Lc bog-l.22

De las telecomunicaciones a
las TIC: Ley de TIC de Colombia
(L1341/09)
María del Rosario Guerra de la Espriella
Juan Daniel Oviedo Arango
Oficina de la Cepal en Bogotá, abril de 2011
22
S E R I E
estudios y perspectivas

Este documento fue preparado por María del Rosario Guerra de la Espriella (mrguerra1@gmail.com) y Juan Daniel Oviedo
Arango (jdoviedo@gmail.com). María del Rosario Guerra es economista de la Universidad del Rosario de Bogotá, con
maestrías en Economía Agrícola de la Universidad de Cornell y de Administración Pública de la Universidad de Harvard.
Entre julio de 2006 y enero de 2010 se desempeñó como Ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
Colombia. Por su parte, Juan Daniel Oviedo es economista de la Universidad del Rosario de Bogotá, con Doctorado en
Economía de la Universidad de Toulouse 1, y actualmente se desempeña como Profesor Principal de Carrera de la Facultad
de Economía de la Universidad del Rosario.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad
de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.
Publicación de las Naciones Unidas
ISSN versión impresa 1684-9469
ISBN: 978-92-1-121776-6
E-ISBN: 978-92-1-054799-4
LC/L.3321-P LC/BOG/L.22
N° de venta: S.11.II.G.40
Copyright © Naciones Unidas, abril de 2011. Todos los derechos reservados
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les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

CEPAL - Serie Estudios y perspectivas - Colombia - N° 22 De las telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09)
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Resumen
La necesidad de preparar al sector de tecnologías de la información y las
comunicaciones de Colombia para hacer frente a los desafíos que trae
consigo el desarrollo de la convergencia tecnológica, institucional y de
mercados, implicaba plantear un nuevo equilibrio entre la promoción del
desarrollo competitivo del sector y el cumplimiento de los fines sociales
de mayor cobertura y acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones
públicas a las TIC, derivados de la naturaleza de servicio público que
ostentan las telecomunicaciones.
En consecuencia, el Gobierno colombiano trabajó desde mediados
de 2006, con una permanente retroalimentación intragubernamental y
sectorial, en una revisión del marco normativo del sector de comunicaciones
con el fin de actualizarlo a la dinámica institucional y de mercado, prepararlo
para anticipar los rápidos cambios tecnológicos y fortalecer el enfoque de
la política pública orientada a promover la masificación de las TIC en todos
los ámbitos sociales, geográficos y económicos.
De destacar como avances importantes de este nuevo marco
legislativo está contar con la Habilitación General para que los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones puedan operar; la unificación
de la contraprestación periódica a favor del Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones; la introducción del principio de
Neutralidad Tecnológica mediante el cual el Estado garantiza la libre
adopción de tecnologías en la provisión de redes y servicios; la creación
de la Agencia Nacional del Espectro como ente técnico especializado; el
fortalecimiento y claridad de la capacidad de intervención del Estado en
el sector; la precisión del alcance del régimen de protección a los usuarios
de los servicios de comunicaciones; la unificación y actualización de las
normas de radiodifusión sonora; y, la eliminación del carácter domiciliario
de los servicios públicos de comunicaciones.

Introducción1
Desde julio de 2006, en el entonces Ministerio de Comunicaciones, se
consolidó el firme propósito de garantizar para el sector de tecnologías
de la información y las comunicaciones de Colombia, un marco legal
coherente y en línea con las políticas de Estado de largo y mediano plazo,
como son la Visión Colombia II Centenario – 2019 (ver DNP, 2005) y el
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Hacia un Estado Comunitario”
(ver DNP, 2007), respectivamente.
Después de inagotables jornadas de trabajo internas, discusiones
con el sector, debates públicos y un trámite legislativo de casi dos años,
con el apoyo del Congreso de la República, y como culminación de seis
años continuos de propuestas tanto gubernamentales como parlamentarias,
el 30 de julio de 2009 el señor Presidente de la República Álvaro Uribe
Vélez sancionó la Ley 1341 o Ley de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC)2.
Se debe destacar que el trámite surtido por esta Ley estuvo
soportado por una dinámica de interacción y retroalimentación con los
agentes del sector TIC, que se ha convertido en ejemplo para el diseño
de marcos de política coherentes y participativos. De esta forma, se
evidenció el gran interés del Gobierno Nacional por discutir las medidas a
1 El presente documento recoge los aspectos que los autores consideramos de
interés para América Latina sobre el alcance conceptual de la Ley 1341 de 2009
de Colombia, plasmados en el libro “La Ley de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (Ley 1341/09) Actualización de un Marco Legal para un
Sector en Constante Evolución”, publicado en noviembre de 2010 por la editorial
de la Universidad del Rosario de Bogotá.
2 Para conocer integralmente el texto de la Ley 1341 de 2001, consultar el enlace
http://www.secretariasenado.gov.co/ senado/basedoc/ley/2009/ley_1341_2009.html
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implementar sin que esto representara renunciar a la facultad discrecional de la Administración en el caso
de decisiones coherentes con el marco de política trazado desde 2006.
La Ley de TIC constituye el reconocimiento por parte del Estado de que la promoción del acceso,
uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente
de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación
de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal son pilares para la consolidación de las
sociedades de la información y del conocimiento e impactan en el mejoramiento de la inclusión social y
de la competitividad del país. Este marco legal provee una visión unificada aplicable a estas tecnologías
alrededor de cuatro ejes fundamentales:
• Principios claros, que definen el horizonte de mediano y largo plazo tanto para el Gobierno
como para la industria en un sector sujeto a permanentes innovaciones tecnológicas y
de mercado.
• Unificación del marco institucional, consistente con la convergencia tecnológica y de mercado
que genera nuevas oportunidades de negocio para los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, así como la expansión de las posibilidades de nuevos servicios de calidad
para los usuarios.
• Reglas claras para la solución de conflictos que se puedan presentar en el acceso y uso de la
infraestructura de telecomunicaciones.
• Régimen de transición, que permite la adopción gradual de los principios de habilitación general
por parte de los proveedores de redes y servicios, consecuente con los incentivos adecuados a
la inversión que debe proveer el Estado para generar confianza en la inversión privada, tanto
doméstica como extranjera.
En esta línea se consolida una iniciativa legal en la que se prioriza el acceso y el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones; se promueve la libre competencia, el uso eficiente
de la infraestructura y los recursos escasos; se garantiza la protección de los derechos de los usuarios; se
generan incentivos adecuados para la inversión privada; y se introduce en el país el principio de neutralidad
tecnológica, para desplegar nuevas oportunidades a los agentes que confluyen en este sector.
Uno de los aspectos trascendentales que refleja la modernización de los fundamentos de la política
pública es el planteamiento de que las telecomunicaciones son servicios públicos, mas no de carácter
domiciliario. La evolución sectorial de los últimos años, así como las perspectivas futuras, centran en
las tecnologías móviles e inalámbricas el desarrollo de las telecomunicaciones. En este contexto, seguir
concibiendo que estas últimas son ante todo servicios domiciliarios, significaría desconocer una realidad
tecnológica y de mercado y obstaculizar el desarrollo sectorial, la inversión en nuevas tecnologías y, como
consecuencia de ello, el bienestar de los usuarios.
Este trabajo busca presentar a los lectores, y en especial a los estudiosos del tema normativo
sectorial, el alcance conceptual que subyace en la Ley 1341 de 2009. La Ley de TIC tuvo un camino
complejo, lleno de intereses de empresas privadas y de entidades públicas. Sin embargo, no se modificó
el eje y la coherencia del proyecto. Además, siempre se mantuvo la disposición al diálogo y a introducir
ajustes que mejoraran los artículos del proyecto, y a cuidar, hasta donde fuera posible, la introducción de
elementos distorsionantes.
Los argumentos esgrimidos durante el proceso de discusión legislativa y de sanción presidencial,
resultado de análisis sectoriales desde la perspectiva nacional e internacional, del acompañamiento
permanente de los gremios y muchas de las más importantes empresas del Sector, sumado a la persistencia,
insistencia y resistencia del Gobierno colombiano fueron las constantes para lograr la aprobación de la
Ley 1341 de 2009.
Nuestra gratitud a la oficina de la CEPAL en Colombia por dar a conocer a nivel latinoamericano
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este trabajo.

I. Antecedentes
A. Cambios en el entorno tecnológico
internacional
A comienzos de 2007 ya era evidente en el contexto internacional que el
sector de telecomunicaciones se encontraba enfrentado a un nuevo ciclo.
La liberalización y la privatización de los anteriores monopolios públicos,
justificados en la doctrina del monopolio natural, fue un factor generador
de cambio en la década de los noventa.
En efecto, en el sector telecomunicaciones, más particularmente en la
provisión del servicio de telefonía fija, se aceptó ampliamente hasta la década
de los ochenta que el componente de red de acceso de cable de cobre (CAN, por
sus iniciales en inglés) constituía un caso de monopolio natural3. No obstante,
los procesos de innovación y desarrollo tecnológico de la época erosionaron
las condiciones técnicas y económicas que fundamentaban la existencia
del monopolio natural en este segmento de la red.
Así, frente a la posibilidad de múltiples proveedores de una
misma infraestructura o servicios, que antes estaban reservados a un
solo proveedor, la mayoría de las veces estatal, se generó la imperiosa
necesidad de ajustar la política pública y la regulación de la provisión de
redes y servicios de telecomunicaciones. En este sentido, las autoridades
3 A pesar de que la regulación de monopolios naturales es un principio
universalmente aceptado, su aplicación en el sector de telecomunicaciones ha
venido acompañada de ajustes particulares para tener en cuenta las especificidades
tecnológicas del sector. Esto se debe a que, comparado con otras industrias de red,
las telecomunicaciones se caracterizan por un impresionante cambio tecnológico
que resulta en acelerados procesos de difusión de las innovaciones tecnológicas.
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sectoriales debieron evaluar la pertinencia del modelo de alta intervención estatal a través de monopolios
públicos, conforme avanzaba la tendencia global de liberalización de mercados.
Este esquema de liberalización trajo consigo la necesidad de permitir la participación privada en
la prestación de servicios de telecomunicaciones, e incluso traspasar la propiedad estatal de los anteriores
monopolios públicos al sector privado. No obstante, dada la persistencia de fallas de mercado, dichos
ajustes estructurales conllevaron la definición de autoridades especializadas de regulación sectorial en el
sentido de manejar, en algunos casos, el modelo de competencia mixto (público-privado), y en otros, la
provisión exclusivamente privada de redes y servicios de telecomunicaciones.
Por otra parte, los importantes avances que impactaron las tecnologías de la información y las
comunicaciones, que se produjeron en paralelo con las decisiones de ajuste organizacional en materia de
liberalización y privatización del sector de telecomunicaciones, pueden ser analizados como parte de un
proceso de dos etapas.
En la primera etapa de cambio tecnológico tres desarrollos (digitalización, computarización, y
tecnologías de conmutación de paquetes) tuvieron una influencia trascendental en el panorama del sector
TIC y en el desarrollo de nuevos servicios/aplicaciones.
La digitalización se constituyó como la precondición fundamental para el desarrollo de cualquier
otro cambio tecnológico. Este proceso hizo posible el aprovechamiento de sinergias a través de toda la
cadena de valor, y como consecuencia facilitó la expansión de la frontera de posibilidades en las redes núcleo
y de acceso de una manera eficiente, tanto desde la perspectiva tecnológica como desde la perspectiva
de costos. Por su parte, la computarización fue un factor esencial en el despliegue de infraestructuras y
de nodos de red como sustitutos de los circuitos. Ésta ha permitido que los computadores se conviertan
en los aparatos que adicionan inteligencia a dichos nodos de red. Más recientemente, las tecnologías
de trasmisión de paquetes de datos han jugado un rol importante, facilitando el uso más eficiente de
los recursos disponibles en las diferentes infraestructuras de red y permitiendo el establecimiento de
plataformas de envío multiservicio en la misma red, abriéndole paso a la verdadera convergencia (ver
Hilbert y Cairó, 2009, para una detallada descripción de los aspectos técnicos del origen, trayectoria y
perspectivas de las tecnologías de la información y las comunicaciones).
Recuadro I.1
La convergencia de las tecnologías de la información
y las comunicaciones
La convergencia se entiende como la posibilidad tecnológica de provisión sobre múltiples redes tanto de los servicios
tradicionales de comunicaciones como de sus innovaciones en los campos de voz, datos, sonidos e imágenes. Las
dimensiones en las que se puede manifestar la convergencia tecnológica, entre otras, son: i) convergencia de servicios,
ii) convergencia de redes o medios de transmisión; y iii) convergencia de mercados.
Separación de la red y el contenido
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Voz TV/Video TV/Radio
Transición
Cobre
Cable
coaxial
Espectro
Radioeléctrico
Telcos
fijas
Telcos
móviles
3G/4G
Telcos
fijas
Redes anteriores Redes actuales
Cable-operadores
Cable-operadores
Servicios
radiodifundidos
Voz
Video/TV
Audio
Datos
Voz
Video/TV
Audio
Datos
Voz
Video/TV
Audio
Datos
(continúa)

Recuadro I.1 (conclusión)
La convergencia y sus respectivos procesos de digitalización están redefiniendo la estructura del sector de
tecnologías de la información y las comunicaciones y lo seguirán haciendo en el futuro próximo. En efecto, la
conversión de la información transportada sobre las redes de telecomunicaciones en señales digitales permite que
redes, las cuales previamente operaban en mercados distintos, puedan competir ahora entre ellas por la provisión
de un servicio.
A manera de ejemplo, como se muestra en el gráfico construido por los autores, las empresas que prestan el servicio
de televisión por cable prestan servicios de Internet y de la misma forma, los operadores de telecomunicaciones han
comenzado a ofrecer servicios de televisión y video a la carta.
Desde la perspectiva económica, la convergencia tecnológica se traduce en el fenómeno de “multiple-play” o
empaquetamiento de varios servicios en una sola oferta comercial. Esta forma de satisfacer las necesidades de los
usuarios será una herramienta fundamental para los proveedores de mercados emergentes con el fin de preservar
ingresos promedio por usuario que faciliten la rentabilidad y sostenibilidad del negocio, y disminuir las tasas de
abandono de sus clientes.
Así mismo, la reducción persistente de los costos de la infraestructura de telecomunicaciones junto con las
posibilidades tecnológicas de transmisión de información sobre redes eléctricas, así como el interés de las empresas
de ferrocarriles y de transmisión de gas de instalar redes troncales de fibra óptica para telecomunicaciones, facilitará
el desarrollo de un entorno dinámico de competencia mayorista de infraestructura.
Con base en estas perspectivas y como resultado de la convergencia tecnológica y de mercados, las entidades
que definen la política sectorial y el entorno regulatorio de las telecomunicaciones, la televisión radiodifundida y los
contenidos audiovisuales comienzan a enfrentar situaciones en las que sus ámbitos de aplicación se cruzan entre sí.
Una respuesta internacional a la convergencia consiste en la aplicación del principio regulatorio de separación de la red
y el contenido con sus respectivas autoridades de política y regulación. Es así como se perfilan regulares unificados
para telecomunicaciones y redes de televisión, y separados para los contenidos audiovisuales
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Fuente: Elaboración propia.
En lo relacionado con la segunda etapa de cambio tecnológico, según Bezzina y Sánchez (2005)
tres diferentes tendencias pueden ser identificadas: el surgimiento del protocolo IP, el despliegue de
nuevas infraestructuras y la convergencia. En primer lugar, el despliegue del protocolo IP en casi todas
las infraestructuras y servicios facilita la separación fundamental entre la capa de transmisión y la capa
de servicios y aplicaciones. Segundo, el surgimiento de nuevas infraestructuras se manifiesta a través de
nuevas plataformas de redes de transporte de telecomunicaciones sobre otras redes de infraestructura,
como es la transmisión de telecomunicaciones sobre redes eléctricas, así como nuevas infraestructuras
físicas que emplean tecnologías alámbricas e inalámbricas: las redes de fibra óptica y las redes WiFi, entre
otras. La tercera tendencia tecnológica, la convergencia, va más allá del ámbito de las comunicaciones y
tiene un impacto transversal.
A partir de la consolidación de estas dos etapas del desarrollo tecnológico, la digitalización,
el protocolo IP y las tecnologías avanzadas de comunicación permiten juntar en un mismo entorno a
diferentes servicios que anteriormente pertenecían a redes distintas.
Con estos desarrollos, la realidad sectorial que se configuró después de la crisis mundial de 2001
estaba motivada por el despliegue y la masificación de redes y aplicaciones (por ejemplo, YouTube) que
hacían uso intensivo del Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés). Así, los servicios basados en
el protocolo IP afectaron a la industria de telecomunicaciones a través de diferentes canales.
Primero, la conmutación de paquetes (basada en el Protocolo de Internet) tenía una estructura
distinta a la tradicional conmutación de circuitos y, además, según Crandall y Singer (2005) era mucho más
eficiente pues sólo se usa la infraestructura cuando es necesario. Estas condiciones tecnológicas facilitaron
que los proveedores de servicios de acceso a Internet migraran hacia tarifas planas que revaluaron la
práctica de tarificación tradicional de cargo fijo y variable (según la medición de consumo).

Adicionalmente, los servicios de voz sobre Internet como Skype no generaban ingresos
adicionales para los proveedores de acceso a Internet y desviaban el uso de las redes de telefonía fija.
Como consecuencia de lo anterior, los ingresos derivados de la provisión de estos servicios por los
grandes operadores europeos y americanos mostraban tendencias decrecientes. Muy seguramente, la
madurez que internacionalmente ostentaban los proveedores de servicios móviles llevaba a creer que
esta misma tendencia se iba a manifestar en dicho segmento de la industria en pocos años.
Segundo, la convergencia de redes y servicios estuvo acompañada de una competencia creciente
en y entre los mercados tradicionales de telecomunicaciones. Por un lado, en los mercados de voz fija,
los proveedores establecidos vieron disminuidos sus márgenes por la incursión de los proveedores del
servicio de voz sobre el protocolo de Internet VoIP (por sus iniciales en inglés) que prestan servicios
sobre las redes tradicionales de los primeros. Por el otro, el crecimiento de las suscripciones de telefonía
móvil en los países industrializados ya reflejaba una tendencia de estancamiento, en la que el mayor
uso de los clientes no era suficiente para compensar las reducciones en las tarifas. Consecuentemente,
se hizo evidente un estrechamiento de los márgenes de rentabilidad4.
Tercero, ingresaron nuevos actores en la industria (por ejemplo Google), con mecanismos
innovadores de generación de ingreso que afectan la rentabilidad de los proveedores tradicionales de
telecomunicaciones. Google y Yahoo son compañías cuyos ingresos están basados en la publicidad, que
está esencialmente focalizada en nichos de mercado, lo cual garantiza una comunicación más eficiente
con los clientes potenciales.
Todos estos desarrollos constituían factores de erosión de la rentabilidad de los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones que años atrás fundamentaban su posición estratégica en el
dominio de la infraestructura de transmisión de información. En consecuencia, se plantearon diferentes
alternativas de supervivencia, entre las cuales se destacaban: la integración de las actividades de
transmisión de información con la provisión de contenidos, el incremento de los niveles de competencia
entre la infraestructura de cobre y la de los proveedores de televisión por cable, así como la definición
de nuevas líneas de negocio y estrategias comerciales diferenciales para el uso corporativo de las redes
de telecomunicaciones.
Por otra parte, se hizo manifiesto el dilema entre los requerimientos crecientes de capacidad
de transmisión de datos y la identificación de las fuentes de recursos para viabilizar las inversiones
asociadas en infraestructura, así como la definición de mecanismos eficientes e innovadores de
remuneración de éstas.
En consecuencia, para el momento en que el Gobierno colombiano determinaba las respuestas
que debía dar el marco legal e institucional a este nuevo ordenamiento tecnológico y de mercado,
resultaba evidente que, más allá de las telecomunicaciones, el Estado debía definir una política sectorial
integral para las tecnologías de la información y las comunicaciones5.
4 En el mercado móvil, la posibilidad de tarifas planas no era consistente con la realidad de los costos incrementales de
12
los radioenlaces.
5 Esta nueva visión implicaba incluir la amplia gama de servicios tanto de comunicaciones como de información, entre
los cuales se encuentra el servicio de televisión en todas sus modalidades. Sin embargo, el régimen jurídico colombiano,
y más particularmente, la Constitución Política de 1991 le otorgó a la Comisión Nacional de Televisión la autonomía
para dirigir y ejecutar la política pública en materia de televisión en concordancia con lo estipulado en la Constitución
y la Ley. En consecuencia, el entonces Ministerio de Comunicaciones de Colombia tomó la decisión de excluir el sector
de televisión de esta propuesta de ajuste legal. Igualmente, hacia 2007 el entonces Ministerio de Comunicaciones de
Colombia estaba tramitando ante el Congreso de la República una propuesta de reforma a la mencionada Comisión
implementando los principios de regulatorios de separación de red y servicio que lamentablemente no prosperó.

1. Enfoques Internacionales de política y regulación sectorial
Hacia comienzos de 2007, la literatura internacional señalaba la existencia de tres enfoques de política
y regulación sectorial que predominaban en los tres mercados de telecomunicaciones más grandes
del mundo. Huigen y Cave (2008) describen, en primera instancia, el enfoque de desregulación en los
Estados Unidos. Por otro lado, identifican el enfoque intervencionista, motivado por una fuerte política
industrial, típica de los mercados asiáticos, en donde sobresalen Japón y Corea del Sur. Así mismo,
definen un enfoque intermedio, prevaleciente en la Unión Europea, con fundamento en la intervención
regulatoria justificada por el análisis económico y de competencia de los mercados de redes y servicios
A pesar de ser pionero en la regulación procompetitiva de las telecomunicaciones, con la
expedición de la Telecommunciations Act en 1996, Estados Unidos inició recientemente una estrategia
de desregulación sectorial. La obligación ex ante de provisión de acceso mayorista, que recaía sobre
los proveedores establecidos de telefonía fija (bell companies), fue levantada después de la decisión
Brand-X de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus iniciales en inglés) en agosto 5
de 2005.
Como consecuencia de esta medida las condiciones del mercado de telecomunicaciones de Estados
Unidos se modificaron significativamente: se produjo la desaparición de las compañías que prestaban
servicios de larga distancia y de telefonía local basadas en la regulación de acceso mediante oferta mayorista
y desagregación del bucle de abonado local. Adicionalmente, como consecuencia de la desregulación, las
compañías de telefonía fija se fusionaron para aprovechar eficientemente las economías de escala. Con
esto se configuró un escenario en el que la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones fijas
se encuentra controlada por dos tipos de compañías: proveedores tradicionales con redes de cobre, en
proceso de migración hacia la fibra, y proveedores de televisión por cable.
En relación con los mercados asiáticos, la política y la regulación sectorial han estado marcadamente
influenciadas por la intervención gubernamental en el despliegue de redes y en la provisión de los
servicios de telecomunicaciones. En Corea del Sur, uno de los ejemplos más citados sobre el éxito en
el despliegue de redes convergentes, el Gobierno, entre los lineamientos de la iniciativa KII (Korean
Information Initiative, por sus iniciales en inglés), ofreció créditos blandos a los proveedores interesados
en el despliegue de redes de transmisión de alta velocidad. Esta política no sólo favoreció la consolidación
de la Sociedad de la Información, sino que facilitó el desarrollo de compañías de alta tecnología como LG
y Samsung. Más recientemente, y a pesar del éxito de estas políticas, comenzaron a observarse problemas
con la apertura de los mercados de difusión de contenidos audiovisuales.
En Japón, después de hacer frente a variadas dificultades para promover la competencia en la
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones fijas, en 1994 el regulador estableció la obligación de
desagregación de bucle local del proveedor establecido, NTT. Esta medida generó un ambiente dinámico
de competencia mediante el surgimiento de nuevos proveedores, pero al mismo tiempo NTT respondió a
la obligación regulatoria con una estrategia alternativa de despliegue de fibra óptica al hogar (FTTH, por
sus iniciales en inglés) en todo el país. Esta última estrategia recibió apoyo financiero gubernamental.
Como resultado, el número de conexiones de banda ancha a través de la tecnología xDSL ha venido
cediendo frente a las conexiones de altísima velocidad a través de fibra óptica.
Europa, por su parte, ha asumido un enfoque intermedio entre la desregulación y la política
industrial. El principio fundamental de la política y de la regulación sectorial europeas consiste en regular,
siempre y cuando el mercado presente característica de dominancia o poder significativo de mercado que
genere el riesgo de abusos sobre los usuarios o los demás proveedores de dichas posiciones en el mercado.
Este enfoque de regulación económica se concentra en la maximización del bienestar socioeconómico de
los agentes que confluyen en el mercado.
13

