Gobernar para las élitesl

ANEXO DE OXFAM INTERMÓN 20 ENERO 2014
www.oxfamintermón.org
GOBERNAR PARA LAS ÉLITES
Secuestro democrático y desigualdad económica:
Reflexiones sobre España
Como cada año, el Foro Económico Mundial se reúne en Davos del 22 al 25 de
enero de 2014. Las montañas suizas acogerán a los principales líderes
financieros, empresariales y políticos del mundo, así como a periodistas e
intelectuales selectos, para analizar los problemas más apremiantes que
enfrenta el planeta. La desigualdad económica, considerada la enfermedad del
siglo XXI, es uno de los grandes retos que hoy amenaza el progreso de la
humanidad hacia sociedades más equitativas, justas y democráticas. Hoy la
mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población, cuya
riqueza asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el
total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.
En la misma cumbre celebrada en enero de 2013, Oxfam (Oxfam Intermón en
España) hizo un llamamiento a la necesidad de reducir la desigualdad y a poner
coto a la acumulación de riqueza y a la pobreza extremas.1
Desde entonces,
lejos de frenar esa tendencia, la situación se ha agravado a consecuencia de la
crisis financiera y de las medidas adoptadas en muchos países para hacerle
frente.
Ante esta situación, para la reunión de 2014, desde Oxfam damos un paso
más, exigiendo a los líderes convocados acordar un objetivo de reducción
urgente de la desigualdad, no sólo por su impacto negativo en términos
económicos y de justicia social, sino por la amenaza que supone para el
ejercicio de una verdadera democracia basada en el interés de la mayoría. Para
ello, publicamos el informe “Gobernar para las élites”, que denuncia cómo el
aumento de la concentración de poder económico y de riqueza, genera una
riqueza ilícita que perpetúa la desigualdad, supone una amenaza para un
modelo social basado en la inclusión e igualdad de oportunidades, y pone en
peligro los sistemas democráticos. En definitiva, la desigualdad extrema está
cambiando las reglas de juego del gobierno democrático al invalidar el “contrato
social” entre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y los de sus
representantes institucionales.
Sinopsis del informe “Gobernar para las élites”
La concentración de riqueza extrema corroe las instituciones, de manera que los
Gobiernos dejan de procurar el bienestar de sus ciudadanos y pasan a servir los
intereses de una minoría acaudalada. A lo largo de la historia, grupos con poder
económico se han valido de dicho poder para influir sobre las instituciones
formales e informales (y en ocasiones capturarlas) y conseguir así un trato a favor
de las élites en la definición de leyes y normativas. El actual aumento de la
desigualdad económica en (y entre) muchos países del mundo acentúa esta

2
tendencia en espiral. En sociedades muy desiguales, un gran número de personas
no tienen control sobre sus vidas ni pueden ejercer sus derechos. Dichas
sociedades son enormemente vulnerables a las tensiones sociales. Es necesario
actuar para revertir la desigualdad y la concentración de riqueza para favorecer
sociedades seguras y prósperas y para terminar con la pobreza.
España, lamentablemente, no se escapa a esta dinámica. Los casos en los que
los intereses de una minoría económicamente poderosa se han impuesto por
encima de los intereses de la ciudadanía de a pie son numerosos en la historia
de nuestra democracia. La crisis económica, financiera, política y social que
padece España hoy tiene buena parte de su origen precisamente en esas
dinámicas perniciosas donde el interés público y los procesos democráticos han
sido secuestrados por los intereses de una minoría, mientras la ciudadanía
permanecía mayoritariamente al margen de la situación, renunciando a vigilar la
acción del poder frente a sus derechos. Las medidas adoptadas desde 2010
para hacer frente a la crisis responden también a la misma inercia de abandono
del interés público, y a pesar de que en los últimos años, parte de la ciudadanía
se ha movilizado para defender sus derechos, el clima de desafección política y
la falta de confianza institucional han ido en aumento.
La misión de Oxfam Intermón es luchar contra la pobreza y la injusticia para
que toda persona ejerza sus derechos y tenga una vida digna. Así lo venimos
trabajando desde hace más de 50 años en los países de América Latina, África
y Asia, y desde nuestra experiencia y compromiso decidimos en 2012 no
permanecer impasibles ante el incremento de la exclusión y la desigualdad en
España, convencidos además de que buena parte de las causas que generan
la pobreza y la injusticia en la actualidad son las globales y comunes en todo el
mundo, y por tanto generan los mismos problemas, que requieren soluciones
similares. Mientras la mitad más pobre de la población mundial posee la misma
riqueza que las 85 personas más ricas del mundo, en España, la riqueza de las
20 personas más ricas (77.000 millones de euros) es equivalente a la renta del
20% de las personas más pobres.2
Las experiencias de América Latina, el Este Asiático y África Subsahariana en
las décadas de los 80 y 90 demostraron que las respuestas a las crisis son
opciones políticas, y las que no priorizan la justicia social generan más
desigualdad y más pobreza. Desde estos aprendizajes, en diciembre de 2012
publicamos el informe “Crisis, Desigualdad y Pobreza”3
, donde alertábamos de
que España se encuentra en el punto en el que rectifica o pierde tres
generaciones de bienestar, derechos sociales y democracia, para convertirse
en una sociedad dual de ricos y pobres. En septiembre de 2013 publicamos el
informe “La Trampa de la Austeridad”4
, que denunciaba cómo los programas de
austeridad europeos han desmantelado los mecanismos que reducen la
desigualdad y hacen posible un crecimiento equitativo.
Entre 1988 y 2008 el coeficiente de Gini5
aumentó en 58 países. Así, mientras
en Estados Unidos, el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento total
posterior a la crisis desde 2009, el 90% más pobre de la población se ha
empobrecido aún más; y la tendencia ha sido la misma en España. El
coeficiente de Gini en España ascendió a 0.34 en 2011 y a 0,35 en 2012 -el
mayor valor desde que comenzaron los registros- colocando a España en el
segundo país más desigual de Europa, sólo por detrás de Letonia.6
De hecho,
antes de la crisis el 20% de los españoles más ricos ganaba 5,3 veces más que
el 20% más pobre; pero en 2011, esta cifra había aumentado a 7,5 veces. Si la
tendencia continúa, para 2025 el 20% de los españoles más ricos podrían
ganar en promedio 18 veces más que el 20% más pobre.7

