Ley1116de2006

LEY 1116 DE 2006
(27 de diciembre)
Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de
Colombia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República
DECRETA:
T I T U L O I
DEL REGIMEN DE INSOLVENCIA
CAPITULO I
Finalidad, principios y alcance del régimen de insolvencia
Artículo 1°. Finalidad del régimen de insolvencia. El régimen judicial de insolvencia
regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la
recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de
reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de
valor.
El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar
empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante
su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.
El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada,
buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.
El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las
relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le
sean contrarias.
Artículo 2°. Ambito de aplicación. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las
personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del
mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter
privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las
sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la
realización de actividades empresariales.

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios
autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la presente ley.
Artículo 3°. Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia
previsto en la presente ley:
1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud.
2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias.
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo
anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de
la referida entidad.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que
desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito.
5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del
Estado nacionales y de cualquier nivel territorial.
6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.
7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
8. Las personas naturales no comerciantes.
9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de
recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para
administrar o liquidar.
Parágrafo. Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como
efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios autónomos que
desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de
insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o respectivos
deudores.
Artículo 4°. Principios del régimen de insolvencia. El régimen de insolvencia está
orientado por los siguientes principios:
1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores
quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación.

2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al
proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación
de créditos y preferencias.
3. Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor
administración de los mismos, basados en la información disponible.
4. Información: En virtud del cual, deudor y acreedores deben proporcionar la
información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el
acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso.
5. Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del proceso deben propiciar entre
los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe, en
relación con las deudas y bienes del deudor.
6. Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua con las
autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza.
7. Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia, una
dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos, con miras
a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial.
Artículo 5°. Facultades y atribuciones del Juez del Concurso. Para los efectos de
la presente ley, el juez del concurso, según lo establecido en el artículo siguiente
de esta ley, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones:
1. Solicitar u obtener, en la forma que estime conveniente, la información que
requiera para la adecuada orientación del proceso de insolvencia.
2. Ordenar las medidas pertinentes a proteger, custodiar y recuperar los bienes
que integran el activo patrimonial del deudor, incluyendo la revocatoria de los
actos y/o contratos efectuados en perjuicio de los acreedores, con excepción de:
a) Aquellas transacciones sobre valores u otros derechos de naturaleza
negociable que hayan recibido una orden de transferencia aceptada por el sistema
de compensación y liquidación de que tratan los artículos 2°, 10 y 11 de la Ley 964
de 2005;
b) Los actos y contratos que tengan como objeto o por efecto la emisión de
valores u otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de
valores de Colombia.
3. Objetar los nombramientos o contratos hechos por el liquidador, cuando afecten
el patrimonio del deudor o los intereses de los acreedores.

4. Decretar la inhabilidad hasta por diez (10) años para ejercer el comercio en los
términos previstos en la presente ley. Los administradores objeto de la inhabilidad
podrán solicitar al juez del régimen de insolvencia la disminución del tiempo de
inhabilidad, cuando el deudor haya pagado la totalidad del pasivo externo
calificado y graduado.
5. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus
órdenes, la ley o los estatutos.
6. Actuar como conciliador en el curso del proceso.
7. Con base en la información presentada por el deudor en la solicitud, reconocer
y graduar las acreencias objeto del proceso de insolvencia, de conformidad con lo
establecido sobre prelación de créditos en el Título XL del Libro Cuarto del Código
Civil y demás normas legales que lo modifiquen o adicionen, y resolver las
objeciones presentadas, cuando haya lugar a ello.
8. Decretar la sustitución, de oficio o a petición de parte, de los auxiliares de la
justicia, durante todo el proceso de insolvencia, con ocasión del incumplimiento de
las funciones previstas en la ley o de las órdenes del juez del concurso, mediante
providencia motivada en la cual designará su reemplazo.
9. Ordenar la remoción de los administradores y del revisor fiscal, según sea el
caso, por incumplimiento de las órdenes del juez del concurso o de los deberes
previstos en la ley o en los estatutos, de oficio o a petición de acreedor, mediante
providencia motivada en la cual designará su reemplazo.
10. Reconocer, de oficio o a petición de parte, los presupuestos de ineficacia
previstos en esta ley.
11. En general, tendrá atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que
se cumplan las finalidades del mismo.
Artículo 6°. Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del
concurso:
La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución
Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales
de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas
naturales comerciantes.

El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no
excluidos del proceso.
Parágrafo 1°. El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de
Sociedades es de única instancia.
Las providencias que profiera el juez civil del circuito dentro de los trámites
previstos en esta ley, solo tendrán recurso de reposición, a excepción de las
siguientes contra las cuales procede el recurso de apelación, en el efecto en que
respecto de cada una de ellas se indica:
1. La de apertura del trámite, en el devolutivo.
2. La que apruebe la calificación y graduación de créditos, en el devolutivo.
3. La que rechace pruebas, en el devolutivo.
4. La que rechace la solicitud de nulidad, en el efecto devolutivo, y la que la
decrete en el efecto suspensivo.
5. La que decrete o niegue medidas cautelares, en el efecto devolutivo.
6. La que ordene la entrega de bienes, en el efecto suspensivo y la que la niegue,
en el devolutivo.
7. Las que impongan sanciones, en el devolutivo.
8. La que declare cumplido el acuerdo de reorganización, en el efecto suspensivo
y la que lo declare incumplido en el devolutivo.
Parágrafo 2°. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas en la presente ley al juez
del concurso, la Superintendencia u organismo de control que ejerza facultades de
supervisión las conservará de manera permanente durante el proceso.
Parágrafo 3°. El Superintendente de Sociedades deberá delegar en las
intendencias regionales las atribuciones necesarias para conocer de estos
procesos, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.
Artículo 7°. No prejudicialidad. El inicio, impulsión y finalización del proceso de
insolvencia y de los asuntos sometidos a él, no dependerán ni estarán
condicionados o supeditados a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso,
cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la decisión del proceso de
insolvencia tampoco constituirá prejudicialidad.

Artículo 8°. Incidentes y actos de trámite. Las cuestiones accesorias que se
susciten en el curso del proceso de insolvencia se resolverán siguiendo el
procedimiento previsto en los artículos 135 a 139 del Código de Procedimiento
Civil.
Los actos de trámite que deban surtirse dentro del proceso de insolvencia y que
correspondan a actuaciones que no deben ser controvertidas por las demás partes
del proceso, tales como expedición de copias, archivo y desglose de documentos,
comunicación al promotor o liquidador de su designación como tal, entre otros, no
requerirán la expedición de providencia judicial que así lo ordene o decrete y para
su perfeccionamiento bastará con el hecho de dejar constancia en el expediente
de lo actuado, lo cual tampoco requerirá notificación.
CAPITULO II
Requisitos de inicio del proceso de reorganización
Artículo 9°. Supuestos de admisibilidad. El inicio del proceso de reorganización de
un deudor supone la existencia de una situación de cesación de pagos o de
incapacidad de pago inminente.
1. Cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando:
Incumpla el pago por más de noventa (90) días de dos (2) o más obligaciones a
favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad, o
tenga por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más
acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado
de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del diez por ciento
(10%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de
la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley.
2. Incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad
de pago inminente, cuando acredite la existencia de circunstancias en el
respectivo mercado o al interior de su organización o estructura, que afecten o
razonablemente puedan afectar en forma grave, el cumplimiento normal de sus
obligaciones, con un vencimiento igual o inferior a un año.
Parágrafo. En el caso de las personas naturales comerciantes, no procederá la
causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de pagos
no contarán las obligaciones alimentarias, ni los procesos ejecutivos
correspondientes a las mismas.
Artículo 10. Otros presupuestos de admisión. La solicitud de inicio del proceso de
reorganización deberá presentarse, acompañada de los documentos que

acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de
pago inminente, el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de
disolución, sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarla.
2. Estar cumpliendo con sus obligaciones de comerciante, establecidas en el
Código de Comercio, cuando sea del caso. Las personas jurídicas no
comerciantes deberán estar registradas frente a la autoridad competente.
3. Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo
actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos
pensionales exigibles.
4. No tener a cargo obligaciones vencidas por retenciones de carácter obligatorio,
a favor de autoridades fiscales, por descuentos efectuados a los trabajadores, o
por aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Parágrafo. Las obligaciones por los conceptos indicados en los numerales 3 y 4
del presente artículo, causadas durante el proceso, o las facilidades celebradas
con las respectivas entidades responsables sobre tales conceptos con anterioridad
a la apertura del proceso concursal que haya suscrito el deudor para cumplir con
el presupuesto para acceder al mismo, serán pagadas de preferencia, inclusive
sobre los demás gastos de administración.
Artículo 11. Legitimación. El inicio de un proceso de reorganización podrá ser
solicitado únicamente por los siguientes interesados:
1. En la cesación de pagos, por el respectivo deudor, o por uno o varios de sus
acreedores titulares de acreencias incumplidas, o solicitada de oficio por la
Superintendencia que ejerza supervisión sobre el respectivo deudor o actividad.
2. En la situación de incapacidad de pago inminente, el inicio deberá ser solicitado
por el deudor o por un número plural de acreedores externos sin vinculación con el
deudor o con sus socios.
3. Como consecuencia de la solicitud presentada por el representante extranjero
de un proceso de insolvencia extranjero.
Parágrafo. La solicitud de inicio del proceso de reorganización y la intervención de
los acreedores en el mismo, podrá hacerse directamente o a través de abogado.
Artículo 12. Matrices, controlantes, vinculados y sucursales de sociedades
extranjeras en Colombia. Una solicitud de inicio del proceso de reorganización
podrá referirse simultáneamente a varios deudores vinculados entre sí por su

carácter de matrices, controlantes o subordinados, o cuyos capitales estén
integrados mayoritariamente por las mismas personas jurídicas o naturales, sea
que estas obren directamente o por conducto de otras personas, o de patrimonios
autónomos afectos a la realización de actividades empresariales que no tengan
como efecto la personificación jurídica. Para tales efectos, no se requerirá que la
situación de control haya sido declarada o inscrita previamente en el registro
mercantil.
El inicio de los procesos deberá ser solicitado ante la Superintendencia de
Sociedades de existir deudores sujetos a su competencia, que tengan un vínculo
de subordinación o control, quien será la competente para conocer de los
procesos de todos los deudores vinculados, sin perjuicio de la posibilidad de
celebrar acuerdos de reorganización independientes.
El reconocimiento del proceso extranjero de insolvencia de la matriz o controlante
de la sucursal extranjera establecida en Colombia, en la forma prevista en esta
ley, dará lugar al inicio del proceso de reorganización de la sucursal.
Artículo 13. Solicitud de Admisión. La solicitud de inicio del proceso de
reorganización por parte del deudor o de este y sus acreedores deberá venir
acompañada de tos siguientes documentos:
1. Los cinco (5) estados financieros básicos, correspondientes a los tres (3)
últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren, suscrito por Contador
Público o Revisor Fiscal, según sea el caso.
2. Los cinco (5) estados financieros básicos, con corte al último día calendario del
mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito por Contador
Público o Revisor Fiscal, según sea el caso.
3. Un estado de inventario de activos y pasivos con corte en la misma fecha
indicada en el numeral anterior, debidamente certificado y valorado, suscrito por
Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el caso.
4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia.
5. Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones.
6. Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la
reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de
competitividad, conducentes a solucionar las razones por las cuales es solicitado
el proceso, cuando sea del caso.
7. Un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor, en los
términos previstos en el Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás

normas legales que lo modifiquen y adicionen, así como el proyecto de
determinación de los derechos de voto correspondientes a cada acreedor
Parágrafo. Cuando la solicitud se presente por los acreedores se deberá acreditar
mediante prueba siquiera sumaria la existencia, cuantía y fecha desde la cual
están vencidas las obligaciones a cargo del deudor, o la existencia de los
supuestos que configuran la incapacidad de pago inminente.
Artículo 14. Admisión o rechazo de la solicitud de inicio del proceso. Recibida la
solicitud de inicio de un proceso de reorganización, el juez del concurso verificará
el cumplimiento de los supuestos y requisitos legales necesarios para su
presentación y trámite, y si está ajustada a la ley, la aceptará dentro de los tres (3)
días siguientes a su presentación.
Si falta información exigida, el Juez del Concurso requerirá mediante oficio al
solicitante para que, dentro de los diez (10) días siguientes, complete lo que haga
falta o rinda las explicaciones a que haya lugar. Este requerimiento interrumpirá
los términos para que las autoridades competentes decidan. Desde la fecha en
que el interesado aporte nuevos documentos e informaciones para satisfacer el
requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos.
Cuando el requerimiento no sea respondido oportunamente o la respuesta no
contenga las informaciones o explicaciones pedidas, será rechazada la solicitud.
Si la solicitud es presentada por acreedores la autoridad competente requerirá al
deudor para que, dentro de los treinta (30) días siguientes presente los
documentos exigidos en la ley.
Si la información allegada por el deudor no cumple dichos requisitos se le
requerirá para que dentro de los diez (10) días siguientes los allegue al proceso. Si
este requerimiento no se cumple, se ordenará la apertura del proceso de
liquidación judicial u ordenará la remoción inmediata de los administradores.
Artículo 15. Inicio de oficio. La Superintendencia de Sociedades podrá decretar de
oficio el inicio de un proceso de reorganización en los siguientes eventos:
1. Cuando una sociedad comercial sometida a su vigilancia o control incurra en la
cesación de pagos prevista en la presente ley.
2. Como consecuencia de la solicitud expresa de otra autoridad que adelante
funciones de inspección y vigilancia de empresas, cuando se cumpla el supuesto
de cesación de pagos previsto en esta ley.
3. Cuando con ocasión del proceso de insolvencia de una vinculada o de un
patrimonio autónomo relacionado, la situación económica de la sociedad matriz o

controlante, filial o subsidiaria, o de otro patrimonio autónomo, provoque la
cesación de pagos de la vinculada o relacionadas.
Parágrafo 1°. El Juez Civil del Circuito podrá iniciar de manera oficiosa el proceso
de reorganización en el evento establecido en el numeral 2 del presente artículo.
Parágrafo 2°. Para la iniciación oficiosa del proceso de reorganización, el Juez del
Concurso requerirá al deudor en los términos establecidos por el artículo anterior
de la presente ley.
Artículo 16. Ineficacia de estipulaciones contractuales. Son ineficaces, sin
necesidad de declaración judicial, las estipulaciones contractuales que tengan por
objeto o finalidad impedir u obstaculizar directa o indirectamente el inicio de un
proceso de reorganización, mediante la terminación anticipada de contratos, la
aceleración de obligaciones, la imposición de restricciones y, en general, a través
de cualquier clase de prohibiciones, solicitud de autorizaciones o imposición de
efectos desfavorables para el deudor que sea admitido al proceso de
reorganización previsto en esta ley. Así mismo, toda estipulación que impida o
dificulte la participación del deudor en licitaciones públicas o privadas, en igualdad
de circunstancias.
Las discrepancias sobre los presupuestos de la ineficacia de una estipulación, en
el supuesto previsto en el presente artículo, serán decididas por el juez del
concurso.
De verificarse la ocurrencia de la ineficacia y haber intentado hacer efectiva la
cláusula el acreedor, el pago de los créditos a su favor quedará legalmente
postergado a la atención previa de todos los demás créditos dentro de dicho
proceso, y el juez de considerarlo necesario para el logro de los fines del proceso,
podrá ordenar la cancelación inmediata de todas las garantías que hayan sido
otorgadas por el deudor o por terceros para caucionar los créditos objeto de la
ineficacia.
Artículo 17. Efectos de la presentación de la solicitud de admisión al proceso de
reorganización con respecto al deudor. A partir de la fecha de presentación de la
solicitud, se prohíbe a los administradores la adopción de reformas estatutarias; la
constitución y ejecución de garantías o cauciones que recaigan sobre bienes
propios del deudor, incluyendo fiducias mercantiles o encargos fiduciarios que
tengan dicha finalidad; efectuar compensaciones, pagos, arreglos, desistimientos,
allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en
curso; conciliaciones o transacciones de ninguna clase de obligaciones a su cargo;
ni efectuarse enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro
ordinario de los negocios del deudor o que se lleven a cabo sin sujeción a las
limitaciones estatutarias aplicables, incluyendo las fiducias mercantiles y los
encargos fiduciarios que tengan esa finalidad o encomienden o faculten al

fiduciario en tal sentido; salvo que exista autorización previa, expresa y precisa del
juez del concurso.
La autorización para la celebración, ejecución o modificación de cualquiera de las
operaciones indicadas podrá ser solicitada por el deudor mediante escrito
motivado ante el juez del concurso, según sea el c aso.
La celebración de fiducias mercantiles u otro tipo de contratos que tenga por
objeto o como efecto la emisión de títulos colocados a través del mercado público
de valores en Colombia, deberán obtener autorización de la autoridad competente.
La emisión de títulos colocados a través del mercado público de valores en
Colombia, a través de patrimonios autónomos o de cualquier otra manera,
deberán obtener adicionalmente la autorización de la autoridad competente.
Tratándose de la ejecución de fiducias mercantiles cuyos patrimonios autónomos
estén constituidos por los bienes objeto de titularizaciones, colocadas a través del
mercado público de valores, no se requerirá la autorización a que se refiere este
artículo. Tampoco se requerirá en el caso de que la operación en cuestión
corresponda a la ejecución de una fiducia mercantil en garantía que haga parte de
la estructuración de una emisión de títulos colocados a través del mercado público
de valores.
Parágrafo 1°. Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención a lo
dispuesto en el presente artículo dará lugar a la remoción de los administradores,
quienes serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados a
la sociedad, a los socios y acreedores. Así mismo, se podrá imponer multas
sucesivas hasta de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes
al acreedor, al deudor y a sus administradores, según el caso, hasta tanto sea
reversada la operación respectiva; así como a la postergación del pago de sus
acreencias. El trámite de dichas sanciones se adelantará de conformidad con el
artículo 8° de esta ley y no suspende el proceso de reorganización.
Parágrafo 2°. A partir de la admisión al proceso de insolvencia, de realizarse
cualquiera de los actos a que hace referencia el presente artículo sin la respectiva
autorización, será ineficaz de pleno derecho, sin perjuicio de las sanciones a los
administradores señaladas en el parágrafo anterior.
CAPITULO III
Inicio del proceso
Artículo 18. Inicio del proceso de reorganización. El proceso de reorganización
comienza el día de expedición del auto de iniciación del proceso por parte del juez
del concurso.

