Ley 28611

13/10/2005.- L. N° 28611.- Ley General del Ambiente. (15/10/2005)
LEY N° 28611
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY GENERAL DEL AMBIENTE
TÍTULO PRELIMINAR
DERECHOS Y PRINCIPIOS
Artículo I.- Del derecho y deber fundamental
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la
salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
Artículo II.- Del derecho de acceso a la información
Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre
las políticas, normas, medidas, obras y actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente, el
ambiente, sin necesidad de invocar justificación o interés que motive tal requerimiento.
Toda persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades la
información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a Ley.
Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental
Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de
decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y
sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con
la sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental.
Concordancias: D.S.Nº 028-2008-EM (Reglamento de participación ciudadana en el subsector
minero)
R.M.Nº 304-2008-MEN-DM (Aprueban normas que regulan el proceso de participación ciudadanaen
el subsector minero)
Artículo IV.- Del derecho de acceso a la justicia ambiental
Toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades
administrativas y jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus componentes, velando por la
debida protección de la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la
conservación del patrimonio cultural vinculado a aquellos.
Se puede interponer acciones legales aun en los casos en que no se afecte el interés económico del
accionante.
El interés moral legitima la acción aun cuando no se refiera directamente al accionante o a su
familia.
Artículo V.- Del principio de sostenibilidad
La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos
que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales,
ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades

de las actuales y futuras generaciones.
Artículo VI.- Del principio de prevención
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación
ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de
mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que correspondan.
Artículo VII.- Del principio precautorio
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la
degradación del ambiente.(*)
(*) Por disposición del Art. 2º de la Ley Nº 29050, publicada el 24/06/2007; se adecua el texto del
presente articulo conforme la definición del Principio Precautorio que se establece en el artículo 5º de
la Ley Nº 28245,
CONCORDANCIAS; Anexo D.S.Nº059-2005-EM, art.5
R.D. Nº 072-2006-DCG (Dictan disposiciones sobre el control de la descarga del agua de lastre
sedimentos de buques de navegación marítima internacional que tengan como destino o escala a los
puertos peruanos)
Artículo VIII.- Del principio de internalización de costos
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que
genere sobre el ambiente.
El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la
eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los
impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos
impactos.
Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o
jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su
restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a
compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.
CONCORDANCIAS: Ley Nº 29325, Art. 23, num. 23.1 (ley del sistema nacional de evaluación y
fiscalización ambiental)
Artículo X.- Del principio de equidad
El diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza
y reducir las inequidades sociales y económicas existentes, y al desarrollo económico sostenible de
las poblaciones menos favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, entre otras, políticas o
programas de acción afirmativas, entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter
temporal dirigidas a corregir la situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un
aspecto o varios de su vida social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva.
Artículo XI.- Del principio de gobernanza ambiental
El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza
ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos,
herramientas e información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de
los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de
consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y
transparencia.
TÍTULO I
POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE Y GESTIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO 1
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º.- Del objetivo
La presente Ley es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el
Perú.
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el
cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así
como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el
desarrollo sostenible del país.
Artículo 2º.- Del ámbito
2.1 Las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias y
reglamentarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o
privada, dentro del territorio nacional, el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo,
lacustre, hidrológico e hidrogeológico y el espacio aéreo.
2.2 La presente Ley regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben
adoptarse en el desarrollo de todas las actividades humanas. La regulación de las actividades
productivas y el aprovechamiento de los recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes,
debiendo aplicarse la presente Ley en lo que concierne a las políticas, normas e instrumentos de
gestión ambiental.
2.3 Entiéndese, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus
componentes" comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la
vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la
conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a
ellos, entre otros.
Artículo 3º.- Del rol del Estado en materia ambiental
El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas,
normas, instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidos en la
presente Ley.
Artículo 4º.- De la tributación y el ambiente
El diseño del marco tributario nacional considera los objetivos de la Política Nacional Ambiental,
promoviendo particularmente, conductas ambientalmente responsables, modalidades de producción
y consumo responsable de bienes y servicios, la conservación, aprovechamiento sostenible y
recuperación de los recursos naturales, así como el desarrollo y uso de tecnologías apropiadas y de
prácticas de producción limpia en general.
Artículo 5º.- Del Patrimonio de la Nación
Los recursos naturales constituyen Patrimonio de la Nación. Su protección y conservación pueden
ser invocadas como causa de necesidad pública, conforme a ley.
Artículo 6º.- De las limitaciones al ejercicio de derechos
El ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria,
están sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo del ambiente.
Artículo 7º.- Del carácter de orden público de las normas ambientales
7.1 Las normas ambientales, incluyendo las normas en materia de salud ambiental y de
conservación de la diversidad biológica y los demás recursos naturales, son de orden público.
Es nulo todo pacto en contra de lo establecido en dichas normas legales.
7.2 El diseño, aplicación, interpretación e integración de las normas señaladas en el párrafo anterior,
de carácter nacional, regional y local, se realizan siguiendo los principios, lineamientos y normas
contenidas en la presente Ley y, en forma subsidiaria, en los principios generales del derecho.
CAPÍTULO 2
POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE
Artículo 8º.- De la Política Nacional del Ambiente

8.1 La Política Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias,
metas, programas e instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el
accionar de las entidades del Gobierno Nacional, regional y local, y del sector privado y de la
sociedad civil, en materia ambiental.
8.2 Las políticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, regional y local se diseñan y
aplican de conformidad con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y deben guardar
concordancia entre sí.
8.3 La Política Nacional del Ambiente es parte integrante del proceso estratégico de desarrollo del
país. Es aprobada por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. Es
de obligatorio cumplimiento.
Artículo 9º.- Del objetivo
La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el
desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus
componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una
manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.
Artículo 10º.- De la vinculación con otras políticas públicas
Las políticas de Estado integran las políticas ambientales con las demás políticas públicas. En tal
sentido, los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los niveles
de Gobierno, incluyendo las sectoriales, incorporan obligatoriamente los lineamientos de la Política
Nacional del Ambiente.
Artículo 11º.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas
Sin perjuicio del contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el diseño y aplicación de
las políticas públicas consideran los siguientes lineamientos:
a. El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida de la población,
asegurando una protección adecuada de la salud de las personas.
b. La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la
contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. En particular, la promoción del
desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y
disposición final más limpias.
c. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la conservación de la
diversidad biológica, a través de la protección y recuperación de los ecosistemas, las especies y su
patrimonio genético. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones que
pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de cualquier especie, subespecie o variedad de
flora o fauna.
d. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la conservación de las áreas
agrícolas periurbanas y la prestación ambientalmente sostenible de los servicios públicos, así como
la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las comunidades
tradicionales y los pueblos indígenas.
e. La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía ambiental responsable, en
todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del territorio nacional.
f. El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las autoridades de recursos,
atributos y condiciones adecuados para el ejercicio de sus funciones. Las autoridades ejercen sus
funciones conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en cuenta que las
cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos integral e
intersectorialmente y al más alto nivel, sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su
concurso a la protección del ambiente, incluyendo la conservación de los recursos naturales.
g. La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza, asuntos
comerciales, tributarios y de competitividad del país con los objetivos de la protección ambiental y el
desarrollo sostenible.
h. La información científica, que es fundamental para la toma de decisiones en materia ambiental.
153. El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta la
implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social.
Artículo 12º.- De la política exterior en materia ambiental
Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política, en la legislación vigente y en las políticas
nacionales, la Política Exterior del Estado en materia ambiental se rige por los siguientes

lineamientos:
a. La promoción y defensa de los intereses del Estado, en armonía con la Política Nacional
Ambiental, los principios establecidos en la presente Ley y las demás normas sobre la materia.
b. La generación de decisiones multilaterales para la adecuada implementación de los mecanismos
identificados en los acuerdos internacionales ambientales ratificados por el Perú.
c. El respeto a la soberanía de los Estados sobre sus respectivos territorios para conservar,
administrar, poner en valor y aprovechar sosteniblemente sus propios recursos naturales y el
patrimonio cultural asociado, así como para definir sus niveles de protección ambiental y las
medidas más apropiadas para asegurar la efectiva aplicación de su legislación ambiental.
d. La consolidación del reconocimiento internacional del Perú como país de origen y centro de
diversidad genética.
e. La promoción de estrategias y acciones internacionales que aseguren un adecuado acceso a los
recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales, respetando el procedimiento del
consentimiento fundamentado previo y autorización de uso; las disposiciones legales sobre
patentabilidad de productos relacionados a su uso, en especial en lo que respecta al certificado de
origen y de legal procedencia; y, asegurando la distribución equitativa de los beneficios.
f. La realización del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados y de
los demás principios contenidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
g. La búsqueda de soluciones a los problemas ambientales globales, regionales y subregionales
mediante negociaciones internacionales destinadas a movilizar recursos externos, promover el
desarrollo del capital social, el desarrollo del conocimiento, la facilitación de la transferencia
tecnológica y el fomento de la competitividad, el comercio y los econegocios, para alcanzar el
desarrollo sostenible de los estados.
h. La cooperación internacional destinada al manejo sostenible de los recursos naturales y a
mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente a nivel transfronterizo y más allá de las
zonas donde el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.
Los recursos naturales transfronterizos se rigen por los tratados sobre la materia o en su defecto por
la legislación especial. El Estado promueve la gestión integrada de estos recursos y la realización
de alianzas estratégicas en tanto supongan el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y
el respeto de las normas ambientales nacionales.
i. Cooperar en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas más allá
de los límites de la jurisdicción nacional, conforme al derecho internacional.
j. El establecimiento, desarrollo y promoción del derecho internacional ambiental.
CAPÍTULO 3
GESTIÓN AMBIENTAL
Artículo 13º.- Del concepto
13.1 La gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto
estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los
intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar
así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades
económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país.
13.2 La gestión ambiental se rige por los principios establecidos en la presente Ley y en las leyes y
otras normas sobre la materia.
Artículo 14º.- Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
14.1 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene a su cargo la integración funcional y territorial
de la política, normas e instrumentos de gestión, así como las funciones públicas y relaciones de
coordinación de las instituciones del Estado y de la sociedad civil, en materia ambiental.
14.2 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las instituciones
estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e
instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre
el ambiente y los recursos naturales, así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión
Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil.
14.3 La Autoridad Ambiental Nacional es el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Artículo 15º.- De los sistemas de gestión ambiental

