Globalizacion

GLOBALIZACIÓN, IDENTIDAD Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA
Manuel Castells
INTRODUCCIÓN
Esta ponencia analiza los cambios en la relación entre identidades y Estado en
América Latina en el contexto de la globalización. Se plantea en primer lugar el
análisis de la interacción entre globalización, identidades y Estados en base a la
experiencia comparada a escala mundial. A continuación, se analiza la
especificidad de dichos procesos en América Latina. Se señalan en fin cuatro
problemas fundamentales planteados a las políticas de Desarrollo Humano en
América Latina, sugiriendo algunas líneas de acción pública encaminadas al
tratamiento de dichos problemas. La ponencia está basada en fuentes
bibliográficas y documentales que se citan en las referencias. No se trata, sin
embargo, de un análisis empírico propiamente dicho, sino de una reflexión
fundada en la observación de las tendencias de cambio social global a fines del
siglo XX.
1. GLOBALIZACIÓN
Globalización no es sinónima de internacionalización. En sentido estricto es el
proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como
unidad en tiempo real a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo porque sólo en
las dos últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de
sistemas de información, telecomunicaciones y transporte, que ha articulado todo
el planeta en una red de flujos en las que confluyen las funciones y unidades
estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana. Así, la
economía global no es, en términos de empleo, sino una pequeña parte de la
economía mundial. Pero es la parte decisiva.
La economía global incluye, en su núcleo fundamental, la globalización de los
mercados financieros, cuyo comportamiento determina los movimientos de capital,
las monedas, el crédito y por tanto las economías en todos los países. Los
mercados de divisas cambian diariamente 1,5 billones de dólares, haciendo
imposible para cualquier gobierno sostener su divisa en contra de turbulencias
masivas de los mercados financieros. El desarrollo y creación de sofisticados
productos financieros (derivados, nuevos tipos de futuros, opciones etc.) articulan
valores bursátiles en distintos mercados, estableciendo su interdependencia a
través de transacciones electrónicas que mueven miles de millones de dólares en
segundos. Según algunos cálculos, el valor de mercado de la capitalización del
total de productos financieros derivados en 1998 era equivalente a 12 veces el
valor estimado del producto bruto total del planeta. No hay, hoy por hoy, control o
regulación de los flujos globales de capital, lo que convierte a todas las
economías, en dependientes del comportamiento de los valores de sus empresas,
acciones y obligaciones, en los mercados financieros.

La globalización de la economía también incluye la importancia creciente del
comercio internacional en el crecimiento económico, el aumento considerable de
la inversión extranjera directa, la globalización de una parte esencial de la
producción de bienes y servicios en torno a empresas multinacionales y a sus
redes auxiliares, la interpenetración internacional de mercados de bienes y
servicios, la formación de un mercado global de trabajadores de especial
calificación (de los ingenieros de software a los futbolistas) y la importancia de las
migraciones internacionales de mano de obra desplazada por las crisis
económicas hacia zonas con mayores oportunidades de empleo y progreso.
Junto a la globalización económica en sentido estricto, asistimos también a la
globalización de la ciencia, la tecnología y la información; la globalización de la
comunicación, tanto en los medios de comunicación masiva y multimedia, como
en las nuevas formas de comunicación a través de Internet; y, en una dimensión
más siniestra, la globalización del crimen organizado tiende a penetrar las
instituciones de gobiernos en numerosos países, con efectos perversos
considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.
El nuevo sistema global que se constituye a partir de redes de intercambio y flujos
de comunicación es a la vez extremadamente incluyente y extremadamente
excluyente. Incluyente de todo lo que tiene valor según los códigos dominantes en
los flujos y excluyente de todo aquello que, según dichos códigos, no tiene valor o
deja de tenerlo. En la medida en que la globalización se ha desarrollado,
esencialmente, como instrumento de articulación de mercados capitalistas, la
rentabilidad económica (ya sea mediante ganancia o acrecentamiento del valor
patrimonial, según los casos) se convierte en el criterio fundamental para la
inclusión o exclusión en las redes globales. Se constituye así un sistema
extraordinariamente flexible y dinámico, pero sometido a fuertes oscilaciones y a
una dinámica competitiva que no admite tregua o error. Las redes globales
articulan individuos, segmentos de población, países, regiones, ciudades, o
barrios, al tiempo que excluyen otros tantos individuos, grupos sociales o
territorios. Todos los países y territorios están atravesados por dicha lógica dual,
de forma que se crean redes transnacionales de componentes dinámicos de la
globalización, al tiempo que se segregan y excluyen segmentos sociales y
territorios al interior de cada país, región o ciudad. Naturalmente, en proporciones
altamente variables según las zonas del mundo en que opere la competitividad. Si
en África, la gran mayoría de la población está excluida del sistema globalizado
(aunque sufre las consecuencias de lo que ocurre en dicho sistema), en Estados
Unidos la proporción oscila en torno al 20%, aunque en el centro-sur de Los
Ángeles asciende al 30%. Esta geografía diferencial de la exclusión social se
complica aún más con la geometría variable de la globalización, cuando
turbulencias informativas en los mercados financieros propulsan sectores
económicos y territorios hacia la prosperidad (valores Internet) o la desintegración
(Indonesia, 1998) según procesos que sólo parcialmente responden a cálculos
estrictamente económicos.