2. Marcos legales compatibles con la convergencia
Existe consenso a nivel internacional sobre el hecho de que la adopción de marcos legales y de
política que facilitan la convergencia entre las telecomunicaciones, los medios de comunicación y los
servicios informáticos mejora contundentemente el impacto de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en el desarrollo socioeconómico. En esta línea, una amplia literatura de la Cepal
y de Banco Mundial, dentro de la cual resaltan Wohlers y García-Murillo (2009), así como Singh y
Raja (2008), respectivamente, señala que la convergencia es un fenómeno tecnológico con importantes
consecuencias en la estructura y el comportamiento de los agentes que confluyen en el mercado de
las TIC.
Como se ha descrito anteriormente, la convergencia resulta en la significativa disminución
de barreras de entrada, el surgimiento de nuevos modelos de negocio, la reducción de los costos de
prestación del servicio y la ampliación de la gama de servicios ofrecidos a los usuarios. Así mismo,
la convergencia motiva procesos de consolidación empresarial tanto en el sector de los medios como
en el de las telecomunicaciones, lo cual puede generar restricciones a la competencia en dichas
actividades económicas.
Típicamente, las estructuras legales e institucionales que han predominado en el sector
telecomunicaciones son bastante asimétricas en cuanto a su evolución y enfoque de regulación y control.
Por consiguiente, uno de los principales frentes de acción consiste en el “aplanamiento” de los enfoques
de política y regulación sectorial, con el fin de garantizar un tratamiento “equivalente” para las redes y los
servicios sujetos a la convergencia y al fenómeno de empaquetamiento. Adicionalmente, las condiciones
propias del acelerado proceso de evolución tecnológica implican la necesidad de responder “a tiempo” a
los cambios en los modelos de provisión de los servicios TIC.
En el ámbito de la innovación, tal y como los señalan Hilbert y Cairó (2009), los motivadores
tecnológicos son la digitalización y la continua disminución de los costos de computación. Estos dos
factores, conjugados con la creciente demanda por bienes y servicios tecnológicos, generan un círculo
virtuoso que acelera el desarrollo y la innovación en el sector.
Con esta evolución de parámetros tecnológicos y de demanda, el consenso internacional ha llevado
a confirmar que un marco legal es compatible con los desafíos de la convergencia cuando:
Facilita la provisión de diferentes servicios a través d • e múltiples plataformas.
• Promueve entornos competitivos que maximicen el bienestar social.
• Permite la provisión de múltiples servicios sin incurrir en altos costos de transacción.
• Define regímenes integrales en materia de habilitación, gestión del espectro radioeléctrico,
interconexión de redes y promoción del acceso/servicio universal.
Entonces, resulta indispensable flexibilizar las condiciones de acceso a las nuevas infraestructuras
de red con el fin de aprovechar eficazmente las posibilidades de prestación de nuevos servicios y
aplicaciones. En este nuevo escenario, el marco legal debe abordar eficazmente las tendencias hacia la
integración horizontal y la separación vertical.
En lo relacionado con la interconexión, esta disciplina regulatoria horizontal constituye un
instrumento estratégico a fin de promover la competencia entre servicios e infraestructuras, así como
para facilitar el desarrollo de redes de comunicaciones alternativas. Así, la convergencia y la importancia
creciente de los servicios basados en la transmisión de paquetes de datos delimitarán el alcance de la
gama de productos de interconexión que se desarrollarán en el mercado.
Así mismo, en este escenario surgen nuevos interrogantes relacionados con los mecanismos
de interconexión más apropiados para la provisión de telefonía de voz, acceso a Internet, servicios de
14

difusión, entre otros, en las actuales condiciones tecnológicas. Por lo anterior, es indispensable plantear
modelos de interconexión que resulten apropiados para un esquema de redes de nueva generación.
La separación entre infraestructuras y servicios produce entornos cambiantes para la interconexión
que deben ser monitoreados permanentemente. La interconexión depende fundamentalmente de dos
factores: estándares e incentivos de los proveedores para interconectarse (incluyendo las obligaciones
regulatorias para los proveedores de redes y servicios). La cuestión de estandarización se ha tornado
más transparente con el esquema de capas de red, pero, a la vez, la abundancia de estándares para las
diferentes capas de red causa dificultades que deben ser asumidas por la regulación.
La interconexión de circuitos para la telefonía de voz y sus correspondientes mecanismos de
tarificación, por su parte, perderán relevancia con el tiempo. En la medida que las llamadas telefónicas
se convierten en uno de los tantos productos y servicios que se ofrecen sobre una red de transmisión de
paquetes de datos, el asunto fundamental es en realidad la interconexión entre elementos desagregados de
red y el intercambio de datos en una red IP, en vez de la tradicional cuestión de la mediación de llamadas
de voz entre diferentes redes.
En consecuencia, el modelo de interconexión debe migrar de la interconexión de redes de
telecomunicaciones hacia un esquema armonizado en el que se facilite la interconexión con otras redes,
como las redes de difusión de televisión, con el fin de cumplir el propósito de una regulación neutral desde
la perspectiva tecnológica.
Alternativamente, se debe promover la neutralidad tecnológica, con el fin de evitar la excesiva
intervención pública en la escogencia de soluciones tecnológicas para la provisión de redes y servicios
de telecomunicaciones. Este principio de política pública se ha convertido en los últimos años en el pilar
fundamental para la expansión de la convergencia tecnológica, en la medida que servicios similares son
provistos sobre distintas plataformas tecnológicas.
Recuadro I.2
La neutralidad tecnológica
Principio normativo y regulatorio según el cual el Estado garantiza “la libre adopción de tecnologías, teniendo
en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en
la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen las TIC y
garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible2 (artículo
2 Ley 1341/09).
Buena ilustración de la importancia del tema para Colombia es el de los servicios de comunicaciones personales
(PCS, por sus iníciales en inglés), que debido a la ausencia del principio de neutralidad tecnológica en el régimen
legal vigente para el año 2000, el Ministerio dispuso que las bandas 1890-1895 MHz, 1895-1910 MHz, 1970-1975
MHz y 1975-1990 MHz quedarían atribuidas, de forma primaria, para servicios de comunicaciones personales (PCS),
tal y como reposa en las resoluciones 1512 de 2001 y 908 de 2003. Con esto se generaron desfases entre el marco
regulatorio y los desarrollos de nuevas tecnologías y servicios, ya que la atribución primaria a un servicio particular
impedía que los proveedores de servicios PCS aprovecharan las innovaciones tecnológicas de los servicios móviles
internacionales (IMT, por sus iníciales en inglés).
Otro ejemplo es el de la atribución de bandas de frecuencia en el país que se habían caracterizado por el
establecimiento de limitaciones a la movilidad de los servicios que podían ser ofrecidos por medio de bandas de
frecuencias específicas. Es el caso de la banda de 3,5 GHz, en la cual Colombia otorgó permisos para el uso de
espectro para la provisión de servicios fijos. Esta práctica se perfilaba como una barrera a la rápida adopción de los
beneficios de la convergencia fijo-móvil en el mercado colombiano.
Actualmente, con la trasposición del principio legal de la neutralidad tecnológica, en el caso de la gestión del
espectro radioeléctrico, se da por terminado este tipo de situaciones y por el contrario se brinda la debida flexibilidad
a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para aprovechar eficientemente los beneficios de la
innovación que caracteriza a este sector.
15

En este sentido, la neutralidad tecnológica se convierte en instrumento fundamental para
acelerar, desde la perspectiva pública, la adecuada difusión de innovaciones tecnológicas que
permanentemente dinamizan el entorno competitivo del sector de tecnologías de la información y
las comunicaciones.
A partir de estos lineamientos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
inició desde finales de 2006 la evaluación de las condiciones de los regímenes de habilitación, administración
del espectro y promoción del acceso/servicio universal en el país. Así mismo, se recopilaron las propuestas
de ajuste, con el fin de proponer un adecuado replanteamiento legal e institucional de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en el país.
3. Las telecomunicaciones en la agenda de negociaciones
internacionales de comercio de servicios
En esta era tecnológica y de mercado, consolidada a finales del siglo pasado, en la que se redefinían
postulados para garantizar que las telecomunicaciones, y en general las TIC, tuvieran una cobertura
poblacional adecuada, que generaran efectos derrame (spill over effects, por su denominación en inglés)
sobre la actividad económica general y proveyeran una infraestructura eficiente para el desempeño eficaz
del Estado, se hacía inminente una redefinición de la política y de la regulación sectorial.
A finales de la década de los noventa, tanto los países desarrollados como aquellos en vías
de desarrollo adquirieron conciencia sobre el hecho que las reformas estructurales en el sector
telecomunicaciones implicaban la dinamización de los procesos competitivos. En este sentido,
resultaba imprescindible la separación entre el regulador y el ente estatal que normalmente
constituía el monopolio histórico en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Así
mismo, era necesario eliminar de la agenda de los definidores de la política y de la regulación
sectorial, el objetivo de garantizar que dicho monopolio histórico cumpliera con los objetivos
sociales del gobierno de turno, sometiendo a la empresa a vaivenes que impedían la construcción de
políticas sostenibles.
Si bien muchas de las transformaciones de los marcos de política y regulación de telecomunicaciones
son inherentes a los procesos tecnológicos y de mercado, otras provienen del entorno internacional
desarrollado para dinamizar el comercio internacional de servicios. Más particularmente, el Acuerdo
General de Comercio de Servicios – AGCS (GATS por sus iniciales en inglés) puede concebirse como un
conjunto de principios fundamentales que dan soporte al sistema multilateral de comercio de servicios.
Según Tuthill (1997), dichos principios se resumen en:
Liberalización progresiva mediante obligaciones específicas expresadas • en las listas
de compromisos.
• Transparencia y trato no discriminatorio.
• Objetividad, imparcialidad, razonabilidad y proporcionalidad de la política y de la regulación.
• Eficacia en las salvaguardias competitivas para el cumplimiento de compromisos y obligaciones.
• Flexibilidad en el reconocimiento de la soberanía nacional así como de las necesidades asociadas
con el desarrollo socioeconómico de los países miembros.
El acceso a mercados, componente clave del AGCS, consiste en la obligación que adquieren los
países signatarios de garantizar a los proveedores de servicios de otro país miembro las condiciones
de acceso explícitamente definidas en las listas de compromisos. El acceso pleno al mercado
implica, de manera explícita, que el país miembro ha acordado no aplicar ninguna de las siguientes
restricciones: a) número de proveedores en el mercado; b) valor total de transacciones o activos;
16

c) número total de operaciones; d) cantidad de empleados permitidos para la provisión del servicio;
e) tipo específico de entidad legal o joint venture para la provisión del servicio; y f) nivel de participación de
capital extranjero.
Es importante aclarar que cualquier medida distinta a las restricciones del párrafo anterior, no
puede considerarse como una limitación del acceso al mercado. En este sentido, medidas empleadas
para cumplir los objetivos del marco de política y regulación sectorial que se ajusten a los principios
fundamentales asociados al texto marco del AGCS no pueden catalogarse como una barrera de entrada
al mercado. Por ejemplo, a la luz de este acuerdo, las políticas de habilitación o licenciamiento no son
consideradas como limitantes del acceso al mercado.
De esta forma, el AGCS reconoce que los países miembros son soberanos para definir
autónomamente sus procesos de licenciamiento o cualquier otro tipo de requerimiento técnico para cumplir
los objetivos de política nacional en materia de TIC. Sin embargo, el Acuerdo es enfático en señalar
que dichos procesos no pueden ser usados con el fin de implementar barreras de acceso al mercado.
Posteriormente, con la conclusión de las negociaciones ampliadas de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) en materia de telecomunicaciones básicas, en febrero de 1997, se logró que sesenta y
nueve países (entre ellos Colombia) asumieran importantes compromisos en materia de liberalización en
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, lo cual constituyó un factor determinante para
las reformas de los marcos de política y regulación sectorial6.
En el Anexo sobre Telecomunicaciones del AGCS se reconoce que el acceso a y/o el uso de redes
públicas de telecomunicaciones resultan esenciales para garantizar la provisión de la amplia gama de
servicios contemplados en el Acuerdo. Este instrumento obliga a los miembros de la OMC a garantizar
que los proveedores de los servicios especificados puedan acceder a las redes y a los servicios públicos de
transporte de telecomunicaciones en condiciones razonables y no discriminatorias.
El Documento de Referencia, a su vez, establece una serie de principios para el marco de política
y regulación sectorial en un entorno de competencia. El objetivo de dichos principios, desde el punto de
vista comercial, consiste en garantizar la eficacia y la utilidad de los compromisos de acceso al mercado
contraídos por cada uno de los países miembros.
Según Henderson y colaboradores (2005), los seis principios del Documento de Referencia se
han convertido en una “lista de verificación de desempeño” en las reformas legales e institucionales
del sector telecomunicaciones en muchos países. Los principios mencionados son: i) salvaguardia de
la competencia; ii) garantía de la interconexión; iii) mecanismos de servicio universal transparentes y
neutrales desde el punto de vista de la competencia; iv) publicidad de los criterios de licenciamiento;
v) independencia de la autoridad regulatoria; y vi) procedimientos objetivos para la atribución y
otorgamiento de recursos escasos.
En consecuencia, desde la perspectiva internacional, era claro que la condición de monopolio
natural que predominó hasta finales de los ochenta para las redes de telefonía fija, y su necesidad
de reservar la provisión del servicio al proveedor estatal, había tenido un punto de quiebre en razón
de los importantes desarrollos tecnológicos y nuevos patrones de demanda en el sector TIC durante
los noventa.
6 Durante la Ronda Uruguay (1986-1994) se contrajeron por primera vez compromisos respecto de los servicios de
telecomunicaciones, principalmente en relación con los servicios de valor agregado. En las negociaciones posteriores
a la Ronda Uruguay (1994-1997), los países miembros de la OMC trataron los servicios de telecomunicaciones básicas.
A la fecha, un total de ciento ocho miembros de dicha organización han contraído compromisos para facilitar el
comercio de servicios de telecomunicaciones. De ellos, noventa y nueve (Colombia se encuentra incluido en este grupo)
se han comprometido a ampliar la competencia en los servicios de telecomunicaciones básicas. Además, ochenta y
dos miembros de la OMC, entre ellos Colombia, se han comprometido a cumplir los principios de reglamentación
establecidos en el “Documento de Referencia”, una guía para la reforma del sector que refleja en gran medida las
“mejores prácticas” de reglamentación de las telecomunicaciones.
17

A partir de las negociaciones sobre telecomunicaciones, posteriores a la Ronda Uruguay, se
reconoció la prioridad del marco de política sectorial de garantizar la transición de las condiciones
imperfectas de competencia hacia un entorno dinámico de mercado. Además, esta nueva responsabilidad
de administrar la transición dio lugar a un nuevo desafío de largo plazo, relacionado con la preservación
de las condiciones de competencia en el tiempo y frente a los continuos choques tecnológicos a los que se
encuentra enfrentada la industria. Por otra parte, según Berg y Foreman (1996), en este entorno surge la
necesidad de tomar en cuenta las necesidades de los usuarios, así como posibles métodos de compensación
de los efectos derivados de la prevalencia de fallas de mercado en el sector.
Así, como resultado del contexto de las negociaciones de telecomunicaciones de la Organización
Mundial de Comercio, Cowhey y Klimenko (2001) señalan que los objetivos del marco de política y
regulación sectorial comenzaron a modificarse. Primero, en vez de promover el servicio universal y la
demanda de los usuarios mediante obligaciones asimétricas a un proveedor (usualmente el monopolio
estatal), la política y la regulación sectorial debían lograr esos objetivos mediante la promoción de la
competencia, así como la generación de incentivos a la entrada y a la inversión.
Segundo, la mayor relevancia de los usuarios en el proceso de definición de lineamientos del marco
de política sectorial llevó a establecer mecanismos claros y eficaces para la defensa de sus intereses, así
como el cumplimiento de las condiciones contractuales derivadas de la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones.
Tercero, a partir de los compromisos internacionales derivados del Anexo de Telecomunicaciones,
ratificado en Colombia por la Ley 170 de 1994, así como del Documento de Referencia, avalado por la
Ley 671 de 2001, resultaba indispensable asumir el desafío de desplegar un entorno favorable para los
inversionistas en el sector, sean éstos domésticos o extranjeros7.
Cuarto, derivado de las diferentes instancias negociadas en el marco del AGCS, el objetivo de
garantizar la integridad e interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones se convirtió en uno de los
pilares del marco regulatorio sectorial. Con el fin de cumplir este objetivo, se hacía necesario desplegar un
régimen de interconexión que gozara de condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, para
que cualquier proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones pueda beneficiarse de la interconexión
de redes con los proveedores clasificados como importantes o con posición de dominio, según los criterios
básicos establecidos tanto en el Anexo como en el Documento de Referencia.
Por otra parte, es indispensable resaltar que las reglas y obligaciones del AGCS son ampliamente
consistentes con las disciplinas regulatorias que desde finales de la década de los noventa son consideradas
por autores como Wellenius (1997) como “mejores prácticas” para propiciar el éxito de las reformas de los
marcos de política sectorial. Sin embargo, el incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos
no puede tomarse a la ligera. Al ser tratados internacionales, ratificados por la legislación doméstica,
son de obligatorio cumplimiento y cualquier conflicto derivado de su incumplimiento podría llevar a la
activación de los mecanismos de resolución de conflictos de la Organización Mundial de Comercio.
En este escenario resultaba prioritario para el Gobierno colombiano verificar que los compromisos
adquiridos como país miembro de la OMC, que ratificó el Anexo de Telecomunicaciones (Ley 170 de
1994) y el Documento de Referencia (Ley 671 de 2001), estuvieran desarrollados en el marco legal integral
que se venía trabajando para el sector TIC por el entonces Ministerio de Comunicaciones.
Más particularmente, la iniciativa legal que se estaba concibiendo debía tener en cuenta los compromisos
de acceso a mercados y trato nacional para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones; los
compromisos marco del ACGS que aplican transversalmente para los servicios de telecomunicaciones; así
7 Para consultar la Ley 170 de 1994 ir al enlace http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/
ley_0170_1994.html. Igualmente para la Ley 671 de 2001, ir a http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley/ 2001/ley_0671_2001.html.
18

como la compatibilidad de las disciplinas a introducir en el sector con los lineamientos del Acuerdo, el
Anexo de Telecomunicaciones y el Documento de Referencia. Esto con el fin de crear un entorno propicio
y dinamizador para la inversión extranjera directa en el sector TIC en Colombia.
Adicionalmente, la dinámica generada por la estrategia de profundización comercial del gobierno del
presidente Álvaro Uribe Vélez llevó a que el sector telecomunicaciones adquiriera un rol preponderante en
las negociaciones de tratados de libre comercio (TLC) a nivel bilateral o regional. En el marco del TLC con
Estados Unidos, el capítulo catorce contiene medidas relacionadas con los siguientes aspectos: i) acceso y
uso de servicios públicos de telecomunicaciones; ii) obligaciones de los proveedores de servicios públicos de
telecomunicaciones; iii) redes y servicios públicos de telecomunicaciones; y iv) servicios de información.
Más allá de las disciplinas asumidas por Colombia en el Documento de Referencia, en este tratado
se garantiza el acceso a las redes públicas de telecomunicaciones a cualquier empresa, lo cual constituirá
un factor dinamizador para el desarrollo de la industria de contenidos y aplicaciones cuando el tratado
entre en vigor. Además, en el texto negociado con Estados Unidos se introducen disciplinas asimétricas
para los proveedores importantes o con posición dominante, configuradas a través de la reventa y la
desagregación de elementos de red. Estas medidas constituyen el inicio de importantes reflexiones por
parte del Gobierno colombiano, con el fin de prepararse normativa e institucionalmente para la que, en
ese momento, se consideraba una cercana fecha de implementación del Acuerdo.
Finalmente, el Decreto 2870 de 2007 introdujo en el marco de política y regulación sectorial
colombiano el concepto de mercados relevantes y las disciplinas asimétricas de oferta mayorista y
desagregación de elementos de red, junto con las negociaciones comerciales que se abordaron con Canadá
y la Unión Europea, constituyen el contexto normativo e internacional más próximo a las discusiones
sectoriales asociadas con la redacción de la Ley 1341 de 2009.
B. Cambios en el entorno institucional
Dentro de los principios orientadores que fijó el marco colombiano de política pública de largo plazo, Visión
2019 (ver DNP, 2005), para promover el impacto adecuado de las telecomunicaciones en el cumplimiento
de las metas socioeconómicas globales de largo plazo, se encontraba la definición de un marco institucional
adecuado, que fomente la competencia, incentive la inversión, así como la innovación y la creatividad de
las empresas, y que reconozca la convergencia de los mercados. Como consecuencia de lo anterior, era
indispensable enfrentar integralmente dos desafíos institucionales con el fin de garantizar el despliegue
de las telecomunicaciones, y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de las que hacen
parte, como un sector estratégico y transversal en el cual el Estado ejerce un rol fundamental, de la mano
del sector privado, para contribuir al mejoramiento de la competitividad y la inclusión social.
Primero, se consideró indispensable definir el nuevo rol del Estado, de un Estado empresario y
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, mediante la extinta Telecom (proveedor histórico
de servicios de telecomunicaciones en Colombia, propiedad del Gobierno colombiano hasta 2006, fecha
en la que se produjo una capitalización por parte de Telefónica Internacional y actualmente se desempeña
en el mercado como una empresa mixta de mayoría accionaria privada), hacia un Estado caracterizado por
la definición de una agenda de política y regulación sectorial independiente de los intereses remanentes
del Estado en algunas empresas. Así mismo, en consonancia con el desarrollo tecnológico de los últimos
años, constituía una prioridad extender la intervención del Estado, como agente visionario del futuro
estratégico sectorial, a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Segundo, la estructura institucional debía garantizar una gestión eficiente, especializada y libre
de incentivos políticos del recurso escaso por excelencia del sector de telecomunicaciones, el espectro
radioeléctrico. De esta forma, se garantiza que la sociedad en pleno pueda explotar las oportunidades de
las últimas tendencias tecnológicas relacionadas con el desarrollo de redes y servicios inalámbricos.
19

1. Creación del Ministerio de TIC
Para finales de 2006 aún no se podía afirmar que en Colombia existiera una verdadera apropiación de
TIC. En efecto, a pesar de los avances alcanzados en el período 2002-2006, Colombia se encontraba en
una posición media-baja a nivel internacional, con respecto a la implementación y el aprovechamiento de
las TIC.
El entonces Ministerio de Comunicaciones, en el marco de la agenda de cooperación técnica de la
Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (Usaid, por sus iniciales en inglés) elaboró un diagnóstico
del país en materia de la institucionalidad del sector de telecomunicaciones. En el informe final de dicha
consultoría (ver Usaid, 2007) se planteó que el retraso del país en materia de apropiación de TIC obedecía
a diversos factores, que iban desde el mismo arreglo institucional existente hasta la falta de una cultura
orientada hacia el uso de las TIC.
En efecto, se encontró que en Colombia, el modelo institucional existente del sector de comunicaciones
(telecomunicaciones y servicios postales) respondía a una realidad superada, donde primero el objetivo
era impulsar la infraestructura de telecomunicaciones a través de un Estado empresario, y después la
meta era implementar la apertura del sector, permitiendo la competencia.
Como consecuencia de este diagnóstico, se consideró prioritario un cambio radical de paradigma,
donde los objetivos principales dejaran de ser establecidos por o en razón de los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones y su oferta de servicios, y pasaran a ser una agenda establecida por la
demanda, por los usuarios, quienes deben ser la prioridad de las políticas en una estrategia de impulso de
las TIC en todas sus dimensiones (infraestructura, infoestructura e infocultura).
Así mismo, del análisis de la legislación que determinaba las funciones del entonces Ministerio de
Comunicaciones de Colombia se concluyó que a pesar de que formalmente (Decreto 1620 del 20038) tenía
funciones en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, en la práctica esto no se había
reflejado, en la medida que su actividad se orientaba de manera preponderante hacia la infraestructura y
la provisión de servicios, y en menor medida hacia la implementación, uso y apropiación de las TIC.
En efecto, el Ministerio continuaba ejerciendo importantes funciones, no sólo en el ámbito
regulatorio, sino que además administraba integralmente el espectro radioeléctrico. Esto se debía
en buena parte a que en su momento el órgano regulador, la entonces Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, tenía competencias restringidas, algunas de ellas circunscritas a los entonces
denominados servicios públicos domiciliarios.
De otra parte, los programas que se venían implementando desde finales de la década de los
noventa, pero con especial dinamismo en el período 2002-2006 (Compartel, Agenda de Conectividad
y Computadores para Educar), se habían enfocado principalmente al desarrollo de infraestructura, y
en menor proporción a la apropiación de las TIC. Por lo anterior, resultaba urgente pasar a un esquema
donde el Ministerio dejara de ser el encargado del impulso de la oferta de servicios (Estado empresario),
y se convirtiera en facilitador de la apropiación de las TIC, con una fuerte participación del sector
privado colombiano.
De tal forma, se consideró crítico transformar el Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; reenfocar los esfuerzos estatales en pro del
desarrollo de la demanda de TIC; fortalecer la capacidad de política y regulación del Estado en materia
de TIC, para garantizar la competencia con base en un esquema de redes y mercados; y establecer
una política de espectro radioeléctrico que garantizara la seguridad jurídica y fuera concomitante
con el marcado énfasis en el desarrollo de redes y servicios inalámbricos que ha tenido el desarrollo
tecnológico sectorial.
8 Ver el enlace http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2003/junio/13/dec16201306031.pdf
20

