Contenido 06

Derecho de Integración
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
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SEXTA SESIÓN
LA GLOBALIZACIÓN
1. Introducción.
En las últimas décadas se ha producido un acelerado proceso de
interdependencia política y globalización económica, lo que ha
derivado en una suerte de comunidad mundial donde se traman
aspectos culturales, sociales, políticos y económico-financieros.
Parece haber llegado el turno de América Latina y el Caribe, donde los
procesos de integración en marcha, junto con los cambios globales,
están dando lugar al surgimiento de una suerte de sociedad civil
trasnacional, con demandas específicas y diferencias y con distintas
estrategias de manifestación y participación pública.
La interrogante se plantea respecto de los tiempos: ¿el de la
integración formal acompaña al de la organización de la sociedad civil
global? El proceso de globalización del mundo contemporáneo ha
dado lugar a una creciente interdependencia, interconexión e
interrelación de los Estados y los pueblos. Al margen de su
identificación con una determinada fase de expansión del capitalismo,
en el marco de un ciclo específico del mismo (Wallerstein); más allá
de la asociación entre la expansión mundial del capitalismo como
sistema económico hegemónico y del Estado-nación como modelo
político dominante en una determinada etapa de la modernidad
occidental (Giddens); independientemente de su mayor o menor
condensación e intensidad contemporánea (Camillieri), lo cierto es
que nos enfrentamos con un proceso que afecta de manera
irreversible y compleja a todo el planeta y que, a la vez, no se limita a
sus dimensiones económicas.
2. La globalización y sus contradicciones.
En la actualidad, más allá de los procesos económicos distintivos que
caracterizan a la globalización –intensificación y liberalización del
comercio internacional, globalización financiera y restructuración
productiva, revolución tecno-científica–, una serie de aspectos
geopolíticos, políticos, comunicacionales, culturales y sociales
articulan asimismo la creciente vinculación entre Estados, naciones,
etnias, grupos sociales e individuos a nivel planetario. Es así que, más
allá de la «aldea global» a la que McLuhan se refería hace algunos
lustros, hoy se habla de política, gobernabilidad (governance),
comunicaciones, hábitos de consumo, o temas –todos globales– y de
sus efectos deletéreos, así como también de las diversas formas de
reacción a los mismos, a través de variados particularismos (étnicos,
nacionales, religiosos) o de modalidades complementarias o
antagónicas de regionalización.
En todo caso, no obstante las versiones uniformes y básicamente
homogeneizantes de la globalización o las referencias al fin de la
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ideología o de la historia, la globalización es vista como un fenómeno
multidimensional, complejo y contradictorio, que caracteriza a una
fase de acelerada transición de la sociedad humana, y que requiere
de un particular esfuerzo conceptual y analítico para su comprensión.
Precisamente es el carácter contradictorio de la globalización el que
queremos resaltar en este artículo, en tanto pese a su «vocación
homogeneizadora» en lo económico, político y cultural, determina
fenómenos no sólo fragmentarios, sino también contradictorios y,
eventualmente antagónicos a su mismo desarrollo.
De hecho, esta fase de desarrollo mundial del capitalismo se
configura, en forma progresiva, sobre la dinámica de articulación de
tres componentes – el mercado como directriz reguladora creciente
de la dinámica de la economía mundial; el Estado-nación como actor
protagónico de un sistema internacional caracterizado por la anarquía
(independientemente de sus reformulaciones y redimensionamientos
actuales) desde la perspectiva realista; y la emergencia de una
sociedad civil trasnacional, identificada con el surgimiento, desarrollo
y creciente influencia de un conjunto de actores sociales de rasgos
nóveles y, más específicamente, trasnacionales. Se puede decir que
en el marco de la dinámica entre mercado, Estado y sociedad civil a
nivel global, las fronteras entre lo internacional y lo doméstico se
vuelven cada vez más tenues y difusas, en tanto la globalización
comercial y financiera se asocia con un protagonismo destacado de
las corporaciones trasnacionales y de los bancos y organizaciones
financieras, que trascienden los límites territoriales de los Estados-
nación y ejercen una presión decisiva sobre la formulación e
implementación de sus políticas, tanto a nivel doméstico como a nivel
de sus políticas exteriores.
Sin embargo los Estados-nación, cuestionados por este proceso tanto
en su soberanía externa como en su desempeño doméstico, se
adecúan progresivamente a esta dinámica a través de nuevas
regulaciones, organizaciones internacionales y regímenes varios en el
intento de poner coto a los factores financieros, comerciales y
productivos con los que interactúan. Pese a ello, tales procesos
cuestionan crecientemente la soberanía de los Estados tal como se ha
desarrollado desde mediados del siglo XVII, y restringen,
sistemáticamente, su eficiencia y capacidad de gobierno y de
legitimación en el ámbito doméstico, sin por ello diluir su papel
imprescindible en el sistema internacional y en la formulación e
implementación de políticas públicas. En este marco, una multitud de
actores y redes sociales de carácter trasnacional, trascienden la
acción social y política dentro de los márgenes de los Estados para, a
su vez, adquirir un peso protagónico en la dinámica global y,
eventualmente, incidir sobre las mismas políticas públicas. Al
respecto baste citar la acción de Amnistía Internacional, Greenpeace,
o los movimientos de mujeres.