La providencia que decrete la iniciación del proceso de reorganización no será
susceptible de ningún recurso. La que lo niegue sólo será susceptible del recurso
de reposición, que podrá ser interpuesto por el deudor o el acreedor o acreedores
solicitantes. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo primero del
artículo 6° de la presente ley.
Artículo 19. Inicio del proceso de reorganización. La providencia que decreta el
inicio del proceso de reorganización deberá, comprender los siguientes aspectos:
1. Establecer la fecha de la audiencia pública para realizar el sorteo de
designación del promotor. Una vez designado el promotor, el juez del concurso
pondrá a su disposición la totalidad de los documentos aportados con la solicitud
de admisión al trámite.
2. Ordenar la inscripción del auto de inicio del proceso de reorganización en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del
deudor y de sus sucursales o en el registro que haga sus veces.
3. Ordenar al promotor designado, que con base en la información aportada por el
deudor y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados,
presente el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto,
incluyendo aquellas acreencias causadas entre la fecha de corte presentada con
la solicitud de admisión al proceso y la fecha de inicio del proceso, so pena de
remoción, dentro del plazo asignado por el juez del concurso, el cual no podrá ser
inferior a veinte (20) días ni superior a dos (2) meses.
4. Disponer el traslado por el término de diez (10) días, a partir del vencimiento del
término anterior, del estado del inventario de los bienes del deudor, presentado
con la solicitud de inicio del proceso, y del proyecto de calificación y graduación de
créditos y derechos de voto mencionada en el anterior numeral, con el fin de que
los acreedores puedan objetarlos.
5. Ordenar al deudor, a sus administradores, o vocero, según corresponda,
mantener a disposición de los acreedores, en su página electrónica, si la tiene, y
en la de la Superintendencia de Sociedades, o por cualquier otro medio idóneo
que cumpla igual propósito, dentro de los diez (10) primeros días de cada
trimestre, a partir del inicio de la negociación, los estados financieros básicos
actualizados, y la información relevante para evaluar la situación del deudor y
llevar a cabo la negociación, así como el estado actual del proceso de
reorganización, so pena de la imposición de multas.
6. Prevenir al deudor que, sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos

relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias tratándose de
personas jurídicas.
7. Decretar, cuando lo considere necesario, medidas cautelares sobre los bienes
del deudor y ordenar, en todo caso, la inscripción en el registro competente la
providencia de inicio del proceso de reorganización, respecto de aquellos sujetos a
esa formalidad.
8. Ordenar al deudor y al promotor, la fijación de un aviso que informe sobre el
inicio del proceso, en la sede y sucursales del deudor.
9. Ordenar a los administradores del deudor y al promotor que, a través de los
medios que estimen idóneos en cada caso, efectivamente informen a todos los
acreedores la fecha de inicio del proceso de reorganización, transcribiendo el
aviso que informe acerca del inicio expedido por la autoridad competente,
incluyendo a los jueces que tramiten procesos de ejecución y restitución. En todo
caso, deberá acreditar ante el juez del concurso el cumplimiento de lo anterior y
siempre los gastos serán a cargo del deudor.
10. Disponer la remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio
de la Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, y a la
Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor, para lo de su
competencia.
11. Ordenar la fijación en sus oficinas, en un lugar visible al público y por un
término de cinco (5) días, de un aviso que informe acerca del inicio del mismo, del
nombre del promotor, la prevención al deudor que, sin autorización del juez del
concurso, según sea el caso, no podrá realizar enajenaciones que no estén
comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre
bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni
adoptar reformas estatutarias tratándose de personas jurídicas.
Parágrafo. De común acuerdo el deudor y los acreedores titulares de la mayoría
absoluta de los votos, podrán, en cualquier momento, reemplazar al promotor
designado por el juez del concurso, siempre y cuando este último haga parte de la
lista elaborada por la Superintendencia de Sociedades.
CAPITULO IV
Efectos del inicio del proceso de reorganización
Artículo 20. Nuevos procesos de ejecución y procesos de ejecución en curso. A
partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni
continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del
deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del

inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al
trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión,
las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y
graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso,
según sea el caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe
levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la
recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y
necesidad operacional, debidamente motivada.
El Juez o funcionario competente declarará de plano la nulidad de las actuaciones
surtidas en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no
tendrá recurso alguno.
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o
conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastará
aportar copia del certificado de la Cámara de Comercio, en el que conste la
inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez
o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en
causal de mala conducta.
Artículo 21. Continuidad de contratos. Por el hecho del inicio del proceso de
reorganización no podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún
contrato, incluidos los contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios con
fines diferentes a los de garantía. Tampoco podrá decretarse la caducidad
administrativa, a no ser que el proceso de declaratoria de dicha caducidad haya
sido iniciado con anterioridad a esa fecha.
Los incumplimientos de obligaciones contractuales causadas con posterioridad al
inicio del proceso de reorganización, o las distintas al incumplimiento de
obligaciones objeto de dicho trámite, podrán alegarse para exigir su terminación,
independientemente de cuando hayan ocurrido dichas causales.
El deudor admitido a un trámite de reorganización podrá buscar la renegociación,
de mutuo acuerdo, de los contratos de tracto sucesivo de que fuera parte.
Cuando no sea posible la renegociación de mutuo acuerdo, el deudor podrá
solicitar al juez del concurso, autorización para la terminación del contrato
respectivo, la cual se tramitará como incidente, observando para el efecto el
procedimiento indicado en el artículo 8° de esta ley. La autorización podrá darse
cuando el empresario acredite las siguientes circunstancias:
1. El contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en proceso de
ejecución.

2. Las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas, tomando en
consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el
deudor podría obtener en el mercado al momento de la terminación. Al momento
de la solicitud, el deudor deberá presentar:
a) Un análisis de la relación costo-beneficio para el propósito de la reorganización
de llevarse a cabo la terminación, en la cual se tome en cuenta la indemnización a
cuyo pago podría verse sujeto el deudor con ocasión de la terminación;
b) En caso que el juez de concurso autorice la terminación del contrato, la
indemnización respectiva se tramitará a través del procedimiento abreviado y el
monto que resulte de la indemnización se incluirá en el acuerdo de reorganización,
en la clase que corresponda.
Artículo 22. Procesos de restitución de bienes operacionales arrendados y
contratos de leasing. A partir de la apertura del proceso de reorganización no
podrán iniciarse o continuarse procesos de restitución de tenencia sobre bienes
muebles o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre
que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o
cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de
leasing.
El incumplimiento en el pago de los cánones causados con posterioridad al inicio
del proceso podrá dar lugar a la terminación de los contratos y facultará al
acreedor para iniciar procesos ejecutivos y de restitución, procesos estos en los
cuales no puede oponerse como excepción el hecho de estar tramitándose el
proceso de reorganización.
Artículo 23. Suspensión de la causal de disolución por pérdidas. Durante el trámite
del proceso de reorganización queda suspendido de pleno derecho, el plazo
dentro del cual pueden tomarse u ordenar las medidas conducentes al
restablecimiento del patrimonio social, con el objeto de enervar la causal de
disolución por pérdidas.
En el acuerdo de reorganización deberá pactarse expresamente la forma y
términos cómo subsanarán dicha causal, incluyendo el documento de compromiso
de los socios, cuando sea del caso.
CAPITULO V
Calificación y graduación de créditos y derechos de voto e inventario de
bienes
Artículo 24. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Para el
desarrollo del proceso, el deudor deberá allegar con destino al promotor un

proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual
estén detalladas claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas,
debidamente clasificados para el caso de los créditos, en los términos del Título
XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen o
adicionen.
Los derechos de voto, y sólo para esos efectos, serán calculados, a razón de un
voto por cada peso del valor de su acreencia cierta, sea o no exigible, sin incluir
intereses, multas, sanciones u otros conceptos distintos del capital, salvo aquellas
provenientes de un acto administrativo en firme, adicionándoles para su
actualización la variación en el índice mensual de precios al consumidor certificado
por el DANE, durante el período comprendido entre la fecha de vencimiento de la
obligación y la fecha de corte de la calificación y graduación de créditos. En el
caso de obligaciones pagadas en varios contados o instalamentos, serán
actualizadas en forma separada.
En esta relación de acreedores deberá indicarse claramente cuáles de ellos son
los vinculados al deudor, a sus socios, administradores o controlantes, por
cualquiera de las siguientes razones:
1. Parentesco, hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único
civil.
2. Tener o haber tenido en los cinco últimos años accionistas, socios o asociados
comunes.
3. Tener o haber tenido, en el mismo período indicado en el numeral anterior,
representantes o administradores comunes.
4. Existencia de una situación de subordinación o grupo empresarial.
Las reglas anteriores deberán aplicarse en todos los eventos donde haya lugar a
la actualización de la calificación y graduación de créditos y los derechos de voto
de los acreedores.
Artículo 25. Créditos. Los créditos a cargo del deudor deben ser relacionados
precisando quiénes son los acreedores titulares y su lugar de notificación,
discriminando cuál es la cuantía del capital y cuáles son las tasas de interés,
expresadas en términos efectivos anuales, correspondientes a todas las
acreencias causadas u originadas con anterioridad a la fecha de inicio del
proceso.
Los créditos litigiosos y las acreencias condicionales, quedarán sujetos a los
términos previstos en el acuerdo, en condiciones iguales a los de su misma clase
y prelación legal, así como a las resultas correspondientes al cumplimiento de la

condición o de la sentencia o laudo respectivo. En el entretanto, el deudor
constituirá una provisión contable para atender su pago.
Los fallos de cualquier naturaleza proferidos con posterioridad a la firma del
acuerdo, por motivo de obligaciones objeto del proceso de reorganización, no
constituyen gastos de administración y serán pagados en los términos previstos en
el mismo para los de su misma clase y prelación legal. En el evento de estar
cancelados los de su categoría, procederá su pago, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del fallo.
Artículo 26. Acreencias no relacionadas por el deudor o el promotor. Los
acreedores cuyas obligaciones no hayan sido relacionadas en el inventario de
acreencias y en el correspondiente proyecto de reconocimiento y graduaciones de
créditos y derechos de voto a que hace referencia esta ley y que no hayan
formulado oportunamente objeciones a las mismas, sólo podrán hacerlas efectivas
persiguiendo los bienes del deudor que queden una vez cumplido el acuerdo
celebrado o cuando sea incumplido este, salvo que sean expresamente admitidos
por los demás acreedores en el acuerdo de reorganización.
No obstante, las acreencias que, a sabiendas, no hubieren sido relacionadas en el
proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y que no estuvieren
registradas en la contabilidad, darán derecho al acreedor de perseguir
solidariamente, en cualquier momento, a los administradores, contadores públicos
y revisores fiscales, por los daños que le ocasionen, sin perjuicio de las acciones
penales a que haya lugar.
Artículo 27. Reglas especiales de votos. Los votos de los siguientes acreedores
están sujetos a reglas especiales adicionales:
1. Los votos de las acreencias laborales serán los que correspondan a acreencias
ciertas, establecidas en la ley, contrato de trabajo, convención colectiva, pacto
colectivo o laudo arbitral, aunque no sean exigibles.
2. Los correspondientes a las acreencias derivadas de contratos de tracto
sucesivo, sólo incluirán los instalamentos causados y pendientes de pago.
Artículo 28. Subrogación y cesión de acreencias. La subrogación legal o cesión de
créditos traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y
accesorios en los términos del artículo 1670 del Código Civil. El adquirente de la
respectiva acreencia será titular también de los votos correspondientes a ella.
Artículo 29. Objeciones. Del proyecto de reconocimiento y graduación de créditos
y derechos de voto presentados por el promotor y del inventario de bienes del
deudor, se correrá traslado, en las oficinas del Juez del concurso o donde este
determine, según sea el caso, por el término de diez (10) días.

Dentro del término de traslado previsto en el inciso anterior, los acreedores podrán
presentar las objeciones, con relación a tales actuaciones, solicitando o allegando
las pruebas que pretendan hacer valer.
Al día siguiente de vencido el término anterior, el Juez del concurso correrá
traslado de las objeciones v observaciones por un término de cinco (5) días para
que los interesados hagan los pronunciamientos que consideren pertinentes,
solicitando o allegando las pruebas a que haya lugar.
Una vez vencido dicho término, el promotor tendrá diez (10) días para provocar la
conciliación de dichas objeciones. Dentro de los dos (2) días siguientes al
vencimiento del término mencionado, el promotor informará al Juez del Concurso,
el resultado de su gestión.
No presentadas objeciones, el juez del concurso declarará aprobado el inventario,
reconocerá los créditos, establecerá los derechos de voto, y fijará plazo para la
presentación del acuerdo.
Artículo 30. Decisión de objeciones. Si se presentaren objeciones, el juez del
concurso procederá así:
1. Decretará y ordenará de oficio o a solicitud de los interesados la práctica de las
pruebas que sean conducentes.
2. Practicadas las pruebas en un tiempo no superior a treinta (30) días, convocará
a audiencia en la cual resolverá las objeciones. En la misma providencia aprobará
el inventario, reconocerá los créditos, asignará los derechos de voto y fijará plazo
para la presentación del acuerdo.
3. La suspensión de la audiencia sólo podrá ser decretada por el Juez del
Concurso cuando existan comprobados motivos que ameriten dicha suspensión,
siempre en beneficio del proceso y en todo caso por un término no mayor a diez
(10) días.
Resueltas las objeciones, el Juez del concurso mediante providencia declarará
aprobado el inventario valorado, la calificación y graduación de créditos, así como
los derechos de voto, y fijará plazo para la presentación del acuerdo, de
conformidad con lo previsto en el artículo siguiente.
Igualmente, el deudor, con la mayoría absoluta de acreedores, podrán acordar la
designación de un nuevo promotor.
CAPITULO VI

Acuerdo de reorganización
Artículo 31. Término para celebrar el acuerdo de reorganización. En la providencia
de reconocimiento de créditos se señalará el plazo para celebrar el acuerdo, el
cual, en principio, no será superior a cuatro (4) meses.
No obstante, antes del vencimiento del término indicado en el inciso anterior, el
deudor y un número plural de acreedores que represente la mayoría de los votos,
podrán presentar una solicitud conjunta, debidamente motivada, para que sea
concedida una prórroga en el plazo para celebrar el acuerdo, la cual en ningún
caso podrá ser superior a dos (2) meses adicionales a los inicialmente otorgados.
Para efectos de lo anterior, el promotor deberá informar acerca de esta situación,
respaldada en una certificación expedida por el representante legal y contador
público o revisor fiscal, según sea el caso, donde acrediten que la sociedad viene
cumpliendo con el pago oportuno de las obligaciones causadas con posterioridad
al inicio del proceso de insolvencia.
Esta misma regla aplicará para el evento de la no confirmación del acuerdo en la
audiencia respectiva.
Dentro del plazo indicado para celebrar el acuerdo, el promotor con fundamento
en el plan de reorganización de la empresa y el flujo de caja elaborado para
atender el pago de las obligaciones, deberá presentar ante el juez del concurso,
según sea el caso, un acuerdo de reorg anización debidamente aprobado por el
voto favorable de un número plural de acreedores que representen, por lo menos,
la mayoría absoluta de los votos admitidos. Dicha mayoría deberá,
adicionalmente, conformarse de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Existen cinco (5) clases de acreedores, compuestas respectivamente por:
a) Los titulares de acreencias laborales;
b) Las entidades públicas y las instituciones de seguridad social;
c) Las instituciones financieras nacionales y demás entidades sujetas a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia de carácter
privado, mixto o público; y las instituciones financieras extranjeras;
d) Acreedores internos, y
e) Los demás acreedores externos.
2. Deben obtener votos favorables provenientes de por lo menos de tres (3) clases
de acreedores.

