La Ley de Dependencia crea un nuevo derecho de ciudadanía en España para personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir atención del Estado. Los ciudadanos pueden solicitar una evaluación para determinar su grado de dependencia y recibir servicios o prestaciones económicas de acuerdo a sus necesidades. El gobierno y las comunidades autónomas invertirán más de 25.000 millones de euros para implementar el sistema de atención a la dependencia.