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental integra los sistemas de gestión pública en materia
ambiental, tales como los sistemas sectoriales, regionales y locales de gestión ambiental, así como
otros sistemas específicos relacionados con la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.
Artículo 16º.- De los instrumentos
16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política
ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus
normas complementarias y reglamentarias.
16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter
funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las
normas ambientales que rigen en el país.
Artículo 17º.- De los tipos de instrumentos
17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención,
control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose
por sus normas legales respectivas y los principios contenidos en la presente Ley.
17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental los sistemas de gestión
ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la
evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares
nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas
de información ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias,
planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los mecanismos de
participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos orientados a
conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la
clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y, en general, todos aquellos
orientados al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo precedente.
17.3 El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los
instrumentos de gestión ambiental.
Artículo 18º.- Del cumplimiento de los instrumentos
En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos
para asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones
ambientales, así como los demás programas y compromisos.
Artículo 19º.- De la planificación y del ordenamiento territorial ambiental
19.1 La planificación sobre el uso del territorio es un proceso de anticipación y toma de decisiones
relacionadas con las acciones futuras en el territorio, el cual incluye los instrumentos, criterios y
aspectos para su ordenamiento ambiental.
19.2 El ordenamiento territorial ambiental es un instrumento que forma parte de la política de
ordenamiento territorial. Es un proceso técnico-político orientado a la definición de criterios e
indicadores ambientales que condicionan la asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada
del territorio.
Artículo 20º.- De los objetivos de la planificación y el ordenamiento territorial
La planificación y el ordenamiento territorial tienen por finalidad complementar la planificación
económica, social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el
territorio y orientar su conservación y aprovechamiento sostenible. Tiene los siguientes objetivos:
a. Orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales, sectoriales, regionales y
locales en materia de gestión ambiental y uso sostenible de los recursos naturales y la ocupación
ordenada del territorio, en concordancia con las características y potencialidades de los
ecosistemas, la conservación del ambiente, la preservación del patrimonio cultural y el bienestar de
la población.
b. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las autoridades correspondientes para conducir la
gestión de los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción, promoviendo la participación
ciudadana y fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad civil involucradas en dicha tarea.
c. Proveer información técnica y el marco referencial para la toma de decisiones sobre la ocupación
del territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales, así como orientar, promover y
potenciar la inversión pública y privada, sobre la base del principio de sostenibilidad.
d. Contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el Estado y los diferentes
actores económicos y sociales, sobre la ocupación y el uso adecuado del territorio y el

aprovechamiento de los recursos naturales, previniendo conflictos ambientales.
e. Promover la protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados y frágiles.
f. Fomentar el desarrollo de tecnologías limpias y responsabilidad social.
Artículo 21º.- De la asignación de usos
La asignación de usos se basa en la evaluación de las potencialidades y limitaciones del territorio
utilizando, entre otros, criterios físicos, biológicos, ambientales, sociales, económicos y culturales,
mediante el proceso de zonificación ecológica y económica. Dichos instrumentos constituyen
procesos dinámicos y flexibles, y están sujetos a la Política Nacional Ambiental.
Artículo 22º.- Del ordenamiento territorial ambiental y la descentralización
22.1 El ordenamiento territorial ambiental es un objetivo de la descentralización en materia de
gestión ambiental. En el proceso de descentralización se prioriza la incorporación de la dimensión
ambiental en el ordenamiento territorial de las regiones y en las áreas de jurisdicción local, como
parte de sus respectivas estrategias de desarrollo sostenible.
22.2 El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional y en coordinación con los
niveles descentralizados de gobierno, establece la política nacional en materia de ordenamiento
territorial ambiental, la cual constituye referente obligatorio de las políticas públicas en todos los
niveles de gobierno.
22.3 Los gobiernos regionales y locales coordinan sus políticas de ordenamiento territorial, entre sí y
con el Gobierno Nacional, considerando las propuestas que al respecto formule la sociedad civil.
Artículo 23º.- Del ordenamiento urbano y rural
23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover,
formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional
Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las
ciudades, así como los diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación
vigente, los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales.
23.2 Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones
ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus
jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas
y periurbanas de que dispone la población.
23.3 Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de
la zonificación aprobada por los gobiernos locales.
Artículo 24º.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así
como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de
carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su
reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación
de Impacto Ambiental deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental
específicas de la materia.
Artículo 25º.- De los Estudios de Impacto Ambiental
Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que contienen una
descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha
actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica
de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles
tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia
señala los demás requisitos que deban contener los EIA.
Artículo 26º.- De los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
26.1 La autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental - PAMA, para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones
ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las
respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un
cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control, mitigación,
recuperación y eventual compensación que corresponda. Los informes sustentatorios de la
definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el

cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona
interesada.
26.2 El incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, sea durante su vigencia o al final de
éste, se sanciona administrativamente, independientemente de las sanciones civiles o penales a
que haya lugar.
Artículo 27º.- De los planes de cierre de actividades
Los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre de actividades o
instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo
considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les
correspondan de conformidad con el marco legal vigente. La Autoridad Ambiental Nacional, en
coordinación con las autoridades ambientales sectoriales, establece disposiciones específicas sobre
el cierre, abandono, post-cierre y post-abandono de actividades o instalaciones, incluyendo el
contenido de los respectivos planes y las condiciones que garanticen su adecuada aplicación.
Artículo 28º.- De la Declaratoria de Emergencia Ambiental
En caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas
naturales o tecnológicas, el CONAM, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el
Ministerio de Salud u otras entidades con competencia ambiental, debe declarar la Emergencia
Ambiental y establecer planes especiales en el marco de esta Declaratoria. Por ley y su reglamento
se regula el procedimiento y la Declaratoria de dicha Emergencia.
Artículo 29º.- De las normas transitorias de calidad ambiental de carácter especial
La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, puede dictar
normas ambientales transitorias de aplicación específica en zonas ambientalmente críticas o
afectadas por desastres, con el propósito de contribuir a su recuperación o superar las situaciones
de emergencia. Su establecimiento no excluye la aprobación de otras normas, parámetros, guías o
directrices, orientados a prevenir el deterioro ambiental, proteger la salud o la conservación de los
recursos naturales y la diversidad biológica y no altera la vigencia de los ECA y LMP que sean
aplicables.
Artículo 30º.- De los planes de descontaminación y el tratamiento de pasivos ambientales
30.1 Los planes de descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales están dirigidos a
remediar impactos ambientales originados por uno o varios proyectos de inversión o actividades,
pasados o presentes.
El Plan debe considerar su financiamiento y las responsabilidades que correspondan a los titulares
de las actividades contaminantes, incluyendo la compensación por los daños generados, bajo el
principio de responsabilidad ambiental.
30.2 Las entidades con competencias ambientales promueven y establecen planes de
descontaminación y recuperación de ambientes degradados. La Autoridad Ambiental Nacional
establece los criterios para la elaboración de dichos planes.
30.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la Autoridad de Salud, puede proponer
al Poder Ejecutivo el establecimiento y regulación de un sistema de derechos especiales que
permita restringir las emisiones globales al nivel de las normas de calidad ambiental. El referido
sistema debe tener en cuenta:
a) Los tipos de fuentes de emisiones existentes;
b) Los contaminantes específicos;
c) Los instrumentos y medios de asignación de cuotas;
d) Las medidas de monitoreo; y,
e) La fiscalización del sistema y las sanciones que correspondan.
Artículo 31º.- Del Estándar de Calidad Ambiental
31.1 El Estándar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentración
o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el
aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la
salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la
concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos.
31.2 El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. Es un
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental.
31.3 No se otorga la certificación ambiental establecida mediante la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental, cuando el respectivo EIA concluye que la implementación de la

actividad implicaría el incumplimiento de algún Estándar de Calidad Ambiental. Los Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental también deben considerar los Estándares de Calidad Ambiental al
momento de establecer los compromisos respectivos.
31.4 Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de
calidad ambiental, con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o naturales, a
menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la transgresión de dichos
estándares. Las sanciones deben basarse en el incumplimiento de obligaciones a cargo de las
personas naturales o jurídicas, incluyendo las contenidas en los instrumentos de gestión ambiental.
Artículo 32°.- Del Límite Máximo Permisible
32.1 El Límite Máximo Permisible - LMP, es la medida de la concentración o grado de elementos,
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una
emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al
ambiente. Su determinación corresponde al Ministerio del Ambiente. Su cumplimiento es exigible
legalmente por el Ministerio del Ambiente y los organismos que conforman el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental. Los criterios para la determinación de la supervisión y sanción serán
establecidos por dicho Ministerio. (1)
(1) Numeral 32.1 modificado por disposición del Art. 1º del D. LEG. Nº 1055 publicado el 27/06/2008.
32.2 El LMP guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente
determinada y los niveles generales que se establecen en los ECA. La implementación de estos
instrumentos debe asegurar que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de
acuerdo con las normas sobre la materia.
Artículo 33º.- De la elaboración de ECA y LMP
33.1 La Autoridad Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y LMP y,
en coordinación con los sectores correspondientes, elabora o encarga las propuestas de ECA y
LMP, los que serán remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación
mediante decreto supremo.
33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros
estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel
internacional especializadas en cada uno de los temas ambientales.
33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes,
dispondrá la aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel
internacional en los casos que no existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.
33.4 En el proceso de revisión de los parámetros de contaminación ambiental, con la finalidad de
determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el principio de la gradualidad, permitiendo ajustes
progresivos a dichos niveles para las actividades en curso.
Artículo 34º.- De los planes de prevención y de mejoramiento de la calidad ambiental
La Autoridad Ambiental Nacional coordina con las autoridades competentes la formulación,
ejecución y evaluación de los planes destinados a la mejora de la calidad ambiental o la prevención
de daños irreversibles en zonas vulnerables o en las que se sobrepasen los ECA, y vigila según sea
el caso, su fiel cumplimiento.
Con tal fin puede dictar medidas cautelares que aseguren la aplicación de los señalados planes, o
establecer sanciones ante el incumplimiento de una acción prevista en ellos, salvo que dicha acción
constituya una infracción a la legislación ambiental que debe ser resuelta por otra autoridad de
acuerdo a ley.
Artículo 35º.- Del Sistema Nacional de Información Ambiental
35.1 El Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA constituye una red de integración
tecnológica, institucional y técnica para facilitar la sistematización, acceso y distribución de la
información ambiental, así como el uso e intercambio de información para los procesos de toma de
decisiones y de la gestión ambiental.
35.2 La Autoridad Ambiental Nacional administra el SINIA. A su solicitud, o de conformidad con lo
establecido en las normas legales vigentes, las instituciones públicas generadoras de información,
de nivel nacional, regional y local, están obligadas a brindarle la información relevante para el SINIA,
sin perjuicio de la información que está protegida por normas especiales.

