervención (art. 666 -inc. 2)- del C.P.C.).
3.5.5 Martillero público

131
El martillero público (órgano de auxilio judicial: art. 55 del C.P.C.) es aquella
persona que realiza una función de intermediario, facilitando la enajenación de
bienes al relacionar directamente a compradores y transferentes (entiéndase
aquellos que sufren la ejecución forzada), ofertando públicamente dichos bienes
con el fin de conseguir el mayor precio de los mismos mediante las diversas
posturas que se hagan.
Lo relativo a este órgano de auxilio judicial se encuentra normado en la Ley
Nro. 27728 (“Ley del Martillero Público”, del 23-05-2002) y en su Reglamento
(Decreto Supremo Nro. 008-2005-JUS, del 22-07-2005).
Es de destacar que, con arreglo a lo previsto en la Primera Disposición
Complementaria del Decreto Supremo Nro. 008-2005-JUS, el procedimiento de
remate regulado en la Ley Nro. 27728 y en dicho Decreto Supremo será de
aplicación a todo remate privado o particular. En el caso de remates judiciales,
será de aplicación supletoria a lo establecido en el Código Procesal Civil en lo no
previsto, y en el caso de remates administrativos será de aplicación en tanto no
exista normatividad especial al respecto.
3.5.6 Curador procesal
El curador procesal es un abogado nombrado por el Juez, a pedido de
interesado (y en algunos casos de oficio), que interviene en la litis como sujeto
procesal, representando a una de las partes (hasta que ella o su representante legal
adquieran o recuperen su capacidad procesal y comparezcan al proceso), en los
casos señalados en el artículo 61 del Código Procesal Civil, a saber:
A) Cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser
indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados, según
lo dispuesto por el artículo 435 del Código Procesal Civil (art. 61 -inc.
1)- del C.P.C.).
B) Cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación procesal por
incapacidad de la parte o de su representante legal (art. 61 -inc. 2)- del
C.P.C.).
C) Cuando exista falta, ausencia o impedimento del representante del
incapaz, según lo dispuesto por el artículo 66 del Código Procesal Civil
(conforme al cual, en caso de falta, ausencia o impedimento del
representante del incapaz, se aplican las siguientes reglas: 1. cuando el
incapaz relativo no tenga representante legal o éste estuviera ausente y
surja la necesidad de comparecer en un proceso, lo expondrá así al Juez

132
para que le designe curador procesal o confirme al designado por él, si
lo considera idóneo; 2. cuando la demanda se dirija contra un incapaz
que carece de representante o éste se halle ausente, el Juez le nombrará
un curador procesal o confirmará el propuesto por el incapaz relativo,
si lo considera idóneo; 3. el Juez nombrará curador procesal para el
incapaz que pretenda demandar a su representante legal, o que sea
demandado por éste, o confirmará el propuesto por el relativamente
incapaz, si fuere idóneo; y 4. también se procederá al nombramiento de
curador procesal cuando el Juez advierta
la aparición de un conflicto de intereses entre el incapaz y su
representante legal, o confirmará el propuesto por el incapaz relativo).
Ello de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 61 del
D) Cuando (conforme lo señala el art. 61 -inc. 4)- del C.P.C.) no comparece
el sucesor procesal, en los casos que así corresponda, según lo dispuesto
por el artículo 108 del Código Procesal Civil. Este último numeral versa
sobre la sucesión procesal (por la cual un sujeto ocupa el lugar de otro
en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho
discutido), la misma que se presenta en los siguientes casos: 1. cuando
fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por
su sucesor, salvo disposición legal en contrario; 2. cuando al extinguirse
o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido
comparecen y continúan el proceso; 3. cuando el adquirente por acto
entre vivos de un derecho discutido, sucede en el proceso al enajenante
(de haber oposición, el enajenante se mantiene en el proceso como
litisconsorte de su sucesor); y 4. cuando el plazo del derecho discutido
vence durante el proceso y el sujeto que adquiere o recupera el derecho,
sucede en el proceso al que lo perdió. Es de destacar que la no
comparecencia del sucesor procesal dentro del plazo legal respectivo
(30 días de acontecida la pérdida de la titularidad del derecho discutido)
da lugar al nombramiento del correspondiente curador procesal, cuya
actuación concluirá al tiempo en que comparezcan los sucesores
procesales.
3.5.7 Policía judicial
La policía judicial es aquel órgano de auxilio judicial que tiene por función
realizar las notificaciones dispuestas por el Poder Judicial que contengan un
mandato de detención o una citación que implique la inmediata conducción

133
compulsiva del imputado, testigos, peritos e intérpretes; así como practicar las
diligencias propias de sus funciones (art. 282 de la L.O.P.J.).
3.5.8 Traductor
El traductor es el órgano de auxilio judicial encargado de traducir
oficialmente y por escrito aquellos documentos redactados en idioma distinto al
que se habla en el lugar del proceso (que, en nuestro caso, es el castellano).
Al respecto debe tenerse en consideración lo normado en el Reglamento de
Traductores Públicos Juramentados (Decreto Supremo Nro. 126-2003-RE, del
11-11-2003).
3.5.9 Intérprete
El intérprete es el órgano de auxilio judicial que presta su colaboración
durante alguna actuación o diligencia procesal oral, traduciendo al idioma
castellano una lengua desconocida para los sujetos procesales y haciendo lo
propio para con el sujeto que no habla nuestro idioma (que puede ser alguna de
las partes, algún testigo, etc., que debe prestar su declaración o intervenir en una
audiencia).
Sobre el particular, Serra Domínguez apunta lo siguiente:
“... Entendemos por intérpretes aquellas personas peritas en lenguas
extranjeras o regionales que intervienen en el proceso supliendo el
posible desconocimiento de tales idiomas por parte de los jueces y
tribunales cuando dicho conocimiento sea necesario, bien por aportarse
al proceso documento escrito en idioma distinto al castellano, bien por
declarar, como partes o como testigos, personas que ignoren este último
idioma.
El intérprete se equipara, a nuestro entender, al perito. Es un perito
cualificado por el objeto de su conocimiento: los idiomas extranjeros o
regionales. Y como tal debe ser considerado un auxiliar indispensable
del juez, que puede saber idiomas, y, por tanto, no viene obligado a
sujetarse a la traducción del intérprete, pero que no tiene deber alguno
de conocerlos, al estar limitado su saber orgánico por el conocimiento
del Derecho, y por ello tiene absoluta necesidad de completar su falta
de conocimientos mediante el auxilio de un intérprete...” (SERRA
DOMINGUEZ, 1969: 176).
3.6 Recusación y deber de abstención de los auxiliares jurisdiccionales

134
Los auxiliares jurisdiccionales (Secretarios de Sala, Relatores, Secretarios de
Juzgado y oficiales auxiliares de justicia: art. 54 del C.P.C.) y los órganos de
auxilio judicial (perito, depositario, interventor, martillero público, curador
procesal, policía judicial y otros órganos que determine la ley, como, por ejemplo,
los traductores e intérpretes: art. 55 del C.P.C.) pueden ser recusados (según el
art. 315 del C.P.C.) por las causales previstas en los artículos 305 y 307 del
Código Procesal Civil (que versan sobre las causales de impedimento y
recusación de los Jueces) que les sean aplicables. Así tenemos que cualquiera de
los nombrados puede ser recusado en los siguientes casos:
A) Cuando ha sido parte anteriormente en el proceso (arts. 305 -inc. 1)- y
315 del C.P.C.).
B) Cuando él o su cónyuge o concubino, tiene parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de adopción con alguna
de las partes o con su representante o apoderado o con un abogado que
interviene en el proceso (arts. 305 -inc. 2)- y 315 del C.P.C.).
C) Cuando él o su cónyuge o concubino, tiene el cargo de tutor o curador
de cualquiera de las partes (arts. 305 -inc. 3)- y 315 del C.P.C.).
D) Cuando ha recibido él o su cónyuge o concubino, beneficios, dádivas de
alguna de las partes, antes o después de empezado el proceso, aunque
ellos sean de escaso valor (arts. 305 -inc. 4)- y 315 del C.P.C.).
E) Cuando ha conocido el proceso en otra instancia (arts. 305 -inc. 5)- y
315 del C.P.C.).
F) Cuando es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las
partes, demostrado por hechos inequívocos (arts. 307 -inc. 1)- y 315 del
C.P.C.).
G) Cuando él o su cónyuge o concubino o su pariente en la línea directa o
en la línea colateral hasta el segundo grado, primero de afinidad o
adoptado, tienen relaciones de crédito con alguna de las partes; salvo
que se trate de persona de derecho o de servicio público (arts. 307 -inc.
2)- y 315 del C.P.C.).
H) Cuando él o su cónyuge o concubino, son donatarios, empleadores o
presuntos herederos de alguna de las partes (arts. 307 -inc. 3)- y 315 del
C.P.C.).

135
I) Cuando haya intervenido en el proceso como apoderado, miembro del
Ministerio Público, perito, testigo o defensor (arts. 307 -inc. 4)- y 315
del C.P.C.).
J) Cuando tiene interés directo o indirecto en el resultado del proceso (arts.
307 -inc. 5)- y 315 del C.P.C.).
K) Cuando exista proceso vigente entre él o su cónyuge o concubino con
cualquiera de las partes, siempre que no sea promovido con
posterioridad al inicio del proceso (arts. 307 -inc. 6)- y 315 del C.P.C.).
Los auxiliares jurisdiccionales y los órganos de auxilio judicial tienen el
deber de abstenerse si se encuentran afectados por alguna de las causales de
impedimento (art. 315 -parte final del primer párrafo- del C.P.C.).
El escrito que contenga la recusación formulada contra los auxiliares
jurisdiccionales o los órganos de auxilio judicial tiene que ser presentado ante el
Juez o la Sala respectiva (que deba dirimir la recusación), debiendo seguir tal
recusación el trámite regulado en el artículo 310 del Código Procesal Civil
(numeral referido a la formulación y trámite de la recusación de Jueces), en lo que
fuera aplicable (art. 315 -parte inicial del último párrafo- del C.P.C.).
Si el Juez o la Sala respectiva hiciera lugar a la recusación planteada contra
algún auxiliar jurisdiccional u órgano de auxilio judicial, el recusado será
reemplazado por el que haya sido nombrado en la resolución que acogió la
recusación, la misma que, dicho sea de paso, no puede ser recurrida por los sujetos
procesales, en atención a la calidad de inimpugnable que le asigna el último
párrafo del artículo 315 del Código Procesal Civil.

137
CAPITULO II
EL MINISTERIO PUBLICO
1. CONCEPTO DE MINISTERIO PUBLICO
Clemente Díaz afirma que el Ministerio Público es el “órgano estatal
encargado de hacer valer ante el órgano jurisdiccional la representación y la
defensa de los intereses públicos y sociales del Estado” (DIAZ; citado por
BACRE, 1986, Tomo I: 604).
Gallinal sostiene que “constituyen el Ministerio Público y Fiscal los
funcionarios que representan y defienden ante los jueces la causa pública o social,
así como los intereses del Estado o del Fisco; velan por la pronta y regular
administración de justicia; por la tutela de los entes morales y de las personas
que no tienen plena capacidad jurídica” (GALLINAL, s/a, Tomo I: 160).
Liebman dice del Ministerio Público lo siguiente:
“... El ministerio público es (...) un órgano del Estado, al que corresponde
tutelar un específico interés público (...), interés que tiene por objeto la
actuación de la ley por parte de los órganos jurisdiccionales en aquellos
campos y en aquellos casos en los que las normas jurídicas son dictadas
por consideraciones de utilidad general o social, de manera que su
concreta observancia aparece como necesaria para la seguridad y para
el bienestar de la sociedad, y el cometido de provocar su aplicación por
parte de los jueces no puede ser dejado a la iniciativa y al arbitrio de los
particulares.
El ministerio público puede definirse, por eso, como el órgano instituido
para promover la actuación jurisdiccional de las normas de orden
público. Entre estas normas se destacan en primera línea las del derecho
penal. Pero también en el derecho privado hay algunas que, aun
regulando intereses particulares de los individuos y las relaciones que
se establecen entre ellos, tienden, sin embargo, a garantizar también un
bien general de la sociedad y están por eso dotadas de una más intensa
eficacia imperativa; tales son, sobre todo, aquellas que regulan las

138
relaciones familiares y el estado de las personas...” (LIEBMAN, 1980:
102).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al Ministerio
Público en general, ha establecido lo siguiente: “... El Ministerio Público es el
organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa
de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la
representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia,
a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral
pública, la persecución del delito y la reparación civil...” (Casación Nro. 4959-
2006 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-01-2008,
págs. 21472-21473).
El Ministerio Público se encuentra regulado en el Capítulo X (“Del
Ministerio Público”) del Título IV (“De la estructura del Estado”) de la
Constitución Política de 1993, en los arts. 158, 159 y 160. También lo está en la
Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo Nro. 052, del 16-03-
1981). El Código Procesal Civil contempla lo concerniente al Ministerio Público
en el Título III (“Ministerio Público”) de la Sección Segunda (“Sujetos del
proceso”), en los arts. 113 al 118.
2. FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO
Véscovi, en cuanto a la función que cumple el Ministerio Público en el
proceso, refiere lo siguiente:
“Hay quienes consideran que el ministerio público es un sustituto procesal,
porque actúa en nombre propio pero en defensa de un interés ajeno, ya
sea del Estado, de la sociedad o de un particular desamparado (ausente,
incapaz, herencia yacente, etc.). Otros dicen que realmente actúa
deduciendo en juicio derechos sustanciales pertenecientes al Estado,
por lo que en realidad no sólo es parte en el proceso, sino también en la
relación sustancial que constituye el objeto de éste. Y otros sostienen
que se trata de un órgano especial, que no coincide ni con el juez, ni con
la parte. No constituiría, entonces, una parte procesal (ni aun imparcial),
sino una institución peculiar (...).
(...)

139
(...) La conclusión sería, entonces, que estamos ante un órgano estatal
especial, que actúa como sujeto del proceso, asumiendo diferentes
posiciones.
(...)
En el proceso civil, (sin perjuicio del principio dispositivo), se admite, en ciertos
casos, la actuación como parte del ministerio público mediante el ejercicio
de la acción (pretensión), convirtiéndolo así en parte (principal) en el
proceso.
En otros casos, no ya con salvar la inercia de las partes, sino más bien para
prevenir que éstas actúen no en función de la aplicación de la ley, sino en
desmedro o en fraude a ella, o sin atender debidamente al desamparado, se
permite la intervención del ministerio público como tercero (interviniente),
a menudo obligatorio, en un proceso entre otras partes principales.
En determinados procesos la ley establece la preceptiva intervención, y en otros,
simplemente, la audiencia del ministerio público.
Se trata de las formas procesales más comunes en que actúa el ministerio público
(fiscal) en el proceso” (VESCOVI, 1999: 152-154).
Lino Palacio señala al respecto lo siguiente:
“... Frente a los órganos judiciales cuya función consiste en satisfacer las
pretensiones o peticiones extracontenciosas que pueden constituir el objeto
de un proceso, el ordenamiento jurídico prevé el funcionamiento de otros
órganos estatales a quienes corresponde, en términos generales, la misión de
defender intereses que afectan al orden público y social.
El conjunto de dichos órganos recibe, genéricamente, la denominación de
Ministerio Público, incumbiendo a sus titulares el cumplimiento de dos tipos
de funciones claramente diferenciables de la función judicial. Una de ellas,
que reviste carácter primordial, consiste en el planteamiento de cierta clase
de pretensiones o peticiones, o de oposiciones a éstas, y su ejecución se halla
encomendada al ministerio público sea porque existe interés social en no
supeditar el cumplimiento de esos actos a la iniciativa privada, sea porque
así lo impone la condición de las personas cuyos derechos se controvierten
en el proceso. La otra función, que es de índole secundaria, se manifiesta a
través del contralor que ejerce el ministerio público con respecto a la

140
observancia de determinadas normas que hacen al orden público judicial,
como son, vgr., las atributivas de competencia.
(...) Mientras en el primer caso el ministerio público asume un papel
esencialmente equiparable al de las partes, o actúa como representante de
éstas, en el segundo lo hace a título de órgano de cooperación de la función
judicial, coadyuvando a su más adecuado desenvolvimiento. En una y otra
hipótesis los integrantes del ministerio público desempeñan una función de
tipo requirente o postulante, distinta de la función juzgadora que
corresponde a los órganos judiciales” (PALACIO, 1979, Tomo II: 585-587).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público (Decreto Legislativo Nro. 052, del 16-03-1981), el Ministerio
Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones
principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses
públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender
a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por
la moral pública, la persecución del delito y la reparación civil. También velará
por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y por la independencia de los órganos
jurisdiccionales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan
la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.
Al respecto, el artículo 159 de la Constitución Política de 1993 establece que
corresponde al Ministerio Público:
1. Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa
de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
2. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta
administración de justicia.
3. Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
4. Conducir desde su inicio la investigación del delito (con tal propósito,
la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio
Público en el ámbito de su función).
5. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
6. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la
ley contempla.

141
7. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y dar cuenta al Congreso,
o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la
legislación.
3. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO EN
EL PROCESO CIVIL
Rocco, en lo que concierne a las facultades y atribuciones del Ministerio
Público en el proceso civil, explica lo siguiente:
“La doctrina suele distinguir las facultades y las atribuciones del ministerio
público en tres categorías distintas: el ministerio público agente, el
ministerio público interviniente y el ministerio público requirente.
Según lo establece la misma distinción, estas tres diversas atribuciones o
facultades corresponden a tres diversas y distintas funciones que el
ministerio público desempeña frente al ejercicio de la jurisdicción civil.
Cuando se habla de ministerio público agente se hace referencia a la posibilidad
que tiene de convertirse en iniciador de un proceso, es decir, de ejercer aquel
derecho de acción que (...) compete a todo sujeto de derechos.
(...)
En estos casos, el ministerio público se hace actor en juicio (...), porque las
normas procesales, al lado de los sujetos titulares de las relaciones jurídicas
o de los estados jurídicos de que se vendrá a discutir, autoriza o legitima a
accionar al ministerio público, como portador de un interés público que se
concreta en un interés estatal.
Con esto no se quiere reconocer al ministerio público una facultad genérica de
promover las acciones, cuyo ejercicio, por lo común, está reservado a los
titulares particulares de los intereses tutelados por el derecho; sólo se quiere
patentizar, por el contrario, que en algunas particulares categorías de
acciones, además de los sujetos legitimados para accionar sobre la base del
criterio de la titularidad, existe otro sujeto, el ministerio público, a quien las
leyes procesales le reconocen dicha legitimación como portador de un
interés público, propio del Estado, que predomina e incide en la esfera de las
relaciones y de los estados jurídicos de los ciudadanos (...).
Por otra parte, en lo que respecta al ministerio público interviniente, las normas
procesales dan unas veces facultad al ministerio público para incorporarse,

142
mediante una forma de intervención, a una litis pendiente ya entre otros
sujetos; y otras veces, en cambio, imponen al ministerio público la
obligación de intervenir en causa, cuando se discutan relaciones o estados
jurídicos en que al lado del interés privado haya un interés público (...).
En cuanto a las atribuciones del ministerio público requirente, puede ocurrir
siempre, en materias en que exista un interés de derecho público, que el
ministerio público deba ser oído, a fin de que exprese su dictamen en una
forma (...) que se llama requisitoria.
(...) Bajo este concepto (requisitoria) se quiere hacer referencia únicamente
a las conclusiones que sobre determinado negocio formula el ministerio
público, dando su dictamen positivo o negativo” (ROCCO, 1976,
Volumen II: 161-163).
De acuerdo a lo normado en el artículo 113 del Código Procesal Civil, el
Ministerio Público ejerce las siguientes atribuciones:
1. Como parte.
2. Como tercero con interés, cuando la ley dispone que se le cite.
3. Como dictaminador.
Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar, acerca
de la actuación del Ministerio Fiscal (Público) como parte, expresan que:
“Es aquí donde cabe referirse propiamente a la publicización de los
derechos, por cuanto el Ministerio fiscal asume con plenitud la
condición de parte, si bien se trata de una parte especial, dado que su
interés no es privado, actuando en defensa del interés general. (…) El
Ministerio fiscal (…) defiende los intereses de la sociedad, atendido el
hecho de que ésta ha reflejado cuál es su interés en la ley, y siguiendo
los principios de unidad y dependencia.
En su actuación procesal el Ministerio fiscal ostenta la representación y la
defensa conjuntamente, y no puede realizar actos de disposición del
derecho material (renuncia, allanamiento), aunque sí del proceso
(desistimiento). En todo caso podrá oponerse a la realización de actos
dispositivos por las partes privadas (aunque éstos, normalmente, no
pueden realizarse en los procesos en que él interviene, por ser de
naturaleza no dispositiva).

143
La actuación del Ministerio fiscal depende de la existencia de una norma
concreta que le confiera legitimación…” (MONTERO AROCA;
GOMEZ COLOMER; MONTON REDONDO; y BARONA VILAR,
2003, Tomo II: 111).
Calamandrei, en cuanto a la participación del Ministerio Público en el
proceso como interviniente (o tercero con interés), expone lo siguiente: “... Así
como el M.p. agente está instituido para suplir la posible inactividad inicial de
los demás legitimados para accionar, así también el M.p. interviniente (...) está
instituido para suplir, en el curso del proceso ya iniciado, la deficiente o colusiva
actividad instructoria de las otras partes. En un proceso, concebible en teoría, en
que fuese incondicionadamente reconocido al juez el poder oficial de proceder y
de inquirir sin demanda de parte, no habría necesidad de un órgano de impulso
como es el M.p. agente o interviniente: sólo en un proceso (...) en que el juez no
puede proceder inicialmente de oficio (nemo iudex sine actore), ni puede en el
curso del proceso indagar fuera de los límites constituidos por las demandas de
las partes (ne eat iudex ultra petita partium) (...), hay necesidad de un órgano,
complementario del juez, como el M.p., creado para corregir o atenuar, en los
casos en que el interés público lo reclame, la institucional pasividad del juez, que,
a fin de conservar intacta su imparcialidad no puede moverse sino cuando otros
lo estimulen (...). Como el M.p. agente está instituido para poner el interés
público a cubierto de los inconvenientes que podrían seguirse de una rígida
aplicación del principio ‘nemo iudex sine actore’, cuando la legitimación para
accionar sólo estuviese reconocida a los particulares, así también el M.p.
interviniente está instituido para salvaguardar el interés público de los peligros
de una intransigente observancia de la regla ‘ne eat iudex ultra petita partium’,
‘iudex secundum allegata et probata decidire debet’, cuando los poderes de
iniciativa instructoria estuviesen enteramente encomendados a las partes
privadas” (CALAMANDREI, 1962, Volumen II: 453-454). El referido autor
concluye señalando que:
“La intervención necesaria (...) está prescrita para todas las causas en que
el M.p. hubiese estado legitimado para accionar (...). Cuando en una de
tales causas la iniciativa del proceso ha sido tomada por otro legitimado,
el M.p. debe participar en carácter de interviniente en el mismo proceso
que, si no se le hubiesen adelantado, hubiera podido iniciar como actor.
La intervención necesaria (...) atañe (...) (además) a toda una serie de causas
que la ley especifica: respecto de las cuales el M.p., aun no estando
legitimado para accionar, debe, sin embargo, participar como

144
interviniente cuando el proceso ha sido iniciado por otro...”
(CALAMANDREI, 1962, Volumen II: 459-460).
Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar,
respecto de la actuación del Ministerio Fiscal (Público) como dictaminador,
anotan lo siguiente:
“En ocasiones se ha hablado de que ‘asesora’ al órgano jurisdiccional, pero
esta pretendida explicación supone alterar todo el sistema de la
actuación jurisdiccional basada en el conocimiento y aplicación del
derecho objetivo por el juez. Posiblemente la explicación provenga de
que estamos ante una situación intermedia; el interés público no llega
al extremo de legitimar al Fiscal, pero la existencia de aquél hace
conveniente que el juez tenga conocimiento de cuál es la opinión del
Ministerio fiscal en el caso concreto.
El dictamen puede referirse tanto a la aplicación del derecho material como
a la del procesal...” (MONTERO AROCA; GOMEZ COLOMER;
MONTON REDONDO; y BARONA VILAR, 2003, Tomo II: 113).
Rocco, en lo respecta a la participación del Ministerio Público en el proceso
como requirente (o dictaminador), enseña que:
“... El ministerio público requirente (...) tiene la facultad y el deber de
expresar su parecer en asuntos de diversa índole.
De ordinario, tales funciones le son atribuidas en materia de jurisdicción
voluntaria, en la cual tiene que dar su dictamen acerca de todos los
asuntos referentes a menores, a la patria potestad, (...) y en muchos otros
casos, como la legitimación, la adopción, etc.
En todos estos casos, y en muchos otros concernientes a la tutela de los
incapaces y de los ausentes, el ministerio público expresa su dictamen
acerca de la conveniencia y legalidad de los actos” (ROCCO, 1976,
Volumen II: 165).
En los casos en que, por disposición legal, el representante del Ministerio
Público deba emitir dictamen (que no es sino la opinión del representante del
Ministerio Público acerca de la cuestión materia de debate judicial), existe la
obligación por parte de aquél de fundamentar dicho dictamen (art. 114 del
C.P.C.).

145
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al dictamen del
Ministerio Público, ha establecido lo siguiente:
- “... El artículo ciento trece del Código Procesal acotado [C.P.C.] dispone
que el Ministerio Público interviene en el proceso como parte; como tercero
con interés, cuando la ley dispone que se le cite, y como dictaminador; en
consecuencia, únicamente cuando la ley establezca que la intervención del
Ministerio Público sea como dictaminador, sus representantes se
encontrarán en la obligación de emitir dictámenes debidamente
fundamentados, los mismos que podrán ser acogidos por las Salas
Superiores o Salas Supremas como parte de su fundamentación, si fallan de
conformidad o con lo expuesto en el mismo, estando a lo dispuesto en el
artículo ciento cuarentidós de la Ley Orgánica del Poder Judicial...”
(Casación Nro. 2090-01 / Huánuco, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-04-2002, págs. 8570-8571).
- “... El dictamen fiscal constituye una opinión emitida por los fiscales
respecto al fondo de la controversia o a la tramitación del proceso y por tanto
es meramente ilustrativo al no resolver la controversia planteada
ante sede judicial” (Casación Nro. 381-99 / Cono Norte, publicada en el
- “... El Dictamen Fiscal es la opinión ilustrativa que emite el representante
del Ministerio Público y que el Juzgador toma en consideración pero que no
lo obliga...” (Casación Nro. 2426-01 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 02-02-2002, pág. 8301).
- “... El dictamen fiscal será meramente ilustrativo y su omisión no causará
nulidad procesal en los casos que expresamente señala la ley, en ese sentido
reiterada jurisprudencia ha establecido que no existe nulidad en los casos en
que se omite el dictamen Fiscal en primera instancia...” (Casación Nro.
3316-2000 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-10-2001,
págs. 7779-7780).
- “... El Dictamen Fiscal si bien debió emitirse, su omisión no es causal de
nulidad, por su carácter ilustrativo y no determinante del criterio judicial...”
(Casación Nro. 411-07 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 31-05-2007, pág. 19398).
- “... En lo que respecta a la omisión del dictamen fiscal, es necesario remarcar
que [...] no acarrea nulidad cuando no incide en el fondo del asunto, esto es

146
cuando no afecta el sentido del fallo...” (Casación Nro. 3937-2006 /
Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3101-2007, pág.
18728).
- “... Al declararse la nulidad de la sentencia de primera instancia por la
omisión del dictamen del Fiscal Provincial se infringe las formas esenciales
para la eficacia y validez de los actos procesales, porque al no resolverse
sobre la materia controvertida, se atenta contra los principios de finalidad
del proceso, celeridad y economía procesal previstos en los artículos tercero
y quinto del Título Preliminar del Código Procesal Civil...” (Casación Nro.
págs. 7779-7780).
- “... La falta de dictamen [fiscal] acarreará la nulidad sólo en aquellos casos
[...] respecto de los cuales la Ley lo ha señalado así expresamente...”
Peruano el 30-09-2008, págs. 23145-23147).
- “... El dictamen fiscal es sólo una opinión que no es vinculante para el
órgano jurisdiccional...” (Casación Nro. 2523-2005 / Lambayeque,
- “... No puede considerarse que el dictamen del Fiscal [...] haya tenido fuerza
vinculante para el Colegiado Superior, pues, éste se encuentra facultado para
apartarse de lo que se pueda haber opinado en el mencionado dictamen, sin
que ello signifique una afectación al debido proceso...” (Casación Nro.
pág. 17390).
- “... El dictamen fiscal no constituye un medio probatorio que, como tal, se
encuentre destinado a acreditar los hechos expuestos por las partes,
produciendo certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos,
conforme a los términos que se exponen en el artículo ciento ochentiocho
del Código Procesal Civil, toda vez que el dictamen fiscal es sólo una
opinión que emite el representante del Ministerio Público en materias de
interés público [...]; y si bien sus opiniones deben ser tomadas en cuenta por
los magistrados al emitir sentencia, éstos no se encuentran obligados a
sentenciar conforme a lo opinado en el dictamen respectivo...” (Casación
Nro. 1694-2006 / Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-07-
2007, págs. 19704-19705).

147
4. RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO
Los representantes del Ministerio Público incurren en responsabilidad civil
si en el ejercicio de sus funciones actúan con negligencia, dolo o fraude (art. 118
-parte inicial- del C.P.C.).
El proceso de responsabilidad civil de los miembros del Ministerio Público
se sustancia de la misma manera que el proceso de responsabilidad civil de los
Jueces (art. 118 -in fine- del C.P.C.), vale decir, en vía abreviada, siéndoles
aplicables, en lo que sea pertinente, las disposiciones legales contenidas en el
Sub-Capítulo 3° (“Responsabilidad civil de los Jueces”) del Título II (“Proceso
abreviado”) de la Sección Quinta (“Procesos contenciosos”) del Código Procesal
Civil, en los arts. 509 al 518.
5. EXCUSACION Y ABSTENCION DEL MINISTERIO PUBLICO
Si bien los fiscales no pueden ser recusados por las partes (art. 117 -in fine-
del C.P.C.), tienen la obligación de excusarse o abstenerse de intervenir en el
proceso si están inmersos en alguna de las causales de impedimento o recusación
que operan tratándose de los Jueces. Así tenemos que, en aplicación de los
artículos 117, 305, 307 y 313 del Código Procesal Civil, un representante del
Ministerio Público debe excusarse o abstenerse de intervenir en el proceso en los
siguientes casos:
A) Cuando ha sido parte anteriormente en el proceso (arts. 117 y 305 -inc. 1)-
del C.P.C.).
B) Cuando él o su cónyuge o concubino, tiene parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de adopción con alguna de
las partes o con su representante o apoderado o con un abogado que
interviene en el proceso (arts. 117 y 305 -inc. 2)- del C.P.C.).
C) Cuando él o su cónyuge o concubino, tiene el cargo de tutor o curador de
cualquiera de las partes (arts. 117 y 305 -inc. 3)- del C.P.C.).
D) Cuando ha recibido él o su cónyuge o concubino, beneficios, dádivas de
alguna de las partes, antes o después de empezado el proceso, aunque ellos
sean de escaso valor (arts. 117 y 305 -inc. 4)- del C.P.C.).
E) Cuando ha conocido el proceso en otra instancia, salvo que haya realizado
únicamente actos procesales de mero trámite (arts. 117 y 305 -inc. 5)- del
C.P.C.).

148
F) Cuando es amigo íntimo o enemigo manifiesto de cualquiera de las partes,
demostrado por hechos inequívocos (arts. 117 y 307 -inc. 1)- del C.P.C.).
G) Cuando él o su cónyuge o concubino o su pariente en la línea directa o en la
línea colateral hasta el segundo grado, primero de afinidad o adoptado,
tienen relaciones de crédito con alguna de las partes; salvo que se trate de
persona de derecho o de servicio público (arts. 117 y 307 -inc. 2)- del
C.P.C.).
H) Cuando él o su cónyuge o concubino, son donatarios, empleadores o
presuntos herederos de alguna de las partes (arts. 117 y 307 -inc. 3)- del
C.P.C.).
I) Cuando haya intervenido en el proceso como apoderado, miembro del
Ministerio Público, perito, testigo o defensor (arts. 117 y 307 -inc. 4)- del
C.P.C.).
J) Cuando tiene interés directo o indirecto en el resultado del proceso (arts. 117
y 307 -inc. 5)- del C.P.C.).
K) Cuando exista proceso vigente entre él o su cónyuge o concubino con
cualquiera de las partes, siempre que no sea promovido con posterioridad al
inicio del proceso (arts. 117 y 307 -inc. 6)- del C.P.C.).
L) Cuando se presentan motivos que perturban la función del representante del
Ministerio Público, en cuyo caso se abstendrá por decoro o delicadeza (arts.
117 y 313 del C.P.C.).
La Ley Orgánica del Ministerio Público señala al respecto, en su artículo 19,
que los Fiscales no son recusables, pero deberán excusarse, bajo responsabilidad,
de intervenir en una investigación policial o en un proceso administrativo o
judicial en que directa o indirectamente tuviesen interés, o lo tuviesen su
cónyuge, sus parientes en línea recta o dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, o por adopción, o sus compadres o ahijados, o su
apoderado en el caso a que se refiere el inciso c) del artículo 20 de la indicada
Ley Orgánica del Ministerio Público (según el cual los miembros del Ministerio
Público no pueden defender como abogado o prestar asesoramiento de cualquier
naturaleza, pública o privadamente, y cuando tuvieren que litigar en causa propia
que no tuviese relación alguna con su función, otorgarán poder).

149
CAPITULO III
LAS PARTES Y SU REPRESENTACION
EN EL PROCESO
1. PARTE DEMANDANTE
En principio, como lo hace notar Gimeno Sendra:
“Partes no son todos los sujetos que intervienen en el proceso, sino
únicamente quienes interponen la pretensión y se oponen a ella.
En efecto, el proceso sirve para obtener la tutela judicial de las pretensiones
declarativas, constitutivas o de condena (…), que decida interponer el
demandante ante el tribunal competente ‘y frente a los sujetos a quienes
haya de afectar la resolución pretendida’ (…).
(…) El concepto de parte presupone una titularidad o cierta situación con
respecto a la relación jurídico material debatida (…) y se determina en
función de las expectativas de declaración, realización o transformación,
por la sentencia, de dicha relación material o, lo que es lo mismo, por
los efectos materiales de la cosa juzgada.
Son, pues, partes en un proceso, quienes han de verse expuestos a los efectos
materiales de la futura Sentencia. Por ello, el concepto de parte se
diferencia claramente del de tercero, quien puede intervenir también en
el proceso (por ejemplo, en calidad de testigo o de perito), pero quien, a
diferencia de las partes, ni es titular de derecho subjetivo, ni ha de
cumplir obligación alguna derivada de la relación jurídico material
debatida, ni ostenta interés legítimo derivado de dicha relación, ni ha de
soportar, en su esfera patrimonial o moral, los efectos ulteriores de la
sentencia.
Así, pues, las partes son, quienes, por ostentar o la titularidad de los derechos
y obligaciones o algún interés legítimo en una determinada relación
jurídica discutida, interponen, a través de la demanda (actor o
demandante), su pretensión o se oponen a ella, mediante el escrito de
contestación (el demandado). Pero, junto a estas partes iniciales, (…)

150
pueden aparecer o intervenir otras en el curso del proceso que ostenten
dicha titularidad de la relación jurídica o incluso, sin serlo, mantengan
un interés con respecto al objeto procesal, que les permita comparecer,
en calidad de parte principal o subordinada, dentro del proceso.
El concepto y el estatus jurídico de las partes vienen, pues, determinados por
la legitimación…” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 99-100).
Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín, sobre las partes del proceso
civil, hacen estas acotaciones:
“Partes son los sujetos del proceso que solicitan la tutela jurisdiccional y
aquellos frente a los cuales se reclama y que han de quedar afectados por
el resultado definitivo. No se identifican con las partes de la relación
jurídica material porque en el sentido que nos ocupa tiene un concepto
eminentemente formal de manera que lo decisivo es la posición procesal
de pedir en un proceso, de defenderse en el mismo, de actuar en
definitiva y que puede coincidir o no con la titularidad de un
determinado derecho, porque el concepto procesal de parte está
íntimamente unido al de acción, entendida como derecho de acudir a los
Tribunales, y poner en marcha la actividad jurisdiccional, que en
principio es muy amplio y corresponde a todo aquel que afirme la
existencia de un derecho que precisa protección, y que tenga relación
con el objeto del proceso, sin perjuicio de que le corresponda o no, pues
a ello es a lo que va dirigido el proceso que ha de sustanciarse.
Tampoco puede confundirse con el de interesado que en un determinado
asunto pueden ser muchas personas y sólo alguna (sic) de ellas son las
que acudirán al proceso con una petición concreta, y sólo éstas son las
que tienen la calidad de parte.
Partes son las personas, entidades o grupos que en nombre propio piden una
determinada declaración jurisdiccional. El representante no actúa en
nombre propio y por eso no es parte. Sí lo es, el sustituto que actuando
un derecho ajeno, pide en nombre propio como el supuesto (…) que
permite a los acreedores ejercitar acciones del deudor.
(…)
Las partes se identifican con los sujetos que solicitan la tutela judicial
efectiva, a través del proceso en el que aparecen afectados, y que es
preciso distinguir de aquellos otros que también intervienen en el

LAS PARTES Y SU REPRESENTACION EN EL PROCESO
151
proceso, como los que les asisten (abogados y procuradores), o los que
sirven en los juzgados y tribunales (jueces y funcionarios), o los que
colaboran (como los testigos o los peritos). En el proceso judicial se
produce una representación histórica de hechos, a través de unos actores
y directores y figurantes. Pero partes sólo son aquellos que piden la
resolución de su problema, y los que se defienden frente a estas
peticiones, resultando afectados por la sentencia que se dicte” (GOMEZ
DE LIAÑO GONZALEZ; y PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000, Tomo I:
287-288).
Según Casarino Viterbo, “... la parte que pide la declaración o protección de
su derecho recibe el nombre de demandante...” (CASARINO VITERBO, 1983,
Tomo III: 36).
Oderigo estima que el actor o demandante “es la persona del derecho privado
que mediante el proceso civil pide a propio nombre la actuación de la ley civil, en
favor suyo o de otra persona a la que necesariamente represente por ministerio de
la ley” (ODERIGO, 1989, Tomo II: 182).
Casarino Viterbo precisa que “... la intervención en juicio en calidad de
demandante es un acto procesal entregado a la simple voluntad del propio
demandante; él es el dueño o no de ejercitar la acción de que se trata, y, al no
hacerlo, no correrá otro riesgo que el de la prescripción extintiva de su propia
acción” (CASARINO VITERBO, 1983, Tomo III: 42).
2. PARTE DEMANDADA
El demandado “es la contrafigura procesal del actor, su réplica con signo
contrario: es la persona que a nombre propio resiste la actuación de la ley civil
pretendida por aquél, en defensa suya o de otra persona a la que necesariamente
represente por ministerio de la ley” (ODERIGO, 1989, Tomo II: 187).
Casarino Viterbo señala al respecto que “la parte en contra de la cual se pide
esta declaración o protección (del derecho) recibe el nombre de demandado...”
(CASARINO VITERBO, 1983, Tomo III: 36). El mencionado autor advierte que
“... la intervención en juicio en calidad de demandado depende única y
exclusivamente de la voluntad del demandante, al pretender accionar en su contra
y atribuirle esta calidad de demandado, aun en contra de sus deseos” (CASARINO
VITERBO, 1983, Tomo III: 42).
3. COMPARECENCIA AL PROCESO

152
“La ‘comparecencia’, término de carácter procesal, es el acto por el cual una
persona se dirige a un Tribunal de Justicia solicitando su actuación
para la defensa de sus derechos, el ejercicio de sus facultades o la
autorización de sus actos. Representa, pues, el ejercicio de la facultad
que los individuos tienen para servirse de los Tribunales de Justicia, o,
en otras palabras, la solicitación dirigida al Tribunal para que ejerza su
jurisdicción y competencia sobre el asunto que interesa al solicitante”
(BRAIN RIOJA, 1943: 29-30).
Casarino Viterbo, en cuanto a la noción de comparecencia al proceso, enseña
que:
“... La palabra comparecencia, jurídicamente, tiene un doble sentido: uno
amplio y otro restringido.
Comparecencia, en sentido amplio, significa el acto de presentarse alguna
persona ante el juez, ya sea espontáneamente para deducir cualquiera
pretensión o para hacerse parte en un negocio, ya en virtud de
llamamiento o intimación de la misma autoridad que lo obligue a hacerlo
para la práctica de alguna diligencia judicial.
Así, se dice que comparecen ante los tribunales no sólo las partes directas,
sino también las partes indirectas o terceros; comparecen, además, ante
los tribunales los interesados en los negocios pertenecientes a la
jurisdicción voluntaria; y comparecen, por último, los peritos y los
testigos, los cuales, sabemos, son totalmente ajenos a las partes mismas.
En sentido restringido, en cambio, comparecencia es el acto de presentarse
ante los tribunales de justicia ejerciendo una acción o defensa, o bien
requiriendo su intervención en un acto perteneciente a la jurisdicción no
contenciosa...” (CASARINO VITERBO, 1983, Tomo III: 53).
4. CAPACIDAD PARA SER PARTE DEL PROCESO
Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín aseveran que “... la
capacidad para ser parte, es un concepto paralelo al de capacidad jurídica en el
derecho civil, que viene referido a la aptitud para ser titular de la acción, y en este
sentido la ostentan todas las personas físicas que gozan de personalidad hasta el
momento de extinguirse por la muerte, (…) e incluso el concebido y no nacido
como se le ha de tener por nacido para todos los efectos que le sean favorables,

153
(…) podrá tener la condición de parte” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ; y
PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000, Tomo I: 289).
Lino Palacio, en relación a la capacidad para ser parte, sostiene que “... este
tipo de capacidad, en tanto se refiere a la posibilidad jurídica de figurar como
parte en un proceso, constituye una proyección, en el orden procesal, de la
capacidad de derecho genéricamente considerada. Se la puede definir, por lo
tanto, como la idoneidad reconocida por el ordenamiento jurídico para ser titular
de derechos y de deberes procesales. De lo cual se sigue que la capacidad jurídica
procesal y la capacidad para ser parte constituyen conceptos substancialmente
equivalentes” (PALACIO, 1983, Tomo III: 20).
Gimeno Sendra estima que “la capacidad para ser parte es la aptitud requerida
por la Ley para poder ser demandantes o demandados, ostentar la titularidad de
los derechos, obligaciones, posibilidades procesales y cargas procesales y asumir
las responsabilidades y efectos que del proceso se deriven y, de modo especial,
los efectos materiales de la cosa juzgada” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I:
101). El citado jurista añade que “... la capacidad para ser parte se corresponde
con la capacidad jurídica del Derecho Civil (…) y, desde luego, asiste a todos los
sujetos del Derecho: tanto a las personas físicas, cuanto a las jurídicas…”
(GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 101).
Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández dicen de la capacidad para ser
parte lo siguiente:
“... Capacidad para ser parte es la aptitud para ser titular de todos los
derechos procesales y asumir las cargas y responsabilidades inherentes
al proceso civil. O, con otras palabras, es la aptitud para pedir la tutela
de los tribunales civiles (afirmar acciones) y resultar afectado por la
decisión jurisdiccional relativa a la tutela jurídica pretendida.
(...)
(...) Cuando se habla de capacidad para ser parte (...), la susodicha
capacidad no guarda relación con lo que sea objeto concreto de
concretos procesos, sino que debe tratarse de una capacidad, aptitud o
cualidades predicable o no de unos entes u otros al margen de litigios
específicos, de una capacidad, determinable, sí, en función del proceso
en abstracto o, cuando menos, de un tipo de procesos, genéricamente.
Mediante la capacidad para ser parte establecemos, pues, quiénes, al
atribuírseles tal aptitud, pueden ser partes de toda clase de procesos o de

154
un conjunto abstracto de ellos, aunque nunca, histórica y realmente,
lleguen a litigar...” (DE LA OLIVA; y FERNANDEZ, 1990, Volumen
I: 383-384).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código Procesal Civil,
tienen capacidad para ser parte material en un proceso:
- Toda persona natural o jurídica.
- Los órganos constitucionales autónomos (como, por ejemplo, el
Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de
Elecciones, etc.).
- La sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio
autónomo. (Este se da -según el art. 65 del C.P.C.- cuando dos o más
personas tienen un derecho o interés común sobre un bien, sin constituir
una persona jurídica). Además de las mencionadas, son formas de
patrimonio autónomo las situaciones de copropiedad y la de los bienes
de asociaciones, comités y fundaciones irregulares.
5. CAPACIDAD PROCESAL O “LEGITIMATIO AD PROCESSUM”
La capacidad procesal (o capacidad para comparecer en un proceso o
capacidad de obrar procesal o “legitimatio ad processum”) es equivalente a la de
obrar o de ejercicio y representa la aptitud para comparecer por sí mismo
(directamente) o como representante -legal o voluntario- de otro. Significa, pues,
la facultad de ejercitar derechos civiles (y, por ende, procesales) ante el Poder
Judicial.
A decir de Rosenberg, “capacidad procesal es la capacidad para ejecutar y
recibir con eficacia todos los actos procesales, por sí mismo o mediante
representante designado por uno mismo (...), para sí o para otro...”
(ROSENBERG, 1955, Tomo I: 241).
Según Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín, “… la capacidad
procesal constituiría un grado superior a la capacidad para ser parte y se concreta
en la necesaria para poder comparecer en juicio y realizar eficazmente actos pro-
cesales” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ; y PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000,
Tomo I: 290).
Prieto-Castro y Ferrándiz señala al respecto lo siguiente:

155
“... La capacidad de obrar procesal, también llamada capacidad procesal
simplemente (...) es la de ser sujeto activo en el proceso.
(...)
Es, pues, esta capacidad (...) la de estar o comparecer en juicio (legitimatio
ad processum).
Un concepto completo de la capacidad de obrar procesal sería éste: Es la que
se reconoce, a los sujetos con capacidad de obrar civil, como aptitud
para comprender la trascendencia de los actos procesales y para
hacerse cargo de sus consecuencias, como también para realizar
válidamente tales actos” (PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, 1980,
Volumen 1: 64-65).
Lorca Navarrete, acerca de la capacidad de obrar procesal, hace estas
aseveraciones:
“(La) llamada capacidad de obrar procesal (…) o capacidad para
comparecer faculta, al que ya posee personalidad procesal y existe para
el derecho procesal para poder actuar eficazmente en el proceso de la
función jurisdiccional, es decir, que para poder realizar actos procesales
y, en definitiva, para poder personarse no basta con tener capacidad
para ser parte, es preciso además, tener un grado más de capacidad, esto
es, la capacidad procesal o capacidad de obrar procesal.
Por tanto, una cosa es poder figurar como parte en un proceso y otra distinta
es poder actuar e intervenir o comparecer en el proceso.
La regla general consiste en que solo pueden personarse o comparecer en
juicio los que estén en el pleno ejercicio de su personalidad procesal.
Ya no se trata de existir para el derecho procesal al obtener la personalidad
procesal, cuanto más bien, que quienes tienen personalidad procesal
o se hallan en el pleno ejercicio de la misma con plenitud de derechos
civiles puedan personarse y comparecer en un proceso.
(…)
Es el concepto de personalidad procesal el que le permite, a quien es persona
con plenitud de derechos civiles, a comparecer procesalmente.

156
De ahí que la capacidad de comparecer en el proceso integra la personalidad
procesal permitiendo que quien la posee pueda personarse en el proceso”
(LORCA NAVARRETE, 2000: 104-105).
6. LA “LEGITIMATIO AD CAUSAM”
Para Gozaíni, “... la legitimación ‘ad causam’, implica, además de la
asignación propia del derecho subjetivo, la naturaleza efectiva de reclamarlo por
sí y para sí” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 1: 380). Dicho autor añade que
la legitimatio ad causam “... supone que el interesado ha tomado parte en la
relación jurídica que da origen al objeto del proceso. Sería aproximadamente la
situación individual de cada interviniente la que en su relación con el hecho
principal otorga legitimación en la causa...” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen
1: 381).
Al respecto, Devis Echandía enseña que:
“Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de
conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las
pretensiones contenidas en la demanda (...), por ser el sujeto activo o
pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal
imputado, que deben ser objeto de la decisión del juez, en el supuesto de
que aquélla o éste existan; o en ser el sujeto activo o pasivo de una
relación jurídica sustancial que autorice para intervenir en el proceso ya
iniciado.
(...) No se trata del derecho o la obligación sustancial, porque puede que
éstos no existan, y que basta con que se pretenda su existencia; por eso
puede ser perfecta la legitimación en la causa y, sin embargo, declararse
en la sentencia que dicho derecho y tal obligación (...) no existen
realmente” (DEVIS ECHANDIA, 1984, Tomo I: 310).
Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández, en relación al tema que se
examina en este punto, apuntan lo siguiente:
“... Se entiende hoy por legitimación la cualidad de un sujeto jurídico
consistente en hallarse, dentro de una situación jurídica determinada, en
la posición que fundamenta, según el Derecho, el reconocimiento a su
favor en una pretensión que ejercita (la legitimación activa) o a la
exigencia, precisamente respecto de él, del contenido de una pretensión
(legitimación pasiva).

157
(...)
(...) Hallarse un sujeto en la posición jurídica que fundamenta que
precisamente él obtenga una concreta tutela jurisdiccional (legitimación
activa), suele consistir en ser titular de un derecho subjetivo privado (que
fundamenta una acción). Y hallarse en la posición que justifica padecer
la concesión de una tutela jurisdiccional concreta (legitimación pasiva),
frecuentemente significa ser titular de un deber u obligación...” (DE LA
OLIVA; y FERNANDEZ, 1990, Volumen I: 399-400).
Muñoz Rojas afirma que la legitimación activa “... se refiere a la facultad que
tiene una persona concreta y determinada (o varias, incluso no determinadas,
como sucede en la acción popular) para asumir en un proceso la postura de
demandante...” (MUÑOZ ROJAS, 1960: 70-71). Y que “... la legitimación pasiva
hace referencia a aquella que poseen uno o varios sujetos para asumir, en un caso
concreto, la postura de demandados” (MUÑOZ ROJAS, 1960: 71).
Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín estiman que “... la
legitimación es activa, cuando va referida a la parte actora o demandante, a la
parte que pide en primer lugar y que pone en marcha el ‘iter procesal’; se
denomina pasiva cuando se refiere a la parte demandada, aquélla frente a la cual
se pide” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ; y PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000,
Tomo I: 296).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la legitimación
para obrar, ha establecido lo siguiente:
- “... La legitimación procesal es la capacidad de ejercicio, en el proceso, de
los derechos civiles; es la aptitud que tiene la persona de obrar directamente
en un proceso como parte, defendiendo sus derechos...” (Casación Nro.
5003-2007 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 0309-2008,
págs. 22951-22952).
- “... La legitimación procesal es un elemento propio de la sentencia ya que la
legitimación determina la persona que tiene el derecho para demandar o ser
demandado...” (Casación Nro. 2602-2000 / La Libertad, publicada en el
- “... Sólo quienes han intervenido en la relación material o sustantiva están
legitimados para intervenir en la relación procesal...” (Casación Nro. 3141-
2002 / Huánuco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-11-2004,
págs. 12985-12986).

158
- “... La legitimatio ad causam está ligada al legítimo interés económico y
moral que exige el artículo sexto del Título Preliminar del Código Procesal
Civil para poder ejercitar una acción, la cual a su vez, activa el derecho a la
tutela judicial para que se resuelva el conflicto jurídico generado entre las
partes. [...] el interés para obrar está constituido por la necesidad de acudir
ante un Juez cuando se han agotado todas las posibilidades de solucionar el
conflicto en vía o forma distinta, de allí que la comprobación al inicio del
proceso de la coincidencia de la relación jurídica procesal con la relación de
derecho sustantivo no es condición ni presupuesto de la acción, pues sólo se
establecerá ello en el momento en que se pronuncie la sentencia, por ende
estar legitimado en la causa significa tener derecho a exigir que se resuelva
sobre las peticiones propuestas en la demanda...” (Casación Nro. 2315-02 /
Puno, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-06-2005, págs. 14329-
14330).
- “... La denominada ‘legitimatio ad causam’ es un requisito esencial para el
ejercicio de la acción; en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las
personas que actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita
para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva)
respecto de la materia [...] sobre la cual versa el proceso; por tanto dicha
legitimación de las partes corresponde a la cualidad que les asiste para
accionar y que los habilita legalmente para asumir su posición procesal...”
Peruano el 30-05-2008, págs. 22208-22209).
- “... La legitimidad ‘ad causam’ es la titularidad que tiene la persona respecto
del derecho que demanda; es un elemento de procedencia de la pretensión
jurídica demandada. En caso que la parte actora no tenga la legitimatio ad
causam, la acción será, evidentemente, improcedente...” (Casación Nro.
págs. 22951-22952).
- “... La legitimatio ad causam es un presupuesto sustancial, es decir, un
presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, pues contempla la
relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado
y el interés perseguido en el juicio...” (Casación Nro. 5123- 2007 / Lima,
- “... La legitimidad para obrar es una de las condiciones del ejercicio válido
de la acción y [...] ha sido conceptuada de distintos modos: a) como la
relación lógica de correspondencia que existe o debe existir entre el

159
demandante concretamente considerado y la persona a quien en abstracto la
norma jurídica confiere el derecho (legitimidad activa), o entre el demandado
concretamente considerado y la persona que en abstracto debe cumplir una
obligación (legitimidad pasiva); b) también como la posición habilitante para
formular una pretensión o para contradecirla, y que surge de la afirmación de
ser titular de un derecho (legitimidad activa) o de la imputación de una
obligación o deber jurídico (legitimidad pasiva). En consecuencia, cuando el
Juez examina si el demandante tiene o no legitimidad para obrar, debe
verificar si existe esa relación formal de correspondencia; o, en la otra
acepción, si es la persona habilitada para formular la pretensión que
demanda...” (Casación Nro. 1494-2007 / Lima, publicada en el Diario Oficial
- “... La legitimidad para obrar [...] está dada por el título que tiene un litigante
para reclamar algún derecho que haya sido afectado en su perjuicio y que
justifique su petición...” (Casación Nro. 2346-00 / Lima, publicada en el
- “... La legitimidad para obrar o legitimatio ad causam, consiste en la aptitud
para ser sujeto de derecho en una determinada controversia judicial y poder
actuar en ella eficazmente, aptitud que la tiene quien afirma ser el sujeto de
la relación jurídica o que se encuentra en situación de reclamar o de ser
destinatario del reclamo...” (Casación Nro. 2704-2007 / Arequipa, publicada
- “... La legitimidad para obrar es la cualidad emanada de la ley para requerir
una sentencia favorable respecto del objeto litigioso, situación que coincide
en la mayoría de los casos [...] con la titularidad de la relación jurídico -
sustancial...” (Casación Nro. 3954-2001 / Santa - Chimbote, publicada en el
- “... La legitimidad activa para obrar [...] corresponde a quien es titular de un
derecho, ya sea para ejercitarlo o para defenderlo, correspondiendo al actor
invocar interés y legitimidad para obrar [...]. [...] En otros términos la
legitimidad para accionar se establece con la simple constatación de que el
actor ha deducido en juicio una relación jurídica afirmando que él y el
demandado son los sujetos de ella, puesto que la legitimación en causa es una
condición para la fundamentación material del derecho en la persona del
actor...” (Casación Nro. 303-2004 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial

160
- “... Nuestro Código Procesal Civil, en el artículo IV de su Título Preliminar,
establece que la legitimidad para obrar del demandante es una condición de
la acción y como tal constituye uno de los elementos esenciales que deben
tenerse en cuenta para efecto del saneamiento procesal y establecimiento
certero por el juez de la causa, acerca de la existencia en el proceso [...] de
una relación jurídica procesal válida, entendida ésta como la correcta relación
jurídica que debe existir entre las partes que intervienen en el proceso y el
juez de la causa (capacidad procesal, competencia, requisitos de la demanda,
legitimidad e interés para obrar). Sólo cuando ello sea así, el Juez del proceso,
llegado el momento, puede expedir un pronunciamiento sobre el fondo de la
controversia, declarando el derecho de las partes...” (Casación Nro. 2936-
2006 / Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-10-2007, pág.
20816).
- “... La denominada ‘legitimatio ad causam’ constituye un requisito
fundamental para el ejercicio de la acción, y es la cualidad emanada de la
ley para requerir una resolución favorable respecto del objeto litigioso,
situación que debe coincidir con la titularidad de la relación jurídico -
sustancial; contrario sensu, la falta de legitimación para obrar consiste en la
ausencia de esa cualidad, porque no existe identidad entre la persona del
demandado y aquella a favor de quien la acción está concedida o entre la
persona del demandante y aquella contra la cual se concede; es decir, cuando
no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el
proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para
pretender o para contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el
proceso...” (Casación Nro. 5425-2007 / Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-12-2008, págs. 23369-23370).
- “... Existe falta de legitimidad para obrar cuando no media coincidencia entre
las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las
cuales la ley [...] habilita especialmente para pretender o para contradecir,
respecto de la materia sobre la cual versa el proceso...” (Casación Nro. 3954-
2001 / Santa - Chimbote, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-07-
2002, 9043-9044).
- “... Conforme a la primera parte de dicho numeral del ordenamiento procesal
civil (del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil) el
proceso se promueve sólo a instancia de parte, la que invocará interés y
legitimidad para obrar. Dicho precepto legal no exige la probanza rigurosa
con la demanda de la legitimidad para obrar invocada. En todo caso, ese

161
requisito de fondo de la demanda deberá ser evaluado al resolver el fondo de
la causa, salvo que a criterio del juzgador el demandante careciera
evidentemente de legitimidad para obrar (artículo 427, inciso 1, del Código
Procesal Civil)...” (Casación Nro. 3419-2001 / Lambayeque, publicada en el
- “... En forma excepcional, en la sentencia el Juez se puede pronunciar sobre
la validez de la relación procesal, emitiendo una resolución inhibitoria, [...]
la falta de legitimidad para obrar del demandante (así como del demandado),
si bien debe ser examinada al calificarse la demanda, vía excepción o en el
saneamiento del proceso, también cabe la posibilidad de que el Juzgador la
examine de oficio, al momento de expedir sentencia de primera y segunda
instancia, en atención a la facultad legal señalada; por consiguiente, el Juez
puede efectuar control de oficio tanto de los presupuestos procesales como
de las condiciones del ejercicio válido de la acción...” (Casación Nro. 1662-
04 / Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-12-2004, pág.
13285).
7. EL ESTADO COMO PARTE PROCESAL
De acuerdo al principio de socialización del proceso que postula la igualdad
entre las partes (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Civil) y que
reposa en el derecho fundamental de la persona a la igualdad ante la ley
(contemplado en el artículo 2 -inciso 2)- de la Constitución Política de 1993), y
en virtud del artículo 59 del Código Procesal Civil, tanto el Estado como sus
dependencias, o las empresas públicas y privadas con participación determinante
de aquél, intervendrán en el proceso sin gozar de privilegio alguno, a no ser que
el mismo Código Procesal Civil lo conceda expresamente (como efectivamente
sucede, por ejemplo, en los casos de exención de la condena en costas y costos -
art. 413 del C.P.C.-, exención de contracautela -art. 614 del C.P.C.- e
improcedencia de medidas cautelares para futura ejecución forzada contra el
Estado -art. 616 del C.P.C.-). De esta manera el Estado comparece al proceso
como cualquier persona natural o jurídica, ya sea como sujeto pasivo o activo de
la relación jurídica procesal o como tercero.
La disposición contenida en el artículo 59 del Código Procesal Civil guarda
concordancia con lo normado en la Sétima Disposición Final de dicho cuerpo de
leyes, conforme a la cual, salvo disposición distinta de este Código, quedan
suprimidos todos los procesos judiciales especiales y todos los privilegios en
materia procesal civil en favor del Estado, el Gobierno Central y los Gobiernos

162
Regionales y Locales, sus respectivas dependencias y demás entidades de derecho
público o privado, de cualquier naturaleza.
8. SUSTITUCION PROCESAL
Se colige del artículo 60 del Código Procesal Civil, que regula lo
concerniente a la sustitución procesal, que esta última es una institución jurídica
por la cual una persona puede iniciar un proceso o coadyuvar en la defensa del ya
iniciado cuando exista interés de su parte en el resultado del proceso, sin que se
precise acreditar derecho propio o interés directo en la materia discutida.
Del citado precepto legal se desprende, además, que procede la sustitución
procesal cuando el acreedor ejerce los derechos del deudor, sea en vía de acción
o para asumir su defensa: art. 1219 -inc. 4)- del Código Civil; y en los demás
casos permitidos por ley. Como se observa, la sustitución procesal fundada en el
ejercicio por parte del acreedor del derecho de acción del deudor da lugar a la
acción subrogatoria u oblicua a que se refiere el inciso 4) del artículo 1219 del
Código Civil. Así, sin acreditar derecho propio o interés directo en el objeto de
controversia, puede un tercero (acreedor, cesionario, etc.) iniciar la litis; sin
embargo, los derechos a que se hace referencia no pueden ser personalísimos sino
únicamente patrimoniales.
La acción subrogatoria u oblicua también puede darse en el caso de la sustitución
procesal basada en la defensa del demandado, y tiene relación con la intervención
coadyuvante (llamada también por la doctrina intervención por adhesión o
accesoria), contenida en el artículo 97 del Código Procesal Civil, numeral
conforme al cual: A. quien tenga con una de las partes una relación jurídica
sustancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva
las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada
desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como
coadyuvante de ella; B. esta intervención (coadyuvante) puede admitirse incluso
durante el trámite en segunda instancia; C. el tercero coadyuvante puede realizar
los actos procesales que no estén en oposición a la parte que ayuda y no impliquen
disposición del derecho discutido. Se aprecia entonces que la decisión que se
emita en el proceso en donde participa eventualmente el interviniente como
coadyuvante no está referida a él, pero sí le podrá afectar indirectamente. Esa es
la razón por la cual la actuación del coadyuvante es de carácter accesoria. Como
vemos se está ante una intervención donde existe un vínculo distanciado de la
relación jurídica sustantiva que se ventila en un proceso. Además, al igual que la
acción subrogatoria u oblicua en vía de acción, la intervención coadyuvante se
refiere a la defensa de intereses de carácter patrimonial y no personal.

163
9. CURADORIA PROCESAL
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto apuntan que “... los curadores ad litem son
defensores designados por el juez, que sustituyen a los representantes y a los
apoderados y deben ser abogados inscritos. Se les asigna a quienes no ha sido
posible vincular personalmente al proceso mediante la notificación de la primera
providencia. Se designa igualmente curador ad litem a quienes siendo incapaces
carezcan de representante, o deban litigar contra sus representantes. Los curadores
ad litem pertenecen al cuerpo de auxiliares de la justicia y gozan de todos los
poderes procesales, salvo los que se reserven a la parte y en especial de esos que
implican disposición del objeto litigioso: transigir, desistir, allanarse, confesar y
partir” (QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 24).
El curador procesal es, pues, aquella persona designada por el Juez para
comparecer en un proceso en lugar de la parte o de su representante legal por no
tener éstos capacidad procesal o no poder hacerla efectiva. El nombramiento
necesariamente recaerá en un abogado (art. 61 -primer párrafo- del C.P.C.).
La curadoría procesal procede en los siguientes casos:
A) Cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por ser
indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados,
según
lo dispuesto por el artículo 435 del Código Procesal Civil (art. 61 -inc. 1)-
del C.P.C.).
B) Cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación procesal por
incapacidad de la parte o de su representante legal (art. 61 -inc. 2)-
del C.P.C.). Al respecto, el artículo 43 del Código Civil señala que
son absolutamente incapaces: a) los menores de dieciséis años (salvo
para aquellos actos determinados por la ley); y b) los que por
cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Por su
parte, el artículo 44 del Código Civil preceptúa que son
relativamente incapaces: a) los mayores de dieciséis y menores de
dieciocho años; b) los retardados mentales; c) los que adolecen de
deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad; d) los
pródigos; e) los que incurren en mala gestión; f) los ebrios
habituales; g) los toxicómanos; y h) los que sufren pena que lleva
anexa la interdicción civil (ahora inhabilitación).

164
C) Cuando (a tenor del art. 61 -inc. 3)- del C.P.C.) exista falta, ausencia
o impedimento del representante del incapaz, según lo dispuesto por
el artículo 66 del Código Procesal Civil. Este último numeral
establece que en caso de falta, ausencia o impedimento del
representante del incapaz, se aplican las siguientes reglas: 1. cuando
el incapaz relativo no tenga representante legal o éste estuviera
ausente y surja la necesidad de comparecer en un proceso, lo
expondrá así al Juez para que le designe curador procesal o confirme
al designado por él, si lo considera idóneo; 2. cuando la demanda se
dirija contra un incapaz que carece de representante o éste se halle
ausente, el Juez le nombrará un curador procesal o confirmará el
propuesto por el incapaz relativo, si lo considera idóneo; 3. el Juez
nombrará curador procesal para el incapaz que pretenda demandar a
su representante legal, o que sea demandado por éste, o confirmará
el propuesto por el relativamente incapaz, si fuera idóneo; y 4.
también se procederá al nombramiento de curador procesal cuando
el Juez advierta la aparición de un conflicto de intereses entre el
incapaz y su representante legal, o confirmará el propuesto por el
incapaz relativo.
D) Cuando (a tenor del art. 61 -inc. 4)- del C.P.C.) no comparece el
sucesor procesal, en los casos que así corresponda, según lo
dispuesto por el artículo 108 del Código Procesal Civil. Este último
numeral versa sobre la sucesión procesal (por la cual un sujeto ocupa
el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o
pasivo del derecho discutido), desprendiéndose de dicho precepto
legal que procederá el nombramiento de curador procesal ante la
falta de comparecencia de los sucesores procesales en los casos
previstos en los incisos 1) y 2) del citado artículo 108 del Código
adjetivo, vale decir: a) cuando haya fallecido una persona que sea
parte en el proceso, sin que haya sido reemplazada por su sucesor; y
b) cuando se haya producido la extinción o fusión de una persona
jurídica, sin que sus sucesores en el derecho discutido comparezcan
en el proceso.
Puntualizamos que la actuación del curador procesal nombrado por el Juez a
pedido del interesado en los casos normados por la ley continuará mientras la
parte o su representante legal no comparezcan al proceso una vez que hayan
adquirido o recuperado su capacidad procesal. Producida la comparecencia de

165
aquéllos en la forma prevista por la ley, concluye, pues, la intervención del
curador procesal (art. 61 -in fine- del C.P.C.).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la curadoría
procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... El Curador Procesal es aquel abogado designado por el Juez para
comparecer en un proceso en lugar de la parte o de su representante
legal por no tener éstos capacidad procesal o no poder hacerla
efectiva, ejercitando de esta manera, en su representación, el
ejercicio pleno del derecho constitucional de defensa que le asiste a
todo justiciable...” (Casación Nro. 2756-2002 / Lambayeque,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-01-2005, pág.
13325).
- “... El Curador procesal es un representante, legitimado para actuar
en el proceso, con los deberes y obligaciones que la ley y la ética le
imponen a las partes. La actuación del curador procesal concluye si
la parte o su representante legal comparecen al haber adquirido o
recuperado su capacidad procesal...” (Casación Nro. 1631-2005 /
Ancash, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-08-2006,
págs. 16893-16894).
- “... El curador procesal es nombrado sólo para efectos de
representación en el proceso, más no [sic -léase mas no-] para
representarla fuera del proceso, en la celebración de actos jurídicos
sustantivos...” (Casación Nro. 502-2007 / Ica, publicada en el Diario
- “... Tal como lo dispone el artículo cincuenticinco y el inciso primero
del artículo sesentiuno del Código Procesal Civil el curador procesal
es un órgano de auxilio judicial que interviene en caso que no sea
posible emplazar válidamente al demandado por ser indeterminado
e incierto o con domicilio o residencia ignorada; [...] teniendo el
curador procesal la calidad de órgano de auxilio judicial que actúa
en defecto del demandado,
no puede tener la calidad de parte en el proceso, pues esa calidad solamente
le corresponde al emplazado, el cual en caso que se encuentre indeterminado
o se ignore su domicilio se entiende que ha sido emplazado válidamente
transcurrido el plazo de emplazamiento a que se refiere el artículo
cuatrocientos treinticinco in fine del Código Adjetivo [C.P.C.] o los plazos

166
especiales de emplazamiento establecidos para cada proceso; [...] cuando el
artículo cuatrocientos treinticinco del Código Adjetivo [C.P.C.] habla del
plazo de emplazamiento del demandado indeterminado o con domicilio
ignorado, se está refiriendo al momento en que se entiende que este
demandado resulta válidamente notificado, para lo cual se requerirá que
venza efectivamente este plazo o el que se establezca de acuerdo a cada
procedimiento...” (Casación Nro. 184-01 / Lima, publicada en el Diario
- “... Pese a que la [...] resolución [...] no conlleva el apercibimiento
correspondiente [de nombrarse curador procesal si no se absuelve el
traslado de la demanda], mediante los edictos [...] y las publicaciones
[...] se exhorta a los emplazados a absolver el traslado de la demanda
en el plazo especial de sesenta días, bajo apercibimiento de
nombrarse curador procesal; y por Resolución [...] el Juez de la
causa, haciendo efectivo un apercibimiento no decretado, lleva a
cabo el acto procesal de designar [...] curador procesal de los
demandados [...]; a quien [sic] se le declarara rebelde mediante auto
[...] por no haber contestado la demanda dentro del plazo de ley. [...]
Que, los hechos antes descritos evidencian la concurrencia de actos
que transgreden las normas esenciales del procedimiento, y
conllevan a [la] nulidad de actuados...” (Casación Nro. 220-2002 /
Cañete, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-02-2004,
págs. 11364-11365).
- “... Al fallecimiento de una persona sus bienes pasan
automáticamente a sus herederos, luego no existe razón para que se
siga el juicio de partición con un curador que lo represente (al
causante testador), quedando debidamente compuesta la causa con
el emplazamiento de todos los herederos designados...” (Casación
Nro. 1084-99 / Huancavelica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 07-01-2000, pág. 4506).
- “... El Juez de la causa emitió la resolución [...] mediante la cual
declaró procedente la devolución de la cédula dirigida al [...] co-
demandado, concediéndole un plazo a la citada accionada para que
se apersone al proceso como sucesora [...], bajo apercibimiento de
nombrarse curador procesal. [...] Que, de la parte resolutiva de la
citada resolución se desprende que en ella se ha considerado a la co-
demandada aludida como única sucesora del causante, sin tener la
certeza de que ello sea así, pues no obra en autos la sentencia recaída

167
en el proceso de declaratoria de herederos, en la que se establezca
quien o quienes [sic -léase quién o quiénes-] han sido declarados
como herederos, o que tenga la representación de los demás
integrantes de la citada sucesión. [...] Que, no obstante la
irregularidad anotada, tampoco se ha cumplido con nombrar curador
procesal conforme al apercibimiento consignado en la resolución
aludida. [...] Que, siendo esto así, se ha vulnerado el derecho de
defensa de la sucesión...” (Casación Nro. 1473-2000 / Santa,
6698).
- “... El curador procesal se extralimitó en las funciones que le
corresponden al allanarse a la pretensión del demandante, por cuanto
no existe norma alguna que lo faculte expresamente a formular
allanamiento; por tanto, éste resulta improcedente. [...] Que, [...] la
referida actuación del letrado mencionado [que ejerce la
representación legal de la codemandada en calidad de curador
procesal] no se condice con el deber [sic] de veracidad, probidad,
lealtad y buena fe, a que está obligado por mandato del artículo
ciento nueve del Código Procesal Civil, puesto que su actitud implica
una renuncia a la defensa de los intereses de su representada, aún
antes de la actuación de los medios probatorios [...]; por
consiguiente, [...] corresponde al Juez de la causa determinar la
sanción correspondiente al mencionado curador procesal, al amparo
de lo preceptuado en los artículos cincuenta y cincuentiuno del
Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 2324-2006 / Arequipa,
20762-20764).
- “... Como lo establece el artículo doscientos noventidós del Código
Adjetivo [C.P.C.], el reconocimiento de un documento privado sólo
puede ser efectuado por su otorgante o sus herederos, lo que ha sido
reconocido en la resolución expedida en la prueba anticipada, que
admite la imposibilidad jurídica de que el reconocimiento [...] sea
efectuado por el curador procesal...” (Casación Nro. 2640-2001 /
8521).
- “... La resolución [...] de dicha prueba anticipada [reconocimiento de
documento privado] por la que se señala día y hora para la audiencia
de actuación y declaración judicial, [...] no fue notificada a dicha

168
obligada [...], habiéndose notificado solamente al curador procesal,
que no podía practicar el reconocimiento; [...] a pesar de ello se ha
hecho efectivo el apercibimiento y se ha tenido por reconocida la
letra de cambio en su contenido y firma, afectando la garantía
constitucional del debido proceso, lo que determina que la prueba
anticipada no se ha tramitado
con arreglo a ley y por lo tanto no tiene mérito ejecutivo...” (Casación
04-2002, pág. 8521).
10. REPRESENTACION PROCESAL
“Todo litigante tiene el derecho de comparecer personalmente ante cualquier
juez para la defensa de sus derechos (...) pero en algunos casos es la parte misma
quien delega esa intervención en un tercero que actúa en nombre suyo, mientras
que en otros, por tratarse de incapaces de hecho, la ley impone la intervención de
la persona que integra su capacidad. En el primer supuesto existe representación
convencional, y en el segundo representación legal...” (ALSINA, 1956, Tomo I:
499-500).
Pallares, en relación a la representación procesal, explica lo siguiente:
“... Como los incapaces procesalmente no pueden comparecer ante los
tribunales con eficacia jurídica, es necesario que la ley tutele sus
derechos instituyendo la representación procesal, que no sólo puede
tener validez tratándose de los incapaces, sino también cuando las
personas que gozan de capacidad procesal, desean que un tercero las
represente en juicio, ya sea porque se encuentren ausentes, porque sus
negocios no les permitan dedicar el tiempo necesario a su propia
defensa, o porque estén impedidos a causa de enfermedad o por
cualquiera otra circunstancia.
No es forzoso por lo tanto, que los litigantes actúen por su propio derecho,
la representación procesal puede evitarlo y lo hace de dos maneras:
a).- Cuando se trata de incapaces, intervienen en el proceso sus
representantes legítimos, o sea los que conforme a ley hacen sus
veces, tales como los ascendientes respecto de sus descendientes,
los tutores con relación a sus pupilos (...) y otros casos análogos a
los anteriores.

169
b).- La representación legal debe distinguirse claramente de la
convencional que tiene lugar cuando los interesados, mediante un
poder o un mandato nombran procurador judicial que actúe por ellos
en el proceso” (PALLARES, 1979: 139).
En lo relativo a la representación procesal en general, debe tenerse presente
lo normado en el artículo 58 del Código Procesal Civil, conforme al cual:
- Tienen capacidad para comparecer por sí a un proceso o para conferir
representación designando apoderado judicial, las personas que pueden
disponer de los derechos que en él se hacen valer, así como aquellas a
quienes la ley se lo faculte. Las demás deben comparecer por medio de
representante legal.
- También pueden comparecer en un proceso, representando a otras
personas, las que ejercen por sí sus derechos.
10.1 Representación legal o necesaria en el proceso
Lino Palacio, en lo que concierne a la representación necesaria o legal en el
proceso, predica lo siguiente:
“... Cuando se trata de personas físicas procesalmente incapaces, el derecho
de postulación corresponde a sus representantes legales (padres, tutores
o curadores) (...).
Asimismo, aunque respecto de las personas jurídicas o de otras entidades
colectivas no cabe sostener que carezcan de capacidad procesal, lo cierto
es que, en razón de su propia naturaleza, están de hecho impedidas para
actuar en el proceso, debiendo asumir esa función sus representantes
legales o estatutarios (...).
En síntesis, siempre que la parte carezca de idoneidad para actuar
personalmente en el proceso, sea en razón de estar afectada por una
incapacidad o en virtud de mediar circunstancias de hecho que obsten a
su comparecencia directa, cabe hablar de representación necesaria”
(PALACIO, 1983, Tomo III: 64-65).
El indicado jurista argentino pone de relieve que “... la representación
necesaria funciona como medio de suplir la incapacidad procesal o la
ausencia de las personas físicas, o el impedimento de hecho que se opone
a la comparecencia de la multiplicidad de individuos que integran las

170
entidades sólo dotadas de existencia jurídica” (PALACIO, 1983, Tomo
III: 110).
Como se ha podido apreciar, quien carece de capacidad para comparecer en
un proceso no puede ejercitar libremente sus derechos materiales y procesales,
debiéndolo hacer a través de otra persona (que debe contar con capacidad
procesal): un representante legal (arts. 58 -primer párrafo- y 63 del C.P.C.). En
consecuencia, éste se apersonará al proceso y ejercerá los derechos o intereses de
su titular, ya sea en vía de acción o de contradicción o asumiendo la posición de
tercero, calidad en que también puede fundarse la intervención en un proceso.
En cuanto a la representación en el proceso de las personas naturales hay
que señalar, en principio, que la persona natural o física es aquella
individualmente considerada. De no tener capacidad de ejercicio tendrá que
comparecer al proceso debidamente representada por otra persona. Esta
representación se sujeta a lo que determinen las leyes pertinentes. Así, tratándose
de menores de edad la representación recaerá en sus progenitores o en alguno de
ellos, o en el (los) adoptante (s) -si fuere el caso-, que estén ejerciendo la patria
potestad (arts. 377, 419 y 423 -inc. 6)- del Código Civil). Si los menores se
encuentran sujetos a tutela, serán representados por su tutor, excepto en aquellos
actos civiles que, por disposición de la ley, puedan ejecutarlos los menores por sí
solos (art. 527 del C.C.). Se deja constancia que siempre el menor de edad
intervendrá en el proceso mediante representante, inclusive cuando exista
controversia entre ambos, supuesto en el que velará por sus intereses el curador
procesal que se le designe (art. 66 -incs. 3) y 4)- del Código Procesal Civil).
Será el curador quien se encargue de representar en juicio a las personas
mayores de edad sujetas a curatela (arts. 564 al 618 del C.C.). Tales personas son
las que se indican a continuación:
- Los que por cualquier causa se encuentran privados de discernimiento.
- Los retardados mentales.
- Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre
voluntad.
- Los pródigos.
- Los que incurren en mala gestión.
- Los ebrios habituales.

171
- Los toxicómanos.
- Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil (ahora
inhabilitación).
- El desaparecido (representándolo el curador interino, a no ser que tenga
representante o mandatario con facultades suficientes inscritas en el
Registro Público: art. 47 del C.C.).
10.2 Representación de personas jurídicas en el proceso
Las personas jurídicas (llamadas también colectivas o morales o ideales) son
entidades abstractas creadas por ley a las que el ordenamiento positivo les asigna
una personalidad, siendo capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Tienen existencia distinta a la de sus miembros.
Las personas jurídicas pueden ser de Derecho Privado y de Derecho Público.
En el primer caso, nacen de un acto jurídico realizado por personas naturales; en
el segundo, son creadas por la ley.
La representación de las personas jurídicas se da “... no porque éstas sean
incapaces, sino porque no pueden actuar en el mundo del derecho, y por tanto,
tampoco estar en juicio, asumiendo la calidad de partes, sino por medio de
órganos que las personifiquen, a través de determinadas personas físicas,
investidas de los necesarios poderes” (ROCCO, 1976, Volumen II: 138).
Sobre el particular, Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín señalan
que “… la representación se denomina necesaria cuando afecta a las personas
jurídicas, porque se trata únicamente de un mecanismo que posibilita el ejercicio
de la capacidad de ejercicio que ya tienen, pero sus circunstancias de ‘ficción’ de
existencia real, exige que actúen a través de sus representantes legales, que
dependerá de la clase de entidad de que se trate…” (GOMEZ DE LIAÑO
GONZALEZ; y PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000, Tomo I: 291-292).
Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar ponen de
manifiesto lo siguiente:
“Las personas jurídicas no pueden plantear problemas de incapacidad; la
capacidad procesal la tienen desde su constitución. Ahora bien,
advertido que se trata de entes ideales suele sostenerse que precisan para
actuar de una representación que se denomina necesaria (…).