3
En ambos informes expresamos que Oxfam Intermón apuesta por una
ciudadanía global, consciente de su pertenencia a su comunidad local y a la
aldea global y comprometida activamente en la construcción de un mundo más
justo dentro y fuera de nuestras fronteras, cuya participación activa -que ejerza
el control de los poderes públicos y privados, de manera propositiva-, es
fundamental en la mejora de la calidad democrática en España. Denunciamos
que lo que estamos viviendo en parte de Europa y en España en concreto, es
una rotura entre las decisiones políticas y los compromisos de la política pública
con la ciudadanía. Una nueva fase del capitalismo donde las instituciones del
Estado han sido secuestradas por las élites y los poderes económicos,
marginando al ciudadano de las decisiones políticas y degradando el sistema
democrático, que de seguir así podría llegar a convertirse en una farsa
participativa que tan sólo sirve para encubrir una progresiva concentración del
poder.
La desafección democrática en España es patente y creciente, y se torna
peligrosa. La desilusión se extiende desde lo político – donde se percibe el
hastío con un sistema “partitocrático”- hacia otras instituciones del Estado y
hacia las instituciones y organizaciones formales, en general, lo cual contribuye
al desprestigio de las mismas y aventura futuros conflictos político-sociales.
El presente informe ahonda en esta cuestión y complementa el de Oxfam
“Gobernar para las élites”, enriqueciéndolo con los comentarios de reconocidos
líderes de opinión en España sobre cómo el aumento de la desigualdad en
España favorece y a su vez se retroalimenta el que una élite económica y
política interfiera a su favor en los procesos políticos y legislativos, en
detrimento de la mayoría de la población.
Emilio Ontiveros enmarca el debate sobre la amenaza que supone la
desigualdad para los sistemas democráticos y en concreto para España;
Joaquín Estefanía expone el análisis contemporáneo de la desigualdad
económica hasta el actual capitalismo de Estado; Joan Subirats alerta sobre la
rotura del modelo de convivencia y justicia social que prevaleció durante el siglo
XX y sugiere algunos cambios necesarios para frenar la injerencia de los
intereses económicos en la política española; Carlos Cruzado expone cómo la
desigualdad se refleja en el sistema tributario español, y cómo los intereses de
las élites han favorecido que así sea; y Daniel Montero ilustra profusamente el
entramado de intereses políticos y económicos que prima en España.
Pretendemos con esta publicación contribuir a la reflexión y el diálogo sobre la
amenaza que supone el aumento de la desigualdad para los sistemas
democráticos, en concreto en España, y para el desarrollo de unas sociedades
justas, equitativas, cohesionadas, prósperas y pacíficas.

4
La desigualdad como amenaza
Emilio Ontiveros, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid
Antes de que la actual crisis emergiera, la desigualdad en la distribución de la
renta y de la riqueza se había ampliado notablemente en la mayoría de las
economías avanzadas. Así lo han revelado estudios del Banco Mundial y de la
OCDE, entre otros. Esta última organización puso de manifiesto en un trabajo de
2011 como la tendencia identificada desde finales de los años 70 en EEUU y
Reino Unido se fue extendiendo a la práctica totalidad de las economías
avanzadas. En algunos países la aplicación de la desigualdad fue simultánea al
aumento de la población que entraba en condiciones de pobreza.
Una situación tal no es precisamente el resultado de la elección de la población,
sino la consecuencia de políticas económicas que, en el mejor de los casos, no
han atendido a principios básicos de igualdad de oportunidades, de distribución.
Las políticas fiscales, de forma dominante, no han favorecido la distribución. En
realidad, incluso gobiernos socialdemócratas han primado la reducción de
impuestos a las empresas y a los perceptores de rentas más elevadas, limitando
así la capacidad redistributiva de la política presupuestaria: la inversión en
educación, sanidad y otras partidas favorecedoras de las rentas más bajas. Junto
a ello, la intensificación de la dinámica competitiva global, las respuestas de los
gobiernos en términos de reducciones impositivas y desregulación de sectores
esenciales, como el financiero, han contribuido a ampliar esa tendencia.
La desigualdad en las retribuciones salariales según el grado de cualificación se
amplió a medida que se intensificaba la propia dinámica de globalización,
especialmente en su dimensión financiera. Fue, efectivamente, en la industria de
servicios financieros donde se registraron los incrementos en remuneraciones más
acusados, de la mano de esa creciente profundidad financiera de las economías.
En algunas empresas emblemáticas en cada país la diferencia entre las
percepciones de las posiciones de los máximos directivos y los trabajadores peor
retribuidos ha llegado a definir brechas sin precedentes, que incluso durante la
crisis se han ampliado en no pocos casos.
En la génesis de la crisis la ampliación de la desigualdad ha jugado un papel,
estimulando en algunas economías el endeudamiento masivo de las familias con
menor renta; pero también la crisis ha contribuido a ensanchar esas diferencias.
Las rentas de las familias han descendido, especialmente las menos cualificadas,
como consecuencia entre otros aspectos del mayor poder de negociación de los
empleadores, en un contexto de aumento del desempleo y reformas en los
mercados de trabajo que conceden mayor flexibilidad a las empresas.
Junto a lo anterior, en la mayoría de las economías europeas, la aplicación de
políticas presupuestarias basadas en la austeridad a ultranza, han situado a
crecientes segmentos de población en una posición menos favorable que al inicio
de la crisis. Esas políticas han prolongado la recesión y tampoco recientemente
han conseguido restaurar tasas de crecimiento suficientes para generar empleo a
un ritmo aceptable, al tiempo que han sacrificado partidas de gasto o inversión
más favorables a las rentas más bajas. La complacencia con esas decisiones se
ha amparado en no pocos casos en presunciones de sobredimensionamiento del
estado del bienestar y de su carácter de obstáculo en el fortalecimiento de la
capacidad competitiva de las economías, que no disponen de respaldo empírico.
El caso de España
España no quedó excluida de esa tendencia vigente en los años previos a la crisis.
En realidad, no consiguió aprovechar una de las décadas más brillantes en
términos de crecimiento económico para reducir la desigualdad. Su economía,
las condiciones de vida de la población, han registrado un deterioro mayor que en

5
otros países europeos tras la emergencia de la crisis. La mayor importancia
relativa que disponía el sector de la construcción residencial y de la promoción
inmobiliaria, así como el mayor endeudamiento privado, facilito el rápido e intenso
contagio a España. El rápido aumento del desempleo, desde tasas similares a la
media europea en 2007 hasta superar el 27%, fue el resultado más explicito del
colapso de un sector que llego a representar más de un 12% del empleo español.
Además del aumento del desempleo, la presión a la baja en la renta disponible de
las familias encontró apoyos en la erosión de la capacidad de negociación salarial
de los empleados.
La aplicación de políticas fiscales restrictivas han contribuido a deprimir aun más
la actividad económica y el empleo en las familias de menor renta, además de
reducir prestaciones sociales básicas que han deteriorado los niveles de bienestar
de las familias de menor renta de forma significativa. La evolución de la riqueza
de la familia media española también ha sido tributaria de la depresión en los
precios de la vivienda, principal activo de las familias. Consecuencia de todo ello
es el aumento de la población que vive en condiciones de pobreza. Con Grecia,
en España, uno de cada seis niños vive literalmente en condiciones de pobreza.
Consecuencias macroeconómicas:
Que la gente en general perciba que la desigualdad es menor de la real no
significa que sus consecuencias no sean poco adversas. La desigualdad no es
rentable a medio plazo, como trate de demostrar hace unos años.
8
(Ontiveros
2011 y 2012). Desde luego no lo es desde una perspectiva social, pero tampoco
empresarial. Obstaculiza la necesaria cohesión y dificulta el crecimiento
económico sostenible. El Fondo Monetario Internacional (FMI 2011) ha
demostrado la correlación positiva entre mayor igualdad en la distribución de la
renta y la sostenibilidad del crecimiento económico.
9
Desde luego por el lógico
sostenimiento del consumo, del aumento del ahorro susceptible de asignarse a
inversión empresarial, y por el aumento de las bases impositivas. En el caso de
EEUU, el estudio concluye que un 10% de reducción en la desigualdad aumenta la
duración del crecimiento económico en un 50%.
Junto a esas consecuencias estrictamente económicas, la ampliación de la
desigualdad en modo alguno favorece el fortalecimiento de los sistemas
democráticos, la participación e identificación de la mayoría de la población con
sus instituciones. No sorprende, por tanto que el Global Risk Report del World
Economic Forum destaque la desigualdad como uno de los riesgos globales más
importantes de 2013. Por ello, el de Oxfam es un propósito tan razonable como
necesario para garantizar cohesión y sostenibilidad del crecimiento económico. No
cabe el fatalismo: ni la dinámica de globalización ha de generar ampliaciones de la
desigualdad, ni exige que los gobiernos dejen de ser activos en la persecución de
objetivos de distribución.

