Migración en México.docx
- 1. .1. Magnitudes y tendencias de la migración en México1 La diáspora mexicana es una de las más grandes del mundo (13.0 millones de personas migrantes en 2017), sólo antecedida por la de la India (15.6 millones), situación que da cuenta del peso y presencia de la población mexicana en el exterior. La mayoría de nuestros connacionales en el extranjero reside en Estados Unidos de América (11.6 millones), país con el cual conformamos el principal corredor migratorio del mundo. A pesar de que ha habido un incremento sustancial en la participación de las mujeres en el periodo de 2010 a 2017 (46.5 a 48.1%), los hombres siguen siendo mayoría; no obstante, hay que señalar que su presencia se redujo ligeramente en este mismo lapso, pasando de 53.5 a 51.9%. Es impor- tante aclarar que esta distribución de participación porcentual por sexo puede variar dependiendo del país de destino. Se estima que en los próximos años la diáspora mexicana siga en incremento aunque no de manera sostenida, debido, entre otros motivos, al envejecimiento de la población y a la desaceleración de la migración mexicana hacia eua: de una cifra de casi 400 000 mexicanos(as) que arribaron a aquel país en el primer quinquenio de la década de 2000, para estos últimos años se estima la llegada anual de un aproximado de 125 000 personas (acs, 2005-2017). Y aunque se prevé eventualmente un incremento de la migración hacia otros países, no se hará con la misma intensidad con la que se presenta hacia Estados Unidos de América. En cuanto a la población mexicana migrante de retorno, los datos dan cuenta de una disminución importante respecto del periodo 2005-2010 que, en términos absolutos, registró 859 000 migrantes, pues para el lapso 2010-2015 descendió a menos de 500 000. Al interior de esta dimensión cabe señalar que la participación de las mujeres seguirá siendo discreta, aunque en este último intervalo la cifra aumentó 5% con respecto al ciclo anterior, para contribuir con 33.5% del total. Si se considera que los factores económicos que motivaron la crisis financiera de 2008 se encuentran en un momento de estabilización, no se espera, a pesar del contexto político y social, un retorno masivo voluntario o involuntario. De esa forma no se vislumbra que, en los próximos años, se alcancen las cantidades históricas registradas en 2005-2010. Por otro lado, las cifras que hacen referencia a la migración en tránsito irregular registraron un incremento de más del doble entre 2010 a 2017, pues se pasó de poco más de 128.4 mil eventos a casi 296.8 mil. Si bien se observa un predominio masculino, la presencia de las mujeres migrantes aumentó entre 2010 y 2017, de 22.4 a 30.5%.
- 2. Se debe señalar que, según las últimas estimaciones realizadas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (upmrip), 9 de cada 10 personas migrantes irregulares en tránsito son originarias de Centroamérica, aunque en estos flujos encontramos también de todos los continentes y regiones. En lo que respecta a la población nacida en otro país residente en México, los datos dan cuenta de una presencia discreta; históricamente, estos grupos no han superado 1% (un millón en 2015) de la población nacional. Los principales países de nacimiento de los extranjeros que residen en México son Estados Unidos de América (73.5%), Guatemala (4.5%) y España (2.3 por ciento). En 2015 se contabilizó poco más de un millón de personas nacidas fuera de México, de las cuales más de la mitad son mexicanos(as) nacidos(as) en el exterior (58.3%).2 La participación de las mujeres en esta dimensión se mantiene a la par que su contraparte masculina; además, muestra estabilidad en el periodo observado (49.4% de ellas en 2010 y 49.6% en 2017).