172
Con todo, hay que advertir que no existen aquí dos voluntades, una la de la
representada y otra la del representante, sino una sola, la del órgano que
conforma la voluntad única del ente, con lo que puede concluirse que no
existe representación alguna, sino actuación de la persona jurídica por
medio de sus órganos” (MONTERO AROCA; GOMEZ COLOMER;
MONTON REDONDO; y BARONA VILAR, 2003, Tomo II: 61-62).
las personas jurídicas -en general- están representadas en el proceso de acuerdo a
lo que establezca la Constitución, la ley o el respectivo estatuto.
En lo que toca a la representación en el proceso de las personas jurídicas de
Derecho Privado, cabe señalar, en principio, que aquéllas están reguladas en la
Sección Segunda del Libro I del Código Civil (asociaciones, fundaciones y
comités) y en la Ley General de Sociedades -Ley Nro. 26887- (sociedades
comerciales: sociedad anónima -ordinaria, abierta y cerrada-, sociedad en
comandita -simple y por acciones-, sociedad comercial de responsabilidad
limitada y sociedad civil). Ahora bien, para determinar la representación en juicio
de tales personas jurídicas habrá que estar a lo dispuesto en los mencionados
dispositivos legales y, especialmente, en los estatutos correspondientes. Al
respecto, hay que indicar que, según la Ley Nro. 26539 (del 14-10-1995), el
Gerente o Administrador, según el caso, de sociedades mercantiles o civiles, goza
de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, por el solo mérito de su
nombramiento, salvo estipulación estatutaria en contrario o limitación impuesta
mediante acuerdo en Junta General de Accionistas o Socios (lo señalado ha sido
prácticamente reproducido en el último párrafo del art. 14 de la Ley Nro. 26887,
que preceptúa que el gerente general o los administradores de la sociedad, según
sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación
procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de
representación previstas en la Ley de Arbitraje -Decreto Legislativo Nro. 1071-,
por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario). Esto
quiere decir que, en lo concerniente a las facultades (sobre todo las especiales) del
representante de una persona jurídica de Derecho Privado, ya no sería exigible
que en el poder respectivo conste de manera expresa el acto para el cual está
facultado aquél. O sea, el otorgamiento de facultades -especiales- ya no se regirá
por el principio de literalidad contenido en el último párrafo del artículo 75 del
Código Procesal Civil, bastando únicamente el nombramiento del representante
de la persona jurídica de Derecho Privado (sociedades mercantiles o civiles).
Puntualizamos que, si bien puede haber disposición en contrario (por establecerlo

173
así los estatutos o por mediar acuerdo en ese sentido adoptado en Junta General
de Accionistas o Socios), el solo hecho de restringir el principio de literalidad que
gobierna lo relacionado a las facultades del representante hace que la Ley Nro.
26539 modifique el último párrafo del artículo 75 del Código Procesal Civil.
Hubiera sido aconsejable que se precisara y/o agregara en el texto procesal lo
dispuesto por aquella Ley. Lo expresado en este párrafo sirve, además, para el
caso contemplado en la Ley Nro. 26789 (del 15-05-1997) que dispone que
tratándose del administrador, representante legal o presidente del consejo
directivo, según corresponda, de las personas jurídicas reguladas en la Sección
Segunda del Libro I del Código Civil (asociación, fundación y comité), gozan de
facultades de representación también por el solo mérito de su nombramiento
inscrito en el Registro respectivo, salvo disposición estatutaria en contrario.
En lo que respecta a la representación en el proceso de las personas jurídicas
de Derecho Público, cabe indicar que dicha representación recaerá en la persona
designada para tal efecto en la ley de su creación. Debe tenerse en consideración
que son los procuradores públicos los que ejercen la defensa jurídica del Estado,
siendo por ello importante tener presente lo normado en el Decreto Legislativo
del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo Nro. 1068, del
27-062008) y en su Reglamento (Decreto Supremo Nro. 017-2008-JUS, del 04-
12-2008), sobre todo lo dispuesto en el inciso 22.3) del artículo 22 del Decreto
Legislativo Nro. 1068, conforme al cual se entiende por conferidas a los
procuradores públicos todas las facultades generales y especiales de
representación establecidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil,
con las limitaciones que establece el referido Decreto Legislativo Nro. 1068
(como cuando se trata del allanamiento a las demandas interpuestas en contra del
Estado). Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido
lo siguiente: A. “... Los procuradores Generales de la República tienen la plena
representación del Estado en juicio y ejercitan su defensa en todos los procesos y
procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, denunciante o
parte civil...” (Casación Nro. 2451-98 / Tumbes, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30-04-2001, pág. 7143); y B. “... las facultades que otorgan o delegan
los funcionarios públicos es en su calidad de tales y no como personas naturales,
por lo que la renuncia de los mismos no puede afectar la designación que hubiere
[sic -léase hubieren-] realizado durante la vigencia de su nombramiento...”
(Casación Nro. 3843-2001 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 31-10-2002, pág. 9449).
Por otro lado, y según se desprende del artículo 67 del Código Procesal Civil,
la representación en el proceso de las personas jurídicas extranjeras, sean

174
públicas o privadas (incluyendo sus sucursales, agencias o establecimientos), se
ajusta a las mismas exigencias legales de representación a que se someten las
personas jurídicas nacionales. Esta es, claro está, la regla general ya que,
excepcionalmente, en materia de representación prevalecerá lo dispuesto de
manera expresa en el convenio internacional -si lo hubiere- o en una ley
específica.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la representación
de personas jurídicas en el proceso, ha establecido lo siguiente:
- “... Los representantes legales de las personas jurídicas pueden a su vez
delegar representación a sus mandatarios o apoderados judiciales a fin de que
la persona jurídica sea representada en un proceso judicial, de modo tal, que
el poder de representación se ejercita dentro de los límites conferidos en el
acto de apoderamiento...” (Casación Nro. 2483-99 / Amazonas, publicada en
- “... Las personas jurídicas, por su propia naturaleza, actúan dentro de un
proceso judicial a través de representantes conforme a la ley y a sus estatutos;
así, el artículo sesenticuatro del Código adjetivo [...] establece que las
personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que
dispongan la Constitución, la Ley o el respectivo estatuto; [...] en tal sentido,
para que se efectúen actos procesales válidos en nombre de una persona
jurídica, ésta debe de encontrarse debida y suficientemente representada en
el proceso; desde el inicio de éste, ya sea interponiendo la demanda o
contestándola, así como durante todo el proceso; dado que los actos
procesales efectuados con falta o insuficiencia de dicha representación, sin
que haya sido subsanado el vicio, resultarán nulos por no responder a la
voluntad de la persona jurídica, afectando su derecho al debido proceso...”
el 28-02-2003, págs. 10205-10206).
- “... Según el artículo sesenticuatro del Código Procesal Civil, las personas
jurídicas no están impedidas para otorgar poder procesal, y, en tal sentido, el
último párrafo del artículo setentidós del precitado Código, prescribe que
para su eficacia procesal el poder por Escritura Pública no requiere estar
inscrito en los Registros Públicos...” (Casación Nro. 3480-2000 / Loreto,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-04-2001, págs. 7239-7240).
- “... Las facultades generales y especiales de representación judicial a que
hacen (referencia) los Artículos setenticuatro y setenticinco del Código

175
Procesal Civil (...), cuando deban ser otorgados por las sociedades, se sujetan
a la formalidad que establece su normatividad especial, pues así lo permite
la salvedad que contiene el Artículo setentidós del Código Adjetivo indicado.
(...) Que, en consecuencia, la Sala Civil al considerar que el Artículo catorce
de la Ley General de Sociedades no se refiere ni regula el otorgamiento de
poderes procesales, negando por tanto la validez al poder presentado por el
apoderado de la demandante, ha interpretado erróneamente la indicada
norma, pues éste (sic) regula el otorgamiento de todos aquellos poderes que
sean necesarios para el desarrollo de la sociedad en la esfera jurídica, incluso
el poder de orden procesal...” (Casación Nro. 1856-98 / La Libertad,
- “... Tratándose de sociedades comerciales, como es el caso del Banco
ejecutante, de acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Sociedades, que es
una norma de connotación netamente procesal en cuanto se refiere a la forma
de conferir poderes para intervenir en los procesos judiciales, dichas
entidades pueden conferir representación mediante acuerdos que adopten sus
organismos de gobierno y las inscripciones de tales acuerdos se realizan en
el lugar del domicilio de la sociedad por el mérito de la copia certificada de
la parte pertinente del acta, donde conste el acuerdo válidamente adoptado
por el órgano social competente, en concordancia con lo previsto por el
artículo 2028 del Código Civil, que a su vez señala que la inscripción del
nombramiento de representantes, mandatarios y otorgamiento de poderes de
una persona jurídica no requiere de escritura pública, bastando la
presentación de copia notarialmente certificada de la parte pertinente del acta
en que consta el respectivo acuerdo...” (Casación Nro. 2327-2000 /
Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-10-2001, pág.
7701).
- “... El artículo 14 de la Ley General de Sociedades dispone que el
nombramiento de representantes y el otorgamiento de poderes deben
inscribirse, y en su último párrafo establece que el gerente general goza de
las facultades generales y especiales de representación señaladas en el
Código Procesal Civil, lo que concuerda con lo dispuesto en los artículos 185
y 188 inciso 2 de la misma Ley, donde señala que, salvo disposición distinta
del Estatuto o acuerdo expreso de la Junta General de Accionistas o del
Directorio, se presume que el Gerente General goza de la facultad de
representar a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas
en el Código Procesal Civil. [...] Al Directorio corresponden las facultades
de gestión y representación legal necesaria para la administración de la

176
sociedad dentro de su objeto, como prescribe el artículo 172 de la misma ley,
lo que no incluye la representación procesal, toda vez que no se encuentra
dentro del ámbito del objeto social. Dicha norma señala cuál es el ámbito de
competencia del Directorio, el que se desdobla en dos aspectos: uno externo
y otro interno, el primero concierne a las facultades de representación; y el
segundo a los deberes de gestión; la norma contiene la limitación que resulta
del objeto social y exceptúa aquellos asuntos que la ley o el estatuto atribuyen
a la junta general. [...] El Presidente del Directorio, en los términos de la ley,
no tiene las facultades de representación procesal de la Sociedad, y para ello
requiere que se le otorgue poder expreso...” (Casación Nro. 1008-2006 /
Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-07-2007, pág.
19644).
- “... La contradicción fue rechazada [...] por considerar que dichas
instrumentales no acreditan suficientemente su representación; el recurrente
interpuso recurso de apelación contra la resolución anotada, el que fue
desestimado por no encontrarse válidamente apersonado; [...] si bien
tratándose de sociedades anónimas, quien ejerce su representación según
disposición legal es el Gerente General, ello no excluye la posibilidad de que
se confiera facultades de representación al Presidente del Directorio en caso
de ausencia del primero, tal como ocurre en el presente caso [...]; [...]
consecuentemente, el Colegiado Superior ha soslayado dicha disposición
social, con lo que se ha afectado el derecho de defensa del recurrente...”
(Casación Nro. 1798-2000 / Tacna, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 01-03-2001, pág. 7004).
10.3 Representación procesal del patrimonio autónomo
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, acerca del patrimonio autónomo, nos
ilustran de este modo:
“Existen ciertas entidades que, sin ser personas, se ven involucradas en
proceso. Son las que la doctrina ha denominado patrimonios autónomos
y que se presentan en la vida del derecho, como cuasi-sujetos a los que
la ley procesal concede esa vinculación, en cierta manera autónoma,
separada. Son masas de bienes cuyo titular circunstancialmente
desaparece de la vida jurídica, se ve menguado en sus facultades, de tal
manera que esa mengua podría equipararse a una desaparición de la
personalidad procesal; ese titular del patrimonio, así disminuido, así
menguado, no tiene capacidad para ser parte, aunque su patrimonio
continúa prolongadamente en el tiempo, con la separación que conviene

177
a las universalidades y así se sigue considerando la masa de bienes;
cuando ese patrimonio se compromete y comparece al proceso, lo hace
alguien por él, un tercero, en razón de cierta cualidad o categoría y pide
o resiste la pretensión, para la masa de bienes o por la masa de bienes.
El inmediatamente descrito es un fenómeno de legitimación extraordinaria
porque la titularidad de la pretensión por activa o por pasiva descansa en
determinado sujeto que no es titular del derecho sustancial que se debate
en el proceso, pero que tiene la titularidad de la pretensión principal, por
la cualidad o categoría que exhibe, la cual lo vincula de alguna manera
a la masa de bienes: tiene un poder de pedir invocando el derecho ajeno.
En doctrina se enuncian como patrimonios autónomos los siguientes: la
sucesión, la herencia yacente, la masa de bienes del ausente, la masa de
bienes del que está por nacer, la masa de bienes del concursado y del
quebrado, los bienes secuestrados, la sociedad conyugal disuelta e
ilíquida y, en cierta forma, la comunidad singular que dirige un
administrador, o aun la no organizada” (QUINTERO; y PRIETO, 1995,
Tomo II: 89).
Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar, en
relación al patrimonio autónomo, formulan estas observaciones:
“Aun partiendo de la base de que no existen bienes sin que haya un titular
de los mismos, se dan situaciones interinas respecto de conjuntos de
bienes en los que o bien ha cesado la titularidad originaria, y no se ha
producido aún su adquisición concreta (caso de la herencia yacente), o
bien existe una pérdida por su titular de la facultad de disposición (caso
de las masas activas del concurso y quiebra).
En estos casos la ley (…) regula quien actúa por esos patrimonios, debiendo
resaltarse que la condición de parte se atribuye al patrimonio en sí mismo
considerado, no al representante…” (MONTERO AROCA; GOMEZ
COLOMER; MONTON REDONDO; y BARONA VILAR, 2003,
Tomo II: 64).
El Código Procesal Civil, en el primer párrafo del artículo 65, define al
patrimonio autónomo como aquel patrimonio que existe cuando dos o más
personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una
persona jurídica.

178
Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, es representado procesalmente el
patrimonio autónomo:
- Por cualquiera de los que lo integran, tratándose de la sociedad conyugal y
otros patrimonios autónomos (como, por ejemplo, la sucesión indivisa y el
régimen de copropiedad), siempre que actúen como demandantes (art. 65 -
segundo párrafo- del C.P.C.).
- Por todos los que lo conforman, si es que tienen la calidad de demandados
(art. 65 -segundo párrafo- del C.P.C.). En este caso es aplicable el artículo 93
del Código Procesal Civil, referido al litisconsorcio necesario y según el cual,
cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos
los litisconsortes, sólo será expedida válidamente si todos comparecen o son
emplazados, según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente,
salvo disposición legal en contrario.
En caso de desconocerse a uno o más de los integrantes del patrimonio
autónomo, se les notificará la demanda a través de edicto, bajo apercibimiento de
designarse a un curador procesal. Ello se colige del tercer párrafo del artículo 65
del Código Procesal Civil.
El Código Procesal Civil, en el último párrafo del artículo 65, sanciona con
multa (no menor de 10 ni mayor de 50 U.R.P.) a la persona que siendo demandada
en un proceso y apersonándose en él oculta el carácter de patrimonio autónomo
que tiene el derecho en cuestión. Agrega el referido artículo que la multa se
impondrá al demandado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del mismo
cuerpo de leyes. Esta última parte no podría ser de aplicación puesto que el
artículo 4 versa sobre la facultad del demandado para demandar el resarcimiento
de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del ejercicio irregular o
arbitrario del derecho de acción. En efecto, el demandado no ejercita tal derecho
sino que hace uso de su derecho de contradicción; además, siendo el demandado
quien actuó dolosamente (al ocultar que el derecho discutido pertenece a un
patrimonio autónomo) mal estaría darle potestad para exigir alguna
indemnización.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al patrimonio
autónomo, ha establecido lo siguiente:
- “... De acuerdo con el numeral sesenticinco del mismo Código (C.P.C.) existe
patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés
común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica; en tal
circunstancia, en el patrimonio autónomo la titularidad y la calidad de parte

179
material recae en una entidad jurídica distinta a quienes la integran...”
(Casación Nro. 3333-99 / Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
17-09-2000, págs. 6314-6315).
- “... El régimen de la sociedad de gananciales genera un patrimonio autónomo
(...) diferente al régimen de copropiedad...” (Casación Nro. 282-2000 /
Pucallpa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26-05-2000, págs.
5422-5423).
- “... La naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es la de un
patrimonio autónomo e indivisible que goza de garantía institucional,
integrado por un universo de bienes, en el que no existen cuotas ideales las
cuales son propias al instituto jurídico de co-propiedad o condominio...”
el 03-01-2008, págs. 21400-21401).
- “... Los bienes sociales son de propiedad de la sociedad de gananciales,
constituyendo un patrimonio autónomo distinto del patrimonio de cada
cónyuge, no resultando aplicable (sic) las normas sobre copropiedad porque
los cónyuges no son propietarios de alícuotas respecto a los bienes sociales”
(Casación Nro. 911-99 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22-
02-2000, págs. 4684-4685).
- “... El inmueble objeto de la litis es un bien social, por lo tanto constituye un
patrimonio autónomo distinto del patrimonio de cada cónyuge, no
resultándole aplicable las normas sobre copropiedad puesto que los cónyuges
no son propietarios de alícuotas ni tienen derechos hasta que se produzca la
liquidación de la sociedad de gananciales, tal como lo establece el artículo
323 del Código Civil...” (Casación Nro. 3169-2001 / Cono Norte - Lima,
- “... La sociedad de gananciales [...] sigue vigente, por tanto, los bienes que la
integran conforman el patrimonio autónomo a que se refiere el artículo 65
del Código Procesal Civil y no puede asignarse a cada cónyuge determinado
porcentaje de propiedad sobre ellos. A los bienes que pertenecen a una
sociedad de gananciales no se les puede atribuir la calidad de condominio o
de copropiedad, sino deben considerarse como un todo indivisible y
protegido hasta su fenecimiento como una comunidad patrimonial especial.
Es más, el indicado artículo del Código Procesal Civil establece que
cualquiera de los consortes puede representar válidamente a la sociedad

180
conyugal...” (Casación Nro. 3515-2001 / Arequipa, publicada en el Diario
- “... El artículo sesenticinco del Código Procesal Civil contempla el caso de
los patrimonios autónomos, que son aquellos constituidos por dos o más
personas con un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir
una persona jurídica; y un claro ejemplo de ello es la sociedad conyugal y en
su segundo párrafo menciona que: ‘La sociedad conyugal y otros patrimonios
autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son
demandantes...’ ello se debe a que son actos tendientes a conservar, proteger
o preservar su patrimonio común...” (Casación Nro. 1096-2004 / Puno,
- “... La sociedad de gananciales es un régimen de patrimonio común,
administrado por ambos cónyuges. Al constituir la sociedad de gananciales
un patrimonio autónomo distinto a un régimen de copropiedad, para realizar
actos de disposición de los bienes sociales que la integran será necesaria la
voluntad coincidente de ambos cónyuges que constituye la voluntad de la
sociedad de gananciales...” (Casación Nro. 2021-2004 / Lima, publicada en
- “... La sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo que no
está dividido en partes alícuotas, y que es distinto al patrimonio de cada
cónyuge que la integra, de forma tal que tanto para realizar actos de
administración como de disposición que recaigan sobre bienes sociales será
necesaria la voluntad coincidente de ambos cónyuges, tal como lo establecen
los artículos 313 y 315 del Código Civil, puesto que la voluntad coincidente
de ambos cónyuges constituye la voluntad de la sociedad de gananciales; en
tal sentido, al constituir la sociedad de gananciales un patrimonio autónomo,
éste sólo responderá por obligaciones asumidas por ésta y no por
obligaciones asumidas personalmente por cada uno de los cónyuges, salvo
que el objeto de la obligación hubiese tenido como beneficiario a dicha
sociedad, contrario sensu a lo dispuesto por el artículo 317 del Código Civil,
que establece ‘Que los bienes sociales y, a falta o por insuficiencia de éstos,
los propios de ambos cónyuges, responden a prorrata de las deudas que son
de cargo de la sociedad’...” (Casación Nro. 2421-2002 / La Libertad,
12686).
- “... No se puede rematar judicialmente acciones y derechos de un bien
perteneciente a una sociedad conyugal que constituyen [sic -léase constituye-

181
] un patrimonio autónomo e indivisible hasta que se ponga fin al régimen de
sociedad de gananciales de acuerdo con el artículo 318 del Código Civil...”
el 30-07-2003, pág. 10792).
- “... La representación legal conjunta de marido y mujer que indica el Artículo
doscientos noventidós (del C.C.) es obligatoria cuando se trata de actos de
disposición o constitución de gravámenes y de actos de administración para
necesidades no ordinarias del hogar y otros de esa índole, pues esa es la
garantía de conservación del patrimonio conyugal; que tratándose de actos
de otra naturaleza, como demandar la reivindicación o desalojo del bien, esto
es, de actos que se dirigen a incrementar, mantener, reconstituir o recuperar
el patrimonio conyugal, no existe racionalidad en exigir que sea la sociedad
conyugal la que interponga la acción, bastando que sea uno de los
cónyuges...” (Casación Nro. 81-94 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 26-04-1996, pág. 2189).
- “... La representación de la Sociedad conyugal, es ejercida por los cónyuges
conjuntamente, por consiguiente al no haber ejercitado (el esposo de la
demandada) su derecho de defensa (al no haberse precisado el nombre del
esposo de la demandada para su emplazamiento) no ha existido un debido
proceso...” (Casación Nro. 201-95 / Cañete, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 07-08-1996, pág. 2266).
- “... Al constituir la sociedad de gananciales, un patrimonio autónomo, éste
sólo responderá por obligaciones asumidas por ésta y no por obligaciones
asumidas personalmente por cada uno de los cónyuges, salvo que el objeto
de la obligación hubiese tenido como beneficiario a dicha sociedad”
(Casación Nro. 3109-98 / Cusco - Madre de Dios, publicada en el Diario
- “... La herencia, entendida como la universalidad de los bienes que deja el
causante, tiene su origen a raíz de la muerte de éste y constituye un
patrimonio autónomo distinto a los herederos que integran la sucesión...”
(Casación Nro. 608-04 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
30-09-2005, págs. 14778-14779).
- “... Cualquiera de ellos (herederos declarados del causante), sea en forma
individual o conjunta pueden representar a la sucesión del cual son partícipes,
la misma que constituye un patrimonio autónomo con capacidad para ser

182
parte en el proceso...” (Casación Nro. 3333-99 / Junín, publicada en el Diario
- “... De conformidad con el artículo sesenticinco del Código Procesal Civil,
los patrimonios autónomos, tales como las sucesiones, deben ser
representados por la totalidad de los que la conforman si son demandados,
sin embargo, no señala que la demanda deba dirigirse a la sucesión como tal,
ya que como expresamente lo señala el primer párrafo de dicho artículo los
patrimonios autónomos no constituyen personas jurídicas...” (Casación Nro.
853-99 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-07-2002,
págs. 9103-9104).
- “... Tratándose de varios demandados que litigan en defensa de un patrimonio
que sostienen es común, por haberlo recibido en herencia (...), aquellos (sic)
conforman una sola parte tal como lo dispone el Artículo sesenticinco del
mencionado Código Procesal (referido al patrimonio autónomo), por lo que
en cumplimiento del Artículo setentiséis de la misma norma (C.P.C.)
debieron designar un apoderado común, no habiéndolo hecho ni
habiéndoseles requerido para ello es aplicable lo dispuesto por el Artículo
noventitrés del aludido cuerpo normativo, conforme al cual la expedición de
una decisión válida está condicionada al emplazamiento de todos ellos”
Peruano el 30-12-1999, pág. 4430).
- “... La recurrente ha demandado la nulidad del contrato de compra venta, de
la escritura pública y de los asientos registrales de los departamentos sub
materia, en su calidad de miembro de la Sucesión de don [...], de acuerdo al
artículo sesenticinco del citado Código [C.P.C.] y el artículo novecientos
setentinueve del Código Civil, no correspondiéndoles a sus coherederos la
calidad de sujetos pasivos...” (Casación Nro. 3248- 2000 / Lima, publicada
- “... El estado de copropiedad constituye patrimonio autónomo, y conforme al
artículo sesenta y cinco del Código Procesal Civil, cualquiera de los
integrantes de dicho patrimonio se encuentra habilitado para ejercitar
directamente la pretensión [de desalojo]...” (Casación Nro. 3176-07 / Lima,
- “... Si bien es cierto el artículo novecientos setentinueve del Código Civil
faculta a cualquiera de los copropietarios a interponer acciones de desalojo
en interés del patrimonio autónomo, de concordar esta norma con lo

183
dispuesto en el artículo novecientos setentiuno del mismo Código aparece
que esta facultad no puede ser ejercida contrariando la voluntad de los otros
condóminos, que en el presente caso representan un porcentaje mayor al que
tiene el copropietario demandante. [...] Que resulta claro entonces, que el
actor actúa en interés propio y no en interés común del patrimonio autónomo
respecto de un bien en concordancia con lo dispuesto en el artículo
sesenticinco del Código Procesal Civil, por lo que esta ausencia de interés
común produce la improcedencia de la demanda...” (Casación Nro. 919-2000
/ Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 0201-2001, págs. 6709-
6710).
10.4 Representación convencional o voluntaria en el proceso
“Una persona capaz puede conferir a otra el poder de representarla en el
proceso. En tal caso, la legitimación formal del representante será el efecto de la
voluntad del representado, expresada en un negocio jurídico (poder)...”
(LIEBMAN, 1980: 70).
Lino Palacio, en lo relativo a la representación convencional o voluntaria en
el proceso, expresa lo siguiente:
“... Toda persona física que goce de capacidad procesal tiene también (...) el
derecho de postulación procesal (ius postulandi), es decir, el poder de
ejecutar personalmente todos los actos procesales inherentes a la calidad
de parte.
El ejercicio el derecho de postulación, sin embargo, puede ser delegado en
un tercero, desde luego capaz, a fin de que actúe procesalmente en
nombre y en lugar de la parte. Configúrase así el supuesto de la
representación voluntaria, la que se halla jurídicamente regulada por las
disposiciones atinentes al contrato de mandato (...), en tanto ellas no se
opongan a las contenidas en las leyes procesales...” (PALACIO, 1983,
Tomo III: 63-64).
El Código Procesal Civil regula lo concerniente a la representación
convencional o voluntaria en el proceso en el Capítulo III (“Apoderado judicial”)
del Título II (“Comparecencia al proceso”) de la Sección Segunda (“Sujetos del
proceso”), en los arts. 68 al 79.
10.4.1 El mandato y el apoderado judicial

184
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, en cuanto al mandato judicial, señalan lo
siguiente:
“Es una muestra o especie del mandato en general. Mediante su aparición
una o varias personas facultan a otra para que las represente en uno o
más procesos o en alguna actuación judicial determinada. Por lo general,
el mandato de este linaje se contiene en un escrito, en un documento que
se denomina poder o acto de apoderamiento, pero también puede
conferirse oralmente en las audiencias y procesos verbales. El contrato
es bilateral. Resulta de la unión de voluntades de quien confiere el poder,
es decir el poderdante o mandante, y de quien lo recibe y acepta,
denominado apoderado o mandatario.
El mandato judicial suele reglamentarse en los ordenamientos procesales y
son las normas formales las que rigen como especiales, al paso que las
normas sustanciales tienen la condición de supletivas” (QUINTERO; y
PRIETO, 1995, Tomo II: 28-29).
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, refiriéndose esta vez al apoderado
judicial, afirman que:
“... El apoderado es un mandatario judicial que se obliga para con su
mandante a representar y defender sus intereses en el proceso: en varios
procesos determinados o en todos los procesos en los cuales tenga que
intervenir el mandante.
El apoderado no es un representante legal porque su representación no deriva
de la ley sino del contrato, del acto de apoderamiento; es una
representación convencional si bien obligatoria, puesto que la actividad
representativa depende de la convención celebrada con el poderdante.
(...) El apoderado judicial es el abogado que, en forma voluntaria y por razón
de un acto de apoderamiento, se encarga de representar a una persona en
un proceso o en una actuación jurisdiccional...” (QUINTERO; y
PRIETO, 1995, Tomo II: 27).
El apoderado, en líneas generales, es todo aquel facultado por alguien para
representarlo y proceder en su nombre. El apoderado judicial es aquella persona -
física- que cuenta con capacidad procesal (que presupone la capacidad de goce y
de ejercicio), autorizada por otra persona -natural o jurídica- para comparecer en
un proceso en su lugar y seguir la secuela procesal. Su participación en el proceso

185
será acorde con el interés del poderdante ejerciendo las atribuciones y potestades
que corresponden a éste y que le hayan sido conferidas.
Lo relativo al apoderado judicial es objeto de regulación en el Capítulo III
(“Apoderado judicial”) del Título II (“Comparecencia al proceso”) de la Sección
Segunda (“Sujetos del proceso”) del Código Procesal Civil, en los arts. 68 al 79.
Así tenemos que, de acuerdo a lo normado en la parte inicial del primer
párrafo del artículo 68 del Código Procesal Civil, está facultado para designar
uno o más apoderados todo aquel que tenga capacidad para comparecer por sí
mismo al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten.
Si se designara más de un apoderado judicial, entonces, actuarán
indistintamente (por separado), lo cual es importante a efecto de determinar la
responsabilidad en que puedan incurrir. Esto quiere decir que un apoderado no
responderá -ni siquiera solidariamente- del daño que pueda causar el (los) otro (s)
apoderado (s), siendo responsable tan sólo de los actos procesales que realice (art.
68 -parte final del primer párrafo- del C.P.C.).
La designación o actuación de apoderados conjuntos carece de validez (art.
68 -in fine- del C.P.C.), sin embargo, excepcionalmente, será permitida en ciertos
casos para evitar que un apoderado con facultades especiales, obrando
dolosamente o en connivencia con la otra parte, disponga de los derechos
sustantivos materia de controversia (lo que no significa que en tales supuestos sea
obligatoria la designación o actuación de apoderados conjuntos). Los referidos
casos configuran formas especiales de conclusión del proceso y son (según el art.
68 -in fine- del C.P.C.) los siguientes:
- Allanamiento.
- Transacción.
- Desistimiento.
Cuando sean parte en un proceso el Estado y demás entidades de Derecho
Público y los órganos constitucionales autónomos (estos últimos son el Ministerio
Público, la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, etc.), podrán
intervenir en el mismo a través de apoderados judiciales especiales, atendiendo a
la importancia del asunto controvertido, a la materia (que amerita especialidad en
su conocimiento por parte del apoderado judicial), a la distancia u otras
situaciones similares. La designación de los mencionados apoderados judiciales

186
especiales estará sujeta a la legislación que resulte pertinente. Todo ello se
desprende del artículo 69 del Código Procesal Civil.
Puntualizamos que, según se colige del artículo 70 del Código Procesal Civil,
para que una persona pueda ser nombrada apoderado judicial se requiere que
tenga capacidad para comparecer por sí misma al proceso, vale decir, capacidad
procesal (equivalente a la capacidad de ejercicio).
10.4.2 El poder
González González asevera que “... el poder es el instrumento o escritura que
contiene la representación...” (GONZALEZ GONZALEZ, 1962: 58).
Según la formalidad que se emplee, el poder para intervenir en un proceso,
en representación de alguien que es parte material en el mismo, es de dos clases
(art. 72 -primer párrafo- del C.P.C.):
A) Poder otorgado por escritura pública. (En este caso no es exigible su
inscripción en los Registros Públicos: art. 72 -in fine- del C.P.C.). B) Poder
otorgado por acta ante el Juez del proceso.
Además, el poder puede conferirse, por ejemplo, mediante acta de sesión de
Directorio o de Junta General de Socios (en el caso de las sociedades
comerciales), eso sí, debidamente inscrita en los Registros Públicos (art. 14 de la
Ley Nro. 26887). Inclusive por ley se establece una presunción acerca de la
representación de las asociaciones, fundaciones y comités (según la Ley Nro.
26789), y de las sociedades comerciales y civiles contempladas en la Ley General
de Sociedades (según la Ley Nro. 26539): bastará el solo nombramiento del
administrador, representante legal, presidente del consejo directivo o gerente,
según el caso, para contar con poder de representación procesal, a menos que en
los estatutos o por acuerdo de Junta general se establezca lo contrario. Y,
precisamente, dicho nombramiento no siempre consta en escritura pública
(aunque debe ser debidamente inscrito).
La participación del apoderado judicial en el proceso estará supeditada a la
aceptación del poder que se le confirió, la misma que se presume con el solo
ejercicio de los actos procesales, no operando esta presunción tratándose de
poderes otorgados en el extranjero (art. 71 del C.P.C.), debiendo el apoderado en
este último caso dejar constancia de su aceptación expresa del poder (el cual tiene
que estar debidamente traducido si estuviere redactado en idioma distinto al

187
castellano) en el escrito en el que se apersona al proceso con dicha calidad (art.
73 del C.P.C.).
El apoderado judicial puede sustituir su poder de representación o facultades,
las mismas que recaerán en el apoderado sustituto, lo que traerá como
consecuencia el cese de la representación ejercida por el primero de los
nombrados sin que pueda reasumirla (art. 77 -primer y segundo párrafos- del
C.P.C.). La sustitución de facultades será viable siempre y cuando el apoderado
judicial cuente con autorización expresa de la persona a quien representa
(poderdante). Es de destacar que, según el último párrafo del artículo 77 del
Código Procesal Civil, para la sustitución de facultades del apoderado judicial
deberá observarse igual formalidad a la utilizada cuando se otorgó el poder. Sobre
esto último pensamos que la intención del legislador fue la de establecer que la
sustitución en referencia debe hacerse adoptando alguna de las formalidades
previstas en el artículo 72 del Código Procesal Civil (escritura pública o acta
otorgada ante el Juez del proceso) o en otras leyes para el otorgamiento del poder
de representación procesal. Por otro lado, es de resaltar también que, una vez
acontecida la sustitución de facultades, los actos que lleve a cabo el apoderado
sustituto obligan a la parte representada, siempre que guarden correspondencia
con las facultades otorgadas por esta última, pues si exceden el marco fijado en el
respectivo poder, entonces, tales actos no obligarán a la parte que confirió la
representación (conforme se colige del penúltimo párrafo del art. 77 del C.P.C.).
El apoderado judicial también puede optar por delegar en otra persona sus
facultades de representación, lo cual no obsta que pueda revocar en el futuro la
delegación efectuada y asumir nuevamente la representación (art. 77 -primer y
segundo párrafos- del C.P.C.). La delegación de facultades procederá únicamente
si el apoderado judicial se encuentra expresamente autorizado por la parte
procesal a quien representa (poderdante). Como se señalara en el párrafo anterior,
somos de la opinión que para la delegación de facultades de representación (al
igual que con la sustitución de tales facultades) puede adoptarse alguna de las
formalidades contempladas en el artículo 72 del Código Procesal Civil (escritura
pública o acta otorgada ante el Juez del proceso) o en otras leyes para el
otorgamiento del poder de representación procesal y no necesariamente la misma
formalidad empleada para el otorgamiento de dicho poder. Finalmente, cabe
indicar que, producida la delegación de facultades, los actos procesales que
efectúe el apoderado delegado y que se ajusten al marco de las facultades
conferidas obligan a la parte representada, no ocurriendo lo propio con los actos
para los cuales no hubo autorización expresa por parte del poderdante (conforme
se desprende del penúltimo párrafo del art. 77 del C.P.C.).

188
10.4.3 Facultades generales de representación
Según se infiere del artículo 74 del Código Procesal Civil, las facultades
generales de representación tienen las siguientes notas distintivas:
- Le otorgan al apoderado las atribuciones y potestades generales con que
cuenta el representado (salvo aquellas que por ley requieran de
facultades expresas).
- Se entienden otorgadas las referidas atribuciones y potestades generales
mientras dure el proceso (lo que incluye la ejecución de sentencia y el
cobro de costas y costos procesales).
- Legitima al representante o apoderado para su intervención en el juicio
y realización de todos los actos procesales, a excepción de aquellos en
que sea necesaria la participación personal y directa del representado
(como la declaración de parte, por ejemplo).
Para determinar qué actos procesales puede realizar el apoderado judicial que
cuenta con facultades generales de representación simplemente habrá que hacer
exclusión de aquellos actos previstos en el artículo 75 del Código Procesal Civil,
numeral referido a las facultades especiales de representación, es decir, quien
cuente con facultades generales tiene la potestad de realizar todos aquellos actos
que no estén comprendidos en dicho numeral (salvo que en el correspondiente
poder el representado establezca limitaciones mayores a las facultades generales
de representación).
10.4.4 Facultades especiales de representación
Las facultades especiales de representación, que se rigen por el principio de
literalidad (art. 75 -in fine- del C.P.C.), que condiciona la existencia de facultades
a la indicación expresa en el poder del acto de que se trate, conceden al apoderado
las atribuciones y potestades siguientes (conforme al art. 75 -primer párrafo- del
C.P.C.):
- Realizar, en general, actos de disposición de derechos sustantivos (cuyo
titular sea el representado).
- Demandar.
- Reconvenir.
- Contestar demandas.

189
- Contestar reconvenciones.
- Desistirse del proceso.
- Desistirse de la pretensión.
- Allanarse a la pretensión.
- Conciliar.
- Transigir.
- Someter a arbitraje las pretensiones materia de controversia.
- Sustituir la representación procesal.
- Delegar la representación procesal.
- Realizar los demás actos que exprese la ley (y que haya autorizado el
representado en el poder correspondiente).
No será necesario el otorgamiento de poder en los casos señalados en las
Leyes Nros. 26539 (referida a las sociedades comerciales y civiles contempladas
en la Ley General de Sociedades) y 26789 (referida a las personas jurídicas
reguladas en la Sección Segunda del Libro I del Código Civil: asociaciones,
fundaciones y comités). En consecuencia, bastará el solo nombramiento del
gerente, administrador, representante legal o presidente del consejo directivo,
según corresponda, para gozar de facultades generales y especiales de
representación. La excepción a esta regla la constituye la disposición en diferente
sentido que conste en los estatutos o se acuerde por Junta General.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a las facultades
especiales de representación, ha establecido lo siguiente:
- “... La trascendencia de dicho acto [demanda] ha conducido a nuestro
legislador para estatuir tal rigurosidad, para exigir que el apoderado que
proponga una demanda esté premunido de un poder especial que
confiera esas facultades [especiales]...” (Casación Nro. 1183-2006 /
20509).
- “... El error in procedendo que denuncia el recurrente se sustenta en que
don [...] carece de representación suficiente para demandar en nombre
de la empresa [...], puesto que en el poder que se le confiere no aparece

190
que expresamente se le haya otorgado la facultad especial para
demandar; [...] al respecto, en el testimonio de poder [...] aparece que en
la reunión de directorio de la empresa [...] los asistentes acordaron
otorgar poder a don [...], concediéndole las facultades generales del
mandato y las facultades especiales contenidas en los artículos
setenticuatro y setenticinco del Código Procesal Civil; [...] en ese
sentido, si bien las facultades especiales de representación se rigen por
el principio de literalidad, en la citada acta de directorio aparece que al
representante de la demandante se le otorgó las facultades especiales de
representación contenidas en el artículo setenticinco del Código Procesal
Civil, lo cual incluye también la facultad especial para demandar...”
Peruano el 02-07-2001, págs. 7345-7346).
- “... La regulación establecida en el artículo 75 del Código Procesal Civil,
busca proteger tanto a los terceros que pueden ser demandados por
representantes desprovistos de facultades y al representado que ignora
que su representante esté accionando sin facultades expresas para ello,
por lo que el incumplimiento de dicha norma legal acarreara [sic -léase
acarreará-] un vicio que de no ser adecuadamente subsanado genera el
rechazo de la acción...” (Casación Nro. 4995-2007 / Lima, publicada en
- “... Si bien es cierto que el Artículo setenticinco del Código Procesal
Civil establece que el otorgamiento de facultades especiales se rige por
el principio de literalidad y que no se presume la existencia de facultades
no conferidas explícitamente, esto no implica que se debe otorgar un
poder específico para que el apoderado conteste determinada demanda
judicial, siendo suficiente para ello que se le hubiera conferido
expresamente la facultad genérica de contestar demandas que se
presentan contra su representado...” (Casación Nro. 175-95 / Pucallpa,
- “... El apoderado cuenta con facultades para interponer demandas y
contestarlas, siendo que, esto no implica, de ninguna manera, que
puedan ser emplazados con una demanda dirigida al poderdante...”
Peruano el 03-072006, págs. 16452-16453).
- “... De acuerdo a la literalidad de las facultades especiales no es posible
suponer una determinada facultad, más aún si se trata del emplazamiento

191
de un acto que debe ser notificado de forma personalísima...” (Casación
Nro. 2828-2004 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
0307-2006, págs. 16452-16453).
- “... El hecho que el apoderado, en su escrito de apersonamiento, haya
defendido los intereses de sus representados, alegando que no tiene
relación directa obligacional con el actor, no se puede tomar como una
convalidación de la notificación de la demanda, porque ésta únicamente
procede en cuanto al propio obligado o si es que el apoderado hubiera
tenido la facultad expresa para poder ser emplazado con una demanda
en nombre de su poderdante...” (Casación Nro. 2828-2004 / Lima,
16453).
- “... El endosatario en procuración goza de las facultades procesales
especiales, dentro de las cuales se encuentra delegar la representación
procesal...” (Casación Nro. 1438-02 / Arequipa, publicada en el Diario
10.4.5 Nombramiento de apoderado común o
unificación de la perso- nería
Pallares dice acerca de la representación unitaria (entiéndase nombramiento
de apoderado común) lo siguiente:
“... La representación unitaria es obligatoria cuando dos o más personas
ejercitan la misma acción u oponen la misma excepción (...).
La representación unitaria consiste en que las partes estén representadas
procesalmente por una sola persona, infiriéndose de ello que a cada una
ya no le es lícito obrar por separado, lo que produciría promociones
diversas, aun contrarias, y confusión en el procedimiento. También se
funda en el principio de economía procesal” (PALLARES, 1979: 143).
Al respecto, Lino Palacio refiere lo siguiente:
“La unificación de la personería es el acto mediante el cual, en los supuestos
de intervenir con carácter autónomo varios actores o demandados
vinculados, sin embargo, por un interés común, se designa a un
apoderado único para que asuma la representación procesal de todos
ellos. Supone, por lo tanto, un estado litisconsorcial activo o pasivo, la

192
actuación independiente de cada uno de los litisconsortes, y una
comunidad de intereses entre éstos.
(...)
(...) No es suficiente, para que proceda la unificación, la mera circunstancia
de existir pluralidad de partes actoras o demandadas; es indispensable,
además, que los litisconsortes se hallen vinculados por un interés común
o compatible. Por lo tanto, la unificación no sería admisible si no
existiese compatibilidad entre la causa y el objeto de las pretensiones
interpuestas por los litisconsortes, o uno o algunos de éstos hubiere
invocado defensas opuestas a las de los restantes. Pero cuando media un
interés común -extremo que en cada caso queda reservado a la
apreciación del juez-, no es óbice a la unificación el hecho de que los
litisconsortes demandados, por ejemplo, no han contestado la demanda
en forma absolutamente coincidente, pues no es menester atenerse a la
total identidad entre el contenido de las pretensiones o de las
oposiciones, sino a su compatibilidad” (PALACIO, 1983, Tomo III: 98-
101).
El Código Procesal Civil, en su artículo 76, regula el nombramiento de
apoderado común en estos términos:
“Cuando diversas personas constituyan una sola parte, actuarán
conjuntamente. Si no lo hicieran, el Juez les exigirá la actuación común
o el nombramiento de apoderado común en el plazo de diez días, bajo
apercibimiento de designarlo por ellos.
La resolución que contiene el nombramiento es título que acredita la
personería del apoderado común, el que necesariamente será uno de los
Abogados.
La negativa de una persona a la designación de apoderado común o a
continuar siendo representada por él, es mérito suficiente para que
litigue por separado.
La revocación del poder o renuncia del apoderado común, no surte efecto
mientras no se designe uno nuevo y éste se apersone al proceso”.
10.4.6 Terminación del mandato judicial
A criterio de Alvarez Juliá, Neuss y Wagner, el mandato judicial termina:

193
“a) POR REVOCACION. Debe ser expresa y extingue el mandato luego de
que sea admitida judicialmente. La sola intervención del mandante en el
juicio no importa revocación, sino en el caso que asuma la tramitación
del juicio, pidiendo que se entiendan con él las ulterioridades de éste. En
caso de revocación hecha por el poderdante, deberá nombrar otro
apoderado o comparecer por sí mismo sin necesidad de nueva citación;
no haciéndolo así, la parte contraria podrá pedir que el juicio continúe
en rebeldía.
b) POR RENUNCIA DEL MANDATARIO. En caso de renuncia del
apoderado deberá continuar sus gestiones hasta que haya vencido el
término señalado a su poderdante para reemplazarlo, bajo pena de daños
y perjuicios. Si al vencimiento del término señalado no compareciere el
poderdante, por sí o por medio de otro apoderado el juicio continuará en
rebeldía en la forma del caso anterior (...).
c) POR HABER CESADO LA PERSONALIDAD CON QUE LITIGABA
EL PODERDANTE. Por ejemplo, el caso del insano que ha recuperado
la razón.
d) POR HABER CONCLUIDO LA CAUSA PARA LA QUE SE LE
OTOR-
GO EL PODER. Tratándose de un poder especial en el que se
determina su objeto, pierde vigencia una vez cumplidas las diligencias
que en él se indican.
e) POR MUERTE O INCAPACIDAD DEL MANDANTE. En tales casos,
el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos
o representante legal tomen la intervención que les corresponda en el
proceso, o venza el plazo fijado. Mientras tanto, comprobado el deceso
o la incapacidad, el juez señalará un plazo para que los interesados
concurran a estar a derecho citándolos directamente si se conocieran sus
domicilios o por edictos (...), si no fuesen conocidos, bajo
apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de
nombrarles defensor en el segundo.
(...)
f) POR MUERTE O INHABILIDAD DEL APODERADO. Producido el
caso se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al mandante
un plazo para que comparezca por sí o por nuevo apoderado, citándolo
en la forma dispuesta en el apartado anterior. Vencido el plazo fijado sin

194
que el mandante satisfaga el requerimiento, se continuará el juicio en
rebeldía” (ALVAREZ JULIA; NEUSS; y WAGNER, 1990: 100-101).
De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico procesal (art. 78 -parte
inicial- del C.P.C.), el cese de la representación judicial se produce por las mismas
causas que dan lugar al término de la representación o del mandato (revocación
del poder; renuncia, fallecimiento, incapacidad posterior del apoderado;
vencimiento del plazo del mandato; cumplimiento de éste; etc.).
Es de destacar que, a menos que haya una declaración explícita, la ejecución
de un acto procesal por parte del representado no implica la revocación del poder
(art. 78 -in fine- del C.P.C.). Esto significa que la intervención del apoderado no
excluye la participación de la persona a quien se representa. Es de anotar que el
ordenamiento sustantivo, a diferencia del procesal, prevé la revocación tácita del
poder con la ejecución del acto por el representado (art. 151 del Código Civil).
Ello no implica conflicto de leyes alguno porque la representación procesal se
rige, como es obvio, por la legislación de la materia, siendo la normatividad del
Código Civil sobre representación y mandato aplicable únicamente en forma
supletoria (art. 62 del C.P.C.).
Acerca de los efectos del cese de la representación judicial decidido por el
representado capaz de actuar por sí mismo, hay que señalar que, según se
desprende del artículo 79 -primer párrafo- del Código Procesal Civil, sólo tendrá
eficacia a partir del momento en que se apersona al proceso la parte que confirió
el poder, ya sea por sí mismo o mediante nuevo apoderado judicial, no importando
la fecha o forma de la comunicación del cese de la representación al anterior
apoderado ni tampoco la causal.
En cuanto a los efectos del cese de la representación decidido por el
apoderado, es bueno indicar que, según se infiere del artículo 79 -segundo
párrafo- del Código adjetivo, surtirá efecto luego del quinto día de notificado el
representado u otro de sus apoderados. De no apersonarse aquél al proceso por sí
mismo o si no se designara nuevo apoderado continuará el proceso en su rebeldía.
Finalmente, y conforme lo ordena el último párrafo del artículo 79 del Código
Procesal Civil, en tanto no se designe nuevo representante o curador procesal, el
proceso se suspenderá (por un plazo que no excederá los 30 días) en los siguientes
casos:
- Muerte del representante legal de un incapaz.
- Declaración de ausencia del representante legal de un incapaz.

195
- Incapacidad sobrevenida del representante o del apoderado.
- Remoción o cese de nombramiento del representante legal de un
incapaz.
- Circunstancias análogas (accidentes graves que impidan el ejercicio de
la representación, condena penal del representante, etc.).
10.5 Representación judicial por abogado
Para Rosenberg, el abogado “... es una persona experta en derecho, autorizada
por el Estado para servir a las partes, en razón de su profesión, como asesor
(patrocinante) y representante (mandatario procesal) (...); en estas tareas es
independiente y sólo está sometido a las leyes. Como representante actúa en lugar
de la parte (ausente); como patrocinante, junto a la parte (presente), a la que asiste
con su consejo y alegato...” (ROSENBERG, 1955, Tomo I: 146).
Gallinal refiere que el término abogado, “... en el uso corriente de nuestro
idioma, significa protector, defensor, el que intercede, media y ruega en favor de
otro; y el abogado en la acepción jurídica, protege y defiende en sus derechos, al
que necesita el amparo de la justicia e intercede, por él, ante los tribunales, para
que le favorezcan, haciendo cumplir las leyes. La acepción usual de la palabra
corresponde a su acepción jurídica. Por eso, los que desempeñan esta profesión,
fueron designados por los romanos con los nombres de patroni (protectores) y
advoctis, en cuanto eran llamados por los que solicitaban su intercesión y auxilio
(...). Lo que le caracteriza como tal, es resolver consultas, o mostrarse en los
tribunales defendiendo de palabra y por escrito los derechos de sus clientes,
invocando la ley y exigiendo el exacto cumplimiento de la justicia” (GALLINAL,
s/a, Tomo I: 243-244).
La Ley Orgánica del Poder Judicial regula lo concerniente a los abogados
patrocinantes en el Capítulo Unico (“De los abogados patrocinantes”) del Título
I de la Sección Sétima (“De la defensa ante el Poder Judicial”), en los arts. 284 al
294.
Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil en julio de 1993,
ya el Texto Unico Ordenado de Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. Nro.
01793-JUS) se ocupaba de la representación judicial por abogado. Así es, el
artículo 290 de dicha Ley Orgánica establece en su primer párrafo que en los
procesos, sin necesidad de la intervención de su cliente, el abogado puede
presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para
los que se requiere poder especial con arreglo a ley. Dicha norma constituye un

196
acierto y es de mucha utilidad porque en virtud de ella el letrado patrocinante está
facultado para presentar los escritos necesarios a fin de proseguir con el desarrollo
del proceso y evitar que el propio cliente se perjudique en caso de producirse
algún evento que imposibilite al último la suscripción de un escrito, hecho que
hubiese motivado su no presentación de faltar el artículo 290 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (y el art. 80 del C.P.C.). Es sabido que en el ejercicio de la
profesión muchas veces se dificulta el contacto entre abogado y patrocinado e,
inclusive, éste puede optar por dejar en manos de aquél el conocimiento del juicio
y la realización de los actos procesales; pero, con la representación judicial
otorgada legalmente al abogado se evita la paralización involuntaria del proceso
y, es más, se agiliza éste.
Pese a estar ya contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
legislador ha creído conveniente incorporar al Código Procesal Civil la
representación judicial por abogado y lo hace dándole un contenido mucho más
técnico y completo. De esta manera el artículo 80 del citado Código adjetivo
prescribe que el interesado o su representante pueden otorgar o delegar al abogado
patrocinante las facultades generales de representación (a que se contrae el
artículo 74 del Código Procesal Civil). Si bien se indica que el otorgamiento o
delegación de tales facultades se puede hacer en el primer escrito, ello no impide
que se haga en momento posterior (pues no es difícil de imaginar que en el curso
del proceso puede darse el cambio de abogado patrocinante y con ello la necesidad
de conferir facultades generales de representación al nuevo letrado).
Puntualizamos que no es necesario que el poder general conferido al abogado
patrocinante adopte las formalidades previstas en el artículo 72 del Código
Procesal Civil, vale decir, que conste en escritura pública o se otorgue por acta
ante el Juez. Bastará que el escrito en que se autoricen facultades generales al
abogado se encuentre firmado por el interesado o su representante. (No está demás
decir que en no pocas ocasiones el abogado prepara el escrito en el cual se otorgan
facultades generales de representación y lo firma él mismo, sin participación de
su cliente o del representante de éste, resultando a todas luces ineficaz dicho
proceder). Además, será exigible que se consigne la dirección domiciliaria
(domicilio personal) del representado y su declaración de estar instruido de la
representación o delegación que otorga y de sus alcances o consecuencias (art. 80
-parte final- del C.P.C.). Estos dos últimos requisitos no se contemplaron en el
artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En varios casos los medios impugnatorios que interponían los abogados para
lograr que se declarase la ineficacia de una resolución judicial eran rechazados
por los magistrados quienes consideraban que las facultades generales de

197
representación no se hacían extensivas a la potestad del letrado para impugnar una
resolución, exigiendo erróneamente la firma del representado (o de su
representante que cuente con facultades especiales). Aquello acontecía inclusive
estando ya vigente el Código Procesal Civil. Al respecto, señalamos que los actos
que requieren de facultades generales se determinan haciendo exclusión de los
contenidos en el artículo 75 del mencionado Código, referido a las facultades
especiales; en consecuencia, al no prescribir el ordenamiento procesal u otra ley
que la interposición de medios impugnatorios constituye un acto para el cual se
exige contar con facultades especiales, el letrado patrocinante podrá interponerlos
con su sola firma haciendo uso de las facultades generales concedidas. Pese a lo
expresado, resulta saludable lo dispuesto por la Ley Nro. 26624 (del 19-06-1996)
que agrega un nuevo párrafo al artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
el cual precisa que el abogado no requiere poder especial para interponer medios
impugnatorios en representación de su cliente.
Finalmente, en relación al tema tratado en este punto, debe tenerse presente
lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al
cual:
“Los abogados que integran estudios colectivos pueden sustituirse
indistintamente en el patrocinio de los asuntos a su cargo y se representan,
unos a otros, para fines profesionales, ante las Salas y Juzgados
correspondientes.
La conformación de un estudio colectivo es puesta en conocimiento de las Cortes
y del Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente. Dicha
nómina no afecta las obligaciones y derechos que corresponden a cada uno
de sus miembros, siendo la responsabilidad individual”.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la actuación del
abogado, ha establecido lo siguiente:
- “... Según lo establecido en el artículo 284 y siguientes del Texto Unico
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...], la defensa por ante el
Poder Judicial es cautiva, en este mismo sentido el artículo 132 del Código
Procesal Civil define que los escritos que las partes presenten al proceso
necesariamente deberán estar autorizados por un abogado colegiado, con
indicación de su nombre y número de registro. De lo contrario no se le
concederá trámite; por tanto, queda claro que para ejercer la defensa por
ante el Poder Judicial es preciso entre otros: poseer el título de abogado,
estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial

198
correspondiente y estar habilitado para el ejercicio de la defensa...”
(Casación Nro. 262-2003 / Cañete, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30-052005, págs. 14086-14087).
- “... Si bien toda persona tiene derecho a ser patrocinada por el abogado de
su elección en el proceso en el que interviene, resulta que dicho letrado
debe cumplir con requisitos básicos para que el patrocinio sea idóneo con
respecto a su patrocinado, entre los cuales se requiere (...) que se encuentre
habilitado para el patrocinio judicial conforme al Estatuto de su respectivo
Colegio profesional” (Casación Nro. 1363-99 / Lima, publicada en el
- “... En cuanto a la situación de hábil o inhábil del abogado patrocinante de
la parte demandada tenemos que las deficiencias u omisiones en que
incurren los abogados patrocinantes, no pueden ser atribuidos a las
partes...” (Casación Nro. 398-2004 / Lima, publicada en el Diario Oficial
- “... El hecho que un letrado no se encuentra al día en sus cuotas gremiales
no puede perjudicar a su patrocinado, debiendo, en todo caso, sancionarse
por tal hecho en la vía respectiva, a tal letrado...” (Casación Nro. 37802006
/ Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-12-2008, págs.
23322-23323).
- “... El mencionado letrado ha venido ejerciendo la defensa con pleno
conocimiento de la causal de inhabilitación en que había incurrido (por
incumplimiento del pago de sus cuotas gremiales), lo cual riñe con el deber
de probidad al que está obligado a observar en virtud del Artículo ciento
nueve del Código Procesal Civil, así como los deberes de honradez y buena
fe (...), cuya infracción debe de sancionarse...” (Casación Nro. 1363-99 /
Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23-12-1999, págs. 4403-
4404).
- “... En cuanto al extremo denunciado referido a que se ha contravenido el
artículo ciento treintidós del Código Procesal Civil ya que la demanda ha
sido autorizada por abogado inhábil, debe señalarse que [...] la habilitación
ante el Colegio de Abogados es un acto administrativo susceptible de
subsanación, toda vez que dicho pago puede efectuarse en cualquier
momento, lo cual no perjudica la tutela jurisdiccional de la parte
demandante...” (Casación Nro. 3456-2007 / Lima, publicada en el Diario

199
- “... El artículo doscientos noventa de la Ley Orgánica del Poder Judicial
autoriza a los abogados, sin necesidad de la intervención de su cliente a
presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de
aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley[,] y
absolver el traslado de la contradicción [en el proceso de ejecución de
garantías] no requiere poder especial...” (Casación Nro. 3056-2001 /
Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-02-2002, pág.
8327).
- “... Los abogados defensores según el artículo doscientos noventa de la Ley
Orgánica del Poder Judicial [...], expresan que pueden interponer los
recursos respectivos a favor de sus patrocinados; en efecto, en tanto se
oriente a viabilizar el derecho de defensa es suficiente que el escrito haya
sido signado por el abogado que haya suscrito anteriores escritos con sus
patrocinados...” (Casación Nro. 693-99 / Lambayeque, publicada en el
- “... El artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone que en
los procesos en general el abogado, sin necesidad de la intervención de su
cliente puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con
excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo
a ley, precisando que no se requiere de poder especial para interponer
medios impugnatorios, en representación de su cliente. [...] Que leída así
la norma debe comprenderse que, para que el abogado pueda interponer
apelación por su cliente debe contar con las facultades generales de
representación del artículo 74 del Código Procesal Civil que pueden ser
otorgadas extrajudicial o judicialmente conforme a los artículos 72 y 80
del mismo cuerpo legal, pues sólo así se encontrarán comprendidas dentro
de sus facultades la de impugnación conforme al artículo 290 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. [...] Que contra tal razonamiento no incide el
artículo 364 del Código Procesal Civil, que regula el objeto de la apelación
señalando que tal medio [impugnatorio] puede ser interpuesto a solicitud
de parte o tercero legitimado, pues [...] el artículo 290 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial tan sólo precisa que la facultad de apelar por el abogado
se comprende dentro de las generales de representación que se otorguen
conforme al artículo 74 del Código Procesal Civil. [...] Que en el caso sub-
examine no se advierte delegación de facultades al abogado conferidas
conforme al artículo 80 del Código Procesal Civil, ni se aprecia que
extrajudicialmente se hayan otorgado dichas facultades, de modo que el
letrado que suscribe la apelación no se encontraba facultado para ello...”

200
(Casación Nro. 3811-2002 / San Martín, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 31-08-2004, pág. 12682).
- “... Si el Abogado que autorizó el recurso de apelación no estuvo habilitado
para el patrocinio judicial por falta de pago de cuotas gremiales, ello no es
razón suficiente para anular el acto procesal y los efectos que de él hayan
derivado aún cuando el vicio resulta manifiestamente reprochable por la
conducta del letrado, resulta de mayor interés considerar que la parte
procesal o patrocinado (sea actor o demandado) no se vea perjudicada en
su derecho a la doble instancia por la irregularidad administrativa anotada,
pues, el objeto o fin del medio impugnatorio referido es que el juez
(Colegiado) superior revise el fallo apelado, pues pese a que el recurso es
defectuoso al estar autorizado por el letrado inhabilitado, ha cumplido con
satisfacer la vigencia o tutela del derecho a impugnar las resoluciones
judiciales consagrado en la Constitución Política del Estado como
principio del debido proceso...” (Casación Nro. 1332-2003 / Ucayali,
11752).
- “... El supuesto fallecimiento del abogado de una de las partes no
interrumpe el término del abandono y el tercer acápite del artículo
setentinueve del Código Procesal Civil [...] no es aplicable al presente caso,
porque la representación conferida al referido letrado fue con arreglo a los
artículos setenticuatro y ochenta del Código acotado, que se refieren a las
facultades generales del poder y a la representación judicial del abogado...”
Peruano el 01-12-2003, pág. 11170).
- “... La revocatoria de poder (del abogado) (...) no implica en forma expresa
la subrogación del abogado de la demandada...” (Casación Nro. 3301-99 /
pág. 5076).
10.6 Supletoriedad de la representación civil
De acuerdo a lo normado en el artículo 62 del Código Procesal Civil, la
representación civil es supletoria, debiéndose aplicar con tal carácter, en todo lo
no previsto en el Título II (“Comparecencia al proceso”) de la Sección Segunda
(“Sujetos del proceso”) del Código Procesal Civil, las normas del Código Civil
sobre representación y mandato, vale decir, los artículos 145 al 167 del Código
Civil, que integran el Título III (“Representación”) del Libro II (“Acto jurídico”)

201
del citado Código sustantivo, y los artículos 1790 al 1813 del Código Civil, que
conforman el Capítulo Cuarto (“Mandato”) del Título IX (“Prestación de
servicios”) de la Sección Segunda (“Contratos nominados”) del Libro VII
(“Fuentes de las obligaciones”) del referido cuerpo de leyes.
11. PROCURACION OFICIOSA
Devis Echandía, acerca de la procuración o agencia o gestión oficiosa, anota
que “también en materias judiciales tiene aplicación la agencia oficiosa. En
efecto, cualquier persona, sin necesidad de poder puede promover demanda a
nombre de otra que esté ausente o impedida para hacerlo, con el fin de evitar que
pueda sufrir algún perjuicio; para ello debe dar garantía a satisfacción del juez, de
que el interesado por quien obra le dará su aprobación...” (DEVIS ECHANDIA,
1985, Tomo II: 436).
Véscovi señala al respecto lo siguiente:
“... La procuración oficiosa, (es un) instituto de naturaleza procesal -pero
similar a la gestión de negocios del derecho sustantivo- por el que se
permite actuar sin poder. Se trata de casos especiales y para la defensa
en juicio de derechos de quienes corren peligro de perderlos por no poder
apersonarse en el juicio por múltiples razones.
(...)
(...) Es corriente que los códigos permitan la actuación -previa prestación de
garantía o fianza- de terceras personas en nombre de los interesados, ya
sea -lo que es más común- para defender (contestar, oponer excepciones,
etc.) a quien no está en condiciones de hacerlo por sí, por motivos de
urgencia, o bien para demandar (en caso de vencimiento de algún plazo,
si
no se inicia dicha demanda). La garantía, en general, queda a criterio del
tribunal y tiene por objeto responder por la afirmación del compareciente
de que aquel por quien actúa aprobará su gestión.
Generalmente, esta actividad queda limitada a los actos conservativos e
indispensables” (VESCOVI, 1999: 199).
Mediante la procuración oficiosa, pues, una persona comparece en un
proceso en nombre de otra sin tener representación judicial alguna respecto de la
última y sin que le sea exigible invocar interés y legitimidad para obrar (art. IV -

202
primer párrafo- del T.P. del C.P.C. y art. 81 -primer párrafo- del C.P.C.).
Naturalmente, la intervención procesal de un sujeto que no es representante del
titular del derecho discutido judicialmente no puede darse en la generalidad de
casos. El artículo 81 del Código Procesal Civil exige una serie de requisitos, a
saber:
1. Que la persona por quien comparece el procurador oficioso se encuentre
impedida de hacerlo por sí misma, estuviera ausente del país, tenga
razones de fundado temor o amenaza, se trate de una situación de
emergencia o de inminente peligro o cualquier otra causa análoga y
desconociera la existencia de representante con poder suficiente.
2. Que cuando la parte contraria lo pida, el procurador oficioso preste
garantía suficiente a criterio del Juez de que su gestión será ratificada
por el procurado, dentro de los dos meses siguientes de comparecer éste.
El último párrafo del artículo 81 del Código Procesal Civil establece una
presunción jure et de jure, es decir, que no admite prueba en contrario por ser de
carácter absoluto. Efectivamente, cuando el interesado comparece en nombre
propio o debidamente representado y no objeta expresamente la participación del
procurador, se presumirá la ratificación de la procuración oficiosa.
La ratificación de la gestión del procurador oficioso, dicho sea de paso, tiene
efecto retroactivo (art. 81 -in fine- del C.P.C.). Así, tendrán eficacia procesal todos
aquellos actos realizados a partir de la comparecencia del procurador que hayan
sido ratificados, sin perjuicio del derecho de terceros.
Advertimos que la ratificación de la gestión del procurador oficioso tiene que
ser pura o simple: deben aceptarse en su integridad los actos procesales
desarrollados por el procurador. No será válida la ratificación parcial como
tampoco lo será la que esté sujeta a condición (art. 81 -último párrafo- del C.P.C.).
12. PATROCINIO DE INTERESES DIFUSOS
Según Barbosa Moreira, el “... ‘derecho difuso o fragmentario’ se refiere a
un bien indivisible en cuotas que puedan ser atribuidas a cada afectado. Estos
últimos se hallan en unión tal que la satisfacción de uno solo, implica, en
principio, la del grupo; así como la afectación a uno solo, lo es también a la clase”
(BARBOSA MOREIRA; citado por GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 1: 401-
402).
A decir de Lozano-Higuero Pinto, se definen los intereses difusos como “…
aquellos intereses -situaciones de ventaja jurídicamente relevante- de un sujeto

203
jurídico en cuanto compartidos, expandidos, o compartibles, expansibles, por una
universalidad, grupo, categoría, clase o género de los mismos; cuyo disfrute,
ostentación y ejercicio son esencialmente homogéneos y fungibles, y que
adolecen de falta de estabilidad y coherencia en su vinculación subjetiva, así como
de concreción e intensidad normativa orgánica en sus tutelas material y procesal”
(LOZANO-HIGUERO PINTO; citado por LORCA NAVARRETE, 2000: 131).
Barrios de Angelis, respecto de la distinción entre interés colectivo e interés
difuso, asevera que:
“... Es la dimensión del grupo subjetivo lo que hace colectivo a un interés,
pero es la indeterminación, la falta de límites precisos en cuanto a la
identificación de las personas que lo componen lo que convierte a ese
interés en difuso.
Por lo tanto, el interés difuso se caracteriza por corresponder a los sujetos de
un grupo indeterminado” (BARRIOS DE ANGELIS; citado por
LANDONI SOSA, 1998: 448).
Sobre el particular, Gozaíni señala las siguientes clases de intereses difusos:
“a) Intereses relacionados con la defensa de la ecología o el medio ambiente:
pretendiendo preservar el equilibrio de la naturaleza, a través de sus
diversas expresiones: tutela del paisaje; protección a la flora y a la fauna,
combatir la polución, el desarrollo urbano desmedido o sin
planificación; la utilización racional de las riquezas, etc.
b) Intereses ligados a la protección del consumidor, propaganda comercial;
lealtad en el mantenimiento de la oferta; resguardo y seguridad en los
alimentos y medicaciones; adopción de medidas de seguridad para los
productos peligrosos; regularidad y eficiencia en la prestación de los
servicios públicos y los sistemas que conciernan a la efectividad de las
indemnizaciones de los perjuicios causados en el caso de violación por
parte de los expendedores y proveedores, etc.
c) Intereses vinculados a valores culturales y espirituales, como la
seguridad en el acceso a las fuentes de información; la difusión sin
censuras de conocimientos técnicos o científicos; la creación y el
mantenimiento de condiciones favorables a la investigación filosófica y
al libre ejercicio de los cultos religiosos, la protección de los
monumentos históricos y artísticos, etc.” (GOZAINI, 1992, Tomo I,
Volumen 1: 402).

204
El Código Procesal Civil, en su artículo 82, regula lo relacionado al
patrocinio de intereses difusos de esta manera:
“Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto
indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor
patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o
histórico o del consumidor.
Pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades Campesinas
y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se produjo el daño
ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones sin fines
de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este último por resolución
debidamente motivada, estén legitimadas para ello.
Las Rondas Campesinas que acrediten personería jurídica, tienen el mismo
derecho que las Comunidades Campesinas o las Comunidades Nativas en los
lugares donde éstas no existan o no se hayan apersonado a juicio.
Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de
bienes o valores culturales, sin la intervención de los Gobiernos Locales
indicados en el párrafo anterior, el Juez deberá incorporarlos en calidad de
litisconsortes necesarios, aplicándose lo dispuesto en los Artículos 93° a 95°.
[Al respecto, cabe señalar que el art. 93 del C.P.C. preceptúa que cuando la
decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los
litisconsortes, sólo será expedida válidamente si todos comparecen o son
emplazados. Por su parte, el art. 94 del C.P.C. establece: A. que los
litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes
independientes; y B. que los actos de cada uno de ellos no favorecen ni
perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. Por
último, el art. 95 del C.P.C. prescribe: A. que en caso de litisconsorcio
necesario, el Juez puede integrar la relación procesal emplazando a una
persona, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la
decisión a recaer en el proceso le va a afectar; B. que si carece (el Juez) de
la información necesaria, devolverá la demanda y requerirá al demandante
los datos para el emplazamiento al litisconsorte; y C. que si el defecto se
denuncia o el Juez lo advierte después
de notificada la demanda, suspenderá la tramitación del proceso hasta que
se establezca correctamente la relación procesal].

205
En estos casos, una síntesis de la demanda será publicada en el Diario Oficial El
Peruano o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente
distrito judicial. Son aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las
normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones [principalmente las
contenidas en los arts. 83, 86 y 89 del C.P.C] en lo que sea pertinente.
En caso que la sentencia no ampare la demanda, será elevada en consulta a la
Corte Superior. La sentencia definitiva que declare fundada la demanda, será
obligatoria además para quienes no hayan participado del proceso.
La indemnización que se establezca en la sentencia, deberá ser entregada a las
Municipalidades Distrital o Provincial que hubieran intervenido en el
proceso, a fin de que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la
conservación del medio ambiente de su circunscripción”.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al patrocinio de
intereses difusos, ha establecido lo siguiente:
- “... El artículo ochentidós del Código Procesal Civil [...] regula el
patrocinio de intereses difusos [...]. Para la defensa de estos intereses que
son de naturaleza colectiva -pues pertenecen en abstracto a una
pluralidad de sujetos indeterminados o indiferenciados- el legislador ha
optado por establecer quienes [sic] son los llamados a ejercer y
representar su tutela, estableciendo en la norma procesal en comento que
pueden promover o intervenir en este proceso, el Ministerio Público, los
Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, las Comunidades
Campesinas y/o las Comunidades Nativas en cuya jurisdicción se
produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o
instituciones sin fines de lucro que según la Ley y criterio del Juez, este
último por resolución debidamente motivada, estén legitimadas para
ello; [...] como puede advertirse, cuando la norma en comento alude a
las instituciones públicas y privadas antes rºferidas, lo hace para efectos
de establecer que sólo a aquéllas les asiste legitimidad para obrar en esta
clase de procesos. Por tanto, cuando las instancias de mérito amparan la
excepción de falta de legitimidad para obrar de las demandantes respecto
de la pretensión de indemnización por el daño ambiental, sustentada en
que sólo corresponde promover tal acción a las acotadas instituciones
públicas y privadas, expide una decisión que se ajusta a los alcances del
artículo ochentidós del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 2932-
2006 / Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-05-
2008, págs. 22063-22065).

206
- “... En cuanto a la indemnización por daño ambiental, debe señalarse que
la norma del artículo 82 del Código Procesal Civil es clara y señala
quiénes pueden promover acción para el patrocinio de intereses difusos,
y su titularidad corresponde precisamente a dicho grupo no determinado
o al Ministerio Público u ONG’s [Organizaciones No Gubernamentales]
debidamente autorizadas...” (Casación Nro. 2927-2006 / Cajamarca,
- “... La legitimación para obrar activa, en defensa de los intereses difusos,
únicamente puede ser ejercida por las entidades señaladas expresamente
en el artículo 82° del Código Procesal Civil [sobre patrocinio de
intereses difusos]...” Nota: Lo señalado en el presente extracto ha sido
establecido como doctrina jurisprudencial vinculante (entiéndase, en
la actualidad, precedente judicial vinculante) por el primer pleno
casatorio civil realizado por la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República, correspondiente a la Casación Nro. 1465-2007
/ Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El Peruano (en separata
especial) el 21-04-2008, págs.
21982-22036, encontrándose dicho extracto exactamente en la pág. 22009.
13. ACTOS PROCESALES DE LAS PARTES
Couture, al examinar los actos procesales de las partes, predica lo siguiente:
“Los actos de las partes tienen por fin la satisfacción de las pretensiones de
éstas.
(...)
Corresponde distinguir entre actos de obtención y actos dispositivos.
Los primeros tienden a lograr del tribunal la satisfacción de la pretensión hecha
valer en el proceso; los segundos, tienen por objeto crear, modificar o
extinguir situaciones procesales.
(...)
Entre los actos de obtención cabe distinguir:
a) Actos de petición; o sea aquellos que tienen por objeto determinar el
contenido de una pretensión; ésta puede referirse a lo principal del
asunto (pretensión de la demanda; pretensión de la defensa) o a un

207
detalle del procedimiento (admisión de un escrito, rechazo de una
prueba).
b) Actos de afirmación; se trata de aquellas proposiciones formuladas a lo
largo del proceso, dirigidas a deparar al tribunal el conocimiento
requerido por el petitorio; estas afirmaciones se refieren tanto a los
hechos como al derecho; también se acostumbra clasificar estas
proposiciones en participaciones de conocimiento (saber jurídico) o
participaciones de voluntad (querer jurídico).
c) Actos de prueba; se trata de la incorporación al proceso de objetos
(documentos) o relatos (declaraciones reconstruidas en el proceso
escrito mediante actas) idóneos para crear en el tribunal la persuasión de
la exactitud de las afirmaciones.
Los actos dispositivos se refieren al derecho material cuestionado en el proceso
o a los derechos procesales particulares.
Disposición del derecho existe mediante:
a) Allanamiento (...).
b) Desistimiento (...).
c) Transacción...” (COUTURE, 1985: 206-207).
El Código Procesal Civil regula lo concerniente a los actos procesales de las
partes en el Capítulo II (“Actos procesales de las partes”) del Título I (“Forma de
los actos procesales”) de la Sección Tercera (“Actividad procesal”), en los arts.
129 al 135.
14. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, DE SUS
ABOGADOS Y DE SUS APODERADOS EN EL PROCESO
Se colige del artículo 109 del Código Procesal Civil que son deberes de las
partes (incluyendo a los terceros legitimados), abogados y apoderados los
siguientes:
1. Proceder con veracidad, probidad (honradez, rectitud, integridad),
lealtad (fidelidad) y buena fe (rectitud, honradez, buen proceder) en
todos sus actos e intervenciones en el proceso. Al respecto, cabe señalar
que según el principio de conducta procesal (contemplado en el segundo
párrafo del art. IV del T.P. del C.P.C.), las partes, sus representantes, sus

208
abogados y, en general, todos los partícipes adecuan su conducta a los
deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe.
2. No actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales.
3. Abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus
intervenciones. Al respecto, el inciso 1) del artículo 52 del Código
Procesal Civil prevé como facultad disciplinaria del Juez el ordenar que
se suprima la frase o palabra expresada o redactada en términos
ofensivos o vejatorios.
4. Guardar el debido respeto al Juez, a las partes y a los auxiliares de
justicia. Este deber procesal guarda relación con el anterior,
constituyendo así el género, en tanto que el deber indicado en el punto 3
representa la especie, aplicándose a ambos las facultades disciplinarias
del Juez previstas en el artículo 52 del Código Procesal Civil.
5. Concurrir ante el Juez cuando éste los cite y acatar sus órdenes en las
actuaciones judiciales. Todos los intervinientes en el proceso están
obligados a cumplir los mandatos del Juez (director del proceso); de lo
contrario, se harán merecedores de las sanciones que aquél imponga en
uso de sus facultades coercitivas, a saber: 1. multa compulsiva y
progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus
mandatos con arreglo al contenido de su decisión; y 2. detención hasta
por veinticuatro horas de quien resiste su mandato sin justificación,
produciendo agravio a la parte o a la majestad del servicio de justicia
(art. 53 del C.P.C.).
6. Prestar al Juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales
(es claro que sin ella estas últimas difícilmente podrían desarrollarse con
normalidad, lo que generaría demora en el proceso), bajo apercibimiento
de ser sancionados por inconducta con una multa (de 3 a 5 U.R.P.). Tal
disposición guarda correspondencia con la establecida en el último
párrafo del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
conforme a la cual el Juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier
conducta ilícita o dilatoria. También resulta concordante con lo
dispuesto en el artículo 53 del Código Procesal Civil, numeral referido
a las facultades coercitivas del Juez (de imponer multa compulsiva y
progresiva y de disponer la detención hasta por veinticuatro horas del
infractor).

209
Tanto el demandante como el demandado y los terceros legitimados, así
como sus abogados y apoderados, incurren en responsabilidad patrimonial cuando
causen perjuicios con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe (art. 110
-parte inicial del primer párrafo- del C.P.C.).
Una vez comprobado que alguno de los sujetos procesales o su abogado o
apoderado actuó con temeridad o mala fe, el órgano jurisdiccional le impondrá al
responsable la multa respectiva (de 5 a 20 U.R.P.). La referida sanción, dicho sea
de paso, no obsta que al vencido se le condene al pago de las correspondientes
costas y costos procesales. Así lo determina la parte final del primer párrafo del
artículo 110 del Código Procesal Civil.
El último párrafo del artículo 110 del Código Procesal Civil establece una
responsabilidad solidaria (entre el sujeto procesal de que se trate -parte o tercero
legitimado- y su abogado patrocinante y apoderado, si lo hubiere), en caso de que
no pueda determinarse con precisión al autor de la conducta procesal temeraria o
de mala fe de la que derivaron los correspondientes perjuicios.
Por otro lado, y según se infiere del artículo 111 del Código Procesal Civil,
cuando el Juez considere que el abogado actúa o ha actuado con temeridad o mala
fe, dispondrá la remisión de las copias certificadas de las actuaciones respectivas
(en las que consta la actuación procesal temeraria o de mala fe imputada al
letrado) a la Presidencia de la Corte Superior, al Ministerio Público y al Colegio
de Abogados correspondiente, para las sanciones (disciplinarias y penales) a que
pudiera hacerse merecedor el letrado que infringió sus deberes de conducta
procesal.
Existe temeridad o mala fe, según el caso, en las hipótesis contempladas en
el artículo 112 del Código Procesal Civil, a saber:
A) Cuando sea manifiesta (evidente o incuestionable) la carencia de
fundamento jurídico de la demanda, contestación o medio impugnatorio (ya
sea que se trate de un recurso o un remedio -tacha, oposición o nulidad-). B)
Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
C) Cuando se sustrae el expediente (lo que da lugar a su recomposición: art.
140 del C.P.C.).
D) Cuando se mutile o inutilice alguna parte del expediente.
E) Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente
ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.

210
F) Cuando se obstruya la actuación de medios probatorios.
G) Cuando por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo
normal del proceso.
H) Cuando por razones injustificadas las partes no asisten a las audiencias
generando dilación. No habrá mala fe si la ausencia de las partes a una
audiencia obedece a causas de fuerza mayor (enfermedad, accidente,
etc.).

211
CAPITULO IV
ACUMULACION DE PRETENSIONES
Y DE PROCESOS
1. DEFINICION DE ACUMULACION
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto aseguran que “el proceso es acumulativo,
no simple, cuando sirve para la composición de dos o más pretensiones, cada una
de las cuales podría ser ventilada en proceso diverso” (QUINTERO; y PRIETO,
1995, Tomo II: 48).
Gozaíni sostiene que “acumular pretensiones significa introducir
simultáneamente en una sola demanda varias peticiones (objetos o finalidades)
contra uno o varios demandados” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 1: 511).
Sobre el particular, Alsina refiere que “... la acumulación de acciones
(objetiva y subjetiva) consiste en la unión de dos o más acciones en un solo
proceso, para que sean resueltas en una misma sentencia. La acumulación de autos
es la reunión de varios procesos en los que se hayan ejercitado acciones conexas
para que se tramiten ante el mismo juez y se resuelvan en una sola sentencia o de
acuerdo con un solo criterio. La primera tiene como fundamento la economía
procesal, permitiendo resolver en un solo proceso diversas cuestiones; la segunda
tiene por objeto impedir que una misma cuestión sea resuelta de distinta manera
en los diversos procesos. Aquélla es facultativa para el actor y obligatoria para el
demandado; ésta es facultativa para el demandado y obligatoria para el actor”
(ALSINA, 1956, Tomo I: 538).
Para Gimeno Sendra, “el fundamento de dicha acumulación (de acciones o
pretensiones) hay que encontrarlo en razones de economía procesal y, en último
término, en el derecho a la tutela judicial efectiva (…), pues, sería antieconómico
que un demandante que desea plantear varias pretensiones contra un mismo
demandado, hubiera de deducir tantas demandas y suscitar tantos procedimientos,
cuantas pretensiones quiera interponer, lo que provocaría un incremento notable
de los gastos procesales y del tiempo invertido en los distintos procedimientos”

212
El Código Procesal Civil regula lo concerniente a la acumulación en el
Capítulo V (“Acumulación”) del Título II (“Comparecencia al proceso”) de la
Sección Segunda (“Sujetos del proceso”), en los arts. 83 al 91.
2. CONEXIDAD QUE JUSTIFICA LA ACUMULACION
Según Palomino Marín, la conexión “... es aquella relación entre dos o más
acciones que consiste en la identidad de alguno de sus elementos” (PALOMINO
MARIN, 1966: 75). Dicho autor precisa que “la conexión puede ser subjetiva y
objetiva; y esta segunda, propia e impropia; en la conexión objetiva propia se da
identidad de cosas y causas; en la impropia, identidad de cuestiones jurídicas...”
(PALOMINO MARIN, 1966: 75).
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto enseñan sobre el tema lo siguiente:
“Implica el proceso acumulativo que las pretensiones que van a ser
compuestas sean conexas. Piénsese en el término conexión con el
significado de relación, nexo o enlace entre dos o más elementos de las
pretensiones (...). Cuando dos o más pretensiones tengan en común uno
o más de estos elementos, es decir, cuando alguno o algunos de estos
elementos sirvan a la composición estructural de dos o más pretensiones,
existe conexión entre ellas y puede producirse el fenómeno de la
acumulación o pluralidad de pretensiones en un proceso.
La conexidad reclama en las diversas pretensiones la identidad de por lo
menos uno de los sujetos, pues la mera razón lógica impone que no hay
litigios conexos entre partes totalmente diversas.
Tradicionalmente se habla de identidad de partes, de causa y de objeto y de
la conexión de tales elementos en diferentes litigios o pretensiones. Esta
es la conexidad clásica o conexidad material...” (QUINTERO; y
PRIETO, 1995, Tomo II: 49-50).
En lo que concierne a la conexidad que justifica la acumulación, el Código
Procesal Civil, en su artículo 84, prescribe que hay conexidad cuando se presentan
elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines
en ellas.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la conexidad que
justifica la acumulación, ha establecido lo siguiente:

ACUMULACION DE PRETENSIONES Y DE PROCESOS
213
- “... El artículo 84 del Código Adjetivo [C.P.C.] establece que existe
conexidad entre pretensiones cuando éstas presentan elementos
comunes o por lo menos elementos afines, con lo cual el código acotado
adopta tanto el concepto de conexidad propia como el de impropia,
exigiendo el primero, la identidad de elementos de las pretensiones
relacionadas, y el segundo, la afinidad de ellas...” (Casación Nro. 163-
págs. 22352-22353).
- “... Además del vínculo de conexidad entre las pretensiones que exige la
ley, la proveniencia del mismo título es elemento concurrente para una
debida acumulación [subjetiva] de pretensiones, entendido tal concepto
como el derecho de donde emana la facultad de accionar
jurisdiccionalmente...” (Casación Nro. 1546-2005 / Lima, publicada en
- “... Conforme a esta regla [art. 86 del C.P.C.], procede la acumulación
subjetiva de pretensiones, cuando estas provengan de un mismo título,
se refieran a un mismo objeto, o exista conexidad entre ellas, y además
se cumplan los requisitos del artículo 85 del mismo Código, [...] la
conexidad [...] se da cuando se presentan elementos comunes entre
distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas y debe
entenderse, en ese sentido, que la norma procesal no exige, de manera
estricta, que el título del que derivan las pretensiones sea idéntico para
afirmar que exista conexidad, sino de que existan suficientes elementos
comunes [...] que hagan concluir que existe vinculación entre las
pretensiones...” (Casación Nro. 237-2005 / Callao, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 0108-2006, págs. 16830-16831).
3. CLASES DE ACUMULACION
De la lectura de los artículos 83, 86, 88 y 89 del Código Procesal Civil
podemos inferir las siguientes clases de acumulación:
A) Acumulación objetiva: Se presenta cuando en un proceso hay dos o más
pretensiones.
A.1)Acumulación objetiva originaria: Se presenta cuando en la
demanda se proponen dos o más pretensiones.
A.2)Acumulación objetiva sucesiva: Se presenta cuando las pretensiones
a acumular son propuestas luego del inicio del proceso (ya sea

214
cuando el demandante amplía su demanda agregando una o más
pretensiones; o cuando el demandado reconviene; o cuando se
reúnen dos o más procesos en uno, a fin de que una sola sentencia
evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos; o cuando el
demandado formula el aseguramiento de la pretensión futura).
B) Acumulación subjetiva: Se presenta cuando en un proceso hay más de dos
personas (ya sea que actúen como partes o como terceros legitimados),
vale decir, cuando en un proceso se acumulan varias pretensiones de
varios demandantes contra varios demandados.
B.1)Acumulación subjetiva originaria: Se presenta al tiempo de la
interposición de la demanda (cuando ésta es planteada por varias
personas o contra varias personas).
B.2)Acumulación subjetiva sucesiva: Se presenta después del inicio del
proceso (cuando un tercero legitimado se apersona al proceso
invocando alguna pretensión o cuando se acumulan dos o más
procesos en un proceso único).
3.1 Acumulación objetiva
Según Gimeno Sendra, “la acumulación objetiva de pretensiones consiste en
reunir dentro de una misma demanda y contra el mismo demandado una
pluralidad de pretensiones, que han de tramitarse en un único procedimiento (…).
A través de dicha acumulación se produce, pues, una unidad de demanda y de
procedimiento, pero una diversidad de objetos procesales que se tramitan dentro
de unos mismos autos y que dan lugar a una única Sentencia, si bien, en virtud
del principio de congruencia (…), con tantos pronunciamientos en el fallo, como
pretensiones se hayan deducido y acumulado en el procedimiento” (GIMENO
SENDRA, 2007, Tomo I: 226). Gimeno Sendra resalta que “a los efectos de
determinar cuándo existe o no una acumulación de pretensiones lo decisivo será
examinar el ‘suplico’ de la demanda y comprobar si en él se contienen o no una
pluralidad de peticiones de cognición, siendo indiferente, a los estrictos efectos
de la acumulación, que dicha pluralidad de peticiones se fundamenten en una
diversidad de hechos o que una misma fundamentación fáctica sea susceptible de
sustanciar distintas pretensiones, siempre y cuando el ‘petitum’ de la demanda
contenga dos o más peticiones, declarativas, constitutivas o de condena. Distinto
es el caso del o de los distintos fundamentos jurídicos invocables sobre unos
mismos hechos, el cual no entraña fenómeno alguno de acumulación de
pretensiones” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 226).