Artículo 36º.- De los instrumentos económicos
36.1 Constituyen instrumentos económicos aquellos basados en mecanismos propios del mercado
que buscan incentivar o desincentivar determinadas conductas con el fin de promover el
cumplimiento de los objetivos de política ambiental.
36.2 Conforme al marco normativo presupuestal y tributario del Estado, las entidades públicas de
nivel nacional, sectorial, regional y local en el ejercicio y ámbito de sus respectivas funciones,
incorporan instrumentos económicos, incluyendo los de carácter tributario, a fin de incentivar
prácticas ambientalmente adecuadas y el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional
Ambiental y las normas ambientales.
36.3 El diseño de los instrumentos económicos propician el logro de niveles de desempeño
ambiental más exigentes que los establecidos en las normas ambientales.
Artículo 37º.- De las medidas de promoción
Las entidades públicas establecen medidas para promover el debido cumplimiento de las normas
ambientales y mejores niveles de desempeño ambiental, en forma complementaria a los
instrumentos económicos o de sanción que establezcan, como actividades de capacitación, difusión
y sensibilización ciudadana, la publicación de promedios de desempeño ambiental, los
reconocimientos públicos y la asignación de puntajes especiales en licitaciones públicas a los
proveedores ambientalmente más responsables.
Artículo 38º.- Del financiamiento de la gestión ambiental
El Poder Ejecutivo establece los lineamientos para el financiamiento de la gestión ambiental del
sector público.
Sin perjuicio de asignar recursos públicos, el Poder Ejecutivo debe buscar, entre otras medidas,
promover el acceso a los mecanismos de financiamiento internacional, los recursos de la
cooperación internacional y las fuentes destinadas a cumplir con los objetivos de la política
ambiental y de la Agenda Ambiental Nacional, aprobada de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 39º.- De la información sobre el gasto e inversión ambiental del Estado
El Ministerio de Economía y Finanzas informa acerca del gasto y la inversión en la ejecución de
programas y proyectos públicos en materia ambiental. Dicha información se incluye anualmente en
el Informe Nacional del Estado del Ambiente.
Artículo 40º.- Del rol del sector privado en el financiamiento
El sector privado contribuye al financiamiento de la gestión ambiental sobre la base de principios de
internalización de costos y de responsabilidad ambiental, sin perjuicio de otras acciones que
emprendan en el marco de sus políticas de responsabilidad social, así como de otras contribuciones
de carácter voluntario.
CAPÍTULO 4
ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 41º.- Del acceso a la información ambiental
Conforme al derecho de acceder adecuada y oportunamente a la información pública sobre el
ambiente, sus componentes y sus implicancias en la salud, toda entidad pública, así como las
personas jurídicas sujetas al régimen privado que presten servicios públicos, facilitan el acceso a
dicha información a quien lo solicite, sin distinción de ninguna índole, con sujeción exclusivamente a
lo dispuesto en la legislación vigente.
Artículo 42°.- De la Obligación de Informar
Las entidades públicas con competencias ambientales y las personas jurídicas que presten servicios
públicos, conforme a lo señalado en el artículo precedente, tiene las siguientes obligaciones en
materia de acceso a la información ambiental: (2)
(2) Primer párrafo modificado por el Art. 1º del D. LEG. Nº 1055 publicado el 27/06/2008.
a. Establecer mecanismos para la generación, organización y sistematización de la información
ambiental relativa a los sectores, áreas o actividades a su cargo.
b. Facilitar el acceso directo a la información ambiental que se les requiera y que se encuentre en el
ámbito de su competencia, sin perjuicio de adoptar las medidas necesarias para cautelar el normal
desarrollo de sus actividades y siempre que no se esté incurso en excepciones legales al acceso de

la información.
c. Establecer criterios o medidas para validar o asegurar la calidad e idoneidad de la información
ambiental que poseen.
d. Difundir la información gratuita sobre las actividades del Estado y, en particular, la relativa a su
organización, funciones, fines, competencias, organigrama, dependencias, horarios de atención y
procedimientos administrativos a su cargo, entre otros.
e. Eliminar las exigencias, cobros indebidos y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o
impidan el eficaz acceso a la información ambiental.
f. Rendir cuenta acerca de las solicitudes de acceso a la información recibidas y de la atención
brindada.
g. Entregar al Ministerio del Ambiente-MINAM la información ambiental que ésta genere, por
considerarla necesaria para la gestión ambiental, la cual deberá ser suministrada al Ministerio en el
plazo que éste determine, bajo responsabilidad del máximo representante del organismo encargado
de suministrar la información. Sin perjuicio de ello, el incumplimiento del funcionario o servidor
público encargado de remitir la información mencionada, será considerado como falta grave. (3)
(3) Literal g) modificado por el Art. 1º del D. LEG. Nº 1055 publicado el 27/06/2008.
h. El MINAM solicitará la información a las entidades generadoras de información con la finalidad de
elaborar los informes nacionales sobre el estado del ambiente. Dicha información deberá ser
entregada en el plazo que determine el Ministerio, pudiendo ser éste ampliado a solicitud de parte,
bajo responsabilidad del máximo representante del organismo encargado de suministrar la
información. Sin perjuicio de ello, el funcionario o servidor público encargado de remitir la
información mencionada, será considerado como falta grave. (4)
(4) Literal h) incorporado por el Art. 1º del D. LEG. Nº 1055 publicado el 27/06/2008.
Artículo 43°.- De la información sobre denuncias presentadas
43.1 Toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquier
entidad pública respecto de infracciones a la normatividad ambiental, sanciones y reparaciones
ambientales, riesgos o daños al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos
vinculados a daños o riesgos a la salud de personas. Las entidades públicas deben establecer en
sus Reglamentos de Organización y Funciones, Textos Únicos de Procedimientos Administrativos u
otros documentos de gestión, los procedimientos para la atención de las citadas denuncias y sus
formas de comunicación al público, de acuerdo con los parámetros y criterios que al respecto fije el
Ministerio del Ambiente y bajo responsabilidad de su máximo representante.
Las entidades deberán enviar anualmente un listado con las denuncias recibidas y soluciones
alcanzadas, con la finalidad de hacer pública esta información a la población a través del SINIA. (5)
(5) Numeral 43.1 modificado por el Art. 1º del D. LEG. Nº 1055 publicado el 27/06/2008.
43.2 En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad, en razón de las funciones y
atribuciones legalmente establecidas, se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al denunciante.
Artículo 44º.- De la incorporación de información al SINIA
Los informes y documentos resultantes de las actividades científicas, técnicas y de monitoreo de la
calidad del ambiente y de sus componentes, así como los que se generen en el ejercicio de las
funciones ambientales que ejercen las entidades públicas, deben ser incorporados al SINIA, a fin de
facilitar su acceso para las entidades públicas y privadas, en el marco de las normas y limitaciones
establecidas en las normas de transparencia y acceso a la información pública.
Artículo 45º.- De las estadísticas ambientales y cuentas nacionales
El Estado incluye en las estadísticas nacionales información sobre el estado del ambiente y sus
componentes. Asimismo, debe incluir en las cuentas nacionales el valor del Patrimonio Natural de la
Nación y la degradación de la calidad del ambiente, informando periódicamente a través de la
Autoridad Ambiental Nacional acerca de los incrementos y decrementos que lo afecten.
Artículo 46º.- De la participación ciudadana
Toda persona natural o jurídica, en forma individual o colectiva, puede presentar opiniones,
posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes en los procesos de toma de decisiones de la
gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior
ejecución, seguimiento y control. El derecho a la participación ciudadana se ejerce en forma

responsable.
Artículo 47º.- Del deber de participación responsable
47.1 Toda persona, natural o jurídica, tiene el deber de participar responsablemente en la gestión
ambiental, actuando con buena fe, transparencia y veracidad conforme a las reglas y
procedimientos de los mecanismos formales de participación establecidos y a las disposiciones de
la presente Ley y las demás normas vigentes.
47.2 Constituyen trasgresión a las disposiciones legales sobre participación ciudadana toda acción o
medida que tomen las autoridades o los ciudadanos que impida u obstaculice el inicio, desarrollo o
término de un proceso de participación ciudadana. En ningún caso constituirá trasgresión a las
normas de participación ciudadana la presentación pacífica de aportes, puntos de vista o
documentos pertinentes y ajustados a los fines o materias objeto de la participación ciudadana.
Artículo 48º.- De los mecanismos de participación ciudadana
48.1 Las autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva
participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las personas
naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso particular de toma de
decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control; asimismo promueven, de
acuerdo a sus posibilidades, la generación de capacidades en las organizaciones dedicadas a la
defensa y protección del ambiente y los recursos naturales, así como alentar su participación en la
gestión ambiental.
48.2 La Autoridad Ambiental Nacional establece los lineamientos para el diseño de mecanismos de
participación ciudadana ambiental, que incluyen consultas y audiencias públicas, encuestas de
opinión, apertura de buzones de sugerencias, publicación de proyectos normativos, grupos técnicos
y mesas de concertación, entre otros.
Artículo 49º.- De las exigencias específicas
Las entidades públicas promueven mecanismos de participación de las personas naturales y
jurídicas en la gestión ambiental estableciendo, en particular, mecanismos de participación
ciudadana en los siguientes procesos:
a. Elaboración y difusión de la información ambiental.
b. Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión ambiental, así como de los
planes, programas y agendas ambientales.
c. Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada, así como de proyectos de
manejo de los recursos naturales.
d. Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias por infracciones a la
legislación ambiental o por amenazas o violación a los derechos ambientales.
Artículo 50º.- De los deberes del Estado en materia de participación ciudadana
Las entidades públicas tienen las siguientes obligaciones en materia de participación ciudadana:
a. Promover el acceso oportuno a la información relacionada con las materias objeto de la
participación ciudadana.
b. Capacitar, facilitar asesoramiento y promover la activa participación de las entidades dedicadas a
la defensa y protección del ambiente y la población organizada, en la gestión ambiental.
c. Establecer mecanismos de participación ciudadana para cada proceso de involucramiento de las
personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental.
d. Eliminar las exigencias y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o impidan la eficaz
participación de las personas naturales o jurídicas en la gestión ambiental.
e. Velar por que cualquier persona natural o jurídica, sin discriminación de ninguna índole, pueda
acceder a los mecanismos de participación ciudadana.
f. Rendir cuenta acerca de los mecanismos, procesos y solicitudes de participación ciudadana, en
las materias a su cargo.
Artículo 51º.- De los criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana
Sin perjuicio de las normas nacionales, sectoriales, regionales o locales que se establezca, en todo
proceso de participación ciudadana se deben seguir los siguientes criterios:
153._ La autoridad competente pone a disposición del público interesado, principalmente en los
lugares de mayor afectación por las decisiones a tomarse, la información y documentos pertinentes,
con una anticipación razonable, en formato sencillo y claro, y en medios adecuados.
En el caso de las autoridades de nivel nacional, la información es colocada a disposición del público
en la sede de las direcciones regionales y en la municipalidad provincial más próxima al lugar