Todos estos cambios buscaban preparar al Gobierno Nacional, en el marco de la visión holística de
la Sociedad de la Información consolidada en las cumbres mundiales de Ginebra (2003) y Túnez (2005)
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para encontrar respuestas acertadas a cuatro desafíos
identificados desde julio de 2006:
Desarrollar un marco institucional y normativo que respondiera a las realidades • de consolidación
en infraestructura (resultado de la convergencia y el empaquetamiento) y que fuera eficaz en la
maximización del Bienestar Social de los colombianos.
• Apostar decididamente a sectores de TIC jalonadores del crecimiento y a la transversalidad de
estas tecnologías en el sector productivo.
• Ampliar el uso y la apropiación de las TIC (énfasis en contenido y aplicaciones), tanto en la vida
cotidiana como en la actividad productiva del ciudadano, las empresas y el Gobierno.
• Constituir a Colombia en un polo latinoamericano de formación, investigación e innovación en
asuntos relacionados con TIC y su impacto transversal en el desarrollo socioeconómico.
2. Gestión técnica y control eficiente del espectro radioeléctrico
Es preciso considerar que para finales de 2006, ya estaba claro que los procesos de innovación tecnológica
sectorial apuntaban hacia el desarrollo de las comunicaciones personalizadas y ubicuas con convergencia
de servicios (voz, video y datos, en cualquier momento y lugar). Esto implicaba la inminente integración
de las redes fijas y móviles, y un vertiginoso aumento en el uso de sistemas y dispositivos inalámbricos,
particularmente aquellos destinados al acceso de Internet en banda ancha.
Toda esta dinámica se acentuaba en la medida que, en el contexto internacional, se ratificaba la
versatilidad de las tecnologías inalámbricas de banda ancha como soluciones eficientes y pertinentes para
la reducción de la brecha digital, por la rapidez y menor costo que tienen estas soluciones con respecto a
redes cableadas.
Adicionalmente, se debe considerar que la globalización de las radiocomunicaciones no
reconoce fronteras geográficas y que la armonización regional y mundial facilita la introducción de
nuevas tecnologías y propicia economías de escala. Siguiendo estos lineamientos, el Plan Nacional
de Desarrollo 2006-2010 de Colombia (ver DNP, 2007), reconocía que las actividades de control y
regulación, particularmente en el sector comunicaciones, contaban con una reglamentación heterogénea
y dispersa que desorientaba la inversión y dificultaba el uso y explotación racional, eficiente y equitativa
del espectro radioeléctrico (porción del espectro electromagnético utilizado para radio comunicaciones,
que comprende actualmente las frecuencias desde 3 KHz a 3.000 GHz; este rango puede ser ampliado
en el futuro, según los avances tecnológicos).
En el contexto legal colombiano el espectro electromagnético es un bien inalienable e imprescriptible
sujeto a la gestión y control del Estado, tal y como lo establece el artículo 75 de la Constitución Política
de 1991. Allí se establece:
El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a
la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso
a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y
la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas
monopolísticas en el uso del espectro electromagnético.
El Estado, como se acostumbra en la mayoría de los regímenes, es el encargado de gestionar y
controlar el espectro. Efectivamente, el artículo 4º de la Ley 72 de 1989 establecía que “Los canales
21

radioeléctricos y demás medios de transmisión que Colombia utiliza o pueda utilizar en el ramo de las
telecomunicaciones son propiedad exclusiva del Estado”9.
Posteriormente, en el artículo 18 del Decreto Ley 1900 de 1990 se reiteraba que el espectro
electromagnético “es de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien del dominio
público, inajenable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponden al Ministerio
de Comunicaciones”10. Además, esta norma establecía (Art. 20) que el uso de frecuencias radioeléctricas
requería permiso previo otorgado por el entonces Ministerio de Comunicaciones, y daba lugar al pago de
los derechos correspondientes.
La Ley 80 de 1993, por otra parte, en sus artículos 33 y siguientes hacía referencia al otorgamiento
de concesiones y licencias para servicios y actividades de telecomunicaciones, pero no mencionaba
la asignación de espectro electromagnético, con lo que este aspecto queda separado del tema de los
títulos habilitantes11.
En lo relacionado con la gestión y administración del espectro electromagnético, el artículo 19 del
Decreto Ley 1900 de 1990 establecía que las facultades de gestión, administración y control del espectro
electromagnético comprendían, entre otras, las actividades de planeación y coordinación, la fijación del
cuadro de frecuencias, la asignación y verificación de frecuencias, el otorgamiento de permisos para su
utilización, la protección y defensa del espectro radioeléctrico, la comprobación técnica de emisiones
radioeléctricas, el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en
cualquier forma el espectro radioeléctrico, la detección de irregularidades y perturbaciones, así como la
adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro radioeléctrico, y a
restablecerlo en caso de perturbación o irregularidades.
Este marco normativo fue objeto de exhaustivas revisiones y recomendaciones de política producto
de distintas consultorías realizadas desde finales de 2005. Primero se debe mencionar una consultoría
contratada a través de Usaid (2006), en el contexto de las negociaciones del TLC con Estados Unidos,
en la cual se evaluó el régimen de asignación del espectro y las políticas relacionadas con éste, buscando
optimizar el uso de este recurso de propiedad originaria del Estado, y se revisó el impacto socioeconómico
del régimen vigente.
En segundo lugar se identifica la consultoría efectuada por Telecommunications Management
Group (TMG) en el proyecto de fortalecimiento institucional y regulatorio de las telecomunicaciones en
Colombia, derivado del TLC con Estados Unidos. En este estudio (ver TMG, 2007) también se hace una
revisión integral de la gestión del espectro y se plantea una propuesta integral para la actualización de la
atribución de espectro radioeléctrico y de la política de administración de frecuencia.
Tercero, en el marco de la consultoría desarrollada por Usaid desde finales de 2006, para la
transformación institucional del sector se contó con un capítulo de revisión de mejores prácticas
internacionales en relación con la gestión integral del espectro radioeléctrico y se plasmaron
recomendaciones concretas, tanto desde la perspectiva técnica como desde la perspectiva institucional
(ver Usaid, 2007).
Un diagnóstico común de todos estos ejercicios, el cual era coincidente con las condiciones del
entorno regional, consiste en que la legislación aparece desfasada respecto de los avances tecnológicos
sucedidos desde finales de los noventa. Así, se concluye que salvo en aspectos muy genéricos, el marco
normativo debía ser actualizado y a la vez debía permitir unas condiciones institucionales que facilitaran
su permanente actualización.
9 Para consultar el contenido de la Ley 72 de 1989, ir al enlace http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/ archivos/
22
na/l72.htm.
10 Para consultar el contenido del Decreto Ley 1900 de 1990, ir al enlace http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/
decretoslinea/1990/agosto/19/dec1900191990.pdf.
11 Para consultar el contenido de la Ley 80 de 1993, ir al enlace http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/
1993/ley_0080_1993.html

Por otra parte, el entonces Ministerio de Comunicaciones, a diferencia de otras administraciones,
tenía amplias facultades para ejercer todas las funciones relativas al espectro radioeléctrico (a excepción
de las relacionadas con el servicio de televisión)12. Si bien la concentración de funciones en sí no es
perversa, ya que muchas veces podría facilitar la eficiencia y la capacidad de reacción de la entidad, la
gran amenaza detrás de esta concentración es que ante la ausencia de un adecuado esquema de frenos y
contrapesos, las posibilidades de errar en la toma decisiones y la definición de políticas se incrementa.
Por otra parte, tal y como lo ratifican Wellenius y Neto (2006), el sector de telecomunicaciones
requería con urgencia acercar la gestión del espectro radioeléctrico a los principios de mercado y sus
principios asociados de pluralidad, eficiencia y objetividad. Para los autores, la gestión de este valioso
recurso escaso no se encontraba a tono con los importantes avances en materia tecnológica, de modelos
de negocio y de política sectorial que se venían afianzando desde finales de los ochenta.
De hecho, el enfoque tradicional de la gestión del espectro consistía en la administración de
un recurso escaso que debía ser asignado y otorgado tanto a usos como a usuarios específicos por las
autoridades gubernamentales responsables de dicha política. Durante muchos años, este enfoque
pudo ser el apropiado, pero desde finales de los noventa era inminente una explosión de la demanda
por servicios inalámbricos, así como las modificaciones de los patrones de uso tecnológico del
espectro radioeléctrico.
En consecuencia, entendiendo el potencial que representan la convergencia y las TIC en el desarrollo
de otros sectores económicos y sociales del país, se consideró de vital importancia para el país revisar
integralmente la normatividad vigente en materia de espectro radioeléctrico con el fin de diseñar políticas
y generar un marco institucional que promoviera un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y una
adecuada administración y control de este escaso recurso, en beneficio de la sociedad en general. Esto
implicaba, indefectiblemente, contar con instrumentos e instituciones que permitieran un manejo y una
administración adecuados del espectro.
C. Cambios en las preferencias de los usuarios
Garantizar un entorno multiservicio para satisfacer los requerimientos de los usuarios tiene como
condición previa la disponibilidad de conexiones de Internet en banda ancha. Para 2007, el servicio de
banda ancha estaba disponible comercialmente en ciento sesenta y seis países, y cerca de la cuarta parte
de los doscientos millones de suscriptores pertenecían a economías de ingreso medio.
Así mismo, para finales de 2007, la demanda por servicios de multiple-play estaba consolidada a
nivel mundial. Skype, un proveedor del servicio de telefonía a través de Internet, tenía para la fecha más
de doscientos cincuenta millones de suscriptores en más de doscientos veinticinco países (Skype, 2007),
y ese año transportó, según Telegeography (2007), el cuatro por ciento del tráfico de larga distancia
internacional. Adicionalmente, para finales de 2007, existían más de treinta millones de suscriptores a
servicios triple-play (típicamente recibiendo servicios de voz, Internet y televisión)13.
12 El entonces Ministerio de Comunicaciones de Colombia contaba con facultades plenas, no sólo para atribuir el uso de
las bandas de frecuencias a través del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, sino que además era
el único responsable en la cadena de valor de la gestión del espectro, la cual cubre las responsabilidades de asignar,
gestionar, fiscalizar y sancionar el uso ilegal de frecuencias.
13 La experiencia en Europa, al año 2006, mostraba que dicha convergencia ya era bastante significativa (en promedio):
1) Un once por ciento de los hogares tenía servicios “2 Play” de un mismo operador: seis por ciento Internet +
Telefonía Fija, 2,5 por ciento TV + Telefonía Fija, uno por ciento Internet + TV, y 1,5 por ciento otros.
2) Un tres por ciento tiene “3 Play”: dos por ciento Internet + Telefonía Fija + TV, y uno por ciento Internet + Telefonía
Fija + Móvil.
23

Por lo anterior, era evidente que en 2007 el despliegue mundial del acceso a Internet en banda ancha
estaba generando marcados incentivos sobre la demanda de mejores e innovadores servicios convergentes
de telecomunicaciones. En efecto, la convergencia, entendida como la erosión de las fronteras tradicionales
entre servicios, redes y prácticas de negocio separadas, implicaba importantes desafíos y oportunidades
para los usuarios de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, de los cuales a
continuación se resaltan siete.
En primer lugar, este fenómeno tecnológico y de mercado facilita a los usuarios de TIC el acceso
a una gran variedad de servicios a través de diversidad de aparatos o terminales. Tradicionalmente, los
hogares suscriptores de servicios de telefonía fija o televisión por cable recibían por la respectiva red un
solo servicio. Con el despliegue de la convergencia, ya no es un servicio el que se recibe, sino a lo menos
tres (voz, datos y video) por cada una de las respectivas redes de acceso14.
Segundo, el fenómeno de la convergencia genera beneficios a los usuarios de TIC en la medida en
que se amplía exponencialmente la cobertura de los servicios tradicionales. Más particularmente, desde
la perspectiva de la convergencia de redes, cualquier infraestructura de comunicaciones se convierte
en una plataforma de transmisión de servicios de voz, lo cual facilita avanzar significativamente en la
cobertura universal de este servicio. Esta circunstancia también hace más costo-eficiente la utilización de
la infraestructura existente, contribuyendo así a desplegar más rápidamente los beneficios de las TIC en
todas las regiones que previamente no tenían cobertura.
Tercero, la convergencia despliega impactos positivos para los usuarios a través de la reducción
de tarifas. El motivador principal de esta disminución de los precios de los servicios TIC es la mayor
dinámica competitiva asociada a la provisión de servicios similares por diferentes redes. Así mismo, los
precios disminuyen por la reducción de costos que trae implícita el desarrollo tecnológico.
Cuarto, las mejores tarifas y un portafolio más amplio de servicios han contribuido a que los
servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones resulten más atractivos para usuarios que
son altamente sensibles al precio, así como para aquellos que no se encuentran seguros de los beneficios
personales de estas tecnologías.
Quinto, la convergencia facilita la ampliación de la cobertura de servicios avanzados de TIC a través
de redes inalámbricas, lo cual es un aspecto clave para los países en desarrollo. De hecho, el triple-play
inalámbrico mejora significativamente el acceso a servicios y contenidos para las comunidades apartadas
en las que las redes alámbricas aún no son costo-eficientes para garantizar la cobertura de servicios de
TIC. Frente a la realidad de que la penetración de telefonía móvil es más importante que la penetración de
computadores en los países en desarrollo, si los proveedores de redes y servicios móviles pueden ofrecer
servicios convergentes, servicios financieros, así como contenidos y aplicaciones, se convertirán en un
motor de masificación del acceso y uso de TIC.
Sexto, al permitir que las redes de telecomunicaciones se conviertan en una plataforma dinamizadora
del mercado de contenidos y aplicaciones, la convergencia tecnológica genera nuevas oportunidades
económicas para los usuarios. En efecto, una expansión de la demanda por contenidos y aplicaciones es
un factor impulsador del crecimiento económico. La expansión del sector de medios y entretenimiento a
través de la telefonía móvil ya era una realidad para finales de 200715.
14 A título ilustrativo, en 2007 las estimaciones de Pyramid Research establecían que más de un tercio de los hogares
canadienses estaban suscritos a servicios de triple play.
15 El mercado mundial de juegos para aparatos móviles se valoraba ya en cuatro billones de dólares. Así mismo,
indicadores de SSKI Research (2007) mostraban que más de cuatrocientos veinte millones de canciones habían sido
descargadas en aparatos móviles en 2005. La creación de estos nuevos mercados tiene impactos significativos sobre
el empleo y la inversión y además desempeña un rol catalizador para la actualización y expansión de las redes de
telecomunicaciones.
24

Séptimo y último, las oportunidades creadas por los nuevos servicios en línea, como blogs,
repositorios de video y redes sociales, despliegan a su vez oportunidades para el desarrollo social. El
intercambio de ideas incrementa los niveles de creatividad y estimula la proliferación de nuevos canales
de difusión de información y conocimiento.
Por otra parte, desde una perspectiva transversal, la rápida expansión del comercio electrónico
favorecida por el despliegue de servicios convergentes sobre redes de acceso a Internet en banda ancha,
permite a los consumidores comparar precios, lo que evidentemente crea una presión sobre los vendedores.
Las plataformas de intermediación online, desde Google hasta eBay, pasando por Amazon y Expedia se
encontraban reorganizando algunos mercados de forma radical (por ejemplo, el de entretenimiento y
turismo), a la vez que creaban otros nuevos (como las transacciones peer-to-peer), alterando las formas
en las que la gente efectúa sus compras (buscadores y comparación de precios).
Así mismo, el vídeo ya no es algo cuya difusión de contenidos esté exclusivamente restringida
a los proveedores de contenidos y aplicaciones. Las comunicaciones persona a persona (peer-to-peer,
por su nombre en inglés) ya incorporan imágenes y vídeo, y esto en todo tipo de dispositivos: teléfonos
inalámbricos, móviles y computadores.
En consecuencia, los consumidores ya pueden capturar, transformar y redistribuir contenidos.
En este escenario, los proveedores de redes y servicios de TIC deben promover la interacción entre
consumidores y proveedores de contenidos y aplicaciones. Para mejor ilustración, un estudio de Sandvine
(2008) mostraba que las aplicaciones de compartición de archivos persona a persona representaban el
cuarenta y cuatro por ciento del tráfico de banda ancha de las redes operadas por los proveedores de
acceso a Internet (ISPs, por sus iniciales en inglés) de América del Norte.
A partir de estos nuevos patrones de demanda, se hacía evidente la consolidación de un entorno
de consumo digital. Dicho entorno, a diferencia de otras épocas, ya no es una cuestión aislada, con
productos como los receptores de televisión, los CD de música y el teléfono móvil, sino una profusión de
innovaciones interdependientes, que no sólo se extienden, sino que redefinen de manera trascendental la
cadena de valor de la industria TIC.
1. Dinamización de la masa crítica de usuarios TIC en Colombia
Desde comienzos de la década de 2000, Colombia ha sido protagonista de la masificación de los usuarios
TIC. Los indicadores fundamentales del mercado de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones
en el país muestran una senda de expansión sostenida en materia de suscriptores a los diversos servicios
de telecomunicaciones (ver cuadro I.1).
CUADRO I.1
Evolución de suscriptores de telecomunicaciones 2000-2009
Suscriptores 2000 2002 2004 2006 2008 2009 V% pr anual
Telefonía fija 7 170 777 7 522 768 7 550 137 7 717 171 7 928 944 7 473 867 0,46
Penetración 17,80 18,20 17,82 17,78 17,84 16,62
Telefonía móvil 2 256 801 4 596 594 10 400 578 29 762 715 41 364 753 41 154 630 38,07
Penetración 5,60 11,12 24,55 68,57 93,06 91,50
Internet 160 390 351 041 501 200 887 784 2 179 951 3 181 431 39,37
Penetración 0,40 0,85 1,18 2,05 4,90 7,07
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y cálculos propios.
25

En efecto, de la cuadro I.1 se infiere que la masa crítica de los suscriptores de los servicios de
telecomunicaciones más representativos creció a una tasa promedio anual de 20,62 por ciento, pasando de
casi diez millones de suscriptores en 2000 a casi cincuenta y dos millones en 2009. A nivel desagregado,
los suscriptores a Internet crecieron en Colombia a una tasa promedio anual de 39,37 por ciento en el
período 2000-2009, acompañados de los suscriptores móviles que lo hicieron a una razón de 38,07
por ciento. Así mismo, la cuadro I.1 permite concluir que si en 2000 los suscriptores de telefonía fija
correspondían al 74,79 por ciento del total de suscriptores de servicios de telecomunicaciones, en 2009
tan sólo representaban el 14,43 por ciento. Este dinamismo de usuarios también se refleja en una rápida
expansión de los ingresos, tal y como se ilustra en el gráfico I.2.
Gráfico I.1
Evolución de ingresos del sector
telecomunicaciones en Colombia 2000-2009
(Miles de millones de pesos colombianos)
3 912
2 783
8 477
942
4 951
3 490
2 269
8 628
1 184
5 051
3 490
2 269
8 628
1 184
5 051
2 586
831
3 685
1 301
4 060
2 088
415
1 585
1 519
3 802
2002 2004 2006 2008 2009
26
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1 418
283
826
1 408
2 830
2000
Otros Internet Telefonía Móvil Larga Distancia Telefonía fija
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Dentro de la composición de ingresos, el gráfico I.1 resalta que los servicios de telefonía móvil y
de acceso a Internet, como un todo, más que triplicaron su participación dentro de los ingresos del sector
colombiano entre 2000 y 2009. En efecto, en 2009 dichos servicios representaban el cincuenta y tres por
ciento de los ingresos del sector, mientras que en 2000 tan sólo equivalían al dieciséis por ciento. Este hecho,
sumado a que casi el setenta y cinco por ciento de los accesos a Internet del país, en diciembre de 2009
correspondían a las tecnologías móviles y de xDSL, y que los servicios de voz sobre redes fijas vieron reducida
su participación en los ingresos sectoriales en casi la mitad (del cincuenta por ciento en 2003 al veintiocho por
ciento en 2008), se convierte en prueba convincente para sostener que el futuro de las redes fijas del país está
en la prestación de servicios convergentes centrados en el acceso a Internet en banda ancha.
Desde una óptica complementaria, los proveedores de redes y servicios en Colombia han venido
ajustando sus modelos de negocio con el fin de ofrecer planes más competitivos en términos de calidad
y precio, aprovechando las ventajas de la convergencia tecnológica a través de ofertas empaquetadas.
Esto se ve reflejado en la marcada disminución de la inflación sectorial, la cual pasó de 9,91 por ciento
promedio anual en el período 2000-2005 a 0,16 por ciento anual en el período 2005-2009, como se ilustra
en el gráfico I.2.

Gráfico I.2
Inflación sectorial frente a la inflación
de la economía colombiana
(En porcentajes)
27
40
30
20
10
0
-10
-20
ene - 00
mar - 00
may - 00
jul - 00
sep - 00
nov - 00
ene - 01
mar - 01
may - 01
jul - 01
sep - 01
nov - 01
ene - 02
mar - 02
may - 02
jul - 02
sep - 02
nov - 02
ene - 03
mar - 03
may - 03
jul - 03
sep - 03
nov - 03
ene - 04
mar - 04
may - 04
jul - 04
sep - 04
nov - 04
ene - 05
mar - 05
may - 05
jul - 05
sep - 05
nov - 05
ene - 06
mar - 06
may - 06
jul - 06
sep - 06
nov - 06
ene - 07
mar - 07
may - 07
jul - 07
sep - 07
nov - 07
ene - 08
mar - 08
may - 08
jul - 08
sep - 08
nov - 08
ene - 09
mar - 09
may - 09
jul - 09
sep - 09
nov - 09
Inflación Comunicaciones Inflación Total Inflación Televisión
Fuente: DANE (enero de 2010) www.dane.gov.co
Este contexto ratifica que los procesos de difusión tecnológica de las TIC en Colombia
estuvieron completamente alineados con las tendencias internacionales, en las cuales la expansión de
suscriptores viene acompañada de un proceso deflacionario explicado por la dinámica competitiva
del sector.
Por todo lo anterior resultaba indispensable que la estructura legal e institucional del sector TIC en
el país tuviera en cuenta el rol protagónico de los usuarios y los consumidores en el redimensionamiento
de la cadena de valor de la industria.
2. Perfiles de uso de TIC en Colombia
A la hora de evaluar las condiciones de acceso y uso de TIC en Colombia resulta de gran importancia
ilustrar la información proveniente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
en el marco de la Encuesta de Calidad de Vida en sus mediciones de 2003 y 2008. De manera general,
el gráfico I.3 muestra que el acceso a bienes y servicios TIC por parte de los hogares colombianos había
mejorado significativamente en 2008.
En línea con los análisis anteriores, los hogares colombianos casi que multiplicaron por cinco el
acceso a la telefonía móvil, al pasar de representar un 17,7 por ciento del total de hogares colombianos en
2003 al 83,8 por ciento en 2008. Así mismo, el número de hogares colombianos con acceso a computadores
e Internet se duplicó en el mismo período. Por su parte, en 2008 el 88,5 por ciento de los hogares poseía
televisor a color, frente a un 76,7 por ciento en 2003, lo que equivale a un aumento de 11,8 puntos
porcentuales. En 2008, el 48,3 por ciento de los hogares colombianos tenía televisión por suscripción,
mientras que en 2003 el porcentaje era de 35,5.

Gráfico I.3
Porcentaje de hogares colombianos con acceso a TIC
35,5
28
DVD
TV suscripción
TV a color
Computador
Internet
Teléfono móvil
Teléfono fijo
47,1
48,3
0 20 40 60 80 100
ECV - 08 ECV - 03
88,5
76,7
22,8
11,2
12,8
5,5
83,8
17,7
44,3
54,7
2,2
Fuente: DANE, Encuestas de Calidad de Vida de 2003 y 2008. www.dane.gov.co
Este incremento significativo de hogares con acceso a TIC vino acompañado de la consolidación de
perfiles de consumo que debían ser tenidos en cuenta a la hora de definir el marco de política y regulación
sectorial. En efecto, el módulo TIC de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, desarrollado entre julio
y diciembre de 2008, mostraba que el 46,4 por ciento de los colombianos mayores a cinco años había
utilizado un computador (en cualquier lugar) en 2008. En relación con el uso de Internet, este indicador
era del 37,5 por ciento en el total nacional.
Adicionalmente, los datos del DANE revelan que los lugares más frecuentados para el uso de
Internet por personas mayores de cinco años en 2008 fueron: los centros de acceso público con costo (47,2
por ciento), los hogares (43,8 por ciento) y las instituciones educativas (26,6 por ciento).
Sin embargo, a la hora de identificar los usos que daban los colombianos a las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y más particularmente a la Internet, se vislumbraban importantes
desafíos asociados con la necesidad de sofisticar el uso y la apropiación de dichas tecnologías por parte
de la ciudadanía en general. Como lo muestra el gráfico I.4, tan sólo el 5,9 por ciento de los colombianos
mayores a cinco años que usaron Internet, lo hicieron para realizar compras electrónicas (comercio
electrónico), y sólo un 3,9 por ciento se conectaron para realizar transacciones con el Gobierno.
Tal y como se señaló en la introducción de esta sección, el dinamismo del acceso a las TIC debe ir
acompañado por el uso de dichas tecnologías para el desempeño de labores cotidianas y productivas de
los ciudadanos, las empresas y el Gobierno. En este contexto, para el caso de los ciudadanos, resultaba
indispensable que el marco legal propuesto estableciera lineamientos claros al Gobierno Nacional para
definir mecanismos que incentiven la industria de contenidos y aplicaciones que favorezcan un uso más
sofisticado de la Internet por parte de los colombianos.
Alternativamente, el hecho de que casi el cuarenta por ciento de la población nacional estuviera
usando Internet, y que más del ochenta por ciento de los hogares colombianos tuviera acceso a una
línea móvil, implicaba importantes desafíos para el régimen de protección de usuarios de servicios

Gráfico I.4
Perfiles de uso de Internet en 2008
(Porcentaje de usuarios de Internet según perfiles de uso)
29
Transacciones con el Gobierno
Compras de bienes y servicios
Banca electrónica
Educación y aprendizaje
Entretenimiento
Comunicación
Búsqueda de Información
3,2
5,9
10,9
50,6
52,2
80,3
92,0
0 20 40 60 80 100
Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (jul.-dic. 2008). www.dane.gov.co
Para 2008, ya era una realidad que los principales servicios de telecomunicaciones estaban siendo
provistos al usuario final en un ambiente de convergencia tecnológica, competencia y globalización. Sin
embargo, desde la promulgación de la Ley 142 de 1994, el sector telecomunicaciones contaba con dos
entidades encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos de los usuarios, la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para los servicios de telefonía fija, y la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) para las telecomunicaciones no domiciliarias (bajo esta denominación se
incluía la telefonía móvil y los servicios de acceso a Internet en banda ancha)16. Más importante aún, en
2008 existía en Colombia un marco regulatorio de protección de usuarios fragmentado para servicios
de telecomunicaciones y para los servicios de televisión por suscripción, a pesar de que estos servicios
utilizaban, o podían utilizar, las mismas redes y ser prestados por los mismos proveedores.
Recuadro I.3
Protección de usuarios de servicios de telecomunicaciones
La protección de los derechos de los usuarios, de cara a las importantes innovaciones tecnológicas y de
mercado, en entornos convergentes es un imperativo. En mercados como el colombiano, en los que el número de
usuarios de estos servicios ha crecido a tasas de dos dígitos en la última década, es mucho más probable que ellos
vean infringidos sus derechos en la relación contractual que entablan con los proveedores. De ahí lo planteado
en el numeral cuarto de la Ley 1341 como principio orientador, según el cual: “El Estado velará por la adecuada
protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así
como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data, asociados a la prestación del
servicio. Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de
mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto,
dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara,
transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen
sus decisiones.”
16 Esta última facultad la otorgaba el Decreto 1130 de 1999 (ver http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea
/1999/junio/29/dec1130291999.pdf), en virtud del cual, se modificó en su momento la estructura institucional del
sector de telecomunicaciones.