3. En caso de que sólo existan tres (3) clases de acreedores, la mayoría deberá
conformarse con votos favorables provenientes de acreedores pertenecientes a
dos (2) de ellas.
4. De existir sólo dos (2) clases de acreedores, la mayoría deberá conformarse
con votos favorables provenientes de ambas clases de acreedores.
Si el acuerdo de reorganización debidamente aprobado no es presentado en el
término previsto en este artículo, comenzará a correr de inmediato el término para
celebrar el acuerdo de adjudicación.
El acuerdo de reorganización aprobado con el voto favorable de un número plural
de acreedores que representen, por lo menos, el setenta y cinco por ciento (75%)
de los votos no requerirá de las clases de acreedores votantes, establecido en las
reglas contenidas en los numerales anteriores.
Parágrafo. Para los efectos previstos en esta ley se consideran acreedores
internos los socios o accionistas de las sociedades, el titular de las cuotas o
acciones en la empresa unipersonal, y los titulares de participaciones en cualquier
otro tipo de persona jurídica.
Para efectos de calcular los votos, cada acreedor interno tendrá derecho a un
número de votos equivalente al valor que se obtenga al multiplicar su porcentaje
de participación en el capital, por la cifra que resulte de restar del patrimonio, las
partidas correspondientes a utilidades decretadas en especie y el monto de la
cuenta de revalorización del patrimonio, así haya sido capitalizada, de
conformidad con el balance e información con corte a la fecha de admisión al
proceso de insolvencia.
La reforma del acuerdo de reorganización deberá ser adoptada con el mismo
porcentaje de votos requeridos para su aprobación y confirmación. Para el efecto,
serán descontados de los votos originalmente determinados aquellas acreencias
que ya hayan sido extinguidas en ejecución del acuerdo de reorganización,
permaneciendo los votos de los acreedores internos igual a los calculados para la
primera determinación, con base en la fecha de inicio del proceso.
Artículo 32. Mayoría especial en el caso de las organizaciones empresariales y
acreedores internos. Además de la mayoría exigida por el artículo anterior para la
aprobación del acuerdo, cuando los acreedores internos o cuando uno o varios
acreedores, pertenecientes a una misma organización o grupo empresarial emitan
votos en un mismo sentido que equivalgan a la mayoría absoluta o más de los
votos admisibles, la aprobación requerirá, además, del voto emitido en el mismo
sentido por un número plural de acreedores de cualquier clase o clases que sea
igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los votos restantes admitidos.

Forman parte de una organización empresarial:
1. Las personas que tengan la calidad de matrices o controlantes y sus
subordinadas, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio.
2. Los empresarios y empresas anunciados ante terceros como “grupo”,
‘organización”, “agrupación”, “conglomerado” o expresión semejante.
3. Las personas naturales o jurídicas vinculadas por medio de contratos de
colaboración tales como sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y
contrato de riesgo compartido, siempre y cuando exista plena prueba sobre la
existencia de tales contratos.
Las discrepancias al respecto serán decididas por el juez del concurso, en la
audiencia de confirmación.
Cuando dos o más acreedores configuren una misma organización o grupo
empresarial, deberán informar al promotor sobre el particular, a más tardar en la
fecha de la audiencia de decisión de objeciones o en la fecha de la expedición de
la providencia que fija el plazo para la celebración del acuerdo. En caso de
incumplimiento de la anterior obligación, respecto de los acreedores que no hayan
informado sobre la conformación de grupo empresarial, sus derechos de voto
quedarán reducidos a la mitad.
Artículo 33. Mayoría especial para las rebajas al capital. Sin perjuicio de las
mayorías establecidas en el artículo precedente, las prórrogas, plazos de gracia,
quitas y condonaciones estipulados en el acuerdo, no podrán implicar que el pago
de las acreencias objeto de reorganización sea inferior al valor del capital de las
mismas, a menos que tales estipulaciones:
1. Sean aprobadas con el voto favorable de un número plural de acreedores que
equivalga a no menos del sesenta por ciento (60%) de votos admisibles de los
acreedores externos, de la clase cuyas acreencias serán afectadas y sin
participación del voto de los acreedores internos; o
2. Cuenten con el consentimiento individual y expreso del respectivo acreedor, en
el caso de no contar con la mayoría prevista en el numeral anterior.
Artículo 34. Contenido del acuerdo. Las estipulaciones del acuerdo deberán tener
carácter general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o
admitido, y respetarán para efectos del pago, la prelación, los privilegios y
preferencias establecidas en la ley.

Los créditos a favor de la DIAN y los demás acreedores de carácter fiscal no
estarán sujetos a los términos del estatuto tributario y demás disposiciones
especiales, para efectos de determinar sus condiciones de pago y tasas, las
cuales quedarán sujetas a las resultas del acuerdo de reorganización o de
adjudicación.
El acuerdo deberá incluir, entre otras, cláusulas que regulen la conformación y
funciones de un comité de acreedores con participación de acreedores internos y
externos, que no tendrán funciones de administración ni coadministración de la
empresa.
Así mismo deberá pactarse la celebración de, por lo menos, una reunión anual de
acreedores, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del mismo, dando
aviso oportuno de su convocatoria al Juez del concurso.
Parágrafo 1°. Los acuerdos de reorganización que suscriban los empleadores que
tengan a su cargo el pago de pasivos pensionales, deberán incluir un mecanismo
de normalización de pasivos pensionales. Dichos mecanismos podrán consistir en
la constitución de reservas adecuadas dentro de un plazo determinado, la
conciliación, negociación y pago de pasivos, la conmutación pensional total o
parcial y la constitución de patrimonios autónomos, todo ello de conformidad con
la ley y con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
Los mecanismos de normalización pensional podrán aplicarse voluntariamente en
todos los casos en que sea procedente la normalización del pasivo pensional, aun
cuando esta no sea realizada dentro de un proceso de insolvencia.
La Superintendencia que ejerza la inspección, vigilancia o control del empleador,
autorizará el mecanismo que este elija para la normalización de su pasivo, previo
el concepto favorable del Ministerio de la Protección Social. Los acuerdos de
reorganización o los mecanismos de normalización pensional que sean
establecidos sin la autorización y el concepto mencionados, carecerán de eficacia
jurídica.
Parágrafo 2°. Cuando sean otorgados créditos para financiar el pago de los
pasivos pensionales o para realizar su conmutación, dichos créditos tendrán el
mismo privilegio de los créditos laborales cuyo pago haya sido realizado o
conmutado.
Parágrafo 3°. Los créditos por IVA descontable a favor de la empresa insolvente
deberán ser utilizados para atender las acreencias a favor del fisco. En los demás
casos se regirá por las normas existentes sobre la materia.
Artículo 35. Audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización. Dentro de
los tres (3) días siguientes a la fecha en que el promotor radique el acuerdo de

reorganización aprobado por los acreedores, el juez del concurso convocará a una
audiencia de confirmación del acuerdo, la cual deberá ser realizada dentro de los
cinco (5) días siguientes, para que los acreedores tengan la oportunidad de
presentar sus observaciones tendientes a que el Juez, verifique su legalidad.
Si el juez niega la confirmación, expresará las razones que tuvo para ello, y
suspenderá la audiencia, por una sola vez y por un término máximo durante ocho
(8) días, para que el acuerdo sea corregido y aprobado por los acreedores, de
conformidad con lo ordenado, so pena del inicio del término para celebrar acuerdo
de adjudicación.
Presentado debidamente dentro del plazo mencionado en el inciso anterior, el
Juez, determinará dentro de los ocho (8) días siguientes, si lo confirma o no. Al
vencimiento de tal término, será reanudada la audiencia de confirmación, en la
cual se emitirá el fallo, que no será susceptible de recurso alguno. No presentado
o no confirmado el acuerdo de reorganización, el juez ordenará la celebración del
acuerdo de adjudicación, mediante providencia en la cual fijará la fecha de
extinción de la persona jurídica, la cual deberá enviarse de oficio para su
inscripción en el registro mercantil.
Artículo 36. Inscripción del acta y levantamiento de medidas cautelares. El Juez
del concurso, en la providencia de confirmación del acuerdo de reorganización o
de adjudicación, ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la
inscripción de la misma, junto con la parte pertinente del acta que contenga el
acuerdo.
En la misma providencia ordenará el levantamiento de las medidas cautelares
vigentes, salvo que el acuerdo haya dispuesto otra cosa.
Cuando el mismo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro
derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravámenes o cancelarlos,
ordenará la inscripción de la parte pertinente del acta en el correspondiente
registro, no siendo necesario el otorgamiento previo de ningún documento.
Artículo 37. Plazo y confirmación del acuerdo de adjudicación. Vencido el término
para presentar el acuerdo de reorganización, sin que este haya sido presentado, o
no confirmado el mismo, empezará a contarse un plazo máximo de treinta (30)
días para que el promotor presente al juez del concurso, el acuerdo de
adjudicación, al que hayan llegado los acreedores del deudor, incluyendo los
gastos de administración.
Durante el término anterior, sólo podrán enajenarse los bienes perecederos del
deudor que estén en riesgo inminente de deterioro, depositando el producto de la
venta a orden del Juez del concurso. Los demás bienes podrán enajenarse si así

lo autoriza la mayoría absoluta de los acreedores, autorización que en todo caso
deberá ser confirmada por el Juez competente.
En el acuerdo de adjudicación pactarán la forma como serán adjudicados los
bienes del deudor, pagando primero las obligaciones causadas con posterioridad
al inicio del proceso de insolvencia y luego las contenidas en la calificación y
graduación aprobada. En todo caso deberán seguirse las reglas de adjudicación
señaladas en esta ley.
El acuerdo de adjudicación debe ser aprobado por las mayorías y en la forma
prevista en la presente ley para la aprobación del acuerdo de reorganización,
respetando en todo caso las prelaciones de ley y, en especial, las relativas a los
pasivos pensionales. Para el efecto, el deudor acreditará el estado actual de los
gastos de administración y los necesarios para la ejecución del acuerdo y la forma
de pago, respetándoles su prelación.
Si el acuerdo de adjudicación, no es presentado ante el juez del concurso en el
plazo previsto en la presente norma, se entenderá que los acreedores aceptan
que la Superintendencia o el juez adjudiquen los bienes del deudor, conforme a
las reglas de adjudicación de bienes previstas en la presente ley.
Para la confirmación del acuerdo de adjudicación regirán las mismas normas de
confirmación del acuerdo de reorganización, entendiéndose que, si no hay
confirmación del de adjudicación, el juez del concurso, procederá a adjudicar los
bienes del deudor en los términos señalados en el inciso anterior.
La providencia que adjudica deberá proferirse a más tardar dentro de los quince
(15) días siguientes a la audiencia de confirmación del acuerdo de adjudicación sin
que el mismo haya sido confirmado o al vencimiento del plazo para su
presentación observando los parámetros previstos en esta ley. Contra el acto que
decrete la adjudicación de los bienes no procederá recurso alguno.
Parágrafo 1°. En todo caso, el juez del concurso ordenará la cancelación de los
gravámenes que pesen sobre los bienes adjudicados, incluyendo los de mayor
extensión.
Parágrafo 2°. Respecto de los bienes que no forman parte del patrimonio a
adjudicar, se aplicará lo dispuesto a los bienes excluidos de conformidad con lo
previsto en la presente ley para el proceso de liquidación judicial.
Artículo 38. Efectos de la no presentación o falta de confirmación del acuerdo de
reorganización. Los efectos que producirá la no presentación o no confirmación
del acuerdo serán los siguientes:
1. Disolución de la persona jurídica.

2. Separación de los administradores, quienes finalizarán sus funciones
entregando la totalidad de los bienes y la contabilidad al promotor, quien para los
efectos de celebración y culminación del acuerdo de adjudicación asumirá la
representación legal de la empresa, a partir de su inscripción en el registro
mercantil.
3. La culminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o
de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así
como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el
deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar
obligaciones propias o ajenas, salvo autorización para continuar su ejecución,
impartida por el juez del proceso.
4. La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de
fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones
propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la
cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que
conforman el patrimonio autónomo. Serán tenidas como obligaciones del
fideicomitente las adquiridas por cuenta del patrimonio autónomo.
Tratándose de inmuebles, el juez comunicará la terminación del contrato,
mediante oficio al notario competente que conserve el original de las escrituras
pertinentes. La providencia respectiva será inscrita en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, en la matrícula correspondiente. El acto de restitución de
los bienes que conforman el patrimonio autónomo será considerado sin cuantía,
para efectos de derechos notariales, de registro y de timbre.
Los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados como
acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de
los bienes fideicomitidos.
La restitución de los activos que conforman el patrimonio autónomo implica que la
masa de bienes pertenecientes al deudor, responderá por las obligaciones a cargo
del patrimonio autónomo de conformidad con las prelaciones de ley aplicables al
concurso.
La fiduciaria entregará los bienes al promotor dentro del plazo que el juez del
concurso señale y no podrá alegar en su favor derecho de retención por concepto
de comisiones, honorarios o remuneraciones derivadas del contrato.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará respecto de cualquier
tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la emisión de valores u
otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de valores de
Colombia o en el exterior, ni respecto de patrimonios autónomos constituidos para

adelantar procesos d e titularización a través del mercado público de valores, ni de
aquellos patrimonios autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de
la estructura de la emisión.
Artículo 39. Publicidad y depósito del acuerdo. La providencia de confirmación
ordenará la inscripción del acuerdo de reorganización o de adjudicación en el
registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio del
deudor y el de las sucursales que este posea o en el registro que haga sus veces,
dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la misma. Dicha inscripción
no generará costo alguno y el texto completo del acuerdo deberá ser depositado
en el expediente.
Todos los gastos derivados de la publicidad del proceso, de la negociación, de la
celebración y de la ejecución de un acuerdo de reorganización o del acuerdo de
adjudicación, con excepción de los avalúos solicitados por los acreedores,
correrán por cuenta del deudor, sin perjuicio de estipulación en contrario prevista
en el acuerdo.
CAPITULO VII
Efectos, ejecución y terminación de los acuerdos de reorganización y de
adjudicación
Artículo 40. Efecto general del acuerdo de reorganización y del acuerdo de
adjudicación. Como consecuencia de la función social de la empresa, los acuerdos
de reorganización y los acuerdos de adjudicación celebrados en los términos
previstos en la presente ley, serán de obligatorio cumplimiento para el deudor o
deudores respectivos y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan
participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan
consentido en él.
Parágrafo 1°. Las empresas que hayan celebrado un acuerdo de reorganización
no estarán sometidas a renta presuntiva por los tres primeros años contados a
partir de la fecha de confirmación del acuerdo.
Parágrafo 2°. Las empresas que hayan celebrado acuerdo de reorganización,
tendrán derecho a solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto
sobre la renta que se les hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes
calendario siguiente a la fecha de confirmación del acuerdo y durante un máximo
de tres años contados a partir de la misma fecha. La solicitud se presentará por
períodos trimestrales, con base en los certificados expedidos por los agentes
retenedores o por el mismo contribuyente cuando sea autorretendor, siempre y
cuando en uno u otro caso, la retención objeto de la solicitud haya sido declarada
y consignada a la administración tributaria respectiva. Para el efecto, el Gobierno

Nacional, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley,
expedirá el reglamento correspondiente.
La devolución se hará por períodos trimestrales así: Enero-febrero-marzo; abril-
mayo-junio; julio-agosto-septiembre y octubre-noviembre diciembre.
La solicitud seguirá el trámite señalado en el Título X, Libro Quinto del Estatuto
Tributario, y sin perjuicio del impuesto que resulte a cargo del contribuyente, en las
liquidaciones privadas u oficiales.
Artículo 41. Prelación de créditos y ventajas. En el acuerdo podrá modificarse la
prelación de créditos, siempre que sean cumplidas las siguientes condiciones:
1. La decisión sea adoptada con una mayoría superior al sesenta por ciento (60%)
de los votos admisibles.
2. Tenga como propósito facilitar la finalidad del acuerdo de reorganización.
3. No degrade la clase de ningún acreedor sino que mejore la categoría de
aquellos que entreguen recursos frescos o que en general adopten conductas que
contribuyan a mejorar el capital de trabajo y la recuperación del deudor.
4. No afecte la prelación de créditos pensionales, laborales, de la seguridad social,
adquirentes de vivienda, sin perjuicio que un pensionado o trabajador, o cualquier
otro acreedor, acepte expresamente los efectos de una cláusula del acuerdo
referente a un derecho renunciable, siempre que ello conduzca a la recuperación
de su crédito.
La prelación de las obligaciones de la DIAN y demás autoridades fiscales, podrá
ser compartida a prorrata con aquellos acreedores que durante el proceso hayan
entregado nuevos recursos al deudor o que se comprometan a hacerlo en
ejecución del acuerdo, la cual será aplicada inclusive en el evento del proceso de
liquidación judicial. Para tal efecto, cada peso nuevo suministrado, dará prelación
a un peso de la deuda anterior. La prelación no es aplicable por la capitalización
de pasivos, ni por la mera continuación de los contratos de tracto sucesivo.
Para el caso de nuevas capitalizaciones que generen ingreso de recursos frescos
al deudor, durante el proceso y ejecución del acuerdo de reorganización, los
inversionistas que realicen tales aportes de capital, además de las ventajas
anteriores, al momento de su liquidación, tendrán prelación en el reembolso de su
remanente frente a otros aportes y hasta por el monto de los nuevos recursos
aportados.
Los acreedores que entreguen al deudor nuevos recursos, condonen parcialmente
sus obligaciones, otorguen quitas, plazos de gracia especiales, podrán obtener,

como contraprestac ión las ventajas que en el acuerdo se otorguen a todos
aquellos que concedan los mismos beneficios al deudor.
Parágrafo 1°. En el evento de no cumplirse el acuerdo de manera tal que satisfaga
las obligaciones que han renunciado a prelación o preferencia, estas recuperarán
dicha prelación o preferencia cualquiera que sea la modalidad con la que concluya
el proceso de insolvencia.
Parágrafo 2°. Los créditos laborales podrán capitalizarse siempre y cuando sus
titulares convengan, individual y expresamente, las condiciones, proporciones,
cuantías y plazos en que se mantenga o modifique, total o parcialmente la
prelación que le corresponde como acreencias privilegiadas. En caso de
incumplimiento del acuerdo de reorganización los créditos laborales capitalizados
recuperan la prelación de primer grado para efectos del acuerdo de adjudicación y
el de liquidación judicial.
Artículo 42. Flexibilización de las condiciones de aportes al capital. La suscripción
y pago de nuevos aportes en el capital de los deudores reestructurados, podrá
hacerse en condiciones, proporciones y plazos distintos de los previstos en el
Código de Comercio, sin exceder el plazo previsto para la ejecución del acuerdo.
La colocación de las participaciones sociales podrá hacerse por un precio de
suscripción inferior al valor nominal, fijado con base en procesos de valoración
técnicamente reconocidos, por avaluadores independientes.
La capitalización de acreencias y las daciones en pago requerirán del
consentimiento individual del respectivo acreedor.
Artículo 43. Conservación y exigibilidad de gravámenes y de garantías reales y
fiduciarias. En relación con las garantías reales y los contratos de fiducia mercantil
y encargos fiduciarios que incluyan entre sus finalidades las de garantía y que
estén vinculadas con acuerdos de reorganización, aplicarán las siguientes reglas:
1. Los créditos amparados por fiducias mercantiles y encargos fiduciarios se
asimilan a los créditos de la segunda y tercera clase previstos en los artículos
2497 y 2499 del Código Civil, de acuerdo con la naturaleza de los bienes
fideicomitidos o que formen parte del patrimonio autónomo, salvo cláusula
expresamente aceptada por el respectivo acreedor que disponga otra cosa.
2. Durante la vigencia del acuerdo queda suspendida la exigibilidad de
gravámenes y garantías reales y fiduciarias, constituidas por el deudor. La
posibilidad de hacer efectivas tales garantías durante dicha vigencia, o la
constitución de las mismas, tendrá que pactarse en el acuerdo, con la mayoría
absoluta de los votos admisibles, adicionada con el voto del beneficiario o
beneficiarios respectivos.