215
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, en lo relativo a la acumulación bilateral u
objetiva, sostienen lo siguiente:
“Esta especie de acumulación necesita la coincidencia total del elemento
subjetivo en referencia con todas y cada una de las pretensiones que se
acumulen (...).
Se observa a veces en el proceso que surge o se continúa como acumulativo,
que la concurrencia de pretensiones obedece a la descomposición de una
relación jurídica sustancial que afecta dos o más aspectos del mismo
derecho u ofrece dos posibles tutelas así las vincule como
consecuenciales o alternativas o hasta principales, de tal manera que el
mismo hecho haga posible diferentes pretensiones. Otras veces las
relaciones jurídicas sustanciales conflictivas son totalmente autónomas
entre sí y se permite, sin embargo la acumulación en razón de la sola
conexidad subjetiva total. Ya por razones diferentes, para la permisión
del proceso acumulativo, se suelen exigir otros requisitos adicionales
como los que pudieran referirse a la competencia y al trámite o
procedimiento, pero ello corresponde a consideraciones de otra
naturaleza, que más atisban a la unidad formal del proceso porque éste
como continente debe servir técnicamente a todas las pretensiones a la
manera de un único arquetipo...” (QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo
II: 58).
Según se desprende del artículo 83 del Código Procesal Civil, la acumulación
objetiva es aquella que tiene lugar cuando en un proceso hay más de una
pretensión. Tal acumulación puede ser originaria, cuando en la demanda se
propone más de una pretensión. La acumulación objetiva también puede ser
sucesiva, cuando las pretensiones a acumular son propuestas luego del inicio del
proceso (ya sea cuando el demandante amplía su demanda agregando una o más
pretensiones; o cuando el demandado reconviene; o cuando se reúnen dos o más
procesos en uno, a fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos
jurisdiccionales opuestos; o cuando el demandado formula el aseguramiento de la
pretensión futura: art. 88 del C.P.C.).
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido lo
siguiente: “... Por la acumulación objetiva pueden demandar dentro de un proceso
más de una pretensión, acumulación que puede ser originaria o sucesiva según se
proponga en la demanda o después de iniciado el proceso...” (Casación Nro. 1125-
2000 / Huánuco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-2001, págs.
6689-6690).

216
3.1.1 Acumulación objetiva originaria
Como bien lo hace notar Aldo Bacre, la acumulación objetiva originaria
propiamente dicha “... es la concentración, en una misma demanda, de las distintas
pretensiones que el actor tenga contra el demandado, realizada con el objeto de
que se las sustancie y decida en un proceso único” (BACRE, 1986, Tomo I: 486).
“Su fundamento radica en razones de economía procesal, que significa el
tratamiento conjunto de diversas pretensiones que reconocen como sujeto activo
al mismo actor y como sujeto pasivo al mismo demandado” (BACRE, 1986,
Tomo I: 486).
Conforme se desprende del artículo 83 del Código Procesal Civil, la
acumulación objetiva originaria se configura cuando en la demanda se propone
más de una pretensión.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido lo
siguiente: “... Un proceso puede contener varias pretensiones, instituto que recibe
el nombre de acumulación objetiva; y si tales son interpuestas conjuntamente al
momento de platearse [sic -léase plantearse-] la demanda, se conocerá como
acumulación objetiva originaria; en tal sentido, en estricto, no estamos ante una
única demanda, sino antes varias pretensiones planteadas en un mismo escrito, lo
que significa también que cada una de ellas tiene existencia y naturaleza propias,
contando con los fundamentos de hecho y de derecho que las justifiquen...”
Peruano el 03-05-2005, págs. 14036-14037).
3.1.2 Formas o modalidades de acumulación de pretensiones
En cuanto a las formas o modalidades de acumulación de pretensiones, cabe
señalar que, conforme al texto del artículo 87 del Código Procesal Civil:
A. La acumulación objetiva originaria (aquella que se presenta cuando en
la demanda se proponen dos o más pretensiones) puede adoptar las
siguientes formas: a) subordinada; b) alternativa; y c) accesoria.
B. La acumulación objetiva originaria subordinada se presenta cuando una
o más pretensiones (subordinadas) son sometidas a la eventualidad de
que la pretensión propuesta como principal no sea acogida, por lo que,
ante este último supuesto, la pretensión o pretensiones subordinadas bien
pueden ser amparadas por el juzgador.

217
C. La acumulación objetiva originaria alternativa se presenta cuando,
planteadas dos pretensiones alternativas por el actor, el demandado
puede escoger cuál de ellas va a cumplir, pudiendo recaer la elección en
el demandante siempre y cuando la contraparte no procediera a la
referida elección.
D. La acumulación objetiva originaria accesoria se presenta cuando se
plantea una pretensión principal y otra u otras accesorias, vale decir, que
guardan dependencia respecto de la primera. Por consiguiente, si se
ampara la pretensión principal, ocurre lo propio en cuanto a las
accesorias; o, en sentido contrario, si se desestima la pretensión señalada
como principal, también serán rechazadas la pretensión o pretensiones
determinadas como accesorias por el actor.
E. Puede darse el caso de una acumulación objetiva sucesiva (aquella que
se presenta cuando las pretensiones se acumulan luego de iniciado el
proceso) y además accesoria, si las pretensiones accesorias no son
acumuladas por el actor en la demanda sino después de interpuesta ésta,
siendo el plazo máximo para que tal acumulación opere hasta antes del
saneamiento procesal.
F. La acumulación objetiva originaria accesoria bien puede presentarse aun
en el caso de que el accionante no proponga en la demanda pretensiones
accesorias, siempre y cuando éstas se encuentren contempladas en la ley
de modo expreso, en cuyo caso se consideran tácitamente integradas a
la demanda. Tal es el caso, por ejemplo, del proceso de separación de
cuerpos o divorcio por causal, en el que se consideran como pretensiones
accesorias, a ser acumuladas a la principal (separación de cuerpos o
divorcio por causal) por disposición legal, las de alimentos, tenencia y
cuidado de los hijos, suspensión o privación de la patria potestad,
separación de bienes gananciales y las demás relativas a derechos u
obligaciones de los cónyuges o de éstos con sus hijos o de la sociedad
conyugal, que directamente deban resultar afectadas como consecuencia
de la pretensión principal (art. 483 del C.P.C.).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a las formas o
modalidades de acumulación de pretensiones, ha establecido lo siguiente:
- “... Un proceso puede contener varias pretensiones, instituto que recibe
el nombre de acumulación objetiva; y si tales son interpuestas
conjuntamente al momento de plantearse la demanda se conocerá como

218
acumulación objetiva originaria; en tal sentido, en estricto, no estamos
ante una única demanda, sino ante varias demandas planteadas en un
mismo escrito, lo que significa también que cada una de ellas tiene
existencia y naturaleza propias, contando con los fundamentos de hecho
y de derecho que las justifiquen; luego, si bien dado el tipo de
acumulación objetiva originaria que se tenga unas pueden estar
subordinadas o dependientes accesoriamente del principal y otras tener
la misma categoría (alternativa), todas respecto a los medios de defensa,
como son las excepciones, deben tomarse en forma independiente...”
Peruano el 03-12-1997, págs. 150-151).
- “... El artículo ochentisiete del Código adjetivo [C.P.C.] establece que la
acumulación objetiva originaria, la que se presenta cuando en el acto
postulatorio el accionante exige a otra persona el cumplimiento de más
de una pretensión, puede ser subordinada, alternativa o accesoria, siendo
subordinada cuando se propone mas [sic -léase más-] de dos
pretensiones, una de las cuales se la califica de principal, debiendo el
Juez pronunciarse respecto a las otras pretensiones en la eventualidad de
que la principal sea desestimada; será alternativa, cuando no existe
subordinación entre las pretensiones, y será el demandado quien, en el
caso de que ambas sean amparadas, escogerá cual [sic -léase cuál-] de
ellas va a cumplir; y será accesoria cuando existan varias pretensiones,
una de las cuales tiene la calidad de principal y en cuanto ésta sea
amparada o no, las demás pretensiones correrán igual suerte...”
(Casación Nro. 244-2001 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 02-01-2002, págs.
8216-8217).
3.1.2.1 Acumulación simple
Hernando Morales asevera que la acumulación simple se configura “...
cuando el actor pide pura y simplemente la estimación de todas las acciones
acumuladas...” (MORALES; citado por RIVAS SACCONI, 1954: 275).
A decir de Gimeno Sendra:
“La acumulación simple o unión ‘acumulativa’ sucede cuando en un mismo
‘petitum’, se deducen diversas peticiones yuxtapuestas (vgr. el
arrendador exige el desahucio el pago de las rentas no abonadas y una
indemnización por los desperfectos ocasionados en la vivienda).

219
La acumulación simple es la de mayor uso en la práctica forense y puede
ocurrir, tanto cuando la relación jurídico material sea susceptible de
producir una pluralidad de efectos jurídicos (…), como cuando las
peticiones se sustancien en una pluralidad de relaciones jurídicas que no
resulten incompatibles entre sí…” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I:
230).
3.1.2.2 Acumulación subsidiaria o condicional
Rivas Sacconi, sobre la acumulación subsidiaria (o condicional), expresa lo
siguiente:
“... En el caso de acciones que se ejercen en una misma demanda, pero una
de las cuales se propone como principal y la otra u otras como
subsidiarias de aquélla o de la subsidiaria de la principal, no se está
frente
a un caso de verdadera acumulación. Sí, en efecto, todas las acciones,
principal y subsidiaria, se ejercen en cierto modo a un tiempo, no existe
sin embargo contemporaneidad verdadera en el dicho ejercicio, porque
si la acción principal prospera, se considera como jurídicamente
inexistente o no ejercida la subsidiaria, toda vez que en la sentencia nada
se decide sobre ella; o dicho de otro modo, la existencia de esta última,
está condicionada al fracaso de la acción que se ha propuesto como
principal y que en último término es la que verdaderamente se ejerció
desde un principio en el juicio, mientras que la otra sólo en ese momento
en que en virtud de la sentencia no prospera la acción principal, surge,
por decirlo así, a la vida jurídica” (RIVAS SACCONI, 1954: 268).
La acumulación condicional, en opinión de Monroy Cabra, es de tres clases:
“a) Sucesiva o consecuencial.- Existe cuando se presenta una pretensión bajo
la condición de que antes sea acogida otra de la cual dependerá. Por
ejemplo, la petición de herencia como consecuencia de la declaración de
filiación natural.
b) Acumulación eventual o subsidiaria.- Existe cuando una pretensión se
propone para el caso de que otra sea desestimada. Desde luego, el juez
no puede acoger la pretensión subsidiaria sino una vez rechazada la
principal. Por ejemplo, se pide la resolución de un contrato de
compraventa de inmueble y subsidiariamente la rescisión por lesión
enorme.

220
c) Acumulación alternativa.- Existe cuando varias pretensiones son
propuestas para que una de ellas sea estimada, por lo cual cada una está
condicionada a la otra, pues debe proveerse sobre ella en caso de que no
prospere la restante. Y por tanto, estimada por el juez una de ellas, no
podrá proveer acerca de la otra” (MONROY CABRA, 1979:
276-277).
A) Acumulación subsidiaria o condicional sucesiva
En lo que respecta a esta forma o modalidad de acumulación, Luis Loreto
enseña lo siguiente:
“... Existe esta acumulación objetiva cuando la proposición de una acción
depende de que otra que la antecede sea declarada con lugar.
Hay entre ambas acciones una relación de orden lógico sucesivo, de
antecedente a consecuente, de forma que la acción propuesta en segundo
lugar está condicionada al éxito de la primera que le es condicionante.
El éxito de esta singular figura permite advertir que la acción propuesta
en segundo lugar no existe para el momento de proponerse, por lo que,
en rigor de principios, debería promoverse después que la condicionante sea
acogida y la sentencia que así lo declare haya pasado en autoridad de cosa
juzgada. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, admiten
pacíficamente, por economía procesal y consideraciones de utilidad práctica,
la proposición anticipada de la segunda acción. Así, la acción de restitución
de un inmueble vendido (acción condicionada), con la acción de simulación
absoluta (acción condicionante); la petitio hereditatis ab intestato acumulada
con la de nulidad de testamento; la del pago del saldo del administrador o
mandatario, unida subordinadamente a la acción de rendición de cuentas, etc.
En todos estos y semejantes casos es admisible la acumulación sucesiva; mas,
dada la relación de dependencia condicionada en que se halla la segunda
acción respecto de la primera o condicionante, si ésta es declarada sin lugar,
el Juez no entra a examinar ni a conocer de la segunda; pero si la acoge en
todo o en parte, debe proceder a examinarla y a verificar si está o no fundada.
Sólo en este último momento, la segunda acción adquiere individualidad
propia y autónoma” (LORETO, 1979: 164-165). B) Acumulación
subsidiaria o condicional subordinada
Luis Loreto afirma al respecto que:

221
“... Existe esta modalidad cuando una acción se propone para el evento de
que otra que la precede sea rechazada. Las acciones acumuladas pueden
tener el mismo fundamento, o fundamentos diversos pero compatibles
entre sí, o fundamentos incompatibles. A veces el demandante presenta
como acciones subordinadas peticiones que no son tales, como cuando
pide en vía principal el pago total de una obligación y subordinadamente
el pago parcial de la misma obligación, no existiendo en realidad
diversidad de acciones.
La relación de acción principal a acción subordinada responde a una
gradación de intereses en el actor...” (LORETO, 1979: 165-166).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 -primer párrafo- del
Código Procesal Civil, la acumulación objetiva originaria puede ser subordinada
cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como
principal sea desestimada. La referida acumulación objetiva originaria
subordinada se configura, pues, cuando una o más pretensiones (subordinadas)
son sometidas a la eventualidad de que la pretensión propuesta como principal no
sea acogida, por lo que, ante este último supuesto, la pretensión o pretensiones
subordinadas bien pueden ser amparadas por el Juez.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la acumulación
objetiva originaria subordinada, ha establecido lo siguiente:
- “... Tal como se puede apreciar del escrito de demanda, los fundamentos
de hecho en los que se sustenta la pretensión principal son totalmente
distintos a los fundamentos de hecho en los que se basa la pretensión
subordinada, al punto de que los mismos han sido expuestos de manera
independiente, por lo que se puede apreciar que no se da el presupuesto
básico para que pueda darse una acumulación objetiva originaria
subordinada...” (Casación Nro. 73-99 / Callao, publicada en el Diario
- “... El pronunciamiento de la pretensión subordinada está supeditada a
que la pretensión principal fuese desestimada...” (Casación Nro.
19352006 / Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-09-
2007, pág. 20434).
- “... El Artículo ochentisiete del Código Adjetivo dispone que en la
acumulación objetiva originaria, la pretensión subordinada queda sujeta
a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada, es
decir, que en ese caso tiene que haber pronunciamiento sobre las

222
pretensiones subordinadas” (Casación Nro. 272-98 / Lima, publicada en
- “... La parte inicial del primer párrafo del artículo 87 del Código Procesal
Civil prescribe que la acumulación objetiva originaria puede ser
subordinada, alternativa o accesoria; siendo subordinada cuando la
pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta [como]
principal sea desestimada, es decir en el caso de que la propuesta [como]
principal no sea acogida existe la posibilidad de que la pretensión
subordinada pueda ser amparada por el juzgador, teniendo como
elementos de configuración básica la posibilidad de que sean
pretensiones contrarias pero que exista conexión estrecha entre sus
fundamentos de hecho...” (Casación Nro. 519-2008 / Ica, publicada en
- “... El artículo ochenta y siete del Código Procesal Civil dispone que la
acumulación objetiva es subordinada cuando la pretensión queda sujeta
a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada;
es decir, sólo si el Juez considera que la pretensión principal no merece
amparo alguno, procederá a pronunciarse sobre la pretensión
subordinada; [...] no obstante, de la revisión de la sentencia de primera
instancia, este Supremo Tribunal advierte que el A quo, pese a emitir su
fallo amparando la pretensión principal, a continuación se pronuncia
desestimando la pretensión subordinada, lo cual no correspondía, pues
sólo cabía pronunciarse sobre esta última en caso de ser desestimada la
primera de las nombradas. Tal proceder contraviene lo dispuesto en la
parte pertinente del artículo ochenta y siete del citado Código Procesal
y, además, causa indefensión al demandante, toda vez que la Sala
Superior tampoco podría emitir una sentencia válida respecto a la
pretensión subordinada, que al haber sido declarada infundada por el A
quo, el Colegiado [Superior] podría considerar consentido al no haber
sido recurrido. En ese sentido, este Colegiado Supremo estima que la
nulidad no sólo alcanza a la sentencia de vista sino que igualmente se
extiende a la apelada, por lo que el Juez de la causa deberá expedir nueva
resolución conforme a derecho, disgregando debidamente las
pretensiones y resolviéndolas atendiendo a los alcances del artículo
ochenta y siete del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 2646-04 /
Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-07-2006, págs.
16445-16446).

223
- “... El artículo ochentisiete del Código Procesal Civil señala que la
pretensión subordinada es aquella en la que la pretensión queda sujeta a
la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada; en
tal sentido, si la pretensión principal es declarada infundada o
improcedente, ello no obsta que la pretensión subordinada pueda ser
amparada...” (Casación Nro. 742-2004 / San Román, publicada en el
- “... La sentencia apelada se pronuncia sobre la pretensión subordinada y
su accesoria, argumentando que al haberse amparado la pretensión
principal carecería de objeto el pronunciamiento de las otras
pretensiones; sin embargo la Sala de Mérito al haber revocado la apelada
y desamparar la pretensión principal tenía que pronunciarse sobre la
subordinada y su accesoria, precisamente en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 87 del acotado Código Procesal [C.P.C.]...” (Casación Nro.
99-2005 / Moquegua, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-
02-2007, págs. 18886-18888).
- “... De lo establecido por el inciso segundo del artículo ochenticinco del
Código Procesal Civil se infiere que la acumulación subordinada o la
alternativa proceden cuando se tratan [sic -léase trata-] de pretensiones
contrarias entre sí...” (Casación Nro. 244-2001 / Cusco, publicada en el
C) Acumulación subsidiaria o condicional alternativa
Hernando Morales afirma que la acumulación alternativa “... se presenta
cuando varias acciones son propuestas para que la una o la otra sean estimadas...”
(MORALES; citado por RIVAS SACCONI, 1954: 275).
A criterio de Luis Loreto:
“... Existe esta modalidad cuando varias acciones se proponen para que una
u otra sea acogida. En este caso todas las acciones están propuestas
condicionalmente. Acogida una de ellas, es prohibido al juez entrar al
examen de las otras. Plures res sunt in obligatione, una autem in
solutione.
La acumulación alternativa presupone la coexistencia de obligaciones o
pretensiones alternativas, que son aquellas en que dos o más cosas
separadamente comprendidas en la obligación son debidas
disyuntivamente, de forma que el deudor se libera con la entrega de una

224
sola de ellas (...). La determinación concreta de cuál de las cosas debe
entregarse, se efectúa por la elección que pertenece al deudor si no se ha
decidido que pertenece al acreedor (...). Este hace uso de su derecho de
elección al demandar judicialmente la condena del deudor a la entrega
de una de las cosas deducidas en la obligación. Su derecho de opción
quedó así realizado. Pero el acreedor no está obligado a hacer uso de su
derecho de elección, cuyo ejercicio le es facultativo, y puede proceder a
demandar acumulativamente la entrega de una de las cosas debidas
alternativamente, en cuya hipótesis el Juez debe sustanciar el juicio,
tramitarlo y decidirlo. Siendo ello procedente, condenará
alternativamente al demandado a cumplir una de las prestaciones, y en
ejercicio del fallo procederá la elección de una de las cosas
comprendidas en la condena” (LORETO, 1979: 166-167).
De acuerdo a lo normado en el artículo 87 -primer y segundo párrafos- del
Código Procesal Civil, la acumulación objetiva originaria puede ser alternativa
cuando el demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir,
correspondiéndole la elección de la pretensión alternativa a ejecutarse al
demandante si el demandado no hace tal elección.
objetiva originaria alternativa, ha establecido lo siguiente:
- “... Conforme al Código Procesal Civil, tratándose de la acumulación
objetiva originaria de pretensiones procesales, concretamente el artículo
87 de dicho ordenamiento señala cómo deben proponerse las
pretensiones en forma subordinada, alternativa y accesoria. Si se
proponen pretensiones procesales en forma alternativa [...] su
planteamiento supone que el demandante plantea por lo menos dos
pretensiones, de modo que de prosperar éstas el demandado tiene la
potestad de elegir cuál de las pretensiones procesales va a cumplir en
ejecución de sentencia...” (Casación Nro. 1693-2002 / Lima, publicada
- “... Tratándose de la acumulación de pretensiones procesales, el
justiciable debe observar rigurosamente las reglas contenidas en los
artículos 86 y 87 del Código Procesal Civil, de modo tal que si se plantea
una acumulación alternativa debe precisarse la fundamentación de cada
[una] de las pretensiones, reservándose el proponente su elección, la que
debe cumplir en el supuesto de que ambas fuesen amparadas en la

225
sentencia...” (Casación Nro. 299-2004 / Arequipa, publicada en el Diario
- “... El Artículo ochentisiete del Código Procesal Civil prescribe que
cuando se trata de la acumulación alternativa de pretensiones, es el
demandado quien debe elegir cuál de las pretensiones va a cumplir y
sólo en el caso que el demandado no elija, lo hará el demandante, esto
como es obvio obliga al juzgador a resolver, amparando, en su caso, las
dos pretensiones alternativas” (Casación Nro. 220-2000 / La Merced,
6143).
- “... Es preciso concordar la disposición del Artículo ochentisiete del
Código Procesal (sobre acumulación objetiva originaria) con lo
dispuesto en el Título Cuarto de las ‘Obligaciones Alternativas y
Facultativas’ del Libro de las Obligaciones del Código Civil (Título IV
de la Sección Primera del Libro VI del C.C.), cuyas normas establecen
que el obligado alternativamente a diversas prestaciones sólo debe
cumplir por completo una de ellas; que la elección corresponde al
deudor, salvo pacto en contrario; que la elección se realiza por la
ejecución de alguna de las prestaciones, con la declaración de elección
o por el Juez; y establece reglas precisas para el caso de elección por el
deudor y en su caso, por el acreedor...” (Casación Nro. 2378-98 / Callao,
3.1.2.3 Acumulación de pretensiones accesorias
Con arreglo a lo previsto en el artículo 87 -primer párrafo- del Código
Procesal Civil, la acumulación objetiva originaria puede ser accesoria cuando
habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan
también las demás. Como se aprecia, la acumulación objetiva originaria
accesoria acontece si se formula una pretensión principal y otra u otras
accesorias, vale decir, que guardan dependencia respecto de la primera. Por lo
tanto, si se hace lugar a la pretensión principal, ocurrirá lo mismo con las
accesorias; o, en sentido contrario, si se rechaza la pretensión señalada como
principal, sufrirá la misma suerte la pretensión o pretensiones calificadas como
accesorias por el demandante.
Es de destacar que puede darse el caso de una acumulación objetiva sucesiva
(la cual acontece cuando las pretensiones se acumulan después del inicio del
proceso) y además accesoria, si las pretensiones accesorias no fuesen acumuladas

226
por el actor en la demanda sino luego de su presentación, siendo el plazo máximo
para que dicha acumulación se produzca hasta antes del saneamiento procesal (art.
87 -último párrafo- del C.P.C.).
Por otro lado, la acumulación objetiva originaria accesoria bien puede
presentarse incluso en el supuesto de que no se formulen en la demanda
pretensiones accesorias, siempre y cuando éstas se encuentren expresamente
previstas por la ley, en cuyo caso se consideran tácitamente integradas a la
demanda (art. 87 -último párrafo- del C.P.C.).
de pretensiones accesorias, ha establecido lo siguiente:
- “... Se entiende por accesorio a lo que depende de algo que es principal,
y en el ámbito procesal, un pedido accesorio es el que se encuentran [sic
-léase es el que se encuentra-] estrechamente ligado a un pedido
principal, sin el cual no puede subsistir, de allí que el artículo 87 del
Código adjetivo glosado [C.P.C.] hace referencia a que, si la
accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se considera
tácitamente integrada a la demanda...” (Casación Nro. 5059-2007 /
Amazonas, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-06-2008,
pág. 22452).
- “... El accionante ha interpuesto en forma acumulativa objetiva
originaria demanda de otorgamiento de escritura pública y
reivindicación, y de manera accesoria la indemnización por daños y
perjuicios, [...] por lo que se advierte que se tratan de diferentes
pretensiones pero sustentadas en fundamentos que guardan conexión
entre sí y si bien no se tramitan en la misma vía, nada impide la
acumulación objetiva a una de conocimiento en donde se da la plenitud
de la defensa...” (Casación Nro. 519-2008 / Ica, publicada en el Diario
- “... La acción accesoria depende de lo que se resuelva en lo principal y
es una consecuencia de ella...” (Casación Nro. 1332-2001 / La Libertad,
8225).
- “... La acumulación objetiva originaria accesoria sólo se ampara cuando
se declara fundada la [pretensión] principal...” (Casación Nro. 1332-
2001 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-
2002, págs. 8224-8225).

227
- “... En el caso de una acumulación objetiva originaria de carácter
accesoria, [...] el artículo 87 del [...] Cuerpo Adjetivo [C.P.C.] ha
previsto que ésta es amparable cuando habiendo varias pretensiones, al
declararse fundada la principal, se amparan también las demás, en virtud
del aforismo jurídico de que ‘lo accesorio sigue la suerte del
principal’...” (Casación Nro. 2509-2007 / Lima, publicada en el Diario
- “... Habiéndose desestimado por infundada la pretensión principal carece
de objeto examinar las demás pretensiones que fueron acumuladas
accesoriamente a la pretensión principal...” (Casación Nro. 4879-2007 /
págs. 22839-22840).
- “... El juez no se encuentra en la obligación de amparar otras
pretensiones acumuladas sólo por el hecho de tener carácter accesorio;
sino por el contrario, está facultado a desestimarlas si advierte que las
mismas resultan inviables o no pueden prosperar...” (Casación Nro.
2008, págs. 23666-23668).
- “... Atendiendo a que la pretensión de [...] ha sido propuesta en forma
accesoria, al haber sido declarada infundada la pretensión principal, la
accesoria sigue la suerte del principal...” (Casación Nro. 1125-2000 /
Huánuco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-2001, págs.
6689-6690).
- “... Es principio de derecho que lo accesorio sigue la suerte de lo
principal; en tal sentido, habiéndose determinado en la demanda, que la
acumulación de pretensiones es de tipo objetivo originario accesorio, al
haberse desistido de la pretensión autónoma, comprende también a las
pretensiones accesorias...” (Casación Nro. 3774-2000 / Lima, publicada
- “... El pago de intereses legales ha sido propuesto como pretensión
accesoria y por tanto sigue la suerte de la pretensión principal [sobre
restitución de dinero], cuyo amparo ha sido debidamente motivado...”
Peruano el 3107-2001, pág. 7584).
- “... Pese a la accesoriedad de la acumulación de pretensiones éstas
requieren ser sustentadas en los respectivos fundamentos de hecho y de

228
derecho [de la resolución], aspectos que la Sala de revisión ha
descuidado no obstante ser principios elementales a los que está
obligado a observar todo Juez...” (Casación Nro. 743-2000 / Puno,
6706).
- “... Con arreglo a lo previsto en el segundo párrafo del Artículo
ochentisiete del citado Código Procesal (Civil), al declararse fundada la
pretensión principal, se amparan también las accesorias, según sea el
caso y obviamente al desestimarse la primera, corresponde igualmente
desestimar las accesorias, sin que sea necesario explicar por qué motivo
se declaran infundadas las pretensiones accesorias que
fundamentalmente tienen como conclusión amparar la principal”
(Casación Nro. 1360-98 / Cono Norte, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 25-11-1998, pág. 2099).
3.1.3 Requisitos de la acumulación objetiva
Según Monroy Cabra, son requisitos de la acumulación de pretensiones los
que a continuación describe:
“a) Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán
acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía. Este
principio es consecuencia del debido proceso que implica el juzgamiento
ante juez competente (...) y con las formalidades propias de cada juicio.
La excepción (...) se justifica por el factor de conexión.
b) Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan
como principales y subsidiarias. (...) La acumulación de pretensiones
excluyentes sólo es posible en forma subsidiaria y no en forma principal.
Esto, por cuanto para entrar a analizar la subsidiaria debe estar no
probada la principal, en cuyo caso no hay dificultad lógica. Además, si
la súplica principal prospera, no hay que tener en cuenta la subsidiaria.
c) Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Esto, porque
cuanto si es un solo proceso, debe existir igual trámite” (MONROY
CABRA, 1979: 275).
Máximo Castro sostiene que para que la acumulación de demandas
(pretensiones) tenga lugar es menester que las acciones llenen estos requisitos:

229
“1° Que no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede
excluida la otra.
Esta oposición puede derivar ya sea de la propia naturaleza de las dos
acciones o de una disposición de la ley que prohíba su ejercicio
simultáneo (...).
2° Que correspondan a la jurisdicción del mismo juez.
Es necesario respetar las bases jurisdiccionales que atañen al orden
público y que no pueden, por consiguiente, ser modificadas por la sola
acción de los litigantes.
(...)
3° Que puedan sustanciarse por los mismos trámites:
Las leyes de procedimiento son la garantía de los derechos civiles y no
es permitido a los litigantes modificarlas ni dar a los juicios
sustanciación distinta de la establecida por la ley, como vendría a
suceder si se permitiera la acumulación de acciones que deben ventilarse
en juicios de distinta naturaleza, dada la imposibilidad de sustanciar a la
vez en los mismos autos dos juicios con tramitación diferente, como por
ejemplo el ordinario y el ejecutivo” (CASTRO, 1926, Tomo Primero:
123-124).
El Código Procesal Civil, en su artículo 85, regula los requisitos de la
acumulación objetiva en estos términos:
“Se pueden acumular pretensiones en un proceso siempre que estas:
1. Sean de competencia del mismo Juez;
2. No sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma
subordinada o alternativa;
3. Sean tramitables en una misma vía procedimental.
Se exceptúan de estos requisitos los casos expresamente establecidos en este
Código y leyes especiales.
También son supuestos de acumulación los siguientes:
a. Cuando las pretensiones sean tramitadas en distinta vía
procedimental, en cuyo caso, las pretensiones acumuladas se
tramitan en la vía procedimental más larga prevista para alguna de
las pretensiones acumuladas.

230
b. Cuando las pretensiones sean de competencia de Jueces distintos,
en cuyo caso la competencia para conocer las pretensiones
acumuladas corresponderá al órgano jurisdiccional de mayor
grado”.
3.1.4 Acumulación objetiva sucesiva
Según se infiere del artículo 83 del Código Procesal Civil, la acumulación
objetiva sucesiva (llamada también acumulación por inserción de pretensiones o
acumulación sobrevenida) se presenta cuando las pretensiones a acumular son
propuestas luego de iniciado el proceso.
En opinión de Aldo Bacre:
“Este tipo de acumulación tiene lugar cuando una pretensión nueva se
incorpora dentro de un proceso ya pendiente, para la satisfacción de otra.
La introducción de la nueva pretensión puede provenir del primitivo actor,
del primitivo demandado o de un tercero” (BACRE, 1986, Tomo I: 495).
A decir de Armenta Deu, “en este tipo de acumulación (sucesiva) existe un
proceso iniciado al que se une una o varias acciones que hubieran podido
tramitarse en diferentes procedimientos. La acumulación puede efectuarse por el
actor (ampliación de la demanda) o por el demandado (reconvención)”
(ARMENTA DEU, 2004: 126).
la acumulación objetiva sucesiva (que, reiteramos, se configura cuando las
pretensiones a acumularse son propuestas luego del inicio del proceso) se presenta
en los siguientes casos:
1. Cuando el demandante amplía su demanda agregando una o más
pretensiones;
2. Cuando el demandado reconviene;
3. Cuando de oficio o a petición de parte, se reúnen dos o más procesos en
uno, a fin de que una sola sentencia evite pronunciamientos
jurisdiccionales opuestos; y
4. Cuando el demandado formula el aseguramiento de la pretensión futura.
Al respecto, cabe indicar que el artículo 104 del Código Procesal Civil
norma lo relativo al aseguramiento de pretensión futura, estableciendo:
A. que la parte que considere tener derecho para exigir de un tercero una

231
indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado
de un proceso, o derecho a repetir contra dicho tercero lo que debiera
pagar en ejecución de sentencia, puede solicitar el emplazamiento del
tercero con el objeto de que en el mismo proceso se resuelva además la
pretensión que tuviera contra él; y B. que el llamamiento queda sujeto al
trámite y efectos previstos en el artículo 103 del Código Procesal Civil
(referido al trámite y efectos de la denuncia civil).
3.2 Acumulación subjetiva
3.2.1 Definición
Se desprende de los artículos 83 -primer párrafo- y 86 -in fine- del Código
Procesal Civil que la acumulación subjetiva es aquella que se configura cuando
en un proceso hay más de dos personas (ya sea que actúen como partes o como
terceros legitimados), presentándose, pues, cuando en un proceso se acumulan
varias pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados.
A decir de Alsina, “llámase acumulación subjetiva de acciones esta figura del
proceso en que la relación procesal se desenvuelve con la presencia de varios
sujetos, la que puede asumir tres formas distintas: acumulación activa (pluralidad
de actores), acumulación pasiva (pluralidad de demandados), acumulación mixta
(pluralidad de actores y demandados)” (ALSINA, 1956, Tomo I: 544).
Rivas Sacconi asevera que la acumulación subjetiva de acciones “... tiene
lugar cuando una demanda es ejercida por varias personas, las que todas reunidas,
por sostener idénticos intereses, forman una sola parte, o también cuando la
demanda es dirigida por unas varias personas contra otras varias, las que, también
todas reunidas, forman una sola parte...” (RIVAS SACCONI, 1954: 274).
subjetiva, ha establecido lo siguiente:
- “... Hay acumulación subjetiva originaria cuando una demanda es
interpuesta por varias personas o es dirigida contra varios demandados,
lo que debe relacionarse necesariamente con la institución procesal del
litis consorcio, en sus distintas situaciones” (Casación Nro. 2150-99 /
pág. 4520).
- “... El fundamento de la acumulación subjetiva es doble toda vez que
responde a un principio de economía procesal y a la finalidad de evitar

232
la expedición de sentencias contradictorias, sustituyendo las decisiones
separadas por una sola decisión de un Juez único, y siendo la conexidad
uno de los requisitos indispensables en la acumulación de pretensiones
ésta se da cuando se presentan elementos comunes entre las diversas
pretensiones o por lo menos elementos afines a ellas...” (Casación Nro.
2673-02 / Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-06-
2005, págs. 14330-14331).
- “... Siendo el fundamento principal de la acumulación subjetiva evitar la
expedición de pronunciamientos contradictorios no resulta factible
limitar la facultad de peticionar dicha acumulación sólo a la parte
demandada, debiendo reconocerse también dicha facultad a la parte
demandante...” (Casación Nro. 2673-02 / Santa, publicada en el Diario
- “... La figura de la acumulación subjetiva impropia, reconoce la
existencia de un vínculo de mera afinidad entre las diversas pretensiones
demandadas, es decir, supone la existencia de varias relaciones jurídicas
sustanciales con elementos comunes a distintos sujetos pudiendo
referirse éstos tanto a la causa o al objeto de la pretensión configurándose
con ello una conexidad jurídica entre las diversas pretensiones...”
(Casación Nro. 2673-02 / Santa, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30-06-2005, págs. 14330-14331).
- “... El ejercicio del derecho a la acumulación subjetiva por el que se
dirigen simultáneamente pretensiones contra varios demandados en un
mismo proceso, no modifica la situación de cada deudor solidario frente
al ejercicio de la acción contra él incoada” (Casación Nro. 1451-96 /
873-874).
3.2.2 Clases
Conforme se desprende del artículo 83 -segundo párrafo- del Código Procesal
Civil, la acumulación subjetiva puede ser originaria o sucesiva, según se
proponga en la demanda o después de iniciado el proceso, respectivamente.
La acumulación subjetiva originaria de pretensiones se presenta (según el
art. 89 -primer párrafo- del C.P.C.):
A) Cuando la demanda es interpuesta por varias personas.

233
B) Cuando la demanda es dirigida contra varias personas.
La acumulación subjetiva sucesiva de pretensiones se configura después de
iniciado un proceso en los siguientes casos:
A) Cuando un tercero legitimado incorpora al proceso otra u otras
pretensiones (art. 89 -numeral 1)- del C.P.C.)
B) Cuando dos o más pretensiones intentadas en dos o más procesos
autónomos, se reúnen en un proceso único (art. 89 -numeral 2)- del
C.P.C.). Puntualizamos que en este caso, y en aplicación del último
párrafo del artículo 89 del Código Procesal Civil, el Juez se encuentra
autorizado para ordenar su desacumulación en lo que respecta al trámite,
vale decir, las pretensiones ventiladas en los procesos autónomos
reunidos en uno solo se tramitan dentro de este mismo proceso, pero en
forma separada. El magistrado al disponer la referida desacumulación
debe, además, dejar constancia en la resolución correspondiente que se
reserva el derecho de emitir una sola sentencia que resuelva todas las
pretensiones acumuladas. Debe tenerse presente que el mandato judicial
de desacumulación en cuanto al trámite deberá fundarse en la conexidad
de los procesos acumulados y en la eventual diferencia de trámite de
éstos. No podemos dejar de mencionar que, según el artículo 91 del
Código Procesal Civil (que versa sobre la desacumulación de procesos),
cuando el Juez considere que la acumulación afecte el principio de
economía procesal, por razón de tiempo, gasto o esfuerzo humano,
puede separar los procesos, los que deberán seguirse
independientemente, ante sus Jueces originales.
3.2.3 Requisitos
De acuerdo a lo normado en el artículo 86 -primer párrafo- del Código
Procesal Civil, son requisitos de la acumulación subjetiva de pretensiones los
siguientes:
A. Que las pretensiones materia de acumulación provengan de un mismo
título.
B. Que las pretensiones materia de acumulación se refieran a un mismo
objeto.
C. Que exista conexidad entre las pretensiones materia de acumulación.

234
D. Que las pretensiones materia de acumulación cumplan los requisitos del
artículo 85 del Código Procesal Civil, en cuanto sean aplicables. (Dicho
numeral versa sobre los siguientes requisitos –dispensables en caso de
norma expresa- de la acumulación objetiva: 1. que las pretensiones sean
de competencia del mismo Juez; 2. que las pretensiones no sean
contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o
alternativa; y 3. que las pretensiones sean tramitables en una misma vía
procedimental.)
3.3 Acumulación de procesos o de autos
Escobar Fornos dice de la acumulación de procesos (denominada también
acumulación de autos o acumulación de expedientes o acumulación por reunión
o reunión de procesos) que “... por medio de esta acumulación se unen varios
procesos vinculados entre sí para que sean tramitados en uno solo y resueltos por
una misma sentencia” (ESCOBAR FORNOS, 1990: 114).
Gimeno Sendra entiende por acumulación de autos “... la acumulación
sobrevenida o reunión de pretensiones, deducidas en distintos procedimientos
declarativos, en un solo procedimiento” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I:
233).
A juicio de Gozaíni, “... la acumulación por reunión sostiene la presencia de
varios procesos que tramitando separadamente se vinculan para posibilitar el
dictado de una sola y única sentencia...” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 1:
512).
A criterio de Casarino Viterbo:
“... La acumulación de autos es la reunión de dos o más procesos que se
tramitan separadamente, con el objeto de que constituyan un solo juicio
y terminen por una sola sentencia, para mantener la continencia, o
unidad de la causa (...).
(...) Supone la existencia de varios procesos originados en momentos
distintos, que se tramitan independientemente, pero que, por razón de su
vinculación jurídica, se reúnen para que sean decididos por un solo juez
y con un mismo criterio” (CASARINO VITERBO, 1983, Tomo III:
279).
Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la acumulación de procesos se
presenta:

235
- Como un caso de acumulación objetiva sucesiva, cuando, de oficio o a
petición de parte, se reúnen dos o más procesos en uno, a fin de que una
sola sentencia evite pronunciamientos jurisdiccionales opuestos (art. 88
-inc. 3)- del C.P.C.).
- Como un caso de acumulación subjetiva sucesiva, cuando dos o más
pretensiones intentadas en dos o más procesos autónomos, se reúnen en
un proceso único (art. 89 -numeral 2)- del C.P.C.).
Reimundín, acerca del fundamento de la acumulación de procesos, nos
informa que:
“La doctrina ha señalado como fundamento de la institución, la necesidad
de evitar decisiones contradictorias, como asimismo la economía
procesal, siendo indudable que ambas razones no pueden quedar
libradas al interés privado de los litigantes, ya que ambas afectan el
interés público.
La simplificación y la terminación a un mismo tiempo de todos los litigios -
por una sola y única sentencia-, para evitar el escándalo jurídico de dos
o más sentencias distintas y contradictorias, constituye la finalidad
esencial de la acumulación.
Esta necesidad de mantener un exacto equilibrio en la justicia, justifica que
el juez pueda decretarla de oficio” (REIMUNDIN, 1956, Tomo I: 393).
Según se infiere del artículo 90 del Código Procesal Civil:
- La solicitud de acumulación de procesos conexos puede ser presentada
ante cualquiera de los Jueces que conocen de los procesos materia de
acumulación (art. 90 -segundo párrafo- del C.P.C.).
- Si el Juez que conoce del pedido de acumulación de procesos conexos
lo declara fundado, entonces, los procesos se acumularán en un proceso
único, del cual conocerá el magistrado ante el que se realizó el primer
emplazamiento a la parte demandada (art. 90 -segundo párrafo- del
C.P.C.).
- Si los procesos a ser acumulados se tramitan ante un mismo Juzgado y
es decretada la acumulación de los mismos (ya sea a instancia de parte
o de oficio: art. 90 -in fine- del C.P.C.), conocerá del proceso único,
como es obvio, el magistrado de dicho Juzgado.

236
Se colige del artículo 90 -primer y segundo párrafos- del Código Procesal
Civil que el pedido de acumulación de procesos debe reunir los siguientes
requisitos:
- Debe presentarse la solicitud de acumulación de procesos antes que uno
de ellos sea sentenciado (en primera instancia, se entiende).
- A la solicitud de acumulación de procesos conexos debe anexarse
obligatoriamente la copia certificada de la demanda y también de su
contestación, en caso de haberla. Se entiende que tales piezas procesales
deben corresponder a cada uno de los procesos materia de acumulación,
pues con ellas se demostrará la existencia de los procesos en cuestión y
la conexidad respectiva, exigible para que opere la acumulación.
En relación a los efectos de la acumulación de procesos, y conforme se
desprende de nuestro ordenamiento jurídico, cabe señalar:
- Que la presentación de la solicitud de acumulación de procesos conexos
trae como consecuencia la suspensión de la expedición de sentencia en
cualquiera de los procesos materia de acumulación, hasta tanto no se
resuelva en definitiva la referida acumulación (art. 90 -primer párrafo-
del C.P.C.).
- Que si se declara fundado el pedido de acumulación de procesos
conexos, éstos se acumularán en un proceso único, cuyo conocimiento
corresponderá al Juez ante el que se realizó el primer emplazamiento a
la parte demandada (art. 90 -segundo párrafo- del C.P.C.).
de procesos o de autos, ha establecido lo siguiente:
- “... La acumulación de procesos es una institución creada en beneficio
del justiciable, evitándole seguir varios juicios con la consiguiente
economía, también a favor de la administración de justicia, para impedir
la posibilidad que se expidan resoluciones contradictorias o implicantes
así como para favorecer el trabajo procesal y jurisdiccional...” (Casación
2008, págs. 22352-22353).
- “... Según lo dispone en forma textual la última parte del primer párrafo
del artículo noventa del Código Procesal Civil, bajo análisis, ‘El pedido
(de acumulación de procesos) impide la expedición de sentencia hasta
que se resuelva en definitiva la acumulación’. [...] dicha norma cita la

237
palabra ‘sentencia’ en forma singular, por lo que debe interpretarse que
el sentido de esta norma es que se encuentra referido a la sentencia que
en el futuro pueda emitirse dentro del mismo proceso donde fue
presentada la solicitud de acumulación, estableciéndose una correcta
relación de causalidad entre ambos...” (Casación Nro. 0421-99 / Lima,
- “... Nada impediría que las instancias de mérito hayan emitido
pronunciamiento de fondo dentro del presente proceso, puesto que la
solicitud de acumulación [sucesiva] de procesos debió ser resuelta en el
mismo donde fue planteada...” (Casación Nro. 0421-99 / Lima,
3.4 Desacumulación de procesos
Producida la acumulación de procesos conexos en un proceso único, si el
Juez que dirige este último llega a la conclusión que tal acumulación hace más
dificultosa o compleja la labor jurisdiccional y que, en vez de favorecer, afecta el
principio de economía procesal, por razón de tiempo (mayor dilación en los
trámites), gasto (mayor onerosidad para los justiciables y para la administración
de justicia) o esfuerzo humano, se encuentra autorizado para ordenar la
correspondiente desacumulación (separación de procesos), debiendo en este caso
tramitarse en forma independiente los procesos ante los magistrados que
conocieron en un principio de ellos (esto es, antes de efectuarse la acumulación
de los procesos conexos). Ello se colige del artículo 91 del Código Procesal Civil.

238
CAPITULO V
LITISCONSORCIO
1. CONCEPTO DE LITISCONSORCIO
Para Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández, “... existe litisconsorcio
cuando en las posiciones fundamentales de actor y/o demandado aparecen una
pluralidad de personas (físicas o jurídicas)...” (DE LA OLIVA; y FERNANDEZ,
1990, Volumen I: 451-452).
Lino Palacio afirma que “... existe litisconsorcio cuando, por mediar
cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única, o un vínculo de
conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación
(efectiva o posible) de más de una persona en la misma posición de parte”
Según Gimeno Sendra, “se denomina litisconsorcio a la existencia en el
proceso de varias personas, que, debido a la circunstancia de tener un derecho o
interés común o conexo en el proceso y tener, por tanto, una misma comunidad
de suerte (…), han de asumir una misma posición, demandante o demandada, en
el proceso, por lo que (…) puede clasificarse en ‘activo’ (en la posición de parte
demandante), ‘pasivo’ (en la demandada) o ‘mixto’ (en ambas)” (GIMENO
SENDRA, 2007, Tomo I: 156).
Vallejo, en lo que concierne al litisconsorcio, enseña que:
“Elementalmente, el litisconsorcio supone pluralidad de partes en el proceso
(...).
En general importa la substanciación en un mismo proceso de pretensiones
conexas, o de una sola pretensión con dos o más actores, o dos o más
demandados. Puede presentarse originariamente o con posterioridad a la
iniciación de la demanda; ésta puede ampliarse, incluyendo otros sujetos
o insertando nuevas pretensiones. El demandado puede, a su turno, pedir
que se ‘llame a causa’ a terceros, o puede reconvenir deduciendo a su
vez pretensiones que pueden guardar conexidad con la ejercitada por el
actor

LITISCONSORCIO
239
(...).
(...) El litisconsorcio entraña pluralidad de partes (propias e impropias) que
se reúnen por conexidad de pretensiones o por la necesidad de una
sentencia única que no podrá dictarse útilmente sin la presencia de todas
las partes que indica la ley o que resulten de la naturaleza de la relación
jurídica material...” (VALLEJO, 1970: 45).
El Código Procesal Civil regula lo relativo al litisconsorcio en el Capítulo VI
(“Litisconsorcio”) del Título II (“Comparecencia al proceso”) de la Sección
Segunda (“Sujetos del proceso”), en los arts. 92 al 96. Precisamente, el artículo
92 del Código Procesal Civil define a la institución jurídica examinada en este
punto, estableciendo que hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en
forma conjunta como demandantes o demandados, porque tienen una misma
pretensión, sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse
respecto de una pudiera afectar a la otra.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al litisconsorcio
en general, ha establecido lo siguiente:
- “... El litisconsorcio es un instituto procesal que permite una acumulación
subjetiva; es decir, la presencia en el proceso de dos o más personas. Al
respecto, el artículo noventidós del Código Procesal Civil señala que: ‘Hay
litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como
demandantes o demandados, porque tiene una misma pretensión, sus
pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto de una
pudiera afectar a la otra’. Permite, entonces, la presencia de varias personas
como partes que, por obligaciones directas o intereses comunes, están unidas
en una determinada posición y piden al órgano jurisdiccional el
pronunciamiento de una decisión lógica y jurídicamente unitaria. Este
conjunto de personas integradas en una misma posición constituye una parte
procesal única, aunque compleja. [...] Por ello, [...] [se] considera que dicha
figura se presenta cuando en una relación procesal, ya sea en la parte
demandante o en la parte demandada, o en ambas, aparecen varios sujetos
que, independientes jurídicamente unos de otros, son unificados
procesalmente por tener un interés común. En un proceso litisconsorcial
aparecen tantas pretensiones u oposiciones como sujetos litisconsortes
existan enfrentados...” (Casación Nro. 2906-2006 / Arequipa, publicada en

240
- “... La intervención litisconsorcial no supone la exclusión ni el reemplazo del
titular de la relación jurídica contra el cual se ha incoado la demanda, sino la
inclusión del litisconsorte como un sujeto procesal más, que pasa a integrar
una de las partes; razón por la cual, el órgano jurisdiccional se encuentra en
la obligación de pronunciarse respecto de todos y cada uno de los
intervinientes en el proceso, declarando cuales son los derechos o las
obligaciones que les asiste...” (Casación Nro. 1336-02 / Cajamarca,
- “... La intervención litisconsorcial, en forma y modo alguno, implica la
ampliación de la demanda, siendo ella una modificación en cuanto a los
sujetos procesales...” (Casación Nro. 4290-2001 / Lima, publicada en el
- “... Los litisconsortes son partes, en sentido estricto, de la relación jurídica
procesal, a diferencia del tercero...” (Casación Nro. 2906-2006 / Arequipa,
20815).
- “... De acuerdo con [la] posición de las partes, el litisconsorcio se clasifica
en activo -cuando existen varios demandantes-, pasivo -cuando existen
varios demandados-, y mixto -cuando existen varios demandantes y
demandados-. Al momento de su formación se clasifica en originario,
cuando existe pluralidad de sujetos desde el inicio del proceso, y sucesivo,
cuando se produce durante el desenvolvimiento del proceso -sucesión
procesal, integración de la litis[,] acumulación de procesos e intervención
adhesiva litisconsorcial-. Por último, el litisconsorcio, atendiendo a su fuente
de origen, es facultativo cuando la pluralidad de sujetos obedece a criterios
de ocasionalidad o economía; y, por ende, surge por voluntad de las partes,
y en modo alguno por una exigencia legal; y será necesario cuando la
presencia de una pluralidad de partes en el proceso se imponga por la
naturaleza de la propia pretensión discutida o por las implicancias de la
resolución judicial que ha de recaer en el proceso...” (Casación Nro. 2906-
2006 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-10-2007,
págs. 20814-20815).
- “... El pedido de intervención litisconsorcial no obtuvo respuesta alguna -ya
sea positiva o negativa- pese a que el artículo 98 del Código Procesal Civil
dispone que dicho tipo de intervención puede ocurrir, incluso, durante el
trámite en segunda instancia. Este proceder, como es evidente, colisiona con
el derecho al debido proceso reconocido en el inciso 3° del artículo 139 de la

LITISCONSORCIO
241
Constitución Política del Estado...” (Casación Nro. 3191-2007 / Lima,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-012008, págs. 21281-21282).
- “... De acuerdo con el artículo noventiocho del Código Procesal Civil, el
litisconsorte de una parte goza de las mismas facultades de esta, lo que
implica que puede interponer medio impugnatorio...” (Casación Nro. 3774-
2002 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-102003, págs.
11007-11008).
- “... No es viable fundar la defensa en actos procesales efectuados o dejados
de realizar por el litis consorte [sic], su codemandado, los que no generan
perjuicio a la recurrente...” (Casación Nro. 1799-2008 / Ica, publicada en el
- “... Según este principio procesal [principio de unicidad del proceso] el
proceso es único y por ende, se desarrolla mediante un conjunto de actos
procesales orientados a la solución de un determinado conflicto de intereses
o la eliminación de una incertidumbre, ambas de connotación jurídica.
Siendo ello así, resulta antiprocesal que en un sólo procesó [sic -léase que en
un solo proceso-] existan dos pronunciamientos dictados por cada instancia,
pues aún cuando la parte emplazada sea un litisconsorcio pasivo, ésta
circunstancia fáctica [sic -léase esta circunstancia fáctica-] no obsta para que
se emita una sola decisión que resuelva en definitiva la controversia surgida
en autos que comprenda a todos los demandados unitariamente...” (Casación
Nro. 2766-2005 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-12-
2006, págs.
18075-18076).
2. LITISCONSORCIO NECESARIO U OBLIGATORIO
2.1 Noción
Para Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández, “... el litisconsorcio es
necesario cuando el Derecho exige al actor que dirija la demanda
simultáneamente frente a dos o más personas...” (DE LA OLIVA; y
FERNANDEZ, 1990, Volumen I: 456-457).
Véscovi estima que el litisconsorcio necesario “... se da no cuando las partes
pueden (o no) comparecer conjuntamente, sino cuando deben hacerlo. Porque la
relación jurídica debatida (relación sustancial, pretensión deducida) es de tal

242
naturaleza, que no puede decidirse válidamente si no están presentes todos los
litisconsortes” (VESCOVI, 1999: 171).
Podetti sostiene que “habrá litisconsorcio necesario, activo, pasivo o mixto;
propio o anómalo, cuando por estar los sujetos, activos, o pasivos, legitimados
substancialmente en forma inescindible, la sentencia debe ser pronunciada
necesariamente frente a todos los legitimados. Esta necesidad, es solamente
substancial, en cuanto nada impide que el progreso (sic -léase proceso-) se
sustancie y falle, con prescindencia de alguno de los legitimados. Pero la
sentencia así pronunciada, será inútil (‘inutiliter datur’), por cuanto no podría
cumplirse, ya que sus efectos, que indispensablemente deberán llegar a todos los
legitimados, no podrían alcanzar a quienes no fueron sujetos del proceso...”
(PODETTI, 1949: 324).
Eduardo Vallejo, acerca del litisconsorcio necesario, opina que:
“... El litisconsorcio necesario presupone pluralidad de partes en torno a una
sola pretensión de naturaleza tal, que todas deben estar presentes en un
solo proceso que se resuelve en sentencia única. Surge el litisconsorcio
necesario de la ley y de la naturaleza de la relación jurídica material.
El litisconsorcio necesario, evita la instrucción de un proceso carente de
utilidad práctica (...). El litisconsorcio necesario existe en razón de una
sola pretensión, que es indivisible, lo que importa que los litisconsortes
no tengan autonomía e independencia (…). Hay indivisibilidad de objeto
y los actos de la partes no perjudican a las otras pero sí las benefician...”
(VALLEJO, 1970: 47).
El Código Procesal Civil regula al litisconsorcio necesario en su artículo 93,
conforme al cual, cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera
uniforme a todos los litisconsortes, sólo será expedida válidamente si todos
comparecen o son emplazados, según se trate de litisconsorcio activo o pasivo,
respectivamente, salvo disposición legal en contrario.
Al respecto, Lino Palacio enseña que:
“... A veces es la ley la que prevé expresamente la constitución de un
litisconsorcio necesario (...).
Otras veces, la necesidad del litisconsorcio se halla determinada por la
misma naturaleza de la relación o situación jurídica controvertidas.
Como principio de carácter general, sin embargo, puede decirse que el

LITISCONSORCIO
243
litisconsorcio necesario procede siempre que, por hallarse en tela de
juicio una relación o estado jurídico que es común e indivisible con
respecto a una pluralidad de sujetos, su modificación, constitución o
extinción no tolera un tratamiento procesal por separado y sólo puede
lograrse a través de un pronunciamiento judicial único para todos los
litisconsortes. A lo que cabe añadir que resulta indiferente, para el caso,
el tipo de decisión que se persiga (objeto mediato de la pretensión)”
Según Fairén Guillén, el litisconsorcio necesario se presenta en los siguientes
casos:
“1.° En los casos de pretensiones constitutivas de tal esencia, que solamente
se puede proponer la demanda mediante la cual se da ámbito judicial al
derecho de constitución, por o contra varias personas (...).
2.° En procesos referentes a un patrimonio llevado de modo mancomunado
(...).
3.° En los casos en que las regulaciones materiales imponen que las
prestaciones solamente puedan exigirse por varios o contra varios en
común. Este grupo de casos recoge muchos supuestos que pasan casi a
fundirse con los anteriores” (FAIREN GUILLEN, 1954, “Sobre el
litisconsorcio en el proceso civil”: 865).
2.2 Integración de oficio del contradictorio
Según Lorca Navarrete:
“… Si el proceso se tramita sin la presencia de todos los litisconsortes, el
órgano jurisdiccional debería ordenar la integración el contradictorio.
Esa integración es el origen hacia el punto de destino de la sentencia para
que la misma no produzca indefensión a quien debiendo actuar
como litisconsorte no actuó de ese modo” (LORCA NAVARRETE,
2000: 145).
Lino Palacio, acerca de la integración de la litis (integración del
contradictorio) en caso de litisconsorcio necesario, refiere lo siguiente:
“... El litisconsorcio necesario implica la existencia de una pretensión única,
cuya característica esencial reside en la circunstancia de que sólo puede
ser interpuesta por o frente a varios legitimados, y no por o frente a

244
algunos de ellos solamente, por cuanto la legitimación, activa o pasiva,
corresponde en forma conjunta a un grupo de personas, y no
independientemente a cada una de ellas.
(...) De la consideración precedentemente expuesta se infiere la necesidad
de que, en los casos en que el proceso no se encuentre debidamente
integrado mediante la participación o citación de todas las personas
legitimadas, y para evitar la sustanciación de un proceso que ha de
carecer de utilidad práctica, la ley prevea la forma de materializar esa
integración” (PALACIO, 1983, Tomo III: 210-211).
El mencionado tratadista argentino señala, además, que:
“... La falta de integración de la litis, cuando ella ha sido procedente, no
faculta al juez, desde luego, para abstenerse de decidir, sino para omitir
un pronunciamiento de mérito en virtud de carecer la pretensión de un
requisito intrínseco de admisibilidad, como es la legitimación (...).
En el supuesto de que, por error o inadvertencia, se dicte una sentencia de
mérito, ésta será inoponible con relación a los legitimados a quienes no
se acordó la oportunidad de intervenir en el proceso” (PALACIO, 1983,
Tomo III: 214).
De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico procesal, en caso de
litisconsorcio necesario, el Juez se encuentra facultado para integrar (completar)
la relación procesal emplazando a una persona, si de la demanda o de la
contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va afectar
(art. 95 -primer párrafo- del C.P.C.).
Si el Juez advierte que está ante un caso de litisconsorcio necesario y carece
de la información necesaria para proceder al emplazamiento del respectivo
litisconsorte (información que deberá estar referida a la identificación precisa del
litisconsorte y al domicilio de éste), entonces, dispondrá la devolución de la
demanda y ordenará al actor que complete esta última, en el sentido de indicar
con exactitud el nombre y/o dirección domiciliaria del litisconsorte necesario a
efecto de que sea debidamente emplazado. Ello se colige del penúltimo párrafo
del artículo 95 del Código Procesal Civil.
Si el defecto en la relación procesal (consistente en la omisión del
litisconsorte necesario) es advertido por el Juez (de modo propio o como
consecuencia de una denuncia de parte) después de efectuada la notificación de
la demanda, aquél ordenará la suspensión del proceso hasta tanto el accionante no

LITISCONSORCIO
245
cumpla con establecer correctamente la relación jurídica procesal (art. 95 -in fine-
del C.P.C.), aunque es de destacar que, como el proceso no puede estar
suspendido indefinidamente, en la práctica el órgano jurisdiccional concede un
plazo prudencial y perentorio para que el actor cumpla con señalar los datos
indispensables para el emplazamiento del litisconsorte necesario.
No podemos dejar de mencionar que si el litisconsorte necesario integrado a
la relación jurídica procesal se apersonara al proceso después de la culminación
de la audiencia de pruebas y hubiere ofrecido medios probatorios, éstos no dejarán
de ser actuados, pues, en dicho caso el Juez tiene la obligación de convocar a una
audiencia complementaria de pruebas, a efecto, precisamente, de actuar los
medios probatorios aportados por el litisconsorte necesario, audiencia que,
puntualizamos, debe realizarse dentro de un plazo que no debe exceder de los
veinte días desde su fijación (art. 96 del C.P.C.).
2.3 Actuación del litisconsorte necesario
A decir de Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, “... para los litisconsortes
necesarios se reclama una unidad, o comunidad, o integración, de tal manera que
cualquier gestión de uno aprovecha a todos: recursos, actuaciones, etc., al paso
que por pasiva se exige la expresión unánime de las voluntades para los actos que
impliquen disposición del derecho en litigio, los cuales sólo alcanzan eficacia
mediante esa unanimidad” (QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 96).
Sobre el particular, Gimeno Sendra opina de este modo:
“Los litisconsortes tienen todo el estatus de parte principal. (…) Pueden,
pues, litigar unidos o por separado, en cuyo caso todos ellos
conformarán, mediante sus escritos de contestación a la demanda, el
objeto procesal.
Rige, en el litisconsorcio pasivo necesario, la regla de que ‘los litisconsortes
activos o diligentes en el proceso benefician a los inactivos’, lo que
significa que los actos de un litisconsorte producen efectos frente a los
demás en la medida en que les benefician (así la estimación de un
recurso, interpuesto por uno de ellos, beneficia a los demás), pero nunca
en cuanto les perjudican.
Debido a la circunstancia de que, aun cuando el litisconsorcio necesario
constituya un fenómeno de pluralidad de partes, en realidad tan sólo
existe una posición de parte demanda (sic -léase parte demandada-)
unida por una misma comunidad de suerte, los actos de disposición

246
directa (v.gr.: el allanamiento, el desistimiento o la transacción) e
indirecta (la admisión de hechos) del proceso, para que sean válidos,
requieren del concurso de voluntades de todos los litisconsortes…”
2.4 Efectos del litisconsorcio necesario
A criterio de Lino Palacio, son efectos del litisconsorcio necesario los que
describe a continuación:
“1°) Los actos de disposición del objeto procesal realizados por uno o
algunos de los litisconsortes (allanamiento, desistimiento, transacción,
conciliación) sólo producen sus efectos normales en la medida en que
los restantes litisconsortes adopten la misma actitud. Por lo tanto, y en
razón de la indivisibilidad que caracteriza a dicho objeto, aquellos actos
sólo pueden traer aparejada la consecuencia de liberar a su autor o a sus
autores de las cargas inherentes al ulterior desarrollo del proceso, y de
eximirlos de la responsabilidad por el pago de las costas relativas a los
trámites realizados sin su intervención, pero no los excluyen de los
efectos de la sentencia, cuyo contenido no puede diferir con relación a
los distinto litisconsortes.
2°) Las defensas opuestas por uno o algunos de los litisconsortes, sea que se
funden en hechos comunes o individuales, favorecen a los demás (...).
3°) Las alegaciones y las pruebas aportadas por los litisconsortes deben ser
valoradas en su conjunto, aun cuando resulten contradictorias.
Corresponde tener en cuenta, sin embargo, que la confesión o la
admisión de hechos formulada por uno o por alguno de los litisconsortes
no pueden ser invocadas contra los restantes, en tanto el hecho que ha
sido objeto de tales actos no se encuentre probado con relación a estos
últimos. No obstante, la admisión o la confesión pueden eventualmente
valer como prueba indiciaria.
4°) Los recursos interpuestos por cualquiera de los litisconsortes favorecen
eventualmente a los demás...” (PALACIO, 1983, Tomo III: 215-216).
Aldo Bacre, en lo que atañe a los efectos del litisconsorcio necesario sobre
las sentencias definitivas, apunta lo siguiente:
“a) De condena

LITISCONSORCIO
247
La eficacia ejecutiva de la sentencia de condena solamente relaciona a las
partes del pleito y no es oponible a terceros, ya que no es imprescindible,
salvo mandato legal, la presencia de todos los legitimados.
b) Constitutivas
Son aquellas sentencias que establecen un nuevo estado jurídico entre las
personas, v.gr. filiación, divorcio, etcétera. En éstas la eficacia tiene
efectos erga omnes. Esto es así por la naturaleza especialísima de las
cuestiones de estado, por lo que se requiere la presencia de todos los
sujetos en el proceso.
c) Declarativas
Estas se agotan en el acertamiento; consecuentemente su propia
declaratividad tiene valor únicamente para los que intervinieron en el
juicio” (BACRE, 1996, Tomo II: 166).
2.5 Jurisprudencia casatoria relacionada con el litisconsorcio necesario u
obligatorio
necesario u obligatorio, ha establecido lo siguiente:
- “... El origen del litisconsorcio (necesario) se encuentra en una relación
jurídica sustancial ‘concreta’, que es materia u objeto del proceso, que
pertenece de modo indivisible a más de un titular, por lo que, no es
jurídicamente posible decidirla sino de un modo uniforme respecto de cada
uno de esos titulares y con la presencia o, al menos, la posibilidad de que
estén presentes en el proceso (para que los alcance la cosa juzgada) todos
esos titulares” (Casación Nro. 179-98 / Lima, publicada en el Diario Oficial
- “... El proceso actual permite la intervención de terceros, no incluidos en la
demanda, debiendo el Juez identificar la presencia actual o eventual, de todos
aquellos sujetos imprescindibles para el logro de una sentencia válida (litis
consorcio necesario) en cuyo caso el Juez integra la relación procesal, sea a
petición de parte o de oficio” (Casación Nro. 983-98 / Lima, publicada en el
- “... El litis consorcio [sic] necesario permite la integración de varias personas
en la posición de una sola parte, requiriéndose que todos los sujetos de la
relación jurídico material subyacente al proceso estén presentes en el

248
proceso, bajo pena de que no pueda proferirse una sentencia de fondo
realmente útil. Su participación implica que los sujetos integren una sola
parte, que actúen unidos, por lo que las peticiones procesales que realice un
litisconsorte con independencia de los otros, incluyendo los recursos
interpuestos, favorecerá a toda la parte y no de forma exclusiva a la persona
que realice la actuación correspondiente...” (Casación Nro. 719-2006 / Puno,
20104).
- “... La existencia del litisconsorcio necesario [se da] cuando existe conexión
de manera directa e indisoluble de aquellas partes procesales con el derecho
material, de ahí la necesidad de que todas las partes interesadas a raíz del
litisconsorcio necesario intervengan en el proceso asegurando la eficacia de
la sentencia que declare la existencia o no del derecho material...” (Casación
Nro. 2690-2006 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-04-
2008, pág. 21938).
- “... Pueden distinguirse dos tipos de litisconsorcios necesarios, el
procesalmente y el jurídico-materialmente necesario, cuya presencia es
posible advertir tanto en procedimientos declarativos como en los ejecutivos.
El primero de ellos se da en virtud de una norma procesal expresa; el segundo
hace referencia a los casos en que deben involucrarse en el proceso a todos
los sujetos participantes en un determinado acto o hecho jurídico y que dada
la naturaleza de la relación material han de participar en el proceso bajo una
conducción común (activa o pasiva), como ocurre en el caso de las
pretensiones de resolución, de nulidad, de rescisión de un contrato, entre
otras...” (Casación Nro. 130-2004 / Tumbes, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 01-08-2005, pág. 14411).
- “... Se trata [el litisconsorcio necesario] del [...] litis consorcio [sic] por
antonomasia, ya que la idea es, no de una posible reunión de sujetos, sino de
la exigencia de convocar a todos los interesados en el mismo fallo, por la
eficacia que para ellos tiene lo resuelto en un solo proceso. La ausencia de
un litisconsorte necesario origina la invalidez de la relación procesal...”
(Casación Nro. 719-2006 / Puno, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 31-08-2007, págs. 20103-20104).
- “... El origen del litisconsorcio necesario se encuentra en una relación
jurídica sustancial concreta que es materia u objeto del proceso, que
pertenece de modo indivisible a más de un titular, por lo que no es
jurídicamente posible decidirla sino de un modo uniforme respecto de cada

LITISCONSORCIO
249
uno de estos titulares y con la presencia o al menos la posibilidad de que
estén presentes en el proceso para que los alcances de la cosa juzgada recaiga
en la totalidad de éstos, pues lo contrario significaría crear una incertidumbre
jurídica al expedirse de alguna manera un juzgamiento anticipado que
incluso podría resultar contradictorio respecto a un proceso que persigue una
finalidad común...” (Casación Nro. 1096-02 / San Martín, publicada en el
- “... El litisconsorcio necesario permite la integración de varias personas en la
posición de una sola parte, requiriéndose que todos los sujetos de la relación
jurídico material subyacente al proceso estén presentes en el proceso, bajo
pena de que no pueda proferirse una sentencia de fondo realmente útil...”
(Casación Nro. 130-2004 / Tumbes, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-08-2005, pág. 14411).
- “... El artículo noventitrés del Código acotado [C.P.C.], establece que la
decisión a recaer en el proceso, sólo será expedida válidamente sí todos [sic
-léase si todos-] los litisconsortes activos o pasivos comparecen o son
emplazados; [...] el artículo noventicinco del mencionado Código, faculta al
Juez a integrar la relación procesal emplazando a una persona, sí de la
demanda [sic -léase si de la demanda-] o de la contestación aparece evidente
que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar; [...] al no haberse
integrado al Estado [litisconsorte necesario], en la relación procesal, se ha
infringido lo dispuesto en los artículos noventidós, noventitrés y
noventicinco del Código Adjetivo [C.P.C.] y se ha incurrido en la causal de
nulidad contemplada en el artículo ciento setentiuno del mismo Código...”
(Casación Nro. 1958-2001 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
02-02-2002, págs. 8295-8296).
- “... El artículo 93 del Código Procesal Civil, referido al litisconsorcio
necesario, señala que cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de
manera uniforme a todos los litisconsortes, sólo será expedida válidamente
si todos comparecen o son emplazados, figura que supone la existencia de
una relación jurídica sustancial concreta, que es materia u objeto del proceso,
y que pertenece de modo indivisible a más de un titular, por lo que no es
jurídicamente posible decidirla de un modo uniforme respecto de cada uno
de esos titulares y con la presencia o, al menos[,] la posibilidad de que estén
presentes en el proceso. [...] Consecuentemente, al no haberse cumplido con
integrar a doña [...], en la condición de Litisconsorte necesario a efecto de
que ejerza su derecho a la defensa, es evidente que lo actuado en el presente
proceso resulta ser nulo, en atención a la inobservancia que las instancias de

250
mérito han mostrado respecto al artículo 93 del Código Procesal Civil, cuya
imperatividad se sustenta, no sólo en el artículo IX del Título Preliminar de
este mismo cuerpo de leyes, sino también en la garantía del debido
proceso...” (Casación Nro. 1026- 2005 / Huánuco, publicada en el Diario
- “... El artículo 95 del Código Procesal Civil [...] establece como facultad del
Juez respecto del litisconsorcio necesario, el poder ‘integrar la relación
procesal emplazando a una persona, si de la demanda o contestación aparece
evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar’; además de
establecer que ‘si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de
notificada la demanda, suspenderá la tramitación del proceso hasta que se
establezca correctamente la relación procesal’. [...] La norma citada establece
una potestad del Juez, no pudiéndose pretender que su no aplicación conlleve
a una contravención del debido proceso, toda vez que no se trata de una
norma imperativa sino de índole facultativa, respecto de la cual el Juez está
en condición de aplicarla o no conforme a su recto criterio...” (Casación Nro.
677-2002 / Huánuco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-07-
2003, pág. 10797).
- “... Atendiendo [a] la trascendencia de la naturaleza de quien tiene la calidad
de litisconsorte necesario, el Juez esta [sic -léase está-] en la posibilidad de
integrarlo al proceso emplazando a la persona si de la demanda o de la
contestación de la demanda aparece que la decisión a recaer en el proceso le
va a afectar, pudiendo [...] requerir de ser el caso los datos para el
emplazamiento del litisconsorte e incluso si el Juez advirtiera tal omisión de
incorporación o si se denunciara después de notificada la demanda,
corresponde que suspenda el proceso hasta que se establezca correctamente
la relación procesal a tenor de lo dispuesto en el artículo 95 del Código
Procesal Civil; lo cual se advierte constituye la tutela del derecho de defensa
de quien encontrándose legitimado necesariamente debe de intervenir en el
proceso con la posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la prueba así
como impugnar las resoluciones que le causen agravio...” (Casación Nro.
págs. 23122-23124).
- “... Fuera del supuesto de la integración [del litisconsorte al proceso], el
acceso [como litisconsorte] a un proceso iniciado debe atender a finalidades
razonables y estar íntimamente vinculado al derecho de la tutela
jurisdiccional efectiva; por ello, cuando el juez niega ese acceso,
necesariamente debe hacerlo fundado en una causa legal aplicada

LITISCONSORCIO
251
razonablemente, de tal forma que no lesione ese derecho fundamental...”
Peruano el 03-09-2008, págs. 22911-22913).
- “... La resolución impugnada es violatoria del debido proceso, en atención a
que, efectivamente, las instancias de mérito han desconocido en el presente
juicio la calidad de litisconsorte activo de la empresa [...], pues pese a que la
misma ostenta tal calidad no se le admitió su apersonamiento al proceso, ni
tampoco se le dio trámite a los medios probatorios aportados a los autos...”
03-09-2007, págs. 20269-20272).