- 4. 1.2. Aspectos del fenómeno migratorio La migración centroamericana hacia México comenzó a hacerse presente con mayor fuerza en la década de 1980, cuando se dio acogida a personas desplazadas y solicitantes de protección humanitaria que huían de los conflictos armados en esa región. Sin embargo, fue a partir de la década de 1990 que México comenzó a configurarse como un territorio de tránsito regular e irregular para personas migrantes provenientes, principalmente, de Guatemala, Honduras y El Salvador que buscaban ingresar a Estados Unidos. Al menos desde 2010, 9 de cada 10 personas migrantes en tránsito irregular han sido nacionales de alguno de esos países. En la mayoría de los casos, se trata de población sin documentos migratorios, lo cual la expone a diversos riesgos, aumenta sus vulnerabilidades y obstaculiza el ejercicio de sus derechos. Aun en contextos de migración en grupo, como los que se dan en las caravanas migrantes –que ofrecen cierto resguardo–, muchos de los sujetos buscan pasar inadvertidos para evitar algún encuentro con las autoridades migratorias. Esta pretendida invisibilidad o, bien, su agrupamiento complica su contabilidad; no obstante, se estima que el volumen de personas migrantes centroamericanas de paso hacia eua ha ido en aumento desde 2011 hasta registrar en 2014 la histórica cifra de 394.2 mil eventos, cifra superior a los 388.7 mil eventos registrados en 2005, mientras que el promedio anual de este flujo para el periodo 2014-2017 fue de 335 000 eventos (upm, 2018a). En el marco de esta migración de tránsito, al menos desde 2014 se ha observado una partici- pación a la alza de niñas, niños y adolescentes (nna) acompañados y no acompañados –a partir de la contabilidad de quienes fueron presentados ante la autoridad migratoria mexicana–, al pasar de 11.2% en 2013 a 19.3% en 2017, porcentaje superior al registrado en 2014 (18.2%). En cuanto a la participación específica de niñas y adolescentes mujeres se observa una tendencia similar: en 2011 representaron 27.6% del flujo, mientras que en 2017 su participación aumentó en casi 10 puntos porcentuales (35.5%). Además, cabe resaltar que, en el periodo 2014-2017, del total de nna migrantes irregulares en tránsito, poco más de 4 de cada 10 fueron no acompañados. Este es un tema preocupante que demanda acciones para garantizar la protección de este grupo que, por su condición etaria, está más expuesto a enfrentar situaciones de vulnerabilidad. En 2017, en Estados Unidos fueron detenidos 41 546 menores migrantes no acompañados y 41 223 acompañados, mientras que para ese mismo año, en México, se detuvo a 7 430 y 10 870, respectivamente. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes provinieron de Guatemala, El Salvador y Honduras. De 2014 a 2017, se observó una tendencia decreciente en las detenciones de menores no acompañados y unidades familiares originarias de México. En 2017, Guatemala tuvo el mayor número de nna no acompañados (14 827) y de unidades familiares (24 657) aprehendidos en Estados Unidos, seguido por El Salvador (9 143 y 24 122, respectivamente). En 2014, Honduras fue el país con más detenciones en ambos grupos.