3. Si el acuerdo termina por incumplimiento, conforme a lo dispuesto en la
presente ley, para efectos del proceso de liquidación judicial, queda restablecida
de pleno derecho la preferencia de los gravámenes y garantías reales y fiduciarias
suspendidas, a menos que el acreedor beneficiario haya consentido en un trato
distinto.
4. Si durante la ejecución del acuerdo son enajenados los bienes objeto de la
garantía, el acreedor gozará de la misma prelación que le otorgaba el gravamen
para que le paguen el saldo insoluto de sus créditos, hasta la concurrencia del
monto por el cual haya sido enajenado el respectivo bien.
5. La constitución, modificación o cancelación de garantías, o la suspensión o
conservación de su exigibilidad derivadas del acuerdo, requerirá el voto del
beneficiario respectivo y ba stará la inscripción de la parte pertinente del mismo en
el correspondiente registro, sin necesidad de otorgar nuevamente ningún otro
documento y, salvo pacto en contrario, compartirá proporcionalmente el mismo
grado de todos aquellos acreedores que concedan las mismas ventajas al deudor.
Para tales efectos, las cláusulas pertinentes del acuerdo prestarán mérito
ejecutivo.
6. La estipulación de un acuerdo de reorganización que amplíe el plazo de
aquellas obligaciones del deudor que cuenten con garantes personales o con
cauciones reales constituidas sobre bienes distintos de los del deudor, no pone fin
a la responsabilidad de los garantes ni extingue dichas cauciones reales.
7. En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, el acreedor que
cuente con garantías reales o personales constituidas por terceros para amparar
créditos cuyo pago haya sido contemplado en el acuerdo, podrá iniciar procesos
de cobro contra los garantes del deudor o continuar los que estén en curso al
momento de la celebración del acuerdo.
Artículo 44. Reformas estatutarias y enajenación de establecimientos de comercio
y disposición de activos dentro del acuerdo de reorganización. Cuando el acuerdo
de reorganización contenga cláusulas que reformen los estatutos del deudor
persona jurídica, el mismo hará las veces de reforma estatutaria, sin que se
requiera de otra formalidad, cuya decisión deberá ser adoptada por parte del
órgano competente al interior del concursado, de conformidad con lo dispuesto en
los estatutos sociales, lo cual producirá efectos entre los asociados desde la
confirmación del acuerdo, sin que sea posible impugnar la correspondiente
decisión.
En caso de fusiones y escisiones, la adopción del acuerdo de reorganización en la
forma prevista en la ley, excluye el ejercicio de los derechos previstos en los
artículos 175 del Código de Comercio y 6° de la Ley 222 de 1995, así como las

disposiciones especiales referentes a los tenedores de bonos; tampoco podrá
ejercerse el derecho de retiro de socios previsto en el artículo 12 de la Ley 222 de
1995. Dicha exclusión es aplicable únicamente a los derechos de los acreedores
externos y socios de aquellos deudores mencionados en el acuerdo de
reorganización, quedando a salvo los derechos de los acreedores y socios de
otras personas jurídicas.
En las enajenaciones de establecimientos de comercio de propiedad del deudor
como consecuencia de un acuerdo de reorganización, no habrá lugar a la
oposición de acreedores prevista en el artículo 530 del Código de Comercio.
Para la inscripción en el registro mercantil de cualquiera de los actos
contemplados en este artículo bastará que se presente a la Cámara de Comercio
correspondiente la parte pertinente del acuerdo que contenga la decisión.
Artículo 45. Causales de terminación del acuerdo de reorganización. El acuerdo de
reorganización terminará en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo.
2. Si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia.
3. Por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al
sistema de seguridad social y demás gastos de administración.
Parágrafo. En el supuesto previsto en el numeral 1 de este artículo, el deudor
informará de su ocurrencia al juez del concurso para que verifique la situación y
decrete la terminación del acuerdo mediante providencia inscrita de oficio en la
Cámara de Comercio del domicilio principal y sucursales del deudor, o en el que
haga sus veces, y contra la cual sólo procederá recurso de reposición. En los
eventos descritos en los numerales 2 y 3, habrá lugar a la declaratoria de
liquidación judicial, previa celebración de la audiencia de incumplimiento descrita a
continuación.
Artículo 46. Audiencia de incumplimiento. Si algún acreedor o el deudor denuncia
el incumplimiento del acuerdo de reorganización o de los gastos de
administración, el Juez del concurso verificará dicha situación y en caso de
encontrarlo acreditado, requerirá al promotor para que, dentro de un término no
superior a un (1) mes, actualice la calificación y graduación de créditos y derechos
de voto, gestione las posibles alternativas de solución y presente al Juez del
concurso el resultado de sus diligencias.
Recibido el Informe del Promotor, el Juez del concurso, convocará al deudor y a
los acreedores cuyos créditos no hayan sido pagados, a una audiencia para
deliberar sobre la situación y decidir lo pertinente.

Cuando el incumplimiento provenga de gastos de administración, debe ser
subsanado con el consentimiento individual de cada acreedor, sin que sus créditos
cuenten para efectos de voto.
Si la situación es resuelta, el Juez del concurso confirmará la alternativa de
solución acordada y el promotor deberá cumplir con las formalidades previstas en
la presente ley. En caso contrario, el juez del concurso declarará terminado el
acuerdo de reorganización y ordenará la apertura del trámite del proceso de
liquidación judicial.
A partir de la fecha de convocatoria de la audiencia de incumplimiento, deberán
suspenderse los pagos previstos en el acuerdo de reorganización, so pena de
ineficacia de pleno derecho de los mismos.
CAPITULO VIII
Proceso de liquidación judicial
Artículo 47. Inicio. El proceso de liquidación judicial iniciará por:
1. Incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del
concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550
de 1999.
2. Las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la presente ley.
Artículo 48. Providencia de apertura. La providencia de apertura del proceso de
liquidación judicial dispondrá:
1. El nombramiento de un liquidador, quien tendrá la representación legal,
advirtiendo que su gestión deberá ser austera y eficaz.
2. La imposibilidad, a partir de la fecha de la misma, para que el deudor realice
operaciones en desarrollo de su objeto, pues conservará su capacidad jurídica
únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación, sin perjuicio de
aquellos que busquen la adecuada conservación de los activos. Los actos
celebrados en contravención a lo a nteriormente dispuesto, serán ineficaces de
pleno derecho.
3. Las medidas cautelares sobre los bienes del deudor y ordenar al liquidador la
inscripción en el registro competente de la providencia de inicio del proceso de
liquidación judicial, respecto de aquellos sujetos a esa formalidad.

4. La fijación por parte del Juez del concurso, en un lugar visible al público y por
un término de diez (10) días, de un aviso que informe acerca del inicio del mismo,
el nombre del liquidador y el lugar donde los acreedores deberán presentar sus
créditos. Copia del aviso será fijada en la página web de la Superintendencia de
Sociedades, en la del deudor, en la sede, sucursales, agencias, por este y el
liquidador durante todo el trámite.
5. Un plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de desfijación del aviso que
informa sobre la apertura del proceso de liquidación judicial, para que los
acreedores presenten su crédito al liquidador, allegando prueba de la existencia y
cuantía del mismo. Cuando el proceso de liquidación judicial sea iniciado como
consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización, de liquidación
judicial, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de
reestructuración, los acreedores reconocidos y admitidos en ellos, se entenderán
presentados en tiempo al liquidador, en el proceso de liquidación judicial. Los
créditos no calificados y graduados en el acuerdo de reorganización y los
derivados de gastos de administración, deberán ser presentados al liquidador.
Transcurrido el plazo previsto en este numeral, el liquidador, contará con un plazo
establecido por el juez del concurso, el cual no será inferior a un (1) mes, ni
superior a tres (3) meses, para que remita al juez del concurso todos los
documentos que le hayan presentado los acreedores y el proyecto de graduación
y calificación de créditos y derechos de voto, con el fin de que aquel, dentro de los
quince (15) días siguientes, emita auto que reconozca los mismos, de no haber
objeciones. De haberlas, se procederá de igual manera que para lo establecido en
el proceso de reorganización.
6. La remisión de una copia de la providencia de apertura al Ministerio de la
Protección Social, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a la
Superintendencia que ejerza vigilancia o control, para lo de su competencia.
7. Inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del
deudor y sus sucursales, el aviso que informa sobre la expedición de la
providencia de inicio del proceso de liquidación judicial.
8. Oficiar a los jueces que conozcan de procesos de ejecución o de aquellos en
los cuales se esté ejecutando la sentencia.
9. Ordenar al liquidador la elaboración del inventario de los activos del deudor, el
cual deberá elaborar el liquidador en un plazo máximo de treinta (30) días a partir
de su posesión. Los bienes serán avaluados por expertos designados de listas
elaboradas por la Superintendencia de Sociedades.
Una vez vencido el término, el liquidador entregará al juez concursal el inventario
para que este le corra traslado por el término de diez (10) días.

Artículo 49. Apertura del proceso de liquidación judicial inmediata. Procederá de
manera inmediata en los siguientes casos:
1. Cuando el deudor lo solicite directamente, o cuando incumpla su obligación de
entregar oportunamente la documentación requerida, como consecuencia de la
solicitud a un proceso de insolvencia por parte de un acreedor.
2. Cuando el deudor abandone sus negocios.
3. Por solicitud de la autoridad que vigile o controle a la respectiva empresa.
4. Por decisión motivada de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio
o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso de reorganización,
o cuando el deudor no actualice el proyecto de reconocimiento y graduación de
créditos y derechos de voto requerida en la providencia de inicio del proceso de
reorganización.
5. A petición conjunta del deudor y de un número plural de acreedores titular de no
menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo externo.
6. Solicitud expresa de inicio del trámite del proceso de liquidación judicial por
parte de una autoridad o representante extranjero, de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley.
7. Tener a cargo obligaciones vencidas, por concepto de mesadas pensionales,
retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, descuentos
efectuados a los trabajadores, o aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
sin que las mismas fuesen subsanadas dentro del término indicado por el Juez del
concurso, que en ningún caso será superior a tres (3) meses.
8. L a providencia judicial que decreta la apertura inmediata del trámite del
proceso de liquidación judicial no admite ningún recurso, con excepción de la
causal prevista en los numerales 2 y 7 de este artículo, evento en el que sólo
cabrá el recurso de reposición.
Si el juez del concurso verifica previamente que el deudor no cumple con sus
deberes legales, especialmente en cuanto a llevar contabilidad regular de sus
negocios, conforme a las leyes vigentes, podrá ordenar la disolución y liquidación
del ente, en los términos del artículo 225 y siguientes del Código de Comercio,
caso en el cual los acreedores podrán demandar la responsabilidad subsidiaria de
los administradores, socios o controlantes.

Parágrafo 1°. El inicio del proceso de liquidación judicial de un deudor supone la
existencia de una situación de cesación de pagos, conforme a lo dispuesto en esta
ley para el efecto en el proceso de reorganización.
Parágrafo 2°. La solicitud de inicio del proceso de liquidación judicial por parte del
deudor o de este y sus acreedores deberá venir acompañada de los siguientes
documentos:
1. Los cinco (5) estados financieros básicos, correspondientes a los tres (3)
últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren.
2. Los cinco (5) estados financieros básicos, cortados al último día calendario del
mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
3. Un estado de inventario de activos y pasivos cortado en la misma fecha
indicada en el numeral anterior, debidamente certificado y valorado.
4. Memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia.
Artículo 50. Efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial. La
declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:
1. La disolución de la persona jurídica. En consecuencia, para todos los efectos
legales, esta deberá anunciarse siempre con la expresión “en liquidación judicial”.
2. La cesación de funciones de los órganos sociales y de fiscalización de la
persona jurídica, si los hubiere.
3. La separación de todos los administradores.
4. La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o
de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así
como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el
deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar
obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los cuales
se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartido por el juez
del concurso.
5. La terminación de los contratos de trabajo, con el correspondiente pago de las
indemnizaciones a favor de los trabajadores, de conformidad con lo previsto en el
Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual no será necesaria autorización
administrativa o judicial alguna quedando sujetas a las reglas del concurso, las
obligaciones derivadas de dicha finalización sin perjuicio de las preferencias y
prelaciones que les correspondan.

6. Disponer la remisión de una copia de la providencia de apertura del proceso de
liquidación judicial al Ministerio de la Protección Social, con el propósito de velar
por el cumplimiento de las obligaciones laborales.
7. La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de
fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones
propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenará la
cancelación de los certificados de garantía y la restitución de los bienes que
conforman el patrimonio autónomo. Serán tenidas como obligaciones del
fideicomitente las adquiridas por cuenta del patrimonio autónomo.
Tratándose de inmuebles, el juez comunicará la terminación del contrato,
mediante oficio al notario competente que conserve el original de las escrituras
pertinentes. La providencia respectiva será inscrita en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, en la matrícula correspondiente. El acto de restitución de
los bienes que conforman el patrimonio autónomo se considerará sin cuantía, para
efectos de derechos notariales, de registro y de timbre.
Los acreedores beneficiarios del patrimonio autónomo serán tratados como
acreedores con garantía prendaria o hipotecaria, de acuerdo con la naturaleza de
los bienes fideicomitidos.
La restitución de los activos que conforman el patrimonio autónomo implica que la
masa de bienes pertenecientes al deudor, responderá por las obligaciones a cargo
del patrimonio autónomo de conformidad con las prelaciones de ley aplicables al
concurso.
La fiduciaria entregará los bienes al liquidador dentro del plazo que el juez del
proceso de liquidación judicial señale y no podrá alegar en su favor derecho de
retención por concepto de comisiones, honorarios o remuneraciones derivadas del
contrato.
8. La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de
las acciones respecto de las obligaciones que contra el deudor o contra sus
codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o
cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, estuvieren perfeccionadas o
sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial.
9. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo del deudor. La apertura del
proceso de liquidación judicial del deudor solidario no conllevará la exigibilidad de
las obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores.
10. La prevención a los deudores del concursado de que sólo pueden pagar al
liquidador, advirtiendo la ineficacia del pago hecho a persona distinta.

