Informe final-palacio-de-justicia-cvpj-2009

ADVERTENCIA

El texto que aquí se presenta se encuentra pendiente de corrección de estilo y de
edición. La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia se
reserva, por tanto, el derecho de hacer modificaciones textuales previas a la
impresión final.

La Comisión de la Verdad advierte que las conclusiones y recomendaciones que
aquí aparecen son presentadas con carácter de definitivas. Las modificaciones
arriba mencionadas de ninguna manera cambiarán esas conclusiones y
recomendaciones.

Diseño de portada y contraportada: Pablo Prada

CONTENIDO

Introducción 9
Creación y alcance del mandato de la Comisión de la Verdad 9
El desarrollo del trabajo de la CVPJ 12
Marco jurídico que orienta el trabajo de la Comisión de la Verdad 14
Estructura del Informe Final 17

I. La situación de Colombia para la época de los hechos del Palacio de Justicia 18
De Julio César Turbay Ayala a Belisario Betancur Cuartas 18
El Gobierno del Presidente Betancur y su política de diálogo con los grupos guerrilleros 20
La ley de amnistía promovida por Belisario Betancur 21
Las Comisiones de Paz 23
El M-19, el proceso de paz, la tregua, la ofensiva armada y la ruptura del proceso 24
El origen del movimiento 19 de abril, M-19 24
Principales acciones del M-19 desde su creación hasta la toma del Palacio de Justicia 26
El M-19 dentro del contexto guerrillero colombiano 29
El acuerdo de tregua o el comienzo del fin de un proceso que apenas se iniciaba 30
Las relaciones del Gobierno Betancur con las fuerzas militares 35
La situación del poder judicial y el rol desempeñado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado 38

II. Un antecedente relevante: la toma de la Embajada de República Dominicana 44
Los hechos, la respuesta del Gobierno y el desenlace de la toma 44
La toma de la Embajada como un antecedente relevante de la toma del Palacio de Justicia:
similitudes y diferencias 49

III. Antecedentes inmediatos de la toma del Palacio de Justicia 54
Los hechos de 30 de septiembre de 1985 en el sur de Bogotá 54
El atentado contra el General Rafael Samudio por parte del M-19 56
Las amenazas a la Corte Suprema y el Consejo de Estado y la respuesta de las autoridades 57

IV. Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 69

V. Los hechos posteriores a la toma del Palacio de Justicia 113
Las torturas y tratos inhumanos y degradantes a sobrevivientes trasladados a instalaciones
militares 113

Análisis de los hechos posteriores desde una perspectiva de antropología forense 119
El manejo de la escena del crimen 122
Irregularidades cometidas durante el levantamiento de cadáveres 126
Sobre las necropsias y el método de identificación empleado por el Instituto de Medicina Legal 135
Número de personas fallecidas 138
La identificación de las personas fallecidas 140
La inexplicable orden de inhumación de algunos cuerpos 143
Causas de la muerte de las personas fallecidas en el Palacio de Justicia o con ocasión de los hechos 145
Sobre las horas de muerte 149
Sobre los estudios balísticos 152
Indicios de ejecuciones sumarias 154
Acerca de las intervenciones de la Fiscalía General de la Nación 157
Sobre la exhumación en el Cementerio del Sur 158
Acerca de los análisis e identificación en 1998 y 1999 160
Sobre las actuaciones de la Universidad Nacional de Colombia 162
Análisis técnico de los incendios producidos al interior del Palacio de Justicia y las
responsabilidades institucionales 163

VI. Las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia 169
La tesis del Tribunal Especial de Instrucción 171
El caso de Ana Rosa Castiblanco Torres 175
El drama y la lucha solitaria de las familias de los desaparecidos: víctimas de los hechos del
Palacio 176

VII. Procesos adelantados en relación con los hechos del Palacio de Justicia 178
Jurisdicción penal 178
Jurisdicción penal militar 184
Procesos disciplinarios 186
Comisión de Acusación – Cámara de Representantes 189
Jurisdicción contencioso administrativa 190
Procedimiento ante el sistema interamericano de derechos humanos 192

VIII. Las responsabilidades derivadas de los hechos del Palacio de Justicia 194

VIII.1. La responsabilidad del M-19 195
El mando del M-19, los integrantes del comando y la planeación de la toma 195
La demanda y la proclama del M-19 al ingresar al Palacio 199
Hipótesis sobre los objetivos de la toma 201

La conexión del narcotráfico 202
Tipo de armamento y munición utilizados 208
La responsabilidad del M-19 a la luz del DIH 209

VIII.2. La responsabilidad institucional del Gobierno 216
Responsabilidad derivada del deber de prevención a cargo del Estado 216
La actuación del Presidente de la República y de sus Ministros en el desarrollo del asalto y de la
recuperación del Palacio de Justicia 220
La libertad de expresión y la censura a los medios de comunicación 228
La asunción de responsabilidad por parte del Presidente Betancur 229

VIII.3. La responsabilidad de la fuerza pública por la operación militar 231
El descubrimiento de los propósitos del M-19 y la planeación de la operación militar 231
El mando de la operación y el personal desplegado 233
Los objetivos de la operación militar de retoma del Palacio de Justicia 235
El uso de la fuerza por parte del Estado: límites y legitimidad 242
El respeto debido a la vida e integridad de los rehenes y las personas puestas fuera de combate
258
Recomendaciones 269
Derecho a la verdad 269
Reparaciones 271
Justicia 273
Garantías de no repetición 274

Epílogo 276

SUPLEMENTO 280
Semblanza de los Magistrados fallecidos en el Palacio de Justicia 281
Alfonso Reyes Echandía: Maestro sin fronteras 281
Fabio Calderón Botero 283
Manuel Gaona Cruz: Pensador y demócrata universal 285
José Eduardo Gnecco Correa: La fuerza constructiva del recuerdo 287
Fanny González Franco: Pionera en la Justicia 288
Ricardo Medina Moyano: Humanista de espíritu sublime 289
Carlos Medellín Forero: Paradigma de sensibilidad y compromiso 290
Horacio Montoya Gil 292

Alfonso Patiño Rosselli 293
Pedro Elías Serrano Abadía: Consagrado catedrático penalista 294
Darío Velásquez Gaviria 294

Homenaje a la memoria de las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia, realizado por sus
familiares 296
Lucy Amparo Oviedo de Arias 296
Ana Rosa Castiblanco 297
David Suspes Celis 299
Cristina del Pilar Guarín Cortés 300
Cristina: me conformo con un fragmento de tu cuerpo 301
Bernardo Beltrán Hernández 302
Carlos Augusto Rodríguez Vera 304
Luz Mary Portela León 305
Héctor Jaime Beltrán Fuentes 306
Gloria Anzola de Lanao 308
Texto relativo a Gloria Isabel Anzola, mi mamá y esto cómo influyó en mi vida 309
Gloria Stella Lizarazo Figueroa 310
Norma Constanza Esguerra 311

Bibliografía 313
Artículos 316
Entrevistas de la Comisión de la Verdad 316
Jurisprudencia nacional 318
Jurisprudencia y doctrina internacional 322
Corte Interamericana de Derechos Humanos 322
Sentencias 322
Opiniones consultivas 323
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 323
Otros tribunales 323
Consulta en páginas de internet 323
Periódicos y revistas nacionales y regionales 324
Prensa internacional 324
Archivos 324

“Si queremos vivir y entregar vida a nuestros hijos,
si creemos que vamos a allanar el camino hacia el futuro,
entonces debemos, primero que todo, no olvidar”

Profesor Ben Zion Dinur, Yad Vashem, 1956

Introducción
1. Hace 24 años, un hombre exigió que cesara el fuego. El llamado fue desoído. Esa vida fue acallada en
medio de una pira fatal a la vista de todos los colombianos, atónitos y silenciosos. El gesto de Alfonso
Reyes Echandía mal podría ser visto como el acto –por demás comprensible y humano- de una víctima
sacudida por el miedo; es, en realidad, una demanda ética cuya grandeza aún debe ser valorada y
ponderada por nuestro país.

2. “Que cese el fuego” no es simplemente el pedido de detener una desproporcionada operación militar
desatada en respuesta a un demencial ataque de un movimiento guerrillero, que provocó el
Holocausto del Palacio de Justicia, sino la exigencia de pensar una forma distinta de resolver los
desacuerdos entre colombianos; un llamado al rechazo a la violencia; una exhortación al diálogo y al
respeto irrestricto de la vida humana por sobre consideraciones estratégicas. Sabemos que el llamado
de Reyes Echandía no recibió ni siquiera el mínimo reconocimiento de una respuesta.

3. El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e
irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales.

4. Como ayer, Colombia sigue debatiéndose entre el pedido moral de cesar el fuego y la lógica implacable
de las armas, en una dicotomía que los clásicos padres del derecho ya habían identificado con
sobriedad. ¿Es cierto que cuando habla la espada, la ley calla? ¿Estamos forzados a ignorar la voz de
nuestros hermanos que exigen diálogo, inteligencia y compasión? ¿Es que la ley y nuestro derecho a
vivir en paz no son más que rehenes de la violencia?

5. Las secuelas de la violencia en el Palacio de Justicia persisten casi un cuarto de siglo después de su
ocurrencia y muchos de los interrogantes surgidos durante esas 28 horas trágicas aún subsisten.
Colombia se debate entre quienes consideran éste un capítulo cerrado de la historia del país, quienes
no aceptan una reflexión acerca de las dimensiones y responsabilidades de lo ocurrido entonces,
quienes desconocen lo sucedido, y quienes aún esperan una respuesta de la justicia frente a lo
acaecido.

6. Simultánea y paradójicamente, ningún hecho como la toma armada y sangrienta del Palacio de Justicia
por parte del M-19 y la exorbitante operación de respuesta de las fuerzas armadas del Estado
colombiano ha generado –y sigue generando- tan profundas divisiones en el país, actitudes
beligerantes de negación de lo sucedido, evasivas, unilaterales; verdades a medias que no admiten
espacio para la discusión civilizada. hoy al igual que hace 24 años, cuando el llamado a que cesara el
fuego hecho por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia fue sistemáticamente
desatendido, se hacen imperiosos el diálogo, la reconciliación y el perdón.

Creación y alcance del mandato de la Comisión de la Verdad
7. Lo expuesto anteriormente ilustra el enorme desafío encomendado a la Comisión de la Verdad por la
Corte Suprema de Justicia cuando decidió crearla, con la inspiración de los Magistrados Eduardo López
Villegas y Edgardo Villamil Portilla, en el vigésimo aniversario de los hechos del Palacio de Justicia,
frente a la evidencia de una verdad aparente, de la impunidad y de un pacto de silencio, expreso o
tácito, generalizado sobre lo ocurrido.

8. La necesidad de un conocimiento de la verdad real, clamada por el respectivo presidente de la Corte en
cada conmemoración anual del holocausto y solicitada por numerosas víctimas directas e indirectas de
los luctuosos hechos, gestaron la Comisión de la Verdad, cuyas primeras acciones, unidas al justificado
reclamo de los familiares de las personas desaparecidas, que durante décadas fue ignorado,
incentivaron la acción jurisdiccional referida a la eventual responsabilidad penal por la suerte de estas
últimas.

9. Ello se suma a los múltiples pronunciamientos que desde la década de los 90 se han dado respecto de
la responsabilidad estatal, por vía de la jurisdicción contencioso administrativa. En el escenario
interamericano de protección de derechos humanos, por su parte, se debate actualmente la
responsabilidad internacional del Estado por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
actos de tortura relacionados con los hechos del Palacio de Justicia.

10. Sin embargo, son muchas las preguntas que, al margen de lo judicial –o a pesar de éste- subsisten en
relación con los hechos fundamentales del Palacio de Justicia.

11. Por su propia naturaleza, la Comisión de la Verdad carece de atribuciones jurisdiccionales y de
facultades para derivar responsabilidades individuales de cualquier índole, por lo que su mandato es
esencialmente ético, académico e histórico, enmarcado en los valores que orientan el Estado de
Derecho, el ordenamiento constitucional y la normatividad internacional vinculante para Colombia,
tanto desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como del Derecho
Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional, marco propio y característico del
trabajo de las comisiones de la verdad, aplicable integralmente al caso colombiano, ya que sus normas
se refieren tanto a las obligaciones estatales como a las del grupo de actores armados irregulares.

12. De esta manera, como parte de la labor pedagógica de la Comisión de la Verdad ante la sociedad
colombiana, y por razón de la formación y trayectoria de quienes, por su calidad de ex Presidentes de
la Corte Suprema de Justicia del país fueron designados como sus integrantes, el valor de la
normatividad como referente de análisis es fundamental, en cuanto criterio rector de las relaciones
sociales, incluyendo lo relativo a la respuesta frente a situaciones conflictivas violentas en el marco de
la vigencia de principios inderogables y universalmente reconocidos de protección de la persona
humana.

13. Es preciso destacar, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que:

“el establecimiento de una comisión de la verdad, según el objeto, procedimiento, estructura y fin de su
mandato, puede contribuir a la construcción y preservación de la memoria histórica, el esclarecimiento
de hechos y la determinación de responsabilidades institucionales, sociales y políticas en determinados
períodos históricos de una sociedad. Las verdades históricas que a través de ese mecanismo se logren, no
deben ser entendidas como un sustituto del deber del Estado de asegurar la determinación judicial de
responsabilidades individuales o estatales por los medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la
determinación de responsabilidad internacional que corresponda a este Tribunal. Se trata de
determinaciones de la verdad que son complementarias entre sí, pues tienen todas un sentido y alcance
propios, así como potencialidades y límites particulares, que dependen del contexto en el que surgen y de
los casos y circunstancias concretas que analicen. En efecto, la Corte ha otorgado especial valor a los
informes de Comisiones de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la
determinación de los hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados en diversos casos que
han sido sometidos a su jurisdicción.”1

1CORTE IDH, Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, párr. 84, nota al pie 37. Citando Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala; Caso
Zambrano Vélez y otros, párr. 128, y Caso La Cantuta, párr. 224.

14. La realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral es, por lo tanto,
responsabilidad primordial del Estado, y el aporte de la Comisión de la Verdad a la construcción de la
verdad histórica podrá servir como insumo para el cumplimiento de las tareas que corresponden a las
instancias estatales en la implementación de medidas puntuales de satisfacción y garantías de no
repetición de los hechos.

15. El presente Informe pretende dar a conocer, de manera integral, para el aprendizaje de las nuevas
generaciones, para el estudio y evaluación de la sociedad y la institucionalidad colombianas y para
conocimiento de la comunidad internacional, un panorama amplio de la dolorosa verdad sobre lo
ocurrido en el Palacio de Justicia y honrar, para que no se olvide y no se repita, el increíble sacrificio de
las víctimas de estos hechos.

16. La Comisión de la Verdad, con base en la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, considera que los familiares de las víctimas de los hechos del Palacio de Justicia
son, a su vez, víctimas, en la medida en que ha sido vulnerado su derecho a la integridad psíquica y
moral con motivo del sufrimiento que han padecido como resultado de las circunstancias particulares
de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u
omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos, así como el derecho a que se conozca la
verdad de lo sucedido y se haga justicia.

17. En los casos de las personas desaparecidas, en particular, la falta de investigación y la indeterminación
sobre su paradero ha sido a lo largo de 24 años -y sigue siendo- una fuente de sufrimiento para las
familias, algunos de cuyos integrantes han fallecido con la esperanza de encontrar a sus hijos, sin que
el Estado haya determinado lo sucedido ni establecida su suerte. A ello se suma el hecho de que los
familiares no han contado con la posibilidad de honrar apropiadamente a sus seres queridos
fallecidos. Todo lo anterior, además de afectar su integridad física y psicológica, ha impactado sus
relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto
en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros, quienes se han visto forzados a
marginarse de la búsqueda2.

18. Ante el asombro del mundo, en los trágicos hechos del Palacio de Justicia protagonizados por el M-19 y
las Fuerzas Armadas, ante la indiferencia del gobierno y con total irrespeto, fueron secuestradas
cientos de personas, se destruyó e incineró el templo de la justicia, fue diezmada la Corte Suprema con
el sacrificio directo de once de sus egregios Magistrados y se dio muerte a casi un centenar de
personas, dejando infinidad de víctimas, lo que sin duda constituye uno de los dos hechos más
vergonzosos y graves de la historia del país en la centuria precedente3.

19. El Magistrado Eduardo López Villegas, al instalar los eventos públicos de la Comisión de la Verdad en
noviembre de 2008, expresó, sobre el sentido del trabajo de la Comisión, que “sería ya bastante el
establecimiento del derecho de las víctimas a la verdad porque se les restituye en la dignidad ultrajada
por el engaño urdido por sus verdugos, y la afrentosa jactancia por falsas proezas.”

20. Y agregó que “es esa la verdad que ha de pregonar la historia, la que han de re-escribir los que la han
contado como una audacia subversiva o una práctica castrense, y en su lugar hablarle a las nuevas
generaciones de que allí en el Palacio de Justicia tuvo ocurrencia la más grave laceración que rama del
poder alguna ha recibido en nuestra historia civilizada e incivilizada, con la inmolación de Magistrados,

2 Ver, por ejemplo, CORTE IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, párr. 113-114; Caso de la “Masacre de
Mapiripán” vs. Colombia, párr. 144-146; Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 289; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil,
párr. 156; Caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 119; Caso Gómez Palomino vs. Perú, párr. 60.
3 El otro hecho es el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán y los eventos que se derivaron del mismo.

funcionarios y empleados al servicio de la justicia, la que fue abandonada, a merced de victimarios sin
escrúpulos”.

El desarrollo del trabajo de la CVPJ
21. Para llevar a cabo la tarea histórica a ella encomendada, la Comisión de la Verdad no recibió apoyo
logístico, material ni humano de parte de ninguna instancia estatal. Así, el presente Informe es el
resultado del compromiso directo y personal de los Comisionados, quienes con recursos de su propio
peculio y, en el último año y medio de su labor, con la eficaz asesoría técnica y metodológica del Centro
Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés), con el apoyo de la Fundación
Ford y la Comisión Europea.

22. A pesar de estas limitaciones, la Comisión de la Verdad desarrolló un intenso trabajo que se puede
resumir, en primer lugar, en la realización de más de un centenar de reuniones y entrevistas en
profundidad con personas relacionadas directa o indirectamente con los hechos, las víctimas o los
actores, a pesar del tiempo transcurrido, de las dificultades para ubicar a las personas, del temor a
declarar, el dolor que aún subsiste en muchas de ellas al evocar los hechos del Palacio y de la
persistencia de intereses estratégicos de algunos de los entrevistados. La Comisión, con base en la
amplia experiencia previa de quienes la integran, ha evaluado tales diálogos de acuerdo con las reglas
de la sana crítica.

23. Igualmente, la Comisión diseñó e implementó una estrategia de investigación consistente en la
consulta de fuentes oficiales y privadas, actividad que permitió recoger y sistematizar la información
contenida en los procesos penales, contencioso administrativos y disciplinarios; las noticias, crónicas y
artículos publicados en los diversos medios de comunicación social; los archivos que reposan en
algunos Ministerios, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Procuraduría
General de la Nación, la Presidencia de la República, la Cámara de Representantes, así como la
abundante bibliografía, investigaciones y artículos académicos relacionados con los hechos,
provenientes de las más diversas fuentes4.

24. La Comisión desea agradecer especialmente a todas aquellas personas y entidades que aportaron con
sus testimonios, documentos, archivos y materiales al esfuerzo de búsqueda de la verdad. Al mismo
tiempo, lamenta la negativa de instituciones públicas y privadas que, a pesar de la solicitud de la
Comisión de la Verdad, no permitieron el acceso a sus archivos documentales o desatendieron sus
requerimientos de apoyo5.

25. Simultáneamente con el trabajo de recolección y sistematización de la información sobre los hechos
del Palacio de Justicia, la Comisión realizó una serie de encuentros en centros académicos para
presentar los resultados de su Informe preliminar y el complementario6, teniendo en cuenta la
importancia de la labor pedagógica de su misión.

26. Como parte fundamental de este empeño de visibilización, la Comisión de la Verdad presentó ante la
opinión pública, en junio de 2008, su página de internet7 como un aporte a la construcción de memoria
histórica en el país y como una herramienta de participación ciudadana que permitió que todos los
actores, tanto directos como indirectos, contactaran a la Comisión o suministraran información sobre

4 Ver el listado completo de las entrevistas realizadas por la Comisión y de las fuentes bibliográficas consultadas en la Bibliografía.
5 A manera de ejemplo, el Ejército Nacional no suministró a la CVPJ los datos requeridos en relación con el personal militar que
intervino en la retoma, a pesar de haberse solicitado por escrito.
6 Eventos realizados, entre otras, en la Universidad Javeriana de Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del

Rosario, Archivo Nacional. El Informe complementario incluyó un video.
7 www.verdadpalacio.org.co

los hechos acontecidos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. La página web contiene los
pronunciamientos de la Comisión, los videos de sus encuentros públicos, las principales noticias
relacionadas con los hechos y, a partir del lanzamiento del presente Informe Final, su texto íntegro,
junto con los correspondientes anexos.

27. Con ocasión del 23° aniversario de los hechos del Palacio, en noviembre de 2008, víctimas de la
tragedia fueron escuchadas por la Comisión en un espacio oficial en el que pidieron a los responsables
reconocer los hechos, y en el que solicitaron que continúen los esfuerzos judiciales y no judiciales para
alcanzar la verdad, la justicia y la reparación.

28. En este primer encuentro público participaron Carlos Medellín Becerra, hijo del Magistrado muerto en
los hechos Carlos Medellín Forero; Nicolás Pájaro Peñaranda, ex Magistrado auxiliar, uno de los
últimos sobrevivientes en salir del Palacio, y René Guarín Cortés, hermano de la desaparecida Cristina
del Pilar Guarín. Junto con él, otros familiares de personas desaparecidas -Alejandra Rodríguez
Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera; Juan Francisco Lanao, hijo de Gloria Isabel Anzola
Mora; Gloria Marcela Ospina, hija de Gloria Stella Lizarazo; César Rodríguez Vera, hermano de Carlos
Augusto Rodríguez Vera; y Héctor Jaime Beltrán, padre de Héctor Jaime Beltrán Fuentes- entregaron su
testimonio y compartieron sus impresiones con el auditorio reunido en la sala de audiencias del
Consejo de Estado.

29. Posteriormente, el 21 de mayo de 2009, la Comisión realizó un foro académico para compartir
experiencias internacionales de Comisiones de la Verdad en general en América Latina, y en particular
en Sudáfrica y Perú, con la participación de expertos que trabajaron directamente con tales
iniciativas8.

30. A esta discusión siguió un panel en el que intervinieron Enrique Parejo González, ex ministro de
Justicia, Alfonso Gómez Méndez, ex Procurador y ex Fiscal General de la Nación, y Juan Manuel López
Caballero, autor del libro “El Palacio de Justicia: ¿defensa de nuestras instituciones?”, quienes
expusieron sus puntos de vista en torno a Los grandes desafíos de la Comisión de la Verdad sobre los
hechos del Palacio de Justicia y la realización del derecho a la Verdad.

31. En un hecho sin precedentes en el país, el 22 de mayo de 2009, tres representantes de los distintos
sectores que estuvieron involucrados en los hechos: Vera Grabe, Jaime Castro y el general retirado
Juan Salcedo Lora, fueron invitados a un conversatorio denominado Hacia la construcción de espacios
de verdad y reconciliación 23 años después de los hechos del Palacio de Justicia, certamen que se
transmitió en directo por internet y al que las personas interesadas enviaron sus preguntas. Al
término de este evento concluyó la Comisión que la verdad no está aún plenamente establecida, que
no debe haber impunidad y que es necesario avanzar en la asunción de responsabilidades políticas e
institucionales por las acciones concretas desarrolladas los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

32. El presente Informe parte, esencialmente, de las versiones que la Comisión de la Verdad recibió, de
primera mano, de las diferentes personas que, o bien se acercaron a la Comisión o atendieron su
invitación para realizar diálogos amplios sobre sus percepciones de los hechos, sus implicaciones, la
causalidad subyacente en su trágico desarrollo y las hipótesis sobre las responsabilidades y las
posibilidades de reconciliación en torno a los mismos. Tales entrevistas constituyen una fuente única y
valiosa de información, que ofrece a la Comisión de la Verdad el enorme desafío de trascender de los
niveles unilaterales y fragmentados de esas memorias individuales, a la construcción de
interpretaciones que propicien una reflexión integral sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia y,
particularmente, sobre la manera de garantizar que tales hechos no se repitan.

8 Javier Ciurlizza, Howard Varney y Rolando Ames.

33. La Corte Suprema de Justicia, al igual que las numerosas víctimas, sus familiares, las nuevas
generaciones -que anhelan por la convivencia pacífica entre los colombianos- y aquellos que se
resisten a mirar estos eventos integralmente y en perspectiva, son los destinatarios principales de este
Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, que en general va
dirigido a la sociedad colombiana, como exhortación al rechazo a todas las formas de violencia.

34. La Comisión confía que la presentación de su Informe Final contribuya a la construcción de un diálogo
abierto sobre lo sucedido y, particularmente, a la adopción de medidas para su amplia divulgación y
debate público, alrededor de la implementación de las recomendaciones formuladas a los diferentes
sectores de la institucionalidad y la sociedad colombianas, todo ello como garantía de no repetición.

35. La Comisión expresa su profundo reconocimiento y gratitud al Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario por la financiación y edición del presente libro.

36. La Comisión de la Verdad desea expresar su gratitud especial por el apoyo y asesoría técnicos y
metodológicos prestados por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ y la abogada
Carolina Martínez Casas.

Marco jurídico que orienta el trabajo de la Comisión de la Verdad
37. El mandato otorgado a la Comisión de la Verdad por la Corte Suprema de Justicia no define el alcance
de los hechos puntuales que la Comisión debe investigar, como sucede con las Comisiones que tienen
un objetivo general de revisión de las más graves violaciones de derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario en un período de tiempo determinado.

38. En consecuencia, la Comisión entiende que el encargo específico que le fue encomendado se enmarca
en el análisis histórico de lo ocurrido en el Palacio de Justicia a la luz de la normatividad interna
vigente para la época de los hechos9, así como del derecho internacional público, fundamentalmente a
través del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conformado por los instrumentos
internacionales universales y regionales aprobados y ratificados por Colombia, en los que se
establecen las obligaciones de respeto y garantía a cargo del Estado; y del Derecho Internacional
Humanitario convencional y consuetudinario10, que busca limitar los efectos de los conflictos armados
mediante la protección a las personas que no participan en éstos o que han dejado de hacerlo, al
tiempo que impone límites a los medios y métodos de hacer la guerra, tanto por parte de los grupos
armados ilegales como por el Estado.

39. Es pertinente señalar en este sentido que el derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos son ordenamientos del derecho internacional público
diferentes pero complementarios. Los dos parten del reconocimiento de la dignidad de la persona
humana en todo tiempo y lugar, y tienen como finalidad la protección de las personas contra actos
arbitrarios y abusos.

40. Lo anterior porque a juicio de esta Comisión, los destinatarios del deber de respeto a los derechos
humanos no son exclusivamente las autoridades del Estado. La Comisión de la Verdad sobre los
hechos del Palacio de Justicia considera de particular importancia en este marco y hace suya la
reflexión contenida en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, cuando
expresó:

9 Constitución de 1886, aún no había entrado en vigor la Constitución de 1991.
10 Derivado de la práctica de los Estados que éstos reconocen como obligatoria, así como de los principios generales del derecho.

“En el origen del proceso gubernamental de creación de la CVR, el Ministerio de Justicia sugirió que los
crímenes ocurridos en el conflicto constituían «graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario» (Ministerio de Justicia, 2000. Considerando 2º). Esta mención a dos grandes
cuerpos jurídicos del Derecho Internacional Público era sensible a complejos debates sobre la necesidad
de tipificar los crímenes cometidos por grupos subversivos en una forma que reflejase adecuadamente el
rechazo universal que causaban. En efecto, aunque las acciones de terror que han realizado los grupos
subversivos generan una amplia repulsa, el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos parecía centrarse únicamente en las obligaciones de los Estados, mas no en las de grupos de
particulares que no ejercen la soberanía. Hay que convenir en que estos enfoques son extraños al sentido
común, el cual encuentra poco comprensible que el derecho internacional no considere técnicamente a
los grupos subversivos como «violadores de derechos humanos», habida cuenta que las acciones
terroristas en las que con frecuencia incurren son evidentemente violatorias de los derechos
fundamentales de las personas. Es de suponer que, por esta razón, el Ministerio de Justicia dejó abierta la
posibilidad de recurrir al Derecho Internacional Humanitario, es decir, al derecho aplicable a los
conflictos armados, para impedir que los grupos subversivos pudiesen quedar excluidos de una
investigación fundada en los estándares más altos del derecho”11.

41. No sobra tener presente, dados los profundos debates generados –y aún vigentes en ciertos círculos en
el país-, que la aplicación del DIH no entraña de ninguna manera el reconocimiento del estatus de
beligerante a los grupos armados irregulares, ni el estatus de combatiente a los integrantes de dichos
grupos, ni el de prisioneros políticos o de guerra a quienes resultasen capturados por las fuerzas de
seguridad12. Asimismo, la aplicación del DIH, tal como lo establece el Estatuto de Roma13, no afecta en
modo alguno “la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden
público en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio
legítimo”.

42. A nivel de personas naturales, independientemente de su condición de agentes estatales o de
integrantes de grupos ilegales, por la comisión de conductas que vulneran en materia grave los
derechos humanos o el derecho internacional humanitario, es el derecho penal, interno o internacional
–desde la creación de la Corte Penal Internacional, y frente a “los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad internacional en su conjunto”-, el orden normativo aplicable para la investigación,
juzgamiento y sanción de los perpetradores.

43. Vale la pena precisar que mientras el derecho internacional de derechos humanos protege a las
personas en todas las circunstancias, inclusive en escenarios de conflicto; el derecho internacional
humanitario sólo se aplica en situaciones de conflicto armado de carácter internacional o no
internacional, generando obligaciones y estableciendo prohibiciones específicas en el accionar de las
partes en conflicto. Los dos conjuntos de normas eran ya aplicables en Colombia al momento de los
hechos del Palacio de Justicia, como se verá a continuación.

44. En efecto, Colombia había ratificado para noviembre de 1985 un significativo número de instrumentos
internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, lo que supone para el
Estado el deber, derivado de su compromiso voluntario con los estándares internacionales de
protección de la persona humana en el marco del derecho internacional público, de respetar y
garantizar los derechos consagrados en tales instrumentos.

11 Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Final. Lima: CVR, 2003, Introducción, P. 24.
12 Junod, 1986. P. 1368, citado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Introducción, P. 24.
13 Artículo 8.3.

45. Así, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, el país, al tiempo que participó de
la proclamación de las Declaraciones Americana y Universal de Derechos Humanos en 1948, para la
fecha de los hechos del Palacio de Justicia era Estado Parte, en el ámbito interamericano, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos14 y había reconocido la jurisdicción obligatoria de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos15. Aprobó también, entre otras disposiciones, la Resolución
AG/RES. 666 (XIII-O/83) de la Asamblea General de la OEA, en la que este órgano declaró que “la
práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio
y constituye un crimen de lesa humanidad”. Posteriormente, Colombia ratificó la Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura16 y la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas17.

46. Por su parte, en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, para la época de los hechos del
Palacio de Justicia, Colombia había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo18, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales19, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer20 y la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial21, principalmente. Un
año después de los hechos del Palacio, Colombia expidió la ley aprobatoria de la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes22.

47. En cuanto a las normas convencionales del derecho internacional humanitario, Colombia ratificó los
cuatro Convenios de Ginebra de 194923 el 8 de noviembre de 196124, cuyo artículo 3° común se aplica
a los conflictos armados de carácter no internacional. Con posterioridad a los hechos del Palacio,
Colombia ratificó los Protocolos Adicionales a los Convenios25.

48. Finalmente, en el orden interno, la Constitución de 1886, vigente para la época de los hechos, señalaba
en su artículo 19 que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los
derechos naturales, previniendo y castigando los delitos”.

49. En su análisis sobre la responsabilidad de los diferentes actores, la Comisión de la Verdad tendrá en
cuenta las normas y estándares vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos del Palacio de
Justicia.

14 Ratificada el 28 de mayo de 1973, en vigor para Colombia desde el 18 de julio de 1978, en virtud de la Ley 16 de 1972.
15 El 21 de junio de 1985, para hechos posteriores a la aceptación.
16 Suscrita el 9 de diciembre de 1985, un mes después de los hechos del Palacio de Justicia, durante la Asamblea General de la OEA

realizada en Cartagena. Ratificada el 2 de diciembre de 1998, en vigor para Colombia desde el 19 de febrero de 1999, en virtud de
la Ley 409 de 1997.
17 Ratificada el 1º de abril de 2005 en virtud de la Ley 707 de 2001.
18 Ratificados el 29 de octubre de 1969, en vigor para Colombia desde el 23 de marzo de 1976 en virtud de la Ley 74 de 1968.
19 Ratificado el 29 de octubre de 1969, en vigor para Colombia desde el 3 de enero de 1976 en virtud de la Ley 74 de 1968.
20 Ratificada el 19 de enero de 1982, en vigor para Colombia desde el 19 de febrero de 1982 en virtud de la Ley 51 de 1981.
21 Ratificada el 2 de septiembre de 1981, en vigor para Colombia desde el 2 de octubre de 1981, en virtud de la Ley 22 de 1981.
22 Ley 70 de 1986, Convención en vigor para Colombia desde el 8 de enero de 1988.
23 Convenios de Ginebra (I) para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña,

Convenio de Ginebra (II) para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el
mar, Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y Convenio de Ginebra (IV) relativo a la
protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949.
24 Aprobados mediante Ley 5ª de 1960, en vigor para Colombia desde el 8 de mayo de 1962.
25 El Protocolo I entró en vigor para Colombia el 1° de marzo de 1994, en virtud de la no improbación otorgada por la Comisión

Especial Legislativa el 4 de septiembre de 1991, y el Protocolo II entró en vigor para Colombia el 15 de febrero de 1996, en virtud
de la Ley 171 de 1994.

Estructura del Informe Final
50. El Informe, teniendo en cuenta los objetivos de la Comisión en perspectiva de memoria histórica, parte
de un breve examen de la situación de Colombia para la época de los hechos del Palacio de Justicia, a
través de apartes en los que se describen eventos que determinan el contexto político y social previo a
la toma del Palacio. A continuación, se evocan los antecedentes inmediatos de los hechos, relevantes
particularmente en relación con el retiro de la protección al Palacio por parte de la Policía, el 5 de
noviembre de 1985.

51. En relación con la toma y la operación militar, así como los hechos posteriores y sus efectos para el
establecimiento de la verdad, la Comisión describe las trágicas horas vividas en el Palacio y los
subsiguientes hechos, para analizar, a la luz de los referentes jurídicos normativos de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, las responsabilidades de los estamentos involucrados.

52. Entre los episodios más dramáticos sobresalen la muerte de casi un centenar de personas y la
desaparición de otras.

53. Este informe también se apoya en el análisis de los procesos, tanto judiciales como disciplinarios,
adelantados en el curso de estos 24 años en relación con los hechos del Palacio de Justicia.

54. La Comisión finaliza su análisis con sus recomendaciones, dirigidas a los diferentes sectores de la
sociedad colombiana y del Estado y con un epílogo a manera de cierre.

55. Con el propósito de rendir un homenaje a las víctimas del Palacio –a todas las personas fallecidas,
desaparecidas, sobrevivientes y sus familiares- al recoger con sus propias palabras la recuperación de
su memoria, la Comisión de la Verdad formuló una invitación abierta en el mes de junio de 200926.
Algunos familiares, atendiendo la invitación de la Comisión, entregaron los escritos que se incluyen en
el Informe como un homenaje para dignificar la memoria de aquéllas y agradecer el valioso aporte de
sus parientes al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos. Adicionalmente, en este espíritu, se
incluye una semblanza de los Magistrados fallecidos con ocasión de los hechos.

56. La Comisión desea concluir esta presentación haciendo suyas las palabras del Magistrado López
Villegas27, cuando concluyó que esa realidad no es “para ser escrita en letras del olvido sino para que se
convierta en una verdad actuante, en lecciones éticas de la contienda política del ejercicio de la profesión
de las armas; que señalados los horrores del Holocausto las instituciones reconozcan su culpa moral, no
solo en obsequio de las víctimas, sino como una catarsis que le deben al país y les exige la comunidad
internacional.

57. El perdón auténtico es de quien sabe qué es lo que perdona; el arrepentimiento auténtico es el de quien
adopta reglas que aseguren que no va a haber más víctimas; y uno y otro, son los únicos actores de una
auténtica reconciliación”.

26 A través de su página web www.verdapalacio.org.co y de una publicación en el periódico El Tiempo el 31 de agosto de 2009.
27 Ver, infra, párr. 19

I. La situación de Colombia para la época
de los hechos del Palacio de Justicia
De Julio César Turbay Ayala a Belisario Betancur Cuartas
1. El programa de Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) se basaba en tres grandes premisas:
la seguridad, la producción, y el empleo. En ese sentido, desde el primer momento se asumió por
el Gobierno un claro compromiso en contra de los grupos alzados en armas que fue interpretado
como equivalente a la lucha contra la inseguridad.

2. Aunque uno de los símbolos más característicos del Gobierno Turbay fue el Estatuto de
Seguridad, el primer mandatario también intentó reformar la Constitución de 1886 mediante el
Acto legislativo número 1 de 1979. Dicha propuesta, que contenía algunas normas restrictivas de
las libertades públicas, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia1 en noviembre
de 1981, por vicios de forma2.

3. Un mes después de su posesión, el 6 de septiembre 1978, al amparo del estado de excepción -
entonces conocido como estado de sitio- previsto en el artículo 121 de la Constitución3, expidió el
Decreto 1923, “por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las
personas y se garantiza la seguridad de los asociados”: el Estatuto de Seguridad. En éste se
aumentaban las penas para algunos delitos -secuestro, extorsión, incendio voluntario, ataque
armado-, se creaban nuevos tipos penales -como distribuir propaganda subversiva- y se le daban
nuevas atribuciones a las autoridades subalternas como las militares, policiales y civiles.4

4. Si bien fue declarado constitucional, hoy es evidente que el Estatuto de Seguridad plasmaba
violaciones al principio de antijuridicidad, a través de la punición de conductas que no son
objetivamente vulneradoras de intereses o bienes jurídicos de la comunidad, como también al de
tipicidad, en la medida en que se penalizaban conductas mediante expresiones vagas, que se
prestaban para incluir una serie de comportamientos; autorizaba la obstaculización del ejercicio

1 Alfonso Reyes Echandía como juez y Manuel Gaona Cruz como demandante, quienes fallecieron en 1985 en el Palacio de
Justicia, fueron, junto con otras personas, los líderes de la iniciativa de detener la modificación constitucional. En: MAYA
Maureén y PETRO Gustavo. “Prohibido Olvidar: Dos miradas sobre la toma del palacio de justicia” Casa Editorial Pisando
Callos Ltda. Bogotá: 2006. P. 31.
2 Ver, infra, La situación del poder judicial y el rol desempeñado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado,

párr. 116 y ss.
3 Dicho artículo reza: “En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del

Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República
o parte de ella. Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su
defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas
extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán
obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros. El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que
haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán
responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias”
4 VILLAMIZAR Darío, Aquél 19 será. Ed. Planeta. Bogotá: 1995. P. 119.

del habeas corpus o su eliminación total, la suspensión de los derechos de reunión, asociación y
otros de igual significación política, etc.5

5. Sumado a las medidas del Estatuto de Seguridad, el Gobierno constantemente utilizaba el artículo
28 de la Constitución que permitía retener hasta por diez días hábiles a toda persona sospechosa
de alterar el orden público6.

6. Con estos mecanismos se procedió a arrestar a muchas personas, sindicadas de pertenecer o
colaborar con grupos guerrilleros. Y fueron numerosos los allanamientos ilegales, torturas,
desapariciones y no faltaron las ejecuciones extrajudiciales7. Era precisamente por la utilización
de estos mecanismos, que la legitimidad del Gobierno estaba en tela de juicio.

7. Al mismo tiempo, la guerrilla del M-19 había realizado algunas acciones que le granjearon
simpatía en ciertos sectores, pero también perpetrado delitos atroces, como el secuestro y
posterior asesinato del Presidente de la Central de Trabajadores de Colombia José Raquel
Mercado. Igualmente desarrolló otras que merecieron el repudio de la sociedad, como secuestros,
el robo de la espada del Libertador Simón Bolívar y ataques armados a poblaciones e
instalaciones militares.

8. Una de las acciones más osadas del M-19 fue el robo de alrededor de cinco mil armas guardadas
en el Cantón Norte, una de las instalaciones militares más custodiadas del país, bajo el mando de
la entonces Brigada de Institutos Militares, cuyo Comandante era el General Miguel Vega Uribe,
quien posteriormente, por la época de los hechos del Palacio, era el Ministro de Defensa.

9. Otra de las acciones más intrépidas consistió en la toma de la Embajada de República
Dominicana8, cuando el grupo guerrillero solicitó amnistía para 314 de sus miembros, a cambio
de la liberación de los rehenes9.

10. El Presidente Turbay presentó, en julio de 1980, un proyecto de amnistía condicional que se
convirtió en la Ley 37 de 1981. Se trataba de una amnistía limitada, que no levantaba el estado de
sitio, ni aplicaba a los delitos conexos a la rebelión, sedición o asonada. Además, los guerrilleros
tenían un plazo de tres meses para dejar las armas y presentarse ante un tribunal, que en
cuestión de 15 días debía pronunciarse sobre su amnistía10. El M-19 rechazó tal amnistía, por
considerar que debía contemplar el levantamiento del estado de sitio, la derogatoria del Estatuto

5 PALAU, Juan Carlos. Artículo El rol de las fuerzas armadas en la continuidad de los regímenes democráticos y en la vigencia
del respeto a los Derechos Humanos. Revista Colombia Internacional, No. 24. Universidad de los Andes. En
http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/175/1.php
6 Artículo 28.- Aun en tiempo de guerra, nadie podrá ser penado ex-post facto, sino con arreglo a ley, orden o decreto en que

previamente se haya prohibido el hecho y determinándose en pena correspondiente.
Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público,
sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y previo dictamen de los Ministros, las personas contra quienes haya
graves indicios de que atentan contra la paz pública.
7 VILLAMIZAR, Óp. cit. P. 119.
8 Ver Capítulo II. Esta acción tuvo muchas implicaciones para lo que sucedería años más tarde, y no se trata exclusivamente

de la toma del Palacio de Justicia. Navarro le relató a la Comisión de la Verdad que el primero que habló de paz en el M-19,
fue Jaime Bateman, cuando sucedieron los hechos de República Dominicana, estando ellos en Caquetá. A raíz de la toma de
la Embajada, leyeron una columna de Luis Carlos Galán en El Tiempo en la que hacía una apreciación sobre la salida a la
toma y hablaba de paz. Se reunieron y Bateman dijo que era eso, una propuesta de paz, lo que deberían hacer.
9 RESTREPO, Laura. Historia de un entusiasmo. Aguilar. Bogotá: 2005. P. 32.
10 RAMÍREZ, Socorro y RESTREPO, Luis Alberto. Actores en conflicto por la paz: El proceso de paz durante el Gobierno de

Belisario Betancur. Siglo veintiuno editores. Bogotá: 1988. P. 49 y VILLAMIZAR, Darío. Óp. cit. P. 191.

de Seguridad y la libertad de todos los guerrilleros presos.11 El rechazo a la amnistía recrudeció el
enfrentamiento.

11. Un nuevo intento de amnistía fue realizado el 14 de febrero de 1982, cuando el Presidente Turbay
expidió el Decreto 474, en el que ofrecía treinta días de suspensión de actividades militares para
que los miembros de las guerrillas entregaran sus armas al comando de la región y se
beneficiaran de un indulto. Además, se consideraba la posibilidad de conceder beneficios a los
presos políticos si la mayoría de los militantes de su respectiva organización dejaban las armas.12
Laura Restrepo resume en una expresión la reacción del M-19 a la nueva propuesta: “señor
Presidente, le regalamos sus treinta días”13.

12. Con este panorama iniciaba el Gobierno de Belisario Betancur. En palabras de Socorro Ramírez y
Luis Alberto Restrepo:

“Tanto las amnistías ofrecidas por el Gobierno, como el rechazo que de ellas hizo la guerrilla,
demostraban claramente que ninguna de las dos partes del conflicto se sentía derrotada o
sustancialmente debilitada. El Gobierno y los militares podían argüir, como triunfo suyo, la
detención de la mayor parte de los dirigentes del M-19. Éstos, en cambio, tenían en su haber, una
notable popularidad. La batalla entre el M-19 y el Gobierno de Turbay por la conquista de
legitimidad política, sin asumir los costos de la paz, había concluido”.14

13. El estado de sitio sólo fue levantado por el Presidente Turbay al final de su mandato.

El Gobierno del Presidente Betancur y su política de diálogo
con los grupos guerrilleros
14. En agosto de 1982, cuando llega al poder el Presidente Belisario Betancur, por primera vez en la
historia del país se reconoce el carácter político y social del conflicto armado colombiano y se
decide utilizar el “diálogo como instrumento principal para buscar la reconciliación del país”15.

15. Mediante decreto legislativo 2771 del 19 de septiembre de 1982, se creó una nueva Comisión de
Paz, integrada por 40 representantes de distintos sectores del país y el Congreso de la República
expidió la ley de amnistía, 35 de 1982.

16. A pocos meses de la posesión del Jefe de Estado, el itinerario del proceso de paz por parte del
Gobierno estaba establecido y en marcha. La estrategia diseñada consistía, en primer lugar, en
otorgar la amnistía; luego vendrían las reformas políticas, económicas y sociales, producto de las
negociaciones, y finalmente, el desarme de los grupos insurgentes16. El Presidente Belisario
Betancur manifestó a la Comisión de la Verdad que existen agentes subjetivos -los integrantes de
la guerrilla- y objetivos –los problemas sociales- de la subversión que deben combatirse para
superar la guerra: a los subjetivos se les combate mediante la palabra, el indulto y la amnistía; los
objetivos toman más tiempo, pero la comunidad y los grupos guerrilleros deben ver que existe la

11 VILLAMIZAR, Darío. Óp. cit. P. 192.
12 Ibíd. P. 247.
13 RESTREPO, Laura. Óp. cit. P. 34.
14 RAMIREZ, Socorro. Óp. cit. P. 51.
15 GÓMEZ ARAUJO, Luis Alberto. Reflexiones acerca de los procesos de paz en Colombia: El marco jurídico y otras

consideraciones. Revista de derecho, Universidad del Norte, 18:118-134, 2002. P. 120.
16 Ibíd., P. 122.

voluntad del Gobierno de superarlos, se trata de las reformas necesarias para que el “caldo de
cultivo” de la subversión sea eliminado. En eso consistió el itinerario de paz que él empezó a
ejecutar desde el principio de su mandato.

17. Era evidente que el objetivo primordial del Presidente Betancur era alcanzar la paz, aunque ese
era un clamor general: “su búsqueda no fue iniciativa de Belisario Betancur (…) Era, hasta cierto
punto, un ‘ansia nacional’, ya desde antes que Betancur llegara a la Presidencia. Ante todo –y esto es
indispensable recordarlo hoy- era una necesidad del régimen político, fuertemente golpeado en su
legitimidad, particularmente en el Gobierno de Turbay”17.

18. Aunque desde el punto de vista estrictamente militar, los grupos guerrilleros no tenían ninguna
posibilidad de tomarse el poder, en el ámbito político las percepciones de la sociedad eran
opuestas. En esa medida, el diálogo, la negociación y el establecimiento de la tranquilidad, para el
régimen político se percibían como necesidad urgente.18

19. Sin embargo, el modus operandi y la mentalidad imperante en las fuerzas militares seguían siendo
en el Gobierno Betancur los vigentes en tiempos del Estatuto de Seguridad y reflejaban la doctrina
de seguridad nacional. Así, a pesar de que el Jefe de Estado es Comandante Supremo de las
Fuerzas Militares y, en consecuencia, éstas debían acatar la aproximación del nuevo Gobierno
frente a la solución negociada del conflicto, la realidad operacional y el legado de las medidas
adoptadas durante el anterior Gobierno, hacían que estos dos conceptos fueran prácticamente
incompatibles.

20. En palabras del Presidente Betancur durante su entrevista con la Comisión de la Verdad, para las
fuerzas armadas el cambio de gobierno fue muy drástico pues se cambiaron de la noche a la
mañana metodologías de actuación: “sí, tuve dificultades desde el comienzo del gobierno. Ellos
venían con una metodología de muchos años atrás, que era la metodología del tratamiento militar y
de repente llega un Presidente que les cambia la metodología de la noche a la mañana (…). El
tratamiento de los movimientos subversivos [para Belisario Betancur], era diferente de la manera
que se apreciaba en otros foros académicos y por otros gobiernos. Reflexionando sobre este punto,
añadió “[q]uizá yo cometí el error de entrada, de no hacer pedagogía con los mandos militares más
profundamente”.

La ley de amnistía promovida por Belisario Betancur
21. En tiempo récord, la nueva amnistía, Ley 35 de 1982, fue sancionada por el Presidente Belisario
Betancur tan sólo cuatro meses después de iniciado su mandato, por lo cual, al recibir del
Congreso el texto aprobado expresó: “Tenemos prisa de paz, porque el país tiene ansia de paz”19.

22. Esta amnistía fue la más amplia decretada hasta ese momento en Colombia. Fue concedida a los
autores, cómplices o encubridores de delitos políticos y los conexos por haber sido cometidos
para facilitarlos, procurarlos, consumarlos u ocultarlos. No se amparaba el homicidio fuera de
combate, si era cometido con sevicia o colocando a la víctima en situación de indefensión. Y
aunque la amnistía no requería la entrega de las armas, su artículo 7° modificó el 202 del Código

17 RAMÍREZ, Socorro. Óp. cit. P. 20.
18 Ibíd., P. 21.
19 Palabras del Presidente al recibir de los Dignatarios del congreso la Ley de Amnistía. El ansia y la prisa por la paz. V.I.

Bogotá: 1984. En: http://www.ideaspaz.org/secciones/bcp/detalle.php?id=18709

Penal, aumentando las penas para quien por cualquier medio “importe, fabrique, repare, almacene,
conserve, adquiera, suministre a cualquier título o porte armas o municiones de uso privativo de las
Fuerzas Militares o de Policía”20. Este tratamiento al porte de armas que dio la ley de amnistía
traería muchos problemas que mediante la ley de indulto, se intentarían resolver más adelante21.

23. El número exacto de personas que se acogieron a esta medida de excepción, no fue plenamente
confirmado. Mientras el General Vega Uribe habló de un total de cuatrocientos tres22, Eduardo
Umaña Mendoza, defensor de presos políticos –asesinado en 1998-, habló de unos doscientos. En
su criterio, aunque fueron liberados otros presos, no todos salieron en virtud de la amnistía.23

24. Mientras tanto, las voces de protesta en el estamento militar iban en aumento. En entrevista
concedida en octubre de 1982, el entonces Ministro de Defensa, general Fernando Landazábal
Reyes, señaló: “Cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los
alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene trasformando sus derrotas en
victorias de gran resonancia… Esperemos que ésta sea la última amnistía”24.

25. Éste era un sentir generalizado entre los miembros de las Fuerzas Armadas. En entrevista con la
Comisión de la Verdad, el Coronel (r) Plazas Vega, adujo que la Brigada de Institutos Militares
(BIM), bajo el mando del General Vega Uribe, “logró el desmantelamiento del grupo subversivo”. Al
auge del M-19, le siguió el éxito de las Fuerzas Militares en 1979, con la captura de más de 200
guerrilleros, pero “[l]uego vino el triunfo político de la subversión”, con la amnistía y el indulto.

26. Para los guerrilleros, los miembros de la Comisión de Paz, y sectores del mismo Gobierno, la
amnistía no era sinónimo de paz. En palabras del senador Bula Hoyos, cuando presentó la
ponencia de dicha ley en el Congreso, “[la amnistía] es la puerta de oro que puede permitirle a los
colombianos empezar a recorrer un largo camino de rectificaciones, de reformas, de cambios
sustanciales”25.

27. En la entrevista con la Comisión de la Verdad, Antonio Navarro Wolff señaló que tampoco era
claro para el grupo guerrillero la real dimensión que por parte del Gobierno se le daba a la
amnistía. Para él, que cada semana se reunía con el Ministro de Gobierno, Jaime Castro, el
Gobierno creía que la amnistía era suficiente y no era necesario hacer más concesiones.

28. Según el mismo Navarro, probablemente tenían razón26. Fue así como reconoció: “Y voy a decirle
algo: ahora que miro retrospectivamente las cosas creo que en ese año de 1982 debimos haber
hecho la paz. Fue una decisión equivocada no entenderlo así. Y lo fue por dos razones. La primera,
porque teníamos un apoyo social impresionante. Y la segunda, porque todos nuestros dirigentes
estaban vivos. Vivían Jaime Bateman, Carlos Pizarro, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina. Todos. Si

20 DIARIO OFICIAL. Año CXVIII. N. 36133 bis. 20, noviembre, 1982. P. 529
21 En julio de 1985, se aprobó la ley de indulto por el congreso. El indulto sería aprobado por el Presidente, en cada caso
particular, por delitos de sedición, rebelión o asonada y delitos conexos salvo secuestro, extorsión y homicidio fuera de
combate. Esta ley era más limitada que la ley de amnistía pues excluía además del homicidio fuera de combate, la extorsión
y el narcotráfico, pero tomaba medidas de prevención para que los indultados no retornaran a sus actividades militares, ni
portaran armas. Según Socorro Ramírez, de ésta manera se pretendía resolver un problema complejo, cual era el de las
armas y el de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. RAMÍREZ, Socorro. Óp. cit. P. 186
22 LANDAZÁBAL, Fernando, El precio de la paz. Editorial Planeta. Bogotá: 1985. P. 44.
24 Citado por VILLAMIZAR, Darío. Óp. cit. P. 283.
25 Citado por RAMÍREZ, Socorro. Óp. cit. P. 96
26 En este sentido lo manifestó Navarro en entrevista con la Comisión de la Verdad, “El gobierno creía que con la amnistía era

suficiente, que no era necesario hacer más concesiones. Hoy creo que tal vez tenían razón”.

hubiéramos hecho la paz en 1982, nos habríamos ahorrado ocho años de guerra. Ocho años en los
que habríamos contado con nuestros compañeros”27.

29. Sin embargo, ese no fue el rumbo que se tomó y la situación de incertidumbre sobre los alcances
de la amnistía generó profundas resistencias contra el proceso de paz, por parte del grupo
guerrillero y de algunos sectores del poder. Algunos opinan28 que, para el Presidente Betancur, la
Ley 35 de 1982 implicó su aislamiento político, al tiempo que crecía la resistencia de las Fuerzas
Armadas, a dicha política gubernamental.

Las Comisiones de Paz
30. Ya en el Gobierno de Turbay, en 1981, se había creado una Comisión de Paz encabezada por el ex
Presidente Carlos Lleras Restrepo. La función de dicha Comisión era formular al Gobierno
recomendaciones reservadas sobre el tema.29 Esta Comisión se desintegró porque los miembros
de la Comisión que no pertenecían al Gobierno renunciaron en mayo de 1982, debido a que las
recomendaciones que hicieron para iniciar el proceso de paz no fueron aceptadas por el Ejecutivo
y recibieron el rechazo de los altos mandos militares y del directorio del partido conservador.

31. La propuesta consistía, en primer lugar, en la reincorporación a la vida legal de los militantes del
M-19 y de las demás organizaciones guerrilleras que estuvieran dispuestas a hacerlo. Y en
segundo término, en la discusión con la Comisión de Paz el comandante del M-19 acusó del
fracaso de la iniciativa al Presidente Turbay, al Ministro de Defensa de la época, General Luis
Carlos Camacho Leyva, y a las jerarquías conservadoras30.

32. El 19 de septiembre de 1982, el Presidente Betancur reorganizó la Comisión de Paz, con cuarenta
personas que tenían la función de adelantar los diálogos y contactos con diversos sectores
sociales, sin limitación alguna. En reemplazo del primer Presidente de la Comisión, Carlos Lleras
Restrepo, quien duró seis días en la misión, fue llamado el ex Ministro Otto Morales Benítez. La
principal característica del grupo que se acababa de formar era, sin duda, su diversidad. ningún
militar en servicio activo fue miembro de la Comisión -estaba el General Ayerbe Chaux, ya
retirado-, aunque constantemente fueron invitados, según John Agudelo Ríos31.

33. El general Fernando Landazábal, Ministro de Defensa para la época, afirmó que “los mandos
militares nada tenían que dialogar y antes por el contrario si ese diálogo se hubiera realizado con su
participación, se hubieran hecho copartícipes de una responsabilidad en la práctica y ejercicio de la
violencia, que jamás podrá la historia atribuirles”32.

34. A la Comisión se le asignaron múltiples tareas adicionales, tan diversas como la formulación de
propuestas para la recuperación y el desarrollo de las regiones, para el mejoramiento sustancial
de la seguridad, o la promoción de la eficiencia de la acción y del gasto público33, pero no se le

27 NAVARRO, Antonio e IRAGORRI Juan Carlos. Mi guerra es la paz: Navarro se confiesa con Juan Carlos Iragorri. Editorial
Planeta. Colombia: 2004. P. 59
28 VALENCIA VILLA, Hernando. Ex Procurador Delegado para los Derechos Humanos. Vida, Pasión y muerte del Tribunal

Especial de Instrucción. En Revista Análisis Político. Universidad Nacional de Colombia. No. 2. Septiembre-diciembre de
1997. P. 119.
30 Ibíd. P. 254.
32 LANDAZÁBAL, Fernando, Óp. cit. P. 240.

proporcionaron los recursos necesarios para llevar a cabo tan ambiciosas pretensiones; ni
siquiera se le atendió cuando solicitó hablar con el Presidente para manifestarle la imposibilidad
de cumplir esas disímiles tareas. Finalmente, Otto Morales Benítez optó por priorizar las
funciones del organismo, ubicando en el primer nivel la incorporación a la vida civil de quienes
estaban en situación irregular y aclaró que “la Comisión de Paz, sólo es asesora del Gobierno, no
ejecutora de los programas”34.

35. El 25 de mayo de 1983, Otto Morales renunció sorpresivamente, señalando en su carta de
dimisión que le faltaba al Gobierno una tarea muy importante: “combatir contra los enemigos de la
paz y de la rehabilitación que están agazapados por fuera y por dentro del Gobierno. Esas fuerzas
reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy, con sutilezas contra la paz, y lograron
torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva.”35

36. La presidencia de la Comisión fue asumida entonces por el ex Ministro John Agudelo Ríos, quien
en 1983 sirvió de intermediario entre las guerrillas y el Gobierno, dictó conferencias, redactó
cartas, memorandos y artículos. Pero paulatinamente los Ministros y otros altos funcionarios
dejaron de pasarle al teléfono y de atender sus solicitudes36. Entre marzo y agosto de 1984,
cuando se suscribieron los acuerdos de tregua, la labor de la Comisión se concentró en la
organización y puesta en marcha de las Comisiones de Verificación, y de Negociación y Diálogo, en
el marco de los procesos con las FARC y el M-19.

37. Desde agosto de 1984 hasta junio de 1985, con el rompimiento de la tregua por parte del M-19, la
tarea de la Comisión se redujo a reuniones esporádicas para tratar los problemas que surgían con
las alegadas violaciones al cese al fuego37.

38. Con el tiempo la Comisión quedó abandonada a su propia suerte y se fue debilitando, hasta
renunciar todos sus miembros. La autonomía que tenía respecto del Presidente, y que se creía era
una ventaja, funcionaba para ambos lados, pues también implicaba la independencia del
Presidente hacia sus recomendaciones.

El M-19, el proceso de paz, la tregua, la ofensiva armada y la
ruptura del proceso

El origen del movimiento 19 de abril, M-19
39. Eran las elecciones presidenciales de 1970. Tras ocho horas de la jornada electoral, empezó el
conteo de los votos y los medios de comunicación informaban la ventaja del General Gustavo
Rojas Pinilla sobre su principal contendor, Misael Pastrana Borrero. El General Rojas había sido
Presidente de facto, mediante un golpe de estado, entre el 13 de junio de 1953 y el 10 de mayo de
1957. Para las elecciones de 1970, era el candidato del partido político Alianza Nacional Popular
(ANAPO), fundado por él en 1961; mientras Misael Pastrana Borrero, del partido conservador, lo
era por el Frente Nacional, surgido del plebiscito de 1957.

34 Ibíd. P. 81.
35 Carta de renuncia a la presidencia de la Comisión en: MORALES BENITEZ Otto, Papeles para la paz. Editorial árbol que
piensa. Colombia: 1991. P. 101.
36 RAMIREZ, Socorro. Óp. cit. P. 82
37 HERNÁNDEZ Germán, La justicia en llamas, Carlos Valencia Editores. Bogotá: 1986. P. 36.

40. En la noche del 19 de abril, el entonces Presidente Carlos Lleras Restrepo prohibió la trasmisión
de los conteos parciales. A la mañana siguiente, los resultados oficiales determinaron la elección
de Misael Pastrana Borrero, por una diferencia final de tan sólo 63.557 votos.38

41. Tras la derrota del General Rojas Pinilla en los comicios, su partido político estaba enfurecido.
Una parte del movimiento propuso la lucha armada; la otra era partidaria de seguir la política.
Así, la ANAPO terminó dividida: el ala socialista, encabezada por Carlos Toledo Plata, se convirtió
en el M-19 y la tradicionalista, encabezada por María Eugenia Rojas39, hija del General, continuó la
alternativa política.

42. El M-19 surge entonces como “una guerrilla urbana con un claro discurso político de corte
nacionalista tras el robo electoral en los comicios de 19 de Abril de 1970, y propone una nueva
forma de convergencia política de amplia participación ciudadana”40. Tenía un alto componente
intelectual, caracterizando sus principales acciones como grandes golpes de opinión y
manteniendo una amplia difusión de sus ideas, con la edición de su propio periódico41. Se manejó
una imagen de grupo que luchaba al lado del pueblo, contra la oligarquía y para hacer una
revolución.

43. En palabras de Álvaro Fayad, “No queríamos conformar una simple guerrilla para sobrevivir, ni un
movimiento popular, como el de la ANAPO, que no fuera capaz de enfrentar los fraudes de la
oligarquía; ni un movimiento obrero, dividido, que no saltara a la lucha política; ni un movimiento
campesino, de toma de tierras solamente, que no se expresara en lo político ni en lo militar. (…) Lo
que nos interesaba era encontrar esa nueva manera de luchar, de organizarse, de unirse, de ligarse –
como movimiento armado- al movimiento popular, de conjugar la fuerza de la política con la fuerza
de las armas, de hacer la revolución del pueblo (…)”42.

44. Para algunos analistas, la guerrilla del M-19 era fundamentalmente política. “El M- 19 nunca tuvo
una proposición de cambio del sistema [injusto] sino de cambio de personas. De subir ellos al poder.
Es más, su lema es ‘con las armas al poder’”43. Esa es la razón de unas acciones armadas tan
intrépidas, demagógicas y publicitadas. Se querían ganar con ellas el apoyo del pueblo, como
cualquier político hace mediante su campaña. La de ellos era una campaña armada, con un
programa de gobierno claro y en marcha. En palabras de Jorge Castañeda, el M-19, “fundado con
la furia y la desesperación provocada por el fraude electoral, tomó las armas para conquistar el
derecho a participar en las elecciones y no para hacer la revolución, a pesar de que se autodefinía
como movimiento revolucionario”44.

45. En sus primeros años, realizó actos simbólicos, similares a los ejecutados por la guerrilla
uruguaya de los Tupamaros cuando sustrajeron la bandera del prócer José Gervasio Artigas en

38 VILLAMIZAR, Darío. Óp. cit. P. 39
39 PLAZAS VEGA, Luis Alfonso. La Batalla por el Estado de Derecho, 1997, copia allegada al proceso penal contra el Coronel
Plazas Vega, cuaderno anexo 93.
40 MAYA, Maureén y PETRO Gustavo. “Prohibido Olvidar: Dos miradas sobre la toma del palacio de justicia” Casa Editorial

Pisando Callos Ltda. Bogotá: 2006. P. 24
41 BEHAR, Olga. “Las guerras de la Paz”. Editorial Planeta, 2da Edición. Bogotá: 1985. P. 12.
42 LARA, Patricia. Siembra vientos y recogerás tempestades. Editorial Planeta. Bogotá: 2009. P. 122.
43 Intervención de Juan Manuel López Caballero en el evento público organizado por la Comisión de la Verdad el 21 de

mayo de 2009. En: http://www.verdadpalacio.org.co/video21may2009_04.html
44En: SALINAS Sergio Fernando, El M-19: desde la montaña al parlamento. 1997. En: www.scribd.com/.../M19-De-la-

montana-al-Parlamento

196945. El primer hecho alegórico relevante realizado por la naciente guerrilla urbana fue el robo
de la espada del Libertador Simón Bolívar. Tras su sustracción de la Quinta de Bolívar, el 17 de
enero de 1974, el M-19 dejó una nota que decía: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”46. En el
primer boletín del M-19, que explicaba sus ideales, se hizo un llamado a la militancia
revolucionaria latinoamericana, pues los hechos del 19 de Abril de 1970 en Colombia y lo
ocurrido con Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre de 1973, son demostraciones de que
“no basta con ganar si es que el pueblo no está en condiciones de hacer respetar su triunfo”47.

46. Y es que el M-19 hacía parte de los grupos guerrilleros latinoamericanos de segunda generación48,
los cuales buscaron, en resumen, llegar a las masas con mayor eficacia, relacionarse
diplomáticamente y extenderse al contexto internacional, independizándose de la línea de Moscú
y Pekín, para centrarse en Latinoamérica, y sobre todo, en su propio país. En palabras de Eduardo
Pizarro Leongómez, "Bolívar, los símbolos patrios, las tradiciones culturales no son concebidas
como símbolos burgueses, sino como patrimonio de la revolución”49. Y según el comandante
Bateman, es necesario “ponerla [a la revolución] bajo los pies de Colombia, darle sabor de
pachanga, hacerla con bambucos, vallenatos y cumbia y cantando el himno nacional”50.

47. Éste era el panorama de los inicios del M-19, una guerrilla fundamentalmente urbana, con fuertes
ideales inspirados en las luchas sociales de todo el continente latinoamericano y con una
estrategia propagandista, que incrementaba su popularidad con base en golpes de opinión.

Principales acciones del M-19 desde su creación hasta la toma del Palacio de
Justicia
48. Además de las acciones más publicitadas del M-19, tales como el robo de la espada del Libertador
en 1974, el robo de las armas del Cantón Norte en 1978, la toma de la Embajada de República
Dominicana en 198051, el ataque al batallón Cisneros y el atentado al General Rafael Samudio
Molina, Comandante del Ejército, en octubre de 1985; el grupo guerrillero también realizó más
acciones que evidenciaron el modus operandi de la organización.

49. Tomas de iglesias, de asambleas de trabajadores, de trenes y aviones, bombas, secuestros y
atentados, además de multiplicidad de acciones publicitarias de la organización, caracterizaron su
actuar. En cuanto a las tomas guerrilleras, en 1980 el M-19 ocupó las instalaciones de la escuela El
Remanso y del Idema del barrio Bello Horizonte, al suroriente de Bogotá, en una acción definida
por ellos como de “Denuncia a la política oficial de engaño, hambre y represión contra el pueblo”52.

50. Ese mismo año, el 13 de septiembre a las 8:05 de la noche, en medio de la programación normal
del canal 7 y 9 de la televisión nacional, fue interrumpido el sonido y se dejó escuchar, por parte
de voces masculina y femenina, el contenido de la carta que Jaime Bateman, como comandante del

45 Otros casos similares de guerrillas latinoamericanas en VILLAMIZAR, Darío. Óp. Cit., P. 54.
46 VILLAMIZAR, Darío. Óp. Cit., P. 53.
47 Ibíd. P. 58
48 SALINAS, Óp. cit. P. 2
49 Ibíd.
50 LARA Patricia, Óp. cit. P. 110
51 Ver Capítulo II
52 LARA, Patricia, Óp. cit. P. 197

M-19, le enviaba al Presidente Turbay, en la que exponía sus criterios sobre el proyecto de Ley de
Amnistía presentado ante el Congreso Nacional el 20 de julio anterior.53

51. Incluso, en algunas oportunidades se apoderaron de aviones. Tal es el caso del avión de
AEROPESCA, que se utilizó para el transporte de armas desde la Guajira hasta Caquetá y acuatizó
en el río Orteguaza (1981)54. Otro caso ocurrió en 1982, cuando mientras realizaba un vuelo
regular entre Bogotá y Pereira, fue secuestrado el avión HK 2637 de la empresa Aerotal con 128
pasajeros a bordo, de los cuales 46 quedaron en libertad en Cali y el resto de los rehenes junto
con los guerrilleros llegaron a la Habana55.

52. Ese mismo año se llevó a cabo la toma de la Casa de Bolívar en Bucaramanga. En esta acción, el
comando Carlos Aguirre izó la bandera del Movimiento, pintó las paredes y dialogó con los
visitantes al museo, cercano al comando de la Policía.56

53. También era frecuente la toma de vehículos por parte del movimiento. Por ejemplo, en 1982 se
tomaron un tren a la altura de La Tebaida, pocos kilómetros antes de la ciudad de Armenia; los
guerrilleros pintaron consignas, hablaron con los pasajeros y les entregaron alimentos y
propaganda de la organización.57 En 1983, en Bogotá, se apoderaron de nueve buses y quemaron
uno de ellos, según argumentaron, como muestra de solidaridad con las centrales obreras y los
trabajadores en conflicto.58

54. En cuanto a la toma de poblaciones, es importante señalar que fue una práctica frecuente de la
guerrilla del M-19. Una de las más representativas se dio el 14 de marzo de 1984, cuando el M-19
intentó tomarse Florencia, capital del departamento de Caquetá.

55. Esta acción tuvo especial gravedad pues fue la primera vez que un grupo guerrillero llegaba a una
capital departamental, considerada además como un bastión en la lucha antisubversiva. Se trató
de la campaña cívico-militar “Jaime Bateman Cayón, por tregua y diálogo nacional”. La incursión
duró aproximadamente una hora y originó la reanudación de los contactos del M-19 con el
Gobierno, que llevaban cuatro meses suspendidos59, a pesar de lo cual varios analistas
consideraron la toma como un “fracaso militar para el M-19 y un golpe de muy alto costo político
para la organización60”. Otra consecuencia fue la declaratoria del estado de sitio en los
departamentos de Tolima, Cauca, Huila y Caquetá61.

56. El M-19 recurrió además a la abominable práctica del secuestro, con fines extorsivos, políticos y
de “sanción”62. En 1975, secuestró a Donald Cooper, gerente de Sears Roebuck and Co. Colombia y

53 Ibíd. P. 198
54 Ibíd. P. 231
55 Ibíd. P. 238
56 Ibíd. P. 260
57 Ibíd. P. 249
58 Ibíd. P. 316
59 RESTREPO, Laura, Óp. cit. P. 112
60 Revista Semana. Siete hombres, un destino. En: http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=27723
61 RAMÍREZ, Socorro. Óp. cit. P. 159
62 En Colombia el primer secuestro extorsivo registrado sucedió en 1933, lo que condujo a la tipificación del delito en 1936.

Sin embargo, éste tipo de secuestro fue para lucrar a individuos, y fue hasta los años sesenta que desde Argentina se
comenzó a utilizar el secuestro como fuente de financiación de grupos subversivos. En Colombia, en 1965, el grupo que
comandaba Manuel Marulanda y que un año más tarde se convertiría en las FARC, realizó el primer secuestro extorsivo para
financiarse. Para más información ver RUBIO, Mauricio. Del rapto a la pesca milagrosa: breve historia del secuestro en
Colombia. Documento Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes. Bogotá: 2003.

por su rescate recibió un millón de dólares. En 1977, secuestró al gerente de Industrial Agraria La
Palma “Indupalma”, Hugo Ferreira Neira, a quien liberó durante el paro nacional organizado
contra el Gobierno de Alfonso López Michelsen.

57. Sin duda una de las acciones más execrables que protagonizó el M-19, fue en 1976, cuando
secuestró al líder sindical José Raquel Mercado, Presidente de la Confederación de Trabajadores
de Colombia, a quien ataron de pies y manos y asesinaron propinándole un tiro en la cabeza, en
un hecho que conmocionó al país y que el grupo guerrillero denominó “un juicio popular”.

58. En 1981, secuestró en Medellín a Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de quienes eran
considerados jefes del narcotráfico de esa ciudad, y a raíz de esta acción surgió el movimiento
denominado “MAS”63. Cuando advirtieron que los autores eran miembros del M-19, comenzó una
guerra del narcotráfico contra ese grupo guerrillero, que casi determina su extinción en
Antioquia. Posteriormente, se llegó a un acuerdo entre ambas partes e integrantes del M-19
realizaron acciones para el Cartel de Medellín.

59. El año siguiente secuestró al presentador de televisión Fernando González Pacheco, para
transmitir una propuesta de paz al Presidente Turbay. En 1983 retuvo durante 24 horas a Paolo
Lugari Castrillón, Consejero presidencial para asuntos relacionados con el departamento del
Cauca64 y en 1985, secuestró durante casi dos años a Camila Michelsen Niño, hija del banquero
Jaime Michelsen Uribe.65

60. Asimismo, tomó partido en los conflictos palestino-israelí y centroamericano. Fue así como en
1981 atacó la sede de la Embajada de Israel en Bogotá, como muestra de solidaridad con la
Organización para la Liberación Palestina (OLP)66 y en 1982, tras la masacre de palestinos en los
campos de refugiados de Sabra y Shatila en Beirut, realizó un nuevo atentado contra dicha
Embajada, utilizando una bazuca.

61. Un año más tarde, en abril de 1983, el grupo guerrillero dinamitó la sede de la Embajada de
Honduras en Bogotá. La acción provocó heridas al cónsul y serios daños en la sede diplomática.
En el boletín número 85 de marzo-abril, reivindicó el hecho y culpó al país centroamericano de
complicidad con los Estados Unidos para atacar desde su territorio a Nicaragua.67

62. Desde su surgimiento, el M-19 expandió sus relaciones por fuera del país, participando en redes
de movimientos guerrilleros por Latinoamérica y el Caribe. Tal y como lo registró Antonio
Navarro en su entrevista con la Comisión, “a nivel latinoamericano, el grupo tuvo relación con
Cuba y con la revolución sandinista”. Así mismo el movimiento mantuvo relación con grupos del
Cono Sur, entre ellos con los Tupamaros de Uruguay, que fue determinante en su consolidación
como organización. Según Gustavo Petro “podríamos decir que el M-19 en 1978 era un movimiento
Tupamaro. Nos organizábamos igual que ellos, y de su escuela militar aprendimos técnicas de
guerrilla urbana que habían implementado en Montevideo”68.

63. Los miembros del M-19 se entrenaron en otros países, como: la República Árabe de Libia, cuyo
primer contacto fue en 1975 cuando Bateman y Vera Grabe viajaron a la cabeza de una delegación

63 Sigla de “muerte a secuestradores”, movimiento organizado por el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar.
65 Ibíd. P. 425
66 CORREA, Hernando. Con las armas al poder. Editorial Carrera 7ª. Bogotá: 2005. P. 49
68 PETRO, Gustavo. Óp.cit. P. 30.

guerrillera de distintos países; Nicaragua, donde se dio una relación estrecha, mediada por el
Gobierno panameño de Omar Torrijos; y Cuba, que aparece reiteradamente en la historia del
movimiento guerrillero, así: en 1975 fue el primer contacto de Bateman y Fidel Castro, cuando
nació una amistad que llevó a acuerdos políticos y militares, en especial en lo relacionado con
adiestramiento de los miembros de la columna que ocuparía la Embajada de República
Dominicana69, que luego volvería a la Isla triunfante y con el botín de dos millones de dólares
pagados por el Gobierno del Presidente Turbay. Acciones como éstas, que ponían en evidencia el
apoyo de Fidel Castro al M-19, llevaron a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia
y Cuba en 198070.

64. Tan conocida era la interacción entre guerrillas centroamericanas y movimientos políticos de
izquierda con el M-19, que en entrevista con la Comisión de la Verdad, el coronel (r) Plazas Vega
no duda en vincular la toma del Palacio de Justicia con el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) del Salvador71 y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
de Nicaragua72. Recordó que los tres grupos estaban afiliados a la Internacional Socialista73 y por
eso cree que fue una conspiración internacional.

65. El M-19 se caracterizó además por la realización de acciones intrépidas, desde el robo de leche o
chocolates para repartir en barrios de escasos recursos en Bogotá -la última fue el 30 de
septiembre de 1985 y constituye un antecedente en los hechos de la toma del Palacio74- hasta
transportar un arsenal desde la costa norte de África, en el buque “El Karina”. Después de seis
intentos de los tripulantes para encontrarse con el equipo de recepción en Colombia, fue
detectado por la Armada Nacional de Colombia y hundido tras cinco horas de combate75.

66. Otra acción temeraria se dio en 1984 cuando el grupo guerrillero ocupó las instalaciones del
diario El Bogotano para remplazar el contenido del periódico e imprimir 80 mil ejemplares de
una edición diferente, que salió a la calle ese mismo día.

El M-19 dentro del contexto guerrillero colombiano
67. Los primeros años la coexistencia de los grupos guerrilleros entre los años de 1965 y 1975, se
caracterizó por el enfrentamiento mutuo, en especial por el control de las zonas, de las masas y de
la defensa de sus principios, pero a partir de 1975 entró en una etapa de distensión. El M-19
buscó contacto con otras guerrillas, como el ELN y las FARC-EP. Según Darío Villamizar, fue en la
cárcel donde se consolidó la cercanía entre los grupos, pues allí se encontraron muchos dirigentes
y militantes de las guerrillas entre 1979 y 1982.

68. En diciembre de 1983, durante el Gobierno del Presidente Betancur, se llevó a cabo un encuentro
entre los dos máximos dirigentes del M-19 y los miembros del estado mayor de las FARC-EP. El

70 Ibíd., P. 219
71 Guerrilla salvadoreña que nace 1980, de la unión de las cinco organizaciones político-militares que existían desde los

años cuarenta. En 1992 se constituyó como partido político legal.
72 Fue una guerrilla nicaragüense que llegó al gobierno y puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza en 1971.
73 La Internacional Socialista (IS) es una organización internacional de partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas,

fundada en 1951. En: http://www.lainternacionalsocialista.org/about.cfm
74 Ver Capítulo III.

resultado de la reunión fue un nuevo comunicado conjunto en donde reconocieron como
positivos los pasos del Presidente en busca de demostrar una voluntad real de alcanzar la paz,
pero insistieron en la necesidad de avanzar con hechos de paz, con hechos de justicia y con hechos
de cambio. Asimismo determinaron que el cese al fuego era un paso necesario para el diálogo de
paz76.

69. Simultáneamente, se acordó que el EPL y el M-19, en forma conjunta, desarrollarían
negociaciones con el Gobierno para que cesara el fuego y se abrieran caminos de diálogo nacional.
Este acuerdo se plasmó en la “declaración conjunta” del 17 de marzo de 1984, firmada por
representantes del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, su brazo armado, el
Ejército popular de Liberación (EPL) y miembros del Comando Superior del M-1977.

70. Días más tarde se suscribió el acuerdo de La Uribe, entre las FARC y la Comisión de Paz, ratificado
luego por el Presidente de la República, que entraría en vigencia el 28 de mayo de 1984. El
Gobierno pretendía que otras agrupaciones guerrilleras, como el M-19 y el EPL, cesaran el fuego y
adhirieran a la tregua. Pero en opinión del M-19, “a ese acuerdo le faltaba pueblo” y no se acogió a
él.78 El grupo guerrillero consideraba que un requisito fundamental para la paz era el diálogo
nacional. Un sector mayoritario del ADO79, y el EPL coincidían en este propósito. El ELN se
mantuvo al margen de cualquier acercamiento con el Gobierno o sus comisionados.

El acuerdo de tregua o el comienzo del fin de un proceso que apenas se
iniciaba
71. Por último, el M-19 suscribió el 24 de agosto de 1984 un pacto de cese al fuego con el Gobierno.
Además del acuerdo con las FARC, el Gobierno había firmado también treguas con el EPL y con el
Movimiento de Autodefensa Obrera (ADO)80.

72. La firma de los acuerdos de Corinto y el Hobo fueron consecuencia del accidentado proceso que
recrudeció el conflicto, dado que a lo largo de las conversaciones, las acciones militares del M-19
se intensificaron y se prolongaron hasta la misma semana de firma de la tregua, pues “[los
dirigentes del M-19] reafirmaron que la presión al proceso de paz tenía que ser militar. Su
concepción seguía moviéndose, al parecer, en el contexto ya superado de la administración de
Turbay”81. Y El Gobierno “tampoco se veía satisfecho por el método del M-19, que consistía en
mantener las acciones armadas mientras negociaba, como medio de presión para poderle subir el
volumen a sus exigencias”82.

73. Simultáneamente, por parte de sectores enemigos de la paz también hubo ataques. Uno de los
más graves fue el ocurrido el 10 de agosto de 1984, dos semanas antes de firmar el acuerdo de
tregua cuando, a plena luz del día y en una calle céntrica de Bucaramanga, cayó asesinado Carlos
Toledo Plata, médico y dirigente nacional del M-1983, quien convencido de la inminencia del alto
al fuego, decidió salir de la clandestinidad y volver a esa ciudad.

76 Ibíd. P. 327-328
77 Ibíd. P. 328
78 Ibíd. P. 332
79 Sigla del movimiento de Autodefensa Obrera.
80 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, El Palacio de Justicia y el Derecho de Gentes. Bogotá: 1986. P. 3.
82 RESTREPO Laura. Óp. cit. P. 101
83 VILLAMIZAR, Darío. Óp. Cit., Darío. P. 357

74. Recordó Antonio Navarro Wolff en la entrevista con la Comisión que después del asesinato de
Carlos Toledo, Alvaro Fayad pidió al Gobierno que durante 9 días se desmilitarizara Corinto para
darles seguridad a los miembros del M-19 en la firma de la tregua. Sin embargo, hubo un ataque
contra Pizarro cuando se encaminaba a la firma, en el que resultó herido junto con su compañera
que perdió varios dedos de la mano. En ese momento se suspendió la firma de la tregua, pero
después de una discusión al interior del grupo guerrillero, decidieron suscribirla con una
“posdata” en la que constara el atentado por parte de la Policía a Pizarro, se investigara y se
garantizara seguridad a los miembros del M-19 y del EPL que en ese momento también firmaba
su acuerdo en Medellín84. Así, “se firmó la tregua sobre un mantel blanco manchado de sangre”85.

75. Con todo, para el M-19 el balance final de la jornada era positivo porque con la firma del acuerdo
obtuvo, además de la amnistía del Gobierno, la tregua, el Diálogo Nacional86 y el compromiso del
Presidente Betancur de poner toda su voluntad en la ejecución de las reformas87. Sin embargo,
para algunos sectores, el acuerdo se transformaba en una pequeña y simbólica toma del poder
que retaba a todo el establecimiento: “paradójicamente, la firma de la paz ponía al rojo vivo el
clima de la discordia”88.

76. Para las fuerzas armadas, según expresó el general Landazábal, ex Ministro de Defensa del
Presidente Betancur que había renunciado en enero de 1984, “[e]l saldo tangible del problema es
claro y definido: no se oyó a los generales, no se les quiso oír jamás, y en cambio se pactó una tregua
con los rebeldes que no es, ni será más que un instrumento de presión fabricado por la subversión de
tipo internacional”89.

77. Paulatinamente el Presidente iba quedando enfrentado al “establecimiento”, y paradójicamente
aislado de las mayorías que apreciaban sus esfuerzos pero con quienes nunca se comunicó
debidamente90. A finales de 1984 había tantos que criticaban a Betancur y su política de paz, que
se volvió común hablar de “la soledad del Presidente”; su actitud pareció cambiar frente a la
sociedad: “Belisario parecía achicarse, tratando de pasar agachado, y era difícil reconocer en su
nueva sonrisa resignada, en sus tímidas autodefensas y en el bajo perfil de sus últimas
intervenciones, al hombre que en los inicios de su Gobierno había contado con suficientes bríos,
convicción y apoyo como para pasar olímpicamente encima de sus opositores”91.

78. El 30 de agosto de 1984, cuando entró en vigor el acuerdo de cese al fuego, de tregua y de diálogo
nacional, la orden que impartió Iván Marino Ospina fue “silencio a los fusiles, paso al diálogo
nacional.”92. Mediante la tregua, tanto el movimiento guerrillero como el Estado, se comprometían
al cese al fuego en los siguientes términos:

“La Comisión de negociación y diálogo, el Comando Nacional del EPL y el Comando Superior del M-
19, acuerdan que concretamente debe producirse el cese del fuego, y que, cumplido este requisito, se

84 Ibíd. P. 362.
86 Se trataba de que el país negociara con el Gobierno el programa democrático que el M-19 proponía, y fue publicado el 23

de abril de 1984 en el diario “El Bogotano” tras ser tomado por la fuerza por la organización guerrillera.
87 RESTREPO, Laura. Óp. cit. P. 115
89 LANDAZÁBAL Fernando. Óp. cit. P. 265.
91 RESTREPO, Laura. Óp. cit. P. 231.

dará inicio, desarrollo y culminación a un gran diálogo nacional que permitirá la expresión de la
voluntad de los más amplios sectores sociales y políticos en la búsqueda de la paz, con base en la
justicia social.

En consecuencia, el Comando Nacional del EPL y el Comando Superior del M-19, ordenan el cese del
fuego y demás operaciones militares, a todos los Frentes, Columnas y Unidades, a partir del día 30 de
agosto a las 13:00 horas”.

79. Esto significa que dentro del acuerdo no estaba contemplada -como tampoco lo estuvo en la Ley
de Amnistía- la entrega de armas o la desmovilización de los integrantes de los grupos
insurgentes. Del texto se desprende que la tregua iba a ser el primer paso para permitir un
diálogo nacional que originaría las reformas necesarias para la permanencia de la paz.

80. En la entrevista con la Comisión de la Verdad, Antonio Navarro Wolff explicó que, después de la
firma del acuerdo, él fue escogido entre los 5 comandantes para dirigir la negociación para el
Diálogo Nacional, en los términos planteados por el M-19. Su vínculo con el Gobierno fue Jaime
Castro, con quien se reunía semanalmente, pero rápidamente se dio cuenta de que el diálogo no
iba a avanzar, porque no había una voluntad real de paz sino que se trataba de una “tomadura de
pelo” de ambas partes93.

81. Desde el acuerdo de Corinto, se generó una gran presión contra Betancur. Con él consiguieron la
amnistía, pero la desmilitarización de esa población “le cerraron a Belisario el espacio de
negociación por parte del establecimiento”. A raíz de las supuestas concesiones que dio el
Gobierno en Corinto y el Hobo, “rumores de golpe de Estado comenzaron a escucharse y una
evidente crisis se vivió en las esferas de poder, donde el Presidente era asediado constantemente por
sus propios partidarios, por el congreso, por la oposición o por el malestar existente en las Fuerzas
Armadas, descontentas con el desarrollo de la política de paz”94

82. Rosemberg Pabón relató a la Comisión de la Verdad que desde el día que se firmó la paz, sectores
del ejército y de la sociedad civil estaban en contra de ella, y que desde el 24 de agosto de 1984
hasta cuando se rompió la tregua en 1985, no hubo un momento de descanso, porque todos los
días fueron atacados. Es por esto que se le llamó una “tregua armada”, y la verdad es que nunca se
creyó en la paz de lado y lado. Para Antonio Navarro Wolff, durante el Gobierno de Betancur “la
paz terminó convertida en arma de guerra”95.

83. Por su parte, el Coronel Plazas Vega afirma que “la insostenible situación obligó al gobierno a
romper la tregua contra aquellos miembros del M-19 que no se habían acogido al proceso de paz:
unos dos mil integrantes, o sea, la gran mayoría. En estas condiciones las operaciones del Ejército se
reanudaron con mucha intensidad. Ante el acoso al que fueron sometidos, los alzados en armas se
agruparon en dos batallones como tropas regulares y fortificaron la región de Los Robles”96.

84. Según ex integrantes del grupo guerrillero, las tropas de la Tercera División del Ejército, al mando
del general Hernando Díaz Sanmiguel, atacaron el 14 de diciembre de 1984 el “Campamento de la
Libertad” del M-19 en el Alto Yarumales, que era una zona de distensión en el departamento del
Cauca, cuatro meses después de haber firmado la tregua y a un mes de la instalación de la mesa de

93 Entrevistas de Antonio Navarro y Jaime Castro con la CVPJ, quienes coincidieron en este sentido.
95 NAVARRO WOLFF, Antonio. Haciendo paz, Reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia. Cartagena, 9-11 de

marzo de 2001, La desmovilización del M-19, diez años después, P. 67.
96 PLAZAS VEGA, Luis Alfonso. Óp. cit. P. 26.

Comisión Coordinadora de Diálogo97. La justificación que entregó el Ejército es que allí se
encontraban personas secuestradas. En entrevista con la Comisión de la Verdad el General (r)
Rafael Samudio Molina informó que los hechos de Yarumales se generaron por el ataque del M-19
y que en todo caso, como ya había sucedido con otras operaciones militares, fueron suspendidas
por órdenes del Presidente de la República.

85. Los combates en Yarumales se extendieron hasta el 7 de enero de 1985, cuando se firmó un
nuevo pacto que reafirmaba el de agosto y establecía que el M-19 se retiraría –con sus armas y
uniformes— por un “corredor de seguridad” rumbo a Los Robles, a cuatro kilómetros. Además se
aceptó que “la zona donde se establezca la guerrilla no es de guerra y por tanto rigen garantías de
respeto a la vida civil, el libre tránsito por las carreteras y el libre acceso al campamento
guerrillero”98. En conclusión, veintiséis días duró el cerco al campamento; por primera vez en la
historia de la guerrilla en Colombia se había presentado un ataque de tal intensidad y una
resistencia tan prolongada de las fuerzas insurgentes. A esos fieros combates se puso fin por la
orden presidencial de cese al fuego.

86. El traslado a Los Robles trajo consigo un nuevo enfrentamiento, no armado pero sí político. De
inmediato, el Ejército estableció el control sobre las vías de acceso al nuevo campamento y situó
unidades militares en sus proximidades. El Ministro de Gobierno, Jaime Castro, reanudó sus
cuestionamientos sobre “la paz armada”, “las repúblicas independientes” y los grupos que
efectuaban “proselitismo armado”. Los dirigentes del M-19 rechazaron las declaraciones del
Ministro y solicitaron la presencia de la Comisión de Verificación para observar el excesivo
control que sobre los pobladores ejercía el Ejército.99

87. Como paso siguiente, el M-19 convocó un Congreso por la Paz y la Democracia, en el que se
debatirían los desarrollos del proceso de paz y las propuestas políticas del M-19, entre el 13 y el
17 de febrero de 1985 en Los Robles, municipio de Miranda, Cauca100. Sin embargo, cuando
faltaban dos días para su inicio, el Gobierno Nacional, a través del Ministro Castro, informó que se
prohibía su realización.101 Para algunos analistas, fue sorprendente que el Gobierno negara a la
guerrilla la posibilidad de manifestarse políticamente102. El Gobierno justificó la decisión con el
argumento de que ese Congreso era contrario a los intereses de paz. Finalmente, el evento se llevó
a cabo, con menos concurrencia de la esperada y en medio de una tregua más formal que real.

88. El año de 1985 se inició con constantes violaciones a la tregua por parte del M-19 y de las Fuerzas
Armadas. Numerosos ataques se reseñan en un primer semestre del año, donde, a pesar de la
tregua, la guerra estaba más activa que nunca.

89. El M-19 seguía moviéndose, y no sólo en el territorio colombiano. El 11 de marzo este
movimiento guerrillero y el grupo Alfaro Vive ¡Carajo! (AVC), realizaron una acción conjunta en
suelo ecuatoriano: el asalto a las dependencias de la Central de Radio Patrulla y al Comisariato de
la Policía Nacional, donde se guardaban armas y municiones. Vestidos con uniformes de la
institución, sustrajeron cerca de 700 armas103. Era evidente que las dos guerrillas fortalecían sus
lazos, mediante estas acciones.

98 Ibíd. P. 230
100 Ibíd. P. 388
101 Ibíd. P. 389
103 VILLAMIZAR, Darío, Óp. cit. P. 396

90. Meses más tarde volverían a unir fuerzas. Fue así como en entrevista con la Comisión de la
Verdad, Darío Villamizar relató que el M-19, debido a sus problemas económicos, decidió realizar,
en junio de 1985, junto con el Grupo AVC, el secuestro extorsivo de un banquero del Ecuador.
Dicha operación fue un fracaso porque en ella murieron miembros de ambos grupos guerrilleros,
así como el plagiado, Nahim Isaías.

91. Paradójicamente, mientras se intensificaban los ataques entre guerrilla y ejército en territorio
colombiano, se continuaba con la agenda de la paz en su siguiente paso: el “diálogo nacional”. Así,
el 5 de marzo de 1985 se instalaron públicamente los dos primeros Campamentos Urbanos de Paz
y Democracia del M-19 en barrios populares de Cali, y en los días posteriores se inauguraron dos
más en Siloé y en el distrito de Aguablanca104. Sin embargo, estos campamentos duraron poco
tiempo, pues el 6 de junio el Gobierno expidió el decreto 1560 que ordenaba a los alcaldes de todo
el país disponer su cierre105. Para esa fecha, el ejército ya había allanado y desmantelado algunos
campamentos por considerarlos de entrenamiento militar106.

92. En medio del enrarecido ambiente de la “tregua”, el 20 de mayo se efectuó un primer encuentro
entre los principales comandantes de las organizaciones guerrilleras que operaban en el país, con
excepción de las FARC y el Comando Quintín Lame. El objetivo central era discutir una posición
conjunta frente al paro nacional que se había convocado para el 20 de junio. Tres días después del
encuentro, en una cafetería en Cali se encontraban desayunando los integrantes del M-19 Antonio
Navarro, Eduardo Chávez, María Eugenia Vásquez, Alberto Caicedo, Carlos Alonso Lucio y Álvaro
Alvarado, cuando fueron víctimas de un ataque con una granada de fragmentación que ocasionó
graves heridas a Navarro. El Gobierno no condenó el hecho: “[n]i una frase por parte del
Presidente Betancur, ni una declaración por parte de los funcionarios de su Gobierno”107

93. Después de este atentado, el 20 de junio se llevó a cabo una jornada nacional de protesta,
enmarcada en el temor generalizado ante posibles acciones terroristas y actos vandálicos, y por
las medidas represivas utilizadas por el Gobierno para impedir o disminuir el apoyo que pudiera
tener entre la población108.

94. En la entrevista con la Comisión de la Verdad, Jaime Castro, entonces Ministro de Gobierno,
manifestó que cuando en junio de 1985 se convocó un paro nacional, el Gobierno se preparó muy
bien y lo conjuró. Posteriormente escribiría: “El paro finalmente fracasó. Se anunció tanto y creó
tan alarmantes expectativas, que el país reaccionó con sensatez y no cambió el ritmo de sus
actividades ordinarias. Empleados y trabajadores acudieron a sus oficinas y fábricas, a pesar de las
dificultades de transporte que tuvieron para hacerlo en las primeras horas de la mañana. Antes del
mediodía, la vida laboral, económica y social en toda Colombia era normal”109. La importancia de la
fecha radica en que “ese día el M-19 aprovechó para retirarse del proceso de paz pensando en una
insurrección, pues querían estar del lado de las barricadas110”.

104 Ibíd. P. 397.
105 TURRIAGO PIÑEROS, Gabriel y BUSTAMANTE MORA, José María, Estudio de los procesos de reinserción en Colombia,
1991-1998. Alfaomega Colombiana e Ideas para la Paz, P. 6
107 RESTREPO, Laura. Óp. cit. P. 380
109 CASTRO Jaime. El Palacio de Justicia: ni golpe de Estado ni vacío de poder, Grupo Editorial Norma. Bogotá: 2009. P. 30
110 Entrevista con la Comisión de la Verdad.

95. En efecto, el comandante del M-19, Carlos Pizarro, declaró el mismo 20 de junio definitivamente
rota la tregua y anunció que pasaban a ejecutar acciones ofensivas111.

96. No hubo un proceso de paz serio, pues ninguna de las partes tuvo una voluntad sincera hacia ella.
Rosemberg Pabón dijo a la Comisión de la Verdad que “desde el 24 de agosto de 1984 hasta que se
rompe la tregua en 1985 no hubo un día de descanso, todos los días fuimos atacados. Se llamó una
tregua armada. Nunca se creyó en la paz de lado y lado”

97. Tanto el Ejército como el M-19 rompieron la tregua y oscilaron constantemente entre la guerra y
la paz. El M-19 “[d]esafiaba permanentemente el límite de tolerancia de los militares y del
Gobierno”112, desgastando el poder civil y aprovechando el espacio que les concedía la no entrega
de armas en la tregua. En opinión de algunos analistas, “el M-19 confundió régimen político y
Gobierno: no supo diferenciar entre la estrechez habitual del régimen político colombiano y la
amplitud coyuntural del Gobierno de Betancur. No estableció la diferencia entre la estrategia
represiva del Gobierno anterior y la nueva estrategia de negociación. Siguió luchando por la paz con
los fusiles, como en tiempos de Turbay”113.

98. Con la ruptura de la tregua el M-19 volvió a la clandestinidad y la guerra continuó, esta vez, sin la
esperanza de paz en el horizonte. Fue así como “[l]as escaramuzas con el Ejército se intensificaron
en la segunda mitad del año 1985 y en una de ellas el Ejército dio de baja al jefe máximo del M-19,
en ese momento; Iván Marino Ospina”114. A raíz de la muerte de uno de sus más antiguos
comandantes, ocurrida el 28 de agosto de 1985, el M-19 arreció sus acciones violentas.

99. El 19 de octubre se produjo uno de los hechos político-militares más audaces en la historia de la
guerrilla en Colombia: la compañía Jaime Bateman Cayón de la fuerza militar del M-19 atacó el
batallón de ingenieros Cisneros número 8 de la III División del Ejército, con sede en la ciudad de
Armenia, capital del departamento del Quindío115.

100. Apenas cuatro días después, un comando del M-19 atentó contra la vida del General Rafael
Samudio Molina, comandante del Ejército, en momentos en que se desplazaba por el noroccidente
de Bogotá hacia las instalaciones del Ministerio de Defensa. Como resultado del ataque quedó
levemente herido el alto oficial, así como varios de sus guardaespaldas.116

Las relaciones del Gobierno Betancur con las fuerzas militares
101. Desde su formulación, las Fuerzas Armadas no estuvieron de acuerdo con la política de paz de
Belisario Betancur. En la entrevista del General Rafael Samudio con la Comisión de la Verdad,
afirmó que se ignoró a la institución militar en el proceso de paz, que ni siquiera a él como
comandante del Ejército le fue consultado nada, y que cada día se sorprendía como cualquier
ciudadano, con las diferentes decisiones del Gobierno. Añadió que “pretender hacer a espaldas del
estamento militar, de los combatientes, de los que están defendiendo al Estado, un proceso tan
delicado y recibir órdenes como las que yo les decía, no era bien visto por grandes sectores del país”.

113 Ibíd. P. 23
114 PLAZAS VEGA, Alfonso. Óp. cit. P. 27. La Comisión debe precisar, sin embargo, que para ese momento, y desde marzo de

1985, como se ha señalado anteriormente, Iván Marino Ospina no era el comandante del M-19.
115 VILLAMIZAR. Óp. cit. Pp. 425-426
116 Ibíd. P. 426. Para profundizar sobre este atentado remitirse al Capítulo III

102. Por su parte, el Presidente Betancur informó a la Comisión de la Verdad que en “los mandos
militares no había unanimidad de comprensión del proceso de paz. La prueba es que en algún
momento tuve que remover la cúpula militar con el general Landazábal a la cabeza y enviarlo de
embajador a Europa”. Añade que en las primeras reuniones que tuvo con los militares les advirtió
que “tienen que ir acostumbrándose a la palabra amnistía aunque yo sé que no les gusta (…) Era un
cambio de metodología.”

103. Es que precisamente la amnistía eliminaba lo que otrora fuera la máxima victoria militar contra la
subversión: el alto número de guerrilleros detenidos. Lo anterior se traducía en que la autonomía
de las Fuerzas Militares frente al poder civil en el manejo del llamado “orden público”117, se había
marchitado. Pero esa no era la única ni la más grave situación que perturbaba a las Fuerzas
Militares.

104. El 25 de junio de 1982, treinta y ocho días antes de la posesión de Betancur, en un documento del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, titulado La apreciación de la situación post-
electoral, se manifestó la posición del poder castrense respecto al proceso de paz por nacer: está
destinado al fracaso y es un engaño que sólo intenta fatigar al estamento militar118.

105. El Gobierno de Betancur inició con una actitud silenciosa, no exenta de recelo por parte de los
militares119, pero bien pronto, en febrero de 1983, un incidente demostraría su capacidad de
reacción política. El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, entregó los
resultados de la investigación que había adelantado por solicitud del Presidente de la República y
la Comisión de Paz sobre los asesinatos y desapariciones imputados al grupo paramilitar Muerte a
Secuestradores (MAS)120. Los resultados entregados por el Procurador establecieron que había en
“distintos lugares personas vinculadas directa o indirectamente a las Fuerzas Armadas (…) y han
incurrido, fuera de combate, en hechos del tipo de delincuencia que he venido investigando”121. El
Procurador además entregó los nombres de cincuenta y nueve militares en servicio activo,
presuntos miembros del MAS. Como se señaló anteriormente, el movimiento Muerte a
Secuestradores (MAS) fue creado por el narcotráfico.

106. Los militares consideraron que las acusaciones del Procurador representaban una ofensa a la
institución militar, mientras el Presidente de la República se colocó a una prudente distancia de
las afirmaciones, dado que no las rechazó ni las confirmó122.

107. Finalmente, por decisión del Tribunal Disciplinario, los procesos contra integrantes de la fuerza
pública implicados en esas conductas punibles pasaron a la justicia penal militar123.
Posteriormente, Amnistía Internacional envió una carta al Presidente en la cual, aunque
reconoció los esfuerzos por investigar las violaciones a los derechos humanos de los
“escuadrones de la muerte”, llamó la atención sobre el hecho de que los tribunales militares no
habían iniciado juicio alguno y las personas señaladas como responsables continuaban en sus
puestos. Así mismo, expresó su preocupación en torno a que “esta delegación de la jurisdicción

118 Ibíd. P. 112
119 Ibíd. P. 112
120 Este grupo nace como reacción al secuestro de Martha Nieves Ochoa en 1981 por parte del M-19 con la finalidad de

erradicar a todos los secuestradores. Su principal financiación provino de la mafia.
122 Ibíd. P. 123
123 Ibíd. P. 124

exclusiva para investigar y castigar la violación de los derechos humanos a las Fuerzas Armadas ha
resultado, en la práctica, en la impunidad absoluta ante la ley de las fuerzas policiales y militares
que torturan, desaparecen o ejecutan extrajudicialmente a supuestos subversivos”124. Las
investigaciones nunca se realizaron.

108. Aunque 1983 continuó sin comunicados públicos por parte de las fuerzas militares, “nunca vieron
con buenos ojos la labor de la Comisión de Paz”125, pero después de más de un año de guardar
silencio, en entrevista de Margarita Vidal con el Ministro de Defensa, realizada el 4 de enero de
1984, “el país conoció los alcances del malestar prevaleciente en las filas castrenses”126.

109. En esta oportunidad, el general Fernando Landazábal sostuvo que no habría cese al fuego, que el
Gobierno mostraba debilidad ante la guerrilla y que la amnistía creaba un espacio exclusivamente
favorable a los grupos guerrilleros. Finalizó con una frase contundente, que condujo a su salida
del ministerio: “el país se acostumbrará a escuchar a sus generales”127.

110. Con la renuncia del Ministro de Defensa, el ambiente entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas era
cada día más tenso. Incluso, el 13 de marzo de ese mismo año, el Presidente Betancur tuvo que
desmentir públicamente un rumor sobre los preparativos de un golpe militar en Colombia128. Su
mensaje fue el siguiente:

“Como jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas, óigase bien, ordeno, a la totalidad de los
responsables de la paz, la seguridad y el orden, a todas las autoridades, a las Fuerzas Armadas, a la
Policía, a las fuerzas de seguridad, les ordeno aplicar su empeño, dedicación, capacidad y esfuerzo, a
impedir todo acto que tienda a perturbar el orden público; a reprimir cualquier hecho de violencia
que ponga en peligro la vida, la integridad personal, la libertad o cualquier otro derecho de los
asociados. Tengan plena convicción que el Gobierno estará con ellos.”129

111. Frente a las especulaciones sobre el golpe de estado, el ex Ministro Landazábal manifestó que
había sido un invento de los verdaderos enemigos del poder, aceptado por los gobernantes y
constituido como “una especie de chantaje permanente a la opinión, para inculcarle que cada
manifestación del Ejército, o cualesquiera de las Fuerzas Militares, se constituía en una verdadera
amenaza para el nuevo sentido de la paz”. Agrega que el Ejército fue silenciado, “para no correr el
riesgo de ser señalados como enemigos agazapados de la paz, aspirantes a ejercer la tiranía130”.

112. Esto se da, según el General, en un marco internacional en el que debido a la presencia de
Gobiernos militares en Centroamérica y el cono sur, el poder civil tomaba acciones para erradicar
la aspiración de los militares de asumir el poder político del país131. Se trataba entonces de una
lucha enmarcada en la batalla Este-Oeste para los militares, que llevó incluso a llamar a los
acuerdos de la Uribe y Corinto como la “Yalta colombiana”132. Esto demuestra que la visión

124 Carta firmada por Thomas Hammarverg, Secretario General Secretario de Amnistía General. En: Anales del Congreso,
Martes 7 de octubre de 1986, P. 55
125 Ibíd. P. 83
126 VILLAMIZAR, Darío. Óp. Cit., P. 329.
127 Al respecto ver: RESTREPO Laura. Óp. Cit., P. 82. ; VILLAMIZAR, Darío. Óp. Cit., P. 328; y RAMIREZ, Socorro Óp. Cit., P.83.
129 Discurso del Presidente Betancur, El Tiempo, 14 de marzo de 1983. P. 1A.
130 Landazábal se refiere a la expresión utilizada por Otto Morales Benítez, en su carta de renuncia a la Comisión de Paz,

antes citada. En: LANDAZÁBAL, Fernando. Óp. cit. P. 154
131 Ibíd. P. 153
132 La Conferencia de Yalta, que habría dado origen a la guerra fría, se sostuvo entre los dirigentes de Reino Unido, Estados

Unidos y Rusia en 1945.

política de las Fuerzas Armadas se oponía a la interpretación de la paz asumida por el Presidente
de la República.

113. En reemplazo del general Landazábal, el Presidente Betancur nombró como Ministro de Defensa
al general Gustavo Matamoros, de tendencia moderada133. Sus quebrantos de salud llevaron a que
fuera encargado inicialmente el general Miguel Vega Uribe, en junio de 1984. En enero de 1985,
tras el fallecimiento de Matamoros, Vega Uribe asumió el cargo en propiedad. Su nombramiento
generó mucha resistencia, pues como comandante de la Brigada de Institutos Militares (BIM),
había sido acusado de permitir torturas134.

114. En cuanto al comportamiento de las Fuerzas Militares durante la tregua, el General Landazábal,
calificó de incomprensible que se les exigiera a las Fuerzas Militares el cese al fuego, cuando no se
incluyó en el pacto el no porte de armas por la guerrilla. Además, consideró paradójico el hecho
de que, simultáneamente, la ley de amnistía fijara penas drásticas para quienes las portaran.
Agregó que por ningún motivo las fuerzas armadas aceptarían un cese al fuego con los
insurgentes “mientras las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas no fueran entregadas al
mando militar y se despojara de ella a los portadores ilegales”135.

115. Estas diferentes acciones, reacciones, opiniones y declaraciones, son suficientemente
significativas para entender que, sin duda, en el gobierno del Presidente Betancur hubo un alto
nivel de polarización y de desconfianza entre las Fuerzas Militares y el Gobierno, derivada,
fundamentalmente, de la política de paz del mandatario.

La situación del poder judicial y el rol desempeñado por la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
116. La Comisión de la Verdad considera relevante hacer referencia a dos aspectos que caracterizaron
la situación del poder judicial durante finales de la década de los setenta e inicios de la década de
los ochenta, los cuales son importantes para aproximarse al contexto en el que se desarrollaron
los hechos del Palacio de Justicia.

117. El primer aspecto consiste en la ola de violencia que afectó a la rama judicial colombiana, la cual
se refleja en un promedio anual de aproximadamente 25 jueces y abogados asesinados o víctimas
de atentados, entre 1979 y 1991136.

118. Este ambiente de violencia en contra de los funcionarios judiciales fue objeto de pronunciamiento
por parte del Consejo de Estado en el año de 1984. Este alto Tribunal conoció de la demanda de
reparación directa incoada por la esposa del Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Valledupar, doctor Efraín Córdoba Castilla, quien murió asesinado en diciembre de 1979 en su
residencia, luego de haber sido víctima de un atentado tres años antes.

119. Aunque la decisión mayoritaria se inclinó a declarar la irresponsabilidad del Estado, debido a que
en el expediente no se encontró prueba de solicitud previa de protección por parte del
Magistrado, existieron salvamentos de voto que apuntaban a demostrar las difíciles condiciones

133 RAMIREZ, Socorro. Óp. cit. P. 145.
134 Ver Capítulo IV
135 LANDAZÁBAL, Fernando. Óp. cit. P. 204
136 CORTE IDH, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, párr. 80-81.

de seguridad en medio de las cuales los funcionarios del poder judicial desarrollaban sus
funciones. En este sentido, es válido traer a colación algunas consideraciones incluidas en el
salvamento de voto presentado por los Consejeros Carlos Betancur Jaramillo y Enrique Low
Murtra:

"Y en estos momentos de intranquilidad social y de angustia son los jueces, más que nadie, los que
merecen especial trato, porque están precisamente en la línea de fuego. Trato que tiene que ser
oficioso, nunca el efecto de una instancia de parte o de una querella. Y merecen esa especial
protección porque son los que están más expuestos a la vindicta de los desalmados, de los mafiosos,
de los sediciosos, de los corruptores, de los falsarios, de los peculadores, de los sicarios, de los
violadores.

Nos acostumbramos a leer el texto constitucional recortado y a menudo creemos que las
autoridades están sólo para proteger pero no para ser protegidas. Por eso tal vez y porque nuestro
poder judicial goza de un inmemorial complejo de inferioridad, a nadie se le ocurre pensar que un
juez merezca o necesite protección.