- 5. Por último, un aspecto a destacar es la necesidad de contar con información que permita identificar a grupos poblacionales que, por sus características, se encuentran expuestos a situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres embarazadas e indígenas, las personas adultas mayores y con discapacidad, así como el colectivo lgbti. Con respecto a este último grupo poblacional, es importante considerar lo complejo que resulta obtener información sobre orientaciones sexuales, lo que hace más difícil su identificación. Para esta tarea es indispensable contar con datos a partir de los cuales se pueda caracterizar a los distintos grupos poblacionales referidos, tarea que debe estar a cargo del Instituto Nacional de Migración, como instancia que genera la información y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, como institución responsable de producir la estadística migratoria y la investigación en la materia. Flujo documentado de personas extranjeras no residentes Dentro del flujo documentado de personas migrantes que ingresa a nuestro país, se incluye a visitantes turistas, visitantes de negocios, otros visitantes sin permiso de actividad remunera- da, visitantes de crucero, tripulación marítima, tripulación aérea, visitantes regionales, visitantes por razones humanitarias, visitantes con permiso de actividad remunerada, trabajadores fronterizos y diplomáticos. Entre 2013 y 2017, este flujo aumentó 57.8%, pasando de 19.2 a 30.3 millones de personas. En este periodo se implementó un conjunto de medidas tendientes a facilitar el ingreso a México de turistas de naciones a las que se les solicitaba visa; inclusive, se logró exentar del uso de visa mexicana a países como Colombia, Perú y Brasil, entre otros. En este mismo periodo, se hizo evidente un incremento importante de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, situación que inyectó dinamismo a la economía mexicana, particularmente a las zonas turísticas consolidadas y a los nuevos destinos. Según cif ras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), entre 2013-2017 el producto interno bruto (pib) turístico ha reflejado un incremento anual sostenido, y su máximo crecimiento se observó entre 2014- 2015 con 5.1 por ciento. Flujo documentado de personas extranjeras residentes Aunque el número de inmigrantes extranjeros que tramitan su residencia temporal o perma- nente en México no es, en volumen, un grupo relevante, es un hecho que entre 2013-2017 el número de nuevos residentes se ha incrementado, aunque con variaciones, pasando de 88 000 nuevos residentes en 2013, tanto temporales como permanentes, a 92 000 en 2017, residencias cuyo motivo principal es el vínculo familiar u oferta de empleo. Según estimacio- nes de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, el stock de extranjeros con residencia regular en México pasó de alrededor de 326 000 en 2014 a 349 000 en 2017. Connacionales en el exterior Del total de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, 97.8% se ubica en Estados Unidos. Las características particulares que presentan los procesos migratorios con eua obligan a una mayor atención. Del total de mexicanas y mexicanos que
- 6. del uso de visa mexicana a países como Colombia, Perú y Brasil, entre otros. En este mismo periodo, se hizo evidente un incremento importante de turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá, situación que inyectó dinamismo a la economía mexicana, particularmente a las zonas turísticas consolidadas y a los nuevos destinos. Según cif ras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), entre 2013-2017 el producto interno bruto (pib) turístico ha reflejado un incremento anual sostenido, y su máximo crecimiento se observó entre 2014- 2015 con 5.1 por ciento. Flujo documentado de personas extranjeras residentes Aunque el número de inmigrantes extranjeros que tramitan su residencia temporal o perma- nente en México no es, en volumen, un grupo relevante, es un hecho que entre 2013-2017 el número de nuevos residentes se ha incrementado, aunque con variaciones, pasando de 88 000 nuevos residentes en 2013, tanto temporales como permanentes, a 92 000 en 2017, residencias cuyo motivo principal es el vínculo familiar u oferta de empleo. Según estimacio- nes de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, el stock de extranjeros con residencia regular en México pasó de alrededor de 326 000 en 2014 a 349 000 en 2017. Connacionales en el exterior Del total de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, 97.8% se ubica en Estados Unidos. Las características particulares que presentan los procesos migratorios con eua obligan a una mayor atención. Del total de mexicanas y mexicanos que residían en aquel país en 2016, 5.5 millones, 44% del total (Passel y Cohn, 2018), se encontraban sin documentos de estancia, situación que tiene una carga negativa que deriva en una afectación al ejercicio de sus derechos fundamentales. Uno de los grupos con mayores consecuencias debido a lo anterior son las niñas, niños y adolescentes, quienes, al tener limitado acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, sufren retrasos en su desarrollo integral. La falta de documentación limita las oportunidades laborales y de integración, lo que afecta en la vida social, económica y política, tanto de la sociedad estadounidense como de la mexicana. La migración entre México y Estados Unidos se caracteriza por la construcción de redes que han conectado a grupos e individuos de ambos países. Es por ello que hoy en día se habla de espacios trasnacionales, entendidos como las relaciones y vínculos no oficiales a través de las fronteras, generados y mantenidos por las personas inmigrantes y sus familiares, conna- cionales y otros integrantes de su comunidad en sus lugares de origen o en algún espacio en México (Aranda, 2018). La participación política y ciudadana de las poblaciones migrantes no se limita al mejora- miento de sus lugares de origen, sino también a las prácticas ciudadanas en el ámbito de la vida cívica tanto en México como en el extranjero. Ambos espacios de actuación otorgan un rol importante para que las y los migrantes sean miembros activos en las dos naciones (Herrera, 2016). El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos ha generado la separación de familias y la repatriación forzada de connacionales.