En este escenario de convergencia tecnológica y de servicios, pero de divergencia institucional
en relación con los regímenes de protección de usuarios, los entes encargados de la regulación habían
avanzado en la actualización de sus normas de defensa del usuario. No obstante, era indispensable
propender por una armonización institucional y regulatoria más profunda. Este asunto fue explícitamente
abordado por el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
Con la expedición del Decreto 2870 de 2007 se dieron lineamientos claros para propender por la
adecuación del marco regulatorio en ambiente de convergencia tecnológica acorde a las necesidades de los
usuarios17. En este sentido, se encomendó a la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
entre otras tareas, la adecuación del marco regulatorio de protección al usuario de los mercados de
telecomunicaciones. Dicha comisión expidió la Resolución CRT-1732 de 2007 en cuanto a servicios
de telecomunicaciones18. En línea similar, y bajo los criterios de autonomía institucional, la Comisión
Nacional de Televisión (CNTV) adoptó el Acuerdo 011 de 2006, en el cual se dictan las medidas de
protección de usuarios de los servicios de televisión por suscripción19.
A pesar de la unidad de criterios, la separación institucional de la protección de usuarios de
telecomunicaciones entre la SIC y la SSPD causaba importantes dificultades a los usuarios a la hora
de ejercer sus derechos, en un escenario competitivo en el que la Internet y la telefonía fija podían ser
prestados en paquetes por parte de los proveedores de telefonía fija.
De esta manera, se requería avanzar en la armonización institucional de la protección de usuarios,
así como promover la coordinación armónica de principios entre dicho ente único y la CNTV. Esto podría
significar una disminución de los costos de transacción para los usuarios, evitaría posibles problemas por
duplicidades del régimen, daría claridad tanto a usuarios como proveedores sobre las disposiciones, y
reduciría posibles sobrecostos administrativos de los proveedores derivados de la gestión simultánea de
regímenes diferenciales de protección al usuario20.
D. Compromisos internacionales de la Sociedad
30
de la Información
El sector de tecnologías de la información y las comunicaciones debe contribuir a la consolidación
de una visión de Estado y de largo plazo para un país firmemente comprometido con la realidad
internacional de consolidación de la “Sociedad de la Información”. Se entiende por ésta, según las
conclusiones de la Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003),
una sociedad en donde la información influye significativamente sobre los procesos de organización
social, jugando un rol protagónico que pocos factores pueden desempeñar: la redefinición de nuestro
mundo presente.
La consolidación de la Sociedad de la Información ha sido enmarcada conceptualmente por
Schement y Lievrouw (1986) en el debate “continuidad vs. discontinuidad”. En este contexto, se trata de
dar respuesta al interrogante: ¿Es la Sociedad de la Información un nuevo modo de organización social,
o es simplemente la continuación de modelos preexistentes de organización? En este debate, el Gobierno
17 Para consultar el Decreto 2870 de 2007 ir al enlace: http://www.mintic.gov.co/mincom/documents/portal /documents/
root/Normatividad/Legislacion/D2870de2007.pdf
18 Para consultar la Resolución 1732 de 2007 de la entonces CRT, ir al enlace http://www.crcom.gov.co/index.
php?option=com_phocadownload&view=category&id=4%3Adocumentos&download=4%3Aresolucion-crt-1732-
de-2007-regimen-de-proteccion-de-los-derechos-de-los-usuarios&Itemid=122&lang=es
19 Para consultar el Acuerdo 011 de 2006 de la CNTV, ir al enlace http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/acuerdo/
cntv/2006/acuerdo_cntv_0011_2006.html
20 Perrucci y Cimatoribus (1997) brindan una primera aproximación del impacto positivo de la armonización regulatoria
de cara a la convergencia tecnológica, en relación con la disminución de costos de transacción.

Nacional ratificó en 2006, con su Plan de Gobierno en TIC 2006-2010, la visión de continuidad. Es
decir, se consideró que la Sociedad de la Información se consolidaría progresivamente, en la medida en
que la implementación de TIC modificara y caracterizara el relacionamiento socioeconómico y político
de los colombianos.
Desde esta perspectiva epistemológica, la política pública juega un rol de facilitador y jalonador,
mediante la construcción de una visión integral de largo plazo y la coordinación de sus diferentes
instancias con el fin de minimizar los riesgos asociados al “avance hacia una sociedad mejor informada”.
En consecuencia, Colombia ha apostado a que sus políticas de desarrollo de la Sociedad de la Información
sean holísticas y contribuyan a reforzar la identidad nacional, mostrando un amplio interés por garantizar
que el desarrollo del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones tenga un impacto
efectivo sobre el bienestar socioeconómico de sus habitantes.
Satisfactoriamente, esta apuesta se encuentra completamente alineada con el Plan de Acción
de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, realizada en Ginebra en 2003 y en Túnez
en 2005 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), órgano de las Naciones Unidas
para la coordinación internacional de gobiernos y sector privado en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones. En estas cumbres se consolidaron los lineamientos para contribuir
significativamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional,
a través de la promoción del acceso, el uso y la apropiación de tecnologías de la información y
las comunicaciones.
Desde la perspectiva de la política pública, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información (2003) de Ginebra resalta la importancia de liderar, desde el gobierno, procesos de
conformación de agendas nacionales que promuevan la masificación de las TIC, con el objetivo de
contribuir al mejoramiento del desempeño socioeconómico de las naciones.
En relación con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los compromisos
internacionales son contundentes en reafirmar la necesidad de ampliar su participación e injerencia
en la definición de las políticas sectoriales, dejando de ser simplemente actores del mercado de las
telecomunicaciones. Así, en el sector TIC, los proveedores adquieren de facto una responsabilidad social,
ya que sus estrategias de dinamización del portafolio de productos y servicios, así como el despliegue
de infraestructura, generan externalidades positivas que deben ser evaluadas y cuantificadas a la hora de
tomar decisiones de política pública.
A partir de estos dos cambios en la visión internacional de los roles del sector público y privado
en el desarrollo de las TIC, resultaba inaplazable redefinir el rol de la política pública sectorial.
Con estos ajustes, también se facilitaría la introducción de un enfoque holístico para la política
social liderada por el Gobierno Nacional en el ámbito de las TIC. Específicamente, el compromiso
internacional de la Sociedad de la Información, cuyo objetivo consiste en la construcción de una visión
integradora, que pusiera a estas tecnologías al servicio del desarrollo, requería una redefinición del rol
del Estado.
Con este marco conceptual, resultaba indispensable redefinir un marco legal e institucional que,
entre otros, facilitara el cumplimiento de algunos de los siguientes compromisos que adquirió Colombia
en el marco de las Cumbres Mundiales de la Sociedad de la Información:
Formular ciber-estrategias nacionales que fomenten la creación de las • capacidades humanas
en TIC.
• Facilitar el diseño e implementación de programas de incubadoras, inversiones de capital riesgo
(nacionales e internacionales), fondos de inversión gubernamental (incluida la microfinanciación
para pequeñas, medianas y microempresas), así como estrategias de promoción de inversiones
en la industria del software.
31

Establecer medidas de apoyo para un entorno propicio y competitivo que • favorezca la inversión
necesaria en infraestructura de TIC y el desarrollo de nuevos servicios.
• Concebir políticas y estrategias adecuadas de acceso universal, y los medios necesarios para su
aplicación, con arreglo a las metas indicativas, y definir indicadores de conectividad a las TIC.
• Fortalecer la infraestructura de redes de banda ancha, con inclusión de los sistemas por satélite
y otros sistemas que contribuyan a crear la capacidad necesaria para satisfacer el perfil de
demanda de servicios TIC.
• Proporcionar acceso adecuado a la información oficial pública mediante diversos recursos de
comunicación, especialmente por Internet.
• Promover la investigación y el desarrollo para facilitar el acceso de todos a las TIC, con inclusión
de los grupos desfavorecidos, marginados y vulnerables.
• Definir políticas nacionales para garantizar la plena integración de las TIC en todos los niveles
educativos y de capacitación.
• Fomentar las capacidades de las comunidades locales, especialmente en las zonas rurales
y desatendidas, en la utilización de las TIC y promover la producción de contenido útil y
socialmente significativo en provecho de todos.
• Prevenir, detectar, y responder a la ciber-delincuencia y el uso indebido de las TIC
• Fomentar un marco político, jurídico y reglamentario propicio, transparente, favorable a la
competencia y predecible, que ofrezca los incentivos apropiados para la inversión y el desarrollo
comunitario en la sociedad de la información.
• Actualizar el régimen nacional de protección del usuario, para responder a las nuevas necesidades
de la sociedad de la información.
• Formular estrategias nacionales que comprendan estrategias de gobierno electrónico, para que
la administración pública sea más transparente, eficaz y democrática.
• Fomentar la formulación de marcos legales que garanticen la independencia y la pluralidad de
los medios de comunicación.
• Tomar medidas apropiadas, compatibles con la libertad de expresión, para combatir los
contenidos ilícitos y perjudiciales en los medios de comunicación.
• Garantizar que las estrategias nacionales en materia de TIC formen parte de los planes de
desarrollo nacionales, incluyendo las estrategias de reducción de la pobreza.
• Concebir instrumentos destinados a proporcionar estadísticas sobre la Sociedad de la
Información, con indicadores básicos y análisis de sus dimensiones clave. Se debe dar prioridad
al establecimiento de sistemas de indicadores coherentes y comparables a escala internacional,
teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo.
Satisfactoriamente, todos estos compromisos fueron incorporados en la Ley 1341 de 2009, por
lo que se encuentra garantizado un marco legal de principios, que una vez desarrollado mediante los
respectivos instrumentos normativos y reglamentarios, garantizará que Colombia sea uno de los países
líderes en cumplimiento de los compromisos internacionales aquí enunciados.
32

II. Contexto de la Ley de TIC
(L1341/09)
Desde la construcción de la Visión Colombia II Centenario – 2019 (ver
DNP, 2005), y como manifestación coherente de los innumerables debates
sectoriales, se hizo evidente la imperiosa necesidad de llevar a cabo ajustes
legales e institucionales en el sector de telecomunicaciones.
En efecto, la necesidad de preparar al sector para hacer frente a los
desafíos que trae consigo el desarrollo de la convergencia en todas sus
dimensiones: tecnológica, de mercado e institucional, implicaba para el
Gobierno Nacional plantear un nuevo equilibrio entre la promoción del
desarrollo competitivo del sector y el cumplimiento de los compromisos
sociales de cobertura derivados de la naturaleza de servicio público que
ostentan las telecomunicaciones.
Por otra parte, como resultado de la “legislación por servicios”, que
tuvo lugar en los veinte años posteriores a la promulgación de la Ley 72
de 1989, se creó un escenario heterogéneo desde la perspectiva normativa,
regulatoria e institucional. De esta forma, se consolidaron barreras de entrada
que no estaban en línea con las necesidades de ampliación de cobertura
y masificación del servicio. Así mismo, las posibilidades de respuesta
normativa y regulatoria frente al desarrollo tecnológico intensificado a
comienzos del siglo xxi eran limitadas respecto de los requerimientos
de simetría competitiva que con el devenir del tiempo se convirtieron en
condición necesaria para la facilitación de la convergencia tecnológica.
En este contexto, se trabajó desde comienzos de 2007, con una
permanente retroalimentación intragubernamental y sectorial, en la
estructuración de los pilares conceptuales de la actual Ley 1341 de 2009
o Ley de TIC.
33

En la presente sección se exponen de manera integral los principales aspectos de la realidad
sectorial que motivaron la estructuración de una propuesta de ajuste legal e institucional. Primero, se
describe la estructura legal del sector de telecomunicaciones a comienzos de 2007, fecha en la cual se
inició la redacción y discusión del texto del proyecto de ley. Segundo, se procede a describir el contexto
de mercado y tecnológico del sector. Cuarto, se presenta un diagnóstico institucional del sector. Por
último, se resume el trámite en el Congreso del proyecto de ley que constituyó la génesis de la ley y se
describen sus principales planteamientos.
A. Estructura legal de las telecomunicaciones
34
en Colombia en 2007
El mercado de telecomunicaciones en Colombia tradicionalmente se estructuró con base en servicios
diferenciados prestados a través de redes especializadas para cada uno de ellos. Esta realidad de mercado
se ha reflejado históricamente en el ordenamiento jurídico, el cual se ha referido, primero a los servicios
básicos (portador, telefonía, telegrafía) y a los de difusión (radio y televisión), y después a los servicios
de valor agregado y telemáticos.
Dicha especialización también se demuestra en la evolución normativa del sector de
telecomunicaciones en Colombia; por ejemplo, desde el Decreto Legislativo 3418 de 1954, hasta la
Ley 555 de 2000 (servicios de comunicación personal, PCS por sus iniciales en inglés), pasando por el
Decreto Ley 1900 de 199021, la Ley 37 de 1993 (telefonía móvil celular) y la Ley 182 de 1995 (servicio
público de televisión).
La promulgación de la Ley 72 de 1989 y del Decreto Ley 1900 de 1990 constituyeron hitos
trascendentales en el desarrollo sectorial, ya que por primera vez se define integralmente la política
que orienta al sector de las telecomunicaciones en Colombia. Entre los aspectos más importantes de
este marco legal se encontraba la introducción del régimen de competencia, la participación privada en
la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones, la importancia de la interconexión de las
redes para facilitar el uso eficiente y la adecuada expansión del servicio en todos los rincones del país.
En este marco legal, el Estado preservó la potestad de ejercer un control estricto sobre el acceso al
mercado en materia de redes y servicios. Sin embargo, la norma previó la posibilidad de su flexibilización,
a través de autorizaciones generales para unas y otros, que tuvieran siempre por objeto razones de orden
técnico. Así mismo, se independizó la naturaleza de los títulos de concesión de servicios de los permisos
para el uso del espectro y las autorizaciones de las redes.
Por otra parte, el Decreto Ley 1900 de 1990 ordenó y clasificó los servicios según la importancia
que ellos tenían para la sociedad y les determinó a cada cual su propio régimen de habilitación y prestación
y, en general, fijó las bases necesarias para hacer efectivo en el sector un modelo de competencia para el
servicio público.
Como resultado de la diferenciación de las condiciones de acceso al mercado para la provisión de
redes y servicios de telecomunicaciones, las licencias (actos administrativos) y los contratos, según el
tipo de servicio que se tratara, se expidieron las normas para la concesión y operación de los servicios
de telefonía móvil celular. La Ley 37 de 1993 creó el servicio de telefonía móvil celular (TMC), con
algún retraso respecto de lo ocurrido en otros países de la región. Esta ley es considerada como el primer
intento serio de introducir competencia efectiva a las redes de telefonía pública básica conmutada de
servicios de voz (TPBC), tanto a nivel local como a nivel de larga distancia22.
21 Ver clasificación de los servicios, artículos 27 a 33. Para conocer el contenido del Decreto Ley 1900 ir al enlace http://
www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1990/agosto/19/dec1900191990.pdf
22 El proceso fue gradual. En una fase de transición de cinco años se establecieron mercados regionales (tres regiones),

Posteriormente, como consecuencia de la reforma introducida por la Ley 80 de 1993 al régimen
de contratación estatal, se redefinieron las reglas para el otorgamiento de concesiones en materia de
telecomunicaciones, que ya se había dispuesto desde 1990. Más particularmente, las concesiones
se sujetaron en todo caso, trátese de licencias o de contratos, al régimen jurídico contractual y, a su
vez, se determinó que el tipo o la naturaleza del mismo (licencia o contrato) dependería de las reglas
establecidas en el Decreto Ley 1900 de 1990.
En 1994, se expidió la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), la cual produjo
un cambio fundamental en el direccionamiento de la política del sector, al someter a su régimen el servicio
de telefonía pública básica conmutada, que en su momento era considerado el de mayor importancia para
la sociedad, eliminando por completo las barreras de entrada para este mercado23. Esta variación de la
política se hizo más evidente respecto de los demás servicios de telecomunicaciones, los que por no tener
el carácter de domiciliario quedaron sujetos a lineamientos de política diversa, y generó una contradicción
evidente: mientras los servicios de telefonía fija, considerados como esenciales para la sociedad en su
momento, podían proveerse y desplegarse sin la intervención del Estado en cuanto el régimen de acceso
al mercado, los demás sí mantenían barreras administrativas de entrada.
En efecto, la Ley 142 de 1994 terminó con el monopolio legal de Telecom en la prestación de
servicios de larga distancia. De igual manera, creó las Comisiones de Regulación y la estructura de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Adicionalmente, incluyó a los
servicios de TPBC como servicios públicos domiciliarios bajo la vigilancia y control de dicha SSPD,
estableciendo con ello una clara separación normativa en vigilancia y control con otros servicios
Por otra parte, la legislación en materia de televisión promulgada a través de las Leyes 182 de
1995 y 335 de 1996, reiteró la política de liberalización y competencia también en estos servicios,
aunque por su naturaleza éstos continuaron sujetos a estrictas barreras de entrada al mercado
y profundas asimetrías normativas, técnicas y económicas frente a los demás servicios y redes
de telecomunicaciones24.
Posteriormente, en la Ley 555 de 2000 se expidió el régimen legal para la provisión de los servicios
de comunicaciones personales (PCS, por sus iniciales en inglés), facilitando el acceso a la prestación de
estos servicios móviles o fijos para voz, datos e imágenes25.
Adicionalmente, el marco normativo de los servicios de valor agregado, concebidos desde el
Decreto Ley 1900 de 1990, fue ampliado por los decretos 600 y 3055 de 2003, así como por conceptos y
documentos de política. Todo esto permitió aclarar el alcance de este grupo de servicios, principalmente
en lo que respecta a voz sobre IP (septiembre de 2004), promoción y masificación de los servicios de
banda ancha (marzo de 2005), y alcance de los servicios de valor agregado y telemáticos con respecto a
las servicios de TPBC (abril de 2006).
Por último, se expidió el Decreto 2870 de 2007, conocido como Decreto de Convergencia, con
el fin de facilitar la entrada de nuevos inversionistas, maximizar la utilización de la infraestructura
de telecomunicaciones, y promover el desarrollo de nuevos servicios apoyados en las TIC. En cuanto
con una estructura impuesta de duopolio entre una empresa privada y una empresa mixta, que terminó con la creación
de un mercado único nacional a fines de los noventa y la consolidación de dos grandes actores para este servicio que
compiten actualmente con el proveedor de servicios de comunicación personal (PCS, por sus iniciales en inglés).
23 Para consultar el texto de la Ley 142 de 1994 ir al enlace: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
35
ley/1994/ley_0142_1994.html
24 Para consultar la Ley 182 de 1995 ir al enlace: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/ 1995/
ley_0182_1995.html. Para el texto de la Ley 336 de 1995 consultar: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley/1996/ley_0335_1996.html
25 La Ley 555 de 2000 se puede consultar en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000 /
ley_0555_2000.html

a la eliminación de barreras de entrada para los inversionistas, se creó un régimen de licenciamiento
unificado y simplificado, a través del Título Habilitante Convergente que permitía, a través de una sola
licencia, prestar servicios públicos de telecomunicaciones como telefonía de larga distancia y servicios
de valor agregado26.
Adicionalmente, en este decreto se establecía que el entonces Ministerio de Comunicaciones
revisaría las contraprestaciones periódicas al entonces Fondo de Comunicaciones, con el fin de determinar
su reducción gradual hasta un límite del tres por ciento de sus ingresos brutos en el 2010.
Con el fin de optimizar el uso y aprovechamiento de la infraestructura existente, se introdujo la
obligación para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, con posición dominante
en un mercado, de ofrecer al por mayor minutos, ancho de banda o similares a terceros, para que éstos
suministren servicios al público. Complementariamente, el decreto creó la figura de desagregación de las
instalaciones esenciales, así como de las cabezas de los cables submarinos y el bucle de abonado, como
obligación para los proveedores con posición dominante.
Finalmente, se introdujeron mecanismos eficaces para procesos de asignación de permisos
de uso del espectro radioeléctrico y se posibilitó la cesión de dichos permisos, previa autorización
del Ministerio.
B. Trámite en el Congreso de la República de Colombia
Una vez desarrollados, entre finales de 2006 y comienzos de 2007, los estudios técnicos de rigor, y
establecido un primer borrador del proyecto de ley, en coherencia con el marco de política y los antecedentes
sectoriales, incluidos los seis intentos durante una década de tramitar una ley de telecomunicaciones, el
hoy denominado Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrolló una agenda
intensa de retroalimentación con los agentes del sector TIC y con instancias del Gobierno involucradas
con el tema como las superintendencias de Industria y Comercio y la de Servicios Públicos Domiciliarios,
el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda.
En mayo de 2007 se llevó a cabo la primera reunión oficial entre el Ministerio, las entidades
públicas y el pleno de los gremios del sector, entre ellos: la Asociación Colombiana de Call Center
(Asocallcenter), la Asociación Colombiana de Empresas de Internet (Asonet), la Asociación Colombiana
de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos y Afines (Aciem), la Asociación de la Industria Celular de Colombia
(Asocel), la Asociación de Usuarios de Comunicaciones (Asucom), la Cámara Colombiana de Informática
y Telecomunicaciones (CCIT), el Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (Cintel) y la
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias
e Inherentes (Andesco).
En paralelo a estas reuniones, el Ministerio venía desarrollando los estudios de soporte para la
estructura institucional que contribuyera a la implementación del marco legal. En este escenario se concluyó
la pertinencia de la integración de todo el proceso técnico de soporte al hoy Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en la planeación, administración y gestión del espectro radioeléctrico,
así como del proceso de vigilancia y control del mismo en un ente especializado adscrito al Ministerio.
Dado que esta última propuesta requería de iniciativa legal, se radicó en septiembre de 2007, el proyecto
de ley “por la cual se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones”.
26 Se exceptuaban de este título los servicios de televisión, radiodifusión sonora, telefonía móvil celular (TMC),
servicios de comunicación personal (PCS), y los servicios de telefonía pública básica conmutada local, local extendida
y telefonía móvil rural.
36

La dificultad de tramitar iniciativas legislativas sobre temas del sector, en gran medida por el
poder de negociación que tienen varias de las empresas, así como por el temor de ellas que el Congreso
introduzca cambios sin sopesar sus impactos o se incorporen otros temas que no consulten el interés
general, el Ministerio prefirió iniciar la discusión radicando el proyecto de creación de la Agencia Nacional
del Espectro.
La aceptación del tema y el buen ambiente que se vivía en el Congreso así como la disposición de
los actores del sector de analizar y buscar consensos en otros acápites, llevó a la decisión adoptada con
los parlamentarios en el primer debate en la Cámara de Representantes, de incorporar todos aquellos
temas fundamentales para actualizar el marco legal que asegurara la competencia, la protección de los
usuarios, la intervención estatal, el despliegue de infraestructura y el acceso y uso de estas tecnologías.
Se acordó igualmente excluir los temas de televisión y postales, de un lado porque en simultánea cursaban
en el congreso dos proyectos de ley de reformas en esos temas que había radicado el Ministerio. De otro,
porque la sensibilidad política de cambios legislativos en los temas de televisión podían frenar el avance
del proyecto de ley.
En junio de 2008 fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto con
ese nuevo alcance, y pasaba para trámite en el Senado. Entre junio y diciembre de 2008, los Senadores
Ponentes lideraron una estrategia de foros de socialización del Proyecto con el sector de tecnologías de la
información y las comunicaciones, que contribuyó a que en diciembre de ese año se radicara la ponencia
para el debate en comisión en el Senado. Durante el primer semestre de 2009, una vez se reanudaron las
sesiones del Congreso, se percibía un ánimo en el Senado de no discutir el proyecto de ley y dejarlo hundir
por falta de trámite, en gran medida por el malestar de los senadores de la comisión responsable de estos
temas con el trato que según ellos estaban recibiendo del Gobierno, la falta de ‘compromiso explícito’
del Presidente con el Proyecto, y la presión de algunos actores sectoriales para que no avanzara y así
mantener el statu quo.
Luego de una gestión intensa del Ministerio con la Presidencia de la República y otras entidades
gubernamentales, sumado al apoyo de varios gremios del sector, se aprobaron tanto el texto del proyecto
de ley en la plenaria del Senado (18 de junio de 2009), como los informes de conciliación en las plenarias
de Cámara y Senado (19 de junio de 2009). Posteriormente, la ley 1341 fue sancionada por el Presidente
de la República el 30 de julio de 2009.
Como resultado del proceso de análisis, debates y consensos con los parlamentarios desde que
la radicación de la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes en diciembre de 2007,
varios fueron los temas que se incluyeron, modificaron o sacaron. Se destacan: primero, la inclusión del
título sobre radiodifusión sonora. La radio colombiana tenía una legislación dispersa y desactualizada,
en gran medida por la sensibilidad política que limitaba llevar propuesta sobre el tema al Congreso. El
proyecto de ley fue la oportunidad de recoger, revisar y actualizar la legislación, que sumado a la reciente
expedición del nuevo Estatuto de Radio por parte del Ministerio, permitía incluir a la radio dentro del
gran tema de TIC, medio por excelencia para mantener informado a la ciudadanía.
Tema novedoso y crucial para la optimización de los recursos, el avance tecnológico y la
autonomía de los operadores en la decisión sobre uso de los recursos escasos, fue la introducción
del concepto de neutralidad tecnológica. Con lo cual se facilita la competencia en la prestación de
nuevos servicios y se asegura una mirada permanente sobre los usos futuros de los recursos, licencias
o permisos de comunicaciones.
Se tomó la decisión que la Superintendencia de Industria y Comercio SIC fuera el ente responsable
del régimen de protección de los usuarios de telecomunicaciones, con lo cual se buscaba que fuese uno
y no dos los responsables de tan importante actividad. De hecho la SIC venía desarrollando dicha labor
para los servicios móviles (con cerca de 42 millones de usuarios) mientras que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios tenía la responsabilidad sobre la telefonía fija (cerca de 7.6 millones
de usuarios).
37