indicado en el literal precedente.
Igualmente, la información debe ser accesible mediante Internet.
b. La autoridad competente convoca públicamente a los procesos de participación ciudadana, a
través de medios que faciliten el conocimiento de dicha convocatoria, principalmente a la población
probablemente interesada.
c. Cuando la decisión a adoptarse se sustente en la revisión o aprobación de documentos o
estudios de cualquier tipo y si su complejidad lo justifica, la autoridad competente debe facilitar, por
cuenta del promotor de la decisión o proyecto, versiones simplificadas a los interesados.
d. La autoridad competente debe promover la participación de todos los sectores sociales
probablemente interesados en las materias objeto del proceso de participación ciudadana, así como
la participación de los servidores públicos con funciones, atribuciones o responsabilidades
relacionadas con dichas materias.
e. Cuando en las zonas involucradas con las materias objeto de la consulta habiten poblaciones que
practican mayoritariamente idiomas distintos al castellano, la autoridad competente garantiza que se
provean los medios que faciliten su comprensión y participación.
f. Las audiencias públicas se realizan, al menos, en la zona donde se desarrollará el proyecto de
inversión, el plan, programa o en donde se ejecutarán las medidas materia de la participación
ciudadana, procurando que el lugar elegido sea aquel que permita la mayor participación de los
potenciales afectados.
g. Cuando se realicen consultas públicas u otras formas de participación ciudadana, el sector
correspondiente debe publicar los acuerdos, observaciones y recomendaciones en su portal
institucional.
Si las observaciones o recomendaciones que sean formuladas como consecuencia de los
mecanismos de participación ciudadana que no son tomadas en cuenta, el sector correspondiente
deberá fundamentar por escrito las razones para ello, en un plazo no mayor de treinta (30) días
útiles. (6)
(6) Literal g) modificado por el Art. 1º del D. LEG. Nº 1055 publicado el 27/06/2008.
h. Cuando las observaciones o recomendaciones que sean formuladas como consecuencia de los
mecanismos de participación ciudadana no sean tomados en cuenta, se debe informar y
fundamentar la razón de ello, por escrito, a quienes las hayan formulado.
TÍTULO II
DE LOS SUJETOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO 1
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO
Artículo 52º.- De las competencias ambientales del Estado
Las competencias ambientales del Estado son ejercidas por organismos constitucionalmente
autónomos, autoridades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, de
conformidad con la Constitución y las leyes que definen sus respectivos ámbitos de actuación,
funciones y atribuciones, en el marco del carácter unitario del Estado. El diseño de las políticas y
normas ambientales de carácter nacional es una función exclusiva del Gobierno Nacional.
Artículo 53º.- De los roles de carácter transectorial
53.1 Las entidades que ejercen funciones en materia de salud ambiental, protección de recursos
naturales renovables, calidad de las aguas, aire o suelos y otros aspectos de carácter transectorial,
ejercen funciones de vigilancia, establecimiento de criterios, y de ser necesario, expedición de
opinión técnica previa, para evitar los riesgos y daños de carácter ambiental que comprometan la
protección de los bienes bajo su responsabilidad. La obligatoriedad de dicha opinión técnica previa
se establece mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y
regulada por la Autoridad Ambiental Nacional.
53.2 Las autoridades indicadas en el párrafo anterior deben evaluar periódicamente las políticas,
normas y resoluciones emitidas por las entidades públicas de nivel sectorial, regional y local, a fin de
determinar su consistencia con sus políticas y normas de protección de los bienes bajo su
responsabilidad, caso contrario deben reportar sus hallazgos a la Autoridad Ambiental Nacional, a

las autoridades involucradas y a la Contraloría General de la República, para que cada una de ellas
ejerza sus funciones conforme a ley.
53.3 Toda autoridad pública de nivel nacional, regional y local debe responder a los requerimientos
que formulen las entidades señaladas en el primer párrafo de este artículo, bajo responsabilidad.
Artículo 54º.- De los conflictos de competencia
54.1 Cuando en un caso particular, dos o más entidades públicas se atribuyan funciones
ambientales de carácter normativo, fiscalizador o sancionador sobre una misma actividad, le
corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional, a través de su Tribunal de Solución de
Controversias Ambientales, determinar cuál de ellas debe actuar como la autoridad competente.
La resolución de la Autoridad Ambiental Nacional es de observancia obligatoria y agota la vía
administrativa. Esta disposición es aplicable en caso de conflicto entre:
a) Dos o más entidades del Poder Ejecutivo.
b) Una o más de una entidad del Poder Ejecutivo y uno o más gobiernos regionales o gobiernos
locales.
c) Uno o más gobiernos regionales o gobiernos locales.
54.2 La Autoridad Ambiental Nacional es competente siempre que la función o atribución específica
en conflicto no haya sido asignada directamente por la Constitución o por sus respectivas Leyes
Orgánicas, en cuyo caso la controversia la resuelve el Tribunal Constitucional.
Artículo 55º.- De las deficiencias en la asignación de atribuciones ambientales
La Autoridad Ambiental Nacional ejerce funciones coordinadoras y normativas, de fiscalización y
sancionadoras, para corregir vacíos, superposición o deficiencias en el ejercicio de funciones y
atribuciones ambientales nacionales, sectoriales, regionales y locales en materia ambiental.
CAPÍTULO 2
AUTORIDADES PÚBLICAS
Artículo 56º.- De la Autoridad Ambiental Nacional
El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y ente rector del
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Sus funciones y atribuciones específicas se establecen por
ley y se desarrollan en su Reglamento de Organización y Funciones.
Artículo 57º.- Del alcance de las disposiciones transectoriales
En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad Ambiental Nacional establece disposiciones de
alcance transectorial sobre la gestión del ambiente y sus componentes, sin perjuicio de las
funciones específicas a cargo de las autoridades sectoriales, regionales y locales competentes.
Artículo 58º.- Del ejercicio sectorial de las funciones ambientales
58.1 Los ministerios y sus respectivos organismos públicos descentralizados, así como los
organismos regulatorios o de fiscalización, ejercen funciones y atribuciones ambientales sobre las
actividades y materias señaladas en la ley.
58.2 Las autoridades sectoriales con competencia ambiental, coordinan y consultan entre sí y con
las autoridades de los gobiernos regionales y locales, con el fin de armonizar sus políticas, evitar
conflictos o vacíos de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines
de la presente Ley y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Artículo 59º.- Del ejercicio descentralizado de las funciones ambientales
59.1 Los gobiernos regionales y locales ejercen sus funciones y atribuciones de conformidad con lo
que establecen sus respectivas leyes orgánicas y lo dispuesto en la presente Ley.
59.2 Para el diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental de nivel
regional y local, se tienen en cuenta los principios, derechos, deberes, mandatos y
responsabilidades establecidos en la presente Ley y las normas que regulan el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental; el proceso de descentralización; y aquellas de carácter nacional referidas al
ordenamiento ambiental, la protección de los recursos naturales, la diversidad biológica, la salud y la
protección de la calidad ambiental.
59.3 Las autoridades regionales y locales con competencia ambiental, coordinan y consultan entre
sí y con las autoridades nacionales, con el fin de armonizar sus políticas, evitar conflictos o vacíos
de competencia y responder, con coherencia y eficiencia, a los objetivos y fines de la presente Ley y
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

Artículo 60º.- Del ejercicio de las competencias y funciones
Las normas regionales y municipales en materia ambiental guardan concordancia con la legislación
de nivel nacional. Los gobiernos regionales y locales informan y realizan coordinaciones con las
entidades con las que compartan competencias y funciones, antes de ejercerlas.
Artículo 61º.- De la concertación en la gestión ambiental regional
Los gobiernos regionales, a través de sus Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, y en coordinación con las Comisiones Ambientales Regionales y la Autoridad Ambiental
Nacional, implementan un Sistema Regional de Gestión Ambiental, integrando a las entidades
públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del
medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno regional.
Artículo 62º.- De la concertación en la gestión ambiental local
Los gobiernos locales organizan el ejercicio de sus funciones ambientales, considerando el diseño y
la estructuración de sus órganos internos o comisiones, en base a sus recursos, necesidades y el
carácter transversal de la gestión ambiental. Deben implementar un Sistema Local de Gestión
Ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales o
que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de
actuación del gobierno local.
Artículo 63º.- De los fondos de interés público
La aplicación de los recursos financieros que administran los fondos de interés público en los que
participa el Estado, sean de derecho público o privado, se realiza tomando en cuenta los principios
establecidos en la presente Ley y propiciando la investigación científica y tecnológica, la innovación
productiva, la facilitación de la producción limpia y los bionegocios, así como el desarrollo social, sin
perjuicio de los objetivos específicos para los cuales son creados.
CAPÍTULO 3
POBLACIÓN Y AMBIENTE
Artículo 64º.- De los asentamientos poblacionales
En el diseño y aplicación de políticas públicas relativas a la creación, desarrollo y reubicación de
asentamientos poblacionales, en sus respectivos instrumentos de planificación y en las decisiones
relativas al acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano, se consideran medidas de protección
ambiental, en base a lo dispuesto en la presente Ley y en sus normas complementarias y
reglamentarias, de forma que se aseguren condiciones adecuadas de habitabilidad en las ciudades
y poblados del país, así como la protección de la salud, la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica y del patrimonio cultural asociado a
ellas.
Artículo 65º.- De las políticas poblacionales y gestión ambiental
El crecimiento de la población y su ubicación dentro del territorio son variables que se consideran en
las políticas ambientales y de promoción del desarrollo sostenible. Del mismo modo, las políticas de
desarrollo urbano y rural deben considerar el impacto de la población sobre la calidad del ambiente
y sus componentes.
Artículo 66º.- De la salud ambiental
66.1 La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión
ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de Salud y de las personas
naturales y jurídicas, dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y
de los factores que generan riesgos a la salud de las personas.
66.2 La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como área prioritaria, a
fin de velar por la minimización de riesgos ambientales derivados de las actividades y materias
comprendidas bajo el ámbito de este sector.
Artículo 67º.- Del saneamiento básico
Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local priorizan medidas de
saneamiento básico que incluyan la construcción y administración de infraestructura apropiada, la
gestión y manejo adecuado del agua potable, las aguas pluviales, las aguas subterráneas, el
sistema de alcantarillado público, el reuso de aguas servidas, la disposición de excretas y los
residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y
continuidad de los servicios de saneamiento, así como el establecimiento de tarifas adecuadas y
consistentes con el costo de dichos servicios, su administración y mejoramiento.