Las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía global
dependen fundamentalmente de la capacidad de generación de conocimiento y
procesamiento eficaz de la información. La cual depende, a su vez, de la
capacidad cultural y tecnológica de las personas, empresas y territorios. En la
economía informacional, la educación y la innovación se constituyen en fuerzas
productivas directas. Pero siendo condiciones necesarias para el nuevo modelo de
desarrollo, no son suficientes. Porque en la medida en que el excedente se
transfiere al mercado financiero, el comportamiento del mercado financiero,
sometido a percepciones de psicología colectiva y a turbulencias informativas de
todo origen, influye decisivamente en la riqueza y la pobreza de las naciones. En
este nuevo modelo de desarrollo informacional, la sociedad y las instituciones
juegan un papel decisivo. Ello es así, por un lado, porque la productividad y
competitividad dependen de la calidad de los recursos humanos y de la capacidad
estratégica, de instituciones y empresas, para articular dichos recursos en torno a
proyectos de inversión viables y sustentables. Por otro lado, porque la estabilidad
social y política y el eficaz funcionamiento de las instituciones son factores
psicológicos esenciales para los inversores globales, de cuyo comportamiento
depende, finalmente, el valor de empresas y países en los mercados financieros.
La globalización, en su encarnación actual de capitalismo informacional
desregulado y competitivo, supera a los Estados, pero articula a los segmentos
dinámicos de las sociedades en todo el planeta, al tiempo que desconecta y
margina a aquellos que no tienen otro valor que el de su vida.
2. IDENTIDAD (es)
La informacionalización y la globalización son procesos centrales de la
constitución de una nueva economía y una nueva sociedad en el cambio de
milenio. Pero junto a ellos, y en interacción compleja, otro fenómeno, de índole
cultural y político, está transformando el mundo. El reforzamiento de las
identidades culturales como principio básico de organización social, seguridad
personal y movilización política. Identidad, en términos sociológicos, es el proceso
por el cual los actores sociales construyen el sentido de su acción atendiendo a un
atributo cultural (o conjunto articulado de atributos culturales) al que se da
prioridad sobre otras fuentes posibles de sentido de la acción. Puede darse el
caso de varias identidades en un individuo, pero tal pluralidad es siempre fuente
de tensión. No siempre se define un actor por su identidad, pero cuando el
principio de definición es identitario, es un principio fuerte que tiende a cobrar
preeminencia sobre otras fuentes de sentido. En nuestro tiempo histórico, las
identidades religiosas, nacionales, territoriales, étnicas y de género, aparecen
como principios fundamentales de auto-definición, cuyo desarrollo marca la
dinámica de las sociedades y la política de forma decisiva. Sin entrar en
controversias poco útiles sobre la novedad histórica de esta explosión identitaria,
sí puede sostenerse que su existencia invalida la tesis de la de-sacralización y
des-ideologización de la sociedad moderna. La superación de las identidades, que
era el gran proyecto histórico del racionalismo (liberal o marxista) ha sido
superada por el renovado poder de la identidad.

Junto a estas identidades fuertes, comunitarias, aparentemente fundadas en
experiencia histórica y tradición cultural, hay también el surgimiento de identidades
individuales, auto-construidas en torno a un proyecto personal, a un principio
electivo. Tales identidades individualistas son particularmente importantes en
sectores sociales o sociedades en que las identidades comunitarias no se
desarrollan, pero en las que los principios abstractos de pertenencia simbólica
(tales como ciudadanía, clase social etc.) se debilitan como resultado del
vaciamiento de contenido histórico de las instituciones y organizaciones que
encarnaban dichos principios (el estado-nación, los sindicatos de clase etc). Una
identidad individualista particularmente importante es la identidad familiar, o
individualismo familiar, en la que se funde el sustrato comunitario y el proyecto
autónomo de existencia, vaciado de todo otro contenido que la afectividad
inmediata y defensiva hacia uno mismo y los suyos.
¿Por qué se desarrollan las identidades como principios constitutivos de la acción
social en la era de la información? Mi hipótesis, apoyada en la observación de
movimientos sociales y expresiones identitarias en todo el mundo, es que este
desarrollo es consecuencia de la globalización y de la crisis de las instituciones del
estado-nación y de la sociedad civil constituida en torno al Estado. Explico. La
globalización desborda la capacidad de gestión de los estados-nación. No los
invalida totalmente, pero los obliga a orientar su política en torno a la adaptación
de los sistemas instrumentales de sus países hacia la navegación en los flujos
globales. Al hacerlo, los Estados tienen que sacrificar intereses de sectores hasta
entonces protegidos por él. Es más, la sociedad civil, según la concepción
gramsciana original, no se constituye contra el Estado, sino en articulación con el
Estado, orientada hacia el Estado: sindicatos, cooperativas, organizaciones
religiosas y ciudadanas. Cuando el estado tiene que atender, prioritariamente, a la
dinámica de flujos globales su acción hacia la sociedad civil se torna secundaria y
por consiguiente el principio de ciudadanía emite un significado cada vez más
débil hacia los ciudadanos. En esas condiciones, los sectores golpeados por los
ajustes que impone la globalización buscan principios alternativos de sentido y
legitimidad. En esa búsqueda la gente se hace consciente del déficit democrático
que existe tras el andamiaje institucional e ideológico del sistema político. Y
aunque no se suele poner en cuestión la democracia (cuya conquista, casi
siempre, costó sangre y lágrimas), surge una oposición explícita a la globalización
y a su agente, el estado ex-nacional, ahora agente racionalizador de la
globalización, en torno a un principio constitutivo distinto. En muchos casos se
separa la nación del Estado, oponiendo al estado-nación la nación-estado
(nacionalismo francés o estadounidense, o venezolano); o, bien, oponiendo al
estado-nación, la nación sin estado (nacionalismo catalán, escocés of quebecois).
En muchos otros casos el principio de etnicidad oprimida se utiliza como fuente de
nueva legitimidad democrática (los zapatistas de Chiapas, los kataristas
bolivianos). La identidad regional se constituye en principio de recomposición
social frente a la crisis del estado nación, como en Colombia. Pero tal vez es la
identidad religiosa, fundamentalista o moderada, la que se constituye como el
principal principio alternativo de reconstrucción del sentido a escala planetaria. Es