11. La prohibición para administradores, asociados y controlantes de disponer de
cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable del deudor o de realizar
pagos o arreglos sobre obligaciones anteriores al inicio del proceso de liquidación
judicial, a partir de la fecha de la providencia que lo decrete, so pena de ineficacia,
cuyos presupuestos serán reconocidos por el Juez del concurso, sin perjuicio de
las sanciones que aquellos le impongan.
12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén
siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de
objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y
graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los
jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la
actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del
concurso.
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial, estarán
sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del traslado para
objeciones a los créditos.
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en
forma definitiva las excepciones de mérito propuestas estas serán consideradas
objeciones y tramitadas como tales.
13. La preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre
cualquier otra que le sea contraria.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará respecto de cualquier
tipo de acto o contrato que tenga por objeto o como efecto la emisión de valores u
otros derechos de naturaleza negociable en el mercado público de valores de
Colombia o del exterior, ni respecto de patrimonios autónomos constituidos para
adelantar procesos de titularización a través del mercado público de valores, ni de
aquellos patrimonios autónomos que tengan fines de garantía que formen parte de
la estructura de la emisión.
Artículo 51. Promitentes compradores de inmuebles destinados a vivienda. Los
promitentes compradores de bienes inmuebles destinados a vivienda, deberán
comparecer al proceso dentro de la oportunidad legal, a solicitar la ejecución de la
venta prometida.
En tal caso, el juez del concurso, ordenará al liquidador el otorgamiento de la
escritura pública de compraventa, previa consignación a sus órdenes del valor
restante del precio si lo hubiere, y de las sanciones contractuales e intereses de
mora generados por el no cumplimiento, para lo cual procederá al levantamiento
de las medidas cautelares que lo afecten.

La misma providencia dispondrá la cancelación de la hipoteca de mayor extensión
que afecte el inmueble, así como la entrega material, si la misma no se hubiere
producido.
Los recursos obtenidos como consecuencia de esta operación deberán destinarse
de manera preferente a la atención de los gastos de administración y las
obligaciones de la primera clase.
El juez del concurso autorizará el otorgamiento de la escritura pública, si con los
bienes restantes queda garantizado el pago de los gastos de administración y de
las obligaciones privilegiadas. De no poder cumplirse la obligación prometida,
procederá la devolución de las sumas pagas por el promitente comprador
siguiendo las reglas de prelación de créditos.
Artículo 52. Prorratas e hipotecas de mayor extensión. Cuando la actividad del
deudor incluya la construcción de inmuebles destinados a vivienda y la propiedad
de los mismos hubiera sido transferida al adquirente estando pendiente la
cancelación de la hipoteca de mayor extensión, el propietario comparecerá al
proceso dentro de la oportunidad procesal correspondiente y, previa acreditación
del pago de la totalidad del precio, el juez del concurso dispondrá la cancelación
del gravamen de mayor extensión.
Artículo 53. Inventario de bienes, reconocimiento de créditos y derechos de voto.
El liquidador procederá a actualizar los créditos reconocidos y graduados y el
inventario de bienes en el acuerdo de reorganización y a incorporar los créditos
calificados y graduados en el concordato, si fuere el caso, los derechos de votos y
los créditos en el acuerdo de reorganización fallido y a realizar el inventario de
bienes en estos dos últimos, desde la fecha del vencimiento de la obligación hasta
la de inicio del proceso de liquidación judicial, en los términos previstos en la
presente ley.
En el caso del proceso de liquidación judicial inmediata, o respecto a los gastos
causados con posterioridad a la admisión al acuerdo de reorganización, el acuerdo
de reestructuración o el concordato, tendrá aplicación lo dispuesto en esta ley en
materia de elaboración de inventarios por parte del liquidador y presentación de
acreencias.
En el proceso de liquidación judicial, el traslado del reconocimiento de créditos, del
inventario de los bienes del deudor y las objeciones a los mismos serán tramitados
en los mismos términos previstos en la presente ley para el acuerdo de
reorganización.
Parágrafo. El liquidador, al determinar los derechos de voto, no incluirá a los
acreedores internos, de conformidad con las reglas para los derechos de voto de
los acreedores internos establecidos en esta ley.

Artículo 54. Medidas cautelares. Las medidas cautelares practicadas y decretadas
sobre bienes del deudor, continuarán vigentes y deberán inscribirse a órdenes del
juez del proceso de liquidación judicial.
De haberse practicado diligencias de secuestro, el juez, previa remisión del
proceso al liquidador, ordenará efectuar el relevo inmediato de los secuestres
designados, ordenando para ello la entrega de los bienes al liquidador con la
correspondiente obligación del secuestre de rendir cuentas comprobadas de su
gestión ante el juez del proceso de liquidación judicial y para tal efecto presentará
una relación de los bienes entregados en la diligencia de secuestro, indicando su
estado y ubicación, así como una memoria detallada de las actividades realizadas
durante el período de la vigencia de su cargo. Así mismo, el secuestre deberá co
nsignar a órdenes del juez del proceso de liquidación judicial, en la cuenta de
depósitos judiciales, los rendimientos obtenidos en la administración de los bienes.
Artículo 55. Bienes excluidos. No formarán parte del patrimonio a liquidar los
siguientes bienes:
1. Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión.
2. Los títulos de crédito entregados al deudor para su cobranza y los que haya
adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando estén emitidos o endosados
directamente a favor del comitente.
3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de una
comisión o mandato del comitente o mandante.
4. Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se haya
producido su entrega.
5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario.
6. Las prestaciones que por cuenta ajena estén debiendo al deudor a la fecha de
la apertura del proceso, de proceso de liquidación judicial, si del hecho hubiere por
lo menos un principio de prueba.
7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere
recibido por cuenta de un comitente, aún cuando no estén otorgados a favor de
este.
8. En general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor,
pertenezcan a otra persona, para lo cual deberá acreditar prueba suficiente.

9. Los bienes inmuebles destinados a vivienda respecto de los cuales el deudor
hubiere otorgado la escritura pública de venta que no estuviere registrada. En
atención a esa circunstancia, el juez del concurso, previa solicitud del adquirente,
dispondrá el levantamiento de la cautela que recaiga sobre el inmueble, a fin de
facilitar la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y
Privados.
En el evento que el adquirente tenga sumas pendientes de cancelar como
consecuencia de la operación, el levantamiento de la cautela quedará
condicionado a la previa consignación por su parte a órdenes del Juez del
concurso del saldo por pagar.
Si los bienes descritos en este numeral están gravados con hipoteca de mayor
extensión constituida por el deudor a favor de un acreedor para garantizar las
obligaciones por él contraídas, el juez del concurso dispondrá, a solicitud de los
acreedores, de manera simultánea con el levantamiento de la cautela y la
cancelación del gravamen de mayor extensión.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará los casos en los cuales los bienes
transferidos a título de fiducia mercantil con fines de garantía se excluyen de la
masa de la liquidación en provecho de los beneficiarios de la fiducia.
Artículo 56. Proceso para entregar bienes excluidos. Para la entrega de los bienes
que no forman parte del patrimonio a liquidar por parte del liquidador, el solicitante,
dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio del proceso de liquidación judicial,
deberá presentarse al proceso y solicitar al juez del concurso la restitución del
bien, acompañando prueba siquiera sumaria del derecho que le asiste.
Cumplidos los requisitos anteriores, se procederá a la entrega de los bienes, en el
término señalado por el juez del concurso, quien deberá fijar dicho plazo
atendiendo la naturaleza del bien; o en su defecto, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha en la cual el juez del concurso imparta la orden respectiva.
Para ello, el liquidador levantará un acta en la que identificará el bien que
restituye, así como el estado del mismo, la que deberá suscribirse por el liquidador
y quien lo reciba.
Artículo 57. Enajenación de activos y plazo para presentar el acuerdo de
adjudicación. En un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que
quede en firme la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del
deudor, el liquidador procederá a enajenar los activos inventariados por un valor
no inferior al del avalúo, en forma directa o acudiendo al sistema de subasta
privada.

Con relación a los dineros recibidos y los activos no enajenados, el liquidador
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para presentar al juez del concurso, el
acuerdo de adjudicación al que hayan llegado los acreedores del deudor.
El acuerdo de adjudicación requiere, además de la aprobación de los acreedores,
la confirmación del juez del concurso, impartida en audiencia que será celebrada
en los términos y para los fines previstos en esta ley para la audiencia de
confirmación del acuerdo de reorganización.
De no aprobarse el citado acuerdo, el Juez dictará la providencia de adjudicación
dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término anterior.
Artículo 58. Reglas para la adjudicación. Los bienes no enajenados por el
liquidador, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, serán
adjudicados a los acreedores mediante providencia motivada, de conformidad con
las siguientes reglas:
1. La totalidad de los bienes a adjudicar, incluyendo el dinero existente y el
obtenido de las enajenaciones, será repartido con sujeción a la prelación legal de
créditos.
2. Respetará la igualdad entre los acreedores, adjudicando en lo posible a todos y
cada uno de la misma clase, en proporción a su respectivo crédito, cosas de la
misma naturaleza y calidad.
3. En primer lugar será repartido el dinero, enseguida los inmuebles,
posteriormente los bienes muebles corporales y finalmente las cosas incorporales.
4. Habrá de preferirse la adjudicación en bloque o en estado de unidad productiva.
Si no pudiera hacerse en tal forma, los bienes serán adjudicados en forma
separada, siempre con el criterio de generación de valor.
5. La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en común y
proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno.
6. El juez del proceso de liquidación judicial hará la adjudicación aplicando criterios
de semejanza, igualdad y equivalencia entre los bienes, con el propósito de
obtener el resultado más equitativo posible.
Con la adjudicación, los acreedores adquieren el dominio de los bienes,
extinguiéndose las obligaciones del deudor frente a cada uno de ellos, hasta
concurrencia del valor de los mismos.
Para la transferencia del derecho de dominio de bienes sujetos a registro, bastará
la inscripción de la providencia de adjudicación en el correspondiente registro, sin

necesidad de otorgar ningún otro documento o paz y salvo. Dicha providencia será
considerada sin cuantía para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro,
sin que al nuevo adquirente se le pueda hacer exigibles las obligaciones que
pesen sobre los bienes adjudicados o adquiridos.
Tratándose de bienes muebles, la tradición de los mismos operará por ministerio
de la ley, llevada a cabo a partir del décimo (10°) día siguiente a la ejecutoria de la
providencia.
El liquidador procederá a la entrega material de los bienes muebles e inmuebles
dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la adjudicación o de la
expedición de la providencia de adjudicación, en el estado en que se encuentren.
Parágrafo. Las obligaciones que se deriven para el adquirente sobre los bienes
adjudicados serán las que se causen a partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe la enajenación o adjudicación del respectivo bien.
Artículo 59. Pagos, adjudicaciones y rendición de cuentas. Dentro de los cinco (5)
días siguientes a la ejecutoria de la providencia de adjudicación de bienes, el
acreedor destinatario que opte por no aceptar la adjudicación deberá informarlo al
liquidador.
Vencido este término, el liquidador, de manera inmediata, deberá informar al juez
del concurso cuáles acreedores no aceptaron recibir los bienes, evento en el cual
se entenderá que estos renuncian al pago de su acreencia dentro del proceso de
liquidación judicial y, en consecuencia, el juez procederá a adjudicar los bienes a
los acreedores restantes, respetando el orden de prelación.
Los bienes no recibidos se destinarán al pago de los acreedores que acepten la
adjudicación hasta concurrencia del monto de sus créditos reconocidos y
calificados.
Los bienes remanentes serán adjudicados a los socios o accionistas de una
sociedad a prorrata de sus aportes, para el caso de las personas jurídicas o al
deudor en el caso de las personas naturales comerciantes o propietarias de una
empresa. Los bienes no recibidos por los socios o accionistas o por la persona
natural comerciante o que desarrolle actividades empresariales, serán adjudicados
a una entidad pública de beneficencia del domicilio del deudor o, en su defecto,
del lugar más cercano. Los bienes no recibidos por aquellas dentro de los diez
(10) días siguientes a su adjudicación serán considerados vacantes o mostrencos
según su naturaleza y recibirán el tratamiento legal respectivo.
El liquidador, una vez ejecutadas las órdenes incluidas en el auto de adjudicación
de bienes, respetando los plazos señalados en el artículo anterior, deberá
presentar al juez del proceso de liquidación judicial una rendición de cuentas

finales de su gestión, donde incluirá una relación pormenorizada de los pagos
efectuados, acompañada de las pruebas pertinentes.
No obstante, previa autorización del juez del concurso, y respetando la prelación y
los privilegios de ley, al igual que las reglas de la adjudicación previstas en esta
ley, el liquidador podrá solicitar al juez autorización para la cancelación anticipada
de obligaciones a cargo del deudor y a favor de acreedores cuyo crédito haya
quedado en firme.
Artículo 60. Obligaciones a cargo de los socios. Cuando sean insuficientes los
activos para atender el pago de los pasivos de la entidad deudora, el liquidador
deberá exigir a los socios el pago del valor de los instalamentos de las cuotas o
acciones no pagadas y el correspondiente a la responsabilidad adicional pactada
en los estatutos.
Para los efectos de este artículo, el liquidador promoverá proceso ejecutivo contra
los socios, el cual tramitará ante el juez que conozca del proceso de liquidación
judicial. En estos procesos, el título ejecutivo lo integrará la copia de los
inventarios y avalúos en firme y una certificación de contador público o de revisor
fiscal, si lo hubiere, que acredite la insuficiencia de los activos y la cuantía de la
prestación a cargo del socio.
No obstante, los socios podrán proponer como excepción la suficiencia de los
activos sociales, o el hecho de que no fueron destinados al pago del pasivo
externo de la sociedad.
Artículo 61. De los controlantes. Cuando la situación de insolvencia o de
liquidación judicial, haya sido producida por causa o con ocasión de las
actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la
subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en
contra del beneficio de la sociedad en reorganización o proceso de liquidación
judicial, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las
obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad está en esa situación
concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o
controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que esta fue ocasionada
por una causa diferente.
El Juez de Concurso conocerá, a solicitud de parte, de la presente acción, la cual
se tramitará mediante procedimiento abreviado. Esta acción tendrá una caducidad
de cuatro (4) años.
Artículo 62. Exoneración de gravámenes. La adjudicación de bienes a
pensionados y trabajadores no será un ingreso constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional para efectos tributarios.

En la adjudicación de bienes a los acreedores no habrá lugar a la obligación legal
de retención en la fuente.
En adición a las excepciones previstas en el artículo 191 del Estatuto Tributario,
en caso de declaración judicial de liquidación judicial, el deudor no estará
sometido al régimen de la renta presuntiva.
Artículo 63. Terminación. El proceso de liquidación judicial terminará:
1. Ejecutoriada la providencia de adjudicación.
2. Por la celebración de un acuerdo de reorganización.
Cumplido lo anterior, dispondrá el archivo del expediente, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que proceda contra el deudor, los administradores,
socios y el liquidador, y ordenará la inscripción de la providencia en el registro
mercantil o en el que corresponda. La anotación indicada extinguirá la persona
jurídica de la deudora.
Artículo 64. Adjudicación adicional. Cuando después de terminado el proceso de
liquidación judicial, aparezcan nuevos bienes del deudor, o cuando el juez del
proceso de liquidación judicial dejó de adjudicar bienes inventariados, habrá lugar
a una adjudicación adicional conforme a las siguientes reglas:
1. Podrá formular la solicitud cualquiera de los acreedores reconocidos o el
liquidador, haciendo una relación de los nuevos bienes, acompañando las pruebas
a que hubiere lugar.
2. De la adjudicación adicional conocerá el mismo juez del concurso ante quien
cursó el proceso de liquidación judicial, sin necesidad de reparto.
3. El juez del proceso de liquidación judicial informará de la solicitud a los
acreedores insolutos distintos del solicitante y adelantará la actuación en el mismo
expediente.
4. Una vez establecida la existencia de los bienes, ordenará al liquidador que
proceda a valorar el inventario en los términos de la presente ley, sin que sea
necesaria la intervención de los acreedores.
5. Una vez acreditada esta circunstancia, el juez del proceso de liquidación judicial
procederá a adjudicar los bienes objeto de la solicitud a los acreedores insolutos,
en el orden estrictamente establecido en la calificación y graduación de créditos.
Artículo 65. Rendición de cuentas finales. Las cuentas finales de la gestión del
liquidador estarán sujetas a las siguientes reglas:

1. Contendrán una memoria detallada de las actividades realizadas durante el
período.
2. Las cuentas presentadas serán puestas a disposición de las partes por el
término de veinte (20) días con el fin de que puedan ser objetadas. Vencido dicho
traslado, el liquidador tendrá dos (2) días para pronunciarse sobre las objeciones,
después de lo cual el juez decidirá en auto que no es susceptible de recurso.
Artículo 66. Acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial.
Aprobado el inventario valorado, la calificación y graduación de créditos y los
derechos de voto, el liquidador o quienes representen no menos del treinta y cinco
por ciento (35%) de los derechos de voto admitidos, podrán proponer la
celebración de un acuerdo de reorganización, para lo cual, el juez del concurso,
convocará a una audiencia. A este acuerdo, le serán aplicables en lo pertinente las
reglas previstas en esta ley para el acuerdo de reorganización.
En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, será reiniciado el
proceso de liquidación judicial.
T I T U L O II
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 67. Promotores o liquidadores. Al iniciar el proceso de insolvencia, el juez
del concurso, según sea el caso, designará por sorteo público al promotor o
liquidador, en calidad de auxiliar de la justicia, escogido de la lista elaborada para
el efecto por la Superintendencia de Sociedades.
En cualquier tiempo, los acreedores que representen por lo menos el sesenta por
ciento (60%) de las acreencias, calificadas y graduadas, podrán sustituir al
liquidador designado por el Juez, escogiendo el reemplazo de la lista citada en el
inciso anterior, quien deberá posesionarse ante aquel. Lo anterior aplicará también
al promotor cuando actúe como representante legal para efectos del acuerdo de
adjudicación.
Adicionalmente, los promotores y liquidadores podrán ser recusados o removidos
por el juez del concurso por las causales objetivas establecidas por el Gobierno.
El promotor o liquidador removidos en los términos de la presente ley, no tendrán
derecho sino al pago mínimo que para el efecto determine el Gobierno, teniendo
en consideración el estado de avance del proceso.