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La curva del Gran Gatsby
Joaquín Estefanía, economista y periodista. Fue director de ‘El País’ entre 1988 y
1993
La desigualdad salió por la ventana de los análisis de los científicos sociales y ha
vuelto por la puerta grande. Si se repasan bastantes de los manuales de
Economía de las últimas tres décadas, en ellos las cuestiones relacionadas con la
extrema riqueza y la extrema pobreza o no están, o figuran tan sólo en las páginas
colaterales, aquellas que se saltan los estudiantes cuando han de examinarse
porque saben que no se las van a preguntar.
Esto ha cambiado. Según Oxfam, la mayoría de las poblaciones creen que las
leyes y las normativas están concebidas para beneficiar a otros (a los ricos) y, por
lo tanto, generan desigualdad. Una encuesta realizada en seis países (entre ellos,
el nuestro) pone de manifiesto que la mayor parte de la gente considera que las
leyes y las instituciones están diseñadas para favorecer a los ricos. Mal augurio
para la democracia. En España, ocho de cada 10 personas están de acuerdo con
esta afirmación. La desigualdad importa cada vez más a los ciudadanos, en contra
de lo que hace unos años declaraba la subdirectora gerente del Fondo Monetario
Internacional, Anne Kruger: “Las personas pobres están desesperadas por mejorar
sus condiciones materiales en términos absolutos, en lugar de avanzar en el
ámbito de la distribución de los ingresos. Por lo tanto, parece mucho mejor
centrarse en el empobrecimiento, que en la desigualdad”.
Durante las cuatro últimas décadas, las de hegemonía intelectual de la revolución
conservadora, se han incrementado exponencialmente las desigualdades en el
seno de los países. Hasta tal punto ha sido así que ha cambiado el concepto de
invisibilidad social. Antes, los invisibles eran los extremadamente pobres, y los
ricos hacían alegre ostentación de sus posesiones y su estatus; ahora aquellos se
tienen que tragar su dignidad y aparecen en la oscuridad atracando los cubos de
basura, mientras que los poderosos se ocultan para no ser el objeto de la
indignación general. Y sin embargo, el debate macroeconómico ha estado
dominado por otras cuestiones instrumentales tales como la inflación, la primera
de riesgo, el déficit o la deuda pública. Por lo tanto, primera propuesta,
complementaria de las de Oxfam a las élites que se reúnen en el Foro de Davos:
que el índice de Gini o cualquier otro instrumento que mida la desigualdad en los
países se eleve al cuadro macroeconómico de los Gobiernos, junto a las demás
macromagnitudes, de modo que se pueda hacer un seguimiento continuo de lo
que las políticas económicas obtienen, o deterioran, en las relaciones entre
ciudadanos.
En el análisis contemporáneo sobre la desigualdad económica ha habido tres
etapas. En la primera se la vinculaba con la ética y lo social (una sociedad no
puede ser justa y cohesionada con tales grados de desigualdad). En la segunda,
con la economía (una política económica no puede ser eficaz con una alta
desigualdad; mucha desigualdad desestimula el crecimiento). Y ahora se la
relaciona con la política: el que la riqueza mundial se divida en dos porciones, la
mitad de ella en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad, entre el
99% restante, conlleva democracias de muy baja calidad, tal vez no sostenibles, y
a que los ciudadanos dispongan de cada vez menos poder sobre sus vidas y no
puedan ejercer sus derechos. Por lo tanto, una alta desigualdad como la existente
conduce a ciudadanos y sociedades vulnerables. El informe de Oxfam reproduce
dos opiniones norteamericanas muy oportunas; la primera, de quien fue juez del
Tribunal Supremo de EEUU, Louis Brandeis, que dice que “podemos tener
democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no
podemos tener ambas cosas”. La otra, del presidente Franklin Delano Roosevelt,
cuyas políticas condujeron a la etapa de la creación de las clases medias en