-
252
“... No se ha cumplido con el trámite procesal que correspondía, en
cuanto a la incorporación de un litisconsorte necesario pues resultaba
pertinente que fuera emplazado con la demanda, correspondiendo de ser
el caso suspenderse el proceso u ordenarse la audiencia complementaria
a fin de que sus medios probatorios sean calificados y de considerarlo
pertinente permitiéndosele el pleno ejercicio de su derecho a producir
prueba, sin embargo no se ha cumplido [...] con la observancia de lo
expresamente establecido en los artículos 93, 95 y 96 del Código
Procesal Civil, [...] razones por las cuales corresponde amparar el
recurso de casación [...] y declarar la nulidad de la sentencia de vista por
adolecer de nulidad insubsanable a tenor de la parte in fine [del] artículo
176 del Código Procesal Civil, correspondiendo ordenar el reenvió [sic
-léase reenvío-] del proceso...” (Casación Nro. 176-2007 / Lima,
23124).
- “... La Municipalidad (...) tiene la condición de litis consorcio necesario,
razón por la que, a falta de denuncia, el Juez debió integrar la relación
procesal con su emplazamiento para obtener un acto procesal válido,
haciendo uso de la facultad que le confiere el Artículo noventicinco del
Código Procesal Civil de modo que por no haber procedido en la forma
indicada se ha incurrido en nulidad insubsanable, que es necesario
corregir de acuerdo con lo dispuesto en la última parte del Artículo
ciento setentiséis del acotado” (Casación Nro. 2718-98 / Lima,
3099).
- “... Debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Artículo noventicinco de
la Ley procesal, cuando señala que en caso de litisconsorcio necesario,
el Juez puede integrar la relación procesal emplazando a una persona, si
de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a
recaer en el proceso le va a afectar; si carece de la información necesaria,
devolverá la demanda y requerirá al demandante los datos para el
emplazamiento al litisconsorte; si el defecto se denuncia o el Juez lo
advierte después de notificada la demanda, suspenderá la tramitación del
proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal. (...)
Que, entonces, (...) el Juez debió integrar la relación procesal
comprendiendo a la sucesión del esposo de la demandada (en proceso

LITISCONSORCIO
-
253
de nulidad de acto jurídico en que interviniera tanto la demandada como
su esposo), (...); al no disponerlo de ese modo, se ha contravenido una
disposición de orden público e insubsanable de acuerdo a lo previsto en
los Artículos sesenticinco y noventitrés del acotado (C.P.C.)” (Casación
1999, pág. 4097).
“... Tratándose de un litisconsorcio necesario la exigencia que se efectúe
el emplazamiento a todos los litisconsortes, resulta también extensiva a
la notificación de los demás actos procesales señalados por ley puesto
que solamente de esta manera se emitirá una decisión válida que resulte
oponible a dichos litisconsortes...” (Casación Nro. 753-01 / Ica,
11239).
- “... Conforme lo ordena el artículo noventitrés del mismo Código
[C.P.C.] tratándose de litis consorcio pasivo necesario debe emplazarse
con la demanda a los que lo conforman, tanto más si [...] conforman una
sociedad conyugal, a fin de obtener una decisión legal válida [...]; [...] al
no haberse entendido la demanda con el cónyuge de la demandada [...]
se ha atentado contra los derechos de aquel a la tutela jurisdiccional
efectiva y a la defensa, principios de la administración de justicia
consagrados constitucionalmente que no se pueden desconocer; [...]
dicha conducta procesal se encuentra incursa en el supuesto del último
párrafo del artículo ciento setentiséis del Código Procesal [Civil] por
tratarse de nulidad insubsanable...” (Casación Nro. 1060-01 / Huaura,
- “... La impugnante no señala en forma expresa qué normas procesales
han sido afectadas, limitándose a indicar que se afecta el debido proceso
por no haberse emplazado a su cónyuge, sin advertir [...] que el
perjudicado con una resolución es el único que puede denunciar el
supuesto agravio, pretendiendo en el fondo cuestionar una resolución
adversa a sus intereses; [...] no obstante lo anterior, ya la propia Sala ha
determinado analizando la prueba actuada en el proceso, que no se
requiere dicho emplazamiento por tratarse el inmueble materia del
otorgamiento de escritura pública [...] de un bien propio adquirido por
herencia, por lo que [...] la demandada puede disponer del mismo,
razonamientos por los cuales se advierte que no existe afectación alguna

-
254
del debido proceso...” (Casación Nro. 14242001 / Junín, publicada en el
- “... Siendo que de autos aparece que existe discrepancia entre los
condóminos respecto de la acción incoada [desalojo], se ha debido
emplazar a todos los condóminos cómo [sic -léase como-] litisconsortes
necesarios conforme al artículo noventitrés del Código Procesal Civil...”
Peruano el 0201-2001, págs. 6709-6710).
“... La resolución [que declara fundada la nulidad de la resolución que
dispone la intervención de litisconsortes necesarios en el proceso] [...]
afecta a la compañía y personas que el Juzgado consideró que debían ser
litisconsorte necesario [sic -léase litisconsortes necesarios-], para que
ejercitaran su derecho de defensa si lo consideraban necesario; [...] a
pesar de ello dicha resolución no ha sido notificada a dichas personas,
por lo que se ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el
artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil, ya que se trata de
una nulidad insubsanable...” (Casación Nro. 2990-2000 / Lima,
- “... La disposición del Derecho no es posible si no proviene de todos los
litisconsortes necesarios, por ejemplo el allanamiento, renuncia,
transacción[,] etc. ...” (Casación Nro. 719-2006 / Puno, publicada en el
- “... En cuanto al argumento que una de las codemandadas no ha
deducido excepción, razón por la cual el proceso debería continuar para
ella, se observa que ello no es cierto. En efecto, al existir litisconsorcio
necesario, los medios de defensa deducidos por uno de ellos benefician
a los demás...” (Casación Nro. 4187-2001 / Junín, publicada en el Diario
- “... La figura del litisconsorte necesario [...] está prevista para cuando la
decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme a todos los
que conllevan tal calidad, ya sea como demandados o como
demandantes, siendo que si uno de los demandados interpone un medio
impugnatorio respecto de un pronunciamiento que considera le
desfavorece, ello va a surtir efecto sobre cualquiera de los

LITISCONSORCIO
-
255
litisconsorciados...” (Casación Nro. 616-2004 / Cusco, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 30-092005, págs. 14780-14781).
- “... Habiendo quedado firme la sentencia de primera instancia, no cabe
conceder el recurso de apelación al litis consorte [sic] necesario que es
incorporado con posterioridad a la resolución que declara consentida la
sentencia, la misma que sigue causando efectos al no haber sido
anulada...” (Casación Nro. 2981-2006 / Ica, publicada en el Diario

256
3. LITISCONSORCIO FACULTATIVO O VOLUNTARIO
3.1 Definición
Arazi asevera que el litisconsorcio voluntario “se produce cuando varias
personas actúan en conjunto en un proceso ya sea porque así lo decidieron,
asumiendo el carácter de actores, o porque fueron demandados en conjunto. Pero
esa pluralidad de partes se forma sin perjuicio de que el proceso podría haberse
desarrollado con absoluta normalidad con un solo actor o contra un solo
demandado...” (ARAZI, 1998: 322-323). Dicho autor precisa que “en el
litisconsorcio voluntario la sentencia contendrá tantos pronunciamientos como
partes integrantes del litisconsorcio; en consecuencia no hay comunidad de
suertes entre las partes, y, por ello, puede hacerse lugar a la demanda de un
coactor y rechazarse la de otro u otros...” (ARAZI, 1998: 323).
A juicio de Aldo Bacre, el litisconsorcio facultativo se da “... cuando en el
mismo proceso existen diversos sujetos en una misma posición de parte (actores,
demandados, o ambos) ejerciendo múltiples pretensiones conexas entre sí, sin
que la ley o la naturaleza de la relación material los obligue a pleitear
conjuntamente” (BACRE, 1996, Tomo II: 156). El referido jurista explica que
“es facultativo para las partes, porque podrían instaurar tantos juicios por
separado y obtener otras tantas sentencias separadas por cada uno de ellos, pero,
al existir conexidad en el título o en el objeto, se considera oportuno unir en un
juicio único todas las demandas para que el juez emita una providencia única
para todos. Es decir, cada sujeto puede invocar una legitimación procesal
autónoma, por lo que, a diferencia de lo que acontece con el litisconsorcio
necesario, tanto el resultado del proceso cuanto el contenido de la sentencia
definitiva pueden ser diferentes con respecto a cada uno de ellos, aunque ésta sea
única como acto procesal del juez” (BACRE, 1996, Tomo II: 156-157).
En opinión de Calamandrei, “en el litisconsorcio facultativo (...), a la
pluralidad de las partes corresponde una pluralidad de relaciones sustanciales
controvertidas y una pluralidad de acciones acumuladas en el mismo proceso. La
acumulación no está aquí impuesta por la unicidad de la relación controvertida
ni por la naturaleza inescindible de la legitimación, sino que está aconsejada por
razones de oportunidad inferida de la conexión que vincula entre sí las distintas
causas acumuladas (...). Aquí el proceso aparece único a pesar de que sean varias
las causas contenidas en él; pero en ese proceso se pueden distinguir tantas
relaciones procesales cuantas sean las causas: las partes mantienen entre sí la
misma posición de reciprocidad necesaria que tendrían si la causas se decidiesen
por separado; entonces es posible que en cierto momento las causas reunidas se

LITISCONSORCIO
257
separen (...), y cada una vuelva a ser objeto de un proceso separado (...); y aunque
el proceso continúa siendo único hasta el fin, las decisiones de las distintas causas
podrán ser distintas y correspondientes al distinto comportamiento observado en
el proceso por las partes de cada una de las causas” (CALAMANDREI, 1962,
Volumen II: 312-313).
Según Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, “aludir (...) a litisconsorcio
voluntario o facultativo es aludir a un proceso acumulativo caracterizado por una
conexidad subjetiva parcial. El proceso con litisconsorcio voluntario es pues un
proceso que sirve a la composición de dos o más pretensiones entre las cuales
hay una conexidad subjetiva parcial que, por lo tanto, acumula partes, y una
conexidad propia o impropia. Acumulación entonces de partes y de pretensiones”
(QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 57). Los indicados autores anotan,
además, sobre el litisconsorcio voluntario o facultativo lo siguiente:
“... Refiere a una reunión de sujetos, a una multiplicación de las partes en
cada posición del proceso, demandantes o demandadas, evidenciándose
un proceso con pluralidad de pretensiones, pero además con pluralidad
de partes, es decir, con más de dos partes.
Los litisconsortes facultativos en el proceso litisconsorcial, sean propios o
impropios gozan de total autonomía, unos con respecto a los otros,
como que son litigantes separados unidos apenas en la unidad formal
del proceso, pero con total independencia de las paralelas relaciones
subyacentes.
Los actos de cada litisconsorte facultativo no redundan en provecho ni en
perjuicio de los demás y cada pretensión es decidida autónomamente
en la sentencia única, inclusive con decisiones diversas con respecto a
cada pretensión, sin otra unidad (...) distinta de la unidad formal, esto
es decir, con el único vínculo de que sea una la sentencia que contiene
todas y cada una de las autónomas decisiones” (QUINTERO; y
PRIETO, 1995, Tomo II: 95).
3.2 Características del litisconsorcio facultativo
Según Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín, son características
del litisconsorcio facultativo las que indican a continuación:
“1°. Supone una acumulación subjetiva de acciones, que puede afectar a la
competencia y que (…) se resuelve a favor del tribunal del lugar
correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás, y en su

258
defecto, aquel que deba conocer del mayor número de acciones
acumuladas, y en último término, al del lugar que corresponda a la
acción más importante cuantitativamente.
2°. Cada litisconsorte puede actuar independientemente con su
representación y defensa, no perjudicándole la actividad de los demás,
aunque en ocasiones puede favorecerle, como en el caso del recurso
interpuesto solamente por uno de ellos y que resulta estimado. No
obstante, las posibles incidencias de orden procesal planteadas por uno
de ellos afectan a todos.
3°. Hay un enjuiciamiento único” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ; y
PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000, Tomo I: 300).
Aldo Bacre considera que el litisconsorcio facultativo se caracteriza por lo
siguiente:
“a) Presupone la existencia de una pluralidad de sujetos en una misma
posición de parte (...).
b) Presupone una pluralidad de pretensiones que eventualmente hubieren
podido ser ejercidas individualmente por los sujetos titulares de las
mismas e integrantes del litisconsorcio facultativo.
En esto se diferencia del litisconsorcio necesario, donde la característica es
la unicidad de la pretensión planteada.
c) Presupone conexidad en las pretensiones deducidas, ya sea por el título
o por el objeto o por ambas a la vez. No es necesaria la identidad del
objeto y de la causa. Basta con que haya conexidad en alguno de esos
elementos.
(...)
d) Depende de la voluntad de las partes.
(...) El litisconsorcio facultativo depende exclusivamente de la voluntad de
las partes, pero, básicamente, de la voluntad de la parte actora. La
voluntad del demandado sólo será trascendente para la escisión del
mismo. Es decir, el actor goza de plena libertad para elegir las personas
a las que ha de demandar.
e) Los litisconsortes tienen entre sí autonomía e independencia.

LITISCONSORCIO
259
En el litisconsorcio facultativo la posición de los sujetos se traduce en notas
de independencia y autonomía, por lo que son litigantes distintos en sus
relaciones con la contraparte, y los actos de uno, entonces, no
aprovechan ni perjudican a los demás. Así, si bien el litisconsorcio
constituye una relación procesal única con pluralidad de sujetos, cada
uno de éstos actúa
en forma autónoma, de modo que existen tantas litis como pretensiones
se deducen, y tantos procesos como litis se propongan” (BACRE, 1996,
Tomo II: 157-159).
3.3 Actuación del litisconsorte facultativo
Adolfo Rivas sostiene que “... los litisconsortes son independientes y ello se
refleja en una operatoria procesal de total autonomía, de modo que pueden
formular alegaciones propias, aportar por su cuenta hechos al proceso y producir
las pruebas consiguientes; la confesión de unos no puede obligar a los otros, y
los recursos se computan individualmente no siendo extensivos sus resultados a
los no recurrentes, y, en general, los actos procesales de unos no trascienden a
los otros, salvo situaciones procesales indivisibles...” (RIVAS, 1997: 122).
Podetti dice de las facultades procesales de los litisconsortes voluntarios que
“... son personales a cada litisconsorte, pero no exclusivas o excluyentes, en el
sentido de que el ejercicio de ellas por uno y salvo casos excepcionales, no
impide a los otros ejercitarlas también y en forma diversa. Así si se trata de
litisconsorcio pasivo y uno pide el rechazo de la demanda, no impide que otro se
allane. El desistimiento, el reconocimiento o confesión de hechos formulado por
uno de los litisconsortes, no obliga a los demás. Pero con respecto al proceso
como instrumento de la acción, así como un acto del demandado puede hacer
inútil un acto análogo del otro sujeto; pedido de apertura a prueba, clausura del
período de prueba, etc., o bien puede impedir el fenómeno procesal de la
perención, así, también la actividad o el acto de un litisconsorte, puede hacer
innecesario o evitar las consecuencias de la inacción de los demás. La oposición
de uno a la demanda hace necesario substanciar el proceso, el planteamiento de
cuestiones de hecho por uno de los litisconsortes, impide que la cuestión se
resuelva como de puro derecho; la deducción por uno de un incidente suspensivo
del procedimiento en lo principal, impide la prosecución del proceso con respecto
a todos hasta la resolución del incidente; la incompetencia, el defecto legal, la
falta o defecto en la representación de la contraria, opuesta por uno y acogido,
produce efectos con respecto a todos, etc.” (PODETTI, 1949: 304).

260
De acuerdo a lo normado en nuestro ordenamiento jurídico:
- Los litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes
independientes (art. 94 -primer párrafo- del C.P.C.).
- Los actos de cada uno de ellos (litisconsortes facultativos) no favorecen
ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del
proceso (art. 94 -in fine- del C.P.C.).
3.4 Efectos del litisconsorcio facultativo
Véscovi, en lo relativo a los efectos procesales del litisconsorcio voluntario,
enseña lo siguiente:
“... En virtud de que sus integrantes no están en una idéntica relación
jurídica sustancial (...), en principio cada litisconsorte goza de una
legitimación propia (dos víctimas de un accidente, dos coacreedores,
etc.) y son, en cierto modo, independientes.
Entonces la sentencia, aunque es una sola, puede afectar en forma distinta
a cada litisconsorte; uno puede apelar sin obligar al otro, cada uno puede
oponer diversas defensas o excepciones y el proceso puede terminar
anormalmente de manera independiente: uno puede desistir por sí solo,
etc.
Unicamente los actos procesales, por ser el proceso uno solo, aparecen
ligados, de modo que el acto de impulso procesal de uno repercute sobre
la suerte de los demás (interrupción de la perención, rebeldía acusada a
la contraparte, etc.)” (VESCOVI, 1999: 171-172).
Lino Palacio señala que son efectos del litisconsorcio facultativo los que se
indican a continuación:
“1°) Los actos de disposición del objeto procesal realizados por uno o
algunos de los litisconsortes producen sus efectos normales cualquiera
sea la actitud asumida por los restantes litisconsortes.
2°) (...)
3°) Con relación a la prueba, corresponde formular un distingo según que
ella verse sobre hechos comunes o sobre hechos individuales a uno o
algunos de los litisconsortes. En el primer caso, el juez debe valorar
conjuntamente las diligencias probatorias producidas por cada

LITISCONSORCIO
261
litisconsorte, pues no cabe concebir que el convencimiento judicial
acerca de la verdad de un hecho común se produzca sólo con respecto
a uno o a algunos de los litisconsortes. Por lo tanto, si uno solo de los
litisconsortes produce prueba acerca de un hecho constitutivo,
impeditivo o extintivo que reviste carácter común, ella será suficiente
para tenerlo acreditado con relación a los restantes. Pero la confesión o
la admisión de un hecho común, formulado por uno de los
litisconsortes, no perjudica a los otros.
Si se trata de hechos individuales, debe estarse la prueba producida por el
litisconsorte al cual tales hechos se refieren, sin perjuicio de que la
prueba producida por los otros pueda computarse a título indiciario.
4°) Los recursos interpuestos por uno de los litisconsortes no benefician a
los restantes.
5°) El litisconsorcio facultativo trae aparejado, en ciertos supuestos (...), un
desplazamiento de la competencia por razón del lugar, de la materia y
del valor” (PALACIO, 1983, Tomo III: 222-224).
Conforme se desprende del artículo 94 del Código Procesal Civil, es efecto
del litisconsorcio facultativo la actuación independiente de los respectivos
litisconsortes, sin que los actos de cada uno de ellos favorezcan o perjudiquen a
los demás litisconsortes facultativos, lo cual, dicho sea de paso, no afectará en
nada la unidad del proceso.
3.5 Jurisprudencia casatoria relacionada con el litisconsorcio facultativo o
voluntario
facultativo o voluntario, ha establecido lo siguiente:
- “... El litisconsorcio facultativo corresponde a una acumulación
subjetiva, mediante la cual voluntariamente una pluralidad de sujetos
actúa como parte demandante o demandada, siendo considerados como
litigantes independientes, conforme lo precisa el artículo noventicuatro
del Código Procesal Civil. [...] Que, en un litisconsorcio facultativo los
sujetos que la conforman tienen diversa legitimidad e interés para obrar,
motivo por el cual en esta acumulación subjetiva cada litigante actúa
independientemente...” (Casación Nro. 857-2002 / La Libertad,
13520).

262
- “... Conforme dispone el Artículo noventicuatro del Código Procesal
Civil el litis consorte facultativo debe ser considerado como un litigante
independiente, es decir, que adquiere la calidad de parte en el proceso”
Peruano el 02-10-1998, págs. 1723-1724).
- “... El recurrente dejó consentir la resolución apelada; [...] quien
interpuso el recurso de apelación fue su codemandante, y no el
recurrente; [...] en el presente caso, la parte accionante formó un
litisconsorcio facultativo, razón por la cual los efectos de la apelación
sólo beneficia a quien lo interpuso...” (Casación Nro. 3321-2001 /
Madre de Dios, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-07-
2002, pág. 8996).
- “... Se advierte que se trata de un típico caso en el cual habiendo
pluralidad de demandados, estos actúan en forma conjunta; por tanto,
estamos ante un supuesto de litisconsorcio facultativo, ello quiere decir
que las actuaciones individuales de cada litisconsorte no favorecen ni
perjudican a los demás. [...] en el presente caso, la sentencia materia del
recurso [de casación] evidentemente se ha pronunciado de manera extra
petita, sobre extremos que no han sido objeto del recurso de apelación,
y aún más sobre el derecho de sujetos procesales que no han interpuesto
el recurso de apelación en contra de la sentencia [...], vulnerándose de
este modo [...] lo previsto en el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Civil en cuanto a la prohibición de los Jueces de fundar
sus decisiones en hechos diversos de los que han sido alegados por las
partes y de ir más allá del petitorio; por lo que [...] el recurso
extraordinario [...] debe ser amparado por esta causal; toda vez que se
ha pronunciado en forma extrapetita otorgando el derecho a quienes no
han hecho uso del recurso de apelación...” (Casación Nro. 2477-2003 /
Chimbote - Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-09-
2005, págs. 14679-14680).

264
CAPITULO VI
INTERVENCION DE TERCEROS,
EXTROMISION Y SUCESION PROCESAL
1. CONCEPTO DE INTERVENCION DE TERCEROS
A juicio de Eduardo Vallejo, “la intervención de terceros tiene lugar cuando
se incorporan al proceso personas distintas de los litigantes originarios”
(VALLEJO, 1970: 44).
Lorca Navarrete considera que la intervención de terceros “… tiene lugar
cuando a las partes originarias se unen otras hallándose en trámite la instancia
procesal” (LORCA NAVARRETE, 2000: 150).
Lino Palacio asevera que “... la intervención de terceros tiene lugar cuando,
durante el desarrollo del proceso, y sea en forma espontánea o provocada, se
incorporan a él personas distintas a las partes originarias con el objeto de hacer
valer derechos o intereses propios, aunque vinculados a la causa o al objeto de la
pretensión” (PALACIO, 1983, Tomo III: 225-226).
A decir de Liebman, la intervención “... es el ingreso de un tercero en un
proceso pendiente. Puede ser la consecuencia de un acto del tercero, que de su
espontánea voluntad interviene en el proceso pendiente entre otros (intervención
voluntaria), o bien puede ser provocada por la llamada del tercero al proceso por
obra de una de las partes, la cual provea a ello ya sea porque considere tener un
interés en tal sentido, ya sea para cumplir una orden del juez (intervención
coactiva)” (LIEBMAN, 1980: 80-81).
El Código Procesal Civil regula la intervención de terceros en el Capítulo VII
(“Intervención de terceros, extromisión y sucesión procesal”) del Título II
(“Comparecencia al proceso”) de la Sección Segunda (“Sujetos del proceso”).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la intervención
de terceros en general, ha establecido lo siguiente:
- “... En materia de intervención la doctrina se viene refiriendo a intervención
principal (interés propio y autónomo del tercero contrapuesto al de las demás

INTERVENCION DE TERCEROS, EXTROMISION Y SUCESION PROCESAL
265
partes), intervención litisconsorcial (interés directo compartido con alguna
de las partes) e intervención adhesiva simple (interés indirecto para evitar los
efectos reflejos de la sentencia)...” (Casación Nro. 1302004 / Tumbes,
- “... Es facultad discrecional del Juez determinar la integración de terceros al
proceso...” (Casación Nro. 2687-2008 / Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 02-12-2008, pág. 23458).
- “... La resolución que incorpora a un tercero en la relación procesal no es
impugnable, salvo que se deniegue su apersonamiento según lo dispone el
artículo ciento uno segundo párrafo [del] Código Procesal Civil...” (Casación
2004, págs. 11863-11864).
- “... La presentación de un escrito expresando la devolución de cédulas de
notificación no puede constituir un apersonamiento de tercero al proceso,
toda vez que para ello [...] se requiere acreditar no sólo interés y legitimidad
para participar en el [sic -léase en él-], sino que además deberá de ser
admitido como tercero legitimado mediante el auto correspondiente...”
Peruano el 02-12-2003, págs. 11255-11256).
- “... Todo lo actuado con intervención de una persona jurídica ajena al
proceso, como lo es el Banco [...], se encuentra viciado de nulidad; en
consecuencia, resultan insubsistentes los actos procesales desarrollados en
tales condiciones, pues no cumplen con la finalidad para el cual estaban
destinados, estando al principio de finalidad incumplida previsto en la
segunda parte del primer párrafo del artículo ciento setentiuno del Código
Procesal Civil; [...] la infracción procesal se verifica en esta causa cuando el
A quo autoriza la intervención de un tercero ajeno al proceso, a quien no le
asiste el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por no haber intervenido
en la relación jurídica sustantiva ni haber sido incorporado debidamente en
autos, por lo que carecen de eficacia y validez los actos procesales que
otorgan inmotivadamente legitimidad activa al Banco...” (Casación Nro.
págs. 12725-12726).
- “... Al haberse incorporado al proceso a persona ajena a la relación jurídico-
material, se ha incurrido en contravención de normas que garantizan el

266
derecho al debido proceso...” (Casación Nro. 1959-2003 / Lima, publicada
- “... Conforme se ha establecido en autos la demandada figura como soltera
en la ficha registral [...], no resultando válida la incorporación al proceso del
conviviente de la impugnante, por cuanto [...] no ha intervenido en la relación
sustantiva...” (Casación Nro. 3773-2002 / Lima, publicada en el Diario
- “... Tanto la sentencia impugnada como la apelada se pronuncian otorgando
derechos a personas que no han sido parte ni terceros legitimados en el
proceso, razón por la cual aquellas se encuentran afectadas de nulidad, al
haber infringido las formas esenciales para la validez de los actos procesales;
[...] por tanto, la infracción procesal se verifica en esta causa cuando el A quo
declara fundada la demanda a favor de terceros ajenos al proceso, a quienes
no les asiste el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por no haber
intervenido en la relación jurídica sustantiva ni haber sido incorporados al
proceso...” (Casación Nro. 2322-03 / Lima, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30-09-2004, págs. 12744-12745).
2. REQUISITOS DE LA INTERVENCION DE TERCEROS
Lino Palacio afirma que “... la admisibilidad de la intervención de terceros,
en términos generales, se halla supeditada a la concurrencia de dos requisitos
básicos que son: 1°) La existencia de un proceso pendiente entre dos o más
sujetos; 2°) La circunstancia de que el tercero sea una persona distinta a dichos
sujetos, o, en otras palabras, que no haya asumido aún la condición de parte en el
proceso...” (PALACIO, 1983, Tomo III: 228).
Gimeno Sendra expresa sobre el tema lo siguiente:
“Son (…) presupuestos de la intervención procesal: a) de un lado, la
existencia de un proceso pendiente, en virtud de la interposición de
una demanda, que, al haber sido admitida, haya generado los efectos
propios de la litispendencia (…), y b) la intervención de un tercero en
dicho proceso, entendiendo por tal concepto no quien, como es el caso
del testigo, nada tiene que ver con el objeto litigioso, sino una parte
material no formal, esto es, distinta al demandante y demandado, ya
personados en el proceso, que ostente la titularidad de un derecho
subjetivo o un interés ‘directo y legítimo’ o, lo que es lo mismo, que
goce de legitimación, ordinaria o extraordinaria.

267
(…)
Pero el tercero (…) ha de gozar de (…) interés jurídico. No ostenta, por
tanto, dicho interés quien nada tiene que ver con la relación jurídica
material debatida.
(…)
El tercero ha de ostentar, pues, una legitimación ordinaria o extraordinaria,
que (…) (se) la concreta en el ‘interés directo y legítimo en el resultado
del pleito’. Dicha legitimación puede, por consiguiente, consistir en la
titularidad del derecho subjetivo que se discute en el proceso o en la
existencia de un interés directo en el proceso, surgido en la circunstancia
de poder experimentar, como consecuencia de los futuros efectos
directos o reflejos de la sentencia, un perjuicio o beneficio patrimonial
o moral” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 165-166).
El artículo 101 del Código Procesal Civil, en su primer párrafo, hace
referencia a los requisitos exigidos para las intervenciones (coadyuvante,
litisconsorcial y excluyente o principal) de los terceros en el proceso,
desprendiéndose de dicho precepto legal lo siguiente:
A) Los terceros para intervenir en el proceso deben contar con interés para
obrar.
Al respecto, el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil preceptúa
que para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo
interés económico o moral y que el interés moral autoriza la acción sólo
cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición
expresa de la ley. El interés para obrar supone, pues, la alegación de la
existencia de interés económico o moral en el sujeto procesal. El interés
económico, dicho sea de paso, es el que se relaciona con el aumento o
disminución del patrimonio de un sujeto; el interés moral es uno de
naturaleza extrapatrimonial, ligado más bien a los valores subjetivos de
la persona.
B) La solicitud de intervención en el proceso planteada por el tercero debe
reunir, en lo que resulte pertinente, los requisitos y anexos contemplados
para la demanda en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil.

268
Se deberá acompañar u ofrecer en la solicitud, sobre todo, los medios de
prueba que acrediten el interés del tercero para intervenir en la litis y el
derecho que esgrime para hacerlo.
3. TRAMITE COMUN DE LAS INTERVENCIONES DE TERCEROS
El artículo 101 del Código Procesal Civil, en su último párrafo, norma lo
relativo al trámite que siguen las intervenciones (coadyuvante, litisconsorcial y
excluyente o principal) de los terceros en el proceso, infiriéndose del citado
numeral lo siguiente:
- Si el órgano jurisdiccional aprueba la solicitud de intervención del
tercero en el proceso, éste se incorporará al proceso en el estado en que
se encuentre al tiempo de su intervención, lo cual significa que a causa
de la aludida intervención no se retrotrae ninguna etapa procesal o, en
otras palabras, no cabe la repetición de los actos procesales ya
desarrollados.
- El órgano jurisdiccional se encuentra autorizado para denegar de plano
(esto es, sin mayor trámite) la solicitud de intervención del tercero en el
proceso, pudiendo ser impugnada la resolución judicial que resuelva en
ese sentido (no ocurriendo lo propio tratándose de la resolución que
admite el pedido de intervención del tercero, la misma que es
irrecurrible).
4. INTERVENCION DE TERCEROS: CLASIFICACION
Rodríguez Garcés, en lo concerniente a las clases de tercerías (intervenciones
de terceros), apunta lo siguiente:
“... Los terceros pueden intervenir en el juicio voluntaria o forzadamente. La
concurrencia voluntaria de terceros al pleito puede hacerse como
coadyuvante, como excluyente o como independiente.
La doctrina distingue entre la intervención voluntaria y la intervención
forzada o llamamiento de terceros al pleito.
La intervención forzada es el llamamiento de terceros al pleito, en forma
obligada, a requisición del demandante o del demandado, cuando se
quiere extender a un tercero los efectos del juicio y de la cosa juzgada
que produzca la sentencia dictada en él.

269
Es condición indispensable que el tercero se encuentre en cierta relación
jurídica con el demandante o demandado y que su intervención tenga
alguna conexión con la cuestión que es materia del pleito. El
llamamiento del tercero al pleito implica obligar a intervenir en él a una
persona que pudo ser litisconsorte de alguna de las partes.
(...)
La intervención voluntaria es aquella que permite a un tercero concurrir
cuando lo estime conveniente a un pleito, iniciado por otras personas, en
el que tiene un derecho comprometido.
La doctrina distingue tres clases de intervención voluntaria de terceros:
a) la intervención adhesiva de terceros; b) la intervención principal; y c)
la oposición de tercero” (RODRIGUEZ GARCES, 1967, Tomo I: 58-60).
Aldo Bacre señala al respecto lo siguiente:
“De acuerdo (a) que la intervención responda a la libre y espontánea
determinación del tercero, o a una citación judicial dispuesta de oficio o a
petición de una de las partes originarias, se la denomina, respectivamente,
voluntaria u obligada. A su vez, la primera admite diversas modalidades:
- principal o excluyente;
- adhesiva simple o coadyuvante; - adhesiva autónoma o
litisconsorcial;
- sustituyente.
(...) En cuanto a la intervención coactiva u obligada subsume a las siguientes
hipótesis:
- la denuncia del litigio;
- la citación de evicción;
- la citación en garantía;
- el llamamiento a pleito del tercero pretendiente; y
- la indicación del poseedor mediato” (BACRE, 1996, Tomo II: 176-177).

270
5. INTERVENCION VOLUNTARIA DE TERCEROS
5.1 Definición
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto dicen de la intervención de terceros
voluntaria que “en este género de intervención queda a voluntad del tercero
intervenir o no y para hacerlo no tiene que esperar llamado alguno de parte o del
juez. El elemento específico que lo distingue no reposa en el deseo de intervenir,
con citación o sin ella, sino en el grado de afectación que el proceso que discurre
le depare en su esfera jurídica, bien porque ostente titularidad del litigio que se
debate en el proceso, excluyente o coincidente, total o parcial, bien porque otra
relación sustancial no debatida y de la cual es titular se vea afectada jurídicamente
con el resultado del proceso” (QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 116).
Lorca Navarrete manifiesta sobre la intervención voluntaria de terceros que:
“… Tiene lugar a través de una decisión voluntaria del tercero de unirse a la
instancia procesal ya promovida y de la que, hasta ese momento, era un
tercero ‘extraño’.
Con su ‘entrada’ en la instancia ‘integra’ voluntariamente con su aportación, el
contradictorio ya preexistente” (LORCA NAVARRETE, 2000: 151).
Lorca Navarrete destaca que las características de la intervención voluntaria
son las que describe a continuación:
“a’) El carácter voluntario de la intervención por unión.
(…) No se impone la intervención; se permite al tercero poder ser
admitido.
b’) La unión del tercero al proceso que se esté tramitando.
La unión del tercero a la instancia que se esté tramitando se hace depender
de que ‘se encuentre pendiente un proceso’ y, a su vez, de que se lleve
a cabo ‘como demandante y demandado’; lo que parece excluir la unión
del tercero a las instancias ad quem y la ubicación del tercero por unión
solo en la instancia a quo.
(…)
(…) La unión del tercero como demandante o demandado al proceso que ‘se
encuentre pendiente’ debe ser entendida no como un supuesto de
exclusión del tercero en instancias ad quem; cuanto más bien el origen

271
conceptual y funcional de la unión del tercero al proceso que ‘se
encuentre pendiente’ que luego podrá, en su caso, devenir como
recurrente y recurrido.
c’) La justificación objetiva de la unión del tercero.
Consiste en la acreditación de un interés directo y legítimo en el resultado
del proceso…” (LORCA NAVARRETE, 2000: 151-152).
5.2 Clases
Lino Palacio nos informa que “las leyes que reglamentan esta institución,
como así también la doctrina que la explica, distinguen entre dos tipos básicos de
intervención voluntaria: la principal, o excluyente, y la adhesiva. Esta última, a
su vez, suele subclasificarse en intervención adhesiva simple o dependiente e
intervención adhesiva litisconsorcial o autónoma” (PALACIO, 1983, Tomo III:
231).
Gimeno Sendra refiere que “en la intervención voluntaria, (…) el tercero
decide voluntariamente intervenir en un proceso ya iniciado. Dicha intervención
(…) puede ser ‘litisconsorcial’, si el tercero es titular del derecho o interés que en
él se discute o ‘adhesiva’, cuando su derecho depende del bien o derecho litigioso
del que es titular la parte principal” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 166).
5.2.1 Intervención coadyuvante o adhesiva simple
Lino Palacio asevera que la intervención adhesiva simple o coadyuvante “...
se verifica cuando un tercero, en razón de tener un interés jurídico coincidente
con el derecho alegado por cualquiera de las partes originarias, participa en el
proceso con el objeto de coadyuvar al éxito de la pretensión o de la oposición”
(PALACIO, 1983, Tomo III: 237).
Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández anotan que “... se habla de
intervención adhesiva cuando un tercero, hasta entonces ajeno al litigio, solicita
y obtiene del Juez la entrada en un proceso pendiente entre otras personas. La
intervención adhesiva supone, por definición, que el tercero interviniente apoya
la posición jurídica de una de las partes (sea del actor o la del demandado)” (DE
LA OLIVA; y FERNANDEZ, 1990, Volumen I: 478).
Gimeno Sendra destaca que “en la intervención adhesiva (o coadyuvante) no
existe (…) cotitularidad, sino una relación jurídica subordinada a la relación
jurídico material debatida en el proceso y de la que es titular el tercero, quien está
interesado en al (sic -léase en la-) defensa de aquélla, pues de su reconocimiento

272
depende su relación subordinada. Los efectos de la sentencia no se extenderán,
pues, directamente sobre el tercero, sino de forma refleja…” (GIMENO
En relación al tema, Calamandrei sostiene que “... característica fundamental
de esta intervención ad adiuvandum es que con ella el interviniente no propone
una nueva demanda que amplíe la materia contenciosa, sino que se limita a mediar
en la causa pendiente entre las partes principales, que es la que queda aun después
de la intervención, como única causa del proceso, así sea con el agregado de un
nuevo contradictor. El tercero no interviene para hacer valer un derecho suyo en
posición autónoma, sino simplemente ‘para sostener las razones de alguna de las
partes’ contra la otra, es decir, para ayudar a una de las partes principales a hacer
valer su derecho frente a la otra (o para hacer que se rechace la pretensión de la
otra): el interviniente, pues, combate por el derecho ajeno, para hacer que triunfen
las razones de la parte a la cual se adhiere, contra el adversario de ella, en quien
sólo por eso ve el interviniente a su propio adversario. El interviniente por
adhesión debe tomar necesariamente partido, es decir, debe declararse a favor de
una de las partes en contra de la otra: de ese modo entra él en el proceso al lado
de la parte ayudada, en calidad de litisconsorte auxiliar que la contraparte debe
aceptar como contradictor agregado...” (CALAMANDREI, 1962, Volumen II:
320-321).
Serra Domínguez, en lo que concierne a la intervención adhesiva simple
(coadyuvante), manifiesta lo siguiente:
“... La intervención adhesiva strictu sensu se produce en aquellos casos en
que la intervención del tercero tiene por exclusivo objeto la defensa
procesal de una de las partes, aun sin ostentar derecho alguno autónomo
de acción ni resultar directamente perjudicado por la sentencia, fundada
exclusivamente en una relación jurídica entre la parte ayudada y el
tercero, que puede resultar afectado en forma refleja por los efectos de
la sentencia.
(...)
La intervención adhesiva del tercero es el único remedio para impedir la
producción de efectos perjudiciales. Mientras en las restantes
intervenciones, el tercero era poseedor de una acción autónoma que
podía discutir en otro proceso, pidiendo acto seguido la acumulación o
amparándose en la sentencia dictada en el segundo proceso, con lo que
los fines de la intervención era principalmente los de economía procesal

273
(intervención litisconsorcial) o evitar sentencias contradictorias
(intervención principal), el interviniente adhesivo carece de otro
remedio que no sea su actuación en el curso del proceso para contribuir
a la formación de una sentencia que puede constituir un presupuesto
privilegiado del nacimiento o la extinción de un deber o de un derecho
hacia la parte vencida, o puede convertir en ineficaz el derecho poseído
respecto de la parte vencida. De ahí el interés en contribuir a la defensa
de dicha parte para evitar que se forme en el proceso una sentencia que
por su apariencia externa y por su carácter coactivo es susceptible de
perjudicarle” (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 243-245).
El Código Procesal Civil, en su artículo 97, regula lo relativo a la
intervención coadyuvante en estos términos:
“Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que
no deban extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las
pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada
desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el
proceso como coadyuvante de ella.
Esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda
instancia.
El coadyuvante puede realizar los actos procesales que no estén en oposición
a la parte que ayuda y no impliquen disposición del derecho discutido”.
Stiglitz estima como efectos procesales de la intervención adhesiva
(coadyuvante) los que se indican a continuación:
“a) El interviniente adhesivo es parte en sentido procesal; su actividad se
desarrolla y agota en el proceso, aunque para adquirir aquella calidad es
menester que judicialmente su ingreso sea aceptado.
b) Su condición es accesoria, secundaria o coadyuvante, pues si bien es
cierto que su intervención finaliza con el debate, ella, en su ejercicio
procesal, posee limitaciones.
c) No puede actuar en el proceso en forma incompatible o perjudicial al
interés del principal que apoya.
d) Toma el proceso en la situación en que se encuentre en el momento de
su intervención.

274
e) No puede modificar ni ampliar la litis contestatio o el objeto del litigio.
f) La sentencia vincula al interviniente adhesivo, en el sentido de que no
puede discutir en un nuevo juicio sus conclusiones, aunque la cosa
juzgada no le obligue directamente ni le imponga prestación alguna.
g) No pudiendo ser vencido en un proceso que no le afecta no puede ser
cargado con las costas generales del proceso, sino únicamente con las
que se haya causado a su instancia” (STIGLITZ, 1970: 157).
Devis Echandía sostiene que son efectos procesales de la intervención
coadyuvante los que se señalan seguidamente:
“1°) El interviniente ingresa al proceso una vez que su solicitud es aceptada por
el juez, y conserva esa calidad mientras no le sea revocada en virtud del
recurso (...).
2°) El coadyuvante es parte en el proceso, aunque de condición secundaria o
accesoria, ya que tiene el derecho a interponer recursos, a pedir pruebas, a
proponer nulidades y actúa hasta la terminación del proceso (...).
3°) El coadyuvante toma el proceso en la situación en que se encuentre en el
momento de su intervención.
4°) No puede modificar ni ampliar la litis contestatio o el objeto del litigio, ya que
no introduce una pretensión propia para que sobre ella exista una decisión.
5°) No puede actuar en el proceso en contradicción con la parte coadyuvada, lo
que es consecuencia de su condición de parte accesoria o secundaria y de la
circunstancia de no introducir una litis propia en el proceso (...)
(...)
6°) No puede interponer recursos que el coadyuvado no desee o en
disconformidad con éste, porque entonces haya una actuación procesal
contraria a la de la parte principal.
(...)
7°) Puede ejecutar todos los actos procesales propios de las partes, con las
limitaciones señaladas en los dos puntos anteriores (...), siempre que en esas
actividades no incurra en contradicción con la actitud asumida por la parte
coadyuvada; pero puede suplir el silencio o el abandono de ésta.

275
8°) Sus actos se estiman en favor de la parte coadyuvada, aun cuando los ejecute
en su propio nombre y sin tener el carácter de representante de ésta (...).
9°) No puede ser testigo ni perito, como resultado de su condición de parte
accesoria.
10°) Puede desistir libremente de su intervención y debe ser condenado en
costas, si lo hace, ya que su participación en el proceso es puramente
voluntaria.
11°) La sentencia lo vincula, en el sentido de que no pueda discutir en un
nuevo proceso sus conclusiones, ni siquiera cuando con base en ella la
parte coadyuvada le instaura posteriormente un proceso.
12°) Goza de autonomía en cuanto a capacidad o representación, y debe
reunir los requisitos generales para que ambas aparezcan en debida
forma.
13°) Debe sufrir la condena en costas y soportar las expensas, cuando haya
recurrido o solicitado diligencias, copias, etc. En el caso de que el
recurso haya sido conjunto con el coadyuvado, deben dividirse las costas
por iguales partes...” (DEVIS ECHANDIA, 1985, Tomo II: 405-408).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la intervención
coadyuvante o adhesiva simple, ha establecido lo siguiente:
- “... El artículo 97 del Código Procesal Civil regula [...] la intervención
coadyuvante que debe ser solicitada oportunamente por la persona
interesada, cuya actuación está limitada a la defensa de la parte que
coadyuva...” (Casación Nro. 943-2007 / La Libertad, publicada en el
- “... El recurrente fundamenta la [...] afectación al debido proceso en el
sentido que las instancias de mérito no han cumplido con integrar al
proceso [sobre ineficacia de acto jurídico de anticipo de herencia
respecto a un inmueble] al tercero, en este caso, su hija [...], quien tenía
capacidad procesal para haber sido válidamente emplazada desde el
admisorio de la demanda, pues a la fecha en que se admite la presente
acción su citada hija ya había cumplido los dieciocho años de edad. [...]
Que, el artículo noventisiete del Código Procesal Civil regula la
intervención coadyuvante estableciendo que quien tenga con una de las
partes una relación jurídica sustancial, a la que no deban extenderse los
efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el

276
proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte
es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella;
esta intervención puede admitirse incluso durante el trámite en segunda
instancia. [...] Que, de las copias del testimonio de anticipo de herencia
[...], aparece inserta la partida de nacimiento de la hija de los
demandados, [...] a la fecha de expedición del auto admisorio [...] ya
contaba con la mayoría de edad, razón por la cual debió ser emplazada
con la demanda, ya sea a petición de parte o de oficio, de conformidad
con lo establecido en el precitado artículo noventisiete del Código
Adjetivo [C.P.C.]. [...] Que, al no haber procedido así las instancias de
mérito, se ha incurrido en causal de nulidad que vicia el proceso,
configurándose la [...] contravención al debido proceso...” (Casación
Nro. 853-2000 / Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-
01-2001, pág. 6841).
- “... En los casos en que intervenga un tercero al cual la sentencia no va
a afectar directamente, no pueda ser considerada [sic -léase no puede ser
considerado-] como denunciado civilmente sino que la figura correcta
es la intervención coadyuvante a que se refiere el artículo noventisiete
del Código Adjetivo [C.P.C.]...” (Casación Nro. 692-01 / Ica, publicada
- “... El segundo párrafo del artículo 11 del Texto Unico Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la interposición de un
medio de impugnación constituye un acto voluntario del justiciable, de
lo que se desprende que para que el tercero coadyuvante pueda impugnar
válidamente una resolución, que a su criterio le causa agravio, ésta
previamente debe ser recurrida por la parte a quien coadyuva y, no
habiéndose verificado dicha condición, la recurrente no se encuentra
legitimada para recurrir vía casación de la sentencia de vista...”
(Casación Nro. 1729- 2003 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30-06-2004, pág. 12259).
5.2.2 Intervención litisconsorcial o adhesiva autónoma
Armenta Deu estima que “mediante la intervención litisconsorcial el tercero
se introduce en una relación procesal que él mismo podría haber constituido
inicialmente como litisconsorte, necesario o voluntario. Sería el caso, por
ejemplo, del acreedor solidario que no demandó y el deudor solidario que no fue
demandado” (ARMENTA DEU, 2004: 106). Dicha autora precisa que “el
interviniente litisconsorcial trata de defender derechos propios, sin ejercitar una

277
pretensión diferente a la ya ejercitada por el demandante” (ARMENTA DEU,
2004: 106).
Lino Palacio señala al respecto que:
“... En la llamada intervención adhesiva autónoma o litisconsorcial, el
ingreso del tercero en el proceso pendiente tiene por objeto hacer valer
un derecho propio frente a alguna de las partes originarias, adhiriendo a
la calidad (actora o demandada) asumida por la otra u otras.
(...)
(...) La característica esencial de este tipo de intervención (...), está dada por
la circunstancia de que el tercero habría gozado de legitimación procesal
propia para demandar o ser demandado originariamente en el proceso al
cual ingresa, sea a título individual o conjuntamente con la parte a cuya
posición adhiere...” (PALACIO, 1983, Tomo III: 243).
Serra Domínguez concibe a la intervención litisconsorcial como “... aquella
en la que un tercero interviene en un proceso para defender derechos propios que
se discuten en el proceso, y que son similares, en todo o en parte, a los afirmados
por una de las partes en litigio. Tiene por objeto evitar la extensión de los efectos
de la sentencia” (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 213). El indicado autor español
añade que la intervención litisconsorcial es “... la introducción en un proceso
pendiente entre dos o más partes de un tercero que alega un derecho propio,
discutido en el proceso y defendido ya por alguna de las partes en litigio” (SERRA
DOMINGUEZ, 1969: 221). Dicho autor precisa, por último, que “el interviniente
hubiera podido ser parte, podría haber formulado demanda o haber sido
demandado por o contra alguna o algunas de las partes que figuran en el proceso.
Es más, en ciertos casos debía ser demandado forzosamente para la correcta
constitución de la relación procesal. Su distinción respecto de las partes radica
únicamente en el momento de su intervención: originaria en el primer caso y
sucesiva en la segunda” (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 221).
A decir de Lorca Navarrete:
“Implica (la intervención litisconsorcial) que cualquier tercero puede
intervenir en una instancia procesal para hacer valer, respecto de alguna
de las partes, un interés legítimo que afecta a su objeto o que deriva de
la instancia misma.

278
Es una intervención litisconsorcial en la medida en que el interviniente no
desea tanto actuar adhesivamente cuanto más bien conseguir una
ventaja propia y, por tanto, la satisfacción de un interés directo y
legítimo en el resultado del proceso.
Para ello no se sitúa dependiente, junto con la parte ya presente en la
instancia procesal en contra del adversario común.
La interviniente se tipifica ‘como un amigo de viaje’ litisconsorcial, pero no
dependiente, que reporta beneficios recíprocos. Si se observa bien, se
trata de un litisconsorcio voluntario sobrevenido” (LORCA
NAVARRETE, 2000: 161-162).
El Código Procesal Civil, en su artículo 98, regula lo concerniente a la
intervención litisconsorcial en estos términos:
“Quien se considere titular de una relación jurídica sustancial a la que
presumiblemente deban extenderse los efectos de una sentencia, y que
por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido
demandado en el proceso, puede intervenir como litisconsorte de una
parte, con las mismas facultades de ésta.
Esta intervención puede ocurrir incluso durante el trámite en segunda
instancia”.
En lo que se refiere a la intervención litisconsorcial, debe tenerse presente,
además, lo normado en el Capítulo VI (“Litisconsorcio”) del Título II
(“Comparecencia al proceso”) de la Sección Segunda (“Sujetos del proceso”) del
Código Procesal Civil, en los arts. 92 al 96 (numerales éstos que fueron
examinados en el Capítulo V de la obra, por lo que nos remitimos a lo señalado
en dicho Capítulo).
Calamandrei, en lo que atañe a los efectos de la intervención litisconsorcial,
refiere lo siguiente:
“Al igual que la intervención principal, la litisconsorcial puede ampliar, en
el proceso en que tiene lugar, los límites objetivos de la materia del
litigio: ya que con ella propone el tercero en el proceso pendiente entre
las partes principales una nueva demanda, dirigida a hacer valer, contra
alguna de ellas, un derecho suyo ‘relativo al objeto o dependiente del
título deducido en el mismo proceso’; se produce así, mediante esta
intervención, una reunión (subsiguiente o sobreañadida) de dos causas

279
conexas por el objeto o por el título: la originaria entre las partes
principales y la propuesta por el tercero contra una de ellas. Bajo este
aspecto, pues, los efectos de la intervención litisconsorcial son similares
a los de la intervención principal. Pero la diferencia es ésta: que,
mientras con la intervención principal el interviniente propone
simultáneamente dos demandas dirigidas cada una de ellas contra uno
de los originarios competidores (en forma que las causas reunidas vienen
a ser tres), con la intervención litisconsorcial el tercero propone una sola
demanda, dirigida contra uno de los contendientes, en forma que las
causas reunidas en el único proceso vienen a ser dos, la que pende entre
las partes originarias y la que pende entre el interviniente y una de ellas.
De este modo, el tercero interviniente, al entrar en el proceso entre las
partes originarias como contradictor de una sola de ellas, puede venir a
encontrarse con la otra en coincidencia de intereses contra el adversario
común: posición que recuerda la que en la intervención por adhesión
(simple) se verifica entre la parte ayudadora y la parte ayudada frente al
adversario de ésta. Pero en realidad la posición es muy distinta: al paso
que el interviniente por adhesión (simple), que entra en juicio para hacer
valer un derecho ajeno, no tiene legitimación autónoma y no podría
hacerlo valer por sí solo en
un proceso separado en que no estuviese al lado del legitimado principal,
al interviniente litisconsorcial le pertenece la legitimación principal
sobre el propio derecho y, por consiguiente, su posición procesal no es
ni subordinada ni suplementaria, sino que tiene, aun frente a la parte con
la cual puede encontrarse en coincidencia de intereses, la plena
autonomía procesal de un litisconsorte (y de ahí sus denominaciones de
interviniente autónomo)” (CALAMANDREI, 1962, Volumen II: 327-
328).
Atilio González, acerca de los efectos de la sentencia definitiva con relación
al interviniente litisconsorcial, enseña lo siguiente:
“... El tercero litisconsorte se encuentra plenamente afectado por la sentencia
definitiva, de un modo directo (eficacia directa de la cosa juzgada).
De ahí que la decisión judicial respecto del derecho subjetivo de las partes
originarias es, simultáneamente, resolución atinente al ‘derecho
subjetivo’ del tercero litisconsorcial, pues éste es cotitular de la misma
‘relación sustancial’ invocada por aquellas.

280
Lo que discute la doctrina es lo concerniente a si la ejecutabilidad concreta
de la condena dictada contra el tercero opera en el mismo proceso en el
que aconteció su intervención, en otro autónomo de éste; en orden a
salvaguardar el ‘principio de congruencia’: En aquél el actor no
pretendió la condena contra el tercero y si el juez la dispone violaría el
‘principio de congruencia’, bajo sanción de nulidad” (GONZALEZ,
1998: 398).
5.2.3 Intervención excluyente o principal
Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín consideran que la
intervención principal “... es la entrada de un tercero en un proceso pendiente con
una pretensión opuesta total o parcialmente a la que ya son objeto del proceso,
presentando una naturaleza peculiar próxima a la acumulación sucesiva de
acciones, porque el proceso resulta objetivamente modificado por la nueva
pretensión incompatible con las iniciales…” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ;
y PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000, Tomo I: 304).
Lorca Navarrete pone de manifiesto que “a este tipo de intervención
(principal) le caracteriza la actuación principal del tercero en relación con todas
las partes ya preexistentes en la instancia procesal para hacer valer su interés
directo y legítimo en el resultado del proceso que surge como incompatible con
los ya deducidos en la instancia en un ‘encuentro a tres’” (LORCA
NAVARRETE, 2000: 161).
Lino Palacio dice de la intervención principal o excluyente que:
“... Este tipo de intervención (ad infrigendum iura utriusque competitoris)
tiene lugar cuando un tercero se incorpora a un proceso pendiente a fin
de interponer, frente a las partes originarias, una pretensión
incompatible con la deducida por el sujeto activo.
(...)
(...) El tipo de intervención analizado constituye un supuesto de acumulación
sucesiva por inserción de pretensiones (...). El tercero, en efecto,
interpone una pretensión frente a las partes originarias, quienes vienen
de tal manera a integrar un litisconsorcio pasivo. Dicha pretensión,
además, debe ser incompatible con la pretensión originaria en lo que
atañe al objeto, siendo indiferente la falta de identidad entre la causa de
ambas pretensiones...” (PALACIO, 1983, Tomo III: 231-233).

281
En palabras de Serra Domínguez, la intervención principal (o excluyente) “...
tiene lugar cuando el tercero interviene en el proceso proponiendo una pretensión
conexa con la controvertida entre las partes, pero incompatible con ésta. La
intervención tiene en este caso por fin lograr la economía procesal, evitando
sentencias contradictorias...” (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 213). Dicho autor
agrega que “... mediante la intervención principal no se modifican únicamente los
sujetos del proceso, sino también y muy principalmente el propio objeto del
mismo. A la primitiva pretensión deducida entre las partes originarias se unen dos
nuevas pretensiones, en las que actúan como parte actora el interviniente y como
demandados el primitivo demandante y el primitivo demandado. Si se produce
una modificación subjetiva es simplemente por el hecho de la intervención, pero
lo esencial de la institución (...) es el planteamiento de nuevas controversias en un
único proceso. Sólo así se pueden explicar los dos fines de la institución:
conseguir una economía procesal tramitando en un solo proceso tres pretensiones
distintas, y evitar las sentencias contradictorias que en otro caso se producirían.
De ahí que entre las dos concepciones sobre la naturaleza jurídica de la institución
(...): construir la intervención principal como una simple ampliación del objeto
del primer proceso o construirla como una acumulación subjetiva de pretensiones,
nos inclinamos decididamente por la primera concepción única que logra explicar
satisfactoriamente todos los matices de la intervención principal” (SERRA
DOMINGUEZ, 1969: 215-216).
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto, con relación a la intervención principal (o
excluyente), opinan de este modo:
“El interviniente principal hace actuar una razón propia o nueva, una
relación jurídica sustancial nueva conexa por objeto o petitum con la que
se discute en el proceso y de la cual es titular. Deduce una litis propia y
no disputada en el proceso. A esta intervención se le denomina
igualmente excluyente o ad excludendum. Los intervinientes ad
excludendum tienen en el proceso un interés que se opone a cada una de
las partes iniciales; desde cuando llegan al proceso se caracterizan como
partes principales sucesivas, con la totalidad de los poderes procesales y
sustanciales, atinentes a la propia relación sustancial que acumulan.
El tercero que interviene estructura su propia pretensión en la demanda o
escrito de intervención excluyente, y la dirige en contra de las partes
iniciales, actor y opositor, o demandante y demandado; de este modo las
partes iniciales asumen la condición de codemandados en
correspondencia con la relación sustancial que les incoa el interviniente
ad excludendum. Se produce así una acumulación de pretensiones

282
plurilateral subjetiva, conexa por identidad de objeto o petitum. Son
pretensiones incompatibles y lógicamente sólo una puede triunfar: la de
la parte demandante inicial o la del interviniente ad excludendum contra
las partes originarias. El interviniente de este linaje reclama total o
parcialmente el objeto, la cosa, el derecho litigioso, por considerar que
es a él y no a otro a quien le pertenece.
(…) Las partes iniciales frente a esta pretensión que se acumula, ocupan la
posición de demandados o resistentes y a ellas incumben, en lo que a la
relación sustancial nueva respecta, los poderes sustanciales y procesales
del demandado en el proceso, pero actúan con perfecta autonomía, como
lo hacen los litisconsortes voluntarios; y la actividad de una sola parte
no perjudica a la otra ni la beneficia, porque frente a cada una el
interviniente ad excludendum defiende una postura distinta: frente al
demandante debate el derecho sustancial reclamado por éste, y frente al
demandado controvierte cualquier excepción sustancial que éste hubiere
propuesto. El doble aspecto ha hecho expresar a algunos autores que son
tres las pretensiones que se acumulan cuando quiera que se presente una
intervención de este tipo: la inicial del demandante contra el demandado,
la pretensión del interviniente ad excludendum contra el demandante y
la pretensión del mismo interviniente contra el demandado inicial…”
(QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo II: 117-118).
intervención excluyente o principal de esta manera:
“Quien pretenda, en todo o en parte, ser declarado titular del derecho
discutido, puede intervenir formulando su exigencia contra demandante
y demandado.
Esta intervención sólo será admisible antes de la expedición de sentencia en
primera instancia.
El excluyente actuará como una parte más en el proceso. Si ofreciera prueba,
ésta se sujetará al trámite propio del proceso en que comparece,
otorgándose similares facultades probatorias a las partes.
La intervención del excluyente no suspende el proceso, pero sí la expedición
de la sentencia”.
Para Schönke, son efectos de la intervención principal (o excluyente) los que
indica a continuación:

283
“1. Las partes del proceso principal pasan a ser litisconsortes (...).
(...)
2. Los dos procesos del interviniente principal contra el demandante y
contra el demandado del proceso principal son tramitados y decididos
en común.
(...)
3. La tramitación del proceso principal puede, a instancia de parte (...) o de
oficio (...), ser suspendida hasta la decisión firme sobre la intervención
principal.
4. La intervención principal no lleva consigo una extensión de la cosa
juzgada. La sentencia del proceso motivado por la intervención surte
efectos solamente entre el interviniente principal y el demandante y
demandado del mismo, mas no entre estos dos últimos” (SCHÖNKE,
1950: 104).
Al respecto, Atilio González afirma que “... el tercero excluyente resulta
plenamente afectado, de un modo directo, por la cosa juzgada emergente de la
sentencia definitiva...” (GONZALEZ, 1998: 394). Dicho autor agrega que:
“... La sentencia definitiva que se dicte será única y contendrá tres (3)
pronunciamientos:
• uno, entre el actor y el demandado originarios.
• otro, entre el actor inicial primus petitor y el tercero excluyente.
• por último, entre el tercero excluyente y el demandado primigenio”
(GONZALEZ, 1998: 394).
5.2.4 Intervención excluyente de propiedad: El proceso abreviado de
tercería de propiedad
La tercería de propiedad (o de dominio o excluyente de propiedad) es el
proceso dirigido a acreditar el dominio de un bien sobre el cual recae una medida
cautelar dictada en otro proceso, para así lograr su desafectación por haber sido
dicha medida indebidamente solicitada y decretada. La tercería de propiedad
también opera a efectos de lograr la desafectación de bienes sobre los que pesa
algún derecho real de garantía, siempre y cuando el derecho de propiedad del
tercerista se encuentre inscrito con anterioridad al citado derecho real de garantía.

284
Para Enrique Falcón, la tercería de dominio es aquella “... en la que el
tercerista reclama la propiedad de la cosa embargada...” (FALCON, 1978: 86).
En opinión de Alsina, “... teniendo por objeto la protección del dominio, la
tercería importa (...) el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en un proceso
se afectan los derechos del propietario...” (ALSINA, 1962, Tomo V: 551).
Prieto-Castro y Ferrándiz pone de relieve lo siguiente: “... Objeto procesal
de la demanda de tercería de dominio es una actio reivindicatoria ex iure dominii,
y objeto material es la exclusión del embargo de los bienes del actor, la
declaración de libertad de los mismos y su reintegración a él” (PRIETO-CASTRO
Y FERRANDIZ, 1983, Volumen 2: 230).
Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la tercería (en general) es un
asunto contencioso que se tramita en proceso abreviado (art. 486 -inc. 5)- del
C.P.C.) y que se encuentra regulado en el Sub-Capítulo 5° (“Tercería”) del
Capítulo II (“Disposiciones especiales”) del Título II (“Proceso abreviado”) de la
Sección Quinta (“Procesos contenciosos”) del Código Procesal Civil, en los arts.
533 al 539.
El primer párrafo del artículo 100 del Código Procesal Civil establece que
puede intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en
oposición a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar
ejecutada sobre un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho
que el titular de la medida cautelar. Dicho numeral trata, pues, del proceso de
tercería de propiedad, según se deriva de su contenido y del trámite en vía
abreviada y como proceso de tercería que se le asigna en su último párrafo.
Advertimos que para la procedencia de la tercería de propiedad el título del
demandante (tercerista) debe ser anterior a la fecha de la decisión cautelar
cuestionada, porque de ser posterior aquél asume la carga que implica la medida
preventiva (salvo que estuviese amparado por el principio de la buena fe registral,
de ser el caso).
En opinión de Prieto-Castro y Ferrándiz, “... la interposición de la demanda
de tercería no produce el efecto de suspender pura y simplemente el
procedimiento, sino que se sustancia en pieza separada, no produciéndose tal
suspensión más que a partir del momento en que se fuese a entrar en la realización
de los bienes que constituyen su objeto, y después del cual la tercería de dominio
carece de finalidad...” (PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, 1983, Volumen 2:
232).

285
Sobre el particular, Lino Palacio refiere lo siguiente:
“La interposición de la tercería de dominio comporta, en principio, una
facultad del titular del dominio, quien, por una parte, puede limitarse a
requerir el levantamiento del embargo en el supuesto de encontrarse en
condiciones de acreditar en forma efectiva y fehaciente la existencia de
su derecho (...), y, por otra parte, no pierde la propiedad de un bien
inmueble aun en la hipótesis de que él se venda en el proceso principal,
ya que la circunstancia de no interponer la pretensión de tercería no
obsta a su derecho de reivindicarlo frente al tercer adquirente, en tanto
no se haya operado la prescripción. Si se trata, en cambio, de bienes
muebles, la interposición de la tercería de dominio resulta necesaria en
la medida en que la eventual pretensión reivindicatoria puede fracasar
frente a un adquirente de buena fe, salvo que aquéllos hayan sido
robados o perdidos...” (PALACIO, 1983, Tomo III: 298).
El citado jurista argentino señala, además, lo siguiente:
“... La suspensión de los trámites del proceso principal reviste el carácter de
una medida cautelar, ya que si aquéllos continuaran una vez dispuesta la
venta de los bienes embargados, carecería de toda virtualidad la
sentencia que eventualmente reconociere el derecho del tercerista. Por
ello, asimismo, la suspensión debe considerarse limitada a la subasta de
los bienes que fueron objeto de la tercería, no extendiéndose a otros que
son ajenos a ésta.
(...)
(...) La suspensión comienza desde que resulta consentida o ejecutoriada la
orden de venta de los bienes (no pudiéndose hacer efectivas, por lo tanto,
las medidas dispuestas en la respectiva providencia: publicación de
edictos, valuación de los bienes, etc.), y concluye una vez que se
encuentra firme la sentencia dictada en la tercería. Asimismo, durante el
plazo de suspensión de los procedimientos el tercerista tiene derecho a
requerir el cumplimiento de medidas cautelares con relación al bien o
bienes embargados.
(...) Como se ha visto, la suspensión del procedimiento principal no procede,
y cabe, por lo tanto, hacer efectiva la orden de venta de los bienes, en el
supuesto de que éstos se hallen sujetos a desvalorización o desaparición
o irroguen excesivos gastos de conservación, quedando el producto de

286
la venta afectado a las resultas de la tercería...” (PALACIO, 1983, Tomo
III: 300-301).
Podetti, acerca de los efectos de la tercería de dominio (o de propiedad),
expone lo siguiente:
“La suspensión de los procedimientos, que, con ciertos recaudos, autorizan
las leyes procesales (...), cuando se deduce una tercería de dominio en
juicio ejecutivo, no es total. En primer lugar, ella sólo puede producirse
llegado el juicio ejecutivo a cierta etapa en su sustanciación, sentencia
de remate ejecutoriada (...) y cesa en sus efectos si la tercería es
rechazada.
En segundo lugar, la suspensión sólo procede respecto a los bienes que son
motivo de la tercería, ya que la suspensión, como toda medida
precautoria, tiene por objeto evitar un daño o sea en este caso, la subasta
de bienes que pueden no pertenecer al deudor (...). La prosecución del
juicio ejecutivo en este supuesto, podría, a su vez influir sobre la tercería.
En efecto, si la venta de los bienes embargados, ajenos a la tercería, diese
un producido suficiente para cubrir el capital reclamado y las costas de
la ejecución, el embargo sobre los bienes que motivan la tercería no
tendría ya razón de ser y si el demandado-ejecutado se allanó a la
tercería, el juez sólo debería pronunciarse sobre dicho allanamiento y
sobre las costas.
En tercer lugar ‘la deducción de cualquier tercería será bastante fundamento
para que se amplíe y mejore el embargo, si el actor lo solicitare’ (...).
En cuarto lugar, debe considerarse limitada la suspensión de los
procedimientos, en cuanto ella no impide que se tomen medidas sobre
la guarda, conservación o venta, en casos especiales, de los bienes
embargados y sobre regulación de honorarios de los profesionales”
(PODETTI, 1949: 150-151).
El artículo 536 del Código Procesal Civil regula lo concerniente a los efectos
de la tercería de propiedad de esta manera:
“Admitida la tercería de propiedad, se suspenderá el proceso si estuviera en
la etapa de ejecución, aunque esté consentida o ejecutoriada la
resolución que ordena la venta de los bienes, salvo que estén sujetos a
deterioro, corrupción o desaparición o que su conservación resulte

287
excesivamente onerosa. En estos casos, el producto de la venta queda
afectado al resultado de la tercería.
El tercerista puede obtener la suspensión de la medida cautelar o de la
ejecución del bien afectado, si la garantía otorgada es suficiente a
criterio del Juez, en caso no pruebe que los bienes son de su propiedad”.
El artículo 539 del Código Procesal Civil versa sobre la suspensión de la
medida cautelar sin plantear tercería, señalando que:
“El perjudicado por una medida cautelar dictada en proceso en que no es
parte, puede pedir su suspensión sin interponer tercería, anexando título
de propiedad registrado. Del pedido se corre traslado a las partes. Si se
suspende la medida, la resolución es irrecurrible. En caso contrario, el
interesado puede interponer tercería, de acuerdo al Artículo 533° [del
C.P.C.]”.
5.2.5 Intervención de derecho preferente: El proceso abreviado de
tercería de derecho preferente
La tercería de derecho preferente (o de prelación o de pago o de mejor
derecho) es aquella que tiene por finalidad reclamar el pago preferencial de una
acreencia, una vez realizados los bienes que fueron objeto de medida cautelar o
para la ejecución. Este derecho de preferencia puede derivar de alguna situación
legal o judicial de carácter especial que determina un crédito privilegiado en
comparación a otro frente a ciertos bienes. Pueden reclamar dicho pago
preferencial, por ejemplo, el acreedor hipotecario, la persona en cuyo favor se
constituyó la garantía mobiliaria, el primer embargante, etc.
En palabras de Enrique Falcón, la tercería de mejor derecho es aquella “... en
la que el tercerista pretende tener un crédito que debe ser pagado con preferencia
al del ejecutante, con el producido de la venta del bien embargado” (FALCON,
1978: 86).
Prieto-Castro y Ferrándiz concibe a la tercería de mejor derecho como la “...
actuación en un proceso de ejecución de un tercero que alega su derecho a ser
reintegrado del crédito que ostente con preferencia al acreedor de la ejecución y
con cargo a los bienes realizados” (PRIETO-CASTRO Y FERRANDIZ, 1983,
Volumen 2: 233).
Podetti afirma que la tercería de mejor derecho “se trata (...) de una tercería
en interés propio, originario, directo y excluyente...” (PODETTI, 1949: 203).

288
Dicho tratadista argentino añade que “la tercería de mejor derecho protege, en
primer lugar, el amplio sector de los privilegios, subsidiariamente y en casos
especiales, los derechos reales de garantía y a falta de unos y de otros, la
preferencia legal del embargo” (PODETTI, 1949: 205).
Según nuestro ordenamiento jurídico, la tercería (en general) es un asunto
contencioso que se tramita en proceso abreviado (art. 486 -inc. 5)- del C.P.C.) y
que se encuentra regulado en el Sub-Capítulo 5° (“Tercería”) del Capítulo II
(“Disposiciones especiales”) del Título II (“Proceso abreviado”) de la Sección
Quinta (“Procesos contenciosos”) del Código Procesal Civil, en los arts. 533 al
539.
El segundo párrafo del artículo 100 del Código Procesal Civil trata lo
concerniente a la intervención en un proceso de quien pretende se le reconozca
derecho preferente respecto de lo obtenido en la ejecución forzada. Su texto se
refiere entonces al proceso de tercería de derecho preferente, disponiendo
precisamente dicho numeral en su último párrafo el trámite en vía abreviada y
como proceso de tercería para tal intervención. Como se aprecia, la pretensión del
tercerista preferente es autónoma en relación al proceso que la motiva, por lo que
no se ventila en trámite incidental sino en vía de acción.
A decir de Podetti:
- “El primer efecto que produce la deducción de una tercería de mejor
derecho ‘prima facie’ procedente, es la suspensión del pago en el juicio
principal” (PODETTI, 1949: 231).
- “Otro efecto que produce la deducción de una tercería de mejor derecho,
a la cual se le ha dado curso, es la posibilidad, para el ejecutante, de pedir
ampliación de embargo...” (PODETTI, 1949: 235).
Máximo Castro, en lo relativo a los efectos de la tercería de mejor derecho
(tercería de derecho preferente), anota que “si (...) lo que se reclama es solamente
un derecho de preferencia en el pago, entonces podrá llegarse hasta la venta de la
cosa embargada, y lo único que se suspenderá hasta la terminación del juicio de
tercería es el pago, pues sólo entonces se sabrá quién tiene mejor derecho...”
(CASTRO, 1931, Tomo Tercero: 129). Máximo Castro pone de relieve que “... si
el precio obtenido en la venta permite pagar al tercerista y al ejecutante, la tercería
habrá dejado de tener su importancia; pero de cualquier modo debe suspenderse
el pago hasta que se resuelva la tercería” (CASTRO, 1931, Tomo Tercero: 129).

289
Lino Palacio, al estudiar los efectos de la tercería de mejor derecho (tercería
de derecho preferente), enseña lo siguiente:
“... Esta clase de tercería no obsta a la realización de la subasta judicial del
bien embargado ni a la entrega de éste al acreedor, pues en ella no se
trata
de obtener el levantamiento del embargo sino de decidir la preferencia
en el pago requerida por el tercerista (...).
(...) La suspensión se opera desde que el comprador ha depositado el precio
obtenido en la subasta del bien y termina cuando se encuentra firme la
sentencia dictada en la tercería. Pero la suspensión no se verifica, y
procede en consecuencia efectuar el pago al embargante, si éste otorga
la fianza (para responder a las resultas de la tercería)...” (PALACIO,
1983, Tomo III: 318).
Los efectos de la tercería de derecho preferente se encuentran regulados en
el artículo 537 del Código Procesal Civil, cuyo texto es como sigue:
“Admitida la tercería de derecho preferente, se suspende el pago al acreedor
hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia, salvo que el
tercerista otorgue garantía suficiente a criterio del Juez para responder
por el capital, intereses, costas, costos y multas.
El tercerista puede intervenir en las actuaciones relacionadas con el remate
del bien”.
6. INTERVENCION PROVOCADA, COACTIVA U OBLIGADA DE
TERCEROS
6.1 Concepto
Rocco define a la intervención coactiva de terceros (llamada también
intervención provocada o forzada u obligada o necesaria) como “... aquella
intervención que se produce, no por espontánea voluntad del sujeto, sino porque
surge una situación en que la voluntad del sujeto se ve constreñida a participar en
el juicio pendiente” (ROCCO, 1976, Volumen II: 131-132).
Gimeno Sendra refiere que “en la intervención provocada, el tercero
interviene como consecuencia de una denuncia de la existencia del proceso
efectuada por alguna de las partes. Puede ser, pues, provocada a instancia del
demandante (…) o del demandado…” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 166).

290
Sobre el particular, Lino Palacio asevera que:
“... En términos generales, la intervención coactiva u obligada se verifica
cuando, sea a petición de cualquiera de las partes originarias, o de oficio,
se dispone la citación de un tercero para que participe en el proceso
pendiente y la sentencia a dictar en él pueda serle eventualmente
opuesta.
(...)
(...) Pese a la denominación acordada a este tipo de intervención, la
comparecencia del tercero no implica un deber sino una simple facultad
jurídica cuya falta de ejercicio, sin embargo, también lo expone al riesgo
de ser alcanzado por los efectos de la sentencia que se dicte en el proceso
al que fue citado” (PALACIO, 1983, Tomo III: 246-247).
Andrés de la Oliva y Miguel Angel Fernández, acerca de la intervención
provocada de terceros, apuntan que:
“... Se habla de intervención provocada cuando una persona, hasta entonces
ajena al litigio, entra a formar parte de él como consecuencia de la
‘llamada’ que le dirige alguna de las partes procesales. La llamada al
tercero (que es, en definitiva, la simple comunicación de la existencia
del proceso) se denomina litis denuntiatio.
(...) La intervención provocada no es nunca una intervención ‘forzosa’. El
‘provocado’ no tiene la obligación o deber de comparecer, sino la carga
de hacerlo, en la medida en que de su incomparecencia podrían parársele
perjuicios. La llamada al tercero, que puede hacerla tanto el actor como
el demandado, suele realizarse bien para que el tercero auxilie a quien
es parte demandada, bien simplemente para crear el supuesto de hecho
del que dependen otros derechos (de garantía, saneamiento, etc.)” (DE
LA OLIVA; y FERNANDEZ, 1990, Volumen I: 482-483).
Aldo Bacre anota sobre el tema que “el concepto de intervención obligada
de terceros es equívoco. En realidad, el tercero intervendrá en el proceso si lo
desea, y su falta de respuesta a la citación no permite declararlo rebelde, ya que
ella se efectúa al solo fin de anoticiarlo de la existencia del juicio, por los efectos
que pudiera tener la sentencia en un futuro proceso contra él. Se trata más bien,
de una carga procesal para el citante (alguna de las partes), toda vez que considere
que con alguna persona en principio ajena al pleito existe comunidad de

291
controversia. (...) no existe obligación de comparecer, por lo que una más correcta
expresión sería (...) intervención coactiva” (BACRE, 1996, Tomo II: 184).
6.2 Clases
En opinión de Lino Palacio:
“... Corresponde diferenciar tres tipos básicos de intervención coactiva,
todos los cuales son susceptibles de ser encuadrados (...) bajo la
designación genérica de ‘denuncia de la litis’ (litisdenuntiatio).
Tales tipos son: 1°) La citación del sujeto pasivo de una eventual
pretensión regresiva o del colegitimado. Dentro de la primera hipótesis
cabe a su vez distinguir los casos comunes de pretensiones regresivas,
de la llamada ‘citación de evicción o saneamiento’ (...); 2°) La citación
del legitimado para intervenir (nominatio auctoris); 3°) La citación del
tercero pretendiente” (PALACIO, 1983, Tomo III: 247-248).
A criterio de Rocco:
“La intervención coactiva puede ocurrir de dos modos, a saber: previa
instancia o requerimiento de una parte, dirigida al juez, con la cual llama
al proceso a un sujeto que ha permanecido extraño a la litis; o bien, por
espontánea iniciativa del juez, quien, reconociendo la causa común a
otro sujeto que no está originariamente en litis, ordena su comparecencia
en juicio.
La primera forma de intervención se denomina intervención coactiva a
instancia de parte, mientras que la segunda forma se llama intervención
coactiva iussu iudicis (integración del juez)” (ROCCO, 1976, Volumen
II: 132).
El mencionado jurista italiano precisa que son casos de intervención coactiva
a instancia de parte:
“1°) la litisdenuntiatio en materia de evicción;
2°) la nominatio auctoris (...);
3°) el llamamiento en causa del tercero pretendiente (...);
4°) el llamamiento en garantía...” (ROCCO, 1976, Volumen II: 132).
6.2.1 Intervención de terceros a instancia de parte

292
Rocco, en lo que atañe a la intervención de terceros a instancia de parte,
predica lo siguiente:
“... Condición de la intervención coactiva (a instancia de parte) es que la
causa sea común a aquel que llama en juicio y a aquel que es llamado a
juicio (...). Este requisito no consiste en un mero interés del que llama y
que es llamado, sino sobre todo en que la relación sustancial que se
discute entre actor y demandado sea común al tercero, o por lo menos,
sea conexa por identidad de título o de sujeto, o del uno y del otro, con
otra relación en que el sujeto extraño se encuentre con el actor o con el
demandado.
En el primer caso, el que era extraño al juicio hubiera podido o debido
asumir la posición de un litisconsorte necesario (...); en el segundo caso,
el tercero extraño hubiera podido asumir la posición de litisconsorte
simple, ya que habría podido ser actor o demandado en un juicio
separado” (ROCCO, 1976, Volumen II: 132).
6.2.2 Intervención de terceros por orden del Juez
Al respecto, Liebman anota lo siguiente:
“... La ley ha querido dar al juez el poder de solicitar la llamada en causa del
tercero en los mismos casos en que podía ser provocada por una de las
partes por su espontánea voluntad (...). La orden de intervención es, por
consiguiente, en sustancia una invitación a las partes a llamar al tercero
con la implícita advertencia de que el juez no está dispuesto a decidir la
causa mientras el tercero no haya sido llamado (...). Las razones de
oportunidad, que pueden inducir al juez a ordenar la intervención son
las acostumbradas: interés del tercero a tutelar sus razones,
indirectamente envueltas en el proceso, economía de los juicios, unidad
y uniformidad de decisiones sobre relaciones conexas. En virtud de la
orden de intervención el tercero se convierte en litisconsorte necesario.
(...) La llamada del tercero significa solamente extensión al tercero de la
eficacia de la sentencia que se pronuncie entre las partes originarias, a
través de una implícita demanda de declaración de certeza en relación a
él de los puntos perjudiciales eventualmente relevantes para su situación
(...). Se comprende que permanece abierta la posibilidad de ulteriores
demandas de las partes o del tercero” (LIEBMAN, 1980: 86-87).

293
Micheli, acerca de la intervención de terceros por orden del Juez, predica lo
siguiente:
“... ‘El juez, cuando considere oportuno que el proceso se desarrolle frente
a un tercero al cual es común la causa, ordena su intervención’.
Presupuesto de tal intervención jussu judicis es siempre la comunidad
de causa, entendida como identidad de elementos objetivos,
individualizantes de la acción (...), pero la misma no crea sin embargo
en el juez el deber de llamar en causa al tercero, sino el poder de hacerlo,
si lo considera oportuno. Ahora bien, aun cuando no sea fácil establecer
en abstracto las hipótesis en que tal oportunidad puede ser contemplada
por el juez, es de observar que mediante la intervención en examen, el
juez crea un verdadero y propio litisconsorcio necesario en hipótesis en
las cuales el mismo no está previsto por la ley; de ello se sigue que si
ninguna de las partes provee a llamar en causa al tercero, indicado por
el juez, mediante citación, el proceso no puede proseguir y la causa es
cancelada del registro (...). Con tal llamamiento en causa jussu judicis
que (...) no puede servir para una finalidad meramente instructoria (ya
que para tal finalidad es suficiente llamar al tercero como testigo), el
juez puede hacer necesaria la participación en el proceso de sujetos que
tienen una legitimación igual a la de las partes originarias, respecto del
objeto de la controversia y que las partes mismas no han creído deber
llamar en juicio; de este modo, el juez tiende a evitar un conflicto
práctico de fallos (...), ya que el tercero podría ser parte en otro juicio
con una de las partes en el proceso actual, y obtener un pronunciamiento
diverso respecto del alcanzado en este último (...).
También el interviniente coaccionado jussu judicis debe ser considerado
como parte en el proceso por efecto del solo llamamiento, aun cuando
después las partes originarias no formulen respecto de él ninguna
instancia, ya que su posición sustancial le hace que quede sujeto sin más
a la eficacia de la cosa juzgada de la sentencia que se emitirá en aquel
proceso. Es este, pues, un caso en que un sujeto queda envuelto (por
decir así) en un proceso civil, no obstante su voluntad en sentido
contrario. Se trata, por consiguiente, de hipótesis totalmente
excepcionales respecto de los principios generales (...); excepción me
parece, sólo en parte justificada por la exigencia de evitar conflictos
prácticos entre fallos y en la estrecha conexión entre el objeto de la
controversia, llevada ante el juez, y la posición jurídica del tercero

294
llamado en causa por orden de dicho juez” (MICHELI, 1970, Volumen
I: 236-237).
6.2.3 Litisdenunciación
Para Goldschmidt, “... la litisdenunciación ‘litis denuntiatio’ es el aviso dado
por una parte a un tercero de la pendencia de un proceso, dejando al arbitrio del
mismo el acudir en auxilio del denunciante en calidad de interviniente adhesivo
(...), el entrar en la causa como interviniente principal (...), o el aceptar el proceso
en calidad de demandado...” (GOLDSCHMIDT, 1936: 450).
En opinión de Liebman, “... la llamada en causa del tercero es (...) ante todo
un medio para llevar al conocimiento del tercero la existencia del proceso
(litisdenuntiatio) y permitirle intervenir, medio que en estos casos se hace posible
por la coincidencia del interés del tercero con el interés de la parte que lo llama.
Pero, naturalmente, nadie puede ser constreñido a proponer demandas contra su
voluntad. Por eso la llamada en causa, en sí y por sí, coloca al tercero en la
situación de asistir al proceso permaneciendo al margen del mismo; todo lo que
se puede admitir es que la llamada implique la proposición de una demanda de
declaración de certeza respecto del tercero, la cual extienda también a él los
efectos de la sentencia que haya de pronunciarse sobre la causa originaria entre
las partes principales, de modo que valga también para él la declaración de certeza
de los puntos de hecho y de derecho que son comunes también a su relación o que
constituye una prejudicial de éste. En tal modo, el tercero se convierte, a estos
efectos limitados, en parte. Lo que no excluye que una de las partes (el que llama
a su adversario) pueda proponer también otra demanda contra el intervenido y
que éste la pueda proponer contra una o ambas partes. Por ejemplo, en el caso de
la garantía, la parte, además de llamar en causa al garante, puede proponer en el
mismo proceso en vía eventual (esto es, para el caso de resultar vencido en la
demanda principal) la demanda de regreso contra él (llamada en garantía)”
(LIEBMAN, 1980: 85-86).
6.2.3.1 Denuncia civil o citación del colegitimado pasivo
En relación al tema, Rodríguez Garcés apunta que:
“... El demandado puede pedir la citación de otras personas en contra de
quienes procede también la acción ejercitada en contra de él.
Si se demanda a uno solo de los deudores de la obligación solidaria o de
obligación indivisible la acción entablada procede también en contra de
los demás deudores que no han sido demandados. En tales casos el

295
demandado puede solicitar, dentro del término de emplazamiento, que
se les cite al juicio.
El objeto de la citación es que afecten también a ellos los resultados del
pleito.
Si la persona citada no comparece al juicio le afectan sus resultados tal como
si hubiere litigado en él. Se encuentra en la misma situación que el
demandado rebelde” (RODRIGUEZ GARCES, 1967, Tomo I: 69-70).
denuncia civil, estableciendo que el demandado que considere que otra persona,
además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el
derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de
que se le notifique del inicio del proceso.
Se puede apreciar que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico procesal,
la denuncia civil se configura cuando la persona contra la cual es dirigida la
demanda hace notar al juzgador (generalmente en el escrito en que formula
excepciones o contesta la demanda) que carece de legitimidad para obrar (vale
decir, que no integra la relación jurídica material objeto de debate judicial) y que
es otra persona (respecto de la cual deberá señalar su nombre y domicilio para
que sea emplazada), en vez de ella, a quien debe atribuírsele la condición de parte
demandada. La referida institución jurídica también se configura en el supuesto
de existir otro colegitimado pasivo, en cuyo caso el demandado se lo hace saber
al magistrado (generalmente en el escrito de contestación de demanda),
identificando a aquél y señalando su dirección domiciliaria a efecto de su debido
emplazamiento.
El artículo 103 del Código Procesal Civil norma el trámite y efectos de la
denuncia civil, desprendiéndose de dicho precepto legal lo siguiente:
- Si el órgano jurisdiccional considera procedente la denuncia civil formulada
por la persona contra la cual se ha dirigido la demanda, dispondrá el
emplazamiento al sujeto denunciado (concediéndole un plazo no mayor de
diez días para que intervenga en el proceso), el mismo que debe producirse
con las mismas formalidades previstas para la notificación de la demanda.
- La admisión de la denuncia civil formulada por la persona contra la cual se
ha dirigido la demanda trae como consecuencia la suspensión del proceso
hasta que se produzca el emplazamiento al denunciado civil.

296
- El denunciado civil tendrá la calidad de litisconsorte del demandado
denunciante e iguales facultades procesales que este último.
- La sentencia que se expida en el proceso en que tuvo lugar la denuncia civil,
además de la cuestión litigiosa existente entre la parte demandante y
demandada, resolverá lo concerniente a la relación sustancial que hubiere
entre el demandado denunciante y el denunciado civil.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la denuncia civil
o citación del colegitimado pasivo, ha establecido lo siguiente:
- “... La intervención del denunciado civil es un típico caso de intervención
obligada, dicha intervención es considerada como una especie de
llamamiento a terceros a pleito. Es el mecanismo procesal mediante el cual
una parte integra a un tercero al proceso, respecto de quien tiene
determinados intereses -presentes o futuros- respecto de la misma relación
sustantiva o de otra conectada jurídicamente a esta última con la que se
discute en el proceso...” (Casación Nro. 1932-2003 / La Libertad, publicada
- “... El numeral ciento dos del Código Procesal Civil [...] faculta al
demandado a denunciar en el proceso a la persona que además de él o en su
lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido,
indicando su nombre y domicilio a fin que se le notifique del inicio del
proceso; [...] en tal virtud, a través de éste pedido [sic -léase este pedido-] se
permite incorporar al proceso a un tercero que no habiendo sido demandado,
asuma las obligaciones o responsabilidades que surjan del derecho discutido,
de tal manera que sean emplazados con la demanda y entablen una relación
procesal con el demandante, no así con el denunciante que puede conservar
su condición de codemandado o ser excluido del proceso...” (Casación Nro.
5254-2006 / Lima Norte, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-09-
2008, pág. 22686).
- “... La denuncia civil consagrada en el Artículo ciento dos del Código
Procesal Civil permite incorporar al proceso a un tercero que no habiendo
sido demandado expresamente, asuma las obligaciones o responsabilidades
que surjan del derecho discutido, de tal manera que sean emplazados con la
demanda y entablen relación procesal con el demandante, no así con el
denunciante que puede conservar su condición de codemandado o ser
excluido del proceso” (Casación Nro. 678-96 / Lima, publicada en el Diario

297
- “... La denuncia civil está regulada en el artículo ciento dos del Código
Procesal Civil, el mismo que establece que solamente procederá denunciar
civilmente a otra persona si es que ésta, además de él o en su lugar, tiene
alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido; es decir, la
norma acotada exige que para que una persona sea denunciada civilmente
debe tener la calidad de parte pasiva, resultando obligada a lo que se decida
en la sentencia, pues la denunciada civilmente es considerada como un
litisconsorte necesario dado que integra la parte pasiva de la relación jurídico
material...” (Casación Nro. 692-01 / Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 05-11-2001, págs. 7908-7909).
- “... Las partes tienen facultad para formular denuncia civil cuando
corresponda, conforme al Artículo ciento dos del Código Procesal Civil, por
lo que su omisión no puede sustentar un pedido de nulidad...” (Casación Nro.
100-2000 / Tacna, publicada el 09-04-2000, pág. 5056).
- “... No existiendo prohibición alguna de que la denuncia civil se encuentre
contenida en la contestación de demanda, ni mucho menos mandato
imperativo de que deba formularse en escrito aparte, ésta debe entenderse
como válidamente efectuada en la forma realizada en autos [esto es, dentro
de los fundamentos de hecho del escrito de contestación de demanda],
máxime si es obligación de los Magistrados analizar, evaluar y merituar cada
uno de los fundamentos expuestos por las partes en litigio...” (Casación
Nro. 1805-00 / Ayacucho, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-
07-2003, págs. 10753-10754).
- “... Resultaba necesario, a efectos de establecer adecuadamente una relación
jurídica procesal válida y poder emitir un pronunciamiento válido sobre el
fondo de la controversia, resolver la denuncia civil formulada, determinando
si el [...] demandado tiene o no alguna obligación o responsabilidad en el
derecho discutido, o si la mencionada obligación o responsabilidad debía ser
compartida con la [...] denunciada. [...] dicha omisión resulta una clara
transgresión al principio de la observación del debido proceso, [...] principio
cuyo estricto cumplimiento debe ser velado por esta Suprema Sala, y que se
materializa en el hecho de no haberse emitido pronunciamiento respecto de
un pedido expreso de una de las partes en conflicto...” (Casación Nro. 1805-
00 / Ayacucho, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-07-2003,
págs. 10753-10754).