Una misma persona podrá actuar como promotor o como liquidador en varios
procesos, sin exceder un máximo de tres (3) procesos en que pueda actuar en
forma simultánea.
Parágrafo 1°. La lista de promotores y liquidadores de la Superintendencia de
Sociedades será abierta y a ella ingresarán todas las personas que cumplan con
los requisitos mínimos de experiencia e idoneidad profesional que para el efecto
establezca el Gobierno.
Parágrafo 2°. Salvo en los casos en los cuales la empresa carezca de activos
suficientes y se requiera un pago mínimo, la remuneración de liquidadores no
podrá exceder, del seis por ciento (6%) del valor de los activos de la empresa
insolvente. Para los promotores el valor de los honorarios no podrá exceder del
punto dos por ciento (0,2%) del valor de los activos de la empresa insolvente, por
cada mes de negociación.
Parágrafo 3°. El Gobierno reglamentará el presente artículo dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente ley. Mientras tanto, se
aplicarán a promotores y liquidadores los requisitos y demás normas establecidas
en las normas vigentes al momento de promulgarse la presente ley.
Artículo 68. Formalidades. El acuerdo de reorganización y el de adjudicación
deberán constar íntegramente en un documento escrito, firmado por quienes lo
hayan votado favorablemente. Cuando el acuerdo tenga por objeto transferir,
modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro,
constituir gravámenes o cancelarlos, la inscripción de la parte pertinente del acta
en el correspondiente registro será suficiente sin que se requiera el otorgamiento
previo de escritura pública u otro documento.
Si el promotor ha utilizado para la votación sistemas de comunicación simultánea
o sucesiva, deberá acompañar prueba de la expresión y contenido de las
decisiones y de los votos en documento o documentos escritos, debidamente
firmados por él mismo.
Para efectos de timbre, impuestos y derechos de registro el acuerdo de
reorganización o de adjudicación, al igual que las escrituras públicas otorgadas en
su desarrollo o ejecución, incluidas aquellas que tenga n por objeto reformas
estatutarias o daciones en pago sujetas a dicha solemnidad, directamente
relacionadas con el mismo, serán documentos sin cuantía. Los documentos en
que consten las deudas una vez reestructuradas quedan exentos del impuesto de
timbre.
El pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y
cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener el paz y salvo en la
enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, sólo podrá

exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad al inicio del
proceso de insolvencia. Las anteriores, quedarán sujetas a los términos del
acuerdo o a las resultas del trámite de liquidación judicial. El funcionario que
desatienda lo dispuesto en el presente inciso, responderá civil y penalmente por
los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de las multas sucesivas que
imponga el Juez del concurso, las cuales podrán ascender hasta doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 69. Créditos legalmente postergados en el proceso de reorganización y de
liquidación judicial. Estos créditos serán atendidos, una vez cancelados los demás
créditos y corresponden a:
1. Obligaciones con personas especialmente relacionadas con el deudor, salvo
aquellas provenientes de recursos entregados después de la admisión al trámite y
destinados a la recuperación de la empresa.
2. Deudas por servicios públicos, si la entidad prestadora se niega a restablecerlos
cuando han sido suspendidos sin atender lo dispuesto en la presente ley.
3. Créditos de los acreedores que intenten pagarse por su propia cuenta a costa
de bienes o derechos del deudor, o que incumplan con las obligaciones pactadas
en el acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial.
4. Valores derivados de sanciones pactadas mediante acuerdos de voluntades.
5. Las obligaciones que teniendo la carga de presentarse al trámite de liquidación
judicial, no lo hicieren dentro de los términos fijados en la presente ley.
6. El valor de intereses, en el proceso de liquidación judicial.
7. Los demás cuya postergación está expresamente prevista en esta ley.
Parágrafo 1°. El pago de los créditos postergados respetará las reglas de
prelación legal.
Parágrafo 2°. Para efectos del presente artículo, son personas especialmente
relacionadas con el deudor, las siguientes:
Las personas jurídicas vinculadas entre sí por su carácter de matrices o
subordinadas, y aquellas en las cuales exista unidad de propósito y de dirección
respecto del deudor.
Administradores, revisores fiscales y apoderados judiciales por salarios u ho
norarios no contabilizados en su respectivo ejercicio, así como indemnizaciones,

sanciones y moratorias, provenientes de conciliaciones, fallos judiciales o actos
similares.
Los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las
personas antes mencionadas, siempre que la adquisición hubiera tenido lugar
dentro de los dos (2) años anteriores a la iniciación del proceso de insolvencia.
Parágrafo 3°. No serán postergadas las obligaciones de los acreedores que
suministren nuevos recursos al deudor o que se comprometan a hacerlo en
ejecución del acuerdo.
Artículo 70. Continuación de los procesos ejecutivos en donde existen otros
demandados. En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y
los garantes o deudores solidarios, o cualquier otra persona que deba cumplir la
obligación, el juez de la ejecución, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo
de la comunicación que le informe del inicio del proceso de insolvencia, mediante
auto pondrá tal circunstancia en conocimiento del demandante, a fin que en el
término de su ejecutoria, manifieste si prescinde de cobrar su crédito al garante o
deudor solidario. Si guarda silencio, continuará la ejecución contra los garantes o
deudores solidarios.
Estando decretadas medidas cautelares sobre bienes de los garantes, deudores
solidarios o cualquier persona que deba cumplir la obligación del deudor, serán
liberadas si el acreedor manifiesta que prescinde de cobrar el crédito a aquellos.
Satisfecha la acreencia total o parcialmente, quien efectúe el pago deberá
denunciar dicha circunstancia al promotor o liquidador y al juez del concurso para
que sea tenida en cuenta en la calificación y graduación de créditos y derechos de
voto.
De continuar el proceso ejecutivo, no habrá lugar a practicar medidas cautelares
sobre bienes del deudor en reorganización, y las practicadas respecto de sus
bienes quedarán a órdenes del juez del concurso, aplicando las disposiciones
sobre medidas cautelares contenidas en esta ley.
Parágrafo. Si al inicio del proceso de insolvencia un acreedor no hubiere iniciado
proceso ejecutivo en contra del deudor, ello no le impide hacer efectivo su derecho
contra los garantes o codeudores.
Artículo 71. Obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las
obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de
insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre
aquellas objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial,
según sea el caso, y podrá exigirse coactivamente su cobro, sin perjuicio de la
prioridad que corresponde a mesadas pensionales y contribuciones parafiscales

de origen laboral, causadas antes y después del inicio del proceso de liquidación
judicial. Igualmente tendrán preferencia en su pago, inclusive sobre los gastos de
administración, los créditos por concepto de facilidades de pago a que hace
referencia el parágrafo del artículo 10 y el parágrafo 2° del artículo 34 de esta ley.
Artículo 72. Interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad.
Desde el inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial, y durante la
ejecución del acuerdo de reorganización o de adjudicación queda interrumpido el
término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los
créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso.
Artículo 73. Servicios públicos. Desde la presentación de la solicitud de inicio del
proceso de reorganización o de liquidación judicial, las personas o sociedades que
presten al deudor servicios públicos domiciliarios, no podrán suspenderlos o
terminarlos por causa de créditos insolutos a su favor, exigibles con anterioridad a
dicha fecha. Si la prestación estuviere suspendida o terminada, estarán obligadas
a restablecerlos de manera inmediata a partir de la solici tud, so pena de
responder por los perjuicios que ocasionen y que el pago de su crédito sea
postergado en los términos establecidos en esta ley.
El valor de los nuevos servicios prestados a partir del inicio del proceso será
pagado con la preferencia propia de los gastos de administración.
Cuando sea necesaria la prestación del servicio público para la conservación de
los activos, el juez podrá ordenar su prestación inmediata, por tiempo definido, aún
existiendo créditos insolutos a favor de la empresa prestadora de los mismos,
causados con posterioridad al inicio del proceso, indicando en la providencia que
lo ordene la manera preferente de su pago, cuyo plazo en ningún caso podrá
superar los tres (3) meses siguientes a partir de la orden de suministro.
Artículo 74. Acción revocatoria y de simulación. Durante el trámite del proceso de
insolvencia podrá demandarse ante el Juez del concurso, la revocación o
simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando
dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden
de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del
deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos:
1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto
que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de
gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor,
realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o
comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación
judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró
de buena fe.

2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro de los veinticuatro (24) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización o del proceso de liquidación
judicial.
3. Las reformas estatutarias acordadas de manera voluntaria por los socios,
solemnizadas e inscritas en el registro mercantil dentro de los seis (6) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación
judicial, cuando ellas disminuyan el patrimonio del deudor, en perjuicio de los
acreedores, o modifiquen el régimen de responsabilidad de los asociados.
Parágrafo. En el evento que la acción prospere, total o parcialmente, el acreedor
demandante tendrá derecho a que la sentencia le reconozca a título de
recompensa, una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor
comercial del bien recuperado para el patrimonio del deudor, o del beneficio que
directa o indirectamente se reporte.
Artículo 75. Legitimación, procedimiento, alcance y caducidad. Las acciones
revocatorias y de simulación podrán interponerse por cualquiera de los
acreedores, el promotor o el liquidador hasta dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha en que quede en firme la calificación y graduación de créditos
y derechos de voto.
La acción se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de
Procedimiento Civil.
La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado
dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de los derechos
del demandado vencido y las de sus causahabientes, y en su lugar ordenará
inscribir al deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan. Con tal
fin, la secretaría librará las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro
correspondientes.
Todo aquel que haya contratado con el deudor y sus causahabientes, de mala fe,
estará obligado a restituir al patrimonio las cosas enajenadas en razón de la
revocación o la declaración de simulación, así como, sus frutos y cualquier otro
beneficio percibido. Si la restitución no fuere posible, deberá entregar al deudor el
valor en dinero de las mencionadas cosas a la fecha de la sentencia.
Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de
simulación de actos del deudor, el juez, de oficio o a petición de parte y previo el
otorgamiento de la caución que fijare, decretará el embargo y secuestro de bienes
o la inscripción de la demanda. Estas medidas estarán sujetas a las disposiciones
previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Parágrafo. La acción referente a las daciones en pago y los actos a título gratuito,
podrán ser iniciadas de oficio por el juez del concurso.
Artículo 76. Presupuestos de ineficacia. El Juez del concurso, según el caso, de
oficio o a solicitud de parte, podrán reconocer la ocurrencia de los presupuestos
que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en la presente ley.
Artículo 77. Procesos ejecutivos alimentarios en curso. En los procesos de
insolvencia de las personas naturales comerciantes o que desarrollen una
actividad empresarial, los procesos ejecutivos alimentarios continuarán su curso y
no serán suspendidas ni levantadas las medidas cautelares decretadas y
practicadas en ellos. No obstante, en caso de llegar a desembargarse bienes o de
quedar un remanente del producto de los embargados o subastados, serán
puestos a disposición del Juez que conoce del proceso de insolvencia.
No obstante lo anterior, en la calificación y graduación de créditos y derechos de
voto deben ser relacionados todos los procesos alimentarios en curso contra el
deudor.
Artículo 78. Transparencia Empresarial. Los acuerdos de reorganización incluirán
un Código de Gestión Ética Empresarial y de responsabilidad social, exigible al
deudor, el cual precisará, entre otras, las reglas a que debe sujetarse la
administración del deudor en relación con:
1. Operaciones con asociados y vinculados, incluyendo normas sobre distribución
de utilidades y reparto de dividendos durante la vigencia del acuerdo, sujetando el
reparto a la satisfacción de los créditos y el fortalecimiento patrimonial del deudor.
En todo caso, cualquier decisión al respecto deberá contar con la autorización
previa del comité de vigilancia.
2. Manejo del flujo de caja y de los activos no relacionados con la actividad
empresarial.
3. Ajustes administrativos exigidos en el acuerdo para hacer efectivos los deberes
legales de los administradores de las sociedades consagrados en el artículo 23 de
la Ley 222 de 1995, y en cualquier otra disposición, de la manera que corresponda
según la forma de organización propia del respectivo empresario.
4. Los compromisos de ajuste de las prácticas contables y de divulgación de
información de la actividad del deudor o ente contable respectivo a las normas
legales que le sean aplicables, los cuales deberán cumplirse en un plazo no
superior a seis (6) meses.
5. Las reglas que deba observar la administración en su planeación y ejecución
financiera y administrativa, con el objeto de atender oportunamente los créditos

pensionales, laborales, de seguridad social y fiscales que surjan durante la
ejecución del acuerdo.
6. Otras obligaciones que se acuerden en códigos de buen gobierno.
Los administradores de todas las empresas, en forma acorde con la organización
del respectivo deudor que no tenga naturaleza asociativa, están sujetos a los
deberes legales consagrados en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y a las reglas
de responsabilidad civil previstas en el artículo 24 de la misma ley, sin perjuicio de
las reglas especiales que les sean aplicables en cada caso.
Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los Códigos de
Gestión Etica Empresarial dará lugar a la remoción del cargo y a la imposición de
multas sucesivas de carácter personal a cada uno de los administradores y al
revisor fiscal, contralor, auditor o contador público responsables, hasta por
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La imposición de
una o ambas clases de sanciones corresponderá al juez del concurso competente,
según el caso, y su trámite no suspende el proceso de insolvencia.
Artículo 79. Facultades de los apoderados. Los apoderados designados por el
deudor y los acreedores, respectivamente, que concurran al proceso de
reorganización y de liquidación judicial, deberán ser abogados con y se
entenderán facultados para tomar toda clase de decisiones que correspondan a
sus mandantes, inclusive las de celebrar acuerdos de reorganización y
adjudicación y obligarlos a las resultas del mismo.
Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el presente artículo, el representante
de la entidad estatal acreedora, tendrá entre otras facultades, la posibilidad de
otorgar rebajas, disminuir intereses, conceder plazos, para lo cual deberá contar
con autorización expresa del funcionario respectivo de la entidad oficial.
Artículo 80. Funciones de conciliación de las Superintendencias. Las
Superintendencias Financiera de Colombia, de Servicios Públicos Domiciliarios, de
Transporte, Nacional de Salud, del Subsidio Familiar, de Vigilancia y Seguridad
Privada, de Economía Solidaria y de Sociedades, tratándose de empresarios
sujetos, respectivamente, a su inspección, vigilancia o control, con excepción de
aquellos que supervisa la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan
actividad financiera y de ahorro y crédito, podrán actuar como conciliadoras en los
conflictos que surjan entre dichos empresarios y sus acreedores, generados por
problemas de crisis económica que no les permitan atender el pago regular de sus
obligaciones mercantiles de contenido patrimonial, siempre y cuando no estén
adelantando alguno de los trámites previstos en la presente ley. Para tal efecto
podrán organizar y poner en funcionamiento centros de conciliación de
conformidad con las leyes aplicables.

Artículo 81. Peritos y Avaluadores. El Gobierno Nacional establecerá las
condiciones que deberán cumplir los peritos y avaluadores para la prestación de
los servicios que requiera esta ley, observando como mínimo las condiciones y
requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil para los auxiliares de la
justicia; en todo caso, será el juez del concurso quien designe a los peritos y
avaluadores.
Mientras el Gobierno Nacional no establezca los requisitos aplicables a peritos y
avaluadores, se aplicarán las normas vigentes al momento de expedirse la
presente ley.
Parágrafo. Cuando en el acuerdo de reorganización, en la adjudicación o en la
liquidación judicial se pacte la venta de la empresa como unidad de explotación
económica, será necesario adelantar una valoración por firmas especializadas,
que ingresen a la lista establecida por la Superintendencia de Sociedades.
El presente parágrafo será reglamentado por el Gobierno Nacional.
Artículo 82. Responsabilidad civil de los socios, administradores, revisores fiscales
y empleados. Cuando la prenda común de los acreedores sea desmejorada con
ocasión de conductas, dolosas o culposas de los socios, administradores,
revisores fiscales, y empleados, los mismos serán responsables civilmente del
pago del faltante del pasivo externo.
No estarán sujetos a dicha responsabilidad los socios que no hayan tenido
conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando
no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones,
violación de la ley o de los estatutos, será presumida la culpa del interviniente.
Igualmente, serán tenidas por no escritas las cláusulas contractuales que tiendan
a absolver a los socios, administradores, revisores fiscales, y empleados de las
responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan
prestado para ejercer sus cargos.
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y
de quien actúe como su representante legal.
La demanda deberá promoverse por cualquier acreedor de la deudora y será
tramitada por el proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil,
ante el juez del concurso, según sea el caso en uso de facultades jurisdiccionales
y en trámite independiente al de la insolvencia, el cual no será suspendido.
La responsabilidad aquí establecida será exigible sin perjuicio de las demás
sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario.