Cuando el país vive una época de terror y angustia como la actual, cuando la subversión cierra su
cerco y el crimen organizado y brutal gana prestigio social, lo menos que pueden esperar las gentes
de bien es la solidaridad, porque como dice el slogan 'todos somos responsables de todos'. Hoy más
que nunca necesitamos una solidaridad espontánea y no rogada, decidida, franca y eficaz".137

120. La Comisión de la Verdad observa que para la época de los hechos del Palacio de Justicia, en
palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existía un contexto de riesgo para los
funcionarios judiciales138, el cual sin lugar a dudas exigía del Estado colombiano la adopción de
medidas de protección, especialmente a favor de los integrantes de las altas corporaciones de
justicia del país.

121. El segundo aspecto se relaciona con decisivos pronunciamientos adoptados por la Corte Suprema
de Justicia y el Consejo de Estado que marcaban una independencia de la Rama Judicial frente al
Ejecutivo y que en varias ocasiones causaron malestar en diferentes sectores del país139.

122. Tal como lo evoca Alfonso Charria Angulo, “[e]l liberal Jaime Castro, siendo Ministro de Gobierno de
Belisario Betancur (ya lo había sido de López Michelsen), por ejemplo, llegaría a calificar en 1984,
durante una mesa redonda celebrada en la Universidad Externado de Colombia, de ‘error histórico’
la independencia otorgada a la Corte Suprema de Justicia en el plebiscito, a lo cual solo le
encontraba como salida la creación de una Corte Constitucional, elegida por los partidos, o una
solución extraconstitucional.

137 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, D. E., junio 12 de 1984. Consejero ponente:
Bernardo Ortiz Amaya. Referencia: Expediente Nº. 11.014. Posteriormente, luego de acaecidos los hechos del Palacio de
Justicia, el fallo de la Sección Tercera que fue confirmado con la anterior decisión, fue objeto del recurso extraordinario de
anulación y fue revocado, declarando en su lugar, la responsabilidad del Estado y por ende la indemnización pertinente. Ver
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, D. E., julio 12 de 1988. Consejero ponente: Simón
Rodríguez Rodríguez. Referencia: Expediente Nº. R - 029. Actor: Ligia Calderón de Córdoba.
138 Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, párr. 80.
139 Ver UPRIMNY, Rodrigo, RODRÍGUEZ, César, GARCÍA VILLEGAS, Mauricio. Entre el protagonismo y la rutina: Análisis socio

jurídico de la justicia en Colombia. Culturas jurídicas latinas de Europa y América en tiempos de globalización, coord. por
Héctor Fix-Fierro, Lawrence M. Friedman, Rogelio Pérez Perdomo, 2003, Pp. 231-304

En 1957-dijo Castro- sin pensar en la jurisdicción constitucional porque lo que se buscó con las
fórmulas del plebiscito fue la despolitización de la justicia, la despartidización del aparato judicial,
le dimos independencia orgánica a la rama jurisdiccional (...) Pero al dejarle a la Corte Suprema de
Justicia, que pasaba a ser cooptada y vitalicia, el ejercicio de la llamada jurisdicción constitucional,
estábamos dándole vía libre al llamado "Gobierno de los Jueces", como lo ha probado el paso del
tiempo (...) La Corte Suprema de Justicia no refleja, ni siquiera medianamente, la voluntad política
de la nación (...) A ratos pienso que lo que está en juego es la capacidad de reforma de nuestro
sistema político (...) Así las posibilidades de mejorar el sistema, de modernizarlo y de actualizarlo, de
acomodarlo a las necesidades nacionales, se reducen hasta desaparecer y el sistema político se está
autofrenando y, de pronto, generando su propia destrucción. Alguien, una persona o una
organización política, va a aparecer un día diciendo, a lo mejor con aceptación pública grande, que
es necesario echar por la calle del medio porque no hay manera de conseguir la reforma a través de
los mecanismos que el mismo sistema prevé para su mejoramiento”140.

123. La Corte Suprema de Justicia de la época, especialmente a través del control de
constitucionalidad, ejerció gran independencia que se manifestó, entre otras decisiones, en la
declaratoria de inexequibilidad de la reforma constitucional plasmada en el Acto Legislativo 1 de
1979141; de algunos artículos de la Ley 2 de 1984142; así como en diferentes fallos que limitaban el
alcance de las facultades del Ejecutivo en los estados de sitio143 y de emergencia económica144.

124. Estas posiciones de la Corte Suprema de Justicia generaron fuertes reacciones por parte de la élite
política, hasta el grado de calificar sus decisiones como expresiones de una “dictadura judicial”. En
palabras del Magistrado Manuel Gaona Cruz:

“[a] comienzos de 1984, nuevamente se criticó a la Corte ya no por el gobierno sino por la ‘dictadura
judicial’ (al decir de un insigne ex ministro de Justicia), y de nuevo ya no por exceso de estabilidad o
falta de evolución, sino por inestabilidad jurisprudencial, con ocasión del fallo de inexequibilidad
contra una parte de la Ley 2ª de 1984 en la que se reiteraba para la autoridad de policía la
competencia para juzgar por delitos. Y ahora, en la segunda mitad de 1984, se sustenta desde el
Ministerio de Gobierno que existe exceso de independencia, debido a la vitalicidad, cooptación y
privilegios de estabilidad de los jueces de constitucionalidad, como factores perjudiciales del sistema

140 CAICEDO PÉREZ, Luis Javier. Políticos y militares en el origen y disolución de la Corte Suprema de Justicia del Frente
Nacional (1957-1985), citando a CHARRIA ANGULO, Alfonso. Plebiscito, referendo o dictadura, la Constituyente de Barco.
Bogotá, 1988, P. 35
141 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Bogotá, D. E., noviembre 3 de 1981. Magistrado ponente: Fernando Uribe Restrepo.

Sentencia Nº. 57. Actores: Manuel Gaona Cruz, Tarcisio Roldán, Oscar Alarcón, Antonio Cancino y Clímaco Giraldo. El Acto
Legislativo 1 de 1979 introducía reformas a la Constitución Política en materias relativas al Congreso Nacional y a la justicia,
sin embargo durante el trámite de esta reforma constitucional se violaron las normas procedimentales previstas en la Carta
y en el Reglamento del Congreso, las cuales protegían, entre otros principios, la participación de las minorías políticas
presentes en el Congreso.
142 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Bogotá, D. E., mayo 31 de 1984. Magistrado ponente: Manuel Gaona Cruz.

Sentencia Nº. 43. Actor: Héctor Rodríguez Cruz. Las normas de la Ley 2 de 1984 que fueron declaradas inexequibles, se
encontraron contrarias a la Constitución debido, principalmente, a la atribución de competencia de juzgamiento de algunos
delitos a las autoridades de policía, en lugar de asignarla a los jueces, lo cual constituía una violación del principio del
principio de la separación de los poderes.
143 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Bogotá, D. E., mayo 3 de 1984. Magistrado ponente: Manuel Gaona Cruz. Sentencia

Nº. 32. Revisión constitucional del Decreto Legislativo de Estado de Sitio Nº. 667 de 21 de marzo de 1984, Corte Suprema
de Justicia, Sala Plena, Bogotá, D. E., mayo 10 de 1984. Magistrado ponente: Ricardo Medina Moyano. Sentencia Nº. 35.
Revisión constitucional del Decreto Legislativo de Estado de Sitio Nº. 669 de 21 de marzo de 1984.
144 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Bogotá, D. E., marzo 3 de 1983. Magistrado ponente: Manuel Gaona Cruz. Sentencia

Nº. 12. Revisión constitucional del Decreto Nº. 3744 de 1982. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Bogotá, D. E., marzo 17
de 1983. Magistrado ponente: Carlos Medellín Forero. Sentencia Nº. 28. Revisión constitucional del Decreto Nº. 233 de
1983.

representativo y estimulantes del gobierno de los jueces. Se hace referencia a una Corte Suprema
que actúa como rueda suelta dentro del Estado, al exceso de rigorismo de sus fallos en perjuicio de la
realidad social y a la necesidad de instituir un control adecuado y menos independiente, según la
reforma propuesta y en eclosión.”145

125. Asimismo, varios integrantes de la Corte Suprema de Justicia en diferentes escenarios formularon
su distanciamiento frente al uso de la institución del estado de sitio, o del juzgamiento de civiles
por parte de la justicia penal militar, herramientas empleadas por el Ejecutivo para solventar la
difícil situación de orden público que vivía el país.

“[E]n Colombia el estado de sitio se ha convertido en mecanismo ordinario de gobierno a partir de
1948 (el 9 de abril de ese año ocurrió el asesinato del líder político de izquierda JORGE ELIÉCER
GAITÁN). En efecto, desde el mes de abril de ese año hasta hoy se ha decretado el estado de sitio en
quince oportunidades que sumadas temporalmente abarcan un período de 25 años y 9 meses; lo que
significa que durante los 36 años comprendidos entre 1948 a 1984 apenas hemos vivido 10 años y 3
meses de plena normalidad jurídico-institucional.

¿Cómo ha sido posible esa peligrosa transformación de una institución político-jurídica creada para
my breves períodos, en un verdadero sistema ordinario y casi permanente de control del orden
público? Mediante un curioso mecanismo interpretativo conforme al cual el gobierno tiene el poder
político de decidir, una vez decretado el estado de sitio por una o varias causas determinadas, ¿qué
otros factores- a su juicio alteradores del orden público- ameritan la toma de nuevas medidas
oficiales para contrarrestarlos, sin solución de continuidad respecto de los que inicialmente dieron
lugar a la declaración del estado de sitio? No hemos estado por supuesto de acuerdo con tal
interpretación. Nos parece, al contrario, que los fundamentos motivacionales de un decreto fundado
en el art. 121 de la Constitución Política no pueden ser distintos de los que el gobierno tuvo en
consideración para declarar turbado el orden público y en estado de sitio todo o parte del territorio
nacional, ya sea que ellos persistan en sus originales caracteres, ora que se hayan proyectado hacia
el futuro con dinámico desarrollo evolutivo. Lo que no puede aceptarse es que hechos o fenómenos
desligados causalmente de aquellos que determinaron la inicial declaración de estado de sitio,
sirvan de fundamento jurídico a nuevos decretos legislativos, cuya materia evidencia ostensible
divorcio con la situación generadora de la primitiva alteración del orden social. Por esta vía, los
decretos que constitucionalmente han de contener instrumentos jurídicos aptos para regresar a la
normalidad, solamente sirven para prolongar una situación que ya no puede seguir siendo
considerada como excepcional.

Entre las medidas que usualmente toman nuestros gobiernos durante los períodos de estado de sitio,
la más significativa y frecuente es la de entregarle a la justicia penal militar la investigación y
juzgamiento de delitos comunes y políticos cometidos por civiles. Siempre hemos considerado que tal
determinación es inconstitucional.”146

“Cuando el gobierno nacional decide en estado de sitio que determinados delitos cometidos por
civiles sean juzgados por la justicia penal militar mediante el mecanismo de los consejos verbales de

145 GAONA CRUZ, Manuel. Corte Suprema o Corte Constitucional: del control integral al control precario. Conferencia del
profesor de derecho público y Magistrado de la Corte, Manuel Gaona Cruz, pronunciada en la Universidad Externado de
Colombia el 16 de agosto de 1984. Holocausto del Palacio de Justicia, 20 años: El Pensamiento de una Generación. Consejo
Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia. Bogotá. Legis. 2005. P. 29.
146 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Legislación y Seguridad Nacional en América Latina. Holocausto del Palacio de Justicia, 20

años: El Pensamiento de una Generación. Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia. Bogotá. Legis. 2005.
Pp. 87 y 88.

guerra, está entregando esos ciudadanos a una jurisdicción castrense en la que el juez de la causa es
un comandante de unidad militar, y en la que el fiscal o acusador, los vocales o jueces de conciencia,
el asesor jurídico y hasta el defensor de oficio, son subalternos del primero y nombrados por él; con
un tal sistema de jerarquía piramidal es imposible esperar un proceso equilibrado y justo.

Entre los delitos cuya investigación y fallo suele encomendarse a la justicia penal militar durante los
períodos de estado de sitio, se hallan los de contenido político (rebelión, sedición, asonada). Hemos
dicho ya que dentro de la concepción político- militar de la teoría de la seguridad nacional se le ha
entregado en nuestros países a las fuerzas armadas el control del orden público interno y la tarea de
combatir militarmente a los grupos rebeldes o sediciosos que pretenden generalmente desde las
fronteras ideológicas de izquierda el derrocamiento de los regímenes gobernantes.

Pues bien, cuando en el curso de esta lucha armada el ejército oficial captura a miembros de
unidades rebeldes, inicia contra ellos procesos penales; a partir de ese momento la relación soldado-
rebelde que venía desenvolviéndose en el plano propio de dos enemigos que se enfrentan con las
armas en la mano, da lugar a otra relación formalmente jurídica en la que el militar se convierte en
juez y el rebelde vencido se transforma en procesado: ¿será posible entonces un juicio imparcial
cuando el juez está juzgando a su propio enemigo? Definitivamente no. Por eso no sorprende la
sentencia de condena, fundada en veces sobre la propia confesión, nacida bajo el clímax angustioso
de la tortura material o sicológica.”147

126. Ahora bien, el Consejo de Estado también se caracterizó por sus fallos condenatorios fundados en
la responsabilidad del Estado colombiano por conductas violatorias de los derechos humanos
cometidas por agentes de la fuerza pública148. Estas sentencias significaron una profundización
del riesgo al que estaban expuestos los miembros de esta alta Corporación, tal y como lo analizará
la Comisión en un capítulo posterior149.

147 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Óp. cit. Pp.91 y 92.
148 Algunos extractos que reflejan estas decisiones se encuentran en HENAO PÉREZ, Juan Carlos. La responsabilidad
extracontractual del Estado en Colombia. Evolución Jurisprudencial 1864-1990. Universidad Externado de Colombia. 1991.
Algunos de éstos son los siguientes:
“El maltrato a que fue sometido Elkin Ramos Restrepo y su posterior muerte configuran plenamente una falla en el servicio de
protección y vigilancia debido por la Policía Nacional, quien en este caso provocó la muerte de un ciudadano por el solo hecho
de no pagar la cuenta” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Carlos
Betancur Jaramillo, Bogotá, D.E., febrero 5 de 1982. Exp. 2893. Indemnizaciones. Actor Luz Inés Vda. De Ramos.
“Quedó demostrada de esta manera la falla del servicio ocasionada por la conducta irresponsable del agente quien estando en
servicio activo y en cumplimiento de sus actividades dio muerte a un ciudadano inocente e indefenso” Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Jorge Valencia Arango, Bogotá, D.E., febrero 11 de
1982. Exp. 2939. Actor Luz Marina Hidalgo Toro.
“Así, se acreditó la falla del servicio o sea, la conducta irregular, precipitada e injusta la del agente de policía Cortés E.,
incompatible con la misión de orden público que le estaba encomendada” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Bogotá, D.E., mayo 6 de 1982. Exp. 2812.
Actor Guillermo López y otros.
“Las armas de la República se usan cotidianamente no para proteger la vida de los ciudadanos para segarla. Esta Corporación
produce tres o más fallos condenatorios semanalmente, contra la Nación, por actividades ostensiblemente ilícitas de la Policía,
con grave desmedro del Presupuesto Nacional y del prestigio de ese cuerpo de vigilancia.” Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Jorge Valencia Arango, Bogotá, D.E., junio 16 de 1983. Exp.
3108. Actor: Octavio Ramírez Rojas.
“La conducta del agente Gómez Méndez es francamente repugnante e indefensable: con otros dos agentes (Miguel Antonio Ruiz
Torres y Julio Rodrigo Casas) detiene a cuatro jóvenes, desarmados, en sano juicio, dedicados a sanas diversiones en un parque
público, los requisa, los identifica, los ultraja de palabra y obra y cuando la víctima, Gabriel Lucio de la Pava, exhibe los papeles
de la moto que conducía, le dispara, a boca de jarro, la sub-ametralladora Uzi que portaba” Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Jorge Valencia Arango, Bogotá, D.E., agosto 25 de 1983.
Exp. 3480. Actor: Gabriel Lucio Ochoa y otros.
149 Ver Capítulo III

127. De conformidad con lo expuesto en los párrafos precedentes, la Comisión de la Verdad debe
destacar que los pronunciamientos adoptados por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado para el año de 1985 significaron un fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia,
pero existían sectores que se oponían al debate necesario en toda república democrática,
derivado de los trascendentales fallos de los máximos tribunales del poder judicial.

II. Un antecedente relevante: la toma de la
Embajada de República Dominicana
Los hechos, la respuesta del Gobierno y el desenlace de la
toma
1. En enero de 1980, Jaime Bateman asumió, junto con Luis Otero y un grupo de sus más inmediatos
colaboradores en el M-19, entre ellos Yamel Riaño, Guillermo Elvencio Ruiz, Nelly Vivas, Otty
Patiño y Jorge Carvajalino, las tareas preparatorias de la “Operación Democracia y Libertad”1 que
tenía como objetivo la toma de la Embajada de la República Dominicana2, con el propósito de
denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, rechazar la justicia penal
militar para el juzgamiento de civiles, y negociar la libertad de los presos políticos del M-19.

2. Hasta el 22 de febrero, sólo Bateman y Otero conocían el objetivo de la operación y citaron a una
reunión clandestina en el hotel Las Hamacas de Melgar3, a la cual acudieron Bateman, Rosemberg
Pabón, quien comandaría el operativo de ingreso a la embajada4, Luis Otero, quien diseñó el plan
militar, Elvencio, El Tupa, Genaro, Alfredo, Otty, Manuel y María Eugenia Vásquez5.

3. El 26 de febrero se concentraron en una casa los 16 guerrilleros que participarían en el operativo,
además de Otero y Elvencio. Su consigna era “vencer o morir”. El 27 a las 12:00 p.m. se trasladaron
en taxis hasta la carrera 30 y se ubicaron por comandos de cuatro, simulando ser grupos de
deportistas.

4. En la embajada de República Dominicana en Bogotá, el 27 de febrero, sobre las 12:10 p.m., se
ofrecía una recepción a un numeroso grupo de diplomáticos para conmemorar la fiesta nacional
de ese país. Dentro de la sede diplomática, dos de las parejas de invitados que ingresaron eran
guerrilleros infiltrados entre los asistentes.

5. El Comandante Uno6, una vez adentro de la sede diplomática, sacó una pistola calibre 9
milímetros y disparó al aire, anunciando que se trataba de un asalto.

6. Luego de simular el juego de un partido de fútbol frente a la Embajada, ingresaron entonces los
demás miembros del comando guerrillero, vestidos con sudaderas deportivas y portando tulas
con armas, sorprendiendo a los escoltas y al personal de seguridad: “Alfredo rompió el vidrio con
la culata de su escopeta, yo me volteé para cubrirlo y sentí las balas que pasaban a mi lado

1 Se denominó la acción armada con el nombre de “Operación Democracia y Libertad” y al comando guerrillero que ingresó
le dieron el nombre de “Jorge Marcos Zambrano”.
4 El Estado Mayor para comandar la operación estaba a cargo de Rosemberg, Genaro, El Tupa y Alfredo.
5 VÁSQUEZ PERDOMO, María Eugenia. Escrito para no morir, Bitácora de una militancia; 2006, Intermedio editores, Pp. 170-

186
6 Rosemberg Pabón

zumbando, para estrellarse contra el vidrio de la puerta. Los escoltas habían reaccionado
rápidamente y pude verlos tendidos en el piso mientras nos disparaban”7.

7. El comando guerrillero tomó como rehenes a más de medio centenar de personas, entre ellas a
los representantes diplomáticos de varios países, a funcionarios del Estado y a personalidades de
la sociedad colombiana8. Entre los rehenes figuraban funcionarios diplomáticos de Brasil, Austria,
Suiza, Estados Unidos, Costa Rica, Haití, Guatemala, Uruguay, Egipto, Israel, México, Perú,
Venezuela y el Nuncio Apostólico.

8. Ya habían llegado francotiradores del Ejército. Apenas uno se movía tras la ventana, sonaba un
disparo que atravesaba vidrios y cuanto mueble se hallara en su trayectoria. (…) Se organizó un
coro de embajadores que solicitaban al ejército cesar el fuego para garantizarles la vida. (…) El
combate ya estaba más organizado cuando comenzaron a lanzarnos gases lacrimógenos. Las
granadas entraban por las ventanas del segundo piso, alcanzábamos a sacar algunas y otras no. (…)
El tiroteo duró horas y no nos dimos cuenta9.

9. Como resultado del cruce de disparos que se produjo al ingresar a la Embajada, resultaron
heridos el embajador de Venezuela y los cónsules de Paraguay y Perú y fue muerto un agente de
Policía que intentó intervenir para evitar la toma. Asimismo, murió el guerrillero Carlos Arturo
Sandoval Valero, alias Camilo, y la guerrillera Gloria Amanda Rincón, alias Renata, fue herida en
la cabeza y en una pierna, muriendo posteriormente.

10. El grupo de guerrilleros que integraba el comando estaba conformado por: Rosemberg Pabón,
alias Comandante Uno, responsable de la toma; Wilder Silva, alias Omar, segundo al mando y jefe
de escuadra; Jorge Iván Rojas Sánchez, alias Genaro, tercero en el mando y jefe de escuadra;
Carmenza Cardona, alias Norma o la Chiqui; Gloria Amanda Rincón, alias Renata; Carlos Arturo
Sandoval, alias Camilo; María Eugenia Vásquez, alias la negra, Jorge, María, René, Roberto, Napo,
Emilia, Stella, Vicky alias la médica y Pedro10.

11. El armamento que llevaban consistía en quince (15) granadas de fragmentación, doce (12)
pistolas de 9 mm, una (1) pistola Walter P- 38, tres (3) carabinas M-1 calibre punto 30, cuatro (4)
escopetas recortadas calibre 12 y un (1) fusil punto 30 de precisión11.

12. Inicialmente, el M-19 demandó del gobierno del Presidente Julio César Turbay que liberara de las
cárceles a 300 guerrilleros, prisioneros políticos que habían sido arrestados por las autoridades
colombianas, al tiempo que exigieron al gobierno el pago de 50 millones de dólares.
Adicionalmente, el “Comandante Uno” amenazó con matar a dos de los rehenes cada 10 minutos.

13. Una vez consolidado el comando guerrillero del M-19 al interior de la sede diplomática, el Ejército
y la Policía Nacional rodearon las instalaciones de la embajada y estratégicamente ubicaron
puestos de mando avanzados y francotiradores en los edificios aledaños, organizando un grupo
de asalto para liberar a los secuestrados y someter a los secuestradores12. Los altos mandos

7 VÁSQUEZ PERDOMO, María Eugenia. Óp. cit. P. 173
8 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la
República de Colombia, OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 22, 30 junio 1981, Original: español, Introducción
9 VÁSQUEZ PERDOMO, María Eugenia. Óp. cit. P. 174-175.
11 VILLAMIZAR, Darío, Óp. cit. P. 169
12 Orden de Servicios, Sección de Planeación Departamento de Policía Bogotá, Toma Embajada RepúblicaDominicana, 28 de

febrero de 1980.

militares, policiales y sectores políticos, solicitaron al Gobierno autorizar el rescate militar de los
rehenes.

14. La orden del Presidente de la República, Julio César Turbay, fue la de no desarrollar operaciones
militares sin su autorización, así como mantener en su Despacho comunicación directa con los
Comandantes militares y de policía responsables del operativo preventivo de la embajada de
República Dominicana. De hecho, un comando de asalto de la Policía Nacional que planeó y
preparó una operación para rescatar a los rehenes, recibió la orden directa de no actuar por parte
del Jefe de Estado, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

15. Asimismo, el Presidente ordenó garantizar la seguridad del sector, para lo cual se dispusieron tres
anillos perimetrales: el primero externo, a cargo del Ejército Nacional, para evitar el ingreso de
personas al sector aledaño a la embajada; el segundo bajo la responsabilidad de la Policía
Nacional, ejerciendo control y seguridad de los residentes del área contigua a la embajada, y el
tercer anillo como responsabilidad de los organismos de inteligencia e investigación del Estado13,
en las viviendas aledañas a la sede diplomática, con el fin de realizar tareas de inteligencia
electrónica y táctica a los integrantes del comando guerrillero del M-19.

16. Al finalizar la tarde del primer día de la toma, cuando aún se producían esporádicos disparos, el
Gobierno, por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Uribe Vargas, se comunicó
con la sede diplomática para hablar con el embajador mexicano Ricardo Galán, a fin de propiciar
por su intermedio comunicación con los guerrilleros.

17. En la noche se dieron a conocer las exigencias del M-19, a través del ex canciller Alfredo Vásquez
Carrizosa quien presidía el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, las
cuales fueron precisadas así:

Primero: “garantizar el retiro de la tropa y que no haya intentos de asalto a la Embajada, porque si
el ejército entra, nos morimos todos, el gobierno no debe obligarnos a tomar medidas drásticas; que
mañana salga eso en la prensa, que el gobierno se compromete a no tomarse la Embajada por la
fuerza”.
Segundo: “en Colombia se están violando los derechos humanos y se sigue torturando a los presos
políticos. Hace tres días asesinaron a Jorge Marcos Zambrano en Cali, en el Batallón Pichincha y por
eso este comando lleva su nombre. Queremos que se detengan los atropellos y pedimos la libertad de
los presos políticos de todas las organizaciones, tenemos una lista aquí y la vamos a presentar a
quien corresponda”.
Tercero: “exigimos 50 millones de dólares14”.
Cuarto: “debe salir un comunicado del M-19 en la prensa nacional y en los países de donde son
originarios los rehenes”15.

18. El doctor Vásquez Carrizosa instó al M-19 a dar muestras de buena voluntad liberando a las
mujeres, quienes fueron efectivamente puestas en libertad por sus captores el segundo día, junto
con el personal de servicios. Los guerrilleros expresaron que querían dialogar con el gobierno,
evitar una masacre y anunciaron que si el Gobierno estaba dispuesto, esperarían una llamada a la
mañana del día siguiente.

13 Ibíd.
14 Periódico El Tiempo, 28 de febrero de 1980, P. 1A

19. El 2 de marzo de 1980, el gobierno colombiano autorizó contactos directos con el comando
guerrillero y designó a Ramiro Zambrano Cárdenas y Camilo Jiménez Villalba como sus
interlocutores. El M-19, por su parte, designó a Natalia Mendoza Arias, alias la Chiqui, como su
representante y portavoz. A partir de entonces, se efectuaron diálogos entre delegados del
Gobierno y los captores durante cerca de dos meses.

20. El 21 de abril de 1980, con ocasión de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), el Presidente Turbay solicitó la cooperación de la Comisión “que
pudiera coadyuvar a una solución jurídica del problema, aceptable para las partes involucradas en
el mismo”16.

21. La CIDH aceptó la solicitud que le fuera formulada y dos días después, la Comisión Interamericana
y el Gobierno de Colombia concertaron un acuerdo vinculado con la solución de la toma de
rehenes, mediante intercambio de notas de 23 y 24 de abril de 1980.

22. La comunicación del Gobierno, dirigida a los miembros de la CIDH por Diego Uribe Vargas,
Ministro de Relaciones Exteriores, señalaba, inter alia:

“(…) Dentro del contexto de esta carta, el gobierno acepta que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, o sus representantes autorizados puedan ejercer libremente, en los términos de
la ley, en todo el territorio nacional todas sus funciones y además las siguientes actividades:
a) Tener completa libertad para entenderse con los abogados representantes de las personas que
están siendo juzgadas en los procesos que se adelantan ante los Consejos de Guerra Verbales y de
todas aquellas sometidas a la justicia castrense.
b) Observar, con arreglo a la ley, los consejos de Guerra Verbales y cerciorarse de las garantías
procesales y de su legal desarrollo, teniendo además la facultad de formular ante las autoridades
competentes todas las observaciones que estime adecuadas para evitar cualquier violación de los
derechos de los procesados.
c) Garantizar la movilización al aeropuerto y la salida del país de todos los sindicados a quienes no
se les formule cuestionario o que resulten absueltos en dichos Consejos de Guerra Verbales, cuando
estas personas así lo deseen.
d) Señalar cualquier irregularidad que llegare a presentarse en los procesos y estudiar todas
aquellas quejas que les llegaren a formular referentes a juicios en que los cargos imputados no
hayan sido debidamente comprobados, o que las pruebas hayan sido obtenidas por medios que
constituyan clara violación de los derechos humanos, con miras a que si se comprueban tales
violaciones puedan los afectados impugnar la validez de dichos juicios.
e) Informarse del curso de las investigaciones por abuso de autoridad y de las denuncias de casos
concretos de violaciones de los derechos humanos, con el objeto de que los eventuales responsables
de dichos repugnantes hechos sean castigados con todo el rigor de la ley.
La presente carta reafirma la irrevocable decisión del gobierno de honrar sus compromisos
internacionales que se identifican con sus obligaciones legales en el orden interno.
Sobre las anteriores bases pueden ustedes, excelentísimos señores miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, si así lo estiman conveniente, servir de garantes, ante los
captores de la sede de la Embajada Dominicana, del estricto cumplimiento que el gobierno le dará a
todas las cláusulas de esta carta, que para el Ejecutivo tiene inmediata vigencia.
El gobierno insiste en darle a la libertad de los rehenes la condición de urgencia que siempre le ha
otorgado.

16COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la
República de Colombia, Óp. cit. Introducción.

Quedo a la espera de la respuesta de vuestras excelencias en el convencimiento de que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos encontrará satisfactorias todas las facilidades que el
gobierno de Colombia le ofrece para el cabal cumplimiento de su cometido”17.

23. Por su parte, la comunicación de la Comisión dirigida al Gobierno a través del señor Ministro de
Relaciones Exteriores de Colombia, doctor Diego Uribe Vargas, señaló:

“Me complace expresar a Vuestra Excelencia, en respuesta, que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos acepta, plenamente la proposición formulada por el ilustrado Gobierno de
Colombia en la nota transcrita.
Considera la Comisión que presido que las actividades que se señalan en dicha nota se ajustan a las
funciones que la Convención Americana sobre Derechos Humanos asigna a la Comisión y a las
obligaciones que en virtud de dicho instrumento ha asumido el Gobierno de Colombia.
En tal sentido, me es grato confirmar a Vuestra Excelencia que la Comisión -directamente, o a través
de la delegación que ella hará en sus miembros o en los abogados que integran su Secretaría
Ejecutiva- ejercerá libremente, en los términos de la ley colombiana y del Reglamento de la
Comisión, las actividades enumeradas en la nota de Vuestra Excelencia.
Asimismo, la Comisión está dispuesta a servir de garante ante los captores de la sede de la Embajada
de la República Dominicana del estricto cumplimiento por parte del Gobierno de Colombia de todas
las cláusulas de la comunicación de Vuestra Excelencia, las que tendrán inmediata vigencia”.

24. El 27 de abril, según lo describió la Comisión Interamericana en su Informe, “a muy tempranas
horas de la mañana, los captores de la Embajada de la República Dominicana con los rehenes,
acompañados de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
funcionarios del Gobierno colombiano, de miembros de la Asociación Colombiana Pro-Derechos
Humanos y de personeros de la Cruz Roja se trasladaron al Aeropuerto Internacional ‘El Dorado’ de
Bogotá para abordar una aeronave de bandera cubana y dirigirse a La Habana. Algunos rehenes
fueron dejados en libertad momentos antes de emprender el viaje; y otros la recobraron en la capital
de Cuba, después de un cautiverio que se prolongó por 61 días”18.

25. Al término de la negociación, el M-19 recibió, además del compromiso antes referido en la
comunicación del Gobierno a la CIDH, el pago de hasta dos millones de dólares19 por parte del
gobierno colombiano. No se produjo la liberación de los presos políticos pertenecientes al grupo
subversivo solicitada en la demanda original.

26. Al margen del contenido y los efectos de la negociación, respecto de los cuales no se pronunciará
la Comisión de la Verdad, lo cierto es que la decisión política del Presidente de la República de
solucionar la crisis a través del diálogo y no de la vía armada permitió preservar la vida e
integridad de los rehenes al término de la operación.

17 Subrayados fuera del texto original.
18 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe sobre la situación de los derechos humanos en la
República de Colombia, Óp. cit. Introducción.
19 De acuerdo con lo relatado por Rosemberg Pabón a la Comisión de la Verdad, se habrían pagado en total dos millones de

dólares, uno para la guerrilla y otro para el negociador: “se dice que el gobierno entregó un millón de dólares, yo no lo conté,
yo confié en lo que decía porque era un cosa tan seria que ahí no podía haber un peso menos ni uno más, y me dijeron a mí,
entrégueselo al que le diga tal frase y por intermedio de esa frase se lo entregué sin mirarlo, sin mirarlo. Y el negociador,
¿también recibió? Claro, recibió un millón de dólares, nunca se quiso hacer juicio porque tenían más miedo a eso que de la
operación misma, eso es importante también para la verdad. ¿Es posible que en el maletín haya habido menos dinero? Es
posible, yo no lo conté, ni cogí 5 centavos”.

La toma de la Embajada como un antecedente relevante de la
toma del Palacio de Justicia: similitudes y diferencias
27. Rosemberg Pabón, en entrevista con la Comisión de le Verdad, afirmó que el presidente Julio
César Turbay y el General Luis Carlos Camacho Leyva, a pesar de ser un “binomio duro”,
dialogaron y negociaron con el M-1920, lo que no ocurrió con el presidente Belisario Betancur,
quien ante los hechos del Palacio de Justicia, no dialogó con el M-19, a pesar de que ya se había
reunido y adelantado conversaciones con la dirigencia de dicho grupo en Madrid y en ciudad de
México, al igual que funcionarios de su gobierno habían sostenido reuniones con los subversivos.
Afirmó el ex comandante Rosemberg Pabón que, de no haberse dialogado para liberar a los
secuestrados de la toma de la embajada de la República Dominicana, ésta hubiera terminado en
una tragedia.

28. También manifestó Pabón que la dominación armada en el Palacio de Justicia se realizó pensando
en alcanzar igual resultado al de la Embajada de República Dominicana, pues Luis Otero fue quien
llevó a cabo el planeamiento táctico de las dos operaciones, pero en el caso del Palacio “el Estado
actuó operando a sangre y fuego independiente de lo que le pasara a los rehenes”.

29. Respecto de la planeación de la operación, el ex guerrillero del M-19 Darío Villamizar manifestó
que Luis Otero planeó militarmente las dos acciones; la operación de la toma del Palacio de
Justicia, en su doctrina, fue igual a la toma de la embajada de República Dominicana, tanto en su
ingreso como en su publicidad; además “la confrontación en el ingreso era inevitable21”. En el
mismo sentido, otro ex integrante del M-19 expresó que “pensaban durar un mes dentro del
Palacio y que el presidente Betancur los escucharía, tal como ocurrió en la toma de la embajada de
República Dominicana22”.

30. En diálogo con la Comisión de la Verdad, el ex dirigente del M-19 Antonio Navarro Wolff comentó
que con la toma del Palacio de Justicia se quiso hacer una réplica de la toma de la embajada de
República Dominicana, pero allí el gobierno nacional no valoró la importancia de la Corte
Suprema de Justicia23. En el mismo sentido, el ex guerrillero Otty Patiño expresó a la Comisión
que las experiencias de Yarumales y de la embajada de la República Dominicana, hicieron pensar
al M-19 que se podía sostener un espacio propio sobre el Ejército Nacional en el Palacio de
Justicia. “Álvaro Fayad habló de una acción de fuerza que obligara al gobierno a negociar al estilo
de la embajada de República Dominicana, para retomar los diálogos de paz; la exigencia inicial no
reñía con la negociación, no se contempló la caída del gobierno”24.

31. Según sostuvo el ex fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez en su entrevista con la
Comisión de la Verdad, en el caso de la toma de la embajada de República Dominicana, el
Presidente tomó el mando directamente, se enteró de todo y coordinó todo lo que ocurría; lo que
no sucedió en la toma del Palacio de Justicia, donde no se dio espacio para el diálogo. Afirmó que
inicialmente pensó que la toma del Palacio tendría un desenlace parecido a la toma de la
Embajada, “pero vi que se complicó y entonces llamé a Gabo, le expliqué lo que ocurría y le pedí que

20 Entrevista con la Comisión de la Verdad
22 Entrevista con la Comisión de la Verdad bajo reserva de identidad

hablara con el presidente Betancur, luego me llamó y me dijo que había hablado con el Presidente
pero que la situación no estaba en sus manos25”.

32. El ex ministro de Gobierno, Jaime Castro, por su parte, afirmó que “la toma de la embajada de
República Dominicana fue una operación política ya que se proponía la posibilidad de establecer un
diálogo entre la oligarquía y la guerrilla, así como la liberación de los guerrilleros del M-19 presos.
Por el contrario la toma del Palacio de Justicia fue una operación y un acto de guerra ya que
entraron asesinando y buscando hacerse al poder26”.

33. Contrario a lo que expresa el ex ministro Jaime Castro, la Comisión considera que las dos tomas
fueron acciones político-militares del M-19, ya que se trataba de un grupo militar ilegal en armas
contra el Estado, que en las dos tomas se realizaron exigencias políticas puntuales –con
pretensiones inaceptables en los términos planteados-, e igualmente se desarrollaron por parte
de los guerrilleros acciones violentas y tácticas militares, que se iniciaron con golpes de mano en
los cuales hirieron y mataron a personas que tenían el carácter de población protegida, de
acuerdo al Derecho Internacional Humanitario.

34. Respecto del sentimiento de las fuerzas armadas, el entonces mayor Carlos Fracica Naranjo,
comentó a la Comisión que de la toma de la embajada de la República Dominicana, no le “gustó”
que no hubiera habido reacción, se la tomaran y se consolidaran27; mientras el coronel Pedro
Herrera Miranda afirmó que en una conversación con el coronel Javier Arbeláez Muñoz,
Comandante Operativo de la Policía Bogotá, éste le había expresado que “están equivocados si van
a hacer lo mismo de la embajada de República Dominicana y se equivocan porque los barren28”.

35. Al realizar un análisis militar y político sobre el desarrollo estratégico y táctico de la toma de la
embajada de RepúblicaDominicana y la del Palacio de Justicia, se encuentran eventos similares,
que no fueron consultados en su momento, para resolver con racionalidad la crisis del Palacio,
razón por la cual la Comisión considera relevante hacer un análisis de las similitudes y diferencias
de las dos tomas.

36. En primer lugar, la decisión de realizar la toma de la embajada de República Dominicana fue obra
del mando central, en cabeza del Comandante del M-19 Jaime Bateman Cayón, e igual decisión
adoptó en su momento el Comandante Alvaro Fayad al planear la toma del Palacio de Justicia.

37. Las dos tomas fueron acciones violentas y censurables de carácter político militar, en contra de
población protegida, que se desplegaron mediante golpes de mano que suponían el
enfrentamiento armado para el ingreso y la búsqueda del aseguramiento y defensa del objetivo.

38. La tarea de inteligencia previa realizada por el M-19 en las dos tomas les permitió establecer las
vulnerabilidades, fortalezas, rutinas, dispositivos militares y policiales, niveles de coordinación y
de reacción que facilitaron el diseño táctico y la logística de los operativos.

39. Vale la pena destacar que el periodista Daniel Samper Pizano, publicó una columna titulada ¿Una
toma evitable?29, en la cual mencionó que el Latin American Weekly Report, un boletín impreso

26 CASTRO Jaime, Óp. cit. P. 59
29 Periódico El Tiempo, 6 de abril de 1980, P. 5-A

que circula en Inglaterra, contenía en su edición fechada el 22 de febrero de 1980 la siguiente
nota: “COLOMBIA ALERTA: Las Fuerzas Armadas han sido colocadas en alerta total, luego del
presunto descubrimiento hecho por el gobierno de un plan elaborado por los grupos de izquierda no
identificados para atacar a varias embajadas en Bogotá”. De acuerdo con esta información, las
autoridades ya estaban enteradas de la existencia de planes criminales en relación con las
embajadas en Bogotá.

40. La publicación londinense fechada con una semana de anticipación a la toma de la sede
diplomática, demuestra que frente al asalto de la Embajada existió información, si bien no precisa
en relación con la sede diplomática que sería objeto de un ataque, pero sí era suficiente para que
se hubiesen adoptado medidas de prevención. Respecto de la toma del Palacio de Justicia, como se
ha señalado, la fuerza pública tuvo información precisa de inteligencia y conocimiento por los
medios de comunicación locales de los planes de incursión del M-19 y no realizó operaciones para
evitar la toma armada.

41. “Nunca hubo vigilancia policial en la Embajada”30: se menciona que la acción guerrillera fue
preparada teniendo en cuenta la anterior circunstancia, lo mismo que previendo detalles como la
ubicación del edificio y la solidez de la construcción, constituyéndose en toda una fortaleza difícil
de penetrar, con ventajas como la facilidad por los ángulos de tiro favorables para los ocupantes
del edificio. Los vecinos de la embajada señalaron que jamás observaron allí, como es costumbre
en las restantes sedes diplomáticas, la presencia de miembros de la Policía Nacional.

42. En la toma del Palacio de Justicia, los guerrilleros tuvieron en cuenta las mismas consideraciones
de inteligencia táctica respecto de la construcción tipo fortaleza y el retiro de la vigilancia policial,
lo que facilitó su ingreso. En este sentido, llama la atención que cinco años después de la toma de
la Embajada, las autoridades colombianas, ante una nueva toma públicamente anunciada y
conociendo el modus operandi de la guerrilla del M-19, no sólo no hubieran adoptado medidas
que evitaran el asalto a sangre y fuego del Palacio sino que, además, hubiesen retirado la
vigilancia de la sede del poder judicial.

43. En las dos tomas se realizaron procesos de infiltración con desdoblamiento para el apoyo táctico
inicial y con participación directa de los responsables militares de primera línea. En la toma de la
embajada de República Dominicana esta tarea estuvo a cargo de los cuatro guerrilleros que
ingresaron haciéndose pasar por invitados al evento, mientras en la toma del Palacio de Justicia
ingresaron seis insurgentes haciéndose pasar por estudiantes y abogados.

44. En el campo militar, se hizo exigencia en las dos tomas para que se retirara la tropa y se buscó el
diálogo como fórmula de solución para la liberación de los rehenes. En los primeros contactos con
los guerrilleros durante el asalto a la Embajada, éstos pidieron establecer diálogo con el canciller
colombiano para evacuar al embajador de Paraguay que se encontraba herido y a otras personas
que estaban en la misma condición; reiteraron la exigencia de liberar a los guerrilleros que se
encontraban presos en la cárcel La Picota; dialogaron por radio con oficiales de las Fuerzas
Militares y pusieron en comunicación al embajador de México31, “quien manifestó que hablarían
con el gobierno para llegar a un acuerdo”. En la toma del Palacio de Justicia, sin embargo, no hubo
espacio para el diálogo por el violento desarrollo de la operación militar, iniciada minutos
después de la irrupción guerrillera. Las peticiones de la guerrilla del M-19 incluidas en el mensaje

30 Periódico El Espectador, 28 de febrero de 1980, P. 14-A
31 Ibíd., P. 21- A

que llevaba el Magistrado Arciniegas el 6 de noviembre, consistentes en la solicitud de la
presencia de la Cruz Roja, un periodista y un delegado del Gobierno, nunca llegaron a su destino.

45. Se realizaron exigencias políticas puntuales al Gobierno nacional en cada una de las tomas: en la
de la embajada de República Dominicana se pidió la liberación de 300 guerrilleros considerados
presos políticos y una gruesa suma de dinero; mientras en el Palacio de Justicia el objetivo central
era la realización de un juicio político al Presidente de la República por el incumplimiento de los
acuerdos de cese al fuego y el Diálogo Nacional. En las dos operaciones se exigió la publicación de
comunicados del M-19 en los medios de prensa nacional e internacional.

46. Los comandantes guerrilleros, tanto en la toma de República Dominicana como en la del Palacio
de Justicia, expresaron en el proceso de consolidación que si el Gobierno no cumplía sus
exigencias asesinarían a los rehenes y, en caso de algún intento de operativo del Ejército Nacional,
se morirían todos.

47. En la toma de la embajada de República Dominicana, el Presidente Turbay no sólo propició y
permitió el diálogo del Canciller Diego Uribe Vargas, sino que lo autorizó por parte de
personalidades como Alfredo Vásquez Carrizosa, Presidente del Comité permanente por la
defensa de los derechos humanos, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el
Comandante Rosemberg Pabón del M-19.

48. En los comunicados que fueron emitidos por el Palacio de Nariño32, se informa sobre los hechos
de la toma; las heridas sufridas por 3 miembros de la Policía, se anuncian las medidas de
aislamiento de la zona por parte del Ejército y la Policía Nacional, así como la autorización del
gobierno para que el doctor Guillermo Rueda Montaña, Director de la Cruz Roja, tomara contacto
con los guerrilleros. En un tercer comunicado se informó que los guerrilleros se negaron a
dialogar con el Director de la Cruz Roja, y luego se comunicó a la opinión pública que el grupo
guerrillero autorizaba el diálogo entre uno de los secuestrados, el embajador mexicano Ricardo
Galán, y el canciller colombiano Diego Uribe Vargas y se hacía saber que los embajadores de
Estados Unidos, la Santa Sede y de México oficiarían como negociadores; y el gobierno anunció
que acudiría al dialogo el ex Canciller Vásquez Carrizosa. En la toma del Palacio de Justicia, no se
informó de nada a la opinión pública por parte del Gobierno, ni se permitió la intervención de
personalidades para propiciar acercamientos.

49. El presidente Julio César Turbay, durante el tiempo de la toma de la embajada de República
Dominicana, ejerció plenamente sus funciones como Presidente de la Republica, Jefe de Estado y
como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ya que dirigió, ordenó
y mantuvo permanente control sobre las actividades operativas que dispuso para resolver la
crisis, buscando en todo momento preservar la vida e integridad de las personas que se
encontraban como rehenes, es decir, que el poder militar se subordinó efectivamente al poder
civil.

50. El presidente Betancur, expresó que no se actuó de manera análoga a la toma de la embajada de
República Dominicana, porque las situaciones eran diferentes, y porque por su percepción era
que existía por parte del M-19 la pretensión de tomarse el poder por parte del M-19 en el caso del
Palacio33. Asimismo, señaló que “el Presidente, que no estaba ejerciendo la investidura de
Comandante de la operación, pues no es quien para seguir la operación instante por instante”.

32 Periódico El Espectador, 28 de febrero de 1980

51. Las anteriores consideraciones ilustran, a juicio de la Comisión de la Verdad, la relevancia del
antecedente de la toma de la embajada de República Dominicana en 1980 como un referente,
tanto para el M-19 como para las fuerzas militares, en las acciones desarrolladas en noviembre de
1985 en el Palacio de Justicia.

52. La prioridad que otorgó el Presidente en el caso de la embajada a la negociación política para
preservar la vida e integridad de los rehenes como vía para resolver la crisis, ciertamente estuvo
ausente en la operación de retoma del Palacio de Justicia, a pesar de la vigencia de las mismas
normas constitucionales y de la calidad de los rehenes, máximos representantes de una de las
ramas del poder público en Colombia.

III. Antecedentes inmediatos de la toma
del Palacio de Justicia
1. La Comisión de la Verdad considera relevante destacar tres hechos ocurridos en días previos al 6
y 7 de noviembre de 1985 que fueron determinantes en el desenlace fatal de la toma del Palacio
de Justicia por el M-19, comoquiera que condujeron, de una parte, a la desprotección de la sede de
las máximas autoridades del poder judicial en Colombia, e incidieron, de otra, en la respuesta
misma de las fuerzas militares y del M-19 en el desarrollo de la operación.

2. Se trata, en primer lugar, de un episodio sucedido el 30 de septiembre de 1985, en el que murieron
once integrantes del M-19 y un civil resultó herido en condiciones de indefensión, después de haber
hurtado un camión repartidor de leche en el sur oriente de Bogotá, al que siguió un vasto operativo
de la Policía Nacional.

3. Un segundo hecho que constituye un antecedente relevante de la toma, fue el aleve atentado
contra el Comandante del Ejército, General Rafael Samudio Molina, en la ciudad de Bogotá por
parte del M-19, el 23 de octubre de 1985, dos semanas antes de la toma del Palacio.

4. Y el último antecedente de particular gravedad, está constituido por una serie de eventos que
condujeron a una situación de gran vulnerabilidad de los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado por las amenazas provenientes de los “extraditables”, el posterior
descubrimiento de los planes del M-19 para tomarse el Palacio y la consiguiente adopción de
medidas excepcionales de protección, seguidas del retiro, de manera inexplicable e inconsulta,
por parte de la Policía Nacional, del esquema de protección brindado temporalmente al Palacio de
Justicia, que se echó de menos al regreso al trabajo el martes 5 de noviembre, un día antes del
asalto por parte del grupo guerrillero.

Los hechos de 30 de septiembre de 1985 en el sur de Bogotá
5. Según lo consignó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe1, el 30
de septiembre de 1985, un comando del movimiento M-19 robó un camión repartidor de leche en el
barrio San Martín de Loba del sur oriente de Bogotá y comenzó a distribuirla. Mientras todavía se
encontraban los integrantes del M-19 repartiendo la leche, la zona fue acordonada por miembros de
la Policía Nacional2 en un operativo en el que intervinieron cerca de 300 hombres3. Los miembros
del M-19 huyeron en direcciones diferentes y fueron perseguidos por los agentes del Estado, lo que
desencadenó episodios en los que murieron las once personas. La Procuraduría General de la
Nación asumió las investigaciones por denuncias según las cuales los jóvenes habían sido
asesinados a sangre fría por efectivos de la Policía. El 11 de octubre de 1985, en entrevista

1 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe Nº 26/97, Caso 11.142, Arturo Ribón Avilán, Colombia - 30
de septiembre de 1997.
2 De acuerdo con la denuncia presentada ante la CIDH, el operativo fue realizado por miembros del “Ejército, del DAS, la

Policía y la Sijin”. Sin embargo, la Procuraduría se refiere únicamente a la Policía Nacional (Anales del Congreso, martes 7 de
octubre de 1986).
3 Según la denuncia presentada ante la CIDH, participaron “no menos de 500 hombres”, si bien la Procuraduría se refiere a

246 hombres de la Policía Nacional (Anales del Congreso, martes 7 de octubre de 1986).

concedida al Noticiero de las 7, el Procurador Carlos Jiménez Gómez señaló que “nuestra prueba
testimonial y técnica avala conclusiones que no favorecen la actuación de los agentes de la policía”4.

6. El referido episodio fue objeto de procesos penales militares, disciplinarios, contenciosos y de una
acción de revisión a cargo de la Corte Suprema de Justicia en el orden interno.

7. El Informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997 y publicado
en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA, expresó:

“143. En el presente caso queda probado que Arturo Ribón Avilán, Yolanda Guzmán Ortiz, Martín
Quintero Santana, Luis Antonio Huertas Puerto, Isabel Cristina Muñoz Duarte, José Alberto
Aguirre Gutiérrez, Jesús Fernando Fajardo Cifuentes, Francisca Irene Rodríguez Mendoza, Javier
Bejarano, José Alfonso Porras Gil y Hernando Cruz Herrera, fueron ejecutados arbitraria y
sumariamente por agentes de las fuerzas públicas en la ciudad de Santafé de Bogotá el día 30 de
septiembre de 1985.

144. Este hecho lo confirman las pruebas no desvirtuadas que fueron aportadas a la investigación
penal militar, a la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Delegada para la
Policía Nacional, y al proceso ante la jurisdicción contencioso administrativo5, las que describen
y califican la manera como fueron muertos por miembros de la Policía Nacional el día 30 de
septiembre de 1985 en las horas de la mañana, en distintos barrios del suroriente de la ciudad de
Santafé de Bogotá, 11 miembros del M-19 que participaban en la repartición de leche en el
Barrio San Martín de Loba6.”

8. Y concluyó la Comisión Interamericana que “el Estado colombiano no cumplió en este caso con su
obligación de respetar y garantizar los derechos de las personas que caen fuera de combate, que se
encuentran involucradas en un conflicto armado interno. La ejecución extrajudicial de las 11 víctimas
constituyó una flagrante violación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, pues los agentes
del Estado estaban obligados a tratar en toda circunstancia humanamente a todas las personas que se
encontraba bajo su control, a causa de heridas sufridas, rendición o detención, sin importar que
hubieran participado o no en las hostilidades anteriormente”.

9. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, en marzo de 20087, veintitrés años después de ocurridos
los hechos, decidió, en relación con las muertes de Javier Bejarano, José Alberto Aguirre, Jesús
Fernando Fajardo Cifuentes y Francisca Irene Rodríguez Mendoza y las lesiones a Leonardo
Bejarano, declarar fundada la causal de revisión invocada a favor de las víctimas por el Procurador
3° Judicial Penal II de Bogotá.

10. La causal de revisión invocada se halla delimitada en el numeral 4° del artículo 192 de la Ley 906
de 2004, el cual, conforme la sentencia de la Corte Constitucional C-004 de 2003, constituye una
nueva circunstancia, no prevista en legislaciones penales anteriores, y que procede cuando se
produzca una decisión de una instancia de supervisión y control de Derechos Humanos, respecto
de la cual el Estado Colombiano haya aceptado formalmente la competencia. Decisión que, agregó

5 Sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de segunda instancia: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Doctor Carlos Betancur Jaramillo. Santafé de
Bogotá, D.C., diciembre 14 de 1993. Exp. Nº. 8738. Actor: Adolfo Ribón Rivera y otros.
6 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Informe Nº 26/97. Óp. cit.
7 Proceso No 26703, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez -

Aprobado Acta Nº 52, Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2008.

el Procurador, debe establecer el incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de
investigar seria e imparcialmente delitos que constituyan violaciones de derechos humanos, sin
que sea necesario, en relación con dicha causal, acreditar la existencia de hecho o prueba nuevos,
no conocidos para el momento de los debates respectivos.

11. Como resultado de dicha decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso “dejar sin
efecto las providencias de primera y segunda instancias, proferidas por el Comandante del
Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá, el 6 de marzo de 1987 y el Tribunal Superior
Militar, el 9 de noviembre de 1987, por medio de las cuales se decretó la cesación de procedimiento a
favor del agente de policía José Manuel Cristancho Romero, por cuatro cargos de homicidio, en
concurso homogéneo sucesivo, y uno de lesiones personales, en los cuales se segó la vida de Jesús
Fernando Fajardo Cifuentes, Francisca Rodríguez Mendoza, Javier Bejarano Rodríguez y José
Alberto Aguirre Gutiérrez, y se afectó la integridad física de Leonardo Bejarano Rodríguez, así como
la actuación surtida a partir, inclusive, de la resolución del 1 de septiembre de 1986, por cuyo medio
el Comando de Policía Metropolitana de Bogotá, cerró la investigación”.

El atentado contra el General Rafael Samudio por parte del M-
19
12. “Mientras se preparaba la toma del Palacio de Justicia, dos comandos diseñaban el ataque al
Batallón Cisneros de la ciudad de Armenia y el secuestro del general Rafael Samudio Molina,
comandante del Ejército. El Mando Central del M-19 señaló desde el Cauca un itinerario, según el
cual Cisneros8 abriría la campaña, se continuaría con la acción de Samudio y se remataría con el
Palacio de Justicia”9.

13. En efecto, el 23 de octubre de 1985, hacia las ocho de la mañana, el Comandante del Ejército,
general Rafael Samudio Molina y su escolta, fueron atacados de manera aleve por varios
guerrilleros que con fuego de ametralladoras los agredieron cuando se dirigían al Comando de las
Fuerzas Armadas10. Al parecer, el propósito era secuestrar al comandante del Ejército11.

14. Las primeras versiones indican que el grupo de alzados en armas utilizando una ambulancia
interceptaron el Mercedes Benz del alto oficial a la altura de la carrera 38 con calle 80. De acuerdo
con la versión del propio general Samudio ante la Comisión de la Verdad, su seguridad el día del
atentado era “muy precaria”: un carro normal, un conductor civil, el sargento Vargas, y una
subametralladora UZI, una moto y una camioneta con dos o cuatro suboficiales y el conductor. En
el atentado no murió ninguno de los militares, pero si hubo heridos.

8 Se refiere al asalto nocturno al batallón Cisneros, donde un comando especial del M-19 intentó destruir las instalaciones,
días antes de la toma del Palacio de Justicia. En el batallón Cisneros no explotaron las cargas con dinamita que los
guerrilleros colocaron en el polvorín, y en el cerro del Cable, en agosto de 1985 -Centro de Comunicaciones de la Policía
Bogotá- también falló el hombre encargado de hacer volar la edificación. Publicado el 23/11/87, en
http://www.semana.com/noticias-nacion/barbas/23559.aspx (Nota fuera del texto citado)
9 BEHAR, Olga. Óp. cit., P. 81
10 VEGA URIBE, Miguel. Las Fuerzas Armadas de Colombia y la defensa de las instituciones democráticas. Bogotá: 1986, p. 58;

También en: VOZ PROLETARIA, Repercusiones del atentado al comandante del ejército - 24 de octubre de 1985, p. final; EL
PAÍS, El crimen del día, 24 de octubre de 1985, p. 4a
11 Periódico El País, Fracasó intento de secuestro de Comandante del Ejército, 24 de octubre de 1985, p. 1a; JIMENO, Ramón.

Noche de lobos, Folio Ediciones. Bogotá: 2005. p. 105; El ministro de Defensa, General Vega, señaló que “el M-19 intentó
secuestrar o asesinar al Comandante del ejército” En: VEGA URIBE, Miguel. Óp. cit. p. 58.

15. Relata que él iba prevenido, tomó por la Escuela Militar cuando vio una ambulancia estacionada;
en el momento en el que su carro iba a cruzar, la ambulancia se movió y avanzó en contravía
contra el carro e inmediatamente empezaron a disparar desde la ambulancia y desde la calle.

16. Los autores del ataque se dieron a conocer mediante llamadas telefónicas efectuadas a diferentes
emisoras del país, de la siguiente manera: "les habla el comandante Oscar del M - 19, el atentado se
llevó a cabo en memoria de los compañeros, 11 en total, caídos en el sur de Bogotá, les habló el
comando Iván Marino Ospina12. El mismo día, el grupo guerrillero autor del atentado y posterior
asaltante del Palacio de Justicia, hizo llegar a una cadena radial una cinta magnetofónica contentiva
de un mensaje que anunciaba la realización de "algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría
sorprendido"13.

17. El 7 de noviembre de 1985, la prensa registró que “[e]lementos militares, tanto activos como en
uso de retiro, sostienen sin abrigar ninguna duda que la escalada venía en ascenso desde el
momento en que se produjo, hace sólo 18 días, el asalto a las instalaciones del Batallón de Ingenieros
Cisneros, de Armenia. Además habían sido reiteradas las tentativas de asalto a la Escuela Militar de
Cadetes en el norte de la ciudad, en cuyos contornos además se había perpetrado el atentado contra
la integridad del propio comandante del Ejército Nacional, el General Rafael Samudio.”14

18. El general Samudio señaló a la Comisión de la Verdad que, una vez recluido en el Hospital Militar,
recibió la llamada del Presidente Belisario Betancur, quien le dijo que lamentaba mucho el
atentado y él le agradeció “fríamente sus palabras porque el ambiente que había era ese, lo de
Yarumales, lo que uno veía en la opinión, en los cócteles, y ciertamente uno internamente no era
partidario, es que si a los que yo cogí en Bolívar el Presidente me los soltó y fueron los que me
hicieron después el atentado”. En sentido análogo, el general Miguel Maza expresó que los
episodios que antecedieron a los hechos del Palacio eran “un tanto” sensibles, para el Estado y
particularmente para el Ejército y citó como antecedentes el atentado del general Samudio, que
sumado a otros también graves provocaban reacciones15.

Las amenazas a la Corte Suprema y el Consejo de Estado y la
respuesta de las autoridades
19. Los Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sus familiares, desde
mediados del año 1985, venían recibiendo amenazas de muerte de parte de los llamados
“extraditables”, con ocasión de demandas instauradas con el fin de obtener la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 27 de 1980, "por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre
la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de septiembre de 1979".16

12 Periódico El Bogotano, Se salvó mi General, 24 de octubre de 1985, p.3
13 En SERRANO RUEDA, Jaime y UPEGUI ZAPATA, Carlos. Informe sobre el holocausto del Palacio de Justicia (Noviembre 6 y 7
de 1985). Tribunal Especial de Instrucción Criminal.Bogotá: Mayo 31 de 1986. En: Diario Oficial No. 37509 del 17 de Junio de
1986. AÑO CXXIII. Aprobada su publicación mediante decreto No. 1917 del 17 de Junio de 1986 y VEGA URIBE, Miguel. Óp.
cit., p. 58
14 Diario 5 p.m., Los tres poderes amenazados - 7 de noviembre de 1985, p. 3, por Fabio Rincón.
16 Ver, en este sentido, entre otros, SERRANO RUEDA, Jaime y UPEGUI ZAPATA, Carlos. Informe sobre el holocausto del

Palacio de Justicia. Óp. cit.: “Antecedentes de la toma del Palacio de Justicia”; LA REPÚBLICA. La justicia sigue indefensa ante
mafias -3 nov. 85-p.1 y 3; EL SIGLO: Hallan plan del M-19 para ocupar Palacio de Justicia - 18 de octubre de 1985-p.8: “Los
Magistrados y Consejeros, en las últimas semanas también fueron objeto de amenazas de muerte por parte de las bandas de
narcotraficantes que enviaron sufragios lamentando su próxima muerte”; DIARIO 5 P. M. La guerrilla se toma a Bogotá - 6 de
noviembre de 1985 - p.3

20. Como lo expresaron a la Comisión de la Verdad los familiares de Manuel Gaona Cruz, Magistrado de
la Sala Constitucional, catedrático, ex Viceministro de Justicia y quien había expuesto claramente
su posición favorable frente a la exequibilidad del tratado de extradición, desde meses atrás había
sido amenazado por los extraditables, que sabían que Gaona sería el ponente del fallo y creían que
el sentido del proyecto sería proponer la constitucionalidad del tratado.

21. Relataron que durante los meses previos a la toma, particularmente en octubre de 1985, la familia
debió cambiar en varias ocasiones de domicilio, recibían sufragios, amenazas de bombas y casetes
que contenían grabaciones de las conversaciones de sus hijos con sus compañeros del colegio,
como resultado de interceptaciones ilegales a sus comunicaciones. El 2 de noviembre de 1985,
presentaron una solicitud de protección al Juez 71 de Instrucción Criminal, quien adelantaba
investigaciones por amenazas contra otros Magistrados.

22. Uno de los mensajes que recibió el doctor Gaona, aquél que adjuntaba las grabaciones de sus
hijos, fue entregado por su familia a la Comisión de la Verdad. El aterrador texto decía:

“’Respetado’ doctor:
El tiempo es inexorable y usted sabe muy bien que el plazo que le fijamos está próximo a vencerse y
todo parece señalar que no le interesa su seguridad personal y la integridad de su familia.
Recuerde que no admitimos otra traición, ni vamos a tolerar que el grupo del Externado, esa mafia
que usted dirige y orienta, salga a defender tesis diferente a la de la inconstitucionalidad del tratado.
El tratado se tiene que caer y usted tiene gran responsabilidad en esa tarea.
No nos defraude, porque no va a tener tiempo de lamentarse.
Y no se preocupe por sus “colegas” que la ponencia que usted presente va a tener muy buenos
defensores y el apoyo indispensable para lograr lo que consideramos un acto de justicia y de defensa
de nuestra soberanía.
Estamos cerca de usted, muy cerca, tanto que nos hemos tomado la molestia de enviarle la
grabación que acompaña a la presente carta.
Hay voces que son muy familiares; no es cierto?
GUARDE TOTAL RESERVA! “

23. Y en otra tenebrosa carta dirigida a ese heroico Magistrado, se lee:

Le escribe un grupo de extraditables, no para pedirle compasión ni clemencia; pues sabemos de
antemano que usted no podría sentir nada de eso por nadie.
Le escribimos porque sabemos que a usted “LE TOCÓ” ser el ponente de una demanda sobre la
nulidad de la extradición, firmada por el doctor Julio Martín Uribe Restrepo y fechada el 3 de junio
de 1985. Sabemos obviamente que usted se la repartió para sí, porque desea que se siga
extraditando nacionales hacia los Estados Unidos.
Usted pertenece a la mafia del Externado.
En la extradición usted es el responsable más importante al lado de los no menos importantes
compañeros suyos (de la Sala Penal) y naturalmente de los más grandes traidores: Belisario
Betancur y Enrique Parejo.
Le escribimos pues no para suplicarle, sino para exigirle que su veredicto sea favorable a nuestra
causa.
Es bueno que sepa de una vez que no aceptamos disculpas estúpidas de ninguna naturaleza: no
aceptamos que se enferme, no aceptamos que se declare impedido, no aceptamos que se vaya de
vacaciones, no aceptamos que renuncie.

Y muchísimo menos aceptamos que se deje derrotar, porque nosotros sabemos que usted maneja la
mafia del Externado.
La misma que elige por compromisos políticos o por roscas a jueces y Magistrados, si que tengan
ningún mérito ni capacidad para desempeñar sus funciones.
Usted tiene un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación… y si se pasa un día sin que haya
habido pronunciamiento, damos por hecho que usted acepta nuestra declaración de guerra.
De manera que si usted ha pensado algún día en hacerse héroe mártir, aquí tiene una bella
oportunidad para lograrlo.
Sin que ella excluya de manera alguna a ninguno de los miembros de su familia.
Si por algún motivo usted llega a pensar que esto no pasará de ser un anónimo más o un insulto más,
entonces para que no piense que así es entraremos a explicarle lo siguiente:
En los próximos días ejecutaremos a un prestigioso abogado en demostración exclusiva para usted
de lo que son nuestras capacidades y de lo decididos que nos encontramos.
Lo reivindicaremos a nombre de un grupo que no ha aparecido nunca en el escenario nacional y
cuyo nombre está compuesto por estas 4 letras: UARG, las que obviamente están en desorden.
Si usted es una persona inteligente y sensata, seguirá al pié de la letra nuestras instrucciones y
guardará silencio y prudencia. Si usted en cambio es obsesionado, terco y poco inteligente, habrá
escogido entonces el futuro de su propio destino y el destino de su propia familia!
No aceptamos nada que se salga de nuestras condiciones y exigencias. ABSOLUTAMENTE NADA,
porque usted en una demanda anterior ya traicionó a la patria y se vendió al imperialismo
americano.
Tenga prudencia, guarde silencio y espere si quiere salir bien librado”.

24. La ponencia sobre el examen de constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de
extradición debía ser debatida primero en Sala Constitucional y luego en Sala Plena, por lo cual
todos los Magistrados de Corte debían adoptar la decisión definitiva.

25. De manera análoga, los Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz de la reanudación del
mecanismo de extradición a los Estados Unidos de narcotraficantes colombianos después del
asesinato del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ocurrido en abril de 1984 y de su
responsabilidad de conceptuar en el marco de dicho procedimiento, también eran objeto de
constantes amenazas.

26. Tal como lo relató el ex Magistrado Gustavo Gómez Velásquez a la Comisión de la Verdad, “[d]esde
que empezó la cuestión de las extradiciones, el panorama colombiano se volvió muy oscuro, muy
incierto y la Corte, -da pena decirlo- pero fue una entidad que se sintió huérfana, con una soledad
que aterraba”. Y agregó, refiriéndose a los días anteriores a la toma del Palacio, que “la situación
fue muy calamitosa, tanto que se puede definir de esta forma: uno salía de la casa pero no sabía si
regresaba vivo (…). La toma del Palacio fue una toma anunciada que se veía venir y los comentarios
que le hacían a uno en la Sala Penal los compañeros era ‘¿cuándo será la toma y nosotros aquí?’”17.

27. Yesid Reyes, hijo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes, miembro de la Sala
Penal, manifestó a la Comisión que las primeras amenazas contra los Magistrados de la Corte se
dieron hacia la segunda mitad de 1985. Su padre contaba para entonces con seguridad bajo la
modalidad de “escolta discreta”, consistente en un taxi con tres personas que lo seguían a una
distancia prudente. Respecto de las amenazas, sólo le informó a su familia sobre los sufragios que
les enviaban los narcotraficantes y la intensificación de las medidas de protección en el Palacio.


28. Dada la amistad existente entre la familia Reyes y el Director de la Policía, Yesid Reyes,
preocupado por la situación de riesgo de su padre, solicitó una cita con el general Delgado
Mallarino. El día 30 de octubre de 1985, después de dejar a su padre en el aeropuerto porque
viajaba a Bucaramanga, Delgado lo atendió en su despacho y le dijo que no se preocupara porque
la protección del Palacio estaba reforzada y la seguridad del Presidente de la Corte era tan buena
como la de él. Terminó la conversación diciéndole: “tranquilo Yesid, que a su papá no le va a pasar
nada”. Con posterioridad a la toma, dos oficiales de la Policía afirmaron que el Presidente de la
Corte solicitó el retiro de la vigilancia de Palacio ese día 30 de octubre, hecho que fue denunciado
penalmente por Yesid Reyes y la investigación fue asumida por la justicia penal militar18.

29. La Comisión de la Verdad constató que los Magistrados del Consejo de Estado fueron también
amenazados, entre otros a través de un escrito titulado “Réquiem para el Consejo de Estado”19,
relacionado con el pronunciamiento que profirió esa Corporación cuando declaró a la Nación –
Ministerio de Defensa- responsable de los perjuicios causados al doctor Iván López Botero, la
doctora Olga López Jaramillo de Roldán y la menor Olga Helena Roldán López como consecuencia
de las torturas morales a que fueron sometidos y de las lesiones psíquicas y corporales causadas a
la doctora López de Roldán durante su detención por cerca de dos años en las instalaciones de la
Brigada de Institutos Militares (BIM), y otras dependencias oficiales. En dicho fallo, el Consejo de
Estado ordenó adicionalmente enviar copias a las autoridades competentes para que se
investigaran los delitos y demás violaciones a la Constitución Nacional y a la ley que fueron
comprobadas por el alto Tribunal20.

30. Decía dicho escrito: “Después que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan
mentado caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra
perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el Consejo de Estado es una Corte
llena de títeres extranjeros, títeres éstos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración.
Ahora bien, si nos resistimos a creer que los Magistrados colombianos pasan por un momento muy
crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado –fallo- no es en buena parte
debido a la intervención y a manipulación comunista que se le ha dado al caso”.

31. El Consejero Jorge Valencia Arango, ponente del fallo por las torturas a Olga López de Roldán,
manifestó a la Comisión de la Verdad que dicha sentencia causó un enorme malestar a las fuerzas
militares, en tiempos en los que la Sección Tercera del Consejo de Estado profería “semanalmente
cinco o seis sentencias condenatorias contra el Ministerio de Defensa o la Policía Nacional”, según
declaró a la Comisión el también entonces Presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur
Jaramillo.

18 Ver Cap. VII
19 Ver UPEGUI y SERRANO. Óp. cit., en el aparte en el que cita la declaración del Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
doctor Alfonso Reyes Echandía en el proceso por el delito de extorsión adelantado en el Juzgado 71 de Instrucción Criminal
Especializado. Ver, igualmente, Diario 5 p.m.: Fue como toma de embajada - 6 de noviembre de 1985 - p. 6: “[a]l Consejo de
Estado llegó la semana anterior un sufragio colocado en el correo desde Villavicencio en el que se anunciaba la serie de
atentados contra Magistrados y Consejeros de Estado”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-, Bogotá, D. E., junio 27 de 1985. Consejero

ponente: Doctor Jorge Valencia Arango. Referencia: Expediente Nº. 3507. Actor: Olga López Jaramillo y otros. Demandado:
La Nación (Ministerio de la Defensa Nacional). Esta sentencia fue confirmada después de un recurso extraordinario de
anulación interpuesto por la Nación Ministerio de Defensa Nacional, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Consejero Ponente: Gaspar Caballero Sierra, Bogotá, D. E., 16 de diciembre de 1987. Expediente número R-012. Actora: Olga
López Jaramillo de Roldan y otros. Reconstrucción recurso de anulación.

32. Relató el Consejero Valencia, además, que fue víctima de amenazas y sufrió tres atentados. En una
ocasión, sus escoltas lograron capturar a los agresores, que fueron trasladados al DAS y luego
puestos en libertad. Dos semanas antes de la toma, los cuatro Consejeros de Estado de la Sección
Tercera recibieron unos sufragios y la carta que les avisaba que “llegaba la hora de pagar por la
infamia que habían cometido en contra de las Fuerzas Militares”. Esos documentos le fueron
remitidos al general Maza Márquez, director del DAS.

33. Las autoridades tenían pleno conocimiento de la existencia de las amenazas contra Magistrados
de la Corte y de los factores de riesgo antes descritos, lo que determinó que el 30 de septiembre de
1985, el Consejo Nacional de Seguridad21 evaluara la situación y enviara una carta22 suscrita por el
Ministro de Justicia, doctor Enrique Parejo González, al doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, en la cual expresaba la disposición del Consejo de Seguridad de
brindarle, tanto a la Corte Suprema “como a toda la Rama Jurisdiccional, el apoyo y la protección
necesarios para el delicado cumplimiento de sus funciones”.

34. El ministro de Justicia, Enrique Parejo González, relató a la Comisión de la Verdad que, una vez
ocurrió la tragedia, él pidió que se investigara por qué se había retirado la protección de Palacio
que se había dispuesto desde el 30 de septiembre en un Consejo de Seguridad en el que, según la
medida que adoptó el General Delgado Mallarino, el personal de seguridad consistía en 22
hombres: un oficial, un suboficial y 20 agentes de la Policía. El ministro Parejo se enteró del retiro
de la protección el día 6 en su conversación con Carlos Betancur Jaramillo. Se conocía información
–afirma el ministro- de que la guerrilla, específicamente el M-19, se iba a tomar el Palacio, se sabía
que existían amenazas y así había sido registrado por la prensa.

35. De acuerdo con la comunicación del Ministro de Justicia al Presidente de la Corte, el Consejo de
Seguridad comisionó al Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y al Director de la
Policía Nacional “para coordinar con la Corte, sus Magistrados y las demás autoridades militares y de
Policía, la adopción de todas las medidas necesarias para lograr la protección efectiva”.23 La
comunicación del Ministro de Justicia fue seguida por una declaración suya ampliamente difundida
por los medios de comunicación, el 4 de octubre de 198524, por lo que la opinión pública también
tenía conocimiento de la situación.

36. Dos o tres semanas antes, el doctor Reyes Echandía reunió a los periodistas más allegados a él en
su oficina y les contó que habían encontrado un plan para tomarse el Palacio25.

37. A su turno, la Sala de Gobierno de la Corte aprobó solicitar a las autoridades competentes el
reforzamiento de la vigilancia del Palacio de Justicia.

21 Acta número 26 correspondiente a la reunión celebrada por el Consejo Nacional de Seguridad, el día 30 de septiembre de
1985 bajo la presidencia del señor Ministro de Gobierno y con la asistencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, de
Justicia, y de Defensa Nacional, del Director General de la Policía, del Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, del Jefe de la Defensa Civil Colombiana, del Viceministro de Gobierno, del Procurador Delegado para las Fuerzas
Militares, del Director de la Policía Judicial e Investigación, DIJIN, y de un representante del Jefe del Departamento 2 del
Estado Mayor Conjunto. Citado en UPEGUI y SERRANO, Óp. cit.
22 Oficio número 1992, En: UPEGUI y SERRANO, Óp. cit.
23 Ibíd.
24 Ver, entre otros, El Tiempo. A defender la justicia - 5 de octubre de 1985 - p.1a; El Bogotano. Desbaratado plan de toma y

secuestro en la Corte - 18 de octubre de 1985 - p.7; El Espacio. Somos rehenes, paren el fuego - 7 de noviembre de 1985 -
p.2.
25 Entrevista de la periodista Julia Navarrete con la Comisión de la Verdad

38. El estudio de seguridad fue presentado el 17 de octubre a dignatarios de la administración de justicia
por el Coronel Fabio Campo –Director de la División de Inteligencia Judicial, DIJIN-26 y el entonces
Capitán de la Policía Oscar Naranjo. El estudio fue recibido positivamente por las Cortes y el 25 de
octubre se realizó una reunión con el Ministro de Justicia para avanzar en la iniciación de los
aspectos relativos a la ejecución de las medidas allí previstas27. Según declaró posteriormente el
Ministro Parejo, “[d]esafortunadamente la toma del Palacio de Justicia ocurrió 7 días hábiles después, y
el Fondo Rotatorio apenas tuvo tiempo de iniciar los trámites de contratación”28.

39. El 16 de octubre de 1985, el Ministro de Defensa de la época, General Miguel Vega Uribe, en un
debate en la Cámara de Representantes manifestó haber conocido un anónimo recibido por el
Comando General de las Fuerzas Militares que decía: "El M-19 planea tomarse el edificio de la Corte
Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre, cuando los Magistrados estén reunidos, tomándolos como
rehenes al estilo Embajada de Santo Domingo; harán fuertes exigencias al Gobierno sobre diferentes
aspectos, entre ellos el Tratado de Extradición”29. Este nuevo hecho determinó que se adoptaran
inicialmente, por parte del Ministro de Defensa y los altos mandos de la Fuerza Pública, medidas de
protección y se impartieran instrucciones para actuar a todas las fuerzas de seguridad del Estado,
independientemente de aquellas recomendadas en el estudio antes reseñado30.

40. Los medios de comunicación registraron que el frustrado plan subversivo para asaltar el Palacio de
Justicia estaba previsto para realizarse con ocasión de la visita a Colombia del Presidente de Francia,
Francois Mitterand. En relación con el alcance del conocimiento de estos planes por las autoridades,
se realizaron capturas, allanamientos y decomisos que permitieron conocer detalles precisos acerca
de los planes del movimiento guerrillero31, si bien las autoridades habrían desmentido esta versión32.

26 JIMENO, Ramón. Óp. cit., p. 66; UPEGUI y SERRANO, Óp. cit.
27 Ibíd.
28 UPEGUI y SERRANO, Óp. cit. Ver también DIARIO 5 P. M. Llaman a declarar a altos funcionarios en caso del Palacio - 20 de

noviembre de 1985 - p. 8. En el mismo sentido se pronunció el ex Ministro, en entrevista con la Comisión. de la Verdad.
29 UPEGUI y SERRANO, Óp. cit.
30 Ibíd.; JIMENO, Ramón. Óp. cit., p.68; PEÑA GÓMEZ, Manuel Vicente, Palacio de Justicia: Las dos Tomas. Fundación Ciudad

Abierta, Bogotá: 1991. p. 18
31 En relación con el conocimiento previo acerca de la realización de la toma por parte del M-19, ver, CASTRO CAYCEDO,

Germán. Palacio sin máscara. Editorial Planeta, Bogotá: 2008, p. 22; testimonio de Julia Navarrete, periodista: “Desde un
principio me atreví a asegurar que quienes se habían tomado palacio eran los del M-19 porque unos veinte días antes el
presidente de la Corte, doctor Reyes Echandía, nos contó a algunos periodistas que habían capturado un plan para tomarse el
Palacio”; declaración de Luis Roberto Medina Garavito, conductor, 28 de enero de 1986; Revista Semana, 12 de Noviembre
de 1985. p.27: 28 HORAS DE TERROR. Cómo fue y por qué sucedió el episodio más trágico de la historia reciente del país:
“El 17 de octubre, dos guerrilleros fueron detenidos merodeando el Palacio y en posesión de completos planos de la edificación.
Pocas horas después, durante un allanamiento a una residencia del movimiento, fue incautado un casete que contenía la
proclama que debía darse a conocer en el momento de la toma. El plan tenía que ser abandonado. El gobierno, alertado, había
montado un severo dispositivo de seguridad para proteger el Palacio”; JIMENO, Ramón, Óp. cit., p. 68; Times (UK) Nov. 17
1985: Two Tragedies; Lexington Herald-Leader, Nov. 10, 1985, p. A14; El Tiempo: Por anónimos extreman medidas de
seguridad en el Palacio de Justicia - 18 de octubre de 1985 - p.4b; El Siglo: Hallan plan del M-19 para ocupar Palacio de
Justicia - 18 de octubre de 1985-p.8; El Bogotano. Desbaratado plan de toma y secuestro en la Corte - 18 de octubre de 1985
- p.7; El Espectador: La toma del Palacio de Justicia había sido detectada - 7 de noviembre de 1985 - p.2; El Tiempo: La toma
estaba anunciada y ya se había frustrado - 7 de noviembre de 1985 - p.3; El Heraldo: Sigue fuego cruzado entre guerrilleros
y el ejército - 7 de noviembre de 1985 - p.7a; La Patria: Tenebroso golpe del M-19 - 7 de noviembre de 1985 - p.1-1cr; El
Universal: 100 rehenes en poder del M-19 - 7 de noviembre de 1985 - p.2; El Colombiano: Cruenta toma al Palacio de
Justicia - 7 de noviembre de 1985 - p.12; El Espacio. Somos rehenes, paren el fuego - 7 de noviembre de 1985 - p.2:
“aproximadamente hacía dos meses las autoridades habían capturado a dos miembros del movimiento subversivo, en cuyo
poder fueron encontrados varios planos del Palacio de Justicia”; Diario 5 p.m. reveló la tentativa - 6 de noviembre de 1985 - p.
3; Diario 5 p.m. La guerrilla se toma a Bogotá - 6 de noviembre de 1985 - p.3; El Espacio Algo así como una película de
Rambo - 7 de noviembre de 1985 - p.7; Diario 5 p.m. Alerta militar - 7 de noviembre de 1985 - p. 12.
32 De acuerdo con el Tribunal Especial de Instrucción, “Según las fuentes militares la noticia carecía de fundamento. No hubo

las capturas, por lo tanto, los demás hechos de la información eran falsos. Por tal motivo el Ministro de Defensa, por intermedio

A dicha noticia se sumó el atentado contra el General Rafael Samudio Molina, Comandante del
Ejército, por parte del M-19, el 23 de octubre de 1985, y el comunicado posterior enviado a medios
radiales de comunicación, en el que ese grupo anunciaba la realización de "algo de tanta
trascendencia que el mundo quedaría sorprendido". Se ha entendido que el texto se referiría a la toma
del Palacio, dados los antecedentes citados33.

41. Para la Comisión es indiscutible que las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del
Estado debían establecer mecanismos para evitar y contener las actividades del grupo subversivo
M-19, ya que desde 1984 y, en particular, desde abril de 1985 se esperaban acciones de gran
magnitud con ocasión del recrudecimiento de las acciones de este movimiento. Y era
ampliamente conocido por parte de tales instituciones la posible toma del Palacio de Justicia y la
fecha aproximada de la misma, cuya finalidad era el secuestro de los 24 Magistrados de la Corte
Suprema34.

42. El 16 de octubre de 1985, el Coronel Peña Herrera, Jefe de la DINTE-Ejército, envió la circular CK
40, reportando información procedente del Comando General de las Fuerzas Militares,
relacionada con la posible toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 el 17 de octubre de
1985. Dicho documento fue remitido al día siguiente por el Coronel Sadovnik Sánchez,
Comandante (E) de la Brigada XIII del Ejército, a la Policía de Bogotá y al Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS.

43. El mismo 16 de octubre de 1985, el Comandante Operativo del Departamento de Policía Bogotá,
mediante el poligrama N°. 118, alertó a todas las unidades operativas para que se tomaran
medidas ante la posible toma del edificio de la Corte Suprema por parte del M-19, al estilo de lo
ocurrido en la Embajada de República Dominicana35.

44. El entonces director del DAS, general Maza Márquez, expresó a la Comisión de la Verdad que sí
existía conocimiento de que se podría producir la toma, y prueba de ello es el reforzamiento de la
protección del Palacio, que se le informó a Reyes Echandía. La fuente de esa noticia fue, según el
general Maza, de inteligencia militar. Si bien dijo a la Comisión no recordar la existencia de un
anónimo recibido por las fuerzas militares que anunciaba la toma, afirmó tener claro “que el tema
de las amenazas se manejó con mucha objetividad y que se veía venir la toma”36.

de la Oficina de Relaciones públicas produjo una rectificación perentoria negando el descubrimiento del plan terrorista”,
UPEGUI y SERRANO, Óp. cit. En el mismo sentido, registrando dicho comunicado, ver Voz proletaria. Los hechos y la noticia -
14 de noviembre de 1985 - p.3: el jefe de información y prensa del Ministerio de Defensa, teniente coronel, Eduardo Arévalo
Castañeda expresó que "no tienen ningún fundamento las versiones propaladas, primero por varias cadenas radiales y luego
por algunos periódicos de Bogotá en el sentido de que desde hacía cerca de un mes las autoridades habían tenido conocimiento
de que se preparaba un ataque contra el Palacio de Justicia” (citando El Espectador nov. 12 1985); El Espacio. Llaman a
declarar a 4 ex Ministros - 4 noviembre de 1986 - p.13: “a mediados del mes de octubre de 1985, la prensa divulgó la
existencia de un plan encaminado a tomar el Palacio de Justicia por el M - 19, la información fue rectificada por la jefatura de
relaciones públicas del Ministerio de Defensa, con fundamento en que los hechos que daban base a la noticia no habían
ocurrido, al efecto, no se habían efectuado capturas de comprometidos”.
33 UPEGUI y SERRANO, Óp. cit.
34 Alegatos de fondo, audiencia pública contra Luis Alfonso Plazas Vega, Ref: Causa No. 110013107003-2008-00025-00

(1031-3), Ángela María Buitrago Ruiz, Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, p. 20; CASTRO CAYCEDO,
Germán, Óp. cit., p. 28; JIMENO, Ramón, Óp. cit., p. 69; La República. ¿El Salvador?, no, Bogotá - 3 de noviembre de 1985- p.1:
“La escena no es en El Salvador ni en ningún país de la convulsionada Centroamérica. Se trata simplemente de un recorrido de
los nuevos patrulleros del ejército que iniciaron operaciones ayer, en las principales ciudades del país. Están dotados de
motocicletas de alto cilindraje, fusiles G3 y granadas, además de ser expertos en operaciones antiguerrilleras”.
35 Cabe señalar que oficiales como el coronel Herrera Miranda y el entonces mayor Fracica, expresaron a la Comisión en el

curso de las entrevistas, que la historia de la Embajada de la República Dominicana no se podía repetir.

45. Sin embargo, a partir del 17 de octubre y hasta principios de noviembre, el Palacio de Justicia contó
con un esquema excepcional de protección consistente en un oficial, un suboficial y veinte agentes
de la Policía37. Al menos cuatro hipótesis se han presentado sobre el intempestivo retiro de la
protección, que se resumen a continuación.

46. Hubo quienes plantearon, desde la oficialidad, que el retiro obedeció a una solicitud del entonces
Presidente de la Corte Suprema, doctor Alfonso Reyes Echandía. Esta versión fue inequívocamente
desmentida por las fuentes autorizadas, que demostraron la falsedad de las afirmaciones de los
oficiales de la Policía, tenientes Coroneles Pedro Antonio Herrera Miranda, Comandante del
Primer Distrito de Bogotá y Gabriel Arbeláez Muñoz, Comandante Operativo de Bogotá, y el
entonces Comandante de la Policía de Bogotá, General Vargas Villegas, recogidas por el Ministro
de Defensa, Miguel Vega Uribe.

47. El Director de la Policía, General Delgado Mallarino, relató a la Comisión de la Verdad que el
comando de la Policía de Bogotá recibió su orden de nombrar el servicio de refuerzo. El General
José Luis Vargas Villegas, comandante de la Policía de Bogotá, dispuso que los coroneles Arbeláez
Muñoz y Herrera Miranda tomaran contacto con el doctor Reyes Echandía para “todo lo relativo al
servicio”. Posteriormente, según afirmó el general Delgado, el doctor Reyes los mandó llamar y les
manifestó que “muy agradecido pero que él ya después de pasado el día 17 veía que el servicio no
era necesario”. Los oficiales fueron, rindieron su informe y el Comandante de la Policía Bogotá
dijo: “yo conozco el espíritu civilista del doctor Reyes y si él dice que se suspenda, se suspende” (…).

48. Narró el General Delgado Mallarino: “[e]l servicio se había programado inicialmente del 16 al 21,
nada más, y después la Policía de Bogotá, motu proprio decidió alargarlo hasta el 5 de noviembre, lo
que no se pudo hacer porque el 1° de noviembre el doctor Reyes pidió que el servicio se suspendiera”.
(…) “Yo tengo que creerles a los oficiales porque yo no veo por qué pudieran mentir”. La Comisión de
la Verdad entrevistó igualmente al coronel Pedro Antonio Herrera Miranda, cuya inverosímil y
contradictoria exposición, sólo confirma la inconsistencia de esta hipótesis.

49. No es verdad que el doctor Reyes Echandía se hubiere reunido con los mencionados oficiales de la
Policía en Bogotá el día indicado por ellos ni que les hubiere impartido personalmente a los
oficiales la supuesta orden, pues se encontraba en Bucaramanga38, como consta, entre otras, en las
declaraciones de la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, Inés Galvis Benavides; del
Presidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo y del Magistrado Luis Enrique
Aldana Rozo; la constancia aprobada por la Sala Plena de la Corte, celebrada el 4 de diciembre de
1985, la declaración de la señora Herminda Narváez de Tello, Secretaria del Magistrado Reyes
Echandía, la denuncia penal formulada por Yesid Reyes, hijo del Magistrado Reyes Echandía
contra los oficiales; y las conclusiones del Tribunal Especial de Instrucción Criminal, después de
relatar en detalle la versión de los oficiales de la Policía y confrontar los hechos con testimonios y
análisis, en el sentido de que “no encuentra el Tribunal acreditada en el proceso la intervención del
Presidente de la Corte, ante los Coroneles Pedro Antonio Herrera Miranda y Gabriel Arbeláez Muñoz y
estima injusto, que después de su muerte, se trate de atribuirle la orden del retiro de la fuerza pública

37 Según relata Ramón Jimeno, “El comandante de la Fuerza Disponible de Bogotá les delegó a los tenientes Coroneles Pedro
Antonio Herrera Miranda y Javier Arbeláez Muñoz, la responsabilidad de establecer la guardia ordenada por el Ministerio, a
partir de esa tarde de 16 de octubre y hasta nueva orden”. JIMENO, Ramón, Óp. cit., p. 68.
38 El Consejero Jorge Valencia Arango confirmó a la Comisión de la Verdad que la mayoría de Magistrados de Corte y

Consejo estaban invitados a dictar conferencias en una Universidad de Bucaramanga, entre ellos Reyes Echandía y él, quien
también estuvo allí hasta el 4 de noviembre.

que protegía y vigilaba el Palacio”.

50. La contradicción de los oficiales de la Policía en sus declaraciones ante jueces de Instrucción
Criminal fue palmaria, pues mientras el coronel Herrera Miranda depuso que el 31 de octubre fue
requerido por Janeth, secretaria del Presidente de la Corte y que se reunió con el doctor Reyes
dicho día, el teniente coronel Arbeláez expresó que la orden fue verbal pues el día 1º de
noviembre la secretaria privada lo estuvo localizando para solicitarle que por favor le retirara la
vigilancia, a lo cual accedió no sin antes manifestarle el peligro que se cernía sobre la seguridad
de la Corte.

51. Como lo señaló la Comisión de la Verdad en su Informe Preliminar, “[a]demás, por encontrarse el
doctor Reyes en Bucaramanga, como plenamente se demostró, no pudo reunirse personalmente en
Bogotá con el Teniente Coronel de la Policía Nacional a cargo del esquema reforzado, que
mentirosamente adujo haber recibido la instrucción en persona de quien no estaba en condición de
darla, ni funcional ni presencialmente”39.

52. Es falso que dicha orden se hubiese dado y además resulta elemental que los responsables de la
fuerza pública no pueden acatar “órdenes” verbales de civiles, menos de tanta trascendencia
como el retiro de la vigilancia a la cúpula de la justicia, tan gravemente amenazada.

53. De acuerdo con el registro periodístico de la época, de una parte, se señaló que “[r]eveló de otra
parte el alto oficial (Miguel Vega Uribe) que el retiro del refuerzo de los dispositivos de seguridad en
el Palacio, adoptados después de haberse recibido un anónimo, anunciando la posible ocupación, se
hizo por petición del Presidente de la Corte, a solicitud de Magistrados y abogados litigantes que se
quejaban de las medidas de vigilancia”40; al tiempo que “[l]a Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, rectificaron ayer afirmaciones del Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, en el
sentido de que fueron los presidentes de dichas corporaciones quienes solicitaron de las autoridades
retirar la vigilancia del Palacio de Justicia, tomado por el M-19. El Presidente del Consejo de Estado,
Carlos Betancur rechazó las afirmaciones del Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, en el
sentido de que fueron él y el sacrificado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes
Echandía, quienes solicitaron el retiro de la vigilancia del Palacio de Justicia. (...) Aseguró que si el
Presidente de la Corte hubiera tomado alguna determinación sobre el particular, se la habría
comunicado”41.

54. La Comisión de la Verdad debe enfatizar que, aún en el hipotético evento de una “orden” verbal del
Presidente de la Corte Suprema para el retiro de la protección –lo que indiscutiblemente no sucedió-,

39 En el mismo sentido, JIMENO, Ramón. Óp. cit., p. 76-77; LÓPEZ CABALLERO, Juan Manuel. El Palacio de Justicia ¿Defensa de
Nuestras Instituciones? Fundación pro esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia. Bogotá: 1995, p. 19; La
República. Betancur no es genocida: Mindefensa - 14 de diciembre de 1985 - p.8: El Presidente del Consejo de Estado, Carlos
Betancur, rechazó hoy afirmaciones del Ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe en el sentido de que fueron él y el
sacrificado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quienes solicitaron el retiro de la vigilancia del
Palacio de Justicia. Vega hizo la aseveración en el debate ante la plenaria de la Cámara que se aplazó hasta el lunes por falta
de Quórum. "Ni el doctor Reyes ni yo pedimos que cesara la vigilancia porque habíamos convenido en días anteriores, una
reunión conjunta de las salas de gobierno de ambas corporaciones de cualquier decisión sobre la seguridad de la sede sería
adoptada en forma conjunta" explicó Betancur. Subrayó que ante ese convenio mal podría él, -como presidente del Consejo-
dar la orden a que se refirió el Ministro Vega Uribe; Voz proletaria. Se evidencia crisis del régimen -19 de diciembre de 1985
- p.2: Vega fue desmentido por la Corte Suprema de Justicia, ya que afirmó que el propio Reyes Echandía habría ordenado
retirar la vigilancia del Palacio. ‘Hay que respetar a los muertos y no poner en su boca cosas que no dijeron’, respondió la
Corte”.
40 El Siglo. El país no puede ser aterrorizado - 13 de diciembre de 1985 - p.1 – 8.
41 El Universal. Corte y Consejo de Estado rectifican al Mindefensa - 14 de diciembre de 1985 - p.2

era el deber de las autoridades responsables de la protección, dado su pleno conocimiento de la
existencia del riesgo inminente, la gravedad de los hechos, los estudios de seguridad, las peticiones
de los dignatarios de la cortes de reforzamiento de la vigilancia, no acceder a un requerimiento de
esa naturaleza, ya que su obligación constitucional y legal de protección trascendía cualquier
expresión de voluntad individual, por tratarse de la protección institucional y personal de las más
altas autoridades de la rama judicial del poder público del Estado.

55. Algunas fuentes afirman que tal esquema excepcional de protección obedeció exclusivamente a
una medida coyuntural originada en la visita del Presidente francés Francois Mitterand, en
octubre de 198542. En la entrevista sostenida con la Comisión de la Verdad, señaló el doctor
Betancur Jaramillo que “[e]n esos días, teníamos una gran vigilancia. El presidente Mitterrand
estaba por aquí, entonces había vigilancia por todos lados”.

56. Otra hipótesis que se esbozó en entrevistas realizadas por la Comisión de la Verdad indica que el
retiro de la protección se pudo presentar como resultado de la combinación de la ingenuidad del
Estado al asumir que el M-19 habría desistido de seguir adelante con la toma por el
descubrimiento de los planes por parte de la fuerza pública, sumada a su marcado desinterés en
proteger efectivamente a los miembros del poder judicial. La entonces Fiscal del Consejo de
Estado Clara Forero de Castro señaló a la Comisión que “los días anteriores a la toma habían
puesto mucha vigilancia en el Palacio y a veces la gente se molestaba. Para el 6 de noviembre había
disminuido mucho la vigilancia. La gente decía: ‘como todo aquí en Colombia, se cansaron de
vigilar’”.

57. Existe también la hipótesis llamada de la “ratonera”43, según la cual el retiro de la protección
especial fue un acto deliberado de algunos miembros de la fuerza pública, al disponer la
suspensión de ésta para permitir el ingreso del grupo guerrillero, dado que se tenía amplio
conocimiento –como se demostró- de los planes del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia y era
la ocasión para tender una trampa a la guerrilla. La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis
como una de las más probables.

58. En este sentido, múltiples testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad coinciden en
plantear que el retiro de la vigilancia pudo ser deliberado, dado el conocimiento previo que se
tenía de los planes de la toma44 y los antecedentes de la confrontación entre las fuerzas armadas y

42. En este sentido, afirma el Tribunal que “[c]oincidencialmente con estos hechos, el día 18 de octubre estaba señalado para
iniciar la visita a Bogotá del señor Presidente de Francia, Francois Mitterrand, lo cual ha dado lugar a la creencia generalizada y
arraigada de que las medidas de seguridad adoptadas en el Palacio de Justicia tuvieron como única justificación dicha visita oficial”.
Ver también, PEÑA, Manuel Vicente, Óp. cit., p.26.
43 Se ha dicho que la edificación del Palacio era una caja en otra caja, dado que entre las fachadas y las oficinas quedaba un

espacio de “pasos perdidos” lo que dificultaba la salida de quienes estaban adentro y además sólo tenía el acceso y salida de
los vehículos por los garajes y la entrada y salida de personas por la puerta principal. Según expresó la Comisión de la
Verdad en su Informe Preliminar, “Hasta ahora no se ha hallado una prueba directa de que el retiro de esa vigilancia especial,
cuando más se necesitaba mantenerla y aún reforzarla, fue intencionalmente dirigido a facilitar el ingreso del M 19 al Palacio,
para allí aniquilar a los asaltantes. Pero la Comisión de la Verdad recibió exposiciones, y así consta en otros medios, de quienes
creen la versión de que algunos con capacidad de decisión en la Fuerza Pública, quisieron hacer expedito el ingreso de sus
odiados contendientes a lo que consideraron “ratonera”. En el mismo sentido, POLANÍA AMÉZQUITA, Salin, Mateo Ordaz en el
holocausto, Litografía Alex. 1995, p. 82; Diario 5 p.m. Asaltantes vestían prendas militares - 6 de noviembre de 1985 - p.
final: “normalmente la vigilancia la prestan tres celadores en la puerta principal, otros tres en los parqueaderos, y cinco que
hacen un recorrido permanente por todas las instalaciones”; El Espacio. Dios mío, esto es una guerra - 7 de noviembre de
1985 - p.5: “tres policías solamente, constituían toda la guardia de seguridad en los alrededores del edificio del máximo
organismo del poder judicial al momento de irrumpir el comando suicida”.
44 Entrevistas de la Comisión de la Verdad con el Magistrado Humberto Murcia Ballén, quien se refiere al “abandono de la

seguridad”; el ministro Enrique Parejo González, quien pidió que se investigaran las razones para el retiro de la protección;

el M-19. Conforme a varias versiones, era inocultable que el ejército, vejado en su dignidad,
herido en su amor propio ante hechos como el robo de las cinco mil armas del Cantón Norte, la
orden de cese al fuego impartida por el gobierno ante los combates en el marco del conflicto
armado en Yarumales, los atentados del grupo guerrillero, esperaban una oportunidad propicia
para desquitarse de su enemigo.

59. Uno de los indicios que se han mencionado a favor de esta hipótesis es el pronto arribo a la Plaza
de Bolívar de los tanques Urutú y Cascabel desde las instalaciones del Cantón Norte45.

60. Como lo recordó el Magistrado Hernando Tapias Rocha, la vigilancia resultó de una comunicación
del Gobierno a la Corte sobre la posibilidad de un intento de toma al Palacio por parte del M-19.
Esta carta determinó una sesión de la Sala de Gobierno, que convocó el doctor Reyes Echandía, a
la que él asistió como presidente de la Sala Civil. Según relató, en la reunión les informaron de los
planes de toma para la visita del presidente Mitterand. Se aprobó un aumento en la vigilancia y la
Policía se encargó de hacer un estudio sobre las condiciones de seguridad del edificio.

61. Se ha señalado que la versión que se elaboró en el sentido de que el Magistrado Reyes había dado
la orden de retirar la protección, tenía por objeto ocultar dicha decisión tomada por la fuerza
pública. La realidad es que, si bien no existe claridad absoluta sobre las motivaciones para el retiro
de la protección o sobre la eventual incidencia de otros actores, las autoridades de Policía
procedieron unilateralmente a la suspensión del servicio de seguridad del Palacio de Justicia46, un día
antes de la toma por parte del M-19, a pesar de la gravedad y seriedad de las amenazas en contra de
la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

62. El general Delgado Mallarino, Director General de la Policía, en su declaración ante la Comisión de la
Verdad, sostuvo que no tuvo conocimiento del retiro de la vigilancia, no obstante que el día anterior
al asalto almorzó con el presidente de la Corte, quien no le manifestó inconformidad alguna. No le
parece bien que no se le hubiera consultado la suspensión del servicio y que de haberse enterado de

el Presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur, quien recordó que en la reunión sobre seguridad él dijo que cualquier
medida relacionada con el Palacio y su seguridad, la iban a tomar los Presidentes de la Corte y el Consejo de Estado
conjuntamente, lo que descarta la hipótesis de la orden del doctor Reyes Echandía, entre otras.
46 Diario 5 p.m. Alerta militar - 7 de noviembre de 1985 - p. 12: “las autoridades no explicaron esta tarde la anomalía, que

determinó de inmediato la adjudicación de una rigurosa investigación por parte de la policía como también del Departamento
Administrativo de Seguridad y del mismo Ejército Nacional”; Diario 5 p.m. Gabinete respaldo al Presidente - 24 ene 86 - p. 14:
“hay un reconocimiento del ejecutivo en el sentido de que ese día coincidencialmente se disminuyó la vigilancia que había sido
ordenada para el Palacio de Justicia y que había solicitado antes por el Ministro Parejo ante el Consejo. este pidió ordenar una
investigación, pero luego se determino que el Ministerio de Defensa rindiera un posterior y muy completo informe al respecto”;
El Siglo Enérgica réplica del Mindefensa - 7 noviembre de 1986 - p.6: “El jefe de la cartera de defensa respondió punto por
punto los cuestionarios presentados en la plenaria de la Cámara por el representante Alfonso Gómez Méndez. Se me interroga
por el estado de las investigaciones por la posible falsedad de documentos que hubiesen cometido dos oficiales de la Policía
Nacional, en el caso que el Presidente de la Corte, Magistrado Alfonso Reyes Echandía, había solicitado el retiro de la vigilancia
del Palacio de Justicia. "Esto, dijo, ustedes muy bien lo comprenden, yo no puedo informar en detalle porque no soy parte del
proceso, yo soy el Ministro de Defensa y no puedo llamar desde mi despacho a decirle a los jueces que me muestren los sumarios
y los procesos". Ante la situación, explicó, llamó al Procurador delegado para la Policía Nacional, que no es un oficial sino un
civil y al Inspector General de la Policía Nacional, quien sería el juez de instancia para los dos oficiales involucrados. Las
respuestas que ellos dieron, indicó, es que la investigación por la presunta falsedad fue iniciada por el juzgado 40 de instrucción
criminal ambulante el 21 de diciembre último y que en febrero del año en curso pasó al conocimiento de la justicia penal
militar, donde se vinculó en indagatoria al teniente coronel Pedro Antonio Herrera Miranda y al también teniente coronel
Javier Arbeláez. El proceso no ha concluido porque se encuentra en su etapa instructiva y pasó al despacho para definir la
situación jurídica, en primera instancia de los oficiales involucrados. "Si ha actuado la justicia penal militar". Rechazó
asimismo que el entonces Ministro de la Defensa general Miguel Vega Uribe, hubiese utilizado pruebas falsas en la citación que
le fue hecha en la Cámara de Representantes, en un primer debate por los hechos del Palacio de Justicia”.

ello por parte de los responsables de la seguridad de Palacio, les habría dicho: “hombre, qué es eso!”.

63. El retiro de la vigilancia fue informado al Ministro de Defensa, general Vega Uribe, antes del asalto al
Palacio, quien no objetó la suspensión del servicio. El Director de la Policía, General Delgado
Mallarino, después de afirmar que creía en la versión de los coroneles Herrera Miranda y Arbeláez
acerca de la reunión con el presidente de la Corte, envió una comunicación a la Comisión de la
Verdad que incluía, entre otros, el texto del oficio remitido por el General José Luis Vargas Villegas,
Comandante de la Policía de Bogotá, al Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, según la cual:

“Comedidamente y como complemento a los informes que suscriben los Sres. Tte. Coronel Arbeláez
Muñoz Javier y Tte. Coronel Herrera Miranda Pedro Antonio, sobre las reuniones que ellos
sostuvieron con el Doctor Alfonso Reyes Echandía, en las cuales exigió el retiro del refuerzo de
policía para la vigilancia especial del Palacio de Justicia, me permito informar al señor General
Ministro de Defensa que una vez que el señor Tte. Coronel recibió la orden del Dr. Reyes de retirar la
policía de refuerzo, hecho ocurrido el 1/11/85, me comunicó esta petición y conocedor del espíritu
altamente civilista del Señor Presidente de la Corte, autoricé para que terminara el servicio de
refuerzo y se continuara con la vigilancia normal a cargo de la Cuarta Estación”47.

64. No resulta coherente que frente a las amenazas de los extraditables a los Magistrados de la Corte
Suprema y el Consejo de Estado, el 30 de septiembre se haya reunido el Consejo Nacional de
Seguridad y haya adoptado medidas, pero frente a la amenaza de asalto por parte del M-19 no
haya existido reunión alguna y, por el contrario, días después se haya retirado la protección.

65. Lo cierto es que el 6 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia amaneció sin protección policial y
sólo contaba con mínima vigilancia privada, conformada por no más de seis empleados de la
empresa COBASEC48.

47 Comunicación complementaria a su entrevista oral, remitida por el General Víctor Delgado Mallarino, Pp. 14 y 15; VEGA
URIBE, Óp. cit., p. 65.
48 JIMENO, Ramón. Óp. cit., p. 87.

IV. Los hechos del 6 y 7 de noviembre de
1985
1. Los Magistrados, auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, así como los visitantes frecuentes u ocasionales del
Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, se encontraban realizando sus actividades habituales el
6 de noviembre de 1985, en medio de la zozobra por las crecientes amenazas, el temor por el
retiro de la protección policial y los rumores que alertaban sobre la inminencia de una toma al
Palacio.

2. Nadie podía imaginar que 28 horas después, el Palacio de Justicia sería arrasado como resultado
de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado, resultado de la violenta
incursión armada de la guerrilla y la desproporcionada respuesta del Estado: el uso de
armamentos y explosivos de todo tipo, el inexplicable vacío de poder del Gobierno, los incendios
que destruyeron la edificación y el saldo trágico de cerca de un centenar de personas que
perdieron la vida -entre civiles, miembros de la fuerza pública y guerrilleros - y al menos 11 cuyo
paradero aún se desconoce.

3. El Presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, ordinariamente no iba a la Corte los
miércoles porque trabajaba desde su residencia, pero el 6 de noviembre asistió para coordinar
con su Magistrado auxiliar, Emiro Sandoval, lo que él debía hacer en su ausencia y para que su
secretaria le transcribiera un discurso que dictaría en su colegio de Honda. Había llegado al
Palacio después de una reunión en la Universidad Externado, minutos antes del inicio de la toma.
Según afirma su hijo Yesid Reyes, su padre no tenía por qué estar ese día en la Corte. Si alguien
planeó con cuidado la toma, y quería que estuviera el Presidente, tenía que ser el martes o jueves,
ya que su padre era totalmente predecible en eso. ”El no tenía nada que hacer en la Corte y fue”.1

4. Carlos Betancur, Presidente del Consejo de Estado, bajó con el también Magistrado Gaspar
Caballero a la cafetería, quien le comentó que no había vigilancia, a lo que aquél repuso que “ya los
podían matar tranquilos”. Cuando regresaban a su oficina empezó el tiroteo, aproximadamente a
las 11:30.

5. La noche del 5 de noviembre, el Magistrado de la sala Constitucional, Manuel Gaona Cruz, le
comunicó a su esposa que tenía un presentimiento sobre algo malo que le podría ocurrir al día
siguiente. Sin embargo, le dijo que no podía dejar de asistir a la Corte ya que él era ponente del
fallo sobre la exequibilidad del tratado de extradición, que iba a presentar el miércoles 6, y le
solicitó que lo llamara a las 11:30 de la mañana, hora en la cual él estaría en sala, pero quería
saber si ella estaba bien. Efectivamente ella se comunicó con la secretaria a esa hora y en ese
momento se produjo la explosión en el sótano2.

6. José Eduardo Gnecco Correa, Magistrado de la Sala Laboral, se encontró también con la absurda
tragedia, pues pocos minutos antes del asalto había salido de la edificación con el propósito de
dictar clase en la Universidad del Rosario y regresó al advertir que se le había quedado un Código.

1 Entrevistas de la Comisión de la Verdad con Yesid Reyes y Amelia Mantilla, viuda de Emiro Sandoval Huertas.
2 Entrevista de la esposa e hijos del doctor Gaona Cruz con la Comisión de la Verdad.

7. También accidental fue la presencia del Magistrado Murcia Ballén, a quien días antes se le había
aceptado la renuncia al cargo, y su reemplazo, el doctor Héctor Marín Naranjo, debía posesionarse
temprano en la mañana, mas como por razones de fuerza mayor no lo pudo hacer a la hora
convenida, por lo que el doctor Murcia aún se encontraba en su oficina del Palacio cuando se
produjo el asalto.

8. Como lo venía haciendo desde 36 días atrás, Cristina Guarín, licenciada en ciencias sociales de la
Universidad Pedagógica Nacional, salió de su casa a laborar como cajera de la cafetería del Palacio
de Justicia, donde trabajaba remplazando temporalmente a la esposa del administrador, quien
estaba en licencia de maternidad3.

9. Si bien durante los últimos tiempos había guardia en Palacio y Ana María Bidegain no podía
entrar en el carro para dejar a su esposo Carlos Horacio Urán, Magistrado auxiliar del Consejo de
Estado, ese día sí pudo entrar por el sótano porque no había vigilancia. A las 11:45 el doctor Urán
la llamó y le dijo que no la podía recoger –como lo hacía siempre- porque había una balacera en el
parqueadero. Se volvieron a comunicar y él le dijo que la situación al interior del Palacio estaba
cada vez peor, que fuera a buscar a las niñas. Ana María salió a recogerlas al colegio, y cuando
bajaban vieron los tanques que se dirigían hacia el Palacio.

10. La Fiscal 5ª ante el Consejo de Estado, Clara Forero de Castro, estaba en su oficina del segundo
piso con Sonia de Fonseca y Ligia de Rodríguez, cuando sintieron un ruido grande, como extraño;
las palomas de la Plaza de Bolívar volaron todas. Creyeron que se había estallado un cilindro de
gas. Enseguida empezaron a oír gritos que decían “somos del M-19”, “por los derechos humanos”.
Llamó a su esposo, que era el Ministro de Gobierno, habló con la secretaria y le dijo que le avisara
que los del M-19 estaban en el Palacio de Justicia. Llamó también al Ministro de Defensa para
avisarle, pero no lo encontró y le dejó razón. Nunca le devolvieron la llamada4.