De otro lado, se unificó el régimen de contraprestaciones, que es el precio público que todos los
proveedores de servicios de comunicaciones deben pagar al Fondo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (FonTIC). En el régimen anterior la telefonía pública básica conmutada no pagaba
dicha contraprestación. Al tiempo se aceptó que el régimen de transición para el desmonte del esquema
de subsidios contemplado en la Ley 142 de 1994, no fuera de 3 años como propuso el Ministerio sino de
5 como proponían las empresas. Igualmente, se tomó la decisión de sustituir los subsidios a la demanda
de la Ley 142 de 1994 por subsidios a la oferta a través del financiamiento de los proyectos que haría
el FonTIC.
Lamentablemente y por haber tomado la decisión muy tarde, cuando habían pasado dos de los
cuatro debates que se requerían en el Congreso, quedó por fuera la posibilidad de crear la superintendencia
especializada en temas de comunicaciones, propuesta liderada por el Ministerio y avalada por el sector y
el Congreso, pero que lamentablemente no logró el consenso que requería al interior del Gobierno.
C. Planteamientos generales de la Ley de TIC
La Ley 1341 de 2009 marca un hito en la política pública sectorial; a través de ella (Art. 3º): “el Estado
reconoce que el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el despliegue
y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los
usuarios, la formación del talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para
la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento,” impactando en el mejoramiento
de la inclusión social y de la competitividad del país.
En esta línea, el marco legal e institucional planteado tiene como principios orientadores:
priorizar el acceso y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; promover la
libre competencia; incentivar el uso eficiente de la infraestructura y los recursos escasos; garantizar la
protección de los derechos de los usuarios; y generar incentivos adecuados para la inversión privada.
Adicionalmente, se introduce en el país el principio de neutralidad tecnológica, para desplegar
nuevas oportunidades a los agentes que confluyen en el sector de las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
Después de determinar los principios orientadores, la Ley brinda una definición de tecnologías
de la información y las comunicaciones, así como del sector económico relacionado. Esto es un logro
significativo ya que aun en escenarios internacionales no se ha llegado a un consenso de definición de
TIC. Así mismo, esta definición permite circunscribir los límites de la intervención y/o de las políticas de
promoción en el sector TIC. Adicionalmente, esta definición claramente incorpora los nuevos aspectos de
énfasis sectorial como son las tecnologías de la información, las aplicaciones y los dispositivos.
Desde sus inicios, la Ley plantea que las telecomunicaciones son servicios públicos, mas no de
carácter domiciliario. Con este planteamiento, el legislador hace un reconocimiento de la evolución
tecnológica sectorial, así como de la nueva dinámica de mercado en la cual la movilidad y la ubicuidad
son principios fundamentales para el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones.
La Ley define un nuevo orden institucional que responde a las realidades convergentes del
sector TIC. De esta forma, el anterior Ministerio de Comunicaciones se transforma en el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como ente adscrito al Ministerio y especializado
en la gestión técnica y en la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, se crea la Agencia Nacional
del Espectro. Desde la perspectiva regulatoria, se plantea también la transformación de la CRT en la
actual Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Por otra parte, la Ley 1341 de 2009 desarrolla, como lo establecen las recomendaciones de la
sección 1, un régimen integral de habilitación de servicios de telecomunicaciones, así como de planificación,
38

administración y gestión del espectro radioeléctrico; un régimen de derechos y obligaciones derivados del
régimen de habilitación (interconexión, protección de usuarios, entre otros); y los lineamientos de política
pública para la promoción del acceso y servicio universal en materia de TIC, así como sus mecanismos
de financiación.
Posteriormente, esta ley plantea un régimen de infracciones y sanciones, así como el esquema
de transición de los proveedores establecidos hacia el nuevo esquema legal en ella planteado. En este
régimen de transición se brindan los incentivos suficientes para que los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones se acojan voluntariamente, durante el período remanente de sus títulos habilitantes,
al nuevo régimen propuesto.
Finalmente, y como régimen particular para los proveedores de redes y servicios de telefonía
pública básica conmutada local, se minimiza el impacto del desmonte al esquema de subsidios de los
anteriores servicios públicos domiciliarios, fijando un esquema gradual de eliminación de dichos subsidios
en un período de cinco años. Con esto, se muestra que el régimen de transición es integral, ya que cubre
tanto a los proveedores como a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones sobre los cuales tiene
injerencia esta ley.
39

III. Pilares normativos e
institucionales de la Ley de TIC
A. Habilitación de redes y servicios
de telecomunicaciones
El régimen de habilitación en el sector telecomunicaciones es considerado
como una prioridad para la construcción de un entorno de política
y regulación sectorial que promueva la competencia y favorezca la
proliferación del multiple-play. A partir de Burdon (2006), se confirma que
regímenes que facilitan la entrada de nuevos proveedores y que además
permiten que los proveedores establecidos extiendan el ámbito de sus
modelos de negocio a nuevos servicios, son considerados como entornos
en los que se promueve la competencia y se explotan las oportunidades de
la convergencia en todas sus dimensiones.
Así mismo, a la hora de definir si es pertinente cobrar cánones
iniciales a nuevos entrantes interesados en la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones, es importante establecer un balance entre dicho propósito
y la necesidad de evitar que el valor de tales cánones constituya una barrera
de entrada al mercado. También, debe considerarse que los cánones iniciales
tienen que ser recuperados, tradicionalmente a través del precio del servicio,
y en consecuencia las tarifas para los usuarios finales deben aumentar.
A manera de ilustración, en Colombia, el canon para entrar al
mercado del servicio de telecomunicaciones de larga distancia nacional
e internacional, entre 1997 y agosto de 2007 fue de ciento cincuenta
millones de dólares. Este canon se constituyó en una fuerte barrera de
entrada que afectó la estructura y el desempeño del servicio de larga
distancia en el país.
41

Hoy en día, dados los niveles de competencia mundial y el rápido desarrollo de las tecnologías,
la tendencia internacional consiste en reducir los costos de entrada al mercado. Un mecanismo eficiente
para incentivar la entrada al mercado es a través del establecimiento de condiciones generales aplicables
uniformemente a todo el sector de telecomunicaciones, y la existencia de contraprestaciones de entrada
mínimas o incluso la ausencia de las mismas.
En consistencia con el surgimiento de la convergencia tecnológica en los mercados de
telecomunicaciones, varios países han venido modificando sus regímenes de telecomunicaciones para
favorecer el desarrollo de servicios convergentes, la expansión del mercado y la competencia, y de ese
modo permitir la prestación de nuevos e innovadores servicios, la reducción de precios y el incremento de
la eficiencia y la variedad de ofertas, en beneficio de los usuarios.
En este sentido, la mayoría de los regímenes de simplificación de licencias y migración hacia
un régimen de habilitación general limitan la habilitación individual para servicios concretos y el uso
del espectro radioeléctrico. Simultáneamente, se amplían los servicios que son concedidos mediante
una habilitación general. En algunos lugares como Hong Kong, India, Malasia y Singapur han migrado
hacia licencia de clase para ciertos servicios de telecomunicaciones, y en algunos casos, como la Unión
Europea, Finlandia, Japón y Moldavia, ciertos servicios sólo requieren una notificación.
En concordancia con la tendencia internacional, que ha probado incentivar la entrada de nuevos
proveedores sin afectar las fuentes de recursos destinados a las estrategias gubernamentales de acceso
y uso universal, el título II de la Ley 1341 de 2009 describe el nuevo régimen de habilitación para la
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. Allí se plantea que la provisión de redes y servicios
públicos de telecomunicaciones se habilita de manera general con un régimen de derechos y obligaciones
que se aplica transversalmente a todos los proveedores, con neutralidad tecnológica y competitiva. Así
mismo, se establece que la habilitación se entenderá surtida formalmente cuando el interesado en proveer
redes y servicios de telecomunicaciones se inscriba en el “registro” creado para tal fin.
Como se ilustra en el gráfico III.1, hoy Colombia se ubica en la frontera de los desarrollos
conceptuales y regulatorios de telecomunicaciones que migran hacia regímenes de habilitación general
para la prestación de dicho servicios, con la consecuente limitación de la actuación del Estado al
ámbito de los recursos escasos.
Gráfico III.1
Visión internacional de ajustes legales en materia de habilitación
42
Licencia
específica
por servicio
Simplificación
de licencias:
una licencia
para múltiples
servicios
Categorías
amplias de
servicios
MALASIA
Licencia
Unificada o
Piramidal
INDIA
Licencia unificada
Una autorización /
una licencia para
múltiples servicios
(notificación previa
para cada servicio)
Argentina, Perú,
Estados Unidos
COLOMBIA
Licencia
para Redes y
Servicios
SINGAPUR
Fuente: elaboración propia con base en Creating a Regulatory Framework for New Technologies: Legal and
Institutional Challenges, Hong Kong, China 2-3 December 2006, TMG.

Desde la perspectiva jurídica, a partir de lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 1341, las
telecomunicaciones mantienen la condición de servicio público a cargo del Estado y por ende continúan
sometidas a la regulación, control y vigilancia de éste. En efecto, la Ley establece que el Estado mantiene
la titularidad de los servicios, lo cual se expresa claramente así:
ARTÍCULO 10.- HABILITACIÓN GENERAL. A partir de la vigencia de la presente Ley,
la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo
la titularidad del Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación
periódica a favor del Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Esta habilitación comprende, a su vez, la autorización para la instalación, ampliación,
modificación, operación y explotación de redes de telecomunicaciones, se suministren
o no al público. La habilitación a que hace referencia el presente artículo no incluye el
derecho al uso del espectro radioeléctrico.
Por lo tanto, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (sean éstos fijos o móviles)
se sujetan al cumplimiento del régimen jurídico especial definido para esta clase de servicios en la
Constitución y la ley. En el caso de las telecomunicaciones, la Ley 1341 de 2009 estableció un régimen
especial para este servicio, excluyéndolo de la aplicación de las normas generales sobre el tema.
De esta forma, la habilitación general contenida en el artículo 10 de la Ley equivale al permiso o
licencia que otorgaba el Estado colombiano a los particulares para la prestación de una actividad o servicio
que se encontraba reservada para éste. No obstante, lo dispuesto en dicho artículo conlleva una drástica
simplificación de los trámites para acceder a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones,
estableciendo una habilitación de índole general.
Sin embargo, con el fin de hacer efectiva la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones,
es necesario la inscripción en el Registro de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones,
de conformidad con el artículo 15 de la Ley de TIC. Se observa, entonces, que en el Registro deben
inscribirse quienes sean proveedores de redes y servicios o titulares de permisos para el uso de recursos
escasos, circunstancias en las cuales deben pagar la respectiva contraprestación.
En consecuencia, lo dispuesto en los artículos 10 y 15 de la Ley 1341 de 2009 busca minimizar
los trámites para acceder a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, eliminando los
procedimientos establecidos en el régimen anterior, para, en su lugar, establecer una habilitación general.
Siendo esto así, y bajo el postulado de que el Estado conserva la titularidad de dicha actividad, todos
aquellos interesados en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones deberán pagar la respectiva
contraprestación periódica a favor del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de
la que habla el artículo 36 de la ley en comento.
B. Acceso y gestión eficiente del espectro radioeléctrico
En el acceso al espectro radioeléctrico, el enfoque histórico adoptó el establecimiento de normas que
limitaban el uso de este recurso con base en servicios y tecnologías. Así, los títulos habilitantes otorgados
y las normas dictadas para regular el uso de este recurso no sólo establecían el servicio final específico
que podía ser prestado haciendo uso de las frecuencias a ser asignadas, sino que además establecían las
tecnologías concretas a ser empleadas en la explotación de tales frecuencias.
El resultado de este enfoque regulatorio fue la implantación de mecanismos rígidos de uso
del espectro radioeléctrico, los cuales han resultado inapropiados para afrontar los retos impuestos
por los actuales desarrollos tecnológicos y la convergencia de servicios. Por ello, en los últimos años
cada vez más países han venido reconociendo que los constantes avances tecnológicos en el sector, así
como el advenimiento de la convergencia, demandan un sistema flexible que contribuya a fomentar
la competencia.
43

Teniendo en cuenta que en relación con el espectro se busca siempre una mayor eficiencia en su
uso27, limitantes sobre los usos y aplicaciones en una banda de frecuencias, distintas de las que se requieran
para evitar interferencias y la protección de la vida humana y el medio ambiente, son innecesarias y
reducen la capacidad de maniobra de un proveedor en el mercado, al incrementar los costos asociados con
la introducción de nuevas tecnologías y servicios. En vista de ello, las reformas introducidas en materia
de política de espectro radioeléctrico han abordado dos principales líneas de acción.
Por un lado, se han revisado las condiciones por medio de las cuales se otorgan derechos para el uso
del espectro radioeléctrico, adoptándose el principio de neutralidad tecnológica y de servicios tanto en la
atribución como en la asignación de dicho espectro. Por otro lado, se ha hecho énfasis en los mecanismos
de otorgamiento de permisos para su uso, implantando mecanismos de selección objetiva y mercados
secundarios, entre otras tantas reformas.
En su acepción más extrema, la aplicación del principio de neutralidad en el contexto de la
gestión integral del espectro radioeléctrico conllevaría la posibilidad de prestar cualquier servicio y usar
cualquier tecnología en la explotación de este recurso. Ello permitiría a los titulares de permisos cambiar
sus respectivos usos y migrar a otros servicios sin mayores restricciones.
Sin embargo, debe tenerse presente que existen diversos factores que impiden la adopción de
enfoques plenamente neutrales en esta materia. Los factores más relevantes son: i) la necesidad de evitar
interferencias derivadas de las características de la propagación física de las ondas radioeléctricas; y
ii) las limitaciones que se originan en las normas internacionales en la materia, principalmente aquellas
contenidas en los Reglamentos de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT.
Para 2007 algunos países seguían una política de neutralidad tecnológica en la gestión del espectro
radioeléctrico, intentando desvincular su uso de tecnologías concretas, propiciando el desarrollo de
servicios bajo diferentes estándares y tecnologías. Este era el caso de Australia, Canadá, Estados Unidos,
Nueva Zelanda y Guatemala.
La eliminación de restricciones de uso del espectro radioeléctrico ha demostrado ser beneficiosa
para la introducción de nuevas tecnologías y servicios, sin tener que modificar los títulos habilitantes o las
normas que regulan estos servicios. Sin embargo, su implementación requiere unas reglas de salvaguarda
de interferencias, como las implementadas en Australia o Guatemala y, en todo caso, ha de seguir la
coordinación internacional de la UIT.
Por otra parte, la introducción de mecanismos de mercado para el otorgamiento de permisos de
uso de frecuencias, principalmente la subasta, ha sido uno de las principales innovaciones en la política
de gestión del espectro radioeléctrico durante las últimas décadas. En tal sentido, estos mecanismos se
encuentran orientados a garantizar que este recurso sea asignado a los interesados que más lo valoren
y, en consecuencia, que sea usado de la forma más eficiente posible. La adopción de estos mecanismos
de otorgamiento de permisos, iniciada en Nueva Zelanda en 1989, se ha extendido por todo el mundo,
habiendo sido adoptados para 2007 en Estados Unidos, Europa, Brasil, Guatemala, Perú, México
y Venezuela.
Sin embargo, la introducción de mecanismos de mercado debe ser consistente con el verdadero
objetivo que persigue la autoridad a cargo de la gestión del espectro radioeléctrico. Dicho objetivo puede
variar entre maximizar el valor social derivado del uso más eficiente del recurso, hasta maximizar el
valor privado (apropiable en parte por medio de los procesos de selección objetiva), pasando por una
combinación de ambos.
Dado que los servicios de telecomunicaciones generan un valor social muy superior al costo de
provisión de dichos servicios (siendo un componente central del desarrollo socioeconómico del país),
27 Eficiencia espectral, esto es, la relación entre la capacidad de información que es posible enviar y el recurso utilizado.
Esto se logra mediante la aplicación de sistemas de modulación cada vez más eficientes.
44

desde el punto de vista normativo es claro que la obtención de recursos fiscales por el otorgamiento de
permisos no puede ser el objetivo primario, sino una consecuencia de la aplicación del mecanismo más
eficaz para determinar cuál es el mejor uso de un recurso escaso28.
Concretamente, sólo si a un precio igual a cero existe un exceso de demanda respecto de la
disponibilidad de espectro, corresponde asignar dicho espectro con base en un concurso que permita
discernir cuál es el uso con mayores perspectivas comerciales (y por lo tanto, se infiere, con mayor
valoración por parte de los usuarios de dichos servicios comerciales).
Colateralmente, este procedimiento permite obtener recursos fiscales para el Gobierno, que capturan
una parte de las rentas que los proveedores privados anticipan obtener por el uso de dicho recurso escaso29.
Sin embargo, Gruber (2001) muestra a través de un modelo de costos hundidos endógenos que los valores
de los permisos de uso del espectro resultantes de una subasta pueden afectar negativamente la estructura
de mercado, lo cual genera escenarios competitivos totalmente opuestos a los objetivos ex ante de la
autoridad encargada de la gestión de este recurso. En esta línea, se muestra que valores excesivamente
altos de los permisos de espectro pueden ser causa de la salida de algunas firmas de mercado o determinar
fuertes incentivos de colusión posterior a la entrada al mercado.
En los restantes supuestos, que constituyen la amplia mayoría de las frecuencias administradas
por los diversos Estados, la asignación se realiza por medio de procedimientos de selección
administrativa directa.
Por otro lado, en un contexto tecnológico cambiante, donde cabe esperar que se produzcan mejoras
en la posibilidad de aprovechar el espectro, prestando servicios sobre frecuencias o bandas que antes no
lo permitían, también es de esperarse que surjan nuevas necesidades de espectro difíciles de prever al
momento de otorgar un permiso. En estas circunstancias, resulta particularmente complicado determinar
de manera administrativa cada una de las decisiones, y por ende se incremente la posibilidad de cometer
errores involuntarios.
En este sentido, el proceso de liberalización del espectro radioeléctrico destinado a adecuar
su regulación a la convergencia incluye, según Kwerel y Williams (2002) el reconocimiento de los
mecanismos de mercado que posibiliten la transferencia de los permisos de uso de bandas de espectro entre
proveedores y el cambio de uso de dicho espectro, siempre que se respeten las reglas de interferencia. El
sistema tradicional de gestión del espectro radioeléctrico, el cual aún encuentra aplicación en la mayoría
de los países del mundo, impone que, una vez asignado, la transferencia o reasignación del recurso esté
sometida a la autorización previa de la autoridad reguladora.
Las principales ventajas de la autorización de mercados secundarios son de índole económica. En
este sentido, Valletti (2001) y Cave (2002) muestran que la autorización de estos mecanismos expone a
los permisionarios al costo de oportunidad de mantener la titularidad del espectro radioeléctrico, al tener
la opción de enajenar los derechos de uso que les han sido asignados en aquellos casos en que un tercero
otorga mayor valor que ellos al recurso. De esta forma, la reasignación sin excesivos costos y limitaciones
administrativas comportaría una ganancia en eficiencia económica.
Ciertos países ya han dado pasos significativos para reformar los sistemas de gestión del espectro
radioeléctrico y autorizar la transferencia de derechos de uso por medio de mercados secundarios. Así,
para finales de 2006, este sistema estaba vigente en países como Australia, Canadá, Estados Unidos,
Guatemala, Nueva Zelanda, y en la Unión Europea.
28 Este fenómeno está relacionado con la problemática de los “costos hundidos endógenos”, como los gastos en publicidad
y en investigación y desarrollo (Sutton, 1991, 1998). De hecho, la industria de las telecomunicaciones móviles ha
vivido situaciones de bancarrotas debido a pagos iniciales exorbitantes. Este es el caso de las subastas de PCS en
Estados Unidos en 1995 (Garrard, 1998).
29 Bajo esta perspectiva, transformar el pago por el otorgamiento del permiso en un costo variable, en lugar de emplearlo
para capturar (parte de) las rentas que se derivarían por la escasez del recurso (espectro), tampoco es recomendable,
ya que se induce un uso sub-óptimo del mismo.
45

A partir de este contexto internacional, y haciendo énfasis en el otorgamiento de permisos
para el uso del espectro radioeléctrico, la Ley 1341 de 2009 determina los lineamientos generales
de acceso, uso adecuado y valoración eficiente de estos permisos. De hecho, su otorgamiento se
convierte en un acto vital para el aprovechamiento eficaz y el despliegue de la infraestructura de
telecomunicaciones.
En cuanto al acceso, se introduce el principio de neutralidad tecnológica, según el cual el
permiso de uso no está atado a un servicio particular, sino que será el proveedor quien defina, según
sea el desarrollo tecnológico, los servicios que sobre este permiso se puedan soportar. Esto, sumado
a la evidente separación entre la habilitación para la provisión de redes y servicios, y el permiso para
el uso de frecuencias, que trae consigo la promulgación de la Ley 1341 de 2009, a la luz del trabajo
de Wellenius y Neto (2006), implica una reducción significativa de las presiones de la demanda
de espectro.
Así mismo, prevalece el principio de otorgamiento de permisos mediante procesos de
selección objetiva. No obstante, en línea con los planteamientos anteriores, se definen claramente
las circunstancias que determinan la posibilidad para que el Ministerio otorgue permisos de manera
directa, siendo las más relevantes, la continuidad del servicio y la expansión de la cobertura, en línea
con lo establecido en la Ley 671 de 2001, a través de la cual se ratifica el Protocolo Modificatorio
en materia de telecomunicaciones del Acuerdo General de Comercio de Servicios. De hecho, los
planteamientos en materia de administración del espectro radioeléctrico del Documento de Referencia
establecen:
6. Asignación y utilización de recursos escasos Todo procedimiento para la
asignación y utilización de recursos, como las frecuencias, los números y los derechos
de paso, se llevarán a la práctica de manera objetivaa, oportuna, transparente y no
discriminatoria. Se pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas de
frecuencia asignadas, pero no es preciso identificar detalladamente las frecuencias
asignadas a usos oficiales específicos.
a Por “objetiva” se entiende que la asignación y utilización depende de la disponibilidad
y el cuadro nacional de frecuencias.
Así, es claro que los principios de objetividad (circunscrita en este caso por el hecho de que la
asignación y el otorgamiento dependen de la disponibilidad y del CNABF), oportunidad, transparencia
y no discriminación han confluido efectivamente, tanto en el entonces Ministerio de Comunicaciones,
como en el actual Ministerio de TIC, en las diversas actuaciones administrativas mediante las cuales se
han otorgado permisos de uso del espectro radioeléctrico de manera directa durante la administración del
presidente Álvaro Uribe Vélez.
Por lo anterior, el Ministerio preserva la potestad para otorgar permisos de uso de espectro de
manera directa, siempre y cuando se justifique plenamente el cumplimiento de los principios de objetividad,
oportunidad, transparencia y trato no discriminatorio. Esto se confirma a través de la nota aclaratoria S/
GBT/W/3 del Presidente de la Organización Mundial de Comercio, en relación con las limitaciones del
acceso a los mercados asociadas a la disponibilidad de espectro:
… La gestión del espectro/las frecuencias no es en sí misma una medida que deba ser
consignada en las listas en virtud del artículo XVI. Además, en el marco del AGCS
cada Miembro tiene derecho a proceder a la gestión del espectro/las frecuencias, lo
cual puede incidir en el número de proveedores de servicios, siempre que al hacerlo se
ajuste a lo dispuesto en el artículo VI y en otras disposiciones pertinentes del AGCS. Tal
derecho comprende la posibilidad de asignar bandas de frecuencias teniendo en cuenta
las necesidades actuales y futuras…
46

Por otra parte, para implementar un esquema de uso adecuado del espectro, la Ley 1341 de 2009
plantea en primera instancia las condiciones de cesión de permisos, con la previa autorización del
Ministerio. Aquí se instaura un mecanismo parcial de mercado en el que los intereses de los proveedores
por innovar y prestar nuevos servicios serán los motivadores para definir el uso óptimo de un determinado
permiso, ya que serán ellos mismos, a través de sus disponibilidades a pagar, quienes determinarán la
forma más eficiente para explotar este recurso escaso.
Finalmente, en lo relacionado con la valoración eficiente del espectro, la Ley 1341 precisa las
condiciones para la fijación de la contraprestación económica por su utilización. Como novedad, y
completamente alineado con los estándares internacionales descritos anteriormente, se establece
que este “precio público” debe pagarse solamente con ocasión del otorgamiento o renovación
del permiso.
1. Planificación y gestión del espectro radioeléctrico
En la medida que Colombia se dirige hacia la masificación de las tecnologías de información y
comunicaciones, a la expansión de la inversión privada para mejorar la infraestructura de comunicaciones,
y a la diversificación de servicios, se hace necesaria la dinamización y articulación de las políticas públicas
del sector con los avances tecnológicos.
Es preciso considerar que en los próximos años la innovación tecnológica apunta hacia las
comunicaciones personalizadas y ubicuas con convergencia de servicios (voz, video y datos, en cualquier
momento y lugar), lo que lleva a una integración de las redes fijas y móviles, y a un vertiginoso aumento
en el uso de sistemas y dispositivos inalámbricos, particularmente aquellos destinados al acceso de banda
ancha. De otra parte, el uso de tecnologías de acceso inalámbrico de banda ancha es cada vez más atractivo
como solución para reducir la brecha digital, por la rapidez y el menor costo que tienen estas soluciones
con respecto a redes cableadas.
Entendiendo el potencial que representan la convergencia y las TIC en el desarrollo de otros sectores
económicos y sociales del país, resultaba indispensable desarrollar políticas y un marco regulatorio que
promoviera un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y una adecuada administración de este escaso
recurso, en beneficio de la sociedad en general.
Esto implicaba contar con instrumentos e instituciones que permitieran un manejo y una
administración adecuados del espectro radioeléctrico. Para tal fin, se identificaron los principios que
deben prevalecer a fin de lograr un mayor aprovechamiento de dicho recurso:
La modernización y la adecuación del marco legal para fortalecer i) las actividades de
administración del espectro con base en el interés público.
ii) La independencia organizacional del ente encargado de brindar el soporte técnico en
la gestión del espectro, que le permita establecer estrategias clave en procesos internos
y externos con otras dependencias gubernamentales y organizaciones nacionales
e internacionales.
iii) Medidas de competencia que garanticen un terreno equilibrado para los prestadores
47
de servicios.
iv) La adaptación de las bandas existentes y futuras del espectro para el aprovechamiento de las
ventajas que generan los avances tecnológicos, y una activa participación en la armonización
regional y mundial.
v) Medidas de monitoreo, control y cumplimiento de estándares para la identificación de
interferencias perjudiciales, uso correcto y eficiente del espectro en las diferentes bandas de
frecuencias, y control de calidad en redes y equipo terminal.