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Independientemente del carácter interactivo en aumento de estos
tres componentes –mercado, Estado y sociedad civil– en la dinámica
global, la aparición y reciente desarrollo de tales actores y redes
sociales cuestiona y acota, por un lado, el rol tradicional de los
Estados como actores clave del sistema internacional y, por otro,
intenta influir, regular o modificar, a través de la movilización y de la
influencia de la opinión pública, muchas de las decisiones y de las
políticas que emanan de la articulación eventual de intereses entre
los Estados y las corporaciones trasnacionales, entre los organismos
económicos multilaterales y las organizaciones intergubernamentales.
Como resultado, el llamado sistema internacional o la sociedad global,
deviene más complejo en función de una multiplicación no sólo de
actores, sino también de ámbitos, niveles y circuitos de interacción,
dando lugar a una dinámica multidimensional de extremada
complejidad (Tomassini), y al creciente desempeño trasnacional de
actores que Rosenau califica como libres del peso de la soberanía
(sovereignty-free actors), en el contexto de una dinámica
multicéntrica del sistema internacional (Rosenau).
En este marco, y dado el carácter contradictorio del proceso, no es
casual que algunos analistas señalen, por un lado, que frente a la
«globalización de arriba» promovida por Estados y corporaciones se
desarrolla una «globalización de abajo» (Brecher/Brown/Cutler)
impulsada por los actores sociales emergentes y configurada sobre la
base de un sociedad civil trasnacional y, por otro, que las
interpretaciones eminentemente estructurales del sistema mundial en
formación no dan cuenta del papel relevante que comienzan a
adquirir estos nuevos actores y sus diversos y fragmentados
proyectos de contrahegemonía . Estos planteos, sin embargo,
requieren de matizaciones especiales, en particular en lo referente al
alcance teórico y conceptual del término «sociedad civil global».
3. Globalización y sociedad civil.
En los últimos veinte años, se ha producido una proliferación de
actores y redes no-estatales en la escena internacional, incluyendo un
amplio espectro de organizaciones humanitarias, religiosas o
laborales; movimientos sociales de diverso tipo, u organizaciones que
promueven temas globales específicos en torno a la paz, los derechos
humanos, el desarrollo y el balance ecológico (Coate/Alger/Lipschutz,
p. 103). Muchas han surgido al calor de sus vínculos y relaciones con
organismos intergubernamentales (OIGs) y, en especial, con agencias
de la ONU y, en particular, con su Consejo Económico y Social
(Ecosoc); otras han emergido y se han desarrollado en torno de temas
y reivindicaciones específicas de carácter global o regional, en
función del surgimiento de foros en el marco de la Cumbre Ecológica
de Río, de la Cumbre Social de Copenhague o de las actividades
promovidas por el Año Internacional de la Mujer; algunas otras,
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finalmente, responden a temas y dinámicas propias como en el caso
de los ya señalados Amnistía Internacional, Greenpeace u Oxfam.
Asimismo, junto con estas expresiones más específicamente
asociadas con el proceso de globalización, como reacción a éste,
asimismo se han desarrollado con un creciente carácter global y
trasnacional variadas formas de particularismos, ya sea de carácter
étnico, nacional o religioso, que cuestionan tanto el proceso de
globalización como, en especial, las expresiones de la modernidad
occidental asociadas a ésta (Badie/Smouts).
Algunos de estos actores y organizaciones responden a la
caracterización de organismos no-gubernamentales de variado cuño;
otras a movimientos sociales de diversas características; pero en su
conjunto asumen una visión de lo político que excede la referencia
exclusiva a lo nacional o al Estado-nación, que da pie a una
perspectiva global y que postula nuevas modalidades de hacer
política a un nivel planetario.
En principio, cuando de ONGs se trata, sus características definitorias
refieren a su carácter de organizaciones formales, con continuidad
institucional; que aspiran a autogobernarse con base en arreglos
constitucionales o reglas de funcionamiento propias; que tienen
carácter privado en el sentido de ser autónomas respecto de los
gobiernos y carecen de conducción o dirección en la respectiva
sociedad; que vinculan a organizaciones de varios países; que
promueven una gama de temas sociales; que no tienen fines de lucro
o que buscan beneficios pecuniarios; y que tienen, básicamente,
objetivos, operaciones y conexiones trasnacionales (Gordenker/Weiss,
20).