11. El día 6 de noviembre, hacia las 10:30 a.m., según expresó a la Comisión de la Verdad el
Comandante del Ejército, General Rafael Samudio, atendió una diligencia en el Palacio de Justicia,
concretamente en la Sección Tercera del Consejo de Estado. Se trataba de la notificación del fallo
contra la Nación –Ministerio de Defensa- por las torturas infligidas a la médica Olga López de
Roldán, en la Brigada de Institutos Militares.

12. El General Samudio acudió con una escolta reforzada, llegó a la Plaza de Bolívar, frente a la
Catedral y se sorprendió, según sus palabras, por ver “tanto despliegue de tropas” y ordenó que
desplazaran a los miembros de la Policía Militar que se encontraban allí y despejaran la zona
porque él iba a ingresar a Palacio. Llegó a la Secretaría de la Sección Tercera, que quedaba a mano
izquierda en el primer piso. Lo atendieron en la baranda, donde el Secretario lo saludó, le
preguntó acerca de su estado de salud y lo invitó a tomarse un tinto, pero él le dijo que no podía
ese día. Antes de retirarse, vio un abogado que estaba mirando un expediente. Después se supo
que se trataba de Alfonso Jacquin, quien había ingresado minutos antes al Palacio5.

3 Basado en el relato de René Guarín en: CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p. 198.
4 Entrevista con la Comisión de la Verdad, corroborada por el testimonio del Coronel Plazas Vega, quien se encontraba con
el Ministro de Defensa en ese momento.
5 El General Samudio señaló a la Comisión de la Verdad su interés en enfatizar que si hubiese existido noticia en el Gobierno

o en el Ejército de que se iba a realizar la toma, él no hubiera asistido a Palacio a las diez de la mañana, porque ni siquiera
llevaba un revólver ni hubiera dejado toda la tropa afuera. Por lo anterior, según señaló, “no tiene ninguna lógica pensar que
el Gobierno o las Fuerzas Militares sabían de antemano de los planes de la toma”.

13. Aprovechando la escasa vigilancia del Palacio de Justicia6, el día 6 de noviembre, entre las 10:30 y
las 11:00 de la mañana ingresaron a sus instalaciones un total de siete personas armadas,
vestidas de civil, quienes pertenecían al M-19. La actividad de inteligencia previa en el Palacio
venía desarrollándose por parte de este grupo desde el mes de junio de 1985, cuando el mando
central presidido por Alvaro Fayad tomó la decisión del asalto.

14. El ingreso de los guerrilleros con armas habría sido posible, según lo relata la periodista Julia
Navarrete, porque, aunque frente al descubrimiento previo del plan pusieron detectores de
armas, “uno o dos días antes quitaron las máquinas”, lo que llamó mucho la atención de los
periodistas que diariamente asistían al Palacio7.

15. Dos de los guerrilleros del M-19 se ubicaron en la secretaría del Consejo de Estado, dos en la
secretaría de la Sección Tercera, dos en la cafetería y una mujer en el cuarto piso. De este grupo, al
mando de Alfonso Jacquin, se conoce que hacían parte también Irma Franco Pineda, alias Leonor,
Roque, Pilar y Natalia, quienes luego se integrarían a los pelotones y escuadras con
responsabilidad táctica en cada uno de los pisos del Palacio8.

16. Jacquin, quien se encontraba en la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pidió
prestado el teléfono y llamó entonces, desde el Palacio, a Luis Otero, quien esperaba con los
demás integrantes del Comando en la casa de la calle 6ª Sur con carrera 8ª, para informarle que
todo estaba bien e indicarle que no había Policía9. En ese momento partieron los tres carros en los
que se transportaban 28 guerrilleros hasta el Palacio para ingresar por el sótano.

17. Un cuarto grupo -compuesto por alias Lázaro, Abraham, Diana, Levy, Mario y Mateo-, cuyos
integrantes entrarían a pie por la puerta principal, y el vehículo en que se iban a desplazar
debería incorporarse a la caravana, pero no salió a tiempo por un error de coordinación interna.
“Cuando íbamos a la altura de la 9ª con 11 escuchamos los tiros. Los compañeros ya habían entrado.
Avanzamos una cuadra más y nos bajamos para entrar ‘como sea’. Sacamos las armas y en ese
trayecto de la 9ª a la 8ª la gente nos decía que si éramos del DAS, que fuéramos a hacer algo rápido
porque se metieron unos ladrones al Palacio. Cuando llegamos ahí estaba la Guardia Presidencial y
estaban apostados. La puerta principal del Palacio ya estaba cerrada. Intentamos entrar por abajo,
unos se quedaron cubriendo. Abajo ya había una refriega y hubiéramos quedado en medio del fuego
cruzado”.

18. De manera que el comando “Iván Marino Ospina” que ingresó al Palacio de Justicia para realizar la
denominada “Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre”, quedó finalmente

6 Ver Capítulo III
8 Algunos autores y decisiones judiciales se refieren a siete personas: CORREA PERAZA, Óp. cit., p. 90; JIMENO, Ramón, Óp.

cit., p 84 y 86; otros a cinco: Juzgado 30 de Instrucción Criminal, Calificación del mérito del sumario, 31 de enero de 1989, p.
6; PETRO, Gustavo. Óp. cit., p. 153; y otros a cuatro: ECHEVERRY, Adriana y HANSSEN, Ana María. Holocausto en el silencio,
Editorial Planeta. Bogotá: 2005. p. 29. Respecto de su presencia en el Palacio en ese momento y con anterioridad, ver
declaraciones ante la Comisión de la Verdad de Darío Quiñones, Carlos Betancur y un integrante de la escuadra del M-19
que no ingresó; CORREA PERAZA, Óp. cit., p. 90; declaración de Fernando González ante el Tribunal Especial, SERRANO y
UPEGUI, Óp. cit.; JIMENO, Ramón, Óp. Cit., p 86, 90. La Comisión de la Verdad, tras haber corroborado las diferentes
versiones y el número total de insurgentes que ingresaron al Palacio, considera que siete guerrilleros del M-19 conformaron
el grupo de filtración que entró con anterioridad a la toma.
9 Según declaraciones de funcionarios del Consejo de Estado ante la Comisión de la Verdad; CORREA PERAZA, Óp. cit. p. 90;

testimonio de la doctora Margarita Cecilia Dawson Rodríguez ante el Tribunal Especial, SERRANO y UPEGUI, Op.cit;
declaración con reserva de identidad ante la Comisión de la Verdad.

conformado por 35 guerrilleros, 25 hombres y 10 mujeres, seis menos de los contemplados en el
plan original.

19. La entrada violenta de los vehículos al sótano del Palacio, al cual se ingresaba como ahora por la
carrera 8ª, es descrita por algunas de las personas que se encontraban al interior del edificio así:
“entró una camioneta y un camión detrás, las varillas golpeaban las lámparas de la luz, no sabíamos
de qué se trataba. Por el ruido, no nos dimos cuenta que estaban disparando”10. Otro testigo, que se
encontraba en el primer piso, expresó que “cerca de las 11:30 a.m. del 6 de noviembre, estaba
atendiendo un abogado de apellido Bendeck Olivella cuando escuché un ruido raro en la parte del
sótano y pensé que de pronto había sido algo como tubos fluorescentes destruidos. Vi hacia afuera
un vigilante -el único que estaba en el primer piso- que corría con el arma en la mano y grité:
‘hermanos, se entró la guerrilla’, porque todo el mundo hablaba de eso en días anteriores” 11.

20. Inmediatamente los medios de comunicación, particularmente los periodistas de radio que
cubrían a diario la Corte, difundieron la “crónica de una toma anunciada”: el M-19 se había
tomado el Palacio de Justicia. La información era tan confusa entonces como el desarrollo mismo
de los hechos.

21. Los guerrilleros del M-19 entraron al parqueadero de la edificación a sangre y fuego, dispararon
de manera indiscriminada, siendo repelidos rápidamente por algunos de los escoltas de los
Magistrados que se encontraban allí en ese momento12. Fueron asesinados dos celadores
privados, los señores Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, quienes no tuvieron la oportunidad
de esgrimir sus armas de escasa capacidad defensiva ante la magnitud del ataque.

22. Algunos escoltas respondieron valerosamente a los disparos del grupo asaltante. En el fuego
cruzado, dos guerrilleros resultaron muertos -alias Jorge y la enfermera- y cinco heridos -Ariel
Sánchez, alias Carlos, Esteban, Orlando y César-, lo que sumado a la ausencia del grupo que no
logró entrar, frustró rápidamente las posibilidades de que el M-19 pudiese controlar
efectivamente el Palacio, de acuerdo con sus planes originales.

23. El grupo que había ingresado previamente y se había ubicado en las diferentes oficinas del
Palacio, al escuchar los primeros disparos desenfundó sus armas y anunció la toma armada por
parte del M-19.

24. En el cuarto piso, Lucía Bermúdez de Sánchez, quien trabajaba en la sala Laboral de la Corte, a las
11:33 a.m. oyó el primer disparo. Vio una muchacha que parecía una estudiante, “haciendo tiros
con un revólver”13. En el primer piso, el Secretario General del Consejo de Estado, Darío Quiñones,
quien había visto al entrar a su oficina unas mujeres, entre ellas Irma Franco Pineda, hermana de
Jorge Franco a quien él conocía, al poco tiempo escuchó disparos y las jóvenes que había visto al
entrar ingresaron a su oficina, les ordenaron tenderse en el piso y dijeron que era un asalto14.

10 Jorge Reina, conductor, quien se encontraba en el sótano al momento del ingreso del M-19, en entrevista con la Comisión
de la Verdad.
11 Entrevista de la Comisión de la Verdad con Joselín Sánchez Alvarado, auxiliar judicial de la Sala Penal.
12 La versión de Clara Helena Enciso, única sobreviviente del comando guerrillero, señala que “[d]ebieron pasar unos pocos

segundos desde la entrada por la car. 8ª (sótano) hasta el frente de las escaleras donde nos parqueamos, cuando la carpa fue
atravesada por ráfagas que provenían del sector sur oriental del parqueadero. (…) el abaleo duró unos segundos y cuando sólo
se escuchaban disparos esporádicos comenzamos a descender del camión” (Cuaderno anexo 99, Pp. 5 y 7, proceso contra el
coronel Luis Alfonso Plazas Vega)

25. Entre tanto, el señor Jorge Tadeo Mayo Castro, administrador del Palacio, quien se encontraba en
el primer piso del edificio, también fue asesinado por guerrilleros del M-19. Un empleado del
Palacio describe que lo vio cuando “corría despavorido y al momento le dispararon y lo mataron”15.
En el mismo sentido, María Luz Arrieta de Noguera, bibliotecaria de la Corte, señala que “fue
asesinado cuando cruzaba el patio, totalmente desarmado, y su cuerpo cayó al lado de la estatua de
José Ignacio de Márquez”16. Llama la atención, sin embargo, que si bien la causa de la muerte fue el
impacto proyectil de arma de fuego, en el protocolo de necropsia correspondiente17, se registra
adicionalmente “[c]alcinación cara. Quemaduras de II y III grado en cara, cuello, tórax y
extremidades”. Esto indicaría que el cuerpo del señor Mayo Castro fue movido del sitio donde
murió y eventualmente alcanzado por las llamas de uno de los incendios que se produjo en el
primer piso18.

26. A esa misma hora, y desde las 9:00 a.m., el comandante de la Escuela de Caballería de la XIII
Brigada del Ejército, Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, se encontraba en el despacho de su suegro,
el Ministro de Defensa Nacional, General Miguel Vega Uribe, en calidad de asesor técnico del
Ministro en la Junta Directiva de INDUMIL, tal como lo relató a la Comisión de la Verdad uno de
los asistentes a la reunión como delegado del Ministro de Desarrollo Económico19.

27. La junta estaba presidida por el Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, y lo
acompañaban el General de la Fuerza Aérea Colombiana, Augusto Moreno Guerrero, Comandante
General de las Fuerzas Militares; el General Manuel Guerrero Paz, Jefe del Estado Mayor Conjunto,
el General Alberto González, el contralmirante Carlos Ospina, el gerente de INDUMIL General
Hernán Hurtado Vallejo, el Coronel Alfonso Plazas Vega, como asesor del Ministro y los doctores
Jaime Quevedo, delegado del Departamento Nacional de Planeación y Mauricio Pimiento como
delegado del Ministro de Desarrollo Económico. Hacia las 11:45 am, cuando ya se había rendido
por parte del Coronel Plazas Vega un concepto técnico, entró apresuradamente un oficial de la
Armada Nacional y le informó al oído al Ministro algo que ninguno de los presentes alcanzó a
percibir.

28. Inmediatamente, el General Vega mostró su sorpresa por la información, suspendió
momentáneamente la junta e ingresó a su despacho. A los pocos minutos, el secretario privado les
informó que el M-19 se acababa de tomar el Palacio de Justicia. Muchos de los presentes salieron
al despacho de la secretaria del Ministro, quien había escuchado la noticia por radio Caracol
minutos antes.

29. Se escuchó entonces que llamaron al Director General de la Policía y a quienes estaban en la zona
del Palacio, al tiempo que el Ministro ordenó minutos después a su secretaria responder que “no
estaba para nadie” si le llamaban por teléfono. Esta versión se confirma por la declaración de
personas entrevistadas por la Comisión de la Verdad, quienes señalaron que intentaron,
infructuosamente, comunicarse con el Ministro de Defensa una vez se iniciaron los hechos. Es el
caso, por ejemplo, de la doctora Clara Forero de Castro y del entonces Presidente del Congreso,
doctor Alvaro Villegas Moreno.

15 Declaración con reserva de identidad ante la Comisión de la Verdad.
16 ARRIETA DE NOGUERA, María Luz. Entre la barbarie y la justicia, Editorial Códice Ltda. Bogotá: 2007. p. 45
17 Medicina Legal, Protocolo de necropsia 3756-85
18 Sobre el manejo de los cuerpos, ver capítulo V
19 Entrevista de Mauricio Pimiento Barrera con la Comisión de la Verdad.

30. Ninguno de los miembros de la cúpula militar que se encontraban con el Ministro fue partícipe de
esas primeras decisiones y discusiones alrededor de los hechos. Una de las pocas personas que
ingresó al despacho del General Vega Uribe fue el Coronel Plazas Vega, desde los primeros
minutos de conocida la noticia, y un rato después salió raudo del despacho del Ministro hacia la
Escuela de Caballería, cerca de las 12 del mediodía.

31. El Coronel Plazas Vega relató de manera diferente la razón por la que se encontraba en el
Ministerio de Defensa al momento de la toma. Señaló a la Comisión de la Verdad que “esperaba
que el Ministro Vega Uribe me atendiera una propuesta de carácter deportivo que le iba a
presentar” (…) “yo lo que quería era que él, que era el Presidente del Club de Golf, que tiene
instalaciones ecuestres, metiera el club de Golf en la Federación Ecuestre”.

32. Según el acta del Consejo de Ministros, entre las 11:45 a.m. y las 12:10 p.m. el “Ministro de Defensa
confirmó el asalto agregando que los guerrilleros se lo habían tomado y que ya se había enviado
tropa para repelerlos” (…). Y a las 12:30: (…) El Ministro de Defensa hace saber telefónicamente que
las Fuerzas Militares ya se habían hecho presentes en la Plaza de Bolívar”.

33. Luego de un par de horas, la Junta de INDUMIL presidida por el Ministro de Defensa reanudó sus
deliberaciones en torno a la adjudicación de unas armas, concluyendo antes de las 3:00 p.m. El
Ministro hizo comentarios muy generales, al reanudar la reunión, sobre la gravedad de los hechos
y dijo que él no iba a permitir por ninguna razón que se diera el espectáculo ante el país por lo
que representaba la toma del Palacio por parte de esa organización subversiva. No se refirió en
detalle a lo que estaba ocurriendo, simplemente informó sobre decisiones que había tomado en el
sentido de enviar la tropa y efectivos del ejército y la policía para controlar la situación. Cuando
terminó la reunión, el Ministro permaneció en su Despacho20.

34. El General Rafael Samudio21, entonces comandante del Ejército, al ser informado de los hechos
por un subalterno, prendió el radio y oyó las noticias. Luego llamó al General Vega, Ministro de
Defensa y al Comandante General de las Fuerzas Militares, General Augusto Moreno, y les contó,
pero el General Vega manifestó que ya sabía y les dijo que se desplazaran al Ministerio de Defensa
porque se iba a realizar una reunión de comandantes. Allí llegaron los Generales Delgado
Mallarino y Augusto Moreno, el Almirante Tito García Mota, comandante de la Armada, el General
Gilberto Franco, comandante de la Fuerza Aérea y el General Manuel Guerrero, Jefe del Estado
Mayor Conjunto. Esta reunión duró cerca de una hora, según relató el comandante del Ejército.

35. Al momento de la toma, el señor René Francisco Acuña Jiménez, quien caminaba por la carrera 8ª
frente a la puerta del parqueadero del Palacio de Justicia, murió como consecuencia del cruce de
disparos22.

36. En los alrededores del Palacio se encontraba un agente de la policía, destacado en la zona bancaria
adyacente a la entrada del parqueadero de la carrera 8ª quien “sin contar con ayuda alguna, en forma
aislada, hizo valerosamente uso de su arma, respondiendo a los disparos que se hacían desde el interior
del Palacio, con tan mala suerte que fue herido y sólo tuvo aliento para resguardarse en un vehículo que
se encontraba cerca, quedando durante largo tiempo sin auxilio porque el lugar siguió siendo blanco de
los disparos de los guerrilleros, quienes no permitieron que se acercara una ambulancia de la Cruz Roja,
que se propuso recogerlo. Registrada la actuación solitaria del agente de policía herido, y abandonado

20 Ibíd.
22 Respecto de lo sucedido con sus restos con posterioridad a los hechos, ver Capítulo V

a su suerte en la vía pública, se hizo presente un contingente de la policía al mando del Subteniente José
Fonseca Villada, Jefe del Segundo Turno de Vigilancia de la Cuarta Estación”23.

37. El subteniente Fonseca Villada se acercó al Palacio acompañado de los agentes Orobio y Valdés. A
ellos se unieron el agente de la Policía Jaime Alberto Portilla Franco, quien estaba de vacaciones y
otras personas pertenecientes al DAS, F2 y GOES. También el ex infante de la Armada Nacional
Jorge Arturo Sarria Cobo, luego conocido como el “rambo criollo”, quien había sido dado de baja
un año atrás por faltas disciplinarias y luego jugaría un papel preponderante, a pesar de su
condición de civil, en la retoma del Palacio.

38. Sarria recibió un revólver de manos del subteniente Fonseca y, junto con el grupo antes
mencionado, corrieron a la esquina oriental del Palacio, para “eliminar” al francotirador del M-19
que disparaba hacia el exterior, e ingresar al edificio. Sin embargo, su propósito se vio frustrado
por el fuego proveniente del Palacio, que a la postre produjo la muerte, antes de las doce del
mediodía, del subteniente Fonseca Villada y la de otros tres agentes de la Policía, incluyendo al
agente Jaime Alberto Portilla Franco24. Cerca de las 2:00 p.m., Sarria se ubicó al lado del tanque
Urutú que ingresó por el sótano del Palacio, lo que le permitió rescatar el cadáver del subteniente
Fonseca25.

39. El Comandante de la XIII Brigada, General Jesús Armando Arias Cabrales, según expresó a la
Comisión de la Verdad, coordinó y elaboró el plan operativo de manera coordinada durante 30
minutos y consultó al Comando de Ejército; sus órdenes fueron la reacción inicial a cargo del
Batallón Guardia Presidencial; el Batallón de Policía Militar aislaría el área para proteger edificios
gubernamentales; la Escuela de Artillería; el área suroriental de la plaza de Bolívar; el Escuadrón
Rincón Quiñones; la carrera octava, y el Escuadrón de Caballería, en la Plaza de Bolívar.

40. Agregó el general que “para recuperar el edificio y rescatar a los rehenes, procedí con una acción
inmediata, sin dar respiro”. Empero, el “Plan Tricolor”, que constituía el manual de reacción de la
fuerza pública, no preveía el rescate de rehenes, únicamente tenía los lineamientos para actuar
sin demora y con resultados decisivos26.

41. A sólo tres cuadras de allí, en el Palacio de Nariño, mientras tanto, el Presidente Belisario
Betancur atendía la presentación de cartas credenciales de los embajadores de México, Uruguay y
Argelia, cuando fue informado del ataque por el General Caviedes, Jefe de la Casa Militar, a las
11:30 horas, a pesar de lo cual no suspendió la ceremonia diplomática. “Las primeras instrucciones
las di sobre las 13:00 horas al Ministro de Defensa y al Director de la Policía y consistieron en
restablecer la Constitución, con la cautela de protección de los rehenes y de los guerrilleros”. A esa
hora recibió el casete de la proclama y exigencias del M-1927.

42. Augusto Ramírez Ocampo, Ministro de Relaciones Exteriores, quien se encontraba con el
Presidente, expresó a la Comisión de la Verdad que a las doce y media terminaron la ceremonia
en la que estaban el Presidente, su Secretario General Víctor G. Ricardo y él. Señala que se
comunicó con el General Vargas Villegas, comandante de la Policía de Bogotá, quien ya estaba

23 SERRANO y UPEGUI, Óp. cit., aparte sobre la Intervención de la Fuerza Pública.
24 JIMENO, Ramón. Óp. cit., p. 110; CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p. 41-42; BEHAR Olga, Óp. cit., p 150; HERNÁNDEZ, Germán.
Óp. cit., p. 57
25 BEHAR, Olga. Óp. cit., p. 165
26 Ver Capítulo VIII
27 Entrevista de la Comisión de la Verdad con el ex Presidente Betancur.

enterado de los hechos y le informó que los policías que estaban a los alrededores habían tratado
de repeler el ataque.

43. El entonces Comandante del Batallón Guardia Presidencial, Coronel Bernardo Ramírez Lozano,
expresó que en cuanto conoció la noticia por una llamada de su esposa, se trasladó al sitio de los
acontecimientos con un capitán del Batallón y tocó el botón de alarma para reunirlos. Se fue a la
Plaza de Bolívar y se dio cuenta de la magnitud del problema. Pasó a la casa del Florero y con el
radio empezó a llamar al comandante de la Brigada, quien no le contestó; al jefe del Estado Mayor
quien le contestó unos minutos después y luego llamó al General Guerrero para informarle. Dijo
que necesitaba apoyo: tanques y policía militar para acordonar. Según lo relataron varios testigos
a la Comisión de la Verdad, en efecto, minutos después de iniciada la toma, hizo presencia el
Batallón Guardia Presidencial28.

44. Después de las primeras ráfagas hubo silencio.

45. En el cuarto piso, que alojaba buena parte de los “rehenes fundamentales”29, se hallaba el recinto
de la Sala Plena de la Corte Suprema, en el ángulo suroriental, y los de la Salas Penal,
Constitucional y Laboral, en el ángulo nororiental. En este piso estaban, así mismo los despachos
de los Magistrados de dichas Salas30.

46. Al sentir los disparos, inicialmente los Magistrados Ricardo Medina, Manuel Gaona, Alfonso
Patiño y Carlos Medellín, el Secretario de la sala Constitucional Ricardo Correal, el citador Héctor
Darío Correa y el vendedor póliza de seguros para accidentes de tránsito, Gustavo Ramírez, se
refugiaron en la oficina del Magistrado Medina31. Posteriormente los doctores Patiño y Medellín
optaron por irse a sus oficinas con el guardaespaldas del doctor Patiño32.

47. Luego empezaron a oír consignas del M-19 y los llamados que hacían los guerrilleros en el cuarto
piso a los Magistrados de la Sala Constitucional, uno por uno. Los llamaban por su nombre y
apellido y luego decían “salga usted, respetaremos su vida”33.

48. En ese momento, empezaron a producirse disparos indiscriminados hacia el interior del Palacio,
provenientes de francotiradores del ejército y la policía que se encontraban apostados en los
edificios vecinos, situación que se prolongó durante varias horas34.

49. Las comunicaciones radiales de la fuerza pública registran así estos momentos:

“ARCANO TRES: R ACORAZADO SEIS va a disparar un rocket sobre a la altura del tercer piso en el
costado noroccidental cambio.
ARCANO SEIS: QSL QSL nosotros ya recogimos un poco el dispositivo en este sector, de todas manera
sí recibimos fuego de un edificio, creo que es el Murillo Toro por la ubicación en que se encuentra en
el costado, desde el costado sur de eso cuando estábamos aquí en la terraza recibimos fuego, ese

28 Entrevistas de la Comisión de la Verdad con Julia Navarrete y Álvaro Villegas.
30 Informe preliminar de la Comisión de la Verdad
31 Juzgado 30 de Instrucción Criminal, Calificación del mérito del sumario, Óp. cit., p. 12; CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p. 62.

Algunas versiones señalan que se encontraban en la oficina del Magistrado Gaona: BEHAR, Olga. Óp. cit., 154-155.
32 Declaración de Héctor Darío Correa ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal.
33 Entrevista de la Comisión de la Verdad con Hernando Tapias Rocha.
34 CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p. 62.; entrevistas con la Comisión de la Verdad de Nicolás Pájaro y Darío Quiñones.

edificio está totalmente oscurecido pero hay una ventana en el último piso con el vidrio roto que
parece que de allá fue de donde recibimos fuego siga.
ARCANO TRES: QSL ¿ARCANO SEIS entonces que ACORAZADO SEIS eh dispare el rocket? Cambio.
ARCANO SEIS: R pero plenamente seguros de que no tenemos tropas allí en ese sector y
especialmente en el segundo que está mano yuca Fracica y está ARCANO 22 siga
ARCANO CINCO: ACORAZADO SEIS DE ARCANO CINCO.
ACORAZADO SIES: Siga ARCANO CINCO
ARCANO CINCO: Siga ACORAZADO llama el mayor Fracica que le acaban de herir un personal
unidades propias que están desde la séptima disparando sobre el sector cambio
(…)
ARCANO CINCO: Mire el mayor Fracica está ubicado en el segundo piso, en el extremo norte del
segundo piso, dice que hay unidades que están ubicados sobre la carrera séptima y le están dando
fuego a él y le acaban de herir un soldado cambio.
ACORAZADO SEIS: Negro, negro ARCANO CINCO yo creo que por ese lado no sé, no se está
disparando cambio.
ARCANO CINCO: Si se está disparando porque el mayor está informando lo que le estoy diciendo, él
no tiene medio de comunicación y solamente tiene la línea de 500 que está utilizando con nosotros
cambio.
ACORAZADO SEIS: Vamos a verificar ARCANO CINCO yo necesito que el mayor Fracica nos dé
exactamente la ubicación, la ubicación cambio.
ARCANO CINCO: Está en el sector nororiental es decir está sobre lo que da sobre la carrera séptima
en el segundo piso, está hacia el norte sobre la carrera séptima de ese edificio segundo piso, dígame
si está QSL.
ACORAZADO SEIS: ARCANO CINCO estoy QSL no, voy a verificar porque pues el dispositivo lo
tenemos sobre la carrera octava y sobre la calle décima, cambio
ARCANO CINCO: Hay alguien en la séptima que le está disparando, él cree que son propias tropas, si
no hay que entrar a analizar qué es lo que está pasando y quiénes están disparando de la séptima
hacia el edificio cambio.
ACORAZADO SEIS: R ARCANO CINCO mire yo necesito que el mayor Fracica eh..Voy a verificar qué
tropas están disparándole a ese sector, voy a verificar inmediatamente cambio.
ARCANO CINCO: Desafortunadamente Fracica él no tiene radio, él no tiene disponible sino una línea
500, vamos a tratar a ver que nos dé el número telefónico para que tome contacto con usted.
ACORAZADO SEIS: R ARCANO CINCO estamos seguros porque es que yo estoy mirando sobre la
carrera octava ya, estamos tratando de montar una opereta ahí para disparar un rocket cerca al
ascensor, entonces necesitamos saber el dispositivo de él para poder hacer un disparo de rocket ya
que en ese sitio parece que están, ahí miran a un sargento y a un soldado necesitamos es el número
telefónico cambio”.

50. El contenido de estas grabaciones coincide con lo que algunas personas escucharon, angustiadas,
desde sus refugios35. Esas comunicaciones entre militares dan cuenta de la preocupación por
evitar el “fuego amigo” y que esos disparos afectaran a los militares que estaban ubicados en el
segundo piso.

51. Mientras tanto, los rehenes que se encontraban en los pisos inferiores, frente al descomunal ruido
de los disparos y el rápido ingreso de los tanques, se vieron obligados a permanecer en el piso y

35 Entrevistas de la Comisión de la Verdad con Jorge Valencia Arango y Nicolás Pájaro

con las luces apagadas por muchas horas para protegerse de los proyectiles disparados al interior
del Palacio y desde los edificios vecinos, que fueron desalojados por la fuerza pública36.

52. La situación se hizo aún más difícil por la presencia de gases lacrimógenos a partir,
aproximadamente, de la 1:00 p.m., que obligaba a los rehenes a estar tendidos bocabajo o a
utilizar, si los tenían a la mano, pañuelos mojados para cubrirse boca y nariz37. Los testimonios
coinciden en afirmar que el fuego, junto con los efectos de los citados gases, fueron los principales
motivos que llevaron a los rehenes a salir de sus refugios en las horas de la noche del 6 de
noviembre. Al día siguiente, la prensa registró que “Fuentes policiales dijeron que las tropas de
asalto han logrado controlar casi la totalidad del Palacio de Justicia y que sólo una parte del cuarto
piso está en poder de los guerrilleros, que se escudan en sus rehenes. Agregaron que están utilizando
gases lacrimógenos para hacer salir a los guerrilleros y lograr su rendición“38.

53. Los teléfonos de las oficinas del Palacio no cesaban de sonar, llamadas de familiares angustiados,
empleados que se encontraban en diferentes lugares del edificio tratando de conocer la suerte de
sus colegas, periodistas en búsqueda de información, funcionarios públicos de todos los niveles.
Las comunicaciones telefónicas se vieron interrumpidas definitivamente hacia las 5:30 o 6:00
p.m. en el cuarto piso y existen relatos sobre algunas conversaciones en otros lugares del edificio
hasta entrada la noche39.

54. De acuerdo con la declaración del General Jesús Armando Arias Cabrales ante la Comisión de la
Verdad, la primera fase del operativo militar se inició con la irrupción de los blindados a la 1:30
p.m. por el sótano, luego a las 3:00 p.m. en el primer piso y hasta las 10:00 p.m.; ingresaron
unidades de artillería e ingenieros militares, quienes “trataron de abrir con explosivos controlados
boquetes en los baños, sin causar daños a los rehenes”.

55. Antes de la 1:00 p.m.40 del 6 de noviembre, en efecto, según relato del Coronel Plazas a la
Comisión de la Verdad, ocho unidades blindadas habían llegado a la Plaza de Bolívar. “A partir de
ese momento los guerrilleros pasaron de la condición de atacantes a la de defensores y la fuerza
pública asumió la acción ofensiva”41.

56. “Los cascabeles son vehículos de combate con blindaje liviano, tienen un cañón de noventa
milímetros, cuentan con tracción sobre las cuatro ruedas y espacio para tres tripulantes. Los urutús
son vehículos de transporte de tropa, no de combate, con blindado liviano, una ametralladora punto
cincuenta y espacio para unos 12 tripulantes.(…)
En total eran 24 blindados, 18 cascabeles y 6 urutús. Los vehículos se desplazaron a 70 km/h en fila
india”42.

57. Señala el Coronel Plazas que entonces hizo presencia el General Arias Cabrales, cuyo cuartel
general fue ubicado en la casa del Florero, donde se encontraba con el General Vargas Villegas,

36 Entrevista de la Comisión de la Verdad con Nicolás Pájaro, JIMENO, Ramón. Óp. cit., p.112, Juzgado 30 de Instrucción
Criminal, Calificación del mérito del sumario, Óp. cit., p. 7; CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p., P. 68.
37 CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p., P. 63; entrevistas de la Comisión de la Verdad con Nicolás Pájaro y Hernando Tapias Rocha.
38 El Heraldo, Incendio destruyó tres pisos del Palacio - 7 noviembre de 1985 – P. 11a
39 Entrevistas de la Comisión de la Verdad con Yesid Reyes y Alvaro Villegas.
40 Según CASTRO CAYCEDO, a las 12:35 llegaron las unidades blindadas; según JIMENO, a las 12:25 p.m. Según Olga Behar,

“A las 14:00 había tres tanques, uno en la carrera octava frente a la edificación, otro en la mitad de la cuadra y un tercero en la
calle 12”. BEHAR, Olga. Óp. cit., p. 165
41 Entrevista de la Comisión de la Verdad con el Coronel Plazas Vega.
42 http://yocreoenplazas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=45

comandante de la Policía de Bogotá. “A las 2 de la tarde se inicia el control operacional. Ese control
operacional lo asume el Comandante de la Brigada”, según expresó el Director General de la
Policía, General Víctor Delgado Mallarino.

58. El ingreso del primer tanque Urutú, hacia la 1:00 p.m., ubicado frente a la puerta del sótano del
Palacio, por la carrera 8ª, fue acompañado por catorce soldados del Batallón Guardia Presidencial,
quienes recibieron la orden de entrar protegidos por el tanque. Seis guerrilleros estaban
custodiando el sótano en ese momento43.

59. “El sótano tenía tres niveles y en todos se encontraban estacionadas decenas de vehículos. Los
guerrilleros se habían parapetado detrás de las columnas y muros de los garajes, de los carros y en
las escaleras de acceso al primer piso y la cafetería. El ruido del tanque indicó su aproximación.
Antes de ingresar disparó quince proyectiles de grueso calibre contra la reja metálica. Dos bombas
estallaron. La puerta cedió. Al entrar el tanque, la ametralladora Mag. 7.62 mm que tiene instalada
en la parte superior golpeó contra el techo y se desprendió. Los soldados irrumpieron resguardados
por la armazón”44.

60. De acuerdo con el testimonio del soldado Luis Antonio Santana Tibavisco, perteneciente al Grupo
Mecanizado Rincón Quiñones45, “...íbamos en el carro de comando con 8 soldados conmigo, mi Capitán
Solano y el Cabo González, íbamos en Urutú, llegamos como a las doce del día, llegó mi Capitán y habló
por radio y le dieron orden no supimos que, estábamos frente a la puerta del Palacio (de) la puerta del
sótano... mi Capitán desactivó dos bombas que habían en la entrada y entonces al entrar (sic) la entrada
quedaba muy bajita y se cayó la ametralladora punto 50 y luego entonces procedimos a entrar y
cuando entonces explotaron unas bombas y se fue la luz y el motivo que nos hizo salir fue que había
mucho humo porque por encima de la trompeta del carro había quedado un hueco y por ahí se nos
entraba mucho humo y nos podíamos asfixiar y por eso nos salimos...”.

61. El comandante del Batallón Guardia Presidencial, Coronel Bernardo Ramírez, expresó a la
Comisión de la Verdad que, “una vez llegó la compañía de reacción, el tanque intentó entrar por el
sótano con unos soldados del Batallón Guardia. Al intentar subir al primer piso fueron repelidos y
dos soldados y un sargento resultaron heridos. El grupo terrorista tenía sacos de arena para
protegerse y se aseguraron ahí. Las personas que estaban en el parqueadero fueron evacuadas
rápidamente”. Frente a una pregunta de la Comisión sobre la salida de personas por el sótano y
los controles que ejercía el Batallón Guardia, respondió que no existía ninguna restricción, que no
tenían instrucciones de llevarlos a ningún lugar, ya que ellos “no manejaban rehenes”46. Señaló que
fueron los primeros, salían rápido y evacuaban voluntariamente. No recuerda cuántas personas
salieron por ahí.

62. Según Ramón Jimeno, “[d]e este sector recapturado, el Ejército sacó los primeros civiles atrapados
en el combate. En los sótanos encontró varios empleados que se habían refugiado en un pequeño
cuarto de aseo. ’Oímos gritos por debajo de la escalera al finalizar un hall ahí en la misma planta del
primer sótano y fuimos y al abrir la puerta salió un niño con un resto de empleados, eran más o
menos unos diez, solamente gritaban, los sacamos y se los entregamos a la Policía y el Ejército que
estaban por fuera y nos volvimos a entrar (2:30 p.m.). Lógico que cuando cogíamos a alguien, sea

43 HERNÁNDEZ, Germán. Óp. cit., p. 57. Se refiere al ingreso de personal del F-2 al sótano.
44 JIMENO, Ramón. Óp. cit., p. 115
45 Rendida ante el Tribunal Especial, SERRANO y UPEGUI, Óp. cit.

quien fuera, el tipo era sospechoso en todo momento, no nos podíamos confiar de nadie…tenían que
demostrar sus papeles y todo”47.

63. En este sentido, el señor Jorge Alberto Medina Peñuela dio la siguiente versión: “me encontraba en el
parqueadero del Palacio de Justicia, o sea el sótano, cuando entraron de repente en una camioneta
varias personas disparando armas de fuego contra toda la gente que había en el lugar y los carros, los
tipos iban uniformados estilo policías y entraron gritando ‘Esto es una toma - Viva Colombia’; en ese
momento yo corrí hacia un cuarto con unos compañeros que estaban ahí, éramos diez personas en
total, cerramos la puerta y apagamos la luz; ahí fue cuando empezamos a escuchar que tenían ya
dominada la entrada y el parqueadero en el sótano, los tipos estaban regados en el sótano en un total
aproximado de quince personas o guerrilleros y no dejaban de disparar, seguidamente comenzaron a
organizarse, tomaron puestos fijos cada uno, de los tipos que estaban. (…) como a las dos de la tarde nos
cogió el ejercito nos identificaron y llevaron a la Alcaldía y nos tomaron declaración y luego nos fuimos
para la casa, eso es todo...”48.

64. Los soldados, que ingresaron en múltiples oportunidades en los tanques Urutú y Cascabel por el
sótano, permanecieron allí hasta la mañana del 7 de noviembre.49

65. De acuerdo con las consideraciones del Tribunal Especial, “la sangrienta y prolongada batalla causó
numerosas bajas en ambos bandos, dio lugar al primer incendio en el sótano y se caracterizó por el
empleo de armas automáticas, bombas y explosivos”.

66. A las 2:20 p.m. fue rescatado José Emilio Pinzón, jefe del Archivo General de la Corte, por el
ejército. “Entró por el sótano un carro del ejército y llevaba un reflector y yo grité que auxilio, que
era un empleado y escuché que me decían ‘salga’. Pero fui a salir y oí una ráfaga de ametralladora y
retrocedí. (…) después tiraron una granada y de la explosión volé sobre unos archivadores y caí
sobre un sofá y ahí quedé no sé cuánto tiempo prácticamente privado. (…) antes de la explosión de la
granada, como las puertas estaban cerradas, trataron de meter candela por encima de la puerta.
Entonces cogí el extintor y procedí a rociar todas las puertas para que no se fueran a incendiar (…).
Ahí había permanecido hasta las 2:20 p.m. cuando me sacó el Ejército”.50

67. Dentro de las grabaciones del ejército durante los dos días de la toma, existen referencias que
indican la acción del ingreso de los tanques al sótano. Según éstas:

“ARCANO 5: R, eh ¿tiene algún dato Arcano seis sobre bajas de la chusma? cambio.
ARCANO 6: R eh verificadas, verificadas únicamente cuatro, únicamente cuatro, eh parece que
dentro del personal que se sacó como rehenes, había algunos que se infiltraron intentando pasar,
esos eh los tiene en este momento arcano dos y se está haciendo la averiguación, de todas maneras
eh la Policía va a verificar a través de guantelete si ese personal utilizó algún armamento siga”51.

68. Más adelante, se escuchó en las comunicaciones del Ejército:

47 JIMENO, Ramón. Óp. cit., p.117
48 SERRANO y UPEGUI, Óp. cit., folio 115, del primer cuaderno, Juzgado 23 de Instrucción Criminal.
49 Ibíd., testimonio del Capitán Jairo Solano Jiménez, orgánico del Grupo Mecanizado numero 13 Rincón Quiñónez.
50 CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p., testimonio de Pinzón. Pp.158.
51 Citado por Ramón Jimeno, Noche de Lobos, P. 118.

“ARCANO 5: R el Coronel eh de Acuario52 informó que en el sótano la unidad de él había hecho seis
bajas y fue cuando se la cayó la ametralladora cambio.
ARCANO 6: R, de esos no tengo conocimiento y nadie los ha reportado, porque en el parqueadero
por donde sé entro allí lo que habían eran dos eh vigilantes, que ellos habían asesinado y les habían
robado el armamento siga.
ARCANO 5: Está QSL, Esta QSL ARCANO 6 ARIAS, cambio.
ARCANO 6: R QAP”.

69. Si bien existen amplias informaciones y fueron registrados en video los hechos ocurridos frente a
la Plaza de Bolívar, no sucede lo mismo con la entrada y salida de los tanques por el sótano del
Palacio –carrera 8ª- y el rescate de rehenes a través de esa vía de acceso. De hecho, éstos no
fueron suficientemente documentados –es escasa, si la hay, la referencia al tema en las diferentes
publicaciones o la existencia de testimonios de personas liberadas por el sótano- y las
transcripciones de las grabaciones de radio del Ejército no contribuyen a dar luces sobre la
situación. Todo lo anterior ha dado lugar a especulaciones sobre la salida de civiles por el
parqueadero, entre ellos empleados de la cafetería, realizada por militares en los tanques, lo que
no pudo corroborar ni desvirtuar la Comisión de la Verdad.

70. A la una de la tarde llegaron tres helicópteros de la Policía. La acción helicoportada que se
iniciaría hacia las cinco de la tarde. de acuerdo con la versión del Coronel Plazas Vega, se había
coordinado con la Policía Nacional. Según la declaración del Director General de la Policía ante la
Comisión de la Verdad, él no pidió autorización al Presidente para dicha acción, no la necesitaba,
estaba dentro de sus facultades legales del Código de Policía53.

71. Según declaración a la Comisión de la Verdad, el Ministro de Gobierno, Jaime Castro, expresó su
preocupación porque no llegaba al Palacio de Nariño, sede del gobierno, el Ministro de Defensa.

72. El Ministro de Defensa informó a los mandos militares que él era el único Ministro que no había
llegado donde el Presidente y le pidió a los Generales Delgado y Samudio que lo acompañaran al
Palacio de Nariño. El General Samudio pensaba que en ese momento su puesto era en el comando
del Ejército y que él no iba a “hacer nada” a Palacio, ya que para él era primordial atender la
situación desde el punto de vista estrictamente militar, de manera que el Ministro le pidió al
General Guerrero, jefe del Estado Mayor Conjunto, que lo acompañara.

73. Al final de la relación sobre lo ocurrido en el Palacio de Nariño entre la 1:15 y las 4:00 p.m., señala
el acta del Consejo de Ministros que:

“A esta altura el Presidente solicita la presencia del Ministro de Defensa en la Casa de Nariño, quien
hasta ese momento supervisaba la operación militar desde su despacho y pide que con él vengan el
general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía y Manuel Guerrero Paz, jefe del
Estado Mayor Conjunto. El señor Presidente expresó cómo la decisión de no negociar lo no
negociable no contrariaba la política de paz del Gobierno, que tenía en el diálogo su elemento
esencial, pero que el diálogo dejaría de ser tal si se realizaba bajo la amenaza.

52 Al parecer, Acuario se referiría al Comandante del Grupo Mecanizado Rincón Quiñones, perteneciente a la XIII Brigada del
Ejército.
53 Declaración del General Víctor Delgado Mallarino ante la Comisión de la Verdad.

Minutos después el Presidente se reúne con el Ministro de Defensa y los generales Delgado y
Guerrero, quienes le transmiten las noticias recibidas por los servicios de inteligencia y le informan
con detenimiento sobre la situación militar”.

74. A las 2:05 p.m.54, cuando, de acuerdo con lo expresado por el Coronel Plazas, “llegó la orden
presidencial de retomar el Palacio y liberar los rehenes”, el teniente Tamayo, Juan Manuel
Guerrero, el propio Coronel Plazas y el dragoneante Orjuela entraron al Palacio comandando
cuatro tanques Cascabel55.

75. “Las informaciones de los periódicos indican que la idea de los tanques fue consultada por el general
Jesús Armando Arias Cabrales al propio Presidente de la República, Belisario Betancur, y que éste
otorgó la autorización para una medida de semejante naturaleza, la primera en la historia de las
confrontaciones urbanas del ejército y el M-19”.56

76. Sin embargo, el Presidente Betancur expresó a la Comisión de la Verdad: “No ordené el ingreso de
los tanques al Palacio de Justicia, en detalle no me consultaron el ingreso de los tanques, la
responsabilidad es del Comandante Militar y era una operación de tracto sucesivo, entregué el
mando al Ejército como Comandante en Jefe”.

77. Así describe el Coronel Plazas el ingreso de los tanques:“El primer cascabel derribó la puerta y
entraron dos vehículos, esperamos unos instantes y nos informaron que el primer piso del Palacio
podía permitir el acceso de dos más. Con los dos cascabeles restantes avanzamos en columna para
que penetraran los soldados; yo entré en el tercer tanque. Lo único que podía percibir era el sonido
de los disparos. Era como una caneca llena de totes. Sabíamos que el vehículo nos protegía de los
disparos, pero sabíamos que el M-19 contaba con minas, fusiles, rockets, ametralladoras y la vida de
los rehenes”57.

78. Los tanques “[o]cuparon la primera planta, respondieron el fuego con la ametralladora y con el
cañón lanzando granadas. Protegidos por ese equipo de artillería penetraron varias escuadras de
uniformados. La desesperación al interior fue grande, especialmente por supuesto entre los
guerrilleros que lanzaron amenazas a través del teléfono y las emisoras radiales”.58

79. De acuerdo con la descripción que realizó el Coronel Plazas, el control de los dos primeros pisos
correspondió a la Escuela de Caballería; el sótano era responsabilidad del Batallón Guardia
Presidencial; para hacerse cargo del tercer y cuarto piso llegó la escuela de Artillería al mando del
teniente Coronel Hernández y “el mayor Fracica, quien fue el más activo”59.

80. El entonces Mayor Carlos Alberto Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería, ingresó protegido
con el primer tanque hacia la biblioteca con un grupo de quince “voluntarios”, que estuvieron con
él todo el tiempo. Afirmó no saber si entre ellos había civiles o si estaba Jorge Arturo Sarria, el
llamado “rambo criollo”, de quien dijo no haber oído antes.

54 Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Informe reseña histórica trimestral. Unidad: Escuela de Caballería, lapso
14-sep-85 al 14-dic-85., P. 5. Cuaderno Anexo 92, proceso penal contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
55 Declaración del Coronel Plazas Vega ante la Comisión de la Verdad, HERNÁNDEZ, Germán. Óp. cit., p. 58
56 HERNÁNDEZ, Germán. Óp. cit., p. 60.
57 http://yocreoenplazas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=45
58 JIMENO, Ramón. Óp. cit., p. 119
59 Declaración ante la Comisión de la Verdad

81. Según manifestó el Coronel Plazas Vega, en ese momento había personal del DAS, de la SIJIN,
voluntarios como Defensa Civil y Cruz Roja y no descartó que hubiese “intrusos”. Y agregó que “al
lado de los tanques ingresaron policías y soldados; en cuanto al desorden, así es la guerra, cada cual
se bate como puede; lo del Palacio fue una batalla y no hay ninguna batalla donde no desaparezcan
personas”.

82. Según relataron testigos presenciales a la Comisión de la Verdad, con el ingreso de los tanques la
situación se recrudeció, las tanquetas dentro del Palacio de Justicia disparaban continuamente
contra el 3º y 4° piso, que no estaban en poder del ejército. Los helicópteros empezaron a
sobrevolar por el costado norte y había una “lluvia de balas” que penetraba en las oficinas. Caían
las cortinas, las lámparas, se reventaban los vidrios, se vivía una situación de terror. Se podía
distinguir cuando los tanques iban a disparar, había un ruido característico que lo indicaba,
sentían que el cuarto piso les iba a caer encima. Ese bombardeo era continuo60. Desde el tercer
piso, los rehenes enviaban papeles con mensajes diciendo que estaban allí para que el ejército los
rescatara, pero nadie les ponía atención61. “Escuché desde el tercer piso una voz que decía al que
vean quiébrenlo, era una voz como de mando, y venía del primer piso, presumí que eran de las
fuerzas de recuperación del Palacio porque primer y segundo piso estaban en poder de la Fuerza
Pública”62.

83. “Los guerrilleros se habían replegado al costado noroccidental de los pisos segundo y tercero y tenían el
control pleno del cuarto piso. En el piso tercero, estratégicamente ubicada, permanecía una guerrillera
que con ráfagas de ametralladora retardó el operativo militar”63.

84. Mientras tanto, en el cuarto piso, Manuel Gaona, Ricardo Correal y Héctor Darío Correa tomaron
la decisión de abrir la puerta, salieron y un grupo de guerrilleros, les garantizaron el respeto por
su vida, los trasladaron cerca del ascensor junto con algunos conductores y otros rehenes y luego
los hicieron bajar al baño ubicado entre el tercer y el cuarto piso, donde hallaron refugio en
condición de rehenes64.

85. A ese mismo lugar fue conducido Jorge Reina, conductor que se encontraba en el sótano cuando
entró el comando guerrillero, quien relató a la Comisión que un compañero suyo preguntó a un
guerrillero si podían salir, a lo que éste respondió que se quitaran los sacos y los subieron por la
escalera al tercer piso, donde luego reunieron varias personas y transcurrida una hora u hora y
media, los bajaron al baño en el descanso de la escalera65.

86. En otro sector del cuarto piso, los guerrilleros Luis Otero, Alfonso Jacquin y Guillermo Elvencio
Ruiz llegaron al despacho del Presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía hacia las 2:00 p.m. y
lo trasladaron a la oficina del Magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, ubicada cerca de la escalera
que conducía a la azotea, donde los reunieron con los Magistrados Fabio Calderón Botero, Pedro
Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria, de la Sala Penal; Ricardo Medina Moyano, Carlos
Medellín y Alfonso Patiño Roselli, de la sala Constitucional; Fanny González de Franco y José

60 Nicolás Pájaro, Hernando Tapias Rocha: “El control de la fuerza pública era total en los dos primeros pisos”.
61 Nicolás Pájaro. Esta versión es confirmada por el Mayor Fracica, quien dijo a la Comisión haber recibido un papel enviado
desde el segundo piso por el doctor Borja pidiendo ayuda a las 6:00 p.m.., a quien él le habría dicho luego telefónicamente
que saliera.
62 Declaración ante la Comisión de la Verdad.
63 SERRANO y UPEGUI, Óp. cit.
64 CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., p. 62-63; Juzgado 30 de Instrucción Criminal, Calificación del mérito del sumario, Óp. cit., p.

12; SERRANO y UPEGUI, Óp. cit., JIMENO, Ramón. Óp. cit., p.96.

Eduardo Gnecco Correa, de la sala Laboral, así como con los Magistrados auxiliares Emiro
Sandoval Huertas y Julio César Andrade, y siete auxiliares judiciales: María Janeth Rozo Rojas,
Isabel Méndez de Herrera, María T. Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz
Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora y Nury Soto de Piñeres.

87. De los despachos de los Magistrados de la Sala Constitucional estaban las secretarias Lyda
Mondol de Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalía Romero de Díaz. De la Sala Laboral se
encontraban en ese piso el Magistrado Auxiliar Jorge Alberto Correa Echeverri y los secretarios
de los despachos Hermógenes Cortés Nomelín, Cecilia Concha Arboleda, así como algunos
visitantes66. Todas estas personas, junto con los escoltas de los Magistrados, Jaime Benítez Prieto y
Libardo Durán, así como los guerrilleros y otras personas que pudiesen encontrarse en el cuarto
piso, habrían podido morir en el marco de las explosiones producidas para facilitar la operación
helicoportada. Los cuerpos fueron hallados calcinados.

88. El ingreso de los tanques por el sótano y la puerta principal del Palacio de Justicia, las explosiones
indiscriminadas, los disparos desde dentro y fuera del edificio, todo ello en un lapso muy corto
desde el inicio de la violenta toma, determinaron que la situación se tornara en extremo grave y
desesperada para quienes se encontraban en el interior de la sede de la Justicia. La guerrilla se
concentró en dos puntos principales desde ese momento: uno en el cuarto piso al mando de Otero
y otro en el tercero, con Almarales al frente.

89. Varios de los rehenes que se encontraban en el tercer piso evocan lo que han coincidido en llamar
“la letanía” que el doctor Reyes Echandía repetía incesantemente: “no disparen por favor, somos
rehenes, soy el Presidente de la Corte”, y la respuesta consistente en disparos provenientes de los
tanques que estaban en el primer piso y bombas67. Agregó luego a sus ruegos que necesitaba la
presencia de la Cruz Roja, que necesitaba médicos porque había con él dos mujeres embarazadas
que requerían atención médica, pero la respuesta siempre fue la misma.

90. Luego de haberse comunicado en varias ocasiones con su hijo Yesid y con el Presidente del
Senado y de haber intentado infructuosamente hablar con el Presidente de la República, el país
escuchó a través de los medios de comunicación el angustioso y elocuente llamado del Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfonso Reyes Echandía: “que cese el fuego”.

91. Su hijo Yesid relató a la Comisión de la Verdad que cuando se enteró de la toma por parte del M-
19, trató de ubicar a su padre y logró contacto en dos ocasiones con una secretaria de la oficina
vecina, quien le informó que su padre estaba bien porque ella lo oía hablar y que estaba con un
escolta, pero que había mucho ruido y humo.

92. Luego se comunicó nuevamente y le contestó una persona que se identificó como Otero,
comandante de la “operación Antonio Nariño por los derechos del hombre”. Le dijo que ellos
querían dialogar, pero necesitaban que el Ejército no disparara más, le dijo “nosotros necesitamos
que paren el fuego o aquí nos morimos todos”. Yesid le pidió que le pasara a su padre, quien le
repitió lo que le dijo Otero, que un comando del M-19 se había tomado el Palacio pero que
querían dialogar y que requerían que cesara el fuego que venía de afuera. Luego pasó Otero y le
dijo que tenía 15 minutos para lograr que parara el fuego o si no todos morirían.

66 BEHAR, Olga. Óp. cit., p., P. 157, 159, 160; JIMENO, Ramón. Óp. cit., p.93; ECHEVERRY y HANSSEN, Óp. cit., p. 31.
67 Declaración de Jorge Valencia Arango en entrevista con la Comisión de la Verdad.

93. Salió de su oficina y fue donde Juan Guillermo Ríos quien se comunicó con el Procurador, y alguno
de ellos habló con García Márquez, reconocido amigo de Betancur, que se hallaba en París e
intercedió ante él para que cesara el fuego. También Ríos habló con la Ministra de
Comunicaciones, Noemí Sanín, quien afirmó que ese no era un asunto personal sino de Estado y
que por lo tanto no interfiriera.

94. Se dirigió entonces a la oficina de Yamid Amat, quien trató de hablar con la Ministra de
Comunicaciones. Estas diligencias tomaron aproximadamente 40 minutos; volvió a llamar y se
contactó nuevamente con Otero, quién estaba menos calmado, y le dijo “mire, o dejan de disparar
o aquí nos morimos todos”. Se volvió a comunicar con su padre quien le contó que había hablado
con el Director de la Policía, General Delgado Mallarino y con el Director del DAS, General Maza
Márquez68 y los dos le aseguraron que la orden de cese al fuego estaba dada y que era un
problema de comunicación porque la tropa a cargo del operativo no había podido recibir la orden.

95. En esas circunstancias, Yesid Reyes ofreció ponerlo en contacto con Yamid Amat para que el
propio Presidente de la Corte dijera al aire lo que ocurría. Su padre lo consultó con Otero y él
aprobó. Esa fue la conversación que se transmitió al país en directo. Otros periodistas también se
comunicaron con el doctor Reyes Echandía, después de lo cual la Ministra de Comunicaciones
llamó a Amat, Gossaín y Ríos y les dijo que si seguían pasando estas entrevistas o noticias del
Palacio, se cerrarían todos los noticieros.

96. Así se registraron las angustiantes palabras del Presidente de la Corte Suprema de Justicia a
través de los medios:

“... Por favor que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática, estamos rodeados aquí de
personal del M-19, por favor que cese el fuego inmediatamente, divulgue ante la opinión pública, esto es
urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? (…) Es que no podemos hablar con ellos, si no cesa el fuego
inmediatamente. Por favor que el Presidente dé finalmente la orden del cese al fuego (...)”.

“… Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al Gobierno que
cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan... Ellos no entienden. Nos apuntan con
sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo... Nosotros somos
Magistrados, empleados, somos inocentes.. .He tratado de hablar con todas las autoridades. He
intentado comunicarme con el señor Presidente pero él no está. No he podido hablar con él...”69.

97. Alvaro Villegas, Presidente del Congreso, señaló a la Comisión de la Verdad que hacia las 2:00 o
2:30 de la tarde recibió las llamadas del doctor Reyes Echandía y el Magistrado Pedro Elías
Serrano, quienes le dijeron que necesitaban hablar con el Presidente. El llamó al Presidente y le
transmitió su mensaje y éste le dio un número telefónico para que se comunicaran70. Luego el
doctor Reyes lo volvió a llamar y le dijo que el Presidente no le pasaba al teléfono. En tres
oportunidades, Villegas volvió a hablar con el Presidente para pedirle que le respondiera al
Presidente de la Corte. Desde ese momento, el Presidente no le pasó más al teléfono, habló con

68 El General Maza Márquez confirmó a la Comisión de la Verdad que tuvo una conversación con el doctor Reyes el 6 de
noviembre, después de la cual llamó al Presidente Betancur.
69 Transcripciones radiales y del periódico El Tiempo, registradas en el Informe del Tribunal Especial, SERRANO y UPEGUI,

Óp. cit.
70 Su llamada aparece en la constancia del acta de Ministros “El Presidente del senado se comunicó para transmitir la

vehemente solicitud de cese al fuego de Reyes Echandía”.

Augusto Ramírez Ocampo y con Noemí Sanín. Les expresó que él podía ser interlocutor, hablar
con los guerrilleros, pero no tuvo ninguna respuesta.

98. El Presidente del Congreso expresó a la Comisión de la Verdad que “[e]se día como a las cuatro o
cinco de la tarde de la discusión con mis compañeros decidimos reunir el Congreso en sesión secreta,
y hubo una sesión secreta. Inclusive me descubrí un periodista de Caracol y estaba hasta de pronto
transmitiendo porque se infiltró allá, y lo mandé a sacar en forma airada. Allí les conté simplemente
la misma narración que les he hecho a ustedes, de la imposibilidad de que el Presidente atendiera al
doctor Reyes, o alguno de los que estaban dentro del Palacio, a mí se me escondió el Presidente, esa
es la palabra que yo puedo decir. Es decir, tomó la decisión de no pasarme más al teléfono”71.

99. De acuerdo con el testimonio del Director de la Policía, General Delgado Mallarino, el 6 de
noviembre a las 5:00 p.m. el Presidente Betancur le pidió que llamara al Presidente de la Corte.
Delgado habló con Luis Otero y le dijo: “Yo les garantizo la vida, les garantizo un juicio justo e
imparcial”72.

100. La constancia que se adjuntó a un acta posterior del Consejo de Ministros con la cronología de los
hechos de 6 y 7 de noviembre señala, a partir de las cuatro de la tarde, lo siguiente:

“Hacia las cuatro de la tarde, el señor Presidente se reúne en su despacho con los Ministros y
militares con la asistencia intermitente del Secretario General de acuerdo con sus deberes. La
situación fue analizada en detalle. Cada uno de los presentes expuso su punto de vista, y las
decisiones que se adoptaron obedecieron al conocimiento que se tenía de las circunstancias, hechos y
características del asalto y a la apreciación que se hizo sobre sus posibles desarrollos. Para
comenzar se analizaron los propósitos, demandas, voluntad y actitud abiertamente violentos del M-
19, reflejados no sólo en la acción misma de tomar por asalto el Palacio de Justicia, sino en el hecho
de que a su entrada asesinó a algunos de los celadores en servicio, y luego, al primer intento de la
fuerza pública por recuperar el edificio, dio muerte a varios de sus miembros.

Se examinaron luego, dándoles el valor de indicios graves, aquellos hechos antecedentes o
concomitantes que permitían deducir una vinculación entre el narcotráfico y el M-19, por lo menos
para los efectos de financiar y ejecutar la “operación” que se adelantaba.
(…)
Se tuvo igualmente la convicción de que el M-19 no buscaba simplemente negociar sino también
ejecutar una operación político-militar de muy vasto alcance y resonancia publicitaria, a la que
concedía señalada importancia, puesto que, cuando atentó contra el General Samudio Molina,
Comandante del Ejército, pocos días antes, anunció un hecho que asombraría al mundo entero y
dejaría a Colombia “con la boca abierta”. Eran notorios su arrojo demencial y su actitud suicida.
Además, sin que conocieran respuesta o decisión alguna del Gobierno, los asaltantes anunciaron su
intención de volar el Palacio, de asesinar uno por uno los Magistrados rehenes, de lanzar sus
cadáveres, cada cuarto de hora, a la Plaza de Bolívar.

También estuvieron de acuerdo el Presidente y los Ministros en que si el M-19 hubiera querido
negociación para volver a la política de paz, de la cual se retiró unilateral y voluntariamente, no
hubiera tenido necesidad de apelar al expediente macabro que estaba utilizando, pues para el
diálogo, que preserva las instituciones y no las sacrifica, el Gobierno no había cerrado las puertas.
Precisamente estaban abiertas cuando se asaltó el Palacio de Justicia, pues la Comisión de Paz había

71 Entrevista de Alvaro Villegas con la CVPJ.

invitado al M-19 a conversar. Ese día, miércoles 6 de noviembre, el Secretario de la Comisión, doctor
Alfredo Caicedo, estaba en Cali a solicitud del M-19 buscando iniciar los contactos del caso. El
Ministro de Gobierno había convenido, por gestión de un interlocutor del M-19, reunirse con
dirigentes de esa organización. Además, la solicitud de diálogo no la formulaba en forma directa el
M-19 sino un rehén inerme bajo la presión de las armas.

El doctor Alvaro Villegas Moreno, Presidente del Senado de la República, había transmitido al señor
Presidente Betancur la vehemente solicitud de cese al fuego que formulaba el doctor Alfonso Reyes
Echandía, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente pidió que, sin ceder en la decisión de no negociar, se ofreciera a los terroristas el
respeto a sus vidas e integridad personal y el adelantamiento de un juicio imparcial, con el lleno de
las garantías procesales, ante la justicia ordinaria.

Los Ministros de Justicia, Educación y Comunicaciones solicitaron que, mientras se llevaba a cabo la
comunicación del primero de ellos con Andrés Almarales, se suspendiera el operativo que la Policía
había anunciado estaba adelantando para tomarse el cuarto piso, en vista del riesgo que para la
vida de los Magistrados que allí se encontraban, representaba ese operativo. Esta propuesta fue
considerada conveniente. (…)

Los Ministros de Justicia y Comunicaciones observaron la diferencia esencial entre diálogo y
negociación. Bien puede haber diálogo sin negociación, y creen necesario que lo haya para se
enteren los asaltantes de las condiciones exigidas por el Gobierno y con el fin primordial de salvar la
vida de los Magistrados y demás rehenes.

(…) Se estimó también que la solicitud de cese al fuego se había formulado sin que los asaltantes
hubieran interrumpido sus ráfagas o demostraran actitud favorable a ello. Por el contrario habían
dado muerte a varias personas y continuaban disparando.

Por las razones anteriores se decidió no acceder a la petición de cese al fuego y hacer conocer a los
asaltantes las decisiones tomadas por el Gobierno y la voluntad firme de cumplirlas. El cese al fuego
poseía (sic) convenirse solamente si se liberaba a los rehenes, se abandonaba por los asaltantes el
Palacio de Justicia y se aceptaban las condiciones ofrecidas por el Gobierno de respetar la vida e
integridad de los ocupantes y ponerlos a órdenes de la justicia ordinaria.

Hacia las cinco de la tarde se estableció comunicación con el señor Presidente de la Corte Suprema
de Justicia (…) los presentes escucharon la conversación entre el señor Presidente de la Corte y el
General Delgado Mallarino, a quien se había designado para adelantar este diálogo a nombre del
Gobierno, dada la amistad que los unía de tiempo atrás y su autoridad militar para notificar a los
guerrilleros el pensamiento del Gobierno.

El doctor Reyes Echandía solicitó el alto al fuego. Informó que con él estaban varios guerrilleros que
le apuntaban con ametralladoras. ‘Nos van a matar’ -dijo. Con vehemencia pidió la suspensión del
operativo militar, manifestando estar de por medio la vida de todos los rehenes. El General Delgado
Mallarino le manifestó que la fuerza pública estaba haciendo todo lo posible por salvar su vida y las
demás, pero que estaban de por medio las instituciones y los deberes para con ellas del Gobierno.
Ante la evidencia de que era imposible sostener una conversación en que el interlocutor pudiera
hablar con libertad, solicitó que le pasara al teléfono al dirigente de los guerrilleros que lo
acompañaba.

Se oyó la voz de quien se identificó como el Comandante Otero a quien el General Delgado Mallarino
transmitió la decisión del Gobierno de no negociar y de no suspender el operativo en marcha. El
señor Luis Otero, quien habló a nombre del M-19 y dijo ser el comandante de sus compañeros,
respondió que en manera alguna ellos aceptaban solicitudes ni ofrecimientos del Gobierno porque
habían ido a ejecutar una operación político-militar que debía adelantarse a cualquier precio y que
los Magistrados rehenes eran precisamente garantía de que ella se cumpliría. El General Delgado
Mallarino intervino de nuevo para pedirle a Otero que reflexionara, que evaluara la situación y que
se diera cuenta de los inmensos riesgos que estaban corriendo muchas personas y lo invitó a que, si
cambiaba de opinión, le llamara por teléfono. En este punto terminó la conversación y el señor Otero
nunca llamó, ni buscó ningún otro medio para expresar opinión distinta a la ya referida. Durante la
conversación se escuchaban ráfagas.

En vista de este resultado del primer contacto con los guerrilleros, el Ministro de Justicia propuso
que hablaría con Andrés Almarales, calificado miembro del M-19 que hacía parte de los ocupantes
del Palacio, por ser su paisano y haber sido compañeros de colegio en la infancia, con quien hasta
hace unos años había conservado una relación amistosa. Marcó con tal fin el mismo teléfono
2415015 en el que se había obtenido la comunicación anterior. Nadie contestó ese teléfono. Se llamó
sistemáticamente a cada uno de los teléfonos de la Corte que figuran en el Directorio sin obtener
respuesta. Quedó la impresión de que había sido cortada toda comunicación con el Palacio”73.

101. Según relató a la Comisión de la Verdad el Ministro Parejo González, el General Delgado le dijo a
Otero que tenía que rendirse, que no había posibilidades de seguir en Palacio porque estaba
totalmente sitiado y que el Presidente de la República se comprometía a respetarles la vida a los
guerrilleros y someterlos a un juicio justo. Otero respondió que no se rendirían y responsabilizó a
la Policía y al Gobierno de lo que pudiera pasar dentro del Palacio de Justicia, y frente al
ofrecimiento de un juicio justo y de que les iba a respetar la vida les dijo que ellos sabían cómo la
Policía respetaba la vida de los guerrilleros y realizaban juicios justos y se refirió al incidente
ocurrido en el sur de Bogotá, cuando miembros del M-19 se robaron un carro cargado de leche74,
y le dijo que si esa era la única propuesta, ellos no estaban dispuestos a seguir conversando con el
Gobierno ni con Delgado Mallarino75.

102. Hacia las cinco de la tarde, en efecto, se perdió la comunicación con el cuarto piso. Esa hora
coincide con el desarrollo del operativo de la Policía efectuado por la azotea y los combates
subsiguientes, con el arribo del ejército al cuarto piso.

103. El Magistrado Nemesio Camacho Rodríguez, de la Sala Laboral, permaneció escondido en su
oficina del 4° piso junto con dos personas más, María Esther Mesa y Lucía Bermúdez de Sánchez, y
según relató al Tribunal Especial, “por lo menos cinco proyectiles fueron dirigidos hacia mi oficina y mi
secretaria no fue alcanzada por ellos, milagrosamente”.76 A raíz del incendio que se presentó horas
después, el Magistrado Camacho y sus acompañantes lograron salir y fueron llevados por los
guerrilleros al baño ubicado entre el tercer y cuarto piso del Palacio77.

73 Constancia agregada al acta del Consejo de Ministros correspondiente al día 28 de enero de 1986. Archivo Presidencia de
la República.
75 En el mismo sentido relató a la Comisión de la Verdad la conversación el Ministro de Gobierno, Jaime Castro.
77 Declaración de Lucía Bermúdez de Sánchez; HERNÁNDEZ, Germán. Óp. cit., p. 73.

104. Según el testimonio de Lucía Bermúdez de Sánchez ante la Comisión, no se habían dado cuenta que
el Palacio estaba incendiado. Como a las 8:00 p.m. el doctor Nemesio empezó a perder el sentido,
entonces María Esther dijo que deberían salir porque había mucho humo y faltaba el aire.
Entonces abrió la puerta y salió de ese despacho para la Secretaría. No se veía nada. Cuando llegó
a la puerta, vio las llamas gigantescas en el despacho del doctor Medina Moyano. Trató de
controlarse, invocó a su hijo que recién había muerto y le imploró que le ayudara a abrir la puerta
con las llaves que ella tenía en la mano. Logró abrir y empezaron a llamar al doctor Nemesio que
estaba perdiendo el sentido. Lo cogió de una mano para sacarlo de ahí. Al fin, con gran trabajo
lograron salir.

105. Al lado de la puerta estaban varios guerrilleros, quienes les dijeron que salieran y fueran hacia los
baños. Requisaron al doctor Nemesio y llegaron al baño donde estaban muchísimas personas.
Habían regado agua en el piso para que no entrara el humo. Los trasladaron por orden de un
guerrillero a otro baño, ella perdió el sentido y María Esther también. Los demás salieron del
baño y luego un guerrillero las despertó y no recuerda más. Serían las 9 o 10 de la noche y ella
volvió en sí al otro día a las 5 am. Le dos conductores la sacaron de ahí y la llevaron al baño de
abajo.

106. Rosalba Marín de Henao, Auxiliar del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Montoya
Gil, declaró: “... Después el doctor Murcia Ballén y Yolanda, la Auxiliar, se pasaron para la oficina de
nosotros, yo en medio de mis nervios me asomaba cada rato a la puerta y vi que el cuarto piso estaba
incendiado y pasaban las llamas al tercero, le dije al doctor Horacio que se estaba incendiando el tercer
piso y que nos saliéramos... Hasta ahí me di cuenta, porque me comentaron mis compañeras que yo me
había desmayado, lo cierto fue que yo aparecí después en uno de los baños sin recordar qué piso, me
estaban auxiliando dos guerrilleros de esos del M-19 el uno me sostenía y el otro me daba un vaso de
agua con una pasta...”78.

107. Sólo seis personas de las que ocupaban el cuarto piso quedaron por fuera del grupo de rehenes
que capturó Otero, quienes fueron trasladadas al baño, último lugar de resistencia del M-19 en el
Palacio hasta el fin de la toma.

108. Los medios de comunicación continuaban transmitiendo lo que observaban desde la Plaza de
Bolívar y las conversaciones que lograban entablar con los rehenes al interior del Palacio. A la
1:15 p.m., sin embargo, la constancia agregada al acta del consejo de Ministros registra que el
Director de Inravisión solicitó autorización para transmitir en directo los hechos. Noemí Sanín,
Ministra de comunicaciones “convino con el Director de Inravisión, no autorizar cambio en la
programación por las repercusiones en el orden público que podía conllevar una transmisión
cuando no había claridad sobre lo que estaba ocurriendo. El público estaba suficientemente
enterado por la radio. Quizá más tarde se podrían aprovechar las grabaciones, ya sobre los hechos
establecidos”.

(…) Después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia o inconveniencia de establecer censura
a la radio y la televisión, la Ministra de Comunicaciones se comunicó por teléfono y télex con los
responsables de las cadenas y emisoras radiales y de los noticieros de televisión y les hizo presentes
las prohibiciones legales de transmitir noticias relacionadas con los operativos militares, y les
notificó que no podían transmitir los comunicados de los subversivos- como lo habían pedido ellos en
su manifiesto-, ni podían tampoco transmitir al público entrevistas desde el interior del Palacio de


Justicia, pues dentro de él estaban los delincuentes que inducirían la violación del orden jurídico, y
muchos inocentes que no eran libres para manifestar la plenitud de su pensamiento. A continuación
se transcribe el télex respectivo: “El ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la
transmisión de entrevistas y llamadas a Magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación
tendiente a salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el palacio de justicia,
atentamente, Noemí Sanín Posada- Ministra de Comunicaciones.”

109. El periodista Juan Gossaín recibió el 6 de noviembre sobre las 5:00 p.m. una llamada de la
Ministra de Comunicaciones Noemí Sanín, quien le dijo que él sabía que en el exterior escuchaban
su programa y lo estaban retransmitiendo, que le pedía el favor de salir del aire, ya que se le está
haciendo daño al país. Él le expresó que no lo haría, y la Ministra le dijo que estaba violando la ley,
ante lo cual Gossaín le pidió que le dijera qué ley estaba violando79.

110. Hacia las 6:00 o 7:00 p.m., Yamid Amat recibió la llamada de la Ministra Sanín, quien le ordenó
interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aun cuando no había resolución, era una orden. El dijo
que lo haría si los demás medios lo hacían. Ella le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al
ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores, y le ordenó transmitir un partido de
fútbol. Los silenciaron y los obligaron al fútbol. No les permitieron emitir siquiera boletines. La
consideró Yamid Amat como una implacable imposición de censura. La Ministra le dijo tiempo
después que esa era “la única manera de salvar la democracia”.

111. “La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. (…) “Los medios de comunicación eran en ese
momento los ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el
gobierno, cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando”, concluyó Yamid Amat80.

112. En entrevista con la Comisión de la Verdad, sin embargo, la ex Ministra Sanín negó
categóricamente la versión anterior.

113. Entretanto, las condiciones de los rehenes que se encontraban en los pisos inferiores, el proceso
de salida y, en algunos casos, de rescate por parte de la fuerza pública, fueron dramáticos.
Algunos de los testimonios ofrecidos a la Comisión de la Verdad, narran la angustiosa vivencia por
ellos experimentada.

114. En el primer piso del Palacio, los rehenes que se encontraban en la Secretaría de la Sala Penal, -
Heriberto Velásquez, Joselín Sánchez Alvarado, Fabio Ospitia Garzón, Fabián Romero, Denis
Durango, Orlando Arrechea y el abogado Esteban Bendeck Olivella-, se resguardaron en la oficina
del Secretario Velásquez Ramos, debajo de una mesa y cubrieron los lados con resmas de papel
para protegerse. Luego siguió el ruido, las ráfagas, y así continuó ese día. No tenían visibilidad y
sólo escuchaban gritos, voces, luego los helicópteros, se escuchaban explosiones. El Secretario se
comunicaba permanentemente con los Magistrados en el cuarto piso, donde aún no había llegado
la guerrilla, como hasta antes de la 1:00 p.m., cuando perdieron comunicación con ellos.

115. En un momento quedaron en la oscuridad, luego llegaron unas personas a la oficina con palabras
soeces y les dijeron que salieran. Ellos no respondieron y se fueron. Creyeron que regresarían por
ellos, pero fue avanzada la tarde cuando, hacia las 5:00 o 5:30 p.m. entró la fuerza pública y
preguntaron “¿hay guerrilleros acá?”, ellos contestaron que no, les ordenaron levantarse uno a

80 Declaración de Yamid Amat ante la Comisión de la Verdad

uno con las manos en la cabeza. Se paró el abogado Esteban Bendeck, a quien conocía uno de los
militares, quien les dijo que esperaran un momento, que iba a preparar su salida. Les ordenó salir
uno por uno, se sorprendieron cuando vieron dos tanques dentro del Palacio, alineados. Había
mucho ejército. Los sacaron a la casa del Florero. Ya había mucho humo a esa hora, presumen que
ya había incendio81.

116. La Comisión desea destacar un gesto de solidaridad del doctor Bendeck, quien al ser rescatado del
Palacio llamó al Presidente Betancur, con quien no pudo hablar, pero dejó un mensaje que se
encuentra registrado en los archivos de la Presidencia de la siguiente manera: “Doctor Esteban
Bendeck Olivella: Deseaba hablar con el señor Presidente para pedirle por favor reflexión en este
problema de la Corte. Vivió por tres horas la tragedia y dice que la solución no es militar sino de
diálogo como ha sido la política del Señor Presidente. Le ruega intervenir para salvar la vida de los
Magistrados. (recordó a manera de ejemplo la solución de la toma de la Embajada Dominicana)”82.

117. De acuerdo con el relato de Clara Forero de Castro ante la Comisión de la Verdad, una vez iniciada
la toma, cerraron la puerta y como no tenían visibilidad hacia el interior del Palacio, consideraron
que tendrían más seguridad. Al poco tiempo, su esposo, el Ministro Jaime Castro, la llamó a
preguntar qué estaba pasando y cómo estaba. Ella y sus acompañantes tomaron la decisión de
quedarse ahí el tiempo que fuera necesario porque no podían hacer otra cosa. En ese lapso
escuchaban cada vez más gritos, más disparos, era una situación aterradora.

118. Las permanentes explosiones hacían temblar el edificio, las ametralladoras sonaban sin parar.
Decidieron tirarse al suelo porque temían que alguna bala entrara a la oficina. Como a las 4:00 o
4:30 p.m. comenzaron a sentir carreras cercanas en el segundo piso y de pronto tocaron en la
oficina y dijeron “somos ejército, policía, tenemos el segundo piso; ¿hay alguien ahí?”. Ella estaba
aterrorizada y nada respondió.

119. Horas después, hacia las 10:30 p.m., se dieron cuenta de que el incendio ya estaba ahí y
decidieron salir; si se hubieran demorado más habrían muerto asfixiadas o carbonizadas.
Encontraron cuatro soldados, muy jóvenes, a quienes pidieron ayuda, dijeron que eran
empleadas, ellos no sabían quién era ella. Uno de ellos la reconoció, un agente del DAS -Enrique
Álvarez-, que había sido escolta de su esposo. A pesar de que había una placa en la puerta con su
cargo y su nombre, nadie la ubicó ni preguntó por ella. Nunca hubo ningún operativo militar para
rescatarlas, ellas salieron por sus propios medios y se encontraron esos soldados que bajaban
ocasionalmente por ahí83.

120. El Secretario del Consejo de Estado, Darío Quiñones, recibió la orden de los guerrilleros de ir a la
oficina de sus colaboradores donde estuvieron un tiempo escuchando la cantidad de disparos
cada vez más abundantes, permanente. Su señora lo llamó por teléfono y contestó la guerrillera
Irma Franco, le dijo que estuviera tranquila, que ahí estaban. Oía que los guerrilleros preguntaban
a gritos por el doctor Jaime Betancur Cuartas. Así permanecieron un tiempo hasta que las
guerrilleras dispusieron que salieran de esa oficina, les hicieron caminar en cuclillas, les

81 Declaraciones ante la Comisión de la Verdad de los empleados Joselín Sánchez Alvarado, Fabio Ospitia Garzón, Fabián
Romero, Gilma Paredes y Denis Durango.
82 Archivos de la Presidencia de la República consultados y fotografiados por la Comisión de la Verdad.
83 Testimonio de Clara Forero de Castro ante la Comisión de la Verdad. HERNÁNDEZ, Germán. Óp. cit., p. 72. Llama la

atención que varias versiones recibidas por la Comisión indican, como la del Coronel Herrera Miranda, que la doctora
Forero de Castro había sido liberada por el ejército al mismo tiempo que el Consejero Jaime Betancur, hacia las 6:00 p.m.

protegieron de los disparos y los dirigieron por la escalera al norte del edificio que conducía a los
pisos altos y a los baños. Los ubicaron en uno de los baños84.

121. En cuanto a las personas que se encontraban en el tercer piso, la ubicación de sus refugios jugó un
papel preponderante para efectos de su salida definitiva del Palacio, ya que aquellas personas que
lograron trasladarse por el costado sur del edificio lograron abandonar por sus propios medios
sus escondites y llegar hasta donde se encontraba la Fuerza Pública.

122. Otro grupo de rehenes no corrió con la misma suerte porque en la salida obligada de sus refugios
se encontraron con guerrilleros del M-19, quienes concentraron a un elevado número de rehenes,
algo más de sesenta, en el baño ubicado entre el tercer y cuarto piso del costado noroccidental del
Palacio.

123. El capitán del ejército Juan Chamorro, dos soldados y un sargento del Batallón Guardia Presidencial
junto con Sarria -conocido como el “rambo criollo”-, fueron protagonistas del rescate de un
importante número de rehenes del Palacio hacia las 5:00 p.m. Rescataron, de la oficina 208, al
Consejero de Estado Jaime Paredes Tamayo y a otras tres personas. Posteriormente, en el tercer piso,
rescataron a 8 mujeres y 3 hombres y los trasladaron a la oficina que pertenecía al Fiscal del Consejo
de Estado Álvaro León Cajiao. Nuevamente en el segundo piso, avanzaron de oficina en oficina y
reunieron a toda la gente que se encontraba dispersa en el sector oriental de dicho nivel. En el
primer piso nuevamente, rescataron a los Consejeros de Estado Mario Enrique Pérez Velasco,
Humberto Mora Osejo, Eduardo Suescún Monroy y Miguel Betancourt Rey85.

124. Ese mismo grupo de rescate logró la liberación del hermano del Presidente, Magistrado Jaime
Betancur Cuartas, sus dos escoltas y las secretarias del Consejero86, quien luego de ser buscado por
una guerrillera y haber evitado su captura al refugiarse en una oficina al lado de la suya, fue
rescatado después de una operación que tardó cerca de dos horas en la que, mediante una
escalera humana, salió por una ventana hasta el primer piso 87.

125. En este grupo de rescatados del segundo piso se destacan dos estudiantes de derecho de la
Universidad Externado de Colombia, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo que se
encontraban en el Palacio de Justicia en cumplimiento de compromisos académicos, quienes
luego de encontrarse frente a frente con guerrilleros tanto en la cafetería como en el pasadizo del
segundo piso, fueron trasladados por militares que entraron resguardados por los tanques, hacia
la Casa del Florero, donde recibieron el tratamiento de “especiales”, es decir de sospechosos de
pertenecer al M-19 y fueron trasladados a instalaciones militares88.

126. Según el testimonio del Coronel de la Policía Herrera Miranda, a las 6:00 p.m. salió el hermano del
Presidente y un grupo como de 20 personas, “que nadie tomó nota”. Agrega que luego salieron
otras personas, y él hizo una “lista de 215 personas, que habría que confrontar con la del Coronel
Sánchez”89.

84 Declaración ante la Comisión de la Verdad.
85 BEHAR, Olga. Óp. cit., p., Pp. 167 a 169, 180; HERNÁNDEZ, Germán. Óp. cit., p. 67
86 BEHAR, Olga. Óp. cit., p., P. 179, HERNÁNDEZ, Germán. Óp. cit., p. 68.
88 Ver Capitulo V
89 Se refiere al jefe del B2 de la Brigada XIII, uno de los responsables del ingreso de los rehenes a la casa del Florero.

127. El Mayor Fracica manifestó a la Comisión que ellos no hablaban con la gente, sólo la sacaban.
Señaló no saber si salieron algunos guerrilleros, el único del que sospechó fue un muchacho que
“no era común”, entonces pidió a los soldados “que lo identifiquen bien en la puerta”. “Era un
morenito joven, como de unos 24 o 25 años, no estaba bien vestido” y él pidió que lo “revisaran
bien”90.

128. A las 10 de la noche, los Magistrados Humberto Murcia Ballén, Horacio Montoya Gil y otras
personas salen de las oficinas del tercer piso por el incendio y se dirigen hacia las escaleras del
norte del piso, donde son interceptados por guerrilleros y obligados a permanecer en los baños
entre el segundo y tercer piso91.

129. En la Dirección General de la Policía, el General Delgado Mallarino hizo un plano del Palacio de
Justicia92 para proyectar el ingreso de sus hombres por la azotea del cuarto piso. “Nunca
imaginamos, yo no lo imaginé, que hubiera una puerta de acero que pudiera impedir la entrada. Yo
pensé que había una puerta pero que era una puerta que era ‘tumbable’ y que eso nos permitía
porque el operativo era un operativo de rapidez, era un operativo rápido. A las dos de la tarde ya
hay un control operativo, yo ya me desprendí; las unidades de la policía quedaron bajo el control
operacional; el General José Luis Vargas Villegas estuvo permanentemente acompañando al
comandante de la Brigada; el comandante de la Brigada ya utilizaba las unidades de la policía como
parte de su operativo, pero cuando entraron yo no tenía comunicación directa con los grupos GOES
que estaban en Palacio. Ya eso estaba controlado por quienes estaban comandando el operativo en
la operación misma, yo ya no tenía nada que ver, absolutamente nada. Ya la primera parte del
operativo, que no se había podido cumplir, era tal y ya después era cómo evacuar mi gente”. Cuando
entraron (…), no entraron al Palacio totalmente porque no pudieron. Bajaron la escalera, se
quedaron ahí, avanzaron hasta un poquitico, dieron de baja al capitán Talero que era el
comandante, lo mataron, y al capitán Orjuela que era el segundo, le metieron como 14 esquirlas con
impactos de granada, se devolvieron y se evacuó el personal. Eso fue todo. Estaba lleno de humo, no
había luz, no encontraron a nadie, no vieron a nadie cuando ellos informaron, y qué, qué vieron
ustedes, no, no vimos nada”. (…). La participación de la Policía fue esa. A las 5 y media de la tarde ya
estaban evacuando”93.

130. El operativo realizado a partir de las 5:00 p.m.94 fue tan intrépido como torpe, porque de los
oficiales del COPES, o los del GOES que los auxiliaron, ninguno conocía el edificio, no habían
estudiado los planos, y tampoco sabían la posición exacta de los rehenes y de sus captores. Todo
lo que se les había informado era que la terraza de alguna manera comunicaba con el cuarto piso
por una puerta metálica que tenían que derribar con dinamita.

90 Ver Capítulo V
91 CASTRO CAYCEDO, Óp. cit., P. 83
92 Sobre la existencia y disponibilidad de los planos por parte del gobierno y de la fuerza pública, existen múltiples

versiones no coincidentes: así, por ejemplo, el entonces Ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, relató a la Comisión
que llegó a Palacio de Nariño a eso de las 3:00 p.m. con los planos que reposaban en su Despacho, mientras el Coronel
Herrera y el Mayor Fracica dicen que trataron de obtener los planos pero no los consiguieron y el Coronel Plazas afirma que
los vio el 7 de noviembre. El Ministro Ramírez Ocampo afirma que trataron de conseguir los planos y más adelante señala
que el General Delgado Mallarino observó sobre los planos la claraboya del cuarto piso, y la Ministra Liliam Suárez Melo
dice que sólo los consiguieron ya entrada la noche del 6 de noviembre. El Ministro Parejo, por su parte, señaló que obtuvo
los planos y los consultó, junto con otros Ministros, antes de la operación helicoportada.
93 Declaración del General Víctor Delgado Mallarino ante la Comisión de la Verdad.
94 Según señaló el Coronel Plazas Vega a la Comisión de la Verdad: “el COPES de la Policía en helicópteros Hiracois ingresó por

la terraza del cuarto piso sobre las 16:30 horas”

131. Luego de recibir una lluvia de proyectiles, porque con el ruido de los helicópteros habían alertado
a los guerrilleros que se apostaron mejor para impedir la entrada, y después de colocar poderosos
explosivos, lograron derribar la puerta pero llegaron fue al cuarto de máquinas. Penetraron
entonces por una claraboya y luego por una escalera de hierro adosada a la pared y fueron
recibidos a bala por guerrilleros del M-19, quedando varios heridos y muerto uno de los oficiales
que comandaba la operación, el capitán Héctor Aníbal Talero Cruz95.

132. Según lo expresó el Mayor Fracica, recibió una llamada del Coronel Sadovnik, quien le ordenó
permanecer en el interior del Palacio ya que iba a entrar un comando de la Policía por arriba y
necesitaban que apoyara para “presionar” cuando entraran. En el mismo sentido, el General
Samudio manifestó a la Comisión de la Verdad que “los helicópteros que estaban más cerca eran los
de la Policía, y el General los ofreció y coordinó con el comandante de Brigada”.

133. “Con Ingenieros Militares se sitúan cargas explosivas para abrir boquetes que permitieran el ingreso
de las unidades militares”, según declaró a la Comisión de la Verdad el General Arias Cabrales,
comandante de la Brigada XIII del Ejército.

134. Para el momento del arribo del COPES, ya el Ejército había logrado ganar el cuarto piso por un
costado, mientras los que pudieron asomarse del COPES lo hicieron por el otro. En la mitad, en el
ángulo nororiental, con barricadas a ambos lados, estaban los guerrilleros y los rehenes.

135. El capitán de la Policía Hernando Caro Castaño, miembro del COPES, describió así los hechos96: “De la
misma manera logramos dominar y asegurar el descanso del cuarto y tercer pisos de las escaleras del
costado por donde ingresamos. El ejército había dominado la situación al parecer en los primero y
segundo pisos, por cuanto después de un largo tiempo establecimos contactos con otros miembros de
nuestras unidades de la policía e igualmente del ejército, estableciéndose posteriormente que esta zona
de libre movimiento por parte de todas las unidades que allí estaban, comunicándonos desde el primer
piso hasta la terraza del edificio por este costado”.

136. Frente a una pregunta de la Comisión de la Verdad en relación con la explosión de la puerta en la
azotea, el General Delgado Mallarino expresó que la puerta metálica que comunicaba la terraza
con el cuarto piso fue derribada con disparos de fusil. “Si hubiéramos tenido explosivos en ese
momento; antes, habíamos roto la puerta”. La Comisión pudo esclarecer que fue derribada con
cargas explosivas.

137. Es altamente probable que las explosiones para derribar la puerta de la terraza produjeran
víctimas entre los guerrilleros y rehenes.

138. El feroz combate del M-19 con el ejército en el cuarto piso cerró toda posibilidad de que cualquier
rehén saliera con vida. Ya el fuego de este sector era abrasador y se desplazaba desde el costado
sur hacia la esquina nororiental donde estaban confinados los cautivos. La oscuridad era absoluta
y el humo asfixiante. Los del COPES no pudieron avanzar porque “al que se iba asomando le iban
soltando una ráfaga” y el Ejército disparaba a lo que se moviera. Los rehenes no podían salir
porque no lo permitían sus secuestradores y estaban bajo la amenaza de tres fuegos: el de la
policía con el COPES, el del Ejército, y la conflagración97.

95 Informe Preliminar de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia
96 Declaración ante SERRANO y UPEGUI, Óp. cit.

139. El General Arias Cabrales estuvo al frente de la acción del Ejército en el cuarto piso y allí ordenó
disparar fusiles lanzagranadas hacia el sector donde estaban atrincherados los guerrilleros y
arrinconados los rehenes; luego se disparó un obús contra el mismo lugar. Como persistía la
resistencia, en el techo, sobre el punto donde se calculaba que estaba el M-19 se colocaron cargas
explosivas y se hicieron estallar, pero la placa de concreto resistió98.

140. A sabiendas de que los guerrilleros tenían capturados rehenes, el ejército ordenó disparar cargas
explosivas “en la oficina inmediatamente de encima” y abrir un roto, lanzar granadas, fumigar y
hacer lo que fuere. Por el radio del propio ejército se anunció:

ARIETE 6: ¿Usted me puede conseguir ahí al, al Carlos Tango de Ariete que está encargado de los
explosivos?, siga.
ARCANO 3: Negativo está, está por allá en el cuarto piso con Arcano Seis, cambio.
ARIETE 6: Arcano Seis Ariete de Seis.
ARCANO ESCOLTA o ENCARGADO: Siga Ariete Seis para Arcano Escolta.
ARIETE 6: Hágame un favor por ahí debe estar el Carlos Tango Barreto el encargado de los
explosivos de Ariete, pásemelo al aparato.
ARCANO ESCOLTA o ENCARGADO: QSL.
(…)
ARIETE 6: (...) Envío dos cargas más, dos cargas más de 15 libras, le envío una carga de cri, perdón
cuatro cargas de cráter y 40 libras de TNT, cordón detonante, estopines para que usted allá um,
amplíe el roto pero encima del objetivo, siga.
CAPITAN BARRETO: Recibido y QSL siga Ariete Seis.
ARIETE 6: Tenga en cuenta que la carga de cráter, la carga de cráter es bastante poderosa y que la
distancia de seguridad de las propias tropas debe ser eh mayor que con la carga de demolición, siga.
CAPITAN BARRETO: Recibido sí, el personal aquí donde se está colocando como seguridad eh, del
sitio donde se coloca la carga eh tiene protección, siga.
ARIETE 6: R la idea es localizar a los chusmeros esos y, y en la oficina inmediatamente de encima si
es posible colocar la carga para abrir un roto y por ese roto aventarles granadas y fumíguelos y lo
que sea.
CAPITAN BARRETO: R QSL (...) y precisamente se lanzaron unas granadas con, la (...) la primera
carga y estamos esperando la otra ahoritica se va a estallar la segunda y depende del orificio que
haga entonces se procederá a lo concerniente, siga.
ARIETE 6: ¿El diámetro de la carga que estallaron de cuanto fue?
CAPITAN BARRETO: Aproximadamente 50 de centímetros, siga.
ARIETE 6: R, eso es suficiente, suficiente ahora si usted coloca las dos cargas en, en serie abre un, un
roto suficiente para, para cualquier cosa, pero tiene que abrirlo encima del objetivo, siga.
CAPITAN BARRETO: R QSL de acuerdo a indicaciones que de aquí del personal que estuvo
inicialmente en el sitio donde se están colocando las cargas, eh, se cree está el personal de acuerdo a
como se están escuchando las detonaciones, ahí se va a colocar la segunda carga y posteriormente el
resto de material para hacer el cráter necesario, siga.

141. El acta del Consejo de Ministros registra a la 6:00 p.m. que “Llega la noticia a la Casa de Nariño de
que el GOES ha podido forzar la puerta de la azotea del Palacio de Justicia gracias a una operación
en helicóptero. Tal puerta dio a las Fuerzas Armadas acceso al cuarto piso del Palacio de Justicia.
Varios Ministros expresaron su preocupación en vista de que en ese piso se hallaban el Presidente de
la Corte y algunos Magistrados más como rehenes. Además el Ministro de Justicia manifestó que él y
otros Ministros habían considerado conveniente, y así lo habían expresado, que no prosiguieran las

98 Informe Preliminar de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia.

operaciones en el cuarto piso mientras no se agotara la posibilidad de establecer contacto con
Almarales, con miras a tratar de persuadir a los subversivos de que desistieran de su acción criminal
contra la Corte Suprema de Justicia y de que dejaran en libertad a los rehenes”.

142. El General de la Policía Félix Gallardo Angarita, Comandante de Bomberos en 1985, quien se
enteró por la radio de los hechos, dio las órdenes a todo el personal de permanecer en sus
cuarteles, aproximó máquinas al Palacio por si había una emergencia y las dejó a órdenes de la
Policía. Cuando empezó el incendio, los bomberos ubicaron una máquina en la carrera 7ª y otra
en la Plaza. “Pero no pudieron operar porque las máquinas no alcanzaban sino apenas a las
paredes”. Ahí permanecieron. Cuando se disparó el rocket contra la fachada del Palacio, él se
comunicó con la Policía para decir que las máquinas estaban a disposición de la Policía. En la
radio estaban los Generales Vargas Villegas y Arias, quienes sí entraron al Palacio99.

143. Hubo tres incendios al interior del Palacio el primer día de la toma: dos de menor intensidad y
uno que destruyó casi totalmente el edificio y cobró, probablemente, la vida de quienes pudieron
haber sobrevivido a los disparos y explosiones en el cuarto piso.

144. El primero se inició en el sótano y no se propagó100, entre 1:00 p.m. y 2:00 p.m., después de la
colocación por parte de guerrilleros del M-19 de cargas explosivas, del ingreso de los tanques y
del fuerte enfrentamiento que se dio en esa zona, donde se encontraban estacionados numerosos
vehículos, algunos de los cuales resultaron quemados.

145. El segundo incendio tuvo su origen al parecer en el auditorio adjunto a la biblioteca en el primer
piso, cuando ya la fuerza pública tenía el control de ese nivel de la edificación, hacia las 5:00 o
6:00 de la tarde, pero sus causas no son claras, ya que existen versiones contradictorias sobre la
manera como se inició.

146. En efecto, el Mayor Fracica, quien había ingresado al Palacio al tiempo con los tanques y se
encontraba en la biblioteca, expresó a la Comisión que de repente sintió un “olor feo” y les
empezaron a “llegar expedientes quemados”. Algunos cayeron en las cortinas de velo y se prendían
las cortinas y la tabla triplex. Señala que cuando vieron que estaba creciendo el incendio
decidieron salir. Agrega que imaginó que por el incendio iban a salir los guerrilleros con los
rehenes y salió “para estar atentos cuando salieran, pero nadie salió”.

147. Algunos testigos manifestaron a la Comisión que desde los pisos altos los guerrilleros arrojaban
expedientes en llamas para tratar de encender los tanques que les hacían tanto daño; otros
señalan que vieron cómo aparentemente desde el primer piso lanzaban bolas de fuego.

148. Esta versión sobre el origen del incendio ha sido controvertida por múltiples fuentes, y es
probable que éste se haya producido, al igual que la fatal conflagración del cuarto piso, por las
numerosas y poderosas cargas explosivas, los disparos de rockets al interior y desde la parte
externa del Palacio de Justicia o, incluso, que haya sido provocado deliberadamente. Los testigos
coinciden en señalar que subía un humo asfixiante a los diferentes lugares del Palacio101, si bien
las llamas no se propagaron más allá del primer piso. Sin embargo, la cercanía temporal entre

100 Como lo corroboró a la Comisión de la Verdad la periodista Julia Navarrete, quien ingresó al Palacio a las 2:00 p.m. del día 7 de
noviembre y encontró intacta la cafetería y algunos documentos de los empleados de la misma, lugar que se encontraba sobre el
sótano.
101 Como señalaron a la Comisión de la Verdad Clara Forero de Castro y Humberto Murcia Ballén.

este incendio y el tercero, hacen que las informaciones sean confusas e imprecisas en relación con
las referencias puntuales a uno u otro, dependiendo del lugar donde se encontraban los testigos.

149. El tercer incendio, de mayor capacidad de conflagración, se inició en el cuarto piso, según versiones
de testigos, hacia las 6:00 p.m.102. Sobre su origen, en el Informe del Tribunal Especial consta la
declaración del sargento segundo Carlos Julio Rubio Poveda del Batallón Guardia Presidencial, quien
afirmó:

“Bueno el 6... me llamaron, estaba en el Batallón, como por ahí a las 4 y media de la tarde y me
mandaron con el Teniente Martínez y el Sargento Segundo González Núñez, ambos del Guardia, en un
vehículo aquí al Palacio de Justicia, con unas granadas para fusil y el objetivo era venir a dispararlas.
Cuando llegamos a la puerta principal o sea a la Plaza de Bolívar ya se encontraba el tanque adentro,
antes trataba ya de salir y en esos momentos salió uno que estaba ahí y había otro más adentro, al
fondo, ese sí quedó allá. En esos momentos llegó mi General Arias y un General de la Policía que estaba
dirigiendo la misma operación y junto con ellos subimos al cuarto piso, eso fue más o menos por ahí a
las cinco y media de la tarde del día seis. (…) Se hizo varios intentos por penetrar a ese sector pero
siempre caían muertos o heridos los que trataban de penetrar, entre ellos el Capitán Talero de la
Policía. Aproximadamente por ahí a las nueve de la noche, o antes, por ahí a las ocho me ordenaron
subir a la azotea y me dotaron con unos lentes de rayos infrarrojos y en compañía, con un Capitán que
se encontraba de Oficial de Inspección, no sé de qué unidad será, creo que era de la PM, nos ordenaron
disparar hacia el mismo sector del cuarto piso donde claramente se veía una barricada compuesta por
escritorios, sillas, todos los enseres de oficina y se podían observar las ráfagas que salvan de ese sector.
Más tarde cuando las llamas lo cubrieron todo preguntamos que si podíamos bajar aproximadamente
unos treinta que nos encontrábamos en la azotea (…). Cuando empezó el incendio, por cuestiones de la
contra luz y el humo, con los infrarrojos ya no se veía nada, lo que pudiera ver a simple vista y se
alcanzaba a escuchar gritos vociferando, no se entendían las palabras, pero si eran gritos vociferando
por ese sector, también gente que corría, se escuchaba. En la azotea yo estaba por ahí de siete y media a
ocho de la noche más o menos, y ya estaba la barricada y de la barricada hacia el pasillo si no se veía a
nadie, hasta que comenzó el incendio que se oía que pisaban, partían palos y se oía gritería y el incendio
empezó como a la hora u hora y media de estar yo en la azotea (…). De ahí yo me retiré a descansar, ahí
cerca en un vehículo que se encontraba parqueado, del Batallón hasta que tocó salirnos de ese sector
por la cuestión de las granadas que disparó un tanque, tres disparos que hizo al edificio y nos caían
piedras al carro, entonces nos tocó bajar como dos cuadras, eso fue como hacia las tres de la mañana”.

150. Coincide con esta declaración lo observado por un periodista de Caracol Radio que estaba detrás de
la calle 12 con carrera 8ª junto a un soldado que recibía la orden permanente de disparar rockets
hacía el mismo sitio todas las veces y por ese lugar empezó a salir el humo del incendio. Los
disparos eran dirigidos a la parte superior del Palacio y se dispararon más o menos cinco
rocketazos103. El Coronel Plazas, por su parte, manifestó que “en la noche disparamos el cañón de
uno de los tanques y las ametralladoras”. El General Gallardo, expresó que en la noche él estaba
por los lados de la Alcaldía “cuando sorpresivamente sintieron el rocket”.

151. El Presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur, quien estaba oculto en su oficina, relató que
entre las 9:30 y 10:00 p.m. empezó a ver señales de un incendio en la vidriera del Ley, era el
reflejo del incendio en Palacio. Como a las 11:30 p.m., vio las llamas que venían hacia él y el
Magistrado Julio César Uribe. Se fueron entonces hasta la esquina, por sus propios medios fueron

102 Declaraciones de Rodrigo Barrera y Pedro Herrera Miranda.
103 Declaración de Yamid Amat ante la Comisión de la Verdad.

bajando hasta la cafetería, sin ver nunca soldados ni policías. Lo primero que vieron fue el tanque
de guerra. Salieron a la calle, le impresionó mucho el color del incendio, como magenta.

152. Al final no fue posible saber con certeza cómo murieron los rehenes y guerrilleros que se hallaban
en el cuarto piso ni el número cierto de personas que allí se encontraban. Se desconoce quiénes
fallecieron antes de que las llamas lo consumieran todo, porque de este grupo no sobrevivió una
sola persona; lo cierto es que los cuerpos se encontraron, en su mayoría, desmembrados,
mutilados al parecer por el efecto de las explosiones y casi todos calcinados, y según informes
técnicos, por lo menos tres de los Magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo
Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de
armas que no usó la guerrilla104.

153. Las versiones de quienes se encontraban al interior del Palacio o de sus familiares, con quienes se
comunicaron, señalan que el humo alcanzó las oficinas entre las 6:00 y las 7:00 p.m. y a partir de
entonces las llamas se expandieron rápidamente por el sector nororiental del edificio, en los pisos
superiores105.

154. Esto obligó a los rehenes a desplazarse desde sus oficinas procurando buscar refugio,
encontrándose algunos de ellos con guerrilleros que intentaban con mangueras apagar el fuego106,
quienes los condujeron al baño ubicado entre el 2° y 3r piso, por lo que el número de personas en
ese lugar alcanzó la cifra de aproximadamente 60 rehenes y más o menos 10 guerrilleros.

155. Es el caso del Magistrado Hernando Tapias Rocha, quien manifestó a la Comisión que oyó un
estruendo tremendo, una detonación muy fuerte, y unos minutos después sintió el olor de humo
de madera. Eran como las 8:00 o 9:00 de la noche. Se salió por el piso a la puerta de vidrio que
daba contra los pasadizos de madera y vio en la intersección del edificio de la carrera 7ª con calle
12 el incendio, exactamente sobre el tercer piso y venía hacia ellos. Salió corriendo entonces con
su secretaria para huir del incendio que se aproximaba, buscando las escaleras que iban hacia el
parqueadero.

156. Vio unos sujetos, que dijeron ser del M-19. Los guerrilleros rompieron los hidrantes para mitigar
el fuego. Allí estaba Humberto Murcia, quien iba sin la prótesis en su pierna. Llegaron también
Horacio Montoya y otras personas. Les caía el agua de las mangueras y empezaron a rodar del
tercero hasta casi el primer piso, donde estuvieron un rato y descubrieron que no podían salir del
Palacio. Allí estuvieron un rato, luego los hicieron pasar al baño que quedaba entre el segundo y
tercer piso porque estaban al nivel de las tanquetas y era más seguro arriba. La subida fue muy
complicada, era un baño más pequeño, el agua resbalaba por las escaleras y entraba mucho humo
por las grietas.

157. Otras personas, entre quienes estaba Nicolás Pájaro, también salieron de sus oficinas huyendo del
fuego y se encontraron con los guerrilleros, que accionaban las mangueras contra incendios; no
los dejaron bajar y les dijeron que subieran a un baño que quedaba entre el tercero y el cuarto
piso al costado noroccidental. Estuvieron en ese baño largo rato y luego un guerrillero subió y les
dijo que debían abandonar el lugar, porque estaba en la mira de los tanques del Ejército y era muy

104 Informe preliminar de la Comisión de la Verdad.
105 Declaraciones ante la Comisión de la Verdad así lo indican: Hernando Tapias Rocha, Ana María Bidegaín, Clara Forero de
Castro, entre otros. Ante el Tribunal Especial se registran además declaraciones como la de Julio César Uribe Acosta.
106 Declaraciones de Nicolás Pájaro, Hernando Tapias Rocha (Comisión de la Verdad), Samuel Buitrago Hurtado (SERRANO

y UPEGUI, Óp. cit.).

riesgoso seguir ahí. En este sitio vio a los Magistrados Manuel Gaona, Humberto Murcia y Horacio
Montoya. Todos fueron trasladados entonces al baño localizado entre el segundo y el tercer piso.

158. En ese baño permanecieron hasta el mediodía del jueves 7 de noviembre. Alrededor de sesenta
rehenes quedaron hacinados en un reducido espacio de veinte metros cuadrados, sometidos al
ruido ensordecedor de los disparos de fusiles, granadas, bombas explosivas, disparos de tanques
y rockets producidos desde el exterior del baño, las incomodidades locativas propias de esa
infamante situación, el calor, la oscuridad107, el hambre, la sed, la sensación de impotencia
absoluta, la intensidad del fuego cruzado en el que algunos perdieron la vida y otros fueron
heridos, la preocupación por sus seres queridos, la asfixia, la inminencia de la muerte108.

159. “El disparo de los cañones fue parte de la capacidad de reacción y más con el ánimo de perforar, no
creo que internamente se dispararan los cañones”, expresó a la Comisión de la Verdad el General
Arias Cabrales.

160. Durante todo el tiempo, espontáneamente o por insinuación de los guerrilleros, los rehenes
gritaban que eran civiles y pedían al ejército que no les disparara más. Inclusive Manuel Gaona les
gritó diciendo “por favor no disparen, recuerden que las autoridades están instituidas para proteger
la vida de los habitantes”, y seguían disparando. También gritaron a los militares diciéndoles que
había heridos, que eran Magistrados de la Corte, y la respuesta invariablemente fue una sarta de
groserías y nuevos disparos109. Alguien desde afuera les preguntó que cuántos eran y ellos dijeron
que 80 o 90 a lo que les respondieron que por qué no desarmaban a los guerrilleros.

161. En un rincón del baño había una bomba muy grande, fabricada artesanalmente, que parecía ser
de inmenso poder. Los rehenes temían que el M-19 decidiera, frente a la gravedad de la situación,
detonarla, ya que ellos decían que se hacían matar pero no se rendían110. Ello, sin embargo, no
sucedió.

162. Alguien tenía un radio en el baño donde escucharon en la noche que estaban transmitiendo un
partido de fútbol111, por lo que los rehenes pensaron que su situación no le interesaba a nadie112.

163. Hacia las 2:00 am113 hubo un ensordecedor ruido producido por rockets y las ametralladoras
disparados desde un tanque contra el frente del Palacio de Justicia. Parecía que el edificio se iba a
caer y después hubo silencio total durante algunas horas.

164. Las municiones de los guerrilleros ya eran muy escasas y en la mañana del 7 los tanques
empezaron a bombardear nuevamente114. Al amanecer, oyeron en el radio que a las 9:00 a.m.
Belisario Betancur se reuniría con los Ministros y también que el ejército ya tenía totalmente

107 Según relataron a la Comisión varios testigos como Darío Quiñones, Amanda Leal y Jorge Reina.
109 Declaraciones ante la Comisión de la Verdad de Darío Quiñones, Amanda Leal, Nicolás Pájaro, Hernando Tapias Rocha.
110 Declaraciones de Gabriel Salom y Reynaldo Arciniegas.
112 Declaración de Gabriel Salom.
113 Algunos testigos relataron a la Comisión de la Verdad que a las 10:00 p.m. se presentaron igualmente disparos de rockets

hacia el Palacio: Nicolás Pájaro, retenido en el baño, y el Mayor Fracica, quien señala que el disparo se hizo para proteger su
reingreso al Palacio.
114 Amanda Leal

controlado el Palacio y sólo quedaba un reducto guerrillero, por lo que se iniciaría la “operación
rastrillo”115.

165. Entonces surgió la idea de enviar un emisario para informar que había personal civil en el
baño116. “Avanzada la mañana, algunos rehenes ofrecieron su mediación ante las Fuerzas Militares
para evitar la muerte de todos los cautivos. Inicialmente el doctor Carlos Urán trató de obtener la
autorización de Almarales para descender al primer piso, dar cuenta de la existencia de gran número
de rehenes y desvirtuar así una información radial, según la cual, sólo quedaban guerrilleros en la
edificación.

166. Se consideró muy peligrosa para el doctor Urán esta gestión y por lo tanto se descartó su mediación.
Posteriormente, a eso de las 10:30 a.m., se rectificó este criterio y el Magistrado Manuel Gaona Cruz
anunció que estaba dispuesto a realizarla. El Comandante guerrillero rechazó su nombre y aceptó en
cambio, el del Consejero de Estado Reinaldo Arciniegas, quien provisto de la camiseta del Magistrado
Tapias Rocha como bandera blanca de tregua y luego de anunciar su misión por varias veces, descendió
las escaleras y fue recibido por los militares”117.