el caso del islamismo, del hinduismo-nacionalista, del judaísmo ortodoxo, del
fundamentalismo cristiano, particularmente influyente en Estados Unidos y entre
los evangelistas de América Latina. En forma distinta, el desarrollo del
comunitarismo de base en la Iglesia católica latinoamericana proporciona un
refugio y un sentido alternativos a las secuelas sociales de la globalización sin
control, al individualismo agresivo asociado al neoliberalismo, a la crisis de las
ideologías socialistas tradicionales y al formalismo retórico de las declaraciones
liberales de ciudadanía. En la mayoría de los casos de movimientos sociales
identitarios en el mundo hay un rechazo explícito de la globalización y una
denuncia del Estado, convertido en rehén de los flujos globales. No estoy
interpretando el sentido de los movimientos identitarios, sino constatando el
sentido que se atribuyen a sí mismos. Conforme las identidades surgen como
principios constitutivos de la acción social, corroen el principio fundamental de
ciudadanía, sobre el cual se basó el estado-nación construido en la edad
moderna. Si la identidad fundamental es la religiosa o la nación como entidad
histórica, ser ciudadano es aún una fuente de derechos, pero ya no de sentido. El
laicismo y el individualismo de la democracia liberal, como construcción racional y
abstracta emanante del contrato social, deja de ser el principio de pertenencia y,
por tanto, el principio de legitimidad. El poder de la identidad destruye la
legitimidad del Estado como fuente de sentido. Sometido a las presiones
contradictorias de la globalización y las identidades culturales comunitarias, el
estado-nación soberano y la sociedad civil constituida en torno a él, entran en un
proceso de declive histórico que pareciera ser irreversible.
3. EL ESTADO RED
Sometido a las presiones de cambio tecnológico, económico y cultural, el estado
no desaparece: se transforma. Busca, por un lado, alianzas estratégicas, tanto
estables como coyunturales con otros estados, para tratar conjuntamente los
problemas planteados por la globalización. Surgen así estados co-nacionales,
como es la Unión Europea, con un Banco Central Europeo independiente, una
moneda única y, por tanto, una economía unificada, a la que se añaden múltiples
instituciones y leyes de ámbito europeo. Se refuerza el papel de las instituciones
internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de Estados
Americanos, la Organización de la Unidad Africana y las distintas organizaciones
de seguridad regionales, en Europa, en el Pacífico, en América Latina. Se
constituyen alianzas militares fuertemente integradas, como la OTAN, que, en la
práctica, funden las fuerzas armadas de sus miembros en unas fuerzas armadas
supranacionales con mando conjunto. Surgen formas políticas “sui generis”, a
medio camino entre estados co-nacionales e instituciones internacionales, como la
Comunidad de Estados Soberanos, entre las ex-repúblicas de la ex-Unión de la
Sovietica. Proliferan las áreas de integración económica que trascienden la
soberanía económica nacional, como son Mercosur, el Tratado de Libre Comercio
Norteamericano o, en embrión, el Acuerdo de Cooperación Económica en el
Pacífico y la Unión Arancelaria de los países del ASEAN en Asia del Sudeste. Y se
constituyen instituciones económicas supranacionales, de ámbito global, como son
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con influencia decisiva en la

regulación de la desregulación económica global, bajo control del exclusivo club
G-7, en base a la influencia de su opinión en los mercados financieros
internacionales. Así, el estado-nación se dota de instrumentos cooperativos de
gestión, navegación y negociación en la globalización. El precio es alto: la pérdida
de soberanía y el paso irreversible al poder compartido. O sea, se pierde poder
para mantener influencia. Pero la alternativa es la irrelevancia de decisiones que
ningún estado (ninguno, ni siquiera los Estados Unidos) puede aplicar por sí
mismo. Es más, ni siquiera esta confluencia de poderes y recursos permite
asegurar el control de los gobiernos sobre los flujos de capital, información y
tecnología, como se ha verificado en momentos tales como la crisis financiera
asiática o los repetidos fracasos en controlar Internet. Pero, al menos, la
construcción de esferas de poder compartido permite acrecentar la capacidad de
negociación e intervención en relación con los flujos globales.
Por otra parte, el estado-nación, en casi todo el planeta, está buscando su
relegitimación mediante la descentralización administrativa y la participación
ciudadana. Se transfieren competencias a gobiernos locales y regionales, al
tiempo que se democratiza su elección y se intenta fortalecer su capacidad
autónoma de gestión. En algunos casos, esta descentralización va de par con el
reconocimiento de fuertes identidades nacionales, regionales y locales, intentando
así hacer compatible el principio de ciudadanía política y la afirmación de la
identidad cultural. También han procedido los estados a un reconocimiento
creciente de la esfera de acción “para-pública”, mediante el desarrollo de ONGs
(organizaciones no-gubernamentales) que complementan las políticas públicas,
articulando recursos privados y desburocratizando la gestión de programas
sociales. A menudo las ONGs prolongan su acción en la esfera internacional, en
un desarrollo paralelo a la internacionalización cooperativa de la intervención de
los Estados. La descentralización del estado-nación y su apertura creciente (al
menos formalmente) a la participación acentúan su pérdida de poder pero, por otro
lado, permiten restaurar parte de su legitimidad en crisis.
Este doble movimiento del estado-nación hacia la cooperación internacional y
hacia la devolución de poder a ámbitos sub-nacionales, conduce a la construcción
de un nuevo sistema institucional, hecho de redes de órganos gubernamentales
de distinto nivel, articuladas a estructuras no gubernamentales. Para cada
problema, para cada ámbito de decisión se produce una configuración distinta de
la combinatoria administrativa que compone el nuevo estado. Es un estado-red,
que funciona mediante la interacción de sus distintos componentes en un proceso
continuo de estrategia, conflicto, negociación, compromiso, co-decisión y decisión,
que constituye la práctica político-administrativa concreta de nuestras sociedades.
Tras la fachada grandilocuente del estado-nación soberano que aún se proclama
como tal, los restos de un estado maltrecho por la globalización y las identidades
se reconfiguran en redes de colaboración y puesta en común de recursos. La
flexibilidad de estas redes y su acceso a mayores fuentes de recursos y
competencias permite a los estados no sólo sobrevivir, sino prosperar en la era de
la información. Sin embargo, la complejidad de la decisión política en ese mundo
de redes institucionales, desbordando cotidianamente el ámbito nacional, complica