7
Norteamérica y domeñaron la extrema desigualdad de los “felices veinte”: “El
Gobierno más libre del mundo, si existiese, dejaría de ser aceptable si sus leyes
tendiesen a generar una rápida acumulación de la propiedad en pocas manos,
haciendo que la inmensa mayoría de la población fuese dependiente y sin
recursos”.
La segunda proposición, tras la de elevar el índice de Gini al cuadro
macroeconómico, consiste en no volver a denominar “neoliberalismo” a lo que
ahora está ocurriendo. Un sistema que dedica, como lo está haciendo desde 2008,
una buena parte de sus recursos públicos, al salvamento de sus bancos no es un
sistema neoliberal sino que se ha pasado a otra etapa de excepcionalidad
caracterizada por el capitalismo de Estado. Lo demuestra el informe en cuestión:
las denominadas “élites extractivas” (aquellas que han dejado de luchar por el
interés general y sólo trabajan por el propio) utilizan las normas, las leyes, el
arbitrismo, para su beneficio, haciendo aun más lacerantes los extremos de la
escala social. Cooptan la política. La desigualdad y la cooptación política son
interdependientes. La influencia de esas élites da lugar a desequilibrios en los
derechos y en la representación política y, como resultado, esos grupos poderosos
cooptan la toma de decisiones de las funciones legislativa, ejecutiva y regulatoria.
Se manipula la política a favor de los intereses de las élites, que han coincidido
con la explosión de la riqueza en manos del 1% más rico de la población. Así, por
ejemplo, logran mantener a la baja la presión sobre las plusvalías y los tipos
impositivos que gravan las rentas altas subiendo los impuestos de la mayoría,
pues con tantas cosas que hay que financiar si a unos se les bajan los impuestos
hay que incrementárselos a los otros; crean lagunas fiscales a favor de las
grandes empresas fomentando la elusión y el concepto de “termita fiscal”
(personas físicas o jurídicas que aprovechan los intersticios del sistema fiscal para
no pagar impuestos o pagar menos de lo que deberían); desploman el poder de
negociación de los sindicatos a través de reformas laborales, y con ello el valor
real del salario mínimo, de las rentas disponibles y de otras medidas de
protección; o tergiversan la agenda pública para favorecer unas medidas y dejar
otras para un más adelante que nunca llega.
Debemos volver a aquellas hipótesis de trabajo desarrolladas por Foucoult y
Deleuze, que exponían los motivos que proporcionaban al capitalismo “apariencia
e ilusión de liberalismo” (1: se gobierna demasiado; 2: lo irracional caracteriza el
exceso de gobierno; 3: se debe gobernar, por tanto, lo menos posible), cuando el
capitalismo de hoy es capitalismo de Estado, con una alianza entre el Estado y las
“élites extractivas” para obtener una redistribución de la renta y las riqueza cada
vez para regresivas. Esta interpretación es decisiva para entender la crisis actual
en la que se han multiplicado las tendencias desigualitarias de los últimos 40 años.
La pregunta es cómo los neoliberales han pasado de gobernar lo menos posible a
querer gobernarlo todo. La extrema desigualdad es una gran amenaza para los
sistemas político y económico inclusivos. El poder económico y el poder político,
en comandita, separan cada vez más a los ciudadanos en lugar de que avancen
juntos, de modo que es inevitable que se intensifiquen las tensiones sociales y
aumente el riesgo de ruptura social. En su último estudio sobre la desigualdad, el
Nobel de Economía Joseph Stiglitz comprime lo que acontece en tres puntos:
primero, se multiplican los fallos del mercado, de los cuales el más significativo es
el del mercado de trabajo, con incrementos exponenciales de desempleo en
algunos países; segundo, el sistema político, que logra su legitimidad en la
corrección de esos fallos del mercado, no lo hace; y tercero, como consecuencia
de ello aumenta la desafección ciudadana sobre el sistema económico (la
economía de mercado) y sobre el sistema político (la democracia). Esto es lo que
manifiestan todos los sondeos.

8
Más desigualdad, menos justicia, menos democracia
Joan Subirats, profesor de Ciencia Política e investigador del Instituto de
Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona
Este encabezamiento de mi comentario podría ser el resumen de lo que está
aconteciendo en todo el mundo desde el desencadenamiento de la crisis y la
consolidación de un capitalismo turbo-financiero. En tres décadas, de 1945 a
1975, se redujo a la mitad la desigualdad en la Europa occidental gracias a la
aplicación de las políticas redistributivas consagradas tras el final de la Segunda
Gran Guerra, y tras la aceptación de que el libre mercado comporta muchas
facilidades para la competitividad y el intercambio económico, pero no resulta muy
concernido por los temas de justicia social. El artículo 9.2 de la Constitución
Española (copiado de manera tardía, “gracias” al franquismo, de artículos
semejantes de las constituciones alemana o italiana aprobadas a finales de los
40), dice: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social”. En ese apartado se resume todo el proyecto de democratización de la vida
política y social que impulsó la ciudadanía europea tras vencer al fascismo y como
alternativa a una economía estatalizada. El modelo de “Europa Social” que desde
allí se extendió, representó durante muchos años un faro en un mundo en el que
seguía predominando la injusticia y la desigualdad.
Hoy, estamos constatando que cada vez parece haber menos posibilidades de
que ese modelo de convivencia y de justicia social que durante decenios simbolizó
la Unión Europea, pueda mantenerse. En efecto, desde 1975 ha ido aumentando
la desigualdad entre los sectores más y menos favorecidos en toda Europa, y de
hecho volvemos a estar en niveles de desigualdad que nos retrotraen a la primera
mitad del siglo XX. España, que se integró con esperanza a la Unión Europea en
1986, y logró poco a poco ir recuperando el gap de su tardía incorporación a la
democracia, ve hoy como los logros sociales conseguidos en poco tiempo, se
deterioran rápidamente y se ven estructuralmente amenazados.
Es bastante evidente que todo ello tiene sus raíces en un cambio muy profundo
del sistema económico y de las fuentes que los grandes intereses buscan para
satisfacer sus ansias de beneficio. Es evidente que esas fuentes de beneficio se
buscan cada vez más en la economía financiera y cada vez menos en la economía
productiva. Las ventajas son evidentes, sobre todo si uno lo ve desde el punto de
vista fiscal. El dinero circula, no tiene patria, cuesta mucho seguir su rastro en
plena maraña legal. Crece la evasión y, sobre todo, la elusión fiscal. Prestar dinero
es mejor que pagar salarios, pagar impuestos, o preocuparse por conseguir cuotas
de mercado. Los poderes públicos están crecientemente en manos de los grandes
fondos de inversiones. Y deben plegarse a sus condiciones. Los medios de
comunicación, en plena crisis de soporte, van viendo absorbidas sus empresas por
los poderes financieros, poniendo en cuestión la independencia de la información.
En este contexto, el propio concepto de trabajo que fue construyéndose en la era
industrial, y que vinculaba el trayecto vital al trabajo, va perdiendo sentido, y en la
misma proporción pierden fuerza el conjunto de políticas sociales que se crearon,
articulando trabajo con educación, con salud, con prestaciones de desempleo o
con pensiones. El trabajo está pasando de ser dependiente, permanente y
continuo, a ser no dependiente o falsamente autónomo, intermitente y precario. En
ese contexto, las estructuras de defensa de los derechos que se habían ido
creando van viendo amenazada su posición. Unos pocos, los más poderosos,
tienen mucha voz. Se les hace mucho caso, Muchos otros, los menos poderosos,
tienen muy poca voz. No se les oye. No cuentan.

9
¿Qué hacer? Demostrar que más desigualdad es menos futuro. Luchar por más
transparencia, para que se pueda saber quién defiende qué, y que intereses hay
detrás. Luchar de manera global por la legalidad fiscal. Avanzar en la creación de
una tasa sobre las transacciones financieras. Y sobre todo, ser consciente que
luchar por la democracia no es sólo luchar para que cada cuatro años haya
elecciones, sino para asegurar los valores que la democracia incorpora. Que son
la justicia y la igualdad. En España necesitamos más transparencia que evite un
que se repita el insoportable nivel de corrupción al que hemos asistido en los
últimos años, de clara colusión entre intereses económicos y uso sesgado y
desviado de las competencias que todos hemos delegado en los servidores
públicos. Necesitamos cambios en la legislación sobre partidos, para cambiar
tanto las vías de financiación de los mismos, evitando los contubernios y
mecanismos de presión aplazada que las donaciones acostumbran a generar, y
formas de elección de nuestros representantes que permitan mejores formas de
“accountability”, de rendición de cuentas, para que tengan que explicarnos que
han hecho con nuestra confianza y con nuestros impuestos. Sería asimismo
importante avanzar en la defensa de los bienes comunes, de esos recursos
básicos (agua, energía, vivienda,…) sin los cuáles la supervivencia y la cohesión
social no están garantizadas. Necesitamos en fin, un reset democrático, que
legitime de nuevo la política y lo público, como espacio de respuesta colectiva a
los problemas comunes.
El documento de Oxfam que se presenta a la cumbre de Davos entiendo que va
en esa misma línea. Aporta datos, incorpora grosor moral a sus propuestas, y
pone de relieve que si la sociedad civil global organizada es capaz de interactuar
de manera conjunta, conectando sinsabores, luchas y conflictos, pero también
solidaridades, recursos e iniciativas a nivel global, también podría hacerlo los
poderes públicos, consiguiendo que los buenos propósitos que muchas veces en
cumbres de este tipo se plantean, puedan ser luego seguidos e implementados.
Más igualdad es más justicia, más democracia.