Artículo 68º.- De los planes de desarrollo
68.1 Los planes de acondicionamiento territorial de las municipalidades consideran, según sea el
caso, la disponibilidad de fuentes de abastecimiento de agua, así como áreas o zonas para la
localización de infraestructura sanitaria, debiendo asegurar que se tomen en cuenta los criterios
propios del tiempo de vida útil de esta infraestructura, la disposición de áreas de amortiguamiento
para reducir impactos negativos sobre la salud de las personas y la calidad ambiental, su protección
frente a desastres naturales, la prevención de riesgos sobre las aguas superficiales y subterráneas y
los demás elementos del ambiente.
68.2 En los instrumentos de planificación y acondicionamiento territorial debe considerarse,
necesariamente, la identificación de las áreas para la localización de la infraestructura de
saneamiento básico.
Artículo 69º.- De la relación entre cultura y ambiente
La relación entre los seres humanos y el ambiente en el cual viven constituye parte de la cultura de
los pueblos.
Las autoridades públicas alientan aquellas expresiones culturales que contribuyan a la conservación
y protección del ambiente y desincentivan aquellas contrarias a tales fines.
Artículo 70º.- De los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas
En el diseño y aplicación de la política ambiental y, en particular, en el proceso de ordenamiento
territorial ambiental, se deben salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, comunidades
campesinas y nativas reconocidas en la Constitución Política y en los tratados internacionales
ratificados por el Estado. Las autoridades públicas promueven su participación e integración en la
gestión del ambiente.
Artículo 71º.- De los conocimientos colectivos
El Estado reconoce, respeta, registra, protege y contribuye a aplicar más ampliamente los
conocimientos colectivos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, comunidades
campesinas y nativas, en tanto ellos constituyen una manifestación de sus estilos de vida
tradicionales y son consistentes con la conservación de la diversidad biológica y la utilización
sostenible de los recursos naturales. El Estado promueve su participación, justa y equitativa, en los
beneficios derivados de dichos conocimientos y fomenta su participación en la conservación y la
gestión del ambiente y los ecosistemas.
Artículo 72º.- Del aprovechamiento de recursos naturales y pueblos indígenas, comunidades
campesinas y nativas
72.1 Los estudios y proyectos de exploración, explotación y aprovechamiento de recursos naturales
que se autoricen en tierras de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, adoptan las
medidas necesarias para evitar el detrimento a su integridad cultural, social, económica ni a sus
valores tradicionales.
72.2 En caso de proyectos o actividades a ser desarrollados dentro de las tierras de poblaciones
indígenas, comunidades campesinas y nativas, los procedimientos de consulta se orientan
preferentemente a establecer acuerdos con los representantes de éstas, a fin de resguardar sus
derechos y costumbres tradicionales, así como para establecer beneficios y medidas
compensatorias por el uso de los recursos, conocimientos o tierras que les corresponda según la
legislación pertinente.
72.3 De conformidad con la ley, los pueblos indígenas y las comunidades nativas y campesinas,
pueden beneficiarse de los recursos de libre acceso para satisfacer sus necesidades de
subsistencia y usos rituales. Asimismo, tienen derecho preferente para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales dentro de sus tierras, debidamente tituladas, salvo reserva del
Estado o derechos exclusivos o excluyentes de terceros, en cuyo caso tienen derecho a una
participación justa y equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse del
aprovechamiento de dichos recursos.
CAPÍTULO 4
EMPRESA Y AMBIENTE
Artículo 73º.- Del ámbito
73.1 Las disposiciones del presente Capítulo son exigibles a los proyectos de inversión, de
investigación y a toda actividad susceptible de generar impactos negativos en el ambiente, en tanto

sean aplicables, de acuerdo a las disposiciones que determine la respectiva autoridad competente.
73.2 El término "titular de operaciones" empleado en los artículos siguientes de este Capítulo
incluye a todas las personas naturales y jurídicas.
Artículo 74º.- De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás
impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como
consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que
se generen por acción u omisión.
Artículo 75º.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y
daño ambiental en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de
conservación y protección ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus
operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios que
provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar de la presente Ley y
las demás normas legales vigentes.
75.2 Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a
cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben
considerar los costos necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el
proyecto y de aquellas que pudieran ser afectadas por éste.
Artículo 76º.- De los sistemas de gestión ambiental y mejora continua
El Estado promueve que los titulares de operaciones adopten sistemas de gestión ambiental
acordes con la naturaleza y magnitud de sus operaciones, con la finalidad de impulsar la mejora
contínua de sus niveles de desempeño ambiental.
Artículo 77º.- De la promoción de la producción limpia
77.1 Las autoridades nacionales, sectoriales, regionales y locales promueven, a través de acciones
normativas, de fomento de incentivos tributarios, difusión, asesoría y capacitación, la producción
limpia en el desarrollo de los proyectos de inversión y las actividades empresariales en general,
entendiendo que la producción limpia constituye la aplicación continua de una estrategia ambiental
preventiva e integrada para los procesos, productos y servicios, con el objetivo de incrementar la
eficiencia, manejar racionalmente los recursos y reducir los riesgos sobre la población humana y el
ambiente, para lograr el desarrollo sostenible.
77.2 Las medidas de producción limpia que puede adoptar el titular de operaciones incluyen, según
sean aplicables, control de inventarios y del flujo de materias primas e insumos, así como la
sustitución de éstos; la revisión, mantenimiento y sustitución de equipos y la tecnología aplicada; el
control o sustitución de combustibles y otras fuentes energéticas; la reingeniería de procesos,
métodos y prácticas de producción; y la reestructuración o rediseño de los bienes y servicios que
brinda, entre otras.
Artículo 78º.- De la responsabilidad social de la empresa
El Estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos
de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones
orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de
cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones.
Artículo 79º.- De la promoción de normas voluntarias
El Estado, en coordinación con los gremios y organizaciones empresariales, promueve la
elaboración y adopción de normas voluntarias, así como la autorregulación por los titulares de
operaciones, para mejorar su desempeño ambiental, sin perjuicio del debido cumplimiento de la
normatividad vigente.
Artículo 80º.- De las normas técnicas nacionales, de calidad y ecoetiquetado
El Estado promueve la adopción de normas técnicas nacionales para estandarizar los procesos de
producción y las características técnicas de los bienes y servicios que se ofrecen en el país o se
exportan, propiciando la gestión de su calidad, la prevención de riesgos y daños ambientales en los
procesos de su producción o prestación, así como prácticas de etiquetado, que salvaguarden los
derechos del consumidor a conocer la información relativa a la salud, el ambiente y a los recursos
naturales, sin generar obstáculos innecesarios o injustificados al libre comercio, de conformidad con
las normas vigentes y los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano.
Artículo 81º.- Del turismo sostenible

Las entidades públicas, en coordinación con el sector privado, adoptan medidas efectivas para
prevenir, controlar y mitigar el deterioro del ambiente y de sus componentes, en particular, los
recursos naturales y los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación asociado a ellos, como
consecuencia del desarrollo de infraestructuras y de las actividades turísticas y recreativas,
susceptibles de generar impactos negativos sobre ellos.
Artículo 82º.- Del consumo responsable
82.1 El Estado, a través de acciones educativas de difusión y asesoría, promueve el consumo
racional y sostenible, de forma tal que se incentive el aprovechamiento de recursos naturales, la
producción de bienes, la prestación de servicios y el ejercicio del comercio en condiciones
ambientales adecuadas.
82.2 Las normas, disposiciones y resoluciones sobre adquisiciones y contrataciones públicas
consideran lo señalado en el párrafo anterior, en la definición de los puntajes de los procesos de
selección de proveedores del Estado.
Artículo 83º.- Del control de materiales y sustancias peligrosas
83.1 De conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar y las demás
disposiciones contenidas en la presente Ley, las empresas adoptan medidas para el efectivo control
de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, debiendo prevenir, controlar,
mitigar eventualmente, los impactos ambientales negativos que aquellos generen.
83.2 El Estado adopta medidas normativas, de control, incentivo y sanción, para asegurar el uso,
manipulación y manejo adecuado de los materiales y sustancias peligrosas, cualquiera sea su
origen, estado o destino, a fin de prevenir riesgos y daños sobre la salud de las personas y el
ambiente.
TÍTULO III
INTEGRACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO 1
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Artículo 84º.- Del concepto
Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de ser
aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor
actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley.
Artículo 85º.- De los recursos naturales y del rol del Estado
85.1 El Estado promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
a través de políticas, normas, instrumentos y acciones de desarrollo, así como, mediante el
otorgamiento de derechos, conforme a los límites y principios expresados en la presente Ley y en
las demás leyes y normas reglamentarias aplicables.
85.2 Los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, solo por derecho otorgado de acuerdo a la
ley y al debido procedimiento pueden aprovecharse los frutos o productos de los mismos, salvo las
excepciones de ley. El Estado es competente para ejercer funciones legislativas, ejecutivas y
jurisdiccionales respecto de los recursos naturales.
85.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales
y descentralizadas, elabora y actualiza permanentemente, el inventario de los recursos naturales y
de los servicios ambientales que prestan, estableciendo su correspondiente valorización.
Artículo 86º.- De la seguridad
El Estado adopta y aplica medidas para controlar los factores de riesgo sobre los recursos naturales
estableciendo, en su caso, medidas para la prevención de los daños que puedan generarse.
Artículo 87º.- De los recursos naturales transfronterizos
Los recursos naturales transfronterizos se rigen por los tratados sobre la materia o en su defecto por
la legislación especial. El Estado promueve la gestión integrada de estos recursos y la realización
de alianzas estratégicas en tanto supongan el mejoramiento de las condiciones de sostenibilidad y
el respeto de las normas ambientales nacionales.
Artículo 88º.- De la definición de los regímenes de aprovechamiento
88.1 Por ley orgánica se definen los alcances y limitaciones de los recursos de libre acceso y el

régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, teniendo en cuenta en particular:
a. El sector o sectores del Estado responsables de la gestión de dicho recurso.
b. Las modalidades de otorgamiento de los derechos sobre los recursos.
c. Los alcances, condiciones y naturaleza jurídica de los derechos que se otorga.
d. Los derechos, deberes y responsabilidades de los titulares de los derechos.
e. Las medidas de promoción, control y sanción que corresponda.
88.2 El otorgamiento de derechos de aprovechamiento a particulares se realiza de acuerdo a las
leyes especiales de cada recurso y supone el cumplimiento previo por parte del Estado de todas las
condiciones y presupuestos establecidos en la ley.
88.3 Son características y condiciones intrínsecas a los derechos de aprovechamiento sostenible, y
como tales deben ser respetadas en las leyes especiales:
a. Utilización del recurso de acuerdo al título otorgado.
b. Cumplimiento de las obligaciones técnicas y legales respecto del recurso otorgado.
c. Cumplimiento de los planes de manejo o similares, de las evaluaciones de impacto ambiental,
evaluaciones de riesgo ambiental u otra establecida para cada recurso natural.
d. Cumplir con la retribución económica, pago de derecho de vigencia y toda otra obligación
económica establecida.
Artículo 89º.- De las medidas de gestión de los recursos naturales
Para la gestión de los recursos naturales, cada autoridad responsable toma en cuenta, según
convenga, la adopción de medidas previas al otorgamiento de derechos, tales como:
a. Planificación.
b. Ordenamiento y zonificación.
c. Inventario y valorización.
d. Sistematización de la información.
e. Investigación científica y tecnológica.
f. Participación ciudadana.
Artículo 90º.- Del recurso agua continental
El Estado promueve y controla el aprovechamiento sostenible de las aguas continentales a través
de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la afectación de su calidad ambiental y de
las condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde se encuentran; regula su
asignación en función de objetivos sociales, ambientales y económicos; y promueve la inversión y
participación del sector privado en el aprovechamiento sostenible del recurso.
Artículo 91º.- Del recurso suelo
El Estado es responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando
prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación.
Cualquier actividad económica o de servicios debe evitar el uso de suelos con aptitud agrícola,
según lo establezcan las normas correspondientes.
Artículo 92º.- De los recursos forestales y de fauna silvestre
92.1 El Estado establece una política forestal orientada por los principios de la presente Ley,
propiciando el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como
la conservación de los bosques naturales, resaltando sin perjuicio de lo señalado, los principios de
ordenamiento y zonificación de la superficie forestal nacional, el manejo de los recursos forestales,
la seguridad jurídica en el otorgamiento de derechos y la lucha contra la tala y caza ilegal.
92.2 El Estado promueve y apoya el manejo sostenible de la fauna y flora silvestres, priorizando la
protección de las especies y variedades endémicas y en peligro de extinción, en base a la
información técnica, científica, económica y a los conocimientos tradicionales.
Artículo 93º.- Del enfoque ecosistémico
La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de
manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales e
identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el
tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas
naturales existentes.
Artículo 94º.- De los servicios ambientales
94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen funciones que permiten
mantener las condiciones de los ecosistemas y del ambiente, generando beneficios que se
aprovechan sin que medie retribución o compensación, por lo que el Estado establece mecanismos