considerablemente la representación y el control democráticos. Falto de un anclaje
en una sociedad civil que sea a la vez supra-nacional y local, el estado-red gana
en flexibilidad y eficacia lo que pierde en democracia y transparencia.
4. AMÉRICA LATINA: En el cambio de milenio
La problemática latinoamericana a fines del siglo XX puede estructurarse en torno
a su relación específica con la globalización, las identidades y el estado.
Globalización
La globalización ha transformado profundamente las economías y las sociedades
en toda América Latina. En su dimensión fundamental, la financiera y monetaria, la
globalización y las políticas de ajuste que de ella derivan han inducido un nuevo
marco macroeconómico, caracterizado por la estabilidad monetaria, el control de
la inflación como objetivo prioritario, la liberalización del mercado de capitales, la
desregulación económica y la privatización de empresas públicas en casi todos los
países. En ese sentido el funcionamiento de las economías latinoamericanas se
ha aproximado sustancialmente al de las economías más avanzadas, creando las
condiciones para una relativa homogeneización de la inversión de capital y para el
libre movimiento de mercancias. Y eso es lo esencial de la globalización: la
unificación de criterios de mercado en un espacio económico ampliado. La
inversión extranjera, tanto directa como en el mercado de valores, se ha
multiplicado, proporcionando recursos para el crecimiento económico y
favoreciendo transferencia de tecnología y mejora de la gestión empresarial. El
comercio internacional se ha diversificado por sectores y por regiones del mundo.
Y se ha dinamizado, en calidad y en cantidad. El Tratado de Libre Comercio en el
norte y Mercosur en el sur han constituido áreas económicas crecientemente
integradas que amplían mercados y contribuyen a mejorar la competitividad. El
punto débil de América Latina continua siendo sin embargo la baja capacidad
tecnológica, tanto en generación como en uso de nuevas tecnologías. Ello implica
que la mayor parte de las exportaciones, en todos los países menos Brasil,
corresponde aún a productos agropecuarios, materias primas y productos
extractivos. La exportación de productos manufacturados, en todos los países,
sigue concentrándose en los sectores de menor valor añadido. Las exportaciones
de servicios continúan también mayoritariamente en las líneas tradicionales, como
turismo (generalmente controlado por tour-operadores globales), con escasa
competitividad en los servicios a las empresas, actividad de alto crecimiento y alto
valor añadido. Una nueva dependencia, la tecnológica, marca la nueva economía
latinoamericana en un momento decisivo de su articulación a la economía global.
Por cierto que puede concebirse un desarrollo tecnológico que se traduzca en
aumento de exportaciones primarias. Así las economías exportadoras estrella de
los noventa, la Argentina y la Chilena, siguen concentrando sus exportaciones, en
buena medida, en la línea agro-alimentaria. Y la utilización de tecnología
avanzada, tanto biológica como de gestión informatizada, ha sido importante en la
competitividad de las empresas más dinámicas del sector en ambos países.

Con todo, a finales de los noventa puede decirse que, en su conjunto, América
Latina está integrada en la nueva economía global. Pero de forma desigual, con
altos costos sociales y económicos en la transición, y con amplios sectores
sociales y territorios excluidos estructuralmente de ese proceso de modernización
e integración económicas. Los índices de desempleo, pobreza y desigualdad
varían, pero con excepción de Chile (que ha mejorado su situación social, en
parte por el bajo nivel de partida, en comparación con la situación de marginación
masiva heredada de Pinochet) han aumentado en el conjunto de América Latina a
lo largo de la década. El desarrollo desigual territorial se ha acentuado y la
concentración de población y recursos en las grandes áreas metropolitanas sigue
creciendo, suscitando tensiones sociales y deterioro medio-ambiental por falta de
control y planeamiento de este proceso de urbanización acelerada, que ha llevado
ya a las ciudades al 75% de la población latinoamericana. Se observa una
distancia creciente entre el sector moderno, globalizado de la economía y el sector
informal y de economía de supervivencia en el que trabaja la mayoría de la
población. Si la marginalidad urbana era un mito cuando se formuló su teoría en
los sesenta (puesto que la mayor parte de los llamados marginales estaban
integrados en la economía formal) en estos momentos sí asistimos a dos
dinámicas diferentes entre la articulación dinámica y la supervivencia informal. En
parte ello se debe a la descomposición/recomposición de la economía por los
costos del ajuste, que han desintegrado sectores protegidos de la empresa pública
y han estrangulado a numerosas pequeñas y medias empresas por las altas tasas
de interés, generando así paro estructural y no sólo sub-empleo. Junto a ello, altas
tasas de crecimiento económico han generado un amplio estrato medio-alto
urbano de nuevo tipo, ligado a la empresa privada, con altos niveles de educación,
sofisticación profesional y patrones de consumo homologables a los
estadounidenses y europeos.
La crisis de amplios sectores de la población y de muchas regiones creó las
condiciones para su utilización por parte de las mafias globales, que han realizado
lo que denomino la conexión perversa, es decir la reconexión de sectores de la
población y regiones con la economía mundial, mediante actividades criminales de
todo tipo (centradas en el tráfico de drogas y en el lavado de dinero) que
encuentran mercados en expansión en las sociedades más ricas. La economía
global criminal se ha convertido en un sector altamente dinámico, generador de
riqueza y empleo, pero también destructivo e inductor de inestabilidad, en varios
países de la región. La dinámica de la globalización, y la aceleración del
crecimiento económico, incontrolado y espoleado por la búsqueda constante de
competitividad han conducido a una destrucción masiva del medio ambiente.
Tanto en áreas rurales (Amazonía, Yucatán, delta del Orinoco, Bío-Bío y tantas
otras) como en las periferias de las grandes metrópolis, se está produciendo un
deterioro irreversible del equilibrio ambiental que amenaza con degenerar en
verdadero desastre ecológico. En suma, América Latina está, de lleno, en la
globalización. Con sus procesos de crecimiento dinámico, competitivo y
modernizador, del que forman parte, hoy por hoy indisoluble, procesos de
exclusión social y destrucción medioambiental.