298
- “... Al ser incorrecta la inclusión de [...] en calidad de denunciado civilmente,
tampoco resultaba factible emitir pronunciamiento sobre la relación
sustancial entre el denunciante y el denunciado civilmente pues ello es
exigible en el caso que el denunciado civilmente tenga realmente la calidad
de parte pasiva en el proceso, lo cual no ha sucedido en el presente caso; [...]
no obstante ello, la Sala de revisión si [sic -léase sí-] ha incurrido en causal
de nulidad al no haberse pronunciado en la sentencia de vista respecto a la
solicitud de extromisión planteada [...]; por consiguiente, se ha infringido lo
dispuesto en el artículo ciento veintidós inciso cuarto del Código Procesal
Civil, debiendo por ende declararse nula la sentencia de vista, a fin de que la
Sala de mérito se pronuncie sobre el pedido de extromisión del proceso...”
(Casación Nro. 692-01 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05-
11-2001, págs. 7908-7909).
- “... Conforme al Artículo ciento tres del Código Procesal Civil, es efecto de
la denuncia civil una vez admitida aquella (sic), la suspensión del proceso.
(...) Que, la suspensión a que alude la ley busca la integración de la relación
procesal con el denunciado civil, por lo que hasta que no se integre dicho litis
consorte, el proceso se encuentra suspendido” (Casación Nro. 2805-99 /
Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19-08-2000, pág. 6005).
- “... Con la denuncia civil se estaría desnaturalizando los fines de la acción
ejecutiva...” (Casación Nro. 2543-99 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 18-01-2000, pág. 4576).
6.2.3.2 Llamamiento en garantía o aseguramiento de pretensión futura
El pedido de aseguramiento de pretensión futura que hace una de las partes
a efecto de que se emplace a un tercero para que en el mismo proceso el juzgador
se pronuncie además sobre la pretensión (indemnizatoria o de repetición de lo que
eventualmente se pague en ejecución de sentencia) que aquélla tuviera contra
dicho tercero, es un caso de intervención obligada o provocada de terceros,
conocido en la doctrina también como citación o llamamiento en garantía.
Véscovi, en cuanto a la llamada o citación en garantía, enseña que:
“... Comprende la circunstancia en la cual una de las partes, normalmente el
reo, pide la citación (y emplazamiento) de un tercero para que concurra
a defenderlo y eventualmente sea condenado. Inclusive, muchas veces
ese tercero entra en el proceso y puede sustituir a la parte.

299
Este fenómeno es la consecuencia de que, en virtud de las normas de derecho
sustancial, el tercero (llamado) es el verdadero responsable (caso de la
citación de evicción), o la parte (demandada), en el caso de ser
condenada, tendría, a su vez, una acción (de regreso) contra ese tercero.
Como el caso del dueño del vehículo que llama al que lo conducía, por
ser el verdadero responsable del accidente (su empleado, aquel a quien
le prestó el vehículo, se lo robó, el asegurador, etc.)” (VESCOVI, 1999:
177).
Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar estiman
que mediante la llamada en garantía “una parte (normalmente el demandado)
provoca la intervención en el proceso de un hasta entonces tercero, que debe
garantizar al llamante de los resultados del mismo. La llamada puede ser formal
o simple” (MONTERO AROCA; GOMEZ COLOMER; MONTON REDONDO;
y BARONA VILAR, 2003, Tomo II: 92). Tales autores añaden que:
“En la llamada formal el tercero está obligado a garantizar al llamante en
virtud de una transmisión onerosa de derechos efectuada con
anterioridad (…).
En la llamada simple la obligación de garantizar procede de un vínculo de
coobligación que da lugar, entre los obligados, a pretensiones de regreso
total o parcial, después de satisfacer al acreedor común (…).
(…)
(…) La llamada es una simple denuncia del litigio por la que se invita al
tercero a intervenir, de modo que si no lo hace no podrá después alegar
que la sentencia es res inter alios iudicata, y sin interviene hay que
considerarlo interviniente adhesivo…” (MONTERO AROCA; GOMEZ
COLOMER; MONTON REDONDO; y BARONA VILAR, 2003,
Tomo II: 92).
Para Micheli, “... con el llamamiento en garantía la parte propone, frente al
garante así llamado en causa, una demanda (anticipada y condicionada a que sea
acogida la pretensión de la una parte respecto de la otra, esto es, de la garantizada),
mediante la cual se hace valer una acción de repetición frente al garante (...). El
llamamiento en garantía debe, por consiguiente, contemplarse como distinto de la
simple denuncia de la litis, mediante la cual el garantizado advierte al garante de
la pendencia de la controversia, derivada de la pretensión del tercero de tener
derechos sobre la cosa vendida (...); sin embargo, si el garante no interviene, la

300
cosa juzgada formará estado también contra él, pero el garantizado deberá
promover una distinta acción de repetición en proceso especial. Por el contrario,
si el garantizado no provee tampoco a la litis denunciatio, corre el peligro de
perder la garantía” (MICHELI, 1970, Volumen I: 235).
El Código Procesal Civil, en su artículo 104, regula lo concerniente al
aseguramiento de pretensión futura (denominado también, como se indicara
anteriormente, citación o llamamiento en garantía) en estos términos:
“La parte que considere tener derecho para exigir de un tercero una
indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado
de un proceso, o derecho a repetir contra dicho tercero lo que debiera
pagar en ejecución de sentencia, puede solicitar el emplazamiento del
tercero con el objeto de que en el mismo proceso se resuelva además la
pretensión que tuviera contra él.
El llamamiento queda sujeto al trámite y efectos previstos en el Artículo
103° [del C.P.C.]”.
Se puede apreciar del último párrafo del artículo 104 del Código Procesal
Civil (citado precedentemente) que el emplazamiento del tercero que se hace en
un proceso con motivo del pedido de aseguramiento de pretensión futura de una
de las partes queda sometido al trámite y efectos previstos en el artículo 103 del
Código Procesal Civil (que versa sobre el trámite y efectos de la denuncia civil),
infiriéndose así lo siguiente:
- Si el Juez considera procedente el pedido de aseguramiento de pretensión
futura, emplazará al tercero con las formalidades establecidas para la
notificación de la demanda, concediéndole a éste un plazo no mayor de diez
días para que intervenga en el proceso.
- El proceso quedará suspendido desde que se admite el pedido de
aseguramiento de pretensión futura hasta el emplazamiento al tercero.
- Producido el emplazamiento del tercero, éste será considerado como
litisconsorte de quien formuló el pedido de aseguramiento de pretensión
futura y tendrá las mismas facultades del último de los nombrados.
- La sentencia que se expida en el proceso en que se solicitó y admitió el
aseguramiento de pretensión futura resolverá, además, sobre la relación
sustancial entre quien pidió el aseguramiento de pretensión futura y el tercero
emplazado por ello (o, en otras palabras, el pronunciamiento judicial versará

301
también sobre la pretensión indemnizatoria o de repetición de lo pagado en
ejecución de sentencia que tuviera la parte solicitante respecto del tercero
emplazado).
6.2.3.3 Llamamiento posesorio o “laudatio o nominatio auctoris”
Según Calamandrei:
“Bajo la figura del llamamiento en causa (...) se comprende también (...) la
llamada nominatio auctoris, que tiene lugar cuando el arrendatario se
encuentra molestado en vía judicial por terceros que pretenden tener derechos
sobre la cosa arrendada; en tal caso, el arrendatario puede llamar en causa al
arrendador (o también limitarse a indicar su nombre, nominatio auctoris, a
fin de que el actor lo llame en causa), y el arrendador, llamado en causa, ‘está
obligado a asumir la litis’, mientras que ‘el arrendatario debe ser puesto fuera
de ella, con la simple indicación del arrendador, si no tiene interés en
permanecer’ (...). Aquí el llamamiento en causa no sirve para proponer una
nueva demanda contra el arrendador, sino solamente para provocar en la
causa originaria una mutación de partes: poner al arrendador, en el lugar del
arrendatario, demandado originario no legitimado.
(...) Puede ella (la figura de la nominatio auctoris) servir igualmente en todos los
casos en que el demandado no legitimado se dirige al verdadero legitimado
para que ocupe su puesto en la causa intentada contra él, o poner a actor en
condiciones de proseguir la causa, si quiere, contra el verdadero legitimado”
(CALAMANDREI, 1962, Volumen II: 347).
Prieto-Castro y Ferrándiz apunta sobre la laudatio auctoris lo siguiente:
“... Se da cuando una persona que posee una cosa ajena (esto es, en calidad de
poseedor inmediato), por virtud de una relación jurídica, como depositario,
arrendatario o figura análoga es demandado, como tal poseedor, por otra
persona que afirma tener un derecho sobre dicha cosa.
En este supuesto, lo procedente es que el poseedor inmediato demandado
ponga en conocimiento del poseedor mediato la incoación del proceso,
para que éste, a quien le interesa la defensa de la propiedad, lo asuma
como parte y el denunciante, sea liberado de la continuación de dicho
proceso (a lo que se llama extramissio)” (PRIETO-CASTRO Y
FERRANDIZ, 1980, Volumen 1: 77).

302
La laudatio o nominatio auctoris se presenta, en opinión de Stiglitz, en dos
supuestos:
“1) Cuando el demandante se equivoca respecto a la persona que debe citar
como demandada para la restitución de una cosa y dirige su demanda
contra quien tiene en apariencia la posesión del bien objeto de sus
pretensiones, pero en realidad sólo es un simple tenedor que detenta o
disfruta ese bien a nombre del verdadero poseedor, que es quien ha
debido ser demandado.
2) Cuando se demanda a alguien como tenedor de la cosa sin serlo...”
(STIGLITZ, 1970: 160).
Goldschmidt, en lo que atañe a la nominatio o laudatio auctoris, predica lo
siguiente:
“Para que pueda tener lugar este caso es menester que alguien, en calidad de
poseedor de una cosa mueble o inmueble, sea demandado, bien con una
‘actio in rem’ (...), bien con una ‘actio in rem scripta’ (...), y que alegue
que posee la cosa como poseedor inmediato (...). Un demandado de esta
suerte, que antes de entrarse en el fondo de la causa denuncia ésta al
poseedor mediato y pone en conocimiento del actor las gestiones hechas
para que este poseedor comparezca por sí, se le cite o nombre abogado
(...) con el fin de que se pronuncie en la causa, puede negarse a actuar
como parte mientras el llamado no comparezca o no haya transcurrido
el plazo especial que se concede para ello (...), con lo que se produce un
efecto que atribuye a la ‘nominatio auctoris’ la significación procesal
que hoy han perdido casi totalmente las excepciones dilatorias.
Si el llamado niega su calidad de poseedor mediato o no comparece, el
demandado puede atender a la petición del actor (...), sin tener que temer,
en caso de vencimiento, ninguna acción de regresión del llamado. Si el
demandado satisface la pretensión de la demanda, el asunto queda
terminado y sólo queda la resolución sobre las costas. En el caso de que,
por el contrario, el llamado reconozca que es poseedor mediato, puede,
con el consentimiento del demandado, continuar el proceso en su lugar
(...). El consentimiento del actor no lo necesita más que en el caso de
que éste haya ejercitado acciones contra el demandado que sean
independientes del hecho de poseer éste para el tercero (...), por ej., si
reclama entrega de frutos o indemnización de daños; si aquél consiente,
el llamado puede seguir la causa incluso para estos extremos en lugar

303
del demandado denunciante; en otro caso, éste continúa como parte para
sólo estos puntos (...). Si acepta (el llamado) el continuar la causa, el
demandado -a petición suya- se ve desligado de la causa por sentencia
definitiva (...). El proceso pasa al llamado -en calidad éste de
demandado- en la situación en que se encuentre. La sentencia es firme y
ejecutable también contra el primer demandado (...), y en ella se resuelve
al mismo tiempo sobre las costas. Si el demandante es vencido, tiene
que pagar las costas de los demandados. Si, en cambio, resulta vencido
el llamado, las paga él al demandante; y sobre las que el primer
demandado haya podido causar, el demandante tiene que dirigirse al
llamado” (GOLDSCHMIDT, 1936: 452-453).
El Código Procesal Civil, en su artículo 105, regula lo relativo al llamamiento
posesorio (o laudatio o nominatio auctoris) de esta manera:
“Quien teniendo un bien en nombre de otro, es demandado como poseedor
de él, debe expresarlo en la contestación a la demanda, precisando el
domicilio del poseedor, bajo apercibimiento de ser condenado en el
mismo proceso a pagar una indemnización por los daños y perjuicios
que su silencio cause al demandante, además de la multa prevista en el
Artículo 65° [del C.P.C.]. Para el emplazamiento al poseedor designado
se seguirá el trámite descrito en el Artículo 103° [del C.P.C.].
Si el citado comparece y reconoce que es el poseedor, reemplazará al
demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso, el Juez
emplazará con la demanda al poseedor.
Si el citado no comparece, o haciéndolo niega su calidad de poseedor, el
proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá efecto
respecto de éste y del poseedor por él designado.
Lo normado en este Artículo es aplicable a quien fue demandado como
tenedor de un bien, cuando la tenencia radica en otra persona”.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al llamamiento
posesorio, ha establecido lo siguiente:
- “... El segundo párrafo del artículo ciento cinco del Código Procesal
Civil [...] establece respecto del llamamiento posesorio que, si el citado
comparece y reconoce que es el poseedor, reemplazará al demandado,
quien quedará fuera del proceso, y en este caso, el Juez emplazará con
la demanda al poseedor; [...] no obstante lo dispuesto expresamente por

304
la norma legal, y pese a que el señor [...] ha comparecido formalmente
al proceso, el Juez de la causa ha omitido expedir la resolución
pertinente, decidiendo o no sobre su incorporación al proceso en
reemplazo de los codemandados, pese a la trascendencia que este acto
procesal reviste para efectos del cumplimiento de la decisión final;
situación que [...] ha originado se expida sentencia [...] sin que [...] se
haya establecido debidamente la relación jurídica procesal, lo que afecta
la validez de la sentencia recurrida y vulnera el derecho del recurrente al
debido proceso...” (Casación Nro. 622-02 / Arequipa, publicada en el
- “... El llamamiento posesorio se supedita a la acreditación de la calidad
de cuidador o vigilante del inmueble por parte de quien lo alega [...];
siendo así la falta de emplazamiento con el proceso a los [...] presuntos
poseedores del bien, no invalida la sentencia de vista...” (Casación Nro.
18-2002 / Huánuco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-
052002, págs. 8794-8795).
6.2.3.4 Llamamiento ex officio en
caso de fraude o colusión
Beatriz Quintero y Eugenio Prieto dicen del llamamiento ex officio (por orden
del Juez) en caso de fraude o colusión que:
“... En esta especie de intervención forzosa el llamamiento lo formula el juez
cuando advierte, de alguna manera, fraude o colusión que se encamine
a perjudicar a la persona a quien llama al proceso. El fraude es culpa
grave civil, con ánimo de perjudicar; la colusión es una combinación, un
acuerdo entre las partes de un proceso que casi siempre resulta simulado
y con el propósito de extender sus efectos reflejos a un tercero.
(...)
El llamado ex officio que interviene en el proceso no introduce en él una
pretensión nueva que se sume o acumule a la que viene siendo objeto de
debate. Su interés descansa exclusivamente en que no se consume el
propósito fraudulento que le dañaría. Por lo general resistirá a la
pretensión, pero ello no es principio absoluto.
(...)

305
El citado no queda vinculado al proceso por el solo llamamiento. Producida
la citación, el tercero decide si interviene o no, y tan solo en el último
supuesto se producirá su vinculación” (QUINTERO; y PRIETO, 1995,
Tomo II: 114-115).
Los mencionados autores señalan, además, que: “Este instituto sui generis
implica la permisión al tercero de toda la actividad propia de una parte principal
independiente, tal como si interviniera ad excludendum, cual si acumulara
pretensión. Goza de todos los poderes y facultades procesales, pero carece de la
facultad de disponer del objeto litigioso” (QUINTERO; y PRIETO, 1995, Tomo
II: 115).
El Código Procesal Civil regula el llamamiento ex officio en caso de fraude
o colusión en su artículo 106. Así tenemos que, en virtud del artículo 106 del
Código Procesal Civil, el Juez, siempre que exista la presunción de fraude o
colusión en el proceso, tiene la obligación de disponer, de oficio, la inmediata
citación de las personas que puedan resultar afectadas, con la finalidad de que se
apersonen al proceso en salvaguarda de sus derechos e intereses. A efecto de la
citación de las personas interesadas en caso de fraude o colusión, el Juez tiene la
potestad de ordenar la suspensión del proceso por un plazo que no exceda los 30
días. Debe tenerse presente que el llamamiento en caso de fraude o colusión
procede en cualquier etapa del proceso.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al llamamiento ex
officio en caso de fraude o colusión, ha establecido lo siguiente: “... El
llamamiento en caso de fraude o colusión cuando el Juez presuma su existencia,
así como la consecuente suspensión del proceso, no constituye un imperativo
categórico pues es una facultad discrecional del Juzgador...” (Casación Nro.
2981-2006 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-11-2006, pág.
17813).
6.2.3.5 Llamamiento en causa del tercero pretendiente
En relación al llamamiento en causa del tercero pretendiente (llamado
también denuncia de litigio pendiente o citación de demandantes), Prieto-Castro
y Ferrándiz nos informa lo siguiente:
“... La doctrina científica y ciertas legislaciones extranjeras se ocupan de
un nuevo caso de intervención de tercero por denuncia de litigio
pendiente (...). Es la hipótesis de que, estando pendiente un proceso
acerca de un crédito, haya un tercero que afirme ser él el acreedor.

306
Entonces el demandado denuncia la existencia del litigio al tercero para
que intervenga en la causa si le interesa, al tiempo que deposita el
importe de la deuda para que sea entregado al que venza. El proceso
nuevo que de esta manera se origina es llamado litigio entre
pretendientes, cuyo efecto es desligar al demandado de la causa
(extramissio) para que ésta siga con esos dos pretendientes” (PRIETO-
CASTRO Y FERRANDIZ, 1980, Volumen 1: 77-78).
Calamandrei, en lo que atañe al llamamiento en causa del tercero
pretendiente, refiere que “... cuando se controvierte a cuál de los dos (o más)
pretendientes le corresponde el derecho a una prestación relativa a una suma de
dinero o a una cosa, el obligado, demandado en juicio por uno de dichos
pretendientes, tiene interés en hacer que se declare la certeza, antes de pagar, de
cuál sea, entre los distintos pretendientes, el que verdaderamente tiene derecho a
la prestación: y a este objeto puede llamar en causa al otro pretendiente, a fin de
que el juez decida la controversia entre ellos. Así se habrá declarado judicialmente
cierto a quién le corresponde poder exigir su prestación, sin el temor de pagar a
quien no tiene derecho...” (CALAMANDREI, 1962, Volumen II: 348).
En lo concerniente al llamamiento del tercero pendiente, Arazi opina de esta
manera:
“Sucede cuando el demandado pide la citación de otra persona, distinta
del actor, que también pretende la misma cosa reclamada en la
demanda.
La citación se hace a un tercero a quien se le atribuye una pretensión en
contra del actor y del demandado; respecto del primero porque quiere
para sí lo que éste reclama en el proceso, y del segundo porque es el
sujeto pasivo de la relación sustancial. La situación difiere de la
intervención excluyente porque en el caso, el demandado primitivo se
desvincula de la suerte del proceso dado que la doctrina exige, para que
proceda esta citación, que el citante se allane a la pretensión del
demandante.
Podemos graficar la situación diciendo que si A demanda a B, éste puede
allanarse y citar a C; entonces la contienda se entabla entre A y C para
determinar quién es el titular del derecho reclamado en la demanda.
La no intervención del tercero citado le impide alegar que el demandado
pagó mal y pretender cobra (sic) nuevamente el crédito; pero no le

307
prohíbe ejercer su pretensión contra el actor que cobró en el juicio
anterior” (ARAZI, 1998: 329).
7. EXTROMISION
Según Liebman, “la extromisión de una parte es el fenómeno inverso a la
intervención, es la salida de una parte del proceso. La misma se produce por efecto
de un pronunciamiento del juez, que libera o excluye a una parte de la
participación ulterior en el proceso, y puede referirse tanto a una parte originaria
cuanto a una parte que haya intervenido o haya sido llamada al proceso pendiente.
En general, la extromisión tiene lugar cuando el juez compruebe el defecto de
presupuestos particulares que condicionan la presencia de la parte en el proceso,
o cuando llegue a faltar la demanda propuesta en juicio por la parte o contra ella
(y el proceso deba, en cambio, continuar entre las otras partes)” (LIEBMAN,
1980: 87-88).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código Procesal
Civil, en cualquier etapa del proceso, y de manera excepcional, puede el órgano
jurisdiccional disponer (en resolución debidamente motivada) la extromisión de
un tercero legitimado que esté interviniendo en el proceso, vale decir, su
apartamiento de la litis en los siguientes casos:
a) Cuando el órgano jurisdiccional estime que el derecho o interés que
legitimaba al tercero se ha extinguido.
b) Cuando el órgano jurisdiccional compruebe posteriormente la
inexistencia del derecho o interés que legitimaba al tercero (decimos
posteriormente porque el Juez admite la intervención del tercero
precisamente por demostrar éste su derecho o interés para intervenir en
el proceso, de lo que se colige que es en momento posterior al indicado
que el Juez se cerciora de que dicho derecho o interés no existe y, en
consecuencia, dispone la extromisión de aquél).
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la extromisión,
ha establecido lo siguiente: “... El pedido de extromisión del proceso de un tercero
legitimado presupone que éste anteriormente haya sido incorporado al mismo...”
(Casación Nro. 02-05 / La Libertad C-47295, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-08-2005, pág. 14430).
8. SUCESION PROCESAL

308
Gimeno Sendra entiende por sucesión procesal “… la sustitución, en un
proceso determinado, de unas partes formales por otras materiales, como
consecuencia de la transmisión ‘inter vivos’ o ‘mortis causa’ de la legitimación
de aquéllas a éstas” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 172). Dicho autor
agrega que “como consecuencia de la ‘perpetuatio jurisdictionis’ que ocasiona la
litispendencia, tras la admisión de la demanda, no pueden existir cambios
sustanciales de las partes en el proceso (…), el cual habrá de transcurrir entre el
actor y del (sic -léase y el-) demandado. Mas, puede ocurrir que, fuera del proceso
se haya transmitido el derecho subjetivo o la titularidad del bien o relación jurídica
litigiosa, en cuyo caso el nuevo adquirente es quien ostenta la legitimación, activa
o pasiva (en el caso de transmisión de bienes litigiosos), y quien se encuentra, por
tanto, legitimado para suceder a la parte originaria en el proceso” (GIMENO
Lino Palacio sostiene que:
“... En términos generales, cabe hablar de sucesión procesal siempre que, a
raíz de la extinción, pérdida de legitimación o modificación substancial
producida en la composición de una de las partes, ésta es reemplazada
en el proceso por una persona distinta.
Este tipo de sucesión implica un reflejo de la transmisión de derechos
substanciales, sea a título universal o singular (...). Pero como se trata de
derechos litigiosos, cuya efectividad se halla por lo tanto supeditada al
eventual reconocimiento que de ellos se haga en la sentencia definitiva,
la sucesión procesal se configura, en rigor, como una sucesión en la
posición jurídica procesal adoptada por el transmitente con relación al
correspondiente derecho” (PALACIO, 1983, Tomo III: 324-325).
Lorca Navarrete trata lo relativo a la sucesión procesal de la manera que se
reproduce a continuación:
“La sucesión procesal atiende a la regulación de todas las cuestiones que
afectan a los posibles cambios de sujetos en la titularidad de parte
legítima en el seno de la instancia procesal.
(…)
(…) La sucesión procesal incide más que, en la titularidad legítima de un
derecho, en una posición de parte dirigida
a ‘afirmar’ la titularidad legítima del

309
derecho que podrá coincidir o no con la posición legítima de la parte
según como sea declarada jurisdiccionalmente.
(…)
En todo caso, se parte de la ratio según la cual la titularidad legítima del
derecho es en sí transmisible en un contexto que gráficamente podría
ser funerario, no sólo porque se justifique en la sucesión mortis causa,
cuanto más bien, porque ‘intervivos’ a través de la sucesión se produce
físicamente la muerte para la instancia procesal de quien la transmite.
Pero, al margen de iter deductivos funerarios, en todo caso la sucesión
implica un traspaso total de la titularidad legítima del derecho
originándose, una ‘a modo’ de escisión, entre la cualidad de parte
procesal y la de titular legítimo del derecho” (LORCA NAVARRETE,
2000: 176-177).
Lorca Navarrete concluye diciendo lo siguiente:
“El proceso de la función jurisdiccional, precisamente por su dimensión
temporal, ofrece una perspectiva idónea para que ocurra un fenómeno
de sucesión.
La sucesión procesal, pues, se limita a la instancia procesal pendiente en la
cual tiene lugar y justificación.
En ese contexto, la sucesión en la instancia consiste en la sustitución de una
de las partes por otra que ocupa su posición procesal.
La causa que da origen a la sucesión se justifica en que una persona deviene
titular legítimo sobre la cosa litigiosa, lo cual puede ocurrir por
cualquiera de los modos de transmisión del derecho, tanto por un acto
entre vivos como por causa de muerte.
El origen de la sucesión habría que encontrarlo en la transmisión temporal
de la cosa litigiosa que implica un desplazamiento en la legitimación
que origina además importantes cuestiones de personación de la nueva
parte” (LORCA NAVARRETE, 2000: 178).
sucesión procesal en estos términos:

310
“Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al
reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se
presenta la sucesión procesal cuando:
1. Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por su
sucesor, salvo disposición legal en contrario;
2. Al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el
derecho discutido comparecen y continúan el proceso;
3. El adquirente por acto entre vivos de un derecho discutido, sucede en el
proceso al enajenante. De haber oposición, el enajenante se mantiene en
el proceso como litisconsorte de su sucesor; o
4. Cuando el plazo del derecho discutido vence durante el proceso y el sujeto
que adquiere o recupera el derecho, sucede en el proceso al que lo perdió.
En los casos de los incisos 1. y 2., la falta de comparecencia de los sucesores,
determina que continúe el proceso con un curador procesal.
Será nula la actividad procesal que se realice después que una de las partes
perdió la capacidad o titularidad del derecho discutido, siempre que
dicho acto le pueda haber generado indefensión. Si transcurridos treinta
días no comparece el sucesor al proceso, el Juez debe designar a un
curador procesal, de oficio o a pedido de parte”.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la sucesión
procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... La Sucesión Procesal se da cuando un sujeto ocupa el lugar de otro en un
proceso, produciéndose un cambio en los sujetos de la relación jurídica
procesal, con la transmisión de facultades y deberes procesales que conlleva
esa posición, vale decir que [...] en la sucesión procesal quién [sic -léase
quien-] concurre al proceso ocupa el lugar del demandante o del demandado
y ocurre cuando se produce el fallecimiento de una de las partes, en cuyo
caso el heredero sucede a la persona del causante adquiriendo la titularidad
del derecho objeto del litigio, o cuando una de las partes enajena el derecho
objeto del litigio, por esta razón, el proceso no se extingue necesariamente
por el fallecimiento del demandante, en cuyo lugar se subrogan por vía de
sucesión mortis causa sus herederos, siendo que de acreditarse el
fallecimiento de uno de los justiciables el órgano jurisdiccional debe
emplazar a los sucesores notificándoles la existencia del juicio a efectos que

311
se apersonen al proceso, garantizando de esta manera el debido proceso
consagrado en el inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la
Constitución Política del Estado...” (Casación Nro. 1254-2007 / La Libertad,
23615).
- “... El artículo ciento ocho del Código Procesal Civil establece en su inciso
uno, que se presenta la sucesión procesal cuando fallecida una persona que
sea parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición
legal en contrario; [...] esta disposición obedece a que una persona que ha
perdido la titularidad del derecho en discusión no puede generar actos válidos
dentro del proceso, contemplando el nombramiento de un curador procesal
para la defensa de los derechos de los sucesores o adquirientes
del mencionado derecho...” (Casación Nro. 52-2007 / Lima, publicada en el
- “... La sucesión procesal puede ser inter vivos o mortis causa; la primera
acontecería cuando una vez iniciado el proceso se produce un cambio en la
titularidad de las partes debido a la transmisión del objeto de la litis. La
segunda supone la transmisión del objeto del litigio por el fallecimiento de
una de las partes...” (Casación Nro. 1254-2007 / La Libertad, publicada en el
- “... La sucesión procesal es una institución consagrada en el artículo 108 del
Código Procesal Civil, norma según la cual por la sucesión procesal un sujeto
ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o
pasivo del derecho discutido, siendo uno de los casos en los que ésta opera,
cuando fallece quien es parte en un proceso, además de los otros supuestos
previstos en la ley adjetiva. [...] Que, la sucesión procesal es la regla general
en el caso de muerte de una de las partes dentro de un proceso; ella opera
ipso jure, aunque el reconocimiento de los herederos en el proceso depende
de la prueba que éstos aporten [...]. [...] Que, siendo esto así, la sucesión
procesal permite la vinculación de los herederos, como directos interesados
en la protección de la universalidad patrimonial de la cual forman parte, para
que intervengan en el proceso, con lo cual también se protegen plenamente
sus derechos constitucionales, en especial los derechos a la propiedad, a la
defensa y al debido proceso...” (Casación Nro. 3165-2005 / Lima, publicada

312
- “... La sucesión procesal es una institución consagrada en el artículo ciento
ocho del Código Procesal Civil, norma según la cual por la sucesión procesal
un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular
activo o pasivo del derecho discutido, siendo uno de los casos en los que ésta
opera, cuando fallece quien es parte en un proceso, además de los otros
supuestos previstos en la ley adjetiva; [...] la sucesión procesal es la regla
general en el caso de la muerte de una de las partes dentro de un proceso, ella
opera ipso jure, aunque el reconocimiento de los herederos en el proceso
depende de la prueba que éstos aporten; sin embargo, existen procesos civiles
en los que están en juego derechos personalísimos y en los que a la muerte
de una de las partes no puede operar la sucesión procesal, como por ejemplo
en los procesos de divorcio, de separación de cuerpos o de nulidad de
matrimonio, en los que la muerte de una de las partes implica la culminación
de su actuación procesal. Ello no ocurre en procesos como el presente [sobre
ejecución de garantías], en
el que la muerte de una de las partes no impide la finalidad patrimonial que
lo impulsa en tanto lo que la acción persigue es el patrimonio de la persona
y no a la persona misma; [...] en tal sentido, la sucesión procesal permite la
vinculación de los herederos, como directos interesados en la protección de
la universalidad patrimonial de la cual tienen parte, para que intervengan en
el proceso, con lo cual también se protegen plenamente sus derechos
constitucionales, en especial los derechos a la propiedad, a la defensa y al
debido proceso...” (Casación Nro. 3142-2003 / La Libertad, publicada en el
- “... El Artículo ciento ocho (del C.P.C.) (...) se refiere al caso de sucesión
procesal, en el cual una persona ingresa en sustitución de otra a ocupar su
posición en la relación procesal, y el caso de autos es uno distinto, pues se ha
demandado directamente a la sucesión y ésta no ha ingresado después en el
lugar del fallecido...” (Casación Nro. 2844-99 / Chincha, publicada en el
- “... El artículo 108° del Código Procesal Civil señala que: ‘Por la sucesión
procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como
titular activo o pasivo del derecho discutido’; y se presenta -según refiere su
inciso 1- cuando: ‘fallecida una persona que sea parte en el proceso, es
reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario’; de donde
se advierte que el acontecimiento en virtud del cual se configura la sucesión
procesal lo constituye el fallecimiento de la persona que es parte en el
proceso y no de la fecha en que se comunica tal situación...” (Casación Nro.

313
682-2005 / Apurímac, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-01-
2007, pág. 18657).
- “... Se ha producido el fallecimiento de uno de los demandados [...], lo cual
conmina a recurrir a la figura jurídica de sucesión procesal, contemplada en
el artículo ciento ocho inciso primero del Código Procesal Civil, [...] a efecto
de que: a) los sucesores del fallecido se apersone [sic -léase se apersonen-]
al proceso y actúen en éste en lugar de su causante; y b) en defecto de ello,
esto es, en caso de inconcurrencia de los sucesores, se proceda al
nombramiento del curador procesal, quien es un abogado nombrado por el
Juez; [...] el artículo sesentiuno del Código adjetivo [C.P.C.] [...] establece
que el nombramiento del curador procesal se produce a pedido del
interesado, pedido que, a fin de merecer un obligatorio pronunciamiento, de
acuerdo a una interpretación literal de la norma debe formularse una vez
transcurrido el plazo de treinta días con que cuenta el sucesor para
comparecer del proceso; tal como lo prescribe el artículo ciento ocho del
citado Código [C.P.C.]; toda vez que la curaduría procesal
no se configura simplemente con la muerte de una de las partes del proceso,
sino cuando ninguno de los sucesores del fallecido se apersona en su lugar
durante el citado plazo, en otras palabras, la sola lectura del citado artículo
sesentiuno [del C.P.C.] nos lleva a concluir que el interesado se encuentra
expedito para solicitar el referido nombramiento solo cuando se ha producido
la mencionada situación...” (Casación Nro. 2952-2001 / Lambayeque,
- “... Conforme establece el artículo 108 del Código Procesal Civil, por la
sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al
reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido, precisando
que se presenta cuando: inciso 1): Fallecida una persona que sea parte en el
proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en contrario;
de lo que se colige que dicho reemplazo obedece a los cambios en la
titularidad activa o pasiva del derecho que es materia de debate judicial; [...]
en tal virtud, fallecida una de las partes de la relación procesal durante el
trámite del proceso, correspondía suspender su trámite para que se produzca
la sucesión procesal o se nombre curador procesal, conforme a lo normado
en el dispositivo antes descrito, lo que no ha ocurrido, debiendo precisarse
que el fallecimiento [...] se produjo [...] con anterioridad incluso a la
expedición de la sentencia de primera instancia [...]; [...] en este orden de
ideas, es evidente que se ha infringido el debido proceso, [...] por haberse
violentado el derecho de defensa del demandado fallecido, [...] lo cual vicia

314
de nulidad la decisión recurrida y la expedida en primera instancia, en
atención a lo dispuesto en el numeral 171 del Código Procesal Civil...”
el 02-01-2008, págs. 21318-21319).
- “... En el caso de autos, y como lo ha acreditado la recurrente, con la partida
de defunción de su cónyuge [...], éste ha fallecido [...] sin que se haya llamado
a comparecer a sus sucesores procesales conforme lo señala el inciso primero
del artículo ciento ocho del Código Procesal Civil, acreditándose con ello la
vulneración del derecho de defensa que constituye un derecho fundamental
de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso,
y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último...” (Casación
Nro. 1254-2007 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
03-12-2008, págs. 23614-23615).
- “... Conforme lo establece el artículo 108 del Código Procesal Civil, por la
sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al
reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido, señalando
los casos en que ésta se presenta. Así su inciso tercero expresa que se presenta
tal situación cuando el adquiriente por acto entre vivos de un derecho, sucede
en el proceso al enajenante; desprendiéndose de dicho numeral por extensión
que aquella se configura cuando, en el curso de un proceso [...] una persona
distinta reemplaza a una de las partes ocupando su posición procesal de
demandante o demandado, según sea el caso...” (Casación Nro. 1288-2003 /
La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-09-2005, págs.
14747-14748).
- “... Fluye que el Banco [...] ya no continúa en su condición de acreedor, en
tal virtud ha devenido carente de interés y legitimidad para obrar, razón por
la que [...] se debió resolver el pedido de sucesión procesal, por haber
operado un cambio en la titularidad activa de la relación procesal, máxime si
[...] el conocimiento de dicho pedido [...] no ha sido absuelto por la entidad
demandante que ha dejado de tener la calidad de acreedora, por ende, sin
capacidad para continuar con el desarrollo del proceso. [...] Que, en
consecuencia, al no haberse procedido en la forma que establece la ley
procesal, se ha contravenido lo dispuesto en el artículo 108 del Código
Procesal Civil, [...] correspondiendo por tanto declarar la nulidad del fallo...”
(Casación Nro. 1288-2003 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30-09-2005, págs. 14747-14748).

316
CAPITULO VII
LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES 1.
CONCEPTO DE NULIDAD PROCESAL
Amaya dice sobre la nulidad que “... el acto jurídico procesal es un
instrumento público y (...) las normas procesales son de orden público. Ambas
premisas se confunden y relacionan para determinar que cuando no se llenan los
requisitos o las solemnidades que el acto jurídico debe contener, y cuando no se
han respetado las normas procesales, se ha incurrido en una nulidad procesal”
(AMAYA, 1947: 27).
Alsina considera que la nulidad “... es la sanción por la cual la ley priva al
acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han observado
las formas prescritas para ello...” (ALSINA, 1958: 31). Dicho tratadista advierte
que “... éste es un concepto provisorio, porque la función de la nulidad no es
propiamente asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los fines asignados
a éstas por el legislador...” (ALSINA, 1958: 31-32).
Lino Palacio refiere que “... los actos procesales se hallan afectados de
nulidad cuando carecen de algún requisito que les impide lograr la finalidad a la
cual están destinados” (PALACIO, 1977, Tomo IV: 141). Añade el mencionado
tratadista que “... acaso con motivo de la gravitación que en el proceso se reconoce
al elemento formal, aunque englobando dentro de él a las restantes dimensiones
en que se escinde la actividad procesal, como son el lugar y el tiempo, es frecuente
que las leyes y la doctrina vinculen el concepto de nulidad a la idea de
quebrantamiento o inobservancia de las formas del proceso...” (PALACIO, 1977,
Tomo IV: 142). Sin embargo, -concluye Lino Palacio- “... no existen razones
válidas que autoricen a excluir, del concepto de nulidad, aquellos vicios que
afecten a los requisitos propios de los restantes elementos del acto procesal, es
decir de los sujetos y del objeto (v.gr. falta de competencia del órgano o de
capacidad de las partes; vicios de la voluntad cuando ellos fueren invocables;
inidoneidad o imposibilidad jurídica)” (PALACIO, 1977, Tomo IV: 143).
Luis Rodríguez estima que la nulidad procesal es “... la sanción por
inobservancia de las formas de los actos procesales (definición de invalidación)
existentes (exclusión de los inexistentes) mientras la invalidez no haya quedado
convalidada (principio de relatividad)” (RODRIGUEZ, 1987: 89-90). Continúa

LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
317
el autor citado diciendo que “... un acto se encuentra viciado cuando no se
observan las formas procesales y la sanción por esa inobservancia es la nulidad.
El acto debe contener los elementos esenciales para ser considerado tal, porque
en caso contrario sería la nada jurídica (inexistencia)...” (RODRIGUEZ, 1987:
90). Luis Rodríguez considera, además, que “... la nulidad que ataca los defectos
de construcción o de actividad en el proceso o en la sentencia es una forma de
impugnación...” (RODRIGUEZ, 1987: 36).
Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín dicen de la nulidad procesal
lo siguiente:
“… La nulidad, independientemente de las causas que determinen su valoración,
tiene siempre como nota identificadora la de ser una categoría tendiente a la
protección del ordenamiento jurídico a través de la privación de los efectos
jurídicos producidos o cuya producción se pretenda.
Por ello, podemos definir la nulidad como técnica procesal dirigida a la privación
de los efectos producidos -o cuya producción se pretende- por actos en cuya
realización se hayan cometido infracciones que el ordenamiento considere
dignas de tal protección (…).
Cuatro aspectos son destacables dentro de este concepto:
a) La nulidad entendida como técnica de protección es algo extrínseco al
acto mismo.
b) Para que un acto sea nulo debe, en primer lugar, ser, existir. De lo
contrario no podríamos aplicarle el calificativo de nulo.
c) La norma infringida debe ser de tipo invalidante, es decir, de una
naturaleza tal que su infracción conlleve la nulidad. El carácter
invalidante de la norma puede venir atribuido por el ordenamiento de
forma expresa o a través de un criterio general.
d) La determinación de lo que deba considerarse como causa de nulidad es
fruto de una decisión política y no una exigencia lógica del
ordenamiento que se imponga al legislador. Tal determinación se hará
de acuerdo con criterios de oportunidad y proporcionalidad. Pero en esa
tarea el legislador no está vinculado a otros criterios diferentes. En
consecuencia, son de origen igualmente legal los límites de la nulidad y
los cauces por los

318
que puede hacerse valer” (GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ; y
PEREZCRUZ MARTIN, 2000, Tomo I: 149-150).
Maurino concibe a la nulidad procesal como “... el estado de anormalidad
del acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus elementos
constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo coloca en
situación de ser declarado judicialmente inválido” (MAURINO, 1990: 16). A
continuación explica Maurino su definición de nulidad procesal del siguiente
modo:
“a) Estado de anormalidad del acto procesal. Coincidimos con los autores
que consideran la nulidad como un estado del acto.
Colocamos el acento en la calidad de anormal de dicho acto, como antitético
al acto sano, cuyos elementos existen en su totalidad y no están afectados
por vicios u otras irregularidades.
b) Originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos, o
en vicios existentes sobre ellos. Esta expresión hace referencia a las
causas de este estado de nulidad, centrando el problema en sus
elementos constitutivos, ya sea que éstos falten (omisión) o padezcan
vicios o defectos.
Al hablar de elementos constitutivos, nos referimos a los que
congénitamente integran el acto. Y ello porque queremos fijar nuestro
estudio en el acto procesal en el momento de su realización, para
diferenciar la nulidad de otras hipótesis de privación de efectos de los
actos -por ejemplo, la caducidad-, que provienen de hechos posteriores
al acto.
c) Que potencialmente lo coloca en situación de ser declarado
judicialmente inválido. Ese estado de nulidad procesal latente puede
que no se materialice, ya por subsanación del vicio por convalidación,
o porque ha cumplido su finalidad, y el acto procesal cumpla de manera
perfecta su función idónea, como si no hubiera habido omisión, vicio o
defecto alguno.
El término potencialmente se emplea como equivalente de posibilidad de
que pueda suceder.
La última parte de la definición esbozada recoge un principio doctrinario de
aceptación unánime. Es el que consagra que el acto nulo requiere
declaración judicial. Mientras tanto produce sus efectos.

319
Por tal razón no hablamos de privación de efectos. Porque precisamente esas
consecuencias jurídicas, del acto en estado de nulidad, sólo se
materializan con la declaración judicial de ella” (MAURINO, 1990: 16-
17).
De la definición de los remedios que contempla la parte inicial del primer
párrafo del artículo 356 del Código Procesal Civil, en el sentido que aquéllos
pueden formularse por quien se considere agraviado por actos no contenidos en
resoluciones, se puede colegir que, dentro de esta hipótesis, la nulidad constituye
precisamente un remedio dirigido a lograr la invalidación del acto procesal
cuestionado que adolece de alguna deficiencia (por lo general de naturaleza
formal). Si el acto procesal afectado de vicio o error (en su estructura formal y no
en el aspecto de fondo) se trata de una resolución, entonces, el pedido de nulidad
correspondiente deberá adoptar la forma de un recurso (estando a lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 356 del Código Procesal Civil).
La nulidad se encuentra regulada en el Código Procesal Civil,
principalmente, en el Título VI (“Nulidad de los actos procesales”) de su Sección
Tercera (“Actividad procesal”), en los numerales 171 al 178.
2. VICIOS QUE DAN ORIGEN A LA NULIDAD PROCESAL
Según Gozaíni, “... son los vicios una consecuencia del incumplimiento en
los requisitos intrínsecos y extrínsecos necesarios para dar eficacia y validez a los
actos jurídicos en general” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2: 833).
En opinión de Zinny, “el vicio es la discordancia del acto con la norma que
lo regula; se trata de una irregularidad en el acto cumplido...” (ZINNY, 1990:
160). “El vicio es la discordancia que existe entre el acto y las previsiones de la
ley. El acto ha sido irregularmente cumplido cuando no se han observado las
exigencias legales, establecidas para el acto de que se trata” (ZINNY, 1990: 163).
Dicho autor agrega que el vicio es objetivo “... cuando la irregularidad se
encuentra en el acto mismo, ya sea en su estructura o en el modo de cumplirlo. El
acto está mal construido porque no se ajusta a las exigencias legales...” (ZINNY,
1990: 163).
Es de subrayar que la principal clasificación existente acerca de los vicios
procesales es aquella que los distingue en: a) vicios o errores de procedimiento o
de actividad o defecto de construcción o de forma o in procedendo; y b) vicios o
errores de razonamiento o de juicio o de contenido o in iudicando.

320
El error in procedendo “... nace de la circunstancia de que desde que el
proceso se inicia y durante su secuencia las partes y el juez realizan actos
sucesivos que avanzan la litis, pero con la actividad que despliegan pueden
cometer errores al inobservar las formas que la ley procesal ha establecido para
cada acto y que significan una garantía para el justiciable...” (RODRIGUEZ,
1987: 25).
Los vicios in procedendo constituyen, pues, errores o defectos en el
procedimiento, en las reglas formales. Suponen la inaplicación o aplicación
defectuosa de las normas adjetivas que afecta el trámite del proceso y/o los actos
procesales que lo componen.
El vicio in procedendo o infracción a las formas acarrea, por lo general -si
fuese insalvable-, la nulidad del acto viciado. Ello condice al iudicius rescindens,
de carácter negativo, que implica la declaración de invalidez del acto cuestionado
y, como efecto secundario, el retrotraer el proceso al estado inmediato anterior al
de aquel en que se produjo el vicio (siempre y cuando éste fuese determinante en
el proceso).
En cambio, los vicios in iudicando son aquellos defectos o infracciones que
se producen en el juzgamiento, esto es, en la decisión que adopta el magistrado.
Tales vicios afectan el fondo o contenido y están representados comúnmente en
la violación del ordenamiento jurídico (sustantivo) que tiene lugar cuando se
aplica al asunto controvertido una ley que no debió ser aplicada, o cuando no se
aplica la ley que debió aplicarse, o cuando la ley aplicable es interpretada y -por
ende- aplicada deficientemente. A la violación del derecho (denominada también
error de derecho) se suma el error de hecho que afecta indiscutiblemente el fondo,
formando también así parte del vicio in iudicando. El último tipo de error tiene
que ver con la apreciación de los hechos por el órgano jurisdiccional, la cual, de
ser deficiente (como cuando no se valora apropiadamente un medio probatorio),
afecta la decisión del Juez (esto es, la declaración de certeza sobre los hechos) y
causa, por consiguiente, agravio al interesado.
El vicio in iudicando genera la revocación, el iudicium rescissorium, vale
decir, la rectificación directa del vicio o error, dejándose sin efecto la decisión
que ocasionó el agravio y emitiéndose otra -esta vez adecuada y correcta- que la
supla.
De lo expuesto se puede colegir que los vicios que dan origen a la nulidad
procesal no son otros sino aquellos que afectan el procedimiento o las formas
procesales, es decir, los vicios o errores in procedendo, que giran en torno al
aspecto externo o extrínseco de los actos procesales.

321
Alzamora Valdez, al tratar sobre las causas de nulidad del acto procesal,
señala lo siguiente:
“... En primer lugar, son actos procesales nulos los afectos por
incumplimiento de los presupuestos procesales.
En segundo lugar, vician los actos procesales los defectos en la aplicación y
las violaciones de las reglas de procedimiento.
En tercer lugar, los vicios de voluntad (...) influyen en la validez del acto.
En cuarto lugar, el contenido mismo del acto, ya por inexactitud o por
ilegalidad, genera su ineficacia; y
Por último, los defectos estrictamente formales, dado el carácter público del
Derecho Procesal” (ALZAMORA VALDEZ, s/a: 317).
3. FUNDAMENTO DE LA NULIDAD PROCESAL
Angela Ledesma asegura que, “partiendo de los principios generales que
regulan el debido proceso, la razón de ser de este instituto (nulidad procesal)
radica en la preservación del proceso regular y legal...” (LEDESMA, 1995: 333-
334).
Por su parte, Juan Carlos Mendoza considera erróneo decir “... que el único
fundamento de la nulidad es la indefensión (...), siendo la única finalidad del
proceso la defensa en juicio, quedaría sin explicar un enorme conjunto de
nulidades que encuentran su fundamentación en otras razones, que son más bien
objetivas y de orden público...” (MENDOZA, 1966: 132). Juan Carlos Mendoza
añade que resulta evidente “... que el verdadero fundamento de la nulidad (...) es
la violación del orden público...” (MENDOZA, 1966: 132). Sin embargo, el
mencionado autor distingue a continuación tres fundamentos de la nulidad: “... 1°
la indefensión; 2° el principio de orden; 3° y la mera voluntad del legislador en
atención a otras consideraciones de carácter social, político o económico, de
acuerdo con las necesidades de lugar y tiempo...” (MENDOZA, 1966: 134).
4. INTERPRETACION DE LA NULIDAD PROCESAL
La nulidad procesal es de interpretación restringida en razón de la necesidad
existente en el área procesal de contar con actos que gocen de validez y firmeza.
Es por ello que, en caso de duda respecto de la producción de algún vicio procesal,
el Juez deberá abstenerse de declarar la nulidad (si hubiera sido peticionada) y
pronunciarse sobre la validez del acto en cuestión. La declaración de nulidad tiene

322
carácter excepcional y se resuelve como última ratio, por lo que tendrá lugar sólo
cuando se haya producido un estado cierto de indefensión o no sea el vicio de que
se trate susceptible de convalidación o subsanación. Atendiendo, pues, a lo
expuesto es que se dice que la nulidad es de interpretación restringida o estricta.
Tal criterio interpretativo se funda, a no dudarlo, en el denominado principio de
conservación que postula la supremacía de la validez de los actos procesales
frente a la eventualidad de ser declarados nulos, situación ésta que, reiteramos, es
la última que adopta el juzgador.
Otra regla presente en la interpretación de la nulidad consiste en la
prohibición de aplicar por analogía dicha figura procesal. Así tenemos, entonces,
que las normas referidas a la nulidad, especialmente las concernientes a las
causales de ésta, no pueden ser aplicadas por analogía. Se puede apreciar que esta
regla interpretativa tiene estrecha relación con la indicada en el párrafo
precedente, a tal punto que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no es
sino consecuencia de ella.
5. FINALIDAD DE LA NULIDAD PROCESAL
Salas Vivaldi señala que los actos viciados “... no pueden ni deben producir
los efectos que la ley le asigna a uno de la misma naturaleza ejecutado
normalmente. Habrá que restarles valor, dejarlos sin efecto, destruirlo y ello se
consigue mediante la nulidad procesal” (SALAS VIVALDI, 1988: 25). Para
dicho autor, pues, la finalidad de la nulidad procesal es “... restarle valor a la
actuación viciada, destruirla, tenerla como no sucedida, ya que no constituye el
medio adecuado para cumplir el fin previsto por el legislador con su ejecución”
(SALAS VIVALDI, 1988: 25).
Según Maurino, “... la finalidad de las nulidades procesales es asegurar la
garantía constitucional de la defensa en juicio” (MAURINO, 1990: 33). “... las
nulidades procesales tienen como misión esencial, enmendar perjuicios efectivos,
que surgidos de la desviación de las reglas del proceso, pueden generar
indefensión” (MAURINO, 1990: 34).
Al respecto, Alsina manifiesta que “... la misión de la nulidad (...) no es
propiamente asegurar la observancia de las formas procesales sino el
cumplimiento de los fines a ellas confiados por la ley. Las formas son el medio o
instrumento de que el legislador se vale para hacer efectiva la garantía
constitucional de la defensa en juicio, lo cual constituye el fundamento de los
llamados derechos procesales de las partes. En cualquier supuesto en que esa
garantía aparezca violada, aunque no haya texto expreso en la ley, la declaración

323
de nulidad se impone; en cambio, no obstante la existencia de un texto expreso,
la nulidad es improcedente si a pesar del defecto que el acto contiene el fin
propuesto ha sido alcanzado (...). La fórmula sería, pues, la siguiente: donde hay
indefensión hay nulidad; si no hay indefensión, no hay nulidad...” (ALSINA,
1956, Tomo I: 652).
6. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA NULIDAD PROCESAL
Los principios que rigen la nulidad procesal son los siguientes:
- Principio de especificidad.
- Principio de finalidad incumplida.
- Principio de trascendencia.
- Principio de protección.
- Principio de conservación.
- Principio de convalidación.
- Principio de la declaración judicial.
- Principio de independencia.
6.1 Principio de especificidad
El principio de especificidad, llamado también de legalidad, postula que para
que pueda declararse la nulidad de un acto procesal éste debe haberse llevado a
cabo contraviniendo el texto expreso de la ley en el cual esté contemplada
precisamente la sanción de nulidad.
Según Escobar Fornos, “... de acuerdo con este principio, no puede existir
nulidad sin una ley que la establezca expresamente. La nulidad es una sanción
establecida por haberse violado la ley y como tal es de derecho estricto, por lo
cual no cabe aplicarse por analogía. Dentro de este orden de ideas, en caso de
duda el juez debe declarar la validez del acto” (ESCOBAR FORNOS, 1990: 64).
“Este principio se opone al sistema en virtud del cual toda violación a la ley
procesal trae aparejada la nulidad, el que se asemeja al sistema de la nulidad por
la nulidad misma...” (ESCOBAR FORNOS, 1990: 64). Escobar Fornos advierte
que “el principio de especificidad resulta un poco difícil de consagrar, pues es
incómodo señalar la nulidad en la ley caso por caso. Por eso la doctrina ha

324
formulado otro sistema, en virtud del cual se deja al arbitrio del juez declarar o
no declarar la validez de un acto con vicios formales o de la totalidad del
procedimiento” (ESCOBAR FORNOS, 1990: 64).
Para Véscovi, “... el principio, que nuestros autores llaman, más
comúnmente, de especificidad, puede enunciarse diciendo que no hay nulidad sin
texto legal expreso...” (VESCOVI, 1990: 264). Dicho autor asegura que “este
principio ha sido proclamado, casi invariablemente, por la doctrina y la
jurisprudencia. Por consiguiente, no se admite la nulidad si no se expresa la causa
legal en que se funda...” (VESCOVI, 1999: 264).
Al respecto, Maurino refiere lo siguiente:
“... El primer requisito para la declaración de las nulidades es que el acto
procesal se haya realizado en violación de las prescripciones legales,
sancionadas bajo pena de nulidad.
No hay nulidad, sin ley específica que la establezca. Es la regla básica, que
teniendo su origen y equivalencia en la máxima francesa pas de nullité
sans texte, concreta el principio director de este presupuesto, llamado de
especificidad o legalidad.
Precisando esta noción, digamos que no basta que la ley prescriba una
determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad
del acto o procedimiento. Ella debe ser expresa, específica.
Los modernos códigos de procedimientos, la doctrina y la jurisprudencia, no
han aceptado este principio en su concepción pura, sino con
atenuaciones (incluso se ha integrado con otros principios) nacidas ya
del sistema finalista de las formas, de la necesaria concurrencia con otros
requisitos (...), y en definitiva del juego armónico de las ideas rectoras
en materia de nulidades procesales (interpretación restrictiva, principio
de conservación de los actos procesales, derecho a un proceso justo,
etcétera)” (MAURINO, 1990: 35).
Véscovi, en lo que concierne a la aplicación del principio de especificidad o
legalidad, opina que “... las nulidades del procedimiento son solamente las
previstas en la ley y no pueden aceptarse otras, debiendo regir, inclusive, la regla
de la interpretación estricta” (VESCOVI, 1999: 264). Sin embargo -destaca
Véscovi-, “... habrá también posibilidad de anular un proceso cuando existan
vicios que obsten a la constitución de una relación procesal válida o se violen las
garantías del debido proceso, que, en el fondo, surgen de normas jurídicas

325
positivas. Quedaría así traducida la fórmula de ‘nulidades implícitas’, que emplea
la doctrina, reconociendo la existencia de ciertos vicios que impiden el derecho
fundamental de defensa en juicio, que son impugnables aun cuando la ley no lo
establezca expresamente, y relevables no sólo a pedido de parte, sino también de
oficio. Pero en caso de excepción y con referencia a principios que realmente
existen en el derecho positivo” (VESCOVI, 1999: 264). “En los demás casos, y
especialmente con relación al procedimiento, rige el principio general expuesto
(de legalidad o especificidad)” (VESCOVI, 1999: 264).
Luis Rodríguez menciona una doble excepción a la regla de que no hay
nulidad sin texto, a saber:
“a) Nulidad, aunque no haya sanción expresa.
Cuando el acto, debido a sus deficiencias, no cumpla el fin para el que fue
destinado y, en consecuencia, no proteja la defensa.
b) No sancionar la nulidad, aun con norma expresa.
Cuando el acto, aun irregular, ha cumplido la finalidad para la que estaba
destinado.
Los actos procesales están preordenados a la obtención de un fin, en las
notificaciones -por ejemplo- el conocimiento de la providencia, en las
citaciones, hacer saber la fecha de una audiencia. El acto puede ser
irregular, por inobservancia de alguna forma, pero si se conoce la
providencia -o se presume conocida- o se sabe la fecha de la audiencia
se ha garantizado la defensa y, cumplido el objeto, el acto no resulta nulo
(...).
Hay que atender en cada caso a la finalidad del acto, y si la misma ha sido
cumplida no cabe la sanción de invalidación.
(...) En resumen, el acto írrito que cumplió su objeto no puede invalidarse...”
(RODRIGUEZ, 1987: 93-95).
El principio de legalidad (o especificidad) y el de trascendencia están
normados en el artículo 171 del Código Procesal Civil en estos términos:
“La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo,
puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad.

326
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para
la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose
realizado de otro modo, ha cumplido su propósito”.
6.2 Principio de finalidad incumplida
El principio de finalidad incumplida emerge del de la instrumentalidad de las
formas que “... subordina la invalidez de un acto procesal no a la simple
inobservancia de la forma, puesta de relieve mecánicamente, sino a la relación -
declarada caso por caso- entre el vicio y la finalidad del acto...” (LIEBMAN,
1980: 196). Es así que se sanciona la nulidad “... solamente cuando el acto, por
efecto del vicio, no haya podido conseguir su objeto, en modo de salvar lo que se
hizo en la medida máxima consentida por las exigencias técnicas del proceso”
(LIEBMAN, 1980: 196).
Sobre el particular, Redenti refiere que:
“... El juez puede (...) considerar necesarias bajo pena de nulidad aun
formas no expresamente prescritas, si su necesidad va implícita en las
disposiciones atinentes a la naturaleza y a la figura del acto; y puede
también considerar que sean bajo pena de nulidad formas prescritas sin
esa sanción expresa. Para llegar a esos resultados (...) hay que atender a
la ‘finalidad’ del acto. Pero, ¿a qué finalidad...? No, sin duda, a la
meramente subjetiva, contingente y concreta, que se proponía el autor
del acto, de quien no se podría admitir que, por sí y para sí, se
autoimpusiese o autoprescribiese exigencias fatales de forma. Habrá
más bien que atender a las finalidades de la ley, allí donde la misma
consiente o prevé la posibilidad de actos de ese tipo o de esa figura
determinada. Garantía de voluntariedad, claridad, certeza,
documentación, controlabilidad y lealtad del contradictorio e integridad
de la defensa ajena, simplificación, economía... Todas éstas (u otras
análogas) pueden ser las finalidades de la ley, que hay que salvaguardar
a toda costa. Y entonces puede haber formas necesarias para que, al
realizar la finalidad subjetiva del autor del acto, no se hieran esas
exigencias de la ley. De aquí, requisitos formales, concomitantes e
indispensables, para la consecución de la finalidad” (REDENTI, 1957,
Tomo I: 219).
Acerca del principio de finalidad incumplida, Maurino apunta lo siguiente:
“... El principio de especificidad (no hay nulidad sin ley) se integra con el
de finalidad incumplida.

327
La regla de finalidad incumplida es, en suma, una faceta del principio básico
de finalidad. Es precisamente su aspecto negativo, en cuanto enfoca al
acto que no ha cumplido su función.
Nacido del principio finalista de las formas (llamado también de
instrumentalidad), este principio ha pasado al tema de las nulidades
procesales, constituyendo un verdadero sistema de amplia acogida en la
jurisprudencia, doctrina y legislación.
La misión de las nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia
de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines a ellas
confiados por la ley.
La nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado
vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o
cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad
natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en
cuanto a los sujetos o el objeto del acto” (MAURINO, 1990: 38).
Dicho autor agrega que:
“El principio finalista tiene una doble formulación, vinculada a la eficacia del
acto, que determina a su vez una doble característica de su función:
a) No basta la sanción legal específica, para declarar la nulidad de un acto,
si éste, no obstante su defecto ha logrado la finalidad a que estaba
destinado (función atenuadora e integradora).
b) No habiendo sanción legal específica, puede declararse la nulidad,
cuando el acto no ha cumplido su finalidad (función autónoma).
En conclusión, la inobservancia de determinadas reglas de procedimiento
constituye una irregularidad. Pero la imperfección llega al estrato de nulidad,
cuando no se cumple el fin propuesto ‘y con ello, por impacto, se lesiona la
defensa” (MAURINO, 1990: 39-40).
6.3 Principio de trascendencia
Condorelli señala que el principio de trascendencia está “... plasmado en la
antigua máxima ‘pas de nullité sans grief’, que significa que las nulidades no
existen en el mero interés de la ley: no hay nulidad sin perjuicio”
(CONDORELLI, 1980: 99).
Véscovi, en lo que toca al principio de trascendencia, nos informa que:

328
“En virtud del carácter no formalista del derecho procesal moderno, se ha
establecido que para que exista nulidad no basta la sola infracción a la
forma si no se produce un perjuicio a la parte. La nulidad, más que
satisfacer pruritos formales, tiene por objeto evitar la violación a las
garantías en juicio. La nulidad tiene por fin no el solo interés legal en el
cumplimiento de las formas y ritualidades que la ley fija para los juicios,
sino la salvaguardia de los derechos de las partes.
Este principio traduce la antigua máxima ‘no hay nulidad sin perjuicio’ que
había consagrado, hace tiempo, la jurisprudencia francesa (pas de nullité
sans grief), aun en ausencia de texto legal (...).
Es por esta razón por la que algunos derechos positivos modernos establecen
el principio de que el acto con vicios de forma es válido, si alcanza los
fines propuestos, igualmente, o si en lugar de seguirse un procedimiento
se ha utilizado, equivocadamente, otro, pero con mayores garantías, lo
que también se llama principio de finalidad (...).
Es decir, que la violación formal debe trascender a la violación de los
derechos de las partes (o de una parte)” (VESCOVI, 1999: 264-265).
Maurino, con una visión semejante a la expuesta hasta ahora, aborda el
principio de trascendencia de este modo:
“... Otro de los requisitos básicos para que sea procedente la declaración de
nulidad de un acto procesal, es la existencia de perjuicio y el interés
jurídico en su declaración.
Derivado de la antigua máxima, pas de nullité sans grief (no hay nulidad sin
daño o perjuicio) este presupuesto nos indica que no puede admitirse el
pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma (...).
Las nulidades declaradas en exclusivo beneficio de la ley, podían tener
cabida en legislaciones formalistas, pero no en la actualidad, donde la
regla no es destruir sin necesidad, sino salvar el acto por razones de
economía procesal.
Gobierna este requisito el principio de trascendencia, que nos indica que la
nulidad sólo puede ser declarada cuando haya un fin que trascienda la
nulidad misma, o desde otro punto de vista, que la nulidad no procede
‘si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de
la defensa en juicio” (MAURINO, 1990: 45).

329
Como se indicara anteriormente, el principio de legalidad (o especificidad) y
el de trascendencia se hallan regulados en el artículo 171 del Código Procesal
Civil, que dispone que:
“La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo,
puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para
la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose
realizado de otro modo, ha cumplido su propósito”.
6.4 Principio de protección
“... La nulidad procesal está reglada por el principio de protección, que
significa que toda alegación de nulidad tiende al amparo de un interés
lesionado” (ALZAMORA VALDEZ, s/a: 323).
Gozaíni considera que el principio de protección “... toma cuerpo en las vías
de impugnación (...); en particular, pretende otorgar razonabilidad a las
nulidades que se deduzcan, requiriendo tres condiciones específicas:
a) que la anulación pretendida, justifique el accionar de la justicia ante la
evidencia del perjuicio que generan los efectos del acto viciado; b) que
la nulidad provenga de actos propios de la jurisdicción, o de la parte
contraria; c) que quien promueve la impugnación no haya dado lugar
con sus actos, al vicio que denuncia” (GOZAINI, 1992, Tomo I,
Volumen 2: 855-856). El citado jurista argentino agrega que “el
principio demuestra una extensión del precepto nemo auditur propiam
turpitudine allegans (nadie puede alegar su propia torpeza), que en la
doctrina procesal se expresa como doctrina o teoría de los propios actos,
según el cual, no es lícito admitir que las partes ejerciten actos contrarios
a los que la otra parte, de buena fe acepta, por observarlos continuos y
destinados a una determinada conducta futura...” (GOZAINI, 1992,
Tomo I, Volumen 2: 856).
En opinión de Couture, las consecuencias del principio de protección son las
que a continuación se indican:
“a) No existe impugnación de nulidad, en ninguna de sus formas, si no existe
un interés lesionado que reclame protección. La anulación por la
anulación no vale. Esta consecuencia lo es también del principio general
ya expuesto de que no hay nulidad sin perjuicio al recurrente.

330
b) Sólo pueden invocar las nulidades constituidas en protección de los
incapaces, éstos mismos o sus representantes legales. La nulidad no
pueden aducirla quienes han gozado de capacidad durante la
consumación de los actos.
c) Pero la consecuencia más importante derivada de este criterio general,
es que no puede ampararse en la nulidad el que ha celebrado el acto nulo
sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.
Esta situación, que es común a toda la teoría de las nulidades, no es más que
una aplicación específica del precepto nemo auditur propiam
turpitudine allegans.
Nada impide y todo insta a que tal precepto se extienda a la teoría de las
nulidades procesales.
El litigante que realiza el acto nulo no puede tener la disyuntiva de optar por
sus efectos: aceptarlos si le son favorables o rechazarlos si le son
adversos. Una antigua corriente de doctrina ve en esta actitud un
atentado contra los principios de lealtad y de buena fe que deben reinar
en el proceso. Pero en verdad, la conclusión puede apoyarse además en
razones técnicas que forman parte de la estructura misma del sistema de
las nulidades en el derecho procesal civil, dentro de las ideas que acaban
de exponerse” (COUTURE, 1985: 397).
6.5 Principio de conservación
“El principio de conservación permite, no obstante las irregularidades o
imperfecciones de los actos procesales, mantener la eficacia del acto...”
(GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2: 842).
“Este principio es una formulación más acotada del que rige en todo el
derecho, especialmente en los de contenido patrimonial. Tiende a dar
funcionalidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan,
siempre y cuando, claro está, esa nulidad no sea de tal importancia que inficione
la calidad misma del acto” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2: 855).
“El principio procesal de conservación apunta así a resguardar los valores de
seguridad y firmeza, de suma importancia para la función jurisdiccional, toda vez
que ésta aspira a obtener resultados justos, y logros fructíferos, sin menoscabarse
en dispendios inútiles como los que motivan las nulidades por el solo hecho de
asegurar el respaldo en las formas” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2: 855).

331
Por el principio de conservación -puntualiza Satta- “... ‘si el vicio impide un
determinado efecto, el acto puede, sin embargo producir los efectos para los que
sea idóneo’. Este principio tiene puntos de contacto con el otro, propio del derecho
sustancial, de la conversión de los negocios jurídicos, pero se distingue de él
porque mientras la conversión apoya sobre la interpretación de la voluntad de las
partes (...), la conservación del acto procesal es totalmente independiente de la
voluntad, y tiene su raíz únicamente en la función del acto. Es decir, puede darse
que por un vicio formal el acto no puede cumplir su íntegra función (...) pero sin
embargo puede cumplir una función menor, comprendida en la primera...”
(SATTA, 1971, Volumen I: 241).
Sobre el particular, el artículo 172 del Código Procesal Civil (en su cuarto,
quinto y sexto párrafos), establece lo siguiente:
- No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido
de la resolución o en las consecuencias del acto procesal (art. 172 -cuarto
- El Juez puede integrar una resolución antes de su notificación. Después
de la notificación pero dentro del plazo que las partes dispongan para
apelarla, de oficio o a pedido de parte, el Juez puede integrarla cuando
haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio.
El plazo para recurrir la resolución integrada se computa desde la
notificación de la resolución que la integra (quinto párrafo del art. 172
del C.P.C.).
- El Juez superior puede integrar la resolución recurrida cuando concurran
los supuestos del párrafo anterior (sexto párrafo del artículo 172 del
C.P.C.).
6.6 Principio de convalidación
Maurino, acerca de la terminología referida al principio de convalidación,
nos enseña que:
“... Para denominar el presupuesto de marras, el vocablo más aceptado y
preciso es el de convalidación, equivalente a confirmación.
El término ‘subsanación’ tiene con el citado la relación del género con la
especie. En efecto, ‘subsanar’ (o sanear) es reparar un error o vicio, es
decir, sanear el acto quitándole su irregularidad. ‘Convalidación o
confirmación’ es la renuncia de la parte a pedir la nulidad del acto, que
de esta manera se subsana.

332
Resulta, pues, que la subsanación como actividad puede provenir de las
partes (convalidación propiamente dicha) o del juez.
Algunos autores consideran que la terminología apropiada sería ‘renuncia a
la reclamación’ o ‘renuncia a la nulidad’.
Se emplean también las palabras ‘consentimiento’, o ‘aquiescencia’...”
(MAURINO, 1990: 54).
A decir de Véscovi, “... las razones de seguridad y certeza del derecho, que
se manifiestan de modo especial en el proceso, y el instituto de la cosa juzgada
hacen (...) que en nuestro campo, mucho más que en el del derecho civil, se
aplique el principio de convalidación de las nulidades, de manera que transcurrida
una etapa no se puede volver a la anterior (principio de preclusión procesal). Y
cuando todas las etapas se han cerrado (sentencia definitiva, cosa juzgada), se
precluye la posibilidad de reclamar contra todas las nulidades” (VESCOVI, 1999:
266). Agrega Véscovi que “algunos han incluido el tema de la convalidación en
el de los remedios contra el acto nulo, es decir, el saneamiento de las nulidades.
Efectivamente, así como el derecho estudia el acto nulo y sus efectos (...), también
lo hace con las formas de evitar dichos efectos, eliminando o saneando el acto
nulo. O sea, que en lugar de la invalidación (efecto negativo), se busca la
subsanación (efecto positivo)...” (VESCOVI, 1999: 266).
Para Luis Rodríguez, “toda nulidad que directa o indirectamente se refiere a
un acto procesal o a una serie de actos procesales es susceptible de convalidación
por defecto de invalidación...” (RODRIGUEZ, 1987: 353). La falta de
invalidación -prosigue dicho autor- “... se deriva también de la bilateralidad del
proceso y del dispositivo. Todavía podemos decir que ‘nemo iudex sine actore’,
y que las partes tienen aún el comando del proceso. Es a su iniciativa que él
avanza, es a su inercia que él se extingue (caducidad), es a su vez un derecho y
un deber (una carga procesal) el impulsar la litis (...) ¿Cómo no han de poder
consentir la irregularidad de un acto procesal?” (RODRIGUEZ, 1987: 353). Luis
Rodríguez termina diciendo que “... si el proceso fuera absolutamente inquisitivo,
es evidente, no podría jugar el principio de la relatividad porque el consentimiento
de la irregularidad se debería al propio órgano jurisdiccional. Pero, en todos
aquellos actos en que la actuación de la parte, aun en los procesos mixtos o de
oficio, es decisiva, la falta de invalidación convalida el vicio” (RODRIGUEZ,
1987: 354).
A juicio de Aguirre Godoy, “la nulidad relativa sigue los principios
conocidos en derecho sustancial sobre su posible ratificación o convalidación. En
efecto, como son irregularidades procesales de menor trascendencia, no debe

333
dárseles el efecto grave de provocar la anulación de los actos procesales sin
alegación de parte, pues si no existe tal invocación se produce una subsanación
por acuerdo tácito de la parte. También puede existir este tipo de convalidación
cuando la parte, no obstante existir en los actos procesales una irregularidad de
esta naturaleza, continúa ejercitando actos de parte...” (AGUIRRE GODOY,
1975: 44). Según dicho autor, este principio “... tiene por objeto proteger la
firmeza de los actos procesales, ya que si quedaran sujetos a impugnaciones
futuras, no obstante que no se objetaron en su oportunidad, el proceso se llenaría
de incidencias de nulidad que afectarían a su normal desarrollo” (AGUIRRE
GODOY, 1975: 57). Aguirre Godoy concluye recomendando que en el proceso
“... debe evitarse que la parte se reserve el momento que estima adecuado para
sus personales intereses, pero tal vez el más inoportuno, para formular la
alegación de nulidad de un acto procesal. Al contrario, debe establecerse que si la
parte tuvo conocimiento del acto irregular o nulo, ya sea en forma directa o
indirecta, y continúa interviniendo en el proceso, importa consentimiento tal
actitud para la convalidación de la nulidad que pueda afectar a tal acto”
(AGUIRRE GODOY, 1975: 57).
Maurino apunta sobre la materia que dos son las clases de convalidación:
“a) Convalidación expresa. Cuando la parte perjudicada se presenta
ratificando el acto viciado (...).
b) Convalidación tácita o presunta. Cuando la parte legitimada para pedir la
nulidad, en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los
medios idóneos (incidente, recurso, etc.) dentro del plazo legal...”
(MAURINO, 1990: 55).
Maurino, en lo que concierne a la convalidación tácita, señala lo siguiente:
“a) Fundamento. Partiendo de la noción ya esbozada, su fundamento radica
en que si no se reclama la anulación del acto irregular en tiempo hábil,
precluye el derecho a solicitarla, pues de lo contrario se lesionaría ‘el
orden y la estabilidad de los procedimientos. De ahí su vinculación con
la preclusión.
Si en tiempo y forma se pueden cuestionar las actuaciones y se guarda
silencio, ello hace presumir conformidad con el trámite. Razones de
economía y consecuencialmente de celeridad procesal, así lo imponen.
b) Plazo. El plazo para que se opere la convalidación tácita depende del
medio impugnatorio de que se valga la parte, y de la legislación positiva
vigente.