para valorizar, retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando lograr la
conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales.
94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, la protección de la
biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la belleza escénica,
entre otros.
94.3 La Autoridad Ambiental Nacional promueve la creación de mecanismos de financiamiento,
pago y supervisión de servicios ambientales.
Artículo 95º.- De los bonos de descontaminación
Para promover la conservación de la diversidad biológica, la Autoridad Ambiental Nacional
promueve, a través de una Comisión Nacional, los bonos de descontaminación u otros mecanismos
alternativos, a fin de que las industrias y proyectos puedan acceder a los fondos creados al amparo
del Protocolo de Kyoto y de otros convenios de carácter ambiental. Mediante decreto supremo se
crea la referida Comisión Nacional.
Artículo 96º.- De los recursos naturales no renovables
96.1 La gestión de los recursos naturales no renovables está a cargo de sus respectivas
autoridades sectoriales competentes, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 26821, las
leyes de organización y funciones de dichas autoridades y las normas especiales de cada recurso.
96.2 El Estado promueve el empleo de las mejores tecnologías disponibles para que el
aprovechamiento de los recursos no renovables sea eficiente y ambientalmente responsable.
CAPÍTULO 2
CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Artículo 97º.- De los lineamientos para políticas sobre diversidad biológica
La política sobre diversidad biológica se rige por los siguientes lineamientos:
a. La conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, así como el mantenimiento
de los procesos ecológicos esenciales de los que depende la supervivencia de las especies.
b. El rol estratégico de la diversidad biológica y de la diversidad cultural asociada a ella, para el
desarrollo sostenible.
c. El enfoque ecosistémico en la planificación y gestión de la diversidad biológica y los recursos
naturales.
d. El reconocimiento de los derechos soberanos del Perú como país de origen sobre sus recursos
biológicos, incluyendo los genéticos.
e. El reconocimiento del Perú como centro de diversificación de recursos genéticos y biológicos.
f. La prevención del acceso ilegal a los recursos genéticos y su patentamiento, mediante la
certificación de la legal procedencia del recurso genético y el consentimiento informado previo para
todo acceso a recursos genéticos, biológicos y conocimiento tradicional del país.
g. La inclusión de mecanismos para la efectiva distribución de beneficios por el uso de los recursos
genéticos y biológicos, en todo plan, programa, acción o proyecto relacionado con el acceso,
aprovechamiento comercial o investigación de los recursos naturales o la diversidad biológica.
h. La protección de la diversidad cultural y del conocimiento tradicional.
i. La valorización de los servicios ambientales que presta la diversidad biológica.
j. La promoción del uso de tecnologías y un mayor conocimiento de los ciclos y procesos, a fin de
implementar sistemas de alerta y prevención en caso de emergencia.
k. La promoción de políticas encaminadas a mejorar el uso de la tierra.
l. El fomento de la inversión pública y privada en la conservación y el aprovechamiento sostenible de
los ecosistemas frágiles.
m. La implementación de planes integrados de explotación agrícola o de cuenca hidrográfica que
prevean estrategias sustitutivas de cultivo y promoción de técnicas de captación de agua, entre
otros.
n. La cooperación en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas
más allá de los límites de la jurisdicción nacional, conforme al Derecho Internacional.
Artículo 98º.- De la conservación de ecosistemas
La conservación de los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos y procesos ecológicos, a
prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar medidas de
recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles.

Artículo 99º.- De los ecosistemas frágiles
99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección
especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares;
y su relación con condiciones climáticas especiales y con los desastres naturales.
99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas,
pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras,
bosques de neblina y bosques relicto.
99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de flora y fauna,
en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación con otros usos.
Artículo 100º.- De los ecosistemas de montaña
El Estado protege los ecosistemas de montaña y promueve su aprovechamiento sostenible. En el
ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas para:
a. Promover el aprovechamiento de la diversidad biológica, el ordenamiento territorial y la
organización social.
b. Promover el desarrollo de corredores ecológicos que integren las potencialidades de las
diferentes vertientes de las montañas, aprovechando las oportunidades que brindan los
conocimientos tradicionales de sus pobladores.
c. Estimular la investigación de las relaciones costo-beneficio y la sostenibilidad económica, social y
ambiental de las diferentes actividades productivas en las zonas de montañas.
d. Fomentar sistemas educativos adaptados a las condiciones de vida específicas en las montañas.
e. Facilitar y estimular el acceso a la información y al conocimiento, articulando adecuadamente
conocimientos y tecnologías tradicionales con conocimientos y tecnologías modernas.
Artículo 101º.- De los ecosistemas marinos y costeros
101.1 El Estado promueve la conservación de los ecosistemas marinos y costeros, como espacios
proveedores de recursos naturales, fuente de diversidad biológica marina y de servicios ambientales
de importancia nacional, regional y local.
101.2 El Estado, respecto de las zonas marinas y costeras, es responsable de:
a. Normar el ordenamiento territorial de las zonas marinas y costeras, como base para el
aprovechamiento sostenible de estas zonas y sus recursos.
b. Promover el establecimiento de áreas naturales protegidas con alto potencial de diversidad
biológica y servicios ambientales para la población.
c. Normar el desarrollo de planes y programas orientados a prevenir y proteger los ambientes
marino y costeros, a prevenir o controlar el impacto negativo que generan acciones como la
descarga de efluentes que afectan el mar y las zonas costeras adyacentes.
d. Regular la extracción comercial de recursos marinos y costeros productivos, considerando el
control y mitigación de impactos ambientales.
e. Regular el adecuado uso de las playas, promoviendo su buen mantenimiento.
f. Velar por que se mantengan y difundan las condiciones naturales que permiten el desarrollo de
actividades deportivas, recreativas y de ecoturismo.
101.3 El Estado y el sector privado promueven el desarrollo de investigación científica y tecnológica,
orientadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros.
Artículo 102º.- De la conservación de las especies
La política de conservación de las especies implica la necesidad de establecer condiciones mínimas
de supervivencia de las mismas, la recuperación de poblaciones y el cuidado y evaluaciones por el
ingreso y dispersión de especies exóticas.
Artículo 103º.- De los recursos genéticos
Para el acceso a los recursos genéticos del país se debe contar con el certificado de procedencia
del material a acceder y un reconocimiento de los derechos de las comunidades de donde se obtuvo
el conocimiento tradicional, conforme a los procedimientos y condiciones que establece la ley.
Artículo 104º.- De la protección de los conocimientos tradicionales
104.1 El Estado reconoce y protege los derechos patrimoniales y los conocimientos, innovaciones y
prácticas tradicionales de las comunidades campesinas, nativas y locales en lo relativo a la
diversidad biológica. El Estado establece los mecanismos para su utilización con el consentimiento
informado de dichas comunidades, garantizando la distribución de los beneficios derivados de la
utilización.
104.2 El Estado establece las medidas necesarias de prevención y sanción de la biopiratería.

Artículo 105º.- De la promoción de la biotecnología
El Estado promueve el uso de la biotecnología de modo consistente con la conservación de los
recursos biológicos, la protección del ambiente y la salud de las personas.
Artículo 106º.- De la conservación in situ
El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades de conservación in situ de
la diversidad biológica.
Artículo 107º.- Del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
El Estado asegura la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos, así como la historia y
cultura del país mediante la protección de espacios representativos de la diversidad biológica y de
otros valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico existentes en los espacios
continentales y marinos del territorio nacional, a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado - SINANPE, regulado de acuerdo a su normatividad específica.
Artículo 108º.- De las áreas naturales protegidas por el Estado
108.1 Las áreas naturales protegidas - ANP son los espacios continentales y/o marinos del territorio
nacional, expresamente reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, debido a
su importancia para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural,
paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Son de
dominio público y se establecen con carácter definitivo.
108.2 La sociedad civil tiene derecho a participar en la identificación, delimitación y resguardo de las
ANP y la obligación de colaborar en la consecución de sus fines; y el Estado promueve su
participación en la gestión de estas áreas, de acuerdo a ley.
Artículo 109º.- De la inclusión de las ANP en el SINIA
Las ANP deben figurar en las bases de datos del SINIA y demás sistemas de información que
utilicen o divulguen cartas, mapas y planos con fines científicos, técnicos, educativos, turísticos y
comerciales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de uso y conservación de
recursos naturales o de cualquier otra índole.
Artículo 110º.- De los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas en
las ANP
El Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales
sobre las tierras que poseen dentro de las ANP y en sus zonas de amortiguamiento. Promueve la
participación de dichas comunidades de acuerdo a los fines y objetivos de las ANP donde se
encuentren.
Artículo 111º.- Conservación ex situ
111.1 El Estado promueve el establecimiento e implementación de modalidades de conservación ex
situ de la diversidad biológica, tales como bancos de germoplasma, zoológicos, centros de rescate,
centros de custodia temporal, zoocriaderos, áreas de manejo de fauna silvestre, jardines botánicos,
viveros y herbarios.
111.2 El objetivo principal de la conservación ex situ es apoyar la supervivencia de las especies en
su hábitat natural, por lo tanto debe ser considerada en toda estrategia de conservación como un
complemento para la conservación in situ.
Artículo 112º.- Del paisaje como recurso natural
El Estado promueve el aprovechamiento sostenible del recurso paisaje mediante el desarrollo de
actividades educativas, turísticas y recreativas.
CAPÍTULO 3
CALIDAD AMBIENTAL
Artículo 113º.- De la calidad ambiental
113.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, tiene el deber de contribuir a prevenir,
controlar y recuperar la calidad del ambiente y de sus componentes.
113.2 Son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental:
a. Preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad del aire, el agua y los
suelos y demás componentes del ambiente, identificando y controlando los factores de riesgo que la
afecten.
b. Prevenir, controlar, restringir y evitar según sea el caso, actividades que generen efectos
significativos, nocivos o peligrosos para el ambiente y sus componentes, en particular cuando ponen