De hecho, a finales de 2006 se reconocía que el constante avance tecnológico permitía el desarrollo
de nuevos servicios y aplicaciones que requerían uso de espectro radioeléctrico, lo que generaba nuevos
retos para hacer un uso más eficiente del mismo en entornos flexibles que promuevan la competencia.
Esto podría indicar que la demanda por nuevas atribuciones del espectro, en un entorno de neutralidad
tecnológica, requería una permanente revisión y adecuación a estos avances.
Por lo tanto, el proceso integral de planeación, gestión y control del espectro radioeléctrico
implica establecer una estructura institucional que defina claramente los responsables de cada una de
las etapas del proceso, que incluye entre otros aspectos: diseñar políticas generales; atribuir el espectro
para los servicios radioeléctricos; establecer reglas de coordinación para el despliegue de los servicios
radioeléctricos; otorgar permisos de uso del espectro a diferentes tipos de usuarios; y hacer cumplir
rigurosamente las reglas que los usuarios deben observar.
Lo anterior conlleva la necesidad de contar con un ente especializado, encargado de las etapas
del proceso que están sometidas a constante actualización como resultado del desarrollo tecnológico:
la gestión técnica y el control del uso racional eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico y de
las órbitas satelitales, para evitar las interferencias perjudiciales que pudieran surgir del desarrollo de
nuevas tecnologías.
2. La Agencia Nacional del Espectro (ANE)
La Ley 1341 de 2009 transfiere a un ente técnico y especializado los roles de gestión técnica, control y
vigilancia del espectro radioeléctrico. Esto resulta pertinente para dinamizar el marco institucional del
sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. De hecho, como se ha venido afirmando,
dichos procesos son considerados estratégicos para garantizar un uso racional y eficiente de este recurso
escaso, a través de la especialización de sus recursos tecnológicos y humanos.
Tal y como lo establece la Ley 1341, la ANE surge como la entidad para “brindar el soporte
técnico para la gestión y la planeación, la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, en coordinación
con las diferentes autoridades que tengan funciones o actividades relacionadas con el mismo.” Con
esto se espera que todos los aspectos técnicos y de prospectiva tecnológica relacionados con la gestión,
planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico se centralicen en un ente especializado y
automatizado a tono con el desarrollo tecnológico mundial del sector de tecnologías de la información y
las comunicaciones.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 26 de la Ley 1341, según el cual “la
atribución y asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico seguirá siendo potestad del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, dicho ministerio preserva la responsabilidad
de expedir los actos administrativos particulares mediante los cuales se otorga el permiso a una persona
natural o jurídica para el uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a la provisión de redes
y servicios de telecomunicaciones.
En esencia, como resultado de la Ley, las labores de soporte técnico para la planeación y gestión
del espectro radioeléctrico, así como de su vigilancia y control (excepto para el servicio de radiodifusión
sonora) se trasladan a la Agencia Nacional del Espectro.
Finalmente, es importante resaltar que la ANE trasciende del hecho de simplemente trasladar
algunas de las funciones que venía cumpliendo el entonces Ministerio de Comunicaciones en relación
con la gestión técnica y vigilancia del espectro radioeléctrico. En efecto, se pretende abordar y desarrollar
estas funciones, junto con otras nuevas de carácter técnico y de asesoría, con un enfoque que responda
a los retos de los nuevos desarrollos tecnológicos que usen espectro y del mercado. Esta modificación
implica para el Ministerio la especialización de funciones sobre la política y asignación del recurso y la
administración de los actos.
48

Recuadro III.1
La radiodifusión sonora en Colombia
En el escenario de los medios de comunicación en Colombia, la radiodifusión ocupa un lugar preferente por
su trayectoria histórica. Con su capacidad persuasiva y movilizadora, ha sido vital para el desarrollo del país y la
conformación de una identidad nacional. Gracias al poder de las ondas hertzianas, el coraje de los empresarios radiales
y la acción permanente del Estado, a partir de 1930 las primeras emisoras abrieron la visión de nuestros habitantes a un
país amplio y diverso en su geografía, con múltiples grupos humanos y rico en expresiones culturales.
En los albores del siglo XXI, la radiodifusión se ha consolidado en el país como un sector moderno, influyente, generador de
empleo, productor de riqueza, aglutinador de conceptos y, por sobre todo, como un medio donde se pone a prueba, día a día, uno
de los principios constitucionales más preciados de nuestro sistema democrático: el derecho a la información y a la expresión de
los ciudadanos.
El país cuenta con un servicio de radiodifusión liderado por el empresariado, las comunidades organizadas y el
Estado. Cada uno de estos sectores configura una modalidad radial con objetivos y dinámicas especiales. La radio
comercial, satisface las necesidades de información y gustos del oyente; la radio comunitaria atiende las demandas de
comunicación de las organizaciones sociales y el desarrollo local; y, la radio de interés público transmite la visión del
Estado para fortalecer la educación, la cultura y los valores democráticos.
La legislación de radio en Colombia tiene su fundamento en los artículos 20 y 75 de la Constitución Política.
Revisado el marco normativo vigente, se aplicaban al servicio de radiodifusión sonora normas expedidas desde el
año 1966 hasta el 2003. Se tomó la decisión de unificar y actualizar con la Ley 1341 los pilares fundamentales de la
normatividad de la radio en Colombia.
C. Promoción del acceso/servicio universal
Como es tradicional en la literatura económica, el cumplimiento de algunos objetivos socialmente
deseables no puede lograrse exclusivamente a través de la interacción de las fuerzas de mercado. En
este contexto, de fallas de mercado, el Estado interviene mediante la provisión de bienes públicos que de
otra forma no serían provistos, por la naturaleza implícita en los procesos autónomos de interacción de
la oferta y la demanda. Por ello, la política de acceso/servicio universal es definida e implementada por
el agente definidor de política pública en el sector de telecomunicaciones, y más ampliamente, en el de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Según Sing y Raja (2008), un análisis comparado de políticas de acceso/servicio universal permite
inferir que entre sus prioridades se encuentra la ampliación de cobertura, el acceso por parte de los grupos
menos favorecidos o más vulnerables de la población, así como la provisión eficiente de servicios culturales
y educativos acompañados de la generación de contenidos y aplicaciones pertinentes y de calidad.
Con la masificación de la banda ancha, es inminente una redefinición del ámbito y del método de
los programas de acceso/servicio universal, y que se garantice siempre que las obligaciones o mecanismos
facilitadores derivados de éstos sean neutrales, tanto desde la perspectiva tecnológica como desde la
perspectiva competitiva. Así mismo, tal y como se plantea actualmente en las economías desarrolladas,
surge el planteamiento de extender dentro de la cobertura de los beneficios de acceso/servicio universal
los servicios de datos, e incluso de banda ancha, de ciertos estándares de calidad30.
La convergencia tecnológica y de servicios trae consigo tres desafíos para las políticas de servicio/
acceso universal. Primero, nuevas plataformas permiten la provisión de servicios incluidos dentro del ámbito
de la política, por lo que se deberá prestar especial atención a que los procesos de asignación de recursos
para el despliegue de infraestructura sean neutrales tanto competitiva como tecnológicamente31.
30 A manera de ejemplo, Estados Unidos requiere que los proveedores de servicios de VoIP contribuyan al Fondo de
Servicio Universal. Además, se hace manifiesta la tendencia exitosa de financiar infraestructura pasiva (despliegue de
redes) asignando proyectos a través de procesos competitivos, como en el caso de India.
31 La mayoría de los países miembros de la OCDE impone obligaciones de transmisión de una parrilla mínima de
canales, considerados dentro del ámbito de servicio universal, las cuales no han sido extendidas a los proveedores de
49

Segundo, en la medida que la convergencia permite que varios servicios sean provistos sobre
la misma plataforma de red, se generan nuevas oportunidades para extender el ámbito de cobertura
a nuevos servicios, con importantes economías de alcance desde la perspectiva social. Por ejemplo,
aprovechando la creciente penetración de la televisión por suscripción en hogares rurales, se podría
masificar la penetración de Internet en esas regiones si se utiliza eficientemente esta infraestructura.
Así mismo, las redes eléctricas podrían ser empleadas para desplegar servicios de Internet en banda
ancha en esas regiones del país. De hecho, en Colombia los indicadores de penetración en hogares
rurales del servicio de energía eléctrica interconectada son bastante superiores a los de la telefonía fija
o de la televisión por suscripción.
El tercer desafío se relaciona con las modificaciones generadas por la convergencia sobre las
fuentes, así como los usos de los recursos asociados con los programas de acceso/servicio universal.
Una tendencia que se está consolidando internacionalmente consiste en migrar hacia el despliegue de
infraestructura pasiva y el otorgamiento de incentivos fiscales para garantizar unos niveles mínimos de
cobertura y calidad del servicio, así como al despliegue de redes de banda ancha.
1. Antecedentes para la redefinición de la política
de acceso/servicio universal
Es evidente que los mecanismos para asegurar el acceso/servicio universal deben adecuarse a los
procesos de cambio tecnológico, liberalización de mercados y competencia, característicos del sector
de tecnologías de la información y las comunicaciones. Las mejores prácticas internacionales coinciden
en que se debe propender por la consolidación de esquemas en los cuales la carga de extender las redes
de comunicaciones hasta zonas donde no es rentable para un proveedor privado recaiga sobre todos los
participantes en el mercado, sin imponer esfuerzos diferenciales a ninguno de ellos. En otras palabras, se
debe buscar que la política de universalización del servicio sea neutra en el plano de la competencia.
Desde el punto de vista de la financiación de los subsidios se distinguen dos grandes alternativas.
La primera consiste en financiar la prestación del servicio en zonas no rentables a partir de recursos de
libre asignación del presupuesto. Bajo esta modalidad, los recursos de servicio universal compiten con
otras prioridades del sector público, lo que en principio es sano porque permite que el presupuesto fluya
hacia los gastos con mayor retorno económico y social, pero implica inestabilidad de los fondos y, en
consecuencia, restricciones a cierto tipo de estrategias como los subsidios a la demanda o los compromisos
de aportes de capital de largo o mediano plazo.
La segunda opción es establecer un porcentaje único de contraprestación a todos los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones sobre, por ejemplo, los ingresos facturados. Por esta vía no
se crean asimetrías en el plano de la competencia, pero se impone una distorsión “fiscal” al consumo de
servicios de telecomunicaciones (precio mayor al que se tendría en ausencia de la tasa), que reduce el
consumo de los usuarios infra marginales y afecta el bienestar y la eficiencia económica.
En Colombia, el cambio tecnológico también ha modificado el enfoque acerca de cuáles servicios
deben ser amparados por los mecanismos de acceso/servicio universal. La vertiginosa expansión de la
telefonía móvil, que permite cubrir áreas de baja densidad poblacional a costos inferiores a los de la
telefonía fija, ha impulsado al mercado, sin el apoyo de subsidios, a penetrar en zonas antes descubiertas
por las redes de comunicaciones.
Este proceso le ha restado importancia en el país a la expansión subsidiada del servicio de voz
en telefonía fija, porque un sector amplio de la población está beneficiado por la cobertura de telefonía
móvil, en donde los costos de suscripción son prácticamente nulos. En muchos casos, además, el costo
redes y servicios de telecomunicaciones que prestan servicios de valor agregado como la televisión sobre IP. Este tipo
de asimetrías genera fuertes incentivos hacia el descreme del mercado por aquellos proveedores que están exentos de
la carga regulatoria.
50

variable del servicio es inferior al de la telefonía fija, dadas las economías de escala propias de las
tecnologías inalámbricas.
En cuanto a la liberalización de los mercados, como se ha discutido en secciones anteriores, este
proceso ha mostrado en nuestro país la fuerza de la competencia en el sector de las comunicaciones en
términos de reducción de tarifas y aumento de cobertura. Sectores de la población que hace un par de
décadas sólo podían contar con servicios telefónicos bajo el apoyo gubernamental, hoy en día son clientes
de proveedores sobre bases estrictamente comerciales. Este fenómeno llevó a replantear los programas de
acceso/servicio universal, en la medida en que el Estado no debe incurrir en el error de orientar fondos
para asegurar la expansión que de cualquier forma el mercado va a implementar.
La política de acceso/servicio universal en materia de telecomunicaciones se concentraba en dos
frentes de acción. Primero, un componente de la política de servicio universal que se derivaba del esquema
de subsidios y contribuciones de la Ley 142 de 1994 para la telefonía local.
Recuadro III.2
Régimen previo de subsidios a la telefonía fija en Colombia
La Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994 (hoy inaplicable para las redes y los servicios de telecomunicaciones)
modificaron la estructura del sector de la telefonía fija, concebida en su momento como un servicio público domiciliario32.
En primer lugar, se abolieron todas las barreras administrativas a la prestación competida de servicios de telefonía
local. En segundo lugar, determinaron que la función directa del Estado se centra en la regulación y control de éstos
(hasta entonces monopolios), y no en la prestación directa del servicio.
El régimen tarifario derivado de la Ley 142 de 1994 estaba compuesto, entre otros, por las reglas relativas a los
subsidios que se otorgaban para que la población de menores ingresos pudiera pagar las tarifas de los servicios
de telefonía local que cubrieran sus necesidades básicas. Estas reglas se aplicaban usando como herramienta de
focalización la estratificación socioeconómica de las viviendas. Así, dicho modelo contemplaba un esquema de
subsidios caracterizado por: i) la asignación de recursos de subsidios a usuarios con menor capacidad de pago; ii) el
cobro de contribuciones a los usuarios con mayor capacidad de pago; y iii) la determinación de un nivel de consumo
básico o de subsistencia que es objeto de subsidio.
Las leyes 142 de 1994, 286 de 1996, 505 de 1999, 689 de 2001, 732 de 2002, 812 de 2003 y 921 de 2004, definieron
la estratificación socioeconómica como la base para la aplicación de los factores de subsidios y contribuciones en los
servicios públicos domiciliarios. Esta herramienta permite clasificar los inmuebles residenciales de cada municipio en
un máximo de seis estratos, donde 1 es el estrato más bajo y 6 es el más alto.
En este contexto, la Ley 142 de 1994 estipulaba que los estratos 5, 6 y los usuarios no residenciales debían
contribuir con un 20% del costo del servicio para subsidiar los estratos 1, 2 y 3 en el rango de consumo de subsistencia
y hasta donde el presupuesto lo permitiera, de manera que en principio no se debía generar carga económica para los
proveedores del servicio.
Segundo, las contraprestaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
por concepto del otorgamiento de concesiones (contratos y licencias) y permisos de uso del espectro
alimentaban al entonces Fondo de Comunicaciones, hoy denominado Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Este fondo financiaba una política complementaria de acceso y
servicio universal.
Con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la Ley 1151 de 2007, el Departamento Nacional
de Planeación, con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financió un
estudio de evaluación de la política de telecomunicaciones sociales, para que hiciera recomendaciones de
política al entonces Ministerio de Comunicaciones, tanto desde la perspectiva de servicio como desde la
perspectiva de acceso universal. Este trabajo fue desarrollado por la firma Económica Consultores (ver
Económica, 2008) y tomó nota de los resultados obtenidos por Meléndez y Gómez-Lobo (2006).
32 Servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública
básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural.
51

2. Redefinición de la política de servicio universal
Históricamente el servicio universal se implementó en Colombia forzando a los proveedores a establecer
una tarifa única en sus mercados. En zonas densas y de costos bajos, con esta tarifa se generaba una renta
que permitía, internamente, subsidiar las zonas de costos elevados. Este esquema dejó de ser válido con
la convergencia tecnológica y la exposición de los mercados a la competencia. En estas circunstancias,
un entrante sin obligaciones en materia social podía competir fácilmente por los mejores segmentos del
mercado, ofreciendo tarifas cercanas a los costos efectivos, y desatando con ello una serie de efectos
nocivos: la quiebra del establecido, la eventual entrada de proveedores ineficientes, y la erosión de la base
para recaudar recursos para comunicaciones sociales.
Por lo anterior, se ha venido migrando hacia un esquema de subsidios explícitos donde todos
los proveedores contribuyen a un fondo que se destina a subsidiar la expansión de redes y servicios en
mercados no rentables bajo procesos competidos. En este esquema la “carga” de las telecomunicaciones
sociales se distribuye en forma equitativa, sin distorsionar la competencia y la expansión del sector.
En Colombia, el régimen de subsidios y contribuciones de la Ley 142 de 1994 establecía que
los estratos cinco y seis y los usuarios no residenciales debían contribuir con un veinte por ciento del
costo del servicio para subsidiar el consumo de telefonía local de los estratos uno, dos y tres en el rango
de consumo de subsistencia y hasta donde el presupuesto lo permitiera, de manera que en principio
no debía generar carga económica para los proveedores del servicio. Inicialmente, el balance entre
contribuciones y subsidios se realizaba al interior de cada empresa. Los eventuales excedentes de una
empresa se debían transferir hacia una empresa deficitaria en el municipio o departamento donde se
generara el superávit.
El esquema de subsidios desarrollado por la Ley 142 de 1994, como manifestación expresa de una
política de servicio universal para la telefonía fija, tenía varios problemas. El principal de ellos era que la
generación de contribuciones, y por lo tanto de subsidios, se concentraba en las ciudades mayores, que
es donde viven las familias de los estratos cinco y seis o no residenciales. En estas circunstancias, para la
mayoría de municipios del país la posibilidad de realizar subsidios cruzados era bastante limitada.
Como lo mostró el estudio de Meléndez y Gómez-Lobo (2006), el sistema de focalización
del esquema de subsidios y contribuciones de la Ley 142 de 1994 era bastante débil. Entre las
deficiencias identificadas a través de análisis estadísticos de la Encuesta de Calidad de Vida del
2003, se destacan:
Un sesenta por ciento de los hogares que pertenecían al cincuenta • por ciento más rico de la
población recibían subsidios (error de exclusión de treinta y uno por ciento) bajo el esquema de
la Ley 142 de 1994.
• Un veinte por ciento de los hogares suscritos al servicio en el cuarenta por ciento más
pobre de la población colombiana no recibía el subsidio (error de inclusión del siete
por ciento).
• Se identificó que la estratificación no está libre de interferencia política. En 1993, el veinticinco
por ciento de los hogares vivían en barrios de estratos cuatro, cinco y seis; en el 2003, sólo un
doce por ciento de los hogares se clasifican en estos estratos.
• Los subsidios en telefonía fija se orientaban hacia los usuarios que ya contaban con acceso al
servicio telefónico, y no generaban incentivos de ningún tipo para conectar a los que aún no
gozaban de este servicio.
• Para el ochenta por ciento de los hogares la factura de telefonía fija no superaba el cinco por
ciento del ingreso. Esto implicaba que el aporte del subsidio en el gasto era bajo. Por consiguiente,
era improbable que un hogar al que se le suprimiera el subsidio optara, por esta razón, por
desconectarse del servicio.
52

• El mecanismo de transferencias de excedentes entre proveedores generaba incentivos perversos.
Teniendo en cuenta que un proveedor superavitario debía transferir los excesos a otro proveedor
en el mismo municipio o departamento, se creaba un incentivo para aplicar subsidios altos y
evitar así que los recursos se desviaran a otros mercados. Una prueba de esto es que se logró
mostrar que las tarifas (después de subsidio) más atractivas están en las áreas de mayores
ingresos, lo cual es claramente regresivo.
Por otra parte, con la expansión de la telefonía móvil, para finales de 2006, más del setenta y
cinco por ciento de los hogares colombianos contaba con acceso a la telefonía móvil y con cargo fijo
cero en modalidad de prepago. Esta circunstancia determinaba que eliminar el subsidio no ocasionaba
una pérdida de bienestar significativa para los hogares de menores ingresos, como podría ocurrir con la
energía y el agua potable que son servicios esenciales sin sustitutos en el mercado.
Adicionalmente, la tarifa del veinte por ciento representaba una carga desproporcionada para la
telefonía fija, que le impedía competir en los mejores mercados (estratos altos, y el segmento industrial
y comercial). Así, esta contribución generaba un incentivo paradójico que permitía a los proveedores de
telefonía fija sostener el mercado en los estratos bajos a costa de perder competitividad en los segmentos
más dinámicos.
Sin embargo, hasta antes de la Ley 812 de 2003, los proveedores ajustaban el monto del subsidio
a la disponibilidad efectiva de recursos de contribución y tenían claros incentivos para no generar
excedentes que debían transferir a otras regiones. Con la Ley 812 se establece un tope al crecimiento
de las tarifas de los estratos uno y dos en la variación del IPC, y no se modifica el procedimiento de
otorgamiento de subsidios al estrato tres. Por lo anterior, se incrementó el monto de los subsidios en
aquellas empresas que aún no habían cerrado el rezago tarifario. De esta forma se acumuló un déficit de
subsidios sobre contribuciones33.
La imposición de la Ley 812 de no incrementar las tarifas de estratos uno y dos por encima de
la inflación colombiana, y de mantener intacto el esquema de otorgamiento de subsidios al estrato tres,
es exógena a la gestión comercial de los proveedores de redes y servicios de TPBCL y TPBCLE. En
este sentido, para el entonces Ministerio de Comunicaciones era claro que el marco de la sostenibilidad
financiera y tarifaria establecido en la Ley 142 de 1994, había sido temporal y dinámicamente afecto por
las disposiciones de la Ley 812 de 2003 en materia del esquema de subsidios para los estratos uno, dos y
tres, se vio temporalmente afectado por la Ley 812 de 2003, con lo cual se creó un desbalance que sólo
podría ser cubierto o por presupuestos públicos o por el patrimonio de las empresas.
Por una parte, para el Gobierno Nacional era claro que asignar esta carga al patrimonio de los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones implicaba una clara inconsistencia de política
y regulación sectorial, en términos de la asimetría competitiva asociada, con eventuales consecuencias
futuras en la inversión y el desempeño agregado del sector.
En este sentido, el Ministerio propuso que el Estado (municipios, departamentos y Nación) atendiera
estas solicitudes en relación con el déficit acumulado durante el período de vigencia de la Ley 812 del
2003. Sin embargo, al momento de tomar estas decisiones no existía definición legal ni reglamentaria que
permitiera dilucidar el grado de responsabilidad diferencial y/o secuencial que tienen dichas entidades
estatales en ese propósito.
33 Por otra parte, con la expedición de la Resolución 1250 de 2005 de la CRT (hoy CRC), que permitió a los proveedores
de telefonía fija ofrecer planes tarifarios, se crearon diferencias de interpretación entre los proveedores en cuanto a
cómo aplicar la normatividad de subsidios, y ello generó importantes distorsiones en el otorgamiento de subsidios a
los estratos uno, dos y tres.
53

