Este documento es una ley que autoriza al poder ejecutivo provincial a hacer uso del crédito público por hasta $4.800 millones para cubrir gastos y deuda del ejercicio financiero 2015. También permite emitir títulos de deuda pública por hasta $1.000 millones para consolidar y cancelar deudas, e implementar una moratoria jubilatoria para empleados públicos que califiquen. Finalmente, modifica algunos artículos de la ley de administración financiera provincial.