en riesgo la salud de las personas.
c. Recuperar las áreas o zonas degradadas o deterioradas por la contaminación ambiental.
d. Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y daños ambientales procedentes de la introducción, uso,
comercialización y consumo de bienes, productos, servicios o especies de flora y fauna.
e. Identificar y controlar los factores de riesgo a la calidad del ambiente y sus componentes.
f. Promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, las actividades de transferencia
de conocimientos y recursos, la difusión de experiencias exitosas y otros medios para el
mejoramiento de la calidad ambiental.
Artículo 114º.- Del agua para consumo humano
El acceso al agua para consumo humano es un derecho de la población. Corresponde al Estado
asegurar la vigilancia y protección de aguas que se utilizan con fines de abastecimiento poblacional,
sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a los particulares.
En caso de escasez, el Estado asegura el uso preferente del agua para fines de abastecimiento de
las necesidades poblacionales, frente a otros usos.
Artículo 115º.- De los ruidos y vibraciones
115.1 Las autoridades sectoriales son responsables de normar y controlar los ruidos y las
vibraciones de las actividades que se encuentran bajo su regulación, de acuerdo a lo dispuesto en
sus respectivas leyes de organización y funciones.
115.2 Los gobiernos locales son responsables de normar y controlar los ruidos y vibraciones
originados por las actividades domésticas y comerciales, así como por las fuentes móviles,
debiendo establecer la normativa respectiva sobre la base de los ECA.
Artículo 116º.- De las radiaciones
El Estado, a través de medidas normativas, de difusión, capacitación, control, incentivo y sanción,
protege la salud de las personas ante la exposición a radiaciones tomando en consideración el nivel
de peligrosidad de las mismas.
El uso y la generación de radiaciones ionizantes y no ionizantes está sujeto al estricto control de la
autoridad competente, pudiendo aplicar, de acuerdo al caso, el principio precautorio, de conformidad
con lo dispuesto en el Título Preliminar de la presente Ley.
Artículo 117º.- Del control de emisiones
117.1 El control de las emisiones se realiza a través de los LMP y demás instrumentos de gestión
ambiental establecidos por las autoridades competentes.
117.2 La infracción de los LMP es sancionada de acuerdo con las normas correspondientes a cada
autoridad sectorial competente.
Artículo 118º.- De la protección de la calidad del aire
Las autoridades públicas, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, adoptan medidas para la
prevención, vigilancia y control ambiental y epidemiológico, a fin de asegurar la conservación,
mejoramiento y recuperación de la calidad del aire, según sea el caso, actuando prioritariamente en
las zonas en las que se superen los niveles de alerta por la presencia de elementos contaminantes,
debiendo aplicarse planes de contingencia para la prevención o mitigación de riesgos y daños sobre
la salud y el ambiente.
Artículo 119º.- Del manejo de los residuos sólidos
119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen
distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos
locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales.
119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente son de
responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y
supervisión establecidas en la legislación vigente.
Artículo 120º.- De la protección de la calidad de las aguas
120.1 El Estado, a través de las entidades señaladas en la Ley, está a cargo de la protección de la
calidad del recurso hídrico del país.
120.2 El Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines de su reutilización,
considerando como premisa la obtención de la calidad necesaria para su reuso, sin afectar la salud
humana, el ambiente o las actividades en las que se reutilizarán.
Artículo 121º.- Del vertimiento de aguas residuales
El Estado emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, una autorización previa
para el vertimiento de aguas residuales domésticas, industriales o de cualquier otra actividad

desarrollada por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho vertimiento no cause deterioro
de la calidad de las aguas como cuerpo receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines, de
acuerdo a lo establecido en los ECA correspondientes y las normas legales vigentes.
Artículo 122º.- Del tratamiento de residuos líquidos
122.1 Corresponde a las entidades responsables de los servicios de saneamiento la responsabilidad
por el tratamiento de los residuos líquidos domésticos y las aguas pluviales.
122.2 El sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es responsable de la vigilancia y sanción por
el incumplimiento de LMP en los residuos líquidos domésticos, en coordinación con las autoridades
sectoriales que ejercen funciones relacionadas con la descarga de efluentes en el sistema de
alcantarillado público.
122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, productivas, de
comercialización u otras que generen aguas residuales o servidas, son responsables de su
tratamiento, a fin de reducir sus niveles de contaminación hasta niveles compatibles con los LMP,
los ECA y otros estándares establecidos en instrumentos de gestión ambiental, de conformidad con
lo establecido en las normas legales vigentes. El manejo de las aguas residuales o servidas de
origen industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a través de terceros
debidamente autorizados a o a través de las entidades responsables de los servicios de
saneamiento, con sujeción al marco legal vigente sobre la materia.
CAPÍTULO 4
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Artículo 123º.- De la investigación ambiental científica y tecnológica
La investigación científica y tecnológica está orientada, en forma prioritaria, a proteger la salud
ambiental, optimizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a prevenir el
deterioro ambiental, tomando en cuenta el manejo de los fenómenos y factores que ponen en riesgo
el ambiente; el aprovechamiento de la biodiversidad, la realización y actualización de los inventarios
de recursos naturales y la producción limpia y la determinación de los indicadores de calidad
ambiental.
Artículo 124º.- Del fomento de la investigación ambiental científica y tecnológica
124.1 Corresponde al Estado y a las universidades, públicas y privadas, en cumplimiento de sus
respectivas funciones y roles, promover:
a. La investigación y el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental.
b. La investigación y sistematización de las tecnologías tradicionales.
c. La generación de tecnologías ambientales.
d. La formación de capacidades humanas ambientales en la ciudadanía.
e. El interés y desarrollo por la investigación sobre temas ambientales en la niñez y juventud.
f. La transferencia de tecnologías limpias.
g. La diversificación y competitividad de la actividad pesquera, agraria, forestal y otras actividades
económicas prioritarias.
124.2 El Estado, a través de los organismos competentes de ciencia y tecnología, otorga
preferencia a la aplicación de recursos orientados a la formación de profesionales y técnicos para la
realización de estudios científicos y tecnológicos en materia ambiental y el desarrollo de tecnologías
limpias, principalmente bajo el principio de prevención de contaminación.
Artículo 125º.- De las redes y registros
Los organismos competentes deben contar con un registro de las investigaciones realizadas en
materia ambiental, el cual debe estar a disposición del público, además se promoverá el despliegue
de redes ambientales.
Artículo 126º.- De las comunidades y tecnología ambiental
El Estado fomenta la investigación, recuperación y trasferencia de los conocimientos y las
tecnologías tradicionales, como expresión de su cultura y manejo de los recursos naturales.
Artículo 127º.- De la Política Nacional de Educación Ambiental
127.1 La educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la
vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las
prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con
miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.

127.2 El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes
entidades del Estado en materia ambiental y la sociedad civil para formular la política nacional de
educación ambiental, cuyo cumplimiento es obligatorio para los procesos de educación y
comunicación desarrollados por entidades que tengan su ámbito de acción en el territorio nacional, y
que tiene como lineamientos orientadores:
a. El desarrollo de una cultura ambiental constituida sobre una comprensión integrada del ambiente
en sus múltiples y complejas relaciones, incluyendo lo político, social, cultural, económico, científico
y tecnológico.
b. La transversalidad de la educación ambiental, considerando su integración en todas las
expresiones y situaciones de la vida diaria.
c. Estímulo de conciencia crítica sobre la problemática ambiental.
d. Incentivo a la participación ciudadana, a todo nivel, en la preservación y uso sostenible de los
recursos naturales y el ambiente.
e. Complementariedad de los diversos pisos ecológicos y regiones naturales en la construcción de
una sociedad ambientalmente equilibrada.
f. Fomento y estímulo a la ciencia y tecnología en el tema ambiental.
g. Fortalecimiento de la ciudadanía ambiental con pleno ejercicio, informada y responsable, con
deberes y derechos ambientales.
h. Desarrollar programas de educación ambiental, como base para la adaptación e incorporación de
materias y conceptos ambientales, en forma transversal, en los programas educativos formales y no
formales de los diferentes niveles.
153._ Presentar anualmente un informe sobre las acciones, avances y resultados de los
programas de educación ambiental.
Artículo 128º.- De la difusión de la ley en el sistema educativo
El Estado, a través del Sector Educación, en coordinación con otros sectores, difunde la presente
Ley en el sistema educativo, expresado en actividades y contenidos transversales orientados a la
conservación y uso racional del ambiente y los recursos naturales, así como de patrones de
conducta y consumo adecuados a la realidad ambiental nacional, regional y local.
Artículo 129º.- De los medios de comunicación
Los medios de comunicación social del Estado y los privados en aplicación de los principios
contenidos en la presente Ley, fomentan y apoyan las acciones tendientes a su difusión, con miras
al mejoramiento ambiental de la sociedad.
TÍTULO IV
RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL
CAPÍTULO 1
FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Artículo 130º.- De la fiscalización y sanción ambiental
130.1 La fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento,
verificación y otras similares, que realiza la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades
competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la
presente Ley, así como en sus normas complementarias y reglamentarias.
La Autoridad competente puede solicitar información, documentación u otra similar para asegurar el
cumplimiento de las normas ambientales.
130.2 Toda persona, natural o jurídica, está sometida a las acciones de fiscalización que determine
la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades competentes. Las sanciones
administrativas que correspondan, se aplican de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
130.3 El Estado promueve la participación ciudadana en las acciones de fiscalización ambiental.
Artículo 131º.- Del régimen de fiscalización y control ambiental
131.1 Toda persona, natural o jurídica, que genere impactos ambientales significativos está
sometida a las acciones de fiscalización y control ambiental que determine la Autoridad Ambiental
Nacional y las demás autoridades competentes.
131.2 Mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, se
establece el Régimen Común de fiscalización y control ambiental, desarrollando las atribuciones y

responsabilidades correspondientes.
Artículo 132º.- De las inspecciones
La autoridad ambiental competente realiza las inspecciones que consideren necesarias para el
cumplimiento de sus atribuciones, bajo los principios establecidos en la ley y las disposiciones de
los regímenes de fiscalización y control.
Artículo 133º.- De la vigilancia y monitoreo ambiental
La vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la información que permita orientar la
adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa
ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional establece los criterios para el desarrollo de las acciones
de vigilancia y monitoreo.
Artículo 134º.- De la vigilancia ciudadana
134.1 Las autoridades competentes dictan medidas que faciliten el ejercicio de la vigilancia
ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de denuncia frente a infracciones a la
normativa ambiental.
134.2 La participación ciudadana puede adoptar las formas siguientes:
a. Fiscalización y control visual de procesos de contaminación.
b. Fiscalización y control por medio de mediciones, muestreo o monitoreo ambiental.
c. Fiscalización y control vía la interpretación o aplicación de estudios o evaluaciones ambientales
efectuadas por otras instituciones.
134.3 Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados como resultado de la
participación ciudadana pueden ser puestos en conocimiento de la autoridad ambiental local,
regional o nacional, para el efecto de su registro y denuncia correspondiente. Si la autoridad
decidiera que la denuncia no es procedente ello debe ser notificado, con expresión de causa, a
quien proporciona la información, quedando a salvo su derecho de recurrir a otras instancias.
CAPÍTULO 2
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL
Artículo 135º.- Del régimen de sanciones
135.1 El incumplimiento de las normas de la presente Ley es sancionado por la autoridad
competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. Las autoridades
pueden establecer normas complementarias siempre que no se opongan al Régimen Común.
135.2 En el caso de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de fiscalización y control
ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido en sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 136º.- De las sanciones y medidas correctivas
136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente
Ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras,
según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas.
136.2 Son sanciones coercitivas:
a. Amonestación.
b. Multa no mayor de 10,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumpla
el pago.
c. Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados
para la comisión de la infracción.
d. Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.
e. Suspensión o cancelación del permiso, licencia, concesión o cualquier otra autorización, según
sea el caso.
f. Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la
actividad que ha generado la infracción.
136.3 La imposición o pago de la multa no exime del cumplimiento de la obligación. De persistir el
incumplimiento éste se sanciona con una multa proporcional a la impuesta en cada caso, de hasta
100 UIT por cada mes en que se persista en el incumplimiento transcurrido el plazo otorgado por la
autoridad competente.
136.4 Son medidas correctivas:
a. Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo es asumido por el infractor y cuya
asistencia y aprobación es requisito indispensable.

b. Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño.
c. Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política Ambiental Nacional,
Regional, Local o Sectorial, según sea el caso.
d. Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental propuestos por la
autoridad competente.
Artículo 137º.- De las medidas cautelares
137.1 Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad ambiental competente, mediante decisión
fundamentada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar, provisoriamente y bajo su
responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en la presente Ley u otras disposiciones
legales aplicables, si es que sin su adopción se producirían daños ambientales irreparables o si se
arriesgara la eficacia de la resolución a emitir.
137.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o levantadas durante el curso del
procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no
pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
137.3 Las medidas caducan de pleno derecho cuando se emite la resolución que pone fin al
procedimiento; y cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la
resolución que pone fin al procedimiento.
137.4 No se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio de imposible reparación a los
administrados.
Artículo 138º.- De la relación con otros regímenes de responsabilidad
La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente es
independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse por los mismos hechos.
Artículo 139º.- Del Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales
139.1 El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, implementa, dentro del Sistema Nacional de
Información Ambiental, un Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales, en el cual se
registra a toda persona, natural o jurídica, que cumpla con sus compromisos ambientales y
promueva buenas prácticas ambientales, así como de aquellos que no hayan cumplido con sus
obligaciones ambientales y cuya responsabilidad haya sido determinada por la autoridad
competente.
139.2 Se considera Buenas Prácticas Ambientales a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier
actividad económica o de servicio, cumpla con todas las normas ambientales u obligaciones a las
que se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental.
139.3 Se considera infractor ambiental a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier actividad
económica o de servicio, genera de manera reiterada impactos ambientales por incumplimiento de
las normas ambientales o de las obligaciones a que se haya comprometido en sus instrumentos de
gestión ambiental.
139.4 Toda entidad pública debe tener en cuenta, para todo efecto, las inscripciones en el Registro
de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales.
139.5 Mediante Reglamento, el CONAM determina el procedimiento de inscripción, el trámite
especial que corresponde en casos de gravedad del daño ambiental o de reincidencia del agente
infractor, así como los causales, requisitos y procedimientos para el levantamiento del registro.
Artículo 140º.- De la responsabilidad de los profesionales y técnicos
Para efectos de la aplicación de las normas de este Capítulo, hay responsabilidad solidaria entre los
titulares de las actividades causantes de la infracción y los profesionales o técnicos responsables de
la mala elaboración o la inadecuada aplicación de instrumentos de gestión ambiental de los
proyectos, obras o actividades que causaron el daño.
Artículo 141º.- De la prohibición de la doble sanción
141.1 No se puede imponer sucesiva o simultáneamente más de una sanción administrativa por el
mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Cuando una
misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la
infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades
que establezcan las leyes.
141.2 De acuerdo a la legislación vigente, la Autoridad Ambiental Nacional, dirime en caso de que
exista más de un sector o nivel de gobierno aplicando una sanción por el mismo hecho, señalando
la entidad competente para la aplicación de la sanción. La solicitud de dirimencia suspenderá los

procedimientos administrativos de sanción correspondientes.
141.3 La autoridad competente, según sea el caso, puede imponer medidas correctivas
independientemente de las sanciones que establezca.
Artículo 142º.- De la responsabilidad por daños ambientales
142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad
pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al
patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y
mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las
medidas de prevención y mitigación adoptadas.
142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de
sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera
efectos negativos actuales o potenciales.
Artículo 143º.- De la legitimidad para obrar
Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que se refiere la
presente Ley, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental, de
conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal Civil.
Artículo 144º.- De la responsabilidad objetiva
La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o
peligroso, o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta
responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que
conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142º precedente, y los que correspondan a
una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de
la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelva
a producir.
Artículo 145º.- De la responsabilidad subjetiva
La responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva. Esta
responsabilidad sólo obliga al agente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa
indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. El
descargo por falta de dolo o culpa corresponde al agente.
Artículo 146º.- De las causas eximentes de responsabilidad
No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido un daño
resarcible de acuerdo con esta Ley;
b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso
inevitable o irresistible; y, c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado
por una acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el previo
consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que corría de sufrir
alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión.
Artículo 147º.- De la reparación del daño
La reparación del daño ambiental consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho
lesivo al ambiente o sus componentes, y de la indemnización económica del mismo. De no ser
técnica ni materialmente posible el restablecimiento, el juez deberá prever la realización de otras
tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente o de los elementos afectados.
La indemnización tendrá por destino la realización de acciones que compensen los intereses
afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los
recursos naturales.
Artículo 148º.- De las garantías
148.1 Tratándose de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la autoridad sectorial
competente podrá exigir, a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional, un sistema de garantía
que cubra las indemnizaciones que pudieran derivar por daños ambientales.
148.2 Los compromisos de inversión ambiental se garantizan a fin de cubrir los costos de las
medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre, post-cierre, constituyendo
garantías a favor de la autoridad competente, mediante una o varias de las modalidades
contempladas en la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros u otras que establezca la ley de la materia. Concluidas las
medidas de rehabilitación, la autoridad competente procede, bajo responsabilidad, a la liberación de

las garantías.
Artículo 149º.- Del informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa
ambiental
149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro
Segundo del Código Penal, será de exigencia obligatoria la evacuación de un informe fundamentado
por escrito por la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la
investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado
dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días, contados desde la recepción del pedido del fiscal
de la investigación preparatoria o del juez, bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser
merituado por el fiscal o juez al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente.(*)
(*) Por disposición del Art. 1º del D. S. Nº 004-2009-MINAM, publicado el 17/03/2009, se aprueba el
Reglamento del presente numeral.
149.2 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro
Segundo del Código Penal que sean desestimadas, el fiscal evaluará la configuración del delito de
Denuncia Calumniosa, contemplado en el artículo 402º del Código Penal.(*)
(*) Artículo sustituido por disposición del Art. 4º de la Ley Nº 29263, publicada el 02/10/2008.
Artículo 150º.- Del régimen de incentivos
Constituyen conductas susceptibles de ser premiadas con incentivos, aquellas medidas o procesos
que por iniciativa del titular de la actividad son implementadas y ejecutadas con la finalidad de
reducir y/o prevenir la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales, más allá
de lo exigido por la normatividad aplicable o la autoridad competente y que responda a los objetivos
de protección ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, Local o Sectorial, según
corresponda.
CAPÍTULO 3
MEDIOS PARA LA RESOLUCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES
Artículo 151º.- De los medios de resolución y gestión de conflictos
Es deber del Estado fomentar el conocimiento y uso de los medios de resolución y gestión de
conflictos ambientales, como el arbitraje, la conciliación, mediación, concertación, mesas de
concertación, facilitación, entre otras, promoviendo la transmisión de conocimientos, el desarrollo de
habilidades y destrezas y la formación de valores democráticos y de paz. Promueve la incorporación
de esta temática en la currícula escolar y universitaria.
Artículo 152º.- Del arbitraje y conciliación
Pueden someterse a arbitraje y conciliación las controversias o pretensiones ambientales
determinadas o determinables que versen sobre derechos patrimoniales u otros que sean de libre
disposición por las partes. En particular, podrán someterse a estos medios los siguientes casos:
a. Determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por comisión de delitos contra
el medio ambiente y los recursos naturales.
b. Definición de obligaciones compensatorias que puedan surgir de un proceso administrativo, sean
monetarios o no.
c. Controversias en la ejecución e implementación de contratos de acceso y aprovechamiento de
recursos naturales.
d. Precisión para el caso de las limitaciones al derecho de propiedad preexistente a la creación e
implementación de un área natural protegida de carácter nacional.
e. Conflictos entre usuarios con derechos superpuestos e incompatibles sobre espacios o recursos
sujetos a ordenamiento o zonificación ambiental.
Artículo 153º.- De las limitaciones al laudo arbitral y al acuerdo conciliatorio
153.1 El laudo arbitral o el acuerdo conciliatorio no puede vulnerar la normatividad ambiental vigente
ni modificar normas que establezcan LMP, u otros instrumentos de gestión ambiental, ni considerar
ECA diferentes a los establecidos por la autoridad ambiental competente. Sin embargo, en ausencia
de éstos, son de aplicación los establecidos a nivel internacional, siempre que medie un acuerdo
entre las partes, o en ausencia de éste a lo propuesto por la Autoridad Nacional Ambiental.

153.2 De igual manera, se pueden establecer compromisos de adecuación a las normas
ambientales en plazos establecidos de común acuerdo entre las partes, para lo cual deberán contar
con el visto bueno de la autoridad ambiental competente, quien deberá velar porque dicho acuerdo
no vulnere derechos de terceros ni genera afectación grave o irreparable al ambiente.
Artículo 154º.- De los árbitros y conciliadores
La Autoridad Ambiental Nacional se encargará de certificar la idoneidad de los árbitros y
conciliadores especializados en temas ambientales, así como de las instituciones responsables de
la capacitación y actualización de los mismos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- De la modificación de la Ley Nº 26834
Modifícase el inciso j) del artículo 8º de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en los
siguientes términos:
"j) Ejercer potestad sancionadora en el ámbito de las áreas naturales protegidas, aplicando las
sanciones de amonestación, multa, comiso, clausura o suspensión, por las infracciones que serán
determinadas por decreto supremo y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto."
SEGUNDA.- Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles
En tanto no se establezcan en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos
Permisibles y otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso
referencial los establecidos por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
TERCERA.- De la corrección a superposición de funciones legales
La Autoridad Ambiental Nacional convocará en un plazo de 60 días contados desde la publicación
de la presente Ley, a un grupo técnico nacional encargado de revisar las funciones y atribuciones
legales de las entidades nacionales, sectoriales, regionales y locales que suelen generar
actuaciones concurrentes del Estado, a fin de proponer las correcciones o precisiones legales
correspondientes.
CUARTA.- De las derogatorias
Deróganse el Decreto Legislativo Nº 613, la Ley Nº 26631, la Ley Nº 26913, los artículos 221º, 222º,
223º, 224º y 225º de la Ley General de Minería, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM y el literal a) de la Primera Disposición Final del Decreto
Legislativo Nº 757.
QUINTA.- Créase el Registro de Áreas Naturales Protegidas
La Superintendencia Nacional de Registros Públicos deberá implementar en plazo máximo de 180
días naturales el Registro de Áreas Naturales Protegidas así como su normatividad pertinente.
Por disposición del artículo 1 de la RESOLUCIÓN Nº 360-2006-SUNARP-SN publicada el 19/12/2006 se
aprueba la Directiva Nº 004-2006-SUNARP/SN, que regula el Registro de Áreas Naturales Protegidas.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto
aprobado en sesión del Pleno realizada el día veintitrés de junio de dos mil cinco, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 108º de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y
cumpla.
En Lima, a los trece días del mes de octubre de dos mil cinco.
MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO
Presidente del Congreso de la República
GILBERTO DÍAZ PERALTA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
*****************

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