167. Según el testimonio del Consejero de Estado Reynaldo Arciniegas, la idea de salir la planteó
primero Carlos Horacio Urán, como un acto heroico. Luego él se ofreció a salir para llevar el
mensaje al gobierno, en razón de sus estrechos vínculos con miembros de las fuerzas militares.

168. Una vez afuera, Arciniegas no pidió hablar con el Presidente ni con la Cruz Roja, afirma haber
dejado el mensaje al General Arias Cabrales y haber hablado telefónicamente con el Secretario del
Ministerio de Defensa, General Vega, quien le dijo que no se preocupara, que ya se había
cancelado la operación rastrillo. El General Arias Cabrales expresó a la Comisión de la Verdad que
“un Consejero de Estado salió con un mensaje del M-19 para el Presidente, no pude hablar con él,
luego me enteré que habló con el General Jorge Vega Secretario General del Ministerio de Defensa”.
A continuación manifestó que “a las 11:00 horas del 07 de noviembre de 1985 se ubican rehenes y
un reducto del M-19 en uno de los baños”.

169. El mensaje que Arciniegas llevaba decía, entre otras cosas, que ellos servirían de garantes, y fue
redactado por Hernando Tapias Rocha, Manuel Gaona Cruz y la magistrada auxiliar Luz Stella
Bernal. El doctor Gaona escribió un papel mandando unos mensajes para el doctor Hinestrosa y
para Oscar Alarcón Núñez, para que actuaran como intermediarios y se enteraran de lo que
estaba sucediendo.

170. Relata el Consejero Arciniegas que Almarales envió tres mensajes: pidió la presencia de un
periodista imparcial para que fuera a hablar con ellos, la de la Cruz Roja y su expresión de
voluntad de dialogar. “Esos fueron sus tres mensajes”.

171. Cuando salió el doctor Arciniegas, afirma el Coronel de la Policía Herrera Miranda que él lo
abordó y lo saludó mientras se dirigían a la casa del Florero118. En el camino, Arciniegas le
comentó que lo habían liberado para que hablara con el Presidente para que “cese el fuego”. En la
casa del Florero le dio un tinto y le dijo que llamara a alguien, llamó al Ministerio de Defensa y

115 Declaración de Darío Quiñones, Lucía Bermúdez de Sánchez
116 Darío Quiñones
118 La Comisión debe precisar que en el video que registra la salida del Consejero Arciniegas, se le ve acompañado de los

Coroneles Luis Alfonso Plazas Vega y Pedro Herrera Miranda en el trayecto hacia la casa del Florero.

habló con el General Vega, Secretario General, quien era el oficial más antiguo. Herrera le dijo que
llamara a su casa antes de ir a Palacio. Le preguntó por su hijo, que tenía 6 años y le dijo que fuera
primero a su casa a abrazar a su hijo y a cambiarse de ropa porque estaba “mal vestido” y después
fuera a Palacio. Un carro del ejército lo llevó a su casa. Nunca fue al Palacio de Nariño ni entregó
mensaje alguno, ni personal ni telefónicamente.

172. Las siguientes son las grabaciones de las comunicaciones del Ejército en relación con la salida del
Consejero Arciniegas:

“PALADÍN SEIS: R. Dígame una cosa, ¿usted habló con el Magistrado Arciniegas?, siga.
ARCANO SEIS: Afirmativo yo hablé con él porque lo recibimos aquí cuando bajó por la escalera y lo
envié también al dos. Él habló con él y dio alguna información que es la que estoy suministrando.
Cambio
PALADÍN SEIS: QSL, Concretamente le pregunto: ¿Él pidió CRUZ ROJA?, siga.
ARCANO SEIS: Negativo, negativo. Él simplemente cuando salió se le ordenó que saliera con las
manos en alto, él salió con su credencial, pues la cara era conocida, de inmediato pues dijo que era
muy amigo del general Vega Torres y dijo que lo habían dejado salir, que ahí en el descanso de la
escalera estaban parapetados unos individuos con armas automáticas que eran los que nos estaban
deteniendo y que informó también sobre los rehenes en el mezanine del segundo piso. Cambio
PALADÍN SEIS: R, ¿Cuántos rehenes calcula él?, cambio
ARCANO SEIS: Yo creo que él es un poquito subido en número, porque él habla de cincuenta y
nosotros ayer evacuamos 148, más unos que se habían evacuado esta mañana que salieron por el
sótano, personal más que todo de tipo auxiliar de servicios acá, entonces yo no creo que sean tan
poco tan numerosos como él lo dice. Cambio
PALADÍN SEIS: R. QSL, él estaba solo en algún sitio o fue que lo dejaron salir de eh que estaba en el
grupo
ARCANO SEIS: No, él estaba con el personal, lo hicieron bajar hacia donde estaba el personal del que
controla la escalera, entonces de allí empezaron a gritar de la CRUZ ROJA, de que necesitaban que
viniera la CRUZ ROJA y se les dijo que entonces enviaran a alguien, dijeron que iban a enviar un
Magistrado y les ordenamos que bajaron uno por uno con las manos en alto, pero el único que bajó
fue él, de manera que lo rescatamos pero él no habló de ningún tipo de eh por los menos mientras
estuvo acá en el área, no habló absolutamente nada en cuanto a condiciones o exigencias. Cambio”.

173. Reynaldo Arciniegas dijo a la Comisión que un coronel del ejército lo retuvo y le impidió que el
mensaje dirigido al Presidente le fuera entregado.

174. Hernando Tapias Rocha relató que después de la salida de Arciniegas, el temor en el baño era
enorme, ya que él salió y no volvió. Desde el momento en que el ejército se dio cuenta, por la
información proporcionada por Reynaldo Arciniegas de que en ese baño había guerrilleros,
afinaron la puntería y dispararon hasta el final. Se incrementó el envío de las granadas de
fragmentación, particularmente. Lo que hizo Arciniegas, en su diálogo con los militares, fue darles
información táctica para ubicar el lugar exacto donde se encontraban y poder atacarlos119.

175. Las declaraciones de los Ministros y del Presidente de la República coinciden en afirmar que
nunca recibieron el mensaje del Consejero Arciniegas ni supieron, en ese momento, que había
salido como portador de un mensaje para el gobierno, lo que significa que los responsables de la
operación militar que recibieron el mensaje, no sólo no permitieron al emisario entregarlo al
Gobierno, sino que jamás lo hicieron llegar a su destinatario.

119 Declaración de Uriel Amaya, funcionario judicial de la época.

176. Después de la salida de Reynaldo Arciniegas, el Ejército supo dónde estaban los rehenes. “Cuando
el fragor del combate llegaba a su límite, estalló una poderosa carga explosiva en una de las paredes
del baño, la cual arrancó, literalmente, un toallero que se encontraba empotrado en la pared. (…)
Pues bien, detrás de la pared donde se encontraba el mencionado toallero había un ducto de
ventilación, y terminado el vacío generado por este se encontraba como es lógico, el cerramiento del
ducto que en este caso era otra pared.

(…) para el efecto de poder penetrar la pared del baño (en donde se encontraba el toallero), la
Fuerza Pública debió destruir la pared colindante que delimitaba el ducto; para lograr tal efecto,
Medicina Legal conceptuó en su informe técnico pericial, que el tipo explosivo utilizado fue diferente
al utilizado en la demolición de las paredes colindantes de los entrepisos tercer y cuarto, cuyos daños
fueron de gran magnitud; indicó igualmente que el tipo de explosivos utilizados en éste fue –con
gran probabilidad- del tipo plástico y dinamita. En lo concerniente a la demolición de las paredes del
baño ubicado entre el segundo y tercer piso, Medicina Legal concluyó que posiblemente se utilizó
cargas plásticas en un área reducida de la pared colindante exterior al ducto, y una vez hecho este
boquete-con la misma probabilidad-, se efectuaron disparos hacia la pared interior del ducto (es
decir, la del baño en donde se encontraba el toallero) con ‘rockets’, o con las granadas de 90mm
disparadas por los tanques Cascabel. Acota el dictamen que este tipo de proyectiles tenían cargas
huecas de gran poder explosivo y rompedor, las cuales produjeron la destrucción de la pared
colindante, e hicieron el agujero en la pared del baño con proyección del toallero y de fragmentos
metálicos (revestimiento del proyectil) hacia el interior del mismo, en donde se encontraban
guerrilleros junto con los rehenes. La descomposición de la carga explosiva utilizada produjo un
ahumamiento, el cual se aprecia en uno de los boquetes abiertos”120.

177. Sobre este hecho, el Juzgado 30 de Instrucción Criminal señala que “el Sargento Segundo de la Escuela
de Artillería, Ariel Grajales Bastidas, en su declaración juramentada rendida ante este Juzgado
manifestó que él disparó uno de los ‘rockets’ desde el costado oriental del segundo piso, contra la pared
exterior de los baños, cumpliendo así con la orden impartida por el mayor Carlos Fracica Naranjo,
también de la Escuela de Artillería. Sin embargo, el referido mayor Fracica en su declaración indicó que
sólo se utilizaron explosivos para demoler algunos de los muros, con el fin de ganar la posición interior
del baño; agregó que se usaron granadas de fragmentación dirigidas hacia el entrepiso donde se
localizaba el referido baño con el fin de reducir la resistencia de la guerrilla, sin lograr tales
propósitos”121.

178. Al referirse al episodio del baño, el Coronel Plazas Vega afirmó que “En el baño entre el tercer y
cuarto piso hubo enfrentamiento de las tropas de Fracica con los del M-19” y expresó que “en uno
de los baños, pusieron una carga explosiva controlada por los Ingenieros Militares, sin que se
causara daño a los rehenes”.

179. Por su parte, el Mayor Fracica relató que con una unidad de Ingenieros se hizo una brecha porque
no podían ingresar por las escaleras, entonces para poder penetrar ahí, se dio el enfrentamiento,
lo que “fue útil porque si no, no hubieran podido llegar allá”. Afirma, sin embargo, que no sabe
quién dio la orden, que quienes estaban ahí eran los del Guardia122 que disparaban desde el

120 Juzgado 30 de Instrucción Criminal, Calificación del mérito del sumario, Óp. cit., p. 18-19
121Ibíd, p. 20
122 Sin embargo, el Coronel Bernardo Ramírez Lozano, comandante del Batallón Guardia Presidencial, señaló

reiteradamente que ellos únicamente participaron en la operación inicial en el sótano. Coincide con su afirmación lo
expresado por el Coronel Plazas Vega y el General Arias Cabrales en relación con la distribución de responsabilidades en la

cuarto piso hacia el baño y los de Artillería que “presionaban hacia arriba” y que cuando él llegó al
baño, todos estaban muertos. “Eran como unas 8 a 12 personas muertas en el baño”. (…)

180. En el momento de la explosión, dentro de un espacio tan reducido, con un número tan alto de
personas en su interior, el pánico y el desconcierto fueron totales. Algunos testigos atribuyen a esa
explosión las muertes de Luz Stella Bernal y Aura de Navarrete; otros afirman que esas y otras se
debieron a disparos efectuados a través del mencionado hueco por soldados o policías; y otros
afirman que las muertes dentro del baño fueron ejecutadas por los guerrilleros123.

181. La Comisión de la Verdad, después de haber escuchado los testimonios de numerosos sobrevivientes
de los hechos del baño considera que, en ese momento, como producto de la violenta e inesperada
explosión en la pared oriental del baño, acompañada de ráfagas de disparos desde el exterior, se
produjo una inmediata reacción de los guerrilleros que dispararon sus armas contra algunos
rehenes que se encontraban en el baño, entre otros, según sus propias versiones, los doctores
Hernando Tapias Rocha y Nemesio Camacho Rodríguez, quienes quedaron gravemente heridos.

182. Darío Quiñones recuerda que en ese momento, “en la oscuridad total, hubo una explosión dentro
del baño que alcanzó a perforar una pared que daba hacia los lavamanos. Fue tan fuerte que lanzó
el secador de manos. Simultáneamente con eso sí hubo disparos dentro del baño”. A raíz de esa
explosión y esos disparos murió Aura de Navarrete, la auxiliar del doctor Alvaro Orejuela Gómez,
quien estaba situada a su lado.

183. “En las escaleras la balacera era intensa, y venía acompañada de granadas de fragmentación que
lanzó el Ejército hacia el descanso del entrepiso buscando acceso al baño. Andrés Almarales,
presagiando el desenlace, reorganizó a los rehenes. Les ordenó sentarse en el piso. En la primera fila
frente a los rebeldes, los Magistrados y Consejeros. Detrás, los demás funcionarios descendiendo en
orden de jerarquía. Los guerrilleros se colocaron en el muro del costado norte y les apuntaron con
las armas. En medio de la tensión general, la explosión sacudió el costado oriental del baño. Casi
simultáneamente se “efectuaron disparos hacia la pared interior del ducto (es decir la del baño) con
rockets (lanzacohetes At-M72 A-2) o con granada de 90mm disparadas por los tanques Cascabel”,
según el dictamen técnico de Medicina Legal, ratificado testimonialmente por miembros del Ejército.
El toallero sobre el mesón del lavamanos-muro oriental- se desprendió. Bajo éste, la carga explosiva
abrió un hueco de 24x18 cm., a una altura de 31 cm del piso. Los rehenes se cubrieron la cabeza con
los brazos. Tres rehenes murieron instantáneamente y otros diez resultaron heridos con esquirlas o
balas”.

184. “Es posible que una vez activado el explosivo plástico (…) se realicen disparos posteriores con
rockets… o en su defecto con granadas de cañón de 90mm disparadas por los tanques Cascabel,
proyectiles que contienen cargas huecas de alto poder explosivo y rompedor (…) las cuales
produjeron el agujero en boquete con proyección de fragmentos metálicos hacia el interior del baño
(…) las cuales pudieron producir lesiones a las personas que allí se encontraban, a la vez que
produce desprotamiento y expulsión del toallero hacia la parte interior”124.

operación, según la cual el Batallón Guardia se ocuparía del sótano y la Escuela de Artillería, con el apoyo de Ingenieros
Militares, de los pisos tercero y cuarto.
124 JIMENO, Ramón. Óp. cit., p., Pp. 166- 168

185. En ese momento, los retenidos rogaron a Almarales que los dejara salir, a lo cual se negó
inicialmente. Ante las súplicas de los cautivos y en especial las de sus propias compañeras del M-
19, accedió a que primero salieran las mujeres. Fue cuando las guerrilleras Irma Franco Pineda y
Clara Helena Enciso, quienes despojando de sus prendas de vestir a empleadas judiciales que
habían fallecido, se camuflaron entre las rehenes y salieron con ellas. Después Almarales dijo “los
que quedamos nos morimos todos”, pero después replicó: “salgan los heridos”. Finalmente, después
de ellos, salieron los demás cautivos.

186. Siete de los rehenes que se encontraban en el baño perdieron la vida al interior del Palacio de
Justicia: los Magistrados Manuel Gaona Cruz y Horacio Montoya Gil, al momento de salir del baño;
el Magistrado auxiliar Lisandro Romero, la abogada auxiliar Luz Estella Bernal, la señora Aura
Nieto de Navarrete, Auxiliar Judicial, y los conductores José Eduardo Medina Garavito y Luis
Humberto García.

187. Al final de los hechos, apareció el cadáver del Magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien fue
identificado saliendo con vida del Palacio de Justicia. Por su importancia y especialidad, a éste
tema se referirá la Comisión de la Verdad en el siguiente capítulo125.

188. En el baño, además de un total aproximado de sesenta rehenes126, había inicialmente entre 10 y
12 guerrilleros, incluyendo 3 mujeres; tres de los hombres estaban heridos, entre ellos Almarales,
en una pierna127.

189. La mayoría de los entrevistados coinciden en afirmar que no hubo agresión verbal ni física de
parte de los guerrilleros, quienes instruían a los rehenes sobre cómo protegerse frente a las
explosiones y gases128. No obstante, la Comisión recibió el testimonio de Carmen Elisa Mora Nieto,
quien sobrevivió a los hechos del baño y narró el siguiente episodio que da cuenta del maltrato
verbal que recibió el Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema: “…El doctor Gaona
pedía hablar con Almarales. En algún momento de la noche llegó Almarales y ya él está ahí todo el
tiempo con nosotros. El doctor Gaona le pide en varias oportunidades que se rindan, o que se trata
de hablar con él, para decirle que eso no tiene ningún sentido, que él quiere ver a su hijo o hija, era
un bebé, y le pedía por favor que le permitiera ver crecer a su hijo. Almarales gritaba y le decía
‘cállese Magistrado’, le gritaba cállese Magistrado no sé qué, cállese y amenazaba con el arma… Le
pedía que se callara, ‘cállese Magistrado’, y él trataba de no ver sus sentimientos, o algo así, y le
molestaba”129.

190. Como se señaló, Hernando Tapias Rocha, Nemesio Camacho Rodríguez y Humberto Murcia Ballén
coinciden en afirmar que cuando el ejército abrió el boquete en el baño, los guerrilleros se
pusieron nerviosos y empezaron a disparar, causándole heridas de gravedad a los dos primeros.

125 Ver Capítulo V
126 Es un número aproximado, de acuerdo con el listado elaborado por el Tribunal Especial, SERRANO y UPEGUI, Óp. cit. y
las declaraciones recibidas por la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad considera que ese número de personas
no es, necesariamente, exacto, dado que el reducido espacio y las condiciones hacían muy difícil determinar quiénes,
efectivamente, permanecieron en el baño durante la noche del 6 de noviembre y buena parte del día siguiente. Sin embargo,
no cuenta la Comisión con información adicional que le permita plantear, por ejemplo, que personas a la postre fallecidas o
desaparecidas pudiesen haberse encontrado en el baño durante la toma, hipótesis que, en todo caso, no se descarta.
127 Nicolás Pájaro, Hernando Tapias Rocha, Reynaldo Arciniegas
128 Darío Quiñones, Reynaldo Arciniegas, Amanda Leal, Hernando Tapias Rocha.
129 Entrevista con la CVPJ.

191. El 7 de noviembre en la mañana se registró que “(…) hace tres minutos fueron introducidos a un
carro militar los 7 conductores que fueron rescatados del interior del Palacio de Justicia son los
conductores de Magistrados y Consejeros de Estado que son llevados a la Brigada de Institutos
Militares para rendir la correspondiente declaración ante los investigadores castrenses”130. Llama la
atención de la Comisión el hecho de que en la mañana del segundo día se estuviesen evacuando
rehenes que se encontraban en el sótano, bajo control de las fuerzas militares desde muy
temprano el día anterior, así como su traslado en vehículos y a instalaciones militares. Una de
estas personas, el señor Aristóbulo Rozo, describió a la Comisión su traumática experiencia, que
se analizará posteriormente131.

192. Cuando la evacuación de los rehenes culminó, “el ejército entró y acabó con los que estaban
adentro”132. Los testigos coincidieron en afirmar que al momento de la denominada operación
rastrillo y contaban con muy escasas municiones, hasta el punto de que, según relataron algunos
testigos, algunos quemaron sus documentos y expresaron sentimientos de dolor y
arrepentimiento133.

193. El número de insurgentes apertrechados allí no es claro: además de Almarales, había dos guerrilleros
heridos, uno de los cuales era el panameño Diógenes Benavides Martinelli, quien se encontraba
gravemente herido en un brazo134; estaban tres mujeres, de las cuales dos salieron con vida del
Palacio, y dos hombres más135. Todos ellos murieron en circunstancias aún no esclarecidas y sus
cadáveres fueron remitidos a fosa común, tal como se analizará más adelante136.

194. La forma como se produjo la muerte de Manuel Gaona, ha sido objeto de no pocas especulaciones. De
él se ha dicho desde que murió a manos del Ejército, recibiendo incluso un “tiro de gracia”, hasta que
fue sacado con vida, torturado y ejecutado afuera, para luego devolver su cadáver al interior del
Palacio, donde se le practicó la diligencia de levantamiento137.

195. Lo primero, a contrapelo de lo que con precisión exponen varios testigos presenciales, se ha querido
fundamentar con un meticuloso examen de las lesiones que describe el protocolo de necropsia,
siguiendo la aparente trayectoria de los proyectiles y cotejándola con la supuesta posición que al
momento de los disparos tenían tanto Gaona Cruz, los guerrilleros que lo sometían a cautiverio, y el
Ejército que luchaba por ingresar al baño, donde ofrecía resistencia el último reducto del M-19 con
un elevado número de rehenes en su poder.

196. Esta hipótesis, si bien fundada en interesante análisis de balística, pierde solidez cuando se advierte
que las posiciones de quienes supuestamente hicieron los disparos letales que se toman como
referentes son conjeturales, y que el orden en que éstos se sucedieron no tiene comprobación
empírica, amén de que las conclusiones a que se llega están en franca contradicción con las versiones
unívocas, convergentes y responsivas de los testigos presenciales del asesinato.

130 Transcripciones de grabaciones de radio y en particular de RCN, citadas en la resolución de acusación de la Fiscal 4ª
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia del 20 de enero de 2009 en contra de Iván Ramírez y otros, P. 132.
131 Ver Capítulo V
132 Hernando Tapias Rocha
133 Gabriel Salom y Aydée Anzola.
134 A uno de ellos algunos rehenes confunden con Alfonso Jacquin.
136 Ver Capítulo V
137 CARRIGAN, Ana. El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana. Icono editorial. Bogotá: 2009

197. En efecto, el abogado Gabriel Salom, ante el Tribunal Especial, refirió así las circunstancias en las que
fue mortalmente herido Gaona:

“...Manuel Gaona me tomó a mí de la mano y empecé a salir con él y con otro Magistrado que no le vi la
cara, porque no podía yo caminar, yo me arrastraba y ya en la puerta del baño nos dijo el comandante:
Tranquilos que a ustedes no les va a pasar nada, ya que son mi última salvación. También le oí en forma
confusa que el comandante decía que había perdido su última carta. Segundos después y siguiendo en la
misma posición de sentados en el suelo, oí nuevamente que Manuel Gaona le daba las gracias por tomar
tan sensata decisión, es decir, porque al parecer se iban a rendir y nosotros íbamos a ser los rehenes que
en cierto modo los íbamos a proteger. Sin embargo cuando nos dijo que siguiéramos recostados muy
cogidos de la mano, sentados en el corredor, Manuel le dijo que eso no podía ser, que nosotros no íbamos
a ser carne de cañón, porque nos iban a sacar donde estaba el fuego cruzado, que eso no podía ser
porque de todas maneras nos iban a matar y fue en ese momento y sin habernos movido de nuestro sitio
cuando empezaron a disparar contra nosotros y sentí un fuerte golpe en la espalda, que me botó hacia
el rincón y en seguida pesadamente cayó sobre mi cabeza la de Manuel Gaona, quien manaba por la
misma gran cantidad de sangre. También en ese momento sentí los primeros impactos de bala en mis
piernas, toda vez que inicialmente sentí unos fuertes corrientazos y un calor extraordinario para perder
posteriormente toda sensibilidad en las mismas. En esta posición, es decir, debajo de Manuel Gaona,
permanecí yo creo que por espacio de una hora y pude advertir que Gaona estaba exangüe (sic)...”.

198. Como claramente se desprende de este relato, lo que pretendía el guerrillero del M-19 conocido
como “comandante”, al ordenarles a Salom y Gaona “que siguiéramos recostados muy cogidos de la
mano”, no era otra cosa que servir de escudos humanos ante el Ejército que estaba apostado en
las escaleras. Por eso, según el testigo, Gaona reaccionó y se opuso a que los utilizaran como
“carne de cañón, porque nos iban a sacar donde estaba el fuego cruzado, que eso no podía ser
porque de todas maneras nos iban a matar y fue en ese momento y sin habernos movido de nuestro
sitio cuando empezaron a disparar contra nosotros…”

199. Así pues, si estos rehenes se negaron a salir como se los ordenaba el guerrillero, obviamente
nunca estuvieron en la línea de fuego del Ejército, porque “nosotros no íbamos a ser carne de
cañón”, ni iban a salir “donde estaba el fuego cruzado”; entonces los disparos que en ese preciso
momento impactaron sus cuerpos produciendo la muerte instantánea de Gaona, “sin habernos
movido de nuestro sitio”, no pudieron provenir de las armas oficiales sino de las de los guerrilleros
que eran los únicos que las portaban y usaban en ese entorno.

200. Esta lógica explicación también la da el propio testigo cuando al ser preguntado: ¿Quién mató a
Gaona Cruz, el ejército o los guerrilleros? Contestó: “No tengo la certeza absoluta de que lo hubiera
matado el ejército o la guerrilla, pero dada la ubicación y la forma en que nos sacaron presumo que
fue la guerrilla, pues el otro Magistrado que venía con nosotros y que fue el que me golpeó en la
espalda cuando cayó, murió en un sitio donde era imposible que lo alcanzaran las balas del ejército,
pues en primer lugar en ese sitio estaban como cinco o seis guerrilleros parados y en segundo lugar
el sitio donde había fuego cruzado, está aproximadamente a un metro de donde le dispararon a
Gaona y donde yo permanecí inmóvil. Posiblemente me dicen que el otro Magistrado era Horacio
Montoya, pero dado el nerviosismo y las circunstancias tan rápidas, no puedo precisar con exactitud.
No creo que haya sido el ejército porque los guerrilleros estaban parados y nosotros sentados...”

201. Pero por si esto fuera poco para comprender que el Ejército no estaba en el ángulo de tiro para
poder lesionar a Gaona, agregó el testigo: “Preguntado: ¿Quién le causó las heridas de bala en las
piernas? Contestó: No lo puedo precisar, porque como lo dije anteriormente, la cabeza mía estaba

contra el rincón y encima mío el cuerpo de Gaona y por consiguiente no pude ver qué persona hizo los
mencionados disparos, pero en el sitio donde estábamos era imposible que las balas provinieran del
ejército, pues solamente una persona que estuviera parada alrededor nuestro podía causar las heridas,
toda vez que estábamos postrados en el suelo. ..”

202. En entrevista con la Comisión de la Verdad, el testigo Salom reiteró lo que había declarado ante el
Tribunal Especial, y precisó aún mejor la imposibilidad de que el Ejército hubiera sido el causante
de la muerte de Gaona, cuando a la pregunta ¿Por qué se presenta esa reacción de disparar
cuando ustedes ya estaban por salir, cuando ellos los dejan salir, por qué disparan? Contestó:
“Porque Gaona no se quiso mover más, llegamos hasta un sitio que nos trancaba la pared, si
seguíamos por este lado ahí venía el fuego del Ejército, entonces ahí Gaona dijo no, es que nosotros
no vamos a servir de carne de cañón”… Entonces fue cuando dijeron “acaben con estos tal por cuales
y ahí fue cuando vino la reacción en segundos”. “Si hubiéramos caminado por ahí, no, es que no
caminamos, si íbamos sentados cincuenta centímetros más allá, las balas del Ejército que estaban
disparando hacía el reducto”.

203. Y para que no quede ninguna duda de la autoría de los disparos que segaron la vida del
Magistrado Gaona Cruz, véase esta parte del relato de Gabriel Salom ante la Comisión de la
Verdad: “La munición se les estaba acabando…los guerrilleros lloran de susto, comienzan a quemar
sus pertenencias para que no quede ningún vestigio,….a Gaona le dijeron camine con nosotros yo salí
con él, salimos del baño y estábamos ya afuera, pero donde salgamos más nos mata el Ejercito, los
guerrilleros venían parados al lado de nosotros, las balas debían venir de la guerrilla, nosotros
sentados y ellos parados al lado nuestro, a Gaona le dijeron siga, siga corriéndose, nosotros no lo
vamos a matar, el Ejército es el que lo va a matar; Gaona les dijo yo no me muevo de aquí y empezó
todo, nos llevaban rodeados, nosotros estábamos sentados y ellos parados, las primeras balas fueron
por la espalda...”138
(…)
“Lo principal para ellos era Manuel Gaona, Almarales dice que se jugaba la última carta, es cuando
ordena salir y luego se producen los disparos, Gaona me cae a mí encima pero sentado, ya estaba
oscuro, ví cerca a mi cara dos reflejos, la trayectoria de las balas, quien disparó debía estar al lado,
pero los guerrilleros estaban (señala) adelante, los que mataron en el baño, fueron los guerrilleros, a
Gaona lo mata un guerrillero intencionalmente, a mí me disparan los guerrilleros…”139

204. A su turno, el Magistrado Hernando Tapias Rocha manifestó a la Comisión que “después hubo otro
remezón rarísimo, porque volvió a agitarse la gente y parece que vino de que los guerrilleros
gritaron “salgan” a los que quedaron y con ese “salgan”, salieron Horacio Montoya y Manuel Gaona
y aquí, en este pedazo (señala un dibujo),- eso me lo contó después Camacho- y en este pedazo tenían
un guerrillero que al que saliera le disparaban. Esos disparos fueron hechos con armas cortas, yo
alcanzo a ver en mis recuerdos, una especie de fogonazo donde veo las armas calibre 22 pequeñas
que las tenían en las cañas de los zapatos como una especie de reserva, esas son las que usaron para
dispararnos. Eso por ejemplo explica que no me mataran (…), Manuel Gaona salió por aquí y aquí le
dispararon, fuera del baño, porque él salió.”

205. Y el conductor Jorge Reina, quien también permaneció en el baño hasta el final de la toma,
expresó a la Comisión que “Hubo un momento en que escuché una voz que dijo “salgan”, me
desacomodé -estaba debajo de un compañero muerto-, me paré, pero había recibido un disparo en la

138 Coincide con el protocolo de necropsia practicada al cadáver de Manuel Gaona Cruz.
139 Resalta la CVPJ

pierna, salí y me quedé en la puerta del baño. En esas salió entonces el Dr. Gaona, y le dijeron usted
hágase allá por la orilla de la pared, él se hizo por la orilla de la pared y por detrás le disparó en la
nuca140. En seguida yo me moví de ahí y me tiré por el piso, porque los que iban saliendo los iban
asesinando en el descanso de la escalera. Entonces me metí debajo de los demás compañeros que
estaban heridos. Le dispararon en la cabeza, y ahí quedó el Dr. Gaona. Un solo balazo? Si. ¿Quién les
disparaba? Los guerrilleros que estaban en el descanso.”

206. Estos relatos, en cuanto a la región anatómica impactada con los proyectiles, está en concordancia
con constatado en la necropsia, sobre todo en los puntos 2, 3 y 4 del respectivo protocolo, así:

“2. Lesión penetrante PAF de 0.9 x 1.5 cm en arco cigomático derecho, a 14 cm. del vértice y 7.5 cm de la
línea media, con trayectoria anteroposterior, superoinferior y de izquierda a derecha.
3. Lesión PAF perforante, con orificio de 2 x 1 cm. en cara lateral derecha de cuello, a 21 cm. del vértice y
7 cm. de la línea media con orificio de salida de 1.5 x 1.3 cm. en conducto auditivo izquierdo, a 14.5 cm.
del vértice y 9 cm. de la línea media. Con trayectoria inferosuperior, derecha-izquierda, anteroposterior
(ligeramente).
4. Lesión PAF perforante con orificio de entrada de forma oval, de 1 x 0.9 cm en cara posterior hombro
derecho, a 33 cm del vértice y 23 cm. de la línea media con orificio de salida de forma irregular de 1.4 x
1.8 cm en región supraclavicular derecha externa, a 30 cm del vértice y 12.5 de la línea media y con
trayectoria posteroanterior, inferosuperior y de derecha a izquierda.”

207. Otro de los relatos que escuchó la Comisión fue el del Magistrado Humberto Murcia Ballén, quien
explicó: “… lo cierto es que algunos murieron en el lobby del baño. Por balas de la guerrilla que eran
los que estaban adentro.”
(…) me hace pensar que en el momento que le dijeron arrodíllese, los mismos guerrilleros le
dispararon. A él y a otros. Pero por la posición y la situación en que estábamos, descarto de principio
que haya sido una bala del Ejército. (…) Hasta ese momento el Ejército no había entrado allí ni a la
parte superior donde terminan las escaleras. (…) vio muertos? “No en el interior, en el lobby.”
(…)
Es cierto que en un momento de desesperación porque se les acabaron las municiones, los
guerrilleros dijeron a todos que salieran y ahí fue cuando se produce la muerte de Gaona? “yo eso no
lo ví. (…) La única que recuerdo es cuando el Sr. Almarales dijo salgan los Magistrados del baño,
Gaona, Salom, y arrodíllese (…) tal vez yo no ví cómo lo mataron, pero después de eso lo ví con el
cráneo impresionante”.

208. También Lucía Bermúdez, en entrevista con la Comisión de la Verdad, declaró que la muerte del
Magistrado Manuel Gaona fue causada por un guerrillero del M-19, lo cual le corroboró en su
momento Nemesio Camacho, de quien ella era auxiliar.

209. De otro lado, frente a tan categóricas, copiosas, coherentes y verosímiles constancias de la forma
como se presentó la muerte de Manuel Gaona Cruz, respaldadas por los asertos de testigos
presenciales de los hechos que ningún interés tenían en mentir, resulta completamente infundado
y contrario a las pruebas directas afirmar que este Magistrado salió vivo y que luego de sufrir
torturas y la muerte en una ejecución extrajudicial a manos de la fuerza pública, fue llevado su
cadáver al destruido Palacio de Justicia.

140 Coincide con el protocolo de necropsia de Manuel Gaona Cruz

210. El Presidente Betancur expresó a la Comisión de la Verdad que “con la Cruz Roja también se
intentó el diálogo”. Por su parte, el canciller Ramírez Ocampo señaló que el día 6 estuvieron
buscando al doctor Guillermo Rueda Montaña, de la Cruz Roja, quien estaba fuera del país, y
empezaron a buscar al doctor Martínez y lo citaron al día siguiente a primera hora para poderlo
instruir con unas declaraciones que el Ministro Parejo le quería enviar a Almarales y
adicionalmente para poder enviar comida y medicamentos.

211. El Ministro de Justicia, Enrique Parejo González, manifestó a la Comisión que el 7 de noviembre se
planteó la conveniencia que el Socorro Nacional -Cruz Roja- interviniera para lograr contacto con
la guerrilla; él redactó con Jaime Castro el mensaje que le iba a hacer llegar a Almarales, donde le
decían que le enviaban un walkie talkie porque quería conversar con él; eso fue en la mañana del
siete.

212. El mensaje enviado a través de Carlos Martínez Sáenz, salió aproximadamente a las 10:00 a.m., y
no pudo entrar sino después de medio día. Enrique Parejo le oyó decir que no lo habían dejado
pasar y que el Ejército le había dicho que no era prudente que entrara porque en ese momento
había un tiroteo entre la guerrilla y la Fuerza Pública; él entró cuando ya no había nada que hacer,
cuando ya se había hecho la operación rastrillo.

213. “ARCANO CINCO: ¿Llegó el personaje?, cambio.
NN HOMBRE: Negativo no ha llegado.
ARCANO 6: Arcano 5
ARCANO 5: ¿Hay algo nuevo mi general que tengo acá a PALADIN que me está llamando?, cambio
ARCANO 6: R en relación con la orden recibida de parte de él no se ha hecho presente el personaje,
no se ha hecho presente yo le esperé treinta minutos dejé consigna de que me avisaran cuando
viniera, y estoy nuevamente acá en el cuarto piso, están liberados primero y segundo de manera
total nuestro problema son cuarto y tercero ya eh tuvimos acceso aquí al baño del cuarto piso eh
estamos vamos utilizar una carga tratando de romper por la parte superior, por la plancha del baño
para penetrar al baño del tercer piso que es desde donde se ha recibido respuesta al fuego y donde al
parecer también tienen algún personal de rehenes, cambio.
NN HOMBRE: Llegó el personaje, cambio.
ARCANO SEIS: QSL, entonces dígale que me va a mandar a informar (Se escuchan disparos), me va a
mandar a informar asunto de terminar aquí porque ya estamos a punto de irrumpir, estamos a
punto de irrumpir inclusive nos están dando ya fuego, entonces ya yo voy a bajar al primer piso estoy
aquí en el cuarto, voy a bajar al primero a recibirlo, de acuerdo con lo previsto entonces él y cinco
camilleros perfectamente identificados con sus camillas, con sus distintivos de Cruz Roja y etc.,
entonces para que alguien lo acompañe ahí protegiéndose ahí contra el muro al primer piso y que
me esperen ahí a la entrada para, para hacerlos conducir, cambio.
NN HOMBRE: QSL, Arcano Seis, QSL, ahí lo estamos demorando un poquito para darle lo de las
instrucciones de cómo arribar allá, cambio.
ARCANO SEIS: QSL, mientras me dan tiempo porque volvimos a recibir fuego acá y vamos a utilizar
un rocket (Se Escuchan Disparos)…
ARCANO CINCO: A la ofrenda que tenemos de PALADÍN hay la siguiente adición, reseñar, tomar las
huellas de los cuatro camilleros, cambio.
ARCANO SEIS: QSL, siga.
ARCANO CINCO: Esto porque el grupo ese ha pensado cuatro cambiar de vestidos para salir ellos,
cambio.
ARCANO SEIS: QSL, cambio.
ARCANO CINCO: También se tiene la información de alta evaluación que el doctor Martínez
quedará adentro para, como mediador de ellos, cambio.

ARCANO SEIS: QSL siga.
ARCANO CINCO: Esas son las instrucciones adicionales, cambio.
ARCANO SEIS: QSL.
ARCANO CINCO: … de Arcano Cinco, y se va a tomar las posiciones del caso y ya se mandó a traer el
elemento para hacer esa identificación, cambio.
ARCANO SEIS: De los camilleros, cambio.
ARCANO CINCO: Recibido y QSL y estamos en esa situación, cambio.
ARCANO SEIS: R, por favor cuando termine la reseña entonces me informa para bajar a recibir al
personaje, cambio.
ARCANO SEIS: R, QAP, la actividad que estaba prevista y adicionalmente el personal que le había
dicho para acompañamiento, verificación y seguridad de los evacuados, cambio.
ARCANO DOS: Recibido y QSL, ya tengo al personal listo acá para hacer esa gestión, cambio.
ARCANO SEIS: QSL, ¿Terminaron la reseña, cambio?
ARCANO DOS: Estamos en esa actividad, cambio.
ARCANO SEIS: R, QSL entonces tan pronto esté me informa para bajar a recibir al personaje,
cambio.
ARCANO DOS: Recibido y QSL Arcano Seis.
ARCANO CINCO: Eh, quiere PALADÍN que se dilate un poquitico el acceso de Martínez, eh que lo
ponga a coordinar bien sea aquí o bien sea con Ejército, cambio.
ARCANO SEIS: R, entendido.
PALADIN SEIS: ARCANO han tenido (...) voces, gritos, alguna cosa de los rehenes?
ARCANO SEIS: No, a veces grita esta gente que necesita la presencia de la Cruz Roja, pero de
inmediato la complementan con disparos, pero de rehenes todavía no se ha escuchado nada claro,
siga
PALADIN SEIS: Alguna otra cosa especial, siga
ARCANO SEIS: Negativo Paladín Seis
PALADIN SEIS: R, yo creo que quedaron completamente claras las instrucciones que yo le di sobre la
CRUZ ROJA, ha habido alguna solicitud?, siga
ARCANO SEIS: Negativo, ellos llegaron al área, digamos que administrativa en el sector de la Casa
de Florero y dijeron que estaban ahí en disponibilidad por si acaso lo requerían, pero no han forzado
ninguna situación ni han hecho requerimiento de entrar.
PALADÍN SEIS: ARCANO 6 de PALADIN 6
ARCANO SEIS: siga PALADIN 6
PALADÍN SEIS: R entendido, que no han llegado los de la cruz roja, eh por consiguiente eh estamos
con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo, por favor apurar, apurar a consolidar
y acabar con todo, y consolidar el objetivo, siga.”

214. La comunicación enviada por el doctor Carlos Martínez Sáenz, Director del Socorro Nacional de la
Cruz Roja, al Secretario General de la Presidencia el 12 de noviembre de 1985 , sobre las gestiones
que adelantó el 7 de noviembre, éste manifiesta, inter alia, que “Inmediatamente me fue entregado el
mensaje, en el cual se ratificaba el ofrecimiento del Gobierno Nacional en cuanto a garantía para poner
término al conflicto, me trasladé al Comando Operativo de las Fuerzas Armadas, localizado en el Museo
del 20 de Julio, en donde tomé contacto con el Comandante de las Operaciones, Coronel Alfonso Plazas,
quien se hallaba en compañía del General Vargas, Comandante de la División de Policía Bogotá. (…)

Con todas las garantías, encontré el más amplio apoyo por parte de las Fuerzas Militares, quienes me
pidieron tener un momento de calma para intentar mi ingreso al edificio, puesto que en este momento
se desarrollaba una operación de enorme actividad entre ocupantes y Fuerzas Armadas sobre la Plaza
de Bolívar, que hacían imposible cualquier movilización del personal; se recibieron disparos desde el
Palacio sobre los jardines del Museo mencionado, que parece venían de la parte alta del edificio

ocupado; al mismo tiempo se me informó que el Comandante de la Brigada, General Arias, se
encontraba al frente de la tropa que pretendía ingresar a dicho edificio y quien fue informado de mi
presencia y el objetivo de la misión y este ratificó la orden impartida de esperar un tiempo prudencial.

Pocos minutos después comenzó a ingresar a este puesto, un grupo muy grande de rehenes que
pudieron ser sacados del Palacio de Justicia, entre quienes se hallaban Magistrados, personal civil y
militares heridos, precediéndose de inmediato a la evaluación física y ordenándose el traslado a los
centros asistenciales de los casos que así lo ameritaban.

Momentos después el General Vargas se ofreció a acompañarme en el intento de ingresar al Palacio de
Justicia para entregar el mensaje y el radio teléfono ordenado por Presidencia de la República.

En compañía del General Vargas y el Coronel Plazas, quienes me manifestaron que de ese momento en
adelante, dependería el éxito de la misión, exclusivamente de lo que los ocupantes aceptaran; por tanto
me trasladé con cinco Socorristas de la Cruz Roja, portando la bandera de la Institución y procedimos a
ingresar al Palacio.

Al llegar a éste y utilizando un megáfono, comenzamos a informar el grupo atrincherado en él, que era
portadora la Cruz Roja Colombiana, de un mensaje del Gobierno Nacional y la única contestación que
tuvimos a esta invitación, fue una ráfaga de ametralladora, que nos obligó a buscar refugio bajo el
antepecho de cemento armado que existe en el edificio.

Permanecimos en el tercer piso ante la imposibilidad de alcanzar el cuarto piso, ya que allí
permanecían los ocupantes con algunos soldados en Permanente combate.

Súbitamente cesó el fuego y descendió del cuarto piso, un grupo de soldados que dieron parte al General
Arias de misión cumplida, lo cual nos indicó que la situación había variado por completo y ante la
imposibilidad de haber entregado el mensaje del Gobierno, los medicamentos solicitados por algunos
Magistrados y los demás elementos que se quería que recibieran los ocupantes, comprendimos que
nuestra misión ya no tenía objeto. En ese momento y en ese sitio (tercer piso), hice entrega del mensaje
del Gobierno al Comandante de la Brigada, habiendo permanecido nosotros dentro del edificio hasta
tanto la columna de tanques que lo rodeaban, recibió la orden de retirarse”.

215. Estos hechos los confirman testigos como Rodrigo Barrera, quien se encontraba en la Plaza de
Bolívar y expresó que lo que los periodistas vieron del delegado de la Cruz Roja “es que nunca lo
dejaron entrar”.

216. A la 1:50 p.m. aproximadamente, el General Vargas y el teniente Coronel Plazas acompañaron a
Martínez y a los cinco socorristas de la Cruz Roja a la puerta del Palacio, para que intentaran
ingresar ‘bajo su responsabilidad’. (…) Desde la llamada de Betancur hasta ese momento habían
transcurrido casi siete horas”141.

217. Como se evidencia por su relato, cuando finalmente le fue permitido el ingreso al delegado de la Cruz
Roja, la retoma del Palacio por parte del ejército ya había llegado a su fin.

218. Los rehenes sobrevivientes que lograron salir del Palacio los días 6 y 7 de noviembre fueron
trasladados a la casa del Florero y posteriormente, en la mayoría de los casos, después de ser


registrados, interrogados e identificados plenamente por autoridades militares de inteligencia, se
les permitió ir a sus residencias o fueron trasladados a centros hospitalarios.

219. Otros rehenes, denominados “especiales” por la fuerza pública, fueron trasladados al segundo piso
de las instalaciones de la casa del Florero, y posteriormente varios de ellos fueron remitidos a
instalaciones militares. Algunas personas, siete de ellas plenamente identificadas como rehenes y
una guerrillera, que salieron con vida del Palacio y fueron trasladadas a la casa del Florero,
posteriormente desaparecieron. Con excepción de Ana Rosa Castiblanco, cuyos restos fueron
identificados años después, se desconoce aún la suerte de las demás víctimas.

220. Dada la trascendencia e implicaciones, tanto de lo sucedido con los sobrevivientes al salir del
Palacio de Justicia, como con el manejo de la escena del crimen en relación con quienes
fallecieron, se referirá la Comisión de la Verdad en el análisis de los hechos posteriores a la toma.

V. Los hechos posteriores a la toma del
Palacio de Justicia
Las torturas y tratos inhumanos y degradantes a
sobrevivientes trasladados a instalaciones militares
1. Como se expuso en el capítulo precedente, la evacuación de los atrapados en el Palacio de Justicia
se produjo en diferentes momentos de los días 6 y 7 de noviembre, y en la mayoría de casos se
debió al encuentro fortuito de aquéllos con miembros de la fuerza pública.

2. En ocasiones, a pesar de que miembros del Ejército se contactaron con rehenes que estaban
ocultos en oficinas del tercer piso del Palacio de Justicia, no fueron rescatados de inmediato, lo
cual provocó que algunas de estas personas terminaran concentradas en el baño y
experimentaran profundas angustias, hasta su salida el día 7 o, desafortunadamente, un
desenlace trágico. Así sucedió con el Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
Luis Horacio Montoya Gil, quien, según las comunicaciones del Ejército, advirtió que en la oficina
del tercer piso, donde se encontraba, no había guerrilleros y suplicó a los militares -que ya tenían
prácticamente dominado ese piso-, que lo rescataran.

3. Consta en las grabaciones:

ARCANO 5: Aquí telefónicamente tomamos contacto, con un Magistrado él está en la oficina 318
¿dígame si está QSL?
ACERO 6: Estoy QSL cambio.
ARCANO 5 : Él informa que él, y otros Magistrados que están en la 317, 316 y 315 están solos no
están como rehenes eh no sé si de golpe usted tenga ocupado ese sector sobre la calle 12 y pueda que
tome contacto con ellos en forma verbal y los saquen cambio.
ACERO 6: QSL, QSL voy a impulsarle al Carlos Tango Rojas que es el que tiene el tercer piso allá
prácticamente neutralizado, cambio.
ARCANO 5: Que oficinas 317, 316, y 315, eh el costado es el que da hacia la calle 12, el nombre del
Magistrado es (Se escucha voz masculina de fondo: Horacio Montoya), Horacio Montoya doctor
Horacio Montoya para que lo llamen por el nombre, cambio.
ACERO 6: QSL, QSL Arcano Cinco vamos a impulsarle inmediatamente allá a Dardo Seis a arcano
cinco, eh este Magistrado que llama eh ¿ilumina tener personal de basuras con ellos? cambio.
ARCANO 5: No negativo, negativo él no llamó, de aquí nosotros hemos cogido el directorio y hemos
producido la llamada y logramos hablar con él, dice que está totalmente solo él y los vecinos,
cambio.
ACERO 6: QSL ya le impulso a Dardo Seis, cambio.
ARCANO 5: Habla que tiene las luces apagadas, también.
ACERO 6: R y QSL, es que yo estoy con eh, con medio por Dardo con 77, cambio.
ARCANO 5: R.
(…)
ARCANO 5: Hay la siguiente información que la da Paladín, Paladín Seis, eh en el 318, eh en, en la
oficina 318 hay dos Magistrados.
ACERO 6: QSL cambio.
ARCANO 5: 316 y dicen estar solos, cambio.

ACERO 6: QSL sí, ya tengo acá la información (...), cambio.
ARCANO 5: R eso da, da la impresión de que eso está situado sobre costado ese de la octava hacia al
norte de manera que se le podría hacer algo sobre la doce, se podría hacer algo por la parte de abajo
o de encima con el fin de, de tomar una mejor posición, cambio.
ACERO 6: Sí, r, r ya se asaltó con un grupo especial por la parte del techo sobre, sobre el tercer piso,
para caerle al personal que está, emparapetado que es el que está manteniendo a la raya al tercer
piso y con unas ametralladoras aquí se están que, se está abriendo fuego para poder lograr la
entrada, cambio.
ARCANO 5: R está QSL, cambio.

4. El Magistrado Montoya Gil logró “refugiarse” en uno de los baños del costado noroccidental,
situado entre los pisos segundo y tercero donde, con otros 60 cautivos que sobrevivieron hasta el
día siete padeció azarosos momentos, cuando, a la salida del baño, cayó muerto a consecuencia
del fuego cruzado.

5. No obstante que la salida de los rehenes se realizaba en medio de las condiciones más adversas y
sorteando toda clase de obstáculos, la Fuerza Pública llevaba un estricto control de las personas
que iban siendo evacuadas del Palacio, encaminado, por una parte, a evitar la infiltración de
guerrilleros en el personal civil que salía, así como a conseguir información “de inteligencia” para
efectos del desarrollo de las operaciones militares.

6. Para concentrar a los rehenes que salían del Palacio se utilizó la Casa del Florero o Casa Museo del
20 de Julio, ubicada en la carrera séptima hacia el costado suroriental del Palacio de Justicia. Para
un buen número de personas liberadas, la llegada a este lugar significó el fin de una experiencia
traumática.

7. En palabras de la doctora María Elena Giraldo, a la sazón Relatora del Consejo de Estado: “fuimos
llevadas por el Ejército a la Casa del Florero, donde recobramos nuestra tranquilidad y nos
sentíamos orgullosas de que personas tan humildes como esos soldados no sólo nos hubieran
rescatado, sino que con palabras de afecto hubieran logrado en nosotros esa valentía que hizo que
pudiéramos salvarnos.”1 En similar sentido se expresó el Consejero Julio César Acosta: “Cuando
alcancé el primer piso, soldados del ejército y personal de la Policía me protegieron con sus armas y
me condujeron a la Casa del Florero donde nos atendieron en debida forma.”2

8. Sin embargo, para un número indeterminado de civiles y por lo menos una guerrillera, el arribo a
esta casa colonial representó el inicio de un nuevo y largo suplicio, el cual aún subsiste para
algunas de sus familias. Estas personas, como previamente se señaló, eran catalogados como
“rehenes especiales”, ya que por su apariencia (edad, raza, condición socioeconómica), o el lugar
en el que se encontraban al ser evacuados, entre otros factores, levantaron algún tipo de sospecha
en el personal de la Fuerza Pública, así como, en algunos casos, en sus propios compañeros de
cautiverio.

9. La Comisión de la Verdad tuvo acceso a desgarradores relatos que dan cuenta de las torturas y los
tratos inhumanos y degradantes a que fueron sometidos varios de estos “rehenes especiales”. Este
es el caso de dos estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia, Yolanda
Santodomingo y Eduardo Matson Ospino, visitantes ocasionales de la Corte que el 6 de noviembre
acudieron al Palacio de Justicia para la presentación de un examen y la realización de una

2 Ibíd.

investigación para una asignatura. Estos jóvenes, una vez evacuados del Palacio, fueron llevados
al segundo piso de la Casa del Florero, zona reservada para los “rehenes especiales”. En este lugar
fueron obligados a estar en cuclillas contra una pared, y fueron víctimas de abusos físicos y
psicológicos:

“Todos llegaban y se sentían con derecho a patearme. Me decían ‘perra hp, guerrillera’. Todas las
botas negras pegaban durísimo y se ensañaron con mi riñón derecho. Me preguntaban que en dónde
me cambié y aseguraban que yo había estado en la toma de la Embajada Dominicana, cuando en
1980 yo apenas hacía quinto de bachillerato con las monjas.”3

10. Luego fueron vendados, sometidos a intensos interrogatorios y llevados “para donde alguien para
que los reconociera”. Lo anterior coincide con el testimonio rendido ante el Tribunal Especial de
Instrucción por una empleada del Palacio4.

11. La pareja de estudiantes fue conducida luego a las instalaciones de la DIPEC (ahora DIJIN), lugar
en el que les practicaron la prueba de guantelete de parafina, con el fin de detectar la presencia de
residuos de pólvora, lo que supuestamente demostraría que accionaron armas, cuyo resultado fue
negativo. En ese sitio también fueron reseñados y luego trasladados al Batallón de Inteligencia
Charry Solano, donde nuevamente los vendaron, interrogaron y vejaron por separado, tratando
de confundirlos5, a través de afirmaciones mediante las cuales les hacían creer que se habían
incriminado mutuamente. En este lugar se oían gritos, respecto de los cuales les decían: "Lo que
estás escuchando son personas que no han querido colaborar"6.

12. Esta detención ilegal se extendió hasta la media noche del 6 de noviembre, hora aproximada en la
que le preguntaron a Eduardo Matson por el nombre de personas que los pudieran “recomendar”.
Sólo tras confirmar que el estudiante era sobrino del entonces gobernador de Bolívar Arturo
Matson, los uniformados “les pidieron excusas por todo lo acontecido y que comprendieran que
eran cuestiones militares, que ellos no tenían nada que ver en la toma del Palacio de Justicia.”7 A la
estudiante Santodomingo le expresaron: “Yolanda, no ha pasado nada. Recuerde que estaban
retenidos, no detenidos. Mañana pase por sus documentos.”8

13. Una situación similar fue experimentada por el abogado Orlando Quijano, quien acudía con
regularidad al Palacio de Justicia, como también por un empleado de la Corte Suprema9, los cuales
estuvieron en el primer piso desde que empezó la toma hasta avanzada la tarde del 6 de
noviembre, momento en que fueron sacados y conducidos a la Casa del Florero.

14. En este lugar debieron permanecer con las manos sobre la cabeza respondiendo las preguntas
que les formulaban diferentes uniformados, las que partían del supuesto de que eran guerrilleros.
Especialmente para el empleado, que declaró bajo reserva de identidad ante la Comisión, la
situación fue crítica, pues adujeron tener retenidos a su señora, a sus hijos y a toda su familia:

3 Relato de Yolanda Santodomingo, ADN Colombia, publicado en El Tiempo, 25 de noviembre de 2008.
5 Declaración rendida por Eduardo Arturo Matson Ospina el 11 de abril de 1986 ante el Juzgado 77 de Instrucción Criminal

de Bogotá por comisión del Tribunal Especial de Instrucción Criminal.
6 Relato de Yolanda Santodomingo, ADN Colombia, publicado en el Tiempo, 25 de noviembre de 2008.
7 Declaración rendida por Eduardo Arturo Matson Ospina el 11 de abril de 1986
8 Relato de Yolanda Santodomingo, ADN Colombia, publicado en el Tiempo, 25 de noviembre de 2008
9 La Comisión de la Verdad recibió su testimonio bajo reserva de identidad. Este testimonio obra en los archivos de la CVPJ.

“[En la Casa del Florero] me miraron los zapatos, las manos, me hicieron subir y empezó el calvario,
sobre todo para mí porque empezaron a decirme que ya tenían detenida a mi señora y a mis hijos, a
toda mi familia…, con intimidaciones y mucha presión. Me decían que contara la verdad, se iba uno,
llegaba otro, me tuvieron así por largo rato con muchas intimidaciones, presión psicológica. Luego
en un momento nos dijeron que todos con las manos en la cabeza contra la pared. Yo no quise
colocarme así y debido a eso tomaron más represalias por haber desobedecido. Seguían llegando
uno y otro, con muchas acusaciones.”10

15. Posteriormente fueron conducidos a las instalaciones de la XIII Brigada en el Cantón Norte, donde
fueron reseñados e interrogados nuevamente. Orlando Quijano describió así su traslado: “me
metieron a una camioneta por la calle 11 (…), yo no miré para ningún lado, me sacaron rápido, en
ese momento yo pensé que me llevaban para matar.”11

16. En las instalaciones de la XIII Brigada, según quien expuso bajo reserva, “me tomaron fotos con un
cartón en el pecho, nos reseñaron, nos interrogaron nuevamente, ya con una actitud diferente, con
mejor trato. En las caballerizas estuvimos como dos horas aproximadamente”12 Por su parte,
Orlando Quijano señaló que estuvo en un cuarto oscuro varias horas13. Luego fueron trasladados
al frente del Teatro Patria, cerca de la XIII Brigada, y antes de salir un uniformado le indicó al
funcionario de la Corte: “tenemos todos sus datos y los de su familia”, y le advirtió que era mejor
“que no supiera nada ni que hubiera visto nada”14

17. En las inmediaciones del Teatro Patria fueron requeridos por miembros de la Policía Nacional
quienes, aduciendo que no tenían sus documentos de identificación, los trasladaron a la Estación
Sexta de Policía de Bogotá hasta el medio día del 8 de noviembre.

18. Al referirse al tipo de tratamiento recibido durante el tiempo que estuvo detenido ilegalmente, el
entrevistado con identidad reservada expresó: “Me golpearon ‘lo normal’ como hacen en esos
procedimientos. Para ellos las patadas son normales, me patearon en las espinillas. El lenguaje era
de amenaza, sobre todo contra mi familia. Sentí temor, yo pensaba que iba a morir.”15, y concluyó
de forma ilustrativa: “sentí más temor allá que en el Palacio de Justicia.”16 Con posterioridad a tales
hechos, el declarante instauró una demanda ante el contencioso administrativo, de la cual tuvo
que desistir porque peligraba su seguridad.

19. En el comunicado No. 12 de fecha 22 de noviembre de 1985, emitido por la XIII Brigada, su
Comandante informó a la ciudadanía que “como resultado de las operaciones militares
desarrolladas por la unidad operativa para neutralizar las acciones delictivas cometidas por un
grupo subversivo durante los días 6 y 7 de los corrientes contra el Palacio de Justicia, fueron
capturados, para aclarar su actitud sospechosa en el sector”17 seis personas- entre ellas Orlando
Quijano-, fueron puestas a disposición de la XI Estación de Policía y una vez estudiados sus
antecedentes fueron liberadas. Debe destacarse que la mayoría de las personas que figuran en
este comunicado también aparecen en el anexo 3 del Tribunal Especial de Instrucción,

10 Ibíd.
11 Proceso penal contra el Coronel Alfonso Plazas Vega, Declaración de Orlando Quijano ante la Fiscalía 4 Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia del 2 de junio de 2006. Cuaderno original 5, Folios 166-172.
12 Testimonio ante la CVPJ de testigo bajo reserva de identidad.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Testimonio ante la CVPJ de testigo bajo reserva de identidad.
16 Ibíd.
17 Proceso penal contra el Coronel Alfonso Plazas Vega, Cuaderno anexo 7, Folios 173-174

denominado “Relación Personal rescatado del Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de
noviembre de 1985”, coincidencia que pone en evidencia la ilegitimidad de su retención, después
de haber salido del Palacio.

20. A su turno, el citador de la Sala Constitucional, Héctor Darío Correa Tamayo, luego de sufrir toda
suerte de vicisitudes en el baño, fue separado del grupo de rehenes para ser sometido a tratos
crueles y degradantes: “me maltrataron, me dieron patadas por pura sospecha. Mientras yo lloraba,
ellos estaban emocionados. ’Me van a matar’, fue lo único que pensé.”18 Posteriormente le
preguntaron “a Irma Franco, que estaba allí, si yo era compañero de ella. Yo sabía que era
guerrillera porque ella había estado en el baño donde me habían tenido. Levantó la cabeza, me miró
y dijo que no”.19

21. Este empleado de la Corte Suprema de Justicia fue liberado gracias a la intervención del jefe de
escoltas del Magistrado Alfonso Patiño Roselli, quien al reconocerlo le preguntó por qué estaba
ahí. “Le conté que estaba señalado de guerrillero, se fue y regresó con dos militares y les dijo: ‘Yo
respondo por ese muchacho, él trabaja en la Corte y no lo conoce nadie porque hace poco empezó a
trabajar’. Dicho eso me trajeron mis documentos, me tomaron mis datos, mi dirección, mi teléfono,
me preguntaron quién era mi familia, me brindaron atención médica y me permitieron ingresar a la
lista de las personas recuperadas del Palacio de Justicia.”20

22. En párrafos anteriores, la Comisión hizo referencia a la salida de un grupo de conductores que se
encontraban en el sótano, en horas de la mañana del 7 de noviembre. Estas personas, una vez se
inició la toma, se resguardaron en la oficina asignada a ellos y en un baño del primer sótano,
donde soportaron escondidos el humo asfixiante que se produjo por la incineración de diferentes
vehículos y los estruendos derivados del feroz combate.

23. Uno de estos conductores, Aristóbulo Rozo, narró a la Comisión de la Verdad que una vez salieron
del sótano, los reunieron en la Casa del Florero y allí un familiar suyo que pertenecía a la Policía
intentó llevarlo a su casa, pero un oficial del Ejército “le dijo que no me podía llevar, que los tenían
que llevar al Cantón Norte, porque allá les iban a prestar primeros auxilios; el policía le dijo que no
estaba herido, pero le dijeron que de todas maneras me tenían que llevar al Cantón Norte.”21

24. El traslado al Cantón Norte de este grupo de conductores se hizo en un “carro cerrado del Ejército
con una cruz roja pintada”22 y antes de partir fueron entrevistados por un periodista, al cual le
informaron sus nombres. Al llegar al Cantón los bajaron del carro y “nos hicieron tender al piso y
nos chuzaban, nos daban culatazos con los fusiles y nos decían que dijéramos la verdad, y nosotros
decíamos ¿cuál verdad?, nosotros somos conductores del Palacio de Justicia, aquí están los carnés”.23
Les preguntaban por qué estaban pintados, ya que el humo que se coló debajo de las puertas se
les impregnó y estaban totalmente tiznados. A continuación fueron introducidos en un furgón
donde estuvieron hasta horas de la tarde del 7 de noviembre cuando fueron liberados.

25. Aristóbulo Rozo manifestó que su liberación obedeció a la intervención del Consejero de Estado
Jaime Betancur Cuartas, ya que su conductor, Manuel Cantor, un hombre de la tercera edad, se
encontraba en el grupo de retenidos, según la información periodística. De este modo, el

18 ECHEVERRY, Adriana y HANSSEN, Ana María, Óp, cit. P. 134 y 135.
19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 Entrevista de Aristóbulo Rozo con la CVPJ.
22 Ibíd.
23 Ibíd.

Consejero Betancur se comunicó con oficiales, asegurándoles que él tenía la convicción de que
varios conductores estaban retenidos, por lo que los hacía responsables de lo que les pudiera
pasar.

26. Mediante oficio del 5 de febrero de 1986, el Comandante de la XIII Brigada remitió al Tribunal
Especial de Instrucción Criminal una serie de documentos relacionados con la ocupación y
recuperación del Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, y allí figura un
anexo denominado “Diligencias de la Policía Judicial con los conductores rescatados y puestos a
órdenes del Comando de la BR13 para su identificación y primeros auxilios”; entre los documentos
remitidos se encuentran las exposiciones libres y voluntarias que rindieron siete conductores en
dicha Brigada, en las cuales se narra la situación vivida al interior del Palacio 24, entre ellas las de
Aristóbulo Rozo y Manuel Cantor.

27. La Comisión también tuvo conocimiento de la experiencia vivida por Jaime Arenas, conductor del
hijo del Consejero de Estado Jorge Valencia Arango, quien a diferencia de todas las personas a las
que anteriormente se ha hecho referencia, no figura en el listado del personal que salió del
Palacio.

28. Según la información suministrada a la Comisión por el Consejero Valencia Arango, el conductor
de su hijo se encontraba en el sótano del Palacio cuando empezó la toma y al no poder refugiarse,
fue trasladado al cuarto piso por los guerrilleros y posteriormente se reunió con el grueso de
rehenes que permaneció en el baño hasta el día 7 de noviembre.

29. Sin embargo, cuando la Fuerza Pública tomó el control del baño, el conductor Arenas fue llevado
al Cantón Norte, donde lo sometieron a torturas hasta que Valencia Arango se comunicó con
diferentes generales y logró que fuera puesto en libertad. Este Consejero relata que Jaime Arenas
llegó a su casa “muy golpeado, llorando, y les dijo que lo tenían allá desnudo y que lo estaban
torturando y estaba desesperado porque oía gritos al lado, los tenían en un cobertizo donde
guardan caballos, y que él oía gritos, lamentos y que de pronto oyó que gritaban Jaime Arenas y que
le dijeron que se vistiera y se largara.”25

30. Consideración especial merece la situación que vivió el entonces Magistrado Auxiliar de la Corte
Suprema de Justicia Nicolás Pájaro Peñaranda, quien luego de salir gravemente herido del baño el
día 7 de noviembre, fue conducido a la Casa del Florero, lugar en el que manifestó que debía
recibir atención médica de forma inmediata. En ese momento iba a ser conducido al Hospital
Militar, pero él pidió que lo llevaran a la clínica de la Caja Nacional de Previsión.

31. En el trayecto hacia ese centro hospitalario estuvo acompañado de un soldado, y una vez
ingresado a urgencias un uniformado le dijo “usted no puede hablar, silencio”26 a lo cual él le
respondió que “no he dicho nada, solamente lo que estoy sintiendo”27. Posteriormente, cuando le
iban a tomar unas radiografías “llegaron tres tipos con ametralladora en mano vestidos de civil, me
iban a llevar de la camilla, y los médicos dijeron qué pasó, y dijeron este es un guerrillero”28. Sin
embargo, gracias a la actuación del personal médico pudo ser intervenido oportunamente, y luego
debió salir del país ya que siguió recibiendo amenazas encaminadas a que él no narrara todos los
hechos que vivió en el interior del Palacio de Justicia.

24 Proceso penal contra el Coronel Alfonso Plazas Vega, Cuaderno anexo 4, Folios 33-39.
25 Entrevista de la CVPJ con Jorge Valencia Arango.
26 Entrevista de la CVPJ con Nicolás Pájaro Peñaranda.
27 Ibíd.
28 Ibíd.

32. La Comisión de la Verdad observa que el tratamiento que recibieron diferentes personas que
salieron con vida del Palacio, obedeció a que fueron consideradas miembros o colaboradoras del
grupo guerrillero que realizó el asalto. Esta consideración se sujetó a criterios totalmente
arbitrarios, superficiales y deleznables.

33. Los rehenes denominados “especiales” fueron privados de alimentos durante su estadía en el
segundo piso de la Casa del Florero y en las instalaciones militares a las que fueron trasladados de
forma irregular, y durante todo el tiempo recibieron un trato degradante que generó sentimientos
de angustia y temor por sus vidas.

Análisis de los hechos posteriores desde una perspectiva de
antropología forense
34. Uno de los temas más importantes y, paradójicamente, uno de los que ha sido objeto de mayores
especulaciones y de menor profundidad en los análisis y publicaciones sobre los hechos del
Palacio, tiene que ver con la manipulación, ocultamiento, destrucción de evidencia y otras
múltiples acciones u omisiones abiertamente irregulares realizadas desde el momento mismo de
la finalización de la toma, cuyos efectos, lamentablemente, persisten después de 24 años de
ocurridos los hechos.

35. Así, la falta de precisión sobre las víctimas que perecieron como consecuencia de dichos eventos;
originada en las múltiples negligencias, que por acción u omisión conllevaron a que las
necropsias no se practicaran adecuadamente, generó, entre otros aspectos, que se desconozcan
las reales causas de muerte de la mayor parte de las víctimas y, lo que es igual o más grave aún,
que en muchos de los casos los cadáveres fueran mal identificados, lo que supuso en
consecuencia la entrega errónea de cadáveres a los dolientes, debido a las presiones políticas y a
las derivadas de la angustia de los familiares.

36. A lo anterior se suma que cuerpos que lograron ser correctamente identificados, fueron enviados
a fosa común por el hecho de ser guerrilleros o de sospecharse que lo fueran, bajo órdenes de los
Jueces Penales de Instrucción Militar a cargo del tema.

37. No obstante, estas no son las únicas situaciones complejas alrededor de las personas que el 6 y 7
de noviembre de 1985 quedaron atrapadas en el Palacio de Justicia. Aún, a la fecha, y a pesar de
que se han realizado múltiples acciones, incluyendo la exhumación de la fosa del cementerio del
Sur y posteriores inspecciones en las instalaciones de la Escuela de Caballería y el Batallón Charry
Solano, aún permanece sin resolverse el paradero de once de las personas que desaparecieron
una vez finalizada la retoma del lugar por parte de las fuerzas armadas29.

38. Por estas razones, la Comisión de la Verdad consideró indispensable, en el marco del desarrollo
de su mandato, recurrir al apoyo de un reconocido experto internacional en antropología
forense30, con el fin de contar con los elementos de juicio que le permitan presentar un balance de

29Ver Capítulo VI
30Carlos Bacigalupo Salinas, Antropólogo Forense - Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses – CENIA,
Perú. Debe la CVPJ recordar y agradecer la colaboración científica que determinó el trabajo y las conclusiones en estas áreas
del saber, frente a las cuales no tienen los comisionados capacitación en la especializada profundidad que se requiere.

los hallazgos más relevantes, fundamentado científicamente, a partir de las investigaciones que
sobre el tema se han realizado, teniendo en cuenta las actuaciones desde la perspectiva
específicamente forense de las diversas entidades que han participado del proceso, desde el
momento en que culminaron los eventos hasta la fecha.

39. Debe destacarse, para comenzar, que los esfuerzos realizados por parte de varias entidades
gubernamentales y no gubernamentales son múltiples. Sin embargo, a pesar de que se han
abarcado múltiples aspectos, ninguna de las entidades que en cada uno de los distintos
momentos ha tenido a cargo las investigaciones, ha logrado darle un manejo holístico o integral, y
por ende completo a la situación de las víctimas fallecidas y desaparecidas.

40. De hecho, cada institución se ha enfocado en resolver solamente aspectos particulares, muy
específicos, pero no se ha tomado la precaución de abordar el caso de forma conjunta y general
para lograr una visión amplia, que permita establecer lo que realmente sucedió no sólo durante
esos dos días, sino en días posteriores; a lo que se suma que las presiones y el pacto de silencio al
que se ha referido la Comisión desde su Informe Preliminar, han conseguido influir de manera tal
que no se ha logrado realizar en todos los casos, por ejemplo, pericias objetivas y completas,
situación que en términos generales, caracteriza el caso del Palacio de Justicia.

41. En ese sentido, las actuaciones tanto de los jueces penales militares a cargo de los
levantamientos, como de la DIJIN de la Policía Nacional que sirvió como órgano de apoyo técnico
en los levantamientos; del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses31, en lo
relativo a las necropsias, las cuales tenían como fin establecer causas de muerte y la identidad de
las víctimas; así como las posteriores tareas realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigaciones
como organismo de la Fiscalía General de la Nación y esta entidad a cargo de las investigaciones;
y finalmente del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional de Colombia; han
caído de una u otra forma en esta situación.

42. Desde esta perspectiva, en los siguientes apartes del presente capítulo, la Comisión analizará, con
base en el concepto experto de antropología forense mencionado, tres temas básicos: el manejo
de la escena del crimen, las personas fallecidas y los hechos posteriores a la toma.

43. La información con la que ha contado la Comisión de la Verdad como base documental para el
presente análisis está constituida, principalmente, por la contenida en los 94 protocolos de
necropsia realizados en 1985 por el Instituto de Medicina Legal y las actas de levantamientos
respectivas; como también las fotos tomadas por la DIJIN y el Instituto de Medicina Legal durante
los levantamientos de cadáveres y algunas de las fotos tomadas al parecer previas o durante las
necropsias de ley.

44. Asimismo, la Comisión de la Verdad tuvo en cuenta las entrevistas que realizó a algunos de los
médicos forenses que participaron en la ejecución de las necropsias, los doctores Gerardo Prada
Chona, Paulina Ojeda y Fernando Velandia. También se toman como referencia los datos
ofrecidos por el topógrafo Alberto Luciano Rengifo quien participó como perito en algunas de las
diligencias, así como por la doctora María Cristina Garzón, de Medicina Legal32.

31En adelante, Medicina Legal, Instituto de Medicina Legal o INML.
32Quien aunque tiene una vinculación reciente con el Instituto, estuvo presta a colaborar en lo que le fue posible en la tarea
de investigación.

45. Igualmente, el experto forense consultó informes de balística realizados por los peritos del
Instituto de Medicina Legal33, así como el Informe contenido en el Oficio N° 378-86-LB de 14 de
mayo de 1986, dirigido al Juez 77 de Instrucción Criminal doctor Luis Lizarazo, por una comisión
técnica conformada por Arturo González Bazurto, Alberto Rengifo, Carlos Cantor, Melba Lucía
Villate y Gerardo Prada, relacionado con un cuestionario del juez en relación con los hechos del
baño ubicado entre el segundo y tercer piso.

46. La Comisión lamenta que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no haya dado respuesta
oportuna y puntual a las inquietudes contenidas en un cuestionario enviado a su Director34.

47. Los datos referentes a las actuaciones del CTI que obtuvo la Comisión de la Verdad provienen de
la valiosa colaboración del doctor Carlos Hugo Valdés35, quien se desempeñó como Jefe de la
División de Criminalística entre los años 1998 y 2000, a cargo de las investigaciones forenses del
caso Palacio de Justicia por el CTI en ese período. Sobre el particular, también se contó con los
informes del Equipo Argentino de Antropología Forense, entidad que fue invitada a participar
como observadora en el proceso de exhumación de los restos de la fosa del cementerio del Sur y
de los análisis posteriores. También fue posible contar con información relativa a los informes de
excavación de la fosa común del Cementerio del Sur realizada en 1998 y de los análisis realizados
a los restos óseos en esa misma época por el CTI, incluyendo los análisis genéticos, llevados a
cabo de manera conjunta además por Medicina Legal y la Universidad de Granada.

48. Por otra parte, el doctor José Vicente Rodríguez, director del Laboratorio de Antropología Física
de la Universidad Nacional de Colombia colaboró con la Comisión de la Verdad aportando
importante información, que incluye algunos de los protocolos de necropsia del caso, así como los
informes periciales y las actuaciones que realizara entre los años 2001 y 2005, inicialmente motu
proprio como parte de la labor docente que cumple en la mencionada Universidad, y luego a
solicitud de ex militantes del M-19, como parte del Acuerdo de Punto Final que concluyó en el año
2005. Su labor se centró en torno a la ratificación de las identidades de los guerrilleros del M-19
que en 1985 fueron enviados a la fosa común del Cementerio del Sur por los jueces penales
militares, a pesar de haber sido identificados, impidiendo así a sus familiares recuperar los
cuerpos para darles sepultura.

49. Finalmente, se ha contado con literatura escrita sobre el tema, así como datos provenientes de
medios de comunicación de la época y posteriores. Una fuente importante es la proveniente del
expediente del Juzgado 30 donde se consigna información referente a las diligencias de
reconstrucción de los hechos, así como las narraciones de los mismos. Por otra parte el informe
emitido por el Tribunal Especial de Instrucción contiene información importante relativa al
levantamiento e identificación de los cuerpos.

33 Oficio N° 343-86-DC-LB del 08 de mayo de 1986, dirigido al Juez 77 de Instrucción Criminal por el jefe del Laboratorio de
Balística del Instituto de Medicina Legal; Oficio 069-L.I. 86 del 6 de junio de 1986 dirigido al Dr. Egon Lichtemberger,
Director del Instituto de Medicina Legal, firmado por Jorge Carreño U. Jefe del Laboratorio de Identificación del Instituto de
Medicina Legal.
34 La comunicación de la Comisión se remitió vía fax y correo el 28 de septiembre de 2009 y fue repartida a la División de

Criminalística. La Comisión recibió sólo hasta el 1° de diciembre una respuesta parcial: en muchos casos, el CTI se abstuvo
de responder a las preguntas debido a “que no se contó con el respectivo sustento documental”, mientras que en otros las
respuestas dadas al cuestionario remiten a información documental interna a la cual no se tuvo acceso, y en consecuencia
no responden con claridad a lo solicitado, ya que dicha documentación no fue aportada para su verificación.
35 Actualmente vinculado a la Procuraduría General de la Nación.

El manejo de la escena del crimen
50. El conjunto de acciones subsiguientes a los acontecimientos que tuvieron lugar en el Palacio de
Justicia, del cual dependía la posibilidad de adelantar una investigación imparcial y eficiente
acerca de lo ocurrido, tuvo como sello principal la irregularidad.

51. En este sentido, cuestiones tan sensibles para el desarrollo de cualquier pesquisa judicial como la
conservación de la cadena de custodia del material probatorio relevante, la adecuada práctica de
los levantamientos de cadáveres, la protección de la escena en que ocurrieron los hechos, fueron
pretermitidos o desarrollados de forma precaria por parte de autoridades militares, que no
estaban investidas de la competencia pertinente.

52. Desde la perspectiva forense y de criminalística, el adecuado manejo de la escena es un aspecto
fundamental, que contribuye en gran medida a resolver la mayoría de las situaciones en las que se
ha presentado la muerte de una o varias personas como consecuencia de hechos violentos, sin
importar su naturaleza, aportando a la determinación de la identidad, las causas, manera y
mecanismo de muerte de las víctimas.

53. El manejo apropiado de la escena permite recopilar la mayor cantidad de evidencia posible
tendiente a establecer la culpabilidad o inocencia de los involucrados en los hechos. La
manipulación inapropiada de la escena es un acto que ocurre en algunas situaciones por
ignorancia, pero en muchos otros, las causas para la alteración de la escena están directamente
relacionadas con la necesidad de ocultar y manipular evidencia incriminatoria.

54. El primer paso a seguir en situaciones donde se han cometido ilícitos o en casos de accidentes,
pero en especial en aquellas situaciones donde hay víctimas fatales, es la evaluación detallada de
la escena. En aquellos lugares donde han ocurrido eventos como incendios o explosiones -o como
en el Palacio de Justicia, que incluyen los dos, además del intercambio de disparos- es necesario
que dicha evaluación sea aún más cuidadosa y debe enfocarse a establecer la mejor manera de
intervenir sin alterar, para encontrar y conservar la mayor cantidad de evidencia posible.36

55. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto es admisible que las partes
intervinientes en los hechos participen en el manejo de la escena por cuestiones de orden ético y
para evitar que intereses institucionales o particulares afecten el trabajo y manipulen la escena de
manera indebida o se generen malas interpretaciones o cuestionamientos a la labor ejecutada.

56. Las tareas subsecuentes son indispensables y consisten en asegurar la escena, luego registrarla
descriptiva, fotográfica, fílmica y topográficamente, localizando en ella a las víctimas de manera
precisa, para proceder posteriormente al levantamiento de los cuerpos y de los elementos
asociados, como también del resto de la evidencia que pueda hallarse en la escena, asegurándose
de preservar, inventariar, embalar y transportar toda la evidencia hasta el lugar del análisis,
manteniendo siempre la cadena de custodia.

57. Si bien es cierto que muchas de las técnicas existentes en criminalística se han venido efectuando
de manera paulatina con un importante aporte del desarrollo tecnológico en los últimos 15 años,
también es verdad que a la fecha de los hechos del Palacio de Justicia ya existían criterios claros

36 Department of Justice U.S., 1999. Death Investigation, a guide for the Scene Investigator. Research Report (November)
http://www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/167568.htm; Department of Justice U.S., 2000; Crime Scene Investigation, a Guide
for Law enforcement. Research report (January) en: http://www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/178280.htm

aplicables al manejo de la escena y el levantamiento de cadáveres, los cuales debieron observarse
en las diligencias adelantadas con ocasión de los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985.

58. Específicamente, en el Código de Procedimiento Penal vigente para la época existían
disposiciones que regulaban las labores de manejo de escena y levantamiento del cadáver, y
también se reglamentaban las funciones a cargo de las autoridades de Policía Judicial37. Es así
como, el artículo 341 del Decreto 409 de 1971, disponía:

“En caso de homicidio o de hecho que se presuma como tal, no podrá ser movido el cadáver, mientras el
funcionario de instrucción o el de policía judicial no lo permita. Antes de dar este permiso, el
funcionario practicará una inspección judicial para examinar detenidamente el cadáver, la situación en
que se encuentre y las heridas, contusiones y demás signos externos de violencia que presente. En
seguida procederá a identificarlo y ordenará que se practique la necropsia, para que se determine la
causa de la muerte.”

59. En los hechos del Palacio de Justicia no se observaron estas disposiciones, lo cual conllevó a que
mucha información valiosa relativa a la manera y causa de muerte se perdiera; a lo que se suma la
reducción en las posibilidades de identificar adecuadamente a las víctimas. Las principales
irregularidades cometidas en relación con el manejo de la escena del crimen y el levantamiento
de los cadáveres se evidencian en la incompetencia –formal y sustancial- de los funcionarios que
participaron en las diligencias, así como en la contaminación de la escena, tanto en lo relacionado
con la custodia del material de guerra como con el traslado de los cuerpos del lugar en que se
produjo la muerte, el lavado a que fueron sometidos, su inadecuado desnudamiento y el
incorrecto manejo y embalaje de las prendas y objetos asociados a los cuerpos.

60. En cuanto a los funcionarios que adelantaron las diligencias, debe señalarse que el entonces
Ministro de Justicia, Enrique Parejo manifestó a la Comisión de la Verdad que el día 7 de
noviembre, una vez culminados los hechos, le solicitó a la Directora Seccional de Instrucción
Criminal que enviara un equipo de Jueces para que iniciara la investigación. El grupo de
instructores se conformó tan pronto como se pudo y cuando trató de iniciar sus labores, las
autoridades militares no le permitieron entrar, pero alcanzaron a percatarse de que estaban
barriendo el piso del Palacio.38

61. Por su parte, un grupo de jueces de Instrucción Penal Militar del Departamento de Policía de
Bogotá asumió el control de las diligencias de levantamiento de cadáveres por asignación de
misión del Comandante de Policía de Bogotá, Brigadier General José Luis Vargas Villegas, en su
calidad de Juez de Primera Instancia. Esta asignación fue efectuada de forma verbal y recayó
sobre los jueces 77, 78 y 86 39.

62. Bajo las órdenes de estos jueces actuaron funcionarios de la Dirección de la Policía Judicial e
Investigación (DIJIN) y miembros del Cuerpo de Bomberos, a pesar de que estos últimos no tenían
para ello ningún tipo de atribución legal y mucho menos la experiencia necesaria para una tarea
de tal magnitud40.

37 Libro Segundo del Decreto 409 de 1971.
38 Entrevista de Enrique Parejo González con la CVPJ.
39 Certificación jurada rendida por el Juez 78 de Instrucción Penal Militar del Departamento de Policía de Bogotá, Carlos

Darío Morales Alvarez ante el Juzgado 23 de Instrucción Criminal
40 Bacigalupo Salina Carlos, Antropólogo Forense, Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses – Cenia, Perú,

Informe a la Comisión de la Verdad en el caso del Palacio de Justicia – Colombia 1985.

63. En cuanto a la contaminación de la escena, el Tribunal Especial de Instrucción Criminal resumió
algunas de las irregularidades de la siguiente forma:

“Inexplicablemente, las autoridades militares no esperaron a que los competentes funcionarios de la
investigación hicieran lo que legalmente les correspondía hacer. Primero, ordenaron la incautación
de armas, provisiones y material de guerra, después la concentración de cadáveres en el primer piso,
previo el despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias. Algunos de estos cadáveres, no
se sabe porqué, se sometieron a cuidadoso lavado. Con tal proceder se privó a los funcionarios
encargados de las diligencias de levantamiento de importantes detalles que a la postre dificultaron
la identificación de los cadáveres y crearon el desorden y el caos. El punto de partida, por lo visto,
innecesariamente fue contraproducente al buen manejo de la investigación.”41

64. El informe del Tribunal Especial contiene importantes declaraciones que dan cuenta de la
manipulación a que fue sometida la escena. Es así como el Teniente Coronel Rafael Hernández López,
Comandante de la Escuela de Artillería, indicó que “al término de la operación de rescate de
secuestrados en el Palacio de Justicia, procedieron a efectuar registro del edificio, se recuperó gran
cantidad de armas, municiones y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares que se
encontraban al lado o siendo empuñados por los despojos mortales de los subversivos.”42

65. Dicho manejo de las armas contrariaba abiertamente lo dispuesto por el artículo 350 del Código de
Procedimiento Penal de entonces, según el cual “[l]as armas, instrumentos y efectos con que se haya
cometido el delito o que provengan de su ejecución, se reconocerán y describirán detalladamente, se
secuestrarán y harán parte del sumario para los efectos de la investigación”43.

66. Otro incidente de manipulación y contaminación de la escena fue expuesto ante la Comisión de la
Verdad por el Coronel de la Policía Pedro Herrera Miranda, quien manifestó que recogió varios
elementos que debían ser sometidos a la cadena de custodia, tales como el arma de dotación del
jefe de escolta del Magistrado Alfonso Reyes, sargento Jaime Benítez, quien falleció en los hechos,
o una cartera de lona abandonada, en la cual se encontraba un rollo que entregó al F-2 y que
contenía fotografías de los guerrilleros responsables de la toma44.

67. En relación con lo anterior, la Comisión igualmente encontró referencias en entrevistas realizadas
que dan cuenta de la facilidad con que ciertas personas entraron al Palacio de Justicia el mismo 7
de noviembre o al día siguiente, lo cual denota la omisión por parte de las autoridades
competentes de adoptar medidas de seguridad encaminadas a salvaguardar la integridad de la
escena.

68. Así, el Magistrado Hernando Tapias Rocha, quien estuvo como rehén en el baño del 2° al 3° piso,
indicó:

“Cuando salí, volví al baño. El baño era un ‘matadero’, había sangre por el techo, en los inodoros,
donde había oído la voz de Almarales estaba el orinal en el que él estaba sentado convertido en un
lago de sangre, los impactos de un arma de repetición que volvieron pedazos el orinal.”45

41 Tribunal Especial de Instrucción.
43 Decreto No 409 de 1971, Código de Procedimiento Penal, art. 350.
44 Entrevista de Pedro Herrera Miranda con la CVPJ
45 Entrevista de Hernando Tapias con la CVPJ.

69. De forma semejante, el Magistrado auxiliar Nicolás Pájaro relató: “[r]ecorrí el Palacio días después;
la placa de los baños de Palacio eran muy gruesas y tenían (sic) como 8 huecos”46. Este espacio
además fue visitado por el entonces Secretario del Consejo de Estado, Darío Quiñones: “[e]ntré
con el secretario de la Sección 3ª en horas de la mañana del 8 de noviembre al Palacio de Justicia. Lo
único que quedaba era el baño donde habíamos estado. Todo estaba destruido. Pasamos por mi
oficina, donde no había sino cenizas. Había un olor insoportable. Encontré mi libreta de apuntes
entre ropa y papeles tirados en el suelo. Fuimos al cuarto piso, no había cadáveres. Había personal
militar hacia el lado de la cafetería. No nos impidieron la entrada, entramos tranquilamente y
caminamos por ahí.”47

70. De la misma manera el Consejero Carlos Betancur hizo mención de su entrada al Palacio después
de los hechos: “[e]l viernes, todos fuimos llegando al Ministerio de Justicia. Como a las 11:00 a.m.
fuimos a ver las ruinas. Fue la única vez que lloré. Todo había desaparecido, era como un gran
anfiteatro abierto. Había un policía o un soldado ahí junto a una bolsa de polietileno negra y le
pregunté quién era: él le dijo, parece que es el presidente de la Corte porque se encontró un pedazo
de bolígrafo y parte de la cédula.”48 Con él ingresó el periodista Rodrigo Barrera y vio “como 18
cadáveres en fila en el patio de José Ignacio de Márquez, completamente mojados. Los soldados
estaban barriendo todo. Estaban levantando los cadáveres ahí en el patio. Eso fue como entre 5 y
6:00 p.m. del 7. Estaban empezando a llegar algunos jueces. Me impresionaron mucho los ascensores
que estaban quemados, pasé a la biblioteca donde le llegaban las cenizas a la rodilla, era
absolutamente increíble que el edificio hubiera quedado como quedó, quedó sólo el cascarón.”49

71. También los familiares de las personas que desaparecieron en los hechos del Palacio declararon
que entre el 7 y el 9 de noviembre ingresaron a esta edificación, con el fin de indagar por la suerte
de sus familiares: Elvira Forero de Esguerra, madre de Norma Constanza Esguerra Forero, José
María Guarín Ortiz, padre de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Mario David Beltrán Fuentes,
hermano de Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Así mismo, César Augusto Sánchez, abogado asesor de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, refirió que el 8 de noviembre visitó el Palacio de Justicia en
compañía de algunos funcionarios de la Alcaldía Mayor, entre los cuales se encontraba el Alcalde
mismo50.

72. Otros periodistas coincidieron en aseverar que tuvieron acceso a la escena, es el caso de Julia
Navarrete quien señaló: “La cafetería estaba abierta, intacta, yo entré y la vi, estaba intacta, incluso
con tintos servidos.”51 Yamid Amat, por su parte, relató que “Guillermo Franco, Carlos Ruiz, Julio
Suárez, periodistas que entraron, vieron que habían arrumado los cadáveres.”52 Y Juan Gossaín dijo
que “Varios periodistas de RCN entraron a Palacio después de ocurridos los hechos y realizaron
crónicas. Ellos dijeron que estaban lavando Palacio, uno de los informes realizado el ocho o el nueve
era que ya había empezado la remoción de escombros y la limpieza del piso, pero no sabe si era
desde antes de que llegaran los jueces de instrucción criminal. Recuerdo que entrevisté al Director
Nacional de Instrucción Criminal y él dijo que no se podía tocar la escena del crimen antes de que
llegaran los jueces de instrucción criminal.”53

46 Entrevista de Nicolás Pájaro con la CVPJ.
47 Entrevista de Darío Quiñonez con la CVPJ.
48 Entrevista de Carlos Betancur con la CVPJ.
49 Entrevista de Rodrigo Barrera con la CVPJ.
50 Proceso penal contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.
51 Entrevista de Julia Navarrete con la CVPJ.
52 Entrevista de Yamid Amat con la CVPJ.
53 Entrevista de Juan Gossaín con la CVPJ.

Irregularidades cometidas durante el levantamiento de cadáveres
“Nosotros durante las horas y días que estuvimos buscando a mi padre en Medicina Legal entre los
restos calcinados de guerrilleros, Magistrados, civiles, los que vivimos ese momento, entendimos bien
todo lo que había sucedido.
La forma como dieron la orden de lavar el Palacio de Justicia para que los restos cayeran del cuarto piso
al tercero, del tercero al segundo y del segundo al primero y nosotros los recogiéramos abajo, en la
parte de abajo, ahí estaban todos los restos de las personas calcinadas en el tercero y en el cuarto, sobre
todo los del cuarto piso.
Los que vivimos eso, supimos en ese momento todo lo que había pasado.”54

73. Según el Tribunal Especial, las tareas de levantamiento de cadáveres habrían comenzado el jueves
7 de noviembre. De acuerdo con sus fuentes, entre las que se cuentan los testimonios brindados
por los bomberos que participaron en estas tareas, los cuerpos incinerados, esto es, los hallados
en el cuarto piso y algunos del segundo y tercero, habrían sido levantados en bolsas plásticas
junto con los objetos personales y luego llevados al primer piso. Una vez allí, habrían sido
trasladados al patio central, cerca de la estatua de José Ignacio de Márquez, para que en ese sitio
se hiciera el levantamiento propiamente dicho.

74. Por otra parte, los cuerpos del baño que estaba entre el segundo y el tercer piso, habrían sido
llevados sin bolsas al primero, donde fueron realizados los levantamientos respectivos. En
algunos videos es posible observar la manera en que los cuerpos son trasladados en bolsas
plásticas por personal del Cuerpo de Bomberos, lo cual corrobora al menos en parte dicha
versión. También según el Tribunal, algunos de los cadáveres habrían sido lavados con
mangueras.

75. En su sustentación, el Tribunal retoma la narración del soldado Carlos Arturo Monsalve Sánchez
de la Escuela de Artillería, cuya madre falleció como consecuencia de los hechos. La declaración
del soldado al Juzgado 30, según cita del Tribunal Especial, menciona que:

“A mí me mandaron sí, pero yo no recogí nada, porque yo quería era recorrer el edificio haber (sic) si
encontraba a mi mamá, unos compañeros sí ayudaron; los que recibían los cadáveres y los lavaban
eran unos de blusa blanca que creo que eran de la DIJIN, los lavaban con agua con una manguera,
lógico que les quitaban la ropa yo no supe si ya había hecho los levantamientos, yo vi que ahí
estaban haciendo unas anotaciones, ahí hubo gente que quedó intacta, solo se les veían los tiros, a mi
me dijo alguien “oiga venga ayude a bajar”, también había gente de la Cruz Roja bajando restos
quemados”55.

76. Sobre este punto específico el Tribunal Especial también cita el testimonio del Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Coronel Félix Gallardo Angarita, quién declaró:

“Cuando el día 7 de noviembre se terminaron las operaciones me trasladé a la Alcaldía..., yo bajé de
nuevo a la Secretaría de Gobierno, ahí me estuve un rato..., hablé con mis bomberos, habían varios,

54 Testimonio de Carlos Medellín Becerra, hijo del Magistrado Carlos Medellín Forero, durante el evento público de la
Comisión de la Verdad, 4 de noviembre de 2008.
55 Tribunal Especial de Instrucción

les pregunté cómo seguía la situación, me dijeron que únicamente estaban echando agua para lavar
algunos cadáveres porque los jueces y los funcionarios de la Policía Judicial estaban en los
levantamientos. Entré en el Palacio, observé en el patio central: soldados, policías, DAS, F-2, y los
jueces, el espectáculo era demasiado macabro, causaba náuseas, cadáveres calcinados y un
ambiente irrespirable. Me estuve unos minutos les dije a los bomberos que solamente debían actuar
por órdenes de los jueces que ya estaban ahí, prestar la colaboración que ellos les pidieran y
regresar a la Alcaldía y luego al Comando. . . El apoyo continuó a órdenes de los jueces. No recuerdo
quiénes estaban allá pero ya era una labor secundaria que como dije fue más que todo de lavado de
cadáveres y cada cual hizo lo suyo de acuerdo con el apoyo que le pidieron. Esa labor se cumplió en
parte del 7 al 8 de noviembre, según los informes que reposan en autos”56.

77. Gerardo Prada Chona, funcionario de Medicina Legal, relató que “[t]uvimos nuestra primera gran
sorpresa cuando al empezar a bajar los cuerpos nos percatamos que estos venían completamente
desnudos y lavados”, con lo que se alteró toda la evidencia necesaria para la investigación forense
57. Esta situación, por lo tanto, habría ocurrido necesariamente durante los levantamientos y

antes de llevar los cuerpos al Instituto de Medicina Legal58. Corroboración adicional de este hecho
se deriva de lo que se puede observar en algunas de las fotos de los levantamientos, donde los
cuerpos aparecen ya mojados. De acuerdo con los documentos, los levantamientos estuvieron a
cargo del personal de la DIJIN, quienes también firman las actas de levantamiento59.

78. De acuerdo con Franco y Villate60, entre los procedimientos que se realizan en el levantamiento
del cadáver se incluye el examen externo del cuerpo y de las ropas asociadas a él. Sin embargo,
estas tareas no implican el lavado del cadáver, el cual usualmente se hace en las instalaciones del
Instituto de Medicina Legal como parte de la necropsia, por cuanto en casos comunes no existen
siempre fuentes de agua disponibles, pero además porque el lavado lleva consigo la pérdida de
evidencia.

79. En ese sentido, llama la atención el hecho de que en el Palacio los cuerpos hayan sido lavados, por
cuanto esta tarea no se encontraba dentro de las que se ejecutan normalmente en levantamiento
de cadáveres y porque la prioridad en cualquier caso era proceder con las diligencias respectivas
de necropsia en el Instituto de Medicina Legal, donde esta actividad se debería llevar a cabo.

80. De esta forma, si lo que señalan los médicos del Instituto de Medicina Legal, respecto del recibo
de los cuerpos desnudos y el hecho de que las prendas no fueron enviadas siguiendo los
protocolos existentes para la época, debidamente embaladas y asociadas a cada uno, es inevitable
afirmar que esta situación dificultó enormemente la tarea de establecer la identidad de las
víctimas.

81. Al respecto, cabe anotar que si bien dentro de los procedimientos existentes a la sazón en
Colombia, en relación con el levantamiento de cadáveres, los cuales se mantuvieron vigentes

56 Ibid. En análogo sentido se pronunció el Coronel Félix Gallardo Angarita en entrevista con la Comisión, sin embargo
precisó que el lavado realizado a los cuerpos por parte de los bomberos se efectuó sólo en las manos de algunos cadáveres
“para la necrodactilia”.
57 Prada Chona, G. 2005. Nos Deben la Verdad En: Corte Suprema, Holocausto del Palacio de Justicia Año 8, Revista N° 20,

Noviembre. Imprenta Nacional de Colombia
58 Bacigalupo Salina Carlos, Antropólogo Forense, Centro Andino de Investigaciones Antropológico Forenses – Cenia, Perú,

Informe a la Comisión de la Verdad en el caso del Palacio de Justicia – Colombia 1985.
59 Ibid
60 Franco P., Mélida y M. L. Villate Zorro. 2007. Diligencia de levantamiento de cadáver En:
http://www.criminalistica.com.mx/hematologia-y-serologia/413-diligencia-de-levantamiento-de-cadaver

hasta el año 2004, se incluía desvestir el cuerpo con cuidado de no rasgar las prendas, así como la
descripción de cada una de éstas; el procedimiento también implicaba el correcto embalaje de las
prendas y la remisión posterior al Instituto de Medicina Legal, así como de los elementos
asociados al cuerpo, sin que estas tareas involucraran en lo absoluto el lavado del cadáver
durante el levantamiento.

82. Esta situación, en cualquier caso, permitiría pensar que más allá de contribuir en el proceso de
investigación, se quiso ocultar o borrar evidencias relacionadas con las causas de muerte de cada
una de las víctimas, por cuanto no sólo no se guardaron los cuidados necesarios, sino que no se
siguieron los protocolos mínimos que se aplican a estas situaciones con el fin de preservar la
evidencia que hubiera permitido contribuir a establecer las causas de muerte y la identidad de los
fallecidos.

83. Al respecto, los médicos del Instituto de Medicina Legal han hecho énfasis en que las prendas y
objetos asociados a las víctimas fueron manipulados durante los levantamientos, de manera tal
que no se guardaron las medidas del caso para evitar las mezclas, generando además que se
perdiera la asociación de las prendas y objetos con muchos de los cuerpos, lo cual perjudicó en
demasía el proceso de identificación de las víctimas.

84. Esta situación aparece mencionada en el peritaje rendido por una comisión técnica integrada por
funcionarios del mismo Instituto de Medicina Legal y dirigido al señor Juez 77 de Instrucción
Criminal Ambulante, de acuerdo al cual: “ ... Deseamos agregar que desde un principio las labores
de investigación en este caso han sido bastante difíciles por cuanto los levantamientos de los
cadáveres carecieron en este caso de todo criterio técnico y científico al mover los cuerpos del lugar
exacto de los hechos, al retirar las prendas y no embalarlas adecuadamente, sino por el contrario
fueron mezcladas y posteriormente enviadas en un camión aparte aquí a las instalaciones del
Instituto, lo que hizo que fuera aún más difícil la labor de identificación de los cadáveres. Además
durante los mencionados levantamientos se recogieron en bolsas plásticas, en forma indiscriminada,
restos calcinados correspondientes a diferentes personas…”61

85. De conformidad con lo anterior, la mayor parte de las fuentes coinciden en que los
levantamientos fueron realizados de manera descuidada, los cuerpos no se mantuvieron en el
lugar donde fallecieron y se les movilizó al primer piso del mismo edificio –muy probablemente a
propósito- generando que la información de contexto se perdiera. A lo anterior se suma que esta
tarea no fue asumida del todo por personal especializado sino por los agentes del Cuerpo de
Bomberos, así como por personal de limpieza del Distrito (los llamados “Escobitas”) de acuerdo a
lo narrado por Jimeno62, y las actas de levantamiento fueron elaboradas por los peritos de la DIJIN
en el lugar a donde los restos fueron trasladados.

86. Así lo registró la prensa de la época, con fotografías que ilustraban el hecho: “una brigada de 50
escobitas con tres máquinas de la EDIS procedieron pasadas las 9 de la mañana a limpiar toda la
Plaza de Bolívar, que se encontraba sucia y con gran cantidad de vainillas”63.

87. Del análisis realizado de las 94 actas de levantamiento, sin embargo, se observa un cuidado
especial en la descripción de las prendas asociadas a los cuerpos y es posible que incluso en

61 Informe contenido en el Oficio N° 378-86-LB de 14 de mayo de 1986, dirigido al Juez 77 de Instrucción Criminal Dr. Luis
Lizarazo, por una comisión técnica conformada por Arturo González Bazurto, Alberto Rengifo, Carlos Cantor, Melba Lucía
Villate y Gerardo Prada
62 Noche de Lobos, Jimeno, pág. 184.
63 El Espacio, Penoso rescate, 9 de noviembre de 1985, pág. 6.

algunos casos al parecer sí se hubieran hecho los levantamientos en el lugar mismo en el que la
persona falleció. Esta situación, sin embargo, no es la de mayor porcentaje y resalta que sólo es
posible establecer la ubicación exacta del fallecimiento en 22 de las actas, mientras que en el resto
la posición del cadáver es artificial, por cuanto el levantamiento fue realizado en un lugar
diferente al del deceso, específicamente el patio del primer piso.

88. En ocho de los casos, los levantamientos se dieron en las morgues de centros hospitalarios donde
fueron evacuadas algunas de las personas gravemente heridas o a donde llegaron sin vida. Así se
tiene que los cuerpos de José Fonseca Villada64, Ramón León Ariza65, Edilson Zapata Vásquez66 y
Jaime Alberto Portilla Franco67, quienes fueron recogidos del Hospital de la Policía Nacional; los
cuerpos de Edgar Gerardo Díaz Arbeláez68, Eulogio Blanco69 y René Francisco Acuña Jiménez70,
que fueron hallados en el Hospital de la Hortúa, y el de Sergio Villamizar Quintero71, único
miembro del Ejército fallecido en la toma, en el Hospital Militar.

89. De acuerdo con la información consignada en los documentos en mención, efectivamente al
menos 20 de los cuerpos fueron desplazados al patio interno del primer piso, incluyendo en ellos
a los que se encontraron en el baño entre el segundo y tercer nivel; así como algunos de los
cuerpos provenientes del cuarto piso.

90. En 21 casos no se establece el lugar exacto en que los cuerpos fueron hallados y sólo se menciona
“Palacio de Justicia”, lo que permite pensar que de igual manera estos cuerpos habrían sido
trasladados de lugar y llevados al patio central. Entre éstos se encuentran los del Magistrado
Manuel Gaona Cruz y de José Eduardo Medina Garavito.

91. Según datos provenientes de las actas, es posible considerar que de los cuerpos fueron hallados
en el cuarto piso, quince de ellos estaban en el ala oriental, costado sur; seis en el ala oriental, área
central, uno en el ala occidental y ocho en el cuarto piso, sin precisión acerca del lugar. Son estos
30 cuerpos los únicos que posiblemente fueron levantados in situ.

92. Los cuerpos de Ángela Murillo y Jesús Antonio Rueda72, ambos del M-19, fueron hallados en la
azotea y luego bajados al primer piso. En el segundo, se hallaron tres cuerpos, un NN femenino en
el costado sur; el de María Teresa Barrios Rodríguez, auxiliar del Consejo de Estado, al lado sur de
la puerta de la Fiscalía Sexta; y el tercero sería el de Jaime Alberto Córdoba Ávila, también auxiliar
del Consejo de Estado, en el 2° piso al fondo, hacia las Fiscalías de esa corporación. Los tres se
encontraban calcinados.

93. Adicionalmente se mencionan 5 levantamientos efectuados en la Plaza de Bolívar, cuatro de ellos
de guerrilleros y otro de un NN, cuando todos ellos debieron efectuarse dentro del Palacio.

64 Subteniente de la Policía, muerto en la calle.
65 Miembro del F-2 de la Policía
66 Guerrillero del M-19 que habría sido confundido con un policía y por esta razón fue trasladado a la clínica de esa

institución
67 Agente de la Policía
68 Celador privado
69 Celador privado
70 Particular, transéunte.
71 Subteniente del Ejército
72 En ML aparece como Jesús Antonio Roa Velasco, protocolo de necropsia 3772

94. A continuación se incluye un cuadro que ilustra el lugar donde fueron hechos los levantamientos
frente al lugar del fallecimiento de las personas73, indicando con color azul los datos
correspondientes a los rehenes que fallecieron en los hechos del baño entre el segundo y el tercer
piso y en amarillo los relativos a quienes fallecieron en el cuarto piso:

PROT. ACTA
# NOMBRE (SEGÚN ML) OCUPACIÓN
NECROPSIA LEV LUGAR MUERTE SEGÚN ACTA LEVANTAMIENTO
1 3741 1106 José Fonseca Villada Policía Morgue del hospital de la Policía
Morgue del hospital de la Policía
2 3742 1107 Ramón León Ariza Escolta-Policía
Clínica de la Policía (Se hizo levantamiento en
3 3743 1108 Jaime Alberto Portilla Franco Policía
la Morgue)
Sergio Alberto Villamizar Hospital Militar (Morgue)
4 3746 1093 Ejército
Quintero
5 3747 1109 Edilson Zapata Vásquez Morgue del hospital de la Policía
Guerrillero
Saúl Chavarriaga (Chavarría)
6 3753 1138 Escolta- Policía Palacio de Justicia
Salamanca
7 3754 1104 Humberto Lozada Valderrama Guerrillero Plaza de Bolívar costado norte
Plaza de Bolívar costado norte
8 3755 1105 Enrique Giraldo Pineda Guerrillero
Administrador Palacio de Justicia
9 3756 1139 Jorge Tadeo Mayo Castro
de Palacio
Francisco Vargas Soto en PN ó
Plaza de Bolívar
10 3757 1148 Fernando Rodriguez Sánchez
Guerrillero
(Necrodactilia)
NN Hombre
11 3758 1149 Guerrillero Plaza de Bolívar
(Orlando Chaparro Vélez)
Morgue Hospital Hortúa
12 3762 1119 Edgar Gerardo Díaz Arbeláez Celador

13 3763 1118 Eulogio Blanco
Celador Morgue Hospital Hortúa
René Francisco Acuña Jiménez Morgue Hospital Hortúa
14 3764 1120 Transeúnte
(ó Ricardo Mora – Med. Legal)
Patio interno
15 3765 1114 Héctor Arturo Lozano Riveros
Guerrillero

16 3766 1143 Lisandro Juan Romero Barrios Magistrado Auxiliar Palacio de Justicia
del Consejo de Estado
José Eduardo Medina 1º piso
17 3767 1142
Garavito Conductor
William A. Almonacid Patio interno
18 3768 1122
Rodríguez Guerrillero
Mario García
Patio interno
19 3769 1113 Restrepo/Diógenes Benavides Guerrillero
Martinelli
Abogada asistente del Palacio de Justicia
20 3770 1097 Luz Estella Bernal Marín
Consejo de Estado
21 3771 1098 Fabio o Mario Becerra Correa Guerrillero Palacio de Justicia
Jesús Antonio Rueda (Roa en
22 3772 1152 Azotea(primer piso)
Medicina Legal) Velasco. Guerrillero
23 3773 1130 Andrés Almarales Manga Patio interno

73 En aquellos casos en los que éstos se conocen por testimonios o evidencia forense.

PROT. ACTA
Guerrillero
Magistrado de la
Patio interno
24 3774 1123 Luis Horacio Montoya Gil Corte Suprema de
Justicia. Sala Civil
25 3775 1112 Alberto Nicolás Erazo Murcia Guerrillero Patio interno
26 3776 1129 Luis Humberto García Conductor Patio interno
Elkin de Jesús Quiceno
27 3777 1111 Patio interno
Acevedo Guerrillero
Magistrado de la
Corte Suprema de 1º piso
28 3778 1141 Manuel Antonio Gaona Cruz
Justicia. Sala
Constitucional
29 3779 1151 NN Hombre (Ariel Sánchez) Guerrillero Palacio de Justicia
Policía Palacio de Justicia (Según necropsia murió el
30 3780 1140 Jaime Rodríguez Vivas
7-11-85 a las 14 horas)
31 3781 1110 Jesús Antonio Carvajal Barrera Guerrillero Plaza de Bolívar costado norte
32 3782 1096 Fernando Rodriguez Sánchez Guerrillero Palacio de Justicia
Abogado asistente del Patio interno
33 3783 1128 Carlos Horacio Urán Rojas
Consejo de Estado
34 3784 1150 Angela María Murillo Salazar Guerrillera Azotea -1º piso
Aura María Nieto de Auxiliar Consejo de En uno de los pisos
35 3785 1153
Navarrete Estado
36 3786 1132 Héctor Aníbal Talero Cruz Policía Palacio de Justicia
Presidente Corte 4º piso
37 3790 1101 Alfonso Reyes Echandía
Suprema de Justicia
4º piso
38 3791 1102 Jaime Benítez Prieto Escolta
39 3792 1154 Libardo Durán Escolta 4º piso
Magistrado de la
Corte Suprema de
40 3793 1176 Ricardo Medina Moyano 4º piso
Justicia.Sala
Constitucional
41 3794 1100 Emiro Sandoval Huertas Magistrado Auxiliar Palacio de Justicia
42 3795 1175 Plácido Barrera Rincón 4º piso -ala oriental costado sur
Conductor
4º piso
43 3796 1184 Everardo Bermúdez García Escolta DAS
44 3797 1183 NN Hombre -- 4º piso
Blanca Inés Ramírez de Auxiliar Consejo de
45 3798 1185 4º piso
Angulo Estado
Auxiliar Consejo de
46 3799 1155 Jaime Alberto Córdoba Ávila 2° piso- Fondo salón Fiscalía
Estado
NN (mujer preñada)- Ana
47 3800 1173 4º piso ala oriental costado sur
Rosa Castiblanco Auxiliar del chef
48 3801 1099 Restos humanos de hombre -- Palacio de Justicia
4to piso costado oriental
49 3802 1187 NN Hombre --
Magistrado de la
50 3803 1188 José Eduardo Gnecco Correa Corte Suprema de 4º piso, costado occidental
Justicia.Sala Laboral
Auxiliar de
51 3804 1174 Libia Rincón Mora Magistrado de la 4º piso ala oriental costado sur
Corte
52 3805 1171 Pedro Elías Serrano Abadía Magistrado de la 4º piso ala oriental costado sur

PROT. ACTA
Corte Suprema de
Justicia.Sala Penal
Auxiliar de
Ana Beatriz Moscoso de
53 3806 1180 Magistrado de la 4º piso
Cediel
Corte
Palacio de Justicia
54 3807 1178 Restos Incinerados de mujer --
Palacio de Justicia
55 3808 1179 Restos Incinerados de hombre --
Auxiliar de
María Teresa Barrios
56 3809 1154 Magistrado de la 2º piso, al costado sur puerta Fiscalía Sexta
Rodríguez
Corte
Jorge Alberto Correa
57 3810 1172 Magistrado Auxiliar 4º piso ala oriental costado sur
Echeverry
58 3811 1193 NN Hombre -- Patio interno
Auxiliar de
Ruth Mariela Zuluaga de 4º piso
59 3812 1181 Magistrado de la
Correa
Corte
Magistrada de la
4º piso
60 3813 1155 Fanny González Franco Corte Suprema de
Justicia. Sala Laboral
Maria Isabel Ferrer de 4º piso ala oriental costado sur
61 3814 1170
Velásquez Particular visitante
Magistrado de la
Corte Suprema de
62 3815 1124 Carlos José Medellín Forero 4º piso, ala oriental del edificio, parte central
Justicia. Sala
Constitucional
63 3816 1131 Restos calcinados de Mujer -- Palacio de Justicia
Auxiliar de
64 3817 1147 Rosalba Romero de Díaz Magistrado de la 4º piso
Corte
65 3818 1186 NN Hombre -- 4º piso costado oriental
66 3819 1146 NN Mujer -- 4º piso
4to piso a la oriental del edificio parte central -
67 3820 1125 NN Masculino Guerrillero
sur oriental
Auxiliar de
María Yaneth Rozo Rojas (de
68 3821 1137 Magistrado de la Palacio de Justicia
Caicedo en Medicina Legal)
Corte
69 3822 1167 NN Hombre -- Patio interno
70 3823 1153 NN Mujer -- 2° piso costado sur del Palacio de Justicia
María Lida (Lyda María en Auxiliar de
71 3824 1164 Medicina Legal) Mondol de Magistrado de la Patio interno
Palacios Corte
Auxiliar de
María Cristina Herrera
72 3825 1135 Magistrado de la Palacio de justicia
Obando
Corte
Auxiliar de
73 3826 1145 Cecilia Concha Arboleda Magistrado de la 4º piso
Corte
74 3827 1163 NN Calcinado -- Patio interno
José Gerardo Malaver
75 3828 1144 DAS 4º piso
Rodríguez
Auxiliar de
76 3829 1133 Isabel Méndez de Herrera Magistrado de la Palacio de justicia
Corte
77 3830 1166 NN Mujer -- Patio interno

PROT. ACTA
Patio interno
78 3831 1115 NN hombre --
79 3832 1168 NN hombre -- Patio interno
Auxiliar de
80 3833 1136 Nury Soto de Piñeros Magistrado de la Palacio de justicia
Corte
81 3834 1165 Julio César Andrade Andrade Magistrado Auxiliar Patio interno
Patio interno
82 3835 1169 NN Mujer --
Magistrado de la
83 3836 1157 Darío Velásquez Gaviria Corte Suprema de 4º piso, costado oriental
Justicia. Sala Penal
Magistrado de la
Corte Suprema de
84 3837 1117 Alfonso Patiño Rosselli Patio interno
Justicia. Sala
Constitucional
Auxiliar de
Hermógenes Cortés Nomelín
85 3838 1192 Magistrado de la Patio interno
(Medellín en Medicina Legal)
Corte
86 3839 1126 NN Restos Calcinados -- 4º piso ala oriental costado sur
4º piso ala oriental costado sur
87 3840 1127 NN Hombre --
María Teresa Muñoz de Auxiliar Consejo de
88 3841 1182 4º piso
Jiménez Estado
Magistrado de la
Palacio de justicia
89 3842 1177 Fabio Calderón Botero Corte Suprema de
Justicia. Sala Penal
Patio interno
90 3843 1116 NN Hombre
Ascensorista del
91 3844 1156 Carlota Sánchez de Monsalve 4º piso
Palacio de Justicia
Palacio de justicia
92 3845 1134 NN Mujer --
4° piso costado oriental
93 3849 1189 NN Mujer --
94 3877 58 NN Hombre Calcinado -- 1° piso costado oriental interior

95. De acuerdo con la declaración que Armando Heliodoro Quijano Becerra, bombero de la Estación
de Puente Aranda rindió al Juzgado 89, según cita del Tribunal Especial, algunos cuerpos fueron
trasladados del cuarto al primer piso y para tal fin eran dispuestos en bolsas plásticas. Quijano
refiere: “fuimos a colaborar con la identificación y levantamiento de cadáveres que se estaba
efectuando dentro del Palacio…” y más adelante continúa diciendo “…nos pusimos a disposición de
los jueces y médicos que estaban efectuando la labor del reconocimiento de cada uno de los
cadáveres encontrados. Nuestra misión era específicamente ayudar a encontrar partes como
prótesis, anillos, esferos, etc., que fueron o ayudaron a la posible identificación de cadáveres que
estábamos efectuando el levantamiento. Posteriormente debíamos de meterlo en una bolsa plástica
con todas las partes del cuerpo posibles encontradas y trasladarlo a la planta baja de la edificación.
Estos cadáveres que ayudé a trasladar se encontraban en el cuarto piso del Palacio. Nuestra labor
terminó aproximadamente a la una de la tarde, hora en que se efectuó el relevo del personal y
nosotros nos reunimos o devolvimos a la Estación Central.”74


96. Continúa: “El médico era el que determinaba cuándo se podía mover y trasladar el cadáver. Los
bajamos hacia la planta baja o primer piso, al patio. Aproximadamente logré bajar de quince a
veinte cadáveres. El estado en que se encontraban los cadáveres era totalmente carbonizados,
solamente se encontraba en la mayoría el tronco ya que las extremidades habían desaparecido por
completo. También se les encontraba la cabeza... Mi labor era únicamente recoger los cadáveres que
se me indicaban. El recorrido que efectué por el Palacio fue muy mínimo, es decir, solamente en el
área donde encontré los cadáveres que mencioné, en el cuarto piso... Lo único que hice fue ir al
cuarto piso para bajar un cadáver y volver al cuarto piso por otro. Muchas veces los bajaba en un
platón y otras a brazo limpio, envueltos en la talega plástica... En el lugar donde se encontraban,
muy cuidadosamente buscábamos las pertenencias, posibles pertenencias alrededor del cadáver,
luego, si le quedaba ropa o pedazos de ella, buscábamos dentro de los bolsillos y posteriormente los
envolvíamos en las talegas plásticas. Antes de mover el cadáver se describía el lugar donde se
encontraba, se tomaba fotos del mismo y luego sí se procedía a lo anteriormente mencionado. Es
decir, a echarlo en la talega plástica, previa la esculcada en los bolsillos para establecer las
pertenencias. A los que se les podía hacer ello“.75

97. De acuerdo con este testimonio, los expertos de la DIJIN, quienes eran los que usaban las batas
blancas, habrían estado cumpliendo con el acto legal de hacer los levantamientos en el cuarto
piso, elaborando allí las actas respectivas, mientras que los bomberos habrían colaborado a
recoger los despojos mortales, realizar su embalaje y posterior traslado al primer piso o, en todo
caso, a los vehículos que los condujeron al Instituto de Medicina Legal. Sobre esta situación debe
resaltarse que, a pesar de lo descrito, las actas de levantamiento consignan de manera detallada
tanto la posición del cuerpo como las prendas de vestir y demás objetos, explicando la manera en
que éstos se encontraron relacionados con aquéllos.

