La ley protege a niños y adolescentes desde la concepción hasta los 18 años. Reconoce el interés superior del niño y el rol primordial de la familia. Promueve la corresponsabilidad y el ejercicio progresivo de las facultades de los niños y adolescentes con base en la igualdad y no discriminación. Establece las responsabilidades de los padres y tutores en garantizar la educación, asistencia a clases, y denunciar actos que atenten contra la vida e integridad de los menores.