- 7. En 2017, las deportaciones de mexicanos con estancias largas en Estados Unidos aumentaron con respecto al año anterior, pasando de 24 a 39% del total de los eventos contabilizados por año. Los periodos de 2009-2012 y de 2013-2016 son los que más deportaciones de migrantes mexicanos han registrado, con 1 137 000 y 1 055 000 eventos, respectivamente. En 2011, 50.6% de los mexicanos retornados reportaba faltas administrativas o criminales, en tanto que este porcentaje bajó a 41.7% en 2016, año en el que se registraron 245 000 deportaciones de mexicanos. En 2014 se registraron en Estados Unidos más aprehensiones de migrantes nna, con 107 613 casos. De éstos, 68 631 (63.8%) eran no acompañados y 38 982 (36.2%) acompañados. Por ley, a las y los menores no acompañados se les puede considerar como víctimas de trata y seguir un proceso antes de su deportación, caso contrario a lo que ocurre con los acompañados que, en pocos meses, pueden ser deportados.3 Por otro lado y de acuerdo con datos recopilados de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (Emif Norte), que se aplica a la población mexicana devuelta por las autoridades migratorias estadounidenses, puede observarse que las medidas tomadas por ese país han generado un incremento en el número de eventos de devolución, pues de 21 000 personas que fueron repatriadas y separadas de sus hijas e hijos menores de edad en 2015, la cifra aumentó a casi 30 000 en 2017. Para las madres y los padres de familia que son deportados a México, los planes de reunifi- cación implican obstáculos legales y requisitos muchas veces imposibles de cumplir. Durante este proceso deben mantenerse en contacto con su asistente social en Estados Unidos, para lo cual se requiere de el acompañamiento y apoyo de las secretarías de Relaciones Exteriores y de GoGo bernación, y buscar la manera de encontrarse con sus hijas o hijos, pero si deciden cruzar y son detenidos nuevamente enfrentarían la carga penal de reingreso ilegal (ilegal re- entry), lo cual puede llevar un castigo de hasta 14 meses de prisión. 3 Consejo Nacional de Población (Conapo). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388361/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018_ISNN.pdf
- 8. 1.4. Estrategias para la atención a personas migrantes Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, México asume como prioritario el desarrollo de estrategias y programas que garanticen el principio de la gobernanza de las migraciones, así como la coherencia de las políticas entre los tres órdenes de gobierno para maximizar los beneficios de la migración. En este marco, cobra relevancia la consolidación de mecanismos que favorezcan la reintegración de connacionales en contexto de retorno voluntario o forzoso, lo cual comprende el reconocimiento de la heterogeneidad de esta población y la diversidad de necesidades, demandas y aptitudes, así como sus cualificaciones y competencias, para con ello revalorar sus aportaciones a la sociedad, la economía y la cultura del país. De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, en lo que corresponde al entorno laboral, en el periodo 2010-2015, 66.2% de las personas migrantes de retorno procedentes de eua formaba parte de la Población Económicamente Activa. De esa proporción, 45 480 eran mujeres y, de ellas, 96.9% se encontraba en alguna ocupación, mientras que de los 231 406 hombres contabilizados, 93.8% estaba ocupado. Los principales subsectores de inserción laboral fueron para ellas el sector de servicios (53.2%) y el de comercio (27.4%), mientras que para los hombres fue el de servicios (30.0%), seguido de la agricultura (23.7%) (upm, 2016). El proceso de integración para las personas de origen extranjero y sus familias implica un reto en la medida en la que se busca involucrar a la comunidad de acogida y se establecen mecanismos para la participación de esta población en la toma de decisiones que inciden en su bienestar, bajo el principio de progresividad de los derechos inherente al cambio de paradigma que plantea la nueva política migratoria. Es importante destacar que ambos procesos deben ser atendidos y promovidos mediante programas fundamentados en diagnósticos en los que se identifiquen los perfiles y las necesidades de las y los migrantes, desde las perspectivas de género y de la niñez, con el propósito de