La mayoría mantiene vínculos variados tanto con los gobiernos como
con otras organizaciones no-gubernamentales pero,
predominantemente, en su conjunto buscan poner coto con
frecuencia tanto a la acción de los Estados como, eventualmente, del
mercado y en particular de sus actores más destacados –las
corporaciones trasnacionales y los organismos financieros tanto
privados como intergubernamentales. En este sentido, tienden a
promover sus actividades más allá «de las categorías convencionales
del Estado y de la empresa» (ibíd., p. 19), y, en esencia, apuntan a
politizar ámbitos previamente no politizados y a conectar lo local con
lo global, vinculando en sus actividades a organizaciones populares
de base local, ONGs nacionales y ONGs internacionales (Macdonald,
p. 277).
Por otra parte, la globalización ha dado lugar asimismo al desarrollo
de «nuevos movimientos sociales» de carácter trasnacional,
entendidos como «un actor colectivo constituido por individuos que
entienden poseer intereses afines y, por lo menos en lo que se refiere
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a una significativa parte de su existencia social, una identidad
común» (Scott, p. 6) que, para promover estos intereses, tienen
capacidad de movilización masiva o utilizan esta capacidad como un
elemento de presión y que se distinguen de otros actores colectivos
tales como partidos políticos, grupos de presión o asociaciones
voluntarias. En particular, lo que los diferencia de éstas asociaciones
y de algunas ONGs es su preocupación por la defensa o el cambio
social, o la búsqueda de modificar la posición social relativa del grupo
que representa.
La diferencia entre los viejos y los nuevos movimientos sociales no
consiste tanto en el mayor alcance de la proyección trasnacional de
estos últimos en el marco de la globalización, como que mientras los
primeros tendían a organizarse en torno a divisiones de carácter
clasista (movimiento obrero, campesino), los segundos se articulan en
torno a contradicciones sociales tales como género, estilos de vida,
ambiente, desigualdad racial y conflictos bélicos (Shaw, p. 651), de
tal manera que expanden la noción de lo político a un ámbito mucho
más abarcante que incluye lo social y lo cultural.
En esencia, este entramado complejo y contradictorio de actores y
organizaciones sociales diversas, articuladas a través de redes
trasnacionales, con reivindicaciones e intereses globales y, con
frecuencia, con raíces en reivindicaciones e intereses locales, da lugar
a la emergencia de una sociedad civil global que «reproduce en sus
interacciones los conflictos y contradicciones de las sociedades civiles
domésticas de las cuales emerge y, a la par, crea nuevas que reflejan
la dinámica del poder a nivel internacional» (Macdonald, p. 285).
Pero, a la vez, expresa de hecho el impacto no sólo de la globalización
económica en términos generales, sino también se corresponde con
la globalización del poder estatal en una abigarrada y compleja
agregación del poder estatal nacional y del poder global que
caracteriza al actual sistema interestatal, con su acelerado cambio
transicional y sus contradicciones (Shaw, p. 650).
En todo caso, tanto las diferentes expresiones de ONGs como los
diversos movimientos sociales de carácter trasnacional han dado
lugar a una sociedad civil global, definida por sus propios códigos y
normas, con frecuencia en oposición y autonomía respecto de los
Estados, a través de la creación y el desarrollo de redes
trasnacionales que generan nuevos espacios políticos en el sistema
internacional. Sin embargo, como bien lo señala Lipschutz, este
proceso, a su vez, ha dado lugar a un cuestionamiento del discurso
Estado-céntrico dominante, que se manifiesta tanto a través de la
emergencia de esta sociedad civil global, como a través de diversas
expresiones étnicas, religiosas y nacionalistas, poniendo en cuestión
la misma ideología de la globalización.
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En este sentido, estos actores, en su heterogeneidad, tienden a
promover la gobernabilidad en ámbitos y áreas del sistema
internacional, más allá o en asociación con la acción de gobiernos, en
tanto desarrollan «la capacidad de lograr que se hagan cosas sin la
competencia legal de ordenar que sean hechas» (Czempiel, p. 250).
Desde esta perspectiva, y en el marco del señalamiento de que si
bien «no hay un gobierno mundial, sí hay gobernabilidad global»,
junto con los arreglos regulatorios institucionalizados en los diversos
regímenes parciales a nivel global, se desarrollan e imponen normas,
regulaciones y procedimientos menos formalizados que imponen
patrones a las conductas internacionales sin recurrir a constituciones
escritas o al recurso del poder material (Coate/Algier/Lipschutz, p.
99), poniendo en cuestión la visión realista de un sistema
internacional anárquico.