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Impuestos y recortes: favorecer a los favorecidos
Carlos Cruzado, presidente de GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda)
El informe que Oxfam ha elaborado con motivo de la reunión del Foro Económico
Mundial en Davos los días 22 a 25 de enero de 2014, y que parte de la base de
que la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países del
mundo, poniendo en peligro los sistemas democráticos, como consecuencia de la
influencia de los sectores más poderosos en la política, en detrimento de los
intereses de la gran mayoría de los ciudadanos, es, sin duda y desgraciadamente,
también aplicable a España.
De hecho, desde el mes de mayo de 2010 venimos asistiendo a un continuo
recorte de gasto público, iniciado por el anterior gobierno y profundizado por el
actual, con la finalidad de reducir la cifra de déficit. Tal recorte comenzó afectando
de manera específica a determinados colectivos como el de los empleados
públicos, pensionistas y personas dependientes, y finalmente ha acabado
incidiendo en la mayor parte de los ciudadanos, sobre todo en las capas más
desfavorecidas de la sociedad. Estos ajustes se han centrado en educación,
sanidad, dependencia y otros gastos sociales, que constituyen los pilares básicos
de nuestro estado de bienestar, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar.
Al mismo tiempo, las medidas dirigidas a incrementar los ingresos a través de
nuestro sistema fiscal, centradas sobre todo en las subidas del IRPF y del IVA y
otros impuestos indirectos, han afectado fundamentalmente a las clases medias y
a las más desfavorecidas. Esto se explica por la regresividad de los impuestos
indirectos, así como por las posibilidades que la minoría mejor posicionada de
nuestra sociedad tiene para escapar de la tributación del IRPF -utilizando con
frecuencia las numerosas posibilidades de elusión que la vigente normativa les
permite, cuando no a través directamente de la evasión fiscal-.
A estas medidas hay que sumar las que ya se venían produciendo, como
consecuencia de un proceso iniciado años antes, y que conllevó una paulatina y
continua bajada de impuestos, en aras de una pretendida mejora de la eficiencia,
pero con un perjuicio evidente para la equidad, dado que estas bajadas no
afectaron en la misma medida a todos los contribuyentes, sino que tuvieron un
efecto especialmente favorable para los de mayor poder económico.
Y en este sentido, podemos citar las bonificaciones de hasta el 99% en el
Impuesto sobre sucesiones, la supresión del Impuesto de Patrimonio, la
conversión de las rentas de capital en “rentas del ahorro”, con distinto tratamiento,
mucho más beneficioso para éstas que para los rendimientos del trabajo, Pero
sobre todo, destaca la rebaja en el Impuesto sobre Sociedades, primero nominal -
del 35 al 30%- y luego encubierta, a través de la pléyade de deducciones,
exenciones y regímenes especiales, utilizados sobre todo por los grandes grupos
empresariales (según los últimos datos publicados por la AEAT, el tipo efectivo
sobre beneficios contables de los grupos de sociedades fue del 3,5%)
Como consecuencia de todo lo anterior, se viene produciendo un debilitamiento de
la equidad que, según el artículo 31 de la Constitución Española, debe inspirar
nuestro sistema tributario, así como de los principios de igualdad, generalidad y
progresividad, a los que se refiere dicho precepto. Y de este proceso son
plenamente conscientes los ciudadanos, como refleja elocuentemente el Centro
de Investigaciones Sociológicas en su último estudio sobre Opinión pública y
política fiscal, según el cual casi el 90% de los españoles piensa que los
impuestos no se pagan justamente.
Además, en el mismo estudio, más del 70% de los ciudadanos cree que los
tributos se deberían recaudar sobre todo a través de impuestos directos, lo que
choca con el discurso del FMI, de la Comisión Europea y del propio Gobierno,

11
cuyo actual ministro de Hacienda señalaba en una entrevista reciente, en relación
con las líneas por las que debería discurrir la reforma fiscal anunciada para los
próximos meses, que “estamos en Europa y nos tenemos que apoyar mucho en la
imposición indirecta.”
Sumado a esto, la percepción de los españoles de que los impuestos no se pagan
justamente se ve plenamente confirmada por muchos otros datos, entre los que
además de la amnistía fiscal decretada en el año 2012 -la tercera desde la
aprobación de nuestra Constitución- se pueden citar a título de ejemplo los
siguientes: el IRPF, que aporta más del 40% de los ingresos tributarios del Estado,
se nutre en un 85% del gravamen a los rendimientos del trabajo, frente al 8% del
referido a las rentas del capital y el 7% del correspondiente a los beneficios de las
actividades empresariales y profesionales; se mantienen instrumentos de elusión
como las sociedades de capital variable y las entidades de tenencia de valores
extranjeros, utilizadas por grandes patrimonios y empresas, respectivamente, para
reducir considerablemente su factura fiscal o demorar eternamente el pago de
impuestos; se dice luchar contra los paraísos fiscales al tiempo que se favorece a
los capitales que operan en ellos, permitiendo a los residentes en estos territorios
adquirir deuda pública sin retención fiscal…
Por último, y en lo que se refiere a los aspectos relativos a la aplicación y control
del sistema tributario, la actuación de la Agencia Tributaria (AEAT), en lo
fundamental, no está en concordancia con los antes citados principios
constitucionales que deben inspirar nuestro sistema tributario. De hecho, su forma
de actuar está más volcada en el control de las discrepancias que resultan entre lo
declarado por los perceptores de rentas del trabajo y de capital sometidos a
retención y los datos de que dispone, que con la investigación de las bases no
declaradas. A esta última tarea de investigación dedica unos recursos menores,
por no hablar del control de las grandes empresas y fortunas, al que sólo dedica
un 20% de su plantilla, a pesar de que es donde se concentran las grandes bolsas
de fraude. Todo lo cual supone, sin duda, obviar los principio de generalidad e
igualdad del artículo 31 de la Constitución Española, al que no sólo se debe
sujetar el legislador al aprobar las normas tributarias, sino también el Gobierno, el
Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, en su control y aplicación.
Asimismo, podríamos citar diversas actuaciones que han tenido cierta repercusión
mediática y que suponen el haber dado un tratamiento distinto a unos
contribuyentes frente a otros, como es el caso del trato que la AEAT dio en el año
2010 a las más de 600 grandes fortunas españolas con depósitos no declarados
en el Banco HSBC, en Suiza. Tras recibir la información sobre la existencia de
dichas cuentas opacas, la Administración tributaria, en vez de abrir los
correspondientes procedimientos de inspección, como sería lo usual con cualquier
otro contribuyente, les brindó la oportunidad de saldar “voluntariamente” sus
cuentas con el fisco, con lo que se ahorraron sanciones y la posibilidad de ser
condenados, en su caso, por delito fiscal.
Todos estos datos nos pueden llevar a pensar que los sucesivos gobiernos
atienden, más que a la generalidad de los ciudadanos y a los principios
constitucionales que deben regir el sistema tributario, a los grupos de presión
correspondientes a esas élites económicas que, finalmente, son los beneficiados
por las actuaciones y políticas tributarias seguidas, a las que nos hemos referido.
En conclusión, y como destaca Oxfam en su informe, es necesario adoptar
soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la
política. Ha llegado el momento de acabar con la inequidad. El aumento de la
desigualdad, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos 30 años,
debe revertirse.