minimizar los obstáculos o riesgos que puedan estar asociados al acceso de oportunidades en los ámbitos laboral, escolar, de salud física, mental y reproductiva, de seguridad social, entre otros. La población migrante, sea de retorno o extranjera, debe encontrar en suelo mexicano todas las facilidades para continuar su vida en condiciones óptimas, al tiempo de reconocerse como agente de desarrollo y de cambio social, gracias a las habilidades y experiencias adquiridas durante su estancia en otros países. En el marco de políticas asertivas de integración y reintegración, es necesario contar con información que permita evaluar su plena inserción en las esferas social, cultural, económica y laboral. Para llevar a cabo las acciones planteadas en los párrafos previos es indispensable la coordinación de aquellas secretarías de Estado a las que, por sus atribuciones, les corresponde
- 9. impulsar políticas de integración de personas migrantes, como son las secretarías: del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Bienestar, de Educación Pública y la de Cultura, cuyos esfuerzos en este sentido deben estar encabezados por la Secretaría de Gobernación. Dreamers El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o daca (por sus siglas en inglés), establecido en 2012, estaba focalizado a la documentación temporal de personas migrantes que llegaron siendo niños(as) a Estados Unidos y que contaban con cierto nivel educativo, en particular a los denominados dreamers.4 Se calcula que aproximadamente dos millones de personas migrantes no documentadas llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, de las cuales 53.1% son mexicanos(as) (Segob, 2017). Estas personas crecieron en Estados Unidos, se formaron en aquel país y estudiaron en sus escuelas. Se espera que, de regresar a México, tengan oportunidades de inserción escolar y laboral, acceso a servicios básicos como vivienda y salud y, de ser el caso, documentos de identidad mexicana, sobre todo cuando la emigración se dio en edades tempranas y no los hubiesen obtenido en México. La generación de oportunidades de esta naturaleza se llevará a cabo mediante un importante despliegue de acciones a cargo de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Secretaría de Salud, el Registro Nacional de Población y el Registro Civil. Uno de los principales retos que impone la deportación masiva de jóvenes dreamers está relacionado con la oferta laboral, no sólo en cuanto a la apertura de empleos formales, sino que estén bien remunerados; es preciso generar condiciones para la incorporación de esta población al mercado formal y, al mismo tiempo, promover un cambio en la cultura laboral en México con la premisa de que se valoren los conocimientos, las capacidades y las habilidades que estos jóvenes han adquirido en Estados Unidos. Básicamente este reto está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), para la profesionalización del capital humano. La llegada de dreamers representa una serie de desafíos que requieren de atención integral e inmediata, dada su exposición a situaciones propias de su edad y de los contextos migratorios a los cuales la mayoría se enfrenta o se enfrentó antes de emigrar, como son las condiciones de pobreza y marginalidad, distintos tipos de violencia (social, física, sexual y económica), delincuencia, entre otros factores estructurales, así como situaciones de separación familiar. Migración calificada La migración calificada hace referencia al desplazamiento internacional de personas con estudios superiores o experiencia profesional en ocupaciones calificadas que fomentan el desarrollo y competitividad de un país.5 México ocupa el sexto lugar entre los 10 principales países de origen de personas migrantes calificadas, y el primero entre los países que conforman América Latina (sre, 2016; Gaspar y Chávez, 2016; Cruz-Piñeiro y Ruiz, 2010; Rodríguez, 2009).6