Artículo 83. Inhabilidad para ejercer el comercio. Los administradores y socios de
la deudora y las personas naturales serán inhabilitados para ejercer el comercio,
hasta por diez (10), cuando estén acreditados uno o varios de los siguientes
eventos o conductas:
1. Constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores.
2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica.
3. Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio.
4. Malversar o dilapidar bienes, que conduzcan a la apertura del proceso de
liquidación judicial.
5. Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con sus
acreedores.
6. Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las
obligaciones a su cargo, adquiriéndolas a menor precio.
7. La distracción, disminución, u ocultamiento total o parcial de bienes.
8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o pérdidas.
9. Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren desistido,
renunciado o transigido, una pretensión patrimonial cierta.
10. Cuando a sabiendas se excluyan acreencias de la relación de acreedores o se
incluyan obligaciones inexistentes.
Parágrafo. En los casos a que haya lugar, el juez del concurso ordenará la
inscripción en el registro mercantil de la sanción prevista en este artículo.
Artículo 84. Validación Judicial de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización.
Cuando por fuera del proceso de reorganización, con el consentimiento del
deudor, un número plural de acreedores que equivalga a la mayoría que se
requiere en la presente ley para celebrar un acuerdo de reorganización, celebren
por escrito un acuerdo de esta naturaleza, cualquiera de las partes de dicho
acuerdo podrá pedir al juez del concurso que hubiere sido competente para
tramitar el proceso de reorganización, la apertura de un proceso de validación del
acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado, con el fin de verificar que este:
1. Cuenta con los porcentajes requeridos en esta ley.

2. Deja constancia de que las negociaciones han tenido suficiente publicidad y
apertura frente a todos los acreedores.
3. Otorga los mismos derechos a todos los acreedores de una misma clase.
4. No incluye cláusulas ilegales o abusivas, y
5. En términos generales, cumple con los preceptos legales.
El proceso de validación tendrá en consideración las reglas sobre notificación
establecidas en esta ley, las reglas para la calificación y graduación de créditos y
votos, y las demás que en lo relativo a su forma y sustancia le sean aplicables,
incluyendo los efectos jurídicos a que hace referencia el artículo 17 y el Capítulo
IV de la presente ley.
Si como resultado del proceso de validación el juez del Concurso autoriza el
acuerdo, este tendrá los mismos efectos que la presente ley confiere a un acuerdo
de reorganización.
Incumplido el acuerdo de reorganización extrajudicial, se aplicarán las normas que
para el efecto están establecidas para el incumplimiento del acuerdo de
reorganización de que trata la presente ley.
T I T U L O III
DE LA INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 85. Finalidades. El presente Título tiene como propósito:
1. Regular la cooperación entre las autoridades competentes de la República de
Colombia y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos de
insolvencia transfronteriza.
2. Crear un mecanismo que dote de mayor seguridad jurídica al comercio y las
inversiones.
3. Propender por una administración equitativa y eficiente de las insolvencias
transfronterizas, que proteja los intereses de todos los acreedores y de las demás
partes interesadas, incluido el deudor.
4. Garantizar la protección de los bienes del deudor y la optimización de su valor.

Artículo 86. Casos de insolvencia transfronteriza. Las normas del presente Título
serán aplicables a los casos en que:
1. Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asistencia en la
República de Colombia en relación con un proceso extranjero, o
2. Sea solicitada la asistencia en un Estado extranjero en relación con un proceso
tramitado con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, o
3. Estén tramitándose simultáneamente y respecto de un mismo deudor un
proceso extranjero y un proceso en la República de Colombia, o
4. Los acreedores u otras personas interesadas, que estando en un Estado
extranjero, tengan interés en solicitar la apertura de un proceso o en participar en
un proceso en curso con arreglo a las normas colombianas relativas a la
insolvencia.
Artículo 87. Definiciones. Para los fines del presente Título:
1. “Proceso extranjero” es el proceso colectivo, ya sea judicial o administrativo,
incluido el de índole provisional, que tramite un Estado extranjero con arreglo a
una ley relativa a la insolvencia y en virtud del cual los bienes y negocios del
deudor queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal extranjero, a los
efectos de su reorganización o liquidación.
2. “Proceso extranjero principal” es el proceso extranjero que cursa en el Estado
donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses.
3. “Proceso extranjero no principal” es el proceso extranjero, que no es un proceso
extranjero principal y que cursa en un Estado donde el deudor tiene un
establecimiento en el sentido del numeral 6 del presente artículo.
4. “Representante extranjero” es la persona o el órgano, incluso el designado a
título provisional, que haya sido facultado en un proceso extranjero para
administrar la reorganización o la liquidación de los bienes o negocios del deudor
o para actuar como representante del proceso extranjero.
5. “Tribunal extranjero” es la autoridad judicial o de otra índole competente a los
efectos para controlar o supervisar un proceso extranjero.
6. “Establecimiento” es todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza una
actividad económica de manera permanente.

7. “Autoridades colombianas competentes” son la Superintendencia de
Sociedades y los jueces civil del circuito y municipales del domicilio principal del
deudor.
8. “Normas colombianas relativas a la insolvencia” son las contenidas en la
presente ley.
Artículo 88. Obligaciones internacionales del Estado. En caso de conflicto entre la
presente ley y una obligación de la República de Colombia nacida de un tratado u
otra forma de acuerdo en el que sea parte con uno o más Estados, prevalecerán
las disposiciones de ese tratado o acuerdo.
Artículo 89. Autoridades competentes. Las funciones descritas en la presente ley
relativas al reconocimiento de procesos extranjeros y en materia de cooperación
con tribunales extranjeros, serán ejercidas por la Superintendencia de Sociedades
y los jueces civiles del circuito y municipales del domicilio principal del deudor.
Artículo 90. Autorización dada al promotor o liquidador para actuar en un Estado
extranjero. El promotor o liquidador estará facultado para actuar en un Estado
extranjero en representación de un proceso abierto en la República de Colombia
con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, en la medida en
que lo permita la ley extranjera aplicable.
Artículo 91. Excepción de orden público. Nada de lo dispuesto en el presente
Título impedirá que las autoridades colombianas competentes nieguen la adopción
de una medida manifiestamente contraria al orden público de la República de
Colombia.
Artículo 92. Asistencia adicional en virtud de alguna otra norma. Nada de lo
dispuesto en el presente Título limitará las facultades que pueda tener una
autoridad colombiana competente, para prestar asistencia adicional al
representante extranjero con arreglo a alguna otra norma de la República de
Colombia.
Artículo 93. Interpretación. En la interpretación de la presente ley habrán de
tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la
uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe.
CAPITULO II
Acceso de los representantes y acreedores extranjeros ante las autoridades
colombianas competentes

Artículo 94. Derecho de acceso directo. Todo representante extranjero estará
legitimado para comparecer directamente ante una autoridad colombiana
competente.
Artículo 95. Alcance de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. El
solo hecho de la presentación de una solicitud, con arreglo a la presente ley, ante
una autoridad colombiana competente por un representante extranjero, no supone
la sumisión de este, ni de los bienes y negocios del deudor en el extranjero, a la
ley colombiana para efecto alguno que sea distinto de la solicitud.
Artículo 96. Solicitud del representante extranjero de apertura de un proceso con
arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia. Todo representante
extranjero estará facultado para solicitar la apertura de un proceso con arreglo a
las normas colombianas relativas a la insolvencia, si por lo demás cumple las
condiciones, requisitos y supuestos para la apertura de ese proceso.
Artículo 97. Participación de un representante extranjero en un proceso abierto
con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia. A partir del
reconocimiento de un proceso extranjero, el representante extranjero estará
facultado para participar en todo proceso abierto respecto del deudor con arreglo a
las normas colombianas relativas a la insolvencia.
Artículo 98. Acceso de los acreedores extranjeros a un proceso seguido con
arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia. Los acreedores
extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales
respecto de la apertura de un proceso en la República de Colombia y de la
participación en él con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia,
sin que ello afecte el orden de prelación de los créditos en un proceso abierto con
arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia.
Artículo 99. Publicidad a los acreedores en el extranjero con arreglo a las normas
colombianas relativas a la insolvencia. Siempre que, con arreglo a las normas
colombianas relativas a la insolvencia, deba informarse el inicio o apertura de
algún proceso a los acreedores que residan en la República de Colombia, esa
información también deberá remitirse a los acreedores conocidos que no tengan
una dirección en Colombia.
CAPITULO III
Reconocimiento de un proceso extranjero y medidas otorgables
Artículo 100. Solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero. El
representante extranjero podrá solicitar ante las autoridades colombianas
competentes el reconocimiento del proceso extranjero en el que haya sido
nombrado.

Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de:
1. Una copia certificada de la resolución que declare abierto el proceso extranjero
y nombre el representante extranjero; o
2. Un certificado expedido por el tribunal extranjero que acredite la existencia del
proceso extranjero y el nombramiento del representante extranjero; o
3. En ausencia de una prueba conforme a los numerales 1 y 2, cualquier otra
prueba admisible para las autoridades colombianas competentes de la existencia
del proceso extranjero y del nombramiento del representante extranjero.
Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una
declaración que indique debidamente los datos de todos los procesos extranjeros
abiertos respecto del deudor de los que tenga conocimiento el representante
extranjero.
La autoridad colombiana competente podrá exigir que todo documento presentado
en apoyo de una solicitud de reconocimiento sea traducido oficialmente al
castellano y se encuentre debidamente protocolizado ante el Consulado
respectivo.
Artículo 101. Presunciones relativas al reconocimiento. Si la resolución o el
certificado de los que tratan los numerales 1 y 2 del artículo anterior indican que el
proceso extranjero es un proceso en el sentido del numeral 1 del artículo de las
definiciones del presente Título y que el representante extranjero es una persona o
un órgano en el sentido del numeral 4 del mismo artículo, la autoridad colombiana
competente podrá presumir que ello es así.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que el domicilio social del deudor o su
residencia habitual, tratándose de una persona natural, es el centro de sus
principales intereses.
Artículo 102. Medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un
proceso extranjero. Desde la presentación de una solicitud de reconocimiento
hasta que sea resuelta esa solicitud, la autoridad colombiana competente podrá, a
instancia del representante extranjero y cuando las medidas sean necesarias y
urgentes para proteger los bienes del deudor o los intereses de los acreedores,
otorgar medidas provisionales, incluidas las siguientes:
1. Ordenar la suspensión de todo proceso de ejecución contra los bienes del
deudor.

2. Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona designada por
la autoridad colombiana competente, y en la medida en que la ley colombiana lo
permita respecto de cada solicitud, la administración o la realización de todos o de
parte de los bienes del deudor ubicados en territorio colombiano, para proteger y
preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por circunstancias
concurrentes, sean perecederos, susceptibles de devaluación, o estén
amenazados por cualquier otra causa.
3. Aplicar cualquiera de las medidas previstas en los numerales 3 y 5 del artículo
sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero.
Para la adopción de las medidas mencionadas en este artículo, deberán
observarse, en lo procedente, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil
relativas a las medidas cautelares.
Salvo prórroga con arreglo a lo previsto en el numeral 4 del artículo sobre medidas
otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero, las medidas
otorgadas con arreglo al presente artículo, quedarán sin efecto si es proferida una
resolución sobre la solicitud de reconocimiento.
La autoridad colombiana competente podrá denegar toda medida prevista en el
presente artículo cuando se le demuestre que la misma afecte al desarrollo de un
proceso extranjero principal.
Artículo 103. Providencia de reconocimiento de un proceso extranjero. Salvo lo
dispuesto en el artículo sobre excepción de orden público de la presente ley, habrá
lugar al reconocimiento de un proceso extranjero cuando:
1. El proceso extranjero sea uno de los señalados en el numeral 1 del artículo
sobre definiciones del presente Título.
2. El representante extranjero que solicite el reconocimiento sea una persona o un
órgano en el sentido del numeral 4 del artículo sobre definiciones del presente
Título.
3. La solicitud cumpla los requisitos del artículo sobre solicitud de reconocimiento
de un proceso extranjero de la presente ley, y
4. La solicitud haya sido presentada ante la autoridad colombiana competente
conforme al artículo sobre autoridades competentes del presente Título.
Será reconocido el proceso extranjero:
a) Como proceso extranjero principal, en caso de estar tramitado en el Estado
donde el deudor tenga el centro de sus principales intereses, o

b) Como proceso extranjero no principal, si el deudor tiene en el territorio del
Estado del foro extranjero un establecimiento en el sentido del numeral 6 del
artículo sobre definiciones del presente Título.
En caso de demostrarse la ausencia parcial o total de los motivos que dieron lugar
al reconocimiento, o que estos han dejado de existir, podrá producirse la
modificación o revocación del mismo.
Parágrafo. La publicidad de la providencia de reconocimiento de un proceso
extranjero se regirá por los mecanismos de publicidad previstos en la presente ley
para la providencia de inicio del proceso e insolvencia.
Artículo 104. Información subsiguiente. Presentada la solicitud de reconocimiento
de un proceso extranjero, el representante extranjero informará de inmediato a la
autoridad colombiana competente de:
1. Todo cambio importante en la situación del proceso extranjero reconocido o en
el nombramiento del representante extranjero, y
2. Todo otro proceso extranjero que se siga respecto del mismo deudor y del que
tenga conocimiento el representante extranjero.
Artículo 105. Efectos del reconocimiento de un proceso extranjero principal. A
partir del reconocimiento de un proceso extranjero que sea un proceso principal:
1. No podrá iniciarse ningún proceso de ejecución en contra del deudor,
suspendiéndose los que estén en curso, quedando legalmente facultado el
representante extranjero y el deudor para solicitar, individual o conjuntamente, su
suspensión y para alegar la nulidad del proceso o de las actuaciones procesales
posteriores al reconocimiento de un proceso extranjero principal. El juez que fuere
informado del reconocimiento de un proceso extranjero principal y actúe en
contravención a lo dispuesto en el presente numeral, incurrirá en causal de mala
conducta.
2. Se suspenderá todo derecho a transmitir o gravar los bienes del deudor, así
como a disponer de algún otro modo de esos bienes, salvo el caso de un acto u
operación que corresponda al giro ordinario de los negocios de la empresa.
Cualquier acto celebrado o ejecutado en contravención de lo dispuesto en este
numeral, será ineficaz de pleno derecho y dará lugar a la imposición de multas
sucesivas hasta por doscientos (200) salarios mínimos legales vigentes por parte
de la autoridad colombiana competente, hasta tanto reversen la respectiva
operación. De los efectos y sanciones previstos en el presente numeral, advertirá
la providencia de reconocimiento del proceso extranjero.

Lo dispuesto en el presente artículo no afectará al derecho de solicitar el inicio de
un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia o a
presentar créditos en ese proceso.
Parágrafo. El reconocimiento del proceso de insolvencia extranjero del propietario
de una sucursal extranjera en Colombia dará lugar a la apertura del proceso de
insolvencia de la misma conforme a las normas colombianas relativas a la
insolvencia.
Artículo 106. Medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso
extranjero. Desde el reconocimiento de un proceso extranjero, ya sea principal o
no principal, de ser necesario para proteger los bienes del deudor o los intereses
de los acreedores, la autoridad colombiana competente podrá, a instancia del
representante extranjero, otorgar toda medida apropiada, incluidas las siguientes:
1. Disponer el examen de testigos, la presentación de pruebas o el suministro de
información respecto de los bienes, negocios, derechos, obligaciones o
responsabilidades del deudor.
2. Encomendar al representante extranjero, o a alguna otra persona nombrada por
la autoridad colombiana competente, y en la medida en que la ley colombiana lo
permita respecto de cada solicitud, la administración o la realización de todos o de
parte de los bienes del deudor, que se encuentren en el territorio de este Estado,
para proteger y preservar el valor de aquellos que, por su naturaleza o por
circunstancias concurrentes, sean perecederos, susceptibles de devaluación, o
estén amenazados por cualquier otra causa.
3. A partir del reconocimiento de un proceso extranjero, principal o no principal, la
autoridad colombiana competente, y en la medida en que la ley colombiana lo
permita respecto de cada solicitud podrá, a instancia del representante extranjero,
encomendar al representante extranjero, o a otra persona nombrada por autoridad
colombiana competente, la adjudicación de todos o de parte de los bienes del
deudor ubicados en el territorio de la República de Colombia, siempre que la
autoridad colombiana competente se asegure que los intereses de los acreedores
domiciliados en Colombia estén suficientemente protegidos.
4. Prorrogar toda medida cautelar otorgada con arreglo al artículo sobre medidas
otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero.
5. Conceder al representante extranjero cualquier otra medida que, conforme a las
normas colombianas relativas a la insolvencia, digan relación al cumplimiento de
funciones propias del promotor o liquidador.
Al otorgar medidas con arreglo a este artículo al representante de un proceso
extranjero no principal, la autoridad colombiana competente deberá asegurarse de