3. Subsidios en la Ley de TIC
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones logró con la Ley 1341 de 2009
la supresión del esquema de subsidios y contribuciones derivado de la ley 142 de 1994, plasmada en el
artículo de vigencia y derogatorias de la Ley de TIC, así:
Artículo 73. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación, con excepción de los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 68 con excepción
de su inciso 1°, los cuales empezarán a regir a partir de los seis meses siguientes a su
promulgación y regula de manera integral el sector de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. (…)
A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía
pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia
no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en el caso
de estas empresas, lo establecido en los artículo 4° sobre carácter esencial, 17 sobre
naturaleza jurídica de las empresas, 24 sobre el régimen tributario, y el Título Tercero,
artículo 41, 42 y 43 sobre el régimen laboral, garantizando los derechos de asociación
y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores. En todo caso,
se respetará la naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de los servicios de
telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, como
empresas de servicio público…
Por otro lado, a pesar del peso reducido del subsidio en el ingreso disponible de los hogares
de estratos uno y dos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones decidió
establecer un régimen especial de transición para la supresión de dichos susidios. En relación con
la supresión de las contribuciones de los estratos cinco, seis e industrial y comercial, era claro
que quedaban automáticamente suprimidas al momento de reglamentar el artículo 36 de la Ley,
en términos de la definición del porcentaje de contraprestación a favor del Fondo de TIC por la
habilitación general.
Para el caso particular del régimen de transición, se determinó en el artículo 69 de la ley de TIC
las prescripciones para que los proveedores de TPBCL y TPBCLE pudieran enfrentar un nuevo entorno
competitivo; todo esto en cumplimiento de los principios orientadores de la Ley 1341, plasmados en su
artículo 2o, en el que se destacan, para el particular, los de libre competencia y promoción de la inversión,
con el propósito de generar confianza en la inversión privada, tanto doméstica como extranjera.
Para tal fin, además de establecer las reglas para el desmonte del esquema de solidaridad y
redistribución de ingresos de la Ley 142 de 1994, se hizo necesario reconocer el impacto generado sobre
el régimen integral de subsidios y contribuciones por la aplicación de la Ley 812 de 2003. En este sentido,
el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009 estipula:
Autorízase a la Nación a presupuestar los recursos necesarios para pagar el déficit entre
subsidios y contribuciones derivados de la expedición de la Ley 812 de 2003. La Nación
pagará el cien por ciento del monto del déficit generado por la Ley 812 en las siguientes
tres (3) vigencias presupuestales a la aprobación de la presente Ley, para lo cual se tendrá
en cuenta la verificación que realice el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del cumplimiento de los limites, en cuanto a subsidios, derivados de la
aplicación de la Ley 142 de 1994.
Adicionalmente, el hecho de que sea internacional y domésticamente reconocido el estancamiento
de los servicios de voz sobre redes fijas (en el caso colombiano estos servicios vieron reducida su
participación en los ingresos sectoriales en casi la mitad, del cincuenta por ciento en 2003 al veintiocho
54

por ciento en 2008) constituye un argumento para sostener que el futuro de las redes fijas del país está,
entre otros, en la prestación de servicios convergentes centrados en el acceso a Internet en banda ancha.
De acuerdo con lo anterior, el Legislador asignó al Ministerio, a través del Fondo de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, la tarea de masificar el acceso de Internet en banda ancha en
los estratos uno y dos que estén o vayan a ser beneficiados por las operaciones de los proveedores de
servicios de TPBCL y TPBCLE a quienes les resulta aplicable el régimen de transición, en los términos
del parágrafo 2 del artículo 69 de la ley:
Parágrafo 2°. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
promocionará a través del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
durante el período de transición al que hace referencia el presente artículo, proyectos
de masificación de accesos a banda ancha en estratos 1 y 2 sobre las redes de TPBCL
y TPBCLE.
4. Nuevo enfoque para la política de acceso universal
Una vez descrito el reenfoque del esquema de servicio universal de la Ley 142 de 1994 en materia
de servicios de voz, y su transitoriedad por un período de cinco años, la Ley 1341 de 2009 brinda
una respuesta pertinente a los desafíos derivados de la convergencia tecnológica en materia de
telecomunicaciones sociales. Como se mencionó en la introducción de esta subsección, son tres los
retos que impone el multiple play en la definición del ámbito y el modo de implementación de una
política de acceso/servicio universal.
Primero, la convergencia tecnológica diversifica las plataformas tecnológicas sobre las
cuales se pueden implementar las estrategias de masificación del acceso/servicio universal, por
lo cual la política debe facilitar la diversidad de participantes en la implementación de planes
y proyectos.
En este sentido, la Ley 1341 plantea concretamente los rasgos más importantes de este nuevo enfoque
de ejecución de los recursos del Fondo de TIC, recaudados de una forma neutral, tanto competitiva como
tecnológicamente, según los lineamientos del artículo 3634. De hecho, el título IV, sobre la “promoción
al acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones,” habla transversalmente de la
promoción del acceso universal a las TIC en general.
Por lo tanto, igualmente desde la perspectiva de los usos y la tipología de los proyectos, Colombia se
ubica en la vanguardia de los países que más allá de la neutralidad competitiva han consolidado una visión
también neutral tecnológicamente para el cierre de las brechas de acceso a TIC. No es de extrañar que en un
futuro, en los diferentes procesos de selección objetiva de proveedores que desplieguen infraestructura para
masificar el acceso a las TIC, se encuentren proveedores de televisión por suscripción que por sus condiciones
convergentes puedan ser costo-eficientes en el despliegue del acceso a Internet en banda ancha.
Segundo, la convergencia permite que las redes fijas, que en el pasado fueron desplegadas con el
criterio de universalización del servicio esencial de telefonía fija, presten hoy nuevas funcionalidades
técnicas y se conviertan en plataforma para el despliegue de Internet en banda ancha. En este
sentido, seguir circunscribiendo una política de servicio universal a los servicios de voz era a toda
vista ineficiente.
El Gobierno colombiano ha sido líder en la destinación de recursos para subsidiar la expansión
de los servicios de comunicaciones en el contexto latinoamericano. Además, estudios de evaluación,
34 En este punto se establece una contraprestación única para todos los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, con lo cual se elimina el régimen diferencial de tarifas que ha caracterizado al sector en los
últimos veinte años.
55

entre ellos el desarrollado por Económica Consultores (2008), apuntan a ratificar que la ejecución de los
recursos se ha realizado de manera transparente y mediante procesos objetivos.
No obstante, gracias a la rápida expansión de la telefonía móvil, las fuerzas de mercado han elevado
las coberturas de servicios de voz a niveles impensables hace una década, por lo que el esfuerzo en el
futuro inmediato se debe centrar en el despliegue de la infraestructura y de la infoestructura que permitan
consolidar en el país la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Desde este punto de vista, los recursos del Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones deben reorientarse hacia las prioridades identificadas en comunicaciones sociales, como
cerrar las brechas sociales y geográficas de la banda ancha, promover la apropiación de las TIC, así como
llevar alguna posibilidad de comunicación de voz o Internet a las regiones más alejadas que aún no la
tienen. En este contexto, no se debe descartar la posibilidad de orientar recursos del Fondo para subsidiar
la telefonía fija en mercados no rentables, donde el operador puede tener incentivos a abandonar las redes
si el Estado no concurre con un aporte.
Así mismo, dentro del nuevo enfoque también se hace evidente el énfasis en la promoción de la
oferta de bienes y servicios TIC, en lugar de favorecer directamente a sus usuarios finales. En este sentido,
el artículo 35 de la Ley de TIC plantea las prioridades de destinación de los recursos de fomento del
Fondo de TIC, así: i) promover el acceso universal a las TIC; ii) estimular los procesos de innovación que
brinden sostenibilidad a la difusión tecnológica de las TIC; iii) facilitar el surgimiento de una industria
de contenidos y aplicaciones que indirectamente estimule a los usuarios a hacer uso de la infraestructura;
y iv) estructurar una política pública para desarrollar programas de apropiación de TIC por todos los
colombianos, en especial los menos favorecidos y las personas en situación de discapacidad.
Tercero, la innovación tecnológica característica de las TIC hace que los programas de acceso/
servicio universal migren hacia el despliegue de infraestructura pasiva de banda ancha, sobre la cual
se implementen las estrategias de masificación de contenidos y aplicaciones, así como de apropiación
tecnológica por la población vulnerable. En este contexto, la Ley de TIC (ver art. 38) determinó que el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como ente rector de la política pública
sectorial, deberá identificar las “estrategias para la masificación de la conectividad, buscando
sistemas que permitan llegar a las regiones más apartadas del país y que motiven a todos los
ciudadanos a hacer uso de las TIC.”
56

IV. Política y regulación para el
despliegue y uso eficiente de TIC
Uno de los aspectos más significativos de la Ley de TIC está relacionado con
el principio orientador del despliegue y uso eficiente de la infraestructura y
de los recursos escasos, plasmado en el numeral 3º del artículo 2º; según el
cual “el Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura
para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre
ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los
recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia,
en beneficio de los usuarios…”.
La incorporación de este principio rector al marco de política y
regulación sectorial indica inequívocamente que Colombia se sincroniza
con las tendencias internacionales según las cuales las políticas públicas
en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones amplían
su enfoque, y los gobiernos las integran como plataforma transversal a
las estrategias nacionales para incrementar el crecimiento económico, el
empleo, el bienestar y otros objetivos socioeconómicos.
En efecto, la evidencia internacional ratifica que las prioridades
de la política pública en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones están cambiando. Muchos gobiernos están introduciendo
políticas para enfrentar desafíos que van más allá de la adopción tecnológica.
Entre otros, se incluyen programas de investigación y desarrollo y fomento
a la innovación en estas tecnologías, políticas gubernamentales en línea
para orientarse a la eficiencia del sector público, y políticas de banda ancha
para reducir las divisiones geográficas y sociales. Las políticas diseñadas
para aumentar la confianza y seguridad en línea también adquieren
importancia, mientras que las políticas para mejorar la difusión de estas
tecnologías en el sector productivo siguen siendo prioritarias.
57

Así, las diez principales prioridades de política pública en materia de tecnologías de la información
y las comunicaciones, a nivel mundial son hoy en día: i) consolidación del gobierno en línea, gobierno
como usuario modelo; ii) masificación de la banda ancha; iii) desarrollo de programas de I+D+I en TIC;
iv) promoción de la educación en TIC; v) difusión de las TIC a las empresas; vi) difusión de TIC a
individuos y hogares; vii) capacitación basada en TIC para la industria y el trabajo; viii) desarrollo general
de contenidos digitales; ix) incentivos a la difusión a través de TIC del contenido informativo del sector
público; y x) soporte de las TIC a los procesos de crecimiento e innovación.
Colombia ha venido desarrollando estrategias coherentes en estos diez frentes de acción. Sin
embargo, resulta indispensable profundizar en las condiciones que permitan consolidar una política de
mediano y largo plazo de masificación de la banda ancha. Dicha política debe favorecer mecanismos
para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tomen decisiones estratégicas
sobre el despliegue de banda ancha, lo cual permite, a su vez, a los usuarios seleccionar sus respectivos
proveedores, plataformas tecnológicas y servicios. En este sentido, frente a los significativos impactos
de la banda ancha en la competitividad (ver Waverman y colaboradores, 2005), se ha planteado en los
últimos cinco años el debate sobre si la política pública debe ser lo suficientemente proactiva a favor del
despliegue de la banda ancha en todos los rincones de la geografía de un país.
Bajo el marco legal dispuesto por la Ley 1341 de 2009, Colombia asume el marco conceptual de
la Sociedad de la Información y del Conocimiento, en el que se opta por una visión holística según la
cual no sólo se favorece la provisión de redes y servicios, materializada a través de la construcción y
uso eficiente de redes troncales de banda ancha y los servicios innovadores que sobre ellas se soportan,
sino que también se complementa con el desarrollo de contenidos y aplicaciones, así como el fomento a
procesos de innovación e investigación alrededor de dichas tecnologías. De esta forma, se hace necesario
un balance entre las fuerzas de mercado y la intervención del Estado para garantizar que estas tecnologías
sean motor de competitividad e inclusión social.
Según Atkinson (2007), el sesgo hacia las fuerzas de mercado ha probado en mercados
internacionales, y particularmente en los Estados Unidos, que puede ser un obstáculo para el despliegue
de los efectos de derrame de esta tecnología en la competitividad. De hecho, un enfoque exclusivamente
de mercado resulta en niveles subóptimos de despliegue de banda ancha, debido a que los consumidores
no son capaces de valorar en su función de consumo y de disponibilidad a pagar las externalidades
positivas que se producen desde la perspectiva social, así como los proveedores no son capaces de tener
en cuenta dichas externalidades en su función de beneficio.
Los argumentos a favor de un marco de política gubernamental proactivo en materia de banda
ancha, como el planteado por Atkinson (2007), generalmente se centran en los aspectos relacionados con
las externalidades de red, de inversión y de competitividad, consolidación de consumidores-productores,
subdimensionamiento de redes en regiones apartadas y de bajos ingresos, así como la falta de conocimiento
de los usuarios potenciales de los beneficios de la banda ancha.
El nuevo rol protagónico del sector público en la industria TIC, a través del diseño e implementación
de una política pública integral de masificación de la banda ancha, no significa la vuelta al pasado. En
la actualidad, el poder de las fuerzas del mercado en el sector de tecnologías de la información y las
comunicaciones es indudable. Así, el rol del Estado se asume como un complemento que busca identificar
las imperfecciones o fallas del mercado y propender por soluciones parciales a las mismas que favorezcan
entornos competitivos, con adecuada redistribución de los efectos positivos del desarrollo tecnológico
entre todos los agentes. Adicionalmente, el diseño de incentivos a la innovación y la inversión en
nueva infraestructura TIC difiere en tres aspectos fundamentales del estándar de medidas asumidas
tradicionalmente en el marco de la intervención del Estado en este ámbito.
Primero, las comunicaciones han evolucionado de la provisión monopólica a un ecosistema de
actores donde algunos agentes están sometidos a medidas regulatorias y otros no. Así, las políticas
58

actuales deben evaluar más cuidadosamente los efectos directos e indirectos que generan tanto en los
actores sujetos a la aplicabilidad de dichas medidas, como en aquellos que no están siendo regulados
por ellas.
Segundo, se han desarrollado nuevas formas de cooperación y de competencia intermodal que
complican las perspectivas regulatorias del sector. Así, las relaciones competitivas entre los participantes
de la industria coexisten con fuertes relaciones de complementariedad vertical. En consecuencia, se
conforma un complejo panorama de la dinámica competitiva del mercado de telecomunicaciones, en el
que la implementación de medidas regulatorias ex ante se hace más sofisticado.
Tercero, una fracción importante de la nueva infraestructura que debe ser desplegada para disponer
de una red nacional de transmisión de datos de alta velocidad, debe lograrse mediante mejoras a las redes
existentes o el despliegue de nuevas redes.
A. Nuevo enfoque de la política pública
En la medida que las tecnologías de la información y las comunicaciones abordan desafíos de política
en áreas tan diversas como la educación, la atención a la salud, el cambio climático y la eficiencia
energética, en la actualidad existe la necesidad de un enfoque gubernamental coordinado y horizontal.
A título ilustrativo, cerca de la tercera parte de los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) intentan centralizar la formulación y coordinación de políticas
relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones, para mejorar sus niveles de
coherencia y pertinencia35.
Sin embargo, el despliegue de los impactos transversales de las TIC en la economía requieren
a su vez la extensión de la infraestructura TIC en todos los escenarios, tanto geográficos como socio-demográficos
y productivos. Son dos los frentes de acción: primero, el Estado debe definir mecanismos
pertinentes para que nueva infraestructura sea desplegada; y segundo, frente a la infraestructura existente
se deben implementar los mecanismos más eficientes para garantizar que su utilización y remuneración
acelere tanto la inversión como la innovación.
Por consiguiente, los agentes que definen la política pública deben enfocarse en la generación de
un entorno propicio para el desarrollo de una plataforma de banda ancha que permita actualizaciones
y mejoras de capacidad de transmisión, ajustándose al perfil dinámico de las condiciones de demanda.
En últimas, se debe promover un escenario en el que las restricciones de capacidad de transmisión no
sean obstáculo para la innovación, tal y como lo señalan Röller y Waverman (2001) y Waverman y
colaboradores (2005).
A título ilustrativo, la demanda de banda ancha para las aplicaciones actuales de video de alta
definición está creciendo a un ritmo tal que pronto saturará la capacidad presente de las redes, en el
caso de que no se efectúen las mejoras del caso. No obstante, esta demanda no se restringe al video de
alta definición. Muchos servicios y aplicaciones innovadores requerirán incrementos de la capacidad de
transmisión de datos de las redes actuales para funcionar y desplegarse eficientemente. La cuadro IV.1
muestra las perspectivas de crecimiento de tráfico IP en un contexto regional. De allí se infiere que
América Latina tendrá la tasa de crecimiento promedio anual más alta para el período 2009-2014, con lo
cual es inminente el desafío de promover el despliegue y uso eficiente de la infraestructura de TIC.
35 Los esfuerzos para mejorar la coordinación y reducir la duplicación se han intensificado como resultado de la crisis
económica global, las mayores tensiones sobre los presupuestos gubernamentales, y las presiones sobre las inversiones
a largo plazo.
59

CUADRO IV.1
Perspectivas mundiales del tráfico IP 2009-2014
(PentaBytes/mes) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 V% Prom
60
09-14
América del Norte 5 115 7 091 10 051 12 988 16 136 19 019 30,04
Europa Occidental 3 495 4 818 6 712 9 261 12 417 16 158 35,83
Asia Pacífico 3 920 5 367 7 295 9 815 12 985 17 421 34,76
Japón 1 068 1 539 2 149 2 855 3 591 4 300 32,12
América Latina 438 680 1 026 1 527 2 274 3 479 51,35
Europa del Este 493 678 938 1 306 1 815 2 510 38,47
África y O. Medio 157 223 319 490 700 1 018 45,33
Total 14 686 20 396 28 490 38 242 49 918 63 905 34,19
Fuente: CISCO Virtual Networking Index 2009-2014. Julio de 2010.
Por tal razón, puede existir un rol para el Estado en cuanto a promover o fomentar las inversiones
necesarias para desplegar o mejorar la capacidad actual de las redes, y particularmente en áreas que
pueden ser no rentables para los proveedores privados. Todo esto, teniendo en cuenta que en el largo plazo
estas inversiones contribuirán significativamente a mejorar la eficiencia y la productividad, aspectos que
previamente se considerarían no relacionados36.
En el contexto internacional, el despliegue de redes de fibra óptica para banda ancha está concebido
para soportar las condiciones de tráfico de los próximos veinticinco años. En consecuencia, según un
reciente estudio de la OCDE (2009a), las decisiones tecnológicas que se toman hoy en día tendrán un
impacto significativo durante décadas. Precisamente por lo anterior, los planificadores de red deben
garantizar que las redes a desplegar sean prospectivas en este horizonte de tiempo. También, la OCDE
(2009b) ha trabajado en la identificación de los efectos derrame de la infraestructura de alta velocidad
de banda ancha en cuatro sectores específicos: electricidad, salud, transporte y educación. Vale la pena
resaltar en este punto que el Plan Nacional de TIC 2008-2019: “Colombia en línea con el futuro” (ver
Ministerio TIC, 2008) ha trabajado intensivamente en los sectores de salud, educación, justicia y micro,
pequeñas y medianas empresas.
En términos generales, los países de la OCDE identificaron que, en promedio, ahorros de costos
entre un 0,5 y 1,5 por ciento en cada uno de estos cuatro sectores, en un horizonte de diez años, asociados
directamente con la nueva plataforma de red de banda ancha, podrían justificar el costo de desplegar
una red nacional de alta velocidad con amplia capilaridad. Aunque estos cálculos sean preliminares y
estén aplicados a economías con avanzados niveles de desarrollo, representan una prueba contundente de
que el despliegue de redes de banda ancha de alta velocidad puede ser fácilmente justificado a través de
ahorros de costos ínfimos en otros sectores, aun cuando dichos ahorros sean descontados por los cálculos
o proyecciones financieras de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en el ámbito
privado.
Con esto, se infiere que la agenda de política y regulación sectorial para promover la competencia
en un entorno futuro y bastante plausible de redes de nueva generación debe basarse en una evaluación
económica concienzuda de las condiciones específicas del mercado, así como de las posibilidades de
cuantificar las externalidades positivas que genera el despliegue de infraestructura en otros sectores de
la economía.
36 En algunos países de la OCDE, por ejemplo, dichas inversiones se están realizando en el marco de los recientes
paquetes de estímulo para la reactivación económica.

Por lo anterior, la propuesta de que sea el Estado quien fomente o financie el despliegue de redes
de transmisión de datos de nueva generación en el país, debe estar soportada en rigurosos análisis costo/
beneficio que consideren cualquier despliegue potencial de dicha infraestructura por el sector privado.
Además, cualquier inversión de recursos públicos en redes de nueva generación debe minimizar las
distorsiones de mercado y el efecto desplazamiento de la inversión privada en dicha infraestructura.
B. Nuevos trade-offs de la política y regulación de TIC
La Ley 1341 de 2009 sienta las bases para la construcción de un marco de política integral alrededor de
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin embargo, este perfil transversal de la política
pública en materia de TIC hace que el diseño de las estrategias se sofistique, por la necesidad de evaluar
los trade offs que, naturalmente, se presentan entre los objetivos de corto y de largo plazo. De hecho, el
despliegue de infraestructura TIC trae consigo unos costos hundidos bastante significativos, que alteran
la dinámica competitiva de corto plazo a pesar de los enormes beneficios de largo plazo que genera dicha
infraestructura.
Ha sido tradicional suponer que las medidas regulatorias, como la regulación de la tasa de
retorno, los price caps, y aquellas asociadas con el desempeño de las empresas, son compatibles con
los incentivos a la inversión y la innovación. Sin embargo, en los últimos años, la desilusión se ha hecho
manifiesta en la medida que la literatura económica relacionada, por ejemplo Vogelsang (2002), señala
que los efectos de las medidas regulatorias vigentes sobre los incentivos a la inversión en el sector
son ambiguos.
Con los importantes requerimientos de capital implícitos en el despliegue de redes de nueva
generación, la evaluación de los incentivos a la inversión de las medidas regulatorias procompetitivas ha
vuelto a formar parte del debate sectorial. Un resumen comprehensivo de este análisis se encuentra en
Cambini y Jiang (2009).
Contrario a las arquitecturas de red de tipo jerárquico que han predominado en el sector
telecomunicaciones, las redes y servicios de nueva generación requieren la cooperación de diversos actores.
En este ecosistema, proveedores de redes y servicios, fabricantes de equipos, proveedores de software,
contenidos y aplicaciones, motores de búsqueda y otros coexisten. Independientemente de si algunos actores
de dicho ecosistema están sometidos a regulación o no, cada uno de ellos evaluará sus decisiones de inversión
con base en el valor presente neto del flujo de caja asociado al despliegue de nueva infraestructura.
De esta forma, los inversionistas se ven influenciados por las condiciones de oferta y de demanda de
los mercados relevantes. Las consecuencias de las medidas regulatorias sobre los incentivos a la inversión
y la innovación de los agentes del sector TIC, se pueden evaluar según su impacto sobre los determinantes
del flujo de caja descontado de las inversiones respectivas.
Es una realidad que los flujos de caja de un proyecto de inversión para la expansión o
despliegue de nueva infraestructura se afectan positivamente con las oportunidades de negocio en
dicho mercado, así como con la capacidad de apropiación por parte de los inversionistas de las rentas
y los beneficios derivados de dichos proyectos. Por el contrario, desde la perspectiva privada, dichos
flujos se afectan negativamente con la intensidad competitiva del segmento de la industria en estudio,
así como con todos aquellos factores que influyen sobre los costos de provisión de redes y servicios
Medidas procompetitivas desde la perspectiva de la política y regulación, entre ellas, la obligación
de oferta mayorista, la provisión desagregada de elementos de red identificados como instalaciones
esenciales y la neutralidad de red, afectan los incentivos a la inversión y a la innovación a través de
diferentes canales.
61

El análisis económico e institucional del desarrollo del sector telecomunicaciones ha comprobado
que las medidas de desagregación, con tarifas que no se encuentran orientadas a costos eficientes, afectan
negativamente la capacidad de apropiar rentas por parte de los inversionistas o proveedores sujetos a
dicha obligación. Como resultado de lo anterior, se puede desincentivar severamente la inversión
en infraestructura.
Sin embargo, la desagregación también reduce los costos de entrada al mercado para los
competidores. Por lo anterior, esta medida estimula las inversiones de los entrantes en la categoría de
“competencia por el servicio”. Además, la desagregación genera “opciones” para posponer las inversiones
en infraestructura, tanto para proveedores establecidos como para entrantes, lo cual tiene un impacto
directo en la determinación del valor presente neto del flujo de caja descontado del proyecto de inversión
en expansión y/o despliegue de infraestructura de banda ancha.
En este contexto, las decisiones de política y regulación sectorial se convierten en un determinante
importante de la intensidad competitiva de los diferentes segmentos que componen la industria TIC. En una
perspectiva dinámica, la intensidad competitiva de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones
impacta significativamente el nivel y la estructura de los procesos de inversión e innovación que emergen
en la industria. Esta relación entre intensidad competitiva e innovación es de vital importancia en el
escenario inminente de redes de nueva generación.
Teniendo en cuenta que la validación empírica de la relación entre la dinámica competitiva y los
niveles de innovación es aún desconocida para las nueva infraestructura TIC, el éxito de la política y de la
regulación sectorial consiste en impedir que la intensidad competitiva se deteriore, en detrimento de los
incentivos de inversión, pero que tampoco sea tan feroz como para que dichos esfuerzos de innovación
se vean desalentados. En este sentido, mantener a la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones
en el punto “umbral” de esta curva en forma de u-invertida se encuentra asociado a la combinación de un
esquema de política y regulación de promoción ex ante con la capacidad de renunciar a ella cuando con el
control y vigilancia ex post sea suficiente.
En relación con las disciplinas horizontales, las medidas de acceso a postes y ductos, la coubicación,
la interconexión, la desagregación, la reventa, las medidas de portabilidad numérica, y en cierto
grado las políticas de licenciamiento, afectan los incentivos a la inversión y la innovación, en cuanto
impactan significativamente la estructura e intensidad competitiva en la provisión de redes y servicios
Estas disciplinas gobiernan las transacciones entre distintos proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones con o sin infraestructura propia. En consecuencia, son herramientas importantes para
encadenar los beneficios de los servicios y aplicaciones que se pueden prestar sobre las redes respectivas,
generando a la vez un entorno competitivo equilibrado. Así mismo, al estandarizar la mayoría de las
relaciones contractuales entre proveedores, estas medidas reducen de manera importante los costos de
transacción de la industria.
Las disciplinas regulatorias horizontales fueron el común denominador de la transición del
monopolio natural hacia una organización de mercado más competitiva. En la nueva realidad del
despliegue de redes de nueva generación, algunos autores como Bauer (2010) y Elixman y colaboradores
(2008) sostienen que estas medidas no son viables desde la perspectiva técnica y deben ser reemplazadas
por medidas de acceso a ductos y fibra oscura, coubicación a niveles diferenciales de la red, desagregación
completa o del sub-bucle, y el acceso mayorista bitstream.
Las anteriores disciplinas horizontales, plasmadas a lo largo de la Ley 1341 de 2009, están
rigurosamente sustentadas por la teoría económica. Por ejemplo, la disciplina de interconexión está
normalmente justificada como un esfuerzo por capturar los efectos positivos de las externalidades de red
y neutralizar el poder de mercado asociado con las posibles prácticas restrictivas del acceso a redes de
telecomunicaciones. Similarmente, la desagregación cuenta con el fundamento conceptual del modelo de
la escalera de inversión (LoI, por su sigla en Inglés) de Cave (2006).
62