Identidades
¿Cómo se relaciona este proceso con la evolución de las identidades colectivas en
América
Latina? Cabe distinguir, aunque coexistan de forma articulada, tres identidades
distintas: la étnica, la regional, la nacional. La étnica se ha manifestado
fuertemente en la última década, de Chiapas, Guatemala y Bolivia, al Amazonas y
al resurgir de las reivindicaciones mapuches. Para países como Guatemala y
Bolivia es un principio fundamental de identidad, aún fraccionado, como en Bolivia,
en distintas culturas. Pero para la mayoría de países latinoamericanos es una
identidad específica de comunidades que son minoritarias, marginadas u
olvidadas, por lo que difícilmente se ha constituido en principio de identidad más
allá de los sectores movilizados por una lucha específica, generalmente defensiva.
La integración dominada de la cultura indígena en el Perú o de la cultura africano-
brasilera en las ciudades de Brasil, son fenómenos más representativos de las
tendencias en curso que la afirmación de la dignidad de los indios mexicanos
simbolizada por las banderas zapatistas.
La identidad regional también se ha manifestado con más fuerza en el espacio
público en la década de los noventa, marcando comunidades más allá de la
cotidianeidad y el costumbrismo. Las culturas regionales colombianas, de
Antioquía al Cauca, son principios definitorios de redes de protección social ante la
crisis general del estado colombiano. El norte mexicano encuentra su identidad
reforzada por su carácter de polo dinámico del nuevo espacio económico, al
tiempo que Yucatán busca principios de movilización identitaria en su lucha contra
una marginación creciente.
Pero a lo largo del siglo, el principio identitario dominante en toda América Latina
ha sido la identidad nacional. Era una identidad proyecto, como la Argentina por
ejemplo, una identidad construida en torno a un estado-nación que, ya sea sobre
bases populistas o clientelares, afirmaba un proyecto de desarrollo y una
especificidad a la vez frente a los países poderosos (aun sirviéndolos en lo político
y en lo económico - pero nunca en lo cultural, véase México-EEUU) y frente a los
vecinos, siempre sospechosos de algún mal designio. El estado construye la
nación y la identidad nacional aparece como la principal fuente de identidad
colectiva, articulada en lo privado a la identidad religiosa y en lo público a la
identidad política - directamente inspirada por el estado (justicialismo, priismo,
varguismo, fraccionamiento atroz entre identidades liberal y conservadora en
Colombia).
Pues bien, en la medida en que el estado aparece en los noventa como agente de
la globalización y en la medida en que se despega de sus bases sociales
tradicionales, la separación entre estado y nación lleva a una crisis de la identidad
nacional como principio de cohesión social. Con una identidad nacional cuyo
principio histórico fue construido por el estado, al desligarse dicha identidad de su
sujeto (el estado), para la mayoría de la población la identidad nacional se

convierte en un principio débil, en un principio que no basta para construir el
sentido de la vida. La identidad nacional tiende a ser suplantada por dos fuentes
distintas de sentido. Por un lado, el invididualismo (incluido el familismo),
legitimado por el mercado, se convierte en fuente de racionalidad y de proyecto.
Por otro lado, el repliegue hacia identidades comunitarias más fuertes que una
identidad nacional en crisis, lleva hacia un resurgir religioso y hacia el
renacimiento de las identidades étnicas y regionales para quienes no las han
perdido. Ahora bien, para la mayoría de la población, pareciera que la tendencia
dominante fuese la de constituir una comunidad territorial defensiva como apoyo
de estrategias de supervivencia individual. No se observa, en general, el
surgimiento de un principio identitario unificador que llene la orfandad de una
nación abandonada por su estado.
Estado
Por tanto, la evolución del estado parece ser la clave de la crisis y/o
reconstrucción de la identidad en América Latina. ¿Que está sucediendo?
Aunque es arbitrario hablar en general del estado en América Latina me atreveré a
formular una hipótesis. Fue, históricamente, un estado débil que, desde los años
treinta, construyó su permanencia en base a una alianza con los sectores medios
urbanos y con los trabajadores organizados. Sobre esta alianza se construyó un
estado populista (priismo, varguismo, justicialismo) o democrático (Chile,
Venezuela, Colombia), pero siempre clientelista. Siempre dependiente de su
capacidad para captar la riqueza del país, pagar su cuota a los socios extranjeros
y distribuir los recursos al sector urbano organizado, mediante la administración
pública, mediante las empresas públicas y mediante un estado del bienestar
hecho a la medida de las clientelas políticas. Al margen quedaban los campesinos
y los sectores populares no organizados, así como, en algunos estados, los
sectores capitalistas autónomos (grupo Monterrey en México). Sólo las repúblicas
centroamericanas (pero no Costa Rica) y Paraguay, corresponden al cliché del
estado instrumento directo y exclusivo de la oligarquía. La política cepalina fue el
modelo económico adaptado a las condiciones políticas de ese estado nacional-
popular. Cada vez que se intentó romper ese equilibrio de alianzas entre sectores
populares organizados, clases medias burocráticas y grupos económicos
dominantes como capitalistas pero no como actores sociales, se produjo una crisis
del estado (Argentina en los cincuenta, Brasil en los sesenta, Chile en los setenta,
México en los ochenta). Sólo se consiguió una estabilidad relativa cuando de
alguna manera, explícita o implícita, dichas alianzas se recompusieron. Pero en
los noventa, para superar la crisis estructural de los ochenta, el estado intentó
asumir un nuevo papel: el de modernizador en el marco de la globalización. Es un
papel contradictorio porque, a diferencia del estado desarrollista, la modernización
como adaptación a la economía global, consiste sobre todo en traspasar al
mercado lo que era del estado. Para llevar a cabo ese proyecto, indispensable
para la modernización tecnológica y la participación del sector dinámico de la
economía en el nuevo capitalismo global, los estados utilizaron con frecuencia sus
apoyos tradicionales para, de hecho, romper los privilegios de dichos sectores y