12
Clase política: cuando el guardián ensancha la brecha
Daniel Montero, periodista
Ocho de cada diez personas piensan que en España, las leyes están hechas para
proteger a los poderosos. El dato –reflejado en el informe de Oxfam ‘Gobernar
para las élites’ - es tan poco edificante como descriptivo. Por un lado, refleja la
imagen que 37 millones de españoles tienen de las leyes que rigen su
convivencia; un sistema viciado donde unos pocos se enriquecen a costa de
todos. Y por otro, señala una lectura todavía más peligrosa. La clase política
española, esa amalgama de 80.000 representantes sufragada con dinero público,
ha dejado su papel como protector de los más débiles para garantizar el
enriquecimiento de aquellos que, cada vez, son más ricos.
El documento elaborado por Oxfam habla de una percepción. Un sentir ciudadano
que no surge de la nada. Se respalda una y otra vez con un abanico de datos.
Según los Técnicos de Hacienda del Estado,
10
la crisis ha disparado en España la
brecha entre ricos y pobres. El 20% de los contribuyentes más ricos acapara el
44% de todos los ingresos declarados. En el otro extremo, el 20% de los más
pobres recibe solo el 6,6% del dinero que se mueve en el país. Según la misma
fuente, desde 2007, más de dos millones de personas en España han pasado a
vivir por debajo del umbral de la pobreza mientras los millonarios españoles han
crecido un 13%. El empresario Amancio Ortega, dueño del imperio Inditex,
encabeza la lista de los más ricos del país con un patrimonio estimado de 43.000
millones de euros. Según la revista Forbes, el industrial gallego es el hombre que
más aumentó su fortuna en 2012 en todo el planeta, con unas ganancias de
16.818 millones de euros.
11
En suma, las estadísticas oficiales colocan a España como el país con mayor
fractura económica de toda la Unión Europea por sexto año consecutivo.
12
Y
mientras, los gobernantes de todo signo y color político, al contrario de lo que
cabría esperar, han facilitado con sus políticas que la brecha sea cada vez más
amplia. Un ejemplo: en noviembre de 2008, el entonces presidente José Luís
Rodríguez Zapatero compareció ante los medios de medio mundo tras una reunión
del G-20 en Washington, y anunció una lucha sin cuartel contra los paraísos
fiscales.
13
El 28 de abril de 2008, medio año antes de la reunión extraordinaria del
G-20, su propio Gobierno aprobó con un real decreto una normativa que dejaba
completamente exenta del pago de impuestos la compra de bonos del tesoro y
otros productos financieros públicos desde paraísos fiscales. Si compras desde
España, pagas. Si lo haces desde las Islas Vírgenes, no. Un año después,
mientras el ejecutivo socialista filtraba a la prensa su plan de acción contra los
paraísos fiscales,
14
ofreció un anonimato casi completo para aquellos que invierten
su dinero en deuda pública española desde paraísos fiscales. Además de no
pagar impuestos, los inversores no podrían ser investigados por Hacienda. La
medida resultó tan polémica que fue retirada. Pero solo sobre el papel, ya que el
Gobierno de Zapatero la aprobó sin apenas publicidad un año después, en el
primer día de agosto de 2011. Desde que se publicó en el BOE el Real Decreto
1145/2011, cualquier defraudador que tenga su dinero en paraísos fiscales puede
comprar deuda pública española bajo la cortina más dura del secreto bancario.
Según un informe encargado en 2010 por la OCDE a la consultora Merrill Lyinch,
los españoles esconden 175.000 millones de euros en paraísos fiscales.
15
Más del
presupuesto completo del Estado para todo un año. No hace falta estudio alguno
para entender que ni uno solo de los 4,7 millones de parados del país o de los
nueve millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (el
21,6% de la población española)
16
se han beneficiado de esta medida.
Para incrementar esa brecha y participar en la llamada competencia fiscal, España
se ha convertido de facto en un paraíso fiscal para grandes capitales. Por un lado,