- 10. Si bien una parte considerable de las y los mexicanos altamente calificados se concentra en Estados Unidos, en años recientes se ha observado una diversificación de esta población en términos relativos hacia otras partes del mundo como Canadá y Europa. Considerando lo anterior, este tipo de movilidad humana plantea desafíos para el Gobierno de México, ya que implica la creación de espacios laborales competitivos, el desarrollo de infraestructura tecnológica y científica, y la elevación de los niveles de vida de la población para canalizar adecuadamente el capital social del que son poseedores(as). El poner en marcha las estrategias adecuadas para enfrentar tales retos corresponde, básicamente, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La atracción de talentos deberá centrarse en sectores estratégicos de la economía mexicana y estrechar los vínculos educativos, científicos y profesionales a través de la promoción de intercambios educativos y becas para estudiar en México, respetando el principio de equidad entre nacionales y extranjeros. En materia laboral, un primer paso para cumplir esta meta se encuentra en la formulación de un sistema de puntos,7 construido a partir de la visión común que incorpore y atienda las necesidades de los sectores privado, público y social en México. Los lineamientos para la elaboración de ese sistema estarán a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, y será operado por el Instituto Nacional de Migración, al ser la instancia que otorga los permisos de trabajo a personas extranjeras. Remesas Pese al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, hasta el momento no se observa una afectación en el envío de remesas. Tras la recuperación de la economía en Estados Unidos, desde 2016 las remesas presentan máximos históricos: en 2018 alcanzaron 33 000 millones de dólares, lo que representó, en promedio, 2.7% del pib nacional. De hecho, 5 de cada 100 hogares en México reciben remesas, mismas que representan 20.4% del ingreso total corriente de esos hogares, de los cuales 80% declaró utilizarlo para comprar comida o vestimenta; 40% para salud; 16% para pagar deudas; para educación 15%; para vivienda 13%, y sólo 1.3% para poner negocios o comprar tierras. La dependencia de las remesas varía por entidad federativa: en 2017, las principales entidades receptoras fueron Michoacán (10.9%), Oaxaca (9.6%), Zacatecas (9.4%) y Guerrero (9.2%) (Conapo-Bancomer, 2018). Desde la nueva política migratoria se busca la generación de alternativas para incentivar que las remesas se reflejen en proyectos productivos familiares, que construyan o incrementen su patrimonio. Un tema en el que se han mostrado avances es la reducción de los costos de transacción de las remesas, la cual es menor a 3% por cada 300 dólares enviados. Con ello se atienden las metas ya estipuladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en el sentido de privilegiar la integración y el aprovechamiento del fenómeno migratorio en aras del desarrollo y el bienestar. Para mantener esta tendencia a la baja es importante estrechar los lazos de coope-
- 11. ración entre las instituciones involucradas, como es Banxico, la Condusef, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde México también se envían remesas familiares hacia el extranjero. En 2017, de los 761 millones de dólares enviados desde este país, 45.2% tuvo como destino Estados Unidos; 15.4%, Colombia; 8.1%, China, y 3% Perú, mientras que el resto se distribuye entre Guatemala, Honduras, España, Canadá, República Dominicana y Argentina (Conapo- Bancomer, 2018). Respecto del envío de remesas, cabe destacar que la Condusef opera el micro-sitio “Mexicanos en el Exterior”, que provee información sobre el envío de remesas, específicamente en torno a las comisiones que cobran distintas empresas, la rapidez de las transferencias y los puntos de pago. Por su parte, el Programa 3x1 mantiene modelos de inversión y cooperación entre los gobiernos, los donantes, las fundaciones y los grupos de personas migrantes que se unen en asociaciones para promover el cambio social y que no se limitan al campo o a la producción agrícola. Economías locales y desarrollo regional La escasez de oferta de empleo digno y bien remunerado y la desigualdad social son parte del contexto que predomina en la estructura de la migración centroamericana en los países de origen; en el mismo sentido, en el caso específico de México, la región sureste está envuelta en una dinámica migratoria motivada por situaciones de precariedad y marginación social. El sureste mexicano arraiga condiciones desfavorables que la convierten en una de las regiones más rezagadas, con gran presencia de trabajo informal, dispersión de la población, sistemas de comunicación intrarregional