Sin embargo, estos fundamentos teóricos no predeterminan una senda óptima y única, sino que
dejan siempre grados de libertad a las autoridades de política y regulación sectorial, lo cual es ampliamente
deseable en el entorno tecnológico de despliegue de redes de nueva generación. En consistencia con estos
planteamientos, la Ley de TIC, como marco legal basado en principios, genera la posibilidad de “afinar”
los instrumentos disponibles a las autoridades responsables con el fin de balancear posibles objetivos que
pudieran estar en conflicto en estas nuevas perspectivas tecnológicas.
Los efectos de los esquemas de remuneración de redes, tanto en la dimensión del acceso y la
interconexión como en la dimensión de la desagregación, sobre las decisiones de inversión e innovación,
se pueden modelar en torno al mark up, L = (p-c)/p, asociado con los modelos de tarificación de acceso a
la infraestructura37. Situaciones en las que L < 0 representan una regulación “estricta” de interconexión
o desagregación.
Así, L se convierte en un indicador de los costos de entrada al mercado para los competidores
basados en infraestructura (interconexión) o en servicio (desagregación y reventa, entre otros). Así,
el efecto neto de L sobre las decisiones de inversión e innovación depende de los siguientes efectos:
i) el grado de sensibilidad de los nuevos entrantes al nivel de L, ii) el efecto de la nueva entrada en el
mercado sobre las estrategias competitivas de los proveedores establecidos, y iii) el efecto indirecto, sobre
la demanda de mercado, de la dinámica competitiva propiciada por la entrada.
Niveles de L < 0 fomentan la entrada y esencialmente incentivan la competencia basada en el
servicio, en la cual los entrantes sólo invierten modestamente en la infraestructura complementaria. Si
dichas condiciones de L < 0 se prolongan en el tiempo, los incentivos para invertir en infraestructura
física se verán debilitados.
En relación con los proveedores establecidos en el mercado, la entrada de nuevos competidores
genera un efecto positivo sobre la inversión, con el fin de generar instrumentos que permitan responder
más eficazmente a la dinámica competitiva derivada de la entrada. Sin embargo, para el caso particular de
la desagregación, este efecto positivo y deseable se ve contrarrestado en la medida que dicha obligación
se haga extensiva a todas las actualizaciones y despliegue de redes de nueva generación.
La implementación de la disciplina de desagregación, sin diferenciar la infraestructura existente
de la prospectiva, incrementa el valor de la opción de posponer la inversión en infraestructura física
para los entrantes, quienes verán garantizado su derecho a acceder a las mejoras de red que haga el
incumbente. Alternativamente, según Pindyck (2007) esta disposición disminuye el valor de la opción de
inversión del proveedor establecido, quien deberá compartir todo mejoramiento o expansión de la red con
sus competidores.
Por otra parte, tanto incumbentes como entrantes incrementarán sus niveles de inversión en la
medida que la competencia generada por las disciplinas horizontales resulte en menores precios y en
mayor diversidad de servicios al usuario final, lo cual incrementa tanto el tamaño como las oportunidades
del mercado de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones.
En el contexto actual, la relación de causalidad entre estos tres efectos es altamente sensible al
hecho de si las medidas procompetitivas aplican sólo para la infraestructura existente, o si se extienden
también al futuro despliegue de redes de nueva generación.
En el caso de infraestructura que aún no ha sido instalada, enfocarse exclusivamente en las
condiciones tecnológicas y de mercado presentes produce un sesgo indeseable a la hora de definir un
marco de política y regulación sectorial. En el escenario prospectivo, Valletti (2003) sugiere que la
competencia debe ser preferiblemente analizada como una carrera tecnológica por el despliegue de nueva
infraestructura, la cual se ve impactada por las disciplinas regulatorias horizontales tradicionales.
37 Se asume que c es la variable que representa los costos eficientes del despliegue y acceso a la infraestructura.
63

En efecto, las redes de nueva generación constituyen no sólo mercados locales, sino espacialmente
diferenciados. Debido a las importantes inversiones asociadas con el despliegue de esta infraestructura
de acceso, es muy difícil encontrar la situación que una misma firma invierta simultáneamente en el
despliegue de estas redes en todo el país. De esta forma, la ausencia de medidas de desagregación para
estas futuras inversiones (conocidas como sunset clauses en la jerga regulatoria) puede generar incentivos
positivos a que dichas inversiones se realicen, aun cuando dichas inversiones paralelas no se desarrollen
a la misma velocidad.
En lo relacionado con las disciplinas verticales, por su parte, los factores que impactan la dinámica
del desempeño de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y más particularmente la
inversión y la innovación en sus mercados con estructuras verticales relacionadas, son bastante complejos.
En efecto, los análisis competitivos de telecomunicaciones se ven afectados por el hecho de que algunos
agentes del mercado tienen presencia parcial en algunas capas de la cadena de valor de la industria de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las disciplinas regulatorias verticales definen el régimen de derechos y obligaciones que gobiernan
las interacciones entre los agentes de la industria que participan en cada una de las capas de la cadena
de valor. Así mismo, el diseño de reglas verticales es la esencia del debate de neutralidad de red que ha
tenido un rol protagónico en los últimos años en relación con el acceso a los proveedores de contenidos y
aplicaciones a las redes de transmisión de datos de alta velocidad.
Desde la perspectiva de la innovación en la provisión de contenidos y aplicaciones, la literatura
económica ha favorecido el concepto de neutralidad de red (ver Herman, 2007). Por otro lado, desde
el enfoque de los incentivos de la inversión, expertos como Hahn y Wallsten (2006) sostienen que la
neutralidad de red hará inviable el despliegue de una infraestructura tan costosa, en la que los volúmenes
de tráfico crecen exponencialmente.
Las disciplinas regulatorias verticales afectan la inversión y la innovación a través de los siguientes
canales: i) lineamientos sobre el alcance permisible de la operaciones de negocio de los actores de la
industria, ii) limitantes a las tarifas y condiciones cualitativas de acceso a las plataformas, a las redes
o a los contenidos, iii) reducción de los costos de transacción de los proveedores de redes, así como
de los proveedores de contenidos en relación con el acceso a las capas complementarias, mediante la
estandarización de los procedimientos de acceso.
En relación con el primer canal de transmisión, las disciplinas verticales, que proponen la separación
vertical entre los proveedores de redes y los proveedores de contenidos y aplicaciones, deben estudiarse
detenidamente en función de las economías de alcance que puedan existir entre las redes y los contenidos,
en el escenario de redes de nueva generación. En efecto, disposiciones que han sido comúnmente
establecidas en el pasado en relación con la separación vertical (contable, funcional o estructural), no
pueden ser extendidas indiscriminadamente al entorno de redes de nueva generación.
De hecho, las medidas de separación vertical contribuyen al restablecimiento del equilibrio
competitivo y la prevención de prácticas restrictivas, siempre y cuando el nivel de economías de alcance
entre plataformas y aplicaciones sea limitado. De lo contrario, la separación vertical de estructuras con
importantes economías de alcance puede llevar a reducir el bienestar socioeconómico, al prevenir el
surgimiento de dichas economías y evitar su impacto final sobre el precio y la calidad de los servicios a
los usuarios.
En lo concerniente al efecto de las condiciones de acceso, excepto por situaciones extremas de
asimetrías de información, los actores de las capas que prestan servicios complementarios reconocerán su
interdependencia y con esto interactuarán estratégicamente para obtener sinergias. Sin embargo, debido
al interés de apropiar rentas, cada uno de los actores tiene incentivos para cobrar por el acceso a la
infraestructura o sus servicios, lo cual resulta en el problema tradicional de la literatura económica de la
“doble marginalización”.
64

En la mayoría de los casos, los proveedores de redes con acceso al usuario final son aquellos
que cuentan con mayor poder de negociación desde la perspectiva vertical. Sin embargo, los efectos
anticompetitivos derivados de esta circunstancia pueden evitarse en la medida que el nuevo marco de
política y regulación sectorial establezca procedimientos diferenciales de acceso que eviten el abuso de
posición dominante derivada de instalaciones esenciales.
En complemento, y de gran importancia en el contexto de la Ley 1341 de 2009, se plantea la
necesidad de definir medidas complementarias asociadas con el régimen de protección al usuario. Primero,
se debe estudiar la pertinencia de establecer condiciones que asignen al usuario el derecho de tener acceso
a cualquier aplicación de su elección, tal y como sucede en Estados Unidos con la Declaración de Internet
Abierto - OID (Open Internet Declaration). Otra alternativa que merece ser debatida está relacionada
con la imposición de la obligación de un nivel de servicio abierto (de cierta calidad) a los proveedores de
servicio de Internet (ISPs, por su sigla en inglés).
Finalmente, las disciplinas verticales también afectan los costos de transacción, incluyendo los
costos de negociación, monitoreo y verificación del adecuado cumplimiento de los acuerdos de acceso
vertical, así como los costos de adaptación de los servicios contenidos y aplicaciones a las diversas
plataformas de red que se puedan desplegar. Con la diferenciación de las plataformas de red, resultante del
desarrollo tecnológico de los últimos años, puede incrementarse la fragmentación de procesos operativos,
con lo cual los costos de adaptación a los diferentes entornos generados por las diversas plataformas de
red se verán incrementados.
En relación con el debate asociado a la pertinencia de las disciplinas verticales, en el contexto
de las redes de nueva generación, la Ley 1341 de 2009 aborda tres aspectos fundamentales. En primera
instancia, genera unos lineamientos claros sobre la prevención del abuso de posición dominante,
propio de las estructuras verticales. Segundo, el marco legal define los lineamientos de una política y
una regulación sectoriales que promuevan la eficiencia dinámica. Tercero, se estipula el principio de
interoperabilidad, que se hace exigible en los acuerdos de interconexión y de acceso vertical. Esta última
medida ha sido considerada como una condición suficiente para garantizar la neutralidad tecnológica, así
como la neutralidad de red (ver Werbach, 2010).
C. Desafíos para el diseño de política pública TIC
A pesar de la convergencia tecnológica, la enorme diversidad de estándares de redes de nueva generación
que se plantea en el corto y mediano plazo requiere un nivel de ajuste permanente en la política pública,
a fin de garantizar el adecuado nivel de competencia y de incentivos a la inversión para que dicha
infraestructura sea desplegada en el país.
Muy probablemente, en un entorno de redes y sistemas ampliamente interrelacionados se requiere
una combinación coherente de las políticas de regulación horizontal y vertical, así como de la política
pública para promover las inversiones requeridas para el despliegue de esta infraestructura. En estas
circunstancias sobresalen los trade offs entre la eficiencia estática (precios asequibles en el corto plazo) y
la eficiencia dinámica (mejoramiento de la relación calidad precio en el mediano y largo plazo).
El efecto conjunto de la aplicación de las disciplinas regulatorias horizontales y verticales, así
como los incentivos de la política pública que se encuentran plasmados en la Ley 1341, dependerá del
encadenamientos de los efectos directos e indirectos de cada una de las medidas consideradas. Así
mismo, la magnitud o intensidad de cada uno de los efectos deberá considerarse para que en el caso de
impactos opuestos se pueda identificar el sentido (signo) del efecto neto en relación con la promoción a la
competencia y los incentivos a la inversión.
65

A pesar de la relativa incertidumbre generada por el encadenamiento de efectos directos e indirectos,
es importante establecer a priori las disciplinas que serán más eficaces en términos de promover la
competencia, la inversión y la innovación en TIC, con el fin de garantizar la sostenibilidad del carácter
transversal de estas tecnologías para el desarrollo socioeconómico del país. Como respuesta a lo anterior,
y teniendo en cuenta el carácter intertemporal de la política y regulación sectorial, así como la relación
endógena entre la estructura de mercado y dichas medidas, la Ley 1341 promueve una visión prospectiva
y dinámica de la competencia.
Así, el desafío consiste en diseñar un marco de política y regulación que en vez de simular un
equilibrio estático de competencia, se focalice en “prevenir” que la estructura competitiva se deteriore
y alcance niveles por debajo del umbral en el que a menor competencia hay menores incentivos a la
inversión (relación u-invertida). Al mismo tiempo, la agenda integral debe “evitar” generar un entorno
extremadamente competitivo, en el que se deteriore la rentabilidad y por ende los incentivos a la inversión
y la innovación. Esto se logra con una agenda flexible y adaptativa que responda a las condiciones
actuales, pero que a la vez defina unas condiciones de frontera prospectivas que mantengan la estructura
de mercado en el intervalo en el cual los incentivos a la inversión y la innovación son compatibles con la
dinámica competitiva.
66

V. Perspectivas TIC en el
mediano plazo
A partir de los planteamientos que hemos descrito a lo largo de
este documento, podemos afirmar, con contundencia, que el sector
colombiano de tecnologías de la información y las comunicaciones
ha tenido en la primera década del siglo xxi lo que nos aventuramos a
denominar como una “adolescencia”, llena de importantes cambios,
algunos de ellos acompañados de fuertes tensiones y otros de
grandes satisfacciones.
Más particularmente, entre 2002 y 2010, el despliegue de las TIC en
nuestro país estuvo acompañado de significativos cambios tecnológicos,
regulatorios e institucionales que para algunos participantes del mercado
representan grandiosas oportunidades, y para otros, desafíos, e incluso
obstáculos en la visión tradicionalista de la provisión de servicios bajo un
entorno de monopolio natural.
Con la Ley 1341 de 2009 y sus principios orientadores se abre una
gran oportunidad para consolidar en el país un ecosistema digital, un
entorno donde el sector privado proveedor de servicios de tecnologías de la
información y las comunicaciones, el Gobierno en su rol de definición de
política y gran usuario de estas tecnologías, así como los ciudadanos, ávidos
de estar más conectados y mejor informados, para ser más productivos,
competitivos y tener mayor bienestar, encuentran un marco legislativo
que incentiva la inversión privada y facilita el rol del Estado, entre otros
beneficios, al ampliar el campo de sus inversiones sociales y estímulos a la
demanda, y además provee reglas claras de acceso y uso de las TIC.
Hoy en día, la expansión de la banda ancha, el desarrollo de
redes de nueva generación, y la disminución de los costos de operación
67

de las nuevas tecnologías han propiciado un ambiente de “cambio permanente” en las industrias de
TIC, medios y entretenimiento. En la medida en que dichas industrias “convergen”, se concibe un
espacio que algunos expertos, y más recientemente el Foro Económico Mundial, han denominado el
ecosistema digital.
Los esfuerzos por promover un ecosistema digital saludable han cambiado el paradigma de “silos”
en la ejecución de las políticas públicas gubernamentales. Este nuevo marco normativo vigente exige
mantener un diálogo permanente, ya no sólo con los actores sectoriales, sino también con los actores
intersectoriales y regionales, para asegurar que se materialicen los principios y objetivos de la Ley 1341
de 2009.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberá continuar
generando entornos institucionales que faciliten la rápida adopción de las TIC e incentiven la
competencia y la disminución de costos, mediante una adecuada y rápida reglamentación de la
Ley 1341.
A continuación planteamos algunos desafíos/oportunidades que trae consigo este nuevo enfoque
para dinamizar el desarrollo de las TIC en el país38, entre otros motivos porque para que el artículo 2º de
la Ley, según el cual “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés
general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los
habitantes del territorio nacional” se materialice, es necesario trabajar enérgicamente para que dicho fin
no sea responsabilidad exclusiva del Ministerio de TIC, sino por el contrario, que comprometa a toda la
institucionalidad estatal.
Hay una dinámica positiva de despliegue y uso eficiente de las infraestructuras • de acceso, así
como de los terminales, que demanda mantener un entorno de políticas públicas y regulación
claro y estable, para asegurar y sostener las inversiones, así como para generar una plataforma
robusta para la difusión de contenidos y aplicaciones.
• Estas nuevas líneas de negocio constituyen una oportunidad para producir contenidos que
profundicen procesos de aprendizaje social, mejoramiento educativo, identidad cultural,
amplitud de cobertura en salud, participación política y acceso a oportunidades económicas.
Se hace urgente una directriz de todas las cabezas de los tres órganos del Estado, para ser
ejemplo en la inmediata adopción de estas tecnologías, a fin de prestar mejores servicios a los
ciudadanos y asegurar eficiencia, transparencia y oportunidad en la gestión pública. La Ley de
TIC les da también ese soporte legal.
• La neutralidad tecnológica, fruto de la Ley 1341, incrementa el portafolio de servicios que se
pueden prestar sobre una misma red o frecuencia de espectro, lo cual constituye una oportunidad
para el diseño de nuevas líneas de negocio, y esto redundará en el mejoramiento de la rentabilidad
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Por esta razón, el Ministerio de
TIC y la CRC deben incentivar el uso óptimo del espectro y los avances tecnológicos, y superar
barreras conceptuales, técnicas y administrativas que impidan avanzar en el desarrollo nacional.
• En lo relacionado con la masificación de la banda ancha, el marco normativo y regulatorio derivado
de la Ley de TIC deberá determinar el nivel óptimo de competencia entre infraestructuras. Con
base en dicho nivel, la CRC tendrá que definir el nivel requerido de regulación ex ante (obligación
de propiciar el desarrollo de mercados mayoristas y ofertas desagregadas de elementos de red,
entre otras).
38 Se recogen algunos planteamientos contenidos en las Memorias de Gestión 2006-2010, “Todos los colombianos más
68
conectados y mejor informados”, enero de 2010.

En la agenda pública de masificación de banda ancha, el Estado deberá • definir si continua
como agente de fomento, o si más bien migra hacia un rol de jalonador y fijador de incentivos
adecuados para que se expanda la inversión privada en redes de nueva generación.
Colombia tiene un gran camino recorrido en materia legislativa e institucional para que sus
desarrollos impulsen la consolidación sectorial y la apertura de nuevos espacios de uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, a fin de que los colombianos estén más conectados y mejor
informados, y así mismo, para que la masificación del acceso y uso de las TIC no sea una amenaza al
bienestar y el progreso, sino por el contrario una fuente de oportunidades, negocios, aprendizajes, y lucha
por el respeto de ciudadanos y empresas.
69

71
Glosario
Acceso Universal: Se entiende por acceso universal el derecho que tiene
la población de hacer uso comunitariamente de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, a una distancia aceptable con
respecto a su lugar de vivienda y a precios razonables, haciendo
énfasis en el cierre de la brecha digital, para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
Aplicaciones: Conjunto estructurado de actividades realizadas para
responder a las necesidades de los usuarios en una situación
determinada, con fines de tipo empresarial, educativo, comunicaciones
personales o entretenimiento, entre otras. Una aplicación supone la
utilización de soportes lógicos y físicos y puede efectuarse de forma
parcial o totalmente automática y el acceso puede ser local o remoto.
En este último caso, se necesitan servicios de telecomunicación.
Banda ancha: Técnica de transmisión que mediante el uso de tecnologías
digitales permite la telecomunicación simultánea de voz, sonidos,
datos, imágenes, video y otras, por un mismo canal y en doble vía,
con velocidades que garantizan la integridad de los datos enviados
y recibidos, y que proporciona la integración de facilidades de
telecomunicación y el acceso a la información.
Bucle de abonado: El bucle de abonado es aquella parte de la red de
acceso que une al abonado / usuario con el primer nodo de la red de
comunicación en cuestión.
Contenido: Información generada bajo cualquier modo o forma de
expresión, que puede ser distribuida por cualquier medio y es parte
de un mensaje que el sistema de transferencia o medio no examina ni
modifica, salvo para conversión durante el transporte del mismo.

Desagregación: Es la separación de elementos (físicos y/o lógicos), funciones o servicios de una red de
telecomunicaciones, con objeto de darles un tratamiento específico y cuyo costo puede determinarse
por separado.
Desagregación de bucle de abonado: Modalidad de acceso al bucle de abonado en que el proveedor
solicitante arrienda el bucle completamente. Por consiguiente, dicho proveedor puede utilizar la
totalidad del espectro de frecuencias disponible en el par trenzado metálico.
Espectro Radioeléctrico: Conjunto de ondas del espectro electromagnético cuyas bandas de frecuencia
se fijan convencionalmente por debajo de los 3 000 GHz, propagadas por el espacio, de todo o parte
del territorio nacional, sin guía artificial.
Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que:
Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número
limitado de proveedores; y Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible
en lo económico o en lo técnico.
Interconexión: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes, incluidas las
instalaciones esenciales, necesarias para permitir el interfuncionamiento de los servicios y/o
aplicaciones y la interoperabilidad de plataformas.
Interoperabilidad: Aptitud de los sistemas y aplicaciones, basados en Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, y los procesos que estos soportan, para intercambiar información y posibilitar
utilizar mutuamente la información intercambiada. Para el caso de redes de telecomunicaciones, la
interoperabilidad es inherente a la interconexión de las mismas.
Neutralidad tecnológica: principio normativo y regulatorio según el cual el Estado garantiza la
libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas
de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan
fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen las TIC
y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo
ambiental sostenible
Permiso para el uso del espectro radioeléctrico: Acto administrativo que otorga el derecho a usar
determinadas frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, por un período
limitado, sin que se genere ningún derecho diferente al del uso eficiente y explotación del mismo,
en las condiciones definidas por el Estado.
Proveedor de aplicaciones: Es la persona natural o jurídica que proporciona o suministra servicios
72
de aplicación.
Proveedor de contenido: Es la persona natural o jurídica que genera contenido.
Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones: Persona jurídica responsable de la operación
de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En consecuencia todos
aquellos proveedores habilitados bajo regímenes legales previos a la Ley 1341 de 2009 se consideran
cobijados por la presente definición.
Red de telecomunicaciones: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros
sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios, que
proveen conexiones entre dos (2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para cursar
telecomunicaciones. Para su conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y no forman
parte de la misma.
Servicios de telecomunicaciones: Servicios ofrecidos por los proveedores de redes y servicios para
satisfacer una necesidad específica de telecomunicaciones de los usuarios.
Servicio universal: Es aquel que facilita a las personas el uso generalizado de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, haciendo énfasis en el cierre de la brecha digital, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Tecnologías de la información y las comunicaciones: Conjunto de recursos, herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento,
almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.

De otro lado, el sector de TIC está compuesto por industrias manufactureras, comerciales y de
servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, transmiten o muestran datos e información
electrónicamente.
Para las industrias manufactureras, los productos deben estar diseñados para cumplir la función
de tratamiento de la información y la comunicación, incluidas la transmisión y la presentación, y
deben utilizar el procesamiento electrónico para detectar, medir y/o registrar fenómenos físicos o
para controlar un proceso físico.
Para las industrias de servicios, los productos de esta industria deben estar diseñados para permitir
la función de tratamiento de la información y la comunicación por medios electrónicos, sin afectar
negativamente el medio ambiente.
Telecomunicación: Toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u
otros sistemas electromagnéticos.
Telefonía pública básica conmutada (TPBC): Servicio básico de telecomunicaciones cuyo objeto es la
transmisión conmutada de voz o a través de la RTPC con acceso generalizado al público.
Usuario: Persona natural o jurídica consumidora de servicios que hacen uso de las Tecnologías de la
73
Información y las Comunicaciones.

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serie
estudios y perspectivas
79
Números publicados
El listado completo de esta colección, así como las versiones electrónicas en
pdf están disponibles en nuestro sitio web: www.cepal.org/publicaciones
22. De las telecomunicaciones a las TIC: Ley de TIC de Colombia (L1341/09), María del Rosario Guerra de la Espriella y
Juan Daniel Oviedo Arango. (LC/L.3321-P-LC/BOG/L.22), No de venta: S.11.II.G.40 (US$10.00), 2011.
21. Escalfón de competitividad de los departamentos en Colombia, 2009, Juan Carlos Ramírez J. y Rafael Isidro Parra-
Peña S. (LC/L.3311-P-LC/BOG/L.21), No de venta: S.11.II.G.29 (US$10.00), 2011.
20. Desarrollo regional y políticas de promoción del desarrollo económico local: la experiencia de tres departamentos
colombianos, Alberto Maldonado Copello (LC/L.3217-P-LC/BOG/L.20), No de venta: S.10.II.G.37 (US$10.00), 2010.
19. Escalafón de la competitividad departamental en Colombia 2006, Rafael Isidro Parra-Peña, Juan Carlos Ramírez J.,
(LC/L.2684-P- LC/BOG/L.19), No de venta: S.09.II.G.17 (US$10.00), 2009.
18. La medida de necesidades básicas insatisfechas (NBI) como instrumento de medición de la pobreza y focalización de
programas, Oscar Fresneda, (LC/L.2840-P-LC/BOG/L.18), No de venta: S.07.II.G.163 (US$10.00), 2007.
17. Las brechas entre el campo y la ciudad en Colombia 1990-2003, y propuestas para reducirlas, Jaime Forero Álvarez y
Sorne Ezpeleta Merchán, (LC/L.2683-P-LC/BOG/L.17), No de venta: S.07.II.G.34 (US$10.00), 2007.
16. Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, Juan Carlos Ramírez, Horacio Osorio y Rafael
Parra-Peña, (LC/L.2684-P-LC/BOG/L.16), N° de venta: S.07.II.35 (US$ 10.00), 2007.
15. El mercado laboral y la seguridad en Colombia en los inicios del siglo XXI, Stefano Farné, Eduardo Granados y Carlos
Andrés Vergara, (LC/L.2818-P-LC/BOG/L.15), N° de venta: S.06.II.G.142 (US$ 10.00), 2006.
14. La estratificación socioeconómica para el cobro de los servicios públicos domiciliarios en Colombia ¿Solidaridad o
focalización?, María Cristina Alzate, (LC/L.2604-P-LC/BOG/L.14), N° de venta: S.06.II.G.130 (US$ 10.00), 2006.
13. Determinantes de la pobreza en Colombia, 1996-2004, Jairo Núñez, Juan Carlos Ramírez, Laura Cuesta,
(LC/L.2569-P- LC/BOG/L.13), N° de venta: S.06.II.G.109 (US$ 10.00), 2006.
12. Esfuerzos y herencias sociales en la desigualdad de ingresos en Colombia, Jairo Núñez, Juan Carlos Ramírez, Bibiana
Taboada, (LC/L.2569-P-LC/BOG/L.12), N° de venta: S.06.II.G.XX (US$ 10.00), 2006.
11. Evolución y crisis del sistema financiero colombiano, Miguel Arango Ospina (LC/L.2558-P-LC/BOG/L.11),
N° de venta: S.06.II.G.XX (US$ 10.00), 2006.
10. Bases para el diseño de un plan estratégico de la Unidad del Sistema de Parques Nacionales y del Sistema de Áreas
Protegidas, Francisco Alberto Galán, (LC/L.2492-P-LC/BOG/L.10), N° de venta: S.06.II.G.23 (US$ 10.00), 2006.
9. Elementos estratégicos para afianzar y mejorar la competitividad del Valle del Cauca. Manuel Guillermo Bonilla y
Juan Carlos Ramírez J. , (LC/L.2443-P-LC/BOG/L.9), N° de venta: S.05.II.G.190 (US$ 10.00), 2005.
El lector interesado en adquirir números anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su correspondencia a la Unidad de
Distribución, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210 2069, correo electrónico: publications@cepal.org.
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