334
El momento a partir del cual comienza a contarse el plazo, es aquel en que
el interesado toma conocimiento del acto.
Este conocimiento debe entenderse en sentido amplio.
No puede circunscribirse únicamente a la intervención directa y posterior en
el juicio, o ‘a la primera actuación o diligencia posterior en que
intervenga’. Serían ejemplos de lo manifestado, la presentación de un
escrito, asistir a una audiencia, etcétera.
Y ello porque puede ocurrir que el conocimiento se obtenga de otra manera,
v.gr., conseguir un expediente en préstamo, y advertido el vicio, guardar
silencio, para dejar correr el tiempo y pedir después la nulidad,
acarreando perjuicios a la contraparte y al juzgado.
(...)
Es dable destacar que el sumun del silencio convalidatorio lo constituye el
consentimiento de la providencia de llamamiento de autos, con lo cual
queda saneada toda irregularidad procesal” (MAURINO, 1990: 55-56).
Es de resaltar que existen causas de excepción por las que no son susceptibles
de convalidación las nulidades procesales, como las que a continuación reseña
Maurino:
“1) Nulidades absolutas previstas por el legislador (...).
La razón es que pertenece a la competencia legislativa la regulación del
régimen de nulidades, atendiendo a las exigencias políticas y sociales de
una situación determinada.
(...) Llámense absolutas, esenciales, etc., estas nulidades tipificadas
legislativamente, existen, y constituyen una excepción a la regla general
de convalidación.
(...)
2) Normas de interés público (...). V.gr., normas sobre composición del
tribunal, sobre competencia, en tanto no admitan ‘su prorrogación’.
3) Preceptos de carácter imperativo. Emparentada con la anterior, ha sido
recepcionada por una parte de la jurisprudencia.
(...) No son convalidables los actos irregulares ‘por inobservancia de
preceptos de carácter imperativo’ (constitución del tribunal, jurisdicción

335
en razón de la materia). El fundamento es que de otra manera se
desnaturalizaría el sistema procesal establecido para dirigir las
contiendas, o se violarían requisitos constitucionales de importancia.
4) Normas que contienen un requisito de forma absoluta.
5) Normas de orden público. Las nulidades de orden público no se
consienten por el silencio de las partes. Sólo las sanea la cosa juzgada...”
(MAURINO, 1990: 57-59).
El artículo 172 -primero, segundo y tercer párrafos- prevé tres casos en que
puede darse la convalidación de la nulidad procesal, a saber:
- Tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el
litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado
conocimiento oportuno del contenido de la resolución (primer párrafo
del art. 172 del C.P.C.).
- Hay también convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer
de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado
(segundo párrafo del art. 172 del C.P.C.).
- Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad
no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo
(tercer párrafo del art. 172 del C.P.C.).
6.7 Principio de la declaración judicial
Antes que nada, cabe señalar que la invalidación “... sólo puede efectuarse
como consecuencia de una actividad más o menos compleja que se concluye con
la resolución judicial que viene a privar de efectos al acto imperfecto”
(RODRIGUEZ ESPEJO, 1976: 679). “De esta manera aparecen íntimamente
ligadas las tres facetas que presenta el problema nada simple de la invalidez de
los actos procesales; en primer lugar, el jurista se encuentra con un estado de
imperfección para el que el ordenamiento conmina, simple o conjuntamente con
cualquier otro tipo de sanción, la posibilidad más o menos inmediata de privar al
acto de sus consecuencias jurídicas normales; en segundo lugar y en todo caso, al
cultivador del Derecho se ofrece la percepción de una actividad procesal
invalidadora sujeta en las distintas hipótesis a muy diversas exigencias subjetivas,
temporales y formales; en tercer lugar, y como consecuencia de la actividad
anuladora antes citada, el procesalista se enfrenta a una situación final en que, por
virtud de la eficacia jurídica de la declaración jurisdiccional, el acto imperfecto
ha sido privado, en mayor o menor medida y según una rica gradación de

336
supuestos y soluciones, de sus consecuencias jurídicas normales” (RODRIGUEZ
ESPEJO, 1976: 679).
Como se ha podido observar, “la nulidad no opera de pleno derecho, de modo
que no basta el deseo de los litigantes para restar eficacia a un acto del proceso,
sino que es necesaria la correspondiente declaración judicial” (SALAS
VIVALDI, 1962: 292).
En lo relativo al principio de la declaración judicial, Véscovi nos enseña que:
“Los autores civilistas discuten acerca de si la nulidad absoluta necesita, o
no, ser declarada por el juez.
(...) Este problema es diferente al de si la sentencia judicial crea (constituye),
o no, la nulidad. En este aspecto no cabe duda de que la nulidad absoluta,
al menos, no es creada por el juez, sino, simplemente, comprobada. Es
decir, que la sentencia que la acepta es declarativa y no constitutiva,
como la que acoge la nulidad relativa. La nulidad declarada por el juez,
entonces, ya existe, sólo se comprueba, el acto es nulo ab initio, no ha
podido producir efectos. En cambio, la nulidad relativa se ‘constituye’
por la sentencia del juez y, en consecuencia, comienza a ‘existir’ en el
mundo jurídico a partir de ese momento. El acto produjo efectos hasta
entonces.
Descartada esta cuestión, que los civilistas mezclan generalmente con la
primera, parece claro que la nulidad (y aun la inexistencia) tiene que ser
objeto de declaración judicial. O sea, que si bien el acto absolutamente
nulo (o el inexistente) no debe producir efectos, de hecho los produce
mientras no se hace efectiva la declaración judicial. Esto nos parece muy
claro en el campo procesal. Por eso la sentencia que declara la nulidad
(inexistencia), siendo declarativa tiene efecto retroactivo y produce la
anulación de los actos consecuentes que todavía estaban en pie (...). Es
decir, que aun cuando el juez falle sin jurisdicción, por razón de materia,
o fuera del plazo, etc., la sentencia tendrá validez hasta que sea declarada
nula. Una cosa es que la nulidad sea insanable, que pueda ser declarada
en cualquier momento, que no se convalide, y otra, muy diferente, que
no haya necesidad de una declaración judicial” (VESCOVI, 1999: 265-
266).
6.8 Principio de independencia

337
En virtud del principio de independencia la nulidad opera únicamente
respecto del vicio que la motivó, no invalidando éste la totalidad del acto, si no se
afectan todos los elementos que lo conforman, así como tampoco se invalidan los
demás actos del proceso en la medida que éstos guarden autonomía en relación al
acto que adolece de vicio o defecto. Es por eso que:
- La declaración judicial de nulidad de un acto procesal no se hace
extensiva a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de
aquél.
- La invalidación de una parte del acto procesal no implica que suceda lo
propio con las otras que sean independientes de ella, ni obsta tal
invalidación la producción de efectos para los cuales el acto es idóneo,
a no ser que exista norma expresa en contrario.
7. FORMAS EN QUE PUEDE SER PETICIONADA LA DECLARACION
DE NULIDAD PROCESAL
En el derecho comparado la declaración de nulidad puede ser peticionada,
principalmente, a través de:
A) Incidente de nulidad.
El incidente de nulidad “... es aquella cuestión accesoria que pueden
promover las partes en el curso del juicio acerca de la falta de validez de
la relación procesal o de determinados actos de procedimiento”
(CASARINO VITERBO, 1984, Tomo IV: 429).
Según Gimeno Gamarra, “en un sentido estricto el incidente de nulidad no
puede ser considerado como un verdadero recurso, porque el recurso es
la impugnación de una especie determinada de actos procesales, cuales
son las resoluciones judiciales, que tiende a la reforma o sustitución de
la resolución a que se refiera por otra y que puede fundarse en la
disconformidad con el fondo de las mismas o en la existencia de algún
vicio o defecto susceptible de producir su nulidad, mientras que el
incidente es un medio de atacar la validez, tanto en las resoluciones
judiciales, como de otras especies de actos, que sólo se puede fundar en
la existencia de algún vicio o defecto capaz de determinar la nulidad de
los mismos. Es, pues, el incidente un medio de impugnación, por un
lado, más amplio
que el recurso, puesto que no sólo se refiere a una especie determinada
de actos procesales, sino también a otras clases de actos, y, por otro, más

338
restringido, puesto que sólo se puede fundar en la existencia de algún vicio o
defecto de los actos y no en la disconformidad en cuanto al fondo de los
mismos...” (GIMENO GAMARRA, 1949: 512-513). B) Recursos.
Tenemos los recursos de nulidad, apelación y casación. C)
Excepciones.
“... Este medio de defensa puede utilizarse para impugnar los actos
procesales viciados y obtener su anulación” (MAURINO, 1990: 223).
“La excepción es un instituto procesal a través del cual el emplazado
ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de una relación
jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún presupuesto
procesal, o, el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la
controversia por omisión o defecto en una condición de la acción”
(MONROY GALVEZ, 1987: 102-103).
D) Proceso o acción autónoma de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
Lo relacionado al proceso o acción autónoma de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta será tratado más adelante.
8. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA DECLARACION DE NULIDAD
PROCESAL
Lino Palacio considera que, “sea que la nulidad se declare a petición de parte
o de oficio, la correspondiente resolución se halla condicionada por la
concurrencia de los siguientes requisitos: 1°) Existencia de un vicio que afecte a
alguno o algunos de los requisitos del acto; 2°) Interés jurídico en la declaración;
3°) Falta de imputabilidad del vicio a la parte que impugna el acto o en favor de
quien se declara la nulidad; 4°) Falta de convalidación o de subsanación del
vicio...” (PALACIO, 1977, Tomo IV: 155-156).
Satta asevera que “... la parte puede señalar la nulidad sólo bajo determinadas
condiciones: 1) Que haya un interés, derivante de que la observancia del requisito
del acto le haya causado un daño (...); 2) Que lo haga en la primera instancia
sucesiva al acto o, si está prescrita, a su comunicación o notificación (noticia); 3)
Que no la haya causado; 4) Que no haya renunciado aun tácitamente...” (SATTA,
1971, Volumen I: 239-240).
Los requisitos de la nulidad por vía de incidente son, a criterio de Enrique
Falcón, los que se mencionan seguidamente:

339
“1) Debe ser pedida por el legítimo lesionado.
2) Debe acreditar interés jurídico en pedirla.
3) Debe acreditar el daño ocasionado.
4) No tiene que haberse consentido ni expresa ni tácitamente el acto viciado
que se quiere atacar con la nulidad.
5) El acto no tiene que haber cumplido la finalidad querida por la ley, pues
entonces no obstante el vicio, la nulidad no procederá.
6) Que se pida en la instancia en que el vicio se cometió” (FALCON, 1978:
138-139).
A nuestro entender, son requisitos -fundamentales- para solicitar la
declaración de nulidad procesal los que a continuación se indican:
- Alegación del perjuicio sufrido.
- Acreditación del perjuicio.
- Interés jurídico para formular nulidad.
En relación al tema, debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo
175 del Código Procesal Civil, el cual se refiere a la inadmisibilidad o
improcedencia del pedido de nulidad, la misma que se declarará, según
corresponda, cuando:
- Se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio (art.
175 -inc. 1)- del C.P.C.).
- Se sustente en causal no prevista en el Código Procesal Civil (art. 175 -
inc. 2)- del C.P.C.).
- Se trate de cuestión anteriormente resuelta (art. 175 -inc. 3)- del C.P.C.).
- La invalidez haya sido saneada, convalidada o subsanada (art. 175 -inc.
4)- del C.P.C.).
8.1 Alegación del perjuicio sufrido
Acerca de este requisito, Luis Rodríguez expone lo siguiente:
“Existe una regla fundamental, que es la que establece que no hay nulidad
sin perjuicio (‘pas de nullité sans grief’). La nulidad no puede ser

340
declarada por la nulidad misma, porque sino llevaría a una repetición de
actos sin finalidad alguna.
El perjuicio en el proceso es asimilable al daño de las cuestiones
patrimoniales. De la misma forma que en materia civil sin daño no hay
reparación, sin perjuicio no hay anulación.
El perjuicio es el daño procesal que ha ocasionado el acto viciado.
Concretamente, en qué medida ha impedido efectuar un acto o cumplir
una carga procesal.
El perjuicio es el aspecto pasivo, el daño que se ha inferido: la incontestación
a la demanda, el incumplimiento de un acto procesal, etc. El perjuicio se
aprecia objetivamente a través de la efectiva privación que la inválida
actuación opera. No hay perjuicio que no pueda mensurarse, que sea
subjetivo” (RODRIGUEZ, 1987: 118).
Ahora bien, “... quien alega la nulidad procesal, debe mencionar
expresamente las defensas que se ha visto privado de oponer, o que no ha podido
ejercitar con la amplitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin
práctico y no meramente teórico. Debe señalarse cuál es el perjuicio real
ocasionado” (MAURINO, 1990: 46).
“No basta una invocación genérica, como sería decir, v.gr., ‘tenemos
legítimas excepciones que oponer’, o la imprecisa fórmula ‘se ha violado el
derecho de defensa en juicio’, sino que el interesado debe indicar cuál es el
agravio que le causa el acto irregularmente cumplido” (MAURINO, 1990: 46).
Sobre el particular, debe tenerse presente lo normado en el artículo 176 del
Código Procesal Civil, según el cual:
- El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el
perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia. El Juez resolverá
previo traslado por tres días.
- Sentenciado el proceso en primera instancia, sólo puede ser alegada la
nulidad (se entiende por vicio ocurrido en primera instancia)
expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. El
órgano jurisdiccional revisor resolverá oyendo a la otra parte en auto de
especial pronunciamiento o al momento de absolver el grado.
- Las nulidades por vicios ocurridos en segunda instancia, serán
formuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado para

341
hacerlo, debiendo el órgano jurisdiccional revisor resolverlas de plano u
oyendo a la otra parte.
No podemos dejar de mencionar que, tal como lo señala el último párrafo del
art. 176 del C.P.C., las nulidades insubsanables serán las únicas que pueden ser
declaradas de oficio, mediante resolución motivada, en cuyo caso se repondrá el
proceso al estado que corresponda.
Por otro lado, es de destacar que la nulidad de actos procesales puede ser
peticionada (y posteriormente declarada) no sólo a través del remedio (o
incidente) de nulidad, sino también haciendo uso de la excepción (por la que se
denuncia la invalidez de la relación jurídica procesal debido a la omisión o defecto
de algún presupuesto procesal o de determinada condición de la acción) y de los
recursos de apelación y casación (cuando los vicios están contenidos en
resoluciones judiciales y se refieren a aspectos formales y no de fondo).
8.2 Acreditación del perjuicio
“Concordante con lo expresado en el sentido de que no basta un mero
planteamiento abstracto, para que progrese la articulación nulitiva, debe
acreditarse la existencia de un perjuicio cierto e irreparable” (MAURINO, 1990:
46).
“El fundamento de esta exigencia de demostración del daño, es la necesidad
de diagnosticar jurídicamente si la irregularidad ha colocado o no a la parte
impugnante en estado de indefensión práctica” (MAURINO, 1990: 46).
“El perjuicio debe ser cierto, concreto y real, ya que las normas procesales
sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos”
(MAURINO, 1990: 46-47).
“... El requisito del perjuicio sufrido y el interés jurídico, está íntimamente
vinculado al adecuado ejercicio del derecho de defensa en juicio. Es más, el daño
siempre se traducirá en una restricción de las garantías del debido proceso”
(MAURINO, 1990: 48-49). “Es que en rigor, toda declaración de nulidad, debe
reconocer como antecedente inexcusable, una violación de la garantía
constitucional citada” (MAURINO, 1990: 49).
8.3 Interés jurídico para formular nulidad
“... Los impugnantes deben individualizar y probar cuál es el interés jurídico
que se pretende satisfacer con la invalidez que propugnan. En otros términos, el
por qué se lo quiere subsanar...” (MAURINO, 1990: 47).

342
Sobre este requisito, Luis Rodríguez señala lo siguiente:
“Es el aspecto activo, el interés jurídico en la declaración que consiste no en
la incontestación de la acción o el incumplimiento de un acto sino en
establecer las defensas de las que se ha visto privado, los medios de
prueba de que no se podrá servir. Siempre desde un punto de vista
objetivo.
El interés jurídico es procesal, ya que se da únicamente en la relación
procesal.
No es posible caer en un formalismo vacuo de contenido y de sentido. En un
exceso de ritual manifiesto (...). No es posible obtener una sentencia
justa mediante un proceso irregular (...). Lo único que redime la forma,
que le da finalidad, que la hace humana, es la defensa de los últimos
derechos de la persona, tal como es el derecho a un debido proceso (due
process of law) (...).
Reconocemos que muchas veces las nulidades y los recursos son opuestos
para ganar tiempo, como ‘chicana’, pero también es justo reconocer que
a veces es difícil asimilar los propios errores. Y detrás del
mantenimiento de las formas se encuentra el deseo muy humano de
mantener la resolución irregular. Ese es el argumento decisivo,
justamente, de los que preconizan las bondades de la doble instancia.
Pero cuando está en juego la defensa en juicio, todo lo demás pierde sentido.
Todo el proceso está hecho para garantizarla, ninguna forma puede
coartarla...” (RODRIGUEZ, 1987: 119-120).
Por su parte, Alsina, en relación al interés en la declaración, predica que “...
la aplicación automática de la sanción de nulidad por el solo hecho de su
constatación, obligaría en muchos casos a declarar la nulidad de actos de
importancia secundaria por el estado del procedimiento, pero que invalidarían las
actuaciones posteriores, proporcionando con ello un arma al litigante de mala fe,
que le permitiría demorar indefinidamente la tramitación del proceso. Siendo el
interés el fundamento de la protección jurídica, no hay razón para excluirlo en
este caso, y de ahí la regla según la cual no procede la declaración de nulidad sino
cuando se demuestra la existencia de un perjuicio para la defensa...” (ALSINA,
1958: 81). Añade el indicado tratadista que “... la exigencia de la demostración de
un interés no rige tratándose de nulidades esenciales que afecten al derecho de
defensa, las que pueden ser declaradas de oficio por el juez (...), porque
fundándose en la violación de una garantía constitucional, esta sola circunstancia

343
basta para hacerla procedente. Pero (...) aun estas nulidades pueden ser
convalidadas antes de su declaración de oficio, en cuyo supuesto habrá
desaparecido el perjuicio que fundamentaría el interés en la declaración. Parece
innecesario, además, decir que tampoco se tiene en cuenta el perjuicio cuando se
trata de declarar la inexistencia de un acto procesal” (ALSINA, 1958: 82).
Conforme al artículo 174 del Código Procesal Civil (que trata lo relativo al
interés jurídico para peticionar la declaración de nulidad), quien formula la
nulidad: - Tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado.
- Debe precisar, en su caso, la defensa que no pudo realizar como
consecuencia directa del acto procesal cuestionado.
- Tiene que acreditar interés propio y específico con relación a su pedido.
9. DECLARACION DE OFICIO DE LA NULIDAD PROCESAL
Las nulidades declarables de oficio “... son las que el juez pronuncia sin que
medie petición al respecto. En realidad no se trata de un tipo especial de nulidades,
sino de uno de los procedimientos que la ley o la jurisprudencia reconocen para
la declaración de las mismas, si bien no todas las nulidades son declarables de
este modo...” (MENDOZA, 1966: 147).
“La facultad dejada al juez para la anulación le impone, no solamente, el
deber de indagar si existe el vicio y si éste se refiere a la sustancia específica del
acto, sino también el de declarar las consecuencias materiales y jurídicas que del
mismo derivan...” (BAPTISTA MARTINS, 1944: 395).
“Es evidente que la forma principal como el magistrado podrá corregir por
propia iniciativa los actos del proceso, será decretando su ineficacia cuando se
han ejecutado de un modo anormal, con lo que evitará la realización de otros
posteriores, que tampoco tendrán valor debido al efecto extensivo de la nulidad
procesal. De esta manera se ahorra tiempo en la tramitación de la causa, pues se
impide su prosecución sobre actos viciados y se propende, a través del juez, a la
correcta aplicación de la ley procesal” (SALAS VIVALDI, 1962: 293).
“El determinar en qué casos, el juez tiene la facultad u obligación de
pronunciarlas (las nulidades procesales) sin requerimiento de parte, es materia
que depende de las circunstancias de cada cuestión litigiosa, de las normas
positivas vigentes, y de la naturaleza de dichas normas” (MAURINO, 1990: 77).

344
Maurino, al tratar sobre el móvil de la declaración de las nulidades procesales
a iniciativa del órgano jurisdiccional, afirma que “... el motivo de su procedencia
está en todo acto que lesione la garantía constitucional del debido proceso”
(MAURINO, 1990: 79).
Para Couture, “... una vez comprobada la nulidad (absoluta), el acto debe ser
invalidado, aun de oficio y sin requerimiento de parte interesada...” (COUTURE,
1985: 378).
Gozaíni considera que “... la advertencia de actos irregulares que manifiestan
inobservancia de disposiciones de carácter imperativo, como la constitución de
los presupuestos fundamentales para la litis o el desarrollo efectivo de la función
sin máculas que la inficionen, autorizaría a declarar de oficio las nulidades
encontradas” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2: 866). El indicado jurista
argentino añade que “... es posible para el juez declarar ex officio una nulidad
procesal, no obstante fuese consentida y convalidada por las partes, si ella incide
en la regularidad sustancial del proceso” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2:
867).
Al respecto, Véscovi apunta que:
“Los casos en que el juez puede proveerla (la nulidad) de oficio son
excepcionales y se refieren, según algunos autores, a aquellos en que
hay un interés público o una disposición expresa.
En realidad, (...) estos casos se darían cuando hay una inexistencia (o nulidad
absoluta, si se acepta en derecho procesal), o sea, en los casos de
defectos en la constitución de la relación procesal (ausencia del proceso
mismo) y también en los casos de indefensión, aunque pudiera creerse
que éstos deben quedar librados al pedido de parte. Esta opinión
coincide con la general de que el juez puede examinar la existencia de
los presupuestos de oficio, al dictar sentencia y declarar la nulidad del
proceso por defectos en la constitución de la relación procesal”
(VESCOVI, 1999: 269).
Conforme lo dispone el último párrafo del art. 176 del C.P.C., las nulidades
insubsanables serán las únicas que pueden ser declaradas de oficio, mediante
resolución motivada, en cuyo caso se repondrá el proceso al estado que
corresponda.
10. EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD PROCESAL

345
Maurino, en cuanto a los criterios para establecer los efectos de la declaración
de nulidad, enseña que:
“a) Algunos autores adoptan como criterio discriminador la distinción entre
nulidades por violación de las formas sustanciales o esenciales y
aquellas que afectan las formas accidentales o secundarias.
1) Si se afectan formas accidentales o secundarias, la declaración de
nulidad alcanza a las actuaciones impugnadas, pero conservan sus
efectos propios los actos procesales no comprendidos en la nulidad.
2) Si se omiten o violan las formas sustanciales o esenciales, el efecto
nulificante es total (...).
Así, se ha sostenido que la omisión determina la nulidad de todo lo
actuado cuando se afecta a una forma esencial del procedimiento,
porque ello hace a la defensa en juicio de las partes, estando
interesado el orden público en su observancia, v.gr., incompetencia
por razón del monto.
b) Otros (...) sitúan el elemento diferenciador según se trate de actos de
parte o resoluciones.
1) Los actos de parte en violación de las formalidades, son ineficaces
(...).
2) Las resoluciones defectuosas no son ineficaces, ‘sino que, por lo
regular, son sólo impugnables’.
c) Otro criterio (...) establece las consecuencias jurídicas de la declaración
de nulidad, según ella se refiera al acto, al procedimiento o a las formas
de las sentencias” (MAURINO, 1990: 245-246).
En opinión de Alsina:
“... El principal efecto de la nulidad es privar al acto de su eficacia jurídica;
y, en consecuencia, se tiene el acto como no realizado;
consiguientemente, tampoco pueden tener validez los actos posteriores
que en él se funden, de acuerdo con la máxima romana: qued nullum est
nullum producit effectum.
(...) Para establecer las consecuencias de la declaración de nulidad debemos
tener presente la distinción (...) según que ella se refiera al acto, al
procedimiento o a las formas de la sentencia. Tratándose de los actos, es
necesario distinguir tres categorías: los antecedentes, los consecuentes

346
y los independientes. La relación procesal, en efecto, se presenta como una
sucesión de actos que realizan las partes y el tribunal, cada uno de los cuales
tiene como antecedente otro acto (...) y es a su vez antecedente del que le
sigue (...); entre unos y otros puede existir actos independientes (...) ‘La
nulidad del acto produce la nulidad de los actos consecutivos, no así la de las
actuaciones independientes’ (...).
La nulidad no afecta a los actos anteriores (...) y ello se explica sin ningún
esfuerzo, como tampoco afecta los actos independientes entre sí,
entendiéndose por tales los que no están vinculados por una relación de
dependencia: la nulidad de la notificación del acto de prueba produce la
nulidad de todas las diligencias probatorias posteriores, pero la nulidad de
una declaración fundada en que el testigo no ha prestado juramento, en nada
afecta la validez de las otras diligencias de prueba.
(...) Tratándose de vicios del procedimiento, o sea por no haberse seguido el
orden establecido en la realización de los actos procesales, la nulidad se
traduce en la ineficacia de los actos posteriores, que en realidad no son
consecuencia de la ejecución de un acto viciado sino de la omisión de un acto
requerido para la validez del acto que le sigue: así, cuando el juez resuelve el
incidente sin recibirlo a prueba no obstante haber hechos controvertidos, o
dicta sentencia definitiva sin citar a las partes para el efecto” (ALSINA,
1958: 103-105).
Gozaíni, acerca de los efectos de la nulidad del acto procesal, dice lo siguiente:
“Nulificar un simple acto del proceso (...) no acarrea consecuencias futuras. El
acto deja de existir como tal, pierde validez y eficacia, pero no transfiere a
otros su nulidad.
Es una nulidad independiente que no incide en el acontecer procedimental.
Tampoco tiene efectos retroactivos, sin atender por ahora la responsabilidad
procesal de quien ha dado lugar al vicio, de modo tal que no conmueve el
estado de las actuaciones hasta allí suscitadas.
Empero hay actos que por comunicabilidad de efectos conducen la nulidad hacia
los demás, sea hacia atrás o por los que se dieron con posterioridad al vicio.
Por ejemplo, la nulidad del auto que decreta abierto el juicio a prueba, anula los
pasos siguientes que se hubieran practicado, pero no los anteriores. En
cambio, si la nulidad fuera de la notificación de la demanda, caen los actos

347
que ocurrieron a posteriori de ella, retrotrayendo la causa a su estado inicial”
(GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2: 871-872).
Gozaíni, refiriéndose a los efectos de la nulidad en el procedimiento, destaca
que en estos casos “... los vicios no corren por vasos comunicantes sino por la
trascendencia que tiene el acto, que obliga a cumplirlo con regularidad y eficacia.
Se trata de requisitos esenciales que resultan omitidos, y que por esta anormalidad
del trámite, anulan todo lo actuado en consecuencia, volviendo el proceso al
tiempo que ocurre el vicio” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen 2: 872). Dicho
autor, al tratar los efectos de la nulidad del proceso, hace notar que:
“Aquí la gravedad del error es de tanta importancia que genera un acusado
déficit en la validez absoluta del proceso.
Cuando ello sucede, se nulifica todo el procedimiento cursado.
En estos supuestos se halla en juego las garantías constitucionales del debido
proceso adjetivo, con sus tutelas esenciales en el derecho a ser oído,
defensa efectiva, y sentencia fundada en motivos razonablemente
obtenidos del análisis de la causa” (GOZAINI, 1992, Tomo I, Volumen
2: 872).
Juan Carlos Mendoza distingue tres tipos de efectos que producen las
nulidades procesales: “... 1° sobre el acto nulo (o el procedimiento nulo, ya que
éste no es sino un conjunto de actos vinculados entre sí por su finalidad común);
2° sobre los demás actos del proceso; 3° y sobre las personas (sujetos del proceso
y los auxiliares)” (MENDOZA, 1966: 177). “... En cuanto a los efectos sobre el
acto debe distinguirse de nuevo: a) según el acto sea totalmente nulo; b) y según
el acto sea parcialmente nulo. Si es totalmente nulo no podrá cumplir,
lógicamente, ninguno de los efectos normales a que está destinado, por verse
completamente privado de eficacia jurídica; si es parcialmente nulo, las demás
partes no quedarán afectadas por la nulidad y aunque el vicio impida un
determinado efecto, el acto producirá aquellos efectos para los cuales es idóneo”
(MENDOZA, 1966: 177178). “En cuanto a los efectos de la nulidad sobre los
demás actos del proceso hay que distinguir: a) según se trate de actos anteriores;
b) y según se trate de actos posteriores, y entre éstos, nuevamente, los actos
dependientes del acto nulo y los actos independientes de él. Los actos anteriores
no pueden quedar afectados por la nulidad del acto que le sigue, dada la forma
como se desarrolla la relación procesal, que no admite la dependencia del acto
anterior con respecto del posterior. Los actos consecutivos, en cambio, en cuanto
sean dependientes del acto nulo, quedan afectados por la nulidad de éste, dado el
principio de que lo que es nulo produce un efecto nulo. No así los actos

348
independientes de él, precisamente por su falta de nexo causal” (MENDOZA,
1966: 178). “Los vicios del procedimiento -que (...) son vicios de actos que lo
integran- producen la nulidad de los actos posteriores, que en realidad no son
consecuencia de la ejecución de un acto viciado (...), sino de la omisión de un acto
requerido para la validez del acto que le sigue, o de la transposición, se puede
agregar, de un acto, de acuerdo al orden legal que le impone el proceso”
(MENDOZA, 1966: 178). “... En cuanto a los efectos sobre las personas, hay que
distinguir según se trate: a) del juez; b) de las partes; c) de los auxiliares de
justicia. Generalmente los efectos de la anulación sobre las personas se traducen
en una sanción pecuniaria -la aplicación de las costas o una multa-...”
(MENDOZA, 1966: 178).
Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, cabe indicar que, según el
artículo 177 del Código Procesal Civil, la resolución que declara la nulidad:
- Ordena la renovación del acto o actos procesales afectados y las medidas
efectivas para tal fin.
- Impone el pago de las costas y costos al responsable.
Es de resaltar que, a pedido del agraviado, la sentencia (y no la resolución
que declara la nulidad, salvo que tal declaración tenga lugar en la sentencia) puede
ordenar el resarcimiento por quien corresponda de los daños causados por la
nulidad. Así lo dispone la parte final del artículo 177 del Código adjetivo.
También ponemos de relieve que el artículo 173 del Código Procesal Civil
norma la extensión de la nulidad sobre la base del principio de independencia que
gobierna a dicha figura jurídica. Así, en virtud de dicho dispositivo legal:
- La declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores
ni a los posteriores que sean independientes de aquél (art. 173 -primer
- La invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que
resulten independientes de ella, ni impide la producción de efectos para
los cuales el acto es idóneo, salvo disposición expresa en contrario (art.
173 -in fine- del C.P.C.).
11. JURISPRUDENCIA CASATORIA RELACIONADA CON LA
NULIDAD PROCESAL
En los subpuntos que siguen veremos los pronunciamientos emanados de
nuestro máximo Tribunal de justicia referidos a la nulidad procesal.

349
11.1 Jurisprudencia casatoria relacionada con la nulidad procesal
en general
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la nulidad
procesal en general, ha establecido lo siguiente:
- “... Se entiende por ésta [nulidad procesal], a aquel estado de
anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos
de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos,
que potencialmente los coloca en la situación de ser declarado
judicialmente inválido...” (Casación Nro. 194-2007 / San Martín,
23587-23588).
- “... En sede de nulidades procesales, éstas suponen un estado de
anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de uno de
sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que
potencialmente colocan a dicho acto en la situación de ser
declarado judicialmente inválido como consecuencia de
deficiencias efectivas surgidas en las desviaciones de las reglas del
proceso, que puedan generar indefensión...” (Casación Nro. 2147-
2002 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3007-
2004, pág. 12456).
- “... La nulidad es la sanción por la cual se priva a un acto jurídico
procesal de sus efectos normales, y se declara cuando se ha
afectado la forma establecida, lo que comprende tanto la estructura
y modo de exteriorización del acto como el orden que le
corresponde en el desarrollo de la relación procesal; salvo que del
análisis del proceso resulte una de las excepciones que permiten
preservar el proceso, como cuando la infracción no ha producido
agravio...” (Casación Nro. 2966-2006 / Moquegua, publicada en el
- “... Las nulidades procesales, entendidas como aquél [sic] estado
de anormalidad de un determinado acto procesal (o conjunto de
ellos) en razón de la carencia o presencia defectuosa de requisitos
que condicionan su existencia regular son [...] soluciones de última
ratio, a las que sólo debe recurrirse en casos extremos, dejando de
lado la añeja posición del culto de la forma por la forma...”
(Casación Nro. 2445-2007 / Lima, publicada en el Diario Oficial

350
- “... La nulidad procesal es un instrumento de última ratio y sólo
debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de
algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere
uno de los principios del debido proceso” (Casación Nro. 216-96 /
Huaura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-05-1998,
pág. 842).

-
351
“... En sede de nulidades procesales, éstas suponen un estado de anormalidad
del acto procesal, de manera que al declararse la nulidad procesal ello implica
resguardar la garantía constitucional a un debido proceso...” (Casación Nro.
1771-2001 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-03-2002,
pág. 8471).
- “... Los vicios del procedimiento constituyen un estado de
anormalidad del acto procesal, originado en alguno de sus
elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos; tales
vicios implican que potencialmente se declare su invalidez, ya que
dicho estado de nulidad latente puede no materializarse, ya sea por
subsanación del vicio, por convalidación, o porque el acto ha
cumplido su finalidad...” (Casación Nro. 2070-2003 / Santa,
13104-13105).
- “... Los vicios procesales [...] constituyen los defectos u omisiones
que se presentan en los elementos extrínsecos o intrínsecos de un
acto jurídico procesal; siendo esto así, su revelación al juez, no
depende única y exclusivamente de la parte que viene perdiendo la
litis, sino de ambas partes puesto que, el no hacerlo, contribuye al
desenvolvimiento de un proceso que, en su sentencia puede ser
justo, pero que dicha decisión se ha obtenido mediante un
procedimiento reprobado por las normas procesales, afectando el
derecho a un debido proceso no sólo de uno de los litigantes sino
de todos los sujetos procesales...” (Casación Nro. 24242003 /
Sullana, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-11-2004,
págs. 13116-13117).
- “... La finalidad de las nulidades procesales, es la de asegurar la
garantía constitucional de la defensa en el proceso, pudiendo
configurarse únicamente en relación a los actos procesales
susceptibles de producir efectos jurídicos autónomos, como los
actos emanados de un órgano judicial; en tal sentido, solo cuando
la ineficacia sea resultado de un vicio es posible hablar de
nulidad...” (Casación Nro. 2070-2003 / Santa, publicada en el
- “... Debe tenerse presente los distintos efectos de la nulidad y de la
revocación; la nulidad es una rescisión de los actos procesales que

-
352
implica renovarlos al estado en que se cometió el vicio, tal como lo
establece el artículo ciento setentisiete del Código Adjetivo
[C.P.C.]; en cambio, la revocación implica sustituir la decisión del
Juez inferior por una nueva...” (Casación Nro. 1193-2000 /
Moquegua, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-
2001, pág. 6691).
“... La nulidad es la sanción por la cual la Ley priva a un acto procesal de sus
efectos normales, debiendo diferenciarse la violación de las disposiciones de
orden público, que entrañan siempre una nulidad absoluta, de aquellas que
sólo afectan al interés privado, y que deben ser alegadas por aquel a quien
perjudican...” (Casación Nro. 1908-T-96 / Ica, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 15-03-1998, pág. 542).
- “... Son nulidades relativas [...] todas aquellas que no estando
expresamente contempladas como absolutas, quedan subsanadas si
se aceptan expresa o tácitamente, o si el acto viciado ha conseguido
su fin no obstante su defecto...” (Casación Nro. 2378-00 / Lima,
7182-7183).
- “... La aplicación automática de la sanción de nulidad por el solo
hecho de su constatación, obligaría a declarar la nulidad por causas
secundarias, aun cuando el proceso se encuentra sentenciado y
precluido sus etapas previas proporcionando con ello un arma al
litigante de mala fe, que le permitiría demorar indefinidamente el
proceso” (Casación Nro. 738-97 / Lima, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 0301-1999, pág. 2342).
- “... La nulidad de resoluciones judiciales necesariamente debe
formularse incidentalmente, dentro del proceso de su referencia y
no en vía de acción...” (Casación Nro. 294-95 / Ica, publicada en el
- “... Habiéndose interpuesto la demanda sustentándola en la nulidad
de actuados judiciales en vía de acción, el cual es un petitorio no
contemplado en la legislación procesal, ella resulta imposible
jurídicamente, con lo cual deviene en improcedente, en virtud de lo
previsto en el Artículo cuatrocientos veintisiete del Código
Procesal acotado (C.P.C.), y en consecuencia, inválida la relación

-
353
procesal y es asimismo imposible emitir pronunciamiento de fondo
sobre la misma...” (Casación Nro. 2835-97 / Arequipa, publicada
- “... El artículo ciento setentiuno del acotado Código [C.P.C., sobre
el principio de legalidad y trascendencia de la nulidad procesal],
norma precisada como fundamento de derecho de la demanda sub
materia [sobre nulidad de acto jurídico], sólo puede ser invocado
dentro del mismo proceso en que se produjo el vicio pero no en vía
de acción...” (Casación Nro. 2104-2000 / Lima, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 3001-2001, pág. 6856).
“... La Sala Civil [...] absolviendo el grado de apelación, ha expedido la
sentencia [...], sin previamente haber resuelto la nulidad deducida,
restringiendo con ello el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que
le asiste a la nulidicente, e incurriendo en vicio procesal insubsanable al
haber inobservado normas procesales de obligatorio cumplimiento;
siendo así [...] corresponde amparar el recurso propuesto [casación] y en
consecuencia declarar la nulidad de la [resolución] recurrida y disponer
que la Sala [Superior] de origen subsane la omisión incurrida y hecho
sea expida nueva resolución con arreglo a derecho...” (Casación Nro.
3189-2007 / Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
0209-2008, págs. 22810-22811).
- “... La apelación de una resolución que deniega un pedido de
nulidad no produce la suspensión del proceso en primera instancia
conforme a los Artículos trescientos veinte y trescientos setentidós
de la Ley Procesal...” (Casación Nro. 2198-97 / Ica, publicada en
- “... Al haberse sancionado una nulidad inexistente se ha vulnerado
el derecho al debido proceso del recurrente...” (Casación Nro. 688-
2000 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-
2000, págs. 6372-6373).
- “... Al exigir el auto de vista [...] un requisito no previsto en la Ley,
ha incurrido en la causal de nulidad contemplada en el artículo
ciento setentiuno del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 688-
2001 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05-11-2001,
pág. 7908).

-
354
11.2 Jurisprudencia casatoria relacionada con los principios que
rigen a las nulidades procesales
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a los principios
que rigen a las nulidades procesales, ha establecido, en principio, lo siguiente:
- “... En materia de nulidad procesal debe tenerse en cuenta [...] los
principios que sancionan las nulidades procesales como: 1) el principio
de legalidad o especificidad, en virtud del cual la nulidad solo se declara
cuando la ley expresamente o implícitamente la establece; y 2) el de
finalidad incumplida, según el cual la nulidad debe declararse y
sancionarse, no obstante que no exista norma legal expresa, si el acto
procesal no ha cumplido su finalidad por carecer de uno de los requisitos
esenciales; principios reconocidos en el artículo ciento setenta y uno del
Código

355
Procesal Civil...” (Casación Nro. 1112-2007 / Callao, publicada en el
- “... Existen [...] principios que excluyen o morigeran las nulidades como:
1) el principio de trascendencia, según el cual solo debe declararse y
sancionarse la nulidad cuando se haya causado perjuicio a una de las
partes o al tercero legitimado; 2) principio de conservación, a tenor del
cual no debe declararse la nulidad en caso de duda sobre los defectos o
vicios que se alegan, salvo que se haya afectado el derecho de defensa
de una de las partes; 3) principio de convalidación, la misma que puede
ser tácita o expresa, en virtud del cual no es procedente declararse la
nulidad si se ha convalidado el acto procesal que se pretende nulificar,
entendiéndose que la convalidación puede operar de varios modos (por
subsanación, por integración de resolución, de pleno derecho, etc.); y
[...] 4) principio de protección, que impone la no sanción de nulidad si
la parte o tercero legitimado nulidicente ha propiciado, permitido o dado
lugar al vicio...” (Casación Nro. 1112-2007 / Callao, publicada en el
En los subpuntos que siguen veremos la jurisprudencia casatoria referida de
un modo específico a los principios que rigen a las nulidades procesales.
11.2.1 Jurisprudencia casatoria relacionada con el principio
de legalidad o especificidad en la nulidad
procesal
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al principio de
legalidad o especificidad en la nulidad procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... El principio de legalidad o especificidad, en virtud del cual la nulidad
solo se declara cuando la ley expresamente o implícitamente la
establece...” (Casación Nro. 598-2007 / Callao, publicada en el Diario
- “... El artículo 171 del Código Procesal Civil [...] determina que la
nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley; principio de
legalidad que tiende a limitar el ejercicio abusivo que pueda hacer el
solicitante del pedido de nulidades procesales, enmarcándolas dentro de
las causales señaladas por el ordenamiento...” (Casación Nro. 51312007
/ Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-09-2008, págs.
22915-22917).

356
- “... Habiendo la Sala [Superior] sancionado una nulidad no contemplada
en la ley ha vulnerado el derecho al debido proceso que tiene todo
justiciable...” (Casación Nro. 2292-2001 / Lima, publicada en el Diario
- “... Dado el carácter extremo de la declaración de nulidad, la causa
determinante de ella debe estar establecida por la ley; sin embargo, el
criterio legalista o taxativo, se compensa con las llamadas nulidades
implícitas, aquellas que no estando previstas en la norma, deben ser
declaradas...” (Casación Nro. 2070-2003 / Santa, publicada en el Diario
- “... La nulidad si bien es cierto se sanciona sólo por causa establecida en
la ley, puede ser también declarada cuando el acto procesal carece de los
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad conforme a
lo dispuesto en el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil...”
Peruano el 01-03-2001, pág. 7070).
- “... Según lo establecido en el artículo 171 del Código adjetivo la nulidad
de actuados en un proceso civil no puede ser sancionada por la nulidad
misma, por el contrario, para declararla deberá estar previamente
sancionada en la ley; pero además, en atención a los fines del proceso
civil, cuando la ley prescriba determinada formalidad sin sanción de
nulidad, el acto será válido, si ha cumplido con el propósito para el cual
estaba destinado...” (Casación Nro. 657-2008 / Ancash, publicada en el
11.2.2 Jurisprudencia casatoria relacionada con
el principio de finalidad
incumplida
finalidad incumplida, ha establecido lo siguiente:
- “... [Según el principio] de finalidad incumplida, [...] la nulidad debe
declararse y sancionarse, no obstante que no exista norma legal expresa,
si el acto procesal no ha cumplido su finalidad por carecer de uno de los
requisitos esenciales...” (Casación Nro. 598-2007 / Callao, publicada en

-
357
- “... Por el principio de finalidad [incumplida], entendemos que no basta
la sanción legal para declarar la nulidad sino que es necesario que el acto
no haya cumplido el fin [al] cual iba dirigido...” (Casación Nro. 5262-
2006 / Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-09-2008,
págs.
22670-22671).
“... Conforme al principio de finalidad [incumplida] los actos procesales
no son nulificables si ellos han cumplido con su finalidad no obstante
tener defectos de orden formal...” (Casación Nro. 5131-2007 / Lima,
22917).
- “... La validez de los actos del proceso deben juzgarse atendiendo a la
finalidad que en cada caso concreto están destinados a conseguir...”
Peruano el 02-07-2001, págs. 7334-7335).
- “... Las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas, de ahí que
la validez de los actos del proceso debe juzgarse atendiendo a la
finalidad que en cada caso concreto están destinados a conseguir, no
procediendo la nulidad cuando aún siendo defectuosos han logrado
cumplir su objeto” (Casación Nro. 1363-99 / Lima, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 23-12-1999, págs. 4403-4404.).
- “... La infracción o el vicio que afecte el acto procesal para ser
sancionado con nulidad debe originar el incumplimiento del propósito
perseguido por ley y dar lugar a indefensión...” (Casación Nro. 2167-
pág. 16205).
- “... Debe cuidarse que la forma infringida no afecte el derecho de la
defensa o el principio de bilateralidad de la otra parte, pues de así serlo,
pese a haber cumplido el acto procesal su finalidad, no podría
convalidarse, y sería irremediable la sanción de nulidad...” (Casación
12-1999, págs. 4403-4404).
de trascendencia en la nulidad procesal

358
trascendencia en la nulidad procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... En virtud del [principio de trascendencia] [...] no
es dable admitir la declaración de nulidad por la
nulidad misma o para satisfacer pruritos formales...”
(Casación Nro. 111-2001 / Lima, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 31-07-2001, págs.
7538-7539).
- “... [Según] el principio de trascendencia [...] solo
debe declararse y sancionarse la nulidad cuando se
haya causado perjuicio a una de las partes o al
tercero legitimado...” (Casación Nro. 598-2007 /
Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
30-09-2008, págs. 23175-23176).
- “... Por el principio de transcendencia, quien
cuestiona un acto procesal debe acreditar
encontrarse lesionado por este, otorgando al
impugnante legitimo [sic -léase legítimo-] interés
para discutirlo...” (Casación Nro. 584-07 / Lima,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-
2008, págs. 21211-21212).
- “... El citado Artículo ciento setenticuatro del
Código Procesal Civil, recoge el principio que la
doctrina denomina de ‘transcendencia’, y se basa en
el principio de que las nulidades procesales sólo
proceden cuando se ha lesionado el interés jurídico
del impugnante, que recogía el antiguo derecho
francés en la regla ‘pas de nullité sans grief’, y,
como ya lo ha establecido esta Sala en numerosas
ejecutorias, no hay nulidad cuando este interés no
existe” (Casación Nro. 475-95 / Huánuco, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 17-07-1998, pág.
1462).
- “... El Código Procesal Civil, en su artículo 174[,]
ha contemplado el principio de trascendencia de las
nulidades, el mismo que se ha recogido del derecho

-
359
francés, en el que se informa ‘pas de nullité sans
grief’ (no hay nulidad sin perjuicio); la nulidad de
los actos procesales no puede ser declarada [...] por
la nulidad misma; sino por el contrario, únicamente
se invalidarán los actuados cuando en el proceso se
haya causado perjuicio real al impugnante, tal por
ejemplo se haya impedido el ejercicio de su derecho
a defensa o de un recurso impugnatorio; de lo
contrario no cabe declararse la nulidad de los
actuados, ya que antes que la mera formalidad
procesal, existen otras prioridades procesales que
resguardar, tales como la celeridad y la economía
procesal...” (Casación Nro. 1708-07 / Cusco,
2008, pág. 22330).
- “... No basta la sola omisión de algún acto procesal
para declarar la nulidad del proceso, tampoco la
alegación en forma genérica de la generación de
algún perjuicio, sino que dicha omisión deberá tener
la cualidad de poder causar un perjuicio concreto,
de manera tal [...] que genere indefensión en alguna
de las partes, conforme al principio de trascendencia
asumido por el artículo ciento setenticuatro del
citado Código [C.P.C.]...” (Casación Nro. 2228-01 /
La Libertad, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-07-2002, págs. 8929-8930).
- “... Por el [principio] de trascendencia la nulidad no
procede si la afectación no tiene trascendencia sobre
las garantías esenciales de la defensa en el juicio...”
(Casación Nro. 5262-2006 / Piura, publicada en el
22670-22671).
“... Conforme a los principios de trascendencia y conservación del acto
procesal, no cabe declararse la nulidad del mismo cuando existan dudas sobre
los defectos o vicios que se alegan, salvo que se haya afectado el derecho de

360
defensa de una de las partes...” (Casación Nro. 3136-06 / Cusco, publicada
- “... El principio de trascendencia [...] importa que la
sola presencia de un vicio no es razón suficiente
para que el juez declare la nulidad de un acto
procesal, pues se requiere, además, que ese vicio sea
trascendente, es decir, que determine un resultado
probablemente distinto en la decisión judicial o
coloque al justiciable en estado de indefensión...”
(Casación Nro. 4930-2006 / Santa, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 0209-2008, pág.
22673).
- “... Este principio de trascendencia de la nulidad
preconiza que no hay nulidad si no hay perjuicio o
daño; no basta pues, la infracción de la formalidad,
que sirva para garantizar los derechos de las partes,
sino que debe existir perjuicio, de donde se deduce
que la nulidad sirve para corregir o remediar ese
menoscabo...” (Casación Nro. 5131-2007 / Lima,
2008, págs. 22915-22917).
- “... El artículo ciento setenticuatro del Código
Procesal Civil, recoge el principio que la doctrina
denomina de ‘transcendencia’ y se basa en el
principio de que las nulidades se producen cuando
se ha lesionado el interés jurídico del impugnante,
que recogía el antiguo Derecho Francés en la regla
‘pas nullité sans grief’, y como ya lo ha establecido
esta Sala [Suprema] en numerosas ejecutorias, no
hay nulidad cuando este interés no existe, esto es,
que la nulidad sólo debe ser aplicado [sic -léase
aplicada-] cuando aparezca una infracción
insubsanable de algún elemento esencial de un acto
procesal o cuando se vulnere uno de los principios
del debido proceso...” (Casación Nro. 1712-03 /
Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
03-05-2004, pág. 11956).

-
361
- “... A los hechos [...] es aplicable el principio
contenido en el artículo ciento setenta y dos, párrafo
cuarto, del Código Procesal Civil, ya que si bien es
cierto existe un vicio, éste no es de tal trascendencia
como para declarar la nulidad de la sentencia, por
cuanto el mismo no influye en el sentido de la
resolución...” (Casación Nro. 3780-2006 / Junín,
2008, págs. 23322-23323).
- “... La invocación de un acto procesal viciado
implica denunciar una nulidad trascendente para el
proceso, la que de acuerdo al criterio de esencialidad
implica que la declaración de nulidad del vicio debe
influir de manera decisiva sobre el acto, de tal modo
que pueda ser capaz de producir su ineficacia...”
22655-22656).
- “... En aplicación a que la finalidad del proceso es
dar solución a la controversia o incertidumbre
jurídica puesta a consideración del órgano judicial,
no puede ampararse las nulidades por el sólo mérito
de ella [sic], sino que debe tenerse en cuenta si el
vicio ha de influir de manera decisiva en el acto
[para] que pueda producir su ineficacia...”
(Casación Nro. 2832-2006 / Ica, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 0201-2008, págs.
21320-21321).
- “... El agravio que se produzca en el proceso a las
partes debe ser trascendente, puesto que el núcleo
de [la] nulidad es el perjuicio cierto e irreparable...”
23560-23561).
- “... El criterio de esencialidad, [...] implica que la
declaración de nulidad del vicio deba influir de

362
manera decisiva sobre el acto, de tal modo que
pueda ser capaz de producir su ineficacia; además,
debe tener una influencia decisiva sobre la
sentencia...” (Casación Nro. 2378-00 / Lima,
2001, págs. 7182-7183).
de conservación en la nulidad procesal
conservación en la nulidad procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... [Según el] principio de conservación [...] no debe declararse la
nulidad en caso de duda sobre los defectos o vicios que se alegan, salvo
que se haya afectado el derecho de defensa de una de las partes...”
(Casación Nro. 598-2007 / Callao, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 3009-2008, págs. 23175-23176).
- “... Por el principio de conservación de los actos procesales éstos pueden
subsanarse en aquellos casos en que la infracción no tiene una entidad
de perjuicio tal que vulnere el derecho de defensa de las partes o cuando
pese a que se subsane el vicio ello no va a influir en el sentido de la
resolución o en las consecuencias del acto procesal...” (Casación Nro.
2001, pág. 6704).
“... Es criterio jurídico sostener que frente a la nulidad debe prevalecer
la subsanación del defecto; pues el aludido criterio deriva del principio
de conservación regulado en el segundo párrafo de [sic -léase del-]
artículo 172 del Código adjetivo [C.P.C.] en el que se impone la
necesidad de preservar la eficacia y validez de los actos procesales frente
a la posibilidad de su anulación, lo que llevaría a un resultado disvalioso
respecto de los fines del proceso; en ese sentido, cabe precisar que la
nulidad procesal es un instrumento de última ratio y sólo será aplicado
cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial
de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido
- “... El criterio de las nulidades procesales debe ser restrictivo. Este
criterio deriva del principio de conservación de los actos procesales, que

-
363
consagra la conveniencia de preservar la eficacia, la validez de los actos
frente a la posibilidad de anulación o pérdida, lo que llevaría a un
resultado disvalioso para el proceso...” (Casación Nro. 3571-2001 /
Cañete, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-03-2003, págs.
10402-10403).
- “... El criterio de las nulidades procesales debe ser restrictivo ya que la
declaración de nulidad es un remedio excepcional de última ratio...”
Peruano el 11-06-1998, pág. 1277).
- “... No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el
sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal. En caso
de duda debe mantenerse la validez del acto. En efecto, el criterio de las
nulidades procesales debe ser restrictivo...” (Casación Nro. 078-2000 /
Tacna, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-02-2002, pág.
8402).
de convalidación en la nulidad procesal
convalidación en la nulidad procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... El principio de convalidación de las nulidades
señala que la naturaleza esencial del proceso recae
en el principio de iniciativa de parte, y, por tanto, el
órgano jurisdiccional no puede sustituirse en el
lugar de una de las partes y anular actos procesales
que han sido consentidos por éstas...” (Casación
Nro. 1998-2000 / La Libertad, publicada en el
7167-7168).
- “... [La convalidación de la nulidad] puede ser tácita
o expresa, [...] la convalidación puede operar de
varios modos (por subsanación, por integración de
resolución, de pleno derecho, etc.)...” (Casación
Nro. 1142-03 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 02-08-2004, pág. 12497).

364
- “... [En virtud del] principio de convalidación, la
misma que puede ser tácita o expresa, [...] no es
procedente declararse la nulidad si se ha
convalidado el acto procesal que se pretende
nulificar, entendiéndose que la convalidación puede
operar de varios modos (por subsanación, por
integración de resolución, de pleno derecho, etc.)...”
(Casación Nro. 5982007 / Callao, publicada en el
23175-23176).
- “... Al no haberse denunciado los [...] agravios en la
primera oportunidad que tuvo para hacerlo [el
recurrente], las posibles nulidades incurridas han
sido convalidadas...” (Casación Nro. 3502-00 /
Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
30-04-2001, pág. 7242).
- “... Al no haber formulado el recurrente la nulidad
en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo ha
existido una convalidación tácita sobre dicho
extremo, tal como lo establece el artículo ciento
setentidós del Código Procesal Civil; habiendo
operado el principio de preclusión procesal...”
(Casación Nro. 1387-01 / Lambayeque, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 01-07-2002, pág.
8908).
- “... En virtud del principio de convalidación,
sancionado por el tercer párrafo del numeral ciento
setentidós del Código Procesal Civil, [...] no
procede la nulidad cuando los actos viciados no son
cuestionados oportunamente, precluyendo con ello
el derecho a solicitar la invalidez del
procedimiento...” (Casación Nro. 5262-2006 /
Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
02-09-2008, págs. 22670-22671).
- “... El tercer párrafo del artículo ciento setentidós
del Código Procesal Civil establece que existe
convalidación tácita cuando el facultado para

-
365
plantear la nulidad no formula su pedido en la
primera oportunidad que tuviera para hacerlo; [...]
existiendo convalidación tácita no existe afectación
al debido proceso...” (Casación Nro. 3308-2000 /
Sullana, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 31-07-2001, págs. 7443-7444).
“... Las nulidades mientras no acarrean un perjuicio transcendental al
proceso y cumpla su finalidad, quedan convalidadas
automáticamente...” (Casación Nro. 1514-2004 / Huaura, publicada en
- “... Si bien es cierto que los vicios procesales
podrían ser convalidables ante el silencio de una o
de ambas partes que litigan dentro de un proceso;
también lo es que, conforme a la primera parte del
numeral noveno del Título Preliminar del Código
Adjetivo [C.P.C.], las normas procesales contenidas
en este Código son de carácter imperativo, salvo
regulación permisiva en contrario; por ende, deben
respetarse los canales procedimentales para obtener
un resultado no sólo justo sino debido, no pudiendo
alegar la convalidación, cuando la norma procesal
exigía la realización de un acto...” (Casación Nro.
2424-2003 / Sullana, publicada en el Diario Oficial
- “... Debe cuidarse que la forma infringida no afecte
el derecho de la defensa o el principio de la
bilateralidad de la otra parte, pues de así serlo, pese
a haber cumplido el acto procesal su finalidad, no
podría convalidarse, y sería irremediable la sanción
de nulidad...” (Casación Nro. 1332-2003 / Ucayali,
2004, págs. 11751-11752).
de protección en la nulidad procesal

366
protección en la nulidad procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... [El] principio de protección [...] impone la no
sanción de nulidad si la parte o tercero legitimado
nulidicente ha propiciado, permitido o dado lugar al
vicio...” (Casación Nro. 598-2007 / Callao,
2008, págs. 23175-23176).
- “... En virtud del [principio de protección] [...], la
nulidad debe ser pedida por el perjudicado, quien
además no debe haber originado el acto irregular, ni
haberlo convalidado expresa o tácitamente...”
7538-7539).
- “... No es posible amparar pretensiones de nulidad
[procesal] cuyo origen obedece a actos propios de la
misma parte recurrente, a tenor de lo dispuesto en el
inciso primero del artículo ciento setenta y cinco del
Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 4602-2007
/ La Libertad, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-12-2008, pág. 23335).
- “... La impugnante sustenta su pedido de nulidad en
un hecho propio, deviniendo en improcedente a
tenor de lo previsto en el inciso 1 del artículo 175
del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 768-
2008 / Lima, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 03-09-2008, pág. 22833).
cuyo origen obedece a omisiones imputables a la
parte que la alega...” (Casación Nro. 768-2008 /
Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
03-09-2008, pág. 22833).
- “... Nadie puede alegar su propia torpeza, esto es,
que la nulidad no es procedente si se formula por
quién [sic -léase por quien-] ha propiciado el vicio,

-
367
según lo prevé el artículo ciento setenticinco del
Código adjetivo [C.P.C.], y que tiene como fuente
la teoría de los actos propios...” (Casación Nro.
2912-2000 / Arequipa, publicada en el Diario
cuyo origen obedece a omisiones imputables a la
parte que la alega” (Casación Nro. 2489-98 / Lima,
1999, págs. 3004-3005).
- “... El Derecho exige y protege un comportamiento
de buena fe en los ciudadanos, y por ello no acepta
que se pueda actuar en contra de sus propios actos,
o rehusar las consecuencias de estos y vale al caso
citar el aforismo romano: ‘Nemo auditur
turpitudinem allegans’, y que en materia procesal se
encuentra consagrado en el inciso 1 del artículo 175
del Código Procesal Civil, esto es, que no es factible
que quien ha propiciado o dado lugar al vicio,
proponga la nulidad. Es que el Derecho impone un
comportamiento; las leyes jurídicas expresan lo que
debe ser, y se caracterizan por la realización de
ciertos valores, reconocidos y aceptados en todas las
épocas, como el Orden, la Paz, la Justicia, la
Seguridad, y en general el Bien Común...”
20097-20098).
- “... Se atribuye al Juez una obligación que debió
haber cumplido el propio recurrente en su demanda,
solicitando el emplazamiento de todas las personas
que considere conveniente y, al no haberlo hecho no
puede fundar la nulidad de lo actuado en una causa
imputable a sí mismo...” (Casación

368
Nro. 0771-99 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
02-01-2001, pág. 6786).
11.3 Jurisprudencia casatoria relacionada con los requisitos en
general de la nulidad procesal
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a los requisitos en
general de la nulidad procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... Para que proceda la declaración de nulidad deben presentarse los
siguientes requisitos: i) el acto procesal se haya realizado en violación
de las prescripciones legales, sancionadas bajo pena de nulidad; ii) la
existencia de perjuicio y el interés jurídico en su declaración; y, iii) la
omisión o el acto defectuoso no haya sido convalidado expresa o
tácitamente...” (Casación Nro. 5262-2006 / Piura, publicada en el Diario
- “... La nulidad de actuados debe ser sustentada por escrito y no por
medio de un informe oral...” (Casación Nro. 2446-2000 / Cusco,
- “... El agraviado con un acto procesal presuntamente viciado debe
alegarlo en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo, indicando
los errores de hecho y de derecho[,] señalando el agravio que le ocasiona
o la defensa que no pudo realizar...” (Casación Nro. 1508-98 / Huaura,
6781).
- “... En cuanto a la alegación del perjuicio sufrido, la parte perjudicada
en la fundamentación de la nulidad debe precisar con claridad cuál es el
vicio o incumplimiento de la formalidad que le causa agravio...”
Peruano el 02-10-2007, págs. 20826-20827).
- “... El interés jurídico que se procura subsanar implica que la parte que
invoca la nulidad debe acreditar por qué quiere se subsane el acto
procesal afectado con la nulidad...” (Casación Nro. 1076-2000 / Callao,
11.3.1 Jurisprudencia casatoria relacionada con la
exigibilidad de perjuicio al solicitante de la nulidad
procesal

-
369
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la exigibilidad
de perjuicio al solicitante de la nulidad procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... Para la declaración de nulidad de un acto procesal, es requisito
indispensable la existencia de un perjuicio al interesado, tal como lo reza la
antigua máxima ‘pas de nullité sans grief (no hay nulidad sin daño o
perjuicio)’; en ese sentido se orienta nuestro ordenamiento procesal civil al
regular los principios de convalidación, subsanación, integración y del
interés para pedir la nulidad...” (Casación Nro. 1932-99 / Jaén, publicada en
- “... Ese estado de nulidad potencial no puede afectar el debido proceso ya sea
por ser subsanable el vicio, por convalidación, o porque el acto ha cumplido
su finalidad, y por que [sic -léase porque-] además el agravio que se produzca
en el proceso a las partes debe ser trascendente, toda vez que el núcleo de la
nulidad es el perjuicio cierto e irreparable...” (Casación Nro. 2050-2000 /
Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-04-2001, págs.
7170-7171).
- “... La parte que invoca la nulidad debe acreditar el perjuicio, y debe ser
cierto, concreto y real...” (Casación Nro. 3048-2006 / Lima, publicada en el
- “... Frente a un vicio procesal, generado por falta de requisitos o
formalidades, la ley señala como sanción la nulidad de un acto procesal
siempre y cuando este vicio haya ocasionado perjuicio a la otra parte que
haya impedido su defensa...” (Casación Nro. 397-96 / Lambayeque,
- “... Donde no hay indefensión no hay nulidad...” (Casación Nro. 13292008 /
22859).
- “... La declaración de nulidad requiere de otro requisito básico consistente en
la existencia del perjuicio, pues donde hay daño estará siempre el agravio de
transgresión al ejercicio del derecho de defensa, que es en definitiva el
fundamento de este presupuesto nulitivo. La idea del perjuicio se conecta
necesariamente con el principio finalista de las formas (el fin de ellas es

-
370
asegurar el derecho de defensa). Es decir que logra su finalidad un acto que
aunque padezca de un vicio formal no acarrea perjuicio” (Casación Nro.
págs. 3893-3894).
“... La nulidad de un acto jurídico procesal debe ser analizada no sólo por
contravenir el texto de la ley, sino cuando dicha omisión haya trascendido en
la parte resolutiva de la decisión impugnada, produciéndose una situación de
indefección (sic -léase indefensión-), respecto de uno de los justiciables; que,
en dicho sentido, quien formula nulidad debe acreditar estar perjudicado con
el acto procesal viciado conforme lo establece el Artículo ciento setenticuatro
del Código Adjetivo” (Casación Nro. 1210-98 / Piura, publicada en el Diario
- “... La invocación de un acto procesal viciado, que como tal contravenga al
debido proceso, implica denunciar una nulidad que sea trascendente para el
proceso, es decir, que quien la invoque acredite que el vicio le ocasiona un
perjuicio que no puede subsanarse, sino con el acogimiento de la sanción de
nulidad...” (Casación Nro. 2103-2000 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 31-07-2001, pág. 7540).
- “... No existe afectación al debido proceso, pues según el principio de
trascendencia de las nulidades, no hay nulidad sin perjuicio, consagrado en
el artículo ciento setenticuatro del Código Procesal acotado [C.P.C.],
advirtiéndose que no ha acreditado [el recurrente] el perjuicio que invoca, ni
ha fundamentado su interés jurídico respecto de los supuestos vicios que se
pretenderían subsanar...” (Casación Nro. 1998-2000 / La Libertad, publicada
- “... El recurrente no tiene legitimidad ni interés propio para pedir la nulidad
de un cargo que le agravia a otra persona...” (Casación Nro. 1296-01 / Lima,
- “... El impugnante carece de legitimidad para pedir la nulidad de un acto
procesal que no le agravia directamente y que está dirigido a cuestionar el
emplazamiento con la demanda de su hermano...” (Casación Nro. 3360-01 /
La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-04-2002, pág.
8532).

-
371
- “... Sólo el que haya sufrido el perjuicio podrá denunciar la afectación al
debido proceso, ésta es la regla básica de legitimación para que el efecto de
la contravención sea la sanción de nulidad...” (Casación Nro. 32482000 /
7441).
“... De conformidad con lo dispuesto por el artículo 174 del Código Procesal
Civil, quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto
procesal viciado o, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como
consecuencia del acto procesal cuestionado, asimismo, acreditará interés
propio y específico en relación al acto; y en [el] caso de autos la recurrente
no puede denunciar vicios procesales que no le afectan directamente o a favor
de interés ajeno...” (Casación Nro. 99-2008 / Ica, publicada en el Diario
- “... El recurrente no puede invocar un supuesto agravio ajeno como suyo,
pues es regla de las nulidades procesales, que infringen el debido proceso,
que el recurrente esté perjudicado directamente con el acto procesal viciado,
tampoco se advierte que tenga interés propio y específico en la denuncia por
cuanto la hipotética negación de tutela no es respeto [sic -léase respecto-] del
derecho de él...” (Casación Nro. 846-01 / La Libertad, publicada en el Diario
- “... Conforme lo establece el artículo ciento setenticuatro del Código Procesal
Civil, quien invoca una nulidad tiene que acreditar haber sido afectado por
el acto procesal viciado, lo cual resulta imposible en el presente caso, ya que
la recurrente no es la titular del derecho que considera conculcado,
consecuentemente la presente denuncia carece de asidero...” (Casación Nro.
2894-00 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-03-
2001, pág. 7034).
- “... El impugnante invoca la afectación del derecho de defensa de su fiador
solidario, quien es una persona distinta al que solicita la nulidad; en ese
sentido, el peticionante no tiene un interés propio para invocar la nulidad...”
04-02-2000, pág. 4634).

-
372
11.3.2 Jurisprudencia casatoria relacionada con la oportunidad para
deducir las nulidades procesales (en primera y segunda instancia)
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la oportunidad
para deducir las nulidades procesales (en primera y segunda instancia), ha
- “... Las nulidades procesales se deben deducir en la primera oportunidad que
el afectado tuviera para hacerla [sic -léase para hacerlo-]...” (Casación Nro.
págs. 22969-22970).
“... En virtud al principio de oportunidad previsto en el artículo ciento
setentiséis del Código Procesal Civil, la nulidad debe formularse en la
primera oportunidad que tuvo el afectado para hacerlo...” (Casación Nro.

373
2290-02 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-072003,
págs. 10756-10757).
- “... Es principio y regla procesal que todos los vicios acontecidos dentro de
una audiencia se impugnan en ella, por los que asistieron o dentro del plazo
de Ley de haber sido notificado [sic -léase notificados-] del contenido de la
misma, para los sujetos que no estuvieron presentes...” (Casación Nro. 346-
2005 / Moquegua, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-08-2005,
pág. 14560).
- “... Con arreglo a lo prescrito en el artículo ciento setentiséis del Código
Procesal Civil, cuando se haya sentenciado el proceso en primera instancia,
el pedido de nulidad [...] sólo puede ser alegado expresamente con el escrito
sustentatorio del recurso de apelación, que es la vía correcta para impugnar
sentencias; [...] al no haberse actuado así, se ha vulnerado también el
principio de preclusión...” (Casación Nro. 1999-2000 / Piura, publicada en el
- “... Dicha articulación [nulidad de actuados] recién fue planteada por la
recurrente mediante escrito [...] cuando el Juez ya había perdido competencia
al haber concedido el recurso de apelación, y cuando ya había transcurrido el
plazo previsto por el artículo quinientos cincuentiséis del Código Adjetivo
[C.P.C.], razón por la que carece de base real sostener que la recurrente
planteó válidamente la nulidad de actuados, en ese sentido no cabría admitir
su tramitación ni pronunciamiento al respecto...” (Casación Nro. 404-01 /
Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-07-2001, págs. 7477-
7478).
- “... El artículo ciento setentiséis del Código Procesal Civil establece en su
primer y segundo párrafo que: ‘El pedido de nulidad se formula en la primera
oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia.
Sentenciado el proceso en primera instancia, sólo puede ser alegada
expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. En el
primer caso, el Juez resolverá previo traslado por tres días; en el segundo, la
Sala Civil resolverá oyendo a la otra parte en auto de especial
pronunciamiento o al momento de absolver el grado. Las nulidades por vicios
ocurridos en segunda instancia, serán formuladas en la primera oportunidad
que tuviera el interesado para hacerlo, debiendo la Sala Superior resolverlas
de plano u oyendo a la otra parte’; [...] de lo preceptuado en el citado artículo
ciento setentiséis [del C.P.C.] puede concluirse válidamente que de deducirse
una articulación de nulidad

374
en segunda instancia por vicios incurridos en el concesorio del recurso
de apelación de la parte contraria, la Sala Civil está en la obligación de
resolverlo en auto de especial [...] pronunciamiento o al momento de
absolver el grado; de modo tal que de no proceder en la forma prescrita
por la ley acarreará su nulidad, por violación del principio de motivación
escrita de las resoluciones judiciales [...]; salvo que resulten aplicables
los principios de trascendencia, convalidación y subsanación
contemplados en los artículos ciento setentiuno y ciento setentidós del
Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 2616-2005 / Junín, publicada
- “... El artículo ciento setentiséis del Código Procesal Civil, dispone en su
segundo párrafo, que las nulidades por vicios ocurridos en segunda instancia,
serán formuladas en la primera oportunidad que tuviera el interesado para
hacerlo, debiendo la Sala resolverlas de plano u oyendo a la otra parte; es
decir, que la Sala no tiene la obligación de correr traslado a la otra parte de
la nulidad deducida, puesto que puede, incluso, resolver la nulidad de plano,
ello sin oír a la otra parte; [...] siendo esto así, al haber resuelto la Sala Civil
[...] la nulidad deducida [...] respecto de la Resolución de Vista [...], que anula
la Sentencia de Primera Instancia por vicios procesales, sin correr traslado al
demandante, no se han contravenido las normas que garantizan el derecho a
un debido proceso...” (Casación Nro. 2984-01 / Tacna, publicada en el Diario
11.4 Jurisprudencia casatoria relacionada con la
potestad nulificante (declaración de oficio de
la nulidad) del órgano jurisdiccional
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la potestad
nulificante (declaración de oficio de la nulidad) del órgano jurisdiccional, ha
- “... Con arreglo a lo prescrito en el artículo ciento setentiséis in fine del
Código Procesal Civil, los jueces sólo declararán de oficio las nulidades
insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al
estado que corresponda, entendiéndose por insubsanable cuando se produce
el quebrantamiento o inobservancia de las formas del proceso y que no sea
susceptible de convalidarse mediante el consentimiento expreso o tácito de
la parte perjudicada por el acto viciado...” (Casación Nro. 13252000 / Lima,

375
- “... Las nulidades absolutas pueden ser declaradas de oficio por la Corte
Superior incluso al conocer de los recursos de apelación, aún (sic) cuando el
acto nulo no haya sido objeto de denuncia o recurso por las partes...”
(Casación Nro. 1755-99 / Puno, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
23-11-1999, págs. 4119-4120).
- “... La nulidad procesal declarada de oficio, presupone que el acto procesal
viciado no sea posible de convalidación. La procedencia de la nulidad de
oficio está en la protección de las garantías constitucionales del proceso,
siendo una de las más importantes el respeto al debido proceso...” (Casación
Nro. 445-02 / Apurímac, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-01-
2005, págs. 13517-13518).
- “... La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley, sin embargo,
puede declararse también cuando el acto procesal careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad, teniendo en cuenta los
principios de legalidad y trascendencia a que se refiere el artículo ciento
setentiuno del Código Adjetivo [C.P.C.], aunque no haya sido invocada...”
(Casación Nro. 2881-99 / Tumbes, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 30-01-2001, págs. 6839-6840).
- “... Ante un vicio de gran consideración cualquier órgano jurisdiccional por
el sólo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama la potestad nulificante,
recogido [sic -léase recogida-] en el último párrafo del artículo ciento
setentiséis del Código Procesal Civil por la cual debe declarar la nulidad aún
cuando ésta no haya sido solicitada, en los casos en que considere que el acto
viciado altere los fines abstracto y concreto del proceso...” (Casación Nro.
págs. 6708-6709).
- “... Frente a un vicio de tal consideración (vicio sustancial), cualquier órgano
jurisdiccional por el sólo (sic) hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama
potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogido en el último párrafo
del Artículo ciento setentiséis del nuevo Código Procesal Civil, entendida
como aquella facultad de declarar una nulidad aún (sic) cuando no haya sido
solicitada, si considera que el acto viciado (incluso el proceso todo) puede
alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la
decisión que en él va a recaer...” (Casación Nro. 2197-99 / Lima, publicada

376
- “... Frente a los vicios advertidos por el Tribunal Ad quem [...] en la sentencia
de primera instancia apelada, cualquier órgano jurisdiccional por
el sólo [sic] hecho de serlo tiene lo que en doctrina se denomina potestad
nulificante del juzgador, potestad que ha sido acogida en el último párrafo
del artículo 176 del Código Procesal Civil; la misma que es entendida como
aquella facultad de declarar una nulidad aún [sic] cuando no haya sido
solicitada por las partes, si el juzgador considera que el acto viciado -incluso
todo el proceso- puede alterar sustancialmente los fines abstractos y concreto
[sic] del proceso y la decisión que en él va a recaer...” (Casación Nro. 1583-
2008 / Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-09-2008,
pág. 22868).
- “... Frente a un vicio sustancial, el órgano jurisdiccional tiene la potestad
nulificante, la cual ha sido acogida en el último párrafo del artículo 176 del
Código Adjetivo [C.P.C.], entendida como aquella facultad de declarar una
nulidad aún [sic] cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto
viciado puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del
proceso y la decisión que en él va a recaer...” (Casación Nro. 50392007 /
Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-03-2008, pág. 21698).
- “... En las nulidades de oficio el juez se pronuncia sin que medie petición al
respecto, corrigiendo por propia iniciativa los actos irregulares o vicios
formales que se presenten dentro del proceso y que impliquen una lesión a la
garantía constitucional del debido proceso; [...] las únicas nulidades que
pueden decretarse de oficio son aquellas en que se compromete el derecho
de defensa y [...] ello ocurre cuando el acto viciado implica que no se ha oído
a la contraparte...” (Casación Nro. 560-2003 / Moquegua, publicada en el
- “... La violación de una disposición de orden público entraña una nulidad que
debe ser declarada de oficio...” (Casación Nro. 4122-2001 / Ica, publicada en
- “... El artículo 176 del Código Procesal Civil, [...] en su último párrafo
establece que ‘los Jueces sólo declararán de oficio las nulidades
insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el proceso al
estado que corresponda’. [...] Que, en efecto, la nulidad puede ser declarada
de oficio, pero debe proceder así en casos excepcionales, en supuestos en que
de por medio esté el interés público o exista una disposición expresa...”

377
(Casación Nro. 1265-2006 / Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 30-11-2006, pág. 17844).
- “... La nulidad de un acto del proceso es la negación del mismo y un perjuicio
evidente para las partes, por lo que sólo corresponde ser declarado
[sic -léase declarada-] cuando se ha afectado una garantía y entonces el Juez,
justificadamente, priva a un acto procesal de sus efectos normales. La
nulidad, por tanto puede ser declarada de oficio cuando afecta principios
constitucionales, o cuando la falta de un presupuesto procesal pueda influir
en el resultado final del proceso, como establece el artículo 171 del mismo
Código [C.P.C.]...” (Casación Nro. 705-2003 / Lima, publicada en el Diario
- “... La nulidad de oficio es una facultad [que opera] cuando el juzgador -y no
la parte interesada- considere que ella es manifiesta...” (Casación Nro. 946-
2008 / Apurímac, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04-09-2008,
pág. 23091).
- “... Tratándose de un vicio que puede ser declarado de oficio por el Juzgador,
es indudable que en dicho caso no operan los principios de preclusión y
convalidación...” (Casación Nro. 2313-2000 / Lima, publicada en el Diario
- “... Si bien es cierto que el Artículo segundo del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, establece que el Juez es el director del proceso, ello no
invalida que la naturaleza esencial del Proceso Civil es de ser dispositivo, y
por lo tanto, el Colegiado no puede sustituirse en el lugar de una de las partes
y anular actos procesales que han sido consentidos por ésta, máxime si en
autos dicho sujeto procesal no ha sufrido de indefensión, porque ello
implicaría vulnerar el principio de igualdad entre las partes” (Casación Nro.
671-99 / Chincha, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-09-1999,
pág. 3409).
- “... De acuerdo al principio de convalidación de las nulidades previsto en el
artículo ciento setentidós del Código Adjetivo [C.P.C.], no prosperará la
nulidad cuando mediare consentimiento expreso o tácito de la parte
interesada; [...] en aplicación de la norma precitada, el Juez no puede declarar
de oficio la nulidad si ya se ha verificado el mencionado consentimiento...”
el 02-02-2002, pág. 8402).