complejos y zonas en las que han proliferado escenarios propicios para la marginación, la pobreza y la desigualdad, cuya cercanía con entornos violentos y de crimen organizado como los registrados en Centroamérica amenazan la paz y la convivencia social. A la luz de lo anterior, el Estado debe recuperar su capacidad de promoción y regulación de la economía, la productividad y el empleo digno, básicamente a través de las instituciones responsables de ello, como son la Secretaría de Economía, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La urgencia nacional exige ver, en la cuestión social, al elemento con mayor capacidad para generar sentido a la acción política. Educación inclusiva Conforme a los principios establecidos en la legislación nacional y los compromisos interna- cionales de México en materia educativa, resulta importante avanzar en el cumplimiento del objetivo global sobre educación (ods 4) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene por finalidad ofrecer una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad en todos los
- 12. niveles educativos (unesco, pnud, unfpa, acnur, unicef, Banco Mundial, oit, 2015) y el empoderamiento de las personas migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social (objetivo 16), tal como se establece en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (onu, 2018). Esto significa promover, facilitar y garantizar el acceso efectivo a la educación de las pobla- ciones migrantes, especialmente aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad, bajo los principios de no discriminación por causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas (Ley de Migración, 2011: artículo 109, fracción XI). El acceso efectivo a la educación es una tarea que involucra al menos a la Secretaría de Educación Pública, a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies) y el Conacyt. Para cumplir estos objetivos se requiere fortalecer mecanismos de integración y facilitación de las medidas para el ingreso de las personas migrantes al Sistema Educativo Nacional. Si bien en años anteriores se emprendió una serie de acciones en materia de coordinación para la modificación de la normatividad –lo cual fue un avance importante–, es necesario que éstas se consoliden. Además, es preciso mejorar los mecanismos de difusión con autoridades municipales y estatales, así como crear herramientas que permitan a la población acceder a esta información sin necesidad de intermediarios. De la misma manera se deben impulsar y fortalecer los programas que alientan la educación intercultural con enfoque migratorio, así como la conformación de alianzas y convenios en materia educativa a nivel global, bajo el principio de equidad entre personas nacionales y extranjeras. Además, será imprescindible incluir la valoración de la migración y la interculturalidad como principio transversal en la política educativa, así como sensibilizar a padres y madres de familia, docentes y alumnado sobre la importancia de respetar la diversidad para lograr el pleno desarrollo de las comunidades de origen. Esta articulación entre política migratoria y educativa requerirá de un marco comprensivo para atender las necesidades de poblaciones específicas como niñas, niños y adolescentes (nna), adultos mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes a la comunidad lgbti, mujeres embarazadas, personas indígenas, solicitantes de la condición de refugiado(a), entre otras, bajo una perspectiva in- tersectorial y con pleno respeto de los derechos humanos. También, en atención a la migración de retorno, resulta indispensable promover una educación binacional y bilingüe que permita su adecuada transición e integración a la sociedad, así como proteger el derecho a la educación de las y los mexicanos en el exterior y su plena inclusión a los sistemas educativos de los países de acogida. Para ello, el Gobierno de México, a través de las secretarías de Educación Pública (sep) y de Relaciones Exteriores (sre), requerirá reforzar campañas de información, asesoramiento y acompañamiento, así como de vinculación educativa a través de sus representaciones en el exterior, incluyendo la implementación de sistemas de educación duales,8 en conjunto con diversos países que permitan obtener la validación de forma automática de títulos obtenidos en el extranjero.