98. Según la información que se encuentra en el expediente del Juzgado 30 de Instrucción Criminal,
en relación con la declaración que rindió Dimas Denis Contreras Villa, funcionario de Medicina
Legal que participó en la diligencia de necropsia de algunos de los cadáveres, éstos habrían sido
dispuestos sin ningún cuidado en bolsas plásticas y se habrían enviado incluso, en algunos casos,
dos cuerpos por bolsa. En este sentido, llama la atención que en cinco de los casos, las actas de
levantamiento de cadáver reportan que éste se realizó directamente en las instalaciones de la
morgue, sugiriendo esta situación. Algunos de los testimonios mencionan que en el cuarto piso se
habrían hallado varios cuerpos incinerados juntos “como abrazados”, y es probable que en tales
casos se hiciera difícil su individualización.

99. Lo anteriormente descrito refleja la forma en que se hicieron las tareas de levantamiento; y si a
esta información se agrega lo señalado en las actas, es posible concluir que el objetivo de quienes
llevaron a cabo estas diligencias era únicamente recuperar y trasladar los cadáveres desde el
Palacio de Justicia hasta Medicina Legal, desconociendo los procedimientos que la ley y el sentido
común dictan para este tipo de situaciones76.

100. Ahora bien, en los jueces de Instrucción Penal Militar que estuvieron a cargo de las diligencias
recae la responsabilidad de los errores cometidos durante los levantamientos, por cuanto
ordenaron la realización de tales actividades en la forma descrita, lo cual generó que gran parte
de la evidencia necesaria para establecer la manera como sucedieron los hechos se perdiera e
impidió la adecuada identificación de los cadáveres, ya que la información se mezcló o fue
eliminada.

75 Ibid.
76 Ibid.

101. Es difícil pensar que esta situación sucedió de manera casual, teniendo en cuenta que las órdenes
provinieron de jueces especializados, y que por ende, se supone, expertos en el tema. Al respecto,
no sólo son cuestionables estas actuaciones sino también las del personal perteneciente a la
DIJIN, por cuanto fueron los encargados de realizar el levantamiento de los cuerpos, y a pesar de
tener las funciones de policía judicial y conocer los procedimientos que en estos casos se debían
realizar, llevaron a cabo los levantamientos siguiendo las órdenes impuestas, sin importar que en
muchos de los casos los cuerpos se hallaran en lugar distinto al del fallecimiento.

102. Además, los jueces y el equipo de la DIJIN permitieron la manipulación de la evidencia por parte
de personal inexperto, como los bomberos, quienes soslayaron la mayor parte de los
procedimientos técnicos y científicos que se aplican a este tipo de situaciones y que para la fecha
de los acontecimientos se encontraban vigentes. En este punto, es bastante ilustrativo lo
mencionado por el Tribunal Especial, ya que incluso partes de cuerpo habrían sido tiradas como
desechos a la basura por las personas que realizaron la limpieza final del Palacio, lo cual denota el
marcado descuido en que fueron realizados los levantamientos77.

103. Por su parte, los miembros del Cuerpo de Bomberos que participaron en las diligencias en
cumplimiento de las órdenes de los jueces y de los entendidos en la materia, esto es, los expertos
de la DIJIN, desplegaron trascendentales actividades que no eran de su competencia, y que para
ejecutarlas requerían de específicas herramientas y conocimientos que no poseían, lo cual sin
lugar a dudas afectó negativamente el proceso de levantamiento de los cuerpos, y en
consecuencia de identificación de los cuerpos.

Sobre las necropsias y el método de identificación empleado por el Instituto de
Medicina Legal
104. La necropsia médico legal tiene como objetivos establecer la causa y la manera de muerte así
como la identidad de la víctima, adicionalmente a lo cual se realiza un diagnóstico del tiempo
aproximado de ocurrencia de la muerte. De acuerdo con Franco y Villate78, muchos de los
inconvenientes que se presentan durante la misma están relacionados con las fallas que se dan
durante el levantamiento del cadáver.

105. Para el caso del Palacio de Justicia, es posible establecer que esta afirmación es cierta en gran
medida, aunque no es dable sostener que todas las fallas en las necropsias recaen únicamente en
la manera como los cuerpos fueron levantados. Al respecto, es necesario aclarar que a pesar de
los esfuerzos desplegados por el Instituto de Medicina Legal, la manera como abordó el caso, las
carencias que a la fecha presentaba en términos de infraestructura, las probables presiones y las
deficiencias propias de la institución, dificultaron las identificaciones y el diagnóstico de la causa
de la muerte, en particular en los casos que se encontraban carbonizados.

106. Para la fecha de los acontecimientos, el Instituto de Medicina Legal contaba con una
infraestructura básica que le permitía responder de manera adecuada a las situaciones cotidianas
y en especial a las de la delincuencia común que afectaban a la ciudad. Sin embargo, también

77 “El afán de limpiar los escombros hizo que, indiscriminadamente --se repite-- equipos numerosos de aseadores lanzaran a
volquetas estacionadas dentro del edificio, toda clase de objetos, a extremo tal que hasta huesos humanos fueron tirados a la
basura.” Tribunal Especial de Instrucción.
78 Franco y Villate, op. cit.

presentaba deficiencias, que con los años han venido siendo objeto de evaluación y cambio, pero
que para ese momento impedían atender en forma adecuada un caso de la magnitud de lo
ocurrido en el Palacio de Justicia.

107. Según relatan los médicos en las entrevistas sostenidas con la Comisión de la Verdad y en algunas
declaraciones rendidas ante el Juzgado 30, la morgue del Instituto no contaba con el personal, el
espacio ni el mobiliario suficiente para atender un desastre de dicha magnitud. La morgue para
ese entonces contaba con diez mesas y según Prada Chona79 al llegar los cuerpos a las
instalaciones del Instituto, todos rotulados como N.N., fue necesario alinearlos en el parqueadero,
en el sótano de balística y en las mesas de autopsia, por la carencia de espacio disponible.

108. Atendiendo al escaso personal para adelantar las diligencias, los médicos forenses debieron
cumplir con turnos continuos hasta culminar las tareas. Según Fernando Velandia, cada médico
pudo haber estado trabajando a consecuencia de la tragedia por más de 20 horas consecutivas80 y
tanto las mesas como el espacio eran insuficientes.

109. El Laboratorio de Identificación, por lo que se desprende de la información disponible, actuó de
manera aislada, sin que existiera una comunicación adecuada con las demás dependencias del
Instituto. Además, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se preocupó más por
establecer los antecedentes penales de los muertos, que por lograr la plena identificación de
todos los cadáveres, en cuanto buscaba determinar cuáles de los fallecidos eran parte del grupo
guerrillero.

110. Para 1985 aún no se contaba con elementos legales suficientes en torno a la identificación y
reconocimiento de los cadáveres; era práctica común, hasta hace algo más de quince años, que los
familiares que buscaban a posibles víctimas ingresaran a las salas de autopsia a realizar la tarea
de reconocimiento.

111. No obstante, antes de que la Ley 38 de 1993 estableciera como medios fehacientes de
identificación la dactiloscopia y la carta dental, la importancia y aplicación de éstos, junto con las
historias clínicas, ya se conocía en 1985, contando con el apoyo de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. En ese sentido las identificaciones de los cadáveres que conservaban tejido blando,
en teoría no debía ofrecer dificultad.

112. Así, no debieron presentarse situaciones como la ocurrida con René Francisco Acuña Jiménez,
transeúnte fallecido el día 6 de noviembre, al inicio de la toma81, quien fue llevado al Hospital La
Hortúa, donde llegó sin signos vitales y se le identificó como Ricardo Mora González, por razones
desconocidas. Con posterioridad, ya en la morgue del Instituto de Medicina Legal, se tomaron las
huellas dactilares a su cadáver e igualmente fue reconocido por su madre, pero a pesar de ello, su
cuerpo terminó en la fosa común del Cementerio del Sur y durante casi un año figuró en la
documentación oficial existente como Ricardo Mora González, sin que se conocieran las razones
para este cambio de nombre.

113. En cuanto a las identificaciones por medio de carta dental, se presentaron múltiples
complicaciones, entre ellas que muchos de los cadáveres calcinados ni siquiera conservaban

80 Entrevista a Fernando Velandia con la CVPJ
81 Ver Capítulo IV

restos dentales y, según relató Prada Chona82, en la mayor parte de los casos no se contaba con el
registro odontológico ante mortem que permitiera hacer los cotejos del caso. De acuerdo con los
análisis documentales realizados, solamente en un caso se encontró entre la documentación
ofrecida por los familiares de un Magistrado, la carta dental así como una descripción detallada de
las prendas de vestir que dicha persona llevaba consigo ese día.

114. Según el testimonio del doctor Denis Contreras, del IML, rendido en el Juzgado 30, en algunos
casos durante los levantamientos se mezclaron pertenencias de los fallecidos. De acuerdo con las
actas, sin embargo, es posible observar que hay una descripción detallada de prendas y elementos
personales y su relación con los cuerpos. Por lo tanto, es contradictorio que, según las necropsias
y las actas de entrega de cadáveres analizadas, el principal medio al cual acudió el Instituto de
Medicina Legal para establecer la identidad de los fallecidos, particularmente de los carbonizados,
fueron las prendas de vestir y los elementos asociados a los cuerpos. En total, 35 aparecen
identificados de esta manera.

115. Los médicos forenses, además de cumplir con turnos excesivamente largos de trabajo, estuvieron
sometidos constantemente a presión y no contaron con tiempo suficiente para realizar
cabalmente las necropsias, que permitieran establecer de manera fehaciente la causa de la
muerte y la identidad de los 94 cuerpos. Lo anterior se desprende de la lectura de los propios
protocolos de necropsia y de las versiones ante la Comisión de la Verdad, de los médicos forenses
Paulina Ojeda, Gerardo Prada Chona y Fernando Velandia, al igual que de la declaración vertida
ante el Juzgado 30 por el médico Dimas Denis Contreras.

116. Para la realización de las necropsias se contó con la participación de siete médicos forenses,
algunos de los cuales llegaron a realizar más de 20, mientras otros solamente llevaron a cabo
entre 1 y 3. Se entiende que en una necropsia juegan múltiples factores que impiden fijar por
anticipado un tiempo determinado para el examen de cada cuerpo; de manera que factores como
la cantidad de lesiones o el estado de conservación del cadáver, influirán en el tiempo que tome la
verificación de cada uno, y en ese mismo sentido, la cantidad de cuerpos que cada médico logra
analizar. Con todo, resulta inevitable la fatiga y desconcentración que produce un exceso de
experticias.

117. El común denominador en las declaraciones de los médicos es la celeridad con que tuvieron que
realizar las autopsias, así como las presiones externas para la pronta entrega de los cadáveres. De
acuerdo con lo expresado, a la morgue, junto con los cuerpos, llegaron detectives del DAS y de
otros organismos de seguridad, que se mezclaron entre el personal de Medicina Legal y los
dolientes, con el fin de identificar a posibles guerrilleros entre quienes acudían a reconocer y
reclamar los cadáveres de los fallecidos en la tragedia. Según lo relata Prada Chona83, para las
autoridades, aquel que no era militar o empleado del Palacio, era guerrillero. Lo anterior, dado el
desconocimiento sobre quiénes y cuántos fueron en realidad los guerrilleros que participaron en
la toma.

118. A esto se suma que durante el desarrollo de las necropsias el Instituto de Medicina Legal tuvo que
continuar atendiendo casos no vinculados con el Palacio de Justicia, lo cual, además de distraer
los recursos humanos y logísticos disponibles, ocasionó lamentables confusiones al momento de



efectuar un balance del número de muertos del Palacio y las identidades respectivas, tal como
obra en los documentos de la época emitidos por el mismo Instituto de Medicina Legal84.

Número de personas fallecidas

119. Respecto al número total de personas que perecieron en los hechos del Palacio de Justicia, es
dramático evidenciar que veinticuatro años después no existe claridad, ya que ninguna de las
fuentes consultadas establece con certeza la cantidad real de fallecidos.

120. Los análisis realizados con base en la información a la que tuvo acceso la Comisión, indican, según
cifras oficiales, que el número total de cadáveres llevados a la morgue del Instituto de Medicina
Legal, fue 94. Sin embargo, los inconvenientes surgidos con las identificaciones dejan serias dudas
acerca de la identidad de algunos de ellos, y las irregularidades, particularmente con los restos
calcinados, podría dar pábulo a pensar en la existencia de un mayor número de occisos.

121. Los primeros cadáveres conducidos a la morgue estaban completos, al no haber sido afectados
por el fuego; los últimos fueron los de los carbonizados, afirmación que se sustenta en los
consecutivos de las necropsias, los cuales cuentan con hora y fecha de elaboración del respectivo
protocolo, y en la declaración, ante el Tribunal Especial, de Egon Lichtemberger, Director en ese
momento del Instituto de Medicina Legal, donde se lee:

“Al comienzo llegaron cadáveres intactos o sea no carbonizados y al segundo día, si mal no recuerdo,
recibimos aproximadamente 65 cadáveres de personas en avanzado estado de carbonización. Hasta
donde recuerdo, todos los cadáveres no incinerados presentaban lesiones por armas de fuego, por
esquirlas o granadas. Los cadáveres carbonizados también presentaban evidencia de lesiones por
arma de fuego, ya que en varios de ellos se localizaron mediante radiografías y necropsia,
proyectiles de armas de fuego; la identificación de los cadáveres carbonizados presentaban muchas
dificultades y se logró ya sea por pertenencias personales, por fragmentos de ropa, por el estudio
odontológico, por antecedentes quirúrgicos que figuraban en historias clínicas o por relato de los
familiares, antecedentes que se podían comprobar mediante la autopsia (…) Cadáveres relacionados
con los hechos del Palacio comenzaron a llegar desde el mismo día de la toma, me refiero al caso de
un transeúnte que fue muerto en la carrera octava y de algunos miembros de la policía que
fallecieron también en el primer día. Los demás cadáveres llegaron los días siete y ocho y recuerdo
que el último cadáver llegó el domingo 10 o lunes 11 de noviembre a las seis de la tarde, tratándose
de un hombre calcinado que fue encontrado bajo un muro que se derrumbó, posiblemente por el
incendio del edificio, después de este caso no llegaron más cadáveres procedentes del Palacio de
Justicia, no le puedo dar el dato si ese cadáver pudo ser reconocido o no el dato debe estar en el
Instituto... recuerdo que los últimos que llegaron fueron los carbonizados, cuyo número era
alrededor de 65, aproximadamente.”85

122. En relación con lo anterior, los protocolos de necropsia del caso “Palacio de Justicia”, en su
numeración consecutiva, exhiben vacíos que corresponden a personas fallecidas por hechos no

84 Por ejemplo, se puede verificar el Oficio Nº 069-L.I.86 firmado por Jorge Carreño Uzgane, Jefe del Laboratorio de
Identificación del Instituto de Medicina Legal de fecha 6 de junio de 1986, en colaboración con Armando Alvarado
Zarabanda y Gerardo Duque Montoya, en respuesta a cuestionario Oficio 987 de 5 de junio de 1986 del doctor Egon
Lichtenberger Director del Instituto de Medicina Legal.

relacionados con el Palacio, situación que generó variaciones en las cifras, las cuales se
modificaron frecuentemente.

123. Fue así como se habló de 105 víctimas letales, según mencionó el general Arias Cabrales una vez
finalizados los hechos86, mientras que el General Miguel Vega Uribe, durante una intervención
ante el Congreso87, presentó la cifra de 115, aumentando la confusión.

124. Para mayor confusión, la Procuraduría General de la Nación, en la denuncia presentada ante la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señaló que el total de personas que
perecieron fue 95, de las cuales 76 identificadas, incluidos 22 guerrilleros. Agregó el Ministerio
Público que presuntamente se enviaron a fosa común sin identificar 19 cuerpos88.

125. Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal presentó un listado inicial de 95 fallecidos, el cual
aparece en los medios de comunicación escritos89. En esta última cifra se incluían los protocolos
de necropsia números 3759 de Misael Dueñas Alfonso, 3760 de Eutimio Zamora Tique, 3761 de
Víctor Hugo Ceballos Muñoz y 3787 de Esteban Pinzón Garzón, quienes no fallecieron como
consecuencia de los hechos del Palacio, desconociéndose las razones por las cuales originalmente
fueron incluidos en el listado de víctimas del caso, por parte del Instituto de Medicina Legal.

126. Del total de 94 protocolos de necropsia efectivamente relacionados con los hechos del Palacio de
Justicia, según las observaciones realizadas, 60 corresponden a cuerpos carbonizados y 34 a no
carbonizados. Entre los 60 se encuentran aquellos que presentan altos grados de incineración, es
decir, en los que se conserva entre un 10% y un 50% del cuerpo, con pérdida en su mayoría de
miembros superiores e inferiores y todo el cráneo o parte de él, así como una fracción de la
columna.

127. En total fueron entregados a sus familiares 54 cuerpos identificados y 38 habrían sido enviados a
la fosa común del Cementerio Sur, aunque cabe adelantar de éstos sólo tiene sustento la remisión
de 36.

128. Si bien existe certeza en cuanto al número de muertes de Magistrados, empleados, algunos
visitantes de Palacio e integrantes de las fuerzas del orden, no ocurre igual para el caso de los
guerrilleros. Se ha sabido que 41 estaban finalmente programados para ejecutar la toma, pero de
ellos sólo 35 entraron al Palacio. En consecuencia, el número de guerrilleros muertos allí ascendió
a 33, comprobado cómo está que Clara Helena Enciso e Irma Franco salieron con vida del Palacio.

86 Declaraciones ante los medios de comunicación al término de la operación militar.
87 “Hay una serie de cosas que Uds., no conocen suficientemente, las personas fallecidas: Oficiales (1), del Ejército Nacional y
cinco (5) agentes, Magistrados identificados por el laboratorio de la DIJIN tres (3), no identificados (3), identificados once (11),
Magistrados Auxiliares: identificados dos (2), agentes del DAS: dos (2), Auxiliares de Magistrados identificados: tres (3),
Secretarias auxiliares de Magistrados identificados: ocho (8), Empleados del Palacio de Justicia: identificados cinco (5).
Conductores: dos (2), Particulares: identificados cuatro (4), no identificados (2). Antisociales: treinta y seis (36).Todo para un
total de ciento quince (115).” Las Fuerzas Armadas de Colombia y la defensa de las instituciones democráticas, Miguel Vega
Uribe, págs. 72 y 73.
88 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Op. cit., p. 17-20.
89 El Tiempo, “Faltan 15 cadáveres por identificar, 95 los muertos” 11 nov 85 - última a: “ (…) El director de Medicinal Legal

sostuvo que en total los muertos de la sangrienta toma del Palacio de Justicia fue de 95, entre los cuales se cuentan
Magistrados, subalternos, visitantes de la Corte y el Consejo de Estado, policías, soldados y guerrilleros.”

La identificación de las personas fallecidas

129. Cabe mencionar que la degradación del cuerpo humano, hasta llegar a la incineración total, puede
tomar más de tres horas, sometido a temperatura constante mayor a 800° C. La cremación
alcanza primero los segmentos más expuestos, como las extremidades y el rostro, teniendo en
cuenta, claro está, la distancia y posición del cuerpo en relación con el foco de calor o del fuego90.

130. De acuerdo con el oficio 038 del 8 de enero de 1988, suscrito por los médicos Fernando Velandia
Hurtado, Gerardo Prada Chona, Rodrigo Restrepo, Dimas Dennis Contreras, Gloria Mercedes
Jiménez, Ligia Alarcón y Paulina Ojeda, quienes tuvieron a su cargo la realización de las autopsias,
“[e]l reconocimiento de restos humanos carbonizados no se hace sólo por la información de los
familiares y amigos y ante la ausencia de necrodactilia, carta dental comparativa, se utilizan otros
elementos que guíen la investigación como son restos de prendas de vestir o elementos personales
como relojes, joyas (aretes, cadenas, brazaletes), deformidades físicas (fracturas consolidadas),
antecedentes quirúrgicos (cirugía cardiovascular con utilización de suturas metálicas) o prótesis
dentales visibles y conocidas etc.”

131. Sobre las dificultades para la identificación, el ya citado Director de Medicina Legal
Lichtemberger, expresó:

“…Quisiera comentar que la labor de identificación de los cadáveres se vio dificultada porque hubo
fallas en el levantamiento de los occisos en el Palacio de Justicia. Para citar ejemplos los muchos
cadáveres no calcinados llegaron sin las ropas respectivas y en cuanto a los cadáveres carbonizados,
algunos identificados como hombres resultaron ser de sexo femenino. Habían bolsas de plástico que
contenían restos de dos o más cadáveres…”91

132. De los 94 muertos, sólo 68 cadáveres fueron identificados. Cabe aclarar que el de Gustavo
Ramírez, visitante ocasional, supuestamente fue identificado, con lo que la cifra ascendería a 69
personas, pero nunca fue referido el protocolo de necropsia correspondiente con su nombre, y su
cuerpo habría terminado en la fosa común del Cementerio del Sur.

133. Sólo 54 cuerpos, de los 68 identificados, habrían sido entregados a sus familiares, pero de los
guerrilleros, únicamente el cadáver de Andrés Almarales corrió esta suerte, pasando los demás a
la fosa común del Cementerio del Sur, junto con los cuerpos no identificados.

134. De los 68 identificados, 33 cuerpos no presentaban quemaduras, de ellos 10 correspondían a
personas que laboraban en el Palacio, 6 a integrantes de las fuerzas del orden, 1 a un visitante,
otro a un transeúnte y 15 a guerrilleros del M-19. En tanto que de los 35 restantes, 5 pertenecían
a miembros de las fuerzas del orden, 29 a personas que trabajaban en el Palacio, y el último a un
visitante.

135. De otra parte, en los protocolos de necropsia números 3805 y 3817 equivocadamente se
identifica a Pedro Elías Serrano Abadía y Rosalba Romero de Díaz, respectivamente. En ambos
casos, los cuerpos no son compatibles con las identidades asignadas, ya que en el primero se trata

90 Etxeberría, F. 1992. Aspectos Macroscópicos del Tejido Óseo sometido al Efecto de las Altas temperaturas. Aportación al
Estudio de las Cremaciones. En Revista Española de Medicina Legal, 72-73: 159-163.

de un cuerpo femenino reconocido por la presencia de “útero no preñado”, y en el segundo de un
cuerpo masculino, pues presenta “testículos, cordón y próstata carbonizados”. Ninguno de estos
desatinos fue corregido por el Instituto de Medicina Legal92.

136. Otro caso corresponde al protocolo de necropsia 3841, atinente al cuerpo supuestamente
identificado por su esposo como María Teresa Muñoz de Rodríguez; la identificación se habría
realizado por la prótesis dental que ella utilizaba, pero el cuerpo se encontraba con dentadura
completa, y ni en el protocolo de necropsia, ni en las actas donde se relacionan los objetos
asociados, como tampoco en los análisis de rayos X, se encuentra mención a la presencia de
prótesis dental alguna.

137. De otra parte, en el caso del protocolo de necropsia 3824, el cuerpo correspondería a María Lida
Mondol de Palacios, de 45 años de edad al momento de su muerte, quien fuera identificada de
acuerdo con lo mencionado en el acta de reconocimiento hecho por su esposo, por la obesidad del
cuerpo y supuestamente por un aparato en el útero, del cual no se precisa su naturaleza. Sin
embargo, el protocolo en mención establece que el útero presentaba embarazo de seis semanas
de gestación.

138. Adicionalmente, la visitante María Isabel Ferrer de Velásquez habría sido identificada por un
zapato negro de mujer; sin embargo, se lee también que al lado de la cabeza se encontró un
revólver marca Colt, con seis vainillas dentro del tambor y debajo del cadáver un proveedor para
RP 15. El cuerpo además presentaba una prótesis anterior superior fija.

139. En el caso del Presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía, el cuerpo fue identificado porque
conservaba restos de sus documentos y es uno de los pocos levantados in situ por los peritos de la
DIJIN. Algo similar ocurre con el cuerpo del Magistrado Ricardo Medina Moyano, identificado por
una esternotomía longitudinal suturada con alambre producto de una intervención quirúrgica al
corazón.

140. Respecto de Emiro Sandoval Huertas, Magistrado Auxiliar de Reyes Echandía, a pesar de no
hallársele prendas de vestir, fue identificado supuestamente por una corbata. También se hace
referencia a una argolla de metal color amarillo, restos de una licencia de conducción de control
interno número 2556220, un llavero metálico con 4 llaves, 1 reloj destruido y 2 estilógrafos con
nombre “Pedro”, lo cual puede sugerir error en la identificación.

141. Finalmente, está el caso de un cadáver NN hallado en el 2º piso, con una argolla de matrimonio
marcada “Efrén Angulo”, sin que este cuerpo fuera identificado93.

92 En los casos mencionados debe señalarse que las actas de levantamiento indican lo que luego confirman los protocolos de
necropsia, en el sentido de NN hombre (los restos a la postre entregados a los familiares de la señora Rosalba Romero de
Díaz) y NN mujer (restos que fueron entregados a los deudos del Magistrado Serrano Abadía).
93 En relación con esta situación, la Comisión debe mencionar que en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera,

del 29 de marzo de 1996, expediente 10920, obra como actor el señor Efrén Asnoraldo Angulo, en su condición de esposo
de Blanca Inés Ramírez de Angulo, Auxiliar del Consejo de Estado. El cuerpo que fue entregado a los familiares de la señora
Blanca Inés Ramírez fue el correspondiente al protocolo de necropsia 3798, levantado en el cuarto piso, y la identificación
se logró por una argolla, gafas y llaves. Sin embargo, el cuerpo relativo al protocolo de necropsia 3823, nunca identificado,
fue encontrado en el 2° piso costado sur del Palacio de Justicia, y contaba con los siguientes elementos asociados: artículos
de cosmetología, gafas, reloj de mujer marca citizen amarillo, llaves destruidas, una argolla con el nombre “Efrén Angulo”.
Cerca tenía una placa de la fiscalía sexta. Por lo anterior, y dada la falta de cuidado en el manejo de los objetos, se
presentarían dudas en relación con la adecuada identificación y entrega de los restos de la señora Blanca Inés Ramírez.

142. En algunos casos la identidad pudo ser correctamente verificada, acudiendo a métodos
fehacientes, como la huella digital a través de necrodactilias, constatadas por el DAS con las
obrantes en la Registraduría; lesiones ante mortem y odontogramas; o porque se trataba de
cuerpos de miembros de la fuerza pública o de personas que aún mantenían su documentación.
Sin embargo, el número de identificaciones de este tipo sólo corresponde a la mitad de los casos.

143. Cabe mencionar que las identificaciones se realizaron bajo enormes presiones, las cuales
pudieron llevar a la comisión de innumerables errores, dos de ellos particularmente graves en
tanto se entregaron cuerpos con el sexo contrario al de la supuesta identidad. A las presiones del
gobierno y los militares, se sumaron las de los familiares mismos, que solicitaban la entrega del
cuerpo de sus seres queridos.

144. Adicionalmente, muchas identificaciones se basaron en el reconocimiento que se les solicitó a los
familiares, una práctica común para la época, lo que muy probablemente coadyuvó a los errores.

145. En el oficio 038 del 08 de enero de 1988 citado párrafos atrás, los médicos firmantes mencionan
al final del mismo:

“…pero existieron restos óseos carbonizados en los cuales todos los procedimientos anteriormente
descritos no permitieron su identificación, por lo tanto es creible (sic) que tales restos humanos no
fueran identificables por sus familiares y amigos y también es creible (sic) que a las personas que
hicieron estos reconocimientos que tales (sic) cadáveres no pertenecían a sus seres queridos”.

146. De conformidad con lo expuesto, el haber acudido al reconocimiento morfológico del cuerpo
como método fehaciente de identificación fue uno de los errores más graves cometidos por el
Instituto de Medicina Legal.

147. Lo anterior por las siguientes razones: (i) el reconocimiento de cadáveres es una manera
indiciaria de aproximarse a la identidad de la víctima, (ii) las condiciones en que los cuerpos se
encontraban, muchos de ellos calcinados, (iii) la angustia y la necesidad de muchos de los
familiares y conocidos de hallar entre los restos a su ser querido para poderles dar una digna
sepultura. En entrevista con la Comisión de la Verdad, la patóloga Paulina Ojeda relató que, frente
a la angustia que se vivía en Medicina Legal y la presión por los reconocimientos, "un familiar me
pidió que le diera ‘cualquier montoncito de esos’"94, para tener el consuelo de poder enterrar a su
ser querido.

148. La Comisión escuchó también el relato de Armida Oviedo, hermana de Lucy Amparo Oviedo, una
de las personas cuyo paradero nunca se supo, y le contó a la Comisión de la Verdad que
diariamente, desde el día de la tragedia, asistía a Medicina Legal en busca de los restos de su
hermana, quien tenía un dispositivo intrauterino. Un día, cuando ya quedaban pocos cadáveres,
encontró un cuerpo carbonizado identificado como hombre con una “T” a flor de piel, y una de las
patólogas de Medicina Legal le dijo: “consuélate con eso, y dale cristiana sepultura, es lo que mucha
gente ha hecho”95.

149. El Tribunal Especial expresó su desconcierto en relación con las identificaciones: “no estamos
seguros de que todas las identificaciones realizadas correspondan plenamente a la verdad”. 96 Y más


adelante indicó que en dos de los casos de cuerpos carbonizados e identificados no habría prueba
alguna de su identidad, mientras que en el resto de los casos –muy pocos- “…fueron plenamente
reconocidos, mientras que los demás lo fueron en forma no muy convincente”.97

La inexplicable orden de inhumación de algunos cuerpos

150. Una vez culminadas las tareas de necropsia los Jueces penales militares asignados a las
investigaciones del caso ordenaron el envío de cadáveres a fosa común del Cementerio del Sur,
sin haber concluido los procesos de identificación, aduciendo que el M-19 pretendía recuperar de
la morgue los cuerpos de sus compañeros muertos.

151. Esta particular situación carece de asidero, dado que la alteración del orden público en esos días
motivó que las medidas de seguridad se extremaran y se reforzara la custodia de las instituciones
estatales. Fue así como varios declarantes manifestaron que un grueso contingente de las fuerzas
del orden, prestaba vigilancia en las instalaciones de la morgue98. Además, el cuerpo de Andrés
Almarales fue entregado a sus familiares y sepultado en el Cementerio Central de Bogotá, sin que
se produjeran mayores incidentes.

152. Existen documentos que certifican el envío a fosa común de un total de 36 cuerpos, entre
completos y carbonizados, unos identificados y otros como NN, en cuatro fechas diferentes, a
saber: 9, 14, 20 y 23 de noviembre de 1985. Sin embargo, al confrontar dicha documentación99
con el listado general de las necropsias, se observa que la información reseñada es contradictoria
e incompleta. Así, en el oficio en mención se consigna el envío de 9 cuerpos completos
identificados y 27 cuerpos NN carbonizados. Comparada la información con el listado general y
los protocolos de necropsia respectivos, la situación muestra inconsistencias.

153. El cuadro siguiente resume la relación y fechas del envío de los cuerpos a la fosa común:

Protocolo 09- 20- 23- 30-
# Nombre de la víctima Estado del Cuerpo ???
Necropsia nov nov nov nov
1 3747 Edinson Zapata Vásquez Completo 1
2 3757 Francisco Vargas Soto Completo 1
NN Hombre / Orlando Chaparro
3 3758 Completo enviado como carbonizado 1
Vélez*

97 Ibid.
98 En un informe denominado “toma Palacio de Justicia” suscrito por el General José Luis Vargas Villegas, Comandante del
Departamento de Policía Bogotá dirigido al Director General de la Policía Nacional que obra en el proceso disciplinario
adelantado por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional en 1988 en contra de los Tenientes Coroneles Javier
Arbeláez Muñoz y Pedro Antonio Miranda Herrera, se enumeran las medidas adoptadas por ese Departamento con
posterioridad a los Hechos del Palacio de Justicia: “1. Al término del operativo, se procedió al levantamiento de los cadáveres,
el cual se efectuó por parte de los Jueces Penales Militares del DEBOG y personal del laboratorio técnico de la DIJIN. 2. Se
efectúa traslado de cadáveres a medicina legal. 3. Asume la Policía la vigilancia del edificio Palacio de Justicia. 4. Se estableció
control y vigilancia en medicina legal. 5. Se tramita con las autoridades la inhumación de cadáveres no reclamados,
efectuándose en el cementerio del sur, en fosa común, el entierro de los subversivos, a excepción de ALMARALES, el cual es
entregado a su esposa, se dispone un servicio de vigilancia preventivo en el cementerio hasta cuando las circunstancias lo
hagan necesario.” (Subrayado fuera del texto)
99 Oficio Nº 069-L.I.86 firmado por Jorge Carreño Uzgane, Jefe del Laboratorio de Identificación del Instituto de Medicina

Legal de fecha 6 de junio de 1986, en colaboración con Armando Alvarado Zarabanda y Gerardo Duque Montoya, en
respuesta a cuestionario Oficio 987 de 5 de junio de 1986 de Egon Lichtenberger Director del Instituto de Medicina Legal.

Protocolo 09- 20- 23- 30-
# Nombre de la víctima Estado del Cuerpo ???
Necropsia nov nov nov nov
4 3764 René Francisco Acuña Jiménez Completo 1
5 3765 Héctor Arturo Lozano Riveros Completo 1
6 3768 William A. Almonacid Rodríguez Completo 1
7 3769 Diógenes Benavidas Martinelli Completo 1
8 3771 Fabio o Mario Becerra Correa Completo enviado como carbonizado 1
9 3772 Jesús Antonio Rueda Velasco. Completo 1
10 3777 Elkin de Jesús Quiceno Acevedo Completo enviado como carbonizado 1
11 3779 NN Hombre / Ariel Sánchez* Completo 1
12 3781 Jesús Antonio Carvajal Barrera Completo 1
13 3782 Fernando Rodríguez Sánchez Completo enviado como carbonizado 1
14 3784 Angela María Murillo Salazar Completo 1
15 3797 NN Hombre Carbonizado 1
16 3800 NN Carbonizado 1
17 3801 Restos humanos de hombre Carbonizado 1
19 3807 Restos Incinerados Carbonizado 1
20 3808 Restos Incinerados Carbonizado 1
22 3816 Restos calcinados de Mujer Carbonizado 1
24 3819 NN Mujer Carbonizado 1
25 3820 NN Masculino Carbonizado 1
28 3827 NN Calcinado Carbonizado 1
33 3839 NN Restos Calcinados Carbonizado 1
35 3843 NN Carbonizado 1
38 3877 NN Hombre Calcinado Carbonizado 1
TOTALES 38 26 8 1 1 2

154. La situación descrita fue a todas luces irregular y, en casos en que se conocía la identidad de los
occisos, privó a 18 familias de la posibilidad de recuperar los cuerpos de sus seres queridos y de
cumplir con su derecho a ejercer los ritos fúnebres. Dichas cifras incluyen a 14 guerrilleros
identificados inicialmente, 2 guerrilleros que fueron identificados posteriormente a la
inhumación, y René Francisco Acuña, transeúnte fallecido como consecuencia de los hechos,
identificado plenamente, y a Gustavo Ramírez, visitante del Palacio cuyo cuerpo incinerado, al
parecer, había sido reconocido por su hermana.

155. Este procedimiento imposibilitó la identificación de algunos cuerpos, eliminándose información
valiosa que podría haber arrojado luces sobre el paradero de algunas de las personas
desaparecidas, como en el caso de Ana Rosa Castiblanco, y también de guerrilleros fallecidos.

156. Pero igualmente grave es que todos estos cuerpos, enterrados con identidad o sin ella, quedaron
convertidos en NN, o sea, seres sin Ningún Nombre. Lo anterior significa que no se cumplieron los

parámetros y criterios internacionales mínimos existentes para la época en torno a
identificaciones y, por tanto, tampoco para la entrega de los restos a los familiares de las víctimas,
todo como consecuencia de la orden de envío de los cuerpos a fosa común impartida por el
mencionado Juez de Instrucción Penal Militar, al cumplir instrucciones del Comandante de la
Policía de Bogotá.

157. La Comisión considera pertinente destacar el caso de alias Violeta, una de las guerrilleras que
ingresó al Palacio, cuyos restos nunca fueron identificados ni entregados a su familia, lo que
significó para ésta –al igual que para los parientes de las demás personas no identificadas- un
duelo no resuelto.

158. La hija de Violeta, quien era apenas una niña de seis años para esa época, tras del evento realizado
por la Comisión de la Verdad en mayo de 2009 pidió ser escuchada. En la entrevista la Comisión
registró la dimensión de la tragedia de una familia que se vio privada de su derecho de dar
sepultura a su madre, hermana y esposa, como también pudo constatar el sufrimiento silencioso
de quienes padecen la estigmatización y la indiferencia, particularmente las nuevas generaciones
que no tienen por qué asumir, además de la pérdida de un ser querido, el rechazo de una sociedad
con prejuicios y sin espacio para la reconciliación, sumado a que los propios ex - integrantes del
grupo guerrillero se han mostrado indolentes frente al drama padecido por familiares de
personas fallecidas que pertenecieron a esa agrupación subversiva.

159. Casos como éste, reflejan una dimensión de la tragedia desde otras perspectivas: la del abandono
de quienes militaron en el M-19 respecto de los hijos de sus propios muertos, y la de tener que
ocultar aquéllos en algunos casos quiénes fueron sus padres para evitar la estigmatización social.

160. Frente a esas situaciones, la Comisión de la Verdad no puede permanecer indiferente y por tanto
hace un llamado a las autoridades para que se realicen todos los esfuerzos posibles encaminados
a lograr la identificación y entrega de todos los restos, para que puedan las familias cerrar,
finalmente, el ciclo de dolor que han padecido por cerca de un cuarto de siglo.

Causas de la muerte de las personas fallecidas en el Palacio de Justicia o con
ocasión de los hechos

161. En relación con la determinación de las causas de la muerte de las personas fallecidas en el
Palacio de Justicia o con ocasión de tales hechos, al analizar los 94 protocolos de necropsia
levantados entre el 7 y el 10 de noviembre de 1985, se observa que se estableció la causa de
muerte en 42 de los 94 cuerpos. De estos 42 cadáveres, 36 presentaban lesiones compatibles con
proyectil de arma de fuego; 2 personas fallecieron como consecuencia directa de explosivos -
aunque al menos 13 cuerpos presentaban esquirlas incrustadas a diferentes niveles-, y en 4 casos
se registran fallecimientos por asfixia debido a inhalación de humo.

162. Para efectos de lograr la determinación de las causas de la muerte, en todos los casos en que se
conservaron los cuerpos en regular estado, se tomaron muestras de sangre con el fin de
establecer la presencia de monóxido de carbono. Adicionalmente en la mayor parte de los
cuerpos carbonizados se tomaron radiografías para establecer la presencia de proyectiles o
esquirlas. Así mismo, se realizaron análisis balísticos en los cuerpos en los que se encontraron
proyectiles de arma de fuego, con serias limitaciones que se expondrán más adelante.

163. Existen momentos y lugares claves que determinan la muerte de la mayoría de las víctimas. Un
primer momento lo constituye el ingreso violento del comando guerrillero al Palacio en la
mañana del 6 de noviembre. El segundo corresponde a los hechos del cuarto piso, ocurridos en
las horas de la tarde del mismo 6, y el tercero se relaciona con lo sucedido el 7 de noviembre en el
momento culminante de la operación militar, en el interior y en la salida del baño ubicado entre el
2 y 3 piso.

164. El primer momento, esto es, la entrada violenta del M-19 al Palacio de Justicia, deja por lo menos
las siguientes personas fallecidas: José Fonseca Villada (oficial de policía), Edinson Zapata
Vásquez (guerrillero), Jaime Alberto Portilla Franco (agente de policía), Edgar Gerardo Díaz
Arbeláez (vigilante privado), Eulogio Blanco (vigilante privado), René Francisco Acuña Jiménez
(transeúnte) y Jorge Tadeo Mayo Castro (administrador del Palacio de Justicia). La causa de la
muerte fue determinada en los respectivos protocolos de necropsia, y en todos los casos está
directamente relacionada con lesiones compatibles con proyectil de arma de fuego.

165. A este grupo, en principio, también pertenecería el oficial del Ejército Sergio Alberto Villamizar
Quintero, cuyo cadáver se levantó en una instalación hospitalaria, pero no fue posible analizar la
información contenida en el protocolo de necropsia No. 3746, dado que su nombre fue omitido
inexplicablemente del listado de personas fallecidas en el Palacio de Justicia, siendo la única
víctima mortal perteneciente al Ejército.

166. También se deben incluir los casos de Ramón León Ariza y Saúl Chavarría Salamanca, escoltas de
Magistrados. El Tribunal Especial de Instrucción, luego de estudiar la planta de personal del
Palacio de Justicia, y atendiendo a la labor desempeñada por estos escoltas, señaló que ambos
habían fallecido en el cuarto piso. Sin embargo, para el caso de Ramón León Ariza, según el
protocolo de necropsia No. 3742, la muerte ocurrió el 6 de noviembre, y el levantamiento de su
cuerpo se efectuó en la morgue del Hospital de la Policía, por lo que se podría afirmar que murió
al momento del ingreso del M-19 al Palacio de Justicia. Una situación similar se presenta con Saúl
Chavarría, ya que el cuerpo no está carbonizado, y la causa de la muerte responde a lesiones
generadas por proyectil de arma de fuego.

167. El segundo momento corresponde a los inciertos hechos del cuarto piso, de los cuales lo único
claro es que el fuego que arrasó ese sector del Palacio. Así las cosas, retomando el análisis
previamente señalado, del universo de 94 protocolos de necropsia relacionados con los hechos
del Palacio de Justicia, 60 corresponden a cuerpos carbonizados.

168. Debido a todas las anomalías que se cometieron durante el levantamiento de los cadáveres, no
puede afirmarse categóricamente que ese mismo número de personas falleció en el cuarto piso100.
Es así como, por lo menos, 3 cuerpos carbonizados fueron hallados en el segundo nivel, cuya acta
de levantamiento indica que no fueron trasladados, a diferencia de la gran mayoría de cadáveres.

169. De los protocolos de necropsia únicamente 7 mencionan las causas de la muerte, ya que en el
resto son indeterminadas.

100La información contenida en las actas indica que 30 de estos cuerpos fueron levantados en el cuarto piso, 1 en el primero
piso, 3 en el segundo piso, 1 en la Plaza de Bolívar, 12 en el patio interno y 13 de manera genérica indica “Palacio de
Justicia”.

170. Sin embargo, 20 de los cuerpos presentan posibles lesiones por explosión. Tal el caso del
protocolo de necropsia 3842, identificado como del Magistrado Fabio Calderón Botero, donde
aunque el cuerpo se encontraba incompleto, presentaba en Rayos X fragmentos de hemi-tórax,
abdomen y pelvis con múltiples fracturas y elementos de densidad metálica incrustados, lo cual
es compatible con lesiones por explosión.

171. Algo parecido ocurre con otros 9 protocolos donde se encuentran fragmentos metálicos o
proyectiles de arma de fuego incrustados en los cuerpos. El primero corresponde al Magistrado
Alfonso Reyes Echandía101, en cuyos restos se encontró un proyectil de calibre 9mm, compatible
con sub-ametralladora de idéntico calibre, con cañón de cuatro estrías de rotación derecha.
Acerca de la procedencia de aquél, el Juzgado 30 precisó: “[e]n el cotejo de las armas del M-19
efectuado por el laboratorio [de balística del Instituto de Medicina Legal], se concluyó que el
referido proyectil no fue disparado por la sub-ametralladora UZI calibre 9mm # SA11423”102. Esta
situación se presenta también en los casos de los Magistrados Ricardo Medina Moyano y José
Eduardo Gnecco Correa, ya que sus restos mortales también mostraron proyectiles de armas que
no usó la guerrilla103.

172. Ahora bien, en relación con el cadáver del Presidente de la Corte se observa que el grado de
carbonización parece ser menor que el de la mayoría de las personas que se encontraban con él
en el cuarto piso. Esta situación podría deberse, bien a que el cuerpo se encontraba alejado de los
demás al momento de su fallecimiento, y por ende estaría lejos del foco del fuego, o por otro lado,
como algunas versiones mencionan, existe la posibilidad de que el cuerpo haya sido incinerado
intencionalmente. Una de las entrevistas realizadas por la Comisión indicaría que sí existió un
manejo irregular de los restos del Magistrado Reyes:

“Pasó un hombre de civil con un bidón, los restos los cambiaron de sitio y de repente el señor echó
gasolina sobre los restos del doctor Reyes y salió una llamarada como de 2 o 3 mts. Eso lo hicieron,
creo yo, para borrar las huellas. En Medicina Legal había una máquina grandísima de rayos X en la
que introducían los restos. Creo que lo que querían era destruir lo que quedaba, desaparecerlo para
evitar que encontraran balas, no pertenecientes al M-19 sino al Ejército. Entonces apagaron el
fuego, ellos volvieron y de repente me dijeron que tenía que salir de ahí, que no podía seguir ahí.”104

173. Esta hipótesis sin embargo, no puede sostenerse de manera cierta sino como una posibilidad,
atendiendo la seriedad del testimonio presentado ante la Comisión de la Verdad. Sin embargo, la
Comisión lamentablemente no contó con otros elementos adicionales de juicio que permitiesen,
científicamente, su comprobación.

174. Es de advertir que no todos los cuerpos hallados en el cuarto piso estaban completamente
carbonizados, como ocurrió en los casos que se acaban de mencionar. Sin embargo existen otros
en los cuales el esclarecimiento de la causa de la muerte era prácticamente imposible por el
estado prácticamente de incineración. Con todo, en ciertos protocolos se determinó dicha causa,
aunque no quedaban estructuras suficientes para aseverarla. Esto se evidencia en la necropsia
3836 correspondiente al Magistrado Darío Velásquez Gaviria, en la que se establece como causa
de muerte “asfixia por humo”, a pesar de que todas las estructuras anatómicas se encontraban
carbonizadas.

101 Protocolo de necropsia 3790.
102 Juzgado 30, pág. 31
103 Informe Preliminar CVPJ
104 Entrevista de Amelia Mantilla con la CVPJ.

175. El último episodio que desató la muerte de varios rehenes es el relacionado con el baño ubicado
entre el 2° y 3° piso. Del grupo aproximado de sesenta civiles cautivos de los guerrilleros en este
recinto desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la operación militar, ocho perdieron la
vida.

176. En ninguna de las actas de levantamiento de los cadáveres se especifica el lugar en donde
supuestamente se produjeron las muertes de estas ocho personas. En efecto, la diligencia judicial
correspondiente a los cuerpos de Manuel Gaona Cruz y José Eduardo Medina Garavito se llevó a
cabo en el primer piso, sin que allí hubieran perdido la vida. En las actas de levantamiento de los
cadáveres de Lisandro Romero y Luz Stella Bernal se registra genéricamente “Palacio de Justicia”,
mientras que en las de Horacio Montoya, Luis Humberto García y Carlos Horacio Urán se señala el
“patio interno”. Por último, en la de Aura María Nieto se indica “uno de los pisos”.

177. En siete de estas ocho víctimas se encuentra que las lesiones por arma de fuego fueron las causas
determinantes de la muerte, porque el único protocolo de necropsia que atribuye el fallecimiento
a una causa diferente es el relativo al Magistrado Horacio Montoya Gil, de quien se dice que su
deceso fue provocado por mecanismo de tipo explosivo.

178. Como se ha mencionado, los hechos del baño fueron objeto de un análisis balístico realizado en
mayo de 1986 por parte del Instituto de Medicina Legal105. Este estudio, al unísono con los
protocolos de necropsia, indica que en el cuerpo de Aura María Nieto de Navarrete se
encontraron lesiones por proyectil de arma de fuego en tórax, y los frotis para pólvora fueron
positivos, lo que evidencia que el disparo se hizo a distancia menor a un metro. De similar manera
ocurriría con el cuerpo de Luz Stella Bernal Marín, que tiene dos lesiones en brazo y tórax con
frotis positivo y donde la lesión del brazo sugiere posición de defensa.

179. El cuerpo de Luis Humberto García presentó tres lesiones producidas por proyectil de arma de
fuego, una de ellas en el cuello, con frotis positivo que hace presumir que también fueron a corta
distancia. Respecto de las tres víctimas antes mencionadas, la Comisión considera que es
improbable que esos disparos provinieren del exterior del baño.

180. La muerte del Magistrado Horacio Montoya Gil no se produjo dentro del baño. Como se explicó en
el informe preliminar, cuando buscaba las escaleras en el tropel de la salida de los heridos para
descender, cayó víctima de carga explosiva activada al parecer por el Ejército. También recibió un
disparo a corta distancia, como lo demuestra la experticia de Medicina Legal, donde se habla de
“Resultado del Estudio de Frotis: Positivo ojo izquierdo”.

181. El cuerpo de Lisandro Romero presentaba una combinación de lesiones por proyectil de arma de
fuego y granada de fragmentación. Su muerte probablemente se presentó fuera del baño, donde
explotaron estos artefactos, luego de haber sufrido una herida por proyectil de arma de fuego en
la región mandibular, de carácter no mortal, que no le habría impedido salir del baño. Al
abandonar este lugar, pudo ser impactado primero por la explosión y luego por otro proyectil de
arma de fuego que le ocasionó heridas mortales en el tórax.

182. Los hallazgos de la necropsia del abogado asistente del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán
revelan circunstancias especiales. En primer lugar, el cuerpo presenta lesiones al parecer

105Oficio N° 343-86-DC-LB del 08 de mayo de 1986, dirigido al Juez 77 de Instrucción Criminal por el jefe del Laboratorio de
Balística del Instituto de Medicina Legal.

producidas con objeto contundente, en tanto se observa una herida en la región frontal del cráneo
y equimosis en ambos ojos, que podría pensarse fueron causadas ex profeso, aunque el protocolo
no es lo suficientemente claro como para establecer que fueran parte de alguna forma de tortura.
El cuerpo también presenta lesiones por mecanismo explosivo en glúteos, piernas y brazos, las
cuales no tienen un carácter mortal.

183. Sin embargo, lo más destacado es que presentaba solamente una lesión por proyectil de arma de
fuego en el cráneo, donde el frotis para pólvora dio positivo, lo que en balística de efectos significa
que fue un disparo a contacto o a corta distancia (menos de un metro).

184. Debe advertirse que existe un video en el cual su propia esposa identifica a Carlos Horacio Urán
cuando sale vivo del Palacio, aunque saltando apoyado en su pié derecho, lo que se explicaría por
las lesiones con mecanismo explosivo que mostraba su cuerpo; pero luego, inexplicablemente, su
cadáver apareció en el patio del primer piso. Para la Comisión, como ya se señaló106, el abogado
Urán salió con vida del Palacio de Justicia bajo custodia militar, con lesiones que no tenían
carácter letal, por lo que su muerte no se produjo en los hechos de la toma o de la retoma.

185. Respecto de la muerte del Magistrado Manuel Gaona Cruz, la Comisión de la Verdad se remite al
capítulo de los hechos, en el que describe, con base en los testimonios recibidos de rehenes
sobrevivientes, su posición en relación con el particular. Ésta difiere de las inferencias sobre el sitio
en el que se encontraban quién o quienes efectuaron los disparos, contenidas en el dictamen balístico
del Instituto de Medicina Legal, en el Oficio N° 378-86-GB dirigido a Luis Antonio Lizarazo, Juez 77
de Instrucción Criminal Ambulante107.

Sobre las horas de muerte

186. Referente a la estimación de la data de muerte, en términos generales cuando se trata de muerte
reciente, ésta se calcula a partir de la toma de la temperatura del cadáver y en función de la
disminución que registra, se estima la hora de ocurrencia del deceso, teniendo en cuenta también
la aparición de otros fenómenos cadavéricos, conocidos los intervalos en los se presentan, así
como la utilización de datos entomológicos que pueda mostrar un cadáver.

187. Para la toma de la temperatura de un cadáver, se requiere que el mismo tenga un grado de
conservación que permita la toma (rectal) y la observación de los fenómenos como opacidad
ocular, rigor mortis, livideces, etc. Entonces la estimación de la data de muerte es un proceso que
se inicia desde el levantamiento y culmina con las observaciones del patólogo en la morgue.
Evidentemente existen casos en los cuales no se puede estimar con mucha precisión pero debe
consignarse así.

188. Ahora, es importante aclarar que se trata de una estimación y no una determinación, lo cual da
márgenes de error que pueden ser bastante amplios sobre todo en caso de mayor antigüedad (un
cadáver esqueletizado de 20 años atrás o un caso arqueológico, por ejemplo) y en casos como los
del Palacio se debe cruzar la información conocida de algunos eventos, por ejemplo los muertos
carbonizados del 4to piso no pudieron morir más allá de la 22:00 horas y no antes de las 11:30

107 Ibíd.

horas del 6 de noviembre, por decir un ejemplo. Esto es importante porque permite manejar el
intervalo en el que se produjo la muerte.

189. Ahora bien, en el registro mismo de la información se aconseja desde el punto de vista técnico, la
utilización del sistema de 24 horas, en tanto que no implica la repetición de horas y su
diferenciación entre a.m. y p.m.

190. Al examinar la documentación existente saltan a la vista errores relevantes, como por ejemplo
que se registró como hora de muerte, una posterior al fin de los eventos, como en los casos de los
PN 3766 y 3767, que señalan las 24:30 y las 24:00 del 07 de noviembre de 1985. Además en
ambos casos, la primera hora no existe, ya que debería ser 00:30, y la otra hora correcta sería
00:00. Resalta el desacierto de los funcionarios que efectuaron los levantamientos y las
necropsias, ya que no precisaron adecuadamente la información pertinente y sobre todo los
últimos datos que pudieran consignar la información correcta o corregir lo que mencionaban las
actas de levantamiento, aunque también existen casos donde prudentemente dichos datos no se
indican o se señala que la data de muerte está por determinar.

191. Más allá de la equivocación y del menosprecio técnico por la estimación de la data de muerte,
porque se asume que existen muchos elementos que permiten concretarla con relación a los
hechos, es innegable que su determinación en cualquier investigación criminal es de vital
importancia, ya que la misma podría vincular el deceso a un evento distinto, o incluso, a
responsables distintos, lo que podría estar ocultando hechos de mayor entidad. Por ello los
errores mostrados en el caso bajo examen implican grave responsabilidad.

192. Para un mejor entendimiento de lo expresado, se adjunta un cuadro donde se compara la
información del día y hora del levantamiento, de la muerte registrada en el acta respectiva; del
ingreso del cadáver al Instituto de Medicina Legal, de la necropsia y de la muerte registrada en el
protocolo de necropsia respectivo108.

EVENTO LEVANTAMIENTO NECROPSIA
Registro Levantamiento Data de Muerte Ingreso Morgue Necropsia Data de Muerte
Prot. Acta
Nombre Día Hora Día Hora Día Hora Día Hora Día Hora
Nec. Lev.
3741 1106 José Fonseca Villada 06-nov 16:40 06-nov 11:45 06-nov 19:10 06-nov 19:45 06-nov 11:45
3742 1107 Ramón León Ariza 06-nov 16:45 06-nov 11:45 06-nov 19:10 06-nov -- 06-nov 11:45
Jaime Alberto Portilla
3743 1108 06-nov 17:55 06-nov 15:45 06-nov 19:10 06-nov 20:40 06-nov 15:45
Franco
3746 1093 Sergio Villamizar Quintero 06-nov -- 06-nov -- 06-nov -- 06-nov -- 06-nov --
3747 1109 Edinson Zapata Vásquez 06-nov 13:35 06-nov 13:30 06-nov 22:35 06-nov -- 06-nov 13:30
3753 1138 Saúl Chavarría Salamanca 07-nov 11:00 07-nov -- 07-nov 13:40 07-nov -- 07-nov --
Humberto Lozada
3754 1104 07-nov 11:00 07-nov 11:00 07-nov 13:40 07-nov -- 07-nov --
Valderrama
3755 1105 Enrique Giraldo Pineda 07-nov 12:00 07-nov 12:00 07-nov 13:40 07-nov -- -- --
3756 1139 Jorge Tadeo Mayo Castro 07-nov 12:00 -- -- 07-nov 13:40 07-nov 15:00 07-nov --
3757 1148 Francisco Vargas Soto 07-nov 10:45 -- -- 07-nov 13:40 07-nov -- 07-nov --
3758 1149 NN Masculino 07-nov 11:20 06-nov 20:00 07-nov 13:40 07-nov -- 07-nov --
3762 1119 Edgar Gerardo Díaz Arbeláez 07-nov 10:20 06-nov 11:30 07-nov 16:10 07-nov -- 06-nov 11:30
3763 1118 Eulogio Blanco 07-nov 09:50 06-nov 11:25 07-nov 16:10 07-nov -- 06-nov 11:25
René Francisco Acuña
Jiménez
Héctor Arturo Lozano
Riveros

108 En aquellos casos donde no existe información, es porque ésta no se precisa en el documento.

Prot. Acta
Nec. Lev.
Lisandro Juan Romero
3766 1143 07-nov 17:40 07-nov 24:30 07-nov 19:00 -- -- 07-nov 24:30
Barrios
José Eduardo Medina
Garavito
William A. Almonacid
3768 1122 07-nov 16:20 07-nov -- 07-nov 19:00 07-nov 23:00 07-nov --
Rodríguez
Diógenes Benavides
Martinelli
3770 1097 Luz Estella Bernal Marín 07-nov 16:40 07-nov 16:40 07-nov 19:00 07-nov -- 07-nov 16:40
3771 1098 Fabio Becerra Correa 07-nov 16:40 07-nov 16:40 07-nov 19:00 07-nov -- 07-nov 16:40
Jesús Antonio Rueda
3772 1152 07-nov 17:05 -- -- 07-nov 19:00 08-nov 10:05 07-nov --
Velasco.
3773 1130 Andrés Almarales Manga 07-nov 16:00 07-nov 15:00 07-nov 19:00 07-nov -- 07-nov 15:00
3774 1123 Luis Horacio Montoya Gil 07-nov 17:00 07-nov 17:00 07-nov 19:00 07-nov 20:10 07-nov 17:00
Alberto Nicolás Erazo
3775 1112 07-nov 16:20 07-nov 16:20 07-nov 19:00 08-nov -- 07-nov 16:20
Murcia
3776 1129 Luis Humberto García 07-nov 16:00 07-nov 15:00 07-nov 19:00 07-nov -- 07-nov 15:00
Elkin de Jesús Quiceno
Acevedo
3778 1141 Manuel Antonio Gaona Cruz 07-nov 16:30 07-nov 02:00 07-nov 19:00 07-nov 20:30 07-nov 02:00
3779 1151 Ariel Sánchez Gómez 07-nov 16:30 07-nov -- 07-nov 19:00 08-nov -- 07-nov --
3780 1140 Jaime Rodríguez Vivas 07-nov 14:30 07-nov 14:00 07-nov 19:00 07-nov 10:00 07-nov 14:00
Jesús Antonio Carvajal
Barrera
Fernando Rodriguez
Sánchez
3783 1128 Carlos Horacio Urán Rojas 07-nov 16:00 07-nov 15:00 07-nov 19:00 08-nov -- 07-nov 15:00
3784 1150 Angela María Murillo Salazar 07-nov 16:20 07-nov 12:00 07-nov 19:00 07-nov -- 07-nov 12:00
Aura María Nieto de
3785 1153 07-nov 17:25 -- -- 07-nov 19:00 07-nov -- 07-nov --
Navarrete
11:40
3786 1132 Héctor Aníbal Talero Cruz 07-nov 19:00 06-nov 12:20 07-nov 19:30 07-nov 06-nov 12:20
p.m.
3790 1101 Alfonso Reyes Echandía 08-nov 11:30 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3791 1102 Jaime Benítez Prieto 08-nov 11:50 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3792 1154 Libardo Durán 08-nov 08:30 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3793 1176 Ricardo Medina Moyano 08-nov 09:30 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3794 1100 Emiro Sandoval Huertas 08-nov 10:50 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3795 1175 Plácido Barrera Rincón 08-nov 11:00 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3796 1184 Everardo Bermúdez García 08-nov 11:00 07-nov 02:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3797 1183 NN Masculino 08-nov 10:45 07-nov 02:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Blanca Inés Ramírez de
3798 1185 08-nov 11:15 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Angulo
3799 55 Jaime Alberto Córdoba Ávila 08-nov 11:00 07-nov 15:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3800 1173 Ana Rosa Castiblanco 08-nov 10:40 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3801 1099 NN Masculino 08-nov 10:40 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3803 1188 José Eduardo Gnecco Correa 08-nov 10:10 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3804 1174 Libia Rincón Mora 08-nov 10:50 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3805 1171 Pedro Elías Serrano Abadía 08-nov 10:20 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Ana Beatriz Moscoso de
3806 1180 08-nov 10:10 07-nov 02:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Cediel
3807 1178 Restos Incinerados 08-nov 10:00 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3808 1179 Restos Incinerados 08-nov 10:30 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
María Teresa Barrios
3809 54 08-nov 11:00 07-nov 15:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Rodríguez
Jorge Alberto Correa
3810 1172 08-nov 10:30 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Echeverry
3812 1181 Ruth Mariela Zuluaga de 08-nov 10:30 07-nov 02:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --

Prot. Acta
Nec. Lev.
Correa
3813 1155 Fanny González Franco 08-nov 11:45 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Maria Isabel Ferrer de
3814 1170 08-nov 18:08 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Velásquez
3815 1124 Carlos José Medellín Forero 08-nov 08:40 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3816 1131 Restos calcinados de Mujer 08-nov 08:30 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3817 1147 Rosalba Romero de Díaz 08-nov 10:00 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3819 1146 NN Femenino 08-nov 09:45 07-nov 02:00 08-nov 14:00 10-nov -- -- --
3820 1125 NN Masculino 08-nov 09:15 -- -- 08-nov 14:00 Nov -- -- --
3821 1137 María Yaneth Rozo Rojas 08-nov 09:10 -- -- 08-nov 14:00 10-nov -- -- --
3823 53 NN Femenino 08-nov 09:00 07-nov 15:00 08-nov 14:00 10-nov -- -- --
María Lida Mondol de
3824 1164 08-nov 09:25 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Palacios
María Cristina Herrera
3825 1135 08-nov 08:50 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Obando
3826 1145 Cecilia Concha Arboleda 08-nov 09:30 07-nov 02:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3827 1163 NN Sexo Indeterminado 08-nov 09:20 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
José Gerardo Malaver
3828 1144 08-nov 09:15 07-nov 02:00 08-nov 14:00 09-nov -- -- --
Rodríguez
3829 1133 Isabel Méndez de Herrera 08-nov 08:40 -- -- 08-nov 14:00 09-nov -- -- --
3830 1166 NN Femenino 08-nov 09:35 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
3833 1136 Nury Soto de Piñeros 08-nov 09:00 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Julio César Andrade
3834 1165 08-nov 09:30 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Andrade
3836 1157 Darío Velásquez Gaviria 08-nov 09:00 -- -- 08-nov 14:00 09-nov -- -- --
3837 1117 Alfonso Patiño Rosselli 08-nov 09:15 -- -- 08-nov 14:00 09-nov -- -- --
Hermógenes Cortés
3838 1192 08-nov 09:55 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Nomelín
3839 1126 NN Sexo Indeterminado 08-nov 09:45 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
María Teresa Muñoz de
3841 1182 08-nov 10:35 07-nov 02:00 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Jiménez
3842 1177 Fabio Calderón Botero 08-nov 09:50 -- -- 08-nov 14:00 08-nov 21:30 -- --
Carlota Sánchez de
3844 1156 08-nov 11:15 -- -- 08-nov 14:00 08-nov -- -- --
Monsalve
3849 1189 NN Femenino 08-nov 10:00 06-nov 23:00 08-nov 19:30 09-nov -- 06-nov --
3877 58 NN Masculino 10-nov 17:00 06 o 07-nov -- 10-nov 18:20 11-nov -- 06-nov --

Sobre los estudios balísticos

193. Es importante mencionar aquí los aspectos balísticos generales atinentes al caso. De acuerdo con
los parámetros de la época, necesariamente se realizaban análisis balísticos en aquellos casos en
que los fallecimientos eran causados por proyectil de arma de fuego. Los dictámenes balísticos
asociados a los protocolos de necropsia, así como los resultados de análisis balísticos posteriores,
reflejados en el oficio N° 343-86-DC-LB del 8 de mayo de 1986, dirigido al Juez 77 de Instrucción
Criminal por el jefe del Laboratorio de Balística del Instituto de Medicina Legal, parecen ser
bastante completos y reflejan un acucioso trabajo. No obstante, la muestra analizada se encuentra

incompleta, en tanto los peritos tuvieron disponibles para análisis sólo once de cuarenta armas,
todas ellas incautadas al M-19 durante y con posterioridad a los hechos, porque no todas las
armas fueron puestas a disposición con este fin.

194. Además se contó para el análisis con los proyectiles provenientes sólo de 21 cuerpos, pero esta
cantidad no coincide con el número de afectados y no de todos los cuerpos se recuperaron los
proyectiles relacionados con el deceso. Al momento del peritaje reseñado en el oficio de mayo de
1986, mencionado atrás, las armas se encontraban en el Almacén de Armamento del Batallón de
Servicios número 13 de la XIII Brigada.

195. De acuerdo con el oficio 343-86-DC-LB, las armas analizadas en su mayoría son fusiles, dos Galill,
un M-16, un Falc M-63, tres Colt Ar-15 semiautomáticos, una subametralladora Uzi 9 mm, una
subametralladora M3 calibre .45, una escopeta Winchester Calibre 16 y un fusil G3 calibre 7.62.
Los resultados de los análisis a las armas en cuestión y los cotejos respectivos con los proyectiles
hallados en los cuerpos, permiten apreciar que solamente hay correspondencia de uno de dos
proyectiles hallados en uno de los cuerpos, esto es el PN 3767 identificado como José Eduardo
Medina Garavito, quién según algunos testimonios fue herido al ingreso de los guerrilleros al
edificio.

196. En los restantes casos no se logra establecer correspondencia entre las armas y los proyectiles,
aunque el calibre de estos últimos es compatible con el de algunas de las armas analizadas (los
calibres .45, .38 y 7.62), las cuales también fueron en su mayoría utilizadas por las fuerzas
militares y policiales. Esta situación permitiría pensar que los proyectiles disparados por la
guerrilla no fueron los que segaron la vida de la mayor parte de los fallecidos por proyectil de
arma de fuego en el Palacio. Sin embargo, no se contó para el cotejo con el total de armas
incautadas, a lo que se suma que tampoco se contó con la totalidad de los proyectiles que
impactaron en los cuerpos, pues no todos fueron recuperados, y ninguna de las armas utilizadas
por los participantes de la Fuerza Pública fueron parte de los análisis.

197. Según el oficio 378-86-LB, también dirigido al Juez 77 de Instrucción Criminal doctor Luis
Lizarazo, en los análisis de los proyectiles recuperados en la escena, particularmente en el baño
donde sucedieron los episodios finales de la tragedia, se encuentran proyectiles calibre 9 mm y
.45, todos ellos con “camisa” de cobre y núcleo de plomo. En algunos casos solamente se
encuentran restos de las “camisas” (blindaje de los proyectiles). Las características generales de
las vainillas localizadas en el piso del segundo sanitario, del mismo baño, indican que la marca es
Indumil, 9 M/M PAR, con signos de percusión.

198. Como ya se anotó, los estudios balísticos realizados por el Instituto de Medicina Legal, se hicieron
sobre algunas de las armas encontradas después de los hechos cerca de los cuerpos de los
guerrilleros. La munición asociada a los cuerpos era compatible según los informes balísticos,
tanto con la de las fuerzas del orden como de la guerrilla. Sin embargo, en las pericias se establece
que no existe compatibilidad entre los proyectiles asociados a los cadáveres y las armas sobre las
que se hicieron análisis y que pertenecían al M-19. A esto se suma que durante la reconstrucción
de los hechos, estos mismos estudios, establecen que de acuerdo a las trayectorias, todos los
disparos fueron realizados desde fuera del baño.

199. También quedaron múltiples huellas de disparos en las puertas de los sanitarios del baño del
tercer piso, todos con trayectoria antero-posterior, en la mayoría de casos ínfero-superior y en
otros supero-inferior u horizontal, lo cual sugiere una acción combinada para reducir posibles

ocupantes, situación que permitiría sostener que al final de los hechos la Fuerza Pública habría
ingresado al baño con todo su poderío, sin que existiera resistencia.

Indicios de ejecuciones sumarias

200. Respecto al análisis de los protocolos de necropsia relativos a los guerrilleros, se ha podido
establecer que en ocho de los casos analizados, se presenta una lesión producida por proyectil de
arma de fuego en el cráneo, y en siete de ellas con frotis positivo para pólvora y con
características de las lesiones que sugieren haber sido a contacto.

201. Las trayectorias de estas lesiones son de abajo arriba y adelante atrás como en el caso de
Diógenes Benavides Martinelli; o laterales, de izquierda a derecha o derecha a izquierda detrás de
la oreja o en el cuello, siguiendo un patrón similar. Tales son los casos de Alberto Nicolás Erazo,
Ariel Sánchez, Ángela Murillo, Andrés Almarales, Fernando Rodríguez, Héctor Lozano y Jesús
Rueda.

202. Este mismo tipo de lesión lo presenta el cuerpo de Carlos Horacio Urán en el frontal izquierdo. En
otro caso, la lesión se produjo en tórax, pero con tatuaje positivo en brazo.

203. Ahora bien, la distribución de estas lesiones no es compatible con aquellas que se presentan en
situaciones reales de combate que implican un enfrentamiento abierto, debido a que en estos
eventos las lesiones son mayoritariamente en miembros y tórax, al ser las partes con mayor área
y volumen para ser impactadas por los disparos. De este modo, cuando hay enfrentamiento los
sitios con menores posibilidades de recibir lesiones por proyectil de arma de fuego son el cráneo
y las extremidades, siendo el tronco el lugar más expuesto a esta situación109. En tanto que,
cuando las lesiones se presentan en el cráneo se puede inferir que la situación de combate ha
concluido, al menos para la víctima y que ésta se encuentra reducida y/o en situación de
indefensión110. En ese sentido las lesiones observadas en los casos en mención permiten sugerir
que estas personas hubiesen sido ejecutadas.

204. La Comisión considera relevante destacar en este punto los hechos registrados por el Tribunal
Especial, relacionados con la muerte de dos guerrilleros heridos durante la toma, quienes se
refugiaron en un cuarto del aseo donde estaban dos empleadas, las señoras Ana Lucía Limas de
Montaña y María Mercedes Ayala Lesmes. La señora Limas de Montaña declaró al Tribunal:

“(…) ellos cogieron para distintos lados y se perdieron (...) Violeta como se había ido fue y trajo a un
compañero enfermo... la cabeza estaba cubierta de sola sangre, herido, y nos dijeron: Háganle alguna
curación a este compañero y en ese momento llegó otro compañero y me estaba hablando de las
escaleras bajando del tercer piso. . . él se dejó descuidar de una bala y se la dispararon por el estómago y
le salió por la espalda, y yo vi cuando le dispararon y él se cayó... Violeta lo arrastró hacia el cuarto
donde estábamos nosotros y María Mercedes como sabe un poco de enfermería era la que estaba

109 Ver Cina, S. M. Ward; M. Hopkins y C. Nichols. 1999. Multifactorial Analysis of Firearm Wounds to the Head with
Attention to Anatomic Localization. The American Journal of Forensic Medicine and pathology 20(2):109-115.
110 La distribución de las lesiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos afecta en proporciones mayores la

secuencia cráneo, tórax y miembros; mientras que en conflictos armados la secuencia es contraria, con lesiones en la
secuencia miembros, tórax y finalmente cráneo de manera indefectible. Ver, Snow, C. 2001. Statistical assessment of the
mortality rate of Tupac Amaru terrorists in the hostage rescue operation at the japanese embassy in Lima, Peru (ms. 8
páginas)

haciéndole curaciones al muchacho que estaba bien herido en la cabeza, poniéndole pedacitos de limón
en la cabeza, y como ya estaba descansando un poquito... le amarramos con bayetilla bien el estómago
al otro muchacho porque se estaba desangrando bastante y le puso Mercedes limón en los huecos
donde le metieron la bala y el muchacho no se aguantaba del dolor, le dijo: "Violeta tome la
ametralladora, tome una granada y tome balas, defiéndase porque ya no sirvo para nada, de aquí ya
nadie me para...; eso volvieron las paredes llenas de huecos, eso eran bombas, porque no eran balas, y
no sé de dónde vendrían, el muchacho nos decía: tranquilícense con tal que ustedes salgan vivas porque
nosotros venimos fue a morir no a vivir..., fue cuando Violeta se fue y no supimos nada más de esa
muchacha. (…) dejaron un poquito de dar bala y el muchacho que se estaba desangrando gritó bien
duro, fue cuando los soldados que estaban en el cuarto piso oyeron, porque del cuarto donde estábamos
era un piso no más. Fue cuando bajaron pasito y oyeron los quejidos y se decían unos a otros... hay gente
en este cuarto..., fue cuando nos pusimos muy nerviosas y contestaban los soldados afuera hay gente,
dijeron tres veces y nosotras calladas. .. yo le dije a Mercedes, yo abro la puerta de todas maneras... y fue
los desesperos más grandes que nosotros sentimos en esos momentos... el muchacho que estaba herido
en las espaldas dijo ... búsqueme ropa particular, no vaya a abrir la puerta porque aquí las matamos...
Mercedes me dijo ... no haga eso... pensé en mí y dije creo que a puntapiés y a puños no nos matan y me
di cuenta que le había dado a Violeta la granada, las bombas y todo lo que tenían para ellos defenderse.
Estaban desarmados... yo me arriesgué fue a morir... los muchachos estaban en el suelo y no dejaban
abrir la puerta, el Ejército dijo... cuento hasta tres y si no salen, esté quien esté los matamos. El
muchacho no dejaba abrir la puerta porque teníamos que darle ropa particular y yo no tenía sino mi
ropa y la de las otras compañeras... fue cuando yo abrí la puerta... pero antes de abrir la puerta el que
estaba bien herido de la cabeza dijo: son las señoras del tinto, no las vayan a matar, no les vayan a
hacer nada... tocó hacer harta fuerza para poder abrir la puerta y como eso estaba bien oscuro no se
sabía si eran los guerrilleros o los soldados los que nos hablaban, lo único que se veía en los pasillos era
la luz del cielo... ya era de noche... fue cuando nos hicieron subir tres escalones... creo que eran los
soldados los que nos decían "que salgan no más las señoras del tinto con las manos en alto", fue cuando
cada uno de ellos nos cogió a cada una de nosotras y nos tenían las manos atrás y dijeron: nos van a
decir quiénes son ellos porque su vida está por delante que la de nosotros, fue cuando nosotros les
dijimos que éramos (sic) del M-19... y nos dijeron pero si ellos son del M-19 porqué se van a quedar con
ellos, nosotros les contestamos que era porque nos habían amenazado que teníamos que abrirles la
puerta... yo les decía que estaban desarmados y dijo el soldado: yo me voy a acercar y si nosotros nos
acercamos y llegamos a morir ustedes también mueren, y fue cuando se oyeron ocho tiros de afuera
para adentro porque ni siquiera linterna tenían los soldados, y yo creo que fue que mataron adentro a
los guerrilleros porque uno de ellos se quejó y gritó y yo creo que sí...”.

205. La señora María Mercedes Ayala Lesmes, compañera de la declarante anterior, por su parte, declaró:

“... Oí como un tiroteo, como un ruido tremendo, y como un sábado había caído un vidrio de ahí y sonó
un estruendo. . . pensé que era otro vidrio el que se había caído... nos entramos al cuarto del tercer piso,
con Lucía mi compañera... al momento cesó el fuego y vi un grupo de varios pero yo no sabía que eran
del M-19 y cuando ellos entraron al cuarto de nosotras les dijimos, Dios mío, no nos vayan a hacer nada,
no nos vayan a matar, ellos no dijeron que tranquilas que no nos iban hacer nada, ellos, eran varios
hombres y mujeres que traían. . . unas vainitas en el hombro que decían M-19, como un parche y unas
vainitas colgadas en el cuello, como blanco y rojo, no recuerdo más, ellos entraron al cuarto y nos
tranquilizaron y una muchacha de esas se colocó en la puerta y no dejaba ni cerrar ni abrir. . . se
reunieron un poco de ellos y trajeron los maletines que ellos traían y los regaron y eso era munición... al
rato hirieron a un muchacho de ese y lo entraron al cuarto de nosotras. . . yo le ayudé al muchacho,
estaba mal herido debajo del brazo y en un brazo y yo lo amarré con bayetilla... hasta ese momento yo
no sabía que eran del M-19 sino hasta cuando le miré el brazo que estaba herido y le miré el parche que
decía M-19. Yo pensaba que ellos eran del Ejército porque tenían el uniforme verde como el del

Ejército... Entraron varias muchachas y muchachos y preguntaron por nosotras... les rogamos que no
nos hicieran nada..., un muchacho crespito como canosito que salió por el periódico que dijeron que era
la cabecilla, dijo que no nos iban hacer nada, que solamente querían diálogo, nosotros con semejante
miedo por los disparos, eso parecía que se había derrumbado todo...yo solamente les daba agua... había
un muchacho alto crespito que lo habían herido en una pierna y en un pie... la muchacha dijo no hay
nada que darle y este otro muchacho también está grave, entraron varias muchachas y la muchacha
que estaba con nosotros era llamada por sus compañeros como Violeta a otra le decían Patricia, todos
eran jovencitos, excepto el señor que vi por el periódico que se veía de más edad, de resto los otros eran
jóvenes entre 20 y 25 años, nosotras preocupadas, figúrese que el muchacho cuando lo hirieron tenía
dos granadas ahí y le dijo a otro compañero que le sacara esas dos granadas que tenían trabada el
arma y que entonces por eso lo hirieron. Un crespito me preguntó que a dónde quedaban las oficinas de
los Magistrados y yo le contesté que no sabía a dónde quedaban, me preguntó que de qué era la puerta
que había en el cuarto piso... le dije que no sabía, y me preguntó que dónde quedaba la puerta, que da a
la terraza y le dije que no sabía, sacaron como un plano y hablaban bajito, yo me entré al cuarto con mi
compañera y cuando salí vi que disparaban hacia arriba y hacia abajo, pero yo no sabía quiénes eran
los que disparaban de arriba, se comunicaban los del M-19 entre ellos, cuando iban subiendo alguno de
los compañeros decían "suba Colombia" y el otro le contestaba "sigue Colombia" y a medida que ellos
iban subiendo se decían así, yo le hacía preguntas a las muchachas del M-19 y unas me contestaban y
otras no, yo le pregunté a ella que cómo se llamaba y no me contestaba. Entre las mujeres que entraban
había como unas cuatro y hombres sí habían hartos, pero no le sé decir el nombre, porque llegaban
unos y se iban otros. Había una muchacha, la del nombre Violeta que hasta en el maletín decía Violeta,
la otra estaba vestida con un vestido como del Ejército ... y habían otras que estaban vestidas con un
pantalón azul claro de pana y camiseta pero no recuerdo el color y zapatos bajitos. . . después de que
ellos se repartieron para un lado y otro, nosotras seguimos en el cuarto, y se fue la luz, no sé qué horas
eran, yo no llegué a mirar el reloj... al rato llego otro muchacho herido en la cabeza y se sentó ahí en el
cuarto y el otro herido acostado. Ya después no vimos casi nada... después oí que ellos decían que habían
matado a un compañero pero no lo vi... uno de los guerrilleros dijo que cerrara el cuarto con seguro...
cerramos la puerta entonces, yo sobre una mesa y mi compañera sobre un cajón donde guardamos los
traperos. Después echaron unos gases y no podíamos casi respirar y entonces la muchacha Violeta mojó
un trapo de ella no supe qué y entonces nos lo pasó para que nos lo metiéramos en la boca, para poder
respirar, yo como tenía una bayetilla la rompí en dos pedazos y se los pasamos a ellos, húmedos,
nosotros nos metimos debajo del platero y nos estuvimos juntas, y no hicimos bulla a petición de los
guerrilleros... los otros muchachos que estaban afuera dijeron... ¡ay! se nos entró el Ejercito. Ya después
de eso no los oímos más. Estuvimos quietas. Oí que afuera decían: salgan, salgan suban por aquí, pero
no sabíamos quiénes decían eso, si el Ejército o quién. Al rato el que estaba herido en la cabeza, en la
parte superior, llamaba a sus compañeros. Decía, compa ayúdeme que estoy grave. Al rato oímos en
donde se echa la basura en el cuarto piso que hablaban... y como que tiraban balas por ahí, apenas
hablaba el herido.. al buen rato oímos que estaba el Ejército por ahí y. . . oyeron al que se
quejaba...preguntaron quién más está ahí, el muchacho de la herida de la cabeza dijo que unas señoras
del tinto, el herido en el brazo me preguntó si no había por dónde escapar y le dije que no, entonces el
Ejército dijo que salieran con las manos en alto. El muchacho herido se me recostó en mi y abrimos con
mi compañera, porque nos dijeron que si no salíamos llenaban eso de plomo y dijeron que no creían que
éramos del aseo... me preguntaron que quiénes más estaban y le dije que dos muchachos, preguntaron
si eran del M-19 y les dije que sí, entonces dijeron que nosotras éramos guerrilleras y les dije que no.
Preguntaron si estaban armados, y les dije que no, les preguntaron a los muchachos quiénes eran y
dijeron que éramos del M-19 y cuando subíamos entonces oí que los mataron”.

206. A lo anterior debe agregarse que la mayor parte de los cadáveres que presentan necrodactilias
corresponden a los guerrilleros y, curiosamente, los únicos cuerpos de rehenes que cuentan con
dicho examen son los de Carlos Horacio Urán y Luz Stella Bernal. Este dato, aunado a ciertas

fuentes que indican que el cuerpo de Carlos Horacio Urán, habría estado ubicado junto con los de
los guerrilleros en la morgue, podrían sugerir que, tanto Carlos Urán como Luz Stella Bernal,
habrían sido considerados preliminarmente como guerrilleros y recibido el mismo trato que
éstos. En ese sentido, el hecho que los cuerpos hayan sido lavados, tal como se reseñó en párrafos
anteriores, podría indicar la intención de borrar evidencia de actos relacionados con posibles
ejecuciones sumarias.

207. La existencia de posibles casos de ejecución sumaria ya había sido señalada por el Procurador
General ante la Cámara de Representantes. Sin embargo, la Comisión no encontró referencias
procesales que den cuenta de un examen serio de tales conductas.

Acerca de las intervenciones de la Fiscalía General de la Nación
208. En enero de 1997, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (en
adelante CTI) recibió el encargo del Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Bogotá de
adelantar las labores de exhumación de cadáveres de la respectiva fosa del Cementerio del Sur,
con el fin de establecer si allí reposaban los cuerpos de las personas desaparecidas. El encargo fue
asumido por la División de Criminalística, que en febrero de 1998 inició dicha labor, previa
revisión de información ante mortem de dichas personas, y de los datos que pudieran ser
relevantes para la ubicación de la fosa en mención.

209. Para desarrollar este encargo, la División de Criminalística destacó un grupo de dedicación
permanente conformado por Antropólogos, Médicos, Odontólogos y Artistas Judiciales
(Morfólogos) de la Sección Nacional de Identificación, y con la asistencia semanal de personal
rotativo proveniente de las distintas seccionales de Criminalística y de los Laboratorios de
Identificación del CTI a nivel nacional.

210. Durante las tareas de exhumación y análisis, la División contó con la veeduría del Equipo
Argentino de Antropología Forense y con la asesoría del Laboratorio de Antropología Física de la
Universidad Nacional.

211. Al igual que el Instituto de Medicina Legal, el CTI tenía serias limitaciones para el abordaje de la
investigación. Ni tenía suficiente personal capacitado y la infraestructura no era la más apropiada,
no contaba con un espacio apropiado que funcionara como almacén de evidencias, ni espacio
suficiente para trabajar más de un caso a la vez, debiendo además atender la casuística diaria.
Tampoco contaba con espacios aptos para el trabajo con restos en putrefacción ni con las
coordinaciones para lograr un trabajo interinstitucional, por ejemplo con el Instituto de Medicina
Legal, que para esas fechas ya tenía implementados espacios más aptos.

212. A lo anterior se suman las deficiencias en el flujo de información, que ha sido contraproducente
para el caso, debido a que ha existido cierta monopolización de ésta, lo cual no sería negativo si
los datos hubieran sido adecuadamente correlacionados. También hubo la lentitud en la
respuesta para la realización de los análisis de ADN solicitados con posterioridad a la primera
fase del trabajo y dificultades en la relación con las familias de las víctimas, la cual no ha
mantenido un flujo constante, que les permita a estas últimas conocer los avances en el tema, si
los hubiere.

Sobre la exhumación en el Cementerio del Sur

213. Las exhumaciones ordenadas por el Juzgado Especializado comienzan en febrero de 1998 y
culminan en septiembre del mismo año. Según la información oficial ya señalada, se habrían
remitido a la fosa los cuerpos de 36 personas, en fechas 9, 20, 23 y 30 de noviembre de 1985, 27
de los cuales se encontraban carbonizados y los 9 restantes en buen estado de conservación.

214. De conformidad con los resultados de las investigaciones, la fosa se encontró dividida en 5 niveles
antrópicos, los cuales corresponden al parecer con cada una de las jornadas en que se realizaron
inhumaciones, considerando que a la fecha de los hechos la fosa ya se encontraba abierta. Cada
uno de estos niveles estratigráficos estaría separado entre sí por una capa de cal y arcilla de
alrededor de 5 cm.

215. En ella fueron hallados los cuerpos de 90 individuos adultos, 63 infantes, 22 partes de cuerpo y 3
amputaciones. Como parte del relleno se encontraron desechos de clínicas y hospitales aún
conservados pero en putrefacción, cal y desechos del cementerio mismo. Esta información está
desglosada en el siguiente cuadro:

Fetos e Partes de
Fechas de inhumación Nivel Adultos Amputaciones
infantes Cuerpo
30 de nov.- fin de dic. o enero 1 18 4 0 1
23 /30 de noviembre 2 17 21 1 2
20 de Noviembre 3 21 22 21
9 de Noviembre 4 24 13
Octubre 5 10 3
Total 90 63 22 3

Cuadro 1. Distribución y cantidad de cuerpos hallados en la fosa por nivel y por fechas de inhumación.

216. Los primeros 26 esqueletos habrían sido inhumados en fosa común el día 9 de noviembre, con
participación de miembros de la fuerza pública, Luego de retirados de Medicina Legal. No
obstante, los hallazgos de la fosa establecen que allá colocaron los restos solamente de 24
individuos, 12 incinerados y 12 sin signos de calcinación. En una de las bolsas, de acuerdo al
informe de campo facilitado por la persona que estuvo a cargo de la exhumación, se encontraban
restos de mínimo dos individuos, pero solamente se le asignó un número a los dos cuerpos debido
a la imposibilidad de individualizarlos correctamente; en otra bolsa se hallaron restos de mínimo
tres individuos, los cuales sí fueron numerados cada uno con su propio consecutivo.

217. Esta suma arroja en total no menos de 25 individuos, pero la información oficial solamente
consigna 24 y sugiere individualización durante los procedimientos de análisis. Teniendo este
número como base hay una disconformidad entre la información entregada por el Instituto de
Medicina Legal y lo hallado en la fosa, por cuanto de los 26 cuerpos que supuestamente habrían

ido a ésta el 9 de noviembre. Así parece que no se logró individualizar en morgue correctamente y
por ende establecer el Número Mínimo de Individuos real en todos los casos, por lo que la
cantidad de personas reportadas fallecidas es menor que el número real, el cual superaría los 94
individuos.

218. Según el informe de campo del CTI, en el espacio que separaba el nivel 3 del 4 se halló un cuerpo
decúbito lateral entre los dos niveles pero con preponderancia hacia el tercero; la única
explicación factible para aparecer así es que se le inhumara después de que los demás cuerpos
hubieren sido colocados y se le incluyera dentro del proceso de cierre de nivel.

219. Es muy probable que el cierre de la fosa se haya dado de manera inmediata, porque según las
disposiciones sanitarias vigentes no era factible que permaneciera descubierta hasta que llegara
un nuevo traslado de cuerpos, por cuanto el tiempo aproximado entre un evento y otro era
desconocido, por un lado, y por otro, porque la descomposición generaría que animales
carroñeros extrajeran los restos de la fosa causando un problema sanitario.

220. Por estas razones, entre un envío y otro la fosa era cerrada con cal, que aceleraría la
descomposición, así como con desechos del cementerio y la misma tierra extraída de la fosa. Este
cuerpo hallado entre uno y otro nivel fue identificado recientemente por la Universidad Nacional
como Diógenes Benavides Martinelli (esqueleto 57) y acorde al Instituto de Medicina Legal había
sido enviado el día 9 de noviembre a fosa, pero su posición en la misma es desconcertante y
sugiere que fue inhumado luego de que se culminaron las diligencias de inhumación de los 24
cuerpos previos.

221. Por otro lado, en el espacio que correspondería a los cuerpos enviados el 20 de noviembre, esto
es, en el tercer nivel de la fosa, aparece el cuerpo de Francisco Vargas Soto, quien al parecer
también hacía parte del M-19 y cuyo cadáver según el Instituto de Medicina Legal había sido
enviado el 9 de noviembre y no el 20. Adicionalmente se hallan restos de 8 cuerpos incinerados,
coincidiendo efectivamente con la información brindada por el Instituto. No se explica la
presencia de los cuerpos en mención en este nivel.

222. A esto se debe agregar que allí también fueron halladas 21 partes de cuerpo, entre los que se
encontraban desde un segmento de tórax, hasta huesos aislados, aunque ninguno de ellos con
signos de incineración, lo cual no permite establecer con precisión su relación con los fallecidos
en el Palacio.

223. Lamentablemente los análisis de laboratorio que siguieron a las exhumaciones, han sido
ejecutados de forma heterogénea, donde han participado demasiadas personas, lo cual no ha
permitido que la información sobre el caso se halle centralizada, generando que no se tengan en
cuenta todas las variables posibles.

224. Por otra parte, el 23 y el 30 del mismo mes habrían sido enviados a fosa otros dos cuerpos
incinerados, según los protocolos 3818 y 3877. Este último correspondería al esqueleto 35, y que
habría sido hallado bajo un muro, con vidrios incrustados en varias partes del cuerpo y con
prendas de vestir asociadas correspondientes a un vestido de la sastrería “Jacinto Varón” de
Ibagué, y que presentaba una prótesis, el cual se encontraba bastante completo aunque con el
esqueleto facial destruido, pero no fue identificado. Estos dos cuerpos se hallarían en el segundo
nivel de la fosa. Los demás cuerpos corresponderían a otros casos y a algunos de los fallecidos
como consecuencia de la erupción del Volcán-Nevado del Ruíz que acabó con Armero. Debido a

esta situación algunas personas habrían sido trasladadas heridas a Bogotá y es probable que
fallecieran en hospitales de la ciudad, resultando sepultados en esta fosa.

225. En el primer nivel ocurriría de igual manera; allí se hallaron al menos dos bolsas más con restos
humanos incinerados, similares a las de niveles inferiores, así como un cuerpo incompleto. Sobre
estos cadáveres no se encuentra ningún documento que permita establecer fechas probables de
envío o posibles protocolos de necropsia.

Acerca de los análisis e identificación en 1998 y 1999
226. El CTI realizó una primera etapa de análisis al culminar las tareas de exhumación en campo, para
lo cual se encargó a la misma persona que había estado a cargo de la exhumación, pero se redujo
la cantidad de participantes, a lo que sumó la carencia de un médico y un fotógrafo de manera
permanente a lo largo de la diligencia. En ambas etapas, el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) participó como veedor de las labores.

227. Con arreglo a los informes emitidos por los miembros del EAAF, Darío Olmo para la fase de campo
y Luis Fondebrider para la primera fase de análisis, las tareas realizadas cumplieron en términos
generales con los objetivos planteados. Sin embargo, a pesar de que se había realizado una
completa tarea de investigación preliminar, según lo mencionado por Darío Olmo, esta
información no habría sido correctamente compartida, correlacionada o verificada, a la luz de los
análisis actuales, dado que se observan carencias en los informes de campo y análisis de los
restos.

228. Esta impresión fue corroborada por la persona a cargo de las exhumaciones, que mencionó la
falta de acceso a la información ante mortem, protocolos de necropsia, actas de levantamiento y
demás información que permitiera llevar a cabo una tarea más completa tanto en campo como en
laboratorio.

229. A lo anterior debe agregarse que, conforme con lo mencionado por el informe de Luis
Fondebrider, se eligieron restos en estado de incineración aunque se hallaran en diferentes
niveles de la fosa, lo cual puede considerarse como una estrategia válida, por cuanto se buscaba
dar pronta respuesta a las familias. 28 de estos restos fueron sometidos a análisis genéticos; el
“cuerpo” correspondiente al número 81, que sería el vigésimo noveno y último analizado, eran
restos mezclados de varios individuos.

230. Los cuerpos analizados en esta etapa del trabajo fueron los que se encontraban con huellas de
incineración (24) o desarticulados (4). Sin embargo, esa labor no alcanzó a cubrir la totalidad de
cuerpos incinerados, ni se analizaron en esta fase los restos de más individuos pertenecientes a
los niveles 3 y 4, por lo cual la tarea debería haberse culminado en etapas posteriores del trabajo,
lo cual no se hizo por parte del CTI.

231. La primera etapa de laboratorio permitió que la mayor parte de los restos incinerados fueran
analizados por antropólogos forenses, para luego ser enviados con fines de análisis genéticos,
lográndose que entre esos cuerpos incinerados fuera identificado el cadáver de Ana Rosa
Castiblanco, cuyo protocolo de necropsia habría sido el 3800, el cual describe mujer en estado
avanzado de embarazo, cuyo feto también se encontraba incinerado; había sido inhumada en el
cuarto nivel, esto es, el 9 de noviembre de 1985.

232. Sobre los análisis genéticos cabe remarcar que fueron realizados por tres laboratorios: el de la
Universidad de Granada, España, reconocido internacionalmente, el del Instituto de Medicina
Legal y el de la Fiscalía. Posteriormente, los resultados fueron evaluados a solicitud del equipo
forense EQUITAS, y las observaciones ofrecidas por la organización internacional Physicians for
Human Rights (PHR), establecen que los análisis cumplen con los parámetros establecidos a nivel
mundial y que las muestras encontradas en el cementerio del sur, en efecto corresponden con los
restos de Ana Rosa Castiblanco111.

233. El informe del Equipo Argentino de Antropología Forense y la consultoría solicitada por el equipo
en mención a Physicians for Human Rights, también establecen que los análisis realizados en esta
etapa por el CTI, el Instituto de Medicina Legal y la Universidad de Granada, en las diferentes
áreas, se rigieron por los protocolos internacionales y se encontraban bien hechos, confirmando
la asignación de la identidad de Ana Rosa Castiblanco, aunque no descarta, frente al protocolo de
necropsia 3800, la probabilidad de que el feto hubiera sido inhumado aparte.

234. Es importante aclarar que los estudios genéticos en el área forense, se orientan básicamente a
establecer la pertenencia de una persona a un grupo familiar, a través del análisis comparativo
con otras personas que se suponen relacionadas con el individuo que es objeto principal del
estudio y de esta forma se puede definir su identidad. También busca vincular diversos tipos de
muestras como pertenecientes o no a una misma persona de la que se ha tomado una muestra
comparativa. Como parte de los resultados, los análisis permitirán determinar el sexo pero no
podrán definir si una mujer se hallaba embarazada o no al momento de obtención de la muestra o
de la muerte. Lo anterior va en relación a las especulaciones existentes en torno a que los
resultados de identidad obtenidos para Ana Rosa Castiblanco no corresponden, porque no
mencionan que se hallaba embarazada al momento de su muerte.

235. Hasta donde sabe la CVPJ, al desarrollarse la segunda fase de análisis por parte del CTI no se logró
establecer ninguna identidad, en tanto tampoco se solicitó, al parecer, análisis genéticos, ni se
realizaron cotejos antropológico forenses, ni odontológicos u osteopatológicos con fines de
identificación; no se conoce dato alguno sobre las actuaciones realizadas en los últimos 10 años
en el tema y la información aquí consignada proviene de Carlos Valdés Moreno ex Jefe de la
División Criminalística.

236. Sin embargo, es conocido por la información emitida por los medios de comunicación, que el CTI
realizó varias inspecciones en la Escuela de Caballería en búsqueda de los desaparecidos, dados
los testimonios que aseveraban que muchos de los cuerpos se encontrarían allí, con resultados
siempre negativos.

237. Por otra parte, también era necesaria la ubicación e identificación de los cuerpos de los
guerrilleros enviados a fosa común, por cuanto sus familias tienen el derecho de inhumarlos con
arreglo a sus creencias y no puede el Estado retener el cuerpo de ningún ser humano, así haya
cometido un delito, salvo el tiempo indispensable para la inspección al cadáver, la necropsia y las
demás constataciones técnicas y precauciones sanitarias a que hubiere lugar. No es posible
desconocer los derechos de las familias a la elaboración del duelo y a la práctica de sus propios
ritos funerarios.

111 Ver traducción oficial de las conclusiones de PHR en el Capítulo VI

238. Tampoco hay justificación en el caso de René Francisco Acuña, civil cuyo cuerpo no fue devuelto a
su progenitora, permaneciendo aún sin entregar, pese a que la labor realizada por la Universidad
Nacional en la ratificación de identidad de los restos fue positiva.

Sobre las actuaciones de la Universidad Nacional de Colombia

239. Recalcando la CVPJ en la necesidad de continuar con los esfuerzos oficiales y de la sociedad toda
para lograr resultados en la búsqueda adicional de la verdad, que el caso seguirá exigiendo, ha de
ser abordado ahora el papel realizado por el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad
Nacional de Colombia.

240. Como se mencionó previamente, José Vicente Rodríguez fue nombrado asesor externo para el
caso por la División Criminalística y, como tal, prestó colaboración en especial en la etapa de
campo, durante las exhumaciones realizadas en 1998.

241. Una vez culminados los análisis por parte del CTI y dado que esa institución carece de espacios
adecuados para el almacenamiento de la totalidad de los cuerpos, la División Criminalística le
solicita al Laboratorio de Antropología Física (en adelante LAF) que mediante cadena de custodia,
los restos sean almacenados en dicho lugar.

242. Los restos permanecieron por dos años, desde 1999 hasta 2001, sin ser manipulados y después
de esta fecha el doctor Rodríguez asume la tarea de re-analizar, como parte de la labor académica
que lleva a cabo con la Especialización en Antropología Forense, los restos que le habían sido
encomendados para su guarda.

243. Esta práctica se encontraría reglamentada dentro del Capítulo II, artículo 4º acápite B, del Decreto
786 de 1990, la cual permite la realización de autopsias con fines docentes, con el objeto de
ilustrar procesos de enseñanza y aprendizaje, a lo que se suma que la labor como asesor del
profesor José Vicente Rodríguez fue continua. Fruto de dichos análisis, el doctor Rodríguez es
llamado por el Senador Antonio Navarro Wolff y el Ministerio de Justicia, al parecer previa
autorización judicial, para que efectúe la ratificación de identidad de los cadáveres de miembros
del M-19 que fueron inhumados en la fosa común del Cementerio del Sur en noviembre del 85 y
cuyos restos se encontraban en el LAF de la Universidad Nacional, así como la identificación de
aquellos que no fueron identificados en su momento.

244. Con el fin de cumplir con dichas identificaciones el doctor Rodríguez, con el apoyo de los
estudiantes de la Especialización en Antropología Forense de la Universidad Nacional, procesa la
información y analiza los restos, tratando de establecer compatibilidades entre los restos
analizados y los datos ofrecidos por el otrora M-19.

245. El LAF carece de la información relativa a los desaparecidos y su labor se centra en los
guerrilleros por re-identificar. Tampoco cuenta, como en el caso de la Fiscalía, con el total de la
información que permita abordar de manera completa cada uno de los casos analizados.

246. No obstante, la tarea realizada por la Universidad logra aciertos, que culminaron con la entrega de
algunos restos a sus deudos. El LAF acudió al método indiciario de identificación de la
reconstrucción facial, que permite reducir el universo de personas buscadas, aunque no
constituye un medio fehaciente; para el caso particular, las investigaciones realizadas por la

Universidad Nacional, buscaron ratificar la identidad de los cuerpos que contaban con una
probable identificación previamente establecida. Así, mediante las técnicas aplicadas se logró la
corroboración de la identidad de los siguientes cuerpos:

PROTOCOLO
NECRODAC- No.
NOMBRE DE
TILIA ESQUELETO
NECROPSIA
Almonacid Rodríguez William Arturo 3768 43306 56
Becerra Correa Fabio 3771 43304 61
Benavides Martinelli Diógenes Eliécer 3769 43317 57
Carvajal Barrera Jesús Antonio 3781 43295 80
Lozano Rivero Héctor Arturo 3765 43309 83 o 90
Murillo Salazar Angela María 3784 43324 60
Quiceno Acevedo Elkin de Jesús 3777 43299 71
Rodríguez Sánchez Fernando 3782 43319 66
Rueda Velasco Jesús Antonio 3772 43303 64
Sánchez Gómez Ariel 3779 43297 63

247. Cinco cadáveres fueron entregados a sus familiares: Fabio Becerra Correa, entregado el 5 de
diciembre de 2005; Ariel Sánchez Gómez, Fernando Rodríguez Sánchez y Héctor Arturo Lozano
Riveros, el 6 de junio del 2006; y Jesús Antonio Carvajal, el 6 de julio de 2006.

248. Los restos marcados con los números 35, 43, 50 y 57, culminados los estudios en la Universidad
Nacional, fueron devueltos al CTI para profundizar en los estudios antropológicos de cada uno,
para que se realizaran los respectivos análisis genéticos al tenerse indicios de su posible
correspondencia con otras víctimas. Se desconoce algún resultado.

249. Es posible colegir que los análisis realizados por la Universidad Nacional se mantuvieron dentro
de los parámetros exigidos y aunque el método de reconstrucción facial no es considerado como
fehaciente en el proceso de identificación, lo realizado se inscribe dentro de lo que se conoce
como ratificación de identidad, es decir, reafirmar una identificación posible ya realizada con
antelación, con base en la información preliminar existente, entre la que se incluyen
primordialmente las características físicas.

Análisis técnico de los incendios producidos al interior del
Palacio de Justicia y las responsabilidades institucionales
250. La Comisión de la Verdad debe reconocer que uno de los temas en los que aún persiste mayor
incertidumbre es el atinente a los incendios producidos en el interior del Palacio de Justicia.

251. En las diligencias adelantadas para tratar de establecer el origen de la conflagración, no se logró
precisar judicialmente la responsabilidad. La Comisión ha analizado el peritaje practicado por el
Instituto Nacional de Medicina Legal, la descripción técnica del proceso de incendio, la

disposición táctica de los combatientes, los antecedentes judiciales existentes y el resultado de
sus propias entrevistas, elementos con base en los cuales presenta su posición.

252. Es necesario precisar que al interior del Palacio de Justicia se presentaron tres incendios112, uno en el
sótano, fruto de las explosiones al ingreso de los guerrilleros, el cual no se propagó, como lo
corroboran los testimonios, lo cual permitió, adicionalmente, que el Ejército y la Policía realizaran la
operación de retoma; el segundo incendio se originó en el primer piso en la biblioteca de acuerdo a lo
expresado por el Mayor Carlos Fracica del Ejército Nacional, y el tercer incendio, que arrasó el
edificio, se inició en el cuarto piso según la afirmación del Capitán Wladislao Reinoso Marín, del
Ejército Nacional113. Técnicamente, los incendios fueron provocados, tal como lo manifestó el
General Félix Gallardo, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá para la época de los hechos.

253. La edificación presentaba tres factores de riesgo estructural: el factor de riesgo por ocupación,
dada la gran cantidad de personas que laboraban allí, así como las que concurrían diariamente,
aunado al desconocimiento de las características y sistemas de evacuación. El factor continente,
en razón a los materiales con los que estaban construidas las oficinas del Palacio -divisiones de
madera-, así como la altura, que dificultó la evacuación y la extinción del incendio. Y finalmente, el
factor de contenido, por los elementos más o menos inflamables como los muebles, las cortinas,
los tapetes y la papelería. De acuerdo con estos factores, el riesgo estructural del Palacio de
Justicia era extraordinario.