dejarlos expuestos a la competitividad. Del estado nacional-popular se pasó al
estado liberal. Esa fue la política de Pinochet, en su versión autoritaria; la política
de Salinas y luego de Zedillo, la política de Menem, la política de Sánchez de
Losada, la política de Fujimori. La política de Cardoso corresponde a ese esquema
en sus objetivos, pero no en sus apoyos políticos. Para sentar las bases de una
política liberal, Cardoso buscó apoyos de centro-derecha, enfrentándose de hecho
a la coalición de centro-izquierda que representó los intereses del sector popular
clientelista del estado. Este proyecto de adaptación a la nueva economía global
tuvo una conducción política en distintas versiones. Algunos gobiernos, como el de
Cardoso, lo hicieron con sensibilidad social y respeto democrático. Otros, como
Fujimori, de forma autoritaria. Otros, como en México, profundizando la exclusión
social al dar prioridad absoluta a la integración en la economía global. Pero en
todos los casos desmontaron buena parte del sistema de alianzas y privilegios en
torno al estado del que dependían las clases medias urbanas tradicionales y los
sectores obreros organizados. Aun así, los gobiernos modernizadores ganaron
elecciones en aquellos países (Argentina, Brasil) en que para la mayoría de la
población las condiciones de vida mejoraron (pese al aumento de la desigualdad)
y la inserción en el sistema global ofreció una perspectiva. Allá donde los sectores
agrupados en torno al estado fueron suficientemente fuertes para frenar a
liberalización (Ecuador, Colombia y, sobre todo, Venezuela) se caotizó la
economía entre medidas formalmente liberales para consumo externo y el
mantenimiento de los intereses corporativos en torno a la economía pública. En
México, el proceso fue más complicado en la medida en que las clases medias
urbanas rompieron definitivamente con el PRI, mientras que los sectores
populares organizados decidieron apostar a una nueva ronda de clientelismo,
mientras pudiese durar. Pero el resultado generalizado fue la quiebra del estado
corporativo y/o clientelista, la ruptura de las alianzas sociales, la fragmentación del
sistema político y la recomposición de la dirección política en torno a liderazgos
personalizados democráticos (es decir, refrendados por procesos electorales). En
el caso más extremo, en Venezuela, la corrupción generalizada de la clase política
venezolana intento de aferrarse al estado clientelar llevó a la crisis general de ese
estado. El plebiscito popular en favor de Cháves, expresa un nuevo tipo de
populismo que, a diferencia de los demás gobiernos, plantea una alternativa
nacionalista a la globalización, abriendo así un proceso cuyo desarrollo y
desenlace están llenos de significación. Allá donde la clase política oscila entre el
salto adelante de la liberalización y el mantenimiento del estado tradicional, como
en Colombia, el estado entra en descomposición, momento que pudo ser
aprovechado por fuerzas insurreccionales que habían mantenido una resistencia
testimonial en nombre de los marginados de siempre.
En resumen, el estado-nación latinoamericano dejó de ser nacional en la década
de los noventa. Como consecuencia, se rompió la alianza tradicional con los
sectores medios urbanos y sectores populares organizados, que son aún la base
del sistema político latinoamericano. Ello conduce a la recomposición del sistema
político de representación y liderazgo, y a la creación de una política dependiente
de personalidades y de una relación mediática con las masas populares. Un
populismo mediático agente de la globalización en contraste a un estatismo

corporativo defensor de la nación son los dos proyectos en competencia y en
busca de apoyos sociales. Entre ambos, la capacidad integradora del estado se ha
perdido. Y la ideología del mercado sustituye a la ideología de la nación.
Pero la crisis del estado es también consecuencia de la descomposición de la
clase política en muchos países como resultado de dos procesos inter-
relacionados que desembocan en una práctica política autodestructiva: la política
del escándalo.
El primer proceso es la penetración del estado y del sistema político por redes
criminales organizadas. No es un fenómeno significativo en todos los estados, por
ejemplo no lo es en Chile y no parece que en Brasil vaya mucho mas lejos que la
tradicional corrupción de las mafias policiales. Pero los medios de comunicación
han revelado corrupción sistémica en Colombia, en Bolivia, en Paraguay, en
Venezuela, en la mayor parte de América Central y el Caribe y, con particular
intensidad, en México, en donde la crisis violenta que sufre México no es
separable de las luchas que libran los carteles mexicanos del narcotráfico por
obtener influencia en los distintos niveles del estado. La corrupción resultante de
esta penetración criminal deslegitima al estado y bloquea su capacidad de
maniobra en un momento decisivo de su reorientación.
El segundo proceso al que hago referencia es la emergencia, en América Latina
como en el resto del mundo, de una nueva forma de competencia política, la
política informacional. Se trata de que los medios de comunicación se han
constituido en el espacio preferente de la política. No es que los medios controlen
la política, sino que los líderes y partidos políticos compiten entre ellos y se
relacionan con los ciudadanos en y por los medios. La política mediática tiene sus
reglas, a saber la personalización de los liderazgos y la credibilidad de personas y
siglas como valor fundamental en la formación de la opinión de los ciudadanos. Si
lo esencial para ganar el apoyo popular es establecer dicha credibilidad, el arma
de lucha política esencial es destruir la credibilidad del adversario. Y para ello el
medio más eficaz es la difusión en los medios de comunicación de informaciones
negativas sobre personas y organizaciones políticas. La mayor parte de esas
informaciones provienen del entorno de los propios partidos, así como de grupos
de interés que tienen por objetivo el desgastar a una persona o partido. Son
filtraciones a los medios más que periodismo de investigación lo que alimenta la
política del escándalo. Los niveles de corrupción son suficientemente altos como
para proporcionar abundante material. Pero si no hay bastante, se fabrica, se
manipula, se desinforma. Y como todos (o casi todos) lo hacen, y como hay que
tener munición en reserva para disuadir al adversario, el debate político aparece
dominado cada vez más por las denuncias, contra-denuncias y desmentidos
sobre la corrupción y abusos de poder de la clase política. Y como los medios de
comunicación son cada vez más flexibles y omnipresentes en la vida de la gente,
son esas imágenes, y no los debates sobre alternativas políticas, los que se
muestran, con el consiguiente desprestigio de la clase política y de la legitimidad
del estado.