378
- “... La precitada resolución [...] no había adquirido la calidad de cosa juzgada
a que se refiere el inciso segundo del artículo ciento veintitrés del Código
Procesal Civil, siendo por ello factible que antes que transcurriera el plazo
para que la resolución quede consentida el Ad-quem ejerciera la facultad
oficiosa de declarar las nulidades insubsanables en virtud a lo previsto en el
artículo ciento setentiséis in fine del Código Procesal Civil; siendo así, carece
de sustento fáctico la denuncia invocada por la recurrente en el sentido de
que se ha infringido el principio de la cosa juzgada...” (Casación Nro. 3224-
01 / Tacna, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-04-2002, pág.
8528).
- “... Es deber del Juzgador (operador jurisdiccional personal o colegiado)
velar que el proceso que conoce tenga por objeto una pretensión que no haya
sufrido los efectos de la caducidad, pues de lo contrario la relación estará
viciada y la sentencia que recaiga será fraudulenta, mientras ésta no haya
alcanzado la autoridad de cosa juzgada material, pues mientras exista el
proceso, dicho operador no puede sustraerse de su facultad nulificante,
entendida como la manifestación de su rol de director del proceso en custodia
de un proceso en condiciones mínimas para expedir una sentencia válida
sobre el fondo, potestad que deriva de los artículos tercero del Título
Preliminar y cuatrocientos veintisiete inciso tercero del Código adjetivo...”
(Casación Nro. 1744-00 / Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
30-04-2001, págs. 7161-7162).
12. LA NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA
12.1 Concepto de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La nulidad de cosa juzgada fraudulenta constituye la sanción dirigida a
invalidar un acto procesal que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, debido a
que el proceso en que dicho acto se realizó ha sido seguido con fraude o colusión.
La nulidad de cosa juzgada fraudulenta implica la descalificación de un acto
concluyente del proceso que ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada en base a
violaciones gravísimas del procedimiento (representadas precisamente por el
fraude y la colusión), que impiden que tal acto cumpla con su finalidad, de ahí
que se le prive de todo efecto que, en tales circunstancias, sería sumamente
reprobable para el derecho y contrario al más elemental sentido de justicia.
La nulidad de cosa juzgada fraudulenta puede ser vista también como un
estado de anormalidad grave e intolerable que afecta a un acto que pone fin al

379
proceso y al que indebidamente se le ha asignado la fuerza de la cosa juzgada,
pues se ha llevado a cabo dentro de un proceso fraudulento, lo que motiva que el
acto en cuestión deba ser revisado y declarado inválido a través de una acción (o
recurso, según la vía que se emplee) extraordinaria prevista legalmente con dicho
objeto.
Se desprende del artículo 178 -primer párrafo- del Código Procesal Civil
(norma que regula la figura jurídica en estudio) que la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta es aquella (situación que adolece de vicio o anormalidad) que puede
ser demandada (por el perjudicado) a través de un proceso (es decir, en vía de
acción) dirigido a invalidar la sentencia con calidad de cosa juzgada o el acuerdo
homologado por el Juez que pone fin al proceso (conciliación o transacción,
también con la autoridad de cosa juzgada), porque -se alega- el proceso donde se
originó el acto procesal cuestionado ha sido seguido con fraude o colusión,
afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes,
o por el Juez o por éste y aquéllas
12.2 Vías para solicitar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Las principales vías existentes en el derecho comparado para solicitar la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta son las que se indican a continuación:
- Proceso o acción autónoma de nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
- Recurso de revisión
Sobre el tema, Véscovi nos informa lo siguiente:
“Algunos entienden que esta revisión (de la cosa juzgada) consiste en un
recurso, y otros que es una acción autónoma, pues el proceso ya está
terminado.
(...)
La cuestión es bastante discutida en la doctrina, pues importantes autores
sostienen que se trata realmente de un recurso, puesto que contiene todos
los elementos de este medio impugnatorio; otros sostienen que es acción
autónoma y señalan profundas diferencias.
Naturalmente que la cuestión es dudosa y depende del concepto de que se
parta acerca de lo que es un recurso y de lo que es una acción autónoma.
Asimismo, de cómo sea regulado, en cada país, este remedio. (No
olvidemos que en muchos casos dentro del recurso extraordinario se

380
mezclan causales y procedimientos que ni siquiera pueden incluirse en
él).
Sin embargo, en tren de dar una opinión, nos parece que se trata más bien
de una acción autónoma, y no de un recurso dentro del proceso, en el
sentido de que éste continúa en otra etapa (instancia), renovándose la
controversia a través de un distinto examen (...). Nos basamos para ello
en que en este proceso (en la mayoría de los casos) el actor plantea una
pretensión diferente -puesto que lo que solicita es la revisión del proceso
en virtud de hechos nuevos-, por lo cual estaremos ante un proceso con
un objeto diferente (...).
A ello debemos agregar que, en muchos de los sistemas, no existe un plazo
para proponer este remedio, o éste es muy amplio, y su instrucción no
paraliza (salvo casos totalmente excepcionales) ni la cosa juzgada, ni la
ejecución de sentencia. Asimismo, porque se admite en muchos casos
que inicien esta acción quienes no han sido partes en el proceso anterior,
lo cual (...) contraría el sistema de los recursos.
La misma opinión nos merece la acción autónoma para reclamar la revisión
del proceso por fraudulento o por nulidad insanable por indefensión (...),
a pesar de que también aquí existe valiosa doctrina contraria. En efecto,
entre nosotros se ha sostenido -por una opinión minoritaria, pero muy
prestigiosa- que dicha acción de nulidad, por ejemplo, por falta de
emplazamiento (que es la más común de indefensión), no constituye
sino un incidente de nulidad dentro del mismo proceso, dado que éste
realmente no ha concluido pues si se ha emplazado indebidamente a
quien debió ser parte, faltó un presupuesto procesal imprescindible para
obtener una sentencia válida.
No obstante estas opiniones, y pese a reiterar que todo depende de cuál es la
extensión que se le da al concepto de recurso y cuál a la de acción
impugnativa autónoma, nos inclinamos por considerar estos medios
dentro de esta última categoría.
Sin embargo, al estudiar los diversos derechos positivos, veremos que
contienen algunas causales típicas del recurso (falta de congruencia de
la sentencia, etc.) y están sometidos a plazos breves, por lo cual nuestra
opinión, de que son acciones autónomas, apunta más al concepto
general, y al remedio extraordinario que en materia penal existe en la
mayoría de los códigos iberoamericanos (y del mundo), que es, por otra

381
parte, el más típico recurso de revisión en nuestro Derecho (...). Y
también a los recursos de revisión regulados en una minoría de los
códigos de nuestra área en la materia civil (no penal). Tendencia que los
códigos modernos recogen” (VESCOVI, 1988: 339-341).
12.3 Causales de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Son causales de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, de acuerdo al primer
párrafo del artículo 178 del Código Procesal Civil, el fraude y la colusión (aunque
ésta no es sino una modalidad del primero), circunstancias o estados irregulares
que afectan seriamente el derecho a un debido proceso (cuyos pilares son la
observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada legalmente, la
defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y la pluralidad de
la instancia).
12.3.1 El fraude procesal
El fraude procesal es un “... concepto amplísimo que abarca todas las
morbosas desviaciones del principio rector de la bona fides, enderezados -y en
esto reside su característica común, pese a la diversidad de formas- a
desnaturalizar el proceso y sus instituciones fundamentales, de modo que sirvan
a la consecución de un designio ilícito siempre, torpe en ocasiones y,
frecuentemente, digno de general reprobación” (PEREZ, 1975: 161).
“La maquinación o ardid que configura el fraude procesal consiste en
tergiversar el objeto de la litis, adulterando la verdad de los hechos, mediante las
maniobras dolosas más sutiles, de donde el fraude procesal puede presentar la
gama más variada, dentro de la urdimbre tramada por el litigante deshonesto, en
la consecución de su propósito...” (PEREZ, 1975: 162).
“... En términos generales, el fraude procesal consiste en el hecho de omitir
deliberadamente las partes que intervienen en el proceso, prestar al juez su leal
colaboración en el esclarecimiento de la verdad de lo que se discute en el pleito,
o en tergiversar intencionalmente la investigación, adulterando medidas de
prueba, mediante ardid, astucia o maquinación para ofrecerlas como verdaderas,
siendo dolosamente falsas, con el propósito de inducir al juez a engaño y obtener,
por esos medios, una sentencia favorable a sus pretensiones” (PEREZ, 1975:
164).
Devis Echandía sostiene que el fraude procesal tiene las siguientes
características:

382
“a) Es una forma de dolo o una maniobra dolosa, cuyo contenido y alcance
puede variar, según el acto procesal en que aparezca y los fines
particulares que se persigan;
b) Es obra de una de las partes o de un tercero interviniente si se contempla
en el aspecto restringido de fraude procesal (proceso, tercería o incidente
fraudulentos); pero puede ser del juez de la causa, del investigador o del
comisionado, de un auxiliar de éstos, e inclusive de cualquier órgano de
prueba (...);
c) Persigue un fin ilícito, que puede consistir en el simple engaño al juez o
a una de las partes, para obtener una sentencia contraria a derecho e
injusta, pero que generalmente tiene consecuencias específicas, de
aprovechamiento o beneficio ilegal e inmoral, en perjuicio de otra de las
partes o de terceros” (DEVIS ECHANDIA, 1970: 120-121).
Según Zeiss, “... la mentira procesal puede tomar forma de acto antijurídico
y punible cuando un litigante busca procurarse a sí mismo o a un tercero una
ventaja patrimonial ilegítima mediante alegaciones falsas con perjuicio
patrimonial para otra persona (fraude procesal...). Un ejemplo de ello es el del
litigante que, no teniendo ya, como él mismo sabe, nada que reclamar, logra
obtener una orden de pago o de ejecución contra el otro. Comete también fraude
procesal quien reclama una indemnización por un damnum ex mora que no ha
sufrido, o la restitución de gastos judiciales no realizados” (ZEISS, 1979: 38-39).
Dicho jurista agrega que “... la figura del fraude abarca también ciertos procesos
simulados. Si una controversia es simulada, o sea si en realidad el demandado ya
le ha dado al demandante lo que éste pretende, o el demandante no pretende lo
que afirma pretender, cabe sospechar que las partes están persiguiendo fines
repudiables sirviéndose para ello de la justicia. Esta colusión con engaño del
tribunal configura un fraude cuando su finalidad es perjudicar a un tercero ajeno
a la litis. Un ejemplo de ello puede ser el de un deudor que, viendo que es
inminente la ejecución de su hotel, se hace demandar sobre la base de letras de
cambio ya pagadas y se deja condenar por sentencia contumacial a fin de
procurarle al demandante de este pleito simulado un título para embargar los
muebles. Habrá fraude igualmente si una persona cede a un banco, como garantía,
los derechos emergentes de una renta que le ha concedido su hermano, y luego
éste acciona contra el cedente, en connivencia con él, para hacerle perder esa renta
por supuesta ingratitud...” (ZEISS, 1979: 39-40). Zeiss termina señalando lo
siguiente: “... No hay fraude en un proceso simulado si las partes, aunque engañen
al tribunal, no lo hacen para procurarse a ellas mismas o a otros un beneficio
patrimonial ilegítimo en perjuicio de un tercero. Un ejemplo de ello sería si un

383
hombre casado, deseando hacerle una donación a su amante, también casada, se
hiciese demandar por ésta para ocultar la liberalidad a las dos familias. Aquí lo
doloso sería tan sólo el hecho de solicitar tutela jurídica, no para resolver un
pleito, sino para explotar la autoridad de un fallo judicial” (ZEISS, 1979: 41).
12.3.2 La colusión
La colusión (denominada también fraude bilateral o multilateral o
plurilateral), como causal que es de nulidad de la cosa juzgada, consiste en la
confabulación o concertación entre dos o más sujetos que, simulando la existencia
de una controversia entre ellos, hacen uso del proceso con la finalidad de lograr
una declaración judicial que satisfaga sus intereses en perjuicio de terceros.
García Valdecasas dice sobre el fraude bilateral o colusivo lo siguiente:
“En los múltiples expedientes y argucias con que a veces una habilidosidad,
digna de mejor empleo, persigue la consecución de fines que la ley no
autoriza, los intereses particulares han llegado muchas veces a utilizar
los resortes de la Administración de la justicia para lograr resultados a
los que no hubieran podido llegar en el campo de la autonomía de la
voluntad por la vía de los negocios jurídicos.
Y uno de los expedientes así usados es acudir a una contienda judicial en la
cual por la vía del allanamiento o de la confesión de una parte, o de la
dosificación de pruebas, más o menos amañadas, o del desistimiento, o
de dejar caducar una pretensión, etc., etc., se arranca a la autoridad
judicial un pronunciamiento que, adquiriendo la autoridad de cosa
juzgada, equivale a provocar el nacimiento, la transmisión o la extinción
de derechos, cuando legalmente no hubieran podido obtenerse
semejantes resultados.
Los procesos en que las partes, previamente de acuerdo entre sí, persiguen
un designio fraudulento, es una de las especies, la más peligrosa y
reprobable, de la figura genérica conocida con el nombre de proceso
aparente.
(...)
(...) El fraude a la ley consiste en aparecer cumpliéndola, incumpliéndola en
realidad. Consecuencia de este principio es que si el fraude en los
negocios consiste muchas veces, dicho sea con fórmula amplísima, en
comportarse como enemigo presentándose como amigo, en cambio en

384
la contienda judicial consiste a menudo en presentarse como partes
opuestas enemigos, estando en realidad de acuerdo o convenidos. Ese es
el fraude colusivo en sentido técnico y propio...” (GARCIA
VALDECASAS, 1958: 110-111).
Benito Pérez refiere acerca del fraude procesal bilateral que “podría
acontecer (...) que actor y demandado se pusieran de acuerdo en adulterar la
realidad de la situación procesal, con el fin de inducir al juez a engaño para
obtener una sentencia en fraude a la ley o en perjuicio a un tercero. En los casos
de dolo bilateral para causar perjuicio a un tercero, también éste, a pesar de no
haber intervenido en el proceso, puede ser afectado por sus consecuencias, y
quedar, en su virtud, legitimado para el ejercicio de las acciones impugnatorias”
(PEREZ, 1975: 164). El mencionado jurista pone de manifiesto que “... podría
darse la coincidencia que, del consilium fraudis, además de las partes, también
participara el juez, en la sustanciación del proceso, en perjuicio de un tercero, o
sea, el dolo judicial. En este supuesto estaríamos en presencia del llamado fraude
procesal multilateral, esto es, todas las partes intervinientes en el proceso
participan del consilium fraudis, en perjuicio de un tercero, extraño al mismo”
(PEREZ, 1975: 164-165).
12.4 Objeto de impugnación en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta
De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 178 del
Código Procesal Civil, en la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es objeto de
impugnación la sentencia con calidad de cosa juzgada y el acuerdo homologado
por el Juez que pone fin al proceso (conciliación o transacción, que cuentan
también con la autoridad de cosa juzgada).
12.5 Competencia
Al ventilarse la nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el proceso de
conocimiento (conforme al primer párrafo del art. 178 del C.P.C.), y de acuerdo
a lo previsto en el primer párrafo del artículo 475 del Código adjetivo, será
competente para conocer dicho proceso el Juez civil.
Puntualizamos que, aun cuando hubiera participado en el proceso fraudulento
un órgano jerárquico superior, no existen razones valederas para sustraer de la
competencia del Juez civil la pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta,
pues no se va a debatir aquí ninguna cuestión de fondo sino que simple y
llanamente se va a verificar si el fraude o la colusión se produjeron o no. Si el
inferior jerárquico estuviera facultado para enmendarle la plana al órgano
superior, pronunciándose en sentido contrario a éste respecto de la materia

385
litigiosa ventilada en el proceso fraudulento, entonces, sí sería discutible la
competencia del Juez civil en la hipótesis señalada.
También debe rechazarse como argumento válido para cuestionar la
competencia del Juez civil para conocer del proceso de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta la posible parcialización por parte de dicho órgano jurisdiccional
motivada -según se dice- por el respeto o el temor que se tiene para con el superior
jerárquico. Tal alegación es a todas luces extrajurídica y se desenvuelve en el
ámbito de la moral y de la ética profesional. Si el Juez actúa con corrección y
profesionalismo, resolverá la controversia adecuadamente por encima de
cualquier presión que se ejerciera sobre él; caso contrario, no se estaría
administrando justicia como debería de ser, situaciones que no tienen que ver con
el grado de jurisdicción que se tenga sino con la calidad personal de quien
desempeña la magistratura.
12.6 Vía procedimental
En atención a lo delicado de la pretensión, el proceso en que se examinará la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta no puede ser otro sino el proceso de
conocimiento. Así lo dispone precisamente el artículo 178 del Código Procesal
Civil en su primer párrafo.
El trámite de dicho proceso puede apreciarse a través de los plazos máximos
contemplados en el artículo 478 del Código Procesal Civil.
12.7 Plazo para interponer la demanda
Por disposición del primer párrafo del artículo 178 del Código Procesal Civil,
el plazo para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es
hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa
juzgada, si no fuere ejecutable, la sentencia o el acuerdo homologado por el Juez
que pone fin al proceso (conciliación y transacción).
El plazo aludido es uno máximo o perentorio y no suspensivo. En
consecuencia:
- Dentro de los seis meses de haber adquirido el acto procesal impugnado
(sentencia o acuerdo conciliatorio o transaccional) la calidad de cosa
juzgada, si no fuere ejecutable, puede peticionarse la declaración de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
- Dentro de los seis meses siguientes a la ejecución del acto procesal
cuestionado (sentencia o acuerdo conciliatorio o transaccional), y

386
siempre que tuviese éste la calidad de ejecutable, puede demandarse la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, siendo factible interponer tal
demanda a partir del momento en que el acto procesal que se impugna
adquiere la calidad de cosa juzgada, por cuanto el objeto de la acción
autónoma de nulidad es precisamente atacar el acto procesal que reviste
indebidamente la autoridad de cosa juzgada por haberse realizado sobre
la base de un procedimiento fraudulento.
- Es errónea la tendencia (doctrinaria e inclusive jurisprudencial) que
considera que, teniendo el acto procesal cuestionado (sentencia o
acuerdo conciliatorio o transaccional) la calidad de ejecutable, sólo
podrá demandarse la nulidad de cosa juzgada fraudulenta una vez que
haya sido ejecutado, contándose el plazo de seis meses a partir de este
momento. Avalar dicho criterio no significa otra cosa que asignarle a la
declaración de nulidad de cosa juzgada fraudulenta un carácter
eminentemente lírico, resultando ineficaz y sin sentido para el interesado
promover la acción correspondiente, pues el perjuicio causado
prácticamente es irreversible (ello sin contar además que se obstruye
indebidamente el ejercicio del derecho de acción).
- Resulta mucho peor, ya no desde el punto de vista jurídico sino
simplemente lógico, aquella tendencia que estima que el plazo señalado
es uno inicial, es decir que, de acuerdo a esta posición -tan singular como
equivocada-, sólo cuando hayan transcurrido seis meses de ejecutado el
acto procesal impugnado (sentencia o acuerdo conciliatorio o
transaccional), si tuviere la calidad de ejecutable, o de haber adquirido
la autoridad de cosa juzgada, si el acto en cuestión no fuese ejecutable,
sería posible demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Dicho
criterio torna inoperante por completo la institución de la nulidad de cosa
juzgada debido a fraude o colusión.
12.8 Legitimidad
Conforme se desprende del segundo párrafo del artículo 178 del Código
Procesal Civil, tienen legitimidad (activa) para demandar la nulidad de cosa
juzgada fraudulenta la parte o el tercero ajeno al proceso que se considere
directamente agraviado por la sentencia (o también -se entiende- por el acuerdo
conciliatorio o transaccional homologado por el Juez).
Es de resaltar que, si bien la norma aludida no hace mención a los terceros
intervinientes en el proceso, haciendo una interpretación sistemática de ella se

387
puede colegir que aquéllos de ninguna manera están excluidos como sujetos
activos del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pues, estando los
terceros ajenos al proceso (que sufrieron agravio directo) facultados para
demandar la referida nulidad, con mayor razón lo estarán los terceros
intervinientes en el proceso fraudulento al conferirle legitimidad su participación
en el proceso viciado. Al parecer el legislador consideró a esta última clase de
terceros como partes del proceso fraudulento (lo cual no es muy exacto que
digamos), lo que explicaría la omisión descrita.
Puntualizamos que la persona que demande la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta deberá sujetarse a los principios exigidos en el Título VI (“Nulidad
de los actos procesales”) de la Sección Tercera (“Actividad procesal”) del Código
Procesal Civil. Tales principios son los de legalidad y trascendencia de la nulidad,
convalidación y subsanación o integración, entre los previstos de modo expreso
(nominado) por nuestro ordenamiento procesal, siendo aplicables además el resto
de principios que gobiernan la nulidad procesal (como el de independencia, el de
la declaración judicial, etc.). Así tenemos, por ejemplo: a) que no podrá demandar
la nulidad de cosa juzgada fraudulenta quien, al no plantear la nulidad en la
primera oportunidad que tuvo para hacerlo, la convalidó tácitamente (principio de
convalidación); b) que no tendrá éxito la pretensión nulificante si la subsanación
del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución (principio de subsanación),
como cuando se trata el acto viciado de uno irrelevante; etc.
La legitimidad pasiva reposa, naturalmente, en el (los) sujeto (s) procesal (es)
que cometió (cometieron) el fraude (partes o terceros intervinientes),
incluyéndose también al Juez que dirigió el proceso viciado, siempre que le sea
atribuible a su persona un comportamiento fraudulento.
12.9 Medidas cautelares admisibles
De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 178 del
Código Procesal Civil, en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta sólo
se pueden conceder medidas cautelares inscribibles.
Entre estas medidas tenemos el embargo en forma de inscripción y la
anotación de demanda en los Registros Públicos.
12.10 Efectos de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta
En principio, debe tenerse presente que la interposición de la demanda de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta y su posterior admisión por el órgano
jurisdiccional, no trae como consecuencia la suspensión de la ejecución -si ésta

388
fuera posible- del acto procesal (sentencia o acuerdo conciliatorio o transaccional)
que -se alega- ha adquirido indebidamente la autoridad de cosa juzgada por
haberse cometido fraude en el proceso en que se origina dicho acto. Por lo tanto,
el proceso fraudulento sigue su curso hasta que se produzca su ejecución o hasta
que se declare judicialmente la nulidad de la cosa juzgada.
Cabe señalar que, tal como lo prevé el penúltimo párrafo del artículo 178 del
Código Procesal Civil, si la decisión (léase sentencia o acuerdo homologado por
el Juez que pone fin al proceso: conciliación o transacción) fuese anulada (por
haberse declarado fundada la respectiva demanda), se repondrán las cosas al
estado que corresponda (para la renovación, esta vez sin defectos, de los actos
procesales viciados). De esta manera la calidad de cosa juzgada que ostentaba el
acto procesal impugnado deviene en ineficaz, vale decir, es invalidada. Como se
observa, la declaración de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no afecta el fondo
de la cuestión debatida en el proceso fraudulento, únicamente retrotrae éste al
estado inmediato anterior en que se produjo el vicio (produciéndose el
denominado reenvío).
Puntualizamos que la nulidad no afectará a terceros de buena fe y a título
oneroso. Así lo establece el penúltimo párrafo del artículo 178 del Código
Procesal Civil.
Si la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no fuera amparada, el
demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no menor de veinte
Unidades de Referencia Procesal. Ello se desprende del último párrafo del artículo
178 del Código Procesal Civil.
Es de resaltar que, ante el rechazo de la demanda de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta, y la consideración de que el ejercicio de la acción fue irregular o
arbitrario, puede el interesado (sujeto pasivo en el proceso de nulidad de cosa
juzgada) demandar la indemnización de los daños y perjuicios que haya sufrido,
conforme lo autoriza el artículo 4 del Código Procesal Civil.
12.11 Jurisprudencia casatoria relacionada con la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta
En los subpuntos siguientes veremos la jurisprudencia casatoria referida a la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta.
12.11.1 Jurisprudencia casatoria relacionada con aspectos generales de
la nulidad de cosa juzgada fraudulenta

389
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a los aspectos
generales de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha establecido lo siguiente:
- “... Nuestro ordenamiento procesal civil ha establecido el mecanismo legal
correspondiente para el cuestionamiento de las sentencias que han adquirido
la calidad de cosa juzgada, el mismo que podrá ser ejercido únicamente en
vía de acción y no a través de una articulación de nulidad...” (Casación Nro.
1999-2000 / Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-01-2001,
págs. 6813-6814).
- “... No es objeto de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta revivir un proceso
fenecido, sino establecer si durante su procedimiento se incurrieron en las
causales que la invalidan” (Casación Nro. 1169 - 99 / Lima, publicada en el
- “... La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, prevista en el artículo
178 del Código Procesal Civil, persigue anular una sentencia de mérito, que
ha adquirido la calidad de cosa juzgada, expedida mediando vicios
sustanciales causados por dolo, fraude, o colusión, afectando el derecho a un
debido proceso y que en consecuencia no refleja la verdadera voluntad del
ordenamiento jurídico para el caso; su finalidad es distinta de la de aquella
que culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión o nulificación y, ni
tampoco es la contradicción de lo resuelto en el juicio anterior, ni un nuevo
proceso sobre los mismos derechos...” (Casación Nro. 130-2008 / La
Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-2008, págs.
23210-23211).
- “... La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta persigue anular una
sentencia de mérito, que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, expedida
mediando vicios substanciales causados por dolo, fraude, colusión
(...) afectando el derecho a un debido proceso y que en consecuencia, no
refleja la verdadera voluntad del ordenamiento jurídico para el caso; es
acción principal y autónoma, y su finalidad es distinta de la de aquella que
culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión o nulificación y,
definitivamente, no es la contradicción de lo resuelto en el juicio anterior, ni
un nuevo proceso sobre los mismos derechos...” (Casación Nro. 1886 - 96 /
San Martín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16-05-1998, págs.
1044-1045).
- “.. El proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta establecido no puede
emplearse como una nueva instancia o una nueva oportunidad para discutir

390
una materia ya resuelta en un proceso concluido, sino que debe
circunscribirse a verificar si se ha producido el fraude procesal denunciado
en la demanda, anulando solo los actos viciados de fraude...” (Casación Nro.
3219-2012 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 0201-2014, pág.
47622).
- “... Tratándose de una acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta una
acción excepcional y extraordinaria[,] sólo es procedente en casos
expresamente previstos en la Ley, como es el fraude o colusión que afectan
al debido proceso...” (Casación Nro. 4389-2007 / Lima, publicada en el
- “... Si bien el artículo noveno del Título Preliminar del Código acotado
[C.P.C.] dispone que las normas procesales y las formalidades previstas en
dicho Código son imperativas y que sin embargo el Juez adecuará su
exigencia al logro de los fines del proceso, esta facultad no puede utilizarse
cuando un dispositivo como el artículo ciento setentiocho del Código
Procesal Civil señala específicamente los casos en que procede la nulidad de
cosa juzgada fraudulenta, porque implicaría la infracción de este dispositivo,
permitiendo dicho proceso en los casos no contemplados por ella...”
el 05-11-2001, págs. 7902-7903).
- “... Una demanda de nulidad de cosa juzgada, no es la continuación del
proceso en el que se haya expedido la sentencia que ha adquirido el carácter
de cosa juzgada, sino una pretensión que da origen a un nuevo proceso, el
cual tiene que sujetarse a las normas vigentes al momento de interponerse”
(Casación Nro. 240-95 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
16-07-1998, pág. 1460).
- “... La nulidad de la cosa juzgada fraudulenta tiene como características
principales: a) Que es excepcional. Es decir, sólo procede su utilización
frente a causales específicas tipificadas en el ordenamiento jurídico, no
teniendo lugar interpretaciones extensivas o integración analógica a materia
distintas [sic] de las reguladas por el ordenamiento procesal civil; b) Que, es
residual, es decir, no puede ser usada si en un proceso existen mecanismos
internos y ordinarios que puedan subsanar el vicio ocurrido a propósito de la
comisión del fraude procesal; c) Que, es extraordinario, es decir, sólo se
puede cuestionar la autoridad de la cosa juzgada recaída en una sentencia
judicial, cuando ésta [sic] decisión ha sido obtenida sobre la base de un
engaño o simulación o acto fraudulento, que agravie a tal punto el espíritu de

391
la justicia, [...] que mantener la cosa juzgada sería una aberración; y d) Que,
es de extensión limitada, es decir, que si se debe declarar fundada la demanda
de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ésta sólo alcanza a los actos viciados
de fraude...” (Casación Nro. 1432-2006 / Lima, publicada en el Diario Oficial
- “... No se restringe el derecho de acción, cuando por la propia naturaleza
excepcional de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, se restringe su
procedencia a causales específicas previstas en la ley, por ende, no cabe
interpretación extensiva o integración analógica a materias distintas de las
reguladas en el ordenamiento procesal civil...” (Casación Nro. 1963-98 /
Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20-11-1998, págs. 2066-
2067).
- “... La Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta procede contra toda clase de
procesos, cuestionando frontalmente la cosa juzgada, cuya firmeza es
principal soporte de la seguridad jurídica; de ahí su carácter extraordinario
que lo distingue de los demás procesos regulados por el Código Adjetivo
[C.P.C.]...” (Casación Nro. 1455-2008 / Piura, publicada en el Diario Oficial
- “... Para la procedencia de la Acción de Cosa Juzgada Fraudulenta conforme
a la doctrina, deben concurrir los siguientes requisitos: a) una sentencia de
mérito o sentencia definitiva; b) una sentencia emitida en un proceso seguido
con dolo, fraude, colusión (...) afectando el derecho a un debido proceso, o
un fallo producto de conducta fraudulenta; c) que con dicha sentencia se haya
causado un perjuicio efectivo; d) que exista una adecuada relación causal
entre las consecuencias dañosas y la sentencia cuestionada; e) que quien
demanda la nulidad sea la persona perjudicada y que además no haya
propiciado o consentido el acto o proceso fraudulento interponiendo los
recursos impugnativos de ley, y f) que la demanda sea interpuesta dentro del
plazo previsto por
ley” (Casación Nro. 722 - 97 / Junín, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 26-11-1998, pág. 2134).
- “... El juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, es un proceso
declarativo, donde no existe cuantía y es otro proceso respecto del que se ha
solicitado su nulidad y el arancel abonado es el que corresponde a una cuantía
indeterminada...” (Casación Nro. 2598-2001 / Tacna, publicada en el Diario

392
- “... El Artículo ciento setentiocho del precitado Código (Procesal Civil) que
regula la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, no prevé ningún
criterio que disponga que si las causales de fraude procesal fueran cometidas
por los Magistrados de Segunda Instancia tenga que accionarse ante la Sala
Superior” (Casación Nro. 725-97 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 05-10-1998, pág. 1773).
- “... Los daños y perjuicios que se le hubiera irrogado al recurrente en los
procesos fenecidos que fueron materia de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta, deben ser invocados en la vía pertinente, no siendo el incidente
de costas y costos la vía adecuada para resolver ese punto...” (Casación Nro.
1240-01 / Huaura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 0110-2001,
pág. 7766).
- “... La legislación vigente no prevé la suspensión del proceso de desalojo por
ocupación precaria ni a pedido de parte ni de oficio por el Juez, por el hecho
de que la demandada interponga demanda de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta contra la sentencia emitida en proceso de nulidad de acto jurídico
que declaró nulo el título de propiedad de la demandada...” (Casación Nro.
157-2000 / Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-05-2002,
pág. 8808).
12.11.2 Jurisprudencia casatoria relacionada con el fraude y la colusión
procesal
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al fraude y la
colusión procesal, ha establecido lo siguiente:
- “... La demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por tener el carácter
de excepcional, debe tener como sustento la conducta calificada como
deshonesta, en que habrían incurrido las partes procesales o el mismo Juez...”
Peruano el 01-03-2001, pág. 6983).
- “... El fraude procesal [...] debe entenderse como el acto u omisión de una de
las partes que -mediante el engaño, el ardid o la astucia- están dirigidas [sic]
a inducir al Juez a error para obtener un fallo favorable...” (Casación Nro.
2608-2006 / Callao, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-10-2007,
págs. 20787-20788).
- “... Compone el concepto de fraude procesal todos los artificios,
maquinaciones, ardides y engaños que la malicia humana puede introducir

393
en el proceso con la finalidad de violar alevosamente la ley, amparándose en
la autoridad de la sentencia o en la estabilidad de los actos procesales...”
(Casación Nro. 1300-2001 / Ancash, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-04-2002, págs. 8501-8502).
- “... Se considera fraude procesal a toda maniobra de las partes, de terceros, o
del Juez que tienda a obtener o dictar una sentencia con fines ilícitos. La
doctrina reconoce varias modalidades, pero todas ellas contienen una
infracción a la regla moral...” (Casación Nro. 1399-2004 / Piura, publicada
- “... El ‘fraude procesal’ es un acto doloso destinado a desnaturalizar el
normal desarrollo de un proceso, provocando situaciones injustas que afecten
los intereses de una o ambas partes y eventualmente de terceros...” (Casación
2007, págs. 20276-20278).
- “... La sentencia declara como hecho establecido la colusión del recurrente
con los jueces que intervinieron en primera y segunda instancia del proceso
sobre obligación de dar suma de dinero, lo cual consiguientemente determina
la concurrencia de fraude procesal por haberse seguido el proceso con
inexactitud consciente y engañosa, como la afectación al debido proceso por
haber optado el demandante por un Juez incompetente en forma
deliberada...” (Casación Nro. 1951-98 / Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 02-01-2001, pág. 6774).
- “... El fraude procesal también se reproduce [sic -léase se produce-] cuando
existe fraude a la ley, el cual puede presentarse cuando se tramita una materia
en una vía que no le corresponde...” (Casación Nro. 1240-01 / Huaura,
- “... La nulidad de la cosa juzgada fraudulenta a que se refiere el artículo 178
del Código Procesal Civil [...] requiere que el actor describa el acto
fraudulento y qué [sic -léase y que-] ese acto haya violado el debido
proceso...” (Casación Nro. 671-2001 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 30-11-2001, pág. 8027).
- “... Si bien los medios de prueba [...] demuestran la existencia de una relación
religioso - espiritual (compadrazgo) entre el Juez de la causa y el abogado
del Banco [parte procesal], tales medios de prueba per se no demuestran que
en la tramitación del proceso judicial [...] se hayan coludido el Juez y una de
las partes del proceso, con el objeto de obtener una sentencia judicial

394
contraria a la voluntad de la Ley...” (Casación Nro. 2106-2005 / Cusco,
- “... La sentencia que ordena se extienda en escritura pública un documento
falsificado, como se ha establecido en la instancia, constituye un claro
ejemplo de cosa juzgada fraudulenta, pues se ha utilizado los mecanismos
del proceso para cohonestar un acto doloso, lo que ya de por sí descalifica el
mandato judicial, pues lo que es ilícito no puede convertirse en lícito en
virtud de un proceso judicial...” (Casación Nro. 899-2004 / Lima, publicada
en el Diario Oficial El Peruano el 28-022006, págs. 15607-15608).
12.11.3 Jurisprudencia casatoria relacionada con el objeto de debate en
el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al objeto de debate
en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha establecido lo siguiente:
- “... Respecto a la interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta este es un mecanismo procesal que pretende atacar la nulidad
formal, y no material, de la cosa juzgada; sin embargo, sus fines están
claramente establecidos por Ley más si con la instauración de este tipo de
procesos, por seguridad jurídica, no se detiene los efectos del proceso sujeto
a nulidad...” (Casación Nro. 294-2001 / Huánuco, publicada en el Diario
- “... Una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no es la
continuación del proceso en el que se haya expedido la sentencia que ha
adquirido la calidad de cosa juzgada, sino una pretensión que da origen a un
nuevo proceso, el cual tiene que sujetarse a las normas vigentes al momento
de interponerse; por ende no es su objeto revivir un proceso fenecido, sino
establecer si durante su procedimiento se incurrieron en las causales
señaladas taxativamente en el artículo 178 del Código Adjetivo [C.P.C.],
siendo improcedente revisar la cuestión de fondo...” (Casación Nro. 961-
2008 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 0309-2008, pág.
22922).
- “... La nulidad de cosa juzgada fraudulenta tiene una finalidad distinta del
proceso que culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión, y
definitivamente, no es la contradicción de lo resuelto en el juicio anterior, ni
un nuevo proceso sobre los mismos derechos...” (Casación Nro. 1473-2002
/ Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-12-2002, pág. 9585).

395
- “... La figura de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta no incide contra el
proceso mismo sino contra determinada resolución bajo alegaciones
expresadas en la ley, siendo así, no cabe el análisis respecto al fondo mismo
de esta litis, en la medida que la pretensión importa una eventual afectación
al principio constitucional de la cosa juzgada...” (Casación Nro. 5891-2012 /
Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-06-2014, pág. 53323).
- “... Si bien el artículo 178 del Código Procesal Civil señala: ‘Si la decisión
fuese anulada se repondrán las cosas al estado que corresponda’ ello no está
referido a decidir sobre el fondo del asunto que fue discutido en el proceso
que se pretende nulificar, sino al proceso nulo en sí, pues en el proceso de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta no corresponde ventilar el fondo ‘del
otro asunto’...” (Casación Nro. 3498-2012 / Lima, publicada en el Diario
- “... En el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta solamente es
materia de conocimiento las causales señaladas taxativamente en el Artículo
ciento setentiocho del Código adjetivo, por ende no puede revisarse
nuevamente la cuestión o materia de fondo del proceso fenecido...”
18-01-2000, págs. 4583-4584).
- “... La vía de acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta está reservada
para aquellos procesos seguidos con dolo, fraude, colusión (...)
contraviniendo el debido proceso, y en consecuencia no puede servir para
obtener un nuevo examen de derecho de un asunto sentenciado de forma
definitiva...” (Casación Nro. 557-99 / Chincha, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 22-08-1999, pág. 3288).
- “... En el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta solamente son
materia de conocimiento las causales señaladas taxativamente en el artículo
178 del Código Procesal Civil (fraude o colusión), no correspondiendo
revisarse nuevamente la cuestión o materia de fondo del proceso fenecido...”
el 02-09-2008, pág. 22678).
- “... La litis versa sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en la que
únicamente se verifica si las sentencias objeto de análisis judicial han sido
expedidas con fraude o colusión, aspectos a los que se ciñe la actividad
probatoria, no así aquellas cuestiones de hecho debatidas en la causa sub

396
análisis...” (Casación Nro. 1452-2006 / Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 31-01-2007, pág. 18672).
- “... La citada pretensión [sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta] tiene
carácter extraordinario no constituyendo una tercera instancia, [...] en donde
se revise nuevamente el fondo del asunto, sino una acción de carácter residual
que solamente se puede fundar en uno o algunos de los supuestos previstos
en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil...” (Casación Nro.
3670-01 / Santa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-04-2002,
pág. 8559).
- “... El proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta o acción de revisión
civil no constituye una nueva vía para revalorar la prueba actuada en el
proceso primigenio ni debatir hechos que ya han sido materia de
pronunciamiento judicial [...] -lo que afectaría la cosa juzgada y la seguridad
jurídica-, pues su objeto es constatar si en el proceso cuestionado se ha
actuado con fraude o colusión que signifique afectación al debido proceso...”
el 02-10-2006, pág. 17139).
- “... El proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no es aquel que sirva
para revalorar la prueba del proceso anterior ni para salvar las omisiones en
el aporte o actuación de la prueba que se hubiera tenido en aquel...” (Casación
Nro. 284-2004 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-
01-2006, págs. 15364-15365).
- “... La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, prevista en el artículo
178 del Código Procesal Civil, no tiene por objeto reabrir el debate sobre el
tema de fondo decidido [...]; no es contradictorio [sic -léase no es
contradictoria-] de lo ya resuelto, sino que ataca la cosa juzgada cuando ésta
es consecuencia de fraude procesal o colusión...” (Casación Nro. 4339-2006
/ Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-022007, pág. 18847).
- “... El proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...] no es
contradictorio de lo resuelto en otro juicio, sino que ataca a la cosa juzgada,
cuando es consecuencia de vicios sustanciales causados por actos realizados
con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, al generar
indefensión, y en todo caso, tales vicios deben ser de tal trascendencia que a
no mediar ello, el resultado habría sido otro...” (Casación Nro. 14852008 /
Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-12-2008, págs. 23453-
23454).

397
- “... La naturaleza del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta no
busca revisar las nulidades procesales en que se pudo haber incurrido en un
proceso ya concluido, y, que no fueron impugnadas en su momento, sino,
que su naturaleza responde a efectuar el análisis de la existencia de dolo o
fraude, realizado por una o ambas partes, o por el Juez o por éste y aquéllas,
causando ello la afectación al debido proceso, según el artículo ciento
setentiocho del Código Procesal Civil...” (Casación Nro. 5304-2006 / Lima,
- “... La nulidad de cosa juzgada fraudulenta es una pretensión nulificante, que
se sustenta en los vicios sustanciales de la resolución que contenga la calidad
de cosa juzgada; no se discute el fondo del asunto de lo resuelto en el anterior
proceso, sino que aquélla se circunscribe a la invocación del fraude procesal,
según lo dispuesto en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal
Civil...” (Casación Nro. 2298-1999 / Junín, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-03-2001, págs. 7016-7017).
- “... La nulidad de cosa juzgada fraudulenta no constituye la revisión del
aspecto de fondo de un proceso fenecido, sino simplemente si en dicho
proceso ha ocurrido un fraude procesal que ha influido sobre el sentido de la
resolución...” (Casación Nro. 2991-2000 / Lambayeque, publicada en el
- “... Por su propia naturaleza, el proceso de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta, cuya regulación está contenida en el artículo 178 del Código
Adjetivo [C.P.C.], no es contradictorio de lo resuelto en otro juicio, sino que
ataca a la cosa juzgada, cuando es consecuencia de vicios sustanciales
causados por actos realizados mediante dolo, fraude o vicios que violen el
debido proceso, al generar indefensión y, en todo caso, tales vicios deben ser
de tal trascendencia, que al no mediar ello, el resultado habría sido otro...”
Peruano el 01-03-2002, pág. 8486).
- “... Los cuestionamientos efectuados no atacan vicios que afecten a la
sentencia emitida en el proceso de Obligación de Dar Suma de Dinero, sino
tan sólo a la adjudicación, la que se produjo en ejecución de sentencia y que
no es lo que corresponde atacarse en procesos como el de autos [sobre
nulidad de cosa juzgada fraudulenta] de acuerdo con el artículo ciento
setentiocho del Código Procesal acotado [C.P.C.]...” (Casación Nro. 2650-
01 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-02-2002, págs.
8306-8307).

398
- “... El recurrente no puede pretender utilizar como argumento de defensa, lo
acontecido dentro de otro proceso judicial, distinto a éste, que sea ajeno al
vicio que sustenta esta pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta...”
Peruano el 02-07-2007, pág. 19734).
- “... Es errada la conclusión a la que arriba el Colegiado cuando sostiene que
la posesión que ejerce la accionada se produce en el ejercicio del derecho de
propiedad que le ha sido restituido como consecuencia de la acción de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pues (...) la sentencia que declara la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta no está dirigida a que se restituya ningún
derecho de propiedad a los justiciables, sino que su finalidad está orientada
a declarar la nulidad de una sentencia que se ha seguido con fraude o
colusión, afectando el derecho a un debido proceso” (Casación Nro. 1371-99
/ Ucayali, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28-12-1999, pág.
4411).
12.11.4 Jurisprudencia casatoria relacionada con el objeto de
impugnación (sentencia, acuerdo conciliatorio o transaccional)
en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al objeto de
impugnación (sentencia, acuerdo conciliatorio o transaccional) en el proceso de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha establecido lo siguiente:
- “... La resolución que pone fin al proceso expedida dentro de un proceso
judicial con la categoría de cosa juzgada, sólo puede ser cuestionada vía
nulidad de cosa juzgada fraudulenta...” (Casación Nro. 1699-2000 / Santa,
- “... El primer requisito para intentar la acción de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta, es que se haya seguido un proceso, y que haya terminado por
sentencia o por acuerdo homologado [...]. No aparece de autos que se haya
seguido proceso judicial [...], por lo que mal podría demandarse
la nulidad de cosa juzgada fraudulenta...” (Casación Nro. 2109-2005 / Nasca
- Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29-02-2008, págs. 21561-
21562).
- “... El artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil [sobre la nulidad
de cosa juzgada fraudulenta] no realiza distinción alguna respecto de si la
sentencia cuya nulidad se pretende es una que deba gozar de la calidad de

399
cosa juzgada formal o material, por tanto, en razón de que la norma no
establece diferenciación alguna, el Juzgador no está autorizado a introducir
ninguna sub - división, debiendo analizar ambos tipos de casos por igual...”
02-10-2007, págs. 20800-20801).
- “... Sólo son pasibles de nulidad de cosa juzgada fraudulenta las sentencias
que hacen cosa juzgada material, protegidas por la excepción de cosa
juzgada, y no las de cosa juzgada formal, como es la de otorgamiento de
pensión alimenticia...” (Casación Nro. 3219-2001 / La Libertad, publicada
- “... La transacción objeto de homologación judicial puede ser objeto de un
proceso de revisión civil [entiéndase proceso de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta], porque al igual que una sentencia, una vez firme, tienen la
calidad de cosa juzgada...” (Casación Nro. 2951-2005 / Lima, publicada en
- “... Una transacción judicial [...] tiene la autoridad de cosa juzgada, la cual
solamente puede ser dejada sin efecto mediante la acción de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta conforme a lo dispuesto en el artículo ciento setentiocho
del Código Procesal Civil, lo cual no se ha producido en el presente caso,
resultando por ello que mientras no sea anulada conforme a ley el acuerdo de
transacción judicial, esta produce todos sus efectos...” (Casación Nro. 3194-
00 / San Román, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-10-2001,
págs. 7777-7778).
- “... Un auto no puede ser objeto de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por
cuanto con los autos se sustancia el proceso cuando requieren actos de
trámite...” (Casación Nro. 1567-2001 / Junín, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 01-03-2002, pág. 8465).
- “... La resolución que declara improcedente un recurso de casación no puede
ser materia del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta...” (Casación
2001, págs. 7902-7903).
- “... En este caso se ha demandado la nulidad del embargo, remate,
adjudicación y actos concomitantes, al amparo del Artículo ciento
setentiocho del Código Procesal Civil (...); esto implica que no se solicita la
nulidad de la sentencia, sino la ejecución de la misma, lo que es contrario a
la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta, que sólo permite anular lo actuado

400
en la ejecución del fallo, si también se anula la sentencia” (Casación Nro.
1566-T-97 / Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07-071998,
pág. 1409).
- “... Atendiendo a sus efectos y en concordancia con lo dispuesto en los
Artículos setecientos veintidós, ciento veintiuno, ciento veintitrés inciso uno
y último párrafo (del C.P.C.) debe homologarse la resolución que resuelve la
contradicción en un proceso de ejecución de garantías a una resolución
definitiva susceptible de ser cuestionada al amparo del Artículo ciento
setentiocho del Código Procesal Civil (referido a la acción de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta)” (Casación Nro. 1365-96 / La Libertad, publicada en el
- “... La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta hecha valer (...) contra
la sentencia en el procedimiento de declaratoria de herederos ab intestato, es
improcedente e inaplicable el Artículo ciento setentiocho (del C.P.C.) (...);
con tanta mayor razón si contra esa sentencia puede hacer valer las acciones
de petición o reivindicación de herencia” (Casación Nro. 1464-99 / Tumbes,
- “... No procede el ejercicio de esta pretensión (de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta) en materia de garantías constitucionales debido a que, los
derechos con rango constitucional que se pretenden mantener o reparar
requieren necesariamente de una tramitación idónea por su rapidez y
oportunidad, vale decir, de un procedimiento breve y expeditivo que no
admita la dilación de un proceso común, de modo que en el supuesto de
admitir el surgimiento de un nuevo proceso para revivir el anterior importaría
desconocer la naturaleza especial de las acciones de garantía convirtiéndolas
en ineficaces al cumplimiento de los fines que le son propios de acuerdo con
su naturaleza jurídica...” (Casación Nro. 2850-98 / Huánuco, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 13-011999, pág. 2475).
- “... No es posible iniciar un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
contra uno de amparo, dado que ambos procesos gozan del carácter
extraordinario y residual, que implica de modo inevitable que se excluyan
mutuamente...” (Casación Nro. 365-T-97 / Ancash - Chimbote, publicada en
- “... Las demandas sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que se tramitan
en la vía de conocimiento, orientadas a dejar sin efecto las sentencias que
declaran fundada una demanda de amparo, en el supuesto de ser admitidas a

401
trámite, hacen ilusoria la administración de justicia en materia de garantías
constitucionales, razón por la que deben ser rechazadas liminarmente. (...)
Que, además cuestionar en la vía de conocimiento la validez de una sentencia
recaída en un proceso sobre Acción de Amparo imposibilitaría la adecuada
efectividad del fallo, cuando se trata de pretensiones que exigen una
respuesta inmediata frente a la amenaza o violación de derechos
constitucionales por acción u omisión de parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona; (...) en consecuencia, si esto es así, resulta inútil
detenerse a examinar si la demanda (...) cumple con los requisitos que señala
el Artículo ciento setentiocho del acotado (C.P.C.)” (Casación Nro. 2490-98
/ Junín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14-06-1999, págs. 2991-
2992).
- “... La condena en costas es una consecuencia de la sentencia y por sí sola no
es revisable vía nulidad de cosa juzgada (fraudulenta)...” (Casación Nro.
1690 - 2000 / Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-2000,
pág. 6416).
12.11.5 Jurisprudencia casatoria relacionada con la legitimación (activa
y pasiva) en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la legitimación
(activa y pasiva) en el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha
- “... El párrafo segundo del artículo ciento setentiocho del Código Procesal
Civil establece que puede demandar la nulidad [de cosa juzgada fraudulenta]
la parte o el tercero ajeno que se consideren directamente agraviados por la
sentencia, en consecuencia es necesario que para que una acción de nulidad
de cosa juzgada fraudulenta sea declarada fundada debe existir un perjuicio
latente en contra de quién [sic -léase de quien-] se considere afectado...”
02-05-2002, pág. 8748).
- “... El propio accionante ha reconocido que no impugnó la sentencia reputada
fraudulenta, razón por la que la negligencia de su parte no puede servir de
sustento para, accionar, salvo que el fraude consista, y de esta manera esté
afirmado en la demanda, en que no se le permitió ejercitar su derecho a la
doble instancia o que el fraude o colusión tenga que ver con cuestiones
referidas a la notificación de la resolución que pone fin al proceso, de modo
tal que por lo menos se advierta que el accionante no haya sido negligente

402
frente a la comisión del fraude procesal...” (Casación Nro. 3145-99 /
6297).
- “... El segundo párrafo del numeral antes glosado [art. 178 del C.P.C.]
establece quiénes pueden ser los legitimados activos para demandar [la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta], señalándose que lo son la parte y el
tercero ajeno al proceso que se considere [sic] directamente agraviados con
la sentencia; en tal orden de ideas, fluye que sólo puede demandar [la]
nulidad de cosa juzgada fraudulenta la parte o el tercero ajeno al proceso que
se consideran directamente agraviados por la resolución judicial que
pretenden nulificar y no el causante del fraude...” (Casación Nro. 38522006
/ Loreto, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-09-2008, págs.
22651-22652).
- “... La nulidad es una situación no querida en el proceso, por implicar un
retroceso en el iter procesal, lo que implica prolongar el tiempo en la solución
del conflicto de intereses, y en virtud de ello, conforme a la teoría general de
las nulidades, que rige la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, existen
principios que están destinados a autolimitar su utilización de modo que no
se utilice tal medio impugnatorio de manera maliciosa e indiscriminada. Uno
de esos principios es el de protección, que guarda relación con la doctrina de
los hechos propios, y que se encuentra recogido en el precepto ‘nemo auditor
propiam turpitudine allegans’, conforme al cual quien dio lugar o propicio
[sic -léase propició-] el vicio no puede solicitar la nulidad, con lo cual se
busca evitar que quien realiza o propicia el acto viciado pueda tener la
posibilidad de elegir cuales [sic -léase cuáles-] deben ser sus efectos, es decir
aceptarlos si le son favorables o denunciarlos si les son [sic -léase si le son-]
adversos, pues ello atenta contra los principios de lealtad y buena fe
procesal...” (Casación Nro. 1376-02 / San Román, publicada en el Diario
- “... La demandante [...] no fue parte en ese proceso y normalmente, al tercero
que no participó en el proceso no le reflejan directamente los efectos de la
cosa juzgada, pero si éste se ve perjudicado con una sentencia firme, tiene
expedito su derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, y puede plantear la
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, tal como lo faculta el
artículo 178 del Código Procesal Civil. [...] En consecuencia, hay error
procesal cuando se exige que un tercero, que no participó en el proceso
cuestionado, agote los medios de defensa en ese juicio, lo que es necesario

403
rectificar...” (Casación Nro. 899-2004 / Lima, publicada en el Diario Oficial
- “... Al encontrarnos avocados al conocimiento de un proceso de nulidad de
cosa juzgada fraudulenta, se debe evaluar y resolver las alegaciones
contenidas en la demanda, tendientes a acreditar si el proceso anterior se
siguió con fraude o colusión, afectándose el derecho a un debido proceso, el
cual puede ser cometido por una o por ambas partes o por el juez o por éste
y aquéllas conforme así lo señala el artículo 178 del Código Procesal Civil;
razón por la que también resulta necesaria la intervención litisconsorcial de
quienes iniciaron el proceso donde se expidió la sentencia materia de la
presente acción, siendo predecible que la decisión a recaer les va a afectar...”
el 30-10-2003, pág. 10917).
- “... El proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta debe seguirse con
citación del Poder Judicial, representado por su Procurador Público y no
necesariamente con los magistrados que intervinieron en el proceso que se
quiere nulificar, ya que lo hicieron como integrantes de órganos del Poder
Judicial, y su responsabilidad personal, si la hay, se les exige en otra vía”
(Casación Nro. 1473 - 97 / Cajamarca, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 09-12-1998, pág. 2190).
- “... Solamente será posible expedir una resolución válida en el presente
proceso (de nulidad de cosa juzgada fraudulenta) cuando los magistrados
afectados sean debidamente emplazados” (Casación Nro. 1855-98 / Ica,
- “... Solamente será posible expedir una resolución válida en el presente
proceso [sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta] cuando todas las partes
afectadas sean debidamente emplazadas, ya que de lo contrario se les estaría
condenando sin ser oídos, afectando el derecho de defensa. [...] no
habiéndose procedido de esa manera, al no haber incorporado como
litisconsortes necesarios a los magistrados que se menciona [magistrados de
primera y segunda instancia], se ha incurrido en causal de nulidad prevista
por el artículo ciento setentiuno del Código Procesal Civil, máxime que ésta
es manifiesta...” (Casación Nro. 1951-98 / Ica, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 02-01-2001, pág. 6774).
- “... Los secretarios de juzgado y especialistas legales no se encuentran
comprendidos como sujetos pasivos en el artículo 178 del Código Procesal

404
Civil que regula la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta...”
el 03-02-2003, pág. 10080).
12.11.5.1 Jurisprudencia casatoria relacionada con el carácter residual
de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al carácter residual
de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha establecido lo siguiente:
- “... Cuando exista alguna posibilidad que el vicio pueda ser subsanado de
otra forma, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta debe rechazarse, dada la
residualidad de dicho proceso...” (Casación Nro. 1269-2013 / Lima,
- “... La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es de carácter residual,
y [...] solamente se puede invocar después de que se haya verificado la
imposibilidad de reparar la afectación al debido proceso dentro de la misma
causa judicial en la que se produjo...” (Casación Nro. 2074- 05 / Lima,
- “... Una de las características del proceso de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta es el de ser residual, esto es, sólo procede como último recurso
para cuestionar la existencia de fraude o colusión que afectan el debido
proceso, ello en razón a que es principio general para el derecho procesal que
toda nulidad es relativa y, por tanto, convalidable o subsanable, salvo
aquellas que, por afectar gravemente el debido proceso, no produzcan los
efectos para los cuales estaban destinados; en tal sentido, tanto la doctrina
como reiteradas ejecutorias de esta Corte Suprema de Justicia son uniformes
al exigir que el demandante debe haber agotado todos los medios a su alcance
para cuestionar, dentro del mismo proceso, los actos o resoluciones que le
causan agravio, salvo que la nulidad de cosa juzgada fraudulenta se sustente
precisamente en el hecho de no haber sido considerado como parte del
proceso o se le impida actuar los mecanismos de impugnación para subsanar
el vicio incurrido...” (Casación Nro. 2726-06 / Cusco, publicada en el Diario
- “... La nulidad de cosa juzgada fraudulenta es de carácter residual, es decir,
no puede ser usada si en un proceso existen mecanismos internos y ordinarios
que puedan subsanar el vicio ocurrido a propósito de la comisión del fraude
procesal...” (Casación Nro. 1473-2002 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 02-12-2002, pág. 9585).

405
- “... Una de las características de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es la
de su residualidad, esto es, que no puede ser utilizada si existen otros
mecanismos internos y ordinarios con las cuales [sic -léase con los cuales-]
se subsane el vicio denunciado, de donde se tiene que es imprescindible el
haber agotado todos los mecanismos previos dentro de un proceso para su
cuestionamiento...” (Casación Nro. 2882-2005 / Puno, publicada en el Diario
- “... Entre otras características de la pretensión nulificante de cosa juzgada
fraudulenta, destaca la idea de que se trata de un remedio excepcional y
residual; es decir, es excepcional, por cuanto opera en las circunstancias que
sólo la ley procesal establece, y es residual (subsidiario), por cuanto opera
cuando por lo menos el perjudicado haya intentado agotar los mecanismos
impugnativos internos del proceso en el que se ha expedido la resolución
fraudulenta, de ahí que funciona como última ratio para enervar o impedir la
producción de la cosa juzgada viciada con fraude procesal. (...) Que, por tal
razón, debe entenderse que la desviación de los fines del proceso (...), la cual
es ocasionada por los sujetos que participan en el fraude, es por cualquier
circunstancia en la que el sujeto perjudicado no pudo enervar su producción
pese (a) haber ejercitado las vías impugnativas internas; en cambio, si deja
consentir con el fallo que lo perjudica, no puede esgrimir a posteriori las
deficiencias de que adoleció la tramitación de la causa, pues de haber
impugnado también cabe la posibilidad de que hubiere conseguido que el
fraude sea atacado, y de ser el caso, enmendado...” (Casación Nro. 3145-99
/ Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17-09-2000, pág.
6297).
- “... La demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por tener el carácter
excepcional o de última ratio, sólo procede en casos excepcionales en los
cuales el accionante ha agotado en otras acciones el derecho que invoca...”
el 05-11-2001, pág. 7986).
- “... La pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta exige como uno de
sus presupuestos que quien interpone la demanda no haya consentido con los
efectos del acto cuestionado...” (Casación Nro. 2255-04 / Lambayeque,
14350-14351).
- “... Habiendo la recurrente consentido la sentencia del proceso original, no
puede sustituir su negligencia procesal con una demanda de nulidad de cosa

406
juzgada fraudulenta...” (Casación Nro. 2690-2001 / Cusco, publicada en el
- “... El recurrente en el proceso que se cuestiona, interpuso recurso de
casación impugnando la sentencia de vista cuya nulidad se pretende con la
presente acción (de nulidad de cosa juzgada fraudulenta) y en el mismo, no
dedujo denuncia alguna referente al pronunciamiento extrapetita ahora
alegado, por lo que no puede pretender su renovación mediante este proceso,
por ser de carácter residual” (Casación Nro. 160-2000 / Cono Norte,
12.11.6 Jurisprudencia casatoria relacionada con el plazo u oportunidad
para demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación al plazo u
oportunidad para demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha establecido
lo siguiente:
- “... El artículo 178 del Código Procesal Civil, en relación al plazo para
interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, establece dos
supuestos: i) Hasta dentro de seis meses de ejecutada la sentencia y; ii) Hasta
dentro de seis meses de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si es que
la sentencia no fuera ejecutable. De lo antes expuesto, se desprende que el
plazo referido [...] es uno de caducidad...” (Casación Nro. 130-2008 / La
Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-2008, págs.
23210-23211).
- “... El artículo ciento setentiocho de nuestro ordenamiento procesal civil
dispone que la demanda en comento [sobre nulidad de cosa juzgada
fraudulenta] puede interponerse dentro de los seis meses de ejecutada la
sentencia cuestionada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no
fuere ejecutable; plazo que en definitiva es uno de caducidad por medio del
cual se extingue el derecho y la acción correspondiente conforme al artículo
2003 del Código Civil...” (Casación Nro. 3201-2002 / Ayacucho, publicada
- “... El artículo 178 del Código Procesal Civil [sobre la nulidad de cosa
juzgada fraudulenta] señala expresamente que, ‘Hasta dentro de seis meses
de ejecutada (...) puede demandarse, a través de proceso de conocimiento, la
nulidad de una sentencia (...)’, plazo de caducidad que

407
no puede ser suspendido ni extendido...” (Casación Nro. 130-2008 / La
libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-10-2008, págs.
23210-23211).
- “... El plazo establecido en el artículo ciento setentiocho del referido Código
Procesal [C.P.C., sobre el plazo para interponer la demanda de nulidad de
cosa juzgada fraudulenta], es de caducidad, por lo tanto no admite
interrupción ni suspensión, salvo la imposibilidad de reclamar el derecho
ante un tribunal peruano...” (Casación Nro. 1450-2005 / Lima, publicada en
- “... La presente demanda [sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta] se
interpuso fuera del plazo previsto por el artículo ciento setentiocho del
Código adjetivo [C.P.C.], por lo que al desestimarse la misma en base a la
caducidad de la acción, no se ha contravenido el debido proceso...” (Casación
Nro. 2805-2000 / Arequipa, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-
03-2001, pág. 6983).
- “... Es fundamental para la admisión de la demanda de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta, que ésta se interponga dentro del plazo de caducidad,
siendo indiferente que una anterior demanda se hubiera declarado
improcedente in limine por el Juez Civil...” (Casación Nro. 1886-96 / San
Martín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16-05-1998, págs. 1044-
1045).
- “... El primer párrafo del artículo ciento setenta y ocho del acotado Código
Procesal [C.P.C.] establece que ‘hasta’ dentro del plazo de seis meses se
puede interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta,
entendiéndose que tal plazo es el máximo que otorga la ley, el mismo que
rige para dos supuestos: en caso de resoluciones ejecutables, el cómputo
parte desde su ejecución, mientras que en las resoluciones no ejecutables,
desde que han adquirido la calidad de cosa juzgada...” (Casación Nro. 832-
05 / Puno, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01-08-2006, pág.
16924).
- “... El artículo 178 del Código Procesal Civil establece dos supuestos para
proponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta: 1) Si se trata
de una sentencia ejecutable: en cuyo caso el plazo para interponer la demanda
se computa a partir de la ejecución de la sentencia o resolución homologada
y vence a los seis meses de ejecutada la decisión; y 2) Si se trata de una
sentencia inejecutable (sentencia declarativa): en cuyo caso el plazo corre a

408
partir de la fecha en que la resolución haya quedado ejecutoriada...”
(Casación Nro. 780-2004 / Huaura, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 04-01-2006, págs. 15210-15211).
- “... Se debe tener presente lo dispuesto por el artículo ciento setentiocho,
primer párrafo, del Código Procesal Civil según el cual ‘Hasta dentro de seis
meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no
fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento
la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el
Juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido
seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso,
cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas’.
[...] Lo expuesto en la norma glosada hace una diferencia entre una sentencia
ejecutable y una no ejecutable, más no distingue [sic -léase mas no distingue-
] entre sentencias constitutivas, declarativas o de condena. La distinción
radica en que tratándose de sentencias no ejecutables el cómputo del plazo
para cuestionar esta última sentencia opera desde que queda firme, más no
así [sic -léase mas no así-] para el caso de una sentencia ejecutable cuyo
cómputo debe hacerse desde que la misma sea ejecutable...” (Casación Nro.
1420-2007 / Puno, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 03-12-2008,
pág. 23645).
- “... El cómputo del plazo de las sentencias declarativas y constitutivas en
materia de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, se efectúa desde que la
sentencia se encuentra firme, pues ellas no ameritan propiamente
ejecución...” (Casación Nro. 1360 - 2000 / La Libertad, publicada en el
- “... El artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil establece que
hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de
cosa juzgada, si no fuere ejecutable, se puede demandar la nulidad de cosa
juzgada fraudulenta, respecto de una sentencia o la del acuerdo de las partes
homologado por el Juez que pone fin al proceso; en consecuencia, si la
sentencia o el acuerdo de las partes homologado por el Juez fuera ejecutable,
es requisito indispensable para interponer la demanda que previamente haya
sido ejecutada; [...] quien omite el cumplimiento de lo ordenado en el fallo o
en el acuerdo homologado, no puede recurrir al Poder Judicial o demandar la
nulidad de él, porque no ha acatado lo resuelto en el Poder Judicial...”
(Casación Nro. 1750-2004 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
04-12-2006, págs. 18223-18225).

409
- “... El artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil claramente
establece que cuando se trata de un acuerdo de las partes homologado
por el Juez o de una sentencia que fuera ejecutable, la nulidad de la cosa
juzgada fraudulenta debe ser interpuesta después de ser ejecutada...”
(Casación Nro. 1182-2001 / San Román, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 01-10-2001, pág. 7760).
- “... Tratándose de sentencias ejecutables, el plazo para interponer la demanda
de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es hasta los seis meses de ejecutada
la decisión judicial...” (Casación Nro. 559-2000 / Huánuco, publicada en el
- “... Se debe entender como ejecutada una sentencia cuando, del mismo modo,
todo lo que se haya decidido u ordenado en la resolución se haya cumplido
por el obligado [...]; en tal virtud, es a partir de dicho momento que debe
computarse el plazo de seis meses para interponer la demanda de Nulidad de
Cosa Juzgada Fraudulenta previsto en el artículo ciento setentiocho del
referido Ordenamiento Procesal...” (Casación Nro. 89499 / Huaura,
- “... La resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior [...], que
homologa el acta de conciliación extrajudicial, se encuentra siendo
ejecutada; [...] siendo esto así, al declararse la nulidad y consiguiente
conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la relación jurídica
procesal y en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso,
no se está negando la tutela jurisdiccional, sino precisándose que la demanda
[de nulidad de cosa juzgada fraudulenta] es prematura; ya que, sólo cuando
se haya ejecutado el acuerdo de las partes -homologado judicialmente- que
tiene la calidad de cosa juzgada, [...] se podrá hacer uso del plazo previsto en
el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil para recurrir a la
tutela jurisdiccional...” (Casación Nro. 1750-2004 / Ica, publicada en el
- “... La mencionada pretensión [sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta] se
ha interpuesto prematuramente, [...] pues el juicio objeto de revisión se
encuentra en plena ejecución. Por tanto, tratándose de una sentencia
ejecutable, el plazo de la pretensión nulificante se inicia cuando esta
resolución se encuentre totalmente ejecutada, razón por la cual en este caso
no se puede establecer una relación jurídica procesal válida, porque el actor

410
aún carece de interés para obrar...” (Casación Nro. 705-2001 / Ucayali,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-10-2002, pág.
9421).
- “... Las sentencias ejecutables son las que contienen una condena o una
declaración y condena como por ejemplo cuando se ordena el pago de una
suma de dinero. En el caso de autos, las sentencias que se pretenden nulificar
son precisamente sentencias ejecutables [...]. En tal caso, el propio numeral
ciento setentiocho [del C.P.C.] establece que esta acción [de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta] procede ‘Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de
haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede
demandarse (...)’; siendo así, se concluye que efectivamente nuestro
ordenamiento procesal establece tal condición, la cual no ha sido cumplida -
por ahora- por la parte demandante; por tanto, es evidente que la impugnante
carece de interés para obrar...” (Casación Nro. 2574-2005 / Apurímac,
18069).
- “... Como lo expresa la resolución de vista, la nulidad de cosa juzgada
fraudulenta se interpone contra una resolución que es ejecutable, por lo que
la demanda resulta prematura, ya que no se ha producido el remate y la
demanda sólo puede presentarse dentro de seis meses de ejecutado el fallo,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ciento setentiocho del Código
Procesal Civil...” (Casación Nro. 2508-2001 / Sullana, publicada en el Diario
- “... El plazo de seis meses para interponer este tipo de demanda [de nulidad
de cosa juzgada fraudulenta], regulado en el artículo 178 del Código Procesal
Civil, se toma en cuenta desde que la sentencia o resolución que aprueba una
conciliación o transacción judiciales queda firme; no es objeto de revisión
civil el auto que ordena la ejecución, sino la resolución que contiene la cosa
juzgada...” (Casación Nro. 2951-2005 / Lima, publicada en el Diario Oficial
- “... El artículo 178 del Código Procesal Civil [...] dispone que hasta dentro
de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada,
si no fuera ejecutable, puede demandarse la nulidad de una sentencia,
alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude o colusión,
afectando el derecho a un debido proceso; encontrándose legitimados para
obrar la parte o el tercero ajeno al proceso cuestionado que se considere
agraviado por él. [...] Asimismo, debe advertirse que la Corte Superior, para

411
declarar la improcedencia de la demanda [de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta], ha considerado para el cómputo del plazo prescrito por el citado
artículo 178, la fecha en que la sentencia emitida en el proceso de obligación
de dar suma de dinero quedó consentido [sic -léase consentida-], con lo que
no advirtió que la norma refiere en primer término a la data de la ejecución
de la sentencia y que en caso de que ésta no fuera ejecutable a aquella en que
adquirió la calidad de cosa juzgada. [...] Estando a los fundamentos de la
demanda, resulta que el proceso cuya nulidad se pretende era no sólo uno
ejecutable, sino que efectivamente se llevó adelante la ejecución de
sentencia; consecuentemente, deviene en infracción del artículo 178 del
Código Procesal Civil, el cómputo del plazo utilizado por el Colegiado...”
el 02-01-2003, págs. 9821-9822).
- “... Conforme se aprecia del auto materia del recurso de casación, en él se ha
considerado como fecha de inicio del cómputo del plazo de caducidad a que
se refiere el artículo 178 del Código Procesal Civil [para interponer la
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta] la fecha de la expedición
de la resolución suprema que declaró improcedente el recurso [de casación].
Sin embargo, si se tiene en cuenta que el acto de la notificación tiene por
objeto poner en conocimiento a los interesados el contenido de las
resoluciones judiciales, para los fines de su impugnación o cuestionamiento
debe tomarse en consideración la fecha de notificación de la resolución y no
la fecha de su emisión...” (Casación Nro. 1925-2000 / Moquegua, publicada
- “... El artículo 178 ab initio del Código Procesal Civil, establece un plazo de
caducidad para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada
[fraudulenta], hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido
la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable la resolución objeto de
revisión. En el presente caso, las instancias de mérito han establecido
correctamente [...] [que] dicho plazo comienza a correr desde la fecha en que
se produjo la adjudicación del inmueble sub litis, no importando que
ulteriormente se hubiese inscrito, o que aún falte pedir la liquidación de
costas y costos, porque estos supuestos no suspenden o interrumpen el plazo
para interponer este tipo de demandas...” (Casación Nro. 531-2003 / San
Martín, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-02-2004, pág.
11390).
- “... El artículo 178 del Código Procesal Civil [...] establece [que] ‘Hasta
dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa

412
juzgada, si no fuera ejecutable puede demandarse...’. Esto determina que si
la sentencia fuera ejecutable, es requisito indispensable para interponer la
demanda [de nulidad de cosa juzgada fraudulenta] que previamente haya sido
ejecutada. [...] Tratándose de una sentencia que ha adquirido la calidad de
cosa juzgada quien omite el cumplimiento de lo ordenado
en el fallo, no puede recurrir al Poder Judicial a demandar la nulidad de la
sentencia, porque no ha acatado lo resuelto por el Poder Judicial...” (Casación
Nro. 1841-2002 / La Libertad, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
01-07-2004, págs. 12285-12286).
- “... El artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil dispone que la
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta se interponga hasta dentro
de seis meses de ejecutada, es decir mientras no concluya el proceso con la
ejecución del fallo no se puede interponer la demanda de nulidad, pero resulta
evidente que está referido a los justiciables de ese proceso, o sea a los que
han sido parte del mismo; [...] por ello cuando se trata de una persona natural
o jurídica, que no ha sido parte en el proceso pero a la que pueden extenderse
los efectos de la sentencia, no se le puede exigir que se ejecute el fallo, porque
precisamente basa la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el
dolo y fraude que ha afectado el derecho a un debido proceso...” (Casación
Nro. 2594-2000 / Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3107-
2001, págs. 7433-7434).
- “... Si bien es cierto el Superior Colegiado incurre en error al considerar de
modo genérico que las partes en este proceso de Nulidad de Cosa Juzgada
Fraudulenta son las mismas que en el proceso de Retracto, cuando la
recurrente evidentemente no participó en ella, también lo es que ello en lo
absoluto altera el sentido de la recurrida toda vez que [...] el mismo plazo de
caducidad de seis meses [para interponer la demanda de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta] es también aplicable al tercero ajeno al proceso...”
el 31-03-2004, pág. 11666).
- “... El Artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil, establece que la
nulidad de cosa juzgada fraudulenta se puede demandar hasta seis meses
después de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no
fuere ejecutable la resolución que pone fin al proceso, siendo que dicho
dispositivo no prevé plazo diferenciado cuando se trate de quienes fueron
parte en el proceso o cuando se trate de terceros ajenos al mismo que se ven

413
perjudicados por éste” (Casación Nro. 2579-98 / Lima, publicada en el Diario
- “... El artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil, establece que
hasta dentro del plazo de seis meses se puede interponer la demanda de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, dicho plazo debe entenderse como
el máximo que fija la ley para la interposición de este tipo de demandas,
debiendo advertirse que el referido numeral establece el mismo plazo para
dos supuestos: el primero referido a la interposición de la demanda hasta
dentro de los seis meses de ejecutada y el otro supuesto, desde que la
sentencia haya adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable...”
Peruano el 31-03-2004, págs. 11753-11754).
- “... La nulidad de cosa juzgada fraudulenta al establecer los seis meses de
término, establece el límite máximo para la interposición de esa acción, lo
que significa que puede interponerse después de que se ha dictado la
sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, aunque ésta sea ejecutable”
Peruano el 21-11-1998, pág. 2076).
- “... El Artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil (...) solamente
prevé un término final para la interposición de la demanda ‘hasta seis meses
de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada si no fuera
ejecutable...’; sin embargo, dicha norma procesal no ha previsto
expresamente un término inicial o si es un requisito necesario que las
sentencias de condena requieren ejecución para iniciar el cómputo del plazo
de caducidad” (Casación Nro. 3217-98 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 21-01-2000, pág. 4632).
- “... En los casos en que se considera que la interposición de la demanda es
prematura al no haberse ejecutado la sentencia, implícitamente se está
considerando que el actor carece de interés para solicitar la nulidad de la
sentencia expedida en el proceso fraudulento. (...) Que el interés para obrar
se define como el interés a la tutela jurídica que induce al demandante a
reclamar la intervención del órgano jurisdiccional, a fin de que mediante
sentencia resuelva sobre las pretensiones invocadas; siendo esto así, es obvio
que aún (sic) en los casos en que la resolución todavía no haya sido ejecutada,
el actor tiene interés para que se rescinda o deje sin efecto la sentencia o auto
homologado expedido en un proceso fraudulento. (...) Que, del mismo modo,

414
no se requiere la ejecución de la sentencia de condena para la interposición
de la demanda, porque la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es una
pretensión impugnatoria que no suspende los efectos de la sentencia o auto
homologado por el Juez, por eso la norma procesal acotada (art. 178 del
C.P.C.) solamente ha previsto la concesión de medidas cautelares
inscribibles” (Casación Nro. 3217-98 / Lima, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 2101-2000, pág. 4632).
- “... La primera parte del primer párrafo del artículo ciento setenta y ocho del
Código Procesal Civil [...] contiene una disposición destinada a regular el
plazo en virtud al cual el agraviado con una sentencia o un acuerdo
homologado por el Juez puede incoar la demanda de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta. Así, se advierte que el dispositivo procesal dispone: ‘Hasta
dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa
juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de
conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes
homologado por el Juez que pone fin al proceso...’. Como puede advertirse
el plazo que impone la ley es un plazo límite (‘hasta’) y no un plazo para el
inicio del cómputo, pues en ningún extremo de la norma acotada [...] se
establece que sea requisito indispensable para interponer la demanda de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta que la decisión final de carácter
ejecutable deba haber sido ejecutada previamente para recurrir a la vía
judicial, limitándose la norma [...] ha establecer [sic -léase a establecer-] el
plazo o término máximo de seis meses para la interposición de esta acción...”
(Casación Nro. 2726-06 / Cusco, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 0210-2007, págs. 20795-20796).
- “... El proceso de prescripción adquisitiva de propiedad es eminentemente
declarativo y en consecuencia no es necesario esperar a que se efectúen las
publicaciones o que se inscriba en los Registros Públicos la sentencia para
demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta...” (Casación Nro. 2160-98
/ Ayacucho, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25-111998, pág.
2103).
- “... El plazo para interponer la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
contra el auto que resuelve la contradicción en un proceso de ejecución de
garantías debe computarse desde la fecha en que se hizo pago con el producto
del remate al ejecutante...” (Casación Nro. 1365-96 / La Libertad, publicada

415
- “... Tratándose de un proceso de ejecución de garantías, es con el auto que
ordena la adjudicación del inmueble que el proceso queda ejecutado. [...] Este
Supremo Tribunal [...] ya se ha pronunciado respecto al cómputo del plazo
de seis meses para la interposición de las demandas de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta que tienen su origen en un proceso de ejecución de
garantías, estableciendo [...] que es con el auto que ordena la adjudicación
con que se ejecuta la resolución firme a que se refiere el artículo ciento
setenta [y] ocho [del C.P.C., sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta]...”
(Casación Nro. 832-05 / Puno, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
01-08-2006, pág. 16924).
12.11.7 Jurisprudencia casatoria relacionada con la acumulación en el
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
- “... Al haberse pronunciado el Colegiado, sobre una de las pretensiones de
fondo del proceso objeto de revisión, se ha producido evidentemente una
desnaturalización el [sic -léase del-] proceso [de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta], importando una afectación al debido proceso, porque no se
puede acumular aquélla con la pretensión nulificatoria, implicando su
improcedencia...” (Casación Nro. 2298-1999 / Junín, publicada en el Diario
- “... El efecto del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta es el de
reponer las cosas al estado anterior que corresponda, de conformidad con lo
previsto en el artículo ciento setentiocho del Código Procesal Civil; [...] por
lo tanto, es claro que en este tipo de proceso no cabe la acumulación de
pretensiones vinculadas al tema materia de litis, con las pretensiones de
nulidad y éstas son independientes; en tal sentido, se advierte que la sentencia
de mérito, al declarar improcedente la demanda por indebida acumulación de
pretensiones, no ha incurrido en contravención alguna de las normas que
garantizan el derecho a un debido proceso...” (Casación Nro. 45-2001 /
7586).
- “... En nuestro ordenamiento jurídico procesal no figura norma que prohíba
la acumulación en los términos que aparecen de la demanda [acumulación de
pretensiones sustantivas a la demanda de nulidad de cosa juzgada

416
fraudulenta]...” (Casación Nro. 4185-2001 / La Libertad, publicada en el
12.11.8 Jurisprudencia casatoria relacionada con la prueba en el proceso
de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la prueba en el
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha establecido lo siguiente:
- “... El presente proceso es uno de nulidad de cosa juzgada fraudulenta en el
que lo que se tiene que acreditar es la existencia de fraude o colusión...”
el 02-12-2008, pág. 23456).
- “... Por tratarse la nulidad de cosa juzgada [fraudulenta] un remedio
excepcional y residual corresponde sean acreditados debidamente los
elementos del fraude o colusión que desnaturalizan o vician el trámite
judicial perjudicando la dación de una decisión ajustada a derecho...”
Peruano el 02-09-2008, pág. 22749).
- “... Es factible demandar la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta cuando
una declaración jurisdiccional deviene en írrita como consecuencia de un
proceso seguido con dolo, fraude, colusión (...) afectando el derecho a un
debido proceso; que consecuentemente, tales causales deben estar
debidamente acreditadas para amparar la pretensión del supuesto agravio,
pues de lo contrario, se estaría haciendo mal uso de tal instituto procesal y
con el único propósito de conseguir la revisión de un proceso en el que ha
perdido el accionante” (Casación Nro. 570-97 / Chimbote, publicada en el
- “... Quien pretende se declare la nulidad de cosa juzgada, por ser fraudulenta,
debe acreditar que se ha configurado una irregularidad que ha afectado el
ejercicio de su defensa...” (Casación Nro. 1399-2004 / Piura, publicada en el
- “... Los hechos y pruebas para sustentar el fraude [procesal] no
necesariamente deben ser nuevas [sic -léase nuevos-], pues el fraude como
categoría genérica puede derivar del mismo proceso donde han recaído las
sentencias que se consideran fraudulentas, incluso dicho proceso es la fuente
sustancial de la cual puede originarse el fraude que provoca una desviación
de los fines del proceso que lesiona la defensa de una de las partes...”

417
(Casación Nro. 788-01 / Tacna, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
31-08-2001, págs. 7630-7631).
- “... A través del proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...] no se
puede efectuar un reexamen de las pruebas que motivan el proceso principal,
sino acreditar las causales denunciadas...” (Casación Nro. 42582007 / Piura,
23643).
- “... Su finalidad (de la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta) es
cuestionar la autoridad de cosa juzgada de la resolución que ha sido obtenida
en base al fraude procesal (ya sea con dolo o colusión) afectando el derecho
del justiciable (...) a un debido proceso, pero en ningún modo significa el
reexamen de la prueba como si se tratara de una instancia más para discutir
el fondo de la litis” (Casación Nro. 1867-98 / Lambayeque, publicada en el
- “... El proceso de nulidad (de cosa juzgada fraudulenta), debe estar orientado
a demostrar que se han dado esos elementos (fraude o colusión) que
desnaturalizan, vician el trámite judicial perjudicando altamente la dación de
una decisión ajustada a derecho; no se trata de promover un nuevo juicio de
revisión del proceso anterior, agregando nuevos elementos en favor o en
contra de la resolución, revaluación o enfoque de las pruebas que se actuaron
en él, reabriendo el debate concluido” (Casación Nro. 3246-98 / Huánuco,
- “... La demanda de autos [sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta] no
constituye una instancia adicional a fin [de] analizarse las pruebas
supuestamente actuadas en el proceso anterior sino que, conforme al artículo
ciento setentiocho del Código Procesal Civil, se trata de una salida
extraordinaria que ataca la cosa juzgada en un proceso, siempre que se
acredite que el mismo fue seguido con fraude o colusión, afectando el
derecho al debido proceso...” (Casación Nro. 4398-2001 / Arequipa,
- “... La demanda de la cosa juzgada fraudulenta no da lugar a la revaloración
de las pruebas que se hubieran actuado en el proceso anterior para dar lugar
a una nueva decisión sustentatoria, sino que tiene por objeto acreditar las
causales que se invocan al proponerla para obtener finalmente la nulidad de
la sentencia cuestionada...” (Casación Nro. 1300-2001 / Ancash, publicada

418
- “... El proceso antecedente tiene la calidad de prueba en la presente causa (de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta)...” (Casación Nro. 899-99 / Lima,
- “... Por la naturaleza de la acción incoada (sobre nulidad de cosa juzgada
fraudulenta) este proceso (sobre otorgamiento de escritura pública)
constituye un presupuesto necesario e indispensable para resolver, de
ahí que al fallar la causa sin tener a la vista este expediente, así como por no
haberse prescindido de él previo el agotamiento de los trámites respectivos,
se ha incurrido igualmente en vicio de inevitable invalidez” (Casación Nro.
836-98 / Piura, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21-09-1998,
págs. 1626-1627).
- “... En lo referente a que si ha existido exceso al solicitar tener a la vista
copias certificadas completas del expediente [...], se debe tener en cuenta que
los autos versan sobre un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta,
donde el juzgador debe contar con todos los elementos necesarios a fin de
determinar el supuesto fraude o colusión, para así poder formarse un claro
criterio sobre los hechos materia de controversia, por ello la Sala de grado
determina la necesidad de tener a la vista el expediente que motiva el presente
proceso, no habiéndose cometido el exceso que se denuncia...” (Casación
2003, pág. 10917).
- “... Para la declaración liminar de improcedencia de la demanda [de nulidad
de cosa juzgada fraudulenta] no se requería del proceso principal; ya que el
fallo se basa en elementos estrictamente formales que determinan un
pronunciamiento sobre la forma y no sobre el fondo de la cuestión
controvertida...” (Casación Nro. 3187-2000 / Lambayeque, publicada en el
- “... El texto del artículo ciento setenta y ocho del Código Procesal Civil [...]
no exige mayores requisitos para acceder a esta acción extraordinaria [de
nulidad de cosa juzgada fraudulenta] sino únicamente que el afectado
acredite la existencia de una decisión definitiva firme sobre el fondo del
asunto, que haya sido obtenida mediante fraude o colusión y que conlleve a
la afectación del debido proceso. Pareciera, pues, que bastaría con acreditar
estos requerimientos literales para obtener el amparo de una demanda de esta
naturaleza; sin embargo, [...] en virtud al principio de conservación de los
actos procesales y de relatividad de la nulidad, no resulta factible recurrir a

419
esta acción extraordinaria [sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta] si el
interesado no acredita estar perjudicado con el acto procesal viciado, tal
como se reconoce incluso en el artículo ciento setenta y cuatro del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente; en consecuencia, no hay lugar a
declarar la nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido
de la resolución o en las consecuencias del acto procesal, debiendo tenerse
en cuenta que las nulidades alegadas para atacar la cosa juzgada no sólo
deben ser nominales o formales sino que deben afectar la garantía del debido
proceso en forma real y efectiva...” (Casación Nro. 2726-06 / Cusco,
20796).
12.11.9 Jurisprudencia casatoria relacionada con los efectos del amparo
de la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a los efectos del
amparo de la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ha establecido lo
siguiente:
- “... En el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...] se decide
únicamente sobre la validez y eficacia de la sentencia expedida en otro
proceso judicial, la cual se cuestiona como fraudulenta; la sentencia que
declara fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...] tiene
efectos estrictamente rescisorios, lo que en buena cuenta significa que el
objeto de debate, en éste [sic] tipo de procesos, no es la cuestión sustancial o
de derecho material, sino la conducta procesal de los sujetos procesales, la
cual es calificada como fraudulenta...” (Casación Nro. 14552008 / Piura,
23244).
- “... A diferencia de los demás procesos, en el de cosa juzgada fraudulenta, se
decide sobre la sentencia impugnada como fraudulenta, y de ser fundada, su
efecto es puramente rescisorio, es decir, declara inválida la sentencia
anterior, de tal manera que el objeto de debate no es la cuestión sustancial,
sino la conducta calificada como deshonesta, en que han incurrido las partes
procesales, o el Juez, o todos ellos...” (Casación Nro. 2097-98 / Ucayali,
- “... Los efectos de la sentencia en mención [en el proceso de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta] son similares a los efectos de la nulidad del acto
procesal, la decisión del Juzgador se concentra en aspectos netamente

420
procedimentales...” (Casación Nro. 1455-2008 / Piura, publicada en el Diario
- “... La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta [...] persigue se declare
la nulidad de una sentencia, ‘o la de un acuerdo de partes homologado por el
Juez que pone fin al proceso’, y de ser amparada pasa a ser inexistente...”
(Casación Nro. 2109-2005 / Nasca - Ica, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 29-02-2008, págs. 21561-21562).
- “... Debe tenerse presente la naturaleza misma del proceso de nulidad de cosa
juzgada fraudulenta, en el cual la anulación del proceso se extiende hasta el
momento en que ocurrió el vicio, no dependiendo ello de la voluntad de las
partes...” (Casación Nro. 3656-00 / Tacna, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 30-04-2001, pág. 7257).
- “... Al declararse fundada la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, conforme
a lo preceptuado por el artículo 178 del Código Procesal Civil, queda sin
efecto el fallo debiéndose reponer la causa al estado en que se produjo el
vicio, teniéndose en cuenta que dicha nulidad no afectará a los terceros de
buena fe y a título oneroso...” (Casación Nro. 2505-2005 / Ica, publicada en
12.11.10 Jurisprudencia casatoria relacionada con la impugnación en el
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta
La Corte Suprema de Justicia de la República, en relación a la impugnación
- “... Los hechos alegados se contraen a supuestas violaciones producidas en
el expediente acompañado que diera origen al presente proceso [sobre
nulidad de cosa juzgada fraudulenta] y, si bien servirían para analizar lo que
constituye el fondo de la controversia, no serían tales para cuestionar la
validez del trámite que ha seguido la presente causa...” (Casación Nro. 2734-
00 / Ayacucho, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05-112001, pág.
7821).
- “... Las recurrentes se limitan a denunciar presuntos vicios cometidos en el
expediente [...] seguido entre las mismas partes, en el cual recayó la sentencia
cuya nulidad se pretende en el presente proceso de nulidad de cosa juzgada
fraudulenta. No obstante, es preciso establecer que el recurso [de casación]
debe contraerse a denunciar los vicios o agravios que se hubieren presentado
en el presente proceso, exigencia ésta que en modo alguno ha sido satisfecha

421
por las recurrentes; en tal sentido la denuncia deviene inamparable...”
Peruano el 03-01-2008, págs. 21377-21378).
- “... Los agravios denunciados [en casación] deben estar referidos a los vicios
en que se pudiera haber incurrido en el presente proceso [sobre nulidad de
cosa juzgada fraudulenta], propiamente en la resolución de vista impugnada,
mas no en el proceso cuya nulidad de cosa juzgada fraudulenta se persigue...”
(Casación Nro. 163-2007 / Ayacucho, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 31-05-2007, págs. 19392-19393).

423
CAPITULO VIII
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA
PRUEBA
1. DEFINICION DE LA PRUEBA
Armenta Deu sostiene que “la prueba es una actividad que tiene lugar ante
el órgano judicial y que se encamina a que aquél adquiera el convencimiento
sobre la veracidad de unos hechos controvertidos” (ARMENTA DEU, 2004:
179).
Alcalá-Zamora y Castillo concibe a la prueba como el “... conjunto de
actividades destinadas a procurar el cercioramiento judicial acerca de los
elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso, sin
perjuicio de que suela llamarse también prueba al resultado así conseguido y a
los medios utilizados para alcanzar esa meta...” (ALCALA-ZAMORA Y
CASTILLO, 1964: 257).
A criterio de Denti, “... 1) en una primera acepción, ‘prueba’ designa los
medios de que cabe servirse para la demostración del thema probandum (...);
2) en una segunda acepción, ‘prueba’ designa el procedimiento probatorio, o sea,
el conjunto de actividades reguladas más o menos detalladamente por la ley, a
través de las cuales el juzgador y las partes aportan al proceso los medios de
prueba; 3) en una tercera acepción, ‘prueba’ designa el resultado del
procedimiento probatorio, o sea el convencimiento al que el juzgador llega
mediante los medios de prueba...” (DENTI, 1972: 43).
Lino Palacio define a la prueba como “... la actividad procesal, realizada con
el auxilio de los medios previstos o autorizados por la ley, y encaminada a crear
la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia de los hechos
afirmados por las partes en sus alegaciones” (PALACIO, 1977, Tomo IV: 331).
Montero Aroca cataloga a la prueba como “la actividad procesal que tiende
a alcanzar la certeza en el juzgador respecto de los datos aportados por las partes,
certeza que en unos casos se derivará del convencimiento psicológico del mismo
juez y en otros de las normas legales que fijarán los hechos” (MONTERO
AROCA, 2005: 55).

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Devis Echandía se ha formado el siguiente juicio de la prueba: “Entendemos
por pruebas judiciales el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción,
asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar
al juez la convicción sobre los hechos que interesan al proceso” (DEVIS
ECHANDIA, 1984, Tomo I: 26).
Taruffo enseña que “… la prueba es el instrumento que utilizan las partes
(…) para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, y del cual se sirve el juez
para decidir respecto a la verdad o falsedad de los enunciados fácticos. En
términos muy generales, se entiende como prueba cualquier instrumento,
método, persona, cosa o circunstancia que pueda proporcionar información útil
para resolver dicha incertidumbre. Según esta definición, son prueba tanto los
instrumentos para adquirir información que están expresamente regulados por la
ley (las denominadas pruebas típicas) como aquellos que la ley no regula
expresamente (las denominadas pruebas atípicas) pero que, sin embargo, pueden
servir para fundar la decisión sobre los hechos… “ (TARUFFO, 2009: 59-60). El
mencionado jurista agrega que “… se acostumbra decir que la función de la
prueba es la de ofrecer al juez elementos para establecer si un determinado
enunciado, relativo a un hecho, es verdadero o falso. A su vez, se dice que un
enunciado fáctico es verdadero si está confirmado por pruebas y es falso si las
pruebas disponibles confirman su falsedad; y no está probado si en el proceso no
se adquirieron pruebas suficientes para demostrar su verdad o falsedad. En
función de cuál de estas posibilidades se dé, el juez decidirá de uno u otro modo
y extraerá consecuencias jurídicas” (TARUFFO, 2009: 60).
2. DISTINCION ENTRE PRUEBA Y MEDIO PROBATORIO
La prueba puede ser concebida estrictamente como las razones que conducen
al Juez a adquirir certeza sobre los hechos.
Los medios probatorios, en cambio, son los instrumentos que emplean las
partes u ordena el magistrado de los que se derivan o generan tales razones. Así,
bien puede darse el caso de un medio probatorio que no represente prueba alguna
al no poder obtenerse de él ninguna razón que produzca el convencimiento del
Juez.
Rodríguez Espejo define al medio de prueba como “... la persona o cosa y,
excepcionalmente, también, los hechos que suministran al órgano jurisdiccional
del Estado los conocimientos necesarios para que pueda determinar la verdad o
falsedad jurídica de un tema de prueba...” (RODRIGUEZ ESPEJO, 1958: 856).