254. El incendio que se presentó en el cuarto piso fue de los denominados de clase A, ya que implicó
sólidos inflamables que produjeron brasas de la madera, de tejidos de las cortinas, de goma de los
tapetes, del papel de los archivos y gavetas, así como del plástico de los muebles y otros
accesorios.

255. El inicio del incendio y su continuidad, se dieron por cuatro (4) elementos necesarios:
combustible114, comburente115, calor116 y reacción en cadena117.

256. Técnicamente, el incendio se originó por la ocurrencia de fuego no controlado, que abrasó
diferentes elementos, y además afectó las estructuras y las personas que en ese momento se
encontraban dentro del Palacio de Justicia, al punto que pudo ocasionar la muerte por inhalación
de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras
graves, tal como pudo haber ocurrido con algunos cuerpos que fueron encontrados totalmente
carbonizados. En el caso de los cadáveres encontrados, como se registró anteriormente, las
autopsias no dan claridad frente a estos factores, para determinar las causas reales de la muerte.

113 Tribunal Especial de Instrucción Criminal
114 El combustible sólido o material capaz de liberar energía, cuando se quema y luego cambia o transforma su estructura

química, se relaciona con sustancias susceptibles de quemarse, que para el caso, fueron la pintura, las divisiones de madera,
las cortinas, los tapetes, el papel, los muebles y los elementos plásticos.
115 El comburente fue la sustancia que participó en la combustión oxidando al combustible; el comburente más habitual es

el oxígeno, que se encuentra normalmente en el aire con una concentración porcentual en volumen aproximado del 21%.
Para que se produjera la combustión fue necesaria la presencia de una proporción mínima de oxígeno, que por regla general
va de un 15% hasta en casos extremos de un 5%.
116 El calor que se produjo al interior del Palacio, fue un tipo de energía generada por reacciones químicas, que iniciaron la

combustión, tal como ocurrió al consumirse por el fuego todo el combustible sólido, que hacia parte de la estructura y
mobiliario del Palacio de Justicia.
117 La reacción en cadena fue una secuencia de reacciones que ocurrió por los factores de riesgo precitados y por la pequeña

tormenta ígnea, en razón al movimiento en masa del aire resultante del fuego, que creó una ignición de gran intensidad
dentro del Palacio por la altura tan amplia del área cerrada.

257. La gran cantidad de humo fue el resultado de la suspensión en el aire de pequeñas partículas
sólidas producto de la combustión del material sólido descrito; fueron cenizas y restos del
material en combustión no terminado de quemar, que por acción de su peso y un mínimo de
circulación de aire hicieron que éste se desplazara de forma visible y aérea.

258. Dada la estructura cerrada de la edificación, se pudieron presentar fenómenos especiales del
fuego, tales como: formación de la capa de techo, es decir, la acumulación de gases calientes, que
por acción del fuego y dentro del ambiente cerrado, se acumularon en las partes altas del edificio
y de esta manera los gases más calientes se desplazaron por el interior del Palacio hacia sus
techos.

259. La explosión de gases de humo con efecto reverso, llamado también Backdraft118, es un fenómeno
que ocurrió cuando el fuego necesitaba oxígeno, por lo cual la combustión cesó pero seguían
presentes gases y humo combustible con temperatura alta. Al ingresar el oxígeno cuando se voló
la puerta de la terraza y se explosionaron los vidrios por parte del Comando de Operaciones
Especiales COPES, la combustión recomenzó, dando por resultado un efecto explosivo, dado que
los gases se calientan y aumentan su volumen súbitamente, efecto que fue la base para la
explosión del humo acumulado, que a la vez causó la combustión súbita generalizada en el cuarto
piso.

260. El Flameover119 fue otro fenómeno físico-químico del fuego que se presentó al interior del Palacio
y consistió en una propagación que ocurrió a gran velocidad, a través de los techos y las paredes
que contenían elementos combustibles; las llamas en su faz de fuego, corrieron y se propagaron
por los planos altos canalizadas por los techos y paredes, y por contacto con estas superficies se
fueron calentando en un proceso pirolítico rápido.

261. El Flameover fue un serio riesgo en el incendio estructural del Palacio de Justicia, principalmente
cuando el fuego comenzó a propagarse por el interior del edificio, siendo canalizado por los
pasillos, vestíbulos y escaleras, con el agravante que estas configuraciones no contaban con
sistemas cortafuegos en su arquitectura, lo que los convirtió en sitios óptimos para que se
desarrollaran propagaciones súbitas, con una velocidad de desplazamiento tal, que una persona
evacuando a la carrera, podía ser sobrepasada rápidamente por dicho fenómeno.

262. Igualmente se presentó la combustión súbita generalizada, llamada también fenómeno
Flashover120, es decir la transición del incendio, de su fase de desarrollo a la fase de incendio
totalmente desarrollado, en la cual la liberación de energía térmica fue muy alta en función del
combustible sólido causante del mismo. Fue una combustión que afectó todo el recinto cerrado
del Palacio, en la cual todos los materiales que se encontraban en el mismo se vieron implicados
en el incendio, entrando en combustión de forma súbita y casi simultánea. En ese momento el
calor radiado, pudo alcanzar más de 600 grados centígrados y precedió los llamados Rollover o
"lenguas de fuego"; estos rollover fueron la combustión espontánea del humo que recorría
paredes, suelos y techos en el interior del recinto, fenómeno causante del desarrollo generalizado
del incendio.

118 National Fire Protecction Association y Fire Research Station UK 1993.
119 National Fire Protecction Association, Tecnicas Fog Attack o 3DWF.
120 ISO 1990 International Standars Organization y Fire Research Station UK 1993

263. El Backdraft es un fenómeno asociado a incendios con deficiencia de ventilación, evento que
ocurrió cuando se acumulaba el humo dentro del Palacio de Justicia. El fenómeno Flashover se
produce en incendios suficientemente ventilados, es decir cuando se voló la puerta y los vidrios
de la terraza, lo que generó un alto ingreso de oxígeno generalizando el incendio.

264. El informe rendido por los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal, puntualiza que se
tomaron de diferentes sitios y pisos del Palacio catorce muestras en total, entre ellas 5
correspondientes a pedazos de alfombras tomados en diferentes sitios y pisos del edificio; 4
muestras abundantes de madera quemada, carbonizada y semicalcinada, recogidas en diferentes
pisos; una muestra de material quemado, tomada de varias sillas o poltronas del Auditorio del
Palacio; una muestra tomada del suelo del cuarto piso de pedazos de vidrio de seguridad,
semifundidos por el calor del incendio; una muestra recogida del piso, de papeles quemados,
tomados al pie de un archivador destruido por el incendio, una muestra de escombros varios,
recogidos del cuarto piso, una muestra de dos frascos ampollas de vidrio, sellados, conteniendo
polvo blanco, y un frasco gotero plástico con líquidos recogidos entre el 2° y el 3° piso121.

265. El resultado de la investigación realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, estableció que
en ninguna de las muestras seleccionadas e investigadas se encontraron residuos de combustible122.

266. Sin embargo, en el caso del Palacio de Justicia, no aparecen peritajes o estudios que determinen la
composición química de las municiones que pudieran tener efectos incendiarios incidentales,
tales como municiones iluminantes, trazadoras, productoras de humo o sistemas de
señalamiento.

267. Tampoco se realizaron peritajes de las municiones concebidas para combinar efectos de
penetración, explosión o fragmentación con un efecto incendiario adicional, tales como los
proyectiles perforantes de blindaje, los proyectiles explosivos de fragmentación, las bombas
explosivas y otras municiones análogas de efectos combinados, en las que el efecto incendiario no
está específicamente concebido para causar quemaduras a las personas, sino para ser utilizado
contra instalaciones.

268. En el Palacio de Justicia los tanques dispararon granadas, los artilleros dispararon rockets y
lanzaron granadas e igualmente los ingenieros militares accionaron cargas explosivas. A su turno,
guerrilleros del M-19 lanzaron granadas y accionaron cargas explosivas.

269. Los tanques cascabel de la Escuela de Caballería que participaron e ingresaron al Palacio de
Justicia, estaban dotados con una ametralladora coaxial calibre 7.62; de 2.000 cartuchos calibre
7.62; dieciséis (16) granadas antitanques hiat antipersonal de fragmentación; dieciséis (16)
granadas he-t antitanque que pegan y rompen; seis (6) granadas smoke incendiarias; seis (6)
granadas hest, de demolición y dieciocho (18) granadas de humo; las granadas pueden ser
lanzadas únicamente por el cañón del tanque.123

270. El Ejército también empleó cargas explosivas de demolición con componente de trinitrotolueno o
TNT, para abrir brecha en las paredes y muros del Palacio de Justicia; también fue empleado el C-
4, explosivo plástico rompiente de uso militar, utilizado durante la segunda guerra mundial, el
cual tiene más capacidad explosiva que el trinitrotolueno TNT.

123 Entrevista con el juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante

271. Los tanques Cascabel que participaron en la retoma del Palacio de Justicia, portaban dentro del
armamento de dotación bombas incendiarias smoke, respecto de las cuales no se tiene
documentación que soporte su utilización y empleo, como tampoco aparece un peritazgo sobre
este tipo de granadas.

272. La afirmación del mayor Carlos Fracica Naranjo, respecto a que le lanzaron bombas molotov,
queda totalmente desvirtuada con el concepto científico del Instituto Nacional de Medicina Legal,
según el cual “en ninguna de las muestras seleccionadas e investigadas se encontraron residuos de
combustible124”.

273. Otra hipótesis consiste en que el incendio se inició antes de que entraran los militares al Palacio,
la cual se fundamenta en la humareda que se percibió como consecuencia de los incendios
producidos en la biblioteca de la Corte Suprema y en el archivo del Consejo de Estado, ocurridos
poco después del asalto guerrillero. Uno de los sustentos al respecto es la declaración del ex
Magistrado del Consejo de Estado, Samuel Buitrago Hurtado, quien en entrevista concedida a una
cadena radial el día 12 de noviembre de 2009, relató: “(…) la secretaria del mismo le dijo; “mire
doctor, mire, me decía ella y me mostraba hacia allá, y sí señoras, ví unos personajes uniformados
guerrilleros, con unos mechones prendiéndole fuego a libros y no sé si a expedientes, en todo caso a
los anaqueles, les estaban prendiendo candela (…)”.

274. Aún cuando la Comisión no duda de la veracidad de tal declaración y no descarta que el incendio
de la biblioteca se hubiese originado en la forma descrita, es claro que ni éste, ni el generado en
los parqueaderos125, fueron la causa determinante de la gran conflagración del Palacio de Justicia
producida especialmente en los pisos tercero y cuarto de la edificación, y en especial en los
costados norte y oriental de la misma; incendios respecto de los cuales no resulta convincente
que los guerrilleros hubieran decidido inmolarse.

275. Si bien en el video de la Televisión Española se aprecia una intensa humareda al poco tiempo del
asalto, no es menos cierto que ese mismo documento fílmico permite establecer con claridad que
ésta se desvanece totalmente al avanzar la tarde, lo que permite colegir que ese incendio quedó
sofocado. En cambio, se ve en el video cómo al iniciar la noche, mucho tiempo después del ingreso
de los tanques y tras las fuertes explosiones producidas al interior del palacio, se origina la gran
conflagración en los pisos superiores de la edificación y muy especialmente en los costados
oriental y norte del edificio, la cual, a las siete de la noche, se había apoderado de dichos sectores
del Templo de la Justicia.

276. Los Comandantes militares responsables del operativo de la retoma del Palacio de Justicia,
profesionalmente no supieron interpretar y dar lectura a la evolución y desarrollo del incendio,
ya que nada debió dejarse al azar o pasar desapercibido, de tal manera que se constituyó en una
omisión grave dada la condición de garantes como agentes estatales.

277. No se advierten en el “Plan de Defensa y Seguridad Interior TRICOLOR-83”, instrucciones frente a
la protección general contra los efectos de las hostilidades, tampoco medidas de precaución en el
ataque, que permitieran prever en el desarrollo táctico de las operaciones militares, actuaciones
en caso de incendio en espacios confinados. Esa deficiencia y desconocimiento en la planeación,
generó una omisión constitucional, legal, táctica y técnica que desembocó en el incendio

125 Entrevista del Comandante del Cuerpo de Bomberos con la Comisión de la Verdad.

generalizado del Palacio de Justicia y en la desprotección total de las personas que allí se
encontraban.

278. La impotencia para extinguir el incendio fue evidente, tal como se aprecia en las afirmaciones del
Comandante del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, Teniente Coronel Félix Gallardo “los bomberos
acercaron dos máquinas las cuales no pudieron operar, por la intensidad de la confrontación. Aclaro
que si fueron tres incendios, éstos fueron provocados, o si fue uno solo, se propagó, además, la
conflagración del sótano no permitía que subiera el incendio.126”

279. En las entrevistas con la Comisión de la Verdad los ex Magistrados Humberto Murcia Ballén,
Nicolás Pájaro Peñaranda y Hernando Tapias Rocha, quienes también estuvieron como rehenes
casi hasta el desenlace final, en los baños de los entrepisos, dieron cuenta que integrantes del
grupo guerrillero M-19 realizaron esfuerzos para evitar que se extendiera el incendio.

280. En síntesis, las declaraciones, peritajes y documentos militares de planeación estratégica y táctica,
sugieren que el Ejército pudo tener responsabilidad en el tercer incendio del Palacio de Justicia, el
devastador, por la falta de previsión durante la operación militar sobre los efectos del armamento
utilizado, así como por la persistencia en el uso de ciertas armas, a pesar de la evidencia del efecto
nefasto que produjo la conflagración en la edificación.

281. De otra parte, la Comisión de la Verdad no puede afirmar que existió intencionalidad en la
generación de este incendio.


VI. Las personas desaparecidas en el
Palacio de Justicia
1. Para la Comisión de la Verdad no existe duda alguna de que, en el marco de los hechos del Palacio
de Justicia, empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de
desaparición forzada. Todos ellos, indiscutiblemente, ingresaron con vida al Palacio de Justicia el
6 de noviembre de 1985 y, hasta el momento, veinticuatro años después, se desconoce su
paradero.

2. Se trata de la totalidad de los empleados de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez,
Ana Rosa Castiblanco1, Héctor Jaime Beltrán, Cristina Guarín Cortés, Bernardo Beltrán
Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes Celis y Luz Mary Portela; las visitantes
ocasionales Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo de Arias y Norma Constanza Esguerra;
y de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda.

3. Tal como lo señaló en su Informe Preliminar, la Comisión de la Verdad no considera, como
algunos lo han sugerido, que los empleados de la cafetería del Palacio pertenecieran al grupo
asaltante. Se trataba de personas jóvenes, trabajadores sencillos, en la mayoría de los casos con
hijos pequeños, con expectativas y proyectos de vida familiar y laboral definidos2.

4. A través de los años, y particularmente gracias al esfuerzo permanente de los familiares, y más
recientemente, de la labor de las autoridades judiciales, se han recopilado testimonios y
grabaciones que han permitido el reconocimiento de algunas de ellas, saliendo con vida del
Palacio de Justicia hacia la casa del Florero.

5. Tal como lo señaló la Fiscalía General de la Nación3, “[h]acia la una y media de la tarde del día 7 de
noviembre de 1985, salen varios rehenes, que continúan evacuando el Palacio de Justicia y son
llevados de manera controlada4 5 a la Casa del Museo del Florero y a las clínicas. Existen escoltas

1 Después de más de quince años de los hechos y su desaparición, fue reconocido su cadáver carbonizado, después de un
proceso de exhumación e identificación con ADN. Ver, más adelante, el análisis correspondiente.
2 Ver, más adelante en el presente capítulo, los perfiles de las víctimas desaparecidas, remitidos por sus familiares a la

Comisión de la Verdad atendiendo la invitación a honrar su memoria formulada en el mes de junio de 2009.
3 Alegatos de fondo ante el Juzgado Tercero del Circuito Especializado de Bogotá. Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte

Suprema de Justicia. Audiencia pública contra Luis Alfonso Plazas Vega. REF: Causa No. 110013107003-2008-00025-00
(1031-3), Delito: Secuestro agravado en concurso con desaparición forzada.
4 Declaración de PEDRO NEL ROMERO CALDERON folio -161 anexo 22 de Procuraduría “… El seis por la tarde unos soldados

o sub oficiales nos solicitaron a mis compañeros y a mí que cuidáramos un momento a dos muchachos que estaban allí en el
primer piso, eran delgados como de 25 a 30 a años, ambos de pelo negro, más o menos como 1.70 de estatura ambos, nosotros
no charlamos ni nada con ellos…permanecimos como quince minutos cuidándolos y regresaron otra vez los mismos soldados o
sub oficiales a seguir vigilándolos, ellos los sub oficiales nos dijeron que posiblemente esos muchachos eran guerrilleros… “En la
declaración que usted rindió ante el Juzgado 82 de Instrucción Criminal, en relación con estos mismos hechos, dijo
textualmente: “Nosotros si cuidamos la gente que según el ejército posiblemente eran guerrilleros ya que se cotejaban con unas
fotos que ellos tenían o los comprobaban, no sabía de los nombres de ellos y tampoco supe a dónde fueron llevados y a la parte
final no supe qué harían con esas personas…sí declare eso porque fue cierto, pero no me acordé de mencionarlo en esta
declaración. Los del ejército tenían unas fotos sueltas, a mi no me las mostraron, estaban encima de una mesa en el segundo
piso, vi unas cuatro fotos sobre la mesa…”
5 Declaración de HUGO AGUDELO ANEXO 51 FOLIO 379 “Cuando nosotros estábamos en el Urutú salieron 3 señoras y un

niño… no más se identificaron con la cédula que eran trabajadoras de ahí no salió más personal”. Declaración de LUIS
ANTONIO SANTANA anexo 51 folio 384-

asignados para controlar el personal que ha sido evacuado y que por alguna razón es trasladado a
los hospitales. En este grupo salen CARLOS RODRIGUEZ, IRMA FRANCO PINEDA, CRISTINA DEL
PILAR GUARIN, BERNARDO BELTRAN, DAVID SUSPES CELIZ, GLORIA ESTELLA LISARAZO, LUCY
AMPARO OVIEDO y otros”.

6. Respecto de las otras personas desaparecidas, Gloria Anzola de Lanao, Héctor Jaime Beltrán
Fuentes, Norma Constanza Esguerra Forero y Luz Mary Portela León, la Comisión no conoció
existencia de evidencia fílmica o testimonios de sobrevivientes que pusieran indicar la hora en
que estas personas salieron del Palacio, las circunstancias en que lo hicieron, o sus
desplazamientos durante la toma. Sin embargo, en la medida en que se desconoce aún su
paradero, es obvio que se consideran como desaparecidas hasta tanto se determine su destino.

7. En el caso de Irma Franco Pineda, si bien no ha sido reconocida fílmicamente por sus familiares,
múltiples testimonios afirman haberla visto durante la ocupación en el baño entre el segundo y el
tercer piso y saliendo del Palacio camuflada en el grupo de mujeres rehenes, junto con Clara
Helena Enciso, la única guerrillera que sobrevivió a la retoma. Irma Franco fue conducida junto
con los rehenes a la Casa del Florero y desde allí fue transportada por personal militar en un
vehículo, en horas de la noche, hacia un lugar no determinado. Desde entonces no se tiene
conocimiento sobre su paradero6.

8. Además de los registros visuales y los testimonios de reconocimiento, existen otros elementos
probatorios que reafirman la salida con vida de las personas desaparecidas y hacen presumir su
posterior traslado a instalaciones militares7.

9. Diversos declarantes registran la existencia de llamadas a sus residencias los días siguientes a la
toma informando o advirtiendo de la presencia de sus familiares en el Cantón Norte, así como la
transcripción de un casete, que contiene el testimonio de un grupo de soldados que habrían
participado en la operación de retoma y relatan la presencia de personas que se encontraban en
el Palacio de Justicia y estarían siendo sometidas a torturas en las instalaciones del Cantón
Norte8.

10. En relación con los testimonios, la Comisión considera relevante hacer referencia a la declaración
del señor Cesar Sánchez Cuesta, funcionario de la Alcaldía de Bogotá para la época de los hechos,
quien reconoció al señor Carlos Rodríguez ingresando a la Casa del Florero el 7 de noviembre. Al
día siguiente, en compañía del padre y de la esposa del señor Rodríguez, se desplazaron al Cantón
Norte, para indagar por la suerte del mencionado administrador.

11. Según relató el funcionario municipal, “[e]n el Cantón Norte, siempre nos trataron con evasivas y
más aún con palabras desobligantes y resolví identificarme con el carné o documento que estoy
exhibiendo, me lo retuvieron por unos momentos, aproximadamente una hora, después me lo
devolvieron y nos dijeron que ahí no había nadie, que ellos no tenían ningún retenido. Al día
siguiente, volví a indagar en el mismo lugar porque teníamos nuevamente información, aparte de la
que yo tenía de que al padre del señor Rodríguez le habían dicho que su hijo se encontraba en ese

6 SERRANO RUEDA Jaime y UPEGUI ZAPATA Carlos. INFORME SOBRE EL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA
(Noviembre 6 y 7 de 1985). Bogotá: Mayo 31 de 1986. En: Diario Oficial No. 37509 del 17 de Junio de 1986. AÑO CXXIII.
Aprobada su publicación mediante decreto No. 1917 del 17 de Junio de 1986.
7 Ver Capítulo V
8 Texto del casete allegado al Tribunal Especial de Instrucción Criminal por el doctor Carlos Arturo Guana Aguirre, asesor de

la Procuraduría General de la Nación, según constancia de 9 de enero de 1986 de la Juez Miriam González Preciado, quien
ordenó su transcripción.

lugar. A partir de esta segunda visita, comenzaron una serie de llamadas amenazantes, tanto a mi
casa, como a la oficina mía en la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde me exigían que dejara las cosas
así, o me tenía que atener a las consecuencias y que dejara de indagar por el administrador de la
cafetería. “9

12. La Comisión tuvo oportunidad de conocer las declaraciones de los familiares de Carlos
Rodríguez10, Gloria Anzola de Lanao11, Bernardo Beltrán Hernández12 y Héctor Jaime Beltrán
Fuentes13, quienes describen cómo, en los días siguientes al 7 de noviembre recibieron varias
llamadas, en ocasiones de personas anónimas y en otras que se identificaban como soldados, en
las que les decían que sus familiares –con nombre propio- se encontraban detenidos en el Cantón
Norte, estaban con vida y les pedían que fueran a buscarlos. Invariable y sistemáticamente, al
llegar al lugar recibían una respuesta negativa en relación con la presencia de sus familiares en
tales instalaciones.

13. Cabe recordar, como se señaló anteriormente, que varias personas que salieron del Palacio hacia
la Casa del Florero fueron conducidas al Cantón Norte o al Batallón Charry Solano14, después de
su ingreso como especiales al Museo y de no haber sido registradas en la lista de personas
liberadas del Palacio. En no pocos casos, además de la detención arbitraria fueron sometidas a
malos tratos e incluso a torturas, antes de ser puestas en libertad, generalmente por la mediación
de alguien conocido y con influencia que logró interceder en su favor ante las autoridades
militares.15

14. Respecto de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda, su hermano Jorge Franco, en entrevista
con la Comisión de la Verdad relató que recibió una llamada del entonces Mayor de la Policía
Félix Gallardo, amigo de su familia, quien le informó que había visto a su hermana ilesa en el
segundo piso de la Casa del Florero y le advirtió que debían prepararse para el proceso jurídico.
Sin embargo, y a pesar de todas las pesquisas en diferentes instalaciones militares, nunca fue
reconocida su detención ni determinado su paradero.

La tesis del Tribunal Especial de Instrucción

15. El Tribunal Especial de Instrucción creado por el Gobierno una semana después de los hechos del
Palacio, presentó seis meses después “los resultados de la investigación, advirtiendo que la etapa de
instrucción no está agotada, que se debe continuar la actuación para esclarecer los hechos, apreciación
que dejamos a consideración de los jueces competentes, a quienes al final de cuentas, corresponde
cerrar o no la investigación“.

16. Afirmaron los dos miembros del Tribunal que “[t]enemos conciencia de que no nos corresponde la
calificación de las infracciones cometidas, y que como inicialmente lo dijimos, no podemos cumplir

9 Declaración rendida ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia el 19 de septiembre de 2007.
10 Declaración de CECILIA SATURIA CABRERA GUERRA (esposa de CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ administrador de la
cafetería. Declaración del 25 de noviembre de 1985 (anexo 3 caja No. 4 de I.P 070 folios 96-99)
11 Declaración de OSCAR ENRIQUE ANZOLA MORA hermano de GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO, (folios 12-16 del anexo

22 de la I.P. 070 Inspección Judicial a la Procuraduría General de la Nación caja No. 6).
12 DECLARACIÓN DE SANDRA BELTRÁN HERNÁNDEZ, rendida el 25 de agosto del 2006.
13 DECLARACIÓN DE MARIO DAVID BELTRÁN FUENTES, rendida el 10 de abril del 2006.
14 Ver Capítulo V
15 Como ejemplo se pueden citar los casos de Yolanda Matson y Eduardo Santodomingo o el del grupo de conductores entre

quienes se encontraba el señor Cantor, que trabajaba con el Consejero Jaime Betancur. Ver Capítulo V

ningún acto de la esfera de juzgamiento. Por consiguiente, las conclusiones o resultados se concretan a
los hechos, situaciones y comportamientos evidenciados. La evaluación que hacemos se refiere a la fase
instructiva. Sin embargo, cumplimos el deber de presentar los resultados de la investigación, para los
fines a que haya lugar, con nuestras personales apreciaciones, absteniéndonos -lo repetimos- de hacer
pronunciamiento propios de los jueces del conocimiento”16. Una de las conclusiones más polémicas de
su informe se refiere a la hipótesis sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia.

17. En efecto, la conclusión decimoséptima del Tribunal Especial establece que “Carlos Augusto
Rodríguez, Cristina Guarín Cortés, David Suspes Celis, Luz Mary Portela León, Bernardo Beltrán
Hernández, Héctor Jaime Beltrán y Gloria Stella Lizarazo 17, integraban el personal que atendía el
servicio de la cafetería en el Palacio de Justicia. La señorita Norma Constanza Esguerra, proveedora de
pasteles del establecimiento, entró a la cafetería momentos antes de iniciarse la toma del edificio. La
doctora Gloria Anzola de Lanao y la señorita Lucy Amparo Oviedo, habían ingresado en el curso de la
mañana y ellas, como los demás mencionados, se consideraron desaparecidos porque sus cadáveres no
fueron identificados, en caso de haber muerto, ni han aparecido con vida luego de la recuperación del
Palacio. El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir en que tales
personas fallecieron en el 4º piso, a donde fueron conducidas como rehenes en los primeros momentos
de los sucesos”18.

18. La Comisión de la Verdad no comparte la tesis del Tribunal Especial, instancia que para llegar a la
conclusión antes transcrita tuvo como fundamento los testimonios que señalaban que la cafetería
fue dominada completamente por los guerrilleros al inicio de la toma, sumado al hecho de que se
encontraron tortas o pasteles procedentes de los suministros llevados por Norma Constanza
Esguerra en el corredor de la tercera planta, el cual fue denominado por el Tribunal como el “natural
camino entre la cafetería y el cuarto piso”. Asimismo, consideró el Tribunal como prueba, que fueron
encontrados objetos personales de la señora Esguerra cerca de uno de los cuerpos hallados en el
cuarto piso. Otras consideraciones se refieren al número de cadáveres aparecidos en el cuarto piso;
al hecho de que el plan general de la guerrilla conducía a concentrar rehenes en el cuarto piso; y a la
falta de no denuncia de otras desapariciones en el marco de la toma del Palacio de Justicia19.

19. Uno de los integrantes del Tribunal Especial, el doctor Carlos Emilio Upegui Zapata, declaró ante la
Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en 2006, al ser preguntado sobre su
participación en la investigación con respecto de los desaparecidos del Palacio de Justicia que:

“En este punto fue muy difícil hacer la investigación y me atengo a lo que esté en el informe.
Personalmente recuerdo que en las escalas del piso tercero del Palacio de Justicia que estaba
quemado había una torta de comer y había unos elementos y viandas que al parecer las estaban
subiendo a los Magistrados y a los rehenes pero no más. Si yo puedo decir sobre qué impresión me
dio a la gente que estaba en este establecimiento la cafetería es que una parte de los que estaban en
la cafetería del Palacio de Justicia salió y otros sin saber integrado por cuantos corrió la suerte de
los Magistrados como rehenes que fueron. Lo que ocurre es que con la acción de retoma del edificio

16 SERRANO RUEDA Jaime y UPEGUI ZAPATA Carlos. Óp. cit.
17 Al parecer el Tribunal Especial de Instrucción olvida mencionar a Ana Rosa Castiblanco en la conclusión de su
investigación aunque sí es nombrada y reconocida como desaparecida en el cuerpo del informe, al referirse a las personas
que trabajaban en la cafetería y que constituyen el primer grupo de desaparecidos, junto con las tres visitantes ocasionales
del Palacio.

muchas cosas se alteraron en los propósitos de guerrilleros, de Magistrados y de todo mundo porque
cuando entró el tanque entró disparando y eso lo reporta lo que estuvieron allí eso fue tremendo. 20”

20. La hipótesis del Tribunal, según la cual todas las personas desaparecidas fueron llevadas al cuarto
piso, donde fallecieron, no responde a la realidad integral de los hechos, como se ha demostrado a lo
largo de los años y como resultado de las evidencias. La Comisión analizará brevemente los
argumentos en los que se basó el Tribunal para arribar a dicha conclusión.

21. En primer lugar, como lo señaló la Comisión de la Verdad en su Informe Preliminar, “es bastante
improbable que estos empleados durante el asalto hubieren subido a otros pisos del edificio porque
la salida era más expedita por el primero, lugar de la cafetería, rápidamente capturado por el
Ejército y por ello gran número de personas fue liberado por él, además de que quien osara ascender
quedaba atrapado por la construcción misma del edificio y era altamente riesgoso hacerlo dado el
intenso fuego cruzado que se registraba en los otros niveles de la edificación”.

22. En este mismo sentido, también la Fiscalía cuestiona la hipótesis del desplazamiento al cuarto piso
de las personas desaparecidas, sobre la base de la existencia de testimonios que demuestran que no
todas las personas que se ubicaban en pisos donde la guerrilla estuvo o controló, fueron dirigidas al
cuarto piso21.

23. En cuanto al caso de Norma Constanza Esguerra y al hecho de que objetos personales encontrados
en el cuarto piso fueron reconocidos por familiares como suyos, el Juzgado 30 de Instrucción
Criminal Ambulante, dentro de la investigación sobre la suerte de los desaparecidos realizó una
Diligencia de exhibición de fotografías, prendas, objetos y documentos de cadáveres de personas
muertas en desarrollo de los hechos investigados, el 12 de enero de 1988.

24. En dicha diligencia, tras el reconocimiento de los objetos, manifestó la señora Elvira Forero de
Esguerra:

“’la pulsera es de mi hija y el collar o las pepas del collar eran seis, era una grande y cinco más
pequeñas, pertenecían a mi hija Norma Constanza Esguerra, sobre esto no tengo ninguna duda (…)’
Ante lo anterior se procede a buscar en el cuaderno de actas de levantamiento la número 1171 y
efectivamente corresponde al cadáver calcinado de una mujer no identificada dentro del acta de
levantamiento ni en el protocolo de necropsia, pero posteriormente al verificar en el cuaderno original
No. 9 del Juzgado 23 de Instrucción Criminal, se observa que se efectuó un reconocimiento de prendas
(…) manifestando que corresponde al cadáver del Dr. Pedro Elías Serrano Abadía y que el
reconocimiento lo hace por un reloj (…).Sobre el particular deja constancia el Juzgado que el sexo no
sólo fue establecido en el acta de levantamiento sino también en la necropsia por parte del Patólogo
Forense y que al enumerar los objetos que le fueron encontrados al cadáver en el acta de
levantamiento, no se hace ninguna mención del reloj Citizen que menciona el acta de reconocimiento y
que sirvió de base para reconocer el cadáver del Dr. Pedro Elías Serrano Abadía.”

25. Lo anterior significa que un cadáver de sexo femenino, que eventualmente podría corresponder al
cuerpo de Norma Constanza Esguerra, fue entregado a los familiares del Magistrado Pedro Elías

20 Declaración rendida el 30 de agosto de 2006. Folios 241 a 248, Cuaderno 6 original. Proceso penal contra el Coronel Luis
Alfonso Plazas Vega.
21 Tal es el caso, según lo plantea la Fiscalía General de la Nación, de Blanca Inés Amaya Díaz, que estuvo en la oficina 104 del

Palacio hasta las cinco de la tarde; Carlos Serrano que se mantuvo en la biblioteca del primer piso hasta que fue controlado por el
ejército; y el caso de seis conductores (Pedro Antonio Nieto Vargas, Luis Alberto Nossa y José Díaz Suarez, entre otros) que
salieron del sótano de la edificación en horas de la mañana del 7 de noviembre21.

Serrano Abadía22. Con ésta información, en el calificatorio del mérito del sumario, el 31 de enero de
1989 el Juzgado 30 afirmó la existencia de una gran probabilidad de que los restos entregados a la
familia Serrano, correspondieran a los de Norma Constanza Esguerra Forero, por lo que estimó que
ella “perdería su condición de desaparecida”23.

26. En la medida en que no ha existido una identificación positiva y científica que confirme si esos restos
femeninos efectivamente correspondían a Norma Constanza Esguerra, a través de medios técnicos y
de una posterior declaración judicial en tal sentido, la Comisión de la Verdad carece del grado de
certeza en este caso, aun cuando el hecho de no aparecer sus restos mortales y el examen
sistemático de los hechos del Palacio, no permiten descartar su desaparición.

27. Algunos afirman que por el número de cadáveres hallados en el cuarto piso, quienes figuran como
desaparecidos fallecieron en ese lugar. La debilidad de esta hipótesis reside en que fue
prácticamente imposible determinar con certeza el número de personas que murieron en el cuarto
piso, tanto por las protuberantes fallas en el manejo de la escena del crimen como por las
dificultades derivadas del estado de calcinación de los cuerpos para efectos de identificación.
Adicionalmente, no todos los cuerpos carbonizados necesariamente corresponden a personas que se
encontraban en el cuarto piso24, por lo que los cálculos que se derivan de tal presunción, carecen de
certeza.

28. Finalmente, respecto de la explicación de no existir evidencia de la evacuación de estas personas,
considera la Comisión, en primer lugar, que son múltiples y contundentes los elementos de
convicción sobre la salida con vida del Palacio de las personas desaparecidas. Además, frente al
argumento de que otros rehenes no mencionaron a los empleados de la cafetería como presentes en
la toma, la Comisión considera que se trata de un argumento insubstancial, por dos razones
fundamentales: de una parte, la presunción de que los funcionarios del Palacio conocieran a todas las
personas que trabajaban en la cafetería y a los visitantes ocasionales, es improbable,
particularmente tratándose de quienes laboraban al interior de la cocina, quienes además, en
algunos casos, llevaban poco tiempo en el cargo25.Y en segundo término, en una situación tan crítica
y extrema como la que se vivió en el Palacio de Justicia, difícilmente las personas podían registrar y
recordar claramente la presencia de otros rehenes, aún en el evento de encontrarse en el mismo
espacio físico.

29. El resultado de las investigaciones y evidencias recogidas en el decurso de estos 24 años y la
fragilidad misma de los fundamentos que originaron las hipótesis iniciales, descartan la
afirmación de que no existen desaparecidos.

22 Para una explicación detallada, Ver capítulo V.
23 Juzgado 30, Pág. 65.
24 Existen al menos tres casos de cadáveres carbonizados encontrados en pisos diferentes al cuarto: María Teresa Barrios,

Jaime Alberto Córdoba, N.N. femenino; así como personas que aparecen en el Informe del Tribunal como fallecidas en el
cuarto piso, cuyos protocolos de necropsia, por el estado de los cuerpos y las causas de muerte, evidencian que éstas no
ocurrieron allí. Ver Capítulo V.
25 Ana Rosa Castiblanco era la auxiliar del Chef; Cristina del Pilar Guarín llevaba 36 días trabajando como cajera de la

cafetería, en reemplazo de Cecilia Cabrera quien estaba en licencia de maternidad; Gloria Stella Lizarazo trabajaba en el
autoservicio; Luz Mery Portela estaba reemplazando a su madre enferma en el platero, y llevaba 7 días trabajando en el
Palacio; David Suspes Celis era el chef.

El caso de Ana Rosa Castiblanco Torres

30. Al término de los hechos del Palacio26, durante el mes de noviembre de 1985 fueron inhumados 36
cuerpos en una fosa común en el cementerio del Sur. Uno de esos cuerpos, inhumado el 9 de
noviembre de 1985, correspondiente al protocolo de necropsia 3800, describe a una mujer no
identificada, calcinada, en estado de embarazo, cuyo feto se encontraba igualmente incinerado.

31. En las exhumaciones y los análisis de identificación acompañados por el Equipo Argentino de
Antropología Forense en 1998 y 1999, y tras la realización de pruebas genéticas, se concluyó en
junio de 2001, 16 años después de los hechos, que el cuerpo referenciado correspondía al de Ana
Rosa Castiblanco Torres.

32. Los análisis genéticos fueron realizados por tres laboratorios: el Laboratorio de Identificación
Genética de la Universidad de Granada en España, el Laboratorio del Instituto de Medicina Legal y
el de la Fiscalía General de la Nación.

33. Posteriormente, los resultados de estos análisis fueron evaluados por la organización
internacional Physicians for Human Rights (PHR), que estableció el 19 de noviembre de 2008 que
los análisis cumplen con los parámetros establecidos en protocolos internacionales sobre
identificación genética y que, en consecuencia, las muestras encontradas en el cementerio del Sur,
en efecto corresponden a los restos de Ana Rosa Castiblanco.

34. En traducción oficial solicitada por la Comisión de la Verdad, el informe de PHR expone tres
conclusiones principales:

 “No se identificaron nuevas potenciales coincidencias entre los restos humanos y las referencias
familiares en base en los perfiles reportados.
 Basado en los perfiles reportados, aparece que la coincidencia entre la supuesta madre e hijo de
Ana Rosa Castiblanco y los restos de la exhumación #70 es correcta.
 Varios alelos nucleares y haplotipos mitocondriales estadísticamente infrecuentes podrían ser
indicativos de errores de transcripción y/o contaminación. Al practicar el análisis sobre estos
perfiles con y sin esos alelos infrecuentes, no hubo impacto sobre las identificaciones reportadas
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.”

35. En relación con las especulaciones existentes en torno a que los resultados de identidad
obtenidos no correspondían a Ana Rosa Castiblanco porque no menciona su estado de embarazo
al momento de su muerte o la presencia de un feto, ello se explica científicamente con los
siguientes argumentos: en primera medida, la ausencia del feto en el cuerpo la explica el mismo
Protocolo de Necropsia 3800 que menciona la presencia de un feto carbonizado, lo cual generaría
que de conservarse restos del mismo, éstos estarían en pésimo estado. Sin embargo, tampoco se
descarta la posibilidad de que el feto fuera extraído para ser inhumado aparte, sobre lo que no
existe documentación que permita sustentar lo mencionado.

26 Ver Capítulo V

36. Por otra parte, respecto a la no determinación del estado de gravidez de Ana Rosa Castiblanco en
el resultado de los análisis, es importante aclarar éstos jamás permitirán definir si una mujer se
halla embarazada al momento de obtención de la muestra o de su muerte. Los estudios genéticos
en el área forense se orientan básicamente a establecer la pertenencia de una persona a un grupo
familiar, a través del análisis comparativo con otras personas que se suponen relacionadas con el
individuo que es objeto principal del estudio. El estudio está encaminado a definir la identidad de
la persona. También busca vincular diversos tipos de muestras como pertenecientes o no, a una
misma persona de la que se ha tomado previamente una muestra comparativa. Luego no se
puede esperar más de los exámenes genéticos de lo que están en condición de aportar.

37. Ana Rosa Castiblanco estuvo desaparecida por 16 años, hasta que sus restos fueron entregados a
su hijo, Raúl Oswaldo Lozano Castiblanco, el 2 de noviembre de 200127.

38. La Comisión de la Verdad considera incuestionable que Ana Rosa Castiblanco fue una de las
personas desaparecidas del Palacio de Justicia, durante el período en el que no existió certeza
alguna acerca de las circunstancias de su fallecimiento. Así lo reconoció el Consejo de Estado,
cuando en sentencia del 2 de diciembre de 1996, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo ordenó a la Nación indemnizar a la familia Castiblanco por su desaparición,
basados en el reconocimiento de que la mujer se encontraba desaparecida y que había existido
falla del servicio28.

39. La falla se dio en tres niveles, primero en la no prevención de la toma. Segundo, en el erróneo
manejo de los cuerpos. Y tercero, en el tratamiento de las personas que fueron retenidas por las
fuerzas militares y de policía cuando salían del Palacio. Si una de estas fallas no se hubiera dado,
muchas personas que hoy están desaparecidas no sufrirían tal condición: si se hubiera prevenido
la toma del Palacio con el conocimiento que se tenía de la inminencia del ataque; si se hubiera
hecho un buen manejo de la escena del crimen y una adecuada identificación de los cadáveres; si
no se hubiera retenido arbitrariamente a un número desconocido de personas, lo cierto es que la
historia habría sido otra y mucho sufrimiento se habría evitado.

El drama y la lucha solitaria de las familias de los
desaparecidos: víctimas de los hechos del Palacio

40. Las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia29 desde que ocurrieron los hechos, han
tocado puertas, escrito cartas a todas las autoridades nacionales e internacionales y apelado a la
solidaridad de la sociedad que, indiferente, mira de lejos la tragedia de sus compatriotas. La
respuesta, durante años, fue la estigmatización y la incredulidad frente a sus reclamos.

41. El Estado, con excepción de la jurisdicción contencioso administrativa y, recientemente, con el
impulso de los procesos penales, no les ha dado una respuesta eficaz en materia de verdad, justicia y
reparación moral y las probabilidades de que los familiares de los desaparecidos reciban los restos
de sus seres queridos, parece cada vez más remota.

27 Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, Acta de entrega de los restos óseos identificados por la división de
criminalística del C.T.I como correspondientes a la Señora Ana Rosa Castiblanco. Víctima del holocausto del Palacio de Justicia
el 06 de noviembre de 1095. Proceso 4119. Bogotá, 2 de noviembre de 2001.
28 Consejero ponente: Daniel Suárez Hernández, expediente No. 11798, Actor: María Inés Castiblanco Torres. Demandado:

La Nación, Mindefensa, Policía Nacional y Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia.
29 Ver Introducción, sobre la condición de víctimas de los familiares.

42. La Comisión de la Verdad, en desarrollo de su mandato, ha promovido el acercamiento con los
diferentes sectores de víctimas y familiares, combatiendo la discriminación que los familiares de
los desaparecidos han sufrido, especialmente, durante más de dos décadas y protegiendo la
diversidad de las víctimas de los hechos del Palacio. En todos los escenarios y pronunciamientos
de la Comisión se ha dado un trato igualitario a todas las víctimas de los hechos del Palacio de
Justicia y ello se refleja igualmente en el presente Informe Final.

43. Como ya lo expresó la Comisión de la Verdad30, con el propósito de rendir un homenaje a las
víctimas del Palacio –a todas las personas fallecidas, desaparecidas, sobrevivientes y sus
familiares- al recoger con sus propias palabras la recuperación de la memoria de las víctimas,
formuló una invitación abierta en el mes de junio de 2009, que fue publicada en su página web y
en el periódico El Tiempo, el 31 de agosto de 200931.

44. Los familiares de las personas desaparecidas, atendiendo la invitación de la Comisión, entregaron
en un acto privado el 14 de septiembre de 2009 a la Comisión de la Verdad una comunicación
junto con los escritos y las fotografías que se incluyen en un Suplemento como un homenaje para
dignificar la memoria de sus seres queridos y agradecer el valioso aporte de sus parientes al
esclarecimiento de la verdad sobre los hechos.

30Ibíd.
31A través de su página web (www.verdadpalacio.org.co) y de una publicación en el periódico El Tiempo el 31 de agosto de
2009.

VII. Procesos adelantados en relación con
los hechos del Palacio de Justicia

Jurisdicción penal
1. El Gobierno Nacional, a través del Decreto 3300 del 13 de noviembre de 1985, en desarrollo de
las facultades extraordinarias derivadas de la declaratoria de estado de sitio1, creó un Tribunal
Especial de Instrucción integrado por dos Magistrados elegidos por la Corte Suprema de Justicia,
encargado de investigar los delitos cometidos con ocasión de la toma violenta del Palacio de
Justicia de Bogotá, durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

2. Este Tribunal, conforme al Decreto 3300, contaba con todas las facultades que las normas
vigentes asignaban en materia de instrucción criminal y tenía a su disposición los Jueces de
Instrucción que requiriera para desarrollar las investigaciones necesarias a lo largo del territorio
nacional, durante un período máximo de tres meses contados desde la fecha de posesión de los
Magistrados, prorrogable hasta por 15 días más.

3. La Corte Suprema de Justicia en el fallo de exequibilidad del Decreto comentado precisó el alcance
del trabajo que desarrollaría este Tribunal ad-hoc, el cual sólo ejercería “funciones de instrucción
pero más que todo de dirección y coordinación de los jueces de Instrucción, quienes realmente son
los que llevarán a cabo las tareas investigativas dentro del marco legal ordinario, es decir, del C. de
P. P.”2 En este sentido, el resultado de las actividades desplegadas por el Tribunal “no terminan
con una decisión de fondo o fallo de mérito en que se determinen responsabilidades, sino
simplemente con un informe, el cual ‘se enviará a los Jueces competentes para lo de su cargo’, bien
sea que dichos jueces pertenezcan a la jurisdicción ordinaria, Penal Militar o Especial, en el caso de
los altos funcionarios del Estado, puesto que no se le atribuye al Tribunal competencia alguna para
conocer y decidir sobre los delitos investigados.”3

4. Los Magistrados designados fueron los doctores Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata
quienes presentaron su informe el 31 de mayo de 1986, el cual fue publicado por decisión del
Ejecutivo en el Diario Oficial del 17 de junio del mismo año. La investigación se adelantó con la
colaboración de los Juzgados 9, 23, 27, 30, 35, 41, 77, 82 y 89 de Instrucción Criminal Ambulante,
y las principales conclusiones plasmadas en el informe determinaron la responsabilidad única y
exclusiva del M-19 en el ataque y ocupación del Palacio de Justicia, y por ende la ausencia de
responsabilidad, tanto del Presidente, como de los mandos militares que asumieron la dirección
del operativo castrense.

5. No obstante lo anterior, en el informe se afirma que durante las investigaciones se establecieron
“conductas irregulares que deben ser esclarecidas plenamente, ellas evidencian procederes
individuales, aislados, ejecutados por fuera de las órdenes superiores impartidas, ajenas a la

1 Mediante Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República.
2 Sentencia 31 del 8 de mayo de 1986, Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente: Jairo E. Duque Pérez.
3 Ibíd.

institución militar. Deben ser, en consecuencia, materia de especial averiguación en cuanto puedan
constituir infracciones de índole penal”. Los comportamientos denominados como irregulares
consistían en hechos que podían llegar a constituir conductas punibles como desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales y torturas, las cuales, según el Tribunal correspondían a
“conductas ajenas a la institución militar”. Sin embargo, las investigaciones fueron remitidas al
conocimiento de la justicia penal militar4.

6. Los resultados de la investigación del Tribunal Especial, a pesar de haber contado con importante
material probatorio no condujo al esclarecimiento de eventos claves, tales como las
circunstancias en que murieron aproximadamente 30 personas en el cuarto piso del Palacio de
Justicia5, o la determinación de las causas del incendio6.

7. Además, a pesar de que el doctor Enrique Rodríguez, padre de Carlos Augusto Rodríguez Vera,
administrador de la cafetería del Palacio, denunció por escrito ante el Tribunal Especial de
Instrucción Criminal la información que le suministró un oficial de inteligencia militar acerca de
torturas a su hijo en la Escuela de Caballería, así como de las protestas de un sargento de la policía
por el trato que les estaban dando a los empleados de la cafetería, ni siquiera fue llamado a
ampliar su denuncia.7

8. Ante estos vacíos investigativos y la naturaleza propia del Tribunal, este órgano determinó con
claridad el alcance de sus conclusiones, las cuales en ningún momento gozaban de carácter
definitivo: “Presentamos los resultados de la investigación, advirtiendo que la etapa de instrucción
no está agotada, que se debe continuar la actuación para esclarecer los hechos, apreciación que
dejamos a consideración de los jueces competentes, a quienes al final de cuentas, corresponde cerrar
o no la investigación.”8

9. Y agregaron los Magistrados que “Tenemos conciencia de que no nos corresponde la calificación de
las infracciones cometidas, y que como inicialmente lo dijimos, no podemos cumplir ningún acto de
la esfera de juzgamiento. Por consiguiente, las conclusiones o resultados se concretan a los hechos,
situaciones y comportamientos evidenciados. La evaluación que hacemos se refiere a la fase
instructiva. Sin embargo, cumplimos el deber de presentar los resultados de la investigación, para
los fines a que haya lugar, con nuestras personales apreciaciones, absteniéndonos -lo repetimos- de
hacer pronunciamiento propios de los jueces del conocimiento”.

4 Conclusión Decimocuarta del Informe del Tribunal Especial de Instrucción sobre el Holocausto del Palacio de Justicia.
5 “El fuego se desató con mayor fuerza en el ala oriental del cuarto piso, impidiendo la salida de todas las personas que se
encontraban en las oficina de ese sector. Infortunadamente los desesperados ruegos de Reyes Echandía no se escucharon más,
se confundieron con el furor de las llamas. Y con él desaparecieron los ocho Magistrados que lo acompañaban y los demás
rehenes. La misma suerte corrieron el Comandante Otero y los otros insurgentes. Todo quedó en el misterio del fuego. Los
autores de este informe no se aventuran a señalar las verdaderas causas de la muerte de los rehenes y guerrilleros. No se sabe
quiénes alcanzaron a morir antes del fuego ni qué pudo haber originado su muerte, pues, no escapó una sola persona de ese
piso, que pueda ofrecer alguna versión y en el proceso tampoco aparecen referencias de testigos que hayan podido observar a
distancia, el desenvolvimiento de los hechos o haber escuchado gritos de auxilios, lamentos u otras exclamaciones en algún
sentido.” Informe del Tribunal Especial de Instrucción sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, SERRANO y UPEGUI. Óp.
cit.
6 “La investigación se orientó, naturalmente, a indagar las causas del incendio y su autoría. Hasta ahora, no ha sido posible

ninguna comprobación sobre el particular. Lo cierto fue que hubo varios, a distintas horas y en diferentes sitios, los cuales se
produjeron durante los dos días de la toma del edificio, siendo naturalmente el peor, el que se presentó el miércoles seis en las
horas de la noche.” Informe del Tribunal Especial de Instrucción sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, SERRANO y
UPEGUI. Óp. cit.
8 Informe del Tribunal Especial de Instrucción sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, SERRANO y UPEGUI. Óp. cit.

10. Con posterioridad a la presentación de dicho Informe, las investigaciones en la jurisdicción penal
ordinaria fueron reasumidas principalmente por el Juzgado 14 Superior de Bogotá, despacho que
comisionó en junio de 1987 al Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante de Bogotá para
adelantar la instrucción.

11. El Juzgado 30, el 31 de enero de 1989, calificó el mérito del sumario y profirió resolución
acusatoria en contra de Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso Hernández9; los miembros del
mando central del M-19: Carlos Pizarro León Gómez y Antonio José Navarro Wolff; los miembros
del comando superior del M-19: Germán Rojas Niño, Marco Antonio Chalita Valenzuela, José Otty
Patiño Hormaza, Vera Grabe Leovenherz, Libardo Parra Vargas, Israel Santamaría Rendón y
Rosemberg Pabón Pabón; los miembros de la dirección nacional del M-19 Jesús Arjaid
Artunduaga Rodríguez, Evert Bustamante García, Rafael Arteaga Giraldo, José Yamel Riaño,
Afranio Parra Guzmán, Remberto Artunduaga Palomares, Gerardo Ardila Serrano, Rafael Ernesto
Vergara Navarro, Carlos Augusto Erazo Murcia, Eduardo Chávez López, Jaime Bermeo Cruz, Alix
María Salazar Salazar, Gustavo Francisco Petro Urrego, María Rosalba Vásquez Martínez, todos
ellos como autores del delito de rebelión y coautores de los hechos punibles de homicidio,
tentativa de homicidio y secuestro.

12. Asimismo, reabrió investigación respecto de Jairo Peña Cabrera, Manuel Alberto Casanova
Guzmán, Rafael Jaime Navarro Wolff, Ariel Sánchez Gómez, Guillermo Elvencio Ruiz Gómez, Luis
Francisco Otero Cifuentes, Blanca Inés Chavarro Rozo, Fabio Alejandro Mariño Vargas, Amalia
Sossa Sierra, Hugo Cenén Mariño Vargas, Alfonso Alberto Jacquim Gutiérrez, Ligia Vasquéz
Garzón, Mónica Molina Beltrán, Javier Ulpiano Varela Polanía, Olga Lucía Chavarro Rozo, Antonio
José Sánchez Castellanos, con el fin de determinar su participación en los hechos y su condición
de muertos o supérstites.

13. Dispuso también compulsar copias al CTI para precisar las identidades de las siguientes personas:
Pedro Pacheco, José Domingo Gómez Castiblanco, Marcela Sossa, Alvear Cerón, Silvia González,
Anai Ulcue, Nelson Otero, Salvador Erazo, Darío Carvajal, Rubén Paredes, Ciro Palomino, Salomón,
Mario Santander, Gustavo Pedraza, María Samper, Micaela Rendón, Mario Palau, Andrea Gómez,
Nicolás Pérez, Carlos Erazo, Fernando Sánchez, Alberto Velásquez, Otto Estrada, Felipe Camargo,
Elías Pérez, Roberto Polanía, Mauricio Velásquez, Aníbal Guerrero y Patricia Rojas.

14. Adicionalmente, el Juzgado 30 compulsó copias ante el Reparto de los Juzgados de Instrucción
Criminal para que se investigue la conducta de Jorge Arturo Sarria Cobo en los hechos del Palacio
de Justicia, y además por el atentado y las amenazas de que fue víctima.

15. El Juzgado 30, en la resolución comentada, compulsó asimismo copias con destino a la Corte
Suprema de Justicia para que se investigara la conducta del Director General de la Policía
Nacional Víctor Alberto Delgado Mallarino, ya que para el despacho, así como para el agente del
Ministerio Público se debía investigar el posible “desacato” en que habría incurrido el General en
relación con la orden del Consejo de Ministros de suspender el operativo del cuarto piso,
desplegado en las horas de la tarde del día 6 de noviembre.

16. Del mismo modo, se compulsaron copias a la jurisdicción penal ordinaria para que se adelantara
investigación por la “presunta responsabilidad de las Fuerzas Armadas” por las siguientes
situaciones irregulares: (i) la captura y posterior desaparición de dos guerrilleras, (ii) las torturas

9 También cómplice del delito de falsedad.

de que fueron objeto los dos estudiantes del Externado, (iii) los hechos del cuarto piso, (iv) los
hechos del baño.

17. Para el Juzgado 30, la competencia para investigar estas conductas irregulares era de la justicia
ordinaria debido a que tales conductas “constituyen presuntos hechos punibles, cometidos por los
militares, no como un comportamiento aislado e individual, sino invocando, en forma ilegítima, el
ejercicio ‘institucional’ de la función militar, desbordando injusta y desproporcionadamente el celoso
confín de la Constitución y las leyes. Todo acto ilegal (e ilegítimo, como en nuestro caso) que en sus
móviles o en su forma exceda clara y abiertamente la legalidad del servicio, o sea el nexo honesta y
auténticamente causal, entraña, en consecuencia, un abuso o desviación de poder
constitucionalmente ajeno al fuero militar que debe ser juzgado por la justicia ordinaria”10.

18. En cuanto al proceso en contra del General Delgado Mallarino, el cual debía ser adelantado por la
Corte Suprema de Justicia en razón del fuero especial que le asistía por su cargo, mediante
providencia del 7 de febrero de 1991 del alto Tribunal se decretó la cesación de procedimiento
ocasionada en la prescripción de la acción penal respectiva.

19. Respecto a la resolución acusatoria en contra de miembros del M-19, debe mencionarse que la
Ley 77 de 1989 autorizó al Presidente para conceder indultos a los nacionales colombianos,
autores o cómplices de delitos políticos tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición y
asonada y los delitos conexos con los anteriores.

20. En desarrollo de esta norma, aquellos miembros que conformaban la dirección del M-19, y contra
quienes pesaba la resolución de acusación proferida por el Juzgado 30 solicitaron la cesación del
procedimiento, decisión que se adoptaba previo estudio individual de cada caso por parte de la
Sala Penal del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial o el Tribunal de Orden Público.

21. Posteriormente, un Juzgado de Orden Público ordenó la reapertura del caso mediante decisión
del 15 de mayo de 1992. En esta oportunidad, la Juez consideró que el delito de rebelión que
había sido objeto de cesación de procedimiento no podía subsumir el de terrorismo. Recordó que
los guerrilleros entraron al Palacio asesinando a sangre fría a los celadores de vigilancia privada y
al administrador del edificio, y estos hechos no se podían considerar actos de combate. También
estimó que el incendio constituía un acto de ferocidad y barbarie que no se podía subsumir en la
rebelión.

22. El gobierno del Presidente Gaviria envió una carta al Procurador Carlos Gustavo Arrieta
señalando que las personas beneficiadas con el indulto, la cesación de procedimiento o el auto
inhibitorio decretados en el desarrollo de esa ley, no podían ser procesadas ni juzgadas por los
mismos hechos que originaron su otorgamiento.11

23. Luego, el 7 de julio de 1992, fue promulgada la Ley 7ª de julio 3 de 1992, cuyo artículo único
establece lo siguiente: “Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en una ley que decrete amnistía,
faculte al Gobierno para conceder indultos o prevea la cesación de procedimiento en desarrollo de
una política de reconciliación, se hubiere ordenado la cesación de procedimiento, habrá lugar en
cualquier estado del proceso a la aplicación plena de los principios de favorabilidad y cosa juzgada.
Así mismo, se agotará el ejercicio de la acción penal respecto de las personas beneficiadas frente a

10 Juzgado 30 de Instrucción Criminal, citando a Carlos Jiménez Gómez, Una Procuraduría de Opinión, 1986, p.123

todos los hechos objeto de la misma y si fuere procedente se ordenará el archivo del expediente”. Fue
así como se cerró este nuevo proceso, en el marco del proceso de paz adelantado con el M-19.

24. No obstante que desde la constitución del Tribunal Especial de Instrucción, en el mes de
noviembre de 1985, los familiares de al menos 11 desaparecidos acudieron a diferentes
despachos judiciales con el fin de esclarecer lo sucedido con sus parientes, solamente hasta el año
2001 la Fiscalía General de la Nación abrió investigación por la desaparición forzada de tales
personas. En desarrollo de estas diligencias fueron identificados los despojos mortales de la
señora Ana Rosa Castiblanco, luego de la exhumación de los restos inhumados en fosa común
ubicada en el cementerio del sur.

25. En un principio esta investigación estuvo a cargo de los fiscales de la Unidad Nacional contra el
Terrorismo, y con posterioridad mediante Resolución 3660 del 5 de octubre de 2005 del Fiscal
General de la Nación varió la asignación de la investigación y fue asignada a la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

26. Después, “atendiendo al impacto, la especialidad y complejidad que registra el tema objeto de
investigación y con el propósito de brindar eficacia, prontitud y celeridad en la administración de
justicia”12, el Fiscal General Mario Iguarán, mediante Resolución 3954 del 25 de noviembre de
2005 designó a la doctora Ángela María Buitrago Ruiz, Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia para que “adelante la investigación y actúe como sujeto procesal ante el Juez
competente si llegare a formular escrito de acusación contra los posibles responsables dentro de la
investigación penal iniciada con ocasión del Holocausto del Palacio de Justicia ocurrido el 6 y 7 de
noviembre de 1985.”13

27. En cumplimiento de dicha providencia, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia el 28 de septiembre de 2007 profirió Resolución de acusación en contra de los siguientes
oficiales del Ejército en retiro: coronel Edilberto Sánchez Rubiano14, capitán Oscar William
Vásquez Rodríguez, sargento viceprimero Luis Fernando Nieto Velandia, sargento viceprimero
Ferney Ulmardin Causaya y sargento segundo Antonio Rubay Jiménez Gómez15 como coautores
de los delitos de secuestro agravado en concurso con desaparición forzada agravada en las
personas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán
Hernández, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela de León, Norma
Constanza Esguerra, Gloria Anzola de Lanao, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Irma Franco Pineda y
Lucy Amparo Oviedo.

28. En esta decisión también se ordenó la investigación de la participación que pudieron tener en los
hechos de desaparición de estas personas, los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Rafael
Samudio Molina, y se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes para investigar la participación del entonces presidente de la República, Belisario
Betancur Cuartas.

12 Resolución 3954 del 25 de noviembre de 2005 de la Fiscalía General de la Nación.
13 Ibíd.
14 La resolución de acusación de la Fiscalía Cuarta Delegada aclara que en relación con el coronel retirado Edilberto Sánchez

Rubiano no se imputa la desaparición forzada de Irma Franco Pineda debido a que esta conducta fue objeto de estudio por
parte de la justicia penal militar, en la cual se decretó la cesación de procedimiento. Ver, infra, Jurisdicción Penal Militar.
15 El numeral tercero de la resolución de acusación ordenaba mantener la medida de aseguramiento en contra de todos los

procesados.

29. Por los mismos hechos, la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió
resoluciones de acusación en contra de los oficiales del Ejército en retiro Coronel Luis Alfonso
Plazas Vega -con fecha 11 de febrero de 2008-, General Iván Ramírez Quintero, Coronel Fernando
Blanco Gómez y Sargento Gustavo Arévalo –con fecha 20 de enero de 2009-, General Jesús
Armando Arias Cabrales –con fecha 9 de marzo de 2009- y precluyó la investigación a favor del
General retirado Rafael Samudio Molina.

30. Como se interpuso recurso de apelación por los militares retirados encartados, con excepción del
Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, en contra de las resoluciones de acusación correspondientes, el
juicio que actualmente se está adelantando con ocasión de las denuncias de los familiares de los
desaparecidos está radicado en dos despachos judiciales diferentes por razones de competencia.

31. Así, el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Bogotá asumió las diligencias en
contra del Coronel Plazas, en razón de la imputación de secuestro en concurso con desaparición
forzada. Por su parte, los juicios en contra del otro grupo de militares en retiro se adelantan en el
Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, despacho competente para conocer de la acusación por
desaparición forzada agravada, según la decisión de segunda instancia.16 Esta situación procesal
fue conocida por la Corte Suprema de Justicia debido a una colisión negativa de competencia, y
mediante decisión del 8 de octubre de 2008 se confirmó la procedencia del adelantamiento de los
procesos en dos despachos diferentes17.

32. Frente a las diligencias que se vienen adelantando en el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, a
cargo de la doctora Cristina Trejos, debe señalarse que el 30 de octubre de 2008 se concedió la
libertad a Edilberto Sánchez Rubiano, Oscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto
Velandia, Ferney Ulmardin Causaya y Antonio Rubay Jiménez Gómez, debido al vencimiento de
términos, y actualmente se están desarrollando diferentes actividades probatorias en el marco de
la fase de juicio.

33. Por su parte, en el proceso adelantado por la Juez Tercera Penal Especializada del Circuito de
Bogotá, doctora María Stella Jara, se presentó, en enero de 2009, una colisión positiva de
competencias entre la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria.

16 El despacho del Vicefiscal General de la Nación mediante decisión del 25 de marzo de 2008 se pronunció sobre la
inexistencia de concursos de tipos penales, entre otros motivos de inconformidad por parte de la defensa de los acusados, y
decidió aclarar la resolución de acusación afirmando que únicamente procedía por el delito de desaparición forzada
agravada. Esta decisión se produjo en el caso de Edilberto Sánchez Rubiano, Oscar William Vásquez Rodríguez, Luis
Fernando Nieto Velandia, Ferney Ulmardin Causaya y Antonio Rubay Jiménez Gómez. Asimismo hicieron uso del recurso de
apelación en contra de la resolución de acusación los otros procesados, con excepción de Luis Alfonso Plazas Vega, tal y
como se mencionó previamente.
17 “En efecto, como hecho cumplido debe tomarse en consideración que si bien en la fase instructiva se adelantó, en principio,

por una misma cuerda la investigación correspondiente a la desaparición de varias personas durante la llamada Toma del
Palacio de Justicia, ocurrida los días 5 y 6 de noviembre de 1985, esa unidad investigativa se desnaturalizó por ocasión del
cierre parcial efectuado respecto de los acusados que ahora nos ocupan, a favor de los cuales la segunda instancia de la Fiscalía
eliminó el delito concurrente de Secuestro simple agravado, dejando únicamente vigente la conducta punible de Desaparición
forzada. Ya rota legalmente la unidad procesal es claro que en la actualidad se adelantan dos procesos diferentes respecto de
los mismos hechos, pues, después de que se acusara a los aquí vinculados, la Fiscalía profirió resolución de acusación en contra
del Coronel retirado LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, por los delitos de Desaparición forzada y Secuestro simple agravado, en
decisión ejecutoriada ya. Es claro, así, que no sólo se encuentran en la fase del juicio dos procesos distintos, así exista conexidad
sustancial entre ellos, sino que la competencia opera diversa, esto es, conforme el contenido de la resolución de acusación, la
justicia especializada, en razón del Secuestro simple anejo a la Desaparición forzada, asume la etapa del juicio que se busca
seguir contra el Coronel PLAZAS VEGA, y a la ordinaria le compete esa misma labor respecto de EDILBERTO SÁNCHEZ
RUBIANO y otros.” Colisión de Competencias No. 30.650 del 8 de octubre de 2008, Magistrado Ponente: Sigifredo Espinosa
Pérez, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia.

34. Esta colisión fue resuelta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, despacho que mediante fallo de febrero de 2009 resolvió asignar la competencia para
conocer del asunto a la jurisdicción ordinaria, basado entre otras, en las siguientes
consideraciones:

“En estas condiciones, las violaciones graves a los derechos humanos o al derecho internacional
humanitario, de que da cuenta la resolución de acusación, respaldada en las pruebas que conforman
el proceso respecto de la desaparición de las once personas que salieron del Palacio de Justicia entre
el 6 y 7 de noviembre de 1985, son indicativas que son ajenas al servicio, pues de ninguna manera
podrá afirmarse que en estos casos la Fuerza Pública está realizando un fin constitucionalmente
legítimo, por lo que no pueden quedar amparadas por el fuero militar. Vistas así las cosas, no hay
una relación directa y clara entre el servicio y las conductas que se atribuyen al Coronel Plazas Vega,
por lo que habiendo la Fiscalía determinado que en calidad de Comandante de la Unidad Táctica y
Escuela de Caballería, dispuso que se realizaran interrogatorios, a los liberados – rehenes y
subversivos – y su traslado a las instalaciones de la Escuela, existía una competencia funcional sobre
la tropa para enfrentar la grave violación de los derechos fundamentales de las personas que fueron
llevadas al área reservada del B2 en las instalaciones de la Escuela de Caballería, por lo que no
podrá sostenerse que hay una relación directa con el servicio. Como se viene sosteniendo con los
secuestros agravados y las desapariciones forzadas, no solo se violó de manera flagrante el deber de
respeto por la dignidad humana de once personas, sino que se vulneraron los principios
fundamentales del orden constitucional, cuya preservación estaban en cabeza del hoy acusado, de
ahí que se insista que no puede sostenerse la existencia de relación alguna con el servicio, y en tales
circunstancias la competencia es de la jurisdicción ordinaria”.

35. De conformidad con esta decisión, el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Bogotá,
prosiguió en el desarrollo de las diligencias, hasta el mes de septiembre de 2009, cuando finalizó
la presentación de los alegatos finales de los sujetos procesales.

36. A la fecha de la entrega del presente Informe, se está a la espera de la sentencia que determine la
responsabilidad penal del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, la cual no es materia de
elucidación por parte de esta Comisión.

Jurisdicción penal militar
37. No obstante haber compulsado copias el Juzgado 30 de Instrucción Criminal hacia la jurisdicción
ordinaria con el fin de adelantar las investigaciones necesarias para determinar la legalidad de las
actuaciones de la Fuerza Pública en la operación militar desplegada en el Palacio de Justicia, el
conocimiento de las mismas finalmente se atribuyó a la jurisdicción penal militar.

38. Específicamente, la investigación se encaminó en contra del General Jesús Armando Arias
Cabrales por los sucesos del cuarto piso y del baño ubicado entre el segundo y el tercer nivel, y en
contra del Coronel Edilberto Sánchez Rubiano por los tratos crueles a dos estudiantes del
Externado, Eduardo Matson y Yolanda Ernestina Santodomingo, así como por la desaparición de
Clara Elena Enciso e Irma Franco, guerrilleras del M 19.

39. El 12 de mayo de 1992, el juez de primera instancia decidió cesar todo procedimiento penal
contra el General Arias, haciéndose esta pregunta: “¿se requiere otra demostración más clara sobre
la consecuencia de órdenes por la cadena de mando y del permanente conocimiento del desenlace de

los hechos por el alto gobierno?”. Seguidamente justificó el uso de artillería pesada así: “algunos
cañones de los equipos blindados fueron dirigidos a la fachada de la construcción con el propósito de
buscar salida al humo y a los gases que por efecto de la conflagración se concentraron en el interior
de la edificación, esto para evitar el sofocamiento de las personas que se encontraban en el recinto y
uno más de manera táctica contra el muro del interior con miras a ganarle una posición al enemigo.
Los rockets y explosivos fueron utilizados por personal experto con el objeto de llegar a mejores
posiciones y replegar al reducto guerrillero y lograr la evacuación sin lesionar con ello a los
rehenes.”

40. Igual suerte corrió el Coronel Sánchez Rubiano, porque con relación a las torturas a los
estudiantes, pues de acuerdo con el criterio del juez penal militar, él no había sido el autor,
además que a la fecha ya había prescrito la acción penal; y por las desapariciones de las
guerrilleras, la providencia indicó que la de Clara Elena Enciso no se había dado porque ella
apareció viva en México, y respecto de la de Irma Franco no había pruebas de que el Coronel
hubiera intervenido en ella.18

41. Esta cesación de procedimiento fue ratificada por la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Militares, mediante decisión del 27 de junio de 1994, y en tal sentido determinó que no
existía mérito para la convocatoria de un consejo verbal de guerra para juzgar la conducta del
General Jesús Armando Arias Cabrales, sindicado por los delitos de homicidio y lesiones
personales, según hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la recuperación
del edificio del Palacio de Justicia.

42. La decisión se fundamentó en un análisis de la operación militar, la cual según el fallador se
ejecutó en cumplimiento de la orden presidencial de rescatar el Palacio de Justicia protegiendo la
vida de los rehenes, y se atribuyó la muerte de algunos a las actuaciones de los guerrilleros.
Además la decisión hizo referencia a la ausencia de pruebas que demostraran la responsabilidad
de los militares por las conductas imputadas. Los anteriores planteamientos fueron reafirmados
mediante el fallo del 3 de octubre de 1994 del Tribunal Superior Militar.

43. La Comisión en este acápite también desea hacer mención del proceso adelantado en la
jurisdicción penal militar con ocasión de la denuncia instaurada por el doctor Yesid Reyes
Alvarado, hijo del fallecido Magistrado Alfonso Reyes Echandía, por el delito de falsedad
ideológica en documento público en contra de los Tenientes Coroneles de la Policía Nacional
Pedro Antonio Herrera Miranda y Javier Arbeláez Muñoz.

44. Esta denuncia se basó en la inconsistencia contenida en los informes presentados por estos dos
funcionarios el día 12 de noviembre de 1985 al Comandante del Departamento de Policía de
Bogotá, en los cuales afirmaban que el Presidente de la Corte Suprema, doctor Alfonso Reyes
Echandía durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 1985 se reunió con cada uno de
ellos para solicitar el retiro de la protección de las instalaciones del Palacio de Justicia. La
inconsistencia se refería a la imposibilidad física de este encuentro, debido a que Reyes Echandía
el día 31 de octubre se trasladó a la ciudad de Bucaramanga.

45. Mediante fallo de primera instancia del señor Inspector General de la Policía Nacional del 4 de
noviembre de 1986 se declaró la inexistencia de mérito para convocar Consejo de Guerra Verbal
contra los coroneles de la Policía Herrera Miranda y Arbeláez Muñoz. Esta decisión fue


confirmada por el Tribunal Superior Militar el 30 de marzo de 1987, y en tal oportunidad el
Tribunal afirmó que existían testimonios de personas que vieron reunidos al doctor Reyes
Echandía con el Coronel Herrera Miranda en el Palacio, y que tal encuentro “bien pudo ser el 31 de
octubre de 1985” debido a que el viaje del doctor Reyes se produjo en horas de la tarde. Sumado a
lo anterior ese despachó calificó de comentarios personales aquellas versiones juramentadas de
diferentes personas para quienes era improbable que el Presidente de la Corte hubiera querido
que se retirara la vigilancia del Palacio de Justicia.

46. Del mismo modo el Tribunal Superior Militar indicó que “seguramente retirar el servicio policial
de vigilancia del Palacio de Justicia tuvo, necesariamente, que obedecer a una causa, y ella no podría
ser otra –o por lo menos no aparece una distinta en el proceso- que el descontento de los
Magistrados de la Corte y Consejeros de Estado no propiamente por lo torpe de la misma, sino por lo
rigurosa, como que con la requisa y seguramente alguna pequeña demora en ver de establecer
condiciones de seguridad, se estaba velando por la integridad de la Justicia colombiana y de los
integrantes de los más altos tribunales, la que se vio vulnerada, precisamente, cuando ya se conoció
que se carecía de esa seguridad que resultaba ‘mal necesario’”.

Procesos disciplinarios
47. Los procesos disciplinarios adelantados por la Procuraduría General de la Nación concernientes a
lo sucedido en el Palacio de Justicia pueden ser agrupados, para efectos descriptivos, de la
siguiente forma: un primer grupo de procesos que examinaron las conductas asumidas por los
militares implicados en la operación de recuperación del Palacio, y un segundo grupo de procesos
que versaron sobre actuaciones previas o posteriores que incidieron en los sucesos de los días 6 y
7 de noviembre, y en las investigaciones judiciales posteriores de tales hechos.

48. En el primer grupo de procesos disciplinarios se encuentra la averiguación disciplinaria
adelantada en contra del Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, en su condición de comandante del
B-2 de la Décima Tercera Brigada de Bogotá y del General Jesús Armando Arias Cabrales,
comandante de esta Brigada. Como resultado de esta investigación el Procurador Delegado para
las Fuerzas Militares, José Plinio Rodríguez, emitió la Resolución 404 de 1990 a través de la cual
se sancionó disciplinariamente a los dos oficiales con solicitud de destitución.

49. La conducta objeto de recriminación endilgada al Coronel Sánchez Rubiano fue la desaparición de
Irma Franco Pineda, debido a que “su capacidad funcional y condición de comandante de
inteligencia en estos episodios lo vinculan indefectiblemente con este hecho reprochable.”19 En
cuanto al General Arias Cabrales, la sanción se originó porque en el operativo militar no se
adoptaron las medidas necesarias “tendientes a proteger la vida de los rehenes civiles indefensos,
ajenos al conflicto, sobreponiendo su seguridad física por encima del sometimiento del grupo
guerrillero”20.

50. En esta averiguación también se estudió la eventual responsabilidad disciplinaria del Coronel
Sánchez Rubiano por los malos tratos físicos y de palabra y el despojo de las pertenencias a los
estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia, Eduardo Arturo Matson Ospina
y Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, arrojando como resultado la absolución por estos
hechos al Coronel y remitiendo copias para investigar la conducta del oficial Fernando Blanco

19 Resolución 404 del 28 de septiembre de 1990. Procurador Delegado para las Fuerzas Militares.
20 Ibíd.

Gómez en su condición de Segundo Comandante del Batallón de Inteligencia “Charry Solano” para
la época de los hechos, por la presunta retención arbitraria, malos tratos físicos y de palabra
dados a estos dos estudiantes. La Resolución 404 de 1990 fue confirmada mediante la Resolución
438 del 24 de octubre de 1990.

51. La destitución del General Arias Cabrales se hizo efectiva mediante Decreto 731 de 199421. Este
acto administrativo expedido por el Presidente de la República, así como el Decreto 1374 del 30
de junio de 1994, mediante el cual resolvió no reponer el precitado Decreto 731 de 1994, fueron
objeto de acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el General Arias
Cabrales.

52. La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de primer
grado, el 8 de agosto de 2001, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda ya que declaró la
nulidad de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó la
cancelación de la anotación de la sanción de destitución en la hoja de vida del actor, pero negó la
condena al pago de los perjuicios solicitados. Este fallo fue apelado tanto por el General Arias
como por la Procuraduría General de la Nación, y fue confirmado por la Sección Segunda del
Consejo de Estado por medio del pronunciamiento del 11 de febrero de 2005.

53. Esta última decisión fue ratificada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado el pasado 15 de abril de 2008, al resolver el recurso extraordinario de súplica
formulado por la Procuraduría General de la Nación. Una de las principales razones que sustentó
el recurso de súplica consistió en la falta de aplicación del artículo 3° común a los cuatro
Convenios de Ginebra, aprobados mediante la Ley 5 de 1960. Para la Sala Plena este cargo era
improcedente debido a que exigía una nueva valoración de los medios de prueba acopiados en el
expediente. Esta decisión únicamente tuvo un salvamento de voto por parte del Consejero de
Estado Rafael Ostau de Lafont Pianeta, en el cual plasmó los siguientes planteamientos:

“En cuanto a esas apreciaciones de la situación procesal dada en el recurso, estimó que no
corresponden a la realidad de la misma por cuanto es un hecho notorio, y por consiguiente no se
requiere de prueba alguna, que fue desproporcionada la actividad militar y policiva que se desplegó
bajo la dirección o mando del General Jesús María Arias Cabrales para la retoma del Palacio de
Justicia en los infaustos y bárbaros acontecimientos originados por la incursión violenta y armada
del grupo guerrillero denominado M-19 en las instalaciones de ese recinto que albergaba las altas
cortes de la Rama Judicial, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Igualmente, es un hecho notorio, y por ende no requiere de prueba alguna, que dentro de esa
actividad el General Arias Cabrales no dispuso las medidas necesarias para proteger a los civiles que
se encontraron atrapados en la confrontación armada de las fuerzas regulares del Estado con el
grupo guerrillero que tenía tomadas los recintos del Palacio de Justicia, ni siquiera a todos los que
fueron rescatados con vida.

En efecto, la fuerza que se utilizó por la tropa militar y policial fue desmedida, toda vez que el fuego
empleado para la retoma fue excesivo en volumen, intensidad y grosor del calibre, así como

21El Ministro de Defensa de la época, Rafael Pardo, envió una comunicación al entonces Procurador, Carlos Gustavo Arrieta
Padilla, expresando el acatamiento de la decisión de destitución “pues corresponde a una decisión emanada de autoridad
competente”, sin perjuicio de lo cual señaló a continuación en detalle “algunos puntos que reflejan no solo la inconformidad
del Ministerio con la citada decisión, sino la de la Institución Armada en su conjunto”.

indiscriminado, en todo lo cual se puso en riesgo grave e inminente la vida e integridad física de los
rehenes y demás civiles que quedaron encerrados en la edificación.

Es un hecho igualmente notorio que muchos de los civiles que fallecieron en el interior del Palacio,
en su gran mayoría fueron víctimas del fuego cruzado, incluso de grueso calibre.”

54. El otro proceso disciplinario que se enmarca en las decisiones relativas al manejo de la operación
militar por parte de los oficiales militares y de Policía, consiste en la investigación desarrollada
por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional en contra del General Delgado Mallarino en
su calidad de director general de la Policía Nacional, principalmente por su decisión de no
suspender el operativo desplegado en la terraza, sobre el cuarto piso, a cuya realización se
opusieron varios miembros del gabinete. Esta investigación culminó con la exoneración
disciplinaria del General (r) Víctor Alberto Delgado Mallarino decretada mediante acto
administrativo del 31 de octubre de 1990. En este acto se incluyen las siguientes consideraciones:

“Importante es resaltar que el pliego de cargos expresa que el General Delgado Mallarino hizo caso
omiso del acuerdo en el sentido de suspender el operativo, pero probado está que dicho acuerdo no
lo hubo, sólo fueron sugerencias que en ningún momento se plasmaron en una orden por quien legal
e inconstitucionalmente (sic) debía impartirla del tan mencionado operativo del cuarto piso, ya
quedó dilucidado que él fue ordenado por Delgado Mallarino desde su Despacho de Director General
de la Policía, pero éste quedó subordinado al entrar en ejecución el plan operacional, y por ello la
dirección, ejecución y finalización de la misión encomendada al grupo GOES-COPES se cumplió
dentro del operativo militar y bajo la dirección y mando de quien lo comandaba, esto es el Brigadier
General Jesús Armando Arias Cabrales. (…) No puede atribuirse el resultado final de los trágicos
hechos a la acción únicamente del Grupo Especializado GOES-COPES, porque todo queda englobado,
cobijado con el Operativo Militar puesto en marcha cuyo mando como tantas veces se ha dicho y que
probado está, estuvo bajo las directas órdenes del Brigadier General ARIAS CABRALES. Así las cosas
y quedando establecido quien fue el directo Comandante del operativo militar sólo puede concluirse
que el único interés del General Delgado Mallarino fue el de colaborar directamente en él, cumplir
las órdenes que fueron impartidas, sin que se interpusieran intereses personales que desviaran su
“ineludible deber” de cumplir como subordinado que era.”

55. En el segundo grupo de procesos disciplinarios se encuentran las diligencias impulsadas por la
Procuraduría Delegada para la Policía Nacional en contra del Teniente Coronel Javier Arbeláez
Muñoz y del Teniente Coronel Pedro Antonio Herrera Miranda por el retiro del sistema de
protección que venía siendo prestado por la Policía Nacional en las instalaciones del Palacio de
Justicia.

56. La Delegada exoneró de responsabilidad disciplinaria al Teniente Coronel Herrera Miranda, halló
responsable al Teniente Coronel Arbeláez y resolvió sancionarlo con solicitud de destitución, por
medio de providencia del 21 de septiembre de 1988. Para el despacho, Javier Arbeláez Muñoz
contaba con jurisdicción y autoridad para tomar cualquier decisión relacionada con la protección
del Palacio.

57. El otro proceso que hace parte de este conjunto, es el adelantado en contra de los doctores Carlos
Darío Morales y Roberto Rodríguez, en su condición de Jueces 78 y 86 de Instrucción Penal
Militar, adscritos al Departamento de Policía Nacional. La averiguación se adelantó por las
presuntas irregularidades cometidas por estos jueces, en relación con la identificación y con las
órdenes de inhumación de restos humanos correspondientes a los hechos del Palacio de Justicia.
Básicamente los cargos apuntaban a demostrar que estos funcionarios no contaban con

competencia para el adelantamiento de tales diligencias, ya que al momento de dictar tales
órdenes no habían iniciado instrucción en relación con los hechos del Palacio de Justicia.

58. La decisión de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, de fecha 15 de mayo de 1989,
fue la de absolver a estos dos funcionarios, aduciendo, principalmente, que la orden de
inhumación impartida se enmarcaba en la etapa de “diligencias previas” de la investigación penal,
y que ésta tuvo como fundamento razones de orden público, pues se comprobó la existencia de un
plan de los subversivos de tomarse las instalaciones de Medicina Legal. Sumado a lo anterior,
para el fallador la mayoría de restos inhumados en fosa común no podían ser identificados por su
avanzado estado de calcinación.

Comisión de Acusación – Cámara de Representantes
59. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se ha pronunciado en dos ocasiones
sobre la eventual responsabilidad del Presidente Belisario Betancur por el manejo que se dio a la
toma del Palacio de Justicia. La primera decisión se produjo por la denuncia presentada por el
Procurador General de la Nación y otros ciudadanos.

60. La denuncia se dirigía en contra del Presidente de la República, Belisario Betancur, y su Ministro
de Defensa, General Miguel Vega Uribe, por el manejo y solución dados a la toma del Palacio de
Justicia. Para el Procurador General la operación militar debió ejecutarse con observancia de los
artículos 3 y 4 del Convenio IV de Ginebra y por ende el rescate de las instalaciones físicas del
edificio debió realizarse en condiciones de máxima seguridad para los civiles. Además el
Procurador reclamaba la aplicación del Derecho de Gentes, en los términos del artículo 121 de la
Constitución Política de 1886. Para el Procurador “la situación de los civiles en los conflictos
armados constituye una limitación propia del derecho de guerra y demuestra que por el hecho bélico
nadie adquiere poderes ilimitados”.

61. La Comisión de Acusación el 18 de julio de 1986 aprobó la ponencia presentado por los
representantes a la Cámara Carlos Mauro Hoyos Jiménez, Horacio Serpa Uribe y Darío Alberto
Ordóñez Ortega mediante la cual se ordenó el archivo del expediente por no encontrar violatorias
de norma alguna las conductas desplegadas por el señor Presidente y su Ministro de Defensa.
Para los congresistas la decisión de no negociar adoptada por el Presidente constituía un típico
acto de gobierno, con el cual se podía estar o no de acuerdo, mas no podía ser objeto de
calificación penal porque fue un “acto propio de sus funciones, una decisión gubernamental,
asumida de buena fe, en el entendido de estar favoreciendo los altos intereses de la Patria, cuestión
que nadie, ni siquiera los más encarnizados enemigos de la forma como se trató el asunto del Palacio
de Justicia, han puesto en duda”.

62. El 3 de diciembre de 1986 el doctor Juan Manuel López Caballero y otros ciudadanos instauraron
denuncia en contra del ex Presidente Belisario Betancur, y sus ministros de Gobierno, Justicia y
Defensa por los hechos acaecidos el 6 y 7 de noviembre de 1985. Los principales hechos que
fundamentaron la denuncia del doctor López Caballero fueron las siguientes: (i) El gobierno sin
hacer ninguna evaluación del riesgo que corrían los civiles, ordenó la toma a sangre y fuego del
Palacio, (ii) el gobierno no realizó ningún programa de acción que tuviera como objetivo el
preservar la vida de los civiles atrapados por la guerrilla, (iii) el ataque por medio de rockets causó
el incendio donde probablemente murieron varios de los civiles inocentes atrapados en la batalla y
donde se destruyeron buena parte de los archivos del Consejo y de la Corte (iv) a pesar de que era
evidente que el ataque estaba produciendo e iba a producir más muertos y heridos en la población

inocente el Gobierno decidió no suspenderlo, (iv)Las fuerzas oficiales, con la complicidad del silencio
del Gobierno, impidieron las diferentes oportunidades de mediación que se presentaron destinados
únicamente a preservar la vida de los inocentes involucrados en estos acontecimientos22.

63. Esta denuncia también fue archivada por parte de la Comisión de Acusación el 18 de julio de 1990
previa ponencia de los representantes Carlos Espinosa Facio Lince, Carlos Pineda Chillán y
Hernán Motta Motta, la cual argumentó que la dirección del operativo militar estuvo a cargo del
General Arias Cabrales, quien sería el encargado de responder ante la justicia ordinaria sobre los
excesos, desafueros y anomalías que hayan podido presentarse durante el desarrollo de las
operaciones.

Jurisdicción contencioso administrativa
64. La jurisdicción contencioso administrativa, particularmente la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha sido la instancia judicial que se ha pronunciado en un mayor número de ocasiones
sobre los hechos del Palacio de Justicia. Es así como la Comisión de la Verdad tuvo acceso
aproximadamente a 25 sentencias proferidas por esa Sección mediante las cuales se declaró la
responsabilidad administrativa de la Nación colombiana representada en el Ministerio de
Defensa. Como consecuencia de estas declaraciones fueron indemnizados un promedio de 60
grupos familiares, entre los cuales se destacan familiares de desaparecidos, de fallecidos, así como
sobrevivientes y damnificados.

65. El argumento central que fundamentó esta declaración de responsabilidad estatal se ha replicado
en la mayoría de sentencias, y consiste en la existencia de una falla del servicio atribuible a la
fuerza pública en relación con los sucesos del Palacio de Justicia, la cual se presentó por partida
doble.

66. En primer lugar, la falla del servicio se materializó al suprimir la vigilancia en las instalaciones del
Palacio de Justicia a pesar de que se conocían las amenazas contra los funcionarios judiciales y la
intención de ocupar el Palacio de Justicia. En segundo lugar, el Consejo de Estado determinó que
“también obró equivocadamente la fuerza pública al intentar la recuperación del Palacio de Justicia,
operativo que se caracterizó por la desorganización, la improvisación, el desorden y anarquía de las
Fuerzas Armadas que intervinieron, la ausencia de voluntad para rescatar sanos y salvos a los
rehenes, todo esto con el desconocimiento absoluto de los más elementales Derechos Humanos y
principios básicos del Derecho de Gentes.”23

67. Ahora bien, las sentencias comentadas también se pronunciaron sobre la constante alegación de
los apoderados de las entidades públicas demandadas dirigida a demostrar que en los hechos del
Palacio de Justicia los daños que sufrieron las víctimas no son imputables al Estado colombiano,

22LÓPEZ CABALLERO, Juan Manuel. Óp. cit., p. 16
23 Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-, Bogotá, D. E.,
agosto 19 de 1994. Consejero ponente: Daniel Suárez Hernández. Referencia: Expediente Nº. 9276. Actor: Susana Becerra
de Medellín y otros. Este argumento también se reproduce, entre otras, en las siguientes sentencias del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-, Bogotá, D. E. febrero 16 de 1995 Consejero ponente: Juan de Dios
Montes Hernández. Referencia: Expediente Nº. 8966. Actor: Luis Guillermo Correa Cadavid y otros, febrero 16 de 1995
Consejero ponente: Juan de Dios Montes Hernández. Referencia: Expediente Nº. 9040. Actor: Edgar Ricardo Cediel Moscoso,
junio 27 de 1995 Consejero ponente: Juan de Dios Montes Hernández. Referencia: Expediente Nº. 9266. Actor: Carmen Elisa
Gnecco y otros, marzo 29 de 1996 Consejero ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros. Referencia: Expediente Nº. 10920.
Actor: Efrén Asnoraldo Angulo Preciado y otros. En la Bibliografía incluida al final del presente Informe, se incluye una
relación de todos los fallos contencioso administrativos consultados por la CVPJ.

sino a un tercero, el M-19. Frente a este razonamiento, las sentencias citadas han acogido el
siguiente planteamiento:

“Para la Sala resulta equivocado el criterio del apoderado de la Nación, y así lo considera, por
cuanto es incontrovertible que si el Gobierno hubiese tomado las medidas requeridas para lograr
una efectiva y real custodia de los Magistrados y una adecuada vigilancia del Palacio de Justicia, o si
el manejo táctico-militar hubiera sido más humano, más lógico y medianamente razonable, otras
seguramente hubieran sido las consecuencias, no sólo con respecto a los guerrilleros ocupantes, sino,
especialmente, con relación a las víctimas civiles fallecidas en tan cruento y absurdo episodio.

Es cierto que el hecho del tercero, constituye causal exonerativa de responsabilidad estatal, en tanto
que ese tercero no dependa de la propia administración y además que el hecho aludido sea causa
exclusiva o determinante del daño. En el caso bajo estudio considera la Sala que fue decisiva la
contribución de las autoridades gubernamentales a la ocurrencia del daño, por causa precisamente
de la falla del servicio anteriormente establecida. Fueron tales autoridades quienes con su
negligente y omisiva conducta dieron lugar, o por lo menos facilitaron la ocupación del Palacio de
Justicia, pues conociendo de antemano que existían amenazas no sólo contra la vida e integridad de
los Magistrados, sino de ocupación por parte del M-19 de la edificación, a pesar de estar en
capacidad de evitar la anunciada toma, ninguna medida preventiva ordinaria tomaron, mucho
menos extraordinaria, como lo exigía la situación. Esa contribución estatal traducida en la falla del
servicio que le permitió al M-19 tomarse el Palacio de Justicia es la que hace recaer la
responsabilidad exclusivamente sobre la Nación y desautoriza la eximente alegada como medio de
interrumpir o romper el nexo de causalidad entre la falla de la administración y el daño ocasionado.
Se recuerda que el hecho del tercero para valer como causal exonerativa de responsabilidad debía
de ser, en el sub-júdice, irresistible e imprevisible para el Estado Colombiano, en razón a que si
estaba en condiciones de proveerlo o de resistirlo, como en efecto lo estuvo, y a pesar de ello no lo
hizo, o lo hizo deficientemente, tal comportamiento culposo administrativo que vincula su conducta
con el referido daño, bien puede considerarse como causa generadora de éste, sin que en tales
condiciones resulte interrumpida la relación de causalidad anteriormente advertida.”24

68. Los anteriores fundamentos jurídicos empleados para declarar la responsabilidad del Estado son
complementados por el Consejo de Estado en el caso de los desaparecidos, evento en el cual
examina el comportamiento estatal posterior a la toma y a los operativos militares, y al valorar las
actuaciones relacionadas con el levantamiento de cadáveres, reconocimiento de los mismos y su
inhumación, el manejo de las personas retenidas y el control sobre cada una de éstas, encuentra
que “por virtud de un errático e ilegítimo procedimiento, también existe una filosofía ética que exige
el respeto de la dignidad humana-y, por tanto, constituyó una falla del servicio por la cual la Nación
colombiana debe responder patrimonialmente”25.

69. No obstante todas las sentencias a las que tuvo acceso la Comisión de la Verdad correspondían a
decisiones de segunda instancia, es decir fueron objeto del recurso de apelación por parte de
apoderados de la Nación, también se incoaron por los mismos sujetos recursos extraordinarios de
súplica en contra de varios fallos, lo que generó el pronunciamiento de la Sala Plena de lo

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-, Bogotá, D. E., agosto 19 de 1994. Consejero
ponente: Daniel Suárez Hernández. Referencia: Expediente Nº. 9276. Actor: Susana Becerra de Medellín y otros.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-, Bogotá, D. E., octubre 13 de 1994. Consejero

ponente: Daniel Suárez Hernández. Referencia: Expediente Nº. 8910. Actor: José María Guarín Ortiz.

Contencioso Administrativo, confirmando íntegramente los fundamentos jurídicos de las
decisiones referidas26.

70. Nótese que, paradójicamente, mientras las sentencias de la sección Tercera del Consejo de Estado,
para efectos de declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación encontraron que el operativo
militar desplegado por las fuerzas militares para recuperar el Palacio de Justicia se desarrolló en
forma inhumana y desorganizada, la Sección Segunda cuando valoró la responsabilidad
disciplinaria del comandante de la operación militar, determinó que tal actuación fue
debidamente planeada y por ende la declaró ajustada a derecho27.

Procedimiento ante el sistema interamericano de derechos
humanos
71. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 26 de diciembre de 1990 abrió el
caso No. 10.738 referente a la “situación de los desaparecidos del Palacio de Justicia” con ocasión
de la petición instaurada por el señor Enrique Rodríguez Hernández, padre de Carlos Augusto
Rodríguez, administrador de la cafetería, en representación de los familiares de los desaparecidos
en los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Esta petición fue complementada mediante escrito
del 9 de mayo de 2007 presentado ante la CIDH por parte de los representantes de las víctimas y
sus familiares.

72. La petición se encamina a que el sistema interamericano de derechos humanos declare la
responsabilidad del Estado colombiano por los siguientes hechos: la desaparición de 12 personas:
Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo
Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León,
Ana Rosa Castiblanco, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de
Lanao e Irma Franco Pineda; la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del
Magistrado Carlos Horacio Urán Rojas; la detención arbitraria y tortura de tres personas: Yolanda
Ernestina Santodomingo Albericci, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano y Galvis; y la violación
de la integridad psicológica y moral de los familiares de las víctimas.

73. Para los peticionarios estos hechos configuran la violación de los siguientes artículos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos 1.128, 429, 530, 731, 8 y 2532, así como los artículos

26 Ver, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, D. E., enero 18 de 1996. Consejero ponente:
Alvaro Lecompte Luna. Referencia: Expediente Nº. S-443. Actor: Bernardo Beltrán Monroy y María de Jesús Hernández de
Beltrán; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, D. E., julio 16 de 1996. Consejero
ponente: Carlos Arturo Orjuela Góngora. Referencia: Expediente Nº. S-443. Actor: Amelia Mantilla Villegas y otra.
27 La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 11 de febrero de 2005 referida en el párrafo 30 expresó:

“Como se desprende del relato de los diferentes oficiales que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia, existió un
planeamiento conjunto de la operación, con un manejo centralizado; se estudiaron, una vez ocurrió la toma guerrillera, los
puntos críticos y se procedió como lo ordenan los manuales, a sectorizar el área; se contó, además, con el apoyo de otras
unidades. Tales declaraciones que son uniformes y contestes desde el punto de vista de la actividad militar, rebaten
palmariamente la censura del organismo de control, de encontrar la actuación del Ejército en la recuperación del edificio,
como algo "peculiar". Pues por el contrario, la neutralización por parte del Ejército contra la fuerza insurgente que se había
tomado violentamente el Palacio, estuvo enmarcada dentro de lo que le dictaban los reglamentos militares de operación. Se
trató pues de un combate iniciado por el M-19, que el Ejército tenía la obligación de repeler. No puede pues tener censura la
actuación del encartado, como Comandante de la Operación, al repeler tan atroz ataque. Por lo anteriormente reseñado, no
puede menos la Sala que inferir que la actuación del demandante estuvo enmarcada dentro de la legalidad.” Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda-, Bogotá, D. E., febrero 11 de 2005. Consejero ponente: Ana
Margarita Olaya Forero. Referencia: Expediente Nº. 0919-02. Actor: Jesús Armando Arias Cabrales.
28 Deber general de respeto y garantía.

I(b) y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos
6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

74. A la fecha aún no se ha producido por parte de la CIDH un pronunciamiento de fondo en relación
con el caso, después del último escrito presentado por los peticionarios en julio de 2008, debido a
la solicitud de prórrogas sucesivas por parte del Estado colombiano para presentar sus
observaciones finales.

75. La breve referencia realizada a los procesos judiciales y disciplinarios adelantados con ocasión de
los hechos del Palacio de Justicia, arroja un precario panorama en términos de garantía del
derecho de acceso a la justicia de las víctimas, evidenciándose de ese modo tanto la propensión a
la impunidad como el denominado pacto de silencio, al cual hicieron referencia varios
entrevistados en los diálogos sostenidos con la Comisión de la Verdad.

76. Como lo señaló la Comisión de la Verdad en su Informe preliminar, la propensión a la impunidad
ha caracterizado el devenir de las investigaciones por la tragedia del Palacio de Justicia, salvo las
excepciones relacionadas con los procesos fallados por la jurisdicción contencioso administrativa
por la responsabilidad institucional del Estado, así como los avances recientes en la justicia penal
frente a las personas desaparecidas en el Palacio.

77. Para finalizar, tal como lo ha señalado reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, caracterizada como “la falta
en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables
de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Se debe combatir la
impunidad por todos los medios legales disponibles, tomando en cuenta la necesidad de hacer
justicia en el caso concreto y que aquélla propicia la repetición crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total indefensión de las víctimas33. Este Tribunal ha destacado también que
la naturaleza y gravedad de los hechos en contextos de violaciones sistemáticas de derechos
humanos genera una mayor necesidad de erradicar la impunidad de los hechos34.

29 Derecho a la vida.
30 Derecho a la integridad personal.
31 Derecho a la libertad personal.
32 Debido proceso y garantías judiciales.
33 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro, párr. 405; Caso Vargas Areco, párr. 153; Caso Almonacid Arellano y otros, párr. 111; y

Caso Servellón García y otros, párr. 192.
34 Caso Goiburú y otros, párr. 131.

VIII. Las responsabilidades derivadas de
los hechos del Palacio de Justicia

VIII.1. La responsabilidad del M-19
El mando del M-19, los integrantes del comando y la
planeación de la toma
1. Iván Marino Ospina, quien era el comandante del M-19, fue relevado en febrero de 1985 en la IX
conferencia realizada en Los Robles, ya que ni en el terreno militar ni en el político se dieron los
resultados que el movimiento esperaba de él1. Su salida se precipitó, en particular, a raíz de unas
declaraciones que dio en México frente al tema de la extradición, donde expresó su respaldo a las
amenazas de los narcotraficantes en contra de ciudadanos de Estados Unidos2, cuando afirmó que
por cada colombiano extraditado se daría muerte a un ciudadano norteamericano en Colombia.

2. En junio de 1985 el mando central del M-19, encabezado por Alvaro Fayad decide la toma del
Palacio de Justicia, que se realizaría algunos meses después. El mando central estaba integrado
por Alvaro Fayad Delgado, como comandante general3, Carlos Pizarro León Gómez4, Gustavo
Arias Londoño5 y Antonio Navarro Wolff6. Iván Marino Ospina, quien entonces hacía parte de
dicho mando, fue muerto por la fuerza pública en combate ocurrido en el barrio Los Cristales de
Cali, un par de meses antes de la toma7, el 28 de agosto de 19858.

3. Según relató a la Comisión de la Verdad Antonio Navarro, se enteró de la toma del Palacio el 6 de
noviembre, mientras estaba convaleciente en Cuba después del atentado del que fue objeto en
mayo de 1985. Afirmó que el mando lo tenían Alvaro Fayad y Carlos Pizarro, ya que Iván Marino
Ospina había muerto, y “Boris” (Arias Londoño) estaba en el país pero no tenía mando.

4. El comando superior del M-19, por su parte, estaba conformado por Germán Rojas Niño, Marcos
Antonio Chalita, José Otty Patiño, Vera Grabe, Libardo Parra, Israel Santamaría, Rosemberg Pabón
y Pedro Pacheco.

5. Rosemberg Pabón dijo que al momento de la toma del Palacio de Justicia, estaba con Germán
Rojas Niño cumpliendo la misión de crear la fuerza militar conjunta en Antioquia y que se
enteraron de los hechos por las noticias de radio9. Otty Patiño conoció los planes cuando ya
estaba tomada la decisión y lo contactaron para el trabajo de propaganda y la comunicación radial
con el Palacio de Justicia y de ahí con el Cauca. Sin embargo, por alguna razón los radios no
funcionaron y no pudo comunicarse con quienes estaban adentro. Por su parte, Gustavo Petro,
quien hacía parte de la dirección, fue, según sus palabras, “aislado de la organización ya que me
capturaron en octubre de 1985”10.

1 Entrevista de Otty Patiño con la CVPJ.
2 Entrevistas de Otty Patiño y Gustavo Petro con la CVPJ.
3 Muerto el 13 de marzo de 1986 en Bogotá.
4 Muerto el 26 de abril de 1990 dentro de un avión, saliendo de Bogotá.
5 Muerto el 23 de julio de 1986 en Caldas, Antioquia.
6 Víctima de un atentado el 23 de mayo de 1985 en Cali, durante el proceso de paz.
7 Ver, Capítulo VII
8 A raíz de su muerte, el comando que ingresó al Palacio utilizó su nombre.

6. Los ex integrantes del M-19 que fueron entrevistados coinciden en afirmar que en la toma operó
el principio de compartimentación de la información11, porque por la experiencia que habían
tenido, los operativos no los debía conocer nadie, ni siquiera los comandantes que estuvieran
afuera; conforme a tal principio sólo sabía de ellos la comandancia general y el grupo que estaba
trabajando en la operación misma12. Según ellos la toma se decidió en el Cauca entre Fayad y
Pizarro y no se discutió con el resto de la cúpula. “Lo único que circulaba era información general,
se les advertía que iba a pasar algo grande, que tuvieran cuidado”.13

7. La Comisión no considera verosímil esta versión, ya que no convence que una acción armada de
tanta trascendencia sólo hubiese sido conocida por dos personas del mando superior integrado
por cinco miembros. Es lógico que la decisión militar de mayor trascendencia de la organización
subversiva, que pretendía con ella nada menos que un juicio al Presidente de la República,
adoptada con tanta antelación, hubiese sido conocida y ordenada por los integrantes del mando
central que se encontraban en Colombia.

8. Obsérvese que el propio movimiento guerrillero había anunciado, a raíz del atentado perpetrado
contra el General Samudio Molina, Comandante del Ejército, que iba a protagonizar un hecho que
conmovería al mundo entero. Asimismo, a fines del mes de octubre, extraditables, compañeros de
reclusión de Antonio Cebollero y Campo14 le habían dejado saber a éste que algo grave iba a
suceder en el Palacio de Justicia, al punto que le recomendó a su abogado Yesid Reyes Alvarado,
aconsejarle a su padre, el Presidente de la Corte Suprema, salir a vacaciones antes de diciembre15.

9. De acuerdo con las informaciones recopiladas y las versiones recibidas por la Comisión de la
Verdad, el comando originalmente previsto para ingresar al Palacio fue de 65 personas, según los
planes iniciales. Uno de los ex integrantes del grupo subversivo dijo a la Comisión que por la
escasez de recursos económicos redujeron el número y asignaron mayores responsabilidades a
quienes iban a entrar: se aprobaron entonces 42, que se convirtieron en 41 porque uno de los
integrantes no llegó a una reunión el día anterior a la toma16. Este comando finalmente quedó
conformado por 35 guerrilleros -veinticinco hombres y diez mujeres- porque, como se señaló
antes, seis no entraron debido a un error de coordinación17.

10. La selección del personal que participaría en la toma fue rigurosa. Se tuvo en cuenta que los
integrantes fueran política e ideológicamente muy comprometidos con la causa guerrillera, que
hubieran recibido capacitación militar acorde con la magnitud del operativo y, finalmente, que
tuvieran experiencia de combate con el ejército. Por eso, la mayoría de los seleccionados había
combatido en Yarumales18; sus edades oscilaban entre los 20 y 25 años, con excepción de
Almarales, Jacquin y Otero, que eran los de mayor edad; en el grupo había seis parejas.

11 Entrevistas con la CVPJ de Antonio Navarro y de un ex integrante del M-19 que solicitó reserva de identidad.
12 Entrevistas de la CVPJ con Rosemberg Pabón; Gustavo Petro y con un ex integrante del M-19 que solicitó reserva de
identidad.
13 Entrevista de Darío Villamizar con la CVPJ.
14 Cuñado de Roberto Soto Prieto, detenido por la defraudación de 13.5 millones de dólares, que se encontraban

depositados en una cuenta del gobierno nacional, en el Chase Manhattan Bank de Londres.
15 Entrevistas de Yamid Amat y Yesid Reyes con la CVPJ.
16 Entrevista con la CVPJ de un ex miembro del M-19 que pidió reserva de identidad.
17 Ver, Capítulo IV
18 Ver Capítulo I

11. La operación fue comandada, de una parte, por Andrés Almarales y Alfonso Jacquin, abogados y
líderes políticos, quienes serían los negociadores; y por Luis Otero y Ariel Sánchez, responsables
del aspecto militar. Almarales era considerado el mejor orador y Jacquin experto en derecho
penal y constitucional.

12. Luis Otero había pertenecido a las juventudes comunistas y luego se hizo dirigente guerrillero.
Tenía una personalidad introvertida y tenía una formación política sólida. No era buen orador.
Tanto la toma de la Embajada de República Dominicana como la del Palacio de Justicia fueron
planeadas por él, reconociéndosele como un hombre muy cuidadoso operativamente, de gran
capacidad en planeación e inteligencia.

13. Elvencio Ruiz, otro de los fundadores del M-19 que participó en la toma, también contaba con una
preparación intelectual sólida, estuvo en las FARC a principios de los años setenta y tenía amplia
experiencia militar. Estuvo vinculado con el secuestro de Marta Nieves Ochoa, por lo que el MAS 19
lo capturó en Medellín, donde fue torturado; posteriormente, trasladado a Bogotá y entregado en
un costal al Ejército.

14. En la planeación de la toma, el M-19 tuvo en cuenta dos antecedentes relevantes: uno, la
experiencia de diciembre de 1984 en Yarumales, donde resistieron durante un mes manteniendo
la defensa militar de un espacio físico; así como la de la exitosa de negociación con que terminó la
toma de la Embajada de República Dominicana en 1980, cuando recibió amplia publicidad y dos
millones de dólares a cambio de la liberación de los embajadores que habían sido secuestrados
por ese movimiento subversivo en dicha sede diplomática20.

15. De acuerdo con la información recibida por la Comisión de la Verdad, desde el mes de junio de
1985 se inició la planeación del asalto al Palacio de Justicia, incluyendo acciones de
“diversionismo” o de distracción y de ataque para la contención de fuerzas en el exterior mientras
se desarrollaba la toma, para lo cual preveían contar con lanzacohetes.

16. Según la versión de un integrante del M-19 que no ingresó al Palacio, todos los días desde el mes
de junio visitaban el Palacio de Justicia, tenían los planos de la edificación y en el “orden
consecutivo” acordado, debían saber cuál era la misión de cada persona, qué arma debía tener,
quién era su compañero. El M-19 sabía que el 6 de noviembre debía sesionar la Sala
Constitucional de la Corte Suprema y, de hecho, la hora de ingreso fue prevista para las 11:30
a.m., dado que habían observado que los miércoles los Magistrados llegaban hacia las 10:30 al
Palacio.

17. A pesar del descubrimiento de los planes de la guerrilla en octubre de 1985 por parte de las
fuerzas de seguridad del Estado, el M-19 no desistió de ejecutar la toma, convencido como estaba
de su pretendida suficiencia militar y de la capacidad de presionar la negociación política, con
base en los antecedentes de Yarumales y de la Embajada de República Dominicana.

18. Fue así como se pensó hacer una réplica de la toma de la Embajada21, sobrevalorando la
importancia que tenía para las otras ramas del poder público la Corte Suprema de Justicia y
desestimando la reacción de las fuerzas armadas, dados los antecedentes del accionar del M-19

19 Muerte a Secuestradores. Ver Capítulo I
20 Como contribución a la verdad, así lo declaró a la Comisión Rosemberg Pabón.
21 Ver Capítulo II

desde su creación y, particularmente, el malestar existente al interior del Ejército por la amnistía
y el proceso de paz iniciado por el gobierno de Belisario Betancur22.

19. El documento llamado "idea general de maniobra" o “plan maestro23” del asalto del M-19,
encontrado por las autoridades el mismo día de la toma, al parecer por una llamada telefónica24,
describe el desarrollo de la operación militar, la distribución y ubicación de los guerrilleros para
tomar el control del edificio y utiliza, en varias oportunidades, la expresión “aniquilamiento del
enemigo”25.

20. La Comisión de la Verdad debe señalar que esta expresión, contraria al ámbito del respeto exigido
por el Derecho Internacional Humanitario, parece formar parte del léxico utilizado en el marco
del conflicto armado interno colombiano, comoquiera que también está incluida y definida tanto
en el Glosario del Comando General de las Fuerzas Militares como en el del Ejército Nacional y la
Fuerza Aérea Colombiana, de la siguiente manera: “Aniquilamiento del enemigo: Este objeto básico
de todo combatiente no significa el exterminio del adversario, con matanza total de los rivales y
despiadada destrucción de sus pertenencias y su territorio; sino la reducción a la impotencia
bélica”26.