Tras haber visto disiparse la relación entre estado y nación, los ciudadanos asisten
a la disociación entre representatividad y legitimidad. La crisis del estado se dobla
de la crisis del sistema político. La deriva política conduce a la deriva de la
identidad.
5. CUATRO PROBLEMAS…y algunas consideraciones para su tratamiento
eventual.
América Latina entra en el siglo XXI con tres grandes desafíos por resolver: la
exclusión social de una buena parte de la población, el deterioro acelerado del
medio ambiente y la creciente distancia entre instituciones del estado y vivencia de
la sociedad. En la raíz de esta triple crisis se encuentran cuatro grandes
problemas que se manifiestan con diferente intensidad en distintos países y
regiones del área.
El primero es la transición al informacionalismo como nuevo modelo de
desarrollo. Si no hay una adopción exitosa del modelo de crecimiento que
caracteriza la era de la información, no habrá capacidad económica para integrar
en el desarrollo al conjunto de la población y a los imperativos de sustentabilidad
ambiental. Las estrategias encaminadas a facilitar esta transición incluyen por un
lado la creación de una infraestructura tecnológica centrada en la comunicación y
en la información, aunando esfuerzos públicos y privados. Por otro lado, la
promoción de recursos humanos, que pasa, en primer lugar, por una verdadera
reforma educativa, en todos los niveles del sistema educativo. La educación es la
principal inversión de infraestructura en la era de la información. Pero la reforma
educativa no consiste sólo en mayor escolarización o en introducir Internet en las
escuelas. Pasa, sobre todo, por la formación de los formadores, tanto en método
pedagógico, como en conocimientos especializados y en familiaridad con las
nuevas herramientas tecnológicas. Lo cual implica una mejora sustancial de la
remuneración y condiciones de trabajo de los maestros y profesores y una
profunda reforma de su formación y carrera que debe hacerse, necesariamente,
en consulta directa con sus organizaciones profesionales. No es una política fácil
ni rápida, pero es la condición indispensable para la transición del conjunto de la
sociedad al informacionalismo. La Universidad es, potencialmente, la principal
fuerza productiva en el nuevo modelo de desarrollo. Pero la reforma y dotación de
la Universidad no conducen a nada si no trabaja con material humano que ha sido
educado convenientemente en los niveles primario y secundario. Ahora bien,
como la transformación de las economías de los países depende de lo que suceda
en la próxima formación del sistema educativo en su conjunto, es necesario
reforzar centros de excelencia universitarios, nacionales o de ámbito
latinoamericano, que hagan de locomotoras científicas y tecnológicas en relación
con el conjunto del sistema. El desarrollo científico desigual en el marco de un
país no es elitista si está integrado en una estrategia de conjunto de difusión de
los beneficios de dicho desarrollo.
El segundo gran problema, condicionante del conjunto de la acción pública es la
importante corrupción existente en numerosas instancias del estado. Esto es tanto

más grave cuanto que buena parte de esa corrupción tiene su origen en la
economía criminal global y, por tanto, cuenta con recursos y ramificaciones
incomparablemente más importantes que en épocas pasadas. La lucha contra la
economía criminal global pasa por una acción internacional concertada en la que
la represión policial de tráficos ilícitos sea sólo una dimensión de la política. La
prevención del consumo de drogas, la educación contra la prostitución de todo tipo
y el control efectivo del tráfico de armas son otros elementos importantes de dicha
política. Y tal vez sería necesario avanzar en un debate internacional sobre la
legalización parcial y selectiva del consumo de drogas como forma de desligar el
problema de salud que representan las drogas, de su dimensión criminal. Pero sin
esperar a resolver el desafío planteado, es absolutamente perentorio atajar la
corrupción del estado. Si el proceso de descomposición de las instituciones
públicas continúa, vamos hacia sociedades salvajes. El hecho de que en muchas
ciudades latinoamericanas los ciudadanos tengan mas miedo de los policías que
de los criminales es altamente significativo. La penetración del soborno y la
intimidación en los más altos niveles de la administración, la política, la judicatura
y la policía de muchos países plantean una amenaza sin precedentes para la
destrucción de las instituciones. Existen experiencias internacionales de lucha
sostenida de los estados contra su corrupción, experiencias de las que se puede
aprender. Pero sólo cuando los gobiernos asuman esta tarea como una base
esencial de su acción, y sólo cuando no minimicen el problema en anecdotario
irrelevante, se podrá tratar. El primer paso para resolver un problema es reconocer
que existe.
El tercer gran problema con el que se encuentra América Latina es la
obsolescencia administrativa y la crisis de legitimidad política de sus estados.
Líneas de acción para contrarrestar esa decadencia pasan, por un lado, por la
democratización del estado; por otro, por la reforma de la administración pública.
Con respecto a la democratización, no basta simplemente asegurar los principios
de elecciones democráticas. Hay que velar por la limpieza del proceso y la
información a los ciudadanos. Pero la experiencia reciente demuestra que la
representación democrática, con ser esencial, no es suficiente para la democracia.
Hay que acercar mucho más el estado al ciudadano. Y para ello, la palanca más
eficaz es el reforzamiento de los gobiernos municipales y la extensión de la
participación ciudadana en el ámbito local. Ello implica descentralización de
recursos y competencias, entrenamiento de los funcionarios locales y desarrollo
de mecanismos de participación real que articulen las ONGs existentes a la
administración municipal. Al mismo tiempo, el estado central necesita establecer
fórmulas compensatorias de distribución de recursos que impidan que la
autonomía municipal no se convierta en mecanismo de segregación social.
Con respecto a la obsolescencia del actual estado, la necesidad de acción
internacional concertada en el tratamiento de problemas que son globales en su
origen, empujará cada vez más a los estados latinoamericanos a hacer de la
cooperación internacional una esfera privilegiada de actuación. Junto con la