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRUEBA
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Armenta Deu sostiene que los medios de prueba “son aquellas diferentes
actividades que tienen lugar en el proceso y a través de las cuales se introducen
las fuentes u objetos de la prueba, conduciendo al juez a adquirir la certeza
positiva o negativa de las afirmaciones de hecho” (ARMENTA DEU, 2004: 184).
Serra Domínguez concibe a los medios de prueba como “... los instrumentos
utilizados por las partes para trasladar los hechos de la realidad a la presencia
judicial...” (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 360-361).
3. NATURALEZA JURIDICA DE LA PRUEBA
Teniendo en cuenta la aportación de la prueba en el proceso, ya sea como
consecuencia de la actividad desplegada por las partes o de un mandato judicial
(pruebas de oficio), orientada a lograr la convicción en el Juez acerca de la verdad
o falsedad de las afirmaciones de los sujetos procesales referidas a los hechos y
respecto de las cuales debe versar la resolución jurisdiccional, no cabe duda que
la prueba constituye un acto jurídico de naturaleza procesal ya que para su
ofrecimiento es necesario un comportamiento humano y una manifestación de
voluntad que se dan siempre dentro de un proceso. Los derechos y las
obligaciones derivados de las relaciones materiales y las pruebas referidas a
dichas relaciones son ejercitados, exigidas y actuadas, en ese orden, dentro del
correspondiente proceso judicial, siempre que respecto de tales surja controversia
o haya incertidumbre jurídica. La prueba de algún acto o contrato recién adquirirá
relevancia y ejecutabilidad mediante un proceso. De ahí es que se afirma su
connotación procesal.
La prueba constituye un acto jurídico material en aquellos casos en que es
considerada un requisito indispensable para la existencia o validez del acto o
contrato, sin embargo, se introduce al proceso a través de un acto jurídico
procesal. Antes del proceso su objeto permanece estático, inactivo; dentro de él
adquiere significación probatoria.
4. EL OBJETO DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL
Es objeto de la prueba todo aquello sobre lo que puede ella recaer. Esta es
una concepción objetiva y abstracta que no se reduce a los casos específicos que
se pueden presentar dentro de una litis ni a las pretensiones de los sujetos
procesales. Debe, pues, ser entendido el objeto de la prueba como aquello que es
susceptible de demostración ante el respectivo órgano jurisdiccional para cumplir
con los fines del proceso.

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Devis Echandía expresa sobre el particular que “... por objeto de la prueba
debe entenderse lo que pueda ser probado en general, aquello sobre lo que puede
recaer la prueba, noción puramente objetiva y abstracta, no limitada a los
problemas concretos de cada proceso y a los intereses o pretensiones de las
diversas partes, de aplicación igual en actividades extraprocesales, sean o no
jurídicas...” (DEVIS ECHANDIA, 1965: 9).
A pesar que el objeto de la prueba en su concepción abstracta lo puede
constituir todo hecho -material o psíquico-, tratándose de un proceso específico
es evidente que la amplitud del concepto se contrae a los hechos que en forma
directa o indirecta, principal o accesoria, pueden tener efectiva vinculación con
la cuestión debatida o propuesta (en caso de asuntos no contenciosos).
No debe ser confundida la noción de objeto de la prueba con las de tema y
carga de la prueba.
“... Por necesidad o tema de la prueba (thema probandum) debe
entenderse lo que en cada proceso debe ser materia de la actividad probatoria, es
decir, los hechos sobre los cuales versa el debate o la cuestión voluntaria
planteada y que deben probarse, por constituir el presupuesto de los efectos
jurídicos perseguidos por las partes, sin cuyo conocimiento el juez no puede
decidir...” (DEVIS ECHANDIA, 1965: 9).
No constituyen objeto concreto de la prueba los puntos controvertidos, o sea,
los afirmados y no aceptados dentro de un proceso, que equivalen al thema
probandum. “... Jurídicamente no puede limitarse el objeto de la prueba, en un
sentido general o abstracto, a los hechos controvertidos, sino, por el contrario, es
necesario extenderlo a todo lo que por sí mismo es susceptible de
comprobación...” (DEVIS ECHANDIA, 1965: 11). Así, el que no exista
necesidad de probar un hecho no implica que no pueda ser objeto de prueba. Los
hechos notorios forman parte del objeto concreto de la prueba, pero, al no
requerir de prueba, no forman parte del tema de la prueba en una determinada
litis.
La carga de la prueba fija aquello que cada litigante está interesado en
demostrar para que sean acogidas sus pretensiones.
Constituye objeto de la prueba los hechos pasados, presentes y aun los
futuros: el cálculo del lucro cesante por actividades no acaecidas, siendo su
demostración más que todo de carácter histórica. Además, pueden ser objeto de
prueba la costumbre y la ley foránea (de ninguna manera la ley nacional).

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4.1 Los hechos como objeto de la prueba
Según Cardoso Isaza, “en derecho la prueba versa sobre los hechos...”
(CARDOSO ISAZA, 1979: 11).
Una posición discrepante adopta Sentís Melendo cuando dice que “... los
hechos no se prueban; los hechos existen. Lo que se prueba son afirmaciones,
que podrán referirse a hechos...” (SENTIS MELENDO, 1979: 12).
En ese sentido se pronuncia Serra Domínguez cuando afirma que “... sólo
pueden ser probados, no los hechos, sino nuestros juicios existenciales o
valorativos sobre tales hechos” (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 359).
Al respecto, Gimeno Sendra refiere que el objeto de prueba suele
identificarse “… con las afirmaciones realizadas por las partes sobre los hechos
controvertidos y, excepcionalmente, sobre normas jurídicas, que deben
verificarse…” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 395). Dicho jurista añade
que “… el objeto de la prueba no es un hecho o una norma jurídica, sino las
‘afirmaciones’ realizadas por las partes en relación con esos hechos y tales
normas. Los hechos existen con independencia de su introducción procesal, de
ahí que sólo puedan probarse los juicios valorativos sobre los mismos…”
Montero Aroca expresa sobre el particular lo siguiente:
“… Si por objeto de la prueba se entiende, en abstracto y sin atender a un
proceso concreto, lo que puede ser probado, es decir, todo lo que puede
ser establecido por una norma material como supuesto fáctico de una
consecuencia, ese objeto han de ser, en principio, hechos, entendidos
éstos en (…) sentido general (…). Por el contrario, cuando lo que se
pregunta es ¿qué debe probarse? y esa pregunta se refiere a un proceso
concreto, esto es, cuando en realidad se atiende al tema de prueba, la
respuesta tiene que ser que las afirmaciones de las partes relativas a los
hechos.
La palabra hechos se está empleando aquí en su sentido más amplio,
comprendiendo todo lo que por el derecho material puede establecerse
como contenido del supuesto fáctico de una consecuencia…”
(MONTERO AROCA, 2005: 65).
Lino Palacio es categórico al señalar que “... el objeto de la prueba se halla
constituido por los hechos invocados en las alegaciones, debiendo entenderse por

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hechos todos aquellos sucesos o acontecimientos externos o internos susceptibles
de percepción o deducción” (PALACIO, 1977, Tomo IV: 342-343).
El término “hecho” como objeto de la prueba debe ser tomado en un sentido
amplio: todo lo que bien puede distinguirse, sentirse o ser perceptible, y no
solamente lo abstracto o puramente ideológico. “... El hecho, por su propia
estructura óntica, es algo que acontece en un punto cualquiera de las coordenadas
espaciotiempo; es decir, un evento que sucede aquí y ahora, allí y entonces...”
(RODRIGUEZ ESPEJO, 1958: 854). Sin embargo, los hechos no pueden ser
vistos tan sólo como simples acontecimientos, consecuentemente, puede
entenderse como hechos aquellos susceptibles de ser acreditados con fines
procesales. Sobre esto, expresa Alcalá-Zamora que “... hecho es lo que no es
derecho, y mejor, el factor concreto, variable y peculiar de un litigio, en contraste
con el elemento abstracto, estable y genérico invocado o aplicado para su
decisión...” (ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO, 1964: 261).
No son materia de prueba:
- Los hechos no alegados por las partes.
- Los hechos admitidos por los sujetos procesales.
- Los hechos notorios.
- Los hechos que caen en la esfera de la cosa juzgada.
- Los hechos impertinentes, irrelevantes e imposibles.
- Los hechos imprecisos o no definidos.
- Los hechos presumidos por la ley.
- El derecho nacional.
Al respecto, el artículo 190 del Código Procesal Civil, que trata sobre la
pertinencia e improcedencia de los medios de prueba, señala que:
“Los medios probatorios deben referirse a los hechos y a la costumbre
cuando ésta sustenta la pretensión. Los que no tengan esa finalidad,
serán declarados improcedentes por el Juez.
Son también improcedentes los medios de prueba que tiendan a establecer:

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1. Hechos no controvertidos, imposibles, o que sean notorios o de
pública evidencia;
2. Hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en
la contestación de la demanda, de la reconvención o en la audiencia
de fijación de puntos controvertidos.
Sin embargo, el Juez puede ordenar la actuación de medios probatorios
cuando se trate de derechos indisponibles o presuma dolo o fraude
procesales;
3. Los hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario; y
4. El derecho nacional, que debe ser aplicado de oficio por los Jueces.
En el caso del derecho extranjero, la parte que lo invoque debe
realizar actos destinados a acreditar la existencia de la norma
extranjera y su sentido.
La declaración de improcedencia la hará el Juez en la audiencia de fijación
de puntos controvertidos. Esta decisión es apelable sin efecto
suspensivo. El medio de prueba será actuado por el Juez si el superior
revoca su resolución antes que se expida sentencia. En caso contrario,
el superior la actuará antes de sentenciar”.
5. FINALIDAD DE LA PRUEBA
Se afirma que la finalidad de la prueba no es la indagación de la verdad
material por cuanto alcanzarla mediante un proceso judicial puede resultar
imposible. La verificación de las afirmaciones de las partes referidas a hechos
será dable en la medida que el aparato jurisdiccional lo permita y ello le sea
factible al ser humano, lo que implica de por sí serias limitaciones. Esto no
significa que la averiguación de la verdad material no sea la meta perseguida en
todo proceso judicial, sino que puede tornarse dicho objetivo irrealizable. Así lo
deja entrever Gorphe cuando indica que “la finalidad de las pruebas debe
consistir en obtener una certeza, aunque con frecuencia hagan alto en mitad de
su camino; es decir, en una simple probabilidad o verosimilitud...” (GORPHE,
1950: 485-486).
La verdad constituye un concepto único y objetivo mientras que su
pretendido conocimiento es, a no dudarlo, de índole subjetivo.
La finalidad de la prueba, más que alcanzar la verdad material o la
indagación de la realidad de la que versa una litis, es formarle al juzgador

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convicción sobre las alegaciones que las partes afirman son situaciones ciertas y
concretas (hechos). Tal convencimiento le permitirá a aquél tomar su decisión y
poner así término a la controversia. En ese sentido se pronuncia Cardoso Isaza al
afirmar que “... el fin de la prueba consiste en dar al juez convicción suficiente
para que pueda decidir con certeza sobre el asunto materia del proceso...”
(CARDOSO ISAZA, 1979: 18).
Al respecto, Montero Aroca anota que “… la prueba tiende a obtener certeza
con relación a las afirmaciones de hechos de las partes, pero esa certeza puede
lograrse de (…) dos modos (…): 1) ‘certeza objetiva’, cuando existe norma legal
de valoración, y 2) ‘certeza subjetiva’, cuando ha de valorarse la prueba por el
juez y conforme a las reglas de la sana crítica. En los dos casos se trata de declarar
probada una afirmación de hecho en atención a los elementos probatorios
existentes en las actuaciones” (MONTERO AROCA, 2005: 54).
El artículo 188 del Código Procesal Civil, que trata sobre el particular, señala
que “los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos
por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos
y fundamentar sus decisiones”.
6. PERTINENCIA DE LA PRUEBA
La pertinencia de la prueba implica la vinculación del hecho objeto de
controversia con el hecho que acredita dicha prueba. Justamente el primer párrafo
del artículo 190 del Código Procesal Civil que trata sobre la pertinencia de los
medios probatorios establece que éstos deben referirse a los hechos y a la
costumbre cuando ésta sustenta la pretensión.
Anota Zafra que la pertinencia de la prueba “... consiste en una adecuación
o correspondencia entre el medio propuesto y el tema controvertido, o, con otras
palabras, en la idoneidad de aquél para acreditar éste...” (ZAFRA, 1960: 637).
Agrega dicho autor que “... la primera modalidad de la pertinencia concreta de la
prueba es una consecuencia lógica de la idoneidad de los hechos que con ella se
quiere acreditar...” (ZAFRA, 1960: 652).
La pertinencia representa la adecuación de los datos que proporciona un
medio probatorio con el objeto de prueba de un proceso. Debe encuadrarse en el
marco derivado de las alegaciones de las partes contenidas en la demanda y
contestación de ésta, principalmente. (También en los escritos que contengan la
formulación de excepciones, defensas previas y cuestiones probatorias).

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Sobre esto, expresa Zafra lo siguiente: “... Entendemos por pertinencia de un
cierto medio propuesto en juicio para justificar una determinada alegación,
produciendo la convicción judicial sobre ella, la idoneidad abstracta de dicho
medio propuesto a la función procesal de acreditamiento de alegaciones”
(ZAFRA, 1960: 646).
Picó I Junoy apunta que la pertinencia probatoria “… supone la relación
entre el hecho que pretende acreditarse mediante un determinado medio
probatorio y los hechos que constituyen el objeto de la controversia, así como la
aptitud para formar la debida convicción del juzgador…” (PICO I JUNOY, 1996:
45). El mencionado jurista advierte que “debe excluirse del juicio referente a la
pertinencia de la prueba la idea de su eventual eficacia. Para admitir o rechazar
un medio probatorio no deben realizarse valoraciones acerca de su probable
resultado pues, al margen de que ello sólo puede efectuarse (…) una vez (que)
ha sido practicada toda la prueba y no antes, el juicio relativo a la pertinencia
prescinde de toda consideración en torno a la concreta posibilidad de que los
hechos a probar sean efectivamente acreditados. (…) En consecuencia, es ajeno
al concepto de pertinencia de la prueba el elemento de la eventual eficacia de la
misma. Por otro lado, si se tiene en cuenta este elemento no sólo puede estar
anticipándose una postura susceptible de provocar indefensión, sino que se corre
el peligro de prejuzgar, en cierto modo, la decisión definitiva…” (PICO I
JUNOY, 1996: 55-56).
7. OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA
Constituye un requisito esencial de la prueba el momento en que es
suministrada, que no debe exceder del plazo legal respectivo, por cuanto
contribuye no sólo al conocimiento que de ella deben tener los litigantes sino
también a la posibilidad de contradicción de la misma.
De conformidad con el artículo 189 del Código Procesal Civil “los medios
probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios...” Luego
de dicha etapa opera la preclusión, es decir, ya no será posible el aporte de nuevos
medios de probanza.
Los medios de prueba se ofrecen en la etapa postulatoria y constituyen un
requisito de la demanda (artículo 424 -inc. 10)- del C.P.C.), por lo que deben ser
acompañados como anexos de ella (incisos 3, 4 y 5 del artículo 425 del C.P.C.).
De no ser así será declarada inadmisible la demanda en atención a lo normado en
el artículo 426 -incs. 1) y 2)- del Código Procesal Civil. De igual manera, en la
contestación de la demanda los medios probatorios constituyen requisitos

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exigibles legalmente (artículo 442 -incs. 1) y 5)- del C.P.C.) y se adjuntan como
anexos de ella (artículo 444 del C.P.C.). Como se observa el ofrecimiento de
medios probatorios no representa una facultad opcional de los justiciables sino
que significan una exigencia para la admisión a trámite de la demanda y de su
contestación.
La regla general de la oportunidad en que debe ser ofrecida la prueba se
quiebra con los supuestos contemplados en los artículos 374, 394, 429 y 440 del
8. LA CARGA DE LA PRUEBA
La carga de la prueba viene a ser el conjunto de reglas de juicio que le señala
al magistrado la manera cómo resolverá en aquellos casos de omisión de pruebas
o pruebas insuficientes que no puede salvar siquiera con la actuación de pruebas
de oficio. Así, como el Juez no puede inhibirse de expedir el correspondiente
fallo, tales reglas le ayudarán a pronunciarse sobre el asunto.
La carga de la prueba implica reglas indirectas de conducta para las partes,
que les indican cuáles son los hechos que a cada una de ellas les interesa probar
para que se acojan sus pretensiones (hablamos de interés porque no constituye
una obligación procesal el probar los hechos afirmados)
Según Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín, “las reglas que
regulan la carga de la prueba sirven para determinar en el momento de dictar
sentencia qué parte ha de soportar las consecuencias de la ausencia de prueba de
un hecho concreto. Por eso se afirma que cada parte tiene la carga de alegar los
hechos precisos para la aplicación de la norma que invoca, y además la carga de
probarlos asumiendo el riesgo de no conseguirlo” (GOMEZ DE LIAÑO
GONZALEZ; y PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000, Tomo I: 393-394).
Montero Aroca señala al respecto que “la carga de la prueba atiende de modo
directo a la determinación de cuál de las partes debe sufrir las consecuencias de
que no se haya probado un hecho y de modo indirecto a la fijación de qué parte
debe probar un hecho, pero la aplicación de las consecuencias de la carga sólo
puede hacerse cuando ese hecho no ha sido probado. Si el hecho ha resultado
probado no ha lugar ni siquiera a plantear la cuestión de la carga de la prueba”
(MONTERO AROCA, 2005: 105).
Nuestro ordenamiento procesal distribuye la carga de la prueba entre el
demandante y el demandado atendiendo a los hechos que cada uno de ellos

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aleguen como fundamento de su demanda o de su contestación, respectivamente.
Precisamente, el artículo 196 del Código Procesal Civil preceptúa lo siguiente:
“Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos”.
En el caso del demandado, su contradicción encontrará amparo si constituye
una negación pura o simple (sin necesidad de aportar prueba alguna) de todos los
hechos expuestos por el actor en la demanda y no acredita este último en forma
idónea su pretensión. Ello en virtud de la máxima onus probandi incumbit ei
qui dicit, non qui negat. Unicamente operará respecto del demandado la carga
de la prueba si alega nuevos hechos en su contestación a la demanda.
No cabe duda que el sujeto sobre el cual recae principalmente la carga de
probar con los consiguientes efectos jurídicos que ello supone es el demandante.
“... Corresponde de manera preponderante al actor aducir la prueba. En efecto, si
no prueba, el reo es absuelto aunque no haya invocado o alegado excepción
relativa a la extinción, modificación o inexistencia de la obligación a su cargo,
porque en ese caso se da aplicación a otro principio que se enuncia así: actore
non probante reus absolvitur. Significa que si el actor no prueba el reo debe
ser absuelto” (CARDOSO ISAZA, 1979: 58). En ese sentido se inclina el artículo
200 del Código Procesal Civil, el mismo que establece que: “ Si la parte no
acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o
reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada
infundada”. Esta norma jurídica se impone inclusive al supuesto contenido en el
numeral 461 del Código Procesal Civil referido al efecto que acarrea la
declaración de rebeldía: presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos
expuestos en la demanda. Así es, inclusive en el caso de producirse la rebeldía
del demandado deberá el demandante acreditar los hechos que configuran su
pretensión; lo contrario implicaría el rechazo de la demanda en el fallo final.
9. LA VALORACION DE LA PRUEBA
La valoración de la prueba significa la operación mental cuyo propósito es
percibir el valor de convicción que pueda extraerse de su contenido.
“La valoración de la prueba practicada es la operación final del
procedimiento probatorio encaminada a la obtención por el Juzgador de una
convicción sobre la veracidad o falsedad de las afirmaciones normalmente
fácticas, sólo extraordinariamente jurídicas, que integran el ‘thema probandi”

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Clariá Olmedo concibe a la valoración de la prueba como “... el análisis y
apreciación metódicas y razonados de los elementos probatorios ya introducidos;
absorbe un aspecto fundamental de la discusión y decisión del asunto
cuestionado, y es de carácter eminentemente crítico” (CLARIA OLMEDO,
1968: 54).
La valoración o apreciación judicial de la prueba es un proceso mental
complicado y sujeto a variación en cada supuesto presentado. Pese a ello se puede
decir que la actividad valoratoria supone tres notas importantes: a) el percibir los
hechos vía los medios de prueba; b) Su reconstrucción histórica (a la que se llega
directa o indirectamente); y c) el razonamiento o fase intelectual.
Según Colombo Campbell, “... el juez pasa en general por tres etapas o fases
de desarrollo de la prueba: la etapa que puede llamarse de la ignorancia de los
hechos, la etapa de la credibilidad y la etapa de la certeza” (COLOMBO
CAMPBELL, 1981: 169).
El Código Procesal Civil consagra en su artículo 197 la valoración global de
los medios de prueba así como su libre apreciación (razonada) por parte del Juez.
Dicho numeral señala que: “Todos los medios probatorios son valorados por el
Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que
sustentan su decisión”.
Puntualizamos que la apreciación de la prueba no es una tarea de
entendimiento integral porque tiene mucho que ver también la subjetividad del
magistrado, la cual concurre con el pensar racional. El funcionario judicial no
funda su fallo únicamente en datos objetivos, siendo innegable la participación
de una convicción personalísima, pero son aquéllos los que deben primar. Sólo
la seguridad del Juez respecto de la reconstrucción del estado de los hechos
realizada sobre la base del material probatorio da origen a la certeza que hace
falta para poder decidir la litis. Alcalá-Zamora y Castillo precisa que “... el ideal
en orden a la fuerza probatoria consistirá en obtener siempre la certeza, o sea,
la ausencia racional de dudas acerca de la existencia o no de un hecho y de todas
sus circunstancias relevantes. Como es difícil lograrla, hay que conformarse
muchas veces con la mera convicción, es decir, la creencia fundada de que un
hecho se ha producido o no...” (ALCALAZAMORA Y CASTILLO, 1964: 265).
9.1 Criterios de valoración

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Las codificaciones adjetivas y aun la costumbre en el ámbito judicial han
regulado el juicio valorativo del juzgador respecto de los medios probatorios
aportados en el proceso u ordenados dentro de él. Así nos encontramos
principalmente frente a dos criterios o sistemas de valoración:
- La prueba tasada o tarifa legal.
- La libre valoración de las pruebas.
De los sistemas mencionados en líneas precedentes se desprenden otros
aunque con mínimas variaciones, como el de la sana crítica, del cual dice Salas
Vivaldi que resulta ser un criterio intermedio entre la tarifa legal y la libre
apreciación que “... otorga al juez la atribución de valorar los medios probatorios
establecidos por la ley de acuerdo con el conocimiento exacto y reflexivo que
otorga la razón y la experiencia...” (SALAS VIVALDI, 1993: 120).
9.1.1 La prueba tasada
El sistema de la prueba tasada, denominado también como el de la tarifa
legal, consiste, según Sentís Melendo, en la “... predeterminación por el
legislador de lo que vale cada elemento aportado a los autos...” (SENTIS
MELENDO, 1967: 46). Añade el citado tratadista que “... no es un sistema de
valoración de medios o de fuentes sino de directrices de formación de la
sentencia...” (SENTIS MELENDO, 1967: 46).
Para Cardoso Isaza, “... probar, en derecho y dentro de un sistema legal de
pruebas, es demostrar al juez la verdad de un hecho o de un acto jurídico,
utilizando medios calificados previamente por la ley como aptos, idóneos y
adecuados” (CARDOSO ISAZA, 1979: 6).
Taruffo anota que “… la técnica de la prueba legal consiste en la producción
de reglas que predeterminan, de forma general y abstracta, el valor que debe
atribuirse a cada tipo de prueba…” (TARUFFO, 2002: 387).
Según Serra Domínguez, “… en el sistema de la prueba legal, el legislador
establece unas determinadas reglas que fijan taxativamente el valor a asignar a
cada uno de los medios de prueba. El Juez se limita a aplicar a la prueba los
baremos establecidos previamente por el legislador para declarar probados o
improbados unos hechos determinados…” (SERRA DOMINGUEZ, 2009: 72).
A decir de Armenta Deu, “con arreglo al sistema de prueba legal o tasada, el
juzgador debe aplicar una norma positiva a la actividad realizada para probar un

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determinado hecho, extrayendo las consecuencias jurídicas que la propia norma
le señala…” (ARMENTA DEU, 2004: 187).
9.1.2 La libre valoración de las pruebas por el juzgador
“… En el sistema de la prueba libre el valor de cada uno de los medios de
prueba es fijado libremente, con arreglo a su conciencia o a su íntima convicción,
por el Juez, caso por caso, sin necesidad de ajustarse a reglas establecidas
anticipadamente por el legislador” (SERRA DOMINGUEZ, 2009: 72).
El sistema de la libre valoración, conocido también como el de la apreciación
razonada, implica la libertad del Juez para formarse convicción del propio
análisis que efectúe de las pruebas existentes; sin embargo, su razonamiento no
puede dejar de lado las reglas de la lógica-jurídica ni las llamadas máximas de la
experiencia.
Taruffo apunta que “… el principio (…) de la prueba libre o de la libre
convicción, presupone la ausencia de aquellas reglas (que predeterminan, de
forma general y abstracta el valor que debe atribuirse a cada tipo de prueba) e
implica que la eficacia de cada prueba para la determinación del hecho sea
establecida caso a caso, siguiendo criterios no predeterminados, discrecionales y
flexibles, basados esencialmente en presupuestos de la razón” (TARUFFO, 2002:
387).
Según Gimeno Sendra, “el principio de libre valoración de la prueba
significa que el juez o el Tribunal, a la hora de formar su íntima convicción, no
ha de tener otro límite que los hechos probados en el juicio, los cuales ha de
apreciar y fundamentar en el fallo con arreglo a las normas de la experiencia y
de la lógica” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 48). El citado jurista agrega
que “… ‘apreciación en conciencia’ no significa ‘libre arbitrio’. El órgano
jurisdiccional ha de basar su sentencia exclusivamente sobre los hechos, objeto
de prueba en el juicio, sin que se pueda dar entrada en la sentencia a la ‘ciencia
privada del juez’. Es más, la sentencia habrá de contener el razonamiento de la
prueba (es decir, se habrán de describir las operaciones lógicas que, partiendo de
los hechos declarados como probados, permitan inferir la conclusión probatoria),
que ha seguido el juzgador para obtener su convicción” (GIMENO SENDRA,
2007, Tomo I: 48).
9.1.3 Sistema adoptado en nuestro ordenamiento jurídico
El Código Procesal Civil ha optado por el último sistema de valoración
judicial al establecer en el artículo 197 la valoración de los medios probatorios

437
por parte del Juez empleando su apreciación razonada. Nos parece acertada la
disposición legislativa y, tal como indica Cardoso Isaza, “su apreciación -del
Juez- es libre y por tanto puede otorgar a cada medio probatorio el valor que
considere más ajustado a la realidad procesal” (CARDOSO ISAZA, 1979: 50).
(Puntualizamos que en la práctica forense existe una preferencia hacia la prueba
documental en desmedro de otras clases de pruebas. Ello es comprensible por
cuanto en ciertas ocasiones será aquélla la más idónea para obtener la finalidad
prevista en el artículo 188 del mencionado Código, como ocurre por ejemplo si
se pretende demostrar la existencia de un contrato, imponiéndose el valor
probatorio de un documento al de una declaración testimonial).
Pese a inclinarse el legislador por el criterio de la libre valoración de la
prueba judicial, quedan rezagos del sistema de la tarifa legal. En efecto,
tratándose de los apercibimientos aplicables a la prueba anticipada, previstos en
el artículo 296 del Código Procesal Civil, tenemos que de no cumplir el
emplazado con actuar el medio probatorio objeto del proceso no contencioso de
prueba anticipada se producirá el reconocimiento ficto o presunto (inciso 1 del
art. 296 del C.P.C.), la certeza plena de la copia presentada o de las afirmaciones
sobre el contenido de un documento -en la exhibición- (inciso 2 del art. 296 del
C.P.C.), y la declaración de parte ficta (inciso 3 del art. 296 del C.P.C.).
10. LOS MEDIOS PROBATORIOS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL
El Código Procesal Civil contempla los siguientes medios probatorios:
- Declaración de parte.
- Declaración de testigos.
- Documentos.
- Pericia.
- Inspección judicial.
Dicho cuerpo de leyes también regula los sucedáneos de los medios
probatorios (indicios y presunciones), la prueba anticipada y las cuestiones
probatorias (tacha y oposición).

438
CAPITULO IX
MEDIOS PROBATORIOS:
DECLARACION DE PARTE
1. CONCEPTO
La declaración de parte, denominada confesión por el anterior Código de
Procedimientos Civiles, es una de las llamadas pruebas personales e históricas.
Se le asocia erróneamente con la confesión, siendo ésta la especie y aquélla el
género porque puede contener una confesión o no.
No sólo puede darse dentro del proceso la declaración de parte sino que
también se presenta fuera de él. Se manifiesta de manera espontánea o se genera
a través del interrogatorio. Además, no necesariamente será verbal, sino que es
posible encontrarla en documentos. En este sentido se pronuncia el artículo 221
del Código Procesal Civil, referido a la declaración asimilada, señalando lo
siguiente: “Las afirmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escritos de
las partes, se tienen como declaración de éstas, aunque el proceso sea declarado
nulo, siempre que la razón del vicio no las afecte de manera directa”.
Sin embargo, la declaración de parte strictu sensu constituye un medio
probatorio consistente en una declaración de conocimiento efectuada por alguno
de los litigantes ante el Juez de la causa. Es la deposición que realiza el justiciable
concerniente a los hechos materia de controversia, la misma que puede ser
auténtica o no coincidente con la realidad.
A decir de Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar:
“El interrogatorio (de las partes) es la declaración que efectúan las partes
(…) sobre hechos y circunstancias de los que se tengan noticia y que
guarden relación con el objeto del juicio (…).
Además de esa relación (…), los hechos tienen que ser relevantes. Ello,
porque utilizando esta prueba, una de las partes quiere convencer al
órgano jurisdiccional de la existencia o inexistencia de ese hecho”
y BARONA VILAR, 2003, Tomo II: 281).

MEDIOS PROBATORIOS: DECLARACION DE PARTE
439
Si se produce el reconocimiento de hechos perjudiciales para los intereses
del declarante (o de su representado) o favorables para quien solicitó dicha
prueba, estaremos ante la confesión.
La declaración de parte se caracteriza por lo siguiente:
- Es un acto jurídico que se realiza de manera consciente.
- Constituye un acto procesal.
- Viene a ser un medio probatorio directo, personal, histórico y de
representación.
- Es una declaración de ciencia o de conocimiento que se traduce en una
serie de afirmaciones o negaciones.
2. REQUISITOS
La declaración de parte precisa de los siguientes requisitos para su
existencia:
- Debe ser rendida por aquellos que tienen la calidad de parte en el
proceso donde se practica.
- Debe ser personal. Excepcionalmente se permite la declaración de parte
mediante apoderado (último párrafo del art. 214 del C.P.C.).
Naturalmente, las personas jurídicas y quienes no tienen el libre
ejercicio de sus derechos declaran a través del respectivo representante
procesal.
- Debe estar referida a hechos.
- Debe tener relación con hechos personales del declarante o de su
representado, según el caso, pudiendo versar también sobre el
conocimiento de hechos naturales (en cuya producción no ha
intervenido el ser humano) o de terceros.
- Debe tener contenido probatorio. Ello no significa que necesariamente
acredita determinado hecho sino que cumpla una función probatoria.
- Debe ser consciente o voluntaria. No se puede compeler al declarante
para que declare, sin perjuicio de que la conducta omisiva de aquél (que
supone también el silencio) pueda ser evaluada por el Juez al momento
de resolver.

440
- Debe ser expresa y cierta. Las respuestas del declarante deben ser
categóricas, sin dar lugar a duda alguna, por lo que el órgano
jurisdiccional no puede inferirlas.
- Debe contar el declarante con capacidad jurídica.
- Debe ser seria.
La declaración de parte requiere para su validez:
- La capacidad del declarante. En este requisito se incluye la existencia
del poder de representación si se actúa mediante apoderado o
representante judicial.
- La espontaneidad de la declaración. Ello implica la ausencia de
amenaza o violencia sobre la persona del declarante.
- La observancia de las formalidades procesales para su actuación.
Verbigracia, la existencia del pliego interrogatorio.
- Que la nulidad del proceso o de algún acto procesal no alcance a la
declaración en forma directa. Por ejemplo: el no emplazamiento de uno
de los litisconsortes necesarios vicia el procedimiento pero no afecta la
confesión del declarante, como sí ocurre en caso de desarrollarse el
proceso ante un Juez incompetente.
Para que la declaración de parte surta eficacia -probatoria, se entiende- deben
darse los siguientes requisitos:
- La disponibilidad del derecho de que trata la declaración. Si ella versa
sobre derechos indisponibles no surtirá ningún efecto.
- La conducencia de la declaración de parte como medio probatorio del
hecho declarado. Este requisito supone dos cosas: 1) que el
ordenamiento jurídico no niegue a la declaración de parte la aptitud para
acreditar un determinado hecho; y 2) que la ley no ordene la actuación
de otro medio de prueba para probarlo.
- La posibilidad del hecho declarado. En consecuencia, será ineficaz la
declaración de parte referida a algún hecho imposible.
- Que no sea dolosa o fraudulenta.

441
- Que lo declarado no sea contrario a una presunción legal absoluta o a
una situación que ha adquirido la calidad de cosa juzgada.
- Que el hecho declarado no sea opuesto a otro catalogado de notorio,
pues éste se encuentra exento de prueba.
- Que no existan otros medios probatorios que desvirtúen la declaración
de parte (especialmente si se trata de la prueba documental que, quiérase
o no, goza de preferencia en el proceso civil).
- Que se acredite la declaración con los medios pertinentes (copias
certificadas, por ejemplo), si se está ante la declaración asimilada
(actuaciones judiciales o escritos de las partes).
- Que se actúe oportunamente.
3. POSICIONES E INTERROGATORIO: GENERALIDADES
El interrogatorio implica las dudas y aun ignorancia de quien lo formula,
caracterizándose por ser incierto. Las posiciones suponen la certidumbre del
sujeto que las plantea acerca de lo que afirma, el que sólo espera la confirmación
del absolvente.
El interrogatorio tiene libertad de forma; en cambio, las posiciones deben
hacerse a través de preguntas en sentido afirmativo. De ahí la diferencia en cuanto
a sus resultados, pues, en los ordenamientos jurídicos que recogen la declaración
ficta, ésta sólo es posible tratándose de las posiciones, mas no de las interrogantes
que no tienen la forma asertiva.
El interrogatorio se dirige a la obtención de la declaración de parte, pudiendo
producirse la confesión. Precisamente, Gorphe anota que “el interrogatorio tiene
como fin principal provocar las confesiones o completar las ya hechas...”
(GORPHE, 1950: 212). Las posiciones buscan estrictamente que se produzca la
confesión.
No obstante las diferencias entre una y otra figura procesal, la tendencia
moderna se inclina por la asimilación de ambas, vale decir, su empleo indistinto
a fin de hallar la verdad de los hechos objeto de litigio.
La absolución de posiciones, que no es otra sino la declaración prestada en
virtud de las preguntas hechas, es, por eso, identificada con la declaración de
parte, pero, hacemos notar que ésta implica un concepto mucho más amplio al
no estar referida únicamente a las posiciones sino a todo tipo de preguntas.

442
3.1 Contenido del interrogatorio
El primer párrafo del artículo 214 del Código Procesal Civil preceptúa que
“la declaración de parte se refiere a hechos o información del que la presta o de
su representado”.
Ahora bien, resulta obvio que tales hechos o informaciones deben estar
relacionados en forma directa con el asunto que se ventila en el juicio, sin que
esto signifique que versen únicamente sobre las afirmaciones expuestas en la
demanda, su ampliación, modificación o contestación.
3.2 Sujetos procesales del interrogatorio
Resulta ser sujeto activo de la declaración de parte aquel que la practica,
quien debe ser parte en el proceso. Sin embargo, esto no significa que la
contraparte sea sujeto pasivo, pues se dice que no existen sujetos pasivos de
ningún medio probatorio porque, de una u otra manera, todos los litigantes son
sujetos activos de los medios de prueba al no estar éstos dirigidos a ninguno de
ellos sino al órgano jurisdiccional que actúa como su destinatario.
Es sujeto objetante de la declaración de parte el justiciable que la ofrece
como medio de prueba, cuando efectúa las contrapreguntas del caso. También
puede serlo el mismo declarante, si es que discute su eficacia probatoria.
Puntualizamos que quien declara debe tener la calidad de parte en el proceso,
pudiendo también rendir la declaración el apoderado (excepcionalmente: último
párrafo del art. 214 del C.P.C.) o el representante del justiciable, sea éste persona
natural o jurídica, siempre que cuente con facultades expresas para hacerlo.
Además de las partes, pueden prestar declaración u ofrecerla como medio de
prueba los terceros intervinientes en el proceso, para lo cual habrá que estar a lo
dispuesto en el Capítulo VII (“Intervención de terceros, extromisión y sucesión
procesal”) del Título II (“Comparecencia al proceso”) de la Sección Segunda
(“Sujetos del proceso”) del Código Procesal Civil.
3.3 Redacción de las preguntas
La redacción de las preguntas debe tener una forma asertiva. Así lo ha
consagrado el Código Procesal Civil al disponer en el primer párrafo de su
artículo 213 que la declaración de parte “... se iniciará con una absolución de
posiciones...” Esta se llevará a cabo conforme al pliego de posiciones
correspondiente.

443
Por mandato del segundo párrafo del artículo 213 del Código Procesal Civil,
“concluida la absolución, las partes, a través de sus Abogados y con la dirección
del Juez, pueden hacerse nuevas preguntas y solicitar aclaraciones a las
respuestas. Durante este acto el Juez puede hacer a las partes las preguntas que
estime convenientes”.
Las preguntas del interrogatorio deben estar formuladas de manera concreta,
clara y precisa. Las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles, serán
rechazadas de oficio o a solicitud de parte, por resolución debidamente motivada
e inimpugnable (primer párrafo del art. 217 del C.P.C.). Si las preguntas no
estuvieran redactadas de modo claro e inteligible, el absolvente estaría impedido
de conocer aquello sobre lo que se le interroga. Es por ello que las preguntas
oscuras o equívocas son rechazadas de plano. Es de destacar que el
reconocimiento de algún hecho producto de la declaración efectuada no debe
derivar de artimañas en la redacción de las preguntas o de eventuales
interpretaciones, sino del cabal entendimiento de las interrogantes planteadas y
de respuestas que no arrojen dudas acerca de su significación.
Una pregunta puede estar referida a varios hechos sin que ello afecte su
validez, pues sólo traerá como consecuencia la respuesta por separado del
declarante (de conformidad con el segundo párrafo del art. 217 del C.P.C.),
debiendo tenerse en cuenta la división para los efectos del límite de interrogantes
(20 preguntas por cada pretensión: último párrafo del art. 217 del C.P.C.). La
división de las respuestas no obedece estrictamente a cuestiones físicas o
materiales sino que debe considerarse para ello la unidad jurídica de cada
pregunta.
Puede haber más de una pregunta sobre el mismo hecho, pero deben estar
referidas a circunstancias o situaciones diferentes. En caso de ser coincidentes se
rechazarán las posteriores por inútiles, pudiendo también el declarante optar por
manifestar que ya la absolvió.
3.4 Formalidades del interrogatorio
El interrogatorio está sujeto a las siguientes formalidades:
- La parte que ofrece la prueba de declaración de parte debe acompañar
pliego de posiciones en sobre cerrado (arts. 213 -primer párrafo- del
C.P.C.).
- El pliego de posiciones debe contener no más de veinte preguntas por
cada pretensión (último párrafo del art. 217 del C.P.C.).

444
- La declaración de parte se practicará en la audiencia de pruebas, en
momento posterior a la actuación de los demás medios probatorios
aportados al proceso. Si ambas partes ofrecieran aquélla prueba,
primero se efectuará la declaración del demandado y luego la del
demandante (art. 208 -inc. 4- del C.P.C.).
- La declaración de parte es personal. Excepcionalmente se admite la
declaración del apoderado si el Juez considera que no se pierde su
finalidad (segundo y tercer párrafos del art. 214 del C.P.C.).
- Al sujeto procesal que va a declarar se le toma juramento o promesa de
decir la verdad. Dejamos en claro que esta formalidad no se contrae a
la declaración de parte sino que tiene lugar antes del inicio de la
audiencia de pruebas y alcanza a la integridad de su desarrollo,
surtiendo efectos en relación a los demás medios de prueba. La
mencionamos debido a la importancia que tienen el juramento o
promesa para garantizar la autenticidad de la declaración.
- Tanto la absolución de posiciones como el resto del interrogatorio
(nuevas preguntas y aclaraciones) estarán bajo la dirección del Juez
(arts. 213 -segundo párrafo- y 217 -primer párrafo- del C.P.C.).
- No se permite al interrogado el uso de ningún apunte o borrador de sus
respuestas, aunque sí la consulta de sus libros o documentos (último
párrafo del artículo 218 del C.P.C.).
- La declaración de parte debe tener lugar en el local del Juzgado o en el
lugar en que se practica la inspección judicial, si el Juez lo estima
pertinente (antepenúltimo párrafo del art. 208 del C.P.C.). Sin embargo,
puede tomarse en el domicilio de la parte por razones de enfermedad,
ancianidad u otro motivo atendible (primer párrafo del art. 205 del
C.P.C.); o también en su oficina, a petición del declarante, si se tratara
del Presidente de la República o del Congreso o de la Corte Suprema
(segundo párrafo del art. 205 del C.P.C.).
- Si la parte que debe rendir declaración domicilia en el extranjero o fuera
de la competencia territorial del Juzgado, el interrogatorio debe
efectuarse por medio de exhorto (art. 219 del C.P.C.).
3.5 Preguntas de oficio

445
El último párrafo del artículo 213 del Código Procesal Civil regula las
preguntas de oficio al disponer que concluida la absolución de posiciones y
durante el acto de las nuevas preguntas y aclaraciones que se formulen “... el Juez
puede hacer a las partes las preguntas que estime convenientes”. Obsérvese que
no sólo pueden ir dirigidas al declarante sino también a la contraparte.
Las preguntas de oficio no sólo se dan en la declaración de parte prestada
durante la audiencia de pruebas sino también cuando el Juez ordena en cualquier
instancia la comparecencia personal de las partes, a fin de interrogarlas sobre los
hechos discutidos (art. 51 -inc. 3)- del C.P.C.).
3.6 Forma de las respuestas
De conformidad con el artículo 218 del Código Procesal Civil, “las
respuestas deben ser categóricas sin perjuicio de las precisiones que fueran
indispensables...”
En efecto, las respuestas tienen que ser expresas y categóricas o terminantes.
El pliego de posiciones, por su propia naturaleza, hace que las respuestas sean en
sentido afirmativo o negativo, aceptando o negando el contenido de la pregunta;
sin embargo, aquéllas pueden dejar de ser categóricas, pero no expresas y
concretas, si las nuevas preguntas que se formulen no tienen el carácter de
asertivas o si se trata de aclaraciones, supuestos en que el declarante hará las
precisiones del caso o suministrará los datos que se le piden. Se aprecia, entonces,
que las preguntas que no tienen la forma o naturaleza de posiciones “... se deben
contestar en forma explícita y clara, sin evasivas, pero con la redacción que
quiera darles el absolvente” (DEVIS ECHANDIA, 1984, Tomo I: 362).
La parte citada para rendir su declaración no puede responder de manera
evasiva ni mucho menos negarse a declarar porque de ser así se tendrá por no
actuado el medio probatorio, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional, previo
requerimiento infructuoso para que cumpla con su deber de contestar, aprecie al
momento de resolver su conducta omisiva.
3.7 Declaración ficta o presunta
La declaración ficta o presunta es aquella que se tiene por realizada pese a
que el sujeto procesal citado para declarar no ha comparecido o se ha negado a
responder las preguntas o las ha contestado en forma evasiva, no obstante
requerírsele para que las absuelva conforme a ley. Tal declaración es considerada
una confesión implícita de los hechos contenidos en el pliego de posiciones, los
que se presumen como ciertos (siempre que sean pertinentes). Se deja en claro

446
que, aun en los ordenamientos jurídicos que recogen este instituto, la eficacia
probatoria de dicha presunción se halla subordinada a la ausencia de medios
probatorios idóneos que la desvirtúen.
Para Rodríguez González, “... la ficta confessio es la que en la
sentencia, de forma explícita o implícita, puede tener el Juez por hecha ante la
conducta de la parte que, llamada a absolver posiciones formuladas y declaradas
pertinentes, no comparece, rehúsa contestar, lo hace en forma evasiva o se niega
a referir el juramento” (RODRIGUEZ GONZALEZ, 1972: 43). Añade
correctamente dicho autor que “... la confesión tácita no pasa de ser una ficción
legal, de apreciación potestativa por el Juez según su prudente arbitrio y en
conjunción tanto con la conducta de la parte llamada a confesar, como con el
resultado de los demás medios probatorios practicados” (RODRIGUEZ
GONZALEZ, 1972: 45).
Nuestro ordenamiento procesal no contempla la declaración ficta o presunta
salvo cuando la establece como apercibimiento en caso de no actuación de la
absolución de posiciones en prueba anticipada (art. 296 -inc. 3)- del C.P.C.). Se
limita el Código Procesal Civil a disponer en el primer párrafo de su artículo 218
que la negativa a declarar o las respuestas evasivas que efectúe el obligado serán
apreciadas por el Juez al momento de resolver. Dicho numeral debe ser
concordado con el artículo 282 del citado cuerpo de leyes, referido a la
presunción y conducta procesal de las partes, por el cual el magistrado “... puede
extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la
conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta
notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios
probatorios, o con otras actitudes de obstrucción...”
3.8 Exención de respuestas
La declaración de parte no supone que quien la realice esté obligado a
contestar todas las interrogantes que se le formulen, pues pueden haber algunas
que, si bien resulten pertinentes por tener relación con el asunto controvertido,
estén sujetas, sino a prohibición legal para absolverlas, a la voluntad del
declarante, quien escogerá si las responde o no.
El artículo 220 del Código Procesal Civil regula lo concerniente a la
exención de respuestas preceptuando que:

447
“Nadie puede ser compelido a declarar sobre hechos que conoció bajo
secreto profesional o confesional y cuando por disposición de la ley
pueda o deba guardar secreto.
Tampoco puede el declarante ser obligado a contestar sobre hechos que
pudieran implicar culpabilidad penal contra sí mismo, su cónyuge o
concubino, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad”.
4. LA RETRACTACION EN LA DECLARACION DE PARTE
En principio, hay que precisar que la retractación de la declaración de parte
se presenta cuando se alega haber incurrido en error de hecho al no coincidir lo
declarado con la realidad. En cambio, la impugnación de la declaración de parte
implica refutar su eficacia probatoria; y la invalidación de dicho medio de prueba
supone su anulación por no reunir las condiciones que el legislador ha previsto
para tenerla por válida.
El artículo 216 del Código Procesal Civil establece al respecto lo siguiente:
“La declaración de parte es irrevocable. La rectificación del absolvente será
apreciada por el Juez”. El mencionado precepto del Código adjetivo se inclina
por la no retractación o irrevocabilidad de la declaración de parte, lo que denota
la influencia de un marcado principio de adquisición o comunidad de la prueba
que postula la pertenencia al proceso y no a las partes de todo medio probatorio
suministrado. El numeral citado precedentemente permite, en cambio, la
rectificación del absolvente, que no debe ser confundido con la revocación de lo
declarado, pues aquélla no implica negar (por error de hecho) la certeza del hecho
revelado, sino simplemente precisarlo, reduciendo sus alcances o desconociendo
una cualidad que se le adicionara. En buena cuenta resulta ser una modificación
del hecho declarado, pero no su negación íntegra. La rectificación que se hiciere
será objeto de la libre apreciación del juzgador, quien no sólo determinará su
eficacia comparándola con todos los medios de prueba aportados al proceso que
tengan que ver con la declaración practicada, sino que también podrá extraer el
magistrado conclusiones acerca de la conducta procesal del declarante reflejada,
en este caso, en su actitud de rectificación.
5. VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACION DE PARTE
La declaración de parte es una declaración de ciencia o de conocimiento
cuyo valor probatorio reposa en la seguridad o desconfianza que produzca el
testimonio del sujeto procesal que absuelve el interrogatorio. En caso de

448
producirse la aceptación o reconocimiento de algún hecho, valer decir, de
operarse la confesión, ésta tendrá, a no dudarlo, mayor credibilidad, pudiendo ser
suficiente para decidir en favor de la parte que ofreció tal medio de prueba,
siempre que así lo considere el Juez y la ley no exija otros medios probatorios
que sirvan para corroborar lo confesado.
En los países donde impera el sistema de la tarifa legal la declaración de
parte en la que se produce la confesión es prueba plena.
En aquellos Estados regidos por el sistema de la libre valoración (como el
nuestro) la declaración de parte, como todo otro medio de prueba, debe ser
evaluada por el órgano jurisdiccional en forma libre y razonada, aun cuando en
ella se produzca la confesión. Queda, entonces, sujeto su examen al criterio del
juzgador, quien tiene libertad para examinarla de acuerdo con las reglas de la
sana crítica y apreciar el mérito que ella tenga para crearle convicción acerca de
los hechos debatidos.
Tiene el magistrado que considerar en su apreciación la forma y contenido
de las respuestas, la validez, seriedad y conducencia de la declaración, las reglas
sobre su divisibilidad (debiendo primero estudiar las respuestas en su conjunto y
analizarlas comparativamente), las aclaraciones, contradicciones y
rectificaciones que se hicieren, la personalidad del declarante (sobre todo por la
naturaleza misma del medio de prueba en cuestión), los motivos que impulsan a
éste a no contestar alguna pregunta, la correcta interpretación de si una respuesta
es imprecisa o evasiva, así como la ausencia de otros medios probatorios que la
desvirtúen (para lo que es indispensable la confrontación entre aquéllos y lo
declarado).
Respecto al valor que puede tener la declaración de parte no practicada por
causa imputable al obligado, el Código Procesal Civil no establece como
apercibimiento la declaración ficta, limitándose a preceptuar que “... si el
interrogado se niega a declarar o responde evasivamente, el Juez lo requerirá para
que cumpla con su deber. De persistir en su conducta, el Juez apreciará al
momento de resolver la conducta del obligado” (primer párrafo del art. 218 del
C.P.C.). Sin embargo, tratándose de la absolución de posiciones que tiene lugar
como prueba anticipada, sí se establece tal apercibimiento (art. 296 -inc. 3)- del
C.P.C.). Sobre el particular, creemos que aun en este último supuesto el Juez, en
el proceso principal (contencioso), no debe dar por cierta la declaración ficta,
debiendo valorar todos los medios probatorios (incluyendo la conducta omisiva
del obligado de la que derivó el citado apercibimiento) en forma conjunta,

449
utilizando su apreciación razonada, como lo manda el artículo 197 del Código
Procesal Civil.

451
CAPITULO X
MEDIOS PROBATORIOS:
DECLARACION DE TESTIGOS
1. NOCION
Devis Echandía cataloga al testimonio de terceros como “... un medio de
prueba que consiste en una declaración de ciencia y representativa, que un tercero
hace a un juez, con fines procesales, sobre lo que dice saber respecto de hechos
de cualquier naturaleza” (DEVIS ECHANDIA, 1984, Tomo II: 29).
Serra Domínguez asevera que “la prueba testifical se configura (…) como la
representación efectuada oralmente ante el Juez de unos hechos de interés para
el proceso por una persona distinta de las partes que es llamada
instrumentalmente al proceso para aportar su declaración de ciencia sobre los
mismos” (SERRA DOMINGUEZ, 2009: 426).
Lino Palacio concibe a la prueba de testigos como “... aquella que es
suministrada mediante las declaraciones emitidas por personas físicas, distintas
de las partes y del órgano judicial, acerca de sus percepciones o realizaciones de
hechos pasados o de lo que han oído sobre éstos” (PALACIO, 1977, Tomo IV:
562).
A criterio de Gómez de Liaño González y Pérez-Cruz Martín, “la prueba de
testigos, también denominada prueba testifical, es la que proporcionan personas
que son ajenas al proceso, conocedoras de los hechos directa o indirectamente,
contestando ante el juez al interrogatorio formulado por las partes” (GOMEZ DE
LIAÑO GONZALEZ; y PEREZ-CRUZ MARTIN, 2000, Tomo I: 425).
Para Gimeno Sendra, “el medio de prueba denominado ‘interrogatorio de
testigos’ puede definirse como la declaración probatoria que prestan las
‘personas’ que ‘tengan noticia’ de los hechos objeto de la prueba…” (GIMENO
SENDRA, 2007, Tomo I: 439). Dicho autor precisa que “… son testigos las
‘personas’ que reúnen una doble condición: de un lado, son terceros ajenos al
proceso y, por tanto, no son partes procesales ni materiales al carecer de derechos
o de intereses legítimos respecto de la relación jurídico-material de la cual ha

452
surgido el conflicto; y, de otro, esas personas han de haber presenciado a través
de sus sentidos (generalmente a través de la vista y/o del oído, pero también
podría ser mediante el olfato, el gusto o, incluso, el tacto) todo o parte de los
hechos controvertidos” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo I: 439).
2. OBJETO
Los hechos constituyen el objeto de la declaración de testigos. Así, el
testimonio puede tratar sobre los hechos que hubieran transcurrido o que estén
ocurriendo simultáneamente con la declaración, siempre que su origen hubiera
tenido lugar con anterioridad (por lo menos a la fecha en que es ofrecida dicha
prueba). Como el deponente no puede aprehender o recoger materialmente los
hechos percibidos, su declaración versará sobre la idea que tiene de ellos.
Pese a exigirse que el testimonio verse estrictamente sobre los hechos
materia del interrogatorio, vale decir, que la declaración sea objetiva, ello no
obsta que la narración del testigo comprenda datos complementarios de su
percepción que no pueden desvincularse fácilmente de los hechos. Puede
declararse entonces sobre aspectos identificatorios o cualitativos de un objeto, el
estado (físico o mental) de una persona, los pormenores del hecho, la inferencia
de lo que se observó o percibió, conceptos jurídicos (por ejemplo, calificación de
una relación contractual como hospedaje o arrendamiento) que no implican
normas positivas ni cuestiones de puro derecho.
3. LA DECLARACION TESTIMONIAL COMO OBLIGACION
PROCESAL
La declaración testimonial constituye una obligación procesal en la medida
que el testigo tiene el deber de informarle al Juez sobre los hechos que conozca
relativos a la materia litigiosa.
Representa una auténtica obligación porque su incumplimiento acarrea una
serie de sanciones como son la multa y la detención, que se decretan no sólo para
castigar al testigo por no comparecer a declarar sino también para forzarlo a
hacerlo. Además, el testigo renuente a declarar puede ser conducido al Juzgado
con auxilio de la fuerza pública.
Nace la obligación procesal de declarar como testigo, no desde que el Juez
decreta la prueba en cuestión sino a partir del momento en que el tercero es
comunicado de ello mediante la correspondiente citación judicial.

MEDIOS PROBATORIOS: DECLARACION DE TESTIGOS
453
Sobre el particular, dispone el artículo 222 del Código Procesal Civil
que “toda persona capaz tiene el deber de declarar como testigo, si no tuviera
excusa o estuviera prohibida de hacerlo. Los menores de dieciocho años pueden
declarar sólo en los casos permitidos por la ley”.
4. REQUISITOS DE LA DECLARACION DE TESTIGOS
En el Código Procesal Civil los requisitos de la prueba de declaración de
testigos se encuentran establecidos en su artículo 223 que pasamos a citar:
“El que propone la declaración de testigos debe indicar el nombre, domicilio
y ocupación de los mismos en el escrito correspondiente. El
desconocimiento de la ocupación será expresado por el proponente,
quedando a criterio del Juez eximir este requisito.
Asimismo se debe especificar el hecho controvertido respecto del cual debe
declarar el propuesto”.
“La indicación del domicilio y residencia de los testigos tiene por objeto
facilitar su citación. Y la enunciación sucinta del objeto de la prueba
consiste en indicar el hecho que se desea demostrar por ese medio, lo
cual permite al juez examinar si el testigo se ciñe al asunto materia del
proceso, si se trata de una prueba legalmente prohibida, ineficaz,
impertinente o superflua, en cuyo caso debe rechazarla...” (CARDOSO
ISAZA, 1979: 218).
5. PROHIBICIONES PARA PRESTAR DECLARACION
TESTIMONIAL
Para la validez y eficacia de la prueba testimonial no debe recepcionarse ésta
si las personas se encuentran afectadas por alguna causal de prohibición. El
artículo 229 del Código Procesal Civil trata sobre este punto y establece lo
siguiente:
“Se prohíbe que declare como testigo:
1. El absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el Artículo 222°;
2. El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte
su idoneidad;

454
3. El pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de
afinidad, el cónyuge o concubino, salvo en asuntos de derecho de
familia o que lo proponga la parte contraria;
4. El que tenga interés, directo o indirecto, en el resultado del proceso; y
5. El Juez y el auxiliar de justicia, en el proceso que conocen”.
La excepción a que se refiere el inciso 1) del numeral citado
precedentemente, es aquella contemplada en el artículo 222 del Código Procesal
Civil, que permite la declaración de los menores de dieciocho años de edad en
los casos permitidos por la ley (en asuntos de Derecho de Familia, por ejemplo).
Además, la prohibición de declarar como testigo puede considerarse
extensible a aquellos sujetos inmersos dentro de alguna causal de tacha, que el
Código Procesal Civil prevé en los artículos 229 -ya citado-, 305 (referido a las
causales de impedimento) y 307 (que trata de las causales de recusación).
6. LIMITACION AL NUMERO DE TESTIGOS
La limitación al número de testigos obedece a justificadas razones de
economía y celeridad procesal. Sin embargo, ello limita la libertad de las partes
para aportar al proceso todos aquellos medios probatorios que estimen
convenientes para demostrar sus afirmaciones, y restringe, por ende, el
ofrecimiento de la prueba testimonial.
El Código Procesal Civil, en su artículo 226, establece el número máximo
de testigos que pueden ser ofrecidos por los sujetos procesales. Así, según dicho
numeral: “Los litigantes pueden ofrecer hasta tres testigos para cada uno de los
hechos controvertidos. En ningún caso el número de testigos de cada parte será
más de seis”.
7. CITACION DEL TESTIGO Y APERCIBIMIENTOS
La citación del testigo, traducida en la notificación de la cédula que contiene
como recaudo la resolución que ordena (a instancia de parte o de oficio) su
comparecencia al local del Juzgado para que en el día y hora señalados rinda su
declaración, trae como consecuencia la obligación procesal de prestarla.
El apercibimiento consiste en la advertencia a la persona que debe declarar
como testigo de las sanciones que se le impondrán si se negase a hacerlo. El
incumplimiento de la obligación de rendir testimonio se manifiesta con la

455
inconcurrencia al local del Juzgado, la negativa de su parte para declarar
(silencio) y las respuestas evasivas. En tal sentido, será sancionado quien no acata
el mandato judicial pese a ser requerido para hacerlo.
El artículo 232 del Código Procesal Civil está referido a los efectos de la
incomparecencia, señalando que: “El testigo que sin justificación no comparece
a la audiencia de pruebas, será sancionado con multa no mayor de cinco Unidades
de Referencia Procesal, sin perjuicio de ser conducido al Juzgado con auxilio de
la fuerza pública, en la fecha que fije el Juez para su declaración, sólo si lo
considera necesario”.
8. DESARROLLO DEL INTERROGATORIO
El artículo 224 del Código Procesal Civil está referido a la actuación de la
prueba testimonial y preceptúa lo siguiente:
“La declaración de testigos se realizará individual y separadamente. Previa
identificación y lectura de los Artículos 371° y 409° del Código Penal,
el Juez preguntará al testigo:
1. Su nombre, edad, ocupación y domicilio;
2. Si es pariente, cónyuge o concubino de alguna de las partes, o tiene
amistad o enemistad con ellas, o interés en el resultado del proceso;
y
3. Si tiene vínculo laboral o es acreedor o deudor de alguna de las
partes.
Si el testigo es propuesto por ambas partes, se le interrogará empezando por
las preguntas del demandante”.
Antes del interrogatorio no se toma al testigo juramento o promesa de decir
la verdad. El Código no lo exige, limitándose a disponer la lectura de los artículos
371 y 409 del Código Penal, numerales referidos a los delitos de omisión de
comparecer o prestar declaración y de falsa declaración en juicio,
respectivamente.
El testigo debe responder en forma precisa y clara, sin evasivas. No puede
usar en su declaración ningún apunte o borrador de sus respuestas.
El testigo responderá, además, las repreguntas y contrapreguntas planteadas
por quien ofreció el medio probatorio y por la contraparte, en ese orden. Así lo

456
establece el artículo 227 del Código Procesal Civil el cual dispone que: “La parte
que pida la declaración del testigo puede hacerle repreguntas, por sí o por su
Abogado. La otra parte puede hacer al testigo contrapreguntas, por sí o por su
Abogado”.
Serra Domínguez, quien asimila los conceptos de repregunta y
contrapregunta, destaca que “en cuanto al contenido propiamente dicho de las
repreguntas varía según los casos, sin que puedan formularse reglas generales.
La repregunta puede consistir en pedir nuevos detalles al testigo sobre la pregunta
ya afirmada; en la desconexión entre el testigo y los hechos relatados; en reiterar
en forma más simple, o simplemente bajo otra forma, la pregunta ya contestada,
etc. Dependen esencialmente de las circunstancias personales del testigo y de los
objetivos del hecho interrogado, y pueden ir encaminadas tanto a privar de toda
eficacia probatoria a la declaración, cuanto a conseguir una prueba de declaración
contraria” (SERRA DOMINGUEZ, 1969: 387).
A su vez, el Juez puede hacer las preguntas que estime pertinentes en uso de
sus facultades inquisitivas.
El artículo 228 del Código Procesal Civil trata sobre la improcedencia de
las preguntas en estos términos: “Las preguntas del interrogatorio que sean
lesivas al honor y buena reputación del testigo, serán declaradas improcedentes
por el Juez.
La misma disposición es aplicable a las repreguntas y contrapreguntas”.
9. FORMA DE LAS PREGUNTAS
“El interrogatorio de los testigos debe ser lo suficientemente claro para que
lo entiendan fácilmente; distribuido en diversas preguntas, formuladas del modo
más conciso posible, procurando que cada una comprenda un solo hecho o punto;
redactadas en forma de inquirir sus conocimientos, sin suministrarle todos sus
detalles, que precisamente debe exponer de manera espontánea si los conoce, es
decir, sin que las preguntas sean sugestivas o sugerentes...” (DEVIS
ECHANDIA, 1984, Tomo II: 99).
El artículo 217 del Código Procesal Civil, que trata sobre la forma de las
preguntas (o del interrogatorio) en la declaración de parte, es de aplicación a la
prueba testimonial por ser las normas de aquélla supletorias de las que regulan la
declaración de testigos. En consecuencia, las preguntas en esta última también
deben estar formuladas de manera concreta, clara y precisa. Las preguntas
oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles, serán rechazadas, de oficio o a

457
solicitud de parte, por resolución debidamente motivada e inimpugnable. Las
preguntas que se refieren a varios hechos, se contestarán separadamente.
10. VALORACION JUDICIAL DE LA DECLARACION DE TESTIGOS
Sobre el particular, Lorca Navarrete afirma que:
“Los órganos jurisdiccionales valorarán la fuerza probatoria de las
declaraciones de los testigos conforme a las reglas de la sana crítica,
tomando en consideración la razón de ciencia que hayan dado, las
circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas
formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se haya
practicado.
Por tanto, se acoge el principio de libre valoración de la prueba mediante
la adopción por parte del órgano jurisdiccional de las reglas de la sana
crítica” (LORCA NAVARRETE, 2000: 773).
Debe el Juez apreciar el mérito de la declaración de testigos aisladamente y
en concurrencia con otras declaraciones testimoniales y con otros medios de
prueba. El examen judicial “... debe hacerse no sólo relacionando al testigo con
su declaración, sino mediando un proceso comparativo y evaluatorio de ésta con
las demás pruebas que obran en autos” (CARDOSO ISAZA, 1979: 283).
Tomará en cuenta el juzgador las contradicciones entre las respuestas
contenidas en un testimonio y entre las diversas declaraciones existentes, así
como sus coincidencias.
Además, tiene el magistrado que considerar la aptitud física y mental del
testigo que tuvo en el momento de la percepción del hecho y al tiempo de prestar
su declaración, su capacidad narrativa y de memoria, su personalidad, la fuente
de sus conocimientos que induzca a pensar en la veracidad de la deposición, la
conducta que adoptó al realizarla, la sugestión o no de que pudo ser objeto, la
firmeza de su carácter o la presencia de prejuicios en su persona, la objetividad
de la declaración y su encuadramiento dentro del contenido del interrogatorio o
su subjetividad y los excesos cometidos, etc.
En suma, al valorar el Juez este medio probatorio debe observar todos sus
elementos, desde su ofrecimiento hasta su actuación, para así poder extraer
conclusiones, y tiene además que comparar su contenido con otros medios de
prueba que puedan complementarlo, confirmarlo o desvirtuarlo.

459
CAPITULO XI
MEDIOS PROBATORIOS: DOCUMENTOS
1. DEFINICION
Devis Echandía refiere que el documento “… es toda cosa que sirve de
prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera; puede ser
declarativorepresentativo, cuando contenga una declaración de quien lo crea u
otorga o simplemente lo suscribe, como es el caso de los escritos públicos o
privados y de los discos y cintas de grabaciones magnetofónicas; puede ser
únicamente representativo (no declarativo), cuando no contenga ninguna
declaración, como ocurre en los planos, cuadros, radiografías, dibujos y
fotografías. Pero siempre es representativo y esto lo distingue de las cosas u
objetos que sin ser documentos pueden servir de prueba indiciaria, como una
huella, un arma, una herida, etcétera” (DEVIS ECHANDIA, 1984, Tomo II:
197).
Para Crego, Fiorentini y Rodríguez, “... documento es un objeto, un medio
objetivo de representación exterior. Representa un hecho presente y lo proyecta
al futuro y ese derecho que representa, es la idea...” (CREGO; FIORENTINI; y
RODRÍGUEZ, 1989: 422). Añaden dichos juristas que “es también el
documento, un recurso accesorio que imponen las partes, para reproducir sus
declaraciones de voluntad y preconstituir a través del tiempo la prueba de que la
voluntad ha sido manifestada. Desde este punto de vista es fuente de prueba”
(CREGO; FIORENTINI; y RODRÍGUEZ, 1989: 423).
Cardoso Isaza conceptúa al documento como “cualquier cosa que siendo
susceptible de ser percibido por la vista o el oído, o por ambos, sirve por sí misma
para ilustrar o comprobar, por vía de representación, la existencia de un hecho
cualquiera o la exteriorización de un acto humano” (CARDOSO ISAZA, 1979:
300).
Palacio concibe al documento como “... todo objeto susceptible de
representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma
en que esa representación se exterioriza” (PALACIO, 1977, Tomo IV: 417).

460
El artículo 233 del Código Procesal Civil define al documento como “... todo
escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho”.
2. CARACTERISTICAS
Serra Domínguez afirma que son notas características de la prueba
documental las que describe a continuación:
“a) Constituye un medio de prueba, en cuanto sirve para trasladar al proceso
determinadas afirmaciones de interés para el mismo.
b) Es un medio de prueba real, en cuanto el vehículo de traslación de las
afirmaciones a presencia judicial, no lo constituye directamente la
persona humana, sino un objeto material producido por ésta en el que
se han fijado dichas afirmaciones.
c) Es un medio de prueba representativo, en cuanto el documento carece
en sí mismo de valor, teniéndolo exclusivamente el contenido del
documento (…).
(…)
d) (…) Es esencial a la documentación que ésta haga referencia a un hecho
presente, ya que en todo caso lo representado no es tanto el hecho
pasado como la afirmación actual coetánea a la documentación de la
existencia del hecho pasado o del propósito de realizar un acto en el
futuro. Nótese que en los documentos dispositivos siempre se hace
referencia a un hecho presente; y que en los documentos testimoniales,
mientras la documentación hace referencia al presente, el hecho
documentado puede referirse también al pasado” (SERRA
DOMINGUEZ, 2009: 209-210).
3. REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
Son requisitos para la validez de la prueba documental los siguientes:
- Que se trate de un objeto elaborado por la mano del hombre, que tenga
aptitud representativa.
- Que represente algún acto o hecho. - Que tenga significación
probatoria.

461
- Que, en caso de ser solemne, se hayan observado las formalidades que
la ley exige bajo sanción de nulidad.
- Que las personas que lo otorgan o suscriben tengan capacidad o
facultades de representación para realizar el acto encerrado en el
documento.
- Que el acto que contiene no sea nulo.
- Que se haya ofrecido oportunamente y cumplido los requisitos legales
del caso.
Son requisitos para la eficacia de la prueba documental los que a
continuación se indican:
- Que sea conducente y pertinente para acreditar el hecho materia de
debate judicial.
- Que se haya determinado su autenticidad o que ésta sea objeto de
presunción.
- Que no existan otros medios probatorios que la desvirtúen.
- Que no se haya obtenido ilícitamente.
- Que el contenido del documento, por sí solo o en concurrencia con otros
medios de prueba, formen convicción en el juzgador.
4. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
La prueba documental -al igual que los demás medios probatorios- puede ser
ofrecida por la parte interesada en la etapa postulatoria (quedan a salvo aquellos
casos en que el ordenamiento procesal permite su incorporación extemporánea
al proceso), ya sea en los escritos de demanda, contestación, excepciones,
defensas previas, etc. También es susceptible de ser decretada de oficio, en
atención a las facultades inquisitivas del órgano jurisdiccional. Asimismo, puede
ordenarse su exhibición, a pedido de parte u oficiosamente.
El aporte de esta prueba puede tener lugar, tratándose de documentos
escritos (instrumentos), adjuntando o bien el original o sino su copia (aunque ésta
merma considerablemente el valor probatorio del documento en sí).

462
En relación al ofrecimiento de este medio de prueba el Código Procesal Civil
regula lo concerniente a los informes, expedientes y documentos en otro idioma,
en los artículos 239, 240 y 241, respectivamente.
5. CLASES DE DOCUMENTOS
Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar enseñan
que:
“La doctrina establece (…) una clasificaciones de los documentos más o
menos completas.
Se habla así, en general, por un lado, de documentos notariales, judiciales
y administrativos, teniendo en cuenta el funcionario que autoriza el
documento: El notario, el juez, o un funcionario administrativo; por
otro, se habla también de documentos auténticos, indubitados,
legítimos y legalizados, de acuerdo con la relación entre determinada
cualidad del sujeto que autoriza el documento, y un acto procesal
particular; también se habla de documentos constitutivos y
testimoniales, según se contenga un determinado acto o negocio
jurídico, o se limiten a proporcionar un dato o extremo relativo a un
negocio jurídico; de documentos extranjeros y autonómicos, en función
del país de origen y lengua; y finalmente, de documentos públicos y
privados.
Esta clasificación en públicos y privados es la tradicional, (…) estando
pensada en función de los sujetos que intervienen en el documento. La
forma del documento y el sujeto que lo autoriza califican al documento
público; por el contrario, el que no reúne solemnidades específicas ni
está autorizado por funcionario competente, es el documento privado”
y BARONA VILAR, 2003, Tomo II: 289-290).
Por su parte, Devis Echandía clasifica a los documentos de la siguiente
manera: “... a) Documentos simplemente representativos (planos, dibujos,
cuadros, fotografías) y declarativos (escritos, grabaciones en cinta o discos); los
últimos se subdividen en simplemente declarativos, cuando contienen
declaraciones de simple ciencia, y dispositivos, cuando contienen actos de
voluntad para producir determinados efectos jurídicos, y por otro aspecto en
documentos de contenido testimonial y de contenido confesorio, según que esa
declaración perjudique o no a quien la formula (pero en el primer caso, si esa
persona no es parte en el proceso al cual se presenta el documento como prueba

463
contra quien no intervino en éste, adquiere el carácter de testimonial y, por lo
tanto, para que pueda tener mérito probatorio es indispensable oír en declaración
a su autor, con todas las formalidades legales...); b) de acuerdo con su forma, los
documentos declarativos se subdividen en instrumentales (si consisten en
escritos) y no instrumentales (por ejemplo, los discos, las películas y las cintas
magnetofónicas); c) de origen negocial, si son formados para hacer constar un
negocio jurídico o como consecuencia de éste, y de origen no negocial (en los
demás casos); d) simplemente probatorios (ad probationem), que se
subdividen en exigibles como única prueba y en concurrentes con otras pruebas,
y constitutivos de relaciones jurídicas o ad substantiam actus; e) según que
exista o no certeza sobre el autor del documento y su origen, se distinguen en
auténticos y no auténticos; f) según que hayan sido otorgados o no con
intervención de un funcionario público, pueden ser públicos y privados; los
privados pueden ser o no suscriptos (según que lleven o no firmas) y los públicos
pueden subdividirse en notariales, judiciales (las copias y certificados
expedidos por los jueces o sus secretarios), policivos (los mismos expedidos por
funcionarios de policía) y administrativos (los expedidos por funcionarios de la
administración u órgano ejecutivo); g) según se presenten en su forma inicial o
en una reproducción, pueden ser originales y copias; h) según el lugar en donde
se formen, puede hablarse de documentos nacionales y extranjeros” (DEVIS
ECHANDIA, 1984, Tomo II: 215-216).
El artículo 234 del Código Procesal Civil está referido a las clases de
documentos. Dicho precepto establece que:
“Son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias,
facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas
cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm
como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones
de audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan,
contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o su
resultado”.
No cabe duda que la clasificación más importante de los documentos es
aquella que los distingue en públicos y privados atendiendo a su fuente.
5.1 Documentos públicos
“Los documentos públicos son (...) aquellos expedidos, autorizados o
intervenidos por los fedatarios públicos legalmente habilitados, siempre que
actúen en el ámbito de sus competencias y con arreglo a los requisitos legalmente

464
establecidos, consecuencia de lo cual otorgan una fuerza probatoria privilegiada
(…) a determinados datos en ellos incluidos” (GIMENO SENDRA, 2007, Tomo
I: 449).
El documento público no debe ser equiparado al instrumento de igual
carácter. Este último representa una especie del primero (la más importante) y es
aquel que consta por escrito. “La característica del instrumento público es ser una
cosa dotada de una fuerza jurídica especial: merece fe pública (es un bien jurídico
sobre el cual reposa la seguridad de las comprobaciones de los negocios, los actos
y los hechos) y esta fe pública de que está dotado resulta de la intervención en su
otorgamiento de un oficial público que constituye el eje en torno al cual gira la
realidad jurídica implicada en el instrumento público: le imprime carácter,
naturaleza y fuerza” (CREGO; FIORENTINI; y RODRÍGUEZ, 1989: 432).
El instrumento público es “... la representación objetiva de un pensamiento,
voluntad o voluntades, realizada en papeles o elementos similares, mediante
escritura manual o mecánica, redactadas por o en presencia de una persona a
quien la ley asigna el carácter de oficial público, fedatario que la autoriza y con
los requisitos y las formalidades legales, con la finalidad de acreditar, en caso
necesario, un acto jurídico del cual es elemento estructural indispensable para su
existencia o un hecho jurídico trascendente y los derechos y deberes que emergen
de ellos o se conservan, modifican o extinguen con ellos, a los cuales el Código
atribuye carácter de auténticos, les otorga plena fuerza de convicción o valor
probatorio entre las partes y terceros, sólo destruible por acción civil o criminal
de falsedad o prueba en contrario respecto de algunas de sus menciones...”
(ABELENDA, 1980, Tomo 2: 374-375).
El documento público es regulado por el artículo 235 del Código Procesal
Civil de esta manera:
“ Es documento público:
1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones;
2. La escritura pública y demás documentos otorgados ante o por
notario público, según la ley de la materia; y
3. Todo aquel al que las leyes especiales le otorguen dicha condición.
La copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está
certificada por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario,
según corresponda”.

465
5.2 Documentos privados
Son documentos privados todos aquellos que no tienen el carácter de
públicos, o sea, los producidos por las partes o terceros que no tengan la calidad
de funcionarios públicos o que, teniéndolas, no los expiden o autorizan en uso de
las atribuciones que les concede la ley. Precisamente, el artículo 236 del Código
Procesal Civil establece que el documento privado “es el que no tiene las
características del documento público. La legalización o certificación de un
documento privado no lo convierte en público”.
Pueden tener la forma de instrumentos (escritos) y estar firmados o no, así
como ser redactados a mano o empleando un medio mecánico. Por ejemplo,
tenemos las cartas, contratos, libros, títulos valores, testamentos ológrafos,
entradas para algún espectáculo, comprobantes de pago, etc.
“... Los instrumentos privados en sentido estricto son los documentos
escritos y firmados por las personas particulares con el fin de hacer constar en
ellos manifestaciones de voluntad, destinadas a probar hechos o derechos. La
escritura y la firma aparecen aquí como requisitos indispensables para su
existencia jurídica” (CREGO; FIORENTINI; y RODRÍGUEZ, 1989: 421).
También constituyen documentos privados aquellos objetos que no tienen la
forma escrita y que son declarativos o representativos, según el caso, como los
planos, dibujos, microfilms, mapas, fotografías, cuadros, cintas magnetofónicas
o cinematográficas, videocintas, etc. Crego, Fiorentini y Rodríguez denominan
particulares a esta clase de documentos cuando señala que “entendemos por
documento particular, toda exteriorización o manifestación de la voluntad sobre
soporte no papel, por la que se reproduce un pensamiento o idea...” (CREGO;
FIORENTINI; y RODRÍGUEZ, 1989: 428).
En los instrumentos privados no se requiere observar ninguna formalidad en
su elaboración, excepto si por ley o costumbre se ha establecido alguna. La firma
de ellos es requisito indispensable para su eficacia. No es posible que ella sea
sustituida por iniciales o signos, si el sujeto no los acostumbra como firma. En
ciertos casos se permite la huella digital en reemplazo de la firma (como cuando
uno o más de los intervinientes resulta ser analfabeto).
Es necesario que previamente se acredite la autenticidad del instrumento
privado para que sea oponible al adversario. Esta comprobación puede realizarse
mediante reconocimiento expreso o tácito de la parte frente a la cual se quiere
hacer valer o, de lo contrario, puede actuarse otro medio probatorio con dicha
finalidad.

466
6. DISPONIBILIDAD Y EXHIBICION DE UN DOCUMENTO
Todo documento se encuentra a disposición de las partes y del órgano
jurisdiccional, como medio de prueba, en atención al derecho abstracto de probar
que tienen aquéllas y a las facultades inquisitivas del último.
La disponibilidad de un documento supone la posibilidad jurídica de
aportarlo al proceso como medio probatorio, ya sea acompañándolo en el escrito
respectivo en original o en copia o afirmando (describiendo su contenido) o
acreditando su existencia, solicitando, por consiguiente, su exhibición (indicando
con precisión el lugar donde se encuentra) o la prueba de informes sobre él.
“Si los documentos privados originales o en copia se hallan en poder de otra
parte o de un tercero y el interesado en aportarlo no puede obtener directamente
su copia, en la oportunidad para pedir pruebas debe solicitar que se ordene su
exhibición, la cual también procede respecto de copias auténticas de documentos
públicos cuando los originales no se encuentran o han desaparecido y no le
resulta posible aportar su copia auténtica” (CARDOSO ISAZA, 1979: 334).
Al respecto, Montero Aroca pone de relieve que “la carga de la presentación
de los documentos, la que se impone a las partes, presupone que éstas tienen la
disponibilidad de los mismos. Ante los casos de no disposición por una de las
partes, la ley tiene que reaccionar imponiendo a quien tenga esa disposición la
carga o el deber de colaborar con el órgano jurisdiccional, para que éste pueda
cumplir con su función. Esa carga o el deber puede imponerse a las demás partes,
a los terceros y, en especial, a las entidades oficiales” (MONTERO AROCA,
2005: 285-286). Dicho autor añade que “la carga o el deber de presentación (…)
puede levantarse o cumplirse por medio de la exhibición que lleva a la
presentación del documento, para que éste se incorpore a las actuaciones del
proceso…” (MONTERO AROCA, 2005: 286).
No existe inconveniente alguno si el documento lo tiene consigo la parte
interesada en aducirlo como prueba. Si el documento se encontrase en poder de
un tercero o del adversario y pertenezca o incumba a quien desee suministrarlo
como medio probatorio, su disponibilidad también es absoluta, estando obligados
aquéllos a su exhibición, si es solicitada o decretada de oficio. De no
corresponder el documento al litigante que pretende ofrecerlo como prueba, no
será posible su exhibición, aunque esto es relativo, pues ello dependerá del
criterio del juzgador y de su utilidad para esclarecer la materia controvertida.
Destacamos que la obligación de la parte contraria de exhibir un determinado
documento obedece a que el proceso es de interés público y no privado,

467
excluyéndose así del derecho moderno el aforismo clásico nemo tenetur edere
contra se (“nadie puede ser obligado a suministrar pruebas contra sí mismo”).
La exhibición se materializa con la entrega del documento respectivo o de
las copias certificadas del mismo. Tratándose de documentos públicos se tiene
por cumplido el mandato de exhibición con la sola indicación del obligado de la
dependencia en que se encuentra el original.
El Código Procesal Civil regula lo concerniente a la exhibición de
documentos en sus artículos 259, 260 y 261.
7. RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS
“El reconocimiento es el acto expreso o implícito, en virtud del cual el autor
jurídico del documento o sus causahabientes, le otorgan autenticidad, sea
espontáneamente o por citación judicial a solicitud de parte interesada, o por no
tacharlo de falso, en el término señalado por la ley procesal” (DEVIS
ECHANDIA, 1984, Tomo II: 243).
Similar parecer tiene Cardoso Isaza cuando señala que “un documento
privado no amparado por presunción legal de autenticidad o no declarado
auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior con audiencia de la
parte contra quien se opone en el nuevo proceso, se convierte en auténtico
mediante el reconocimiento que de él h

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