que las medidas atañen a bienes que, con arreglo al derecho de la República de
Colombia, hayan de ser administrados en el marco del proceso extranjero no
principal, o que atañen a información requerida en ese proceso extranjero no
principal.
Artículo 107. Protección de los acreedores y de otras personas interesadas. Al
conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos sobre medidas
otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero y
sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero, o
al modificar o dejar sin efecto esa medida con arreglo al inciso 3° del presente
artículo, la autoridad colombiana competente deberá asegurarse de que quedan
debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de otras personas
interesadas, incluido el deudor.
La autoridad colombiana competente podrá supeditar toda medida otorgada con
arreglo a los artículos anteriormente mencionados a las condiciones que juzgue
convenientes.
A instancia del representante extranjero o de toda persona afectada por alguna
medida otorgada con arreglo a los artículos anteriormente mencionados, o de
oficio, la autoridad colombiana competente podrá modificar o dejar sin efecto la
medida impugnada.
Artículo 108. Acciones de impugnación de actos perjudiciales para los acreedores.
A partir del reconocimiento de un proceso extranjero, el representante extranjero
estará legitimado para entablar las acciones revocatorias de acuerdo con lo
previsto en la presente ley.
Artículo 109. Intervención de un representante extranjero en procesos que se
sigan en este Estado. Desde el reconocimiento de un proceso extranjero, el
representante extranjero podrá intervenir, conforme a las condiciones prescritas
por la legislación colombiana, en todo proceso de insolvencia en el que el deudor
sea parte.
CAPITULO IV
Cooperación con tribunales y representantes extranjeros
Artículo 110. Cooperación y comunicación directa entre las autoridades
colombianas competentes y los tribunales o representantes extranjeros. En los
asuntos indicados en el artículo sobre casos de insolvencia transfronteriza del
presente Título, la autoridad colombiana competente deberá cooperar en la
medida de lo posible con los tribunales extranjeros o los representantes
extranjeros, ya sea directamente o por conducto del promotor o liquidador, según
el caso. La autoridad colombiana competente estará facultada para ponerse en

comunicación directa con los tribunales o representantes extranjeros o para
recabar información o asistencia directa de los mismos.
Artículo 111. Cooperación y comunicación directa entre los agentes de la
insolvencia y los tribunales o representantes extranjeros. En los asuntos indicados
en el artículo sobre casos de insolvencia transfronteriza del presente Título, el
promotor o liquidador deberá cooperar, en el ejercicio de sus funciones y bajo la
supervisión de la autoridad colombiana competente, con los tribunales y
representantes extranjeros.
El promotor o liquidador estará facultado, en el ejercicio de sus funciones y bajo la
supervisión de la autoridad colombiana competente, para ponerse en
comunicación directa con los tribunales o los representantes extranjeros.
Artículo 112. Formas de cooperación. La cooperación de que tratan los artículos
anteriores podrá ser puesta en práctica por cualquier medio apropiado y, en
particular, mediante:
1. El nombramiento de una persona para que actúe bajo dirección de la autoridad
colombiana competente.
2. La comunicación de información por cualquier medio que la autoridad
colombiana competente considere oportuno.
3. La coordinación de la administración y la supervisión de los bienes y negocios
del deudor.
4. La aprobación o la aplicación por los tribunales de los acuerdos relativos a la
coordinación de los procedimientos.
5. La coordinación de los procesos seguidos simultáneamente respecto de un
mismo deudor.
CAPITULO V
Procesos paralelos
Artículo 113. Apertura de un proceso con arreglo a las normas colombianas
relativas a la insolvencia tras el reconocimiento de un proceso extranjero principal.
Desde el reconocimiento de un proceso extranjero principal, sólo podrá iniciarse
un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia cuando
el deudor tenga bienes en Colombia. Los efectos de este proceso se limitarán a
los bienes del deudor ubicados en Colombia y, en la medida requerida para la
puesta en práctica de la cooperación y coordinación previstas en Capítulo IV del
presente Título, a otros bienes del deudor ubicados en el extranjero que, con

arreglo a las leyes colombianas, deban ser administrados en el proceso
adelantado conforme a las normas colombianas relativas a la insolvencia.
Artículo 114. Coordinación de un proceso seguido con arreglo a las normas
colombianas relativas a la insolvencia y un proceso extranjero. En caso de
tramitarse simultáneamente y respecto de un mismo deudor un proceso extranjero
y un proceso con arreglo a las normas colombianas relativas a la insolvencia, la
autoridad colombiana competente procurará colaborar y coordinar sus actuaciones
con las del otro proceso, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del presente
Título, en los términos siguientes:
1. Cuando el proceso seguido en Colombia esté en curso en el momento de
presentarse la solicitud de reconocimiento del proceso extranjero:
a) Toda medida otorgada con arreglo a los artículos sobre medidas proceso
extranjero y sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso
extranjero de la presente ley deberá ser compatible con el proceso seguido en
Colombia; y
b) De reconocerse el proceso extranjero en Colombia como proceso extranjero
principal, el artículo sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un
proceso extranjero del presente Título, no será aplicable, en caso de ser
incompatible con el proceso local.
2. Cuando el proceso seguido en Colombia se ha iniciado tras el reconocimiento, o
presentación de la solicitud de reconocimiento del proceso extranjero, toda medida
que estuviera en vigor con arreglo a los artículos sobre medidas otorgables a partir
de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero y sobre medidas
otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero, será reexaminada
por la autoridad colombiana competente y modificada o revocada en caso de ser
incompatible con el proceso que se adelante en Colombia.
3. Al conceder, prorrogar o modificar una medida otorgada a un representante de
un proceso extranjero no principal, la autoridad colombiana competente deberá
asegurarse de que esa medida afecta bienes que, con arreglo a las leyes
colombianas, deban ser administrados en el proceso extranjero no principal o
concierne a información requerida para ese proceso.
Artículo 115. Coordinación de varios procesos extranjeros. En los casos
contemplados en el artículo sobre casos de insolvencia transfronteriza de este
Título, si es seguido más de un proceso extranjero respecto de un mismo deudor,
la autoridad colombiana competente procurará que haya cooperación y
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del presente Título y
serán aplicables las siguientes reglas:

1. Toda medida otorgada con arreglo a los artículos sobre medidas otorgables a
partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero y sobre medidas
otorgables a partir del reconocimiento de un proceso extranjero a un representante
de un proceso extranjero no principal, una vez reconocido un proceso extranjero
principal, deberá ser compatible con este último.
2. Cuando un proceso extranjero principal sea reconocido tras el reconocimiento o
una vez presentada la solicitud de reconocimiento de un proceso extranjero no
principal, toda medida que estuviera en vigor con arreglo a los artículos sobre
medidas otorgables a partir de la solicitud de reconocimiento de un proceso
extranjero y sobre medidas otorgables a partir del reconocimiento de un proceso
extranjero, deberá ser reexaminada por la autoridad colombiana competente y
modificada o dejada sin efecto caso de ser incompatible con el proceso extranjero
principal.
3. Si una vez reconocido un proceso extranjero no principal, es otorgado
reconocimiento a otro proceso extranjero no principal, la autoridad colombiana
competente deberá conceder, modificar o dejar sin efecto toda medida que
proceda para facilitar la coordinación de los procesos.
Artículo 116. Regla de pago para procesos paralelos. Sin perjuicio de los derechos
de los titulares de créditos garantizados o de derechos reales, un acreedor que
haya percibido un cobro parcial respecto de su crédito en un proceso seguido en
un Estado extranjero con arreglo a una norma extranjera relativa a la insolvencia,
no podrá percibir un nuevo pago por ese mismo crédito en un proceso de
insolvencia seguido con arreglo a las normas colombianas relativas a la
insolvencia respecto de ese mismo deudor, en tanto que el pago percibido por los
demás acreedores de la misma categoría sea proporcionalmente inferior al cobro
ya percibido por el acreedor.
T I T U L O IV
DEROGATORIAS Y TRANSITO DE LEGISLACION
Artículo 117. Concordatos y liquidaciones obligatorias en curso y acuerdos de
reestructuración. Las negociaciones de acuerdos de reestructuración, los
concordatos y liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas iniciados
durante la vigencia del Título II de la Ley 222 de 1995, al igual que los acuerdos de
reestructuración ya celebrados y los concordatos y quiebras indicados en el
artículo 237 de la Ley 222 de 1995, seguirán rigiéndose por las normas aplicables
al momento de entrar a regir esta ley.
No obstante, esta ley tendrá aplicación inmediata sobre las personas naturales
comerciantes y las personas jurídicas:

1. Ante el fracaso o incumplimiento de un concordato, dando inicio al proceso de
liquidación judicial regulada en esta ley.
2. Para el inicio de las acciones revocatorias y de simulación en los procesos
concursales.
3. Respecto de las disposiciones referentes a inmuebles destinados a vivienda,
promitentes compradores de vivienda y prorratas previstas en esta ley, incluyendo
los procesos liquidatorios en curso, al momento de su vigencia.
Artículo 118. Solicitudes de promoción y de liquidación obligatoria en curso. Las
solicitudes de promoción de negociación de un acuerdo de reestructuración y las
de apertura de un trámite de liquidación obligatoria que, en los términos de la Ley
550 de 1999 y de la Ley 222 de 1995, estén en curso y pendientes de decisión al
momento de entrar a regir esta ley, serán tramitadas por el juez del concurso,
según el caso, para lo cual los solicitantes deberán adecuarlas a los términos de la
misma.
Artículo 119. Reglas de la Ley 550 de 1999 aplicables a las liquidaciones
obligatorias en curso. A las liquidaciones obligatorias de personas naturales
comerciantes y de las jurídicas, iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta
ley, continuarán aplicándose los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 550 de 1999, hasta
su terminación.
Artículo 120. Exclusión de la lista, cesación de funciones, remoción, recusación,
impedimentos y procesos judiciales previstos en la Ley 550 de 1999. A los
promotores de acuerdos de reestructuración de las sociedades de capital público y
las empresas industriales y comerciales del Estado de los niveles nacional y
territorial, les serán aplicables, en materia de exclusión de la lista, cesación de
funciones, remoción, recusación e impedimentos, las normas sobre el particular
previstas en la presente ley, siendo el competente para adelantar dichos trámites
el Ministerio del Interior y de Justicia, el cual decidirá en uso de facultades
jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución
Política.
De la misma forma, este Ministerio resolverá todos los asuntos pendientes de
decisión o nuevos, de los previstos en los artículos 26 y 37 de la Ley 550 de 1999.
Artículo 121. Contribuciones. Los recursos necesarios para cubrir los gastos de
funcionamiento e inversión que requiera la Superintendencia de Sociedades
provendrán de la contribución a cargo de las sociedades sometidas a su vigilancia
o control, así como de las tasas de que trata el presente artículo.
La contribución consistirá en una tarifa que será calculada sobre el monto total de
los activos, incluidos los ajustes integrales por inflación, que registre la sociedad a

31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Dicha contribución será
liquidada conforme a las siguientes reglas:
1. El total de las contribuciones corresponderá al monto del presupuesto de
funcionamiento e inversión que demande la Superintendencia en la vigencia anual
respectiva, deducidos los excedentes por contribuciones y tasas de la vigencia
anterior.
2. Con base en el total de activos de las sociedades vigiladas y controladas al final
del período anual anterior, el Gobierno Nacional, mediante resolución, establecerá
la tarifa de la contribución a cobrar, que podrá ser diferente según se trate de
sociedades activas, en período preoperativo, en concordato, en reorganización o
en liquidación.
3. La tarifa que sea fijada no podrá ser superior al uno por mil del total de activos
de las sociedades vigiladas o controladas.
4. En ningún caso, la contribución a cobrar a cada sociedad podrá exceder del uno
por ciento del total de las contribuciones, ni ser inferior a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente.
5. Cuando la sociedad contribuyente no permanezca vigilada o controlada durante
toda la vigencia, su contribución será proporcional al período bajo vigilancia o
control. No obstante, si por el hecho de que alguna o algunas sociedades no
permanezcan bajo vigilancia o control durante todo el período, se genera algún
defecto presupuestal que requiera subsanarse, el Superintendente podrá liquidar y
exigir a los demás contribuyentes el monto respectivo en cualquier tiempo durante
la vigencia correspondiente.
6. Las contribuciones serán liquidadas para cada sociedad anualmente con base
en el total de sus activos, multiplicados por la tarifa que fije el Gobierno Nacional
para el período fiscal correspondiente.
7. Cuando una sociedad no suministre oportunamente los balances cortados a 31
de diciembre del año inmediatamente anterior, la Superintendencia hará la
correspondiente liquidación con base en los activos registrados en el último
balance que repose en los archivos de la entidad. Sin embargo, una vez recibidos
los estados financieros correspondientes a la vigencia anterior, deberá procederse
a la reliquidación de la contribución.
8. Cuando una sociedad presente saldos a favor producto de la reliquidación,
estos podrán ser aplicados, en primer lugar, a obligaciones pendientes de pago
con la entidad, y, en segundo lugar, para ser deducidos del pago de la vigencia
fiscal que esté en curso.

La Superintendencia de Sociedades podrá cobrar a las sociedades no vigiladas ni
controladas o a otras entidades o personas, tasas por los servicios que les preste,
según sean los costos que cada servicio implique para la entidad, determinados
con base en la remuneración del personal dedicado a la actividad, en forma
proporcional al tiempo requerido; el coste de su desplazamiento en términos de
viáticos y transporte terrestre y aéreo, cuando a ello hubiere lugar; y gastos
administrativos tales como correo, fotocopias, certificados y peritos.
Las sumas por concepto de contribuciones o tasas por prestación de servicios que
no sean canceladas en los plazos fijados por la Superintendencia, causarán los
mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.
Artículo 122. Armonización de normas contables y subsidio de liquidadores. Para
efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se
suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas
actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de
información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y
proponer al Congreso las modificaciones pertinentes.
En aquellas liquidaciones en las cuales no existan recursos suficientes para
atender gastos de archivo y remuneración de los liquidadores, sus honorarios
serán subsidiados con el dinero proveniente de las contribuciones que sufragan
las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, de conformidad
con la reglamentación que expida el Gobierno. El subsidio no podrá ser en ningún
caso superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, pagaderos,
siempre y cuando el respectivo auxiliar cumpla con sus funciones y el proceso
liquidatorio marche normalmente.
En el proceso de liquidación judicial, tramitados ante la Superintendencia de
Sociedades que no existan recursos suficientes para atender gastos de archivo y
los honorarios de los liquidadores, serán subsidiados con el dinero proveniente de
las contribuciones que sufragan las sociedades vigiladas por la Superintendencia
de Sociedades, hasta por veinte (20) salarios mínimos.
Artículo 123. Publicidad de los contratos de fiducia mercantil que consten en
documento privado. Los contratos de fiducia mercantil que consten en documento
privado deberán inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio
con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la inscripción o
registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes,
deba hacerse conforme a la ley.
Artículo 124. Adiciones, derogatorias y remisiones. Adiciónese el siguiente
numeral al artículo 2502 del Código Civil Colombiano:

“7. Los de los proveedores de materias primas o insumos necesarios para la
producción o transformación de bienes o para la prestación de servicios”.
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, se deroga el artículo 470 del Código
de Comercio, en cuanto a la competencia que ejerce la Superintendencia de
Sociedades frente a las Sucursales de las Sociedades extranjeras qu e desarrollen
actividades permanentes en Colombia, la cual se regirá por lo establecido en el
artículo 84 de la Ley 222 de 1995.
Salvo aquellos casos que expresamente determine el Gobierno Nacional, en razón
a la conservación del orden público económico, no habrá lugar a la intervención de
la Superintendencia de Sociedades respecto de lo establecido en los artículos 233
a 237 del Código de Comercio.
En los casos no regulados expresamente en esta ley, se aplicarán las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 125. Entidades territoriales. Las entidades territoriales, las
descentralizadas del mismo orden y las universidades estatales del orden nacional
o territorial de que trata la Ley 922 de 2004, podrán seguir celebrando acuerdos de
reestructuración de pasivos de acuerdo con lo dispuesto en el Título V y demás
normas pertinentes de la Ley 550 de 1999 y sus Decretos Reglamentarios,
incluidas las modificaciones introducidas a dichas normas con posterioridad a su
entrada en vigencia por la Ley 617 de 2000, sin que sea necesario constituir las
garantías establecidas en el artículo 10 de la Ley 550 de 1999.
A partir de la promulgación de esta ley, en relación con los acuerdos de
reestructuración de pasivos adelantados por las universidades estatales de que
trata el presente artículo, su nominación y promoción corresponderá al Ministerio
de Educación, el cual asumirá los procesos en curso cuya promoción se encuentre
adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo. Exceptúese de la prohibición consagrada en el parágrafo 2° del artículo
11 de la Ley 550 de 1999, por una sola vez, las entidades territoriales que, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, hayan negociado un
acuerdo de reestructuración, sin haber llegado a celebrarlo.
Artículo 126. Vigencia. Salvo lo que se indica en los incisos anteriores, la presente
ley comenzará a regir seis (6) meses después de su promulgación y deroga el
Título II de la Ley 222 de 1995, la cual estará vigente hasta la fecha en que entre a
regir la presente ley.
A partir de la promulgación de la presente ley, se prorroga la Ley 550 de 1999 por
seis (6) meses y vencido dicho término, se aplicará de forma permanente solo a
las entidades de que trata el artículo anterior de esta ley.

Las normas del régimen establecido en la presente ley prevalecerán sobre
cualquier otra de carácter ordinario que le sea contraria.
La Presidenta del honorable Senado de la República,
Dilian Francisca Toro Torres.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Ape Cuello Baute.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Desarrollo Empresarial, del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Comercio,
Industria y Turismo,
Sergio Diazgranados Guida.
DIARIO OFICIAL AÑO CXLII. N. 46494. 27, DICIEMBRE, 2006. PAG. 277.

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