La sociedad civil en general y la sociedad civil global emergente en
particular no constituyen un actor homogéneo y unificado. De hecho,
la segunda, al margen de constituir una respuesta a la globalización
en términos de una «globalización de abajo» está marcada asimismo
por contradicciones y conflictos (Macdonald, p. 269). En la acepción
gramsciana, la sociedad civil es un campo de conflicto entre fuerzas
hegemónicas y contrahegemónicas, pero en el caso de la sociedad
civil global, el cuadro se complejiza aún más, en tanto reproduce los
conflictos y contradicciones de las sociedades civiles domésticas de
las que emergen, a la vez de crear nuevas contradicciones que
reflejan la dinámica de poder a nivel internacional y el mismo rol del
mercado y del Estado. Esta complejización se evidencia de varias
maneras. En primer lugar porque la sociedad civil nacional es definida
generalmente en relación con el Estado y, en el marco de la anarquía
imperante en el sistema internacional, este referente se diluye en
diferentes centros de poder. En este marco, junto con la interlocución
en el sistema internacional de diversas modalidades de
gobernabilidad con o sin participación directa de los Estados, se
desarrollan iniciativas de cuestionamiento y antagonismo frente a las
mismas iniciativas gubernamentales o intergubernamentales de
carácter internacional. En segundo lugar, porque la noción tradicional
de sociedad civil remite a distintos actores no-estatales que incluyen
organizaciones representativas formales como partidos, iglesias,
sindicatos y asociaciones profesionales; organizaciones formales de
tipo funcional (escuelas, universidades y medios de comunicación); y
redes políticas y sociales más informales (que abarcan desde grupos
voluntarios locales y coaliciones ad hoc de activistas a movimientos
sociales coordinados a nivel nacional o internacional) (Shaw, p. 648).
En esta perspectiva, la sociedad civil global esta configurada no sólo
por las ONGs reconocidas por los OIGs o por los gobiernos en función
de temas globales; por los movimientos sociales de base clasista y de
carácter internacional que preceden a la eclosión actual de la
sociedad civil global (tales como los movimientos campesinos,
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obreros o las internacionales políticas de fuerzas de izquierda) o por
los mecanismos formales de socialización que se expanden a nivel
trasnacional, sino también por un conjunto de «nuevos movimientos
sociales» de proyección internacional que, con frecuencia,
trascienden las nociones tradicionales de política y ciudadanía, en
función de articular planteos culturales vinculados a valores y estilos
de vida específicos.
De tal manera que las nociones tradicionales de una sociedad civil
dividida horizontalmente en función de proyectos hegemónicos y
contrahegemónicos, en el marco de la sociedad civil global (y con
frecuencia en función de los acelerados cambios en las sociedades
civiles domésticas), se complejizan con la presencia de diversas
formas de articulación vertical no sólo en torno a reivindicaciones y
proyectos de orden global promovidos por diversas ONGs, sino
también en función de iniciativas menos institucionalizadas de
diversos movimientos sociales con énfasis culturales. A este cuadro
de clivajes verticales cabe agregar, incidentalmente, las diversas
modalidades de utilización, por parte de estos actores, de la
influencia de la opinión pública y de los medios de comunicación, con
frecuencia instrumentos cruciales, junto con la movilización nacional
e internacional, para ejercer presión sobre los gobiernos y organismos
intergubernamentales.
En tercer lugar, junto con los clivajes y contradicciones internas de la
sociedad civil global introducidos por las diversas modalidades de
relación con las instituciones de poder y de control financiero y
productivo, y las diversas formas de expresión político-cultural de los
actores sociales trasnacionales, un clivaje fundamental es el que, de
una manera frecuentemente ambigua y difusa, establece una división
entre los actores sociales trasnacionales del Norte industrializado y
los del Sur. En este sentido, si bien los acontecimientos de la post-
Guerra Fría han desdibujado significativamente la tradicional
dicotomía Norte/Sur, ésta persiste manifiestamente en las relaciones
entre los actores sociales del Norte y del Sur. La misma categoría de
DONGOs implica, en esencia, una relación vertical entre ONGs del
Norte y del Sur, en tanto, con frecuencia, las primeras dictan o
influencian, a través de la asignación de recursos para programas, las
agendas de las segundas en el marco de redes trasnacionales que
vinculan a ambas.
Por otra parte, la misma vinculación de las respectivas ONGs
(particularmente el caso de las GONGOs o QUANGOs) con los Estados
del Norte condicionan circunstancialmente sus estrategias y agendas,
en especial en torno de temas ecológicos, de derechos humanos y de
paz y seguridad, frente a la promoción de posiciones nacionalistas de
los Estados del Sur que, a su vez, y de manera distintiva, condicionan
eventualmente el desempeño –cooperativo, reactivo o antagónico– de
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ONGs y movimientos sociales en el Sur, en particular en relación con
temas sociopolíticos y económicos como el desarrollo, la desigualdad,
la pobreza y el desempleo. En suma, pese al carácter frecuentemente
autónomo de muchos de estos actores sociales respecto de los
Estados, su base sociopolítica se refleja no sólo en el accionar de los
mismos sino también inciden sobre el de muchas ONGs y
movimientos sociales.