13
las grandes fortunas españolas se acumulan en las llamadas SICAV, supuestas
cooperativas de inversión que en realidad se encuentran solo en manos de las
grandes fortunas nacionales y que tributan sus beneficios anuales en acciones
solo al 1%. Por otro lado, los capitales extranjeros cuentan con las llamadas ETVE
(Empresa de Tenencia de Valores Extranjeros), que tampoco pagan impuestos en
España por los beneficios de sus empresas participadas en el extranjero. Este es,
desde hace décadas, el funcionamiento de cualquier paraíso fiscal del planeta. Y
multinacionales como Pepsi
17
o la petrolera Exxon
18
se benefician de ello. Los
distintos gobiernos nacionales han frenado de forma sistemática los intentos de
poner coto a las prácticas de este tipo de sociedades, con la excusa soterrada de
evitar la fuga de capitales.
19
Por si esto fuera poco, el ejecutivo de Mariano Rajoy
aprobó en 2011 una amnistía fiscal que permitió a cualquier defraudador repatriar
su dinero a España con una simple multa del 10% de la cuantía. Basta saber que
en el país, el tipo impositivo máximo para una persona alcanza el 56% para
entender la rentabilidad de la operación.
Sin embargo, la brecha entre ricos y pobres en España no se ha generado
únicamente por las políticas proteccionistas para los grandes capitales. Además, la
clase política nacional ha antepuesto en incontables ocasiones los intereses de los
más poderosos por encima del interés general. Basta poner algunos ejemplos:
tanto PP como PSOE, los principales partidos del país, han rechazado en varias
ocasiones la dación en pago de las personas que no pueden pagar sus hipotecas
a causa de la crisis frente a la banca. Este mismo verano, el Parlamento Europeo
premió el movimiento español anti desahucios por su lucha con este mismo
objetivo.
20
Además, el pasado 17 de diciembre, el Partido Popular rechazó por su
mayoría parlamentaria la propuesta de prohibir los cortes de luz –un bien de
primera necesidad- a las personas que no pueden hacer frente al recibo. Según la
asociación Ecoserveis,
21
cuatro millones de personas en España carecen de
fondos para encender la calefacción en invierno. Mientras, el ejecutivo lleva años
permitiendo un sistema de subasta energética que ha engrosado de forma
millonaria las arcas de las eléctricas españolas. Y que ha permitido la entrada de
grandes especuladores financieros internacionales -Goldman Sachs o Morgan
Standley
22
entre otros- para engrosar la factura. La medida se puede entender
mejor cuando vemos al ex presidente Felipe González
23
como consejero de Gas
Natural con un sueldo aproximado de 126.000 euros al año o al ex presidente
José María Aznar, como asesor externo de la eléctrica Endesa. Por la misma firma
de energía ha pasado por ejemplo Elena Salgado, ex vicepresidenta económica, el
diputado de CIU Miquel Roca, Pio Cabanillas, ex ministro portavoz del Partido
Popular en la era Aznar, Rodolfo Martín Villa, también ex vicepresidente del
Gobierno, e incluso el actual ministro de economía, Luis de Guindos.
24
Otro ejemplo: en abril de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy decidió inyectar
22.000 millones de dinero público para rescatar Bankia.
25
La explicación del
ejecutivo fue la necesaria intervención para evitar el cierre de uno de los bancos
más potentes del país; si Bankia caía, los pequeños ahorradores perderían su
dinero. Sin embargo, el argumento era una cortina de humo. El Fondo de Garantía
de Depósitos, financiado por los distintos bancos del país, garantiza por ley la
recuperación de los depósitos hasta 100.000 euros. Es decir, solo los medianos y
grandes inversores perderían en realidad sus fondos, mientras los bancos se
hacían cargo del resto. En lugar de eso, la factura del desastre bancario se pasó
uno por uno a todos los ciudadanos, fueran o no clientes de Bankia, por vía de
impuestos. En la actualidad, la entidad financiera, rescatada con dinero público,
ejecuta el 80% de los desahucios que se producen en Madrid,
26
según la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La brecha en los ámbitos más vitales para el ciudadano se ha hecho cada vez más
palpable. Hasta el punto de afectar a los aspectos más elementales de la vida
pública. En el sector sanitario, el Gobierno ha implantado un sistema de copago

14
para medicamentos que afecta mucho más al bolsillo del enfermo más
desfavorecido que al de cualquier acaudalado. En la Comunidad Valenciana, la
falta de fondos obligó este mismo invierno a apagar la calefacción de varios
colegios públicos.
27
Y mientras se frena la inmigración ilegal de los más
desfavorecidos, el gobierno aprobó el 27 de septiembre de 2013 la concesión del
permiso de residencia para cualquier extranjero que dispusiera al menos de medio
millón de euros para comprar inmuebles en España.
Desde el inicio de la crisis, las medidas se han sucedido siempre en la misma
dirección: la de aumentar la brecha entre unos y otros. Una reforma del mercado
laboral que facilita el despido, bajadas en la prestación por desempleo, rebajas en
el salario mínimo...todo apunta en la misma dirección. En abril de 2011, el
Gobierno dejó de ligar las grandes rebajas fiscales para las multinacionales al
mantenimiento de sus plantillas. Cuatro meses después, Telefónica anunció su
intención de despedir a 8.500 empleados.
28
El año anterior, la multinacional
española, lejos de tener pérdidas, alcanzó los mayores beneficios obtenidos nunca
por una empresa española: 10.167 millones de euros.
29
El pasado mes de enero,
el presidente Rajoy anunció que España saldría de la crisis en 2014. Hay brotes
verdes. El crédito llega a las grandes empresas y hasta Bill Gates
30
invierte en
España. Ese mismo día, 4,7 millones de personas están todavía esperando en la
cola del paro, 9 millones tienen problemas para pagar el recibo de la luz y casi la
mitad de los ciudadanos españoles mayores de 15 años tiene problemas para
comprar comida, ropa o medicamentos.
31

15
CONCLUSIÓN Y
RECOMENDACIONES
La enorme y creciente concentración de ingresos y riqueza que están
experimentando muchos países, incluida España, supone una amenaza
mundial para la construcción de sociedades estables e inclusivas por una razón
muy simple: una distribución desequilibrada de la riqueza desvirtúa las
instituciones y debilita el contrato social entre las instituciones y el Estado.
El caso de España es especialmente preocupante, ya que se trata de una
democracia todavía joven y por tanto más frágil, especialmente sensible ahora
por el efecto de la crisis financiera y de las políticas que se han adoptado, que
han castigado de manera especial a las clases medias y a las personas más
desfavorecidas. Que no se haya hecho recaer el esfuerzo económico para
encarar la crisis en quienes tienen más recursos, junto con la impunidad con
que se ha tratado a los responsables de la debacle financiera, y la falta de una
actuación clara y contundente contra una corrupción cuyas evidencias se
multiplican día a día, inocula una tensión insoportable en la sociedad.
Los controles y contrapesos establecidos para garantizar que se escucha la voz
de la mayoría de la población tienden a debilitarse. La concentración de los
ingresos y la riqueza obstaculiza la materialización efectiva de la igualdad de
derechos y oportunidades, ya que dificulta la representación política de los
colectivos desfavorecidos a costa de beneficiar a los sectores acaudalados.
Por ello, es más importante y urgente que nunca tomar medidas claras para
reducir la desigualdad, acabar con la riqueza y la pobreza extremas, y
promover los mecanismos que previenen que los intereses de las élites
económicas y financieras sean los que marquen la agenda política, en
detrimento de los intereses de la mayoría de la población.
Las personas que participan en el Foro Económico Mundial de Davos tienen en
sus manos el poder de revertir el rápido incremento de la desigualdad. Oxfam
hace un llamamiento para que se comprometan a:
• No utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos ni en sus propios países
ni en otros países en los que invierten y operan;
• No utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que
supongan un menoscabo de la voluntad política de sus conciudadanos;
• Hacer públicas todas las inversiones de las que sean beneficiarios efectivos;
• Respaldar una fiscalidad progresiva;
• Exigir a los gobiernos que utilicen su recaudación fiscal para proporcionar a
los ciudadanos sanidad, educación y protección social universales;
• Reclamar que todas las empresas que poseen o controlan ofrezcan un
salario digno a sus trabajadores;
• Exigir a otras élites económicas que también se adhieran a estos
compromisos.
En el marco de los objetivos de desarrollo posterior a 2015, Oxfam reclama que