21. El M-19 tenía como sedes de la operación dos casas: una en el norte y otra en el sur de Bogotá.
Desde la del norte partieron tres vehículos automotores en los cuales se movilizaron los
integrantes del primer grupo, que ingresó al Palacio a pie, hacia las 10:30 a.m., para observar
cómo estaba la situación adentro, evaluar contingencias y marcar el rumbo de los demás27.

22. Los demás siguieron hacia la casa del sur, donde llegaron cerca de las 11:00 a.m. Dos carros se
quedaron un par de cuadras más abajo y sólo el comandante de ese grupo fue hasta la casa. Se
presentó ante Luis Otero, cargaron los carros, las mujeres irían atrás en una furgoneta, otros en
un camión de acarreos en el que transportaban armas. Otro carro, una camioneta de servicio
público, fue robado ese mismo día, hacia las 6:00 a.m., cuando cumplía la ruta Centro-Kennedy. El
conductor fue liberado cuando empezó el operativo.

23. De acuerdo con el orden de marcha, la vanguardia motorizada portaba armas ligeras; era el grupo
de choque de la caravana. En todos los carros llevaban costales de arena, máscaras antigases,
munición, radios, equipos de salud para pequeñas operaciones, material de logística y alimentos
(misisicui28), que no eran muchos, porque según el entrevistado estaba previsto que en la
negociación iban a exigir el suministro de alimentación.

22 Ver Capítulo I
23 Según lo denomina el Tribunal Especial de Instrucción Criminal.
24 Si bien algunas fuentes consideran que la información pudo ser proporcionada por algún miembro del grupo guerrillero

capturado recién se inició la operación, pero esta versión no ha sido confirmada. En este sentido, en su declaración, Clara
Helena Enciso afirma que “personalmente revisé toda la casa, levanté colchones, revisé closets, pisos y todos los rincones de la
casa en busca de papeles que pudieran comprometer a cualquier persona ajena a la organización. Recogí absolutamente todos
los papeles que encontré y los quemé en la cocina”. (Cuaderno anexo 99, P. 5, proceso contra el coronel Luis Alfonso Plazas
Vega).
25 Expresión que ha sido calificada por diferentes sectores de opinión como la evidencia de la intención del M-19 de dar

muerte a todos los ocupantes del Palacio de Justicia. Ver, por ejemplo, Jaime Castro, Óp. cit.. P. 77
26 Ver, Glosario de las Fuerzas Militares de Colombia, en la página web del Comando General de las Fuerzas Militares:

http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/index.jsp?option=contentDisplay&idCont=607, página web del Ejército Nacional:
http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=211740 y página web de la Fuerza Aérea Colombiana:
http://www.fac.mil.co/index.php?idcategoria=420
27 Ver Capítulo IV
28 Consistente en maíz tostado molido con leche en polvo, azúcar, maní molido y otros granos. Era un alimento alto en

proteínas, utilizado para los combates, cuando no podían cocinar.

24. Luis Otero dio la orden de salida. Los guerrilleros que iban en la vanguardia debían salir en
cuanto tuvieran contacto visual con el camión. Pasaron cinco minutos y no los vieron pasar. El jefe
de la escuadra corrió nuevamente a la casa y encontró que ya se habían ido, por una ruta
diferente a la acordada. El grupo partió apresuradamente y cuando iban a la altura de la carrera
9ª con calle 11 escucharon los disparos que indicaban que los demás ya habían entrado por el
sótano. Avanzaron una cuadra más y se bajaron de los carros, sacaron las armas y cuando
llegaron la puerta principal de Palacio ya estaba cerrada.

25. Los que no ingresaron eran “hombres de cohesión”, encargados del control de grupos y el contacto
con los superiores. Ellos tenían que hacer que el ejército no avanzara en el flanco oriental en el
segundo piso. Llevaban cargas explosivas para volar las escaleras. Desde el 2º piso controlarían la
entrada y salida de la gente.

26. Según se informó a la Comisión de la Verdad, dentro de sus propósitos sí estaba el de retener a
Jaime Betancur y Clara de Castro, como una manera de garantizar, a juicio del M-19, que la
confrontación armada no se extendiera tanto, pero finalmente no los buscaron, porque esa misión
estaba a cargo del grupo que no entró.

La demanda y la proclama del M-19 al ingresar al Palacio
27. El M-19 divulgó dos documentos con ocasión de la toma al Palacio de Justicia: la demanda y la
proclama. Esta última fue parcialmente reproducida en su momento por los medios de
comunicación y conocida por la opinión pública.

28. La demanda, un extenso documento de cerca de 30 páginas fechado el 6 de noviembre de 1985 y
dirigido a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, acusa al
Presidente de la República de “traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la
participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese del
fuego y Diálogo Nacional, el 24 de agosto de 1.984”.

29. Señalan los firmantes del documento29 que acuden a las Cortes “como poder moral y reserva
democrática para la supervivencia del estado de derecho, ejerciendo el derecho de la PETICIÓN,
consagrado por la Constitución Nacional”. Sus pretensiones, de acuerdo con el texto, eran:

(1) “Que la Honorable Corte Suprema de Justicia asuma el conocimiento y se pronuncie sobre la
constitucionalidad del acuerdo del cese del fuego y Diálogo Nacional suscrito en Corinto, El Hobo y
Medellín, el 24 de agosto de 1.984.
(2) Que sobre este convenio por el restablecimiento del orden público, entre el gobierno de Colombia
y los movimientos populares alzados en armas (sui generis en el derecho público interno, pero con
antecedentes en nuestra historia con los pactos de Wisconsin, Neerlandia y Benidorm), la Corte
Suprema de Justicia y el Honorable Consejo de Estado asuman el conocimiento sobre el cumplimiento
que hicieron las partes, en el desarrollo y ejecución de los mismos, por encontrar la paz en su
dimensión más pública y más humana: la justicia social y la democracia política.
(3) Que en ejercicio del mandato constitucional que establece la colaboración de los poderes
públicos para la realización de los fines del Estado -y teniendo en cuenta que la paz, la concordia y la
convivencia nacional son, entre otros, tales fines- el poder jurisdiccional encare de manera

29 Luis Otero, Andrés Almarales, Alfonso Jacquin, Guillermo Elvencio Ruiz, Ariel Sánchez

protagónica la búsqueda de una solución política negociada en Colombia, a los agudos antagonismos
del presente. Sobre todo cuando el Gobierno y el Congreso de la República han dado muestras de
negligencia agravada, mala fe, y han traicionado un empeño colectivo de la comunidad patria del
cual resultaron inferiores”.

30. Analizaron luego las razones por las cuales consideran que la Corte Suprema es competente para
conocer de su “demanda armada”, aduciendo la “fuerza constitucional del acuerdo”, la naturaleza
de “convenio de orden público” del acuerdo de la tregua y la responsabilidad del “poder
jurisdiccional de cara al destino nacional”.

31. Imputaron cuatro acusaciones al Gobierno del Presidente Betancur: “firmar el acuerdo de cese del
fuego y Diálogo Nacional con actitud dolosa y mal intencionada, abusando de la confianza de la
nación y deshonrando su alta investidura”; “impedir la expresión y participación ciudadana en la
búsqueda de soluciones políticas negociadas a los profundos antagonismos sociales que vive la
nación colombiana y de promover la guerra fratricida”; “romper la tregua mediante continuas
agresiones contra las fuerzas populares alzadas en armas que suscribieron el acuerdo de cese del
fuego y Diálogo Nacional” y, finalmente, “implementar una política económica y social en contravía
a cualquier propósito de paz, de incitación a la sublevación popular y de entrega de la soberanía
nacional”.

32. La proclama, por su parte, es un documento breve, con un contenido más demagógico y político
que la demanda, que contiene cuatro solicitudes. La primera es la publicación de diferentes textos
en periódicos nacionales y regionales durante cuatro días consecutivos: el primer día, debería
publicarse su texto y el de los acuerdos de tregua; el segundo, la demanda armada; el tercero, las
actas de la Comisión de Verificación, y el último día, los “Acuerdos de Monitoría” suscritos por el
Gobierno y el Fondo Monetario Internacional en abril de 1985. Allí se establecían condiciones
sobre el lugar y las características que deberían tener tales publicaciones.

33. La segunda solicitud era la difusión de su texto a través de los medios radiales durante los cuatro
días en los que esperaban las publicaciones en la prensa escrita. En la tercera, solicitaba el M-19
la publicación del resultado de una encuesta radial diaria en la que se preguntaría a los
colombianos “¿cuál es su exigencia más apremiante?” y “¿este Gobierno le ha cumplido?”.

34. Y finalmente, solicitaba la presencia en la Corte “del Presidente Belisario Betancur o de su
apoderado para que responda de manera clara e inmediata a cada una de las acusaciones contra el
actual gobierno”.

35. Más adelante, expresaba: “creemos oportuno que aquí y ahora se decida si los colombianos vamos a
seguir permitiendo que se siga entregando su país a pedazos, pues se han entregado considerables
porciones de nuestro suelo, se entregan a manos llenas nuestros recursos naturales: petróleo,
carbón, oro, níquel, platino, fauna y flora, se entrega la órbita geoestacionaria, se entregan
clandestinamente nuestros niños, se entregan nuestros cerebros a través de su fuga”.

36. Agregaba: “Y como si todo ello fuera poco, mediante un impopular y escandaloso Tratado de
Extradición, se entrega nuestra juridicidad, la más reciente y novedosa de todas las entregas, que es
golpe mortal contra la soberanía nacional”.

37. La proclama, firmada por quienes suscribieron la demanda, terminaba pidiendo a la Corte
Suprema, como “última reserva moral de la República” que presidiera un “juicio memorable”.

38. La Comisión de la Verdad considera que el hecho de plantear el M-19 sus peticiones recurriendo
al uso de las armas, asaltando brutalmente una edificación civil donde se encontraba
exclusivamente población protegida por el Derecho Internacional Humanitario, descartaba, in
limine, toda legitimidad a tales demandas.

Hipótesis sobre los objetivos de la toma
39. Se han planteado múltiples hipótesis sobre el propósito y los objetivos del movimiento M-19 al
tomarse el Palacio de Justicia.

40. Algunos de los actores involucrados en los hechos han planteado que el ataque se dirigía contra
las tres ramas del poder público y estaba encaminado a dar un “golpe de Estado ‘sui generis’”30,
hipótesis que se sustenta exclusivamente en la ilegitimidad y temeridad –incuestionables, sin
duda- del asalto armado, pero que carece de soporte probatorio y dista de ser una opción realista
para el contexto colombiano del momento. Quienes sostienen esta teoría, en general, lo hacen a
manera de justificación de la reacción desproporcionada de la fuerza pública en la recuperación
del Palacio, en “defensa de las instituciones” frente a una amenaza de tal magnitud.

41. Se han elaborado otras hipótesis menos verosímiles, que difícilmente resisten un análisis, como
aquella según la cual la toma hizo parte de una “conspiración internacional” del M-19, el FMLN y el
FSLN, afiliados a la Internacional Socialista31. Hay quienes consideran que eran varios los
objetivos de la toma, pues “fue un asalto armado por parte de un grupo subversivo que suspendió
temporalmente el funcionamiento normal de una de las ramas del poder público, que pretendía
juzgar al Presidente”32; o que “sin lugar a dudas, el objetivo principal del M-19 era provocar un
enjuiciamiento a Betancur, y en segundo lugar echar por el cesto el tratado de extradición”33.

42. También existe la hipótesis de que entre los propósitos del M-19 estaba asesinar Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia. En apoyo de esta teoría se aduce que todos los Magistrados de la
Sala Constitucional y los cuatro de la Penal que se encontraban presentes fueron ultimados, al
igual que dos Magistrados de la Sala Laboral y un Magistrado de la Sala Civil34.

43. La Comisión de la Verdad considera que el objetivo del M-19 era la realización de un juicio al
Presidente de la República por el incumplimiento de los acuerdos de tregua suscritos con el
Gobierno Nacional en agosto de 1984, sumado a un golpe de opinión nacional e internacional. Sin
embargo, cabe reiterar que las pretensiones planteadas a través de una acción armada,
deslegitimaban por completo y hacían inviable e imposible el objetivo propuesto.

30 Entrevistas de Jaime Castro, de Noemí Sanín y del General Delgado Mallarino, con la CVPJ.
31 Entrevista del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega con la CVPJ.
32 Entrevista del Comandante del Ejército General Rafael Samudio con la CVPJ.
33 Entrevista del General Maza Márquez con la CVPJ
34 “. . . el premeditado y nefasto propósito de los malhechores en su alevosa incursión al Palacio de Justicia, era el de dar muerte

a los miembros de la mencionada Corte”. Las Fuerzas Armadas de Colombia y las instituciones democráticas, P. 44. Texto de
la intervención del General Miguel Vega Uribe en la citación al Congreso de la República, diciembre de 1985.

La conexión del narcotráfico
44. El narcotráfico, sin duda uno de los flagelos más graves en la historia reciente del país, penetró los
estamentos nacionales y tuvo su auge en los años inmediatamente anteriores a la toma del
Palacio.

45. Desde la sanción de la Ley 27 de 198035, mediante la cual fue aprobado el Tratado de Extradición
suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América, los jefes del narcotráfico desataron una
lucha brutal y sangrienta contra la misma.

46. A comienzos de diciembre de 1984, el grupo de narcotraficantes denominado “Los Extraditables”
amenazó de muerte al Presidente de la República, a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
del Consejo de Estado y a Ministros. Con mayor intensidad, los Magistrados de la Corte fueron
amenazados a raíz de que la corporación emitió concepto favorable a la extradición36 de Carlos
Ledher, quien hoy purga condena en los Estados Unidos de América.

47. Con la muerte del comandante del M-19, Jaime Bateman, se frustró un encuentro con Pablo
Escobar en Panamá.

48. En 1981 integrantes del M-19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de
miembros de la cúpula del Cartel de Medellín, que como reacción creó el grupo criminal
denominado Muerte a Secuestradores (Mas), el cual desató una persecución contra integrantes de
esa guerrilla, quienes devolvieron a la secuestrada y pactaron la paz con el Cartel de Medellín.

49. Entre 1984 y 1985 miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Pablo
Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, actitud que
no fue compartida por otros integrantes del grupo subversivo.

50. El 30 de abril de 1984 sicarios de la mafia del narcotráfico asesinaron al Ministro de Justicia
Rodrigo Lara Bonilla. A raíz de esto, el gobierno del Presidente Betancur declaró el estado de sitio,
llamó a los narcotraficantes “heraldos de la muerte”, dispuso que los delitos de tráfico de drogas y
conexos con él fueran conocidos por la justicia penal militar y, previo concepto favorable de la
Corte Suprema, empezó a conceder la extradición de colombianos, a la que inicialmente había
sido renuente. En el discurso que pronunció en el funeral del Ministro, manifestó el Presidente:

“El Presidente de la República da el primer paso adelante en esta emergencia nacional: (…) ¡Alto ahí
enemigos de la humanidad entera! Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la
comisión de delitos en otros países, para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación
universal contra un ataque también universal.”

51. Frente a las extradiciones que siguieron en 1985, el Ministro de Justicia que reemplazó a Lara
Bonilla, Enrique Parejo González, expuso: "El paso que acaba de darse, que no es fácil para el
Gobierno por referirse a colombianos, es la ratificación de la política de luchar contra un fenómeno
que tanto daño le está causando al país."

35 Esta ley sería demandada por inconstitucionalidad por vicios de forma y fondo en 1985 y para la época de la toma del
Palacio de Justicia, estaba siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia.
36 ORJUELA, Óp. cit. Pág.93.

52. El General Miguel Maza Márquez expresó, en la entrevista con la Comisión de la Verdad: “Los
extraditables en esa época le temían más a la extradición que a la pena de muerte. Cuando vieron
que la salida política no les funcionó, empezaron a emplear medios coercitivos como las amenazas
por la demanda de inconstitucionalidad interpuesta al tratado de extradición.”

53. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta
su muerte, ocurrida en agosto de 1985, estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar,
siendo el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él. Como
Comandante del M-19, Ospina coincidió con miembros del Cartel de Medellín en afirmar que por
cada colombiano extraditado, sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia.

54. En las declaraciones rendidas por Otty Patiño y Rosemberg Pabón a la CVPJ, se escucha:

O. P: “Nunca tuvimos una relación de sometimiento, con ninguno de estos grupos, pero si hubo
relación, por supuesto, de conveniencia, de facilitar cosas, de transporte de cosas, de personas
también, pero nunca digamos, decir que nosotros íbamos a hacer algo en función de un interés de
ellos… creo que uno de los temas que más se especulan es el de la extradición, pero el tema de la
extradición, yo creo que más que otra cosa es una coincidencia.

… yo no tuve digamos una directa relación con el mundo del narcotráfico pero hubo unos
compañeros que sí la tuvieron… la versión que yo tengo de ello es básicamente para conseguir
armas, a veces para trasladarnos en aviones de ellos, de los narcos.”

R. P: “La única persona (autorizada) para hablar con Pablo Escobar era Iván Marino Ospina, era la
única persona, yo podía hablar con él pero no a nombre de la dirección, porque había una persona…
por qué se colocó a Iván? Porque Iván por su carácter, por su forma, él era querido entre todos los
bandidos, no solamente los narcos… los jaladores de carros de Pereira, le tenían respeto a él como
guerrero.”

55. A mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del M-19 con Pablo Escobar y al suceder
Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, continuaron las actuaciones conjuntas de ambas
organizaciones delictivas.

56. John Jairo Velásquez Vásquez, apodado “Popeye”, declaró a la Comisión de la Verdad que su
“patrón” Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio
de Justicia, entregándoselos a Iván Marino Ospina, pero que no sabe lo que finalmente sucedió
con ese dinero. Así relató “Popeye”:

“Él (Pablo Escobar) le entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, pero esa plata fue
perdida porque Iván Marino Ospina murió antes de la toma y la plata nunca la encontraron… eso lo
decía Pablo abiertamente, para la época él colocaba, más o menos en viáticos y todas las cosas les
dio 40 millones de pesos de la época que era mucha plata… todo eso lo manejaba Pinina, que era un
hombre super clave… Para ustedes hay un hombre muy importante, es el Arete (Carlos Mario Alzate
Urquijo).”

57. Por su parte, Carlos Castaño refirió para el libro “Mi Confesión”37, el acuerdo a que llegaron en su
presencia, “a finales del mes de mayo de 1985”, según dice, Carlos Pizarro y el cartel de Medellín
para la toma del Palacio de Justicia por el M-19, a iniciativa de Pablo Escobar (“’la extradición está

37 Escrito por Mauricio Aranguren Molina, 8ª ed., Ed. Oveja Negra, Bogotá, 2002. Págs. 41 y ss.

caminando y nos están jodiendo. Vamos a hacer una vuelta y aquí todos tenemos que colaborar. Nos
encontramos en la obligación de hacer algo para salvarnos. Existen unos procesos jurídicos muy
fuertes contra nosotros en el Palacio de Justicia. Es necesario borrarlos y no dejar huella de nada
ante la ley. Tendrán que comenzar de cero y al obtener nosotros poder, nadie se atreverá a
denunciarnos’. Fidel [Castaño] contestó: ‘Listo. Yo pongo unos fusilitos para lo que se necesite.’ Y
Escobar replicó: ‘Yo pongo la plata’.”

58. También puede leerse en “Mi Confesión”:

“Estas fueron las palabras de Pizarro: ‘Un millón de dólares para el M-19 por eliminar al Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía y un millón de dólares adicionales por
destruir todos los archivos’.
Paso a paso, el abogado Guido Parra les explicó dónde encontrar los archivos a quemar y Pizarro
enfatizó en la forma de proceder a la Sala dónde se mantenían los procesos de extradición contra
Pablo Escobar. Recuerdo como si fuera ayer, a otro narco que se levantó molesto diciendo: ‘¿Bueno,
se van a tomar el Palacio o solamente la Sala donde archivan los procesos del patrón?’ Ahí intervino
nuevamente el hombre que acompañaba a Pizarro: ‘No, no, no… Un momento. También es posible
incinerar lo de él’. Por esto recibieron trescientos mil dólares más.
Las armas que puso Fidel Castaño para la toma del Palacio, las entregué yo. Se les dieron dos
metras, una MP5, un AR-15, un M-16 y otros fusiles. Escobar puso las armas cortas, granadas y
dinamita. Esta última no se para qué.”

59. Las diferencias que pueden encontrarse frente a relatos como los de “Popeye” no inciden contra
otras deducciones, como la que puede inferirse de la gran humareda oscura que antes de que
pasara una hora del ingreso del M-19 al Palacio y de que la Fuerza Pública hubiera podido llegar
ahí, se aprecia que sale desde el primer piso por el costado oriental (carrera séptima), lugar que
coincide con el sector donde estaban las secretarías de la Corte Suprema, permanencia habitual
de la mayor cantidad de expedientes. Tal humareda va desvaneciéndose, hasta desaparecer varias
horas antes de desatarse el infernal incendio que, ya en la noche, consumió todo ese costado
oriental del Palacio.

60. La ex presentadora de televisión Virginia Vallejo, que se ha manifestado como muy cercana por
otra razón a Pablo Escobar, ha dejado entrever su conocimiento de la relación que él mantuvo con
dirigentes del M-19 antes del asalto al Palacio de Justicia.

61. Días antes del asalto al Palacio, el grupo de criminales denominado “Los Extraditables” recrudeció
sus amenazas de muerte a Magistrados de la Corte Suprema, Salas Constitucional y Penal, si no
votaban por la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del Tratado de Extradición.

62. A sus múltiples y aterradoras intimidaciones acompañaban grabaciones de charlas telefónicas de
familiares cercanos de los Magistrados, realzando la vulnerabilidad en que se encontraban. Así se
lee en dos de las cartas amenazantes38, ambas dirigidas al Magistrado de la Sala Constitucional
Manuel Gaona Cruz, asesinado por un guerrillero del M-19 cuando hacia el final del horroroso
pogromo salió del baño que se encontraba en el descanso de las escaleras entre los pisos 2° y 3°
del costado norte del Palacio:

“(…) sabemos que a usted “LE TOCÓ” ser el ponente de una demanda sobre la nulidad de la
extradición, firmada por el doctor Julio Martín Uribe Restrepo y fechada el 3 de junio de 1985.

38 Cuyo texto íntegro se transcribe en el Capítulo III

Sabemos obviamente que usted se la repartió para sí, porque desea que se siga extraditando
nacionales hacia los Estados Unidos.
(…)
Usted tiene un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación… y si se pasa un día sin que haya
habido pronunciamiento, damos por hecho que usted acepta nuestra declaración de guerra.
(…)
No aceptamos nada que se salga de nuestras condiciones y exigencias. ABSOLUTAMENTE NADA,
porque usted en una demanda anterior ya traicionó a la patria y se vendió al imperialismo
americano (...)”.

El tiempo es inexorable y usted sabe muy bien que el plazo que le fijamos está próximo a vencerse y
todo parece señalar que no le interesa su seguridad personal y la integridad de su familia.
Recuerde que no admitimos otra traición, ni vamos a tolerar que el grupo del Externado, esa mafia
que usted dirige y orienta, salga a defender tesis diferente a la de la inconstitucionalidad del
tratado.
El tratado se tiene que caer y usted tiene gran responsabilidad en esa tarea.
No nos defraude, porque no va a tener tiempo de lamentarse“

63. A escasos días de la toma, la cúpula de los organismos de seguridad y los Ministros de Gobierno y
Justicia, en reunión secreta en el Club Militar, comunicaron a Magistrados de la Sala
Constitucional y al Presidente de la Corte el gran peligro que corrían, ante la gravedad e
inminencia del riesgo en que se encontraban frente a los extraditables.

64. El 6 de noviembre de 1985, día del asalto, la única Sala de la Corte que debía sesionar, como en
efecto lo estaba haciendo, era la Constitucional. El tema a debatir era la exequibilidad de la ley
aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos de América, y para el efecto había
sendas ponencias presentadas por los Magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero y
Alfonso Patiño Roselli.

65. Además, estaba próximo el vencimiento del término que tenía la Sala Constitucional para
presentar su proyecto ante la Sala Plena. La Comisión de la Verdad tuvo conocimiento de que al
momento del asalto se estaba discutiendo la ponencia elaborada por el Magistrado Gaona, que
daba vía libre al Tratado de Extradición.

66. Recuérdese que el Magistrado Manuel Gaona, frente a la sentencia N° 41 de junio 6 de 1985, en la
cuarta ocasión que fue estudiada39 (concluyendo en inhibición por “falta de competencia”40) la
exequibilidad de la Ley 27 de 1980, mediante la cual se aprobó el Tratado de Extradición entre
Colombia y Estados Unidos de América, manifestó que el estudio de tal Tratado se limitaba a si la
Corte tenía potestad para su análisis, no abordando la exequibilidad como tal.

39 “Por ser esta la cuarta ocasión en que la Corte conoce de demanda contra la Ley 27 de 1980, por la cual se incorporó a
nuestro ordenamiento nacional el Tratado de Extradición celebrado entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica y
habida consideración de que en los tres pronunciamientos precedentes, siendo el último de reciente data, hubo apoyo de la
Corte a una motivación distinta a la del presente fallo pero para llegar a la misma conclusión inhibitoria con que éste
culmina...” (Tomado de la aclaración de voto de los Magistrados Manuel Gaona Cruz y Hernando Tapias Rocha, G. J. 2422,
1er. semestre de 1985, pág. 429).
40 “La Corte, de acuerdo con lo esencial de sus jurisprudencias sobre esta materia, debe reiterar ahora que el objeto del presente

proceso ya se encuentra más allá de su jurisdicción y, por ende, de su competencia.” (G. J. 2422, 1er. semestre de 1985, pág,
428).

67. Estimaba que el Tratado se hallaba perfeccionado y, por tanto, no procedía el estudio por las
instituciones de justicia internas, sino internacionales, en cuanto los tratados pueden tener
control constitucional antes de que se produzca su ratificación y no después, cuando ya se ha
convertido en un instrumento internacional, como había ocurrido para junio 6 de 1985, cuando el
Tratado en cuestión ya había sido estudiado cuatro veces, estando ratificado incluso desde que se
estudió por primera vez.

68. En la “proclama” y en la “demanda armada” presentadas por el M-19 al producirse la toma, se
incluyeron referencias al Tratado de Extradición suscrito con los Estados Unidos de América, cuya
ley aprobatoria estaba bajo el estudio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, para la
elaboración del proyecto que habría de ser llevado a la Plena acerca de su exequibilidad. En
efecto, en la primera se lee, en lo pertinente (en ambas, resalta la CVPJ):

“Y como si todo ello fuera poco, mediante un impopular y escandaloso Tratado de Extradición, se
entrega nuestra juridicidad, la más reciente y novedosa de todas las entregas que es golpe mortal
contra la seguridad nacional.

Centenares de compatriotas nuestros están seriamente amenazados, no solo por la legislación de
países extraños sino por la manifiesta animadversión de algunos de ellos, como es el caso concreto
de los Estados Unidos de Norteamérica.”

69. Por su parte, la “demanda armada” incluía los siguientes significativos párrafos:

“Es ésta una sana doctrina constitucional en cuya aplicación la Corte ha dejado, no en pocas
ocasiones, mucho que desear. Entre otras, y a manera de ejemplo: la jurisprudencia que declaró
exequible el Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay; la negativa de este tribunal de
conocer de la constitucionalidad del tratado de extradición; y la aceptación de Juzgamiento de los
civiles por parte de la justicia penal militar.”

“También, en manos del Pilatos de Contadora, nuestra nación perdió la facultad indelegable de
administrar justicia -elemento esencial de soberanía- por efecto del servil convenio celebrado con la
OPIC, el 3 de abril, según el cual las controversias entre el gobierno colombiano y las empresas
norteamericanas serán sometidas a un tribunal de las multinacionales. Así se mancilló la soberanía,
ya afectada con la aprobación del acuerdo de extradición con Estados Unidos, y la dirección de la
DEA en la manera de enfrentar el narcotráfico.”

70. Al ocupar violentamente el Palacio, Luis Otero y otros comandantes del operativo accedieron
directamente y con total prioridad a los costados oriental y nororiental del cuarto piso, los más
distantes del sitio de ingreso, donde precisamente se hallaban los cuatro Magistrados de la Sala
Constitucional, a los cuales empezaron a llamar en voz alta, por lista, junto con el Presidente de la
Corte, Alfonso Reyes Echandía, Magistrado de la Sala Penal, todos catalogados como “rehenes
fundamentales” por los guerrilleros, quienes no dieron igual tratamiento, y por el contrario
durante largo tiempo se desentendieron de ellos, al entonces Consejero de Estado Jaime Betancur
Cuartas, hermano del Presidente de la República, y a la Fiscal41 ante el Consejo de Estado Clara
Forero de Castro, esposa del Ministro de Gobierno Jaime Castro Castro, que se hallaban en sus
oficinas.

41 Delegada del Ministerio Público, función entonces denominada “Fiscal”.

71. Yesid Reyes Alvarado, hijo del Presidente de la Corte, narró a la CVPJ y a otras personas, como el
periodista Yamid Amat42, que su asistido judicialmente Antonio Cebollero y Campo43, quien
compartía el sitio de reclusión con varios extraditables, le pidió algunos días antes del asalto al
Palacio aconsejarle a su progenitor que anticipara sus vacaciones, legalmente previstas para
diciembre, de lo cual puede colegirse el deseo de proteger al padre de su defensor.

Así lo recordó Yamid Amat:

“Yesid Reyes era abogado de Cebollero y Cebollero estaba detenido… donde estaban los
narcotraficantes… Yesid Reyes me contó que Cebollero le pregunto un día en el año 85… Su papá
sale a vacaciones?... cuándo sale a vacaciones… ‘en navidad’… por qué no le dice que salga antes…
Dígale que salga antes, que anticipe su viaje de vacaciones…
…mire ahí no hay duda que los narcos estaban metidos allí en la operación por una parte y por la
otra cuál es el objetivo de que la toma se dirigiera únicamente al cuarto piso donde están los
Magistrados de la Sala Constitucional… las dos personas que podrían ser más atractivas como botín
de guerra o como rehenes, que eran el hermano del presidente y la esposa del ministro, para ellos no
existen.”

72. Aún después de la muerte dentro del Palacio de todos los Magistrados de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema - Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso
Patiño Roselli - y de los cuatro Magistrados de la Sala Penal que allí se encontraban - Fabio
Calderón Botero, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria -,
el narcoterrorismo no cesó su ataque, continuando las amenazas hasta hacerle fallar el corazón al
Magistrado de la Sala Penal Luis Enrique Aldana Rozo, muerto poco después en Houston, Texas,
mientras esperaba un trasplante, y asesinando en la avenida 127 de Bogotá, el 31 de julio de
1986, al penúltimo sobreviviente de la Sala Penal, Magistrado Hernando Baquero Borda.

73. Otro Magistrado de la Sala Penal de entonces, Dante Fiorillo Porras, estaba hospitalizado el 6 de
noviembre de 1985 en la Clínica Shaio de Bogotá y, no bien había finalizado la toma, falleció al
enterarse de lo que les estaba sucediendo a sus compañeros.

74. Finalmente, lograron su propósito de producir la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del
Tratado de Extradición44 y, todavía más, hacer proscribir la extradición de nacionales en la propia

42 Oír relato de Yamid Amat ante la CVPJ.
43 Procesado por falsedad documental y estafa, en relación con la transferencia de trece y medio millones de dólares que se
encontraban depositados en una cuenta de la República de Colombia en el Chase Manhattan Bank de Londres. Estaba
detenido en el mismo pabellón donde se hallaban algunos narcotraficantes cuya extradición era entonces tramitada.
44 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia N° 111, diciembre 12 de 1986, M. P. Jairo E. Duque Pérez, cuya parte

resolutiva es del siguiente tenor: “Declarar INEXEQUIBLE la Ley 27 de noviembre 3 de 1980, por la cual se aprobó el Tratado
de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, firmado en Washington el 14 de septiembre de
1979, en cuanto no fue constitucionalmente sancionada por el Presidente de la República.” Esto último se debió, según la
motivación de la referida sentencia, a que el Ministro de Gobierno, Germán Zea Hernández, a la sazón delegatario de
funciones presidenciales por un viaje a República Dominicana del Presidente de la República, supuestamente no estaba
facultado para sancionar la referida Ley.
Consideró la Corte Suprema, con la participación de los Magistrados nombrados para reemplazar a los fallecidos, que “la
sanción que el Ministro Delegatario doctor Germán Zea Hernández le impartió a la Ley 27 de 1980, objeto de la presente
impugnación, no se cumplió ‘con arreglo a la Constitución’ como lo exige el articulo 118 numeral 7 de la Carta Fundamental y
por consiguiente, es necesario que el proyecto pase al presidente para que se cumplan los trámites que aún faltan para que sea
la ley de la República”.
Sin embargo, aunque frente a lo así aseverado el propio Presidente de la República sancionó de nuevo la Ley, ante una
nueva demanda la Sala Plena de la Corte Suprema, en sentencia N° 77 de julio 9 de 1987, con ponencia del Magistrado Fabio
Morón Díaz, resolvió que “como la norma contra la que se dirige la acción que por este proceso se tramita ya fue objeto de

Constitución Política de 1991, artículo 35, después modificado mediante el Acto Legislativo N° 1
de 1997, pero no para hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de dicha reforma.

75. Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al
Palacio de Justicia.

76. Es entendible que no todos los miembros del M-19 conocieran la conexión con el narcotráfico
para la toma del Palacio de Justicia, lo cual se explica a partir de que integrantes de esa
organización han sostenido reiteradamente que se trataba de una operación militar en la que
prevalecía el criterio de compartimentación, según el cual sólo conocían los objetivos de la toma
los protagonistas de ella.

77. Lo anterior es acorde con lo expresado por Carlos Castaño al periodista Mauricio Aranguren
Molina en la obra antes referida, citando al “estafeta” de Carlos Pizarro: “No todo el ‘M’ sabe de
esta operación. Eso está claro’.” A continuación se lee, en palabras adjudicadas al propio Castaño:
“Años más tarde, me enteré de que aquello no lo conocían varios miembros del M-19, personas
honestas como Navarro Wolff, Gloria Quiceno y Vera Grabe. Además de muchos otros.”45

Tipo de armamento y munición utilizados
78. La doctrina militar moderna ha desarrollado el concepto de guerra de cuarta generación, en la
cual no hay enfrentamientos entre ejércitos regulares, sino entre un Estado y grupos violentos de
naturaleza política, económica, religiosa o étnica, los cuales emplean las actividades terroristas
como método de guerra; a este tipo de confrontación le apostó el M-19, para lo cual empleó el
armamento característico de la clase de confrontación irregular básica que esperaban se
desarrollara en el Palacio de Justicia.

79. El armamento que empleó el grupo guerrillero M-19 para la incursión al Palacio de Justicia está
descrito específicamente en el desarrollo de la idea general de maniobra, que tácticamente disponía
trabajar con dos pelotones, el primero de los cuales contaba con tres escuadras; la primera “con seis
metras, cuatro granadas y dos Claymore”; la escuadra número N° 2, “con una metra, cuatro fusiles, una
escopeta, dos Claymore y una granada de humo”; la N° 3, “con una carabina UZI, dos Fusiles, una M3,
dos granadas”. El segundo pelotón contaba con dos escuadras y como armamento “catorce Fusiles,
una Matze 006E, una carabina UZI y diez granadas y explosivos”46.

80. De acuerdo con la versión de un ex - guerrillero, el M-19 consideró posible el ingreso de tanques
pero jamás calculó que fueran a tener un operativo helicoportado. Sin embargo, no contaban con
armas antitanques (lanzacohetes), cuya consecución en el mercado negro no era muy difícil pero
sí costosa. Según se informó, el frente Ricardo Franco les ofreció tales armas con la condición de
participar en la operación, ofrecimiento que el M-19 no aceptó47.

81. También manifestó que dado que no pudieron comprar los diez lanzacohetes antitanques M-72
para realizar los operativos de distracción, transformaron 5 de las 8 bombas Claymore en una

estudio y fallo definitivo por la Corte, dentro del proceso número 5-R; en virtud del principio de la cosa juzgada y de los efectos
del fallo de inexequibilidad, debe la Corporación ordenar estarse en lo resuelto en la sentencia número 111 de 1986”.
45 Pag. 42.
46 Informe Tribunal Especial de Instrucción
47 Entrevista con la CVPJ de un ex integrante del M-19 con reserva de identidad.

bomba acumulativa48, a manera de lanzacohetes. Habían previsto ubicarlas en la entrada
principal y en la entrada del sótano para poder detener las tanquetas, pero no las usaron porque
el encargado de los explosivos hacía parte del grupo que no logró ingresar al Palacio49.

82. Al terminar la operación militar del Palacio de Justicia, el oficial B3 rindió un informe al
Comandante de la Brigada XIII, sobre incautación de material de guerra, en el cual relaciona las
siguientes armas: “dos fusiles ametralladoras Gal, seis fusiles automáticos Galil, cuatro fusiles
automáticos M-16, cuatro fusiles automáticos Fal M-63 4, ocho fusiles semiautomáticos Colt AR-15,
cuatro subametralladoras automáticas Uzi, una subametralladora automáticas Madsen, una
Subametralladora Thompson, una subametralladora automática Ingran, escopetas, revólveres, pistolas,
etc.”50

83. Según este entrevistado el operativo tuvo un costo de alrededor de 60 millones de pesos. Parte de
las armas venían del Cauca, que a su vez provenían del buque Karina y del avión que acuatizó en
el río Orteguaza51. Otro grupo de armas provenían de la Costa Atlántica, resultado de un asalto
que hizo el M-19 a un militar venezolano que vendía a los “marimberos”52 armas en la alta Guajira.
Después de dos días de espera, asaltaron el carro que transportaba las armas: 4 galil, 3 M16, 1
escopeta y 2 subametralladoras.

84. El M-19 tenía una estrecha relación con el FSLN53, por lo que es probable, como se ha planteado a
lo largo de los años, que en la toma hubiesen sido utilizadas armas provenientes de Nicaragua54.
Señaló Antonio Navarro que “el M-19 usó tres tipos de fusiles. Unos eran belgas de marca Fal, que
les habían sido enviados por el gobierno de Venezuela a los sandinistas durante el régimen de
Somoza. Otros eran M-16 americanos, que les habían sido vendidos por los fabricantes a la Guardia
Nacional de Somoza. El tercer grupo eran unos Galil de 5.56 milímetros, que pertenecieron a una
unidad de infantería nicaragüense en tiempos de Somoza. (…) Estas armas les habían sido regaladas
a los guerrilleros salvadoreños. Estoy convencido de que ellos, a su vez, se las regalaron al M-19. Así
venía sucediendo desde hacía años”55.

La responsabilidad del M-19 a la luz del DIH
85. La Comisión de la Verdad se referirá, tanto a los eventos de responsabilidad por parte del M-19
derivados de infracciones al Derecho Internacional Humanitario56, como a consideraciones de
naturaleza ética y política en relación con las implicaciones del accionar violento de esa
organización.

86. Respecto del DIH, las acciones constitutivas de infracciones pueden resumirse así: el M-19 realizó
un ataque armado a un bien de carácter civil, utilizando un primer grupo de combatientes que
ingresó al Palacio camuflados como visitantes de la sede judicial57. Otro grupo entró por el

48 Las bombas acumulativas tienen un radio de acción de dos metros; consisten en un cono invertido de cobre, con un
estopín como iniciador, el impacto ingresa y genera carga calórica.
49 Declaración ante la Comisión de la Verdad
50 Tribunal Especial de Instrucción Criminal
51 Ver Capítulo I
52 Traficante de marihuana.
53 Frente Sandinista de Liberación Nacional.
54 Entrevistas de ex integrantes del M-19 con la CVPJ
55 NAVARRO WOLFF, Antonio e IRAGORRI, Juan Carlos. Óp. cit. Pp. 90-91
56 En adelante, DIH o derecho humanitario.
57 Ver Capítulo IV

parqueadero y asesinó a dos vigilantes privados, los señores Eulogio Blanco y Gerardo Díaz
Arbeláez, y al administrador del Palacio, Jorge Tadeo Mayo Castro58. Luego tomó como rehenes a
quienes estaban en el Palacio de Justicia, y a algunos de ellos los utilizó como escudos humanos 59.
Así mismo, integrantes del M-19 dispararon contra algunos rehenes ocasionándoles lesiones
graves o aun la muerte.

87. A continuación se analizarán, a la luz de la normativa humanitaria, las conductas respecto de las
cuales la Comisión de la Verdad tiene certeza respecto de la responsabilidad del M-19.

88. La normatividad fundamental que orienta el presente análisis, teniendo en cuenta la fecha de
ocurrencia de los hechos y los compromisos internacionales asumidos por Colombia para
entonces60, será el artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y las normas de
derecho internacional humanitario consuetudinario aplicables a conflictos armados de carácter
no internacional, compiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

89. Como punto de partida, la Comisión debe recordar que uno de los principios fundamentales del
DIH es el denominado principio de distinción. La Corte Internacional de Justicia, en su opinión
consultiva sobre armas nucleares61 declaró que éste es uno de los “principios cardinales” del
derecho internacional humanitario y uno de los “principios inviolables del derecho internacional
consuetudinario”.

90. En este sentido, de conformidad con el DIH, son personas protegidas “aquellas que, en tiempo de
guerra, se benefician de las normas convencionales o de las que dimanan del derecho internacional
consuetudinario. En particular, son personas protegidas los heridos, los enfermos, los náufragos, los
prisioneros de guerra, los civiles y otras personas que no participen en las hostilidades o hayan
dejado de hacerlo, como el personal sanitario y religioso, las personas que colaboran en las
operaciones de socorro, el personal de organizaciones de protección civil y los mediadores62”.
Adicionalmente, en caso de conflicto armado, “también están protegidos ciertos bienes, como los
‘bienes culturales’, todos los demás bienes civiles, las instalaciones médicas militares y las
ambulancias”.

91. Así, el DIH consuetudinario63 prescribe, en primer término64, que “Las partes en conflicto deberán
distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán dirigirse
contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados”65. De manera complementaria, establece
que “[l]as partes en conflicto deberán hacer en todo momento la distinción entre bienes de carácter

58 Ibíd.
59 Ibíd.
60 Ver Introducción
61 Nuclear Weapons case, opinión consultiva, 8 de julio de 1996, ICJ Reports 1996, párr. 434
62 http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/section_ihl_protected_persons_and_property?OpenDocument
63 Cuyas normas fundamentales “deben ser respetadas por todos los Estados, hayan ratificado o no las convenciones en que

están inscritas, pues constituyen principios intransgredibles de derecho internacional consuetudinario", según estableció la
Corte Internacional de Justicia en la Opinión consultiva sobre la Licitud de la amenaza o del uso de armas nucleares, ICJ
Reports 1996, párr. 79.
64 Debe precisarse que el término combatiente “se usa en esta norma en su acepción general y designa a las personas que no

gozan de la protección contra los ataques otorgada a los civiles, lo que no implica, sin embargo, un derecho al estatuto de
combatiente o de prisionero de guerra”. El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, Volumen I: Normas - Comité
Internacional de la Cruz Roja, Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Con contribuciones de Carolin Alvermann,
Knut Dörmann y Baptiste Rolle. Traducido por Margarita Serrano García - 2007, P. 3.
65 Norma 1.

civil y objetivos militares. Los ataques sólo podrán dirigirse contra objetivos militares. Los bienes de
carácter civil no deben ser atacados”66.

92. Para la Comisión de la Verdad no existe ningún asomo de duda en relación con la grave infracción
cometida por el M-19 al ingresar a una edificación de carácter civil67, que además albergaba las
más altas autoridades de una de las ramas del poder público, acto que supone una vulneración del
principio de distinción, tanto frente a la ausencia de un objetivo militar legítimo como frente a las
personas -civiles- protegidas por el DIH.

93. Ahora bien, en relación con los principios generales sobre el empleo de las armas, las normas del
DIH prevén que “Queda prohibido el empleo de armas de tal índole que sus efectos sean
indiscriminados”68. El M-19, como se ha señalado, contaba con bombas Claymore y acumulativas,
construidas a partir de aquéllas, artefactos que ciertamente pueden producir efectos
indeterminados, independientemente de cómo hubieren sido utilizados.

94. Uno de los aspectos más relevantes del DIH tiene que ver con el principio de humanidad, que se
traduce, entre otros aspectos, en el trato debido a las personas civiles o fuera de combate. En este
sentido, debe tenerse en cuenta en primer lugar el contenido del artículo 3° común a los
Convenios de Ginebra69, según el cual:

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una
de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar,
como mínimo, las siguientes disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. (…)”

66 Norma 7.
67 La nomatividad humanitaria limita los objetivos militares “a aquellos bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o
utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en
las circunstancias del caso, una ventaja militar definida”, al tiempo que considera bienes de carácter civil “todos los bienes que
no son objetivos militares”. Normas 8 y 9.
68 Norma 71.
69 En sentencia del 27 de julio de 1986 sobre Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, la Corte

Internacional de Justicia afirmó que ese artículo estipula uno de los "principios generales fundamentales de derecho
humanitario-" (Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), Merits,
ICJ Reports 1986, P. 113-114, párr. 218)

95. En esta materia, la prohibición de tomar rehenes, establecida como absoluta en los conflictos
armados de carácter no internacional y reconocida como norma de DIH consuetudinario70, fue
incuestionablemente desconocida por el comando guerrillero del M-19 que ingresó el 6 de
noviembre de 1985 al Palacio de Justicia. Al margen de que su propósito fuese el de juzgar al
Presidente de la República, con el pretendido concurso de la Corte Suprema de Justicia, la
realidad es que su acción armada contra la sede del poder judicial fue una flagrante violación de
las normas fundamentales de humanidad previstas en el Derecho Internacional.

96. Adicionalmente, el contenido del artículo 3° común se refleja, en tanto norma consuetudinaria,
dentro de las garantías fundamentales tales como el deber de tratar con humanidad a las
personas protegidas71 , la prohibición del homicidio72 así como de los actos de tortura, tratos
crueles e inhumanos y atentados contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes
y degradantes73.

97. En relación con tales obligaciones y prohibiciones, si bien se ha argumentado que los homicidios
de los vigilantes privados y del administrador del Palacio cuando ingresó el M-19 al Palacio
constituyeron un acto de combate74, la Comisión de la Verdad considera, con base en el principio
de protección, teniendo en cuenta además que el Palacio constituía un bien civil protegido por el
DIH y que las víctimas eran civiles ajenos al conflicto, que en efecto se trató de homicidios, y, en
consecuencia, se vulneró la protección debida a las personas protegidas, tal como lo dispone el
Derecho Internacional Humanitario.

98. El comando del M-19, al ordenar una determinada ubicación a los rehenes que se encontraban en
el baño, cuando era más intenso el ataque del Ejército e inminente su ingreso al lugar, cometió
una infracción con la “utilización de escudos humanos”, conducta prohibida75, al igual que la
discriminación76.

99. A juicio de la Comisión de la Verdad, las razones para la configuración de tales infracciones están
constituidas, en primer lugar, por el hecho de ordenar a los rehenes que se sentaran en el piso: en
la primera fila, los Magistrados y Consejeros; detrás, los demás funcionarios descendiendo en
orden de jerarquía. Los guerrilleros se ubicaron en el muro del costado norte y les apuntaron con
las armas77. Esta decisión de Almarales, independientemente del propósito que la inspiró, generó
en los rehenes la percepción de la inminencia de su muerte, afectó aún más su integridad psíquica
y moral y los convirtió en escudos humanos, de haber hecho su ingreso el Ejército por la puerta
del baño. “La utilización de escudos humanos exige la coexistencia deliberada, en un mismo lugar,
de objetivos militares y personas civiles o fuera de combate, con la intención específica de evitar que
esos objetivos militares sean atacados”78.

100. En segundo lugar, considera la Comisión que con este mismo evento se vulneró la prohibición de
hacer “distinciones de índole desfavorable basadas en la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión o

70 Norma 96. Queda prohibido tomar rehenes.
71 Norma 87.
72 Nota 89.
73 Norma 90.
74 Juzgado 30 de Instrucción Criminal, P. 57.
75 Norma 97.
76 Norma 88.
77 Ver Capítulo IV
78 El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, Óp. cit., P. 387.

las creencias, las opiniones políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el
nacimiento u otra condición, o cualquier otro criterio análogo”79, cuando se dispuso la ubicación de
los rehenes de acuerdo con su rango, exponiendo al mayor nivel de riesgo a los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y los Consejeros de Estado, criterio de índole desfavorable que
ciertamente desconoció el principio de humanidad.

101. Tal como se describió en el capítulo sobre los hechos, las condiciones de la retención indebida, el
hacinamiento en un espacio reducido y en condiciones antihigiénicas, el terror por los
permanentes bombardeos, la falta de medicamentos al interior del baño donde los rehenes fueron
obligados a permanecer durante parte de la noche del 6 de noviembre y hasta cerca del mediodía
del 7, constituye una infracción adicional al respeto debido por la integridad personal y a la
dignidad humana, obligaciones absolutas frente a la población protegida.

102. Ahora bien, además de los cuestionamientos sobre responsabilidad desde el punto de vista
jurídico, como ha sido expuesto en los párrafos anteriores, la Comisión de la Verdad considera
necesario plantear algunas reflexiones en relación con las implicaciones, desde una perspectiva
ética, de la actuación del comando del M-19 que participó en la toma del Palacio de Justicia.

103. En primer lugar, a pesar del respeto que dijeron profesar hacia la Corte Suprema de Justicia, los
integrantes del M-19 no tuvieron ninguna consideración por ella, ni por el Consejo de Estado,
como tampoco por la justicia que encarnaban con independencia y sujeción estricta al Estado de
derecho. Profanó el M-19 violentamente el templo de la justicia, tomó como rehenes a
Magistrados del más alto nivel y a otros servidores judiciales, al igual que a civiles que se hallaban
en el Palacio, el cual convirtió en campo de batalla, como si fuera Yarumales.

104. Tal como lo han reconocido analistas y los propios ex integrantes de ese movimiento subversivo,
la toma del Palacio fue un craso error de cálculo político y militar de parte del M-19. Al interior
del movimiento, profundamente dividido para la época, triunfó el ala militarista en la decisión de
tomar por la fuerza el Palacio, con la convicción de que se repetirían los episodios de la toma de la
Embajada de República Dominicana y el de Yarumales80.

105. No tuvo en cuenta el M-19, adicionalmente, el desgaste político del Ejecutivo en época
preelectoral, el poder que para entonces tenían las fuerzas militares y su animadversión, tanto al
proceso de paz en general como al M-19 en particular. Consideraron que si había sido posible el
diálogo durante el gobierno Turbay, con ocasión de la toma de la Embajada de República
Dominicana, éste sin duda se iba a dar con el gobierno Betancur, quien había impulsado la
amnistía y propiciado procesos de paz con la insurgencia.

106. “El M-19 no entiende en ese momento [la toma del Palacio de Justicia] que las fuerzas armadas no
son solamente un objeto militar sino además, y sobre todo, un sujeto político. Un sujeto social
altamente dinámico, que se mueve en un complejo campo relacional económico, político, cultural-
ideológico y que no autoriza generalizaciones, asociaciones simplistas, extrapolaciones. El ejército y
la policía bajo Turbay Ayala no tendrían por qué ser los mismos que bajo Belisario Betancur; el
universo de las Fuerzas Armadas, sus convergencias y divergencias internas, sus relaciones con el

79Norma 88.
80Este es un lugar estratégico, ubicado al norte del departamento del Cauca, que en los acuerdos con el gobierno se había
previsto como zona de distensión, pero en diciembre de 1984 se presentaron fieros combates entre el Ejército y el M-19,
quienes mutuamente se achacaban la violación de la tregua, y finalmente cesaron las hostilidades porque el gobierno dio
orden de cese al fuego.

mundo del poder civil, no tendría por qué ser igual frente a los hechos de la Embajada Dominicana y
del Palacio de Justicia.”81

107. Sobrevaloró el M-19, por otra parte, su propia popularidad al considerar de manera errónea que
tendrían en su acción violenta el respaldo ciudadano y que el Estado no pondría en riesgo la vida
e integridad de los rehenes.

108. Al margen de los aspectos éticos, las consecuencias del asalto produjeron al M-19, además de la
muerte de la totalidad de integrantes del comando agresor, con excepción de Clara Helena Enciso,
quien logró escapar con vida, la posterior eliminación física de la dirigencia de esa organización y
la pérdida de espacios políticos, que condujeron finalmente a su desmovilización y efectiva
reinserción a la vida civil.

109. En 1995, cinco años después de haber firmado la paz y diez desde el fatal desenlace en el Palacio,
un grupo de ex integrantes del M-19 escribió una carta que decía:

“…pedimos perdón a las víctimas de esta tragedia, a sus familiares y amigos, por la parte de
responsabilidad que nos correspondió. Entonces dijimos que ‘la batalla del Palacio de Justicia tocó
las fronteras del absurdo, lesionando a todo el país. En ese holocausto perdimos todos’.

Cuando sea contada a nuestros hijos la historia de lo que hicimos, queremos que sepan que es una
historia concluida. Y que no sientan deuda ni vanidad por lo que logramos y nos salió bien, ni
frustración o temor por lo que nos salió mal. Que podamos decir que el 7 de noviembre de 1995 hubo
un acto de perdón que abrió la puerta para que los niños y niñas de este país se metieran en otro
cuento, en la construcción de una paz verdadera para toda Colombia.

Porque más allá del desarme está la reconciliación. Sin ella, la paz es apenas una tregua en el ya
trillado camino de las venganzas. Esto es lo que pretendemos que cambie en Colombia.

Nosotros ya perdonamos. Y pedimos perdón a los que ofendimos, sembrando una semilla de
reconciliación.”82

110. Antonio Navarro Wolff declaró, en este sentido, que “por esos hechos el M-19 les pidió perdón a
todas las víctimas inocentes, a sus familiares y al país. Yo quiero repetir hoy esa solicitud de perdón.
Y reconozco que, por mucho perdón que pidamos, nunca será suficiente. Sobre todo en lo que se
refiere a las familias de las víctimas”83.

111. Otros ex integrantes del M-19 expresaron en las entrevistas con la Comisión de la Verdad que es
incuestionable la responsabilidad política y militar del movimiento por haber iniciado la
operación, y coincidieron en su voluntad de participar en un espacio de reconciliación, siempre y
cuando el Estado hiciera lo propio.

81 William Ramírez Tobón. Coyuntura. La liebre mecánica y el galgo corredor. La paz actual con el M -19. En: IEPRI, Instituto
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, UNC, Universidad Nacional de Colombia: Colombia. Mayo-Agosto 1989. P.
60.
82 Vera Grabe: Razones de vida. Bogotá, Planeta Colombiana, 2ª ed., 2001.
83 Navarro Wolff, Antonio e IRAGORRI, Juan Carlos. Óp. cit., P. 83

112. En igual forma, en un encuentro sobre Verdad y Reconciliación propiciado por la CVPJ, Vera Grave
también reconoció el desatino y pidió perdón, sin condiciones, como camino hacia la convivencia
pacífica en Colombia84.

84 Como se señaló en la Introducción del presente Informe, el 22 de mayo de 2009, tres representantes de los distintos
sectores que estuvieron involucrados en los hechos: Vera Grabe, Jaime Castro y el general retirado Juan Salcedo Lora, fueron
invitados a un conversatorio denominado Hacia la construcción de espacios de verdad y reconciliación 23 años después de los
hechos del Palacio de Justicia, evento que se transmitió en directo por internet y al que las personas interesadas enviaron
sus preguntas.

VIII.2. La responsabilidad institucional
del Gobierno
“…Y en vista de que el Presidente no daba la orden de alto al fuego,
las evasivas que encontramos, resolvimos irnos, pero antes le dije:
‘Si usted no lo hace, la historia será muy dura con usted. Lo juzgará muy duramente’”.1

Responsabilidad derivada del deber de prevención a cargo del
Estado
1. Tal como ya se dijo, las autoridades tenían pleno conocimiento de las amenazas de los
extraditables a Magistrados de la Corte Suprema, las cuales habían determinado la realización de
un Consejo de Seguridad Nacional y la adopción de ciertas medidas de protección que al momento
de la toma del Palacio brillaron por su ausencia.

2. Asimismo, la opinión pública conoció, con base en la información divulgada el 16 de octubre de
1985 por el propio Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, de la existencia de los planes
del M-19 para tomarse la sede máxima del poder judicial. Con base en dicha información, el
Comandante de la Brigada XIII y el Comandante Operativo de la Policía de Bogotá alertaron a las
unidades militares, de policía y del DAS el 17 de octubre de 1985 sobre la posible acción violenta
del grupo guerrillero.

3. A su turno, el Presidente de la República se enteró del proyecto del M-19 de tomarse el Palacio de
Justicia a través del Consejo de Seguridad, donde estaba la representación de los mandos
militares, el Ministro de Gobierno y el DAS2.

4. Sin embargo, a pesar de la amplia difusión periodística de la noticia no se realizó esfuerzo alguno
para brindar la protección institucional que se ameritaba para preservar la vida de quienes
laboraban en el Palacio y la de sus visitantes ocasionales.

5. En este sentido, la Comisión de la Verdad debe recordar que la Constitución de 1886, vigente para
la época de los hechos, señalaba en su artículo 19 que “Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y
asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos”.

6. Por su parte, tanto la normatividad interna como las disposiciones de carácter internacional
vinculantes para Colombia, establecían, como ahora, el deber fundamental del Estado de adoptar
medidas de prevención y protección de las personas, con el objeto de evitar que se produzcan
daños irreparables a éstas.

1 Palabras del Magistrado Manuel Enrique Daza Álvarez en la entrevista con la CVPJ, al relatar la reunión que sostuvieron los
Magistrados Hernando Baquero Borda, José Alejandro Bonivento Fernández, Luis Enrique Aldana Rozo y Héctor Gómez
Uribe con el Presidente Betancur el 7 de noviembre de 1985 a las 9:30 a.m. para pedirle el cese al fuego en el Palacio.
2 Entrevista del Presidente Betancur con la CVPJ.

7. En relación con dicho deber, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el
alcance de la obligación general de respeto y garantía establecida en el artículo 1.13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos4, ha señalado reiteradamente que:

“El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan
cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de
imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político,
administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que
aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas
como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa,
así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es
posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el derecho de que se
trate y según las condiciones propias de cada Estado Parte. Es claro, a su vez, que la obligación de
prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho
de que un derecho haya sido violado. (…)”5.

8. Ahora bien, respecto del alcance de la obligación de prevención a cargo del Estado, ha expresado
la Corte Interamericana6, invocando la jurisprudencia del Tribunal Europeo, que:

“[e]l carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados
no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de
particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares
en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo
real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades
razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un
particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de
otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las
circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía.

9. Y es que la obligación del Estado de adoptar medidas de protección supone “un deber primario del
Estado de asegurar el derecho a la vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho
penal efectivas para disuadir la comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una
maquinaria de implementación de la ley para la prevención, supresión y castigo del incumplimiento
de esas disposiciones. También se extiende, en ciertas circunstancias, a una obligación positiva de las
autoridades de tomar medidas preventivas operativas para proteger a un individuo o grupo de
individuos, cuya vida esté en riesgo por actos criminales de otros individuos”7.

3 Según el cual: “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
4 Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; ratificada por Colombia el 31 de julio de 1973.
5 Corte IDH - Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras - Sentencia de 29 de julio de 1988, Fondo, párr. 174 y 175.
6 Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia - Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafos 123 y 124.
7 Sentencia de Osman vs. Reino Unido, 28 de octubre de 1998, en Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, párr. 115.

Texto original en inglés, traducido por la Secretaría de la Corte IDH.

10. Por su parte, las normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario, aplicables a
situaciones de conflicto armado no internacional como el colombiano, establecen, en esta materia,
que: “Las partes en conflicto deberán tomar todas las precauciones factibles para proteger de los
efectos de los ataques a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control”.8

11. La Comisión de la Verdad concluye, con base en los hechos reseñados y en las consideraciones
arriba planteadas, que la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los integrantes de
los máximos tribunales de la Rama Judicial del poder público, al momento de los hechos del
Palacio de Justicia, era particularmente grave y debió ser, en consecuencia, atendida de manera
coordinada y concertada por las autoridades gubernamentales, a través de la adopción de
medidas eficaces, oportunas y permanentes que permitieran garantizar la vida e integridad
personal de los funcionarios, así como la independencia y autonomía de las funciones asignadas a
la administración de justicia, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

12. Considera, en consecuencia, que el Estado colombiano no sólo no adoptó las medidas de
prevención y protección requeridas por los integrantes de la Rama Judicial, sino que suspendió en
forma arbitraria aquellas que coyunturalmente había implementado, lo que compromete su
responsabilidad, tanto por acción como por omisión. La Comisión de la Verdad debe señalar que
la responsabilidad estatal se deriva, tanto de las fallas en el deber de prevención por parte de la
fuerza pública, como de la responsabilidad del Presidente de la República y de sus ministros,
encargados de la formulación de políticas encaminadas a cumplir con las obligaciones
convencionales, constitucionales y legales del país.

13. La Comisión no tiene duda de que el retiro de la vigilancia al Palacio contribuyó al trágico
desenlace de los hechos9. Adicionalmente, una vez ocurridos los hechos, las razones y las
responsabilidades individuales e institucionales de tal decisión estatal nunca fueron
adecuadamente investigadas y mucho menos sancionadas por las autoridades competentes, por
el contrario, se produjeron intentos de negar el conocimiento previo de los planes de la guerrilla,
así como para justificar la decisión del retiro de la vigilancia, pretendiendo responsabilizar de ello
al martirizado Presidente de la Corte Suprema, doctor Alfonso Reyes Echandía10, cuando está
claramente demostrado que tanto él como la Corte y el Consejo de Estado solicitaron el
reforzamiento de las medidas de seguridad ante las graves amenazas de muerte a los Magistrados
y de asalto a la edificación.

14. Desde este punto de vista, en relación con la responsabilidad administrativa del Estado por el
retiro de la protección del Palacio, el Consejo de Estado, en el marco de las acciones de reparación
directa incoadas por los familiares de víctimas de los hechos del Palacio de Justicia, señaló que:

"En las condiciones anteriormente relacionadas concluye la Sala, con pleno convencimiento, que
en el sub-judice sí se presentó una falla del servicio por parte de la fuerza pública encargada de
procurar la vigilancia de los Magistrados y Consejeros, así como del propio Palacio de Justicia y
de quienes allí por una u otra razón se encontraban laborando. Hubo falla del servicio por cuanto
a pesar de que, como se estableció, se conocían las amenazas contra los funcionarios judiciales y

8 Norma 22, citada en “Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario: una contribución a la
comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados”. Jean-Marie Henckaerts. En Revista Internacional de la Cruz
Roja Volumen 87 Número 857, Marzo de 2005.
9 Tal como lo señala el Tribunal Especial de Instrucción, Informe sobre el Holocausto del Palacio de Justicia (Noviembre 6 y 7 de

1985), Diario Oficial Año CXXIII. N. 37509. 17, Junio, 1986: “De existir suficiente fuerza armada, a juicio de los investigadores,
el ataque posiblemente no se habría cometido, o de realizarse habría tenido otras consecuencias”.

la intención de ocupar el Palacio de Justicia, la acción gubernamental en tal sentido no funcionó
adecuadamente.

Si bien se proyectaron medidas de seguridad, lo cierto es que las mismas quedaron apenas en el
papel y allí todavía se encuentran en el informe rendido sobre el particular. La vigilancia
incrementada por la visita del Presidente de Francia desapareció cuando el mismo salió de
Colombia. Ni la Policía Nacional, ni el Das, ni el Ejército, prestaron custodia alguna para el día de
la toma del Palacio, y ello a pesar de que se trataba de una toma anunciada, como la calificaron
distintos personajes del propio gobierno. En verdad resulta de difícil comprensión para la Sala la
actitud en extremo negligente, imprevisiva y desde luego culposa de las autoridades de la
República para dejar en la más aterradora desprotección a Consejeros, Magistrados y personal
que laboraba en el Palacio de Justicia, a la buena de Dios y con el único respaldo de una exigua
vigilancia particular, carente de experiencia y de los medios necesarios para enfrentarse a un
enemigo audaz, osado y peligroso, el que venía amenazando de muerte a los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, y el mismo que había anunciado, de tiempo atrás, la ocupación del
Palacio donde aquella funcionaba. Era el mismo enemigo que había sido objeto de comentarios
en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, organismo de donde surgió la determinación de
brindar una especial protección a los referidos funcionarios judiciales y establecimiento de
labores.

El conocimiento pleno y anticipado que de las amenazas tenían las autoridades, la dignidad e
investidura de quienes directamente eran los más amenazados, hacen más ostensible y, por
supuesto, de mayor entidad la falla del servicio, por omisión”.

(…) “En síntesis, la falla del servicio se presentó por partida doble:

De una parte, por haber suprimido la vigilancia necesaria en momentos en que no cabía duda
acerca de la gravedad de las amenazas que pesaban sobre los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia y los Consejeros de Estado, como personas y como funcionarios, la institución judicial
en la cúpula de la rama correspondiente y el Palacio de Justicia que albergaba las dos altas
corporaciones jurisdiccionales. La vigilancia adecuada de las instalaciones físicas que servían de
sede a los organismos judiciales, era obligación corriente del Estado; por lo probado en el
proceso; esa obligación no se cumplió. Las extraordinarias circunstancias de violencia que vivía el
país, las dificultades por las que atravesaba el proceso de paz trazado por el Gobierno, los actos
que con anterioridad inmediata se habían cumplido por la guerrilla, los asuntos especialmente
delicados que se debían decidir por esos días en la Corte Suprema de Justicia, las amenazas
graves de que habían sido objeto Magistrados y Consejeros y cuya seriedad fue constatada por las
fuerzas de seguridad, exigían que se proveyese de vigilancia y de protección especiales al Palacio
de Justicia, así como a Magistrados y Consejeros; y que dicha vigilancia y protección
permanecieran mientras la situación de riesgo subsistiera.

Sostener que ‘el peligro de la toma era el día 17’, y que sin embargo ‘se puso el servicio hasta el
21’, como muestra de eficiencia en el cumplimiento de la obligación estatal (fls. 319 del C.3), es
una explicación que oscila entre la ingenuidad y el cinismo; idéntica cariz tiene la pretensión de
descargar en el sacrificado Presidente de la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad del
abandono de la vigilancia del Palacio, la cual, por lo demás, aparece claramente desmentida por
los testimonios de Magistrados y Consejeros y, por sobre todo, por las afirmaciones del entonces
Presidente del Consejo de Estado, Dr. Carlos Betancur Jaramillo, quien sostiene categóricamente
que tal orden no salió del Palacio, amén de que, para las fechas en que presuntamente se dio, el
Dr. Reyes Echandía atendía diligencias académicas en la ciudad de Bucaramanga.

Por este primer aspecto, pues, se abandonó a su suerte la institución judicial representada por sus
cuerpos de mayor jerarquía, desconociendo, por lo tanto, no solo la obligación de proteger la vida
y la integridad física de Magistrados, funcionarios y empleados judiciales, sino también la de
velar por la institucionalidad del Estado en una de sus ramificaciones tradicionales: la
jurisdiccional”11. (subrayados en el texto original)

La actuación del Presidente de la República y de sus Ministros
en el desarrollo del asalto y de la recuperación del Palacio de
Justicia
15. En relación con la actuación del Ejecutivo durante los días 6 y 7 de noviembre, la Comisión de la
Verdad ha identificado varias conductas, unas activas y otras omisivas que comprometen la
responsabilidad del Gobierno Nacional y que tienen su origen fundamentalmente en dos
decisiones del Presidente de la República: por una parte, la decisión de no dialogar y, por otra, la
de autorizar o tolerar, hasta sus últimas consecuencias, la operación militar de retoma.

16. Por lo que respecta a la decisión de no dialogar, el Presidente Betancur afirmó a la Comisión de la
Verdad que él tomó la decisión de no negociar,”tras consultas con ex presidentes, ministros, y
colegas en el continente”.

17. La Comisión de la Verdad reitera12 que ello no era incompatible con el diálogo ni con las acciones
realmente conducentes a la salvaguarda de la vida e integridad de los rehenes que se debieron
adelantar en cumplimiento del deber constitucional, legal, convencional y ético de las
autoridades.13

18. Tres argumentos se han esgrimido para sustentar la negativa al diálogo. El primero de ellos
pretende justificar la desatención sistemática del Presidente de la República al Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, cabeza como aquél de una de las ramas del poder público, bajo la tesis
de que era “inconveniente” que hablara con el doctor Reyes por ser éste un rehén un rehén y por
ende no tenía autonomía de voluntad14, menos cuando los guerrilleros le apuntaban con un arma
de fuego.

19. “Cuando el doctor Reyes Echandía quería hablar con el Presidente, el Presidente consideró que no
era oportuno agotar la instancia presidencial con un diálogo con el doctor Reyes Echandía que no
era libre en ese momento porque él mismo advertía que tenía una ametralladora sobre su cabeza y
por consecuencia, no era libre”, expresó a la Comisión de la Verdad el Presidente Betancur.

11 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, Santafé de Bogotá, D.C., 28 de enero de
1999, Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, Ref. Expediente No. 12.623; Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Tercera. Santa Fe de Bogotá, D.C., febrero 2 de 1995. Consejero Ponente: Juan de Dios Montes
Hernández, Referencia Expediente No. 9273; Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.-
Santafé de Bogotá, D.C., agosto 19 de 1994. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández. Referencia: Expediente No. 9276.
En tales fallos se transcriben las consideraciones contenidas en el expediente No. 8222, que fue fallado el 19 de agosto de 1994
con ponencia del Consejero Daniel Suárez Hernández.
12 Tal como lo afirmó en su Informe preliminar, “11. Comportamiento del Gobierno Nacional”.
13 Ver Introducción
14 Entrevista de la Comisión con el Canciller Augusto Ramírez Ocampo.

20. La Comisión de la Verdad encuentra simplemente inaceptable esta explicación, dadas las
circunstancias y, particularmente, el inminente riesgo para la vida de la muchedumbre de
retenidos y amenazados con armas de fuego, lo que debió prevalecer sobre cualquier otro tipo de
consideraciones ya que era obvio que se trataba del manejo de una grave crisis, en la que, aún
bajo presión –y justamente debido a ello-, la instancia del diálogo se tornaba fundamental.

21. Es más, mientras el Presidente del Congreso, doctor Alvaro Villegas, y el Presidente de la Corte,
doctor Alfonso Reyes, llamaban insistente e infructuosamente al primer mandatario para solicitar
el cese al fuego, el Presidente Betancur y sus ministros realizaron personalmente unas pocas
llamadas a otros rehenes para tranquilizarlos y anunciarles que pronto se resolvería
satisfactoriamente la crítica situación por la que atravesaban15, como si éstos sí tuvieran
autonomía de la voluntad y no estuvieran también bajo la amenaza de las armas.

22. Así lo relató a la Comisión de la Verdad el doctor Carlos Betancur, Presidente del Consejo de
Estado, quien se encontraba oculto en su oficina y recibió una llamada del Presidente Betancur
hacia las 5:00 p.m. del 6 de noviembre para decirle que “ya estaba todo controlado, que no se
preocupara, que antes de las 6:00 p.m. posiblemente iba a estar ya afuera”. Adicionalmente, le
preguntó si tenía los números de teléfono de otros Magistrados, después de lo cual el mandatario
llamó al Consejero Julio César Uribe.

23. Otro argumento expuesto por el Presidente Betancur y sus ministros a la Comisión de la Verdad
para justificar su negativa de hablar con el Presidente de la Corte Suprema ha sido que no se
dialogó porque el M-19 no había entrado a conversar sino a realizar un operativo militar que
pretendía la toma del poder. Para sustentar tal aseveración invocó el ex Ministro de Gobierno,
declaraciones vertidas en el libro “Holocausto en el silencio”, atribuidas al doctor Gustavo Petro,
en las que afirmó16:

“¿Qué habría pasado si el ejército cesa el fuego?

Yo creo que el ejército pensó una cosa que podría ser cierta: si la toma del Palacio de Justicia salía
bien, llegaríamos al poder porque el apoyo popular era manifiesto. Y con una toma de esas, después
de poner al gobierno a negociar, lo que seguía era la toma del poder. Y eso, más que asustar al
Ejército, asustó a la oligarquía colombiana.

¿Cuál era el plan que debían seguir si hubieran logrado retener vivos a los Magistrados?

“Comenzar con el juicio, iniciar un proceso político y tomarse el poder. No desde el Palacio, pero sí
concentrar la capacidad política más grande, la capacidad de convocatoria popular más grande
posible, con un conocimiento militar muy fuerte y con una fuerza militar igualmente fuerte.”

Esta suposición no es compartida por otros ex integrantes de esa agrupación subversiva quienes,
basados en el principio de compartimentación, han manifestado que los reales propósitos de la
toma sólo los conocían quienes la idearon y la realizaron, pero que por lo dicho en la proclama y
en la demanda armada, ellos tienen la convicción de que los reales designios fueron hacerle un
juicio público al Presidente de la República y tener un gran despliegue publicitario. El propio
doctor Petro reafirmó en la misma entrevista desconocer los planes de la toma porque operaba el

15 La Ministra de Educación, Liliam Suárez Melo también señaló a la Comisión que se había comunicado con algunos
Magistrados en la tarde del 6 para “tranquilizarlos”.
16 ECHEVERRY, Adriana y HANSSEN, Ana María: entrevista con Gustavo Petro. Pp. 195 y 198.

principio de la compartimentación, que restringía su conocimiento, y se encontraba preso en la
cárcel Modelo, donde había llegado aproximadamente diez días antes.

24. La hipótesis de intención de golpe de Estado por parte del M-19 ha sido descartada por la
Comisión de la Verdad, porque si bien se trataba de un gobierno débil al final de su mandato, era
democrático y la organización subversiva sabía perfectamente que pese a su simpatía en algunos
sectores, no estaban dadas ni remotamente las condiciones políticas ni militares para realizar una
acción de tanta magnitud. Además, es realmente inverosímil que los guerrilleros pretendieran
que el asalto perpetrado por sólo 36 de sus integrantes, tuviera por sí solo el poder de desquiciar
el orden constitucional de la Nación, con mayor razón si el poder judicial era considerado “la
rama seca del poder público”17 y el ejército tenía gran capacidad de reacción.

25. El ministro de Gobierno Jaime Castro expresó a la Comisión que la decisión de no negociar se dio
“por las características del operativo, por la forma en que había negociado con el M-19 y porque
estaba de por medio el narcotráfico”.

26. El Presidente de la República fue consciente de haber aceptado la solución militar, dado que
declaró a la Comisión de la Verdad: “No podía haber suspensión del operativo militar, pues como
antes indiqué, de la ejecución misma de aquel operativo se encargaba exclusiva y excluyentemente la
institución militar”.

27. Sobre el particular, ratifica la Comisión de la Verdad que no existía el dilema de negociar o no,
porque es claro que las instituciones no son negociables, sino que era ineludible el deber del
gobierno de dialogar, cuyo cumplimiento se imponía de modo imprescindible frente a las
específicas condiciones de la gravísima retención de un numeroso grupo de rehenes. No se podía
entonces dejar en manos exclusivas de la autoridad militar la solución de la situación, de cara a
las obligaciones enmarcadas en la Constitución Política y en el derecho internacional
humanitario.

28. El doctor Alfonso Gómez Méndez18, recordó cómo históricamente en Colombia el manejo por
parte de los gobiernos de este tipo de situaciones ha dependido, fundamentalmente, de
consideraciones relacionadas con la calidad de éstos. A ello la Comisión debe agregar que las
decisiones han dependido igualmente de la importancia que se otorgue a la protección de la vida
humana y, particularmente, a la preeminencia –material, no formal- de la autoridad civil sobre las
instancias militares.

29. Un antecedente significativo, al que se ha referido la Comisión de la Verdad19, es el relativo a la
toma de la Embajada Dominicana por parte del M-19, en tiempos de la administración de Julio
César Turbay. A pesar de la violencia inicial del asalto, igualmente armado, de las exigencias
extremas del grupo guerrillero, de la toma de rehenes y de la disposición de las fuerzas militares
para adelantar una operación de rescate, dicha situación fue manejada por el Gobierno a través
del diálogo y el acuerdo político.

17 Tal como lo expresó el Magistrado Fernando Uribe Restrepo, quien fuera Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia
al momento de los hechos del Palacio e inmediatamente después designado Presidente de la corporación.
18 Entrevista con la CVPJ
19 Ver Capítulo II

30. En la tragedia del Palacio de Justicia, sin embargo, no hubo ningún espacio para el diálogo, dado
que cuando apenas el Gobierno del Presidente Betancur estaba conociendo las demandas de la
insurgencia20, los tanques de la Brigada 13 ya hacían su ingreso violento al Palacio21.

31. Adicionalmente, resulta paradójico, por decir lo menos, que el Presidente Betancur no aceptara
dialogar en estas circunstancias, cuando en el decurso de todo su mandato profesó su vocación
por la paz y practicó incesantemente el diálogo con los grupos armados, incluso dispuso el
repliegue de la fuerza pública22 por encima de la voluntad militar, lo que le ocasionó severas
críticas de éstos y envalentonó al M-19.

32. Justamente, la segunda decisión presidencial determinante para el trágico desenlace de los
hechos tiene que ver con la autorización de una operación militar cuyos efectos y alcances
desconocía el Ejecutivo, operación que no fue suspendida en ningún momento, desatendiendo el
clamor del propio Presidente de la Corte Suprema, en aras de salvar la vida de numerosas
personas puestas en condiciones de absoluta indefensión, y a pesar del evidente uso
desproporcionado de la fuerza desde el inicio mismo de la reacción, cuyos efectos destructivos
eran perceptibles desde la casa presidencial.

33. Tales actitudes, cuyos efectos fueron irreparables para las víctimas y funestos para el país, se
tomaron por parte del Ejecutivo, como se describió al relatar los hechos23, sin contar con la
información precisa sobre lo que ocurría y sin asumir el mando o al menos la supervisión del
operativo militar, como era el deber del Presidente en su condición de Jefe de las Fuerzas
Armadas24.

34. El Presidente y sus ministros no recibían de parte del comandante de la operación militar,
General Arias Cabrales, ni de sus superiores, la información puntual acerca de lo que sucedía en el
Palacio, lo que, como quedó señalado en el Informe Preliminar, generó un vacío de poder, dado
que el Presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos
acontecimientos.

35. En relación con la información que el gabinete ministerial y el Presidente recibieron durante los
días 6 y 7 de noviembre, sus declaraciones son elocuentes cuando expresan que “el Presidente no
dispuso del operativo militar minuciosamente”25; “el presidente estuvo enterado del grueso de la
operación, pero no de la minucia”, esto es, no supieron de la entrada de los tanques, y tampoco
tenían comunicación con el General Arias ni con el Coronel Plazas, quienes dirigían el teatro de
operaciones26; “los militares nos daban información pero fragmentaria, parcial y en la medida en
que ellos presionaban y preguntaban, pero no tenían información completa de lo que estaba
pasando, ni conocíamos la magnitud de la tragedia”27.

20 Según afirmó el Presidente Betancur a la Comisión de la Verdad,“nos llegó como a la 1:00 p.m. un casete en el cual estaba
una proclama del M-19”.
21 Como señaló la CVPJ en el Capítulo IV, antes de la 1:00 p.m. del 6 de noviembre, ocho unidades blindadas ya habían

llegado a la Plaza de Bolívar.
22 En Yarumales el Presidente ordenó el cese al fuego en medio de los enfrentamientos entre el M-19 y el Ejército.
23 Ver Capítulo IV
24 Artículo 120 de la Constitución de 1886.
25 Entrevista de Belisario Betancur con la CVPJ.
26 Entrevista de Augusto Ramírez Ocampo con la CVPJ.
27 Entrevista de Liliam Suárez Melo con la CVPJ.

36. El Presidente Betancur señaló a la Comisión de la Verdad que “las instrucciones fueron siempre,
siempre, siempre, que el ejército, a través del Ministro de Defensa y los altos mandos militares y de la
Policía, restablecieran la Constitución en el Palacio de Justicia con la cautela, garantía de la vida de
los rehenes y aún, dije en varias oportunidades, de los guerrilleros”.

37. Tales “instrucciones”, sin embargo, fueron dadas a una fuerza pública representada, según afirmó
el Presidente Betancur a la Comisión de la Verdad, por el Ministro de Defensa, General Vega Uribe,
quien llegó al Palacio de Nariño hacia las 4:00 p.m. del día 6 de noviembre después de haber
coordinado con el Comandante de la Brigada 13 y otros oficiales la operación de retoma del
Palacio, y con el Director de la Policía, quien ordenó la operación helicoportada desestimando la
recomendación de algunos Ministros, que se oponían a su realización por los riesgos que
entrañaba28.

38. Adicionalmente, como se ha señalado, las relaciones entre el Presidente Betancur y las fuerzas
militares distaban de ser fluidas y existía una mutua desconfianza, generada a partir del proceso
de paz y del cambio de orientación en el manejo del orden público en el país29.

39. Al ser preguntado el Presidente Betancur sobre el alcance de las órdenes dadas a las fuerzas
militares, respondió a la Comisión de la Verdad que “El Presidente, según la Constitución, es
comandante en jefe de las fuerzas militares como ustedes lo saben, pero digamos que hay una
ambivalencia en esa investidura constitucional que tiene el Presidente. Uno de los puntos de esa
investidura, pone en cabeza del presidente la toma de decisiones decir a tal parte, de despejar tantos
kilómetros para acuerdos humanitarios, etc. Otra investidura constitucional es que es el jefe militar
y entonces el Presidente puede ponerse uniforme militar y botas y se va al campo de batalla. En la
Constitución del 86 incluso, se establecía que el vicepresidente asumía inmediatamente porque el
Presidente se iba al campo de batalla y quién sabe qué le pasaba por allá, pero además no podía
atender los asuntos del Estado. Yo no ejercí esa segunda investidura, no me puse el uniforme y las
botas. ¿Por qué no lo hice? Pues porque no tengo conocimientos militares y entonces la Constitución
establece que esa investidura se delega en las fuerzas militares y de policía. Y fue a esas fuerzas
militares y de policía a las que les impartí esa instrucción. Pero un operativo militar es de tracto
sucesivo y el Presidente, que no estaba ejerciendo la investidura de comandante de la operación,
pues no es quien para seguir la operación instante por instante. Entonces la orden no fue ‘entren con
tanques’ sino ‘restablezcan la constitución en el Palacio, garantizando la vida de los rehenes y aún
de los guerrilleros’”.

40. Sin embargo, más adelante, en la entrevista con la Comisión de la Verdad, expresó el Presidente
Betancur que “Mi balance en este momento es que las fuerzas militares obraron de acuerdo con sus
propios esquemas y que pretermitieron, sin duda, las recomendaciones de que la vida de los rehenes
no sufriera riesgo. Ahora, no estoy en capacidad de decir cómo murieron dentro los rehenes”.

41. En relación con la operación helicoportada, descrita por la Comisión anteriormente30, los
ministros y el Presidente han señalado, por una parte, la inexistencia de un Consejo de Ministros
formal durante el día 6, lo que en realidad es irrelevante en la medida en que, así fuere de facto, el

28 Entrevistas de Enrique Parejo González, Liliam Melo, Augusto Ramírez Ocampo y el Presidente Betancur con la CVPJ.
29 Ver Capítulo I
30 Ver Capítulo IV

gabinete ministerial se encontraba reunido y sus opiniones, en cuanto formaban parte del
Ejecutivo31, constituían la expresión del Gobierno Nacional.

42. Dos de los eventos que más dramáticamente ilustran la desinformación en que las fuerzas
militares mantuvieron al Gobierno son, en orden cronológico, el relatado por el Ministro Enrique
Parejo González, quien señaló a la Comisión que hacia la una de la madrugada del 7 de noviembre,
el General Vega, Ministro de Defensa, le dijo al Presidente y a los ministros que aún permanecían
en el Palacio que los operativos se suspendían, que el Ejército no tenía posibilidad de realizar
ninguna acción contra el M-19, ni el M-19 contra el Ejército. El Presidente les dijo que se fueran a
descansar y que se encontraran al otro día a las nueve de la mañana.

43. Continuó el Ministro Parejo su relato afirmando que cuando iba en el carro hacia su casa, sintió el
“tiroteo más intenso de toda la noche”, como si fuera una guerra. Desde su casa llamó al Presidente
y a otras personas para que le informaran qué había sucedido, pero nadie le podía dar
información. En efecto, como lo describió la Comisión de la Verdad, hacia las 2:00 a.m. se
produjeron los disparos de rockets y ametralladoras desde los tanques ubicados en la Plaza de
Bolívar contra la fachada del Palacio de Justicia32.

44. El segundo episodio que revela el ocultamiento deliberado de parte de la fuerza pública al
Gobierno Nacional de hechos trascendentales en el desarrollo de la operación, que confirmó la
Ministra de Educación33, fue que el Gobierno no se enteró de la liberación del Magistrado
Arciniegas en la mañana del 7 de noviembre34, ni de su misión de llevar un mensaje al Presidente
de la República.

45. De otra parte, ha quedado establecido que los Ministros de Justicia, Educación y Comunicaciones,
manifestaron al General Delgado Mallarino su preocupación por los riesgos que implicaba la
operación helicoportada, precisamente cuando el Presidente de la Corte Suprema suplicaba el
cese al fuego, y le solicitaron suspender la ejecución de tan peligrosa e improvisada orden
mientras se lograba comunicación con Almarales.

46. Se ha argumentado que esa orden sólo podía darla el Presidente de la República, quien no la
impartió35, y que no era posible suspender la operación una vez iniciada36. La realidad es que, a
pesar de haberse solicitado detenerla, en aras de proteger a los rehenes del cuarto piso y evitarles
que se agravara su situación, la Policía desatendió la sensata petición, con desastrosas
consecuencias.

47. En relación con los fallidos intentos de diálogo, el primer día de la toma, del Director General de la
Policía37 con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; o del Ministro Parejo con Almarales;
así como de la extemporánea solicitud de mediación de la Cruz Roja al día siguiente38; la Comisión
de la Verdad debe señalar que, en el primer caso, la decisión de designar a un subalterno del Jefe

31 La Constitución de 1886, vigente para la época, prescribía en su artículo 59: “El Presidente de la República es el Jefe del
Poder Ejecutivo, y lo ejerce con la indispensable cooperación de los Ministros. El Presidente y los Ministros, y en cada negocio
particular el Presidente con el Ministro del respectivo ramo, constituyen el Gobierno”.
33 Entrevista de Liliam Suárez Melo con la CVPJ.
34 Ver Capítulo IV
35 Entrevista de Augusto Ramírez Ocampo con la CVPJ
36 Entrevista de Liliam Suárez Melo con la CVPJ
37 Ver Capítulo IV
38 Ibíd.

de Estado, interlocutor inapropiado para la conversación; en el segundo, la imposibilidad de
comunicación por la interrupción del servicio telefónico en el momento en que se iba a intentar y
por la llegada del COPES a la terraza y del Ejército al cuarto piso, previas las explosiones con
dinamita; y en el último, la tardía decisión y la obstaculización deliberada de la fuerza pública al
ingreso del organismo de socorro, determinaron el fracaso de tales propósitos, con consecuencias
que implican una clara responsabilidad para el Gobierno, por sus decisiones equivocadas o la falta
de manejo directo de tan compleja situación.

48. Respecto de la interlocución del Gobierno con el Presidente de la Corte Suprema y el comandante
guerrillero a través del Director de la Policía, con el argumento de que existía una profunda
amistad entre el Presidente Reyes y el General Delgado Mallarino –como si ello fuera relevante en
un eventual diálogo con los captores-, resulta insólito que, frente a una situación de toma de
rehenes por parte de un grupo armado, el poder civil haya delegado su representación y la
posibilidad de un diálogo político con fines humanitarios, en un miembro de la fuerza pública.
Además, resulta contradictorio que si la negativa de diálogo la fundó el gobierno en que el
Presidente de la Corte no era libre, porque tenía una ametralladora sobre su cabeza, el Presidente
de la República hubiese designado como interlocutor de aquél, al Comandante General de la
Policía.

49. Dicha opción estaba de antemano condenada al fracaso, por el hecho de que el interlocutor fuese
un miembro de la Fuerza Pública y sin la capacidad de decisión política requerida para lograr la
suspensión de la operación y tratar de alcanzar un acuerdo que pudiese preservar la vida e
integridad de los rehenes.

50. Quienes estuvieron presentes al momento de la conversación del General Delgado Mallarino con
Luis Otero, refieren que el Director de la Policía expresó a Otero que el Gobierno dialogaría si
liberaban a los rehenes y deponían las armas, caso en el cual les garantizaban un juicio justo e
imparcial, por parte de la justicia ordinaria39. Otros testigos afirman que el General expresamente
pidió la rendición al M-1940. Por su parte, el General Delgado Mallarino relató que la respuesta de
Otero fue interrumpir la comunicación y colgar el teléfono41.

51. El segundo intento de diálogo lo propició el Ministro Parejo. Ante sus fundados temores por los
riesgos de la operación helicoportada, solicitó autorización para hablar con Almarales, a quien
conocía desde su infancia por haber sido compañeros de colegio en Ciénaga, pero ya era
demasiado tarde pues se había iniciado la feroz operación del cuarto piso, por lo que no fue
posible la comunicación.

52. El último esfuerzo, también fallido, de establecer contacto con el M-19 a través de los buenos
oficios de la Cruz Roja, ya fue descrito en detalle por la Comisión42. No obstante, de haber sido el
objetivo primordial del gobierno proteger la vida de los rehenes, debió, desde un primer
momento, solicitar el apoyo del organismo humanitario. Empero, la decisión de buscarlo se
produjo en la noche del 6 de noviembre, y su Director estaba ausente, por lo cual se acudió al
Director del Socorro Nacional, pero su ingreso fue obstaculizado por el Ejército y sólo se realizó
cuando la tragedia estaba consumada.

39 Entrevistas con la CVPJ de Belisario Betancur, Augusto Ramírez Ocampo, General Víctor Delgado Mallarino,
40 Entrevistas con la CVPJ de Noemí Sanín, Enrique Parejo González
41 Entrevista con la CVPJ del General Delgado Mallarino
42 Ver Capítulo IV

53. La Comisión de la Verdad se pregunta por qué razón no se buscó desde un primer momento a la
Comisión de Paz, que a pesar de la crisis reciente por la que había atravesado, constituía de todas
maneras el espacio institucional específicamente diseñado para propiciar espacios de diálogo con
esa insurgencia. Se ha hablado también de las solicitudes fallidas de mediación del Nobel de
Literatura, Gabriel García Márquez, igualmente desatendidas por parte del Gobierno Nacional.

54. Si efectivamente hubiese existido voluntad de salvar la vida de los rehenes, deberían haberse
explorado alternativas de rescate así como haber atendido el clamor de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia que estaban fuera del Palacio de Justicia en el instante de la toma43
quienes, como relató en detalle la Comisión en su Informe preliminar, a las 9:30 a.m. del jueves 7
de noviembre de 1985, se reunieron con el Presidente de la República, Belisario Betancur
Cuartas, su esposa, el Secretario General del Palacio de Nariño y los ministros de Justicia,
Educación, Comunicaciones y Defensa44.

55. Con base en las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta el marco normativo que orienta
el mandato de la Comisión de la Verdad, específicamente las disposiciones de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión entiende que la responsabilidad del Estado,
derivada del comportamiento del Gobierno colombiano con ocasión de la toma y retoma del
Palacio de Justicia, se deriva de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes,
de respetar y garantizar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos
reconocidos en la Convención, aplicables en toda circunstancia y respecto de todas las personas,
consagradas en el artículo 1.1 de dicho tratado45, en relación con el derecho consagrado en el
artículo 4.1. de la Convención Americana, según el cual “[t]oda persona tiene derecho a que se
respete su vida”.

56. La Comisión arriba a la anterior conclusión, concretamente teniendo en cuenta el hecho de que,
como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de tales obligaciones
generales “derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en
que se encuentre”46.

57. Tal como lo expresó en su Informe Preliminar, la Comisión de la Verdad considera que nunca
existió intención real ni efectiva del Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes.
No a cambio de la preservación de las instituciones, porque a nadie le cabe duda que las
instituciones democráticas no son negociables. El que sí era imperativo era el diálogo dirigido a
proteger la integridad física de los secuestrados, el cual tampoco se dio. El Gobierno tampoco
planeó, como era su deber, ya en el caso extremo de la imposibilidad de diálogo humanitario, una
operación de rescate; por el contrario, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las
Fuerzas Armadas que, como se ha observado, al igual que el M 19, entraron arrasando lo que

43 Manuel Enrique Daza Álvarez, Hernando Baquero Borda, José Alejandro Bonivento Fernández, Luis Enrique Aldana Rozo
y Héctor Gómez Uribe.
44 Ver, Informe preliminar de la CVPJ,
45 “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.
46 Corte IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, párr. 111 y 113; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, párr. 298;

Caso Ríos y otros Vs. Venezuela, párr. 118. Ver también Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párrs. 164-168, y
Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, párr. 140.

encontraban a su paso, convirtiendo su actuación también en una verdadera operación de
aniquilamiento.

La libertad de expresión y la censura a los medios de
comunicación

“La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. (…) Los medios de comunicación eran en ese momento los
ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el gobierno; cuando
vino la censura, no sabían que estaba pasando”47.

58. Una de las grandes paradojas de la actitud del Gobierno del Presidente Betancur y
particularmente, de su Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, durante el desarrollo de la
toma y retoma del Palacio de Justicia, es el relacionado con los medios de comunicación: al tiempo
que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en
el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la
televisión, la Ministra tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los
gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la
transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas48.

59. En relación con las noticias sobre la operación guerrillera y militar, el propio Presidente de la
República relató a la Comisión de la Verdad que la información de radio llegaba más rápido que
las informaciones oficiales. En el mismo sentido, la Ministra de Educación señaló a la Comisión
que se informaban “fundamentalmente” por la radio, quien afirmó a la Comisión de la Verdad que
la censura se habría producido como una manera de “tranquilizar” al país, ya que se presentaban
revueltas y temieron que se diera un “nueve de abril”.

60. El Ministro de Relaciones Exteriores, por su parte, atribuyó a los medios de comunicación,
específicamente a la radio, la responsabilidad del fracaso de la operación helicoportada de la
Policía por la “transmisión minuto a minuto de la operación” y señaló que esas transmisiones
radiales determinaron que Noemí Sanín, “casi por cuenta propia”, enviara la circular disponiendo
que no se podían seguir transmitiendo las operaciones militares49. El Ministro de Justicia expresó
a la Comisión de la Verdad que la decisión de censura efectuada por Noemí Sanín fue autorizada
por el Presidente.

61. La Comisión desea destacar en este sentido que, si en ejercicio del derecho a la información se
produce un abuso de la libertad de expresión, según lo ha establecido la Corte Interamericana,
éste “no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad
para quien lo haya cometido”50.

47 Entrevista de Yamid Amat con la CVPJ
48 Ver Capítulo IV
50 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa, párr. 120; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párr.

39. También, Caso Palamara Iribarne, párr. 79; Caso Ricardo Canese, párr. 95; y La Colegiación Obligatoria de Periodistas.
Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 38.

62. Tal como lo reseñó en detalle la Comisión de la Verdad51, es un hecho incontrovertible que se
produjo la censura a los medios de comunicación, y las consecuencias de dicha decisión fueron,
como lo describieron a la Comisión periodistas como Yamid Amat y Juan Gossaín, de enorme
gravedad para la vigencia de la libertad de expresión y la adopción misma de medidas por parte
del Gobierno encaminadas a proteger la vida e integridad de los rehenes que se encontraban en el

63. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que la “libertad de
expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es
indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad
que no está bien informada no es plenamente libre52.

64. El Juez Sergio García Ramírez ha señalado en este sentido que “[e]ntre las prohibiciones explícitas
que el artículo 13 de la Convención dirige al Estado figura la censura previa, que constituye una
forma de supresión radical –no apenas una limitación relativa– de la posibilidad de expresar el
pensamiento. Esta censura afecta drásticamente el derecho de otras personas a tomar conocimiento
de las ideas de terceros y, en tal sentido, genera nuevas violaciones que van más allá del emisor del
mensaje”53.

65. La supresión radical de la libertad de expresión, en términos de la Corte Interamericana, “tiene
lugar cuando, por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de
información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición
de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la
difusión de información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una violación radical tanto del
derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien informados, de modo
que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedad democrática”54.

66. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, la Comisión de la Verdad estima que la
censura ordenada a los medios de comunicación durante los hechos de la toma y retoma del
Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, constituyó una restricción injustificada del derecho
a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

La asunción de responsabilidad por parte del Presidente
Betancur
67. “Esa inmensa responsabilidad la asumió el Presidente de la República, que para bien o para mal
suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el

52 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 69 y 70; Caso Claude Reyes y
otros, párr. 85; Caso Ricardo Canese, párr. 82 y 86; Caso Herrera Ulloa, párr. 112 y 113; Caso Ivcher Bronstein, párr. 151 y
152, y Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párr. 68 y 69.
53 La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez /

Alejandra Gonza, Primera edición, 2007, P. 33.
54 La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 39 y 45 y Caso Palamara Iribarne, párr. 68.

Igualmente, Caso Masacre de Pueblo Bello, párr. 218; Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párr. 70;
y La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 53-56.

control absoluto de la situación de manera que lo que se hizo para encontrar una salida, fue por
cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar55”.

68. A pesar de estas palabras pronunciadas por el Presidente de la República la noche del 7 de
noviembre de 1985, la evidencia indica que esas “órdenes” y ese “control absoluto” al que se refirió
el primer mandatario, no se compadecen con la realidad de lo ocurrido en la operación militar de
retoma del Palacio de Justicia lo que, por supuesto, no excluye su responsabilidad sobre la base de
las consideraciones antes señaladas por la Comisión de la Verdad.

69. El Presidente Betancur y el ministro Enrique Parejo González, al ser preguntados por la Comisión
de la Verdad acerca de la necesidad de pedir perdón a las víctimas por los hechos del Palacio,
respondieron afirmativamente. El Presidente dijo que “siempre los actos de contrición son
bienvenidos. Creo que sí” y el doctor Parejo expresó: “yo sí creo que el Ejército tiene que pedirle
perdón a las víctimas, el primer obligado debió ser el Ministro de Defensa que murió, Delgado
Mallarino, y en algún sentido todos nosotros le debemos pedir perdón a las víctimas”.

70. Sin embargo, otros funcionarios de la administración de la época, como el Ministro de Relaciones
Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo, expresaron su convicción actual de “que lo que se hizo era lo
que teníamos que haber hecho porque cuando las instituciones están en juego no es posible
trepidar”. El ministro de Gobierno, por su parte, ha publicado recientemente un libro en el que
expresó “que el Gobierno tuvo razón cuando decidió no negociar, no cancelar el operativo que
cumplió la fuerza pública, no suspender de manera unilateral el fuego”56.

71. La Comisión de la Verdad desea terminar este aparte de su Informe Final con un llamado al
Presidente Betancur y a quienes ejercían cargos de responsabilidad en su Gobierno, invitándolos
a aceptar la responsabilidad política que les compete por las acciones y omisiones en las que
incurrieron en el curso de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como una manera de superar el
dolor de las víctimas y sus familiares y de dar una lección de grandeza al país, al reconocer que la
solución armada, el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de diálogo y la negación de las
evidencias no contribuyen a defender sino, por el contrario, a socavar las instituciones del Estado
de Derecho. Ello habrá de constituir para las futuras generaciones de colombianos una garantía
de no repetición de los hechos del Palacio de Justicia.

55 Discurso pronunciado por el Presidente Belisario Betancur el 7 de noviembre de 1985. Tomado del Archivo de la
Presidencia de la República.
56 CASTRO, Jaime. Óp. cit. P. 207.

VIII.3. La responsabilidad de la fuerza
pública por la operación militar

“Fue una acción de barbarie, inspirada en la retaliación y con el derrotero prioritario de eliminar al enemigo,
antes que cumplir la insoslayable obligación constitucional de rescate a la población civil cautiva.
No hubo ningún plan dirigido a liberar rehenes, el operativo militar apuntó a destruir al M- 19”.1

El descubrimiento de los propósitos del M-19 y la planeación
de la operación militar

1. Al menos desde el mes de marzo de 1980, el Ejército Nacional contaba con información
estratégica y táctica sobre el M-19, tal como lo precisa el “Plan de Operaciones Especiales de
Inteligencia N° 002/80” de la Brigada de Institutos Militares2, en el cual se describe el dispositivo
de la parte urbana del M-19, compuesto por una Dirección Nacional y un Comando Superior, así
como por las regionales Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Valle, Medellín y Boyacá, igualmente el
dispositivo del área rural integrado por la Móvil del Huila-Caquetá, Móvil del Cauca, Móvil del
Tolima y la Móvil de Oriente, al igual que de los comandos de base o intermedios en Santa Marta,
Barranquilla, Cartagena, Montería y Valledupar3.

2. En el mencionado documento, la inteligencia militar describía la composición militar del área
urbana del M-19, establecida mediante una “Conferencia nacional, Dirección nacional, Comandos
superiores, Dirección regional, Dirección de columna, Dirección intermedia, Comando de Base y
Comandos preliminares” y en el área rural “Estado Mayor de las Móviles, Móvil, Estado Mayor de
Columna Móvil, Columnas guerrilleras móviles y Comandos guerrilleros”4.

3. El documento de inteligencia militar puntualizaba que la “fuerza aproximada del movimiento M-
19, es de 300 militantes, sin incluir los simpatizantes; respecto al armamento se estableció que de las
armas robadas al Ejercito, continúan en su poder 593 entre cortas y largas y 14.551 cartuchos de
diferentes calibres. De las armas pertenecientes al movimiento se tiene conocimiento que se trata de
carabinas, sub-ametralladoras, revólveres y pistolas en cantidad no superior a 150”5.

4. En la Orden de Operaciones Especiales No. 002/80 se define el concepto de la operación de
inteligencia dentro del plan, detallando cómo las diferentes unidades tácticas de la Décima

1 Informe preliminar de la Comisión de la Verdad
2 La Primera Brigada con la que contó el Ejército inició labores en Bogotá hacia 1910. En 1938, se encomendó a dicha
Brigada la labor de conducir la instrucción y capacitación de los combatientes, asumiendo el nombre de Brigada de
Institutos Militares, BIM. A partir de 1982 cambió su nombre por el de Décima Tercera Brigada. Tomado de
http://www.quintadivision.mil.co/index.php?idcategoria=89373
3 Plan de Operaciones de Inteligencia No. 002, contra el autodenominado M-19, Brigada de Institutos Militares B-2, Pp. 1-3.
4 Ibíd. Pp. 3- 4.
5 Ibíd. P. 4.

Tercera Brigada tenían la responsabilidad de “identificar, ubicar y recopilar datos de inteligencia”
de integrantes del M-19 individualizados que operaban en la jurisdicción de la Brigada.

5. Dicha responsabilidad debían asumirla las siguientes unidades tácticas: Escuela de Caballería,
Escuela de Artillería, Batallón Escuela de los Servicios, Batallón Escuela de Comunicaciones,
Batallón Miguel Antonio Caro, Grupo Mecanizado Rincón Quiñones, Batallón No. 1 de Policía
Militar, Batallón Guardia Presidencial, Batallón Baraya, Batallón No. 11 de Policía Militar, grupo
CAES y Escuadra de Inteligencia BIM6.

6. Como complemento a los anexos enviados a cada unidad táctica, cuya coordinación y ejecución
estaban a cargo del B-2, les fue remitida la información biográfica, fotográfica, direcciones de
ubicación y de actividades personales y subversivas de todos los integrantes del M-19,
relacionados en el anexo “A” del documento.

7. De manera que el Ejército, a través de la XIII Brigada, mantenía un control de las actividades de
los integrantes del M-19, con información puntual, lo que permite establecer que los
Comandantes de las unidades tácticas de la Brigada, conocían y tenían información suficiente
desde tiempo atrás para realizar operaciones preventivas y ofensivas que permitían anticiparse a
la toma violenta del Palacio de Justicia.

8. Para esa época, adicionalmente, recordaba la Orden de Operaciones mencionada que “el personal
de inteligencia, según resolución 162 de 1979, tiene carácter de Policía Judicial, lo cual debe
aprovecharse para dar la legalización necesaria a diferentes procedimientos”7. Tales
procedimientos se referían a las capturas y allanamientos8.

9. Además de estos antecedentes en materia de inteligencia en relación con el M-19, la Comisión de la
Verdad ya ha relatado los eventos relacionados con el anónimo que recibió el 16 de octubre el
Comando General de las Fuerzas Militares anunciando la toma, las declaraciones posteriores al
atentado contra el General Samudio el 23 de octubre en las que los guerrilleros se refirieron a la
realización de "algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido"9, así como las
medidas de protección temporalmente adoptadas y posteriormente suspendidas10 y las
responsabilidades derivadas de esta situación por la omisión deliberada del deber de prevención a
cargo del Estado11.

10. La información sobre los planes del M-19, así como el seguimiento a sus miembros, debieron ser
motivo de análisis por los grupos de inteligencia del Ejército Nacional, la Policía Nacional y el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, ya que eran Elementos Esenciales de Información
–EEI-, para mantener informado al mando militar, policial y al Gobierno, así como para
desarrollar operaciones preventivas, disuasivas y ofensivas encaminadas a evitar la comisión de
actos delictivos por parte del movimiento guerrillero.

11. Sin embargo, y a pesar de la opinión de funcionarios de la época como Jaime Castro, Ministro de
Gobierno, quien considera que “otro hubiera sido el balance final del asalto si el país hubiese tenido

6 Ibíd., anexos A a L.
7 Ibíd. P. 7.
8 Cabe señalar que la resolución referida estuvo en vigencia hasta 1987.
9 Ver Capítulo III
10 Ibíd.

un cuerpo de inteligencia inteligente y un grupo calificado de la fuerza pública en el manejo de
atentados terroristas urbanos”12, la Comisión de la Verdad considera que la información recogida y
analizada por las fuerzas militares sí fue utilizada para la planeación de la operación de retoma
del Palacio, ya que de otra manera no se explica la rapidez y contundencia de la respuesta militar
a la violenta incursión del M-19.

El mando de la operación y el personal desplegado
12. Como lo señaló anteriormente la Comisión de la Verdad13, el General Jesús Armando Arias Cabrales14,
Comandante de la XIII Brigada del Ejército, fue el responsable directo de la operación militar de
retoma del Palacio.

13. Para la época de los hechos del Palacio de Justicia, el superior inmediato del General Arias Cabrales
era el Comandante del Ejército, General Rafael Samudio Molina, y le seguían en rango el General
Manuel Guerrero Paz, Jefe del Estado Mayor Conjunto, y el Comandante General de las Fuerzas
Militares, General de la Fuerza Aérea Augusto Moreno Guerrero. En ese entonces, el Ministerio de
Defensa era ejercido por militares activos, cargo que ostentaba el General Miguel Vega Uribe, antiguo
Comandante de la Brigada de Institutos Militares, BIM.

14. El General Arias Cabrales, acerca de quiénes participaron en la operación militar de retoma del
Palacio, expresó bajo la gravedad del juramento15 que “[e]l control del orden público en Bogotá
compete de una manera conjunta a la Policía Nacional16, quien lo ejerce con el Departamento de su
nombre, y a la Décima Tercera Brigada”.

15. Detalló luego que “[e]n las operaciones directas y de apoyo, participaron todas las Unidades Tácticas de
la Brigada (…) [s]e empeñaron tropas de la Escuela de Caballería17 y Artillería18, de los Batallones
Guardia Presidencial19 y de la Policía Militar número 120 y del Grupo Rincón Quiñones21 en el sector de
la Plaza de Bolívar, con apoyos menores de elementos de las Escuelas de Infantería e Ingenieros. Las
restantes unidades: Escuela de Infantería, Logística y Comunicaciones, Batallones de Policía Militar
número 11, de Ingenieros Baraya y de Servicios número 13, cumplieron misiones en diferentes lugares
de la ciudad”.

16. Finalmente, afirmó el General Arias que “[a]demás de las unidades militares mencionadas, orgánicas
de la Décima Tercera Brigada, se recibieron agregaciones temporales de la Escuela de Suboficiales
(BR10), Batallón Serviez (BR-7) y batallón de Servicios número 1 (BR-1). También, en desarrollo de las

12 CASTRO, Jaime. Óp. cit. P. 198.
13 Ver Capítulo IV
14 Con el apoyo del Coronel Luis Carlos Sadovnik, Jede de Estado Mayor de la Brigada, quien ya falleció.
15 Certificación jurada, contenida en el oficio 22713 de diciembre 9 de 1985, dirigida a la Juez Sexta de Instrucción Penal Militar,

transcrito por el Informe del Tribunal Especial de Instrucción Criminal
16 Bajo la Dirección del General Víctor Delgado Mallarino. El Comandante en Bogotá era el General Jose Luis Vargas Villegas,

con el apoyo de coroneles Gabriel Arbeláez Muñoz, Comandante Operativo de Bogotá y Pedro Antonio Herrera Miranda,
Comandante del Primer Distrito de Bogotá.
17 Al mando del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, con el apoyo, entre otros del Coronel Edilberto Sánchez Rubiano,

comandante del B-2 (inteligencia) de la Brigada Trece.
18 Al mando del Coronel Rafael Hernández López y con el apoyo del mayor Carlos Fracica Naranjo, Oficial de Operaciones de

la Escuela.
19 Al mando del Coronel Bernardo Ramírez Lozano
20 Al mando del Coronel Celso Suárez
21 Al mando del Coronel Augusto Bejarano.

operaciones participaron elementos de la Policía Nacional y del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS)22”. Este aspecto es particularmente relevante, pues se ha cuestionado la presencia
de unidades de otras Brigadas, particularmente de la Séptima con sede en Villavicencio, cuya
agregación fue confirmada por el propio Comandante de la operación militar23.

17. Fue igualmente determinante en el desenlace de la operación de retoma y, particularmente, en los
eventos posteriores, la participación del Batallón Charry Solano, a través del Comando de
Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), al mando del entonces Teniente Coronel Iván Ramírez
Quintero.

18. Asimismo, miembros del COPES –Curso de Operaciones Especiales- y el GOES –Grupo de
Operaciones Especiales- de la Policía Nacional, por orden del Director de la Policía, General
Delgado Mallarino, participaron directamente24 en la operación helicoportada realizada en la
terraza del cuarto piso el 6 de noviembre, con el apoyo de miembros del Ejército desde el interior
del Palacio.

19. El Ministro de Defensa, General Vega Uribe, confirmó igualmente la participación de miembros de la
Policía Nacional designados por el Comandante de la Policía de Bogotá, General Vargas Villegas,
pertenecientes a las Estaciones Cuarta, Sexta y Servicios de Inteligencia, desde las 11:40 a.m. del 6 de
noviembre25.

20. Reportó además el General Vega que, a partir de las 2:00 p.m., “se empleó la Compañía Avanzada de
Tiro, ocupando puntos altos” y “se dispuso la presencia de un equipo de explosivos de uso orgánico de la
Escuela de Ingenieros, preparado para romper las posibles posiciones enemigas en busca de abrir una
brecha por la terraza”26.