En conclusión, pese a las características relevantes que en el sistema
internacional emergente bajo el impacto del proceso de globalización
adquiere una sociedad civil global, en interlocución e interacción, así
sea crítica, con el Estado y con el mercado, es evidente que esta
sociedad civil no está exenta de las complejidades y contradicciones
introducidas por la globalización.
En este marco, una de las interrogantes es cómo esta sociedad civil
global puede incidir sobre los procesos concomitantes a la
globalización, superando el «déficit democrático» derivado del
despliegue de alternativas «globalitarias» donde Estados, organismos
y agentes toman decisiones sin la participación y control de amplios
sectores del planeta que, sin embargo, se ven decisivamente
afectados por estas decisiones.
Esto afecta, en el plano de las políticas específicas, el devenir del
proceso de globalización, en tanto pone en cuestión la orientación de
la «globalización de arriba» en función de plantear una globalización
con una participación creciente no sólo de países y de regiones
marginadas del sistema económico internacional, sino también de
actores y de sectores sociales específicos de la sociedad civil global
emergente. Esta interrogante es particularmente relevante en el
entorno de los procesos de regionalización que, como respuesta y
complemento a la globalización, se desarrollan en América Latina y el
Caribe.
4. Regionalización y déficit democrático.
Frente a la amenaza de la exclusión o marginación del sistema
económico internacional, los países de América Latina y el Caribe han
reactivado, profundizado o desplegado, desde finales de los 80,
procesos de integración regional y subregional, en un amplio espectro
que abarca el Mercado Común Centroamericano (MCCA) a través de
la creación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); la
Caricom; el Grupo Andino; la creación del Mercosur, el Grupo de los
Tres (G-3) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) (Serbin 1995;
1996).
Independientemente de los alcances que cada uno de estos
esquemas intenta materializar –desde acuerdos de libre comercio
como el G-3 hasta plataformas políticas regionales como la AEC
pasando por diversas variantes de mercado común y uniones
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aduaneras–, un denominador común ha sido su identificación con los
postulados del regionalismo abierto promovido por la CEPAL.
En este sentido, junto con el objetivo explícito de promover, en el
marco de las políticas de ajuste predominantes en los países de la
región bajo efectos del Consenso de Washington y los planteos
neoliberales de los organismos financieros multilaterales, un
intercambio comercial intrarregional más activo y una competitiva
inserción en la economía mundial, las nuevas formas de regionalismo
en América Latina y el Caribe han estado asociadas con el intento de
vincular más estrechamente a estas iniciativas al sector
gubernamental y empresarial en el marco de los programas de ajuste
en curso. Generalizando, ha implicado una creciente conjunción entre
las elites políticas y las elites económicas en las iniciativas orientadas
a profundizar la regionalización, evidenciadas con frecuencia tanto en
la modalidad de consulta de los gobiernos con el sector empresarial
en los procesos de libre comercio e integración a través de la
modalidad del «cuarto de al lado» en las negociaciones regionales, o
en el establecimiento de mecanismos formales de consulta con este
sector a través de Consejos Consultivos creados en el Grupo Andino,
Mercosur, SICA o Caricom.
Sin embargo, en estos procesos reiteradamente se hace evidente la
ausencia de participación de otros actores de la sociedad civil –tanto
de movimientos sociales como actores políticos formales como los
partidos políticos. Con la excepción de la participación, en algunos de
los esquemas, del sector laboral a través de mecanismos de consulta
o de mecanismos tripartitos con la intervención de gobierno y
empresarios, los restantes actores sociales no han estado
representados en la mayoría de los procesos de regionalización. En la
práctica, la tendencia dominante a la incorporación de actores
sociales, en los casos que se da, en América Latina y el Caribe ha sido
a través del tripartismo, en función de integrar con carácter
consultivo los sectores empresarial y laboral, a través de sus
representaciones gremiales, junto con representantes del gobierno,
en mecanismos de consulta. Es evidente el papel de las
organizaciones sindicales y su peso en el contexto latinoamericano,
aunado a la creciente preocupación por planteos de dumping social
en el GATT y la OMC, y a los efectos de la globalización y de la
reestructuración productiva sobre los mercados laborales y el empleo.