descentralización regional y municipal ello implica la constitución de lo que
denomino un estado-red, en el que diversos niveles y ámbitos de actuación se
combinan incesantemente en un ejercicio de soberanía compartida. De ahí se
deriva la necesidad de una nueva administración pública, flexible, ágil,
desburocratizada, capaz de funcionar en red y en cooperación, utilizando las
tecnologías de información.
No es un sueño imposible si los funcionarios reciben mejor compensación, si
provienen de mejores programas de educación y entrenamiento y si son
motivados en un nuevo tipo de gestión pública democratizada. Naturalmente, para
ello hacen falta recursos, pero esta reforma se plantea en el marco de un modelo
de desarrollo dinamizado, de alta productividad, en parte impulsada por esa
misma eficacia administrativa obtenida del nuevo tipo de estado: se propone pues
inducir un círculo virtuoso entre productividad privada y reforma pública.
El cuarto problema es la reconstrucción de identidades comunicables. Es decir,
la crisis de identidad no parece poder ser superada por una nueva identidad
englobante, centrada en el estado-nación, en la medida en que el estado-nación
pasa a ser un nudo de una red más amplia en la que los códigos deben ser
compatibles y comunicables. Más aún, dada la crisis de legitimidad del estado, el
proceso parece ser el inverso, a saber: la reconstrucción de la legitimidad del
estado mediante su capacidad de reconocimiento e integración de identidades
plurales emergentes de la sociedad. Por consiguiente, no puede ni debe haber
política identitaria, sino atención pública al dinamismo de la sociedad civil,
asegurando puentes de comunicación entre las distintas identidades que van
surgiendo, incluidas identidades individuales y auto-construidas. Lo esencial es
que las nuevas identidades, o el renacimiento de identidades históricas, no se
aíslen en comunas identitarias excluyentes de las otras, como pueden ser
corrientes fundamentalistas o etnicidades separatistas.
La acción pública en ese nuevo contexto consiste en proporcionar puentes de
comunicación simbólica, no para fundir las identidades, o subyugarlas en nombre
de una identidad única, sino para permitir su diálogo y estimular su co-evolución.
¿En qué consisten esos puentes? La escuela es el fundamental, y por eso la
escuela pública es esencial, no sólo para la educación sino para la capacidad de
convivir en un mundo de identidades plurales. Pero los medios de comunicación,
sobre todo en un paradigma tecnológico caracterizado por los multimedia, es el
otro gran puente: el hipertexto interactivo en que todo se vincula con todo. Las
políticas públicas, afortunadamente, no controlan los medios de comunicación.
Pero pueden ejercer acciones complementarias, a través de canales públicos
audiovisuales, así como mediante promoción y apoyo a la presencia mediática de
culturas y expresiones minoritarias, de forma que el imaginario colectivo se
enriquezca constantemente con las nuevas voces que hablan las lenguas surgidas
en la sociedad.

Sobre estas bases, con un dinamismo económico basado en un modelo eco-
informacional, una sociedad educada y un estado democrático y descentralizado,
se pueden generar políticas de modernización.
¿Quién es el actor del cambio, en ese contexto? Hay actores emergentes en la
sociedad civil, pero son demasiado débiles en estos momentos para marcar el
rumbo del cambio. Hoy por hoy, el gobierno nacional, con todos los límites
señalados en esta ponencia, es la única instancia que puede potenciar una
inserción autónoma en el proceso de globalización. Pero no podrá conducir solo
ese cambio sin la sociedad. Y no será capaz de superar los conflictos y problemas
inherentes al proceso de cambio si no: a) descentraliza y facilita la participación; b)
supera el déficit democrático; c) reforma la administración; d) se internacionaliza y
amplia las cooperaciones internacionales; e) pasa por una auto-reflexión de lo que
quiere decir el nuevo modelo de desarrollo eco-informacional, tomando en serio la
adjetivación sugerida por "eco". Y en la sociedad, es necesario que surja (desde la
universidad y desde los medios de comunicación) un debate autónomo sobre
identidad y sentido que recupere la mejor tradición latinoamericana, saliendo de la
nueva dependencia cultural representada por postmodernismo y neo-liberalismo,
pero superando definitivamente el lastre de un pensamiento marxista que poco
tiene que ver con la sociedad del siglo XXI. En el umbral de esa sociedad el
desafío para Latinoamérica es ser capaz de reinventarse, en un nuevo mundo
abierto al conflicto y a la creación, más allá del mercado y más acá del estado,
aprendiendo a conectar lo local y lo global.
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