16
un objetivo principal sea:
• La eliminación de la desigualdad económica extrema como objetivo mundial
en todos los países. Este objetivo debería incorporar una supervisión
coherente de la participación en la riqueza del 1% más rico de la población
en todos los países.
Oxfam ha realizado también recomendaciones políticas con el objetivo de
fortalecer la representación política de las clases media y baja, para así
alcanzar una mayor igualdad. Éstas políticas recomendadas incluyen:
• Una mayor regulación de los mercados; y
• Poner freno a la capacidad de la población rica para influir en los procesos
políticos y en las políticas que mejor responden a sus intereses.
La combinación concreta de las políticas necesarias para revertir el aumento de
las desigualdades económicas debe adaptarse a los diferentes contextos
nacionales. No obstante, el ejemplo de los países desarrollados y en desarrollo
que han conseguido reducir la desigualdad económica nos ofrece algunos
puntos de partida, entre los que destacan:
• La adopción de medidas firmes contra el secreto bancario y la evasión fiscal;
• Las transferencias redistributivas y el fortalecimiento de los mecanismos de
protección social;
• La inversión en el acceso universal a la atención sanitaria y la educación;
• La fiscalidad progresiva;
• El fortalecimiento de los umbrales salariales y de los derechos de los
trabajadores.
• La eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de
las mujeres.
El fortalecimiento de la calidad democrática en España debería materializarse
de la siguiente forma:
• Garantizar la independencia y el buen funcionamiento de los entes
supervisores y reguladores del Estado.
• Recuperar el Congreso de los Diputados como espacio de diálogo y de
rendición de cuentas de los representantes electos hacia y con la
ciudadanía.
• Garantizar el acceso y la calidad de la información hacia los ciudadanos, el
derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades
públicas. Este derecho también obliga a las entidades públicas a publicar
información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva.
• Fomentar una democracia participativa.
• Garantizar las libertades ciudadanas: la libertad de expresión y de
manifestación, la libertad de información y el periodismo de investigación, y
el fomento de la cultura como herramienta de transformación social.
• Promover un sector financiero transparente y que cumpla con el fin social de
dar acceso al crédito a la ciudadanía.
• Combatir de manera inflexible la corrupción y acabar con la impunidad:
reforzar la lucha implacable contra el fraude y la evasión fiscal,32
contra el

17
tráfico de influencias y contra la impunidad de quienes han generado
perjuicios a las arcas públicas y a la ciudadanía por una gestión ineficiente o
irresponsable.
NOTAS
1
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2013-01-19/annual-income-richest-100-people-enough-end-global-poverty-
four-times
2
Datos obtenidos de Fobes
http://www.forbes.com/billionaires/list/#page:1_sort:0_direction:asc_search:_filter:All%20industries_filter:Spain_filter:All%20st
ates y de la Agencia Española de Administración Tributaria.
3
http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/articulos/adjuntos/Informe_IO_Crisis_desigualdad_y_pobreza.pdf
4
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp174-cautionary-tale-austerity-inequality-europe-120913-es.pdf
5
El índice de Gini es el indicador más utilizado para medir el nivel de igualdad o desigualdad. Adopta valores de cero a uno,
siendo cero la desigualdad absoluta y uno la igualdad perfecta.
6
Datos de Eurostat
7
Proyección elaborada en Oxfam Intermón (2012) Crisis, desigualdad y pobreza, en base a datos de Eurostat
8
Ontiveros, Emilio, 2011, “La Desigualdad no es rentable”, El País, 1 de mayo; y
Ontiveros, Emilio, 2012, “Perturbadora Desigualdad” En el libro: “Los nuevos problemas sociales. Duodécimo foro sobre
tendencias sociales”, Editorial Sistema, Diciembre.
9
Berg, Andrew, and Jonathan D. Ostry, 2011, “Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?” IMF Staff
Discussion Note 11/08 (Washington: International Monetary Fund).
10
http://www.farodevigo.es/economia/2013/11/28/crisis-dispara-brecha-ricos-pobres/923000.html
11
http://www.lavanguardia.com/economia/20130102/54358774968/amancio-ortega-multimillonario-incremento-fortuna-2012.html
12
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/10/actualidad/1349901592_959130.html ;y http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
13
http://cincodias.com/cincodias/2009/02/09/economia/1234319027_850215.html
14
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20090403/economia/zapatero-felicita-impulsar-paraisos-20090403.html
15
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/espanoles-tienen-175000-millones-euros-repartidos-paraisos-
fiscales/csrcsrpor/20100627csrcsreco_2/Tes
16
http://www.rtve.es/noticias/20131120/216-espanoles-vive-debajo-del-umbral-pobreza-segun-ine/796782.shtml
17
http://empresite.eleconomista.es/PBG-HOLDING-ESPANA-ETVE.html
18
http://elpais.com/diario/2011/02/27/economia/1298761201_850215.html
19
http://www.libremercado.com/2012-01-10/el-nuevo-plan-antifraude-amenaza-con-intensificar-la-fuga-de-capitales-1276446367/
20
http://www.huffingtonpost.es/2013/06/06/el-parlamento-europeo-con_n_3396002.html
21
http://www.publico.es/actualidad/490747/mas-de-cuatro-millones-de-personas-sufren-pobreza-energetica-en-espana
22
http://cincodias.com/cincodias/2013/12/19/empresas/1387485916_785552.html
23
http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2010/12/18/0003_8916879.htm
24
http://www.fenie.es/tl_files/content/news/Los%20politicos%20y%20las%20companias%20electricas.pdf
25
http://www.20minutos.es/noticia/1808906/0/aniversario/rescate/bankia/
26
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/05/13/bankia-ejecuta-mas-del-80-de-los-desahucios-que-se-producen-en-madrid-
97721
27
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/politica/noticias/3680792/01/12/Las-contradicciones-del-gasto-
publico-en-la-Comunidad-Valenciana.html
28
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/25/economia/1306342735.html
29
http://www.abc.es/20110225/economia/rc-telefonica-gano-millones-2010-201102250805.html
30
http://economia.elpais.com/economia/2013/10/21/actualidad/1382384431_398057.html
31
http://www.ine.es/prensa/np817.pdf
32
En España, el ratio de empleados de la administración tributaria por habitante es de uno por cada 1.928, mientras que la media
de la OCDE es de 1 por cada 900. Las mayores bolsas de fraude residen en los grandes patrimonios y grandes empresas, y
sin embargo los medios que se dedican al control y la inspección de estos colectivos no llegan al 20% del total de efectivos.
GESTHA, en: A. Requena Aguilar, “España compite con otros países que se consideran paraísos fiscales”, El Diario, 27 de
noviembre de 2012. http://www.eldiario.es/economia/voluntad-politica-ingenieria-financiera-permite_0_73493162.html

18
© Oxfam Intermón enero 2014
Este documento ha sido recopilado y editado por Teresa Cavero. Oxfam
Intermón agradece la colaboración de Emilio Ontiveros, Joaquín Estefanía, Joan
Subirats, Carlos Cruzado y Daniel Montero en su elaboración. Forma parte de
una serie de documentos dirigidos a contribuir al debate público sobre políticas
humanitarias y de desarrollo.
Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor
póngase en contacto con msambade@oxfamintermon.org
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