Paradójicamente, desde los 80 numerosos movimientos sociales y
ONGs han irrumpido en la escena doméstica de la mayoría de
nuestros países. A la vez muchos han adquirido una proyección tanto
a nivel regional como global, como es el caso de movimientos de
mujeres, derechos humanos y organizaciones indígenas, dando lugar
a un entramado social que configura los gérmenes de una sociedad
civil regional. Estos actores y la sociedad civil en general,
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frecuentemente impactada no sólo por los programas de ajuste, sino
también por los efectos directos o indirectos de los acuerdos
regionales, han estado ausentes en la toma de decisiones. Este
significativo «déficit democrático» en la implementación de los
procesos de regionalización se produce en un contexto donde, de
manera
creciente, la sociedad civil reclama mayor participación y exige un
grado de accountability de los respectivos gobiernos sobre un proceso
de toma de decisiones en los que no tiene arte ni parte pese a sus
devastadores efectos en términos de incremento de la desigualdad y
la polarización social.
Pese al reconocimiento, desde la década pasada, de agencias y
organismos de la ONU acerca de la necesidad de consultar y
eventualmente implementar programas conjuntos con ONGs y
movimientos sociales, o los limitados intentos de la Unión Europea de
superar este «déficit», tanto los gobiernos como los organismos
intergubernamentales regionales en América Latina y el Caribe han
tendido a reaccionar con reticencia frente a las reivindicaciones y
propuestas de los actores sociales regionales, y han evitado, en
general, profundizar la implementación de mecanismos para su
participación.
La articulación regional entre Estado, mercado y sociedad civil
muestra una gran debilidad en cuanto a reconocimiento e
institucionalización de aquella última, similar a la señalada en el
marco general del proceso de globalización. Sin embargo, la
movilización de los actores de la sociedad civil regional ha impactado,
con sus reivindicaciones, no sólo la opinión pública y los medios
masivos de comunicación, sino también ha comenzado a ejercer una
creciente influencia sobre los Estados y, eventualmente, sobre las
corporaciones y los organismos financieros.
5. Regionalización del Gran Caribe
El proceso de globalización y las reacciones regionalizadoras, como
así también las concepciones asociadas al regionalismo abierto y al
Consenso de Washington, con las diferencias del caso, han afectado
asimismo de una manera significativa al conjunto de sociedades
pequeñas, económicamente vulnerables y geopolíticamente sensibles
del Gran Caribe. Más allá de su original diferenciación geopolítica en
el marco de la Guerra Fría, la región presenta una gran
heterogeneidad cultural y étnica, como así también política.
La algo reciente creación de la AEC, sin embargo, valida una nueva
concepción de la región, en el marco del proceso de regionalización
en curso, que permite, en función de coincidencias políticas, la
búsqueda de la cooperación económica y de la emergencia de una
«comunidad social» regional de características propias, la superación
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de las diferencias y de la heterogeneidad en función de un valor
común y de la defensa del Mar Caribe y de las sociedades que lo
habitan (AEC). Sin embargo, la misma acta de constitución de la AEC
presenta una serie de limitaciones en su referencia a los actores
sociales reconocidos y a los mecanismos de participación de éstos en
la toma de decisiones. Junto con las diferentes referencias a «social
partners» o «actores sociales» del documento y de las normativas de
reconocimiento y privilegiación, con diferentes concepciones acerca
de los mismos y de su rol en el proceso de regionalización, existen
marcadas diferencias en las experiencias, historias y culturas políticas
de las diversas subregiones que hacen a distintas concepciones y
énfasis por parte de los gobiernos. En este sentido, las tradiciones y
culturas políticas del Gran Caribe abarcan una gama muy extensa de
experiencias históricas con efectos particulares sobre las
concepciones acerca de la participación de la sociedad civil y de la
gobernabilidad democrática que, a su vez, se reflejan en las actitudes
y percepciones de los gobiernos y de sus representantes frente a la
participación de una emergente sociedad civil regional en el proceso
de integración. De hecho, la historia política de los miembros del G-3,
de los países centroamericanos, de Cuba y de República Dominicana,
de Haití y Suriname, y de los países caribeños de habla inglesa,
marcan la pauta de una compleja heterogeneidad política. Para tomar
sólo a las dos subregiones más destacadas –el Caribe de habla
inglesa y la subregión centroamericana, las diferentes historias
políticas recientes hacen marcadas diferencias en las tradiciones y
concepciones acerca de la participación política de la sociedad civil en
el proceso de regionalización.
