El documento discute el fin de la justicia para la víctima en la pena. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado la doctrina de las obligaciones estatales de eliminar límites al derecho penal como amnistía o prescripción que puedan impedir el castigo de los responsables, concibiéndolo como un derecho de la víctima. Sin embargo, este fin de satisfacer a la víctima es instrumental y no puede estar por encima de los fines preventivos clásicos de proteger los bienes jurídicos.