21. En desarrollo de la operación militar, en la que habrían participado en total cerca de dos mil
integrantes de la fuerza pública, existió una permanente comunicación, instrucciones y reportes
operacionales de los mandos a través del sistema de comunicaciones del Ejército, así como
mediante líneas telefónicas y equipos de micro ondas.

22. El registro y las transcripciones de las grabaciones de radio han sido de utilidad para comprender
en buena parte el sentido de las órdenes impartidas y los objetivos de la operación militar, dado
que indican, tanto la finalidad de la operación como la evidencia de falta de coordinación en la
ejecución, el planeamiento táctico y el desconocimiento del terreno, como se verá más adelante.

22 Cuyo Director era el General Miguel Alfredo Maza Márquez
23 Asimismo, las comunicaciones de radio durante la operación confirman la agregación de personal de dicha Brigada
(denominada en clave Buque Ratón):
“ARCANO CINCO: Vamos a tener las siguientes agregaciones, Compañía de la Policía Militar de la Buque Ratón uno, cambio.
ARCANO 6: Eh ¿de la Policía Militar de que Buque Ratón?, cambio.
ARCANO 5: De la primera, cambio.
ARCANO 6: QSL.
ARCANO 5: Dos comparsas de la Buque Ratón Siete, cambio.
ARCANO 6: QSL”.
24 “Primeramente llegamos catorce hombres, era el primer viaje que hacían los tres helicópteros: dos pequeños que llevaban de a

cuatro hombres y el otro que era donde yo venía, iban seis hombres...". Declaración del Capitán de la Policía William Rafael
Contreras Rodríguez, Tribunal Especial de Instrucción Criminal.
25 VEGA URIBE, Miguel, Óp. cit. P. 76.
26 Ibíd. Pp. 77 y 78.

23. El país conoció asimismo que civiles que participaron voluntariamente como apoyo de la
operación militar, en una abierta infracción, al menos, del principio de buena fe, como es el caso
del llamado “rambo criollo”, quien no sólo tuvo una significativa intervención en la operación de
retoma, sino que posteriormente declaró ante las instancias judiciales e incluso apoyó actividades
investigativas de reconstrucción de los hechos27. A pesar de su actuación como combatientes, no
se trataba de personal disciplinable, ni que respondiera al mando organizado de las fuerzas del
Estado, por lo que es abiertamente reprochable, además desde la óptica del principio de
distinción, el uso de dicha práctica.

24. La operación de retoma a la que se referirá la Comisión de la Verdad en el presente aparte
incluye, no sólo las acciones militares desarrolladas al interior del Palacio de Justicia los días 6 y 7
de noviembre, sino aquellas simultáneas o posteriores a la salida del Palacio, relacionadas con la
suerte de las personas que fueron retenidas y llevadas a instalaciones militares o de quienes su
destino sigue siendo hoy desconocido, a pesar de haber salido con vida del Palacio hacia la casa
del Florero, escoltadas por miembros de la fuerza pública, el 7 de noviembre de 1985.

25. Las responsabilidades institucionales derivadas del manejo de la escena del crimen, así como el
análisis de los incendios que arrasaron el Palacio de Justicia, se desarrollan en detalle en otros
apartes del presente Informe28.

Los objetivos de la operación militar de retoma del Palacio de
Justicia
“Infortunadamente, el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible las potestades que
la Constitución y las leyes le conferían, en su objetivo esencial de dominación rápida,
se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacila la Comisión en calificarla la acción de ilegítima,
desproporcionada y copartícipe del Holocausto, en su afán desmedido de aniquilar al causante
inicial de la tragedia, no sólo no reparó en la integridad y la vida de los rehenes,
sino que causó un elevado número de víctimas, la destrucción del templo de la magistratura
y el irrespeto a la justicia”29.

26. Debe señalarse en primer lugar que no se realizó en ningún momento, entre el Presidente
Belisario Betancur y los comandantes militares, un proceso de evaluación político militar que
permitiera ejecutar un plan de rescate, con responsabilidades tácticas específicas y que facilitara
ganar tiempo para tomar decisiones que garantizaran la vida e integridad personal de los
rehenes30. Si la orden presidencial era “que el ejército, a través del Ministro de Defensa y los altos
mandos militares y de la Policía, restablecieran la Constitución en el Palacio de Justicia con la
cautela, garantía de la vida de los rehenes y aún, dije en varias oportunidades, de los guerrilleros”31,

27 JIMENO, Ramón. Óp. cit. Pp. 113-114
28 Ver Capítulo V
30 Una operación histórica de rescate de rehenes que el mundo recuerda es la llamada operación Jonathan, desarrollada por

el ejército israelí en 1976, después de que cuatro terroristas palestinos secuestraron un avión de Air France que volaba de
Tel Aviv a París con escala en Atenas y lo desviaron a Uganda, donde las fuerzas militares de ese país apoyaron a los
captores. Tras días de análisis estratégico y militar, el Primer Ministro Itzjak Rabin ordenó la operación de rescate en
Entebbe, que permitió salvar la vida de los rehenes y la tripulación.
31 Entrevista del Presidente Belisario Betancur con la Comisión de la Verdad.

ésta no se tradujo en el diseño de un marco operacional coherente y coordinado con ese
propósito por las más altas autoridades civiles y militares.

27. En este sentido, la Comisión de la Verdad conoció, de parte de uno de los miembros de la fuerza
pública que integró el equipo estratégico conformado durante la toma de la embajada de
República Dominicana, que ninguno de quienes intervinieron en esa ocasión fueron llamados –
por instancias civiles ni militares- para que, sobre la base de dicha experiencia de inteligencia
táctica y operacional, se realizara la planeación de la operación militar del Palacio.

28. Igualmente, el Ejército no acumuló la experiencia de la toma de la embajada de República
Dominicana para preparar grupos especiales que atendieran profesionalmente este tipo de
incidentes de toma de rehenes. Cinco años después la historia se repitió, con el agravante de la
realización de una operación militar en la que el desproporcionado uso de la fuerza condujo a los
resultados trágicos que el país conoce.

29. Para el ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y ex General de la Policía
Nacional, el Comando de Operaciones Especiales COPES “estaba desinformado, la operación no fue
debidamente planificada, no tenían conocimiento de lo que harían, su actuación fue fruto de la
improvisación; todos daban órdenes, no se tenían planes, ni se sabía dónde estaban los
guerrilleros”32.

30. En el marco de la lucha contra la guerrilla, existía para la época de los hechos del Palacio un Plan
denominado Tricolor, el cual aplicó el General Arias Cabrales bajo las órdenes del General
Samudio33, en los términos específicos establecidos en la misión del Plan: “El Ejército con el
mando operacional de otras Fuerzas Institucionales y el control operacional de organismos de
seguridad del Estado, conducen operaciones antisubversivas en su jurisdicción para destruir los
grupos alzados en armas con el propósito de mantener el orden interno, garantizar la Soberanía
Nacional y las instituciones Patrias”34.

31. Según el General Arias, “el Plan Tricolor no preveía el rescate de rehenes, tenía los lineamientos
para actuar sin demora y con resultados decisivos, era de aplicación urbana y rural para atender
cualquier situación a nivel nacional en conflicto interno”35.

32. Adicionalmente, la preparación para realizar operaciones urbanas era precaria. El entonces
Mayor Fracica afirmó a la Comisión que el ingreso al Palacio “se hizo aprovechando el momento,
ingresamos los voluntarios más con el deseo; respecto a la planeación, la coordinación inicial la
realicé con el Jefe del Estado Mayor de la Brigada XII, Coronel Sadovnik, la penetración fue más una
reacción, ya adentro organicé, esto en razón a la coyuntura que se presentó; carecíamos de unidades
especializadas para operaciones urbanas”36.

33. Con base en el contexto existente en el país para la época de los hechos37, los antecedentes
reseñados38, las consideraciones planteadas en relación con la actitud de la fuerza pública y sus

33 Según relató el General Arias a la Comisión de la Verdad.
34 Plan de Defensa y Seguridad Interior TRICOLOR-83, P. 00013.
37 Ver Capítulo I
38 Ver Capítulos II y III

relaciones con el Gobierno del Presidente Betancur39, así como por el desarrollo mismo de la
operación de retoma del Palacio de Justicia40, la Comisión de la Verdad reafirma la posición
planteada en su Informe Preliminar, en el sentido de que el propósito de la operación militar de
retoma fue el exterminio del comando del grupo guerrillero M-19, a cualquier costo, para impedir
que se llegara a un diálogo, demostrando además un abierto irrespeto por los miembros del
poder judicial y demás rehenes que se encontraban en el Palacio.

34. Las propias comunicaciones del Ejército revelan este objetivo, que además se evidencia en la
actitud de la fuerza pública frente a los rehenes durante la operación: las comunicaciones radiales
no indican en sus conversaciones el propósito o la preocupación de los mandos militares por
procurar el rescate de los rehenes, con excepción de las referencias a la doctora Clara Forero de
Castro, esposa del Ministro de Gobierno y a las preguntas sobre la situación del Presidente de la
Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía.

35. Lo anterior no significa, por supuesto, que la Comisión no reconozca el valioso apoyo que
miembros de la fuerza pública brindaron, corriendo riesgos en medio del combate, para propiciar
y proteger la salida de un número importante de rehenes, particularmente el 6 de noviembre de
1985.

36. Señalan las comunicaciones relacionadas con la doctora Clara de Castro quien, como ella misma
expresó a la Comisión, permaneció oculta hasta la noche del 6 de noviembre y salió por sus
propios medios del Palacio41:

ARCANO 5: R está QSL, llama Paladín Seis, que en el sector donde está Arcano Seis segundo piso del
sur-oriental que está la esposa del ministro de gobierno que es consejera de estado, tratar de por
medio de viva voz, eh hacerle conocer que puede salir que no tiene peligro o que se trate de, eh, de
establecer la ubicación de ella, ¿dígame si está QSL?, cambio.
ARCANO 6: R dice en el segundo, en el segundo yo estoy en este momento acá en la parte alta pero
intentamos nuevamente eh ¿cuál es el nombre de ella?, siga.
ARCANO 5: Eh, en realidad no sé mi General el nombre de ella, pero allí informa que está Arcano
Veintidós habla desde el segundo piso en el sector sur oriental, entonces eh ordena Paladín Seis que
se trate de establecer contacto con ella en forma verbal sin ir a precipitar ninguna situación y qué sí
es posible se le insinué que salga o se le de la alternativa de ella escoger, cambio.
ARCANO 6: QSL, QSL entendido, entonces voy a darle al orden a Arcano Veintidós que está en ese
piso siga.
(…)
ARCANO 6: R, de igual manera allá, seguir insistiendo para liquidar lo que queda en el segundo piso
y tener en cuenta eh, las instrucciones que emitió Paladín Seis, las instrucciones que emitió Paladín
Seis en cuanto a la esposa del Ministro de Gobierno que se encuentra allí, lo cual no implica que haya
necesidad de hacerla correr riesgos ni nosotros tampoco para rescatarla, siga.
ALFA 6: R, afirmativo yo quisiera saber Arcano Seis de sur a norte en que oficina se alcanza, está,
está la señora para en esa misma forma por el primer piso avanzar y llegar hasta la ventana y
bajarla por un cable que yo tengo acá cambio.
ARCANO 6: R no sabemos, no sabemos todavía eh simplemente eh sí es factible sin necesidad de
correr riesgos ni las tropas, ni ponerla a ella a correr riesgos, ni inducirla tampoco a correrlos
entonces para efectos de tratar de, si la situación lo permite rescatarla, siga.

39 Ver Capítulo I
40 Ver Capítulo IV
41 Ibíd.

ALFA 6: Arcano Seis yo le confirmo de allá del segundo piso por la reflexión del vidrio que da a la, a
la séptima, se alcanza a detectar personal o algo que haya en el segundo piso y no se ha detectado
movimiento alguno dentro del, los, las oficinas del segundo piso hacia el norte cambio. Arcano Seis
yo creo que la señora según la información de los, de los que yo baje de acá del segundo piso el de los
rehenes, la señora está atrás de nosotros, del, del, de la oficina del sector que estamos nosotros, ella
está detrás de nosotros ahí no corre ningún peligro cambio.
(...)
ARCANO 3: Por favor el total de evacuados, cambio
ARCANO 2: Recibido, présteme un lápiz. AS, ya, ya le inclino, ya le inclino, que estamos aquí
precisamente, contando la gente, cambio. La mujer del ministro de Gobierno ya está, evacuada
cambio.

37. Respecto del doctor Reyes Echandía, la preocupación expresada en las comunicaciones se origina
en el desconocimiento, el 7 de noviembre al término de la operación de retoma, de lo que había
ocurrido con él, lo mismo que la aparente solicitud de información originada desde la Presidencia
por conocer si estaba con vida. Ninguna mención se realiza a sus permanentes ruegos por el cese
al fuego mientras intentaba comunicarse, infructuosamente, con el Presidente de la República.
Respecto de la situación de otros Magistrados sólo viene a expresarse alguna preocupación al
final de la retoma. Así lo registraron las comunicaciones radiales del Ejército:

PALADIN 6: R, Arcano Seis dígame nuevamente lo del Presidente de la Corte, siga.
ARCANO 6: Eh, no lo hemos identificado porque sacamos al personal bajo fuego y se movió, se movió
hacia el sector de recolección para que lo verifique Arcano Dos, dentro de ese grupo sacamos por el
segundo piso unos seis u ocho que iban de corbata y saco, es factible que de pronto dentro de ellos
pudiera estar, yo no los vi directamente porque estoy en el tercer piso y no alcanzaba a distinguir,
cambio.
PALADIN 6: R, ahí me debe estar escuchando Arcano Cinco y segura, y seguramente Arcano Dos, por
favor es importante hagan un esfuerzo para ver si eh puedo conocer rápidamente si dentro del
personal liberado está el Presidente de la Corte el doctor Reyes Echandía, siga.
ARCANO 6: QSL yo eh, mod, modulo a Arcano Dos que está manejando esto aquí, Arcano Cinco
realmente pues no, no tiene esa información porque está en el Atrasado, pero tan pronto la
tengamos si hay algunos Magistrados se transmite la información, cambio.
PALADIN 6: R, QSL sí esa es la información esencial que reque, que requerimos, eh me pareció
entenderle que había dos de ellos muertos, dos bandoleros muertos y uno herido, siga, Arcano de
Paladín Seis.
ARCANO 6: Se fue, se fue la señal eh lo último que le copié fue en relación con determinar si está el
Presidente de la Corte Suprema, eh fue lo último que le entendí, es que el otro equipo está
funcionando, cambio.
PALADIN 6: R, si Presidente de Corte y Magistrados nos interesa conocer, siga.
ARCANO 6: QSL, tan pronto tenga la información Paladín Seis la cursamos ya sea a través de Arcano
Cinco por misteriosa, cambio.
PALADIN 6: Bueno eh permanecemos QAP.

CORAJE 6: (…) para transmitirle la información al Presidente, cambio, (…) Seis.
PALADÍN 6: Coraje Seis de Paladín Seis, siga.
CORAJE 6: Mira que me la transmitan aquí por el radio la información que se conozca ahí del
Presidente de la Corte, (Voz masculina de fondo: Vamos a pegarle el empuje a sacar lo que quedó)
de, del presidente de la Corte para yo copiarla e informarle al Presidente, cambio.
PALADÍN 6: R si, Pa, si Coraje Seis yo le di la orden a Arcano Seis que se necesita el máximo de
esfuerzo para saber, si dentro de los (…)

ACERO 6: Arcano Tres, Arcano Tres de Acero Seis.
PALADÍN 6: (….) El Presidente de la Corte y los Magistrados que se dice que estaban también como
rehenes, siga.
CORAJE 6: Es correcto (.).
PALADÍN 6: Coraje Seis - Paladín Seis.
CORAJE 6: Mira, ¿fue la, fue la operación Militar?, cambio.
PALADÍN 6: Afirmativo, afirmativo como yo le informé, cuando llegaron los miembros de la Cruz
Roja se estaba dando el asalto a los objetivos finales, (.) eso mediante cargas explosivas, (….) por
parte del grupo subversivo, es resultado de la presión militar.
CORAJE 6: Bueno, Recibido.
PALADÍN 6: Entonces le informo, cualquier cosa.

ARCANO 6: Siga Arcano Dos para Arcano Seis.
ARCANO 2: Le informo Arcano Seis que hasta ahora no ha venido, o no, no ha llegado el Doctor
Echandía y que aproximadamente cinco Magistrados se encuentran en ese QTH y evacuados hacia
los hospitales correspondientes, cambio.
ARCANO 6: R, es importante eh haber dejado registrados como hicimos con los 148 de ayer los
nombres, haber dejado registrados los nombres, eh infórmeme si el Doctor eh Gaona Cruz está
dentro de esos cinco, cambio.
ARCANO 2: Eh, yo le confirmo sin embargo, eh se encuentra ahoritica eh que se han evacuado a
Nemesio Camacho Rodríguez, Nemesio Camacho Rodríguez, Humberto Murcia, Samuel Buitrago
Hurtado y me quedan dos que voy a confirmar en este momento, cambio.
ARCANO 6: Eh, QSL, en total, en total ¿cuántos recibió evacuados? Cambio.
ARCANO 2: Recibido en este momento tenemos treinta y uno, treinta y uno que se encuentran en
este momento acá en este QTH, cambio.
ARCANO 6: QSL, QSL eh entonces eh, yo creo que por el momento ya tal vez no haya más, porque
vamos eh según la información no quedó sino personal armado, entonces nos queda ya la limpieza
final aquí en los dos objetivos, cambio.
ARCANO 2: Recibido, según inclinaciones de acá de algunas personas, informan que en los baños del
tercer piso también se encuentran aproximadamente treinta rehenes, en un baño que es construido
en mármol, cambio.
ARCANO 6: QSL, bueno yo estoy a diez metros de ese baño, estoy a diez metros de ese baño y hemos
hecho esfuerzo para que salga el personal con las manos en alto, aquí sacamos bastante personal
pero no (…)
PALADIN 6: Arcano Seis, Arcano Seis (…)
ARCANO 6: (…) y lo contrario recibimos fue fuego de armas automáticas, sin embargo vamos a
seguir insistiendo, cambio.
PALADIN 6: Arcano Seis de Paladín Seis.
ARCANO 6: Siga Paladín Seis.
PALADIN 6: R, hay que tener en cuenta que necesitamos esclarecer la situación del Presidente de la
Corte, de manera que no continuar operaciones ofensivas hasta que no sepamos exactamente qué
pasó, siga.
ARCANO 6: QSL, QSL eh dentro de los cinco no está el nombre de él, está Nemesio Camacho, eh está
Samuel Buitrago otro que dieron el nombre que no recuerdo y dos más que están verificando el
nombre, pero no está Reyes Echandía, cambio.

PALADIN 6: R, hay que preguntar (…) Echandía (…)
ARCANO 6: Entendido, entendido está averiguando, está averiguando eh por, está averiguándolo
Arcano Dos que tiene allá los retenidos y los evacuados a ver si ellos dan noticia de este señor
cambio, del Presidente de la Corte.

ARCANO 5: Eh, viene un momentico hasta aquí el COP.
PALADIN 6: Estoy QSL,
ARCANO 6: Eh TKS Arcano Cinco a ver si Arcano Dos, Arcano Dos lo copia porque necesitamos saber
con los Magistrados que salieron si conocen la suerte, conocen la suerte de Reyes Echandía el
Presidente de la Corte Suprema, cambio.
ARCANO 5: Eh (…) A.S. Arcano Dos de Arcano Cinco, (…) ¿está cerca de Arcano Dos?, cambio.
ARCANO 3: R, había una información de un evacuado que el Doctor Reyes Echandía está herido y
está allá arriba, cambio.
ARCANO 5: Está QSL, ¿copio Arcano Seis?, Arcano Seis – Arcano 3. Paladín Seis, la información de,
un grupo que salió y fue entrevistado por Arcano Tres es que el Presidente de la Corte está herido y
todavía está en el edificio, en la parte de arriba, cambio.

38. Al margen de lo anterior, la preocupación central expresada en las grabaciones del Ejército en
relación con los rehenes tiene que ver con el temor a que se infiltren guerrilleros entre los civiles
que salen del Palacio, como lo demuestran, nuevamente, comunicaciones entre los mandos
militares como la que se transcriben a continuación:

ARCANO 6: R situación allá en cuanto al personal evacuado y en cuanto a los eh posibles eh
intercalados, siga.
ARCANO 2: Bueno recibido ya estamos evacuando la gente ya la inmensa mayoría ya ha salido eh
quedan aproximadamente unos cinco personajes que eh al parecer de acuerdo a las indicaciones eh
son de los otros, cambio.
ARCANO 6: R en total ¿cuánta gente fue evacuada, tienen contabilidad siga?
ARCANO 2: En este momento hemos evacuado aproximadamente unas 90 personas, cambio
ARCANO 6: QSL entonces para que confronten allá el dato y verifiquen porque esta gente adicional
es factible con Guantelete verificar si han o no han disparado, siga.
ARCANO 2: Recibido y QSL próximamente los vamos a evacuar para la po, para donde los polímeros
a fin de que le hagan ese trabajo en vista de que el laboratorio lo tienen en ese sector, cambio.
(…)
ARCANO 3: ¿Usted ya termino ahí cambio?
ARCANO 2: R únicamente me quedan cuatro por definir situación cambio.
(…)
NN (HOMBRE): (....) yo voy a alistar aquí la evacuación del personal, cambio.
ARCANO 2: Bueno recibido y QSL aquí los estoy esperando y, y allá tengan cuidado con el asunto de
que, de que hay alguien que se quiere infiltrar pidiéndole ropa a la gente eh retenida cambio.
(…)
ACERO 5: R, Me encuentro por la octava eh detrás del palacio estoy cerrando, estoy cerrando aquí y
esperando (....) y si es personal no propio eh ya tengo aquí mi gente adiestrada para darles cambio.
(…)
AZABACHE 6: Mire Azabache Cinco eh por favor comuníquele a ARCANO 5 que Arcano Dos, acaba
de despachar hacia el Dispensario a los conductores que se encontraban de rehenes y que fueron
rescatados, eh, estos conductores van hacia ese dispensario a fin de tener la ocasión de, de
reorganizarse, ser atendidos, bañarse si es necesario o regresarse a sus casas o lo que Arcano Cinco,
disponga, cambio.
(...)
ARCANO 3: R, r para, para, identificarlos y los demás iban muy mal, muy mal heridos no se pudieron
parar acá, cambio.
ARCANO 2: R, eh, ¿les colocaron seguridad o se las colocamos de aquí?, cambio.
ARCANO 3: R, no de aquí llevaban seguridad, cambio.
ARCANO 2: R, está QSL, cambio.

ARCANO 3: R, TKS y en su orden QAP.

ARCANO 2: ¿Aproximadamente veinticinco eh ya han sido liberados y que van vienen a este QTH?,
cambio.
ARCANO 6: Correcto, correcto entonces para que haya quien los reciba, para que haya quien los
reciba y los conduzca (….) para que los conduzcan y les den la, la protección del caso y obviamente la
identificación, cambio.
ARCANO 2 Recibido y QSL, ya tenemos los equipos correspondientes acá, cambio.
(…)
ARCANO 5: Hay una, sugerencia de Paladín de dejar el punto de selección y concentración en el
primer piso o el sótano, porque como está es, es tan grande el número de golpe pueden (estornuda)
eh abrirse a correr sobre la Séptima, cambio.

39. Después de la salida del Magistrado Arciniegas, quien informó al ejército la ubicación de
numerosos rehenes y unos pocos guerrilleros al mando de Almarales, en el baño entre los pisos
segundo y tercero, el ataque con rockets y explosivos contra ese lugar fue la prioridad del
Ejército, aún con la información precisa sobre la presencia allí de un número de al menos sesenta
personas civiles y de heridos entre los guerrilleros:

ARCANO 5: De resto tenemos ocupado segundo y tercer piso con eh excepción del baño de la
escalera y el acceso pues al Mezanine y luego al tercer piso, parece que en el tercer piso en ese rincón
de la escalera hay una ametralladora, de acuerdo con lo que dice un Magistrado Arciniegas que se
rescató hace unos minutos, entonces vamos a forzar de todas maneras la entrada con explosivos
nuevamente por, entre primero y segundo a efecto de continuar la operación y tratar de sacar al
personal que está allí, que según parece es numeroso y están hacinados en el baño de damas,
cambio.
(…)
ARCANO 6: (...) ARCANO 5.
ARCANO 5: Paladín Seis, eh orquesta que si necesita más tropas no es sino comunicarle y está
dispuesto a ubicarlas en nuestra jurisdicción, cambio.
ARCANO 6: No es necesario, no es necesario eh ya el, el problema que teníamos entre primero y
segundo piso fue ya liquidado, eh el individuo que había quedado en última instancia allí ya está
muerto, estamos entonces tratando de romper entre segundo y tercero y posteriormente entre
tercero y cuarto que es donde tienen los rehenes, cambio.
(…)
ARCANO 6: QSL, de todas maneras hay un grupo todavía de, de elementos de estos y adicionalmente
los rehenes en el tercer piso, es lo que estamos tratando de recuperarlos, no eh me descuide usted el
sótano, el área de abajo que allí en el sector cercano al Norte vimos una puerta que fue cerrada y ahí
ruido y ahí un individuo metido por ahí en ese sótano, de manera que no me descuiden y no pierdan
las medidas de seguridad en ese sector, cambio.
ACORAZADO 6: QSL, Arcano Seis, cambio.

40. Se observa adicionalmente en las comunicaciones el interés expreso por ocultar lo sucedido.
Señala una de las grabaciones finales:

ARCANO 6: Una orden muy específica de Paladín, parece que hay periodistas que han ya anunciado
allá de que habrá rueda de prensa, de que Azabache va a dar información, de que Arcano
igualmente, etc, cosa que está prohibida, la única persona autorizada es Paladín para efectos de dar
información, entonces que no hay declaraciones, rueda de prensa, apariciones en las cámaras ni
cosas de esas por parte de ninguno mientras no sea autorizado por Paladín, ni tampoco permitir que

la tropa, que la tropa vaya a ser entrevistada y empiece eh dando declaraciones que van a causar
problemas y que le vayan a mostrar armamento o cosas por el estilo, entonces por favor (…).

El uso de la fuerza por parte del Estado: límites y legitimidad
41. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la amenaza delincuencial,
subversiva o terrorista invocada por los Estados como justificación de determinadas acciones
puede “constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en
casos concretos”. Sin embargo, ha precisado que:

“[l]a lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a
los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los
derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción42. Las condiciones del país, sin
importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus
obligaciones establecidas en ese tratado (…)43. Es necesario insistir que, sin importar las
condiciones de cada Estado, existe una prohibición absoluta de la tortura, de las desapariciones
forzadas de personas y de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, prohibición que constituye una
norma inderogable de Derecho Internacional”. 44

42. Asimismo, la Corte ha reconocido de manera reiterada la existencia de la “facultad e incluso la
obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden público (…), utilizando la
fuerza si es necesario”45. También ha establecido que “al reducir alteraciones al orden público el
Estado debe hacerlo con apego y en aplicación de la normativa interna en procura de la satisfacción
del orden público, siempre que esta normativa y las acciones tomadas en aplicación de ella se
ajusten, a su vez, a las normas de protección de los derechos humanos aplicables a la materia” 46. Y
ha concluido que “[e]l poder estatal no es ilimitado; es preciso que el Estado actúe ‘dentro de los
límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los
derechos fundamentales de la persona humana’”47.

43. Los criterios que determinan la legitimidad en el uso de la fuerza por parte de los miembros de
cuerpos de seguridad del Estado son, de acuerdo con los estándares de protección de derechos
humanos, en primer lugar, la excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad.

42 Corte IDH, Caso Castillo Petruzi y otros, párr. 89. Ver también Caso Raxcacó Reyes, párr. 55, y Caso Fermín Ramírez, párr.
63.
43 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez, párr. 207. Ver también Goiburú y otros, párr. 89, y Caso Masacre de Pueblo Bello, párr.

146.
44 Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela, párr. 132; Caso del Penal Miguel Castro Castro, párr. 404; Caso La Cantuta,

párr. 157; Caso Goiburú y otros, párr. 84; Caso Almonacid Arellano y otros, párr. 99; Caso Caesar, párr. 59, y Caso Barrios
Altos, párr. 41. Citados en Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 96.
45 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), párr. 70; Caso Neira Alegría y otros párr. 75; Caso Godínez

Cruz, párr. 162; Caso del Centro Penitenciario Regional Capital Yare I y II. Medidas Provisionales, Caso del Internado
Judicial de Monagas (La Pica). Medidas Provisionales y Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el
“Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas Provisionales.
46 Corte IDH, Caso del Caracazo. Reparaciones, párr. 127; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, párr. 217; La

Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-5/85, párr. 67.
47 Corte IDH, Caso Bulacio, párr. 124; Caso Juan Humberto Sánchez, párr. 86; Caso del Centro Penitenciario Regional Capital

Yare I y II. Medidas Provisionales, Considerando décimo; Caso del Internado Judicial de Monagas (La Pica). Medidas
Provisionales y Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales. Citados en Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro
Castro vs. Perú, párr. 240

44. Así, “el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la
excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este
sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de
coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control”48.

45. Destaca la Corte Interamericana que “[e]n un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la
fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el
cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y
ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo
más que el “absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende
repeler49. Cuando se usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria”50.

46. El uso de la fuerza, como se señaló, debe estar limitado por los principios de proporcionalidad,
necesidad y humanidad. Ha dicho la Corte Interamericana que “La fuerza excesiva o
desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la
pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida. El principio de
necesidad justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional,
que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el
menor gasto posible de recursos humanos y económicos. El principio de humanidad complementa y
limita intrínsecamente el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia que no son
necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva”51.

47. Debe existir, adicionalmente, un marco normativo que reglamente el uso de la fuerza, que incluya
“pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de
los agentes estatales, así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la
misma”52, acompañado de la planificación del uso de la fuerza, que supone la capacitación y
entrenamiento a los miembros de los cuerpos armados y organismos de seguridad estatales.

48. Siguiendo los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley53, las normas y reglamentaciones sobre el empleo
de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener
directrices que:

48 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), párr. 67; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 83.
49 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), párr. 68. En similar sentido véase también ECHR,
Huohvanainen v. Finland, 13 March 2007, no. 57389/00, párrs. 93-94, ECHR, Erdogan and Others v. Turkey, 25 April 2006,
no. 19807/92, párr. 67; ECHR, Kakoulli v. Turkey, 22 November 2005, no. 38595/97, párrs. 107-108; ECHR, McCann and
Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A no. 324, párrs. 148-150, 194, y Código de Conducta
para Oficiales de Seguridad Pública adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 34/169, del 17 de
diciembre de 1979, artículo 3.
50 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), párr. 68; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 84.

En similar sentido véase también Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de
Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención
del Delito y Tratamiento de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, Principio 9.
51 En similar sentido, Comisión IDH. Informe sobre terrorismo y derechos humanos (OEA/ser.4 V/II.116), 22 de octubre de

2002. Ver también, Naciones Unidas. Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado por el Relator Especial Philip Alston (A/61/311), 5 de septiembre de
2006. Ver, Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 85.
52 Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 86.
53 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir

la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de los
Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990.

a) especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas
de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;
b) aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de
manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
c) prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no
deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
d) reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los
procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
e) señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a
hacer uso de un arma de fuego, y
f) establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño
de sus funciones.

49. De otra parte, según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “una
adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los Estados no forman y
capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y organismos de seguridad sobre los principios y
normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido en
toda circunstancia el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley”54.

50. Finalmente, la jurisprudencia interamericana en materia del uso de la fuerza ha determinado que
“la prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si
no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida por
agentes estatales55. La Corte ha entendido que la obligación general de garantizar los derechos
humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, contiene la
obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado,
protegido o garantizado56. Esta obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de
la fuerza letal. Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de
armas de fuego con consecuencias letales, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación,
una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva57 (infra párrs. 119 a 124). Esta
obligación constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la
vida que se ve anulado en esas situaciones”58.

51. La Corte Europea de Derechos Humanos, por su parte, ha señalado que las investigaciones sobre
el uso excesivo de la fuerza deben estar “abiertas al escrutinio público con el objeto de asegurar la

54 Corte IDH, Caso del Caracazo. Reparaciones, párr. 127. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia),
párr. 77; Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 87.
55 Corte IDH, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), párrs. 79 a 83.
56 Corte IDH, Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 142. Ver también Caso La Cantuta, párr. 110; Caso Vargas

Areco, párr. 74; Caso Goiburú y otros, párr. 88; Caso Servellón García y otros, párr. 108; Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia), párr. 66; Caso Ximenes Lopes, párr. 177; Caso “de la Masacre de Mapiripán”, párrs. 232 a 234; Caso Juan
Humberto Sánchez, párrs. 111 y 112; Caso Myrna Mack Chang, párrs 156 y 157; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros), párr. 225; Caso Godínez Cruz, párr. 175 y Caso Velásquez Rodríguez, párrs 166 y 176.
57 Caso Juan Humberto Sánchez, párr. 112. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, párr. 256, y Caso Vargas Areco,

párr. 77. En similar sentido véase también ECHR, Erdogan and Others v. Turkey, supra nota 66, párrs. 88-89; ECHR, Kakoulli
v. Turkey, supra nota 66, párrs. 122-123, y ECHR, Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, párrs.
111-112, 6 July 2005.
58 Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, párr. 88.

responsabilidad de los agentes estatales tanto en teoría como en la práctica”59. Asimismo, ha
establecido que “la evaluación sobre el uso de la fuerza que haya implicado la utilización de armas
debe hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos, incluyendo las acciones de
planeación y control de los hechos bajo examen”60.

52. El Ejército colombiano asumió la operación militar del Palacio de Justicia empleando la doctrina
de guerra de tercera generación, desarrollada en la segunda guerra mundial y denominada guerra
relámpago. Siguiendo dichos lineamientos, la confrontación con el M-19 se caracterizó por la
neutralización mediante maniobras en lugar de desgaste, utilizando la concentración de fuerzas
combinadas en un punto central, con blindados apoyados por unidades de infantería, artillería y
de ala rotatoria, lo que explica la clase de armamento que se empleó.

53. El Derecho Internacional Humanitario contiene importantes previsiones aplicables al desarrollo
de operaciones militares como la que tuvo lugar en el Palacio de Justicia. Su cumplimiento por
parte de la fuerza pública, partiendo de principios esenciales del DIH como el de distinción y
proporcionalidad, no fueron respetados por quienes participaron en el operativo, como se verá a
continuación.

54. Debe recordarse, en primer lugar, el texto del artículo 3° común a los Convenios de Ginebra, por
constituir norma imperativa. Prescribe que:

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una
de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar,
como mínimo, las siguientes disposiciones:
1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas:
a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
b) la toma de rehenes;
c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente
constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá
ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.
Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la
totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las
Partes en conflicto”.

59 ECHR, Sergey Shevchenko v. Ukraine, no. 32478/02, párr. 65, 4 April 2006; ECHR, Tanis and Others v. Turkey, no.
65899/01, párr. 204, 2 August 2005, y ECHR, Isayeva v. Russia, no. 57950/00, párr. 214, 24 February 2005. Jurisprudencia
europea citada en el Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador.
60 ECHR, Erdogan and Others v. Turkey, párr. 68; ECHR, Makaratzis v. Greece [GC], no. 50385/99, párr. 59, y ECHR, McCann

and Others v. the United Kingdom, párr. 150. Jurisprudencia europea citada en el Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador

55. Respecto de la indispensable distinción entre civiles y combatientes, “las partes en conflicto
deberán distinguir en todo momento entre personas civiles y combatientes. Los ataques sólo podrán
dirigirse contra combatientes. Los civiles no deben ser atacados”61, norma que se complementa con
la prohibición de realizar “ataques indiscriminados”62.

56. Es importante especificar qué se entiende por un ataque indiscriminado a la luz del DIH. Tres
eventos describen esta práctica prohibida: en primer lugar, son indiscriminados los ataques que
no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; en segundo término, aquellos en los que se
emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar
concreto; y, finalmente, en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea
posible limitar como exige el derecho internacional humanitario; y que, en consecuencia pueden
alcanzar indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como a
personas civiles o bienes de carácter civil63.

57. La narración de quienes permanecieron como rehenes es muy ilustrativa en relación con el
irrespeto de parte de la fuerza pública del principio de distinción durante la operación de retoma.
A manera de ejemplo, el Magistrado Hernando Tapias Rocha manifestó que “a los guerrilleros se
les agotó la munición, el Ejército arrojaba granadas tratando de que entraran al baño donde nos
encontrábamos con los guerrilleros, el Ejercito voló la pared del baño”64.

58. Otros rehenes describen el uso de explosivos en desarrollo de la operación militar señalando que
“después de la salida del Dr. Arciniegas, el Ejército supo dónde estábamos y activaron una bomba
debajo del baño donde estábamos, ahí murieron varias personas, entre ellas una señora de servicios
generales…”65

59. Todo el país vio a través de la televisión cómo en la noche entre el 6 y el 7, desde la Plaza de
Bolívar, se hicieron varios disparos de rocket contra el frontis del palacio de Justicia que lo hizo
trepidar y abrió un gran boquete, que luego se pretendió justificar con el alucinante argumento de
que se necesitaba “para permitir la salida del humo del edificio”66.

60. El Magistrado auxiliar Nicolás Pájaro, quien resultó herido por la acción militar, relató que “los
tiros de los helicópteros eran como una lluvia de ráfagas, las balas que disparaban contra la oficina
eran explosivas por la forma en que destruían “. Y agregó más adelante que “bombardeaban
seguido, sentíamos los golpes de las granadas como bolas de ping pong, ante lo cual los guerrilleros
tomaban impulso y parecía que las devolvían, nos pedían que abriéramos la boca”67.

61. Frente a la utilización y empleo de explosivos y armas en la operación, el Ministro de Justicia
Enrique Parejo González, puntualizó que “veía riesgos por la explosión que se pretendía hacer en la
puerta del cuarto piso, por la proximidad de los Magistrados y por la perturbación que causaría en
los guerrilleros en detrimento de la seguridad de los Magistrados. Le pedí al presidente de la
República que aplazaran la voladura de la puerta mientras yo hablaba con Almarales. No fuimos

61 Norma 1, DIH Consuetudinario, Óp. cit.
65 Entrevista de Lucía Bermúdez de Sánchez con la Comisión de la Verdad.
66 Así lo expresaron, por ejemplo, en entrevistas con la Comisión de la Verdad, los Generales Arias Cabrales y Delgado

Mallarino, así como el Mayor Fracica.

enterados del ingreso de los tanques, además las Fuerzas Armadas no dejaron inspeccionar todas las
armas para el cotejo balístico”68.

62. Asimismo, durante la entrevista con la Comisión de la Verdad, el Comandante de la Escuela de
Caballería, Coronel Plazas Vega, afirmó que “al lado de los tanques ingresaron policías y soldados,
en cuanto al desorden, así es la guerra, cada cual se bate como puede, lo del Palacio fue una batalla
y no hay ninguna batalla donde no desaparezcan personas, además en la guerra y en los combates si
me disparan, disparo”.69

63. Respecto de la proporcionalidad en el ataque, la normativa humanitaria establece la
prohibición de “lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y
heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”70.

64. Dada la naturaleza misma del Derecho Internacional Humanitario, la precaución en el ataque
constituye elemento fundamental del comportamiento de los combatientes. Así, se establece que
las operaciones militares se realizarán “con un cuidado constante de preservar a la población civil,
a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para
evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil,
así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente”71. Las partes en
conflicto, adicionalmente, deben hacer “todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que
prevén atacar son objetivos militares”72.

65. El deber de precaución se extiende, como es obvio, a “la elección de los medios y métodos de
guerra”73. La aplicación de esta norma incluye las consideraciones relativas al momento –
oportunidad- de realizar los ataques, la elección de medios de guerra adecuados con respecto al
objetivo previsto, así como el empleo de armas de precisión y la selección de los objetivos.

66. En desarrollo del principio de proporcionalidad en el ataque, prevé la norma 18 del DIH
consuetudinario el deber de “hacer todo lo que sea factible para evaluar si el ataque causará
incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas
cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.

67. Para el análisis de la operación militar de retoma del Palacio se hace necesario revisar el principio
de proporcionalidad en relación con los principios generales sobre el empleo de las armas. Así,
está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, entre otros, el empleo de tres tipos de
armas, que fueron utilizadas al interior del edificio del Palacio de Justicia.

68. En primer lugar, se prohíbe el empleo de armas de tal índole que sus efectos sean
indiscriminados74, prohibición derivada del principio de distinción, que se entiende aplicable al
contexto de la retoma en la medida en que no era posible limitar los efectos de los rockets,
explosivos y granadas utilizados dentro del Palacio, algunos de ellos disparados desde los tanques


Cascabel que ingresaron al sótano y al primer piso y otros desde el exterior. La Corte
Internacional de Justicia ha establecido sobre el particular que “los Estados no deben convertir
nunca a las personas civiles en el blanco de un ataque y, por consiguiente, no deben emplear nunca
armas que no sean capaces de distinguir entre los objetivos militares y los civiles”75.

69. También están prohibidas las sustancias antidisturbios como método de guerra76, las que
incluyen los gases lacrimógenos, utilizados ampliamente durante la operación militar de retoma;
y, finalmente, se prohíbe el empleo antipersonal de armas incendiarias, a menos que no sea
factible emplear un arma menos dañina para poner al adversario fuera de combate77. Las armas
incendiarias, de acuerdo con la definición contenida en el Protocolo sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas,
proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas y otros contenedores de sustancias
incendiarias78.

70. Debe resaltarse asimismo y por vía de analogía, dados los múltiples testimonios que recibió la
Comisión79, tanto de rehenes como de las propias comunicaciones de la fuerza pública sobre el
uso de francotiradores que disparaban indiscriminadamente al interior del Palacio de Justicia,
que los autos de procesamiento por aterrorizar a la población civil en las causas sometidas al
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia se refieren a los disparos deliberados e
indiscriminados contra objetivos civiles, a los disparos ilícitos contra concentraciones de
personas y al fuego prolongado y sistemático de artillería y de francotiradores contra zonas
civiles80.

71. No deja de llamar la atención, por otra parte, el reiterado reclamo por las bajas en las propias
tropas81, lo que resultaría del excesivo y desproporcionado uso de las armas letales de manera
indiscriminada, al punto de causar muertos por “fuego amigo”. Se señala en las comunicaciones,
por ejemplo:

ARCANO 5: ¿Usted tiene el dato de, de muertos?
ARCANO 3: R confirmados del enemigo cinco, cambio.
ARCANO 5: ¿Cinco confirmados del enemigo cambio?
ARCANO 3: Afirmativo siga.
ARCANO 5: Eh, ¿propias tropas (...)..?.
ARCANO 3: R, pues no sabría decirle ahorita porque han tenido Acorazado, Acero, Acuario y, y
Ponal, cambio.
ARCANO 5: R QSL.
ARCANO 3: R a su orquesta QAP.

72. Con base en las entrevistas y documentos a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad, se
reproducen a continuación algunos apartes correspondientes a la descripción del armamento
utilizado durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia por parte de la fuerza
pública, toda vez que el inventario total y la puesta a disposición de las autoridades judiciales del

75 CIJ, Nuclear Weapons case, opinión consultiva, párr. 389.
78 Aprobado en Ginebra, el 10 de octubre de 1980
79 Ver Capítulo XXXX hechos, párrafos xxx.
80 Caso Dukic, auto inicial de procesamiento; Caso Karadzic y Mladic, primer auto de procesamiento y Caso Galice, auto

inicial de procesamiento.
81 Descrito por la Comisión de la Verdad en el Capítulo IV

material bélico utilizado no fueron efectuados por las autoridades militares y de policía, lo que
incidió en el establecimiento de responsabilidades por los proyectiles encontrados en los cuerpos
sin vida de rehenes y combatientes.

73. El Comandante de la XIII Brigada, General Jesús Antonio Arias Cabrales, describió cómo y con
cuáles armas se realizó el enfrentamiento: la “primera fase del operativo inicia con la irrupción de
los blindados a la 1:30 p.m., luego a las 3 p.m., en el primer piso y hasta las 10 p.m.; se intentó
reiniciar a las 2 a.m. pero el humo impedía el ingreso, se dispara el blindado contra el Palacio para
que salga el humo. Con ingenieros militares se sitúan cargas explosivas para abrir boquetes que
permitieran el ingreso de las unidades militares. El armamento utilizado consistió en fusiles G-3 con
alcance de 300 metros, blindados Cascabel con cañones 90 mm calibre 7.62 con alcance de 1.500
metros, granadas 50 mm anti blindaje, pistolas con alcance de 50 metros y creo que lanzacohetes de
la Escuela de Artillería”82.

74. Uno de los oficiales que combatió al interior del Palacio de Justicia, el entonces Mayor Carlos
Fracica Naranjo, describió el desarrollo táctico indicando que “los tanques entraron y salieron,
fueron el escudo para entrar; a las 10 p.m. se disparó desde el exterior un rocket e inmediatamente
ingresé con una contraguerrilla (…). Un Comando de la Escuela de Ingenieros procedió a abrir una
brecha con una carga explosiva, la cual tumbó la pared, se ingresa, se produce el enfrentamiento con
los del Guardia Presidencial”83.

75. El comandante de la Escuela de Caballería, coronel Alfonso Plazas, mencionó que en la operación
del Palacio, “el Ejército utilizó fusiles G-3; llegué a la Plaza de Bolívar con cuatro tanques. Los
tanques Cascabel y Urutú tenían un conductor, un apuntador de cañón y un comandante; yo era el
comandante del tercer tanque, cada carro blindado tiene como armas un cañón, un fusil spoter y dos
2 ametralladoras coaxiales calibre 7.62, cada blindado Cascabel llevaba cuarenta y seis granadas,
las unidades blindadas pueden operar en localidades”84.

76. Afirmó el coronel Plazas Vega que “el día 6 de noviembre, los tanques permanecieron en la Plaza de
Bolívar hasta las 8 p.m.; en la noche disparamos el cañón de uno de los tanques y las ametralladoras;
el día 7 de noviembre entró uno de los carros blindados al Palacio de Justicia. El combate con rockets
si puede causar muertos, ya que es difícil controlarlo. En uno de los baños, pusieron una carga
explosiva controlada por los Ingenieros Militares, sin que se causara daño a los rehenes. las unidades
blindadas pueden operar en localidades”85.

77. Durante la operación militar, la información que los medios de comunicación le entregaban al
país, mencionaba aspectos y detalles como los relatados por el periodista Yamid Amat, quien
afirmó que “el miércoles en la noche salía humo, uno de mis periodistas estaba en el tercer piso del
edificio de Telecom, junto a él se encontraba un Capitán y un soldado que disparaban un rocket
hacia la parte alta del Palacio de Justicia, hicieron cinco disparos y al parecer por ahí había fuego”86.

78. El conductor del cascabel No. 2030 de la Escuela de Caballería, sargento segundo Joel Carabalí
Lovoa, quien ingresó al Palacio de Justicia, manifestó que “se disparó la ametralladora coaxial
7.62; el vehículo Cascabel está dotado de 2.000 cartuchos 7.62; dieciséis granadas antitanques hiat


antipersonal de fragmentación; dieciséis granadas he-t antitanque que pegan y rompen; seis
granadas smok incendiarias; seis granadas hest, de demolición y dieciocho granadas de humo; las
granadas pueden ser lanzadas únicamente por el cañón”.87

79. Por su parte, el técnico en explosivos de la Escuela de Ingenieros, sargento viceprimero Guillermo
Quintanilla Pérez, manifestó que “durante el tiempo que yo estuve allá, se colocaron 4 cargas
dirigidas y como el objetivo era abrir un orificio para poder ver a los guerrilleros, solo se pudo abrir
tres orificios de unos 40 a 50 cms; fuera de las 4 cargas dirigidas, se llevó también otro explosivo
llamado “composición c” que es un explosivo rompiente, no recuerdo o no sé cuantas colocaron”88.

80. En la operación, como parte de la implementación táctica, se procedió a combinar cargas
explosivas y gases lacrimógenos, tal como lo afirmó el capitán José Vicente Olarte González “se
pudo haber abierto una rendija donde posiblemente cabe una granada de gas lacrimógeno, se
lanzaron dos o tres”89. La utilización de gases lacrimógenos durante la operación militar, estuvo a
cargo del Batallón de Policía Militar, tal como lo relata el soldado Fernando Arturo Ortiz Díaz,
quien manifestó “nosotros estuvimos hasta el cuarto piso ahí se lanzaron unos gases, después
bajamos nuevamente al primer piso la biblioteca y ahí también ahí se lanzaron unos gases; lo que yo
llevaba la mayoría eran CN-230 y CS-515 o 550”90.

81. El soldado Ortiz también expresó que la orden de “gasear” al interior del Palacio la dio el coronel
Celso Suárez, “quien dispuso que entrara una escuadra para apoyar con gases antimotines a los
otros militares que estaban dentro y nos dirigimos a un sitio donde estaban unos guerrilleros
atrincherados, creo que era en el tercer piso, la misión de nosotros era lanzarles gases para que
salieran”.91

82. El diálogo y las palabras sucumbieron ante las armas, los hechos hablan de manera contundente,
tal como lo señala el Coronel Alfonso Plazas, “más o menos a las dos de la mañana del siete se
hicieron dos disparos contra la estructura más alta del edificio con el propósito de abrir unos
boquetes que permitieran el escape del humo; el mismo día entre las seis y siete de la mañana se
disparo otra granada para abrir un boquete en alguna pared del interior para permitir el acceso de
algunas tropas”92.

83. “Los soldados llevaban fusiles G-3, el sargento Uriza y mi persona llevábamos pistola MP-5 y
también mi capitán, llevábamos granadas lanza fumígenas y la ametralladora punto 50. De las

87 Ampliación de la declaración ante el Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, el 4 de febrero de 1986, tomada del
cuaderno anexo 51, folios 79 y 80, Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en el proceso contra el Coronel Luis
Alfonso Plazas Vega.
88 Declaración ante el juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, el 5 de febrero de1986, tomada del cuaderno anexo

51, folios 87 y 88, Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en el proceso contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
89 Declaración ante el juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, el 5 de febrero de 1986, tomada del cuaderno anexo

51, folio 92, Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en el proceso contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega.

51, folios 129 y 130, Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en el proceso contra el Coronel Luis Alfonso Plazas
Vega.

51, folio 132, Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en el proceso contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
92 Ampliación de Declaración ante el juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, el 20 de marzo de 1982, tomada del

cuaderno anexo 51, folio 357, Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en el proceso contra el Coronel Luis Alfonso
Plazas Vega.

granadas ni hicimos uso ni de la ametralladora”93; es la afirmación del conductor del Urutú N°
2140, cabo segundo Rubén Darío González Álvarez, respecto a la dotación de armas que tenían al
momento del combate.

84. El porcentaje de los diálogos entre los responsables de la operación de retoma relacionados con
esta materia ocupa parte sustancial de las comunicaciones, y la única preocupación que expresan
quienes ordenan y coordinan el uso de tales artefactos letales es la de prevenir que se causen
bajas dentro de las propias tropas –lo que, de hecho, sucedió, tal como lo señaló la Comisión
anteriormente94-. Se escucha, en efecto, en apartes de las grabaciones de radio durante los días 6
y 7 de noviembre de 1985:

ARCANO 5: ..Seis que él nota que la situación se enfrió, que necesita que haya acción que haya ruido
que si necesita más munición le coloca toda la que necesite, pero que no los deje descansar, que él
nota que se enfrió la, se está enfriando la situación, cambio.
ARCANO 6: R bueno esa apreciación, esa apreciación eh terna a la situación, pero aquí eh sé está
tratando de reducir, de reducir a los grupos que están en el piso segundo, tercero y cuarto de a un
reducto ya final, a un reducto final con el objeto de causarles eh la baja ya en ese sector e impedir eh
mayores destrozos y todavía hay personal ajeno a la situación que está todavía acá siga.
ARCANO 5: R sí no él dice que le preocupa esa situación de que, no nos pongamos a pararnos en
gasto de municiones ó destrozos que haya que ocasionar, pero que quiere que haya acción, cambio.
(…)
ARCANO 6: (....) e ese piso suyo eh ahí si hay necesidad de impulsar un poco, de impulsar un poco y
obligando sí es el caso allá que, agoten munición nosotros tenemos suficiente capacidad, entonces
impulsar a ver si liquidamos rápidamente y liberamos este segundo piso porque ya sótano y primero
lo tenemos y así no nos queda el problema sino en tercero y cuarto, siga. Arcano Veintidós, Arcano
Veintidós de Arcano Seis.
ARCANO 2: Sí recibido hemos intentado hacerlo y ha habido disparos allá del norte y también
tenemos el inconveniente que adelante nuestro está Mano Yuca Fracica, cambio.
ARCANO 6: R entonces ahí impúlsele (Interferencia) impúlsele a Fracica impúlsele a Fracica que a,
que a, que apoye que presione. Bueno eh comuníquele ahí a Fracica que impulse, que impulse porque
están, antes de que se nos, se nos baje tensión aquí siga.
(…)
ARCANO 6: Eh, QSL de todas maneras pues hay que presionar porque yo creo que esta gente no
tenga munición suficiente pues para hacer una resistencia muy prolongada, entonces hay que
presionarlos en ese sentido para obligarlos a que disparen siga.
(…)
ACORAZADO 6: Arcano Seis yo creo que hacia ese sector pues, creo que no hay tropas solo las tropas
que tenemos nosotros de Acorazado en el sótano, creo que para ese sector no hay, es noroccidental
que es donde pensamos hacer el tiro de Rocket cambio.
(…)
ARCANO 6: R, bueno R persistir allí con el máximo de protección sin arriesgar demasiado la gente
donde no haya eh la necesidad de hacerlo, pero persistir ahora sí hay la necesidad de emplear eh
rockets pues emplearlos porque ya estamos comprometidos del todo y hay necesidad de evacuar esta
situación, siga.
ACERO 6: R y QSL ya está orquestado Arcano Seis cambio.
(…)

93 Declaración ante el juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante, el 25 de noviembre de 1985, tomada del cuaderno
anexo 52, folio 37, Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema en el proceso contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
94 Ver Capítulo IV

ARIETE 6: Eh, mi General para solicitarle, si es posible eh nos manden cargas más grandes que las
tienen en la escuela logística se trajeron dos cargas, pero entonces se necesitan cargas más grandes,
igualmente para solicitarle que nos explique más o menos donde está el personal porque ahí donde
se abrió el boquete (..…) no hay nadie, cambio.
ARCANO 6: R, vamos entonces a, a, ver la posibilidad entonces de utilizar ese boquete por lo menos
para, hacer aproximación, siga.
ARIETE 6: R afirma eh, mi General de todas maneras para solicitarle ahí unas más grandes, cambio.
ARCANO 6: Eh por favor eh, Arcano Cinco, Arcano Cinco para efectos de que Arnés, de que Arnés que
tiene esa posibilidad nos desplace ese apoyo siga si copio siga.
ARCANO 5: Estoy QSL ya le coordino eh, el envío de esas cargas, cambio.
(…)
ARCANO 6: R, eh no quería verificar con el personal que está eh arriba si el boquete abierto permite,
permite el acceso de personal, siga.
ARIETE 6: Negativo, ARCANO 6 negativo eh el boquete es muy pequeño, entonces se necesita, por eso
se necesitan cargas más grandes, cambio.
(…)
ARCANO 5: Aquí en el batallón de abastecimiento nos informa, que dispone, de explosivos plásticos
y, tienen también unas cargas de cráter de 11 libras (Se escucha voz masculina en el fondo que dice:
once kilos de TNT) de 11 kilos de TNT cambio.
ARIETE 6: R yo tengo de esas, yo tengo composición y tengo las cargas de cráter pero esas no sirven
necesitamos es cargas dirigidas, parece que ya eh de la dirección de abastecimiento nos van a
facilitar cuatro de 40 libras que son suficientes, siga.
(…)
ARIETE 6: (...) Envío dos cargas más, dos cargas más de 15 libras, le envío una carga de cri, perdón
cuatro cargas de de cráter y 40 libras de TNT, cordón detonante, estopines para que usted allá um,
amplié el roto pero encima del objetivo, siga.
CAPITAN BARRETO: Recibido y QSL siga Ariete Seis.
ARIETE 6: Tenga en cuenta que la carga de cráter, la carga de cráter es bastante poderosa y que la
distancia de seguridad de las propias tropas debe ser eh mayor que con la carga de demolición, siga.
CAPITAN BARRETO: Recibido sí, el personal aquí donde se está colocando como seguridad eh, del
sitio donde se coloca la carga eh tiene protección, siga.
ARIETE 6: R la idea es localizar a los chusmeros esos y, y en la oficina inmediatamente de encima si
es posible colocar la carga para abrir un roto y por ese roto aventarles granadas y fumíguenlos y lo
que sea.
CAPITAN BARRETO: R QSL (...) y precisamente se lanzaron unas granadas con, la (...) la primera
carga y estamos esperando la otra ahoritica se va a estallar la segunda y depende del orificio que
haga entonces se procederá a lo concerniente, siga.
ARIETE 6: ¿El diámetro de la carga que estallaron de cuanto fue?.
CAPITAN BARRETO: Aproximadamente 50 de centímetros, siga.
ARIETE 6: R, eso es suficiente, suficiente ahora sí usted coloca las dos cargas en, en serie abre un, un
roto suficiente para, para cualquier cosa, pero tiene que abrirlo encima del objetivo, siga.
CAPITAN BARRETO: R QSL de acuerdo a indicaciones que de aquí del personal que estuvo
inicialmente en el sitio donde se están colocando las cargas, eh, se cree está el personal de acuerdo a
como se están escuchando las detonaciones, ahí se va a colocar la segunda carga y posteriormente el
resto de material para hacer el cráter necesario siga.
(…)
ARCANO 3: R Arcano Seis he Acorazado Seis va a disparar el Rocket sobre el QTH ya informado,
cambio.
ARCANO 6: R, eh sobre que piso, sobre que piso?, siga.
ARCANO 3: R, entre el sótano y el segundo por la escalera del parqueadero cambio.

ARCANO 6: ¿En qué, en dirección qué occidente oriente o qué?, siga.
ARCANO 3: En dirección occidente oriente, cambio.
ARCANO 6: R entonces para yo retirar el personal que tengo aquí eh porque estamos en, en la parte
superior, estamos en la parte superior en el sector precisamente en el, vértice nororiental siga.
ARCANO 3: R, r van a dispararlo de occidente a oriente entre el sótano y el segundo piso, sobre a la
altura del ascensor, cambio.
ARCANO 6: Eh, Bueno ahí en el segundo piso hay personal, en el segundo piso hay personal de Alfa
Seis y hay personal también de Mano Yuca Fracica, en el segundo piso en el sector sur oriental y casi
nororiental para que tengan las prevenciones del caso, siga.
ARCANO 3: R estoy QSL ya é coordino con la, con Acero Seis y si ya se ubicó la, el personal, cambio.
ARCANO 6: QSL que prosiga entonces.
ARCANO 3: R eh a su orquesta QAP.
(…)
ARCANO 3: R, Acorazado entonces va a disparar un Rocket sobre, a la altura del tercer piso en el
costado eh noroccidental, cambio.
(…)
ARCANO 6: Bueno en relación con las cargas se utilizaron pero realmente los orificios causados
fueron mínimos y no permiten eh lo que se busca que es poder descender personal, entonces estamos
a la espera de las otras cargas porque en los dos lugares que se pusieron eh fue apenas como de unos
40 centímetros, de diámetro siga.
ARCANO 3: QSL Arcano Seis, entonces que Acorazado Seis eh dispare el Rocket, cambio.
ARCANO 6: R pero plenamente seguro de que no tenemos tropas allí en ese sector y especialmente
en el segundo que está eh Mano Yuca Fracica y está eh Arcano Veintidós, siga.
ARCANO 3: R, eh Arcano Veintidós parece que está en el costado eh nororiental, cambio.
ARCANO 6: QSL.
(…)
ARCANO 2: (...) Seis de Arcano Veintidós, se va a disparar del costado sur-oriental hacia el norte
cambio.
ACERO 6: Arcano Seis - Acero Seis, cambio.
ARCANO 6: Siga Acero Seis.
ACERO 6: Recibido y QSL ya se ordenó, se orquestó al tercer piso al Carlos Tango Rojas, para que
inicie la presión hay dos eh, GOES que están por la parte alta del techo con él, con el producto hecho
de las explosiones se está moviendo la gente y estos últimos disparos parecen que están tratando de,
de neutralizar en gran parte las posiciones que tenían estos ventajosos, cambio.
ARCANO 6: QSL entonces por favor presionar ahí, (Interferencia) …
ACERO 6: R y QSL Arcano Seis, de acuerdo a lo orquestado se va iniciar a una mayor presión, está
yéndose las baterías de Arcano Seis, cambio.
(…)
PALADÍN 6: Arcano Seis de Paladín Seis deme situación actual, cambio.
ARCANO 6: R, situación eh se continúa tratando de forzar el acceso, el acceso (Se escuchan
explosiones) se han utilizado dos cargas dirigidas, se utilizó una con posición C con resultados
negativos, estamos colocando otro tipo de explosivos porque es el control que tiene absolutamente
sobre el acceso y al terminar ese acceso parece que hay un mezanine, un sistema de baños donde
tienen un grupo de rehenes y al parecer hay cinco individuos que son los que controlan la operación
y quienes los están custodiando, cambio.
(…)
ARCANO 6: (...) se continúa, con explosivos tratando de abrir la brecha por la escalera, sin embargo
se han aplicado ya cuatro cargas no ha sido posible porque el material tiene mucho refuerzo tal vez
por lo que está junto a los ascensores, entonces vamos a, tratar de eh abrir del segundo piso hacia
abajo, del segundo piso hacia abajo, cambio.

(…)
ACORAZADO 6: Requerimos granadas de mano que nos haga llegar acá una caja con todas las
medidas de seguridad, cambio.
(…)
PALADÍN 6: Bueno, sigue siendo crítico el tiempo para presentar por cumplida la misión y tomado
totalmente el objetivo, eh de manera que espero yo sé que las demás unidades están comprometidas
de Arcano me están escuchando, les pido, les exijo máximo esfuerzo estamos contra el tiempo, siga.
(…)
ARCANO 5: Eh que insiste Paladín Seis en, agilizar la, el desenlace de la ofrenda, que le está
urgiendo Coraje Seis e insiste en eso, cambio.
ARCANO 6: QSL, QSL, se está presionando, se está presionando hay en este momento tres pelotones y
una Compañía de Contraguerrillas comprometida en la operación, uno en cada piso y haciendo el
máximo de presión, cambio.
ARCANO 5: R, le deseo muy buena suerte eh Arcano Seis en este desenlace, cambio.
(…)
ARCANO 5: Bueno comandante, estamos urgidos de que esa situación se defina, cambio.
ACORAZADO 6: R, QSL Arcano Cinco, aquí estamos metiéndole todo lo que tenemos, estamos
metiéndole granadas, rockets, acabamos de meter una buena carga vamos a ver qué, qué paso,
estalló hace, hace treinta segundos y pues parece que se bajaron al segundo piso de acuerdo a lo que,
a lo que se puede allá eh puede ubicar Arauca, cambio.
ARCANO 5: R no se olvide de la frase de la biblia, la frase de la biblia, “Ustedes juntos son mis hijos
amados en quien tengo puestas todas mis esperanzas”, cambio.
(…)
ACORAZADO 6: Necesitamos granadas, necesitamos granadas de fusil, necesitamos granadas de
fusil, cambio.
ACORAZADO 10: R, QSL ya salen para allá mi Coronel.
ACORAZADO 6: Granadas de mano y granadas de fusil, cambio.
ACORAZADO 10: R, QSL mi Coronel, QSL mi Coronel.
ACORAZADO 6: Urgente, urgente granadas de mano y granadas de fusil aquí a la Alcaldía, cambio.
ACORAZADO 10: R, QSL mi Coronel. (...) eh las de mano las lleva mi Primero Rendón, cambio.
(…)
ACORAZADO 6: Detonar otra carga entre el baño del cuarto piso que ya se controló y el tercero,
para tratar de penetrar que es el lugar de resistencia que nos queda, cambio.
(…)
ARCANO 5: R, gracias. ¿Eh dispone de granadas incendiarias?, cambio.
ACORAZADO 10: RPT.
ARCANO 5:¿Granadas incendiarias?, cambio.
ACORAZADO 10: Le respondo en tres minutos.
ARCANO 5: QAP.
(…)
NN (HOMBRE): Granadas de pelotón mío y apoyo para la operación, siga.
ACERO 6: QSL, si necesita más que informen y les mandamos, cambio.
NN (HOMBRE): Recibido y QSL mi Mayor, cambio.

85. Los testimonios y las transcripciones anteriores evidencian, de manera inequívoca, el
desconocimiento de la normativa humanitaria, tanto en relación con el respeto a los principios de
distinción, precaución y proporcionalidad, como frente al uso de determinadas armas impropias
para una operación dentro de un espacio cerrado, en el que el número de atacantes frente al de
los rehenes era sustancialmente inferior y su ubicación no estaba claramente definida. El ingreso
con tanques, los disparos con rockets desde el interior y el exterior del Palacio, los ataques del 6

de noviembre en la tarde con explosivos en el cuarto piso y la operación rastrillo el 7 de
noviembre, son evidencias elocuentes y dramáticas del desconocimiento sistemático de la
normatividad humanitaria por parte de la fuerza pública durante la operación de retoma del

86. Otro de los temas frente a los cuales se ha generado polémica y se han tejido diversas versiones
respecto de la responsabilidad –por las implicaciones de tal acción para la vida e integridad de los
rehenes- tiene que ver con las interrupciones en el fluido eléctrico en el Palacio de Justicia
durante los dos días de la operación de toma y retoma.

87. De hecho, el Tribunal Especial de Instrucción Criminal le atribuye a tal circunstancia una suerte
de ventaja militar de la guerrilla, al afirmar que “[l]a falta de servicio de energía, agravada con la
mayor oscuridad producida por el humo de las bombas, y la misma arquitectura del edificio, les facilitó
ubicarse en sitio seguro con la mira hacia el único lugar por donde podían aparecer los agentes del
orden”. Sin embargo, en dos apartes de las comunicaciones de radio se evidencia que quien tenía el
control sobre el fluido eléctrico y su uso táctico era el Ejército:

ARCANO 5: Arcano Seis de Arcano Cinco.
ARCANO 6: Siga Arcano Cinco
ARCANO 5: R eh si considera conducente podemos ponerle luz al edificio cambio
ARCANO 6: Afirmativo, afirmativo porque nosotros estamos en el área donde más posibilidad hay de
que nos vean mientras que ellos están en la parte oscura
ARCANO 5: Enseguida estamos disponiendo que vuelvan a iluminar el edificio que se había cortado
por instrucciones de nosotros el servicio de fluido eléctrico cambio.
(…)
ALFA 6: Arcano, Arcano Seis de Alfa Seis.
ARCANO 6: Siga Alfa Seis.
ALFA 6: Eh Arcano Seis de aquí de mi QTH tengo visualizado eh visualizado en el tercer piso la luz
apagada hay un, un sujeto ahí frente a la ventana a ver si usted que está abajo lo puede localizar,
cambio.
ACERO 6: El, eh Capitán Florida y los dos eh conocedores para encender las luces del edificio,
cambio. ¿Es conveniente en el momento encender las eh luces Arcano Seis?, cambio. Arcano Seis -
Acero Seis cambio. Arcano Cinco Acero Seis, cambio. Arcano Seis - Acero Seis cambio.
ARCANO 3: Para informar que ya se encuentra aquí en ese QTH el Carlos Tango Florida con los dos
de, de técnicos de energía, cambio.
ARCANO 5: R, está QSL, eh, eso es para, poner la, la luz si ustedes lo consideran necesario, cambio.
ARCANO 3: R QSL, QSL, estamos esperando ahorita que se defina un poco, la situación, para porque
los controles están en el sótano (Interferencia).
ARCANO 5: R está QSL, ¿ha habido algún cambio de la situación?, cambio?.
ARCANO 3: Negativo, negativo Arcano Cinco, vamos a hacer un poquito de presión a ver qué pasa,
cambio.

88. La Comisión de la Verdad considera que el contexto descrito para la suspensión del fluido
eléctrico, teniendo en cuenta la presencia de rehenes en los lugares que serían atacados
valiéndose de la oscuridad, vulnera el deber de precaución en la elección de los medios y métodos
de guerra para evitar o reducir al mínimo, el número de muertos y de heridos entre la población
civil95.


89. Sin duda uno de los eventos que ilustra con mayor claridad el irrespeto por la normatividad
humanitaria y el desprecio por la vida e integridad de la población protegida, tiene que ver con la
negativa de la fuerza pública de permitir el acceso de la Cruz Roja al Palacio de Justicia. Al menos
tres episodios concretos se pueden evocar en esta materia:

90. Desde el 6 de noviembre en la tarde, como se señaló en los hechos96, el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia imploró la presencia de la Cruz Roja porque había con él dos mujeres
embarazadas que requerían atención médica97, pero la respuesta fue, una y otra vez, con disparos
provenientes de los tanques que estaban en el primer piso y nuevas explosiones.

91. El 7 de noviembre en la mañana, cuando los guerrilleros autorizaron la salida del Consejero
Reinaldo Arciniegas, el mensaje que él portaba y tenía como destinatario al Gobierno, solicitaba,
como ya se relató, la presencia de la Cruz Roja, de un periodista y de un delegado del Gobierno. La
situación de los heridos graves en el baño donde se encontraban tanto rehenes como
guerrilleros98, hacía imperativa, por razones humanitarias, la presencia de la Cruz Roja. Sin
embargo, como se ha señalado, el mensaje nunca llegó a su destino, ya que el portador fue
conducido a la Casa del Florero donde fue interrogado y de allí enviado a su residencia en un
vehículo militar, por lo que se frustró, nuevamente, la posibilidad de contar, entre otros, con el
auxilio del organismo humanitario99.

92. Las comunicaciones radiales que registran la salida del Consejero Arciniegas señalan:

ARCANO 5: No, él estaba con el personal, lo hicieron bajar hacia donde estaba el personal del que
controla la escalera, entonces de allí empezaron a gritar que la Cruz Roja de que necesitaban eh que
vinieran la Cruz Roja y se les dijo que entonces que enviaran a alguien, dijeron que iban a enviar a
un Magistrado y les ordenamos que bajaran uno por uno con las manos en alto, pero el único que
bajó fue él, de manera que lo rescatamos pero él no habló de ningún tipo de, de por lo menos
mientras estuvo acá en el área no habló absolutamente nada en cuanto a condiciones o a exigencias,
cambio.
PALADÍN 6: Correcto, mire ¿ni, ni dijo que necesitaban atención médica humanitaria?, siga.
ARCANO 5: Negativo, únicamente eh refirió de que habían, eh tres de los individuos que estaban allí
haciendo frente, que tenían algunas heridas, en un brazo uno, otro en una pierna y el otro que tenía
alguna herida de mayor gravedad en otra pierna, pero él no habló de eso, parece, ya cuando habló
con Arcano Dos eh como que le manifestó que necesitaban que un periodista y un representante de
la Cruz Roja, cambio.
PALADÍN 6: R, QSL siga.
ARCANO 5: Es toda la información Paladín Seis.

93. Finalmente, el mismo 7 de noviembre se dio el intento fallido de ingreso de la Cruz Roja 100 al
Palacio, portando un mensaje del Gobierno. Como lo registró la Comisión anteriormente101, la

96 Ver Capítulo IV
97 La Comisión debe destacar en este sentido, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las
mujeres embarazadas padecieron un sufrimiento psicológico adicional, por los sentimientos de angustia, desesperación y
miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos (caso del Penal Castro Castro vs. Perú, párr. 292).
98 Quienes se encontraban fuera de combate por herida, razón por la cual eran cobijados por la protección prevista en el

artículo 3° común: “2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como
el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto”.
99 Ver Capítulo IV
100 El Director de la Cruz Roja se encontraba fuera del país y quien trató de ingresar fue el Director del Socorro Nacional, que

era una dependencia de aquélla.

fuerza pública impidió deliberadamente su entrada mientras finalizaba la operación “rastrillo”, de
manera que, nuevamente, se frustró la posibilidad de salvar la vida de rehenes y guerrilleros que
se encontraban aún dentro de las instalaciones del Palacio. El delegado de la Cruz Roja portaba,
adicionalmente, “los medicamentos solicitados por algunos Magistrados102”.

94. Vale la pena recordar, en este punto, algunos apartes –antes transcritos integralmente por la
Comisión103- en relación con el tema, dado que se analiza el rol de la fuerza pública en este aparte
del Informe:

ARCANO CINCO: Eh, quiere PALADÍN que se dilate un poquitico el acceso de Martínez, eh que lo
ponga a coordinar bien sea aquí o bien sea con Ejército, cambio.
ARCANO SEIS: R, entendido.
PALADIN SEIS: ARCANO han tenido (...) voces, gritos, alguna cosa de los rehenes?
ARCANO SEIS: No, a veces grita esta gente que necesita la presencia de la Cruz Roja, pero de
inmediato la complementan con disparos, pero de rehenes todavía no se ha escuchado nada claro,
siga
PALADIN SEIS: Alguna otra cosa especial, siga
ARCANO SEIS: Negativo Paladín Seis
PALADIN SEIS: R, yo creo que quedaron completamente claras las instrucciones que yo le di sobre la
CRUZ ROJA, ha habido alguna solicitud?, siga
ARCANO SEIS: Negativo, ellos llegaron al área, digamos que administrativa en el sector de la Casa
de Florero y dijeron que estaban ahí en disponibilidad por si acaso lo requerían, pero no han forzado
ninguna situación ni han hecho requerimiento de entrar.
PALADÍN SEIS: ARCANO 6 de PALADIN 6
ARCANO SEIS: siga PALADIN 6
PALADÍN SEIS: R entendido, que no han llegado los de la cruz roja, eh por consiguiente eh estamos
con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo, por favor apurar, apurar a consolidar
y acabar con todo, y consolidar el objetivo, siga.”

95. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, además de lo prescrito en el artículo 3°
común a los Convenios de Ginebra en relación con el deber de recoger y asistir a los enfermos, se
establece que “las partes en conflicto permitirán y facilitarán, a reserva de su derecho de control, el
paso rápido y sin trabas de toda la ayuda humanitaria destinada a las personas civiles necesitadas
que tenga carácter imparcial y se preste sin distinción desfavorable alguna”, con la prescripción
adicional que incluye el deber de “garantizar la libertad de movimiento del personal humanitario
autorizado, esencial para el ejercicio de sus funciones.104”

96. El artículo 3° común establece asimismo, el derecho de iniciativa humanitaria105 respecto del cual,
en los Comentarios a dicha norma106 se señala que le incumbe a la Sociedad Nacional de la Cruz

102 Comunicación enviada por el doctor Carlos Martínez Sáenz, Director del Socorro Nacional de la Cruz Roja, al Secretario
General de la Presidencia el 12 de noviembre de 1985.
104 Normas 55 y 56, DIH consuetudinario, Óp. cit. Ver también, Norma 25. “El personal sanitario exclusivamente destinado a

tareas médicas será respetado y protegido en todas las circunstancias. Perderá su protección si, al margen de su función
humanitaria, comete actos perjudiciales para el enemigo”.
105 Al establecer que “Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus

servicios a las Partes en conflicto”
106 Comentario del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del Artículo 3 de estos Convenios, Comité
Internacional de la Cruz Roja, Plaza & Janés editores Colombia S.A., 1998, Pp. 344 a 346.

Roja, en cuanto órgano auxiliar, ayudar y conseguir que las exigencias humanitarias prevalezcan y
se afirma que “la parte en conflicto que rehusara en tal caso los ofrecimientos de servicio caritativo
del exterior asumiría una grave responsabilidad moral”.

97. En este punto, la Comisión debe resaltar adicionalmente que varios testigos señalaron haber sido
trasladados desde el Palacio de Justicia a instalaciones militares en ambulancias y existen
registros fílmicos de éstas en los alrededores del Palacio durante los días 6 y 7 de noviembre. El
señor Aristóbulo Rozo, quien se entrevistó con la Comisión de la Verdad, relató cómo, después de
haber permanecido en el sótano, el 7 de noviembre en la mañana fue llevado a la Casa del Florero
y “a la media hora nos echaron en un carro cerrado del Ejército con una cruz roja pintada, cuando
nos fueron a echar a esa especie de ambulancia” con destino al Cantón Norte.

98. De hecho, el señor Gustavo Mesa Peñalosa, conductor de una ambulancia de la Cruz Roja
Colombiana confirmó esta versión, cuando afirmó en declaración juramentada que el 7 de
noviembre trasladó cuatro conductores “que habían estado por allá escondidos en el sótano del
Palacio de Justicia, a ellos los recogí en la Casa del Florero para llevarlos a la Brigada de Institutos
Militares, en Usaquén, un soldado iba con ellos, yo los dejé en la Brigada ese día siete como en eso de
las once de la mañana, allá me tomaron a mí, datos, mi nombre y todo, no me acuerdo en el
momento si fueron cuatro o seis, no más, no trasladé más gente”107.

99. El Derecho Internacional Humanitario prescribe que está “prohibido hacer uso indebido de los
emblemas distintivos estipulados en los Convenios de Ginebra”108 y que “los medios de transporte
sanitarios exclusivamente destinados al transporte sanitario serán respetados y protegidos en todas
las circunstancias. Perderán su protección si se utilizan, al margen de su función humanitaria, para
cometer actos perjudiciales para el enemigo”109. El uso indebido se refiere a cualquier utilización
diferente de la prevista para los emblemas distintivos, incluyendo los medios de transporte
sanitarios, por lo que, dados los antecedentes citados, las fuerzas militares desconocieron, con su
actuación, la normativa humanitaria al dar al transporte sanitario, identificado con el emblema de
la Cruz Roja, un uso totalmente diferente de aquél para el que estaba previsto.

100. La actitud de las autoridades militares y de policía antes registrada en relación con la posibilidad
de contar con asistencia humanitaria durante la tragedia del Palacio de Justicia y del respeto por
los emblemas humanitarios, no sólo es reprochable desde la óptica estrictamente jurídica, sino
que es además ética y humanamente inaceptable. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado de haberse
atendido el clamor de los rehenes y permitido la labor humanitaria de la Cruz Roja, como era el
deber del Estado y de sus fuerzas armadas?

El respeto debido a la vida e integridad de los rehenes y las
personas puestas fuera de combate
101. Las garantías fundamentales de protección a las personas protegidas por el DIH, que a la vez
constituyen derechos humanos no suspendibles –los derechos a la vida, la integridad personal, el

107 Declaración de 6 de febrero de 1986, en Cuaderno anexo 6, folios 554-556, proceso penal contra el coronel Luis Alfonso
Plazas Vega.
108 Norma 59, DIH consuetudinario, Óp. cit.

debido proceso y las garantías judiciales110, sin ningún tipo de discriminación111-, prescriben, en
primer término, que “las personas civiles y las personas fuera de combate serán tratadas con
humanidad”112.

102. En el desarrollo de este marco de protección, se prohíben el homicidio113, los actos de tortura, los
tratos crueles e inhumanos y los atentados contra la dignidad personal, en particular los tratos
humillantes y degradantes114 y las desapariciones forzadas115.

103. Tres eventos complejos pero individualizables como patrones de conducta para efectos del
análisis, que han sido descritos en detalle en otros apartes del presente Informe116, se relacionan
con el respeto por el principio de humanidad y las garantías fundamentales e inderogables,
derivadas de la dignidad de las personas protegidas, tanto por el Derecho Internacional
Humanitario como por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En cada uno de estos
eventos, la fuerza pública desconoció, según se verá, las garantías fundamentales previstas en el
DIH y los correlativos derechos humanos que el Estado tiene el deber de respetar y garantizar en
todo momento.

104. En primer lugar, la Comisión se referirá al caso del abogado auxiliar del Consejo de Estado Carlos
Horacio Urán, quien salió con vida del Palacio de Justicia al término de la toma el 7 de noviembre

110 Tal como se establece, inter alia, en la norma sobre suspensión de garantías, artículo 27.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, según la cual “la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los
siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia
y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23
(Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. (subrayados fuera del
original).
111 El artículo 3° común establece que “Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los

miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad,
herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna
de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro
criterio análogo”. De manera análoga, la norma 88 del DIH consuetudinario prescribe que “En la aplicación del derecho
internacional humanitario, está prohibido hacer distinciones de índole desfavorable basadas en la raza, el color, el sexo, la
lengua, la religión o las creencias, las opiniones políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el nacimiento
u otra condición, o cualquier otro criterio análogo”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su
artículo 1.1 prescribe que “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
113 Art. 3° común: “(…) A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba

mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas (…)”;
Norma 89, DIH consuetudinario: “Queda prohibido el homicidio”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su artículo 4.1 prescribe que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
114 Art. 3° común: “(…) A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba

mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; (…) c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los
tratos humillantes y degradantes”. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.1 y 5.2
prescribe que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano”.
115 Norma 98, DIH consuetudinario.
116 Ver Capítulos IV y V

y su cuerpo fue posteriormente objeto de un levantamiento de cadáver al interior del Palacio, con
un tiro de contacto en el cráneo e indicios de torturas117.

105. Su muerte, mientras se encontraba bajo la custodia de las fuerzas de seguridad del Estado,
sumada al ocultamiento deliberado del hecho durante más de veinte años118 y a la impunidad que
aún rodea el homicidio, compromete incuestionablemente la responsabilidad del Estado por la
acción de sus fuerzas militares y la falta de esclarecimiento de los hechos, tanto desde la
perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como del Derecho Internacional
Humanitario.

106. De manera similar, la situación de los combatientes heridos o en condiciones de indefensión -los
dos guerrilleros heridos que estaban refugiados en el cuarto del aseo119, los heridos del baño
entre el 2° y el 3° piso120 y los demás guerrilleros que allí se encontraban al término de la
operación rastrillo y que no contaban con munición121-, es análoga a la del abogado Urán, ya que
todos ellos presentaron en sus cadáveres lesiones por proyectil de arma de fuego en el cráneo, en
su mayoría a contacto122, indicador de que fueron igualmente ejecutados.

107. La Comisión de la Verdad debe destacar en relación con esta evidencia, por lo que hace a los
guerrilleros, que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe ordenar “que no se dé cuartel,
amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en función de tal decisión”123. Se
entiende que está fuera de combate una persona que está en poder de una parte adversa; que no
puede defenderse porque está inconsciente, ha naufragado o está herida o enferma; o que exprese
claramente su intención de rendirse; siempre que se abstenga de todo acto hostil y no trate de
evadirse124.

108. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado reiteradamente la prohibición de
ordenar que no haya supervivientes, tanto en los conflictos armados internacionales como no
internacionales. Asimismo, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, “declarar que no se
dará cuartel” constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales125.

117 Ver Capítulo V
118 Develado en el marco de las investigaciones adelantadas por la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
en desarrollo de la instrucción del proceso por las personas desaparecidas, a través del hallazgo de un video que comprobó
inequívocamente su salida con vida del Palacio.
119 Ver, Tribunal Especial de Instrucción Criminal, declaraciones de las señoras Ana Lucía Limas de Montaña y María

Mercedes Ayala Lesmes, quienes se encontraban en un cuarto situado en el área de las escaleras del costado sur donde llegaron
dos guerrilleros heridos que luego fueron ejecutados por soldados.
120 Estaban heridos Andrés Almarales, Diógenes Benavides Martinelli y un tercer guerrillero, según las declaraciones de

testigos. Según las declaraciones de los testigos presenciales en entrevistas con la Comisión de la Verdad. El número exacto
de guerrilleros que estaban en el baño no se conoce, pero se estima que eran entre 8 y 10, incluyendo los heridos y las dos
mujeres que salieron con vida (Clara Helena Enciso e Irma Franco Pineda). La evidencia de disparos a contacto en la sien se
presenta en un total de 8 cuerpos de guerrilleros.
121 De acuerdo con lo expresado por rehenes que allí se encontraban, en entrevistas con la Comisión de la Verdad. Hernando

Tapias Rocha: “llegó el momento que a los guerrilleros se les acabó la munición”; Amanda Leal: “como a las 7:00 a.m. del 7, la
munición empezó a escasear”; Aydée Anzola: “a los guerrilleros se les acabó la munición, luego de esto hubo una explosión”;
Darío Quiñones: “Almarales antes del fin les dijo a algunos guerrilleros que estaban perdidos, ya no tenían munición”.
122 Tal como se señaló en detalle en el aparte correspondiente, Capítulo V
123 Norma 46, DIH consuetudinario, Óp. cit., así como artículo 3° común a los Convenios de Ginebra y la prohibición, tanto

del homicidio en el DIH como de la privación arbitraria de la vida, en el DIDH.
125 Estatuto de la CPI (1998), art. 8, párr. 2, apdo. e), literal x.

109. En este sentido, el interés de la fuerza pública por eliminar a los guerrilleros constituye eje
fundamental y prioritario de la operación militar, como lo evidencian las comunicaciones de
radio:

ARCANO 5: R, eh ¿tiene algún dato Arcano seis sobre bajas de la chusma? cambio.
ARCANO 6: R eh verificadas, verificadas únicamente cuatro, únicamente cuatro, eh parece que
dentro del personal que se sacó como rehenes, había algunos que se infiltraron intentando pasar,
esos eh los tiene en este momento Arcano dos y se está haciendo la averiguación, de todas maneras
eh la Policía va a verificar a través de Guantelete si ese personal utilizo algún armamento siga.
ARCANO 5: R eh Acero Seis había informado que había contabi, contabilizado 18 bajas, eh Paladín
Seis quiere que se le confirme este dato cambio.
(…)
ACERO 6: Bueno, ya se golpeó las, las ya se está recuperando aquí material y eh los fumigados está
todo el personal prácticamente acabado, entonces estamos únicamente aquí para salvedad de las
bombas que hayan puesto aquí sobre las puertas para eso necesitamos las linternas, de resto el
personal está totalmente fumigado, cambio.
(…)
ARCANO 6: Nosotros encontramos cuatro eh ya moribundos y Violeta que estaba también allí
disparando un revólver, esos, esos están muertos prácticamente ya, cambio.
ALGUACIL 6: QSL, porque faltaría entonces uno, eh un hombre y una mujer, un hombre y una mujer
y la información se tomó del personal que se evacuó eh hacia el sector dos que estamos controlando,
cambio.
ARCANO 6: Fuera de esos de los cuatro y la mujer (…).
ALGUACIL 6: La, la información dice que eran cinco y uno, entonces faltaría una mujer y un hombre,
cambio.
ARCANO 6: (…) y fueron dados de baja (…) intentaron y se (…) entonces tenemos dos (…) tres y
Violeta, entonces tenemos en total ocho, cambio.
ALGUACIL 6: R, serían esos porque es la información que dan de seis eh hombres dos mujeres,
cambio.
ARCANO 6: Es, r, eso en lo que dice al día, al día de hoy, en cuanto al día de ayer si se encontraron
las diecisiete armas del personal que estaba ayer parapetado en el cuarto piso, cambio.
ALGUACIL 6: Arcano Seis, eh, la, la mujer evacuada que fue la interrogada indicaba que en el lugar
en donde irrumpieron se encontraban ahí cinco y dos facinerosos, cinco hombres y dos mujeres, y fue
la información en, en este momento en la, en la disfunción y el que estaba comandando toda la
operación y al mismo tiempo confirman que, que lo que usted estaba interrogando con antelación
fue un hecho violento en el primer día, o sea, en el día de ayer, cambio.
(…)
CORAJE 6: Mire aquí recibí un, un informe de, de muy buena fuente después le digo cual era, que los
guerrilleros que habían entrado eran cuarenta.
PALADIN 6: R y QSL.
CORAJE 6: Que los guerrilleros que habían entrado eran cuarenta, cambio.
PALADIN 6: R, si lo, lo escucho, siga.
CORAJE 6: Entonces, espero que le sirva de, de dato, no.
PALADIN 6: R, correcto si señor eh vamos a, a mirar ahora la, y a comprobar todo, a hacer el
balance y qué pasó, siga.
CORAJE 6: Si, a ver que no, entre los que salen de, de retenidos no se nos vayan a mezclar, cambio.
(…)
PALADIN 6: R, si porque inclusive tenemos una información de que Otero se nos salió con la cédula
de un muerto pero, pero bueno y que Almarales está herido y que lo llevaron ahorita a una unidad

de P.M, en fin va, estamos en eso, estamos en la parte también mucho más compleja diría yo también,
que es esta limpieza, identificación, manejo de todas estas cosas, siga.
(…)
ARCANO 5: Arcano Dos - Arcano Cinco, Otero está con cedula falsa, parece que lo tiene usted allí
entre el personal, cambio.
ARCANO 2: Un, RPT que no le alcance a copiar el nombre, cambio.
ARCANO 5: Otero, Otero Otero, Otero Cifuentes salió con cédula de un muerto, cambio.
ARCANO 2: Estoy QSL.
ARCANO 5: Arcano Dos - Arcano Cinco.
ARCANO 2: Un conductor que yo le doy el nombre posteriormente, cambio.
ARCANO 5: Está QSL. La foto de Luís Francisco Otero Cifuentes está en la primera página de El
Tiempo, cambio.
ARCANO 2: Recibido y QSL, lo conocen y no está dentro de los que tenemos acá, cambio.
ARCANO 5: R, está QSL ¿y él, el seis uno de los seis de estos sujetos eh?, cambio.
ARCANO 2: No, negativo únicamente pudimos obtener información sobre una sujeto, sobre una
sujeto que es abogada y que, ya fue reconocida por todo el per, todo personal, cambio.
ARCANO 5: Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco, cambio.
ARCANO 2: Recibido y QSL.
(…)
ARCANO 2: (…) del Mezanine de donde hubo el combate y de donde salieron las personas, eh, eh en
este momento se encuentran siete individuos guerrilleros, los únicos que quedaron allá fueron ellos,
luego no hay problema según lo que informa la gente acá de (…) personal distinto a los guerrilleros,
cambio
(…)
ARCANO 6: (…) de los individuos que tenemos acá de los cuales hay tres, tres que están en muy
malas condiciones heridos, se recuperaron las armas que tenían, que portaban unos fusiles M-16 y
nos queda únicamente un, una verificación en el cuarto piso, cambio.
(…)
CORAJE 6: Paladín Cinco de Coraje Seis.
ACERO 6: Ya no es por resistencia sino es para la ubicación de la gente que se quedó allí, cambio.
(....) Como para volar dinamita, entonces (…).
(…)
ARCANO 6: R, ahí tenemos cuatro, tenemos cuatro dados de baja uno que salió ya muy mal herido y
dos más que intentaron huir y Violeta que también estaba ahí con un revólver, cambio.
ARCANO 5: R, afirmativo, también dice eso la informante, que ahí estaba Violeta con Almarales,
cambio.
ARCANO 6: R, si ahí recuperamos cuatro M-16 y un revólver que era el de Violeta, cambio.
(…)
ARCANO 2: Va el famoso Otero Cifuentes, lo llevó la Cruz Roja y es factible que esté en la Cruz Roja y
al personal de escolta se les ordenó de que llamaran a su unidad e informaran en qué clínica se
encontraban y con quién estaban, a quién estaban controlando, para solicitar a ver si cumplieron
esa orquesta o sino enviar un refuerzo a la Cruz Roja, al fin de verificar y no dejar de golpe que
vayan a rescatarlo, cambio.
ARCANO 5: (...) Eh, no se ha hecho la coordinación vamos a tomar contacto eh a ver como lo
ubicamos, cambio.
ARCANO 2: (…) y de acuerdo con la orden (…) el personal ha sido, Hospital Militar, Cruz Roja y Caja
de Previsión Social, ¿está QSL?, cambio.

110. En segundo término, en la Casa del Florero, una vez los rehenes salieron del Palacio de Justicia, tal
como se describió en detalle anteriormente126, fueron expuestos a largos interrogatorios, y
aquellos considerados “especiales”, como sospechosos de pertenecer al grupo guerrillero, fueron
víctimas de retención, malos tratos y, en algunos casos, torturas y traslado irregular a
instalaciones militares. La orden de realizar este tipo de acciones se anuncia ya desde las
grabaciones durante la toma:

ARCANO 5: Eh, recomendación especial mantener eh los no heridos y los que aun no se han podido
identificar plenamente eh aislados, aislados, eh la DINTE127, lo va apoyar con material para su
clasificación, cambio.
ARCANO 2: Recibido y QSL, creo que eh no hemos podido identificar sino una y ya está plenamente
identificada por las personas acá, cambio.
ARCANO 5: R, eh ya sabe las instrucciones complementarias a estos son terminantes, cambio.
ARCANO 2: Ah, recibido y QSL, recibido y QSL Arcano Cinco.

111. A juicio de la Comisión de la Verdad, estos apremios ilegales o tratos inhumanos y degradantes,
las torturas y la detención ilegal a que fueron sometidos los rehenes especiales configuran, sin
lugar a dudas, una violación a los derechos a la integridad y a la libertad personal, protegidos por
el ordenamiento interno y por los tratados internacionales de derechos humanos y DIH.

112. Adicionalmente, la Comisión ha encontrado un factor particularmente preocupante, que indica
una vulneración del principio de no discriminación, uno de los pilares fundamentales de la
protección de derechos humanos, en relación con las personas que fueron consideradas especiales
por parte de la fuerza pública y de quienes fueron víctimas de desaparición forzada. En efecto, la
consideración de la juventud de las personas128, su condición social129, su raza o lugar de
origen130, así como, para el caso de los desaparecidos, el oficio que desempeñaban en el Palacio131,
fueron elementos de discriminación, estigmatizantes y violatorios en consecuencia de un
principio fundamental, que constituye norma de derecho imperativo –jus cogens-.

113. La Corte Interamericana ha determinado en esta materia que “la noción de igualdad se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial
de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior,
lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a
quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias
de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza”132.

114. Adicionalmente, ha determinado la Corte que “el principio de igualdad ante la ley y no
discriminación impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones,
relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse
efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo

126 Ver Capítulo V
127 Dirección de Inteligencia del Ejército (fuera del texto original de la transcripción).
128 El caso de los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia es un ejemplo.
129 Como lo señaló el entonces Mayor Fracica frente a un joven “mal vestido” que pidió que “identificaran bien”.
130 Las personas afrocolombianas u originarias del Cauca o el Valle fueron especialmente señaladas.
131 Derivado de los rumores infundados que circularon sobre la presencia de armas o de cantidades desproporcionadas de

alimentos en la cafetería del Palacio.
132 Corte IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño, párr. 45; y Propuesta de modificación a la Constitución

Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, párr. 55.

Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera
efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares. Esto implica que el Estado, ya sea a nivel
internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros
que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia, no puede actuar en contra del principio
de igualdad y no discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de personas”.

115. En conclusión, considera “que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no
discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del
orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo
ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho
principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por
motivos de género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen
nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil,
nacimiento o cualquier otra condición”133.

116. En relación con el derecho a la integridad personal, éste tiene el carácter de absoluto, ya que su
vigencia en ningún caso puede ser limitada, ni siquiera aduciendo razones de seguridad nacional.
Es más, “quizá no haya campo donde exista mayor convergencia entre el derecho internacional en
materia de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que en lo atinente a las
normas de trato humano y de respeto a la dignidad humana. Ambos regímenes, si bien gobernados
por instrumentos diferentes, prevén los mismos requisitos mínimos e inderogables respecto del trato
humano de todas las personas bajo control de la autoridad y del Estado”134.

117. En este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado, en el plano interno, y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el contexto regional. Específicamente el Consejo de
Estado señaló:

“Las instituciones democráticas tienen el derecho y el deber de defenderse y el ejercicio de tal
potestad es perfectamente legítimo; pero lo que resulta inadmisible, contrario a derecho, es que
para mantener la democracia y el Estado de Derecho, el ejecutivo utilice métodos irracionales,
inhumanos, sancionados por la ley, rechazados por la justicia y proscritos mundialmente por
todas las convenciones de derechos humanos y que ninguna concepción civilizada del ejercicio del
poder podría autorizar, o legitimar. Eso es justamente la negación de los principios e ideales que
se pretenden defender y que son la razón misma que justifica la existencia de una sociedad
jurídicamente organizada.”135

118. A su vez la Corte Interamericana ha indicado:

“La Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que, aún en la ausencia de lesiones, los
sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los
interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se
expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de
romper la resistencia física y moral de la víctima136. Dicha situación es agravada por la

133 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-18/03, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados, párr. 100 y 101.
134 Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. CIDH OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 octubre 2002
135 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera-, Bogotá, D. E., junio 27 de 1985. Consejero

ponente: Jorge Valencia Arango. Referencia: Expediente Nº. 3507. Actor: Olga López Jaramillo y otros.
136 Case of Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167

vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida137. Todo uso de la fuerza que no sea
estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un
atentado a la dignidad humana138 en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Las
necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben
acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona.”139

119. En otro pronunciamiento, la Corte Interamericana estableció lo siguiente:

“Este Tribunal ha indicado que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes
están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La
prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del
jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aun en las circunstancias más difíciles, tales
como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado
de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales,
inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.

Este Tribunal ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el
artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real e inminente, puede
constituir en sí misma una transgresión a la norma de que se trata. Para determinar la violación
al artículo 5 de la Convención, debe tomarse en cuenta no sólo el sufrimiento físico sino también
la angustia psíquica y moral. La amenaza de sufrir una grave lesión física puede llegar a
configurar una “tortura psicológica”

(…) El Estado recurrió a la fuerza sin que existieran motivos determinantes para ello y aplicó
sanciones crueles que están absolutamente prohibidas conforme al artículo 5 de la Convención
Americana y a otras normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables a
la materia.”140

120. Pese a la gravedad de tales conductas, que afectan, tanto a las víctimas directas de los hechos
como a sus familiares en su derecho a la integridad física, síquica y moral, la Comisión de la
Verdad no encontró pronunciamientos definitivos de la justicia colombiana que indiquen la
realización de investigaciones serias que garanticen el juzgamiento de los responsables, así como
la adopción de medidas de no repetición de estos hechos, los cuales representan un menoscabo
del Estado democrático de Derecho.

121. Finalmente, la desaparición de varias personas que se encontraban en las instalaciones del
Palacio de Justicia, constituye una de las más graves violaciones a las garantías fundamentales de
protección a las personas protegidas tanto por el DIH como por el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. “La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y
continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están
obligados a respetar y garantizar”141.

137 Case Ribitsch v. Austria, Judgment of 4 December 1995, Series A no. 336, párr. 36
138 Ibíd., párr. 38
139 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs Perú- Sentencia de 17 de Septiembre de 1997, párr. 57.
140 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, párr. 271, 279 y 320.
141 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, fondo, párr. 155.

122. La Comisión se ha referido en detalle al drama de las personas respecto de las cuales nunca se
supo su paradero142. Se trata de la totalidad de los empleados de la cafetería del Palacio, Carlos
Augusto Rodríguez, Ana Rosa Castiblanco, Héctor Jaime Beltrán, Cristina Guarín Cortés, Bernardo
Beltrán Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes Celis y Luz Mary Portela; las visitantes
ocasionales Gloria Anzola de Lanao, Lucy Amparo Oviedo de Arias y Norma Constanza Esguerra; y
de Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19.

123. La Corte Interamericana de Derechos Humanos143 ha verificado “la creciente consolidación de una
perspectiva de la comunidad internacional, y en particular del Sistema Interamericano, comprensiva
de la gravedad y el carácter continuado o permanente y autónomo de la figura de desaparición
forzada de personas. En su jurisprudencia constante sobre este tipo de casos, la Corte ha reiterado
que la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos
protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión,
acarreando otras vulneraciones conexas, particularmente grave cuando forma parte de un patrón
sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Se trata, en suma, de una grave violación
de derechos humanos, dada la particular gravedad de las transgresiones que conlleva y naturaleza de
los derechos lesionados144, que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se
fundamenta el Sistema Interamericano145 y cuya prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens146”.

124. En efecto, la desaparición forzada de personas, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia de
la Corte Interamericana, supone la vulneración de los derechos “a la libertad personal, integridad
personal, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocidos en los artículos 7.1, 7.6,
5.1, 5.2, 4.1 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las
obligaciones de respetar y garantizar esos derechos, contenidas en el artículo 1.1 de la misma, así
como en relación con el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas”147.

125. En la actualidad se adelantan procesos penales encaminados a establecer las responsabilidades
individuales por estos hechos, frente a los cuales no corresponde pronunciarse a la Comisión de la
Verdad148. Sin embargo, la Comisión debe resaltar la gravedad y trascendencia de estos hechos,
negados durante más de veinte años y la importancia de la realización de los derechos a la justicia
y la reparación integral a cargo del Estado.

126. Comparte la Comisión de la Verdad la expresión de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el sentido de que “el derecho a conocer la verdad tiene como efecto necesario que en
una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos
humanos. Esta es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer149, por un lado, mediante la

142 Ver Capítulo VI
143 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, párr. 59.
144 “CONSIDERANDO que la desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de

carácter inderogable, tal como están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, preámbulo.
145 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Excepciones preliminares, párrs. 100-106; Caso Heliodoro Portugal vs.

Panamá, párr. 118, y Caso La Cantuta vs. Perú, párr. 115.
146 Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs. Paragua, párr. 84; Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, párr. 91, y Caso La Cantuta vs. Perú,

párr. 157.
147 Corte IDH, Caso Anzualdo Castro vs. Perú, párr. punto resolutivo 1.
148 Ver, Capítulos VI y VII
149 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 181; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, párr. 190, y

Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, párr. 103.

obligación de investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación
pública de los resultados de los procesos penales e investigativos150. Esto exige del Estado la
determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de
diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades151”.

127. A través de los años, como lo expresó la Comisión de la Verdad en su Informe Preliminar, las
familias de las víctimas no sólo han afrontado el pavoroso tormento de la incertidumbre acerca de
la suerte de sus seres queridos, sino también la impotencia de no poder enterrar sus restos.

128. Para finalizar el presente capítulo, la Comisión desea destacar una situación adicional que tiene
implicaciones tanto en materia investigativa como frente al duelo de los familiares de las
personas fallecidas en el Palacio.

129. Tiene que ver con dos hechos: en primer lugar, la manipulación irregular de los despojos mortales
de quienes fallecieron en el Palacio, que alteró la escena del crimen y afectó las posibilidades de
esclarecimiento de los hechos, así como la identificación de los cuerpos. Prescribe el DIH que
“cuando las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, las partes en
conflicto tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar, recoger y evacuar a los
muertos sin distinción desfavorable alguna”. Esta norma se aplica a todos los muertos, sin
distinciones de índole desfavorable, lo que significa que se aplica a los muertos
independientemente del bando al que pertenezcan, pero también independientemente de si han
participado o no directamente en las hostilidades.

130. Un segundo hecho anómalo es que un número significativo de civiles y guerrilleros hubiesen sido
enviados a fosa común152, muchos de ellos sin haber sido identificados, ni sus cuerpos entregados
a sus familias, frente a lo cual el Derecho Internacional Humanitario prescribe que “para facilitar
la identificación de los muertos, las partes en conflicto deberán registrar toda la información
disponible antes de inhumarlos y señalar la ubicación de las tumbas”153.

131. Las comunicaciones radiales del ejército, al término de la operación de retoma del Palacio,
evidencian las irregularidades y el manejo irrespetuoso de los cadáveres:

ARCANO 3: Sube el equipo de Rescate de Arcano Seis.
ARCANO 6: Siga Arcano Tres.
ARCANO 3: Inicia a penetrar el equipo de rescate de los eh cadáveres Arcano Seis, cambio.
ARCANO 6: R, QSL entonces para que saquen y cumplan lo correspondiente a necrodactilia con los,
con las basuras y obviamente pues que rescaten el personal de polímeros para el tratamiento
administrativo, cambio.
(…)
ACERO 6: Eh, para informarle Arcano Seis de que acá, se están tratando de sacar algunos de los
muñecos para Medicina Legal, entonces para solicitarle que salga un solo viaje, un camión carpado y
que tenemos los medios ya estoy aquí con el Coordinador de, de la Cruz Roja para evidenciar este
hecho y no sacar por pedazos este material, cambio.

150 Corte IDH, Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Reparaciones y Costas, párr. 67; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, párr.
194; Caso Heliodoro Portugal, párr. 247; y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 233.
151 Corte IDH, Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, párr. 195, y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, párr.

129.
152 Ver Capítulo V

ARCANO 6: R, eh la Policía tiene a cargo esa situación y entonces por favor coordine con ellos (Se
escucha disparos) para que hagan la evacuación y los (Se escucha disparos) entreguen allá a
Medicina Legal para efecto de necrodactilia a ver si podemos identificarlos, cambio.
(…)
ARCANO 6: Recuperación de armamento y evacuación y concentración aquí de los cadáveres,
cambio.
ARCANO 3: QSL Arcano Seis.
ARCANO 6: Escarbando, entonces únicamente ese personal para que nos recoja y nos eh (…) acá que
es de utilidad armamento, documentos y los cadáveres, cambio.
ARCANO 3: Recibido Arcano Seis, ya subió el Carlos Tango con el pelotón, cambio.
ARCANO 3: TKS, QAP.
ARCANO CINCO: Orquesta QAP.

132. Ciertamente, las normas relativas a las personas fallecidas, fueron deliberadamente desconocidas
por las autoridades, quienes atendiendo la orden de la justicia penal militar154, dispusieron la
inhumación de los cuerpos en fosa común, sin tener en cuenta, adicionalmente, el deber ético y
jurídico de inhumar los muertos “respetuosamente y sus tumbas respetadas y mantenidas
debidamente”155. Al formular sus recomendaciones, la Comisión de la Verdad volverá sobre esta
dolorosa realidad.

154 En relación con las órdenes de inhumación impartidas por jueces penales militares, la Comisión tuvo acceso al Oficio No.
1342 JUPEM-78 de fecha 9 de noviembre de 1985, mediante el cual el Juez 78 de Instrucción Penal Militar, Darío Morales
Álvarez solicitó al receptor de cadáveres del Instituto de Medicina Legal entregar al señor SS. Aarón Alarcón Sepúlveda, los
certificados de defunción correspondientes a 25 cuerpos, y de igual forma solicitó hacerle entrega al mismo suboficial de
los cadáveres correspondientes para su inhumación.

Recomendaciones
La Comisión de la Verdad tiene la profunda convicción que el Estado y la sociedad colombiana tienen
ineludibles deberes de conocer la dolorosa realidad que brota de los hechos del Palacio de Justicia y
de aprender las lecciones que permitan evitar que estos hechos se repitan.

Las recomendaciones que aquí se presentan constituyen una hoja de ruta que esta Comisión le
propone al país, para paliar las terribles consecuencias de los hechos y tratar de conjurar la
vergonzosa impunidad que ha rodeado esta tragedia nacional. Se hace con el pleno convencimiento
de que sólo con la adopción de medidas concretas se podrá convertir en realidad el “nunca más”,
leitmotiv de la Comisión de la Verdad, el cual puede erigirse en pauta ética, política y jurídica de la
Nación.

Derecho a la verdad
La memoria histórica es un concepto central para entender la trascendencia de la verdad y su
significado político y jurídico. La fidelidad de esta memoria a los hechos suele ser un ejercicio
subjetivo, pero aspira construir una narración socialmente compartida de hechos que, como los que
se relatan en este Informe, representan hitos fundamentales en nuestra evolución como Nación.

La narración de los graves crímenes perpetrados y de la impunidad que subsiguió, refleja no sólo lo
que puede ser pertinente para el caso del Palacio de Justicia, sino que constituye un retrato de los
males profundos que afectan a nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que la violencia enloquecida y
despiadada de las partes en conflicto hubiese segado aproximadamente un centenar de vidas, y no se
haya generado un cambio en la forma de resolver los conflictos en Colombia? ¿Cómo aceptar que el
inexplicable desprecio hacia la vida de otros, haya permanecido impune? ¿Cómo explicar la masacre
del Palacio de Justicia y la interrupción durante 28 horas de un Estado de derecho, sustentado en una
democracia sólida y de larga data?

Estas preguntas, sin respuestas satisfactorias, se pueden insertar en las múltiples tragedias que
Colombia ha vivido por causa de las violencias. En momentos en los que el país se debate aún en las
fauces del conflicto armado interno, de los crímenes horrendos de la guerrilla, del paramilitarismo,
del narcotráfico, del desprecio a la vida y a la libertad, de delitos perpetrados por agentes del orden,
la reflexión sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia ofrece al país una oportunidad de enmendar
rumbos, de mirarse honestamente en el espejo de la miseria y de la tragedia y, a partir de asumir que
esas verdades forman parte también de nuestra identidad, plantear todos el esfuerzo conjunto de
construir la paz sobre bases sólidas y de poner la dignidad humana por encima de cualquier otra
consideración.

En ese sentido, la verdad real y completa de los hechos, es nuestra primera recomendación y
exhortación. Esa verdad no sólo debe surgir de procesos judiciales, sino también de la construcción
de la historia, de los medios de comunicación y de los textos escolares que nuestros hijos, y los hijos
de nuestros hijos, leerán sobre lo que ocurrió en esos infaustos dos días en el centro de la capital de la
República.

Es necesario que el Estado implemente una política nacional de verdad y memoria sobre los grandes
crímenes cometidos en el terrible desarrollo de las violencias. Esta política debe formar parte de la

labor de todas las instituciones públicas. Dentro de ella, se debe considerar la constitución de
mecanismos oficiales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, de reflexión permanente sobre la
violencia en Colombia y para el esclarecimiento de todos los graves delitos contra los derechos
humanos. En particular, la Comisión de la Verdad recomienda:

1. A las autoridades judiciales, que en el desarrollo de los procesos en curso y de aquellos que en el
futuro se inicien, realicen todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y
restaure la dignidad de las víctimas. Esta verdad debe incluir la correcta valoración jurídica de los
hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean materiales o intelectuales.

2. La efectiva implementación de una política nacional de archivos que contribuya a conocer y
divulgar la historia de las violencias en Colombia, en el marco de lo previsto en la Ley General de
Archivos y en los artículos 56 y 57 de Ley 975 de 2005, en lo relativo al deber de memoria y de
preservación de archivos. La centralización de este sistema puede empezar mediante la
interconexión de archivos nacionales, departamentales y distritales, así como aquellos que obren
en poder de instituciones públicas sectoriales e incluso archivos privados. Es preciso, asimismo,
que el Archivo General de la Nación adopte las medidas necesarias para digitalizar toda
documentación escrita y audiovisual, de modo que se garantice la protección de documentos
originales.

3. El establecimiento de un centro de información, documentación y educación sobre los hechos del
Palacio de Justicia, en el espacio que debe disponerse al efecto en la Biblioteca Enrique Low
Murtra (Ley 1056 de 2006), al que esta Comisión hará entrega, por conducto de la Corte Suprema
de Justicia, de la valiosa documentación recogida a lo largo de su misión y en donde otras
instituciones, incluyendo las de investigación judicial, puedan centralizar la información
disponible sobre los hechos, que encontrarán allí permanente memorial y lugar de
conmemoración.

4. Garantizar el más amplio acceso a la información que se refiera a actos violatorios de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario al públi

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