En el caso de Centroamérica es de notar, en primer lugar, que junto
con el Parlamento Centroamericano creado como foro consultivo de
los representantes de los partidos políticos y pese a una amplia
consulta realizada entre 1972 y 1976 con los actores sociales por
parte del Comité de Alto Nivel para la Reestructuración y
Perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano (CAN), el
proyecto resultante no fue aceptado por los gobiernos de la región en
el marco de la crisis por la que atravesaba Centroamérica (de la Ossa,
p. 20). Sin embargo, una vez avanzado el proceso de pacificación y
reactivado el proceso de integración con la creación del SICA en 1991,
el protocolo de Tegucigalpa que le dio origen estableció la
constitución de un Consejo Consultivo Centroamericano, conformado
por «...los sectores empresarial, laboral, académico y otras
principales fuerzas vivas del Istmo centroamericano representativas
de los sectores económicos, sociales y culturales, comprometidos con
el esfuerzo de integración ístmica» (ibíd., 21). No obstante esta
iniciativa, surgió una serie de críticas por los «criterios selectivos
unilaterales» utilizados por la Secretaría General del SICA para
establecer un grupo previo y preparar sus normas básicas; y también
hubo divergencias entre las organizaciones de la sociedad civil en
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torno a la representatividad en el Comité, particularmente entre el
Comité de Coordinación Intersectorial Centroamericano (CACI) creado
en 1993 y la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC)
constituida en abril de 1994 (Vargas Roldán, p. 7).
Pese a estas dificultades iniciales, en noviembre de 1996 se
estableció el Comité Consultivo del Sistema de Integración
Centroamericana (SS-SICA) como «una instancia inicialmente de
consulta a la sociedad civil organizada regionalmente, a fin de
institucionalizar la participación de los actores económicos y sociales
en el proceso de toma de decisiones dentro de la integración
centroamericana», con la participación de 17 organizaciones
regionales, las cámaras empresariales, centrales de trabajadores, la
pequeña y mediana empresa, cooperativistas, industriales, cámaras
de comercio, transportistas, campesinado organizado, las
universidades privadas y estatales, ONGs, productores cafetaleros, el
capítulo centroamericano del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, y
gobiernos municipales (Vargas Roldán, pp. 7-8). Este listado de
actores regionales no se agota con los mencionados, ya que se
encuentran en proceso de incorporación las mujeres y los organismos
de defensa de los derechos humanos.
En el caso de los países de la Caricom, los procesos de
descolonización en el Caribe de habla inglesa fueron originariamente
promovidos por los sindicatos locales que, con frecuencia, dieron
origen o se vincularon con los partidos políticos que llevaron a la
independencia política. Estos orígenes, particularmente en las
postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, pudieron haber dado
lugar a una visión tripartista de la participación de actores políticos y
sociales en el proceso de integración, similar a la que señalábamos en
el caso de Mercosur y quizás con la diferencia significativa de una
incorporación inicial de los sindicatos en el proceso. Sin embargo, la
convergencia de un creciente proceso de deterioro de los sindicatos y
de los partidos políticos tradicionales en la subregión bajo los efectos
de los cambios globalizadores y del fin de la Guerra Fría (Serbin
1995), junto con la existencia de una tradición de actividades
comunitarias no-gubernamentales, ha dado lugar a una mayor
proyección y relevancia de la importancia de otros actores de la
sociedad civil en el proceso de integración (Duncan).
Como ilustración baste señalar que en 1993 este organismo se ha
planteado la creación de una Asamblea de Parlamentarios de la
Comunidad Caribeña recientemente aprobada, mientras que desde
finales de los 80 la propia West Indian Commission y la Caricom han
postulado una Carta de la Sociedad Civil para la Comunidad Caribeña,
para «crear un verdadero ambiente político participativo en el seno
de la Comunidad Caribeña que sea propicio a la consulta genuina en
el proceso de gobernabilidad» (Caricom). En este marco, como
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consecuencia de una participación inicial de ONGs en la Conferencia
Económica Regional convocada por Caricom en 1991, en 1992 los
gobiernos de los países miembros recomiendan, en el artículo XX de
la Carta, que los Estados signatarios «tomen medidas para establecer
en sus respectivos Estados (territorios) un marco para consultas
continuas y genuinas que involucren a sectores sociales como
partidos políticos, comunidad empresarial, sindicatos, ONGs, grupos
en desventaja social y otros cuerpos representativos de los intereses
de la comunidad en función de alcanzar acuerdos comunes y apoyo a
los objetivos, contenidos e implementación de los programas
nacionales y sociales» (pp. 16-17).
En esta perspectiva, el Centro para el Desarrollo de Políticas
Caribeñas (CPDC) con sede en Barbados y establecido en febrero de
1991 como una red regional de ONGs, está avanzado en la posibilidad
de ser reconocido como un mecanismo consultivo de la Caricom. El
objetivo del CPDC, que agrupa más de 21 organizaciones de habla
inglesa, francesa, española y holandesa del Caribe, apunta a
«comprender dónde y cómo las políticas son formuladas y cómo
afectan nuestras vidas; compartir información sobre estas políticas;
desarrollar la confianza y la habilidad del pueblo caribeño para influir
en la política pública; apoyar políticas que favorezcan al pueblo
caribeño; y trabajar juntos para modificar iniciativas que no
benefician al pueblo» (Wedderburn). Este organismo agrupa una
amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, concebidas como
ONGs en un sentido amplio y que incluye agencias de desarrollo,
organizaciones religiosas, grupos de mujeres y de jóvenes,
trabajadores del teatro popular, economistas, comunicadores
sociales, organizaciones de derechos humanos y de campesinos y
pueblos indígenas. En función de planteos alternativos a las
estrategias de desarrollo regionales postuladas en el marco de los
programas de ajuste, el CPDC ha desarrollado una importante
interlocución con la Caricom con el propósito de que sea reconocido,
junto con los sindicatos y el sector empresarial, su estatus consultivo
como el tercer «socio social» en el proceso de integración, al punto
que, en julio de 1995, los jefes de gobierno de la Caricom han
aceptado su incorporación a un Consejo Consultivo regional.
6. ¿Hacia una sociedad civil regional?
Esta somera revisión de los procesos de organización de la sociedad
civil en dos de las subregiones del Caribe y de sus logros actuales en
función de la participación en el proceso de regionalización, plantean
una serie de conclusiones tentativas pero, asimismo, de
interrogantes. En primer lugar, es de señalar que el surgimiento de
una sociedad civil regional parece estar signada por el desarrollo de
los procesos de consolidación y de participación de las emergentes
sociedades civiles a nivel subregional –como en el caso de
Centroamérica y del Caribe, con poca o limitada vinculación entre
13

.
ellas en esta etapa y fuertemente signadas por las respectivas
experiencias y legados políticos. En este sentido, una primera
comparación permite apuntar preliminarmente un mayor desarrollo y
una mayor participación de las ONGs, incluidas las religiosas, en el
Caribe, y una más reducida presencia de las mismas en la
participación en el proceso de integración centroamericano.
Asimismo, es de señalar el desarrollo de un proceso de interlocución
más fluido entre los gobiernos, la Caricom y la sociedad civil regional
en el Caribe, en tanto en Centroamérica la incorporación de la
sociedad civil al proceso ha tropezado con mayores reticencias. En
segundo lugar, este incipiente proceso de incorporación de la
sociedad civil en la regionalización, a través de una profundización de
su propia organización e institucionalización, señala su creciente
desarrollo pero no marca aún modalidades distintivas de participación
a nivel regional, más allá de su carácter consultivo en el marco de
mecanismos acordados y promovidos en conjunto con los organismos
intergubernamentales de integración subregional.
En tercer lugar, es llamativa la limitada vinculación entre las
instancias políticas de representación institucionalizada a nivel
subregional –tales como la Asamblea de Parlamentarios Caribeños y
el Parlacen–, y las organizaciones de la sociedad civil –tales como el
CPDC y el CAIC y la ICIC–, respectivamente, marcando, en principio,
un aparente divorcio entre los partidos políticos y las iniciativas de
aquélla. Existe por un lado una crítica frecuente de estas
organizaciones a los partidos políticos tradicionales, y por otro, una
insistencia en la necesidad de avanzar más allá de la democracia
representativa hacia una democracia participativa.
Estos planteos en el plano político con frecuencia se ven articulados
con críticas a las estrategias de desarrollo impulsadas por los
gobiernos y con propuestas de estrategias alternativas que hagan
más énfasis en las demandas sociales y en las necesidades de
sectores sociales marginados en la pobreza y el desempleo a nivel
subregional. En cuarto lugar, es importante resaltar la
«regionalización desde abajo» derivada de una sociedad civil regional
que promueve iniciativas que tomen en cuenta las demandas y las
necesidades de amplios sectores de la población afectados tanto por
las secuelas del proceso de globalización, como por el impacto de las
medidas que acompañan la profundización de la regionalización.
Finalmente, en el plano regional y hemisférico tales panoramas abren
una serie de interrogantes específicas. En primer lugar, ¿hasta qué
punto las experiencias subregionales podrán encauzarse, a través de
barreras lingüísticas, étnicas e históricas, hacia la conformación de
una sociedad civil regional en el Gran Caribe? y, en segundo lugar,
¿hasta qué punto las diferencias y heterogeneidades políticas y
sociales podrán dar lugar a posiciones comunes en cuanto a la
14

.
definición de mecanismos de participación en el proceso de
regionalización y, en particular, en el marco de la Asociación de
Estados del Caribe? En este sentido se abre una tercera interrogante
acerca de la capacidad de este organismo intergubernamental de
promover y diseñar mecanismos idóneos para impulsar la
participación, en el contexto de las heterogeneidades políticas que
caracterizan la región.
Por último, en el plano hemisférico, cabe plantearse si estas
experiencias son aplicables a los restantes procesos de integración en
América Latina, con sus tradiciones y culturas políticas diferentes y
con sus particulares ritmos de integración, en el sentido de que pueda
emerger una sociedad civil regional y de que se pueda promover una
más amplia participación de la misma en el proceso de integración de
América Latina y el Caribe.
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